Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a lo ocurrido el 14 de diciembre de 2014 en Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, donde Elisa Zepeda Lagunas y su madre fueron agredidas; y su hermano, Manuel Zepeda Lagunas, y Gustavo Estrada Andrade, asesinados, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y PT

Las suscritas diputadas y diputados, María Wendy Briceño Zuloaga, Irma Juan Carlos, Rocío del Pilar Villarauz, Sandra Paola González Castañeda, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Katia Alejandra Castillo Lozano, Socorro Bahena Jiménez, Érika Vanessa del Castillo Ibarra, Beatriz Rojas Martínez, Javier Ariel Hidalgo Ponce, Tatiana Clouthier Carrillo, Carlos Iván Ayala Bobadilla, Guadalupe Ramos Sotelo, Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, Pablo Gómez Álvarez, Leticia Díaz Aguilar, Claudia López Rayón, Dolores Padierna Luna, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, María del Carmen Bautista Peláez, Aleida Alavez Ruiz, Carmen Mora García, María Guillermina Alvarado Moreno, Víctor Gabriel Varela López, Miroslava Carrillo Martínez, Martha Robles Ortiz, Simey Olvera Bautista, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Marco Antonio González Reyes, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Graciela Zabaleta Sánchez, Virginia Merino García, Juanita Guerra Mena, Alejandro Ponce Cobos, Irineo Molina Espinoza, Azael Santiago Chepi, Beatriz Dominga Pérez López, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, y Gerardo Fernández Noroña, Hildelisa González Morales, Margarita García García, Benjamín Robles Montoya, María Teresa Marú Mejía, integrantes del Grupo Parlamentario PT en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permiten presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 14 de diciembre de 2014, aproximadamente a las 14:00 horas, Manuel Zepeda Lagunas se encontraba en su domicilio particular, en Eloxochitlán de Flores Magón Oaxaca, cuando llegaron Raúl Betanzos y otras personas, quienes lo empezaron a golpear hasta derribarlo en el piso mientras la víctima gritaba que ya no le pegaran.

Posteriormente, conforme a información oficial de Agencia Estatal de Investigaciones de Oaxaca, “lo lesionaron con un arma contundente (machete) y en forma agresiva le dieron golpes en la cabeza para luego subirlo a una patrulla de la policía municipal, llevándoselo con rumbo desconocido”. El cuerpo de Manuel Zepeda Lagunas fue encontrado el mismo día, aproximadamente a las 20:00 horas, sobre la avenida Juárez de la colonia Plan de Carril, de Huautla de Jiménez, Oaxaca.

De acuerdo con la necropsia, Manuel Zepeda perdió la vida a consecuencia de un traumatismo profundo de cráneo con hemorragia interna, externa y extensa, con fractura en la base del cráneo secundario por las lesiones que sufrió. En el enfrentamiento fueron asesinados Manuel Zepeda Lagunas y Gustavo Estrada Andrade, mientras que otras seis personas resultaron heridas, siete fueron encarceladas, y varias viviendas y automóviles fueron incendiados (proceso.com.mx/400620/detienen-a-exedil-responsable-de-trifulca-que-de jo-dos-muertos-en-oaxaca). En ese mismo evento violento, la hoy diputada local Elisa Zepeda Lagunas y su madre fueron fuertemente golpeadas y agredidas.

Posteriormente, en abril de 2015 fue detenido Miguel Ángel Peralta Betanzos y en mayo de 2015 el juez de la causa le dictó Auto de Formal Prisión por la comisión de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio por los hechos ya señalados. El 14 de octubre de este año, Miguel Ángel Peralta Betanzos fue liberado debido a que se determinó que hubo una serie de irregularidades en su proceso, asimismo, hubo diversos señalamientos públicos en los que se argumentó que debía ser liberado ya que era un “preso político”.

En éste y en todos los casos, el pleno respeto a los derechos humanos de las partes en el proceso penal, son fundamentales para el éxito del mismo. Esto es, se deben respetar los derechos de las personas imputadas y a su vez se debe garantizar el acceso a los derechos de las víctimas. El caso que nos ocupa da cuenta de cómo la falta de observancia al debido proceso genera graves afectaciones al derecho a la verdad.

La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió la recomendación 02/2015 dirigida a la a la Secretaría de Salud a la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia del Estado y ayuntamiento de Eloxochitlán de Flores Magón, Teotitlán, Oaxaca por los hechos que derivaron en violaciones a los derechos humanos a la seguridad ciudadana; a la vida; a la salud; a la educación y de acceso a la información y transparencia de la gestión pública.

Así pues, las instancias correspondientes deben garantizar a Elisa Zepeda Lagunas y a todas las personas afectadas el acceso a la justicia y a la verdad, así como a la reparación del daño sufrido por ella y sus familiares. Esto se logra sólo con un proceso penal ajustado a la verdad y al respeto de los derechos humanos. Las víctimas tienen el derecho a conocer lo que pasó y a que su caso no quede en la impunidad.

Todas las autoridades competentes deben transversalizar la perspectiva de género en la procuración e impartición de justicia, por lo que se debe tener en cuenta la condición de Elisa Zepeda Lagunas como mujer de origen indígena y política.

Por lo anterior solicitamos que se considere el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto que los hechos ocurridos el 14 de diciembre del 2014, en Eloxochitlán de Flores Magón Oaxaca, sean investigados y, en su caso, juzgados con pleno arreglo a los derechos humanos y el debido proceso y con perspectiva de género.

Con fundamento en los artículos 33, 34 y 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a consideración de este pleno proposición, de urgente u obvia resolución, con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General y al Poder Judicial de Oaxaca a que los hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2014, en Eloxochitlán de Flores Magón Oaxaca, en los que Elisa Zepeda Lagunas y su madre fueron agredidas y Manuel Zepeda Lagunas y Gustavo Estrada Andrade asesinados, sean investigados y, en su caso, juzgados con pleno arreglo a los derechos humanos y el debido proceso y con perspectiva de género.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputados: Claudia López Rayón, Gerardo Fernández Noroña, Hildelisa González Morales, Margarita García García, Benjamín Robles Montoya, María Teresa Marú Mejía, Dolores Padierna Luna, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, María del Carmen Bautista Peláez, Aleida Alavez Ruiz, Carmen Mora García, María Guillermina Alvarado Moreno, Sandra Paola González Castañeda, Víctor Gabriel Varela López, Miroslava Carrillo Martínez, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Katia Alejandra Castillo Lozano, Socorro Bahena Jiménez, María Wendy Briceño Zuloaga, Irma Juan Carlos, Érika Vanessa del Castillo Ibarra, Beatriz Rojas Martínez, Javier Ariel Hidalgo Ponce, Tatiana Clouthier Carrillo, Carlos Iván Ayala Bobadilla, Guadalupe Ramos Sotelo, Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, Pablo Gómez Álvarez, Leticia Díaz Aguilar, Martha Robles Ortiz, Simey Olvera Bautista, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Marco Antonio González Reyes, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Graciela Zabaleta Sánchez, Virginia Merino García, Juanita Guerra Mena, Alejandro Ponce Cobos, Irineo Molina Espinoza, Azael Santiago Chepi, Beatriz Dominga Pérez López, Rocío del Pilar Villarauz Martínez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE a realizar un reporte sobre las medidas tomadas para prevenir el dumping de acero de origen asiático, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Economía a realizar un reporte pormenorizado y un foro informativo acerca de las medidas tomadas para prevenir dumping de acero de origen asiático ante el aumento de las importaciones de este material a pesar de la implantación de cuotas compensatorias, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La implantación de cuotas arancelarias a la industria del acero por nuestros aliados comerciales regionales es uno de los últimos grandes problemas diplomáticos que se nos ha presentado. Con la imposición de un impuesto de 31 por ciento, la exportación de acero estructural nacional ha sufrirá para posicionarse en el mercado estadounidense,1 el cual es su principal comprador, donde el aumento de precios en el mercado estadounidense podría quitarle un amplio mercado a los exportadores mexicanos.

Con ello y ante la búsqueda de los empresarios, emprendedores y consumidores por un menor costo en los procesos de producción de las mercancías, la implementación de una política nacionalista por parte de nuestros vecinos del norte ha perjudicado a la industria regional, y ha facilitado y potenciado el acceso de la competencia al mercado de la zona, restándonos competitividad como nación productora en un mercado global.

Un ejemplo actual de cómo ciertos mercados toman ventaja de esta situación es la práctica que comúnmente se conoce como dumping por parte de productores de acero asiáticos, especialmente los productores chinos y vietnamitas, un fenómeno que está mermando la propia estabilidad interna de la producción de acero en nuestro país. Según la definición de la Organización Mundial del Comercio, el dumping es entendido como la “exportación de productos a un precio inferior a su valor normal, es decir, a un precio inferior al que se venden en el mercado interno o en los de terceros países, o al costo de producción”.2

Estos precios, posibilitados por una política de subsidios a productores de estas mercancías por parte de los países de origen,3 han proliferado en el mercado mexicano, aumentando cada año su presencia (donde el último año hubo un aumento de 35.5 por ciento de las exportaciones totales de origen chino hacia México)4 y reforzando el primer sitio que ocupan los productores de acero chino en el mercado mundial.5 Según datos de la World Steel Association, 49.2 por ciento de la producción mundial de acero en 2017 provenía de China,6 por lo que competir ante una potencia comercial de acero implica tomar decisiones eficaces, directas y bien informadas.

Como respuesta, el gobierno mexicano ha implantado una serie de medidas compensatorias para hacer frente al problema. Hoy se cuenta con 55 mercancías sujetas a cuotas compensatorias,7 de las cuales varias están ligadas a prácticas de dumping, siendo China acreedor de una parte significativa de ellas.8 Los productos principalmente involucrados son productos para el hogar, como clavos, fregaderos y tuberías, al igual que materias primas. Por otra parte, en el año pasado se realizaron 36 investigaciones a productos de la industria siderúrgica, evitando la llegada de cerca de 5 millones de toneladas de acero, donde había casos de un precio de 40 por ciento menos al valor estimado de mercado.9

A pesar de los esfuerzos, el superávit que mantiene la producción china de acero no ha dado el suficiente abasto ante el aumento de la demanda para la importación de estos productos. De 2010 para acá, el crecimiento promedio de las exportaciones hacia México es de 10.7 por ciento anual,10 lo que se ha mostrado sostenido y habla de las necesidades de nuestro mercado. En conjunto con esto, las fallas también se justifican a partir de los problemas en el control del ingreso en los puntos indicados. La porosidad de las aduanas y el uso de métodos ilegales, como la simulación de importaciones temporales, son formas en las cuales se siguen importando esta clase de mercancías debido a la simulación en los puntos de control.

La implantación de cuotas, aranceles u otros recursos para evitar la inundación del mercado nacional requieren de los elementos para justificarse como pertinentes, por lo que abrir la discusión y situar sobre la mesa nuevas ideas para darle solución al problema o aminorar su impacto resulta prioritario para una industria que representa 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, 6.9 del PIB industrial y 12.9 del PIB manufacturero nacional.11

En favor de mejorar las condiciones que atravesamos, la propuesta de elaborar un reporte acerca de las potenciales soluciones al problema del dumping de acero resulta prioritario. Éste debe ir acompañado de foros de discusión acerca del conflicto, los cuales nos permitan proponer respuestas en el plano legislativo mediante información concisa y pertinente. Igualmente, la necesidad de mantener informada a la ciudadanía en general se ve satisfecha en estos espacios, de los cuales brotan notas periodísticas que le dan certidumbre a la población en general y a nuestros respectivos inversores del mercado de acero mexicano, sin importar el tamaño de su capital.

Por lo expuesto presento ante esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, a realizar un reporte pormenorizado a la opinión pública sobre las medidas tomadas para prevenir dumping de acero de origen asiático ante el aumento de las importaciones de este material a pesar de la implantación de cuotas compensatorias.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión de Economía a realizar un foro de discusión en la Cámara de Diputados acerca de las medidas tomadas para prevenir dumping de acero de origen asiático ante el aumento de las importaciones de este material a pesar de la implantación de cuotas compensatorias.

Notas

1 Eduardo de la Rosa (2019). “Nuevo golpe de Trump al acero con arancel de 31 por ciento”, 9 de septiembre de 2019, de Milenio. Sitio web: https://www.milenio.com/negocios/nuevo-golpe-de-trump-al-acero-con-aran cel-de-31

2 Organización Mundial del Comercio (2018). Glosario de términos, 9 de septiembre de 2019, de Organización Mundial del Comercio. Sitio web: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/glossary_s/dumping_s.htm

3 Agencia Reforma (2018). “Inmune China a aranceles mexicanos”, 9 de septiembre de 2019, de El Diario. Sitio web: https://diario.mx/Economia/2018-10-30_88ac8434/inmune-china-a-aranceles -mexicanos/

4 Ídem.

5 Agence France-Presse (2018). “Los datos que hacen de China líder mundial de acero, pero señalado por ‘dumping’”, 9 de septiembre de 2019, de Expansión. Sitio web:

https://expansion.mx/economia/2018/03/13/
los-datos-que-hacen-de-china-lider-mundial-de-acero-pero-senalado-por-dumping

6 Ídem.

7 Secretaría de Economía (2019). Mercancías sujetas a cuotas compensatoria, 9 de septiembre de 2019, de Secretaría de Economía. Sitio web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/458912/Cuotas_vigentes_2 5-04-2019.pdf

8 Ídem.

9 Daniel Blanco (2018). “México evita entrada de 5 millones de toneladas de acero con dumping”, 9 de septiembre de 2019, de El Financiero. Sitio web: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-evita-entrada-de-5-millo nes-de-toneladas-de-acero-con-dumping

10 Agencia Reforma (2018). “Inmune China a aranceles mexicanos”, 9 de septiembre de 2019, de El Diario. Sitio web: https://diario.mx/Economia/2018-10-30_88ac8434/inmune-china-a-aranceles -mexicanos/

11 Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (2018). México: panorama siderúrgico 2017, 9 de septiembre de 2019, de Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero. Sitio web: http://www.canacero.org.mx/Es/assets/infografia_canacero_2018.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los órganos legislativos de los congresos locales a incorporar de forma expresa en sus constituciones la igualdad entre mujeres y hombres, a cargo de la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Ester Alonzo Morales, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones IV, V y VI, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En México, la igualdad de género se reconoció, como derecho fundamental, por primera vez en 1974, mediante reforma del artículo 4o. de la Constitución federal; hoy en día, dicho artículo dispone la frase: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley”. En cuanto al ámbito local, la mayoría de los Estados establece en sus constituciones, andamios jurídicos similares a la Constitución federal, sin embargo, al menos ocho entidades del país no hacen mención expresa de la igualdad entre mujeres y hombres.

Esta falta de armonización incluye también, que en diversas entidades del país las disposiciones en materia de perspectiva de género sean reducidas a la simple obligación de promoción o fomento y, por ende, no exista una igualdad plena entre mujeres y hombres.

La armonización legislativa protege y garantiza los derechos humanos, brindando a las mujeres la plena protección e igualdad de sus derechos. Esta igualdad parte del reconocimiento de este derecho desde la constitución local, para que la perspectiva de género esté presente en cada uno de los marcos normativos estatales, fortaleciendo las instituciones y garantizar la igualdad sustantiva.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) define al término “armonización legislativa” como el instrumento que enuncia la necesidad que tiene la sociedad y las personas de contar con derechos comunes o afines en cualquier parte del mundo; es decir, es la herramienta que ayuda a reconocer que todas las personas tienen los mismos derechos fundamentales por medio del principio de igualdad, reconocido en el primero constitucional.

Si partimos de la idea que los derechos humanos, o también reconocidos como derechos fundamentales, son de naturaleza inmanente al ser humano, es decir, por el simple hecho de serlo ya se es sujeto de dichos derechos; la armonización legislativa nos permite velar por la participación plena y efectiva de las mujeres en todas las esferas, en un contexto de igualdad real, de liderazgo incluyente, así como lo establece el objetivo cinco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La armonización legislativa es el procedimiento que tiende a unificar el marco jurídico vigente, por ello, es inadmisible que como país sigamos teniendo entidades federativas que no tienen contemplada explícitamente la igualdad entre mujeres y hombres en sus constituciones. Dichas entidades son: Baja California, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sonora y Yucatán.

Si bien es cierto que en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, como un principio que consagra y garantiza dicha igualdad, y que debe ser un ordenamiento observado por todos los y las mexicanas, se considera indispensable que las leyes de los Estados anteriormente citados la establezcan también de forma expresa en sus constituciones, con la finalidad de que no existan ambigüedades, ni se admita ninguna otra interpretación, sobre el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en la base normativa del estado.

Al no adecuar los marcos normativos locales, se falla en el reconocimiento pleno del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, incorporarlo en las constituciones locales garantizará que las entidades federativas reconozcan su obligación de respetar y garantizar la igualdad de sexos. Logrando que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los mismos derechos y obligaciones que el varón en la vida política, social, económica y cultural del Estado.

Por ello, propongo exhortar a los congresos de estados del país para establezcan de forma expresa en sus constituciones locales: “la mujer y el hombre son iguales ante la ley”, para crear condiciones jurídicas adecuadas para que las mujeres ejerzan sus derechos plenamente en los diferentes ámbitos de la vida económica, política y social de la entidad. Logrando una legislación sin discriminación, coherente y respetuosa.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter al pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los órganos legislativos de Baja California, Chihuahua, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Sonora y Yucatán a incorporar en sus constituciones locales la igualdad entre mujeres y hombres de forma expresa, de tal forma que se armonicen con la Constitución federal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputada María Ester Alonzo Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a analizar y, en su caso, aplicar un nuevo esquema para la tarifa final de cargo fijo por suministro básico de energía diferente de lo previsto en los acuerdos números 123/2017 y 134/2018, publicados en el DOF, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Para todos es conocido el problema de adeudos y altos cobros que realiza la Comisión Federal de Electricidad que afecta a miles de familias en todo México.

Aunque existen esfuerzos, tanto de la CFE y de los usuarios, para establecer convenios de pago, negociación en cortes de suministro y establecer reuniones con asociaciones de clientes; no existe una verdadera solución al problema.

Los atrasos significan pérdidas millonarias para la CFE, sobre todo, porque las tarifas van a la alza cada mes. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada de establecerla, mandatando mensualmente a la CFE para el cobro con factor de ajuste.

En el acuerdo 123/2017 quedó constancia que el artículo 139, párrafo primero, de la Ley de la Industria Eléctrica señala que la Comisión Reguladora de Energía aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las Tarifas Reguladas, las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y las tarifas finales del Suministro Básico; en su segundo párrafo de la misma ley, establece que el Ejecutivo federal podrá determinar, mediante acuerdo, un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales determinadas por la Comisión Reguladora de Energía, para determinados grupos de Usuarios del Suministro Básico.

En ese orden, la Comisión Reguladora de Energía expidió, mediante acuerdo A/058/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017, la metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales, así como las tarifas de operación, que aplicarán a la empresa productiva subsidiaria CFE suministrador de servicios básicos durante el periodo que comprende del 1 de diciembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018.

El Ejecutivo federal mediante el “Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a establecer el mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico”, estableció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá determinar un mecanismo de fijación de las tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico distinto al establecido por la Comisión Reguladora de Energía.

Es así, que el Ejecutivo federal emprendió, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las acciones conducentes para coadyuvar a la economía de las familias mexicanas al permitirles el acceso a la energía eléctrica a precios asequibles mediante la publicación de tarifas finales del suministro básico de energía eléctrica para uso doméstico.

Se establecieron las tarifas finales de energía eléctrica del Suministro Básico a Usuarios Domésticos 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F y DAC, dichas tarifas deberán aplicarse por los suministradores básicos que sean permisionarios conforme a la Ley de la Industria Eléctrica.

Este acuerdo tuvo un modificatorio con número 134/2018, por el que los suministradores de servicios básicos aplican un factor de ajuste mensual de las tarifas finales de energía de Suministro Básico a Usuarios Domésticos 1, 1a., 1B, 1C, 1D, 1E y 1F, aplicando una fórmula en la que debe observarse el índice nacional de precios al consumidor.

Lo no comprensible es que se cobre tarifa más alta a quien paga anticipadamente y que en sistema de pospago, que es el que se usa tradicionalmente se cobre menos.

La CFE implementó un esquema denominado pago programado, por el que se elige fecha de pago mensual y se realizan prepagos en los centros de atención a clientes CFE y CFEMáticos.

“Cuando el foquito verde se quede fijo, significa que llegó tu fecha seleccionada de pago por lo que tienes que colocar tu tarjeta sobre el medidor durante 15 segundos para tomar tu lectura y acudir a hacer el pago a los centros de atención a clientes de CFE o CFEMáticos.

Una vez realizado el pago, coloca nuevamente la tarjeta sobre el medidor durante 15 segundos para descargar el pago y guarda tu tarjeta que es permanente. ¡No la tires!.

Si no realizas tu pago en los 10 días después de tu fecha seleccionada, el servicio se suspenderá automáticamente y en el medidor aparecerá una luz roja. Podrás reactivarlo, sin costo, al realizar tu pago y colocar la tarjeta sobre el medidor.”1

Aunque es loable reconocer la diversidad del pago establecida por CFE, ello no ha impactado en el ahorro y mejora del servicio de suministro básico de energía, debido a que la tarifa de cargo fijo es más alta que el cargo por energía consumida, es decir un crédito o pospago.

Es totalmente ilógico dicha forma de cobro, porque no corresponde a la realidad comercial que se vive diariamente. Si la SHCP establece un nuevo esquema para el cargo fijo, podría atraer recursos económicos a los hogares de clientes que se encuentran en números rojos, en deuda.

Podría la SHCP permitir que otra persona diferente al deudor, donde se deben pagos de facturas por suministro básico de energía, entre al sistema de prepago, y establecer paquetes de kilovatios.

El actual cobro de kilovatios se encuentra de la siguiente manera (septiembre 2019):

-Factor de ajuste para cargo fijo: 0.9984

-Factor de ajuste para cargo por energía consumida: 0.9594

El principal adeudo para CFE de facturas no cobradas recae en 7 millones 145 mil 601 usuarios residenciales o domésticos en el país, que al cierre del primer mes del año le adeudan a la empresa 29 mil 861.3 millones de pesos.2

En virtud de que es necesario ofrecer alternativas de pago, que sean económicas y factibles para los hogares mexicanos, además de ser necesario ante la alta mora que se presenta en el suministro básico de energía y por estar debidamente fundado y motivado, someto a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que analice y, en su caso, aplique un nuevo esquema para la tarifa final de cargo fijo por suministro básico de energía, diferente a lo señalado en los acuerdos 123/2017 y 134/2018 publicados en el Diario Oficial de la Federación, para establecer una tasa más económica que el sistema de energía consumida e informar a la Comisión Federal de Electricidad sobre el factor de ajuste.

Notas

1 Tomado de
https://www.cfe.mx/Casa/PagoProgramado/Pages/Instructivo.aspx el 22 de octubre del 2019.

2 Tomado de https://www.eluniversal.com.mx/cartera/deben-morosos-43-mmdp-cfe el 25 de octubre del 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a establecer y reforzar con la SEP las acciones de reparación de daños estructurales o de mantenimiento en los planteles de educación básica con dictámenes de riesgo en materia de protección civil, a cargo de la diputada Kehila Abigail Ku Escalante, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Kehila Abigail Ku Escalante, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones legales y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, a establecer y reforzar las acciones de reparación de daños estructurales o de mantenimiento, conforme a lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, donde manifieste un riesgo a la integridad física o corporal del personal docente, administrativo y de los estudiantes ubicados en los planteles escolares de educación básica y que manifiesten la emisión de dictámenes de riesgo en materia de protección civil, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El pasado 15 de mayo de 2019, se realizó la promulgación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa,1 dicha reforma establece en el párrafo noveno del artículo 3, que “los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza aprendizaje; también establece que el Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa , su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la educación”.2

Además de lo anterior, es importante destacar que el 30 de Septiembre de 2019, se publicó el Decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, dicha reforma establece las condiciones para el mantenimiento de la infraestructura educativa nacional incluyendo su contenido y funcionamiento en el título quinto relativo a los Planteles Educativos, señalando en el artículo 99 que “la Secretaría operará el Sistema Nacional de Información de la Infraestructura Física Educativa , a fin de realizar diagnósticos y definir acciones de prevención en materia de seguridad, protección civil y de mantenimiento”. La misma, señala que este sistema, contendrá la información del estado físico de los muebles e inmuebles, además de los servicios y/o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación, y deberá de actualizarse de manera permanente y conforme a los lineamientos que emita la Secretaria de Educación Pública.

Asimismo, resulta fundamental precisar que el artículo 103 de la Ley General de Educación establece que a través de la Secretaría de Educación Pública determinará los lineamientos con el objeto de establecer las obligaciones que deben cumplirse para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, certificación, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación, como lo señala los numerales I, V y VI de dicho artículo,

Además dichos lineamentos deben de contener como mínimo las especificaciones y normas técnicas para la elaboración de estudios, proyectos, obras e instalaciones y supervisión en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación; los esquemas de seguimiento técnico y administrativo en los casos que corresponda respecto a la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de los inmuebles; y los programas para la prevención y atención de los daños causados a los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación por desastres naturales o fenómenos antropogénicos, así como los supuestos que garanticen el cumplimiento que establece la Ley General de Educación en su artículo 100.3

II. En materia de infraestructura para personas con discapacidad , la Secretaria de Educación Pública en su Primer Informe de Labores (2018-2019), en su apartado 2.4 Infraestructura Educativa denominado “Escuelas al CIEN ”, destaca que en periodo de 2013-2018 se realizó el levantamiento de datos técnicos para el diagnóstico de la infraestructura educativa física de planteles de educación básica, y para junio de 2019 ya se contaba con el conteo del 92% de Cédulas de Información Técnica,4 precisando que el 47 por ciento de los planteles educativos carecen de infraestructura para las personas que cuentan con alguna discapacidad, como es una rampa o barandales , lo que pone en riesgo la integridad física de quienes laboren o estudien en los planteles educativos.

Las Cédulas de Información Técnica que entregó el Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, dentro de los requisitos mínimos que debían contener eran las fallas estructurales, grietas, filtración de líquidos, así como las condiciones en las que se encontraban el mobiliario para desempeñar sus funciones las instituciones o planteles educativos, sin embargo, no existen datos que actualicen dicha información, por lo que sería conveniente y preciso contar con mayores datos para conocer la situación actual de los programas que den atención prioritaria en materia educativa.

En materia de infraestructura que cuenten con daños estructurales ocasionados por los sismos, de los aproximadamente 152, 469 planteles educativos que existen en el país 17 mil 946 escuelas resultaron dañadas ocasionado por los sismos de septiembre de 2017, conforme a datos del Primer Informe de Labores de la Secretaría de Educación Pública (2018-2019) en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 fueron considerados 800 millones de pesos para el Programa Nacional de Reconstrucción, en donde señala que en lapso de septiembre de 2017 a 2018 había tan solo un avance físico del 14.2 por ciento en dos entidades federativas.

En materia de infraestructura por daños ocasionados por falta de mantenimiento , conforme a datos del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); en el informe de la Auditoría Especial del Gasto Federalizado, entregado a esta Cámara de Diputados en febrero de 2018 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destaca lo siguiente:

• En 2013 la problemática de infraestructura física educativa era generalizada, se requería atención casi en el total de los centros educativos del nivel básico;

• En 2016 , se realizó una programación de 11,001 CTs por considerarse de atención urgente, de los cuales sólo se atendieron 8,020 , principalmente con recursos derivados de la monetización del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y de lo programado para el gasto del programa de Escuelas al Cien hasta diciembre de 2017.

Asimismo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) “La educación obligatoria en México” presentado en 2019 , señala que el 31 por ciento de las escuelas de educación básica presentan daño estructural y el 33 por ciento funciona con alguna estructura atípica, muchas de éstas, con dictámenes de protección civil que restringen el acceso a ciertas zonas de la escuela por considerarlas de riesgo, o de alto riesgo, siendo particularmente críticas las condiciones en escuelas ubicadas en localidades rurales.5

Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano es prioritario el fortalecimiento de la calidad de la infraestructura escolar, donde debemos atender de manera urgente las carencias o los daños que se tengan en los planteles educativos, con esquemas prioritarios que vayan con las necesidades y particularidades que así se necesiten en cada entidad federativa y sobre todo con las que se ubiquen en zonas de mayor vulnerabilidad y rezago educativo.

Derivado de lo anterior, se somete a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones legales y en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, a establecer y reforzar las acciones de reparación de daños estructurales o de mantenimiento, conforme a lo establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, donde manifieste un riesgo a la integridad física o corporal del personal docente, administrativo y de los estudiantes ubicados en los planteles escolares de educación básica y que manifiesten la emisión de dictámenes de riesgo en materia de protección civil.

Notas

1 Decreto en materia educativa de los artículos 3,31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “Diario Oficial de la Federación”, 15 de mayo de 2019 recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/ 2019

2 Ídem.

3 Ibídem

4 Primer Informe de Labores, “Secretaría de Educación Pública, 2018-2019”, recuperado de:

https://planeacion.sep.gob.mx/Doc/informes/labores/2018- 2024/1er_informe_de_labores.pdf

5 La Educación Obligatoria en México, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Informe 2019, recuperado de: https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/04/P1I245.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputada Kehila Abigail Ku Escalante (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno del estado de México a implantar acciones para cumplir la ley en lo referente al maltrato y uso de caballos y burros en la recolección, el transporte y la disposición final de la basura, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Carolina García Aguilar, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, el artículo 79, numerales 1 y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La zona metropolitana del valle de México se enfrenta a un sin número de problemas. Y uno de ellos es la recolección, transporte y disposición final de la basura, o residuos sólidos urbanos. Esto se debe a una mala planeación en la recolección, falta de políticas públicas enfocadas a la disminución y separación de los residuos que genera la población, obligación que recae en los municipios. Sin embargo, la recolección, transporte y disposición de la basura es un problema muy añejo y que en la mayoría de los ayuntamientos no han tenido la capacidad de resolver.

El uso de caballos y burros en la recolección, transporte y disposición final de la basura en los municipios de la zona metropolitana del valle de México cada día presenta más problemas sociales y ambientales, recrudeciéndose en el maltrato de los animales utilizados para este fin.

El maltrato de los caballos y burros inicia desde la falta de alimentación, largas horas de trabajo, paso por asfalto liso y resbaladizo que provoca caídas frecuentes, demasiada carga y una acumulación de lesiones por las mismas condiciones de trabajo y por los constantes golpes que reciben por parte de las personas que trabajan en la recolección de la basura y que en muchas de las veces no son sus dueños, sino que solo pagan un alquiler por sus servicios.

Recientemente se han aprobado normas jurídicas relacionadas con el maltrato de los animales, ya sea de compañía o domésticos, y, específicamente, en el maltrato y uso de caballos y burros en la recolección, transporte y disposición final de la basura en los municipios de la zona metropolitana del valle de México. Entre estos ordenamientos se encuentra el Código para la Biodiversidad del estado de México, estableciendo en varios de sus artículos lo siguiente:

“Artículo 1.1. El presente Código es de observancia general en el estado de México, sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto regular las materias siguientes:

I. Equilibrio Ecológico, la Protección al Ambiente y el Fomento al Desarrollo Sostenible;

II. Fomento para el Desarrollo Forestal Sostenible;

III. Prevención y Gestión Integral de Residuos;

IV. Preservación, Fomento y Aprovechamiento Sostenible de la Vida Silvestre;

V. Protección y Bienestar Animal

Artículo 1.5. La aplicación del presente Código corresponde al Poder Ejecutivo, a los ayuntamientos y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México en sus respectivas competencias, quienes actuarán directamente o a través de sus dependencias, organismos auxiliares del sector, salas regionales y secciones correspondientes en los términos de este Código, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y los reglamentos correspondientes.

Artículo 6.24. Queda prohibido por cualquier motivo:

I. al X. ...

XI. El uso y tránsito de vehículos de tracción animal en vialidades asfaltadas que no estén hechas para ese uso y para fines distintos al uso agrícola;

XII al XV. ...

Artículo 6.48. Los animales enfermos heridos, con matadura o desnutridos y las hembras en el periodo próximo al parto, por ningún motivo serán utilizados para tiro o carga y queda igualmente prohibido cabalgar sobre animales que se encuentran en estas condiciones.

Artículo 6.52. Ningún animal destinado al tiro o a la carga podrá ser golpeado, fustigado o espoleado con exceso durante el desempeño de su trabajo ni fuera de él y si cae al suelo deberá ser descargado y no golpeado para que se levante.

Artículo 6.87. Corresponde a la Secretaría, la Secretaría de Salud y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias ejercer las funciones de vigilancia y supervisión para lograr el cumplimiento del presente Ordenamiento.

Artículo 6.92. Las infracciones a las disposiciones de este Libro y su Reglamentación serán sancionadas, en su caso, con: I. Amonestación; II. Multa; III. Arresto; y IV. Las demás que se establecen en el Libro Segundo del presente Código y las que señalen los demás ordenamientos aplicables.

Además, el mismo código establece las sanciones al incumplimiento de las normas, como se transcribe de manera literal.

Artículo 6.97. En el caso de haber reincidencia en la violación a las disposiciones del presente Libro la sanción se duplicará y podrá imponerse arresto del responsable legal o administrativo hasta por treinta y seis horas inconmutables. Para efectos del presente Libro se reincide, cuando habiendo quedado firme una resolución que imponga una sanción se cometa una nueva falta dentro de los doce meses contados a partir de aquélla.

Artículo 6.93. Las infracciones cometidas por la violación de las disposiciones del presente Libro se aplicarán conforme a lo siguiente:

I. Multa de una a ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente contra quien por segunda ocasión realice alguna de las conductas descritas en el artículo anterior o por violaciones a lo dispuesto por los artículos 6.24 fracción VII, 6.33, 6.34, 6.40, 6.56, 6.66, 6.70 y 6.72 del presente Libro.

II. Multa de ciento cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente por las violaciones a lo dispuesto por los artículos 6.5, 6.24 fracciones III, VI, VIII, IX y X, 6.37 tercer párrafo, 6.38, 6.67, 6.68 y 6.78 del presente Libro.

III. Arresto inconmutable de treinta y seis horas y multa de mil a dos mil quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente por violaciones a lo dispuesto por los artículos 6.23, 6.24 fracciones I, II y IV, 6.25, 6.48 y del 6.82 al 6.84 del presente Libro.”1

El servicio público de recolección, transporte y disposición final de la basura es una obligación de los municipios y en muchos de ellos se da una concesión para la recolección de la misma, sin embargo, no hay voluntad de las autoridades municipales en actualizar y armonizar sus ordenamientos jurídicos con la legislación estatal, por lo que han permitido el uso y maltrato de los animales, utilizados para la recolección, transporte y disposición final de la basura en condiciones totalmente contrarias a lo que establece el código en comento.

El problema de la recolección de la basura por los municipios, es muy añejo, por lo que la recolección por carretoneros se ha dado desde hace muchos años, actividad que se asocia a un sector marginado de la población en donde se presenta el maltrato animal, el analfabetismo, el trabajo infantil, la contaminación ambiental y por si eso fuera poco, la corrupción entre autoridades y recolectores de basura o líderes de grupos que se dedican a la recolección de la basura.

Existe un sin número de denuncias sobre el maltrato de los animales que se utilizan para la recolección de la basura en los diferentes municipios de la zona metropolitana del valle de México, entre los que encontramos el testimonio de varios ciudadanos que dedican parte de su tiempo a combatir el maltrato animal. Testimonio como el de Elizabeth Soto, en su artículo denominado “Desnutridos y con huesos rotos; así mueren los caballos que recogen la basura en México”,2 en el que de forma por demás ilustrativa y real muestra la gravedad y presencia del maltrato de caballos y burros utilizados en la recolección de basura.

En otra nota periodística, se menciona el problema de la recolección de la basura en los municipios de Tultitlan, Coacalco, Ecatepec y otros, en donde las autoridades locales argumentan que están haciendo una planeación para combatir el uso y maltrato de caballos y burros en la recolección de la basura, ejemplo de ello es lo que menciona el edil del municipio de Coacalco:

“Hace más de 30 años, en las localidades del valle de México, como Coacalco, Tultitlán, Tultepec, Melchor Ocampo, Nextlalpan y Ecatepec, trabajan los llamados ‘burreros o carretoneros’. Son entre mil 500 y mil 800 personas que recolectan basura en carretas jaladas por burros, caballos o yeguas.

Una práctica común en la región, que halló cabida donde los gobiernos municipales no se dan abasto para prestar el servicio; sin embargo, representa un problema, debido a que no está regulada e implica un riesgo de maltrato animal, recientemente penalizado en el estado de México.

El edil de Coacalco, Darwin Eslava, prometió terminar con la práctica; sin embargo, el bando municipal no incluye el tema, debido a que ‘no se puede prohibir sin una planeación responsable’, explicó.

Ahora el gobierno municipal evalúa la posibilidad de cambiar las carretas por unidades motorizadas o integrar a los carretoneros al servicio de recolección de limpia y analiza qué hacer con los animales.”3

Efectivamente, se necesita una serie de políticas públicas integrales para erradicar el uso de los animales en la recolección, transporte y disposición final de la basura, pero además se deben buscar alternativas de trabajo para las personas que actualmente trabajan de manera irregular en la recolección, transporte, separación y disposición final de la basura.

Es necesario, además de aplicar la ley, generar una serie de acciones y políticas públicas encaminadas a la solución integral del problema de la recolección de basura por caballos y burros en los municipios de la zona metropolitana del valle de México y en el país entero.

En ese sentido, el estado, los municipios, los recolectores de basura y la ciudadanía deben cumplir con sus obligaciones, cada uno desde su ámbito de responsabilidad, para combatir este grave problema del maltrato animal y de una deficiente política pública en la recolección, transporte y disposición final de la basura por parte de los ayuntamientos.

Finalmente, convoco a los compañeros legisladores a apoyar este esfuerzo de muchas organizaciones, ciudadanos y recolectores de basura, para eliminar el maltrato y uso de animales, así como para mejorar las condiciones de vida de las personas que se dedican a este trabajo, cuidado del medio ambiente y mejoramiento del entorno social de nuestros municipios, por lo que someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al gobierno del estado de México, a los municipios de la zona metropolitana del valle de México, a que, de acuerdo a sus respectivas atribuciones, implementen las acciones necesarias encaminadas para cumplir lo establecido en el Código de la Biodiversidad del Estado de México, en materia de uso y maltrato de caballos y burros para la recolección, transporte y disposición final de la basura.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los municipios de la zona metropolitana del valle de México para que actualicen su bando municipal, estableciendo los ordenamientos necesarios para su armonización con el Código de la Biodiversidad del Estado de México, en materia de uso y maltrato de caballos y burros en la recolección, transporte y disposición final de la basura.

Notas

1 Código para la Biodiversidad del Estado de México (visible en: http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/ files/pdf/cod/vig/codvig009.pdf) consulta 22 octubre 2019

2 Artículo publicado en Vice México, Elizabeth Soto, Enero 2019, (Visible en: https://www.vice.com/es_latam/article/3k935j/desnutridos-y-con-huesos-r otos-asi-mueren-los-caballos-que-recogen-basura-en-mexico?utm_source=vi cefbmx) consulta 22 octubre 2019

3 El Heraldo de México , Leticia Ríos, Marzo de 2019, (Visible en: https://heraldodemexico.com.mx/estados/carretas-cargan-30-anos-sin-regu lacion/) Consulta 23 octubre 2019

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 29 de octubre de 2019.

Diputada Carolina García Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CNDH a realizar gestiones conducentes a que el acceso a las playas del país sea incluyente para todos, en particular las personas con discapacidad, suscrita por la diputada Mónica Almeida López e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que me otorga la fracción I del artículo 6o., así como el artículo 79 en su inciso 1 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática me permito poner a consideración de esta asamblea legislativa, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a efecto de que en el ámbito de su competencia, realicen las gestiones que dentro de sus facultades estimen pertinentes y suficientes para que el acceso a las playas del país, sea inclusivo para todas las personas, sobre todo aquellas que cuenten con alguna discapacidad, y asimismo se emitan las medidas cautelares y acciones jurídicas para garantizar que esto ocurra, al tenor de los siguientes razonamientos de hecho y de derecho que se señalan en las siguientes

Consideraciones

1. Objeto del punto de acuerdo

Por medio de este punto de acuerdo, se tiene por objeto coadyuvar a garantizar que todas las playas a nivel nacional sean incluyentes acorde a los tratados internacionales y demás legislación en la materia.

2. Contexto global

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ha mantenido a la vanguardia respecto de los procesos de la comunidad internacional en materia de derechos humanos, al reconocer que todos los seres humanos poseen derechos inalienables.

Es en este proceso donde se forja el cambio de paradigma de un modelo médico asistencialista a un modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad, es donde se genera una corresponsabilidad de la sociedad, el Estado y las personas con discapacidad.

Lo anterior se ve reflejado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta Convención tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Es por ello que debemos modificar nuestra cultura de percepción de las personas con discapacidad en virtud de que poseen los mismos derechos que cualquier persona, iniciando con el Estado, sus políticas públicas y sus acciones en concreto, por lo que todos debemos propiciar su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.1

La propia convención señala cinco acciones para crear una sociedad incluyente:

• Promueve la eliminación de barreras físicas, de información, de comunicación y lograr que se tenga una actitud positiva hacia las personas con discapacidad, interactuando de manera cordial con ellas.

• Cuando desarrolles una actividad o brindes un servicio, pregunta a la persona con discapacidad (auditiva, intelectual, física, psicosocial o visual), la mejor manera de proporcionarlo.

• No limites la autonomía de las personas con discapacidad con actitudes de sobreprotección o rechazo.

• Confía en las capacidades, méritos y habilidades de las personas con discapacidad, todos podemos contribuir a la construcción de una sociedad incluyente.

• Procura que todos los espacios, bienes y servicios, sean adecuados para cualquier persona, sin necesidad de hacer grandes modificaciones.

En razón de ello tratándose de desarrollo sostenible y prosperidad urbana se observa que se requiere de un marco institucional que proponga el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y urbanos para toda la población.

La justicia social relacionada con el acceso equitativo, oportuno y fácil de recursos para toda la población se podrá lograr en un contexto de igualdad generalizada no sólo ante la ley sino ante las oportunidades de desarrollo urbano.

Sin embargo, tanto la localización de las viviendas en contextos de segregación y fragmentación urbana, como determinadas prácticas discriminatorias en espacios públicos, son elementos que inhiben procesos de inclusión y la interacción social generada desde la confianza y la seguridad. En este sentido, se debe hacer énfasis en uno de los principales derechos urbanos, como lo es el acceso equitativo de una vivienda adecuada con espacios públicos incluyentes y servicios urbanos accesibles y de calidad para el conjunto de la población.

En la Conferencia Internacional Hábitat III, celebrada en la ciudad de Quito, en octubre de 2016, se contemplaron ciertas acciones clave para promover procesos incluyentes en las ciudades como el compromiso político de los gobiernos de equiparar las condiciones de la ciudadanía según sus necesidades y así alcanzar una vida digna. Otro compromiso es contemplar una serie de mecanismos institucionales que favorezcan dinámicas de inclusión social y no discriminación, promoción de participación ciudadana en el acceso universal a los servicios urbanos, procesos de planificación espacial, así como el reconocimiento del papel complementario entre los gobiernos nacionales y locales en el desarrollo urbano incluyente (ONU-Hábitat, 2016). En el marco de la atención y el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en las ciudades se debe trabajar alrededor de las necesidades específicas de los grupos vulnerables o de atención prioritaria y de los retos que surgen por la exigibilidad de los mismos en torno a los servicios públicos, la economía urbana, la participación ciudadana y el uso inclusivo de los espacios públicos.

Desde la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, en 2008, países como chile han asumido un modelo centrado en las personas, el respeto de sus derechos y el fomento de su independencia y autonomía, el cual nos desafía a abandonar el asistencialismo y generar las condiciones que permitan a las personas en situación de discapacidad su plena inclusión social y una efectiva igualdad de oportunidades, lográndose la atención inclusiva cuando a calidad del servicio que entregamos es la misma para todos nuestros usuarios y usuarias sin distinción.

Derivado de esto se formuló un Modelo de Sistema Integral de Formación y Atención Ciudadana Inclusiva, en el cual se entrega información esencial y criterios técnicos destinados a promover la participación de personas con discapacidad y brindar las orientaciones para evitar acciones de discriminación o que atenten contra la autonomía de ellas, permitiendo el pleno ejercicio y goce de los derechos de las personas con discapacidad.

Además de considerar las particularidades de las personas en situación de discapacidad de origen motor o físico, de origen auditivo, de origen intelectual y por causa psíquica, se implementaron orientaciones generales y prácticas sobre los aspectos que se deben considerar para una atención inclusiva, particularmente referidos a la accesibilidad universal del espacio de atención.

Por lo tanto existen criterios generales que se deben tomar en consideración para poder contar con espacios públicos que cuenten con las características y medidas de accesibilidad universal para personas con discapacidad en los espacios públicos:

• Realizar adaptaciones que sean accesibles para todas las personas, desde el ingreso al lugar hasta el espacio de atención.

• Implementar rampas de acceso en la entrada del edificio u oficinas donde se realiza la atención de público.

• Los mesones de atención de público debieran ser accesibles, ser más bajos para que una persona en silla de ruedas pueda ser atendida y mirar a la persona que lo atiende, quedando a un nivel que le facilite la consulta que realiza.

• Puertas más anchas, de 90 centímetros, de tal manera que permitan el ingreso de una persona que se traslada en una silla de ruedas.

• Baños accesibles (que contemplen puertas anchas en los accesos, barras de apoyo, etcétera).

• Contemplar el uso del ascensor cuando los espacios de atención de público están en otros pisos. Se debe considerar también el uso de señalética indicando el acceso de los ascensores y el teclado en Braille de los botones del ascensor.

• Verificar que en el trayecto no existan escaleras, peldaños o desniveles que dificulten el traslado de la persona con movilidad reducida o que se traslada en silla de ruedas.

• Considerar que los espacios de atención estén ubicados en el primer nivel de un edificio, sobre todo en casos donde no existe ascensor y accesibilidad para llegar hasta los otros pisos.

Tratándose de accesibilidad se tiene contemplado la ruta accesible y la cadena de accesibilidad como los factores determinantes para lograr contar con espacios incluyentes, en lo particular la ruta accesible se comprende como el espacio de circulación continúo con características específicas que permitan asegurar un desplazamiento seguro de todas las personas.2 Esta ruta accesible se debe implementar en todos los espacios, tanto en el entorno (espacio público exterior) como en el acceso a la zona de atención y las dependencias en las que se atiende público, contando con las siguientes particularidades:

• Tener un ancho mínimo continuo que permita la circulación de personas con discapacidad usuarias de sillas de rueda, bastones o personas que caminen o se desplacen juntas, como personas mayores por ejemplo. Se considera que un rango entre 1.20 metros (m) y 1.50 m cumple con esta característica.

• Debe tener un pavimento estable y de superficie homogénea, es decir que no tenga resaltes u otras características que generen algún grado de dificultad para desplazarse u orientarse, como por ejemplo lo que producen los pisos adoquinados.

• Debe ser antideslizante, tanto en seco como mojado y no debe tener elementos sueltos o cambios bruscos de material que sean inseguros, como puede suceder con las rejillas metálicas en una circulación peatonal, o cierto tipo de pavimentos que al mojarse se tornan resbaladizos, con el consiguiente riesgo de caída para las personas que los usan, tanto para personas con o sin discapacidad.

• Deberá estar libre de obstáculos, gradas o cualquier barrera que dificulte el desplazamiento y percepción de su recorrido. En caso de existir diferencias de nivel, éstas se deberán solucionar de manera que implique el menor esfuerzo posible a las personas, y que su desplazamiento siga siendo de manera autónoma.

Por su parte la cadena de accesibilidad se entiende como el conjunto dinámico y secuencial de actividades asociadas al quehacer de las personas realizadas en distintos ámbitos, esta cadena de accesibilidad hace referencia a la capacidad de acceder y egresar de un entorno, de desplazarse y circular por los distintos espacios que lo conforman, de aproximarse y usar los distintos elementos que existan en él. Además se considera necesario recibir información de dicho entorno, permitiendo y promoviendo también la comunicación (interactiva y no interactiva) en condiciones de autonomía, facilidad y seguridad. La cadena de accesibilidad aplicada a un espacio de atención debe considerar entonces las acciones de: acceder y egresar, desplazarse y circular, aproximarse y utilizar, comunicar e informar, teniendo un desglose específico de acuerdo con lo siguiente:

• La conexión: el acceso a la zona de atención debe estar conectado a la zona de estacionamientos o a través de la vereda hasta las zonas de transporte público. En el caso de contemplar estacionamientos, deberán proveerse al menos el mínimo de dotación según establezca la norma, y en caso de no contar con ellos, se debe verificar la ubicación de los estacionamientos accesibles de uso exclusivo en el entorno.

• Acceso: la zona de atención debe ser de fácil acceso, si este se encuentra en el mismo piso, pero a distinto nivel, se deben contemplar rampas de pendiente suave, que en lo posible suba una altura de hasta 8 centímetros por cada metro de largo de la rampa (hasta 8 por ciento de pendiente) con pasamanos en dos alturas para facilitar el desplazamiento y movilidad de distintas personas. Si no fuese posible instalar una rampa de estas características, se puede considerar algún tipo de elevador, o sistema mecánico de desplazamiento, siempre y cuando éste pueda ser usado de manera autónoma por las personas. Considerando esto, la llamada silla oruga no es una opción para espacios de atención al público.

• Desplazamiento horizontal: es fundamental permitir un desplazamiento cómodo, seguro y en condiciones de autonomía. Para ello es necesario mantener la continuidad de la ruta accesible; es decir considerar un espacio de circulación libre de un ancho mínimo que permita el paso simultáneo de dos personas, se sugiere 1.20 metros en este espacio se puede desplazar también una persona en silla de ruedas, una persona que utiliza bastones y otras personas con discapacidad, o bien que tenga el mismo ancho de la vía de evacuación a la que se conecta. Por lo mismo es importante que este espacio de circulación no sea interrumpido por otros elementos que al ser funcionales generen que se dificulte el tránsito, como podría ser colocar asientos para espera, dispensadores de números, mobiliario o información del servicio o tipo de atención que se entrega.

• Desplazamiento vertical: asimismo, en caso de que el espacio de atención al público se encuentre en otro piso, se debe asegurar que exista un sistema de elevación adecuado, privilegiando el uso de ascensores, que idealmente permitan que una persona en silla de ruedas pueda girar en 360 grados (para ello el ascensor debe medir al menos 1.40 metros de ancho y de fondo). Además el ascensor accesible debe considerar aviso de llegada e indicación del piso, tanto en audio como visualmente. Estos dispositivos se deben ubicar a una altura tal que permita su visualización incluso cuando el dispositivo está lleno.

• Escalera: también debe cumplir requisitos de accesibilidad y seguridad, entre los que podemos destacar que exista una clara diferenciación cromática entre la huella (parte horizontal del peldaño) y la nariz de grada (la punta del peldaño), evitar el uso excesivo de huinchas o elementos antideslizantes u ornamentales que dificulten una clara percepción de cada peldaño. Asimismo en las contrahuellas (parte vertical del peldaño) se sugiere que sean sólidos.

• Aproximación y uso: es importante considerar una adecuada acción de aproximarse a los elementos que se consideran prioritarios al momento de plantear un espacio de atención, como es el sector de informaciones, mesón de atención, la zona de espera y los dispositivos y/o elementos necesarios para realizar este proceso, como dispensadores de número, forma de llamado para atender, etcétera. Para todos estos elementos se debe considerar un acceso libre y expedito, y un espacio de maniobra que permita su utilización; por lo que es importante el establecer rangos de altura que permitan su uso a la mayor cantidad de usuarios posibles. Se sugiere que el mesón de atención cuente con al menos un tramo de ancho suficiente que permita atender a dos personas simultáneamente y que la cubierta se encuentra a una altura máxima entre 78 centímetros (cm) y 83 cm; y asimismo que cuente con una altura libre bajo cubierta entre 70 cm y 75 cm; y que tenga mínimo 30 cm de profundidad.

• Servicios higiénicos: para considerar una atención inclusiva es muy importante contar con servicios higiénicos que cumplan con los estándares de accesibilidad y diseño universal, de esa manera promovemos también la posibilidad de la inclusión laboral. Un baño accesible debe contar con una puerta de ancho suficiente, se sugiere puerta de 90 cm de ancho y que preferentemente abra hacia el exterior. En su interior debe permitir que se pueda girar en 360 grados considerando un diámetro libre de giro de 1.50 m que permitirá maniobrar a una silla de ruedas. Este giro puede considerar la parte de abajo del lavamanos, siempre que éste no cuente con pedestal u otro elemento que pueda interferir. Asimismo, debe contar con un espacio de transferencia esto es un espacio libre de 80 cm de ancho por 1.20 m de largo al menos a un costado del inodoro, para posicionar la silla de ruedas y poder trasladarse desde ella al artefacto.

• Seguridad y emergencias: se deben considerar estándares de accesibilidad y asimismo protocolos para resguardar la seguridad de todas las personas en situaciones de emergencia, y especialmente la de personas con discapacidad. Entre algunas de las medidas a considerar está la de cerrar o proteger el espacio de sombra bajo escaleras que se encuentren en vías de evacuación.

3. Antecedentes, el caso de Jalisco

Con fecha de 17 de mayo de 2016 se inauguró la primera playa incluyente en el estado de Jalisco.3 A su vez, sería la primera playa con estos parámetros a nivel nacional tal como lo ha establecido el gobierno, ubicada en el municipio de Cihuatlán, en la población de Cuastecomates.

Entre las diversas acciones que se llevaron a cabo por parte del gobierno del estado de Jalisco para lograr este cometido resalta que se adaptaron “señaléticas, accesos, vialidades, mobiliario urbano y anfibio, además de ser una playa cardioprotegida al contar con equipo para brindar primeros auxilios, personal capacitado y atención médica de urgencias.”4 A decir del propio ente público también se llevaron a cabo las siguientes acciones:

“Vialidad y banquetas sin desniveles, cajones de estacionamiento para personas con discapacidad, mapas y señalización en braille, guías podotáctiles, zonas de descanso, ciclopuerto, área para mascotas (perros guía), equipamiento urbano y anfibio, pasarela en playa, baños accesibles, plazoleta en acceso a playa, telefonía, una planta de tratamiento de aguas residuales, instalaciones subterráneas de agua, drenaje y electricidad.”5

Las dependencias que hicieron esto posible fue el Sistema DIF Jalisco, la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y la Secretaría de Turismo, logrando con ello una acción innovadora a favor de un sector prioritario que se estima que cuenta con 300 mil personas.

Esta política pública es acorde a los tratados internacionales en la materia y la legislación vigente, en donde se salvaguarda entre otros derechos la movilidad de las personas con discapacidad, y la posibilidad que puedan acceder a diversos servicios públicos. Entre los tratados internacionales que se puede mencionar que hace alusión al derecho en cuestión cabe resaltar el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, el cual se cita dada la importancia que tiene para al acuerdo en cuestión:

“Los estados parte adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:

• a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;

• b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;

• c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;

• d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.6

Este artículo citado a su vez tiene relación con el principio de inclusión plena establecido en el numeral 3 de este acto jurídico convencional a nivel internacional. Con ello se da a entender que el Estado debe garantizar que toda persona, sin importar que cuente con una discapacidad, se logre poder realizar su proyecto de vida brindando las mismas oportunidades que aquellas personas que no cuentan con esta situación.

4. Otros casos de playas incluyentes

Frente a estos casos cabe resaltar que actualmente se cuenta con casos aislados como es el caso de Playa del Carmen, que fue el primer caso en donde se logró una playa incluyente en 2013, y se le sumaron otra en dicha localización, otra en Cancún, siendo todas focalizadas en el estado de Quintana Roo.

A su vez, se le ha sumado en Guerrero, en la playa denominada Bahías de Papanoa, en el municipio de Tecpan de Galeana. Vale la pena señalar que actualmente no existe a nivel federal, más allá de esfuerzos estatales y municipales, una política pública específica para lograr el que existan acciones concretas en materia de playas incluyentes, problemática que en el siguiente apartado se desarrolla en su integridad.

5. Problemática nacional

Si bien fue emblemática dicha política pública, hasta la fecha no se le ha dado seguimiento para que las demás playas a nivel nacional puedan contar con dicha infraestructura. A lo largo del tiempo se ha podido constatar que las costas nacionales carecen de los elementos básicos para que las personas puedan acceder a las playas y gozar de ella de manera plena; sobre todo tratándose de las personas con discapacidad.

Estos vacíos contravienen la Constitución Política Federal la cual establece en su artículo 27,7 así como la fracción I del artículo 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales que establece que las playas son bienes públicos para el provecho de todos los mexicanos, mismo que se cita para lograr mayor claridad en cuanto al objeto de este punto de acuerdo:

“Artículo 7. Son bienes de uso común:

IV. Las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales;”8

En ese sentido queda claro que en tanto se sigan llevando sólo acciones aisladas y fragmentadas a favor de la población, sobre todo respecto de las personas con discapacidad, para acceder a un bien público, de manera efectiva se están violando distintos derechos humanos. El gobierno del estado y el federal, acorde al principio pro homine , y de progresividad y no regresividad, deben adoptar hasta el máximo de sus recursos para lograr que se erradiquen las barreras para el pleno disfrute de los derechos humanos tal como se establece en el artículo 2o. del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.9

Lamentablemente, tras indagar en los diversos programas presupuestarios del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, este es omiso en establecer recursos para lograr el cometido mencionado.10 Si bien las playas son bienes públicos nacionales, esto no es óbice para que el Poder Ejecutivo y las demás dependencias, realicen las acciones correspondientes, o generar las gestiones para que puedan coordinarse con las autoridades competentes.

Como representantes populares, y acorde a la protesta de ley que hicimos, a efecto de garantizar los derechos humanos de las personas al tomar protesta como diputados federales, requerimos tomar medidas pertinentes para hacer frente a la presente problemática, llevando a cabo una postura política en común que se traduzca en el acceso de las playas a todos los jaliscienses.

6. Propuesta

Es por ello que a través de este punto de acuerdo promovemos que se gire atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a efecto que se tomen las medidas precautorias pertinentes, y demás acciones legales, dentro del ámbito de competencia de estos organismos constitucionales autónomos para que:

a) Se garantice el acceso irrestricto a las playas mexicanas acorde a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley General de Bienes Públicos; y

b) Se lleven a cabo acciones de planeación y presupuestación para garantizar el acceso a las playas nacionales a todas las personas como es el caso de las personas con discapacidad acorde a los tratados internacionales vigentes en el país.

7. Pertinencia de la propuesta

Este llamamiento político tendrá la pertinencia jurídica consistente en que de aplicarse, las personas tendrán mayor seguridad jurídica en cuanto a la previsibilidad del pleno goce de sus derechos humanos, para disfrutar del patrimonio natural que son las playas y que nos corresponden como mexicanos. A su vez, se contarán con los elementos necesarios para establecer servicios homologados de calidad para resguardar el debido acceso para acceder a las playas ubicadas en el Estado de Jalisco.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Gírese atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto que en el ámbito de su competencia y de manera coordinada, realicen gestiones que dentro de sus facultades estimen pertinentes y suficientes para que el acceso a las playas del país sea inclusivo para todas las personas, sobre todo aquellas que cuenten con alguna discapacidad, y asimismo se emitan las medidas cautelares y acciones jurídicas para garantizar que esto ocurra.

Notas

1 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/08-sociedad-in cluyente.pdf

2 http://www.sence.cl/601/articles-8105_archivo_01.pdf

3 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (2016) Inauguran Cuastecomates primer playa y pueblo incluyente del pacífico, julio 2018, de Gobierno del Estado de Jalisco, Sitio Web: https://siop.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/914

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Oficina del Alto Comisionado (2006) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, julio 2018, de las Naciones Unidas, Sitio Web: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/coreinstruments.asp x

7 Cámara de Diputados, (2018) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, julio 2018, Sitio Web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

8 Ibídem. (2018) Ley General de Bienes Nacionales, julio 2018, Sitio Web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267_190118.p df

9 Oficina del Alto Comisionado. (1966) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, julio 2018, de Naciones Unidas, Sitio Web: https://www.ohchr.org/SP/Professionalinterest/Pages/cEScr.aspx

10 Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” (2018) Presupuesto de Egresos 2018 Volumen II, julio 2018, de Gobierno del Estado de Jalisco, Sitio Web: https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco. gob.mx/files/12-28-17-iv-vol_ii_0.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputados: Mónica Almeida López (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica), Abril Alcalá Padilla (rúbrica), María Guadalupe Almaguer Pardo (rúbrica), Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica), Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica), Raymundo García Gutiérrez (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar al Inegi a hacer visible en el censo de 2020 tanto a la población de la diversidad sexual y de género como a la juvenil, suscrita por integrantes de distintos grupos parlamentarios

Las suscritas diputadas Reyna Celeste Ascencio Ortega, Lidia Nallely Vargas Hernández, María Alemán Muñoz Castillo, Frida Alejandra Esparza Márquez, Ana Lucía Riojas Martínez, y los diputados, Edgar Guzmán Valdez, Pedro Daniel Abasolo Sánchez, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Alejandro Viedma Velázquez y Óscar Daniel Martínez Terrazas integrantes de diversos Grupos Parlamentarios y de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los censos de población son imprescindibles para todo Estado democrático que implementa políticas públicas gubernamentales, y cuyos datos recabados en dichos censos son oficiales.

En nuestro país, de conformidad con la cúspide constitucional existe un Sistema Nacional de Estadística y Geografía, cuyos datos recabados son de uso obligatorio para la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

El Sistema Nacional de Estadística y Geografía está coordinado por un organismo al que la propia Constitución le otorga autonomía, con facultades necesarias para la captación, procesamiento y publicación de información, que se genere y se provea para su observancia.

Dicho organismo, denominado Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene la finalidad de proveer información de calidad, pertinente, veraz y oportuna1 al Estado y a la sociedad. Dicha información recabada, así como la realización de los censos de población nacional, son facultades exclusivas del propio instituto.

La captación de datos en los censos de población tiene más de un centenario realizándose cada diez años, y el último Censo de Población y Vivienda fue el de 2010, por lo cual, el próximo censo nacional será en 2020.

Los datos recabados en los Censos de Población y Vivienda no solo son un parámetro estadístico, sino una medición para políticas públicas con proyecciones de largo plazo, cuyos datos son oficiales y de observancia.

Por esta razón, cuidar los lineamientos metodológicos del proceso de captación de datos nacionales es de suma importancia, ya que orientarán políticas gubernamentales y reformas a los cuerpos legales necesarios para acondicionarlos a la realidad nacional.

Por lo cual, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía deberá revisar los siguientes puntos de relevancia nacional:

a) Visibilizar a la población de la diversidad sexual

La discriminación actual en el país es un fenómeno estructural que afecta a las comunidades urbanas y rurales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Discriminación (ENADIS 2017), 30.1 por ciento de la población de la diversidad sexual ha sufrido discriminación, y al 41.8 por ciento de dicha población, se le han negados sus derechos por su orientación sexual.2

Esta discriminación se robustece cuando las políticas públicas ignoran tal discriminación y estadística, lo que a la postre, impide que todas las personas lleguen a los mismos derechos.

Sobre este tema, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, en su resolución AG/RES. 2863 (XLIV-O/14), sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género,3 insta a los Estados, para que en el ámbito de sus capacidades institucionales a que produzcan datos sobre la violencia homofóbica y transfóbica, con miras a promover políticas públicas que protejan derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI).

De igual forma, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha señalado la preocupación sobre los deficientes o inexistentes mecanismos de recolección de datos relativos a la violencia contra personas LGBTI.4

De manera tal, que los organismos internacionales protectores de derechos humanos, han instado a los Estados Parte, a que existan datos sobre la violencia contra las personas de la diversidad sexual y/o identidad de género.

Sin embargo, el Censo de Población y Vivienda 2020, pese a no ser una medición estadística de violencia, sí es un factor relevante para conocer la población de la diversidad sexual y de género, dónde se encuentra, y con base en ello generar políticas transversales de sensibilización y de protección de derechos humanos.

Además, incorporar el conteo de la población de la diversidad sexual y de género, es de interés nacional, de conformidad con la legislación en la materia, la cual señala que, para establecer información de interés nacional se requiere:

Artículo 78. Además de los temas señalados en las fracciones I a III del artículo 59 del presente ordenamiento, sólo podrá considerarse Información de Interés Nacional para efectos de esta Ley, la que satisfaga los cuatro criterios siguientes:

I. Se trate de los siguientes temas, grupos de datos o indicadores: población y dinámica demográfica; salud; educación; empleo; distribución de ingreso y pobreza; de gobierno, seguridad pública e impartición de justicia; vivienda; sistema de cuentas nacionales; información financiera; precios; trabajo; ciencia y tecnología; telecomunicaciones y radiodifusión; atmósfera; biodiversidad; agua; suelo; flora; fauna; residuos peligrosos y residuos sólidos; marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales y municipales; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, topográficos, de recursos naturales y clima, y nombres geográficos, o bien se trate de temas que sean aprobados por unanimidad por el Consejo Consultivo Nacional, incluyendo aquéllos que deban conocer los Subsistemas a que se refiere el último párrafo del artículo 17 de este ordenamiento;

II. Resulte necesaria para sustentar el diseño y la evaluación de las políticas públicas de alcance nacional;

III. Sea generada en forma regular y periódica, y

IV. Se elabore con base en una metodología científicamente sustentada.

Sin perjuicio de lo anterior, también podrá ser considerada como Información de Interés Nacional la que resulte necesaria para prevenir y, en su caso, atender emergencias o catástrofes originadas por desastres naturales, y aquélla que se deba generar en virtud de un compromiso establecido en algún tratado internacional.5

Por lo cual, incorporar la captación de datos sobre la población de la diversidad sexual y de género, se incluye como un indicador de población, los datos obtenidos serán utilizados para el diseño de políticas públicas de alcance nacional, es necesaria de forma regular y periódica, y debe ser recabada a través de una metodología científicamente sustentada, además de que conocer dicha información es un compromiso a las recomendaciones internacionales de los organismos de carácter internacional de los que el Estado mexicano es parte.

Consecuentemente, incorporar la captación de datos poblacionales sobre las personas de la diversidad sexual y de género es imprescindible para el Censo de Población y Vivienda 2020, servirá de base para la implementación de políticas públicas gubernamentales por al menos 10 años, y se cumplirá con las recomendaciones internacionales por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

b) Incorporar a la población juvenil en el Censo de Población y Vivienda 2020, en el rango etario de 12 a 29 años de edad

La población juvenil en México, de conformidad con la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, es aquella comprendida entre los 12 y los 29 años de edad.6 En 2016, el Gobierno de México señaló que habían 37´504´392 jóvenes comprendidos en dicho rango etario, lo que representó 31.4 por ciento de la población total.7

Sin embargo, el 8 de agosto de 2019, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en su comunicado de Prensa 396/198 indicó que la población juvenil en México era la comprendida entre los 15 y los 29 años de edad, de conformidad con los estándares internacionales de Naciones Unidas.

No obstante, el marco jurídico nacional refiere que la población juvenil es aquella comprendida en el rango de los 12 a 29 años de edad, por lo tanto, deberá ser la medición correspondiente tomada en próximo Censo de población.

Consecuentemente, el Censo de Población y Vivienda 2020, deberá incluir las recomendaciones internacionales para visibilizar a la población de la diversidad sexual, y a la población juvenil de conformidad con nuestro sistema jurídico interno.

Por lo expuesto y fundado, respetuosamente sometemos a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con carácter de urgente u obvia resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a visibilizar a la población de la diversidad sexual en el Censo 2020, de conformidad con las recomendaciones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a fin de contemplar a la población juvenil en el rango etario de 12 a 29 años de conformidad con nuestra legislación interna.

Notas

1 Principios enunciados en el artículo 3o. de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

2 Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS 2017), Conapred-CNDH-UNAM-Conacyt-Inegi, páginas 11-12, disponible en

https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TD SyG_WEB.pdf, en línea, consultado el 16 de octubre de 2019, 13:00 horas.

3 Resolución de la Organización de Estados Americanos, en Asamblea General, AG/RES. 2863 (XLIV-O/14) sobre Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género, aprobada el 5 de junio de 2014, disponible en

http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/docs/AG-RES2863-XLIV-O- 14esp.pdf [en línea], consultado el 16 de octubre de 2019, 13:00 horas.

4 Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, Violencia contra las personas LGBTI, 2015, párr. 393, disponible en

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/violenciaperson aslgbti.pdf [en línea], consultado el 16 de octubre de 2019, 13:00 horas.

5 Artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

6 Artículo 2o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.

7 Gobierno de México, ¿Cuántos jóvenes hay en México?, 2016, disponible en https://www.gob.mx/gobmx/articulos/cuantos-jovenes-hay-en-mexico en línea], consultado el 16 de octubre de 2019, 13:00 horas.

8 Comunicado de Prensa https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/Juvent ud2019_Nal.pdf en línea, consultado el 16 de octubre de 2019, 13:00 horas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputados: Édgar Guzmán Valdez (rúbrica), Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica), Lidia Nallely Vargas Hernández (rúbrica), Pedro Daniel Abasolo Sánchez, María Alemán Muñoz Castillo (rúbrica), Cuauhtli Fernando Badillo Moreno (rúbrica), Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica), Alejandro Viedma Velázquez (rúbrica), Ana Lucía Riojas Martínez, Óscar Daniel Martínez Terrazas.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR, y las fiscalías y procuradurías estatales a reajustar las normativas para abrir carpetas de investigación por feminicidio, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y a los titulares de las respectivas fiscalías y procuradurías en cada estado, para reajustar las respectivas normatividades para la apertura de carpetas de investigación por feminicidios ante la ausencia de dicha tipificación en los procesos de investigación sobre esta clase de crímenes en las entidades que componen a la federación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El crecimiento de los casos totales de violencia está directamente ligado con el crecimiento de los diferentes tipos de crímenes que se cometen hoy en día. Aunque suene trivial, lo que este enunciado busca clarificar es la necesidad de asumir que, si las estadísticas muestran un incremento de los crímenes violentos en 2018, año en el cual se registraron cerca de 34 mil 202 personas asesinadas1 , cualquier clase de crimen del cual se tenga referencia se podría estar suscitando con mayor frecuencia, por lo que lo que una carga incrementada de casos para las autoridades encargadas de la respectivas investigaciones, de acorde al tipo de delito, los involucran con una mayor cantidad de vidas y, por lo tanto, de familias mexicanas que han sufrido una pérdida; más personas y familias que demandan un esclarecimiento de los hechos. La expectativa que se tiene acerca de la labor policial y de investigación no pasa únicamente por un número, sino por el impacto directo que la labor tiene para los afectados. Por ello, mantener la investigación en los mejores estándares, técnicos y éticos, es una de las metas que el trabajo predica, no sólo por un compromiso profesional, sino por el impacto que éste tiene en la opinión pública y en el juicio acerca del rendimiento de las administraciones en turno.

Sobre esto, considerar una claridad conceptual en la forma en la que se debe abordar el trabajo de investigación policial es parte de la expectativa. Definir de forma adecuada las diferentes clases de crímenes facilita el trabajo, sienta bases para orientar la investigación y permite mantener un historial de casos en favor del trabajo estadístico de la institución, especialmente en un contexto donde la violencia de género se denuncia con frecuencia. Por lo tanto, al acercarnos a conceptos polémicos para cierto sector de la población, considerar el feminicidio como un concepto pertinente para la definición de un tipo de crimen, aquel con indicios de una motivación asociada al género, no es algo irrelevante, sino que colabora en dar solución al problema de manera ordenada y eficaz. A pesar de esto, en una gran cantidad de estados de nuestro país el concepto de feminicidio es poco usado, a pesar de que el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que compromete a las instancias estatales, lo enuncie2 .

Esto, más allá del posicionamiento político que se tenga, únicamente perjudica el proceso de investigación y la resolución de los diversos homicidios que se cometen en el presente. Omitir esto altera y baja la calidad de la información a partir de malos perfilamientos, de una imprecisa descripción de las circunstancias y desorienta potenciales líneas de investigación que la evidencia sustenta.

La solución del crimen, así, queda en definiciones y herramientas deficientes, sujetas a clasificaciones que hoy en día se ven superadas por las demandas contemporáneas. En un país donde sólo se reportaron como feminicidios 3.39 por ciento de los mil 662 homicidios de mujeres registrados en 20163 , la incidencia del crimen se aminora en la estadística, pero no por la “realidad” de su frecuencia, sino por falta de voluntad o desconocimiento para su clasificación. Según información en medios, “en la actualidad sólo 19 entidades federativas en México cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente con las características para poder acreditar el delito (privar de la vida a una mujer por razones de género). Los estados son: Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Las 13 entidades que no cuentan con un tipo penal adecuado son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán” 4 . Lo perjudicial pasa, principalmente, por la incapacidad y falta de voluntad de las diferentes instancias para adoptar de manera clara y transparente el uso del concepto. Los costos pagados en forma de vidas e impunidad se vuelven incentivos para el cometimiento de delitos de esta clase, donde la impunidad les da seguridad a los maleantes para continuar con sus fechorías.

Sobre esto, abordar el problema de una falta de unidad nacional en la tipificación del delito únicamente habla de que nuestras normatividades carecen de propiedades orgánicas para hacer trabajos de colaboración policial entre las diversas entidades de nuestro país5 . Así, el desarrollo de protocolos para abordar estos mismos tipos de delitos, a través de normatividades divergentes y, por lo tanto, metodologías diversas, no soluciona el problema. En sus efectos, invisibiliza la existencia del delito y genera información distinta entre las entidades, la cual es inconmensurable entre sí ante la falta de una justificación unitaria.

Así, delitos caracterizados por su brutalidad no deben ser dejados de lado por respeto a las víctimas y sus familiares, donde la justicia debe prevalecer sobre cualquier interés, prejuicio o ideología. Los hechos, por desgracia, no están sujetos al deseo u opinión. Las soluciones, urgentes, siempre comienzan por la mejora de nuestros instrumentos, el replanteamiento de nuestras definiciones y el cambio de nuestra estrategia. Por ello, comenzar con la aceptación de la existencia del delito y la generación de un consenso en su tipificación son pasos necesarios para contar con los medios indispensables para reducir y erradicar la violencia contra las mujeres mexicanas.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y a los titulares de las respectivas fiscalías y procuradurías en cada estado, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para reajustar las respectivas normatividades para la apertura de carpetas de investigación por feminicidios ante la ausencia de dicha denominación en los procesos de investigación, pasados, presentes y futuros, sobre esta clase de crímenes en las entidades que componen a la federación, con el objetivo de no dejar impune ningún caso relacionado.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y a los titulares de las respectivas fiscalías y procuradurías en cada estado, para realizar cursos de capacitación a los agentes y Ministerios Públicos respecto a investigaciones y sanciones relacionadas con feminicidios.

Notas

1 Arturo Ángel. (2019). 2018, el año más violento con más de 34 mil homicidios; en diciembre aumentaron 9 por ciento, 9 de septiembre de 2019, de Animal Político. Sitio web: https://www.animalpolitico.com/2019/01/2018-violencia-homicidios-delito s-mexico

2 Emir Olivares Alonso. (2019). Procuradurías, “reacias a indagar feminicidios”, 9 de septiembre de 2019, de La Jornada. Sitio web: https://www.jornada.com.mx/2019/01/02/politica/010n1pol

3 Ídem.

4 Karina Suárez. (2018). La ONU pide a México tipificar el feminicidio en todo el país, 9 de septiembre de 2019, de El País. Sitio web: https://elpais.com/internacional/2018/07/23/mexico/1532369836_872417.ht ml

5 Ídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a transparentar por la Ssa y el CNEGSR el total de beneficiarios, su ubicación geográfica, los recursos aprobados y ejercidos, y las entidades federativas atendidas en el marco de la “Convocatoria para la asignación de subsidios de refugio, para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia extrema y, en su caso, a sus centros de atención externa 2019”, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Lourdes Érika Sánchez Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con información oficial, los refugios para mujeres que viven violencia extrema representan espacios temporales, que tienen como objetivo principal la protección, alojamiento y atención bajo una perspectiva de género, no solo a las mujeres, sino también a sus hijas e hijos que lamentablemente viven en una situación de violencia.

Entre los servicios que ofrecen se encuentra el de protección y seguridad, hospedaje, alimentación y servicio de enfermería, así como asesoría jurídica y atención psicológica. Aunado a ello, cuentan con diversos programas de capacitación a fin de lograr su incorporación al medio laboral y su efectiva inserción a una actividad remunerada que contribuya a mejorar su calidad de vida.

Para su operación, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva transfiere recursos, sobre todo, a las instituciones que presentan proyectos y fueron aprobados. Es importante destacar que la mayoría de estos espacios son administrados por organizaciones de la sociedad civil, o bien, por instituciones públicas estatales y municipales.

Esta coordinación ha hecho posible que dichos refugios tengan presencia en diversas entidades federativas como Sinaloa, Aguascalientes, Baja California y Campeche, además de Chiapas, Guerrero, Colima, el Estado de México y Oaxaca, entre muchos otros.1

Sin embargo, el pasado 21 de febrero se dio a conocer un comunicado de la Dirección Adjunta de Salud Reproductiva, en ausencia del titular del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, con el que se hace de conocimiento público la “suspensión” de la convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia extrema.

Acompañado de este comunicado, se emprendió una campaña de comunicación social, por la que en medios electrónicos y en las redes sociales oficiales de la dependencia, se replicó la imagen de la convocatoria con la palabra “suspendida”, lo que motivo no sólo el rechazo de las organizaciones de la sociedad civil, sino también, de la población en general.

Ante estas presiones sociales y como es la costumbre de esta administración, unos días después el titular de la Secretaría de Salud anunció que estos recursos estaban garantizados.

A través del comunicado 065 se aseguró que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 el Congreso de la Unión aprobó para este año fiscal un monto total de 346 millones 482 mil 708 pesos, por lo que estaban garantizados dichos recursos para la asignación de subsidios que atienden a las mujeres.2

El titular de Prevención y Promoción de Salud, declaró que la convocatoria emitida contaba con una suspensión provisional y que se analizaban las estrategias para que los recursos que se requieren llegaran a los refugios; no obstante, en ningún momento se dieron a conocer las estrategias complementarias, los recursos aprobado para estos fines y los refugios atendidos.

El 23 de febrero fue publicada nuevamente dicha convocatoria, pero el sitio de internet presenta diversas irregularidades, entre las que destaca que, en el apartado de documentos, por su numeración hacen falta el 4, 5, 6, 7 y 8, y en el área de “descarga de archivos Word y Excel” redirige a una página donde aparece la leyenda de: “Error: no se encontró la URL solicitada en este servidor”.3

Las principales características de estas convocatorias, han sido la falta de información que han impedido a diversas organizaciones participar, pero sobre todo, se han limitado los apoyos institucionales a las mujeres que viven en algún tipo de violencia, lo que constituye un retroceso para nuestro país en la materia.

Los hechos descritos son una clara violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual en su artículo 134 señala que “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.4

La incertidumbre generada se debe, sobre todo, a que hasta este momento no se han transparentado las organizaciones sociales beneficiadas, los recursos canalizados a cada una de ellas, la temporalidad en la entrega de los apoyos, y particularmente, las entidades federativas beneficiadas.

Queda claro que en lo que va del actual Gobierno se ha institucionalizado una política contra las mujeres, ejemplo de ello, es la cancelación de apoyos a estancias infantiles, a organizaciones sociales de mujeres y programas de desarrollo comunitario y de salud urbana y rural.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, transparente el número total de beneficiarios, su ubicación geográfica, los recursos aprobados y ejercidos, así como las entidades federativas atendidas en el marco de la “Convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de Servicios de Refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven violencia extrema y, en su caso, a sus centros de atención externa 2019”.

Notas

1 Secretaría de Salud. (2014). Refugios para Mujeres que viven Violencia Extrema. 09/10/2019, de Gobierno de México Sitio web: https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/refugios-para-mujeres-que -viven-violencia-extrema

2 Secretaría de Salud. (2019). No se retirará el apoyo a refugios para mujeres, niñas y niños en situación de violencia. 10/10/2019, de Gobierno de México Sitio web: https://www.gob.mx/salud/prensa/065-no-se-retirara-el-apoyo-a-refugios- para-mujeres-ninas-y-ninos-en-situacion-de-violencia?idiom=es

3 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. (2019). Documentos para Convocatoria Refugios 2019. 10/10/2019, de Gobierno de México Sitio web:

https://www.gob.mx/salud/cnegsr/es/documentos/documentos -para-convocatoria-refugios-2019?state=published

4 Congreso de la Unión. (Última Reforma DOF 09-08-2019). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 10/10/2019, de Diario Oficial de la Federación Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para solicitar que se declare 2020 como año del 50 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río, constructor del México moderno, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Francisco Javier Huacus Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV, con fundamento en lo que se establece en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, para crear la Comisión Especial para la reinstalación de los docentes, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

“Me Esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado; cancelé muchos privilegios y distribuí en buena medida la riqueza que estaba en pocas manos”.

General Lázaro Cárdenas del Río

El México del siglo XX no se entendería sin el legado político y social del General Lázaro Cárdenas del Río. Dos grandes decisiones durante su gobierno (1936-1940) se significaron como los actos centrales que transformaron el curso de la historia para el pueblo mexicano; la Expropiación Petrolera de 1938 y la vigorizante Reforma Agraria implementada durante el sexenio.

El General Cárdenas puede situarse como el último presidente con vocación nacionalista en la permanente defensa de la soberanía y definirse por su indómita convicción por la instrumentación de políticas que favorecieran a los sectores marginales del país. En la posteridad y a partir de su muerte, su legado se erigió como una corriente de pensamiento político asumido por los actores que se apropiaron del Cardenismo como un valor moral y político.

Durante el mandato de Cárdenas del Río, ocurrieron eventos que se constituyeron como piezas fundamentales que forjaron el mosaico histórico de un periodo sexenal imbricado de rupturas políticas, de la movilización de las masas como política de Estado, la distribución de tierras para la población campesina e indígena en amplias franjas de la nación, más de 18 millones 352 mil hectáreas distribuidas en más de un millón 20 mil beneficiarios y la edificación de más de cien escuelas en el territorio mexicano.

Dentro de la política de Estado en 1936 creó el Instituto Politécnico Nacional (IPN) que comprendía la educación tecnológica pública; en 1938 creó la Casa de España que tuvo como propósito albergar a los científicos, académicos y artistas amenazados por la Guerra Civil durante la dictadura de Francisco Franco, que, posteriormente dio paso al Colegio de México (COLMEX). Asimismo, creó el Museo Nacional de Historia situado en el Castillo de Chapultepec y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El General Cárdenas es hombre de la historia del México postrevolucionario. Con él la nación se adentró a una nueva era de transformación social, donde la unidad popular y la implementación de una auténtica política de masas, generó valores que cohesionaron los propósitos en torno a la autoridad política del presidente Cárdenas.

Evidentemente, el periplo expropiatorio de 1938 se instituyó como un símbolo de la soberanía mexicana. Un hito de nuestra historia que se asemejó a las grandes gestas de hombres y mujeres que vieron en la patria, el último eslabón para defender la dignidad del pueblo mexicano. Sin dejar de lado, el amplio sentido humanista del ex presidente oriundo de Michoacán al asilar a más de 40 mil republicanos durante la guerra civil española y el gesto de adoptar por el gobierno de México a 456 niños y niñas huérfanos de la guerra.

Por lo anterior, en el 2020 se cumplirán 50 años del deceso del General Lázaro Cárdenas del Río y con él cinco décadas de reconocer la impronta trascendencia de su legado social y político para el pueblo de México, así como un conspicuo constructor de instituciones políticas y educativas para usufructo de la nación.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía lo siguiente:

Primero. Que el año 2020 sea declarado “Año del 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río, Constructor del México Moderno”, leyenda que deberá inscribirse en toda documentación oficial de la federación.

Segundo. Que en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como del numeral I, fracción I y III del artículo 6; del numeral 2, fracción V, del artículo 79 y de los artículos 205, 207, y 208 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se acuerde por el Pleno la constitución de una Comisión Especial por el 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río, la cual realizará la divulgación de la obra, del gobierno y del legado a través del diseño de actividades históricas, académicas y culturales.

Tercero. Que la Comisión Especial para conmemorar el 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río sea integrada por diputados y diputadas pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, en conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Cuarto. Que la Comisión Especial para conmemorar el 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río, realizara informes bimestrales de las actividades realizadas por esta comisión ante la Junta de Coordinación Política.

Quinto. Que la Comisión Especial para conmemorar el 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río, contara con los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Sexto. Que la Comisión Especial para conmemorar el 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río, cuente con las facultades para establecer mecanismos de colaboración y coordinación con el poder legislativo estatal del Estado de Michoacán de Ocampo.

Séptimo. Que la Comisión Especial para conmemorar el 50 Aniversario Luctuoso del General Lázaro Cárdenas del Río, estará vigente hasta el próximo 19 de octubre del 2020, fecha que culminarán la conmemoración histórica, académica y cultural.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT, la SFP y la Sedatu a colaborar en la reactivación de las obras suspendidas por la constructora Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina del proyecto “0131 Macrolibramiento de Guadalajara, libramiento Tepic y autopista Guadalajara-Tepic”, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a coadyuvar en la reactivación de las obras suspendidas unilateralmente por la constructora Impulsadora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, empresa del Grupo Carso, del 0131 Macrolibramiento de Guadalajara, Libramiento Tepic y Autopista Guadalajara-Tepic, así como a solucionar los problemas que estén vinculados a su construcción y establecer responsabilidades por la suspensión.

Consideraciones

Las carreteras son parte fundamental de la infraestructura necesaria para desarrollar e impulsar las economías, el comercio y la prosperidad en las sociedades. Por ello, la construcción, reparaciones y mantenimiento de las mismas ha sido una prioridad de los gobiernos mexicanos desde el siglo XX hasta nuestros días.

En este sentido, la red carretera que entrelaza a las cadenas productivas del occidente mexicano constituyendo uno de los lazos más importantes de transporte de bienes y seres humanos entre la frontera sur, el centro del país, el puerto más importante del país y la frontera norte encuentra algunas de sus conexiones más importantes en el estado de Jalisco.

Así, cualquier retraso en la construcción, reparación o mantenimiento en alguno de sus tramos resulta muy costoso en términos de lograr impulsar el desarrollo de diversas regiones del estado de Jalisco en lo particular y de regiones del país en lo general.

Considerando todo lo anterior, resulta explicable el enojo de ciudadanos, gobiernos y asociaciones de empresarios, cuando el gobierno o las empresas concesionarias retrasan o interrumpen el desarrollo de estas vías de comunicación estratégicas. Ello ha sucedido recientemente en las obras del “Nodo Vial Macro Libramiento” denominadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como “0131 Macrolibramiento de Guadalajara, Libramiento Tepic y Autopista Guadalajara-Tepic”. En este caso, la constructora Impulsadora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, empresa del Grupo Carso, aparentemente determinó suspender la construcción del tramo en el retorno para incorporarse a la carretera a Chapala, en el sentido hacia Guadalajara a la altura de la delegación Cedros, ubicada en el kilómetro 28, en el municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco.

La suspensión de la obra mencionada ha detonado una serie de quejas por parte de sectores empresariales de la zona con motivo de que se han visto afectados debido a un aumento en la incidencia delictiva en perjuicio de sus mercancías y accidentes derivados de tomar vías alternas al tramo en reparación. Dichos accidentes y eventos delictivos ya suman “pérdidas millonarias y humanas” que motivan el presente punto de acuerdo.

La concesión de la construcción, reparación y mantenimiento de 279.6 kilómetros de carreteras correspondientes al denominado “0131 Macrolibramiento de Guadalajara, Libramiento Tepic y Autopista Guadalajara-Tepic”, dentro del cual se encuentra el retorno para incorporarse a la carretera a Chapala, en el sentido hacia Guadalajara a la altura de la delegación Cedros, ubicada en el kilómetro 28, en el municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, fue otorgada en 2011 en favor de la constructora Impulsadora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, empresa del Grupo Carso, hasta el año 2041.

Derivado de lo anterior, resulta necesario que se reactiven los trabajos en la obra. Sin embargo, a decir de las mismas organizaciones comerciales que han exigido el restablecimiento de las obras, existe un diferendo entre la constructora y ejidatarios de la zona, a partir del cual se suspendieron los trabajos.

En consecuencia, el punto de acuerdo que presento ante esta soberanía tiene como propósito exhortar a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de la Función Pública y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a coadyuvar en la reactivación de las obras suspendidas unilateralmente por la constructora Impulsadora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, empresa del Grupo Carso, del tramo denominado 0131 Macrolibramiento de Guadalajara, Libramiento Tepic y Autopista Guadalajara-Tepic, así como a solucionar los problemas que estén vinculados a su construcción y establecer responsabilidades por la suspensión.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a verificar que se reactiven las obras inconclusas del “Nodo Vial Macro Libramiento” registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la denominación “0131 Macrolibramiento de Guadalajara, Libramiento Tepic y Autopista Guadalajara-Tepic”, en el retorno para incorporarse a la carretera a Chapala, en el sentido hacia Guadalajara a la altura de la delegación Cedros, ubicada en el kilómetro 28, en el municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco, y a que, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, revise si no hay daño patrimonial derivado de la suspensión de la obra que aparentemente determinó unilateralmente la constructora Impulsadora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, empresa del Grupo Carso.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a constatar la existencia de problemas territoriales y, de ser el caso, solucionar los que se encontrasen entre los ejidos que pudiesen verse afectados por las obras y la constructora Impulsadora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, empresa del Grupo Carso, que han derivado en dejar inconclusas las obras del “Nodo Vial Macro Libramiento” registrado ante la SHCP con la denominación 0131 Macrolibramiento de Guadalajara, Libramiento Tepic y Autopista Guadalajara-Tepic” en el retorno para incorporarse a la carretera a Chapala, en el sentido hacia Guadalajara a la altura de la delegación Cedros, ubicada en el kilómetro 28, en el municipio de Ixtlahuacan de los Membrillos, Jalisco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a considerar la devolución expedita de los recursos autogenerados por el INAH en 100 por ciento en el ejercicio de 2019, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Claudia Báez Ruiz integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. El Instituto Nacional de Antropología e Historia 1 (INAH) es un órgano desconcentrado con personalidad jurídica propia, creado en 1939, para garantizar, preservar y difundir la investigación, conservación, protección del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México.

El instituto es competente en zonas de monumentos arqueológicos e históricos, propiedad de la Federación, las cuales se regularán por la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Son objetivos generales del INAH la investigación científica sobre antropología e historia relacionada principalmente con la población del país, y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como, el paleontológico, la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio, tal y como lo indica el artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

2. Del año 2011 a mayo de 2019 la Instituto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le ha devuelto 3,778 millones de pesos. En promedio 419 millones de pesos.

Fuentes: Informes de labores, Cuenta pública y diversos medios de comunicación

El Instituto, entre otros, opera los siguientes programas presupuestarios2

Una función fundamental del Instituto Nacional de Antropología e Historia es su labor académica, que realizan más de 400 académicos adscritos a las disciplinas de historia, antropología social, antropología física, arqueología, lingüística, etnohistoria, etnología, arquitectura, conservación del patrimonio, conservación y restauración. Hay también proyectos académicos sobre temas diversos, que forman parte de la labor de investigación que se realiza en el Instituto.

Según datos del INAH, el Instituto cuenta con una red de bibliotecas en 26 entidades federativas con 46 bibliotecas. En la Ciudad de México se encuentran 16 de estas bibliotecas.

Además, el Instituto realiza investigación, entre otros rubros de:

• Arqueología

• Antropología

• Conservación del Patrimonio Cultural

• Antropología Física

• Estudios Históricos

• Etnología y Antropología Social

• Estudios Arqueológicos

• Etnohistoria

• Lingüística

• Patrimonio Mundial

• Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas

• Salvamento Arqueológico

• Paleontología

• Arqueología Subacuática

• Ceramoteca de Teotihuacan

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene bajo su resguardo un total de 191 zonas arqueológicas y una paleontológica.

En los estados de Quintana Roo y el Estado de México se reconocen 18 zonas y en Yucatán y Campeche se reconocen 16 zonas, siendo los estados de la República con la mayor cantidad de zonas arqueológicas.

3. En lo particular, en el Estado de Puebla3 se reconocen 6 zonas arqueológicas.

Tepapayeca

La Zona Arqueológica de Tepapayeca se encuentra localizada en el poblado del mismo nombre, perteneciente al Municipio de Tlapanalá, y a 11 kilómetros de la población de Izúcar de Matamoros, Puebla.

Cantona

Los terrenos que abarca el sitio son compartidos por los ahora municipios de Tepeyahualco de Hidalgo, y Cuyoaco, ubicados en la parte central-norte de la Cuenca Oriental en el Estado de Puebla.

Cholula

Se encuentra ubicada en el denominado valle de Puebla a solo 10 kilómetros al poniente la ciudad capital del estado de Puebla, específicamente dentro del área metropolitana de la Ciudad de Puebla.

Los Cerritos de San Cristóbal Tepatlaxco

Se localiza a sólo 2 kilómetros de San Martín Texmelucan, en la falda del Cerro Totolqueme perteneciente al poblado de San Cristóbal Tepatlaxco.

Tepexi el Viejo

Se localiza a 8 kilómetros al poniente de la población de Tepexi de Rodríguez en Puebla.

Yohualinchan

El nombre de la Zona Arqueológica significa “Casa de la noche” en náhuatl, sin embargo, la cultura que se localizó en este centro ceremonial fue la Totonaca, pero por el abandono y la posterior ocupación mexica es que hasta la actualidad los pobladores de las comunidades cercanas siguen hablando náhuatl.

4. En el 2018 el Instituto:

a) 27 millones de visitantes4 acudieron a las zonas arqueológicas y museos del INAH en el 2018:

b) Obtuvo en Recursos autogenerados 710 millones de pesos, al mes de mayo de 2019, lleva recaudado 350 millones de pesos.

c) Personal eventual del INAH: 1,550 trabajadores (de diciembre del 2018 a febrero del 2019 rescindieron a 210)

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere la devolución expedita de los recursos autogenerados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en un cien por ciento en el ejercicio 2019.

Notas

1 https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/201 5_0179_a.pdf

2 https://www.inah.gob.mx/indicadores-de-programas-presupuestarios

3 https://www.inah.gob.mx/2015-06-12-00-10-09/catalogo

4 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/
El-INAH-es-la-gallina-de-los-huevos-de-jade-Diego-Prieto-20190610-0148.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputado Claudia Báez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta soberanía a detener la compra de botellas de agua de un solo uso, suscrita por la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

La presente, diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con forme a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El estudio Out Of Home, de Kantar Worldpanel, revela que México es el principal consumidor de agua embotellada en el mundo. En 2017 hubo un incremento en la demanda de envases pequeños y presentaciones de seis a 10 litros.

“México tiene un grave problema de agua potable. Además, con los últimos temblores se ha roto la tubería. No ha habido mantenimiento, pero sí filtraciones y fugas. No hay garantía de que el agua sea completamente potable. De lo contrario no existiría el agua embotellada en el país”, expresa el director general de Ecoce.

En la actualidad, México tiene alrededor del 11 por ciento de plásticos en la basura y genera 722 mil toneladas anuales de PET , y, aunque es líder en América Latina en cuanto a recuperación de este material, es necesario mejorar la tecnología de reprocesamiento para promover una ‘economía circular’, impulsada por un consumo razonado sustentable, es decir, un modelo económico donde los productos, componentes y recursos mantengan su valor en un ciclo continuo de desarrollo positivo.

México es el principal consumidor de agua embotellada en el mundo. No podemos cerrar los ojos y decir que en el país no hay un mal manejo de los plásticos y una falta de concientización en torno a su consumo. Apostemos por el reciclaje. Los plásticos que más se recuperan en el mundo son el polietileno de alta densidad y el PET. Después está el PVC, el polietileno de baja densidad, el polipropileno, y el poliestireno, que es con el que se producen los desechables. México destaca por recuperar el 58 por ciento del PET y el 50 por ciento del polietileno de alta densidad.

Datos de Ecoce indican que en México se tiran a la basura alrededor de 20 mil millones de botellas al año.

“El mercado se está moviendo hacia la reducción del consumo de azúcar; por eso las grandes marcas están embotellando agua, pero como sociedad debemos tener otras opciones para dejar de contaminar. El reciclaje es un concepto que implica concienciar antes del consumo”, el mercado mexicano es muy atractivo porque se está desarrollando una conciencia ecológica cada vez más fuerte. La renuncia al agua de las botellas de plástico representa, por tanto, una contribución a nuestro medio ambiente.

Parte de las soluciones reales para incentivar la tolerancia cero al uso de botellas de plástico , que resultan del consumo de agua embotellada en México, se podrán llevar a cabo mediante las medidas siguientes:

Prohibiciones y limitaciones por parte de los gobiernos con respecto a los productos o actividades con plásticos innecesarios o perjudiciales. Medidas Legislativas que incluyan objetivos de reutilización.

-Establecer normativas y estrategias de responsabilidad ampliada del productor (RAP) para que empresas y fabricantes se responsabilicen de los daños que causa el plástico en el medio ambiente y se les obligue a responder de todo el ciclo de vida y los costes reales de sus productos.

-Que los gobiernos y las empresas inviertan en modelos de reutilización y en nuevas formas de distribuir los productos utilizando menos embalaje o sin embalaje alguno.

-El abandono progresivo de la producción y el uso de productos de plástico de un solo uso y productos de usar y tirar por parte de las empresas.

-Un cambio en la mentalidad generalizada de la cultura del usar y tirar basada en creer que lo cómodo es equivalente a algo desechable, y pasar a una visión de comunidades más conectadas, sostenibles y saludables.

En el 2017 esta Cámara gastó 37 millones de pesos en papel y generó cerca de mil 95 toneladas de basura. Para 2019 se aprobaron 11 millones de pesos para el pago de servicio de agua de la Cámara de Diputados. Al cierre del primer semestre del año, de los 5.5 millones de pesos programados, se pagaron 3.19 millones de pesos por este concepto, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y Segundo Avance Trimestral del PEF 2019, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El 4 de octubre de 2018, en sesión ordinaria, se aprobó un punto de acuerdo para restringir la compra de productos plásticos de un solo uso en este recinto, al cual no se le ha dado cabal cumplimiento. A un año de haberse aprobado, se sigue observando el uso de estas botellas de plástico.

Es de gran importancia que esta institución pregone con el ejemplo por un medio ambiente saludable.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, a través de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios, al Comité de Adquisiciones, Arredramientos, Obra Pública y Servicios de esta Cámara de Diputados, a buscar las medidas y alternativas necesarias para evitar la compra de botellas de agua de plástico de un solo uso en este recinto legislativo.

Referencias

https://www.kantarworldpanel.com/mx/Paneles-de-Consumo/O ut-of-Home

https://www.ecoce.mx/

https://www.altonivel.com.mx/empresas/aguas-con-los-plas ticos/

https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/ 2018/04/TOOLKIT-PLASTICOS-v3.pdf

https://www.gob.mx/hacienda/

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/1 0/asun_3746726_20181004_1539032773.pdf

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los días 28 del mes de octubre de 2019.

Diputados: Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica), Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Raymundo García Gutiérrez, Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Claudia Reyes Montiel y Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP y la CFE a retomar los convenios celebrados para disminuir adeudos históricos de consumo de electricidad de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y del país, a cargo de la diputada Estela Núñez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Estela Núñez Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los grandes niveles de deuda por concepto de pagos de energía eléctrica a nivel de los municipios ha sido una problemática que el país ha venido arrastrando de forma constante. Ello se debe a que muchos de los municipios no cuentan con los recursos económicos suficientes para hacer frente a los pagos del servicio de energía eléctrica, pues no cuentan con una verdadera capacidad de generar recursos a nivel local.

Esta problemática ya ha sido objeto de la atención de Legislaturas y administraciones anteriores. Durante la LX Legislatura, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara de Diputados solicitó que para el año 2007, el sector energético condonará la deuda que ascendía a 4 mil 920 millones de pesos por concepto de consumo de energía eléctrica a 80 municipios del centro del país; en su momento se aseguró que de lo contrario se correría el riesgo generar conflictos sociales al interior de los municipios ante la amenaza del corte de la energía eléctrica.

Dicha solicitud fue atendida en su momento por lo establecido en el Capítulo III, “De las Facilidades Administrativas y Estímulos Fiscales”, artículo 15, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008; el cual estableció una facultad para las autoridades fiscales de llevar a cabo “la cancelación de los créditos fiscales cuyo cobro les corresponda efectuar, en los casos en que exista incosteabilidad.”1

Dentro del mismo artículo 15, se estableció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) debería establecer las reglas para la aplicación de la disminución de adeudos históricos de consumo de energía eléctrica registrados al cierre del mes de diciembre de 2007; siempre y cuando la legislación de las entidades federativas a las que pertenecieran los municipios contemplaran el destino y afectación de aportaciones federales que pudieran utilizarse para el pago de los adeudos.2

Fue así que el 27 de marzo de 2007, la SHCP publicó las Reglas para la Disminución de Adeudos Históricos de Consumo de Energía Eléctrica de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, con el objetivo de sanear las finanzas públicas de las instituciones del tercer orden de gobierno y así contribuir a una mejor prestación de servicios a la población.

Desde entonces, ha habido esfuerzos por replicar este ejercicio. En la historia más reciente, la Comisión Federal de Electricidad firmó un convenio con el Estado de Tabasco para implementar el programa “Adiós a tu deuda”, con el objetivo de cancelar los adeudos históricos de 11,000 millones de pesos.3

Pese a estos esfuerzos, aún existen en el país un gran número de municipios que acreditan una deuda con la CFE, quien indicó que a principios del año 2019 la deuda municipal por el consumo de energía eléctrica asciende a cinco mil 595 millones de pesos.4 De hecho, la condonación de los adeudos energéticos en el Estado de Tabasco, generó que municipios y representantes de otras entidades del país pidieran un trato similar.5

Es por lo anterior que esta Cámara de Diputados estima conveniente atender el reclamo de los municipios y poner a su alcance un método bajo el cual se pueda disminuir el monto de los adeudos por consumo de energía eléctrica. Consideramos que las Reglas establecidas por la SCHP en el DOF del 27 de mayo de 2008 son precisamente la base sobre la cual se puede trabajar rumbo a la eliminación de la deuda en los municipios del país.

Es así que se plantea emitir un exhorto a la SHCP para que, en coordinación con la CFE, puedan retomar el marco establecido y pueda ponerse nuevamente en marcha un programa para la Disminución de Adeudos Históricos de Consumo de Energía Eléctrica al nivel municipal y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Federal de Electricidad, a retomar los convenios celebrados bajo las Reglas para la Disminución de Adeudos Históricos de Consumo de Energía Eléctrica de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el jueves 27 de marzo de 2008 y resolver la situación de adeudos de municipios del país, en particular en el estado de Tabasco.

Notas

1 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/abro/lif_2008/LIF_2008_abro.pdf

2 Ídem.

3 Notimex, “CFE acuerda cancelar deuda histórica de Tabasco de 11,000 millones de pesos”, nota publicada en el diario El Economista, el 14 de mayo de 2019.

https://www.eleconomista.com.mx/politica/CFE-acuerda-can celar-deuda-historica-de-Tabasco-de-11000-millones-de-pesos-20190514-00 58.html

4 Leticia Robles de la Rosa, “Erosionan a CFE adeudos de municipios; la cartera vencida es de 13.10%”, nota publicada en el diario Excélsior, el 27 de junio 2019.

https://www.excelsior.com.mx/nacional/erosionan-a-la-cfe -adeudos-de-municipios-la-cartera-vencida-es-de-1310/1321111

5 Notilegis, “Exige bancada del PRI que CFE también ofrezca su tarifa más baja a otros estados del país, no sólo a Tabasco”, Nota Informativa del 16 de mayo 2019.

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/ Agencia-de-Noticias/2019/Mayo/16/2146-Exige-bancada-del-PRI-que-CFE-tam bien-ofrezca-su-tarifa-mas-baja-a-otros-estados-del-pais-no-solo-a-Taba sco

Dado el 29 de octubre de 2019, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Diputada Estela Núñez Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, la FGR y el Indesol a garantizar el uso eficiente de los fondos destinados a prevenir y combatir la trata de personas, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y a Luz Beatriz Rosales Esteva, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, para que garanticen el uso eficiente de los fondos destinados a la prevención y combate de la trata de personas, al igual que la consolidación y apego a los lineamientos del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El problema de la trata de personas en México se encuentra en un climax ante la inoperatividad de las administraciones anteriores para hacerle frente al problema. De acorde a cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2012 a 2017 se registraron más de 5 mil 200 personas en situación de trata en nuestro país.1 Derivado de este, las actividades ilegales por las cuales pasan van más allá del mero esfuerzo físico, sino que se manifiesta a través de delitos como la explotación sexual, la esclavitud, la venta de personas, el tráfico de órganos, etcétera.2 De estas, la forma de explotación predominante es la de la explotación sexual, que representa el 71 por ciento, y la trata con fines de explotación laboral, que representa el 24 por ciento.3 Igualmente, la manera en la cual opera es usualmente de forma grupal y perpetuada por el crimen organizado, que ha encontrado una industria prolífera en la explotación de personas conectándolas con las otras industrias ilegales de las cuales son parte. De acorde a cifras de la organización de las Naciones Unidas, la trata es el tercer negocio ilícito que mayores ganancias generaba de manera mundial a finales del año 2016,4 donde sus ganancias oscilaban de los 32 mil a los 36 mil millones de dólares anuales.5

La situación, angustiante, no afecta de manera indiscriminada a la población, sino que tiene una concentración en grupos vulnerables, especialmente por razones de género y edad. De los grupos predominantemente afectados, las mujeres y niñas son los objetivos predilectos para los criminales, donde alcanzan a representar el 85 por ciento de las víctimas de trata.6 Las condiciones actuales de desigualdad que afrontan las mujeres, la impunidad de las autoridades y la falta de un trato profesional el delito, son algunos de los principales factores que facilitan que estos grupos hayan adquirido protagonismo en las cifras arrojadas por las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que han trabajado el tema de la trata de personas.

Por otra parte, en el caso concreto mexicano, la actividad ha encontrado polos fructíferos en la frontera norte, la zona centro-sur y los lugares turísticos de mayor afluencia en nuestro país.7 Dicha actividad se concentra en un 55 por ciento de su total en cinco entidades de la federación,8 las cuales son Baja California, Ciudad de México, estado de México, Oaxaca y Chiapas.9

Sobre este panorama, la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció, a finales de junio de 2019, que la manera de trabajar el tema de la trata de personas por la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR) estuvo repleta de “fallas”.10 De acorde a información provista por la ASF, sólo el 3 por ciento de las averiguaciones previas y el 1 por ciento de carpetas de investigación fueron consignadas a un juez.11 Complementando, la ASF expuso que “sólo uno de cada 36 asuntos fue vinculado a proceso por la PGR y sentenciado por los órganos jurisdiccionales, lo cual evidencia la persistencia de un entorno de impunidad en la comisión de dicho delito”.12 Si tomamos en cuenta que 96 por ciento de los casos de trata no son reportados,13 la incidencia y procesamiento del delito otorgan un panorama desfavorable para hacerle frente.

Sumado a esto, si consideramos que el fenómeno migratorio va en aumento, la posibilidad de que haya una potenciación del fenómeno no resulta nada sorpresiva, ya que en muchos casos los migrantes carecen de la documentación pertinente y cuentan con un gran temor de denunciar ante la inminente deportación en un país que ha adoptado medidas migratorias mucho más severas, incentivando la vulnerabilidad de los desplazados y fortaleciendo la actividad mediante la impunidad existente.

Sobre esto, considerar la denuncia efectuada por la ASF, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las organizaciones no gubernamentales, al igual que las condiciones de violencia actuales y el “boom” migratorio, es indispensable si se busca hacerle frente al problema. Exhortar a las autoridades pertinentes para el diseño e implementación de una estrategia integral contra la trata de personas resulta indispensable. Desde los canales de información pública hasta los procesos de investigación, el delito debe tornarse visible para colaborar con la ciudadanía y evitar la propagación de la apatía o el miedo acerca de este. La vulneración de los derechos humanos de las personas afectadas pudo haber sido evitada si existiera una coordinación general en contra del delito que realmente fuera aplicada más allá de un oficio.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y a Luz Beatriz Rosales Esteva, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, para que garanticen el uso eficiente de los fondos destinados a la prevención y combate de la trata de personas, al igual que la consolidación y apego a los lineamientos del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y a Luz Beatriz Rosales Esteva, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, para que presenten un informe pormenorizado a la opinión pública, de la estrategia y uso de los fondos del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas, en favor de realizar las recomendaciones pertinentes para su operación.

Notas

1 AP. (2019). En México más de 5 mil personas son víctimas de trata. 9 de septiembre de 2019, de Vanguardia. Sitio web https://vanguardia.com.mx/articulo/en-mexico-mas-de-5-personas-son-vict imas-de-trata

2 Ídem.

3 Claudia Corichi. (2019). Replantear el combate a la trata. 9 de septiembre de 2019, de El Sol de México. Sitio web: https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/replantear-el-combate-a-la-tr ata-3846830.html

4 Redacción. (2016). La trata de personas deja ganancias de 32 mil a 36 mil millones de dólares al año. 9 de septiembre de 2019, de La Jornada. Sitio web:

https://www.jornada.com.mx/2016/09/14/politica/006n2pol

5 Ídem.

6 AP. (2019). En México más de 5 mil personas son víctimas de trata. 9 de septiembre de 2019, de Vanguardia. Sitio web https://vanguardia.com.mx/articulo/en-mexico-mas-de-5-personas-son-vict imas-de-trata

7 Carolina Rivera. (2019). México incumple estándares mínimos en combate a trata de personas: EU 9 de septiembre de 2019, de Milenio. Sitio web: https://www.milenio.com/politica/mexico-incumple-estandares-minimos-com bate-personas-eu

8 AP. (2019). En México más de 5 mil personas son víctimas de trata. 9 de septiembre de 2019, de Vanguardia. Sitio web: https://vanguardia.com.mx/articulo/en-mexico-mas-de-5-personas-son-vict imas-de-trata

9 Ídem.

10 Cámara de Diputados. (2019). Detecta ASF fallas en actuación de extinta PGR y Segob para combatir la trata de personas, en anterior gobierno. 9 de septiembre de 2019, de Cámara de Diputados Sitio web: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noti cias/2019/Junio/29/2471-Detecta-ASF-fallas-en-actuacion-de-extinta-PGR- y-Segob-para-combatir-la-trata-de-personas-en-anterior-gobierno

11 Ídem.

12 Ídem.

13 Juan Carlos Alarcón. (2019). Mínima la denuncia en México por trata de personas: CCSyJ. 9 de septiembre de 2019, de MVS Noticias. Sitio web https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/minima-la-denunci a-en-mexico-por-trata-de-personas-ccsyj/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al presidente de la República de Chile a garantizar la protección de niños y adolescentes durante las manifestaciones producidas en los últimos días, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta, a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La semana del 14 al 18 de octubre pasados, Chile vivió el inicio de un movimiento masivo de protestas multitudinarias. Debido a un alza en el precio del metro, estudiantes chilenos paralizaron este medio de transporte y convocaron a no pagar el precio del boleto. Para el jueves 17, “las protestas dejaron 133 detenidos tras acciones simultáneas en al menos cinco de las 164 estaciones del ferrocarril metropolitano, con daños calculados por la empresa estatal en entre 400 y 500 millones de pesos, equivalentes a unos 634 mil dólares.”1 El viernes, las protestas “lograron paralizar el total de las operaciones en las líneas 1 y 2, que cruzan el centro de Santiago. El cierre obligó a los usuarios del Metro a subir a la superficie, colapsando el sistema de autobuses de la cuidad... En la estación La Moneda, al frente de la casa de gobierno, decenas de manifestantes --en su mayoría jóvenes-- arremetieron contra las instalaciones y la policía repelió los ataques con chorros de agua y gas lacrimógeno.”

Para la mañana del sábado 19, fue declarado el estado de emergencia, lo cual provocó que “integrantes de las fuerzas armadas de Chile y cientos de integrantes del ejército salgan a las calles de la provincia de Santiago, Chacabuco y las comunas de Puente Alto y San Bernardo, sectores todos pertenecientes a la llamada Región Metropolitana.”2

El domingo 20, el gobierno invocó la Ley de Seguridad del Estado y la represión a las manifestaciones causaron “ocho muertos , más de 244 personas detenidas por desobediencia del toque de queda y cerca de 600 por causar disturbios en las calles.”3 Todo ello a pesar de que el Presidente Piñeira anunciara la suspensión del incremento en el transporte. En la noche del domingo, el presidente declaró “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite”, extendiendo el estado de emergencia a todas las comunas de Región Metropolitana, la ciudad de Antofagasta (norte) y Valdivia (sur) y se encuentran en trámite los decretos de emergencia para todas las comunas de Valparaíso, para la ciudad de Talca, Chillán, y Chillán Viejo, Temuco y Padre Las Casas y la ciudad de Punta Arenas.

Para el 23 de octubre, el Presidente reconoce la incapacidad de su gobierno para manejar la crisis y pide perdón a sus ciudadanos, sin embargo, “la cifra de los muertos por las protestas era de 15 personas, sin embargo, se agregaron tres nuevos decesos en las últimas horas, entre ellos, un niño de cuatro años de edad... El menor fue atropellado junto a un adulto de 37 años por un conductor ebrio y sin salvoconducto. El chófer arremetió contra una multitud, entre ellos, estas dos personas, en San Pedro de la Paz, en la región de Bío Bío en el centro del país.”4

Cuando se cumplieron siete días de las protestas, se produjo la más grande manifestación con la participación pacífica de más de un millón de personas que exigieron la renuncia del presidente, al “considerar insuficientes el paquete de medidas propuesto por el mandatario para contentar los reclamos de mejores pensiones y salarios, y de precios más justos para la luz, el gas, la educación universitaria y los servicios de salud.”5 La represión de las protestas ha dejado, en este momento, un total de 19 personas muertas, al menos 600 heridos y más de seis mil detenidos.

Para el 26 de octubre, Piñeira solicitó la renuncia de todo su gabinete y el 28 levantó el estado de emergencia en todo el país. En este contexto de crisis política, es evidente que las niñas, niños y adolescentes requieren de medidas especiales de protección de frente a la acción indiscriminada de las fuerzas militares, por lo cual, el Grupo Parlamentario del PRD condena el uso excesivo de la fuerza y los actos de violencia en contra de la ciudadanía chilena que se manifiesta pacíficamente en las calles, lo cual ha provocado que, según información del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un niño haya fallecido, 243 niños, niñas y adolescentes (142 niños y 41 niñas) se encuentren detenidos; 24 niños hayan sido ingresados a hospitales públicos por diferentes lesiones y se hayan presentado 35 denuncias por acciones contra niñas y niños.

Estamos convencidas y convencidos de que los hechos delictivos ajenos a la legítima protesta social no pueden ser argumento para cancelar derechos civiles y políticos de ningún ciudadano, particularmente, nunca en el caso de las niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, plenamente comprometidos con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ponemos a consideración de esta H. Asamblea, la siguiente proposición con punto de

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente de la República de Chile para implementar medidas que garanticen la protección de las niñas, niños y adolescentes que han participado en las manifestaciones llevadas a cabo en los últimos días.

Notas

1 https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2019/10/18/
manifestantes-paralizan-metro-de-chile-por-alza-al-cobro-del-pasaje-7791.html

2 https://larepublica.pe/deportes/2019/10/19/
claudio-bravo-envio-contundente-mensaje-sobre-estado-delicado-de-santiago-seleccion-de-chile/

3 https://larepublica.pe/mundo/2019/10/21/
chile-en-emergencia-jovenes-a-la-calles-sus-padres-en-sus-hogares-sebastian-pinera-crisis-en-chile-mdga/

4 https://larepublica.pe/mundo/2019/10/23/
chile-hoy-en-vivo-nino-de-cuatro-anos-entre-los-muertos-por-las-protestas-contra-sebastian-pinera/

5 https://larepublica.pe/mundo/2019/10/26/
marcha-25-de-octubre-en-chile-en-vivo-sebastian-pinera-se-pronuncia-ante-la-marcha-mas-grande-chile/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019

Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos de las 32 entidades federativas a establecer un convenio con la SHCP y el ISSSTE para reconocer adeudos y regularizar el pago de las cuotas y aportaciones pendientes, a cargo del diputado Irán Santiago Manuel e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Irán Santiago Manuel, diputado federal a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante 2018 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado gastó 111 mil 609 millones de pesos; mientras que sus ingresos fueron por 23 mil 305 millones de pesos, es decir, erogó 4.7 veces más de lo que generó.

Debido a los subsidios y transferencias que percibió por parte del gobierno federal por 94 mil 70 millones de pesos, el Issste logró cerrar su balance general con un superávit de 5 mil 766 millones de pesos. Al quitar dichas transferencias, el Issste registraría un déficit por 88 mil 304 millones de pesos.

La falta de recursos al Issste le impide al llevar a cabo inversión en infraestructura y equipamiento, en perjuicio de los derechohabientes.

La situación financiera del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) no sería tan complicada si los gobiernos de los estados pagaran las cuotas y aportaciones en tiempo y forma.

Al día de hoy, el Issste enfrenta un serio problema con las entidades federativas que no le entregan los ingresos de cuotas y aportaciones que hacen los trabajadores a dicho instituto.

El adeudo que mantienen las entidades federativas, de 2008 a mayo de 2019, suma en total 55 mil 458 millones de pesos. Esta deuda se conforma por tres rubros. La más alta proviene de las cuotas individuales de retiro cesantía y vejez (RCV) que se cobra a los trabajadores, y por las que los estados deben al Issste 46 mil 647.1 millones de pesos, es decir, 87.4 por ciento de la deuda total.

La segunda, es el seguro que da el Issste y que suma 4 mil 992.7 millones de pesos, y por último está el pago de las cuotas al Fovissste, que son mil 724.8 millones de pesos. Entre los dos, representan 12.6 por ciento de la deuda total de las entidades federativas.

Conforme al Reporte de adeudos registrados por concepto de cuotas, aportaciones y préstamos relativo a los seguros de salud, invalidez y vida, riesgos de trabajo y servicios sociales y culturales al cierre del mes de junio (quincena 12) de 2019,1 los adeudos totales de algunas entidades federativas, es el siguiente:

Con este panorama, una de las principales estrategias para mejorar la situación financiera del Issste es la reingeniería financiera institucional y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejecute los pagos vencidos, siendo una opción hacerlo con cargo a las participaciones y transferencias federales.

Por otra parte, la obligación de enterar las cuotas de las aportaciones de seguridad social legalmente no corresponde al trabajador, sino a las entidades federativas como patrones, las cuales están obligadas a cumplir con la obligación de enterar las cuotas de aportaciones de seguridad social de sus trabajadores.

Los artículos 4o. y 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantizan el acceso a servicios de salud y el derecho a la seguridad social, los cuales no pueden ser restringidos por la falta del entero oportuno de las cuotas y aportaciones de seguridad social correspondientes.

Lo anterior es así, debido a que el pago de las referidas sumas obedece a una responsabilidad que corresponde cumplir exclusivamente al patrón y no a los trabajadores, lo que significa que no es posible privar a estos últimos del acceso a los servicios de seguridad social por cuestiones que no les son imputables directamente.

Las trabajadoras y trabajadores tampoco deben tener restricciones para acceder a préstamos o créditos, menos aún, a que presenten problemas al realizar trámites administrativos, por el hecho de que la entidad patronal no cumpla con su obligación de enterar oportunamente las cuotas y aportaciones de seguridad social.

El presente punto de acuerdo es con la finalidad de exhortar a las y los gobernadores de las 32 entidades federativas para que concilien y determinen saldos de adeudos, y posteriormente celebrar un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para reconocer los adeudos pendientes de pagar, presenten un plan de pago y así, puedan solventar su deuda con el Issste.

En caso de que los estados entreguen las cuotas y aportaciones que adeudan, con ese recurso el Issste tendrá posibilidad de poder abastecer y dotar con mayor facilidad de equipamiento y mantenimiento que requieren las clínicas y hospitales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las y los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas, para que, a la brevedad, establezcan un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de reconocer adeudos y regularizar el pago de las cuotas y aportaciones que tienen pendientes de cubrir tanto de ejercicios anteriores, como del ejercicio fiscal 2019.

Nota

1 Publicación de adeudo al cierre de la Quincena 12 de 2019 de conformidad con el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputados: Irán Santiago Manuel, Mildred Concepción Ávila Vera, Carmen Patricia Palma Olvera, Jesús de los Ángeles Pool Moo, Juanita Guerra Mena, Alejandro Ponce Cobos, Teresa Burelo Cortázar, Laura Patricia Avalos Magaña, María Beatriz López Chávez, Guadalupe Ramos Sotelo, Lucía Flores Olivo, Beatriz Dominga Pérez López, Víctor Blas López, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Manuel Gómez Ventura, Eleuterio Arrieta Sánchez, Armando Contreras Castillo, Graciela Zavaleta Sánchez, María del Carmen Bautista Peláez, Virginia Merino García, Irineo Molina Espinoza, Irma Juan Carlos, Óscar Rafael Novella Macías, Ma. de Jesús García Guardado, Idalia Reyes Miguel, Rubén Cayetano García, María Chávez Pérez, María Eugenia Hernández Pérez, Estela Núñez Álvarez, Gregorio Efraín Espadas Méndez y Ediltrudis Rodríguez Arellano (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y la SE a hacer eficientes y diversificar la operación y el destino de los programas sociales relacionados con el comercio exterior, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, para eficientar y diversificar la operación y destino de los programas sociales relacionados al comercio exterior hacia los pequeños y medianos productores para su inserción en las cadenas internacionales de valor del mercado mundial, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El papel que juegan hoy en día los pequeños y medianos productores es de menor impacto mediático que la atención que llaman las grandes empresas trasnacionales en el desarrollo del comercio internacional. En algunos casos, como lo son plataformas de comercio trasnacionales de bienes de consumo (Amazon, Mercado Libre, Linio, etcétera), la forma en la que acaparan las portadas debido a los inmensos flujos de ingreso y egresos, tiende a opacar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que operan con regularidad en las actividades comerciales. Esto tiene consecuencias no buscadas, donde el desconocimiento tiende a tener efectos negativos para la implementación de programas sociales efectivos destinados al rubro del comercio exterior, ya que por la ausencia de problematización en la esfera pública respecto a los apoyos o las oportunidades que se les otorgan y los diversos nexos comerciales que sostenemos con otros países, estos no se ejercitan o no son destinados a nuevos sectores productivos en favor del desarrollo de una base de empresarios con una alta actividad comercial, insertados en las cadenas globales de valor y, por lo tanto, la posibilidad de acceder a un mar de posibilidades que potenciarían sus negocios, su vida personal y familiar.

Por ello, impulsar el crecimiento de actividades de comercio exterior debe ser considerado una prioridad si el Estado planea colaborar con los privados para desarrollar la economía nacional. Si la influencia y peso de los diversos programas no está teniendo el impacto deseado, la estrategia debe replantearse a partir de las condiciones actuales existentes. Según datos del Banco de México, para finales de 2015 sólo el 14.3 por ciento de las Pymes conocían al menos uno de los programas de apoyo que eran realizados por el gobierno federal.1 Igualmente, muchos se encuentran temerosos de estar sujetos a créditos bancarios para impulsar sus negocios, donde cerca de dos terceras partes de los participantes dijeron que no aceptarían alguno.2 En sus resultados, el aporte de las Pymes, las cuales representaban el 42 por ciento del PIB y el 78 por ciento de la generación de empleo para 2017, únicamente generaban el 1 por ciento de los valores al interior del comercio exterior,3 situación alarmante debido a la falta de vinculación existente entre los proyectos de la ciudadanía y las áreas de oportunidad en el mercado internacional.

Con un total de 13 tratados comerciales, donde el último en entrar en vigor desde el primer día de 20194 fue el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el potencial para un crecimiento mediante la inserción de las empresas en las cadenas de valor se encuentra en una etapa “fértil” para su futuro éxito. Ante un escenario de desconocimiento por parte de los posibles beneficiarios, plantear políticas que vayan acompañadas de medios de información con la capacidad de conectar las labores de los programas estatales y las necesidades de la ciudadanía, es algo básico para la expectativa de cualquier especie de éxito para el cumplimiento de las expectativas en materia de las labores estatales. El hecho de que no se haya logrado establecer canales de “pedagogía económica”, donde se muestren los potenciales beneficios de una inserción a las cadenas de valor globales y las ventajas que otorgan esta clase de programas, únicamente muestra falta de interés, incapacidad o desconocimiento por parte de las autoridades encargadas de conectar a la ciudadanía con esta clase de incentivos.

Pujar por una estructura de Pymes orgánica, la cual cuente con una relación de interdependencia con el mercado internacional, tiene la intención de mejorar la competitividad de las actividades económicas nacionales. Quedar sujeto al operar de trasnacionales para el mercado del comercio exterior es una apuesta totalmente dependiente de la incertidumbre, donde el margen de decisión de nuestros representantes y de la ciudadanía es casi nulo, ya que está sujeto a dar condiciones atractivas a empresas las cuales podrían mudar su sede de operaciones en periodos cortos, motivados por la búsqueda de mejorar sus dividendos y la toma de decisión de sus propias cabecillas, del mercado internacional y de las normatividades en otros países, haciendo uso de su soberanía y en favor de sus propios intereses.

El escenario, de principio desalentador, se asoma positivo en sus posibilidades. Con el acceso al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), México tendrá acceso a un mercado de cerca de 500 millones de consumidores, lo que representa el 13 por ciento del PIB mundial.5 Igualmente, el atractivo que estos nuevos mercados tienen para el consumo nacional es de importancia. La aceptación que han tenido las plataformas digitales en el sector de consumo es un claro ejemplo de cómo el mercado internacional está interactuando con la ciudadanía en diversos países. Al interior del nuestro, el sector de productos de consumo mostró un crecimiento de las importaciones del 3 por ciento a finales del 2018.6 De manera similar, otras naciones han incrementado sus importaciones con la ramificación de los tratados de libre comercio, el crecimiento de la interdependencia entre las economías globales y las posibilidades que otorgan cadenas productivas que sobrepasan las limitaciones nacionales.

Si México y, por lo tanto, sus ciudadanos pretenden tener una posición competitiva, el impulso para la generación de tratados es un primer paso de trascendencia, pero si no se informan de manera eficaz las potencialidades de esta clase de acuerdos, el riesgo que se corre es el del uso de estos beneficios por parte de sectores reducidos, especialmente grandes empresas, que tienen acceso e interés sobre esa información, donde la derrama económica genera positivos para la economía nacional en el corto plazo mediante la generación de empleos, pero los rendimientos a mediano y largo plazo son aprovechados por sólo unos pocos.

Ubicar a la población y sus actividades económicas en dichas cadenas es hacer un uso efectivo de dichas posibilidades. Si la desinformación o falta de voluntad política siguen mermando el desarrollo de esta clase de oportunidades, el futuro económico de nuestro país podría derivar en una desproporción de los beneficios. La labor del gobierno mexicano y sus múltiples dependencias debe de enfocarse en generar políticas eficientes y cercanas con la ciudanía y garantizar un flujo de información diverso y accesible para facilitar la participación en los mercados internacionales.

Por otra parte, en un escenario de actividad comercial internacional intenso, hacer valer las normatividades legales relacionadas al comercio exterior es igual de importante. Las facilidades, incentivos y desregulaciones fiscales no deben ser sinónimo de falta de sanciones ante prácticas desleales e ilegales. La evasión fiscal en el comercio internacional representa una pérdida para México de entre 67 mil y 128 mil millones de dólares,7 un cuarto de lo que se recauda en promedio en países en vías de desarrollo. Reforzar los mecanismos que garanticen la recaudación, al igual que transparentar el uso y relevancia de la recaudación fiscal, resulta sumamente trascendente para generar confianza con la ciudanía. Para que la exposición de los beneficios de las actividades comerciales internacionales sea asumida como positiva en la opinión pública, debe imperar la confianza entre los partícipes.

Gobierno y ciudadanía, abonando a este aspecto de “pedagogía económica”, requiere de una colaboración para hacer rendir óptimamente los proyectos de apoyo social que el gobierno proporciona, que tienen un costo operativo y juegan un papel en los proyectos nacionales que se presentan como cartas de presentación de los gobiernos municipales, estatales y federales. Asumir que la pretensión de bienestar debe ir acompañada de trabajo colaborativo, transparencia y cumplimiento de las responsabilidades de parte de todos los partícipes, para la obtención de un resultado positivo en la inserción de las Pymes en el mercado global, el cual es indispensable para la satisfacción de las metas que este documento propone.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, en el uso de sus facultades, a girar las instrucciones necesarias para eficientar y diversificar la operación y destino de los programas sociales en favor de impulsar el comercio exterior entre pequeños y medianos productores para su inserción en las cadenas internacionales de valor del mercado mundial.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y a la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, en el uso de sus facultades, a girar las instrucciones necesarias para elaborar campañas informativas, de difusión general y lenguaje asequible, que permitan una mejor comprensión de la forma de operar los programas de apoyo y los beneficios que implica la participación de las Pymes en las cadenas internacionales de valor del mercado mundial.

Notas

1 Banco Nacional de Comercio Exterior. (2016). Se difunden estadísticas detalladas sobre las micro, pequeñas y medianas empresas del país, 9 de Septiembre de 2019, de Banco Nacional de Comercio Exterior. Sitio web: https://www.bancomext.com/comunicados/14237

2 Ídem

3 Alejandro Durán. (2017). Pymes en México participan con el 1 por ciento de las exportaciones, 9 de Septiembre de 2019, de El Sol de México. Sitio web: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/pymes-en-mexico-participan-co n-el-1-de-las-exportaciones-257620.html

4 Daniel Blanco. (2018). Con el TPP-11, México tendrá en ‘la bolsa’ 13 tratados comerciales, 9 de Septiembre de 2019, de El Financiero. Sitio web:

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/con-el-tpp-11-m exico-tendra-en-la-bolsa-13-tratados-comerciales

5 Octavio de la Torre. (2019). Oportunidad de oro para México con entrada en vigor del CPTPP, 9 de Septiembre de 2019, de T21. Sitio web:

http://t21.com.mx/opinion/arquitectura-aduanera/2019/01/ 07/oportunidad-oro-mexico-entrada-vigor-cptpp

6 Ana Karen García. (2019). Mexicanos aumentan sus compras de productos importados, 9 de Septiembre de 2019, de El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexicanos-aumentan-sus-compras -de-productos-importados—20190114-0051.html

7 Mathieu Tourliere. (2019). México pierde hasta 128 mmdp al año por evasión fiscal en comercio internacional, 9 de Septiembre de 2019, de Proceso. Sitio web:

https://www.proceso.com.mx/569409/mexico-pierde-hasta-12 8-mmdp-al-ano-por-evasion-fiscal-en-comercio-internaciona

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, la SEP y la SSPC a generar estrategias y políticas públicas para prevenir y atender el consumo de drogas, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez, diputado federal integrante de la LXIV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Tanto a nivel nacional como internacional, el abuso de substancias psicotrópicas, constituye uno de los problemas de salud pública de nuestra época.

Se conoce como adicción a las drogas, o drogadicción, al consumo frecuente de estupefacientes, a pesar de saber las consecuencias negativas que producen. Entre otras cosas, modifican el funcionamiento del cerebro y su estructura, provocando conductas peligrosas.

Se considera adicción, porque es difícil intentar dejar de consumirlas, ya que provocan alteraciones cerebrales en los mecanismos reguladores de la toma de decisiones y del control inhibitorio y porque el usuario de las mismas dedica gran parte de su tiempo en la búsqueda y consumo de ellas.1

La definición de droga propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) se refiere a todas las sustancias psicoactivas como: “...cualquier sustancia que, al interior de un organismo viviente, puede modificar su percepción, estado de ánimo, cognición, conducta o funciones motoras.”2

De acuerdo a la comunidad científica y con base a elementos farmacológicos, las drogas se dividen en: eufóricas (opio y sus derivados, así como cocaína); fantásticas, (mezcalina, marihuana y beleño, entre otras); embriagantes (alcohol, éter, cloroformo y bencina); hipnóticas (barbitúricos y otros somníferos); excitantes (cafeína y tabaco, entre otras). A la lista se suman las “nuevas drogas o drogas de diseño” creadas con fines recreativos, entre las que se encuentran: feniletilaminas, arilhexilaminas, opiáceos, derivados del fentanilo, la meperidina y la metacualona.3

En el informe Mundial sobre las Drogas 2019,4 se destaca que:

• En el mundo hay unos 35 millones de personas que padecen trastornos por consumo de drogas y necesitan tratamiento, cifra superior a la estimación anterior de 30,5 millones de personas.

• En 2017, unos 271 millones de personas, es decir, el 5,5 % de la población mundial de 15 a 64 años de edad, había consumido drogas en el año anterior.

• También ha aumentado el número de víctimas: 585.000 personas perdieron la vida en 2017 a consecuencia del consumo de drogas.

• La droga más extendida es el canabbis con unos 188 millones de consumidores.

• La fabricación ilícita mundial de cocaína alcanzó un máximo histórico de 1.976 toneladas (estimación basada en un grado de pureza del 100 %) en 2017, lo cual supuso un aumento del 25 % con respecto al año anterior.

• Cabe acentuar que México, ocupa el tercer lugar en la producción mundial del opio, siendo el primero Afganistán y el segundo Myanmar.

• Las personas que tienen un historial de consumo de drogas o de trastornos por consumo de drogas constituyen una parte considerable de la población reclusa de algunos países.

A mayor abundamiento, de acuerdo con información de la Comisión Nacional contra las Adicciones, 5 y con el informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019,6 del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, la población juvenil, son los más expuestos. Se dice que de los 61 mil 817 alumnos de nivel básico e intermedio que están en camino de consumir drogas o que ya lo hacen, unos 9 mil 412 consumieron más alcohol; 8 mil 273 se fueron por la marihuana; 4 mil 559 por las metanfetaminas; 2 mil 650 por el tabaco; 894 por la cocaína y 562 jóvenes por inhalables y solventes. México están en el segundo lugar de consumo de anfetaminas, alertándose con un incremento de 133%, entre estudiantes de secundaria, principalmente las adolescentes, sólo por debajo de Estados Unidos.7

Ahora bien, en México la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, Encodat, 2016-20178 permite conocer las prevalencias globales y las principales variaciones estatales del consumo de drogas en México, tomando como rango un grupo de población de 12 años a 65 años. Algunas de las conclusiones a las que se arribó en dicha encuesta son:

• Se muestra un incremento en el consumo de mariguana tanto en hombres como en mujeres.

• En Jalisco, Quintana Roo y Baja California, que son los estados con las más altas prevalencias, las acciones preventivas deben realizarse con mayor atención y celeridad.

• Con relación a 2011, el consumo en adolescentes incrementó tanto en hombres como en mujeres, particularmente el de mariguana; en tanto que el consumo de cocaína e inhalables permaneció estable.

Los datos muestran la necesidad de reforzar las acciones desarrolladas para reducir el consumo de drogas, resultando urgente ampliar la política de prevención y tratamiento dirigida especialmente a la población juvenil y a aquellos que se encuentran en centros penitenciarios.

Según los estudios realizados en algunos países de ingresos altos, los trastornos por consumo de drogas prevalecen más en las reclusas que en los reclusos; se calcula que el 51 % de las mujeres, frente al 30 % de los hombres, ha padecido trastornos por consumo de drogas en el año anterior a su ingreso en prisión, porcentaje mucho mayor que en la población general. Según las estimaciones, aproximadamente una de cada tres personas encarceladas en todo el mundo ha consumido drogas al menos una vez durante su estancia en prisión. Una de cada cinco comunicó que había consumido drogas en el último mes. El cannabis es la droga más popular, pero el consumo actual (en el último mes) de heroína está más extendido que el de anfetaminas, cocaína o éxtasis. Las personas que se inyectan drogas en la cárcel se enfrentan a un riesgo de transmisión del VIH y la hepatitis C especialmente elevado debido a la alta prevalencia del VIH y la hepatitis C en la población reclusa en general, y debido a que muchos centros no disponen de agujas y jeringuillas estériles, lo cual podría obligar a los reclusos a compartir el equipo de inyección con más frecuencia y con más personas.9

Como ha quedado acotado el consumo recurrente, abusivo y autodestructivo de sustancias psicotrópicas, está afectando gravemente a la población juvenil y a las personas recluidas en centros penitenciarios, convirtiéndose en un grave problema de salud pública, motivo por el cual presento este exhorto a efecto de que se generen políticas públicas que permitan prevenir, atender, y rehabilitar a las personas adictas a efecto de que tengan una mejor calidad de vida.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y a sus homologas de cada una de las 32 entidades federativas para que en el ámbito de sus facultades implementen políticas públicas que permitan prevenir el consumo de drogas, generar tratamientos para la atención de enfermedades e infecciones por el consumo de estupefacientes, así como programas que permitan disminuir progresivamente el número de usuarios y mitigar los daños a la salud.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación del ámbito Federal y a sus homologas de cada una de las 32 entidades federativas para que dentro de sus facultades se realicen campañas dirigidas a los alumnos y padres de familia que permitan la concientización y prevención respecto del consumo de drogas y sus posibles consecuencias.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social para que se incrementen estrategias que incluyan campañas y talleres que permitan la prevención y rehabilitación del consumo de sustancias psicotrópicas para las personas que se encuentran recluidas, así como la atención de enfermedades e infecciones derivadas de la drogadicción.

Notas

1 Definición de Adicción a sustancias o drogas. Consultado el 15 de octubre de 2019. Visible en http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/adicciones

2 El Consumo de drogas. Consultado el 15 de octubre de 2019. Visible en

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:htt p://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos/CDM.htm

3 Ibídem. Definición de adicción a sustancias o drogas.

4 Informe Mundial sobre las Drogas 2019. Consultado el 22 de octubre de 2019. Visible en

file:///D:/LXIV%20Legislatura.%20Dip.%20Cesar/
INICIATIVAS%20Y%20PUNTOS%20DE%20ACUERDO/PUNTOS%20DE%20ACUERDO/Imundial%20drogas%202019.pdf

5 Comisión Nacional contra las Adicciones. Consultado el 20 de octubre de 2019. Visible en https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/

6 informe sobre el Consumo de Drogas en las Américas 2019. Consultado el 2 de octubre de 2019. Visible en
http://www.cicad.oas.org/main/pubs/Informe%20sobre%20el%20consumo%20de%20drogas%20en%20las%20Américas%202019.pdf

7 61 mil adolescentes perdidos en las drogas. Consultado el 20 de octubre del 2019. Visible en
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/61-mil-adolescentes-perdidos-en-las-drogas/
?fbclid=IwAR0JzBgPadw2NIGvKdpLmFrdZmVD7duFcy_-EUcEwm00BQpDOqc0JC553FY

8 Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, Encodat, 2016-2017. Consultado el 20 de octubre del 2019. Visible en

https://drive.google.com/file/d/1rMlKaWy34GR51sEnBK2-u2q _BDK9LA0e/view

9 Ibídem. Informe Mundial sobre las Drogas 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre del 2019.

Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a actualizar la NOM-127-SSA1-1994 y ajustarse a los estándares internacionales de la OMS en materia de calidad del agua, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Flora Tania Cruz Santos, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El agua es esencial para la vida y todas las personas deben disponer de un suministro suficiente, inocuo y accesible. La mejora del acceso al agua potable puede proporcionar beneficios tangibles para la salud. De conformidad con el artículo 4, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

A nivel internacional, el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, afirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La resolución exhorta a los estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, adoptó la observación general número 15 sobre el derecho al agua, define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.

Hasta 323 millones de personas en África, Asia y Latinoamérica se encuentran en riesgo de contraer enfermedades debido a la creciente contaminación del agua en estas zonas del planeta, alertó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Alrededor de 3.4 millones de personas mueren cada año por enfermedades asociadas a la presencia de residuos humanos en el agua, como el cólera, la fiebre tifoidea, la hepatitis infecciosa, la poliomielitis, la criptosporidiosis, la ascariasis y las enfermedades diarréicas.1

En la visita del relator especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento efectuada a México del 2 al 12 de mayo de 2017, se le comunicaron numerosos casos relacionados con la contaminación y la polución de fuentes de agua provocadas por factores como proyectos mineros e industriales, plantas hidroeléctricas y extracción de hidrocarburos, incluida la utilización de técnicas de facturación hidráulica en algunos estados, como Veracruz, Puebla, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como por el uso indiscriminado e incontrolado de plaguicidas. Se indicó que en muchos casos esos problemas ambientales afectaban directa o indirectamente las fuentes de agua, lo cual generaba preocupación por la calidad del agua potable y la protección de la salud en las zonas afectadas, teniendo en cuenta que varios contaminantes no quedan suficientemente eliminados por las plantas de tratamiento y que en algunos casos el agua se consume directamente de las fuentes. Por ejemplo, en localidades donde no se ofrece más que un suministro esporádico y poco fiable de agua corriente, el consumo de las comunidades depende mucho de los ríos, los manantiales, los arroyos y los pozos locales. Las comunidades de zonas afectadas por la contaminación de las fuentes de agua expresaron su frustración porque no se tenían en cuenta sus quejas, porque no se les consultaba adecuadamente antes de diseñar y ejecutar los proyectos y porque su derecho al agua parecía tener una prioridad muy baja para las autoridades competentes y las entidades privadas. Un representante indígena declaró que “las fuentes de donde tomamos nuestra agua son las mismas que utilizan las empresas de hidrocarburos. Sentimos que el agua está enferma y que nosotros también nos enfermamos, porque el agua está enferma”.

Asimismo, el relator también recibió informes que indicaban que la baja calidad del agua potable y la falta de saneamiento y de un tratamiento adecuado de las aguas residuales afectaban negativamente la salud de las personas. Los residentes señalaban con frecuencia que sus preocupaciones eran ignoradas y que los proveedores de servicios no estaban obligados a rendir cuentas. Los representantes de la sociedad civil reclamaron un fortalecimiento de los marcos de supervisión y regulación a fin de abordar sin demora esas cuestiones y ofrecer respuestas apropiadas a las comunidades afectadas. Es necesario reconocer el impacto de las actividades económicas en el agua y el daño potencial y real causado a la población local, que tal vez no tenga más remedio que utilizar fuentes de agua contaminadas. Se requiere una acción pronta para abordar esa situación. Cabe destacar que las empresas públicas y privadas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos al agua y el saneamiento y de tomar medidas de diligencia debida para evitar y reducir cualquier impacto negativo en esos derechos. Asimismo, una supervisión sistemática por el gobierno del nivel de contaminantes específicos en el agua corriente es un asunto urgente.

Actualmente existe la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, “Salud Ambiental, Agua para Uso y Consumo Humano-Límites Permisibles de Calidad y Tratamientos a que Debe Someterse el Agua para su Potabilización”.2 La cual es una regulación técnica de observancia obligatoria en materia de uso y consumo de agua, expedida por la Secretaría de Salud.

De conformidad con la Ley General de Salud, en el artículo 118, fracción II, establece que le corresponde a la Secretaría de Salud, emitir las normas oficiales mexicanas para el tratamiento del agua, que expresamente dice:

Artículo 118. Corresponde a la Secretaría de Salud:

II. Emitir las normas oficiales mexicanas a que deberá sujetarse el tratamiento del agua para uso y consumo humano;

III. Establecer criterios sanitarios para la fijación de las condiciones particulares de descarga, el tratamiento y uso de aguas residuales o, en su caso, para la elaboración de normas oficiales mexicanas ecológicas en la materia;

Por otro lado, en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, establece las finalidades que deberán contener las normas oficiales mexicanas, que a la letra dice:

Artículo 40. Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer:

I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preservación de recursos naturales;

II. Las características y/o especificaciones de los productos utilizados como materias primas o partes o materiales para la fabricación o ensamble de productos finales sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, siempre que para cumplir las especificaciones de éstos sean indispensables las de dichas materias primas, partes o materiales;

III. Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor;

IV. Las características y/o especificaciones relacionadas con los instrumentos para medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad;

V. Las especificaciones y/o procedimientos de envase y embalaje de los productos que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud de las mismas o el medio ambiente;

VI. (Se deroga)

VII. Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros de trabajo y otros centros públicos de reunión;

VIII. La nomenclatura, expresiones, abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos que deberán emplearse en el lenguaje técnico industrial, comercial, de servicios o de comunicación;

IX. La descripción de emblemas, símbolos y contraseñas para fines de esta Ley;

X. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así como la preservación de los recursos naturales;

XI. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover la salud de las personas, animales o vegetales;

XII. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario;

XIII. Las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad y particularmente cuando sean peligrosos;

XIV. (Se deroga)

XV. Los apoyos a las denominaciones de origen para productos del país;

XVI. Las características y/o especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y sistemas de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios;

XVII. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos para el manejo, transporte y confinamiento de materiales y residuos industriales peligrosos y de las sustancias radioactivas; y

XVIII. Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o prácticas industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras disposiciones legales, siempre que se observe lo dispuesto por los artículos 45 a 47.

Los criterios, reglas, instructivos, manuales, circulares, lineamientos, procedimientos u otras disposiciones de carácter obligatorio que requieran establecer las dependencias y se refieran a las materias y finalidades que se establecen en este artículo, sólo podrán expedirse como normas oficiales mexicanas conforme al procedimiento establecido en esta Ley.

En el caso de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, “Salud Ambiental, Agua para Uso y Consumo Humano-Límites Permisibles de Calidad y Tratamientos a que debe Someterse el Agua para su Potabilización”, establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano, que deben cumplir los sistemas de abastecimiento públicos y privados o cualquier persona física o moral que la distribuya, en todo el territorio nacional.

Dada la relevancia que tiene esta norma oficial mexicana y de los impactos negativos que puede traer el consumo de agua contaminada, y toda vez que la misma no ha sido actualizada en contravención a lo dispuesto por el artículo 51 la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que a continuación se señala:

Artículo 51. Para la modificación de las normas oficiales mexicanas deberá cumplirse con el procedimiento para su elaboración.

Cuando no subsistan las causas que motivaron la expedición de una norma oficial mexicana, las dependencias competentes, a Iniciativa propia o a solicitud de la Comisión Nacional de Normalización, de la Secretaría o de los miembros del comité consultivo nacional de normalización correspondiente, podrán modificar o cancelar la norma de que se trate sin seguir el procedimiento para su elaboración.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando se pretendan crear nuevos requisitos o procedimientos, o bien incorporar especificaciones más estrictas, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento para la elaboración de las normas oficiales mexicanas.

Las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas cada 5 años a partir de la fecha de su entrada en vigor, debiendo notificarse al secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización los resultados de la revisión, dentro de los 60 días naturales posteriores a la terminación del período quinquenal correspondiente. De no hacerse la notificación, las normas perderán su vigencia y las dependencias que las hubieren expedido deberán publicar su cancelación en el Diario Oficial de la Federación. La Comisión podrá solicitar a la dependencia dicha cancelación.

Sin perjuicio de lo anterior, dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la norma, el comité consultivo nacional de normalización o la Secretaría podrán solicitar a las dependencias que se analice su aplicación, efectos y observancia a fin de determinar las acciones que mejoren su aplicación y si procede o no su modificación o cancelación.

Aunado a lo anterior, en el Informe del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento acerca de su misión a México de 2 de agosto de 2017, se menciona:

29. La Secretaría de Salud tiene la responsabilidad general de vigilar la calidad del agua potable, y está obligada a fijar los niveles de calidad para el agua potable que deben cumplir los proveedores, mientras que las leyes estatales pueden incluir obligaciones y requisitos adicionales. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es un órgano regulador y descentralizado de la Secretaría de Salud, responsable de regular diversos aspectos relacionados con la salud, incluida la calidad del agua potable. La Comisión Nacional del Agua también interviene en la tarea de asegurar la calidad de los recursos hídricos en virtud de la Ley de Aguas Nacionales, y proporciona fondos a los estados y los municipios para mejorar la calidad y la disponibilidad del suministro de agua. También tiene una función de supervisión, en colaboración con otras autoridades estatales y municipales, para asegurar el cumplimiento de los niveles de calidad federales, pero esa función está más orientada a la calidad de las fuentes de agua, y no al agua potable. La norma vigente para la calidad del agua potable en México (NOM-127-SSA1-1994) es muy obsoleta. Una revisión de esa norma en 2000 no introdujo ningún cambio sustancial. En 2011, la Organización Mundial de la Salud publicó la cuarta edición de sus guías para la calidad del agua potable y numerosas adiciones y recomendaciones sobre contaminantes específicos. Los avances científicos tuvieron como consecuencia la fijación de nuevos parámetros y de normas más exigentes para la calidad del agua. Teniendo en cuenta esas novedades y la compleja situación imperante en México en relación con los diversos impactos ambientales en sus fuentes de agua, debido principalmente a efluentes industriales, la agricultura y proyectos mineros y de hidrocarburos, es urgente actualizar la norma vigente para permitir una vigilancia y una supervisión del agua potable más adecuadas y orientadas a la protección de la salud. El relator especial tuvo conocimiento de que se había establecido una comisión con ese propósito, e insta al gobierno a acelerar el proceso de actualización de la norma de una manera rigurosa, abierta y participativa.

68. A ese respecto, el relator especial recomienda a México que:

g) Actualice con urgencia las normas de calidad del agua potable, siguiendo las guías y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la calidad del agua potable, y ejerza una vigilancia y una supervisión de la calidad del agua potable más estrictas y más orientadas a la protección de la salud.

Es por lo anterior que, a través de esta proposición con punto de acuerdo, y con la finalidad de garantizar lo estipulado en el artículo 4o. constitucional referente al derecho humano al agua, es que se solicita la actualización de la NOM-127-SSA1-1994.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus respectivas competencias actualice la NOM-127-SSA1-1994, “Salud Ambiental, Agua para Uso y Consumo Humano-Límites Permisibles de Calidad y Tratamientos a que Debe Someterse el Agua para su Potabilización”, y se apegue a los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud.

Notas

1 Consultado en: https://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/salud/2016/08/3 0/el-agua-contaminada-amenaza-la-salud-de-300-millones-de, fecha de consulta 13 de septiembre de 2019.

2 Consultado en. https://www.sinec.gob.mx/SINEC/Vista/Normalizacion/
DetalleNorma.xhtml?pidn=anErSWdUU3lHZldreEVidFoxYzhhdz09, fecha de consulta 10 de septiembre de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputada Flora Tania Cruz Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Oaxaca a realizar acciones conducentes a garantizar a los habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe el derecho humano al agua, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Irma Juan Carlos, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

Se documentó en diversos medios de comunicación que desde el 18 de mayo de 2017 San Pedro y San Pablo Ayutla en el estado de Oaxaca no tienen acceso al agua potable. Se ha dicho por diversas fuentes que esto ha sido el resultado de un conflicto con Tamazulapam del Espíritu Santo. Más allá de las razones políticas y legales origen del conflicto, la realidad es que hay una violación evidente y dramática a los derechos humanos.

A este respecto, es imprescindible recalcar que, de conformidad con lo establecido en el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

El derecho humano al agua ha sido una conquista histórica de la humanidad y es obligación de las autoridades, en sus diversos niveles de competencia, hacerlo respetar.

Pero, además el derecho al agua también es un tema de salubridad pública del Estado pues su consumo garantiza la salud de las y los habitantes. Por todo ello, el gobernador del estado debe resolver de forma inmediata esta situación. Así lo dispone el artículo 80 en sus fracciones II y XII de la Constitución Política del Estado de Oaxaca cuando a la letra dice:

Son obligaciones del gobernador: fracción: II, “Cuidar el puntual cumplimiento de esta Constitución y de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que de ella emanen, expidiendo al efecto las órdenes correspondientes”; y fracción XII, “Dictar las medidas urgentes que estime necesarias para la conservación de la salubridad pública del estado. Las medidas de salubridad que se dicten serán fielmente observadas y ejecutadas por todos los ayuntamientos del estado”;

Es importante señalar, además de que el agua al que tienen derecho los habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla, es un derecho que les corresponde como titulares de la misma. Esto dentro del fundamento legítimo que los pueblos indígenas tienen derecho sobre sus recursos naturales que hay en su territorio, siguiendo el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que establece que “los derechos de los pueblos interesados en los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos”.

Cabe mencionar que el gobierno del estado de Oaxaca, a través del Ejecutivo del estado, manifestó que se había llegado a un “acuerdo histórico” entre ambos municipios en una reunión que tuvo lugar el 13 de mayo de 2019, lo cual fue desmentido por medio de un comunicado oficial del ayuntamiento de Ayutla. El conflicto sigue latente y se mantiene activa la alerta.

Debe subrayarse además que organizaciones de la sociedad civil realizaron una misión civil durante los días 5, 6 y 7 de agosto de 2019 la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe; la misión llevó a cabo recorridos a los tanques de abastecimiento de agua y comprobaron que se encuentran totalmente vacíos.

Por lo anterior, es menester sumarnos a las muchas voces de organizaciones defensoras de los derechos humanos y a otras dentro de este Poder Legislativo que han demandado el abastecimiento de agua al municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe, lo que también propiciará la resolución de un conflicto histórico entre dos comunidades indígenas que tienen un origen común y que comparten un mismo territorio y cultura.

Con base en lo expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de Oaxaca, Alejando Ismael Murat Hinojosa, para que realice las acciones conducentes a efecto de garantizar el derecho humano al agua a los habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de Oaxaca, Alejando Ismael Murat Hinojosa, para que realice las acciones conducentes a efecto resolver el conflicto territorial y la crisis de violencia que hay entre San Pedro y San Pablo Ayutla Mixe y Tamazulapam del Espíritu Santo, y que garantice el acceso a la justicia para las víctimas y la seguridad, a fin de dar certeza jurídica a los afectados y recobrar la paz y la tranquilidad entre las dos comunidades.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputada Irma Juan Carlos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE a realizar gestiones diplomáticas para impulsar la adhesión de México al Convenio de Budapest, sobre ciberdelincuencia, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, María Eugenia Hernández Pérez, diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los grandes avances en las últimas décadas en torno a las nuevas tecnologías, nuevos esquemas de negocio y la interconectividad global han traído múltiples beneficios en torno a las capacidades humanas de interacción y comunicación de distintos tipos de información. Estos beneficios crecen exponencialmente y se reflejan en un aumento del PIB a nivel mundial, no obstante, con el crecimiento del ciberespacio también se incrementaron el número de cibercrímenes, ya que la delincuencia sigue evolucionando con el tiempo y la rápida disminución en la brecha digital en América Latina se ha ido reduciendo en los últimos años, lo cual ha dado paso nuevos tipos de crímenes y delitos cibernéticos.

Para enfrentar esta creciente amenaza, la vinculación y cooperación entre sector público, privado, sociedad y academia debe ser eje vital, con una agenda coordinada de acciones y líneas de trabajo. Si bien la ciberseguridad en sí misma debería ser el objetivo central de esta agenda, otro factor de alta relevancia sería mejorar la resiliencia de los activos informáticos de los mismos sectores, con el motivo de incrementar su habilidad de enfrentar los ciberataques a largo plazo evitando así impacto en la continuidad de sus actividades diarias. Cada sector enfrenta diferentes riesgos, la coordinación y comunicación entre ellos fortalece sus capacidades y mejora sus probabilidades de éxito a través de un dialogo constante concebido más bien como un acompañamiento mutuo donde juntos vayan avanzando y las experiencias de uno sean de provecho para todos los sectores.

Es importante en este punto describir a grandes rasgos las características y naturaleza del problema al que nos enfrentamos. La ciberseguridad es el conjunto de acciones tomadas por las organizaciones e individuos para mitigar los riesgos que enfrentan en el ciberespacio, con el propósito de disminuir las posibilidades de recibir un ciberataque, esto a través de soluciones tecnológicas, campañas de cultura de ciberseguridad y estrategias cibernéticas de respuesta a incidentes y gestión de riesgos.1

De acuerdo con la Encuesta de Delitos Económicos2 se han reportado pérdidas económicas bastante considerables derivadas de estos delitos, al solicitar a los encuestados que se cuantificara el impacto monetario más significativo en los últimos 2 años, se estimó una cantidad de entre 100 mil y un millón de dólares en el 18 por ciento de los encuestados. En el año 2004, los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconocieron formalmente que combatir los delitos cibernéticos y fortalecer la resiliencia cibernética eran cuestiones imperativas para el desarrollo económico y social, la gobernanza democrática, la seguridad nacional y la de los ciudadanos, según un informe3 realizado por la OEA y Symantec titulado “Tendencias de seguridad informática en América Latina y el Caribe”.

En este sentido la iniciativa más importante de la comunidad internacional en torno a la ciberseguridad, fue creada en noviembre del 2001 a través del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, 4 mejor conocido como el Convenio de Budapest debido a la ciudad donde fue desarrollado. El Convenio fue ratificado por los Estados miembros del Consejo de Europa, por los Estados no miembros que participaron en su elaboración, y quedó abierto para la adhesión de otros Estados no miembros.

Este convenio entró en vigor en el año 2004 y tiene por objetivo combatir la ejecución de delitos cometidos a través de internet y otras redes informáticas, constituyendo hasta ahora el único instrumento internacional que aborda de manera directa el tema del cibercrimen. Este convenio enuncia y describe distintos tipos de actividades criminales que se podrían realizar en el ciberespacio y que deberían ser considerados para hacerse acreedores a alguna sanción, dependiendo de la legislación y las condiciones del país donde se considere su implementación. Los cibercrímenes, plantea el Convenio de Budapest, deben enfrentarse con acciones a nivel nacional y en algunos casos más críticos aprovechar la colaboración internacional derivada del mismo convenio.

A lo largo de sus 48 artículos, el Convenio sobre la Ciberdelincuencia describe las diversas modalidades de delitos que se pueden perpetrar en el ciberespacio y al mismo tiempo emite una seria de medidas y recomendaciones para acompañar las sanciones jurídicas, tales como asistencia los 365 días del año, asistencia mutua para la obtención de datos en tiempo real, consultas entre miembros del Convenio, etcétera. Si bien en su mayoría el Convenio de Budapest es un marco de referencia para tipificar los delitos cibernéticos y proponer sanciones a los mismos, podemos notar que también busca acciones internacionales que sumen esfuerzos para combatir la amenaza de los ciberdelitos, que por su misma naturaleza es un fenómeno de interés internacional. Asimismo es importante tomar en cuenta algunas cuestiones sensibles en temas de soberanía nacional y en términos de protección a los derechos humanos, ya que las cláusulas de cooperación internacional pueden implicar la obligación para los estados de entregar información de sus ciudadanos a terceros países, en dicho escenario, no se debe considerar a la seguridad y la defensa de los derechos como ideas contrapuestas al convenio si no como aliadas en la generación de un marco jurídico útil y que respete la privacidad y derechos humanos de los ciudadanos de los países que se adhieren al tratado.

Por ello, sería de gran provecho para México adherirse al Convenio de Budapest, ya que constituye un instrumento que nos ofrece un adecuado marco normativo en torno a los ciberdelitos, que podría servir de guía para que nuestro país pueda empezar a transitar a un marco jurídico que le permita abordar el cibercrimen en condiciones razonables. Con la adhesión al Convenio de Budapest, México fortalecería su Estado de Derecho en materia de prevención, investigación, persecución y castigo a la amplia gama de delitos cibernéticos que causan tanto daño a la sociedad y la economía nacionales.

Cabe señalar que México puede adherirse al Convenio de Budapest, a pesar de no ser miembro del Consejo de Europa, como lo ha hecho en el caso del Convenio Europeo de Información sobre Derecho Extranjero, y el Convenio de Derecho Penal sobre la Corrupción. En este orden de ideas, puede asentarse que han firmado el Convenio los 47 países miembros del Consejo de Europa, con la única excepción de Rusia, y 43 lo han ratificado. Para efectos de contextualizar la eventual adhesión de México, hay que considerar que se han adherido 18 países no miembros del Consejo Europeo, incluyendo países de América Latina como Chile, Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y Paraguay.

Con base en las consideraciones expuestas, se somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a que realice todas las gestiones diplomáticas necesarias para impulsar la adhesión de México al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, conocido como Convenio de Budapest.

Notas

1 https://consejomexicano.org/multimedia/1528987628-817.pdf

2 https://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/c2g/
2018-04-13-encuesta-delitos-economicos-2018-mexicov4.pdf?utm_source=Website&utm_medium=Consulta%20%20https://pwc.to/2HariCi

3 https://www.sites.oas.org/cyber/
Documents/2014%20-%20Tendencias%20de%20Seguridad%20Cibern%C3%A9tica%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe.pdf

4 https://www.oas.org/juridico/english/cyb_pry_convenio.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputada María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para conservar y preservar la mariposa monarca, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado federal, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La mariposa monarca es uno de los insectos más antiguos de la historia, ya que los aztecas y los mazahuas las llamaban “Hijas del Sol de la Primavera” por su singular belleza.

Esta especie llega a nuestro país a finales de octubre coincidiendo con el Día de Muertos, y fue generando una creencia de que su arribo representaba la llegada de los familiares a casa, y es la razón por la que se les honra con celebraciones y ofrendas.

La mariposa sagrada hoy en día sigue siendo una especie fascinante debido a sus asombrosas cualidades.

Cada año, para alejarse del frío invierno, realiza increíbles viajes. Alrededor de 60 millones de mariposas recorren más de 4 mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta llegar a los bosques de pino y oyameles en Michoacán y en el estado de México. Allí hibernan agrupadas en las zonas de la reserva de la biosfera.

La monarca es considerada una de las cuatro bellezas naturales, y reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en suelo nacional. Su área está protegida y es una reserva natural que cubre más de 500 kilómetros cuadrados.

Su reproducción es en los meses de febrero y marzo, antes de iniciar su migración, cuando el calor del sol las obliga a iniciar sus rituales de apareamiento, estructurándose en grupos, y cada uno se compone por miles de mariposas asemejándose a un gran panal.

Dentro del territorio nacional se tiene uno de los santuarios más importantes ubicado en el estado de Michoacán llamado El Rosario, pues es el área más grande, que se encuentra a una altitud de 3 mil metros sobre el nivel del mar; aquí las mariposas viven en las ramas de los más de mil 500 robles que miden hasta 30 metros.

Sin embargo, en la actualidad esta especie vive diversas problemáticas bastante graves, que van desde la destrucción de la planta de algodoncillo que es su principal fuente de alimento, hasta los innumerables incendios en los bosques que disminuyen considerablemente la población de este insecto, pues en las últimas dos décadas la monarca disminuyó un 90 por ciento.

Esta especie, única entre las mariposas por la regularidad y la distancia de sus migraciones anuales, también está amenazadas por el uso indiscriminado de pesticidas y la destrucción de bosques en el centro de México, olvidando la importancia que tiene dentro del ecosistema, ya que dentro de este ocupa un rol relevante, siendo normalmente medidora de la calidad ambiental y el estado de conservación de un ecosistema.

En este sentido, las mariposas son insustituibles en las cadenas tróficas de un ecosistema determinado, debido a que constituyen alimento para otras muchas especies de aves y mamíferos que se alimentan de insectos; y son fundamentales para procesos como el control de plagas y la polinización, habida cuenta de lo importante que son para la salud de determinadas plantas.

Otro aspecto a resaltar es que la mariposa tiene un papel fundamental en la ciencia, ya que ayuda para realizar investigaciones donde se emplean en muchísimas investigaciones como organismos de referencia para determinar los impactos en un ecosistema de la erosión del hábitat o del conocido cambio climático, pero también han sido estudiadas históricamente para conocer sobre distintas ramas como las migraciones animales, evolución y enfrentamiento de plagas, evolución, embriología, genética, variaciones poblacionales, entre otras.

Estos insectos también juegan un papel en el tema educativo, ya que a menudo son estudiados por niños en la biología básica o ciencias naturales para conocer sobre ciclos de vida animal, donde la monarca es paradigma y un ser fascinante, por su curiosa evolución de huevo-oruga-crisálida-mariposa.

Asimismo, es observada en tópicos como migraciones, iridiscencia y patrones alares y anatómicos.

En el tema económico también tiene un impacto, ya que genera un interés de números grupos de turistas que visitan los santuarios ubicados en nuestro país interesados por conocer tan fascinante especie, activando de manera directa la economía y el turismo.

Por todo lo anteriormente expreso y fundado, se somete a consideración de esta representación, los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a implementar campañas de concientización social sobre la importancia de la conservación y preservación de esta especie.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, al gobierno del estado de México, así como al gobierno del estado de Michoacán para que, en coordinación, implementen de manera urgente políticas públicas y estrategias para la conservación y preservación de los santuarios donde las mariposas pernoctan durante el año.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos del estado de México y de Michoacán a hacer públicas las acciones que han realizado para la conservación y preservación de la mariposa monarca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de octubre de 2019.

Diputados: Juan Ángel Bautista Bravo, Felipe Rafael Arvizu de la Luz, Juana Carrillo Luna, Marco Antonio Reyes Colín, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Marco Antonio González Reyes, Socorro Bahena Jiménez, Francisco Javier Ramírez Navarrete, Alejandro Viedma Velázquez y Miroslava Carrillo Martínez (rúbricas).