Proposiciones

• Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades de Nayarit a intervenir en la restitución del orden constitucional en Compostela, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE y la CRE a suscribir convenios de exención del pago de electricidad y gas domésticos a integrantes de las fuerzas de seguridad nacional, a cargo del diputado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos federal y locales a implantar asistencia psicológica para los menores de edad en las primarias públicas, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las federaciones deportivas nacionales a emitir los criterios de selección para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a cargo del diputado Sebastián Aguilera Brenes, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades federales a prohibir el tránsito de vehículos de doble remolque en la carretera federal 110, tramo Colima-Tecomán, e incrementar los operativos de vigilancia para revisar las condiciones físicas y mecánicas de éstos, a cargo de la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de NL a pronunciarse sobre los razonamientos jurídicos y convencionales derivados de la aprobación de la iniciativa que reforma el artículo 48 de la Ley Estatal de Salud, por su vulneración de los derechos fundamentales de los colectivos y las minorías, suscrita por las diputadas Tatiana Clouthier Carrillo, Sandra Paola González Castañeda y Reyna Celeste Ascencio Ortega e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

---

---

Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades de Nayarit a intervenir en la restitución del orden constitucional en Compostela, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Compostela es un municipio cuya localización es estratégica para la región de México en la que se encuentra enclavado. Se ubica en la costa sur del estado de Nayarit, rodeado por el puerto San Blas y la Bahía de Banderas y colinda también con Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. Es paso turístico obligado entre Nayarit y Jalisco; incluso, su cabecera, del mismo nombre, es pueblo mágico.

Es decir, se trata de un municipio de relevancia en el tablero electoral, tal vez por eso genera apetitos malsanos, siempre presentes en los partidos tradicionales en nuestro país, forjados en la manipulación electoral y política, la corrupción, el autoritarismo y la represión del adversario.

Por ello, no sorprende, aunque sí indigna, el caso que hoy exponemos ante esta representación política nacional. Un caso que conjuga todos los elementos que caracterizaron el caduco régimen que las mexicanas y los mexicanos estamos superando, venciéndolo con esfuerzo en cada rincón de nuestro amado país. Esa es la Cuarta Transformación de la vida pública de México y tiene que llegar a Compostela.

Los habitantes del municipio nayarita creyeron que llegaba el anhelado cambio político cuando, el 4 de junio de 2017, una amplia coalición de fuerzas políticas consiguió erigirse con el triunfo en las urnas, arrancándole el ayuntamiento al oficialismo, que no escatimó en trinquetes de campaña para intentar retenerlo.

Encabezando esa amplia coalición, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, obtuvo una importante votación que la colocó muy por encima de sus competidores; por lo que, a inicios de septiembre de 2017, en un ambiente de celebración, asumió el cargo de Presidenta Municipal de Compostela, declarando en su toma de protesta: “... aquí no se utilizará la política para satisfacer las necesidades e intereses personales, se acabaron los privilegios de familia, las compras a empresas de parientes, el exceso de la autoridad y la cerrazón”.

Sin embargo, para finales de marzo de 2018, el ayuntamiento aprobó a Gloria Núñez una licencia de separación temporal para contender por el cargo de Senadora de la República. Esta vez no ganó la elección, pero pudo acceder a la senaduría de primera minoría. Dada la separación, el cabildo tomó protesta a la presidenta municipal suplente, Kenia Elizeth Núñez Delgado.

Tras su elección como senadora, Gloría Núñez decidió reincorporarse a sus labores municipales el 13 de julio de 2018. Sin embargo, siendo necesario optar por uno de los dos cargos, volvió a solicitar licencia indefinida al cabildo el 29 de agosto, para efecto de tomar protesta como legisladora federal. Kenia Núñez volvió a ser llamada a la presidencia suplente.

Gloria Núñez ejerció su nuevo cargo de elección por 3 meses, pero el 6 de diciembre solicitó licencia indefinida al pleno senatorial y regresó a Nayarit para recuperar la presidencia municipal. El cabildo nuevamente la recibió, reincorporándola el 7 de diciembre, lo que conlleva una grave violación a las leyes del estado.

Frente a ese regreso, Kenia Núñez interpuso juicio para la protección de derechos políticos ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que reencauzó la demanda al Tribunal Estatal Electoral, el cual sentenció a su favor, al considerar que el artículo 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit determina expresamente que la consecuencia de optar por un segundo cargo, como fue el de Senadora, es que el primero, el de Presidenta Municipal, quedó sin efectos.

Faltó al Tribunal, aunque dada su conclusión ya parecía innecesario, recordar que la Ley Municipal para el Estado de Nayarit establece, en su artículo 90 A, como causa de renuncia al cargo de Presidenta Municipal el “desempeñar otro cargo o empleo público en los términos de esta ley” e, incluso, el “resultar electo a algún cargo de elección popular del Estado o de la Federación”. Es decir, conforme a la legislación local nayarita, cuando la hoy senadora reasumió y ejerció por 3 meses el cargo de presidenta municipal, en diciembre de 2018, lo hizo ya sin respaldo del mandato popular que había obtenido por la elección, pues éste había sido renunciado de pleno derecho al optar por la curul en el Senado. Así, Gloria Núñez usurpó funciones por un trimestre.

En su fallo, el Tribunal Electoral local sentenció al ayuntamiento de Compostela a la reincorporación inmediata de Kenia Núñez como titular de la Presidencia Municipal. Orden judicial que el cabildo cumplió el 22 de marzo de 2019, tomando nuevamente la protesta a la Presidenta Suplente.

Gloria Núñez regresó a su cargo federal y ahí permanece. Sin embargo, desde esa posición forma parte de un embate de persecución política contra la munícipe suplente, en contubernio con la mayoría en el cabildo y mediante el uso de las instituciones de rendición de cuentas y de procuración de justicia.

Desde, cuando menos, la segunda ocasión en que Kenia Núñez asumió la presidencia municipal, en el mes de septiembre de 2018, fue patente un esquema de boicot a su gestión por parte del cabildo y de otros funcionarios municipales plenamente identificados como cercanos a la alcaldesa titular. Particularmente, se tejió una confabulación entre los titulares de la Tesorería Municipal y del Órgano Interno de Control, para constreñir el uso de los recursos públicos aprobados en el Presupuesto correspondiente. Kenia enfrentó ese boicot haciendo uso de los instrumentos administrativos a su alcance.

El tono de la confrontación interna fue subiendo, al grado que el OIC, en abierta cruzada por consolidar el actuar de la Tesorería, emprendió un proceso administrativo de control y fiscalización de gasto contra la munícipe suplente. Pero fue la sentencia del Tribunal Electoral local, que retornó a su curul a la Senadora, la que elevó al extremo la animadversión contra su suplente.

Tres días después de su restitución en el cargo, y en el marco del proceso administrativo en curso, el titular del Órgano Interno de Control dictó la inconcebible medida cautelar de suspensión provisional, con miras a ser definitiva, de Kenia Núñez como Presidenta Municipal de Compostela. Ejecutado el golpe, el cabildo nombró a uno de sus regidores como Presidente interino, quien intentó acciones ante el Congreso del Estado en busca de reconocimiento, mismo que le fue negado por el parlamento.

La medida es del todo ilegal. Vaya, es profundamente inconstitucional y antidemocrática. Una autoridad electa por el voto popular no puede ser depuesta ni suspendida por un procedimiento distinto a los estrictamente delimitados en la Constitución Federal y en la local. Ello es parte de la base fundamental de la organización política republicana y democrática bajo la que se desarrolla nuestro país.

No pueden los miembros del ayuntamiento que urdieron el golpe entenderlo de otra manera, pero su estrategia es generar y sostener a toda costa esa situación de hecho, para conservar el poder por una vía no electiva o para forzar la ejecución de alguna de las medidas que puede tomar el Congreso y fraguar con ello una artera vía de destitución de la alcaldesa suplente.

Si bien, a nivel municipal y en un contexto prefabricado de antagonismo personal, pero esos acontecimientos son el dibujo de un golpe de Estado que bien pudiera contener cualquier manual del proceder autoritario.

Sorprende también la participación del Poder Judicial Federal en el asunto, por vía de la Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, quien, ante la petición de Suspensión en el Juicio de Amparo promovido por la alcaldesa suspendida determinó la negativa, mediante un magro análisis del interés que profesa la sociedad en las funciones del Estado y concretamente en que éstas sean ejercidas “por personas exentas de cuestionamientos” para no correr el “riesgo de afectación para los gobernados y las instituciones”.

Además, la Juez argumenta ávidamente sobre los supuestos que sustenta la Ley General de Responsabilidades Administrativas para la procedencia de una medida cautelar de suspensión de servidores públicos bajo investigación. Incluso, hace patente el esquema legal de manutención del propio suspendido.

Pero no razona un ápice respecto de la capacidad que pueda tener un Órgano de Control Interno para decretar una medida de separación temporal del encargo en contra de una autoridad democráticamente electa por el voto popular, así sea en carácter de suplente. Autoridad que incluso está comprendida entre aquellas que sólo pueden ser depuestas mediante Juicio Político, en términos de los artículos 123, fracción I, y 124, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; o bien, por disposición del Congreso del Estado, conforme lo prevé el artículo 47, fracción II, inciso a), de la misma Constitución local, así como el 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vista simple a dichas disposiciones, en una ponderación básica de la apariencia de buen derecho, hubieran orientado sin mayor discusión a conceder la suspensión; pero, si no, cuando menos sí era esperado que en el incidente correspondiente se ponderaran esas circunstancias constitucionales de suma relevancia para el interés social y para la estabilidad de las instituciones democráticas del Estado.

Hoy, un nuevo capítulo de la estrategia autoritaria fraguada entre esa coalición de servidores públicos en contra de Kenia Núñez, como Presidenta Municipal Suplente, tal como se ha ido relatando, es el uso del aparato punitivo para su persecución política.

En los primeros días de enero de 2019, Ramón Morán Galabiz, el Regidor del Ayuntamiento de Compostela nombrado por el cabildo como Presidente Municipal Interino, tras la indebida separación de Kenia Núñez, presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia penal contra ella por los presuntos delitos de Ejercicio Indebido de Funciones, Abuso de Autoridad, Peculado, Trafico de Influencias “y lo que resulte”. Lo hizo el servidor público ungido a partir del golpe municipal, no el Órgano Interno de Control, como expresamente lo permite el artículo 123, fracción III, párrafo quinto, de la Constitución local, en el contexto del procedimiento administrativo abierto desde el principio.

A la fecha, se tiene conocimiento de que el Ministerio Público ejerció la acción penal ante el Poder Judicial local sólo por el presunto delito de Ejercicio Indebido de Funciones, en función de un dictamen pericial interno que concluye un daño al erario por más de 15 millones de pesos, atribuible a la alcaldesa suplente “debido a la falta de respuesta en rendir cuentas sobre los gastos ejercidos”.

Ello, porque en su dictamen pericial relaciona oficios por los que el contralor municipal solicita a la Presidenta Suplente que remita documentos originales comprobatorios del gasto. Es decir, los mismos que urdieron el golpe, ofrecieron las probanzas para la pericial de la Fiscalía.

En suma, la historia actual que se vive en el Municipio de Compostela da cuenta de la persistencia de esas prácticas que dieron forma por años al régimen autoritario y corrupto que estamos empeñados en trascender. La manipulación política de instituciones en busca de privilegios, la usurpación de funciones, la coalición de servidores públicos, el uso de la procuración de justicia para la persecución política de adversarios, son parte de un ignominioso pasado que se resiste a la transformación, pero habrá de ceder.

La lucha pacífica, por la vía institucional, de millones de mexicanas y mexicanos es garantía de que esas caducas tradiciones políticas han de terminar y de que el ejercicio de los poderes públicos ha de orientarse preponderantemente a generar bienestar en la población. Para ello, es indispensable que el entramado institucional del Estado mexicano garantice el respeto irrestricto a los principios constitucionales de organización republicana, democrática y popular.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena el uso de las instituciones mexicanas de fiscalización y control de los recursos públicos, así como de procuración de justicia, como instrumentos para la persecución política de adversarios y como mecanismos antidemocráticos de acceso al ejercicio del poder público.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del Estado de Nayarit a realizar las gestiones que resulten oportunas para resolver el conflicto político y restablecer el orden constitucional en el Ayuntamiento de Compostela, con respeto a la voluntad popular y al principio democrático del sufragio efectivo.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al XL Ayuntamiento del Municipio de Compostela, Nayarit, a realizar las acciones eficaces para restituir el orden constitucional y legal en la conformación de ese órgano representativo, con pleno respeto a la voluntad popular manifestada mediante el sufragio depositado en la elección del 4 de junio de 2017.

Diputado Pablo Gómez Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE y la CRE a suscribir convenios de exención del pago de electricidad y gas domésticos a integrantes de las fuerzas de seguridad nacional, a cargo del diputado Ricardo Flores Suárez, del Grupo Parlamentario del PAN

Ricardo Flores Suárez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción I, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. En México la crisis de seguridad es uno de los grandes desafíos que cada administración en los tres órdenes de gobierno (municipios, estados y Federación) y a pesar de las estrategias implementadas continuamos sin reducir las cifras alarmantes que nos ubican como uno de los países más violentos del mundo.

2. En este contexto, vale la pena cuestionarnos que sucede con nuestros elementos oficiales de policía, policías de tránsito, agentes investigadores en todos sus niveles jerárquicos, policías militares, navales, federales y elementos de la guardia nacional de la República Mexicana.

3. La situación en términos laborales es por demás conocida debido a que ellos perciben salarios bajos y prestaciones laborales prácticamente mínimas. Esta afirmación se comprueba en el estudio que, en 2017, se publicó en Animal político https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-comun/el-sacrificio- de-ser-policia/ En México ser policía es un sacrificio, así lo confirma la publicación del investigador Juan Carlos Arango en Animal Político, 22 de febrero de 2017, en el marco de la graduación de 940 en la Ciudad de México. La ciudadanía desconoce los sacrificios para ser policía.

Según las leyes, el rol de la policía consiste en prevenir y combatir el delito, en garantizar la seguridad pública para que los ciudadanos puedan realizar su vida tranquilamente. La realidad es que, actualmente, la policía tiene una imagen muy negativa y la gente no cree que haga su trabajo. Más del 60% de la población desconfía de la policía según la ENVIPE 2016 y no es gratuito.

Las historias de abusos, corrupción e infiltración del crimen forman parte de su acervo colectivo y aún con ello, no todos los policías son corruptos ni abusivos. También hay múltiples historias de confianza, auxilio y resultados en seguridad. Los policías que se han corrompido, quizás la mayoría, no lo han hecho en un afán previo de enriquecerse, sino que las condiciones estructurales y organizaciones los han orillado a ello.

Desde 2012, la encuesta ¿Qué piensa la Policía? que realiza Causa en Común ha recopilado testimonios de policías en todo el país. Testimonios que dan cuenta de una realidad compleja, injusta, vivida de manera cotidiana por las personas cuya responsabilidad asumida es la de “servir y proteger” a los ciudadanos. Cada uno de ellos es ejemplo de las condiciones que cada gobierno ha impuesto a su personal y que, en suma, sirven para representan el interés sobre la seguridad de sus habitantes. Aquí algunos ejemplos:

En Aguascalientes comentaron que “el implementar en las corporaciones un horario de 29 horas es muy inhumano y poco eficiente, ya que, medicamente ninguna persona está capacitada para permanecer despierto. Esto lo deberían resolver los políticos que implementan las leyes”

En Baja California se dijo que hacen falta “Evaluaciones a los mandos. Se necesita una auditoría externa que imponga sanciones a los altos mandos” Mandos sin preparación, con cargo político y sin incentivos para servir a la ciudadanía

En Baja California Sur se requieren “cursos policiales, mejores sueldos, unos ganan más que otros teniendo el mismo grado, homologación de sueldos. Muchos servicios, faltan más patrullas, mejor salario, bonos y prestaciones”

En Campeche, uno de los estados más pacíficos se documentó, por un agente, que “falta que los mandos lean y se den cuenta de las opiniones de la tropa”

En Chihuahua: “Desgraciadamente los políticos son los que nos determinan a los altos mandos y si no hace caso uno es despedido o lo castigan y lo mandan fuera del estado sin viáticos, es triste. Vamos de mal en peor con respecto a la seguridad. Todo está mal en la corporación empezando por los sueldos”

En Estado de México, un agente denunció que es muy frecuente que deban cubrir jornadas extras porque la policía está llena de “voladores” como se llama a quienes cobran sin trabajar. Además, otro agente declaró que “los mandos inmediatos son corruptos, disponen de los recursos que el estado otorga como gasolina, se benefician con esos recursos, intimidan muchas veces a los elementos con cambiarlos de adscripción si se expresan las inconformidades de una situación legal. Tratan de sacar beneficios económicos, tienen preferencias con elementos que les caen bien. Ojalá evaluarán a los mandos para que también fueran justos ya que existen mandos que a pesar de sus fechorías siguen a la cabeza”.

En Guerrero, un policía dijo a los investigadores de Causa en Común que “quisiera que vengan más seguido y sorpresivamente, para que ustedes se den cuenta de todas las anomalías que hay en la institución, aquí no dejan que el policía se supere y menos con estos mandos militares”.

En Hidalgo, alguien más mencionó pidió “Que no haya favoritismo para ascender. Que les hagan el examen de control de confianza a los altos mandos ya que nunca lo hacen, les tienen miedo. Tenemos muchas inconformidades, nada más que no lo manifestamos porque nos tienen amenazados. Esto es una injusticia”.

En Michoacán otro agente dijo “todos los policías somos explotados, humillados, mal pagados y en su caso extorsionados. Mala organización, pocas patrullas, poca gente, policías mal vestidos, mal disciplinados. La policía es engañosa, tras engaños desde que te reclutan y es muy mal pagada para tantas horas de trabajo que uno se la pasa sin descanso”.

En Morelos: “Para obtener mejores resultados se bebe mejorar: primero las condiciones de los policías, segundo capacitarlos y tercero exigirles resultados”.

En Nayarit: “Para obtener mejores resultados se bebe mejorar: primero las condiciones de los policías, segundo capacitarlos y tercero exigirles resultados”.

En Quintana Roo, desde 2015, un agente evidenció que “La delincuencia nos está superando en cantidad y los equipos son muy malos exponiendo nuestra seguridad personal totalmente. Los malos policías los aceptan con bachillerato o licenciatura que manda la delincuencia organizada para desorganizar o desestabilizar la seguridad”.

En 2015, un policía estatal de Tamaulipas denuncia que varios de sus compañeros han sido dados de baja por control de confianza, siendo ellos agentes ejemplares que se oponían a la infiltración de la institución.

En la misma entidad, entre 2015 y 2016, cientos de policías contratados de otros estados para cubrir a aquellos expulsados durante la depuración, denunciaron que fueron enviados a distintas regiones sin viáticos, sufragando ellos los gastos con la promesa de que éstos serían cubiertos después. Pasó hasta un año y ese dinero se perdió en el laberinto administrativo. Hubo protestas. El problema no se ha resuelto del todo.

En Tabasco denunciaron la falta de entrega de uniformes y cuando esto ocurrió, compraron unos que no son aptos para su clima, además de que las tallas no correspondían a las necesidades del personal. Los obligaron a recibirlos bajo el criterio de que era eso o nada.

La Policía Federal no se salva. Fuentes confidenciales declararon a Causa en Común que, durante la matanza de Nochixtlán, el personal enviado tenía más de 24 horas de turno y asistió a cubrir ese evento sin descansar. Esto hace recordar los casos de Tláhuac en 2002 y de la carretera siglo XXI en 2009. En el primero, 2 policías murieron quemados por el pueblo, acusados de secuestradores, la policía federal no llegó a tiempo para rescatarlos porque su mando, según declaraciones de implicados, dijo “que se chingue” por dejarse descubrir en una tarea de inteligencia. En el segundo, 12 policías federales murieron asesinados por la Familia Michoacana luego de ser secuestrados tras participar en un operativo contra un líder criminal de la región. Años después se aceptó que “errores de coordinación” y “pugnas entre mandos” llevaron a mantenerlos en el mismo hotel luego de participar en dicho operativo, lo que a la postre resultó en la masacre.

De estas breves declaraciones se puede extraer que los derechos laborales y sociales de los policías son violados de manera cotidiana. Los policías viven, día a día, con salarios bajos, horarios inhumanos No hay nadie capaz de permanecer cien por ciento alerta en un periodo de 24 horas sin dormir y estar listo para atender situaciones de alto riesgo para su persona y para la quienes debe proteger. Tampoco es buen incentivo tener policías acuartelados por semanas o meses y sin contacto con sus familiares. Son civiles, no militares.

Sobreviven con prestaciones irregulares o inexistentes. Se les usa para actividades no correspondientes a su función. Abundan los ejemplos de mandos o políticos que envían a los policías a realizar tareas de jardinería, albañilería o de chofer particular de sus familias, así como aquellos donde se usan las patrullas para cargar materiales para actos políticos. Y no falta que sean enviados a tener tratos con delincuentes, ya sea para recibir dinero o para apoyar directamente actividades ilegales.

La desconfianza en los policías no es exclusiva de la sociedad civil. Los policías desconfían de sus instituciones, de sus mandos y de sus compañeros. Sufren acoso laboral de manera permanente. Los insultos, golpes y chantajes forman parte de la vida normal de un policía. Son frecuentes prácticas como la venta de plazas al mejor postor (crimen organizado incluido), la renta de patrullas para trabajar en ciertas zonas, con su respectiva cuota diaria de mordidas, el cobro de cuotas para estar en ciertas áreas, la venta de incapacidades o permisos, los moches para pasar lista, las reparaciones de patrullas a costa del agente que las ocupa y un sinfín de trapacerías más que, por lo regular, mantienen a los policías honestos entre la espada y la pared y a los corruptos, en una telaraña patológica de engaños.

Hay múltiples casos de acoso sexual que no son denunciados porque las Unidades de Asuntos Internos, en su mayoría, carecen de la autonomía suficiente para investigar a mandos altos, incluido el propio secretario de seguridad pública y, cuando alguien se atreve a denunciar, corre el riesgo de ser amenazado, o de que le monten un cuatro para castigarlo por su atrevimiento en cumplimiento de una política conocida “muro de silencio” que resulta común en este tipo de instituciones.

Y los ciudadanos no nos preocupamos de estas condiciones. Acostumbrados a exigir, generalizamos al policía corrupto sin voltear a ver lo que hacemos para reproducir el problema o para resolverlo. Desconocemos nuestros derechos y obligaciones, así como las de los policías y normalmente resulta más sencillo apoltronarse en la crítica que actuar para cambiar la situación.

Adicional a esta compleja y sistemática realidad, el 18 de octubre de 2019, el Dr. Zeferino Salgado Almaguer Presidente Municipal de San Nicolás de los Garza y la Lic. María Cristina Díaz Salazar, Presidenta Municipal de Guadalupe Nuevo León, como autoridades con la responsabilidad de velar por ingresos, sueldos, prestaciones, percepciones y beneficios de los policías tienen la firme convicción que entre mejor pagados, remunerados y capacitados, su desempeño será el óptimo, suscribieron un exhorto para que la Comisión Nacional de Electricidad, Naturtgy, Mexicana de Gas y sus filiales en todo el territorio nacional, celebren convenios de apoyo y exención de pago de los servicios de energía eléctrica y de gas por uso doméstico con la finalidad de apoyar a los oficiales de policía, policías de tránsito, agentes investigadores en todos sus niveles jerárquicos, policías militares, navales, federales y elementos de la guardia nacional de la República Mexicana. (se anexa al presente exhorto)

4. Por lo anterior, en mi carácter de Diputado Federal del Distrito 4 de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, me sumo a esta exigencia legítima de apoyo de cada uno de los elementos oficiales de policía, policías de tránsito, agentes investigadores en todos sus niveles jerárquicos, policías militares, navales, federales y elementos de la guardia nacional de la República Mexicana, con la firme intención de fortalecer a nuestro cuerpo de seguridad a nivel nacional y superar el rezago que por décadas nuestros elementos han padecido.

5. Convencido que para sentar las bases de un nuevo modelo de seguridad pública a nivel nacional primero debemos apoyar al personal de seguridad pública al garantizar mediante mecanismos eficaces que contribuyan a su propio bienestar y el de sus familias.

Por lo expuesto, se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión Reguladora de Energía para suscribir convenios de exención de pago de los servicios de energía eléctrica y de gas de uso doméstico a los oficiales de policía, policías de tránsito, agentes investigadores en todos sus niveles jerárquicos, policías militares, navales, federales y elementos de la guardia nacional de la República Mexicana.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 22 de octubre de 2019.

Diputado Ricardo Flores Suárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos federal y locales a implantar asistencia psicológica para los menores de edad en las primarias públicas, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Nayeli Salvatori Bojalil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La niñez es una de las principales y más importantes etapas del crecimiento del ser humano. Durante esta fase se consolidan las bases para la construcción del desarrollo que posteriormente le dará esa personalidad en la adolescencia y vida adulta.

Es de ponerse analizar que en pleno siglo XXI, encontramos deficiencias en el nivel básico en todas las escuelas públicas del país, donde nuestra niñez se ve afectada por todo lo que trasciende en la sociedad y a ello le sumamos los problemas que se enfrentan en el núcleo familiar, las niñas y niños viven en un cambio constante en el país.

En el nuevo gobierno federal estamos trabajando para mejorar y garantizar una mejor educación a nuestro futuro de México que es la niñez, por ello se creó y reformo la Ley General de Educación, donde se creó la Nueva Escuela Mexicana, que buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes.

Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional.1

Con lo señalado cabe precisar en estas líneas, que se está dejando pasar por alto lo relacionado a la estabilidad emocional y sobretodo mental de las niñas y los niños dentro y fuera del aula. Así mismo nuestra Constitución Política, nos indica en su artículo tercero párrafo tercero que, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje.

El Estado tiene la prioridad y, sobre todo, el interés superior de las niñas y los niños, relacionados a un buen entorno educativo donde estos sean atendidos y educados para formar seres humanos, con principios y valores sólidos que los llevara por el camino idóneo para ser buenos ciudadanos a la nación.

El Unicef2 presenta un análisis del 3 de diciembre de 2018, sobre la situación de la infancia en México, avances y retos para la garantía de sus derechos, donde nos muestra los siguientes resultados:

8 de cada 10 niñas y niños de 6° de primaria no alcanzan los logros esperados en las áreas de lenguaje y comunicación .

6 de cada 10 niñas y niños de 1 a 14 años han experimentado algún método de disciplina violenta.

Casi 3 de cada 10 adolescentes de entre 15 y 17 años se encuentran fuera de la escuela.

Esta publicación es resultado de un ejercicio de análisis de la situación de la niñez y la adolescencia que el Unicef, realiza de forma periódica en los países en los que cuenta con programas de cooperación; además tiene un abordaje integral, es decir, analiza el estado de bienestar de los niños, niñas y adolescentes desde los ámbitos más relevantes que tienen un impacto en sus vidas, tales como salud, nutrición, educación, protección y seguridad, entre otros.

Por ello tenemos que trabajar más en nuestras niñas y niños del país para así brindarles las herramientas educativas y apoyarlos emocional, mentalmente y sobretodo escucharlos, pues la escuela es su segundo hogar. Solamente con ello seremos capases de robustecer y poner en práctica lo que la Ley General de Educación indica, como lo es la prioridad en el sistema educativo nacional, referido a el artículo 73, primer párrafo, que nos indica:

Artículo 73. En la impartición de educación para menores de dieciocho años se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos , y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se establezcan.

Asimismo, a las niñas y los niños que cursan nivel primaria, se les tiene que salvaguardar su integridad psicológica para escuchar al menor. Saber qué es lo que le aqueja no solo en el aula sino también en el hogar, es de suma importancia ir considerando e incorporar que sean atendidos por especialistas dentro de las escuelas, para enfrentar y ayudar a resolver los problemas que aquejan a la niñez.

Por la misma razón, el psicólogo se torna en una figura clave en el desarrollo funcional y equilibrado de un centro educativo, que puede ayudar al docente con los alumnos que cuenten con problemas emocionales. Así mismo, las funciones prioritarias serán, atender y fomentar el desarrollo psicológico en todos sus componentes, psicomotriz, intelectual, social, afectivo emocional, además de con los 3 agentes principales del sistema educativo (alumnos, padres y profesores).

Desde este punto de vista, el trabajo del psicólogo tiene dos grandes objetivos, primera aportar un análisis psicológico de diversas situaciones (evaluación) y en segunda instancia proponer planes de acción que respondan a los análisis realizados (intervención).

Por lo que corresponde a la relación entre el docente y el psicólogo, el Consejo General de la Psicología de España,3 nos indica que se pueden destacar cuatro funciones del psicólogo:

1. Información diagnóstica: El psicólogo primero recibe información de los profesores y después aporta información al profesorado sobre los resultados diagnósticos individuales y colectivos realizados a los alumnos, con la debida consideración del carácter confidencial de éstos.

En la medida que los profesores dispongan de información sobre las capacidades intelectuales, estrategias cognitivas de aprendizaje, personalidad, dificultades de aprendizaje, podrán ayudar de mejor manera a sus alumnos.

2. Asesoramiento y colaboración: El psicólogo asesora a los profesores y colabora con ellos en diversos temas como: análisis de situaciones escolares problemáticas y soluciones (desmotivación, conductas disruptivas, acoso...), comprensión de los procesos de enseñanza-aprendizaje en relación a contenidos curriculares específicos, aulas de aprendizaje de tareas, plan de acción tutorial, técnicas de dinámica de grupos, de comunicación, de observación, de aprendizaje cooperativo. Estrategias que favorecen el aprendizaje significativo, programas de atención a la diversidad del alumnado, a los inmigrantes, a los estudiantes con necesidades educativas especiales, etcétera.

3. Formación: El psicólogo organiza cursos de formación para el profesorado en relación a programas de intervención que implementarán proyectos para estimular la inteligencia, la motivación, la creatividad, la convivencia, los valores prosociales; así como sobre distintos temas en los que los profesores manifiesten su interés, por ejemplo: tutorías, dificultades del proceso enseñanza-aprendizaje, técnicas de investigación en el aula, etcétera.

4. Investigación: Una función secundaria del psicólogo será conducir estudios de investigación con diversas metodologías (experimentales, correlacionales, cualitativas, etnográficas, etcétera), en colaboración con los profesores y otros profesionales, en torno a diversos temas de Psicología Educativa (procesos de enseñanza-aprendizaje, procesos mentales que intervienen en el aprendizaje, aprendizaje mediatizado por el uso de nuevas tecnologías, rasgos y actitudes del profesorado favorecedores de los procesos educativos) y estudios sobre situaciones de riesgo (acoso escolar, consumo de drogas presentes en el centro, efectos de los programas de intervención que se implementan en el centro...).

Entonces se entiende que al poner un psicólogo que tiene la capacidad para conocer el carácter de las personas y comprender las causas de su comportamiento dentro de una escuela primaria, permitirá ayudará al docente a comprender mejor al alumno y, sobre todo, ayudar a este en su desempeño y construcción de su persona, para así poder evitar que el menor tome un camino que le haga mal a su persona o compañeros, llegando mejorar la calidad de la convivencia al interior de las escuelas.

De acuerdo con la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México, AC, algunos de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de la Profesión del Psicólogo en México (2018-2024) buscan cumplir

1. La promoción del desarrollo nacional e integral de la profesión de la y el psicólogo en México.

2. El fortalecimiento del trabajo gremial de las y los psicólogos para contribuir a la solución de los problemas, a la satisfacción de las necesidades psicosociales y a mejorar la calidad de vida y el bienestar de las y los mexicanos.

3. El fomento del ejercicio profesional ético y de alta calidad de las y los psicólogos mexicanos.

4. El favorecimiento en la participación activa, consistente y adecuadamente fundamentada de las y los psicólogos en la construcción de políticas públicas, programas y acciones gubernamentales.

Por ello debemos diseñar e implantar nuevas estrategias con apoyo de especialistas, para ayudar a nuestros niños del país, escucharlos, saber cuáles son las dificultes por las que están pasando y garantizar ayuda profesional a los alumnos que padezcan de bullying o cualquier otro problema que tengan dentro del núcleo familiar, personal o social. Hacer esfuerzos por mejorar la convivencia escolar se basa en una racionalidad instrumental que entiende a la relación escolar como un medio para lograr buenos aprendizajes.

La escuela debe ser un espacio donde los niños construyan aprendizajes académicos y socioemocionales, que eventualmente permitan a la niñez ser capases de convivir de manera armónica dentro y fuera de la escuela.

Por lo expuesto y fundado, la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados se somete a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos y de las entidades federativas a considerar en la medida de sus posibilidades implantar en las escuelas públicas de nivel primaria que haya la asistencia de un especialista en psicología para los menores de edad que requieran ayuda.

Notas

1 Ley General de Educación.

2 https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/analisis-sobre-la-situaci on-de-la-infancia-en-mexico

3 http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2556

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 23 de octubre de 2019.

Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las federaciones deportivas nacionales a emitir los criterios de selección para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a cargo del diputado Sebastián Aguilera Brenes, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Sebastián Aguilera Brenes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea, la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las federaciones deportivas nacionales, para que emitan los criterios de selección para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Exposición de Motivos

Los Juegos Olímpicos son uno de los eventos más importantes a nivel mundial, congregando hoy en día a millones de personas que se reúnen cada cuatro años en alguna ciudad previamente seleccionada para participar en los diferentes deportes y actividades.

Dichos juegos trascienden las fronteras y reúnen a individuos de todas partes del mundo que puedan destacarse en alguna de las muy variadas disciplinas deportivas, así como también observar y tal vez conocer a algunos de los deportistas más grandes y famosos de la historia.

Para los atletas, tener la oportunidad de llegar a estos juegos es un objetivo, una meta, en su vida, los atletas olímpicos emplean una media de 8 horas diarias de entrenamiento, ejercicios y cuidados cada día de la semana los 365 días del año. Se trata de un trabajo a tiempo completo al que se dedican en cuerpo y alma.

Hay que tener en cuenta que un atleta emplea más tiempo del que exige una jornada de trabajo estándar, lo que significa que no puede dedicarse a otra ocupación que no sea la de entrenar.

Un atleta que, por ejemplo, cuenta con el proceso de entrenamiento de cuatro años. Es un proceso largo donde se trabaja el físico, la técnica y la táctica de juego. Un atleta de nivel olímpico entrena todos los días. Puede variar la intensidad, pero nunca deja de trabajar.

Los criterios de selección, especifican el proceso que seguirán las federaciones nacionales, para otorgar la plaza correspondiente para los deportistas, estos criterios de selección pueden ser muy amplios y, por lo tanto, bastante abrumadores.

Por lo que, para dicha preparación del atleta, estos criterios de selección son fundamentales para tomar en consideración en cada entrenamiento y que forme parte del proceso de preparación, la planificación de este proceso para asegurar el éxito del deportista.

Asimismo se considera de suma importancia señalar a las federaciones deportivas nacionales identificadas como Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, AC; Federación Mexicana de Bádminton; Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol; Federación Mexicana de Boxeo; Federación Mexicana de Canotaje; Federación Mexicana de Ciclismo; Federación Ecuestre Mexicana, AC; Federación Mexicana de Esgrima; Federación Mexicana de Fútbol Asociación, AC; Federación Mexicana de Gimnasia; Federación Mexicana de Golf; Federación Mexicana de Handball; Federación Mexicana de Hockey; Federación Mexicana de Judo; Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas; Federación Medallistas de Luchas Asociadas, AC; Federación Mexicana de Natación; Federación Mexicana de Pentatlón Moderno; Federación Mexicana de Remo; Federación Mexicana de Rugby; Federación Mexicana de Taekwondo; Federación Mexicana de Tenis; Federación Mexicana de Tenis de Mesa; Federación Mexicana de Tiro y Caza, AC; Federación Mexicana de Tiro con Arco; Federación Mexicana de Triatlón; Federación Mexicana de Vela; Federación Mexicana de Voleibol.

Las asociaciones deportivas nacionales están reconocidas como federaciones deportivas mexicanas por la Ley General de Cultura Física y Deporte con última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de enero del 2018, que en su Capítulo II, establece la naturaleza jurídica de las mismas y, de manera clara, las obligaciones que les corresponden, dadas las importantes tareas en materia del deporte que desempeñan, como se señala en su artículo:

Artículo 50. La presente ley reconoce a las federaciones deportivas mexicanas el carácter de asociaciones deportivas nacionales, por lo que todo lo previsto en esta Ley para las Asociaciones Deportivas, les será aplicable.

Las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus Estatutos Sociales, la presente Ley y su Reglamento, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 51. Las Asociaciones Deportivas Nacionales debidamente reconocidas en términos de la presente Ley, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores del gobierno federal, por lo que dicha actuación se considerará de utilidad pública. Además de las actividades propias de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación de las especialidades que corresponden a cada una de sus disciplinas deportivas, ejercen bajo la coordinación de la Conade las siguientes funciones públicas de carácter administrativo:

I. Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales;

II. Actuar en coordinación con sus asociados en la promoción general de su disciplina deportiva en todo el territorio nacional;

III. Colaborar con la administración pública de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte;

IV. Colaborar con la administración pública de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios en el control, disminución y prevención de la obesidad y las enfermedades que provoca;

V. Colaborar con la administración pública de la federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios en la prevención de la violencia en el deporte y eventos o espectáculos públicos o privados en materia de activación física, cultura física o deporte;

VI. Actuar como el organismo rector de su disciplina deportiva, en todas sus categorías, especialidades y modalidades, en la República Mexicana;

VII. Representar oficialmente al país ante sus respectivas federaciones deportivas internacionales, y

VIII. Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables

Así como se establece en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del 2015 y como se señala en su Capítulo II, De las obligaciones de transparencia comunes:

Artículo 70. En la Ley Federal y de las entidades federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros;

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

III. Las facultades de cada Área;

IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos;

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer;

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen.

Por lo anteriormente expuesto y como se señala en los artículos las asociaciones están obligadas hacer público su marco normativo, por lo que sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las federaciones deportivas nacionales para que emitan los criterios de selección para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a fin de generar certidumbre a los atletas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de octubre de 2019.

Diputado Sebastián Aguilera Brenes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades federales a prohibir el tránsito de vehículos de doble remolque en la carretera federal 110, tramo Colima-Tecomán, e incrementar los operativos de vigilancia para revisar las condiciones físicas y mecánicas de éstos, a cargo de la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena

Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, diputada federal de la LXIV Legislatura perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y 77, 79 fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades federales, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Las vías de comunicación del estado de Colima, principalmente la carretera federal 110, cuentan con alta afluencia vehicular diaria, provocada en gran medida por el Puerto de Manzanillo que se ha consolidado como el primer lugar a nivel nacional1 y 3o. en América Latina2 y el Caribe en movimientos de carga en contenedores que ingresa de diferentes partes del mundo.

De conformidad con datos emitidos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el análisis denominado “Datos Viales 2019”,3 durante el año 2018, se aprecia que del cien por ciento de vehículos que circularon diariamente por la carretera federal 110, tramo Colima-Manzanillo, un 73.9 por ciento fueron vehículos particulares, y un 20.7 por ciento lo constituyeron vehículos de carga pesada, entre estos los de doble remolque.

Esta gran afluencia vehicular, con altos porcentajes de vehículos de carga pesada, ha generado que esta carretera sea riesgosa, y cuente con preocupantes tasas de accidentes vehiculares, principalmente en algunos de sus tramos, específicamente los ubicados a la altura de los poblados de Los Asmoles, La Salada y Turla que, dado sus características y condiciones, son idóneos para que en éstos se susciten siniestros viales.

Muestra de los anterior son los datos arrojados por el “anuario estadístico de accidentes en carreteras federales (2017)”4 en el que se señala que en el tramo Colima-Tecomán de la carretera federal 110, durante ese año se suscitaron 49 accidentes con alarmantes resultados, falleciendo 10 personas, 32 lesionados, y daños materiales por la cantidad de 9,545,267.5 (nueve millones cuarenta y cinco mil, doscientos sesenta y siete mil 50/100 pesos mexicanos), siendo una de las carreteras con más víctimas por kilómetro (1.066) en todo el país, por arriba de carreteras con mayor afluencia vehicular como la carretera federal 057, tramo México-Querétaro, en la que durante el mismo lapso tuvo un promedio de 0.961 muertos por kilómetro.

Lo anterior sin duda es muestra de que algunos factores están provocando accidentes viales de lamentables consecuencias en las carreteras del Estado de Colima, como lo manifiesta el mismo Anuario estadístico, que en su tabla 2.2 denominada “Distribución por tipo de participación, vehículo y víctimas del siniestro”,5 señala que 30 unidades de doble remolque estuvieron involucradas en accidentes viales en esa zona.

Este tipo de vehículos (de doble remolque) significan un riesgo constante para las personas que transitan por las carreteras del país, tanto para sus conductores como para las personas que circulan en vehículos particulares o en el transporte público, estando prohibidos en algunos países como Estados Unidos y Canadá, en virtud de sus dimensiones y el riesgo que implica su circulación.

Es importante señalar, que ante esta Tribuna ya se han presentado iniciativas de ley para prohibir el tránsito de vehículos de doble remolque tanto en zonas urbanas como rurales, así como en todas las autopistas y carreteras federales del país.

Tal es el caso de la iniciativa presentada por el diputado Francisco Javier Borrego Adame, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la que propone reformar el artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federal, y manifiesta que México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertos por accidentes de tránsito y que en el año 2017 el doble remolque causó 2.7 por ciento de las víctimas de accidentes de carretera en todo el país.

En ese sentido, es claro que tanto las características de la carretera federal 110, en los tramos de los poblados de Los Asmoles, La Salada y Turla, aunado a la gran circulación de vehículos de doble remolque, aumentan las probabilidades de que se susciten accidentes viales en esa zona, los cuales, en muchos de los casos, han tenido fatales resultados.

Como el ocurrido en mayo de 2018, y que paralizó al estado de Colima, pues en éste fallecieron diez integrantes de una familia al ser colisionados por la caja de un tráiler que volcó a la altura del poblado de Turla, dentro de las víctimas fatales se encontraba una mujer en su octavo mes de embarazo.

Asimismo, hace apenas unos cuantos días, el 15 de agosto de este año, se volcó un tráiler que transportaba diésel, provocando su derrame y el riego de un accidente con consecuencias mayores para la población.

Estos solo son pocos ejemplos del cúmulo de accidentes que se suscitan en este tramo carretero, siendo necesario que se tomen medidas urgentes e inmediatas para generar condiciones que garanticen un mayor grado de seguridad para la población que transita por éste.

Estos accidentes o siniestros viales en ese tramo carretero son recurrentes, constantes, persistentes, no disminuyen, por el contrario, se incrementan, y constituyen un enorme estado de riesgo para la población colimense que por ahí transita, para personas y familias que vienen de otros estados de la República o del extranjero y para los propios operarios de los vehículos de doble remolque, riesgo que es preciso atender y poner fin con la adopción de medidas contundentes.

Por lo expuesto, hago un enérgico llamado a las autoridades competentes para que se hagan las gestiones y trámites administrativos necesarios a efecto de que se prohíba terminantemente el tránsito de vehículos de doble remolque por la carretera federal 110, en su tramo correspondiente a Colima-Tecomán, y entre tanto, se realicen las acciones de vigilancia sobre estos vehículos, para revisar que sus condiciones físicas y mecánicas sean las idóneas para transitar, así como a sus operadores; y adicionalmente, sin perjuicio de lo anterior, para que se realicen los estudios técnicos para el mejoramiento de este tramo carretero y se proceda a ejecutar su urgente ampliación.

Compañeros y compañeras diputadas este es un tema de gran relevancia para la sociedad colimense, así como para todas las personas que transitan por sus carreteras, por lo que pongo a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno de la República para que realice las gestiones y trámites administrativos necesarios a fin de que se prohíba el tránsito de vehículos de doble remolque en la carretera federal 110, tramo Colima-Tecomán, en razón de la serie de recurrentes accidentes y siniestros viales en los que constantemente están muriendo personas y que se han venido suscitando con alarmante persistencia en dicho tramo carretero, en los cuales, de manera directa o indirecta, han estado involucrados los referidos vehículos doble remolque.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de la República para que, a través de las facultades de la instancia correspondiente, se incrementen los operativos de vigilancia para la revisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos de doble remolque que transitan por la carretera federal 110, tramo Colima-Tecomán, así como el estado de sus operadores.

Tercero. Sin perjuicio sobre la factibilidad respecto de la prohibición del tránsito de vehículos de doble remolque en la carretera federal 110, tramo Colima-Tecomán, se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno de la República para que realice estudios técnicos necesarios para el mejoramiento del referido tramo carretero y, en su caso, se lleve a cabo su urgente ampliación, atendiendo a lo previsto por la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal.

Notas

1 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. Video Comercial. Recuperado el 16 de octubre de 2019 de

https://www.puertomanzanillo.com.mx/esps/0000016/video-c omercial

2 CEPAL. (2018). Datos estadísticos del informe de la actividad portuaria de América Latina y el Caribe 2018. En Informe de la Actividad Portuaria del América Latina y el Caribe 2018. Recuperado el 16 de octubre de 2019 de
https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/datos_estadisticos_del_informe_de_la_actividad_portuaria_alc_2018.pdf.

3 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Subsecretaría de Infraestructura. (2019). Datos Viales 2019, página 169. Recuperado el 16 de octubre de 2019. http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Datos-Viales-201 9/06_COL.pdf

4 Instituto Mexicano del Transporte, Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (2018) Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales (2017), página 13. Recuperado el 16 de octubre de 2019 de https://imt.mx/archivos/Publicaciones/DocumentoTecnico/dt74.pdf

5 Ibídem, página 92.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 23 de octubre de 2019.

Diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de NL a pronunciarse sobre los razonamientos jurídicos y convencionales derivados de la aprobación de la iniciativa que reforma el artículo 48 de la Ley Estatal de Salud, por su vulneración de los derechos fundamentales de los colectivos y las minorías, suscrita por las diputadas Tatiana Clouthier Carrillo, Sandra Paola González Castañeda y Reyna Celeste Ascencio Ortega e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al honorable Congreso del estado de Nuevo León para que se pronuncie sobre los razonamientos jurídicos y convencionales respecto de la aprobación de la iniciativa a la fracción IV del artículo 48 de la Ley Estatal de Salud, por su manifiesta y categórica vulneración a los derechos fundamentales de los colectivos y las minorías, lo cual conlleva a presuntos actos de inconstitucionalidad, los cuales violentan el estado social y democrático de derecho, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, consideramos profundamente violatorio de los derechos más elementales de la condición humana en lo general, así como minorías y grupos vulnerables en lo particular el acuerdo en el dictamen de reforma adoptado mayoritariamente por el Congreso del Estado de Nuevo León, toda vez que la autoridad que les asiste como representantes populares locales no les faculta a tergiversar y manipular la técnica legislativa bajo una visión sesgada y profundamente arbitraria en contra de los derechos humanos. No todo posicionamiento mayoritario emanado de la soberanía popular puede asumirse como una conducta democrática, ya que dicho principio descansa sobre la teleología de que las decisiones asumidas por los ciudadanos a través de sus representantes deben estar orientadas al equilibrio de los poderes del Estado, a la armonización legislativa, que permita la creación de políticas públicas que instauren un modelo de bienestar colectivo y el respeto irrestricto a las legítimas expresiones, condiciones y libertades de los individuos que conforman el cuerpo soberano de un Estado.

Segunda. No obstante, la vergonzosa reforma a la Ley Estatal de Salud recientemente aprobada, constituye en sí misma un menoscabo no sólo a quienes se orienta su censurable discriminación, sino también deja de manifiesto una ruptura del tejido social por parte de uno de los poderes del Estado, poniendo de peligroso relieve un escalafón discriminatorio entre ciudadanos de primera y de segunda, magnificando una élite colectiva con aspiraciones de falaces de superioridad ideológica conservadora, la cual intenta revestir bajo la dicotomía absurda y demagógica del respeto a del derecho a la libertad de conciencia.

Tercera. Debemos destacar que los suscritos, diputados integrantes de esta Cuarta Transformación, estamos plenamente alineados a los principios rectores de la Convención Americana de Derechos Humanos, a los razonamientos y precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al diálogo jurisprudencial del Tribunal de Derecho Humanos de Estrasburgo, que vincula el posicionamiento armonizador de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la tutela efectiva de los derechos humanos, así como los tratados, convenciones y protocolos que en conjunto establecen el derecho internacional y que a la par del bloque de constitucionalidad señalado en el artículo 133 de nuestra carta fundamental, constituyen el “corpus iuris” de nuestro sistema de fuentes mexicano.

Cuarta. Dentro de este marco convencional, coincidimos plenamente en que la objeción de conciencia debe estar presente en la estricta observancia de la técnica legislativa aplicada por el Congreso Local de Nuevo León; no obstante, el universo conceptual al que debiesen referirse las diputadas y los diputados que aprobaron dicha reforma es contraria a la propia universalidad citada y a los elementos que integran las características esenciales de los derechos humanos, como lo son: la progresividad, la inalienabilidad, la extraterritorialidad y la individualización de los mismos a través del conocimiento pleno del contextos social al cual deben obedecer su vigencia y aplicación. Es evidente que en la citada reforma se observa por parte de los legisladores una clara preferencia en favor de los profesionales de la salud respecto a su derecho legítimo de objetar la práctica y atención de los servicios en aras de su libertad de conciencia; sin embargo, el congreso del Estado no está dotando de contenido esencial de derechos a través de la legislación a minorías y grupos vulnerables tales como los pertenecientes a los pueblos originarios, comunidades LGTBI+, migrantes, mujeres que deseen ejercer sus derechos sexuales y reproductivos como el aborto y pacientes portadores de VIH.

Quinta. Consideramos que dichas tesis son una compilación al reforzamiento del Estado opresor, en donde los derechos de todas y de todos eran invisibilizados y sus características, consideraciones y alcances son totalmente reprimidos. Es altamente preocupante que en pleno siglo XXI un ciudadano o ciudadana mexicano y cualquier persona en general se le pretenda negar la atención sanitaria suficiente, integral y de calidad por condiciones étnicas, ideológicas, sexuales o de libertades públicas, máxime tratándose de seres humanos como elemento preponderante y de ciudadanos en pleno uso y ejercicio de sus derechos civiles.

Sexta. Nos reafirmamos en el compromiso de velar por los derechos de todas y de todos, así como de su estricta aplicación y vigencia por parte de las instituciones del Estado, quienes están obligadas por la constitución y por los convenios internacionales vinculantes de los que el Estado mexicano es parte en la salvaguarda de su condición de ciudadanos mexicanos sin ningún tipo de distingo político, social o ideológico. Existen razonamientos legales, jurisprudenciales, convencionales e internacionales tanto de Estados extranjeros como de tribunales en la materia que sostienen ampliamente el citado criterio; en el caso mexicano bastas destacar el expediente 902/2010, el cual incidió de manera fundamental y categórica para elevar a rango constitucional el término de derechos humanos a categoría de observancia obligatoria a través del principio propersona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados y Diputadas del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable Congreso del Estado de Nuevo León para que se pronuncie sobre los razonamientos jurídicos y convencionales respecto de la aprobación de la iniciativa a la fracción IV del artículo 48 de la Ley Estatal de Salud, por su manifiesta y categórica vulneración a los derechos fundamentales de los colectivos y las minorías, lo cual conlleva a presuntos actos de inconstitucionalidad, los cuales violentan el estado social y democrático de derecho; cuyos criterios vertidos en la modificación a la legislación local violentan la justiciabilidad y tutela de los derechos protegidos y amparados por el juicio de garantías y por los principios rectores de la carta fundamental; así como de los tratados y convenciones que en materia de derechos humanos el Estado mexicano sea parte.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro el 22 de octubre de 2019.

Diputadas y diputados: Sandra Paola González Castañeda, Claudia Pérez Rodríguez, Tatiana Clouthier Carrillo, Aleida Alavez Ruiz, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Mildred Concepción Ávila Vera, María Wendy Briceño Zuloaga, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Olvera Bautista Simey, Rojas Martínez Beatriz, Mario Delgado Carrillo, Sánchez Galván Miroslava, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, María Luisa Veloz Silva, Zagal Ramírez Xóchitl Nashielly, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, Díaz Aguilar Leticia, Edith García Rosales, Pablo Gómez Álvarez, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Édgar Guzmán Valdez, Raquel Bonilla Herrera, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Manuel López Castillo, Socorro Irma Andazola Gómez, Téllez Infante Jannet, Martha Robles Ortiz, María Guillermina Alvarado Moreno, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Molina Espinoza Irineo, Montes Nieves Jorge Luis, García Soto Ulises, María Esther Mejía Cruz, Irma Juan Carlos, Carmen Mora García, Samuel Herrera Chávez, María de Jesús García Guardado, Adriana Aguilar Vázquez, López Rayón Claudia, Carrillo Martínez Miroslava, Gregorio Efraín Espadas Méndez, Estela Núñez Álvarez, Ana Lilia Guillén Quiroz, Laura Martínez González, Pérez Rodríguez Claudia (rúbricas).