Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a las comisiones de esta soberanía y los 32 congresos locales a legislar y dar seguimiento puntual a lo establecido en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, a cargo de la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción III, y 73, fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía para su análisis y aprobación la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, en virtud de reforzar el papel del Poder Legislativo en la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como parte del plan de acción global suscrito por México y 193 países, de conformidad con lo siguiente:

Consideraciones

1. Que, México requiere orientar los esfuerzos hacia el desarrollo sostenible en tres importantes ejes –económico, social y ambiental– en el marco del acuerdo global en los que se involucran a 193 países y cuyo proceso de implementación debe ser incluyente.

2. Que, la Presidencia de la República y el Poder Legislativo tienen la responsabilidad fundamental de dar seguimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que se agrupan en la Agenda 2030.

3. Que, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), el Estado está comprometido a impulsar el desarrollo sostenible a través del cumplimiento de los preceptos constitucionales, éticos, sociales, ambientales y económicos para garantizar un futuro habitable y armónico.1

4. Que, el Congreso de la Unión, al ser un espacio de representación popular, puede detonar esquemas participativos e incluyentes que faciliten el involucramiento de la sociedad civil, el sector privado y la academia en los procesos para el cumplimiento del PND y los programas que de él se deriven.

5. Que, la Cámara de Diputados cuenta con las atribuciones para que las y los legisladores promuevan dictámenes de Ley en las Comisiones Ordinarias orientados con los principios rectores de la Agenda 2030 y con base en desarrollo sostenible.

6. Que, en la pasada Legislatura, el PNUD trabajo? de la mano con Senadoras y Senadores con el fin de generar condiciones y metodologías para incorporar el enfoque de la Agenda 2030 en el trabajo legislativo.

7. Que los Congresos Estatales, tienen las facultades para desarrollar los mecanismos de trabajo con las Comisiones con el objeto de legislar, implementar y contextualizar la Agenda 2030; y,

8. Que, con base en la evidencia, se reconozcan las prioridades y los retos específicos de cada demarcación, colocando a las personas en el centro de las políticas públicas y favoreciendo la transformación de los objetivos en acciones concretas.

Antecedentes

La Agenda 2030 es un plan de acción compuesto por 17 ODS, 169 metas y 232 indicadores globales en favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la formación de alianzas para el desarrollo. Además de erradicar la pobreza, la Agenda propone fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

El 25 de septiembre de 2015, los 193 Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el marco de la Asamblea General. En el documento suscrito se reconoce que la erradicación de la pobreza, en todas sus formas y dimensiones, es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo y que los ODS son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo: económica, social y ambiental . Los ODS son:2

1. Fin de la pobreza: Erradicar la pobreza en todas sus formas.

2. Hambre cero: Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, así como promover la agricultura.

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas, en todas las edades.

4. Educación de calidad: Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todas y todos.

5. Igualdad de género: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

6. Agua potable y saneamiento: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas y todos.

7. Energía asequible y no contaminante: Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todas y todos.

9. Industria, innovación e infraestructura: Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.

10. Reducción de las Desigualdades: Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.

11. Ciudades y comunidades sostenibles: Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

12. Producción y consumo responsables: Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.

13. Acción por el clima: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

14. Vida submarina: Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible.

15. Vida de ecosistemas terrestres: proteger , restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, además de frenar la pérdida de diversidad biológica.

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todas y todos, y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

17. Alianzas para lograr los objetivos: Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

México colaboró en el proceso de definición de la Agenda 2030, entre 2014 y 2015, participó activamente en las negociaciones de la Agenda y generó insumos para la discusión internacional mediante la organización de talleres con expertos.

Con base en lo anterior, tanto el Ejecutivo Federal como el Congreso de la Unión diseñaron los mecanismos institucionales para implementar la Agenda 2030, a fin de dar paso a la coordinación e integración de los esfuerzos orientados al logro de los objetivos.

En 2019, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró un documento llamado “Legislar con Enfoque de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” basado en una serie de diagnósticos y análisis con el fin de reforzar el papel del Poder Legislativo en la implementación de la Agenda.

Exposición de Motivos

Primero. El 26 de abril de 2017, se publicó en el DOF el Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,3 como una instancia de vinculación del Ejecutivo Federal con los gobiernos locales, el sector privado, la sociedad civil y la academia. El Consejo es la instancia que coordina las acciones para el diseño, la ejecución y la evaluación de estrategias, políticas, programas y acciones para el cumplimiento de la Agenda 2030, e informa sobre el seguimiento de sus objetivos, metas e indicadores.

Segundo. Dentro del Quinto Transitorio de la Ley de Planeación4 se menciona que las Administraciones Públicas Federales correspondientes a los períodos 2018-2024 y 2024-2030 podrán considerar en su contenido las estrategias para el logro de los ODS y sus metas, contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y en los procesos de elaboración de los proyectos de dichos planes se considerarán las propuestas que elabore el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Tercero. El 17 de mayo de 2019, se publicó en el DOF el decreto por el que se crea el Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, el Empleo y Crecimiento Económico5 con el objeto de establecer un mecanismo que se encargue de promover la inversión, el empleo y el crecimiento económico de conformidad con lo establecido dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y como parte del plan de acción a largo plazo que contempla los enfoques transversales para la integralidad de las políticas de desarrollo respecto a las tres dimensiones del desarrollo sostenible (social, económico y ambiental), los cuales son acordes con los objetivos y proyectos del Gobierno de México.

Cuarto. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador y con la participación del Diputado Porfirio Muñoz Ledo, inauguró el 17 de junio de 2019, en la sede de la Cancillería, la Primera Sesión Ordinaria de 2019 del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible . En ese evento, se destacó la necesidad de incorporar las tres dimensiones del desarrollo sostenible y contenidos de la Agenda 2030 a los Programas Sectoriales que las diversas instancias de la Administración Pública Federal con objeto de anclarla en las políticas gubernamentales.

Quinto. El 14 de julio de 2019, se llevó a cabo el Foro Político de Alto Nivel (FPAN) sobre Desarrollo Sostenible 2019 “El empoderamiento de las personas y el logro de la inclusión y la igualdad”. La delegación mexicana estuvo encabezada por la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado, en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gobierno de México, e integrada por funcionarios de los poderes legislativo y judicial, así como de los gobiernos locales.

Sexto. El 24 de septiembre de 2019, en el marco del 74° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunió con los 193 miembros para abordar diversos temas como la protección de los derechos humanos, la migración regional, la erradicación de los discursos de odio, el desarrollo sostenible y sobre todo atender de manera específica los 17 ODS de la Agenda 2030 a fin de alcanzar el desarrollo armónico y la paz mundial.

Séptimo. Al igual que la APF, el H. Congreso de la Unión reconoce que la Agenda 2030 representa una oportunidad viable para generar el crecimiento económico incluyente, fomentar el cuidado del medio ambiente, combatir la pobreza y la corrupción y posicionar a México como un referente en materia de la transformación social.

Octavo. El PNUD colaborará con la Cámara de Diputados, a través de capacitaciones sobre metodologías que permitan generar condiciones para incorporar el enfoque de la Agenda 2030 en el trabajo legislativo y su transversalización con los programas y proyectos de la Administración Pública Federal.

Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a todas la comisiones ordinarias de la honorable Cámara de Diputados y a los 32 congresos estatales, para que en el ámbito de sus facultades legislen y den seguimiento puntual conforme a lo establecido en la Agenda 2030 y con apego a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas; así como también la creación de estrategias de verificación y evaluación que permitan atender, revisar y orientar las iniciativas y puntos de acuerdo con enfoque de la Agenda 2030.

Notas

1 Gobierno de la República (2019), Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, pág. 37. México.

2 PNUD (2019), El Enfoque de la Agenda 2030 en Planes y Programas Públicos de México: Una propuesta metodológica centrada en la Gestión por Resultados para el Desarrollo, México.

3 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5480759&fecha=26/04/2017

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_160218.pdf

5 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560667&fecha=17/05/ 2019

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a endurecer sanciones y redoblar esfuerzos para erradicar el mercado negro de aves endémicas o en peligro de extinción, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República; a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y a Ricardo Ahued Bardahuil, Administrador General de Aduanas, para que se endurezcan las sanciones y se redoblen los esfuerzos para erradicar el mercado negro de aves endémicas o en peligro de extinción, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presencia del comercio informal en nuestro país acarrea una serie de oportunidades de negocio tan amplia como la creatividad humana lo permite. Ya sean productos médicos, armas, aparatos, libros, alimentos, animales o plantas, por sólo mencionar algunos ejemplos, la multiplicidad de mercancías ha derivado en el establecimiento de cientos de “mercados negros” los cuales operan a la sombra del gobierno y, por lo tanto, de las regulaciones elaboradas para la comercialización de ciertos productos. Ya sea por cuestiones de seguridad física, por protección de propiedad intelectual o por consecuencias catastróficas para el ambiente, la necesidad de mantener una regulación sobre la comercialización de cientos de mercancías va más allá de una mera protección de los intereses monetarios de los empresarios, sino que corresponde a preservar el bienestar de la ciudadanía desde todas las aristas posibles.

Esto último no es compartido por aquellos que, conscientes o no de los efectos del tráfico ilegal de ciertas mercancías, continúan perpetrando esta clase de actos con consecuencias catastróficas en muchos rubros, especialmente en el plano ecológico. El tráfico de especies animales se ha posicionado como una de las actividades predilectas del comercio ilegal, ocupando el cuarto puesto en ganancias por concepto del tráfico ilegal de mercancías de acorde a información de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.1 Sus ganancias, las cuales rondan entre los 8,000 y 10,000 millones de dólares anuales,2 se originan por medio de las múltiples redes que se extienden por una cantidad vastísima de países, cubriendo casi todo el planeta. Por otra parte, sus objetivos tienden a ser variados, donde anfibios y aves han adquirido especial protagonismo. Ya sea por cuestiones “medicinales”, místicas o por simple coleccionismo, la adquisición de especies se ha consolidado como una práctica común en diversas partes del mundo.

Hoy en día, el tráfico de aves es uno de los principales problemas ecológicos a los cuales México se enfrenta, especialmente en el caso de los loros. Endémicamente, el país cuenta con 22 especies de psitácidos, familia de aves a la cual pertenecen pericos, loros y guacamayas. De esas, 21 especies se encuentran en riesgo: 11 en peligro de extinción, 6 amenazadas y 4 bajo protección especial,3 es decir, el 95% de ellas. Su presencia, igualmente, es variada, ya que se encuentran en 26 de las 32 entidades federativas.4 Igualmente, de acorde a cifras del año 2017, se extraen 78,000 psitácidos de nuestro país y los cuales son comerciados en todo el mundo. Por desgracia, ante la forma ilegal de su tráfico y las pocas medidas de precaución, se estima que 7 de cada 10 aves perecen antes de llegar a su destino.5 Por último, la posición geográfica no es benevolente con nosotros al estar situado al lado de uno de los principales mercados de consumo de aves: los Estados Unidos de América. Se estima que cerca del 35% de los animales pasan por México6 antes de poder ser comercializados en los Estados Unidos, país que prohibió la mercantilización de aves exóticas en 2005. Con esto, la función del mercado mexicano se enfocó en ser un lugar de transición de las mercancías, las cuales buscan ser introducidas de manera ilegal en territorio estadounidense.7

Por estas razones su posesión está estrictamente prohibida en nuestro país, aunque tradicionalmente han formado parte de las mascotas predilectas de los mexicanos, aspecto que ha sido difícil de erradicar ante el fuerte componente tradicional de trasfondo. Por desgracia, los efectos de esta actividad generan un daño en la estructura de nuestros ecosistemas, a los cuales se les extraen agentes de peso como lo son las aves. De continuar con esta tendencia, las consecuencias pueden ser irreversibles para la estructura de los ecosistemas, para la preservación de la especie y para el mantenimiento del bienestar de la ciudadanía y el resto de especies que dependen de la reproducción de estos para continuar con sus respectivas vidas.

Tales son las razones para exhortar a las autoridades pertinentes a tomar cartas en el asunto para prevenir este delito, el cual no solamente es monetario, sino que atenta contra la vida entera de comunidades que dependen de la reproducción de los ecosistemas de los cuales subsisten. Esto demanda una participación intensiva y un replanteamiento de las formas empleadas en tiempos recientes. La necesidad de redoblar los esfuerzos realizados debe ir acompañada de la necesidad de un replanteamiento de la forma en la cual se concientiza a la población acerca de la relevancia de la preservación de las aves y la denuncia ante la presencia del tráfico ilegal de aves en nuestro territorio.

Estos últimos puntos, por lo tanto, van en sintonía respecto a medidas aprobadas previamente, especialmente por parte de nosotros como legisladores. Ya el 3 de julio del presente, la Comisión Permanente aprobó el exhorto que elaboré en favor de la protección de especies animales en contra del tráfico ilegal, donde se demandan campañas más profundas y divulgadas acerca del tráfico de especies.8 Sobre esta misma línea y con la pretensión de enfocarlo en el tema de las aves mexicanas, especialmente los psitácidos, resulta necesario este exhorto, donde el papel central de las aves mexicanas tiene su fundamento en su presencia y flujos correspondientes a su tráfico, el cual levanta las alarmas y demanda una atención especial para su prevención.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que se rediseñe la estrategia de difusión mediática, ya sea por medio de foros o campañas en medios masivos de comunicación, acerca de la compra y venta de psitácidos u otras aves endémicas, la cual se enfoque en los impactos en el ecosistema y su relevancia para el mantenimiento del bienestar de las comunidades afectadas en territorio nacional.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, para que se redoblen los esfuerzos en los procesos de investigación, confiscación y asignación de responsabilidades relacionadas al tráfico ilegal de psitácidos u otras aves endémicas de acorde a la normatividad vigente.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y a Ricardo Ahued Bardahuil, Administrador General de Aduanas, para que se intensifiquen las medidas empleadas en las aduanas del país para evitar el tráfico ilegal de psitácidos y otras especies de aves endémicas.

Notas

1 Pablo Díez. (2017). El tráfico ilegal de animales en cifras, de Foro Económico Mundial. Sitio web: https://es.weforum.org/agenda/2017/07/el-trafico-ilegal-de-animales-en- cifras/

2 Ídem

3 Michel Olguín; Diana Rojas. (2017). En peligro por el tráfico ilegal 21 especies de aves mexicanas, 9 de septiembre de 2019, de UNAM. Sitio web: http://www.unamglobal.unam.mx/?p=21117

4 Ídem

5 Ídem

6 United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). World Wildlife Crime Report: Trafficking in protected species, de United Nations Office on Drugs and Crime. Sitio web:

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildli fe/World_Wildlife_Crime_Report_2016_final.pdf

7 Ídem

8 Salvador Rosas Quintanilla. (2019). Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al doctor Víctor Manuel Toledo Manzur, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, y a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que se tomen las medidas necesarias para disminuir el flujo y venta de especies o productos ilegales relacionados con el tráfico de especies animales y se generen campañas informativas de sus efectos negativos.

9 de septiembre de 2019, de Gaceta de la Comisión Permanente. Sitio web:

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/d ocumento/96497

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener a reforzar los protocolos de seguridad en la nucleoeléctrica Laguna Verde, Veracruz, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita diputada Anilú Ingram Vallines, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del numeral 1, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a este pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la Secretaría de Energía a reforzar los protocolos de seguridad nuclear en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, situada en Veracruz de Ignacio de la Llave, con base en las siguientes

Consideraciones

La Comisión Federal de Electricidad tiene a su cargo, la central nucleoeléctrica Laguna Verde, localizada sobre la costa del golfo de México, en el municipio de Alto Lucero, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Veracruz. La central nuclear es la única de generación eléctrica en México, cuenta con una capacidad de 1640 MW instalada en dos unidades generadoras de 820 MW eléctricos cada una. Está certificada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS).

La Secretaría de Energía, le otorgó las licencias de operación a la unidad 1, el 29 de julio de 1990, y a la unidad 2, el 10 de abril de 1995, es operada y administrada por la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas. La central, está valuada en más de 53 mil millones de pesos, según la CNSNS, las licencias de operación comercial otorgadas en 1990 y 1995, expirarán en 2020 y 2025, respectivamente.

Además, la central, está sujeta a la supervisión de organismos nacionales e internacionales, con el objetivo de verificar que cumpla con las regulaciones para operar de forma segura.

Es sabido que el transporte y almacenamiento de los residuos radioactivos implican riesgos potencialmente catastróficos para la vida humana y el ambiente, por ello, diversos grupos de la sociedad civil y ambientalistas han solicitado en varias ocasiones al gobierno federal una inspección técnica y administrativa para investigar una serie de irregularidades, como fugas radioactivas al ambiente, fallas en los sistemas, entre otros, así como las inspección de las condiciones de los tramos carreteros que son utilizados como accesos y salidas de la central nucleoeléctrica, los cuales desembocan a los municipios aledaños.

Aunado a lo anterior, resulta pertinente expresar que la planta genera toneladas de desechos altamente radioactivos, los cuales son almacenados dentro de la misma planta a escasos metros del mar con el consecuente peligro que ello implica.

En diversas ocasiones la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, ha manifestado sobre posibles riesgos en la seguridad de la central nuclear. Solo basta recordar algunos acontecimientos que han representado riesgos a las población, en 1989, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reconoció la existencia de una fuga de gases radiactivos provocada por las descargas de las bombas mecánicas de vacío, lo que ocasionó contaminación al personal. Ese mismo año, ocurrió un derrame de 20 mil litros de ácido sulfúrico que provoco daños a las bombas, conductos, cables, cajas eléctricas, conectores, paredes y tanques.

El 12 de octubre de 1999, el núcleo del reactor 1, queda casi al descubierto luego de haber perdido el agua que lo rodeaba, este evento podría haber causado la fusión del núcleo del reactor con consecuencias catastróficas.

De 2012 a 2019, la central nucleoeléctrica, ha registrado 242 incidentes, entre los que destacan apagados de emergencia de las unidades scram, presencia de radiactividad por encima de los límites permitidos, paros por incumplimiento de especificaciones técnicas operativas, y aumento de la temperatura del agua de enfriamiento de los reactores. Recientemente, en 2017, durante la recarga de combustible de uno de los reactores de la central, la radiación emitida por tuberías y válvulas afectó a cinco trabajadores de acuerdo con el expediente de la inspección IIIE-01/18-LV01.1

Actualmente la Central Nuclear Laguna Verde presenta problemas graves, se tiene conocimiento que los trabajadores han sido expuestos a dosis de radiación, la planta realiza un manejo inadecuado de residuos y enfrenta riesgo de saturación de desechos. En este punto, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia (CNSNS), en su dictamen de inspección OI-10/12-LV1, del 13 de septiembre de 2013, señalo que la central realiza una mala disposición de residuos, lo que ocasiono la imposición de una multa de 768 mil 40 pesos.

El plan de gestión de desechos radiactivos y combustible nuclear 2017-2023, advierte que cuatro de sus cinco instalaciones están al borde de su capacidad, para los desechos sólidos húmedos, la planta cuenta con el almacén temporal en sitio (ATS), que consta de dos naves de almacenamiento, el ATS I, el cual está a su máxima capacidad y el ATS II, se encuentra a 40 por ciento. En tanto, el depósito de desechos radiactivos sólidos secos, con dos bodegas, están completamente llenos y los dos confinamientos del almacén temporal de materiales contaminados radiológicamente operan a 80 y 85 por ciento de capacidad, respectivamente.2

El documento, precisa que la central generó hasta 2017, casi 3 mil 734 metros cúbicos de desechos. En 2015, desechó 33.19 metros cúbicos, cifra que se incrementó a 119.5 en 2017. Con respecto a las albercas de combustible estas carecen de suficiente capacidad de almacenamiento y se saturarían en 2022. El depósito del reactor uno cuenta con 2 mil 103 ensambles almacenados y el reactor dos, mil 659. El combustible gastado contiene radionúclidos como plutonio-239, cesio-136-, kriptón-85, uranio-238 y uranio-235.3

Aunado a lo manifestado, durante varios años, diversos estudios han manifestado la existencia de irregularidades e inoperancia de los Planes de Emergencia,4 en caso de un accidente, evaluando diversos modelos de dispersión de las partículas radiactivas en caso de un accidente, a partir de la dirección de los vientos y sus consecuencias sobre poblaciones de la Ciudad de México y Puebla.

La peligrosidad y eventualidad de sufrir un desastre nuclear, el cual pudiera registrarse de forma inesperada de acuerdo a diversos estudios de la Asociación Mundial de Operaciones Nucleares, es preocupante. La central nucleoeléctrica Laguna Verde, siempre ha estado en alerta, siendo oportuno que los municipios aledaños a la planta nuclear, cuenten con los protocolos y medidas de seguridad ante cualquier eventualidad, así como los instrumentos para atender los daños a la salud pública. Además del peligro que representa la central para la seguridad de las poblaciones aledañas, así como para los trabajadores que laboran diariamente, es preciso expresar que, la planta de Laguna Verde, es la base de la región Oriental del sistema eléctrico interconectado nacional, por lo que, si llegará a cerrar provocaría una grave escasez de energía eléctrica en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, estado de México, Morelos y la Ciudad de México.

Basta recordar que la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia, como organismo que regula el uso de materiales nucleares en el país, ha detectado quebrantos a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional sobre materia nuclear, al Reglamento General de Seguridad Radiológica, así como incumplimiento de la NOM-008-NUCL-2011 sobre control de la radiación en áreas de trabajo, de acuerdo al dictamen de inspección del 21 de junio de 2018.5

Es de suma importancia realizar un exhorto a la Secretaria de Energía, con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores y habitantes de los municipios de la región aledaña a la Nucleoeléctrica Laguna Verde.

Por lo anterior, presento al pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Energía a actualizar, reforzar, fortalecer e implantar protocolos de Seguridad Nuclear con base en las recomendaciones expresadas por los organismos internacionales en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, con el objetivo de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y habitantes de los municipios aledaños a la central.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto al principio de división de poderes respetuosamente, exhorta a la Secretaría de Energía a coordinarse con las Secretarias de Comunicaciones y Transportes y la de Gobernación a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a realizar una inspección sobre las condiciones de los caminos rurales de los municipios aledaños a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, así mismo, de los protocolos de contención de riesgos a implementarse por parte de dichos municipios en caso de una eventualidad, y la elaboración de atlas de riesgos de los puntos más críticos cercanos a la central, con el objetivo de garantizar la seguridad y protección de la región.

Notas

1 Salas Mar, Bernardo, La energía nuclear como alternativa energética, Firsth North-South Conference Degrowth – Descrecimiento, Ciudad de México, del 3 al 7 de septiembre de 2018, disponible en

https://degrowth.descrecimiento.org/documentos/in-extens o/00483.pdf.

2 Godoy, Emilio, Laguna Verde, una bomba de tiempo envuelta en mentiras, 21 de marzo de 2019, Proceso, disponible en

https://www.proceso.com.mx/576203/laguna-verde-una-bomba -de-tiempo-envuelta-en-mentiras

3 Godoy, Emilio, Laguna Verde, una bomba de tiempo envuelta en mentiras, 21 de marzo de 2019, Proceso, disponible en

https://www.proceso.com.mx/576203/laguna-verde-una-bomba -de-tiempo-envuelta-en-mentiras

4 Secretaría de Energía, Informe Nacional que presentan los Estados Unidos Mexicanos para satisfacer los Compromisos de la Convención sobre Seguridad Nuclear, periodo 2016-2018, agosto 2019, disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/486779/In forme_Nacional-_Mexico_2019.pdf. Sistema Nacional de Protección Civil, Plan de Emergencia Radiológica Externo de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, 24 de mayo de 2011, disponible en file:///C:/Users/Usuario/Downloads/PERE-20110524.pdf

5 Secretaría de Energía, Informe Nacional que presentan los Estados Unidos Mexicanos para satisfacer los Compromisos de la Convención sobre Seguridad Nuclear, periodo 2016-2018, agosto 2019, disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/486779/In forme_Nacional-_Mexico_2019.pdf

Ciudad de México, a 15 de octubre de 2019.

Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y el IMSS a hacer público por qué la asignación presupuestada en el PEF de 2015, ramo 19, “Apoyo a jubilados y pensionados del IMSS e ISSSTE”, no aplicó al pago de diversas categorías de jubilados, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PT

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Desde el inicio de la presente legislatura nos comprometimos hacerle frente a las problemáticas y situaciones relacionadas con los asuntos y demandas ciudadanas en materia de transparencia, de acceso a la información, de rendición de cuentas y del destino y aprovechamiento de los recursos públicos federales.

Nuestro esfuerzo siempre ha y seguirá tenido como finalidad, brindarle a las ciudadanas y los ciudadanos información precisa, clara y veraz acerca de la situación y aplicación efectiva del gasto público federalizado.

Por ello, hacemos del conocimiento de todas y todos ustedes el reclamo de compañeras y compañeros trabajadores jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes a través de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados, A C, “Siglo XX y Siglo XXI”, acudieron desde el 2014 a ésta Cámara de Diputados a solicitar la intervención de los diputados para que se les reconociera y aplicará la diferencia del pago de la prima de antigüedad que se les adeuda por una diferencia de 38 días por cada año de servicio prestado y que a finales del año 2018, representaba la cantidad de 1 mil 328 millones 721 pesos, que corresponde al pago a 1,707 (mil setecientos siete) jubilados de diversas categorías a quienes de manera errónea, por no decir que de forma ventajosa, se les privó de este beneficio económico.

Al respecto, está establecido que el retiro de cualquier trabajador jubilado es condicionado e imputable al patrón, en términos de lo que establece el primer párrafo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, que a su vez reglamenta los incisos g) y h) de la fracción XXVII (vigésima séptima) del artículo 123 constitucional, contrario a lo que durante estos años les han hecho creer al manifestarles en el Seguro Social que el retiro de un trabajador es voluntario.

Lo anterior cuenta con el sustento en lo dispuesto en el artículo 162 y transitorio tercero de la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre los trabajadores y la Institución, que ordena que: al retirarse el trabajador, ya sea voluntaria o involuntariamente, se le debe pagar una “prima de antigüedad” debido al desgaste orgánico sufrido, esto es, al término de sus 30 años de servicio se les debió pagar por desgaste orgánico el equivalente a 50 días de salario por año; sin embargo, únicamente se les pagaron 12 días y se retuvieron los restantes 38 días ya mencionados.

Derivado que esto, al ser detectado a partir del año 2009 por los hoy integrantes de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados, A. C. “Siglo XX y Siglo XXI”, emprendieron marchas y plantones para solicitar al personal del Seguro Social el pago retenido sin haber contado con la intervención o apoyo de la Junta Federal y el Poder Judicial; asimismo, en reiteradas reuniones sostenidas entre los trabajadores jubilados y la Institución, les fue reiterado como justificación la existencia de un convenio laboral en el cual de manera voluntaria dichos trabajadores aceptaron los 12 días de pago en lugar de los 50 días que por derecho les correspondía, y que claramente es violatorio.

Aunado a lo ya mencionado, hicieron de nuestro conocimiento que en una de las reuniones sostenidas con personal del área jurídica del Seguro Social; se les informó que dicho faltante de pago se debió a un error del área administrativa, quienes calcularon erróneamente los finiquitos de pago, pero que debían acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para litigar el asunto y que esta autoridad mandatará la realización del pago adeudo a más tardar en el mes de marzo de 2016, ya que por mandato de ley, fenecería la obligación del pago en comento.

Las acciones emprendidas por nuestros compañeros trabajadores obligaron al Instituto Mexicano del Seguro Social a buscar un nuevo acercamiento, y tras 7 años de exigencias, reconoció el adeudo de un mil 328 millones 721 pesos, pero solicitó tiempo para buscar el mecanismo presupuestario con el cual se les resarciera el daño económico generado.

En el ánimo de coadyuvar en la búsqueda del mecanismo de pago, los integrantes de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados, A. C. “Siglo XX y Siglo XXI”, acudieron con los diputados miembros de la LXII (Sexagésima Segunda) Legislatura, quienes en el Presupuesto de Egresos para 2015 etiquetaron al Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social, la cantidad de 1 mil 65 millones de pesos, misma que puede ser consultada en el Cuadro 34 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 aprobado por esta soberanía.

Sin embargo, hacemos de su conocimiento, que dicho recurso nunca les fue entregado y que, ante la falta de respuesta precisa sobre el destino de dichos recursos, los integrantes de la Asociación Civil se vieron obligados a realizar la consulta a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que la Dirección General de Programación y Presupuesto A, de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se manifestará en torno al uso, destino y aplicación de los recursos asignados en el presupuesto 2015.

Al respecto, dicha unidad administrativa responsable de la aplicación de los recursos competencia del Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social, contestó con fecha 22 de diciembre de 2015 que:

De conformidad a la autorización de la Cámara de Diputados por 1 mil 65 millones de pesos en el Programa Presupuestario R015 del Ramo 19 “apoyo a jubilados y pensionados del IMSS e ISSSTE” indicará a través de que medio se ejecutó la transferencia al IMSS; por lo que dicha unidad administrativa a través de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifestó que del total de los recursos mencionados, 59.5 millones de pesos fueron transferidos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el pago a los jubilados antes de 1982 de Ferrocarriles Nacionales de México y que los Un mil cinco punto cinco millones restantes se transfirieron al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

El derecho al trabajo es un conjunto de principios, instituciones y normas para hacer posible la realización de la justicia social dentro del equilibrio y con la finalidad de mantener condiciones equitativas entre los factores de producción, para que después de una vida productiva al trabajador le sea reconocido su esfuerzo, mediante el otorgamiento de seguros como la pensión por jubilación.

Para acceder a la pensión es menester contar con un seguro de pensión, que es aquel derivado de las leyes de seguridad social, que tenga por objeto, el pago de las rentas periódicas durante la vida del pensionado o el que corresponda a sus familiares derechohabientes.1

Conviene recordar que por pensión vamos a entender el pago temporal o de por vida recibe un trabajador (a) por ministerio de ley, que lo hace acreedor (a), a una cantidad o pago económico. Con ello se da cumplimiento al derecho humano que predica que toda persona tiene derecho a un nivel de vida digna que le garantice, igual a su familia, bienestar que se traduce; en tener acceso a los servicios de salud, a contar con una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, a una vivienda decorosa; a un medio ambiente sano,2 asimismo tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por causas independientes de su voluntad.3

Pensión garantizada es aquélla que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos para obtener una Pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, cuyo monto mensual será la cantidad de tres mil treinta y cuatro pesos con veinte centavos, moneda nacional, misma que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor.4

Establecido lo anterior es oportuno reseñar que las políticas públicas implementadas por la actual administración están orientadas a instrumentar los programas sociales, como el aumento a la pensión para adultos mayores, mismo que entró en vigor a partir del primero de enero del presente año, y consiste en que dicho sector recibirá, de acuerdo a la presidencia de la república, el doble de lo que actualmente obtienen cada dos meses, además será universal es decir, incluirá a las personas de la tercera edad a las jubiladas del ISSSTE y el IMSS.

Como es del dominio público el derecho a una pensión es un reconocimiento que el Estado aplica a las personas que han entregado la plenitud de su vida al trabajo productivo; de tal manera que llegado el momento en que las fuerzas físicas o facultades del operario concluyen o disminuyen destacadamente, el momento de retiro ha llegado, consecuentemente, adquiere vigencia o se activa el pago por concepto de esa prestación.

No se omite mencionar que el seguro por pensión se otorga atendiendo al salario básico del trabajador o, en su caso, al salario promedio que percibió el trabajador, durante los últimos cinco años. Sin embargo, en ambos supuestos el ingreso del pensionado disminuye drásticamente resultando ser muy inferior al que se obtiene en servicio activo, es decir el fondo a recibir resulta ser bastante insuficiente para aspirar a una vida digna.

El fundamento de la garantía se encuentra en el principio constitucional de suficiencia. Es decir, en la obligación de los poderes públicos de asegurar que todos los ciudadanos reciban una prestación suficiente para atender sus necesidades económicas vitales.

Como podemos apreciar de lo antes precisado, existe obligación expresa del Estado para procurar condiciones de bienestar social para las personas cuya edad reclama el retiro laboral, en consecuencia, nunca ni por motivo alguno la autoridad responsable de tutelar el derecho a la seguridad social no puede ni debe asumir un papel contrario a los derechos de los operarios, pues de ser así ese comportamiento seria reprobable, pues resulta aberrante que el ente benefactor se convierta en el opresor o represor de aquellos que asumieron un compromiso leal mediante la prestación de su mano de obra en la cadena productiva.

La posición negativa que mostraron los servidores públicos del IMSS en la pasada administración para cumplir con la entrega de lo reclamado por los jubilados y pensionados contrasta y riñe con las actuales políticas públicas implementadas por el Presidente de la Republica, pues mientras éste ha expresado e instrumentado actos que reflejan total apoyo a este sector de trabajadores lo construido es desechado por las autoridades del Seguro Social, faltando y renegando con ello al Estado de Derecho. Por ello y por justicia social esta Soberanía emite el presente exhorto a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Mexicano del Seguro Social para que de manera coordinada procedan a la entrega de lo reclamado por la Asociación referida.

Se puntualiza que el recurso requerido fue aprobado por medio de las denominadas “Adefas” (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores), concretamente se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015, por la cantidad de $ 1, 065 millones y en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, por la cantidad de $ 1, 318 millones de pesos donde se ordenó pagar a los jubilados que forman parte de la asociación precitada.

Como puede apreciarse en el documento anexo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 se asignaron recursos presupuestales para la atención a pensionados y jubilados del IMSS y del ISSSTE, incluso para el 2019 se tiene considerado un incremento presupuestario en el Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social cercano al 100 por ciento respecto del año 2018, por lo que estimamos existen la condiciones para resolver en definitiva esta justa petición.

En mérito de lo expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que esta Sexagésima Cuarta Legislatura exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que haga público a la sociedad, las razones por las cuales la asignación de 1 mil 65 millones de pesos en el Programa Presupuestario R015 del Ramo 19 “Apoyo a jubilados y pensionados del IMSS e ISSSTE” no fue aplicado para el pago de 38 días faltantes por cada año de servicio prestado a 1,707 (mil setecientos siete) jubilados de diversas categorías, así como las razones por las cuales no se aplicaron los recursos del Programa Presupuestario R023 del Ramo 19 “Adeudos con el IMSS e ISSSTE” para el cumplimiento de las obligaciones contraídas a partir del ejercicio fiscal de 2016.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que procedan al cumplimiento de los pagos adeudados a los integrantes de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados, AC “Siglo XX y Siglo XXI”, respecto al pago de 38 días de diferencia, que por concepto de prima de antigüedad se le adeuda a dicho sector social y se dé a conocer públicamente la calendarización y aplicación de los pagos correspondientes.

Notas

1 Fracción XXV del artículo 6o. de la Ley del Instituto de Seguridad para los Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado.

2 Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Y artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

4 Fracción XIX del artículo 6o. de la Ley del Instituto de Seguridad para los Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputados: Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica), Mary Carmen Bernal Martínez, Clementina Marta Dekker Gómez (rúbrica), Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica), Francisco Favela Peñuñuri (rúbrica), Alfredo Femat Bañuelos (rúbrica), Gerardo Fernández Noroña (rúbrica), Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Margarita García García, Ana Ruth García Grande (rúbrica), Hildelisa González Morales (rúbrica), Santiago González Soto (rúbrica), Óscar González Yáñez (rúbrica), Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica), Martha Huerta Hernández (rúbrica), María Roselia Jiménez Pérez (rúbrica), Claudia Elena Lastra Muñoz (rúbrica), Emilio Manzanilla Téllez (rúbrica), Maribel Martínez Ruiz (rúbrica), Teresa Marú Mejía María (rúbrica), José Luis Montalvo Luna (rúbrica), Alfredo Porras Domínguez (rúbrica), Armando Reyes Ledesma (rúbrica), Maricruz Roblero Gordillo (rúbrica), Benjamín Robles Montoya (rúbrica), Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica), Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Dionicia Vázquez García (rúbrica), Olga Juliana Elizondo Guerrera, José Luis García Duque (rúbrica), Nelly Maceda Carrera, José de la Luz Sosa Salinas (rúbrica), Luis Enrique Martínez Ventura (rúbrica), Armando Javier Zertuche Zuani.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a responder a lo solicitado por la CIDH sobre la contaminación del río Santiago, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Ana Priscila González García, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Río Santiago forma parte de una de las cuencas más importantes de México, recorre 475 kilómetros lineales, pasando por los estados de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Querétaro y estado de México, formando el sistema Lerma-Chapala-Santiago-Pacífico y es la segunda cuenca más larga de México. Anteriormente fue una cuenca que le daba vida a la zona, incluso definió los nombres de algunos municipios como es el caso de El Salto. Este río, particularmente su cascada, se consolidó hace años como un atractivo turístico y fuente de economía para los pobladores de la región.

Sin embargo, la laxa legislación, la falta de reglamentación y de sanción por parte de las autoridades correspondientes, cambiaron la realidad en el Río Santiago, pues a pesar de ser uno de los ríos más importantes de México, con el paso del tiempo se ha convertido también en el más contaminado del país, puesto que en él se vierten residuos químicos sin tratamiento especial, aguas residuales derivadas de la producción agrícola y ganadera, es decir, todo tipo de contaminantes que han dañado gravemente toda la región.

Desde hace varios años, habitantes de El Salto y Juanacatlán en el estado de Jalisco, han denunciado la fuerte contaminación que el Río Santiago padece, vecinos y activistas denuncian cómo la flora y fauna que habitan en este río son afectados por sustancias toxicas hasta ocasionar su muerte.

Dicha situación fue ignorada por varios años por las autoridades correspondientes, y lamentablemente, en el año 2008 un menor de edad cayó al río muriendo por intoxicación. Ante estos hechos, la Secretaría de Salud del estado reconoció que el menor tenía en la sangre niveles de arsénico al menos en 400 por ciento más altos que el máximo permisible, lo que le ocasionó una falla orgánica múltiple e intoxicación aguda por dicho elemento.1

Un estudio realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología de Agua (IMTA)2 encontró en el río un total de 1,090 sustancias tóxicas, productos químicos y metales de procedencia industrial, entre las sustancias destacó “ftalatos” y “fenoles” que afectan el desarrollo neuronal, así como “tolueno” una sustancia cancerígena.3 Imaginemos la ausencia absoluta de calidad de vida de los pobladores de esta zona ribereña así como la afectación significativa en la calidad del agua.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha demandado medidas urgentes, debido a que se ha comprobado que el río es un peligro para la salud de al menos 120 mil personas que viven a su alrededor, afectando la calidad de vida de los ciudadanos que habitan en su cercanía, atentando contra su derecho a la salud e incluso contra su vida. Enfermedades como el cáncer o insuficiencia renal son comunes entre las poblaciones oriundas, convirtiéndose en una problemática de salud pública.

En este sentido, el 27 de enero de 2009, la citada comisión emitió la Recomendación 1/2009 por violación de los derechos humanos a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, al agua, a la alimentación, al patrimonio, a la legalidad, a la seguridad social, al desarrollo sustentable, al trabajo, a tener una vivienda en un entorno digno, los derechos de niñas y niños a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, espiritual, moral y social, dirigida a distintos organismos del estado, así como de la federación.4 No obstante, la contaminación en el Río Santiago sigue siendo una realidad.

El 22 de agosto del 2019, en diversos medios de comunicación y notas periodísticas,5 se publicó que activistas y especialistas de la Universidad de Guadalajara en conjunto, solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la implementación de medidas cautelares por la contaminación del Río Santiago. En este sentido la CIDH solicitó al Estado mexicano información relativa al cumplimiento de las acciones para garantizar la salud de los pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago, puntualmente en los municipios de Juanacatlán y El Salto.6 Esta solicitud forma parte de las medidas cautelares para garantizar la salud de los pobladores cercanos a esta cuenca. Al ser vinculante, el Estado tiene 20 días para responder a las peticiones de información que la comisión hizo sobre los aspectos de salud de los habitantes de la zona.7

No obstante, no se conoce si por parte de alguna dependencia se dio respuesta al requerimiento de la CIDH, a pesar de ser un asunto de interés general y de urgente resolución, por lo que se considera procedente solicitar respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dé respuesta a lo solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que dé respuesta a lo solicitado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo relativo a la contaminación del Río Santiago.

Notas

1 https://www.jornada.com.mx/2008/02/14/index.php?section=estados&art icle=028n2est

2https://www.greenpeace.org/archivemexico/Global/mexico/ Docs/2012/t%c3%b3xicos/Anexo%20V.5.pdf

3 “Actualización del estudio de calidad del agua del Rio Santiago (desde su nacimiento en el lago de Chapala hasta la presa Santa Rosa) tercera etapa”. Estudio realizado por el IMTA en 2010.

4 Documento por la CDHJ a partir IV. Titulo se visualizan las recomendaciones. http://cedhj.org.mx/recomendaciones/emitidas/2009/rec0901.pdf

5 https://www.eloccidental.com.mx/local/piden-medidas-cautelares-a-la-cid h-para-el-rio-santiago-4077610.html

6 http://www.gaceta.udg.mx/G_nota1.php?id=24862

7 https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/08/24/solicita-la-cidh- al-estado-medidas-cautelares-para-vecinos-del-rio-santiago-6803.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputada Ana Priscila González García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a cumplir lo dispuesto en materia de salud mental en la LGS, a cargo de la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Elba Lorena Torrez Díaz, diputada federal del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes.

Consideraciones

I. Del Derecho a la Salud en General

La Organización Mundial de la salud (OMS) define a la salud como aquel estado de bienestar físico, mental y social de la persona, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades que limiten sus actividades .1

En el mismo tenor, dentro del marco jurídico mexicano, Ley general de la Salud establece en su artículo 1 Bis el mismo concepto de salud que considera la OMS.

La salud es un derecho humano al que todos debemos tener el acceso y es obligación del estado garantizar el acceso a este derecho tan fundamental en las personas, por tal razón la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o., párrafo cuarto, establece:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.” (Lo subrayado es propio)

Al tratarse de un derecho humano, el mismo ha sido tratado en distintos tratados internacionales con el fin de que la salud se garantice bajo los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo alguno de ellos los siguientes:

-La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que establece la obligación del Estado Parte a garantizar y asegurar el derecho a la salud.

-La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su artículo 1 establece la obligación del Estado Parte a fin de que se comprometa a respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación alguna.

De igual manera el máximo órgano impartidor de Justicia en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha emitido diferentes criterios jurisprudenciales, que aclaran la importancia y deber del Estado mexicano de garantizar el derecho a la salud, es por esto que establece lo siguiente:

“Derecho a la protección de la salud. Dimensiones individual y social.

La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente , toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional , en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras. ”2 (Lo subrayado es propio)

II. De la Salud Mental

El ser humano posee necesidades básicas para llevar una buena calidad de vida, y de acuerdo a la OMS, la calidad de vida implicaría una serie de componentes, todos ellos de carácter objetivo, que son la salud, la alimentación, la educación, el trabajo, la vivienda, la seguridad social, los vestidos, el ocio y los derechos humanos.3

Es por lo anterior, que la salud juega un papel importante para que una persona tenga una vida de calidad.

Sin embargo, la salud no sólo hace alusión sobre es el estado físico que guarda una persona, sino que también son mentales y que en ocasiones son los más difíciles de notar debido a que éstos no son visibles físicamente.

Es por lo anterior, que la definición de salud que contiene la Ley General de la Salud establece como parte de la misma el bienestar mental de la persona, definiéndola esta de la siguiente forma:

“Artículo 72. (...)

El estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y, en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación.”

Es por ello, que el Estado debe garantizar la salud mental, pues esta está englobada en el derecho a la salud.

Al respecto, la SCJN se ha manifestado respecto a la salud mental de la siguiente manera:

“Derecho a la salud mental. Debe protegerse de manera integral y ello incluye, cuando menos, el suministro de medicamentos básicos para su tratamiento .

Del análisis conjunto de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 12, numeral 2, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se desprende que el Estado mexicano se encuentra obligado a crear las condiciones que aseguren a todas las personas la asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad. Asimismo, se advierte que una cuestión fundamental e inherente a la debida protección del derecho a la salud es que los servicios se presten de manera integral, lo que implica que se debe proporcionar un tratamiento adecuado y completo. En este sentido, la debida protección del derecho a la salud incluye, cuando menos, el suministro de medicamentos básicos. Por otra parte, bajo la premisa de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte otorgan el mismo tratamiento normativo a la protección de la salud física y la mental, se puede concluir que el Estado está obligado a prestar los servicios de salud mental de manera integral y, específicamente, a suministrar los medicamentos básicos necesarios para su tratamiento .”4

En México existen personas que padecen de alguna enfermedad de salud mental, y en consecuencia el nivel de vida que llevan no es el adecuado, toda vez que necesitan algún tratamiento y sobre todo una atención especializada para tratar el padecimiento.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hubo 6 mil 557 defunciones originadas por un suicidio en el año 2017, siendo Aguascalientes la segunda más alta a nivel nacional.

En el mismo sentido, cerca del 33 por ciento de los adolescentes que integran una familia, alguna vez han tenido problemas de depresión, siendo casi el 70 por ciento de estos quienes lo padecen algunas veces al año y preocupantemente el 10 por ciento lo sufren diariamente.

Asimismo, las cifras del Inegi establecen que el 17 por ciento de las personas en México presenta al menos un trastorno mental y una de cada cuatro lo padecerá como mínimo una vez en su vida.

Del presupuesto en salud en México, durante el año 2018 sólo se destinó alrededor del 2 por ciento a la salud mental, cuando la OMS5 recomienda que se invierta entre el 5 por ciento y el 10 por ciento.

Además, el 80 por ciento del gasto en salud mental se emplea para mantener hospitales psiquiátricos, mientras que se destina muy poco a detección, prevención y rehabilitación.

Algunos problemas de salud mental como son:

-Trastornos de ansiedad
-Trastorno de pánico
-Trastorno obsesivo-compulsivo

-Fobias
-Depresión
-Trastorno bipolar

-Trastornos del estado de ánimo
-Trastornos de la alimentación
-Trastornos de la personalidad

-Trastorno de estrés post-traumático
-Trastornos psicóticos
-Esquizofrenia

Este tipo que padecen las y los mexicanos en ocasiones no tienen un control, tratamiento, terapia o algún tipo de atención médica, psiquiátrica o psicológica que atienda tal situación y en ocasiones se agrava cuando no saben que lo padecen pues nunca han recibido información que los oriente sobre su status mental.

El origen por las que surgen este tipo de problemas mentales es por los siguientes factores:

-Pobreza
-Violencia
-Desempleo
-Inseguridad

-Bajos niveles de educación
-Genética
-Estrés o ser víctima de algún tipo de abuso
-Lesiones cerebrales

-Consumo de alcohol o drogas
-Padecer una enfermedad terminal
-Farmacodependencia

La conducta de las personas que sufren alguna de estas enfermedades suele cambiar pues afecta directamente al sistema nervioso, por lo que las personas no pueden contener sus emociones, se les dificulta la retención de algún dato o suceso, y suelen aislarse en ocasiones de la sociedad y familia, lo que dificulta su auxilio médico que pueda asistirlo.

Es por ello, que la Ley General de la Salud, en su artículo 73, establece la obligación de la Secretaría de Salud, así como a sus instituciones que dependen de ella, y a las 32 entidades federativas a:

-Mediante actividades recreativas, culturales y educativas a fin de que contribuyan en la salud mental de las personas.

-Hacer mayor promoción de la salud dando a conocer a la población como prevenir un problema de salud mental.

-Realizar acciones y campañas de promoción de los derechos de las personas con problemas mentales la no discriminación a fin de favorecer el acceso oportuno de la atención.

-Respetar los derechos humanos de las personas que padecen algún problema mental.

-La detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente niñas, niños y adolescentes.

De igual forma, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 39, la Secretaría de Salud cuenta con la facultad de elaborar y conducir la política nacional de servicios médicos y coordinar los programas de servicios a la salud.

Derivado de que la salud mental no es un solo un problema de México, si no es un problema a nivel internacional, la OMS ha declarado el 10 de octubre como el “Día Mundial de la Salud Mental” , como una medida que busca concentrar la atención en la identificación, tratamiento y prevención de la población que padezca este tipo de problemas.

Siendo consciente que la prevención empieza por un mejor conocimiento, la cultura de prevención que permita conocer y comprender los signos y síntomas que alerten una enfermedad mental, se tendrá un mayor control sobre esta población.

Por lo anteriormente expuesto y alusivo al Día Mundial de la Salud Mental, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión debe sentirse comprometido con la salud y el bienestar de las y los mexicanos, por lo que esta proposición con punto de acuerdo busca que la Secretaría de Salud sume esfuerzos a fin de atender el problema de manera frontal.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a fin que de manera estratégica y oportuna se dé cumplimiento a las disposiciones en materia de salud mental consideradas en la Ley General de Salud, procurando por medio de campañas de difusión informativa y demás acciones institucionales se fortalezca y proteja la salud mental de los mexicanos.

Notas

1 Definición de salud por la OMS disponible en el siguiente sitio web: https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions

2 Tesis: 1a./J. 8/2019 (10a.) Jurisprudencia (constitucional) Décima época

3 TEVA, Inmaculada, Et al. Calidad de vida relacionada con la salud en la infección por el VIH

4 Tesis: 2a. LVIII/2019 (10a.) Tesis Aisladas (Tesis Aislada (Constitucional, Administrativa) Décima Época

5 OMS, Investing in Mental Health, 2013.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de octubre del 2019.

Diputada Elba Lorena Torres Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a ampliar la cobertura de atención y tratamiento a quienes se detecte cáncer durante la minoría de edad, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados federales Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Alfredo Antonio Gordillo Moreno y Érika Mariana Rosas Uribe, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos; 6, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En México el cáncer es la segunda causa de mortalidad infantil, según cifras de la Secretaría de Salud.

Se estima que existen anualmente entre 5 mil y 6 mil casos nuevos de cáncer en menores de 18 años, entre los que destacan principalmente las leucemias, que representan el 52 por ciento del total de los casos; linfomas el 10 por ciento y los tumores del sistema nervioso central el 10 por ciento.1

De acuerdo con las proyecciones de la Población de los municipios de México 2010-2030 del Consejo Nacional de Población (Conapo), hasta el 2018 la población de niños y adolescentes entre los 0 y los 19 años fue de 44 millones 697 mil 145, de los cuales 26 millones 493 mil 673 no cuentan con ningún tipo de seguridad social.2

Lo anterior resulta preocupante debido a que el cáncer es una enfermedad costosa que ocasiona un gasto de bolsillo considerable en la familia de los pacientes y puede condicionar, cierto grado de empobrecimiento.

Desde el año 2004, y vigente hasta la fecha, dentro de nuestro territorio contamos con el Seguro Popular, el cual fue creado para brindar protección financiera a la población no derechohabiente (es decir que no cuente con ningún otro tipo de seguro como IMSS, Issste o Pemex), mediante un esquema de aseguramiento de salud, público y voluntario, a través de la consolidación de recursos provenientes de diversas fuentes, para financiar el costo de los servicios de salud para la población que lo requiera; estos servicios incluyen medicamentos, consultas y tratamientos.

Sin embargo, su cobertura es restrictiva ya que cuenta con ciertas limitantes para acceder a los recursos, tales como la edad y el sexo, además de que no cubre todas las enfermedades.

Bajo ese orden de ideas, la Ley General de Salud establece, en el artículo 77 Bis 29, que con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del seguro popular que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá y administrará por la Federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud.

Este fondo es parte del Sistema de Protección Social en Salud y busca otorgar servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del Seguro Popular que padecen enfermedades de alto costo (en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren), que pueden poner en riesgo su vida y su patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios de salud y el financiamiento de las atenciones a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.

Un hogar con gastos catastróficos por motivos de salud se define como todo aquel que está destinando más del 30 por ciento de su capacidad de pago al financiamiento de la salud de sus miembros.3

En el gasto en salud se incluyen: el gasto de bolsillo, las contribuciones a la seguridad social y el gasto gubernamental en salud transferido a los hogares y la capacidad de pago se define como el excedente de recursos efectivos del hogar, el cual se mide descontando del gasto total de los hogares el gasto de subsistencia, medido a través del gasto en alimentación o una línea de pobreza, y el gasto en salud financiado por impuestos.

Una enfermedad considerada como gasto catastrófico es aquella enfermedad definida y priorizada por el Consejo de Salubridad General por su alto costo y los gastos que se derivan de sus tratamientos y medicamentos asociados, debido a su grado de complejidad o especialidad y la baja frecuencia con que ocurren. Por ejemplo: los cuidados intensivos neonatales, las enfermedades metabólicas, y el cáncer.

Este Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos proporciona recursos monetarios, a través de un fideicomiso, a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados en todas las entidades federativas, para la atención de 66 enfermedades que se encuentran detalladas en el Catalogo Universal de Servicios de Salud.

En materia de Cáncer Infantil para el año 2019 se tiene que el Fondo cubrirá el tratamiento de cáncer en menores de 18 años de los siguientes tipos:4

Ahora, en la práctica nos encontramos con problema a la hora de otorgar la protección y cobertura prevista. Tal como puede apreciarse el catalogo es claro a establecer que estos padecimientos que se encuentran incluidos son para menores de 18 años. Cuando los destinatarios de la protección son mayores de 18 años los tipos de cáncer que cubre el Fondo de Gastos Catastróficos son los siguientes: tumor maligno de ovario, tumor maligno de ovario epitelial, tumor maligno de ovario germinal, cáncer de próstata, tumor maligno de próstata, cáncer testicular, cáncer testicular seminoma y no seminoma, cáncer cervicouterino, cáncer cervicouterino, cáncer de endometrio, cáncer de mama, tumor maligno de colon y recto, tumor maligno de colon, tumor maligno de la unión recto-sigmoidea, tumor maligno de recto, linfoma no Hodgkin, linfoma no Hodgkin folicular , linfoma no Hodgkin difuso, cáncer de esófago, cáncer de esófago y de la simple lectura es posible inferir que existe una diferencia entre tipos de cáncer cubiertos para menores de 18 años y para mayores de 18 años.

El problema surge cuando a un paciente le es detectado cáncer siendo menor de edad, pero estando cerca de cumplir 18 años.

Son frecuentes los casos en los que el menor está recibiendo el tratamiento, pero por la longitud del mismo, se vuelve mayor de edad cuando apenas se encuentra en etapas iniciales del proceso terapéutico, lo que ocasiona que para concluirlo los familiares se vean obligados a cubrir de su propio bolsillo el costo restante, viendo mermado su patrimonio o en el peor de los casos dejando el tratamiento incompleto por la imposibilidad de cubrir los gastos que de este se derivan.

En nuestro grupo parlamentario consideramos esta situación sumamente preocupante y creemos que es necesario que se tomen medidas para no dejar en estado de incertidumbre a este sector poblacional de los pacientes.

Nuestra propuesta concreta recae en que, a través de las autoridades correspondientes, se establezca como obligatorio que una vez diagnosticado algún tipo de cáncer en menores de 18 años de los contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, en el apartado de Gastos Catastróficos, todos los gastos deberán ser cubiertos hasta que se complete el tratamiento, con independencia de la edad que tenga el paciente siempre y cuando se le siga tratando por la misma enfermedad y ésta haya sido diagnosticada siendo un niño o adolescente menor de 18 años.

En términos de los artículos 96 y 108 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, se establece que el Fondo de Gastos Catastróficos se administrará y operará por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud con base en el fideicomiso que constituya el Ejecutivo federal.5

Por su parte, el artículo 99 del mismo reglamento señala que, para la incorporación de un nuevo padecimiento al fondo, se requiere primeramente que, el Consejo de Salubridad General , lo defina como una enfermedad que genera gastos catastróficos y que, posteriormente, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud proponga su inclusión ante Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección. 6

Por su parte, los artículos 100 y 101 de dicho reglamento indican que el Consejo de Salubridad General es quien se encarga de elaborar los protocolos técnicos que definen con detalle la cobertura por tipo de atención .7

Ahora, las Reglas de Operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud tienen por objeto regular la operación del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y establecer las bases, requisitos y modalidades para el acceso a sus fondos.8

En la regla número 3, fracción I, inciso a) se señala lo siguiente:

I. La aplicación de recursos del FPGC para cubrir lo siguiente:

a) El apoyo financiero para la atención integral de intervenciones, incluyendo tratamientos, medicamentos e insumos para diagnósticos asociados a los mismos, que se consideren Gastos Catastróficos por el Consejo de Salubridad General y que el Comité Técnico determine para su apoyo financiero, que sufran principalmente los beneficiarios del Sistema, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 BIS 29 de la Ley en relación con el artículo 77 Bis 17 del mismo ordenamiento, y 95 y 96 del Reglamento.

En el mismo ordenamiento se señala que dentro de las facultades del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección se encuentran las siguientes:

Regla 19. El Comité Técnico tendrá las siguientes facultades:

I. Proponer modificaciones al Contrato;

II. Proponer y aprobar las Reglas y sus modificaciones, de conformidad con las disposiciones aplicables;

III. Autorizar los montos totales, así como las ampliaciones y modificaciones a dichos montos, por el periodo que corresponda, para realizar los apoyos financieros y pagos, con cargo al FPGC, de los supuestos a que se refiere la regla 3 fracción I del presente instrumento;

IV. Conocer de las tarifas contenidas en los tabuladores para el apoyo financiero de las Intervenciones a que se refiere la regla 3, fracción I, inciso a), previamente autorizadas por el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud;

Con base en lo anterior es que los diputados proponentes de este punto de acuerdo, creemos necesario exhortar a la Secretaria de Salud para que, en el uso de las facultades conferidas por ley, disponga que se amplíe la cobertura en los casos de cáncer en menores de 18 años con cargo al Fondo de Gastos Catastróficos hasta la conclusión del tratamiento, sin importar que se cumpla la mayoría de edad.

Cabe mencionar, que de acuerdo con los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes las tasas de Incidencia (por millón) hasta el 2017, el grupo de adolescentes entre los 15 y los 19 años tuvo la menor incidencia con 52.6,9 así que autorizar una ampliación en la cobertura no representaría una erogación tan grande en comparación con los beneficios que representa al poder garantizarle a este sector poblacional el derecho a la salud de manera integral.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud Pública para que, a través del Consejo de Salubridad General, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección, se establezca como obligatorio que una vez diagnosticado algún tipo de cáncer de los contemplados en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, en menores de 18 años, en el apartado de Gastos Catastróficos, todos los gastos deberán ser cubiertos hasta que se complete el tratamiento, con independencia de la edad que tenga el paciente siempre y cuando se le siga tratando por la misma enfermedad y ésta haya sido diagnosticada siendo un niño o adolescente menor de 18 años.

Notas

1 https://www.gob.mx/salud/articulos/cancer-infantil-en-mexico

2 https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-1 30956

3 http://www.salud.gob.mx/unidades/evaluacion/evaluacion/proteccion.pdf

4 http://www.documentos.seguro-popular.gob.mx/dgss/Anexo_I_2019_Publicaci %C3 por cientoB3n.pdf

5 Artículo. 96. El Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos se administrará y operará por la Comisión con base en el fideicomiso que constituya el Ejecutivo Federal para la administración de este fondo y de la previsión presupuestal anual.

Artículo 108. La previsión presupuestal anual se administrará y operará por la Comisión a través del fideicomiso que constituya el Ejecutivo Federal para la administración de esta previsión presupuestal y del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/compi/r050404.h tml

6 Artículo 99. Las enfermedades cuyo tratamiento es de alto costo que generan gastos catastróficos para los prestadores de servicios del Sistema son aquellas que cumplen con lo establecido en el artículo 77 Bis 29 de la Ley. Para fines del presente capítulo dichas enfermedades se denominarán gastos catastróficos.

La definición de las enfermedades, los tratamientos, los medicamentos y los materiales asociados que generan gastos catastróficos será responsabilidad exclusiva del Consejo de Salubridad General, estará sujeta a revisión y actualización periódica y considerará los criterios señalados en el artículo 77 Bis 29 de la Ley, así como los siguientes criterios:

I. Efectividad y costo. Las intervenciones y los medicamentos propuestos para gastos catastróficos deben ser costo-efectivos;

II. Peso de la enfermedad. Este criterio mide las pérdidas de salud debidas tanto a mortalidad prematura como a discapacidad en sus diferentes grados. Para identificar el peso de la enfermedad asociada a los gastos catastróficos serán considerados los siguientes factores: la mortalidad por causas y por grupos de edad, la mortalidad hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, las causas de egreso hospitalario, el número de casos registrados de la enfermedad y la discapacidad producida por la enfermedad;

III. Seguridad y eficacia. Todos los medicamentos e intervenciones propuestos para gastos catastróficos deben ser clínicamente probados. No se propondrán intervenciones o medicamentos en estudio o en proceso de investigación clínica;

IV. Aceptabilidad social. Para los gastos catastróficos se deben considerar el daño a la salud del beneficiario afectado, así como la repercusión social y familiar, especialmente cuando éstas afectan a grupos vulnerables. Los grupos vulnerables son los niños menores de cinco años, las mujeres en periodo de gestación o lactancia, los adultos mayores de sesenta y cuatro años y las personas con discapacidad;

V. Adherencia a normas éticas profesionales. Se considerarán los antecedentes éticos-médicos de las intervenciones propuestas para tratar enfermedades de alto costo que generan gastos catastróficos y no se incluirá ninguna intervención que se aparte de los códigos de ética de las profesiones de la salud, y

VI. Evolución de la enfermedad. En la definición de los gastos catastróficos, se deberán identificar las fases o etapas en que pueden encontrarse las enfermedades, así como los eventos que pueden producir altos costos en su atención.

7 Artículo 100. Los gastos catastróficos definidos por el Consejo de Salubridad General serán incluidos por la Secretaría en la cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos en forma gradual. La secuencia y alcance de estos servicios responderá a criterios de disponibilidad de los recursos del citado fondo y aquellos que determine al efecto la Secretaría de acuerdo a la Ley.

Artículo 101. Para la operación del Sistema, los gastos catastróficos que estén cubiertos por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos quedarán señalados específicamente por la Comisión en un listado independiente del listado de servicios esenciales de salud y con base en los gastos catastróficos definidos por el Consejo de Salubridad General. Dicho listado se presentará como Catálogo de intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y de cada una de ellas deberán señalarse sus efectos derivados, las intervenciones que serán cubiertas, así como los medicamentos y materiales asociados con dichas intervenciones.

8 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/489720/REGLAS_DE_OPERACI _N_2019_FIDEICOMISO.pdf

9 https://www.gob.mx/salud por ciento7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-130956

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días de octubre de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Óscar Bautista Villegas, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Lilia Villafuerte Zavala, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica) y Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a instalar por la Segob y la SHCP una mesa de diálogo y negociación con organizaciones de ex braceros para establecer los criterios de solución del adeudo económico que se tiene con ellos, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Samuel Herrera Chávez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea; la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, bajo las siguientes:

Consideraciones

El 21 de agosto de 1942 los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el Convenio Internacional de Trabajadores Temporales. El propósito de ese acuerdo fue que trabajadores mexicanos cubrieran el déficit de mano de obra en aquel país, causado por la participación de los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial.

El trabajo mexicano se canalizó a la producción de alimentos agrícolas y a la construcción de vías férreas y se calcula que durante el periodo que abarcó el acuerdo, 1942-1964, alrededor de 4.6 millones de mexicanos trabajaron como braceros en Estados Unidos.

En el citado convenio se estableció, en su cláusula quinta, que el gobierno de Estados Unidos haría una deducción del 10 por ciento en los salarios de esos trabajadores mexicanos con el objeto de crear el Fondo de Ahorro Campesino, el cual les sería devuelto a los braceros una vez que regresaran a su país.

Sin embargo, aun cuando el gobierno estadounidense envió los recursos del Fondo, en tiempo y forma, al gobierno mexicano, éste no lo entregó a los ex braceros, habiendo transcurrido ya 77 años desde el inicio del programa.

El 20 de septiembre de 2013, los ex braceros agrupados en la Coordinadora Binacional de Ex Braceros (Cobieb), interpusieron una formal queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América. Cinco años más tarde, el 7 de noviembre de 2018, tanto el Estado mexicano como los representantes de la parte denunciante fueron notificados de que aquella queja de septiembre de 2013 fue admitida para inicio de trámite, tras de lo cual la CIDH le dio al Estado mexicano un plazo de tres meses para contestar la queja interpuesta, y a la parte quejosa para seguir aportando elementos.

Con fecha 1 de febrero de 2019, la parte quejosa solicitó a la CIDH, abriera un espacio para la búsqueda de una solución por vía conciliatoria, y el 29 de abril de 2019, la CIDH notificó a las dos partes, pero en particular al Estado mexicano, que la CIDH hizo suyo el planteamiento de procurar una solución por vía conciliatoria, y se dio el término de un mes para responder si se aceptaba la vía de la búsqueda de una solución amistosa, para resolver este conflicto. Efectivamente, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunicó oficialmente a la CIDH el pasado 29 de mayo de 2019, que se aceptaba la ruta conciliatoria, para procurar una solución amistosa a este adeudo histórico de justicia. Previamente, con esa misma fecha, el subsecretario de Segob, Ricardo Peralta Saucedo, comunicó a la SRE su mejor disposición para llevar a cabo a la mayor brevedad la instalación de la mesa de diálogo y negociación respectiva con el Movimiento Unificado de Ex Braceros.

Hace ya casi cinco meses desde que se dio esa respuesta a la CIDH, y que el subsecretario Peralta Saucedo suscribió ese oficio, y la mesa de negociación no ha sido instalada.

El presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha hecho múltiples pronunciamientos públicos en solidaridad con la lucha de los trabajadores ex braceros; incluso, ya siendo presidente electo, se pronunció (en Zacatecas, 7 de octubre de 2018) por la necesidad de procurar una solución definitiva a este añejo problema de justicia.

Como se puede observar, y de acuerdo a los antecedentes descritos en los párrafos que anteceden, el Estado vulneró los derechos humanos de este sector de la población y debió haber investigado y sancionado a los responsables, además de reparar tales violaciones en los términos que establece la ley. Nuestra Constitución señala que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones y derechos ni del producto de su trabajo, sino mediante juicio.

Sin duda alguna, en este momento existe la posibilidad de diálogo para la solución de esta problemática, misma que será de trascendencia histórica, para todos los trabajadores ex braceros y sus familias.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la doctora Olga María Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, para que, en el contexto del procedimiento de la CIDH y a la mayor brevedad posible, tenga a bien instalar la mesa de negociación con una legítima representación del movimiento de ex braceros, para la construcción de común acuerdo de una propuesta de solución de fondo a este adeudo histórico de justicia.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al maestro Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, para que asigne una partida presupuestal con el objeto de cubrir el adeudo de los 28 mil 382 folios del Programa de Apoyo Social que, desde 2012, están en manos de los compañeros ex braceros y sin embargo no han sido publicados para pago en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE y el gobierno de Nuevo Laredo a renegociar el adeudo de éste por servicios de luz, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad y al presidente municipal de Nuevo Laredo a renegociar la deuda monetaria por concepto de los servicios de luz que la entidad tiene con la comisión, ante los apoyos dados a otras entidades, la alta dependencia eléctrica de la industria local y la relevancia de unas finanzas sanas para un municipio clave en el comercio exterior mexicano, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los conflictos acerca de las tarifas de luz es una problemática que muchos de nosotros hemos pensado al momento de recibir nuestros recibos. Con la entrada en operación de forma nacional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 2009, la promesa que se hizo fue la reducción de costos y una mejoría notoria de la infraestructura eléctrica del país. Este proceso generó una serie de transformaciones en diversas entidades del país, donde actividades económicas, principalmente industriales, se habían afianzado como las actividades productivas predilectas en ciertas comunidades, las cuales cuentan hoy en día con una demanda de consumo eléctrico diferente a la media del país, lo que ha derivado en problemas de financiamiento y deuda por concepto de electricidad ante el reajuste de las tarifas y el consumo en años recientes. Derivado de esta situación, se ha originado una problemática para ambas partes, tanto para la institución, como para la ciudadanía. Afortunadamente, las resoluciones y acuerdos recientes, pretenden lograr una relación más cordial entre las instituciones públicas y las comunidades afectadas. Un ejemplo de esta situación, es el caso de Tabasco, en el cual la CFE ha realizado un acuerdo con el gobierno del citado estado, mediante el acuerdo Adiós a tu Deuda, el cual tiene como objetivo condonar la deuda de 11 millones de pesos que la entidad tenía acumulada desde hace algunas décadas.

Esta medida, justa por su motivación política, pero injusta en el plano económico, representa una disparidad con otras entidades, ya que no se encuentran en igualdad de situación, de acuerdo a su nivel económico con esta clase de medidas. Los gastos que la producción de energía conlleva como proceso, nos implican a todos en la configuración de la estructura eléctrica y su correspondiente distribución de la energía a lo largo y ancho de nuestro país. Por tales motivos, se pretende poner a consideración la implementación de esta medida en otras entidades, de acorde a las necesidades regionales, parecería justo debido a la naturaleza interdependiente que las diferentes entidades municipales y estatales mantienen al ser parte de la federación.

Sobre esto, como legislador de Tamaulipas, del distrito 01, en Nuevo Laredo, exhorto a reconsiderar la deuda energética que el municipio tiene con la CFE al tener en cuenta la situación de disminución de deuda general que el estado ha venido trabajando, la disposición de la administración local para liquidar la deuda general del municipio en relación con el consumo eléctrico y la relevancia que tiene este para la manufactura mexicana y en materia de comercio exterior, ya que son dos de las principales actividades económicas que colaboran para mantener el bienestar del país.

Hoy, el municipio cuenta con una deuda bruta de cerca de 802 millones de pesos, lo que la ubica en una de las 25 entidades municipales de mayor endeudamiento en el país.

De igual manera, al situarlo en su relación proporcional con la población, ocupa uno de los primeros 25 lugares, al contar con una deuda de entre mil y dos mil pesos per cápita. Estas cifras son preocupantes, ya que es uno de los principales municipios en términos del comercio exterior mexicano, y aunque el futuro pareciera ser más alentador debido a que esta misma deuda ha ido en decremento en los últimos seis años y de manera constante, lo que muestra que las administraciones locales se han mantenido a la par de las exigencias que el desajuste económico demanda.

Es importante considerar los beneficios que este municipio aporta, ya que son puntos claves para tomar en serio la presente propuesta. La ubicación del puerto más importante de nuestro país está en (Nuevo Laredo-Laredo [Texas]), siendo así la aduana de mayor afluencia en el país, con un promedio de 27 por ciento de la actividad de comercio exterior, la cual pasa por ahí y de la cual se recaudaron aproximadamente 133 mil 702 millones, también tomando en cuenta el North American International Partnership Corridor Trade, el corredor comercial más importante de la región, dándoles un rango de importancia alto para incentivar las correspondientes negociaciones entre las autoridades pertinentes.

Aunado a esto, la historia de su relación cercana con la industria manufacturera, ya que es de tomar en cuenta, que la dependencia de energía eléctrica es mucho mayor que en otras entidades con actividades comerciales de otra índole.

Con un pasado que data de 1962, con la instalación de la primera maquiladora en México, esta actividad representa 34 por ciento del producto interno bruto que produce el municipio actualmente, por lo que la necesidad de una mejor aplicación y manejo de las finanzas, podría ir acompañada de acuerdos con las instancias gubernamentales implicadas en la sustentabilidad de zonas clave para el comercio nacional y, mediante los efectos de un apoyo inicial, posicionar a la entidad en una situación lo suficientemente favorable para que los rendimientos puedan verse reflejados en la cadena de interdependencia que tienen diversas entidades con la producción y comercio de localidades como Nuevo Laredo.

El municipio es clave para la economía nacional y que es algo relevante para obtener una condonación. Debiendo tener en cuenta la tendencia positiva en la reducción de la deuda, al igual que su posición estratégica, conjuntan los elementos voluntarios y las condiciones para hacer de esta medida, algo plausible, en beneficio del comercio exterior y el bienestar de la población de Nuevo Laredo. Así, observar la posible condonación de la deuda de luz que el municipio tiene, apoyando también una política justa y una mejor economía, al darle lugar justo a una entidad que hoy en día requiere un apoyo de esta clase para poder continuar su contribución a la economía nacional y al bienestar de la población en general.

Por ello presento ante esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad y al presidente municipal de Nuevo Laredo a renegociar la deuda monetaria por concepto de los servicios de luz que el ayuntamiento tiene con la comisión, debido a los apoyos que brinda a otras entidades, tomando en cuenta la alta necesidad de energía eléctrica de la industria local y la relevancia de una mejor aplicación financiera para un municipio clave en el comercio exterior mexicano.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad y al presidente municipal de Nuevo Laredo a entablar pláticas en torno a la renegociación de la tarifa de luz utilizada para el cobro del servicio en Nuevo Laredo, tomando en cuenta la relevancia que el municipio tiene en materia de comercio exterior y la industria maquiladora.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al director general de la Comisión Federal de Electricidad y al presidente municipal de Nuevo Laredo a entablar pláticas en torno a la implantación de programas y campañas de pago por concepto de adeudos derivados del consumo de luz, los cuales otorguen facilidades y sean flexibles con las condiciones económicas de la ciudadanía de Nuevo Laredo, tomando en cuenta la relevancia que el municipio tiene en la actividad del comercio exterior y la industria maquiladora.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a reforzar o generar una política pública nacional contra el sobrepeso y la obesidad infantil, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es loable el esfuerzo que se genera en el Poder Legislativo, al obligar al etiquetado de forma clara en los diversos productos que se ofrecen; sin embargo, dicha acción debe ir acompañada de toda una estrategia nacional de prevención y combate al sobrepeso y la obesidad.

Consecuencias de salud por la obesidad infantil para la edad temprana o adulta:

• cardiopatías;

• resistencia a la insulina (con frecuencia es un signo temprano de diabetes inminente);

• trastornos osteomusculares (especialmente artrosis, una enfermedad degenerativa muy discapacitante que afecta las articulaciones);

• algunos tipos de cáncer (endometrio, mama y colon);

• discapacidad.1

Según la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el lugar 26 entre 191 naciones en cuanto obesidad infantil. En México, el 38 por ciento de los niños y adolescentes de 5 a 19 años presentan este mal, cuando el promedio mundial es de 26 por ciento.2

Es recurrente el problema de sobrepeso, no sólo en infantes, sino en adolescentes y adultos, las cifras presentadas por autoridades y organismos no gubernamentales son alarmantes, porque se suma en cierto tiempo enfermedades cardiovasculares, trastornos óseos, algunos tipos de cáncer, colestemia e incluso diabetes.

Urge, adoptar el control de sobrepeso y obesidad con apoyo multidisciplinario, multisectorial y multigubernamental, definiendo responsabilidades y seguimiento del fenómeno.

Sobre todo por el reconocimiento de que es una responsabilidad compartida del Estado y del ciudadano, el gozar y tener buena salud, donde la educación juega un papel primordial pero no suficiente.

Para el Estado mexicano, el control y disminución de obesidad y sobrepeso, representan elevadas erogaciones del sector público y debe ser prioridad de las 32 entidades federativas, del gobierno federal y de los tres Poderes de la Unión, así como de organismos no gubernamentales, pero sobre todo de la sociedad.

Ya se han realizado esfuerzos sin mayores resultados del anterior gobierno federal, como la declaratoria de emergencia epidemiológica (EE-4-2016) por diabetes mellitus y obesidad, que realizó la Secretaría de Salud con fecha 14 de noviembre del 2016 y que fue ratificada el 15 de febrero de 2018.

Queda claro que una disposición que no pasa del documento y se traduce en acciones de las diferentes instancias de gobierno, nunca rendirá frutos. Por ello, es necesario que la Secretaría de Salud, como cabeza de sector, instruya y ejecute la política pública a ejercer en el tema.

Con las nuevas disposiciones normativas sobre activación física, la nueva Ley General de Educación y una adecuada estrategia de combate a la obesidad y sobrepeso, podremos contener a corto plazo el problema.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, el 71.2 por ciento de la población adulta de nuestro país (alrededor de 55 millones 372 mil 611 personas) padecían sobrepeso u obesidad, en tanto que el 9.2 por ciento (7 millones 154 mil 888 personas) tenían diabetes.3

Que datos del sistema nominal de información en crónicas muestran que existen 649 mil pacientes atendidos con esta condición, siendo que sólo el 16.4 por ciento se encuentra con un indice de masa corporal (IMC) por debajo de 30.4

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud del gobierno federal, para que refuerce o genere una política pública nacional, que combata el sobrepeso y la obesidad infantil, atendiendo acciones estratégicas en materia de prevención.

Notas

1 Tomado de https://www.who.int/end-childhood-obesity/facts/es/ (el 10 de octubre de 2019).

2 Tomado de https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/data-los-ninos-de-mexi co-de-los-mas-gordos-del-mundo-4295804.html/ (el 10 de octubre del 2019).

3 Tomado de https://www.gob.mx/salud/prensa/
emite-la-secretaria-de-salud-emergencia-epidemiologica-por-diabetes-mellitus-y-obesidad/ (el 10 de octubre del 2019).

4 Tomado de http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descar gas/pdf/1371.pdf (el 10 de octubre del 2019).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al IMSS a reducir los tiempos entre diagnóstico, referencia y acceso a tratamiento adecuado para pacientes con cáncer de mama, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega, en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; así como los diputados federales Ana Patricia Peralta de la Peña, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Érika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a las delegaciones estatales del IMSS a fortalecer y coordinar las acciones en los tres niveles de atención, para reducir los tiempos entre el diagnóstico, referencia y acceso a tratamiento adecuado de pacientes con cáncer de mama, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A nivel mundial, el mes de octubre es un recordatorio, para reconocer la batalla que millones de pacientes y familiares hacen frente al cáncer más común entre las mujeres y la primera causa de muerte por tumores en las mujeres mexicanas: el cáncer de mama1 y 2 Y precisamente en este mes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encarga de reforzar los programas integrales de lucha contra el cáncer de mama, dando prioridad a estrategias de prevención y detección oportuna con base en la autoexploración y la realización de la mastografía.3

En México, en 2018 se diagnosticaron más de 27 mil nuevos casos de cáncer de mama y se presentaron casi 9 mil muertes4 : es decir, cada día murieron 19 mujeres a causa de este padecimiento. Lo que resulta más preocupante es que para 2040, si no hacemos nada, Globocan5 estima que la cifra de mortalidad pudiera llegar casi al doble:

Estas cifras nos indican que en nuestro país aún falta mucho por hacer, pues a pesar de las campañas de educación y programas de prevención que se han trabajado desde diversas instancias, el cáncer de mama continúa con una alta incidencia e índices de mortalidad. De acuerdo con Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIBm) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque la incidencia del cáncer de mama en México es igual a la de Estados Unidos de América (EUA), la mortalidad entre las mexicanas es del doble, porque en EUA, 80 por ciento de las pacientes se diagnostica de manera temprana y, en nuestro país, el mismo porcentaje se diagnostica pero en etapas tardías.6

Además, los datos indican que en nuestro país, el cáncer de mama se está presentando en edades más tempranas, es decir, antes de los 50 años, cuando a nivel global generalmente se presenta después de los 60 años, esto podría deberse entre otros factores de riesgo, a una población con mayor sobrepeso y sedentarismo que produce alteraciones metabólicas y hormonales, y bajo esta condición es en la que se puede desarrollar el tumor,7 Esto quiere decir que las mujeres más afectadas se encuentran entre los 40 y 59 años, en la edad de mayor productividad de las personas, aunque es de destacar que cada vez más aumente el caso de mujeres jóvenes entre los 20 y 40 años, incluso antes de los 19. Que el cáncer de mama se esté dando en estas edades más tempranas, no sólo afecta a la mujer que lo padece sino a familias enteras.

Sin embargo, no debemos perder de vista que existen diversos tipos de tumores de cáncer de mama, que pueden representar una variedad de afectaciones. Entre estos tipos de tumores, podemos apreciar que la mayoría se refiere a carcinomas, es decir, tumores que se originan en las células epiteliales. Los de mayor incidencia de acuerdo a la American Cancer Society son: carcinoma ductal in situ , el carcinoma ductal invasivo, y el carcinoma lobulillar invasivo.8 En la siguiente tabla se pueden apreciar los diversos tipos de cáncer que existen, así como sus características:

Con tan amplia variedad de tumores no queda duda que necesitamos de un tratamiento integral, personalizado y multidisciplinario, y mientras mayor sea el grado de especificidad, mejor será la elección del tratamiento. Para esto, existe un abanico de posibilidades que van desde la cirugía y radioterapia en cualquiera de sus tres modalidades (neoadyuvante, adyuvante y paliativa) y el tratamiento sistémico que incluye la quimioterapia, la terapia endocrina y la terapia dirigida a blancos moleculares.10

Si querernos ofrecer como Estado un cambio en la vida de las pacientes, debemos pensar en mejores terapias de innovación, pues nos permitirá contar con opciones de terapias dirigidas, esto es, terapias que permiten atacar las células cancerígenas de acuerdo al mecanismo de acción de cada paciente. La posibilidad de contar con tratamiento personalizado permite mejorar la calidad y expectativa de vida.

Los esfuerzos por combatir esta enfermedad se implementaron desde 1994, en la primera norma oficial mexicana, que estuvo dedicada al diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino y de mama. Para 2011, se separó en dos temas con particularidades, por lo que quedó como NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.11

Para 2019, el Programa Nacional de Normalización estableció que de nueva cuenta se conjuntarán las normas relativas al cáncer de mama y al cáncer cérvicouterino (NOM- 014-SSA2-1994 y la NOM-041-SSA2-2011), con la justificación de unificar los criterios de prevención y control, para que los servicios de salud cuenten con las herramientas necesarias desde el punto de vista legal y administrativo. Sin embargo, aún no se cuenta con algún tipo de información oficial sobre la fecha de su publicación.

En este mismo contexto, desde 2018 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la construcción de 10 clínicas contra el cáncer de mama con el objetivo de que acortarían los tiempos en la atención a las derechohabientes , pasando de ocho meses a 21 días, combatiendo así la alta tasa de mortalidad. De acuerdo con el IMSS, el objetivo es que partir de la primera atención, la paciente recibirá el resultado de las pruebas de detección y en caso de que haya sospecha de algún tumor, se dará seguimiento con un estudio que de resultar compatible con cáncer, se enviará a un hospital de especialidad. Sin embargo, los testimoniales de pacientes han declarado que esos tiempos y metas establecidas están muy lejos de ser la realidad que viven.

A pesar de que el tratamiento de cáncer de mama se encuentra incluido en todas las instituciones de seguridad social y de Seguro Popular para población sin derechohabiencia, de acuerdo con los datos recopilados por una encuesta de la sociedad civil,12 las familias en las diferentes entidades de la República, señalaron que han tenido que comprar medicamentos para el tratamiento de cáncer de mama, lo que confirma la brecha que debemos cerrar para traer bienestar a toda la sociedad.

La fragmentación del sistema de salud también fragmenta el tipo de atención que las pacientes reciben. Ante el reto de transformación hacia la universalización que enfrenta el Sistema de Salud, es necesario que el Instituto Mexicano del Seguro Social atienda estas brechas, que otros subsistemas de salud ya están logrando. Pacientes que se atienden vía el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos o en el ISSSTE, tienen acceso a mejores terapias que las derechohabientes del IMSS. Incluso hay coincidencia en que el mejor esquema de tratamiento en México para cáncer de mama, es el que cubre actualmente el Seguro Popular, el cual contiene el catálogo de tratamientos de mayor beneficio para cada tipo de cáncer de mama que se está diagnosticando.

Todas las instituciones, pero en particular el IMSS, deben emprender acciones de coordinación y de resultados inmediatos para acortar los tiempos entre el diagnóstico, la pronta referencia y el acceso a la atención adecuada, brindando siempre atención con tratamientos de calidad y calidez. De esa manera podremos generar un verdadero resultado en disminución de la prevalencia y mortalidad por cáncer de mama en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, y a las delegaciones estatales del mismo instituto, a fortalecer las acciones en los tres niveles de atención, para reducir los tiempos entre el diagnóstico, referencia y pronto acceso a tratamiento adecuado y de calidad, para pacientes con los distintos tipos cáncer de mama, promoviendo un trato digno y humano de derechohabientes, y el uso de los mejores tratamientos, haciendo así un uso más efectivo del presupuesto.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que informe sobre el estatus del proceso de actualización y conjunción de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-014-SSA2-1994 Para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino y la NOM-041-SSA2-2011, Para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama, tal como se dio a conocer en el Programa Nacional de Normalización 2019.

Notas

1 UNAM. (2018). La Mortalidad por Cáncer de Mama Aumenta en México. Recuperado de

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_677.html el 25 de septiembre de 2019.

2 El Cáncer de Mama se presenta cuando las células en el seno comienzan a crecer en forma descontrolada. Estas células normalmente forman un tumor que a menudo se puede observar en una radiografía o se puede palpar como una protuberancia (masa o bulto). El tumor es maligno (cáncer) si las células pueden crecer penetrando (invadiendo) los tejidos circundantes o propagándose (metástasis) a áreas distantes del cuerpo.

3 IMSS. (2018). Cáncer de Mama. Recuperado de
http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-mama el 25 de septiembre de 2019.

4 GloboCan. (2018). Cáncer de Mama en México. Recuperado de https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/484-mexico-fact-s heets.pdf


e1 25 de septiembre de 2019.

5 GloboCan. (2018). Cáncer de Mama en México en 2014. Recuperado de

https://gco.iarc.fr/tomorrow/graphic­bar?type=l&poplllation=900&mode=
poplllation&sex=2&cancer=39&agegroup=value&apc male=0&apc_female=0 el 25 de septiembre de 2019.

6 UNAM. (2018). La Mortalidad por Cáncer de Mama Aumenta en México. Recuperado de

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_677.html el 25 de septiembre de 2019.

7 Ídem.

8 American Cancer Society (s.f.) Tipos de Cáncer de Seno. Recuperado de https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-seno/comprension-de-un-diagn ostico-de-cancer-de-seno/tipos-de-cancer-de-seno.html el 2 de octubre de 2019.

9 Hablemos de Cáncer de Mama. (2011). Recuperado de http://www.seom.org/seomcms/images/stories/recursos/infopublico/publica ciones/HABLEMOS_CANCER_MAMA.pdf el 25 de septiembre de 2019.

10 OncoGuía (2011). Cáncer de mama Recuperado de
http://incan-mexico.org/revistainvestiga/elementos/documentosPortada/1327324685.pdf el 25 de septiembre de 2019.

11 Programa Nacional de Normalización 2019. Recuperado de
http://www.dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=5558575&fecha=26/04/2019el25 de septiembre de 2019.

12 En 2018, Salvati, AC a través de la campaña “Paciente Tu Voz, realizó 500 encuestas en las 5 entidades federativas de mayor prevalencia de cáncer de mama: Ciudad de México, estado de México, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, con el objetivo de evaluar tiempos de diagnóstico, conocimiento de la enfermedad, y disponibilidad de insumos y medicamentos en Seguro Popular (SP), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, José Ricardo Gallardo Cardona, Lilia Villafuerte Zavala, Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar al Consejo de la Judicatura de Tabasco a investigar si hubo alguna irregularidad en las medidas de protección o atención urgente en el juicio penal por violencia familiar cuya audiencia debía celebrarse el 26 de septiembre de 2019, a cargo de la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución. Lo anterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El 26 de septiembre de 2019, aproximadamente a las 10:00 horas, dentro de las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Tabasco, la ciudadana Ana María N, fue agredida por José Roberto N, quien era su expareja. Los hechos sucedieron cuando ambos esperaban el inicio de la audiencia intermedia relativa al juicio de violencia familiar, José Roberto N burló el cerco de la policía procesal, se acercó a ella e iniciaron un breve diálogo, inmediatamente después intempestivamente sacó un cuchillo que llevaba escondido dentro de una carpeta y la hirió, provocándole once lesiones con el arma punzocortante.

Ante estos acontecimientos, el Poder Judicial del Estado de Tabasco emitió un comunicado, del cual destacan las siguientes precisiones:

“El Poder Judicial ha demostrado su compromiso con acciones afirmativas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, tal como establece la Convención Interamericana de Belem do Pará. Cualquier agresión contra el género femenino significa una agresión contra la sociedad, vivimos en un estado de derecho y las desavenencias deben ser procesadas en el marco que nos da la ley.

Lamentamos profundamente estos hechos que muestran el nivel de descomposición que presenta nuestra sociedad.

Reiteramos nuestro compromiso con la aplicación irrestricta de la ley y garantizamos a los tabasqueños la acción punitiva del Estado bajo las garantías que nos proporcionan la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Este es un llamado a la conciencia de todos como sociedad y también el momento de ratificar nuestro compromiso para preservar, el debido proceso legal, la reparación del daño para las víctimas y la construcción de una sociedad de paz que tanto requiere México”.

Segunda. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce como deberes de protección del Estado el prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos que emanen de ella, así como de aquellos reconocidos en los instrumentos internacionales (artículo 1o. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, CPEUM). Es decir, el Estado implica deberes de protección a los derechos humanos, por lo que el derecho humano a vivir en un entorno libre de violencia, conlleva a una serie de obligaciones, como lo son prevenir, atender y erradicar la violencia familiar.

La Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación ha resuelto que “a pesar de que el derecho a vivir en un entorno familiar libre de violencia no está expresamente reconocido en la Constitución general, el mismo puede entenderse como un derecho fundamental, al derivar de la protección que merecen el derecho a la vida, a la salud, a la dignidad de las personas, a la igualdad y al establecimiento de condiciones para el desarrollo personal, reconocidos en los artículos 1o., 4o. y 29o. de la Constitución.”

Tercera. La Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (1994) , ratificada por nuestro país, define a la violencia como: cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como el privado. Además, en el artículo 7, incisos b), c) y d) establece que los estados parte deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas de acuerdo al caso; y adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad.

En el mismo sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos , en los casos de violencia contra las mujeres, ha señalado que las autoridades estatales deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia . Estas medidas incluyen un adecuado marco jurídico de protección, una aplicación efectiva del mismo y políticas de prevención y prácticas para actuar eficazmente ante las denuncias. De la misma manera se debe exigir que se dicten medidas urgentes en aquellos casos en que esté en riesgo la integridad y salud de las víctimas.

En este sentido, también establece que la investigación es crucial en casos de violencia contra las mujeres y afirma que “no se puede sobrestimar la importancia de una debida investigación, ya que las fallas a ese respecto suelen impedir u obstaculizar ulteriores esfuerzos tendientes a identificar, procesar y castigar a los responsables.

Cuarta. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que las órdenes de protección pueden ser: de emergencia, preventivas, y de naturaleza civil.

El artículo 40, de la Ley General de Víctimas establece que “cuando la víctima se encuentre amenazada en su integridad personal o en su vida o existan razones fundadas para pensar que estos derechos están en riesgo, en razón del delito o de la violación de derechos humanos sufrida, las autoridades de acuerdo con sus competencias y capacidades adoptarán, con carácter inmediato, las medidas que sean necesarias para evitar que la víctima sufra alguna lesión o daño.”

El artículo 41 del mismo ordenamiento obliga a que “las medidas adoptadas deberán ser acordes con la amenaza que tratan de conjurar y deberán tener en cuenta la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas, así como respetar, en todos los casos, su dignidad.”

Además, Código Penal del Estado de Tabasco, en el artículo 208 Bis 2, establece que el Ministerio Público exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para la víctima y acordará o solicitará al juez, según el caso, las medidas precautorias necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma, lo cual incluirá recurrir a la policía para que brinde protección a la víctima. La autoridad que corresponda vigilará el cumplimiento de estas medidas. Al servidor público que incumpla con lo establecido en el párrafo anterior se le impondrá sanción de treinta a cuarenta días de multa.

Por si fuera poco, la propia Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia regula las órdenes de protección, la cuales pueden según su artículo 25: de emergencia: y preventivas, como lo son de conformidad con la misma ley: “Retención y guarda de cualquier objeto, que sea propiedad o no del agresor y que pudiera ser utilizado como arma por éste para amenazar o lesionar a la víctima , independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad en la materia.” Además de otorgar las órdenes emergentes y preventivas previstas para garantizar la seguridad de la víctima.

Quinto. Los hechos sucedidos el 26 de septiembre de 2019, son muestra de que el Poder Judicial ha sido omiso ante los supuestos establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además, de ser un ejemplo más de la necesidad de contar con recursos efectivos como requisito para el acceso a la justicia de las mujeres.

En este caso no se tomó en cuenta el interés superior de la víctima, ya que aun y cuando el marco jurídico del estado de Tabasco, contempla en su legislación las medidas de protección y prevé el supuesto de la urgente aplicación de las mismas , no se logró proteger a la víctima, ya que el agresor ingresara a la sala de juicios orales, audiencia intermedia sin la vigilancia y revisión adecuada, vulnerando el derecho de la víctima a la integridad física y a la salud.

Sexta . La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco , establece en el artículo 47, fracción XV , que dentro de las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, está ordenar a la visitaduría judicial, las visitas periódicas a los juzgados, para observar la conducta y desempeño del personas, recibiendo las quejas y denuncias que hubiese en contra de ellos. Ejercer las atribuciones que señala esta ley, así como practicar las visitas especiales o extraordinarias que le solicite el pleno del tribunal, dándole cuenta oportuna, en ambos casos, de sus resultados.

Es por lo anteriormente expuesto que someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco, para que de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 47, fracción XV, investigue si existió alguna irregularidad en las medidas de protección o atención urgente en el juicio penal por el delito de violencia familiar, cuya audiencia debía celebrarse el 26 de septiembre de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y la SHCP a fortalecer los controles de calidad en las importaciones de tractocamiones, y vehículos pesados y especiales provenientes de EUA, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, y a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fortalecer los controles de calidad en las importaciones de tractocamiones, vehículos pesados y especiales, nuevos o usados, provenientes de los Estados Unidos de América, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El posicionamiento de México como una potencia productiva y de elaboración de bienes es innegable. Ocupando el octavo lugar a nivel mundial dentro de la industria manufacturera1 en 2018, la producción en este rubro representó el 20% del PIB2 nacional, demostrando su consolidación como la actividad productiva protagonista de México a partir de la crisis económica mundial de 2008. Mediante la cristalización de las cadenas productivas y el establecimiento de rutas comerciales regionales, la competitividad de nuestro país tiene un techo potencial muy amplio ante la existencia de múltiples tratados de libre comercio con diversos países y regiones del mundo.

Dentro del sector productivo, la industria automotriz se ubica como una de las primeras dos (en conjunto con la industria alimentaria) en el sector de exportaciones3 mexicanas. En el primer cuatrimestre de 2019, el envío al extranjero de vehículos pesados producidos en México creció 32.83% en contraste con cifras del año anterior.4 Dicho incremento ha otorgado las condiciones necesarias para mantener la balanza positiva y procurar el crecimiento constante ante las demandas del sector.

El caso específico de los autobuses, camiones de carga y las unidades especiales, sigue siendo llamativo. Para 2017, México logró aumentar en un 7.6% sus exportaciones globales de vehículos pesados5 (114, 251 unidades). Tan solo con relación a los Estados Unidos, socios regionales, México registra superávits de exportaciones de estas unidades por 29,172 millones de dólares en camiones, autobuses y vehículos especiales, y de 26,207 millones de dólares en autopartes.6 Desde un punto de vista histórico, la relación comercial en este sector con los Estados Unidos ha sido bastante benéfica para nuestra nación. De 2008 a 2017, la venta de camiones, autobuses y vehículos estadounidense incrementaron en un 261.7%, llegando a registrar beneficios por 30,443 millones de dólares.7 Esto se ve reflejado en la posición que ocupa nuestro país vecino respecto a estas exportaciones, ya que se encuentra situado en el primer lugar en la importación de dichos bienes, donde recibe un 90% de la producción que se exporta desde nuestra nación.8

Sobre estos datos, suponer la producción y venta interna de estas unidades a transportistas nacionales parecería ser una actividad próspera y cotidiana, pero la realidad apunta a un hecho que pareciera ser contradictorio, el cual opera y tiene incidencia en múltiples cauces.

Hasta mediados de 2018, por cada 100 tractocamiones que se vendían en nuestro país, 38 eran usados9 y de importación. De estos, las importaciones de vehículos pesados y refacciones promedian una antigüedad de 17 años en unidades y piezas,10 siendo el mercado estadounidense el lugar predilecto para la obtención de estas mercancías.

Esta situación denota un problema entre la producción, el control de las importaciones y el consumo interno. A pesar de tener números productivos positivos, la incapacidad de situar la producción local en el mercado local implica que los costos para ello son inaccesibles o poco convenientes para la población consumidora en México. La falta de incentivos y recursos para la adquisición de unidades nuevas ha orillado a los consumidores a buscar mejores opciones para realizar su labor diaria. Ante tal escenario, la importación ha ido en aumento, causando consecuencias no pensadas debido a la falta de un control aduanero con proyección hacia la innovación y el cuidado del ambiente.

Muchas de estas unidades, al tener una antigüedad de casi dos décadas, estaban sujetas a estándares de calidad muy distintos a los actuales. Contaminantes y de mayor consumo en Diesel, estas unidades operan con regularidad en caminos nacionales, provocando daños al ambiente, mayores consumos de energéticos y, por lo tanto, mayores costos para afrontar la coyuntura ambiental y la edificación de un mercado local, aspectos de importancia para el desarrollo y bienestar nacional e internacional.

Igualmente, en su uso, las unidades terrestres son sumamente relevantes. El transporte por camiones, tractocamiones y unidades especiales representa el 60% de las importaciones totales en nuestro país.11 Con la reconfiguración que presentarán las cadenas productivas con la firma del T-MEC, tener unidades de origen y uso nacional o de importación nuevos, se empalma con la pretensión federal de establecer una red carretera de alta calidad para así poder conformar un sistema de transporte comercial que nos mantenga como un país competitivo y estar a la altura del reto para consolidar un mercado regional eficaz y altamente productivo para todas las partes.

Por lo antes expuesto, presento ante esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, y a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para fortalecer los controles de calidad en las importaciones de tractocamiones, vehículos pesados y especiales, nuevos o usados, provenientes de los Estados Unidos de América.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a Graciela Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía, y a Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para incentivar el mercado de tractocamiones, vehículos pesados y especiales, nuevos, en favor de renovar el parque vehicula de tractocamiones con el objetivo de cumplir con los más altos estándares de calidad, apegados a las demandas de tratados comerciales como el T-MEC.

Notas

1 Alejandro Medina. (2017). México podría convertirse potencia en manufactura en 2018, 9 de septiembre de 2019, de Forbes. Sitio web: https://www.forbes.com.mx/mexico-convertirse-potencia-manufactura-2018/

2 Ídem

3 Rubén Migueles. (2018). Alimentos y transporte dan empuje a las manufacturas, 9 de septiembre de 2019, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/alimentos-y-transporte-dan-empuj e-las-manufacturas

4 http://t21.com.mx/terrestre/2019/06/24/beneficia-demanda-eu-exportacion es-vehiculos-pesados-anpact

5 Lilia González. (2018). Exportación de vehículos pesados creció 7.6% en 2017, 9 de septiembre de 2019, de El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportacion-de-vehiculos-pesad os-crecio-7.6-en-2017-20180227-0068.html

6 Roberto Morales. (2018). Camiones, los más dinámicos en envíos automotores, 9 de septiembre de 2019, de El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Camiones-los-mas-dinamicos-en- envios-automotores-20180208-0154.html

7 Ibídem

8 Lilia González. (2018). Exportación de vehículos pesados creció 7.6% en 2017, 9 de septiembre de 2019, de El Economista. Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportacion-de-vehiculos-pesad os-crecio-7.6-en-2017-20180227-0068.html

9 Xanath Lastiri. (2018). “Porosidad” en aduanas aumenta importación de tractos usados, 9 de septiembre de 2019, de T21. Sitio web: http://t21.com.mx/terrestre/2018/07/25/porosidad-aduanas-aumenta-import acion-tractos-usados usados

10 Miguel Elizalde. (2014). Caminos nuevos, camiones viejos, 9 de septiembre de 2019, de Forbes. Sitio web: https://www.forbes.com.mx/caminos-nuevos-camiones-viejos/

11 Banco Nacional de Comercio Exterior. (2016). Sectorial: Transporte y Logística, 9 de septiembre de 2019, de Banco Nacional de Comercio Exterior. Sitio web: https://www.bancomext.com/wp-content/uploads/2015/08/Logistica_1er_Info rme_2015.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Cofepris a analizar y, en su caso clarificar, el riesgo de la venta de ranitidina oral para adulto, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Un problema de salud recurrente, son los que tienen que ver con problemas gástricos; para ello, la ranitidina ha servido en la disminución de ácidos estomacales, el contenido de cada tableta, es clorhidrato de ranitidina equivalente a 150 y 300 miligramos de ranitidina base.

La ranitidina se usa para tratar úlceras; reflujo gastroesofágico, una condición en la que el reflujo del ácido del estómago provoca pirosis (calor estomacal) y lesiones en el tubo alimenticio (esófago); y en aquellas condiciones en las que el estómago produce demasiado ácido, como el síndrome de Zollinger-Ellison. La ranitidina que se vende sin prescripción médica se usa para prevenir y tratar los síntomas de la pirosis, también conocida como acidez, asociada con indigestión ácida y con un sabor agrio en la garganta o la boca. La ranitidina pertenece a una clase de medicamentos llamados bloqueadores H2. Reduce la cantidad de ácido producido en el estómago.1

La ranitidina está indicada para:

• Tratamientos cortos de úlcera duodenal activa durante 4 semanas.

• Terapia de mantenimiento para pacientes con úlcera duodenal después del periodo agudo a dosis menores.

• En el tratamiento de hipersecreción patológica (síndrome Zollinger-Ellison y mastocitosis sistémica).

• En úlcera gástrica activa para tratamientos cortos y después para terapia de mantenimiento por periodos de 6 semanas.

• En el tratamiento del síndrome de reflujo gastroesofágico.

• En esofagitis erosiva diagnosticada por endoscopia.2

Sin embargo, recientemente se encontró impureza de nitrosamina conocida como N-nitrosodimetilamina, o NDMA y, se ha clasificado como un probable carcinógeno humano, según las pruebas de laboratorio, y esta no es la primera vez que se detecta en un medicamento común.

Desde el año pasado, la Dirección de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA por sus siglas en inglés) ha estado investigando NDMA y otras impurezas en los medicamentos para la presión arterial y la insuficiencia cardíaca conocidos como bloqueadores de los receptores de angiotensina o BRA. Se han lanzado numerosos retiros del mercado a medida que la FDA encontró “niveles inaceptables” de nitrosaminas en varios de esos medicamentos comunes que contienen valsartán.

Un estudio publicado el año pasado en la revista médica BMJ no encontró un “riesgo general de cáncer a corto plazo notablemente aumentado” entre los usuarios de los medicamentos valsartán contaminados con NDMA. Sin embargo, ese estudio también señaló que se necesita investigación sobre el riesgo de cáncer a largo plazo.3

De esta forma, la cadena de farmacias de nombre CVS, que es la más grande de Estados Unidos de América, señalo que suspendería la venta de Zantac y medicamentos genéricos que contienen ranitidina hasta nuevo aviso, ya que la Dirección de Alimentos y Medicamentos de EU conoció sobre las impurezas a bajos niveles que contienen varios medicamentos que contienen ranitidina.

En España ya han sido retirados del mercado todos las presentaciones orales de ranitidina como medida preventiva:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada del mercado, como medida preventiva, de todos los medicamentos orales que contienen ranitidina (principio activo que se utiliza para reducir la producción de ácido en el estómago) por la detección de nitrosaminas, un probable carcinógeno.

El pasado 13 de septiembre la AEMPS, dependiente del Ministerio de Sanidad, informó del inicio, a nivel europeo, de una revisión de los medicamentos orales que contienen ranitidina por la detección de N-Nitrosodimetilamina (NDMA) en algunos de ellos.

Ahora la AEMPS ha ordenado la retirada de todos los lotes de ranitidina en comprimidos disponibles en el mercado, correspondientes a 16 compañías farmacéuticas. La alerta afecta a un total de 34 medicamentos. La lista puede consultarse aquí.

Se trata de medicamentos de “marca blanca” comercializados con el nombre de ranitidina más el del laboratorio, además de otros como Alquen, Ardoral, Zantac y Terposen.

Los medicamentos con ranitidina intravenosa permanecen en el mercado y no son objeto de retirada, al ser esenciales en algunas indicaciones terapéuticas.

Con los datos disponibles, no hay evidencia de que la presencia de esta sustancia haya podido producir daño alguno a los pacientes que han consumido el medicamento. La AEMPS recomienda no interrumpir el tratamiento sin consultar con el médico e informa de que existen en el mercado medicamentos, con otros principios activos, que tienen las mismas indicaciones terapéuticas, entre ellos, omeprazol, pantoprazol o lansoprazol, o la famotidina.4

En Panamá y República Dominicana, los ministerios de Salud, también retiraron del mercado en recientes días, todas las presentaciones orales de la Ranitidina, no así las inyectables y pediátricas.

En México, la Cofepris ya emitió una alerta sobre el riesgo que conlleva el consumo de ranitidina:

Ciudad de México. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta por la posible presencia de la impureza N-nitrosodimetilamina (NDMA) contenida en el principio activo de la ranitidina.

La N-nitrosodimetilamina en concentraciones por encima del límite considerado seguro y durante largos periodos de exposición, puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer, señala.

La Cofepris aclaró que no cuenta con evidencia suficiente para sugerir la suspensión de los tratamientos con ranitidina. Además, la suspensión supondría un riesgo de una exposición mayor de NDMA.

Agregó que en México se cuenta con otras alternativas de tratamiento autorizadas por la Cofepris para los mismos usos de la ranitidina, por lo que recomendó consultar al médico sobre estas otras opciones.

En un comunicado, indicó que esta alerta sobre la NDMA se tomó de la colaboración con las Agencias Regulatorias Internacionales miembros del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica (PIC, por sus siglas en inglés) y con la Red Latinoamericana de Farmacovigilancia.

El principio activo de la ranitidina se utiliza principalmente para reducir la producción de ácido en el estómago.5

Dicha medida, puede no ser suficiente y debe analizarse si ya existen consecuencias del uso de ranitidina en pacientes, por lo que, resulta necesario hacer un análisis profundo para conocer si es positivo y preventivo, el retiro de la ranitidina en presentación de tableta oral.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que analice y, en su caso, clarifique el riesgo o suspenda la venta de la presentación oral de ranitidina para adulto.

Notas

1 Tomado de
https://medlineplus.gov/spanish/druginfo/meds/a601106-es.html el 11 de octubre del 2019.

2 Tomado de
http://www.facmed.unam.mx/bmnd/gi_2k8/prods/PRODS/Ranitidina.htm el 11 de octubre del 2019.

3 Tomado de https://cnnespanol.cnn.com/2019/10/01/cvs-retira-zantac-y-medicamentos- similares-para-la-acidez-estomacal-por-preocupaciones-por-el-cancer/ el 11 de octubre del 2019.

4 Tomado de http://www.rtve.es/noticias/20191002/sanidad-retira-todos-farmacos-oral es-ranitidina-detectar-posible-carcinogeno/1980523.shtml el 11 de octubre del 2019.

5 Tomado de https://www.proceso.com.mx/602251/alerta-la-cofepris-sobre-posible-elem ento-cancerigeno-en-ranitidina el 11 de octubre del 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al INAH a revisar y hacer pública la información sobre el permiso otorgado a Gaya Sinergia Constructiva, SA de CV, a fin de ejecutar el proyecto Barrio de Santiago, Querétaro, a cargo de la diputada Beatriz Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Beatriz Robles Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El acueducto localizado en la ciudad de Santiago Querétaro, es considerado una de las obras hidráulicas urbanas más importantes del siglo XVII; símbolo y orgullo del Estado de Querétaro. Su construcción inicio en el año de 1726 y tomo nueve años para ser terminada.1

Según cuentan, la construcción del acueducto derivo de una petición de las monjas capuchinas que le pidieron su apoyo para el abasto de agua a Juan Antonio de Urrutia y Arana, Marqués de la Villa del Villar del Águila, quién buscó en los alrededores de Querétaro la fuente que había de surtir el preciado líquido. Examinados diversos manantiales, encontró que el más adecuado, por estar su nivel a conveniente altura en relación con el de la ciudad, era el llamado Ojo de Agua del Capulín, por un árbol de ese nombre que ahí estaba, en el poblado de la Cañada. Al principio no era muy grande el caudal de agua que entonces rendía, siendo solamente de un surco; pero después, gracias a las obras que emprendió el Marqués, se aumentó la corriente a cuatro mil pajas, cantidad equivalente más o menos a treinta litros por segundo.

Hoy es el mejor espacio recreativo, se compone por 74 arcos de roca que alcanzan una altura de 23 metros y más de un kilómetro de longitud. Está hecho de cantera rosa y mampostería en la alberca de captación y la arquería.2

En el siglo XX, el crecimiento de la ciudad envolvió al acueducto y en su eje, corre hoy la calzada de los Arcos. La Avenida Bernardo Quintana, cruza debajo de los arcos 25, 26, 28 y 29; la excavación del paso vehicular subterráneo de los arcos 26 y 28 fue en la década de 1970.

La Avenida 20 de noviembre la cruza en los arcos 67 y 68. Hay retornos en los arcos 7, 44 y 54. El último arco, el que se desvía, cruza sobre la misma Calzada de los Arcos, la cual continúa y cambia de nombre a Zaragoza.

El acueducto se ha convertido en gran atractivo turístico y diariamente cientos de personas lo visitan, se destaca entre las obras que dieron lugar a que fuera nombrada la ciudad de Santiago de Querétaro, como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1997, por la UNESCO, al considerarla una majestuosa obra arquitectónica y un trabajo destacado de la ingeniería hidráulica de aquellos años.3

Es de resaltar, que la inscripción de un bien cultural en la afamada lista de la UNESCO, con lleva más que beneficios, responsabilidades y compromisos por parte de los países, pero sobre todo las autoridades para conservarlos.

Segunda. Ha trascendido la preocupación y la alerta de los colonos de la zona de la antigua Hacienda de Carretas y Bosques de Acueducto; así como, de diversas organizaciones y asociaciones periodísticas, ambientalistas, artísticas y de defensores del patrimonio cultural, ante la construcción del proyecto llamado “Barrio Santiago”, que cuenta con una inversión de mil quinientos millones de pesos y que constará de una zona comercial, departamentos, hotel de alta gama, y varios restaurantes, incluye dos torres y un plan de terraceo de 19 metros de altura, el cual se edifica a un costado de los Arcos que conforman el acueducto, símbolo emblemático de la Ciudad de Querétaro.4

El proyecto está a cargo de la empresa Gaya Sinergia Constructiva, SA de CV, y se encuentra en la fase de excavación y construcción del estacionamiento, que ha originado la remoción de miles y miles de toneladas de tierra que, ante la cercanía al monumento histórico, considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad, se pone en riego su conservación y en peligro su estructura. Lo anterior, se deriva de las diversas denuncias ciudadanas, que han alertado del hundimiento que ha sufriendo la carpeta asfáltica y del socavón que apareció sobre la calzada de los Arcos durante el mes de septiembre.5

Es de resaltar, que fue durante la administración municipal de 2015-2018, cuando se autorizó una modificación al Plan de Desarrollo Urbano de la Zona de monumentos y Barrios Tradicionales, que define los usos de suelo, las políticas y estrategias para garantizar, supuestamente la conservación de la estructura urbana que sustenta el patrimonio cultural y edificado del Perímetro A, de la zona de Monumentos Históricos de la Ciudad de Querétaro.6

Con esta reforma, se modificó el uso de suelo y se autorizó la construcción de edificios más altos en la zona de los Arcos, contrario a las “recomendaciones para la Conservación de los Bienes Culturales que la Ejecución de Obras Públicas o Privadas pueda poner en Peligro”, formuladas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.7

La obra inicio en julio de 2015, con la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que continua sin interrupción hasta la fecha, requiere que sea revisada y revalorada por las nuevas autoridades del INAH, para conocer, si durante la administración anterior, se realizaron los estudios requeridos para determinar la factibilidad del proyecto “Barrio de Santiago” y, si el consorcio cumplió con los requisitos para que se le expidiera la autorización; además, de comprobar que no existe ningún riesgo en la conservación y estabilidad de la estructura del acueducto, patrimonio histórico del Estado de Querétaro y de la Humanidad.

Asimismo, es necesario que la autoridad estatal, como municipal de Estado de Querétaro, soliciten a las agrupaciones y asociaciones de Arquitectos e Ingenieros especializados a que realicen los estudios necesarios, para que se compruebe que no existe riego alguno, en la conservación y en la estabilidad de la estructura de los arcos del acueducto, derivado de los hundimientos, que ha sufriendo la carpeta asfáltica y del socavón que apareció sobre la calzada de los Arcos del Estado de Querétaro, para tranquilidad de los colonos de la zona antigua de Hacienda de Carretas y Bosques de Acueducto.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primera. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, doctor Diego Prieto Orozco, a que revise, revalore y haga pública la información para saber, si la administración anterior del Instituto, realizó los estudios correspondientes para determinar la factibilidad del proyecto “Barrio de Santiago” y, si la empresa Gaya Sinergia Constructiva, SA de CV, en cargada de la obra, cumplió con los requisitos para que se le expidiera la autorización de construir a un costado del acueducto de la ciudad de Santiago de Querétaro; que compruebe que no existe riego alguno en la conservación o estabilidad de la estructura de uno de los símbolos más emblemáticos del estado de Querétaro y patrimonio cultural de la humanidad.

Segunda. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Presidente Municipal de Santiago de Querétaro, maestro Luis Bernardo Nava Guerrero, y al gobernador del estado de Querétaro, médico veterinario zootecnista Francisco Domínguez Servién, a que realicen y hagan públicos los estudios y el impacto ambiental que comprueben, que no existe riego alguno en torno a la conservación y en la estabilidad de la estructura de los históricos arcos del acueducto del Estado de Querétaro, por los hundimientos que está sufriendo la carpeta asfáltica y el socavón que apareció sobre la calzada de los Arcos, como posible consecuencia de la construcción del proyecto “Barrio de Santiago”, para la tranquilidad de los colonos y vecinos de la zona de la antigua Hacienda de Carretas y Bosques de Acueducto.

Notas

1 https://queretaro10.com/turismo/los-arcos-de-queretaro-el-acueducto/

2 Ibídem

3 https://univaqro.wordpress.com/2010/08/05/queretaro-patrimonio-cultural -de-la-humanidad-a-traves-de-la-fotografia/

4 https://obrasweb.mx/inmobiliario/2018/11/15/un-exclusivo-barrio-llegara -a-queretaro-en-2020

5 https://plazadearmas.com.mx/alerta-hundimiento-leve-en-calzada-de-los-a rcos/

6 https://www.diariodequeretaro.com.mx/cultura/
20-anos-despues-zona-de-monumentos-historicos-de-la-ciudad-de-queretaro-436935.html

7 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13085&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, martes 15 de octubre de 2019.

Diputada Beatriz Robles Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a rediseñar las campañas informativas sobre los riesgos de la ausencia de vacunación en las diferentes etapas de vida de las personas, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública, y a Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, para rediseñar las campañas de difusión informativa sobre los riesgos de la ausencia de vacunación en las diferentes etapas de vida de las personas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La existencia de movimientos anti-científicos se ha propagado de manera agresiva por el mundo en las dos últimas décadas. Creencias como la forma “plana” de la tierra, la “falsedad” del holocausto o el “falso” alunizaje por parte de la NASA, han permanecido en la “mitología” urbana por años. Diversos grupos sostienen la validez de estos, forman comunidades y se agrupan entre sí al asumirse creyentes de alguna o varias de estas ideas De entre ellos, el movimiento anti-vacunas es el que mayor temor ha generado entre las diversas naciones desarrolladas y en vías de desarrollo debido a los efectos letales que puede generar su apoyo, la irrelevancia de las fronteras sociopolíticas en relación con el funcionamiento de las enfermedades y la posibilidad de epidemias o pandemias con efectos fatídicos para los sectores poblacionales más vulnerables, como niños, personas de la tercera edad y comunidades marginadas.

En el caso concreto de México, el movimiento mostró uno de sus primeros indicios cuando se reportaron en 2018 cuatro casos de sarampión,1 enfermedad que se pensaba erradicada desde finales de los años noventa en territorio nacional. Si bien, tres de estas personas eran italianos (país de la Unión Europea con mayor número de casos de sarampión), se sabe que el contagio se suscitó en México y que, debido a la ausencia de vacunación para prevenir el contagio, los casos pudieron darse sin impedimento alguno. Hoy en día, la presencia de casos de sarampión y otras enfermedades se han disparado: 515 casos de sarampión se han reportado hasta finales de agosto de 2019,2 lo que es un incremento significativo en la incidencia de dicha enfermedad, levantando las alarmas acerca de las medidas que hoy en día estamos tomando respecto al tema.

Por esta misma razón, la información que provee la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de esta enfermedad en territorio europeo es de llamar la atención: se reportaron 41,000 casos de sarampión en la primera mitad del 2018, donde ha subido de manera estrepitosa en contraste con los 5,273 casos en 2016 y los 23,927 casos en 2017.3 Estos casos se han diversificado en el presente año, donde el estado de Nueva York les prohibió el acceso a sus respectivas escuelas a 44 niños al no estar al día con las vacunas requeridas.4 Igualmente, en la ciudad de Bolonia, en Italia, cerca de 300 niños no pudieron ingresar a sus colegios por el mismo motivo.5 Por otra parte, Francia decidió comenzar con una campaña más agresiva respecto a la vacunación, donde hoy en día, debido a una reforma legal que entró en vigencia en 2018, es obligatorio vacunar a los niños en contra de enfermedades como la difteria y la poliomielitis,6 con la idea de salvaguardar la integridad de aquellos que sí tienen confianza en el sistema de vacunación para la preservación de la salud.

Sobre esto, considerar sus efectos en una escala mundial es de temer considerando aspectos de seguridad nacional. Con el constante contacto y turismo entre la UE y México, se abre la posibilidad que eventos de este tipo sigan apareciendo, donde desconocemos la posibilidad de desarrollo de la enfermedad en espacios donde, debido a su erradicación, no hay una familiaridad con dicha enfermedad.

Afortunadamente, en nuestro país pareciera que la aplicación de vacunas sigue teniendo amplia legitimidad entre la población, debido a que los brotes de ciertas enfermedades se han mostrado como anomalías. Aun así, la narrativa que usualmente viene acompañada de los movimientos anti-vacunas es un discurso que es “crítico” de la legitimidad del Estado. En un país donde el Estado ha tenido una pérdida de confianza y legitimidad ante el incremento de la violencia, de los casos de corrupción y un decrecimiento del poder adquisitivo, ciertas concepciones nocivas pueden empalmarse con un discurso que se asuma crítico, por lo que reforzar el papel de las vacunas, su validez de carácter científico (independiente de la dimensión política) y la relevancia para la supervivencia, no sólo de nuestras formas de organización política y económica, sino de la supervivencia de la especie en su totalidad.

Es sobre un escenario como este en el que busco proponer un reforzamiento de la relevancia de las vacunas para el mantenimiento de la vida y la posibilidad de mejorarla. Estar sujetos a discursos carentes de fundamento, pero con la posibilidad de generar daños irreparables a nuestra forma de vida como la conocemos, requiere de una política intensiva acerca de la validez de la medicina, sus beneficios y sus límites. Por ello, la implementación de campañas acerca de la relevancia de la vacunación, de los efectos de no realizarla, a nivel individual y social, es parte de un enfoque preventivo ante el inminente problema que se avecina si no se toman las medidas correspondientes. Igualmente, para que la campaña se propague en espacios de formación, considerar las escuelas como uno de los principales espacios para llevar a cabo este tipo de campañas me parece un buen inicio para su implementación posterior, debido a una gama mucho más diversa de personas en diferentes etapas de su vida, pero las cuales pueden sufrir consecuencias diversas por efectos de una pandemia. Establecer las bases desde la infancia, igualmente, toma ventaja de que las personas se vuelven agentes activos respecto a la remembranza de su relevancia y la inculcación del hábito de apegarse a las normatividades de las campañas de vacunación, garantizando el bienestar de próximas generaciones.

Ante un escenario de crecimiento de los movimientos anti-vacunas, el papel que juega México en un mundo interdependiente, donde las enfermedades van más allá de los límites sociales y culturales de cada una de nuestras comunidades, la necesidad de reforzar y expandir las campañas de vacunación funcionará como un mecanismo preventivo de futuros desastres nacionales de salud, donde una aproximación preventiva y no reactiva podría salvar una cantidad innumerable de vidas no sólo en México, sino en países que mantengan un contacto constante con nuestra población. Un constante acceso a la información siempre será una forma bastante plausible de hacer frente a la desinformación, la falta de confianza y transparencia en favor de las comunidades que integran a nuestro país.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública, y a Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, para rediseñar las campañas de difusión informativa sobre los riesgos de la ausencia de vacunación en las diferentes etapas de vida de las personas.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Jorge Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, en el uso de sus facultades a coordinarse con los titulares de salud de las 32 entidades de la Federación, para reforzar las Semanas Nacionales de Salud, donde se realicen pláticas y carteles informativos que aborden los problemas que conlleva la falta de vacunación, sus posibles consecuencias más allá de la decisión personal y cómo esto atenta contra el bienestar propio, el resto de la ciudadanía y la seguridad nacional.

Notas

1 Esteban Illades. (2018). El movimiento antivacunas y el regreso del sarampión a México, de Milenio. Sitio web: https://www.milenio.com/opinion/esteban-illades/columna-esteban-illades /el-movimiento-antivacunas-y-el-regreso-del-sarampion-a-mexi

2 Blanca Valadez. (2019). Aumentan casos de sarampión en México; van 515 infectados, 9 de septiembre de 2019, de Milenio. Sitio web: https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/aumentan-casos-sarampion-mexico -515-infectados

3 Helen Stokes-Lampard. (2018). Anti-vaxxers are still spreading false claims as people die of measles, de The Guardian. Sitio web: https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/21/anti-vaxxers-meas les-mmr-vaccine-gp-online

4 Natalia Martín Cantero. (2019). ¿Deben ser obligatorias las vacunas? EEUU y Europa lo debaten ante el resurgir de enfermedades como el sarampión, 9 de septiembre de 2019, de Univisión. Sitio web:

https://www.univision.com/noticias/salud/deben-ser-oblig atorias-las-vacunas-eeuu-y-europa-lo-debaten-ante-el-resurgir-de-enferm edades-como-el-sarampion

5 Ídem

6 Katie Forster. (2017). France to make vaccination mandatory from 2018 as it is ‘unacceptable children are still dying of measles’, 9 de septiembre de 2019, de The Independent. Sitio web: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/france-vaccination-mand atory-2018-next-year-children-health-measles-dying-anti-vaxxers-edouard -a7824246.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE a emitir lineamientos o acciones para que los vehículos nuevos tengan un medidor digital del combustible contenido en el tanque, a cargo del diputado Luis Enrique Martínez Ventura, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Diputado Luis Enrique Martínez Ventura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I, del numeral 1 del artículo 6, y los artículos 77 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de su atribuciones emita los lineamientos y/o acciones necesarias a fin de que los vehículos automotores nuevos que se comercialicen en el país, cuenten con un medidor digital de combustible que indique la cantidad de litros que contiene el tanque de combustible de los vehículos, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan detectar e identificar cuando las gasolineras no les despachan litros completos, bajo las siguientes

Consideraciones

El pasado mes de abril de 2019, el gobierno de la República, a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, inició acciones de verificación a estaciones de servicio de gasolinas con el propósito de reducir el robo y abuso de la que son objeto las familias mexicanas al no recibir litros completos.

En la primera semana del Programa “Acciones de Verificación de Combustibles” se llevaron a cabo 125 revisiones a distintas gasolineras, en las que la Procuraduría Federal del Consumidor detectó que poco más del 27% de éstas, no despachan litros completos. Esto sin contar a las 12 gasolineras que se negaron a ser inspeccionadas.1

En la verificación efectuada entre el 21 y el 27 de septiembre, del presente año, la Profeco realizó 112 visitas e identificó que casi el 10 de las gasolineras no entregaban las cantidades completas de combustible a sus clientes.2

Por otra parte, en el mes de junio de este año, Ricardo Sheffield Padilla, Procurador Federal del Consumidor informó del hallazgo de un software conocido como “rastrillo”, el cual tiene la función de que las máquinas expendedoras de combustible no entreguen litros completos. El programa funciona mediante un botón que se utiliza para modificar la cantidad de gasolina que se despacha. Para dimensionar la magnitud de esta problemática basta señalar que la Profeco estima que cerca del 10% de las gasolineras utilizan dicho software.3

A finales de julio de 2019, Ricardo Sheffield Padilla, informó que las concesionarias de gasolina han presentado 46 amparos en contra de la Norma Oficial Mexicana 185 que permitirá a la Profeco, a partir de octubre de 2020, revisar el software de las bombas despachadoras de gasolina. Lo cual demuestra la falta de voluntad de parte de este sector de terminar con sus prácticas lascivas.

Para prevenir y combatir el robo de las gasolineras a los usuarios, la Profeco instrumentó la aplicación “Litro x Litro”, a través de ésta los consumidores pueden conocer en qué estación de servicio se ofrece la gasolina a mejor precio y también pueden presentar denuncias a dicha institución en caso de irregularidades o abusos por parte de las concesionarias.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reconocemos y celebramos los esfuerzos institucionales del actual gobierno por erradicar los abusos de las gasolineras que afectan y laceran la economía de las familias mexicanas.

Actualmente, los indicadores de combustible de los vehículos automotores son análogos y solo indican si el tanque está lleno, a la mitad o vacío, pero no se conoce la cantidad exacta de combustible, ni mucho menos la cantidad exacta de combustible que se le suministra al vehículo cada vez que se acude a las estaciones.

Asimismo, algunos vehículos nuevos, indican en el tablero el número de kilómetros que rendirá el combustible antes de que el tanque quede vacío, pero como en el caso anterior, esto tampoco posibilita conocer la cantidad de gasolina con la que cuenta el vehículo ni la que se le suministra.

La Secretaría de Economía a través de distintas Normas Oficiales, regula la cantidad de emisiones contaminantes permitidas a los vehículos automotores nuevos; las especificaciones técnicas que deben cumplir; las especificaciones de seguridad, entre otras.

Es por ello, que consideramos viable que la Secretaría de Economía, en el ámbito de sus atribuciones emita las medidas necesarias para hacer obligatorio que los vehículos automotores nuevos cuenten con un medidor digital que indique a los usuarios la cantidad de litros que contiene el tanque de combustible.

De esta manera, los ciudadanos conocerán cuantos litros tiene su tanque de combustible antes y después de cargar gasolina y si la cantidad de litros que les despacharon corresponde a lo que solicitaron y pagaron.

Es conocido que existen dispositivos que se conectan al puerto OBD4 de los vehículos automotores y que se sincronizan con una aplicación para conocer en tiempo real la cantidad de gasolina que te despachan en las gasolineras.5

En el caso de los automóviles usados, se podría instrumentar que la aplicación “Litro x Litro” además de las funciones que actualmente tiene, pueda identificar la cantidad de litros que despachan las gasolineras.

En el Partido del Trabajo estamos convencidos que, con este tipo de acciones, se empodera a los consumidores, porque se les proporcionará las herramientas para poder identificar cuando no se les despache las cantidades completas de combustible.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de sus atribuciones, emita los lineamientos y/o acciones necesarias a fin de que los vehículos automotores nuevos que se comercialicen en el país, cuenten con un medidor digital de combustible que indique la cantidad de litros que contiene el tanque de combustible de los vehículos, con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan detectar e identificar cuando las gasolineras no les despachan litros completos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus atribuciones instrumente las medidas correspondientes para que la aplicación “Litro x Litro” incorpore a sus funciones la de identificar la cantidad de litros que contiene el tanque de combustible de los vehículos.

Notas

1 Profeco, Acciones de Verificación a Estaciones de Servicio de Gasolinas Diésel, <https://combustibles.profeco.gob.mx/verificacion/QQPVERIFICACION_05 0619.pdf> Consultado el 8 de octubre de 2019.

2 Profeco, Acciones de Verificación a Estaciones de Servicio de Gasolinas Diésel, <https://combustibles.profeco.gob.mx/verificacion/QQPVERIFICACION_09 3019.pdf> Consultado el 8 de octubre de 2019.

3 “Profeco descubre esta forma en que te roban gasolineras”, Uno, TV, <https://www.unotv.com/noticias/portal/nacional/detalle/programa-per mite-gasolineros-darte-menos-litro-432418/> Consultado el 29 de agosto de 2019.

4 El OBD (On Board Diagnostic) es un sistema de diagnóstico Vehicular, que tiene la función de controlar y monitorear tanto el motor como otros dispositivos, de esta forma se puede controlar el nivel de emisiones que genera la unidad y determinar si contamina.

5 “Zenzzer la app para checar litros completos de gasolina”, El Economista,

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/
Zenzzer-la-app-para-checar-litros-completos-de-gasolina-20170113-0068.html Consultado el 8 de octubre de 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San lázaro, a quince de octubre del año dos mil diecinueve.

Diputado Luis Enrique Martínez Ventura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas secretarías a promover una alimentación saludable y nutritiva, y dar continuidad al Programa Nacional de Bebederos en los planteles educativos del nivel básico, a cargo de la diputada Martha Robles Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Martha Robles Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y secretaria de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia de la LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 6, fracción 1, y en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, somete a consideración de la Junta de Coordinación Política la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La población infantil y adolescente en México, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), para fines del año 2018, oscilaba en 39.2 millones de personas de 0 a 17 años, que significa el 32.8 por ciento de la población total de la República. De éstos, 10.5 millones son menores de 5 años, 22.2 millones están en edad escolar (de 5 a 14 años), y 6.4 millones son adolescentes entre 15 y 17 años.

Una de las tareas de la sociedad en torno a la niñez es la de garantizar el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a una vida digna. Esto implica seguir reduciendo los índices de mortalidad, ampliar el acceso a alimentos nutritivos y a prácticas adecuadas de consumo, así como a servicios de calidad en salud, educación, deporte y recreación; con mayor énfasis en la primera infancia y evitando cualquier forma de violencia en contra de ellos.

Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por Estados Unidos de América. Este problema está presente en la infancia y la adolescencia y en la población en edad preescolar. Por ello, es urgente la implementación de diversas acciones conjugadas con diferentes sectores de la sociedad y con las instituciones que de manera organizacional y operativa, se involucren en la materia, para enfrentar y solucionar este alarmante flagelo. A este respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Organización de las Naciones Unidas, indica que la obesidad es un grave conflicto de salud pública debido a que es asociada con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como son la diabetes, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares y el cáncer. La obesidad infantil es uno de ellos, el problema es mundial y afecta progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante.

Como paliativo a este problema de salud, se puso a funcionar el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA ), y reconoció que “México es el país con mayor número de personas adultas con sobrepeso en el mundo, es el país con el mayor problema de obesidad infantil en todo el mundo”. Dicho acuerdo continúa vigente en la cotidianidad de los planteles educativos de nivel básico en México, colaborando en el mantenimiento del problema de la obesidad y el sobrepeso entre las y los escolares, sin que haya aportado elementos sustantivos de solución, para el tema en comento. Los datos que en el 2012 arrojó la investigación más reciente en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, muestran que uno de cada tres niños de los 5.6 millones de alumnos entre cinco y 11 años, tenía alguno de dichos flagelos en su salud. Ante estos resultados, con la promulgación de la reforma educativa, se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en las escuelas estaba prohibido el consumo de “los alimentos que no favorezcan a la salud de los educandos”.

También se cambió el ANSA por la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. El Ejecutivo federal informó de la publicación de los lineamientos generales para el expendio y la distribución de bebidas y alimentos preparados y procesados en los planteles escolares del Sistema Educativo Nacional.

A ocho años del inicio de la primera estrategia en esta materia, aún hay escuelas que no tienen conocimiento de esta regulación y, por ende, no es factible que se aplique. Datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Salud Pública, en su último reporte de seguimiento a este tema, dieron a conocer que de 110 escuelas públicas revisadas, en el 80 por ciento aún se vendían bebidas azucaradas y solo una tercera parte contaba con bebederos de agua, como marca la estrategia. Más aún, hasta un 80 por ciento de los directores, profesores, vendedores de alimentos y padres de familia, desconocían que existiera la prohibición de vender la llamada “comida chatarra”.

Lo establecido en los lineamientos generales para el expendio y la distribución de bebidas y alimentos preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, Título III, de la Organización de la Escuela para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas, Capítulo Primero, del Comité de Establecimientos de Consumo Escolar, que a la letra indican:

Décimo. En las escuelas del tipo básico, el Comité de Establecimientos de Consumo Escolar desarrollará las acciones relacionadas con la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en la escuela, de acuerdo con los criterios de una alimentación correcta. Los directivos, docentes y personal administrativo y de apoyo a los servicios educativos de las escuelas públicas de educación básica no participarán en las acciones a que se refiere el párrafo anterior.

Décimo Segundo. El Comité de Establecimientos de Consumo Escolar dará cuenta al Consejo de Participación Social de las acciones desarrolladas y, en su caso, de las irregularidades detectadas en la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en la escuela. Lo anterior es, sin duda, letra muerta.

Contemplaba sugerencias para lograr un refrigerio con una ingesta balanceada y acorde a los requerimientos de los menores de edad y sus actividades escolares y se propuso una composición de:

- Verduras y frutas;

- Cereal integral;

- Oleaginosas y leguminosas; y

- Agua simple potable a libre demanda.

Para dar cumplimiento de lo anterior, fueron aprobadas diversas reformas a la Ley General de Infraestructura Física Educativa, dónde se establece que todas las escuelas de educación básica contarían con bebederos de agua con sus sistemas de purificación. Lo expuesto es para que en un plazo de tres años, se cumpla con la instalación de 257 mil 825 bebederos que darían cobertura a las escuelas del Sistema Educativo Nacional, tal como se indica en el transitorio sexto del decreto, que a la letra indica:

“Sexto. El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable prevista en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación del presente decreto”.

Cabe señalar que la temporalidad indicada en el transitorio concluiría en mayo de 2017. Para combatir este problema de sobrepeso, obesidad y otros trastornos alimenticios, se contaba con previas reformas a la Ley General de Salud. (DOF 14/10/2015) y a la Ley General de Educación (DOF 11/09/2013), que como parte de estas decisiones, se encuentra la instalación de bebederos de agua potable y de buena calidad, considerando que la hidratación de las personas es un derecho humano y un elemento que coadyuva a un mejor funcionamiento del organismo y que impacta en la reducción de la obesidad y la prevención de enfermedades crónicas. La UNICEF reconoce que ha quedado ampliamente demostrado que el abastecimiento de agua en las escuelas mexicanas, resulta fundamental para fomentar las buenas prácticas de higiene y el bienestar de la infancia. Gran parte de los establecimientos escolares cuenta con sistemas muy deficientes. Por tanto, es necesario establecer como obligatorio el acceso gratuito al agua potable en las escuelas nacionales de los niveles básico.

Respecto a la ingesta de este vital líquido, del 20 al 30 por ciento del agua diaria incorporada al organismo proviene de los alimentos sólidos; el 78 al 80 por ciento restante se incorpora al organismo mediante la ingesta directa de agua simple purificada, aunque la variabilidad de estas cifras es importante en función de las poblaciones, de sus hábitos alimenticios, de la edad, del sexo, etcétera. En función de esos parámetros, la Organización Mundial de la Salud (OMS); y numerosos especialistas de la salud, recomiendan consumir entre 2 y 3 litros de agua al día.

Es un derecho humano que todo individuo debe tener acceso al consumo y uso del agua, lo que implica ingerir la cantidad mínima necesaria para satisfacer sus necesidades básicas. El progreso para lograr este nivel de servicio en todo el mundo, está relacionado con los beneficios significativos para la salud y sigue siendo uno de los principales puntos de apoyo para disminuir y resolver la obesidad infantil.

Pese a existir el compromiso de la instalación de bebederos en los centros educativos del país por parte del gobierno federal, necesario en las 40 mil escuelas distribuidas en toda la República Mexicana, no ha surtido efectos como coadyuvante en el combate y prevención de la diabetes, obesidad y sobrepeso infantiles.

Reforzando lo anterior, el director del Instituto Nacional de Salud Pública señaló, en una rueda de prensa, que “a cuatro años de implementar de manera obligatoria los lineamientos ‘antichatarra’ para prevenir la obesidad infantil en escuelas, la estrategia fracasó. La Secretaría de Educación Pública incumplió con la instalación de bebederos y la prohibición de la venta de alimentos hipercalóricos y bebidas azucaradas en los planteles educativos y la Secretaría de Salud no monitoreó el cumplimiento de esas medidas”, dijo el funcionario en dicha conferencia. Externó que según datos del Instituto, sólo una tercera parte de las escuelas del país cuenta con bebederos para que los niños tengan acceso a agua simple purificada, y en contraste, en la mayoría de ellas, en el 80 por ciento se venden bebidas azucaradas a los educandos.

“Del año 2012 a la fecha, estos lineamientos son menos y menos aplicados. No hubo ni siquiera un plan de difusión para que profesores y alumnos supieran de qué se trataban dichos preceptos”.

Lo anterior, demuestra la preocupación de que las propuestas de políticas públicas para enfrentar la obesidad infantil, se han centrado en la restricción de la oferta de ciertos productos chatarra en las escuelas, pero el cambio de hábitos de niñas y niños escolapios, no puede ser visto como un problema de restricción de consumo de productos altamente calóricos y bebidas azucaradas exclusivamente.

Aquellos tratamientos exitosos de prevención de la obesidad contemplan de una forma integral todas las áreas de una prescripción médica. El énfasis se establece en una transformación total de la educación nutricional y con programas serios y bien organizados de educación física y deportes.

El establecimiento de bebederos de agua potable y de buena calidad permitirá tener poblaciones infantiles más sanas y consientes de la importancia de su salud, vía el consumo del agua potable, del manejo de mejores hábitos alimentarios y de actividad física. Además, les permitirá alcanzar una mejor calidad de vida sana en su futuro. En esta coyuntura nacional se debe trabajar para que el Poder Ejecutivo, a través de las Secretarías de Educación Pública y de Salud, el Poder Legislativo federal mediante sus Cámaras, valoren los derechos de la infancia, incluyendo el de la alimentación, el del agua y la salud, mediante el desarrollo e implementación urgente de una política integral de combate a la obesidad y a la desnutrición y ayudar a la prevención de las enfermedades crónicas, expulsando en definitiva, la venta de “comida chatarra” en las escuelas públicas del país.

Por tanto, se somete a esta soberanía la presente, solicitando la aprobación de la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Salud y de Educación Pública a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Educación, referente a la promoción de una alimentación saludable y nutritiva, además, establecer en tiempo y forma los lineamientos a los que deberán sujetarse para la distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de las escuelas primarias de la República, prohibiendo la “comida chatarra”.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público a continuar con el Programa Nacional de Bebederos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputada Martha Robles Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a adecuar la estrategia y las ofertas de capacitación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en el segundo año de su implantación, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para adecuar la estrategia y las ofertas de capacitación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el segundo año de su implantación, para garantizar un proceso formativo pertinente para las demandas futuras del mercado laboral ante el inminente efecto del proceso de automatización, la futura obsolescencia de diversos trabajos actuales y la necesidad de nuevas habilidades laborales ante el impacto de la cuarta revolución industrial, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Afrontar el problema del empleo usualmente es la forma primaria con la cual la población elabora referentes para diagnosticar el trabajo desempeñado por sus representantes públicos. Como uno de los factores más cercanos a sus actividades cotidianas, asumir la relevancia de este como medio para la satisfacción de necesidades básicas y realización personal, va más allá de garantizarlo de forma inmediata, sino que se tiene que pensar como una medida a mediano y largo plazo. Por ello, la implementación del programa de capacitación y apoyo económico a jóvenes que no estudian ni trabajan, conocido oficialmente como Jóvenes Construyendo el Futuro, resulta una medida indispensable para poder moldear a los jóvenes que serán nuestra base laboral fuerte durante las siguientes décadas, por lo que procurar los mejores estándares de calidad formativos, al igual que la implantación de programas actualizados para las necesidades actuales del mercado laboral resulta de suma importancia para que políticas públicas como estas sean una inversión inteligente de acorde a nuestro capital humano, intelectual y económico.

En el presente, el programa ha alcanzado cerca de 900 mil inscritos a lo largo y ancho del país, lo que representa más de la tercera parte de los esperados en todo el periodo, ya que se estimaba que al final del sexenio se contarían con 2.3 millones de inscritos1 . Ante el éxito en la recepción de esta clase de medidas, la capacidad de satisfacer las necesidades presentes y futuras de nuestro país pareciera situarse en una posición oportuna para dichos objetivos, al poder contar con mano de obra calificada para las necesidades del mercado presente y futuro.

Ante tal escenario, hoy en día las demandas del mundo del trabajo se encuentran en un periodo de transición hacia un nuevo mercado laboral, donde las capacidades y necesidades de la industria permutarán ante un proceso de sustitución de la mano de obra “lineal”, es decir, con trabajos o cálculos simples que no requieren ejercicios creativos de gran escala, el cual será realizado por robots, algoritmos y otros tipos de máquinas. Según datos del Foro Económico Mundial, se espera una creación de cerca de 133 millones de nuevos empleos a nivel mundial para 2022, donde a su vez se espera el desplazamiento de 75 millones de trabajos, los cuales serán sustituidos por dicha maquinaria. El problema, aquí, no pasa por la cantidad neta de puestos laborales (la cual tendría un incremento de 58 millones de trabajos), sino por la competencia del ejército de reserva laboral, el cual, debido a aspectos generacionales, formativos y de origen socioeconómico, no tiene las herramientas necesarias para ocupar dichas plazas2 .

La respuesta empresarial, la cual espera una disminución de su base laboral en 50 por ciento para 2022, ha considerado el incremento y creación de plazas en nuevos sectores de la industria, pero carece de la implementación de cursos de capacitación generalizada para el total de sus empleados, ya que muchas de ellas únicamente se enfocarán en los puestos clave de sus respectivos organigramas3 . Esto, a consideración propia, es un grave error. Debido a que los efectos de un desempleo masificado no pueden quedar en manos de la “buena voluntad” de privados, aquí es donde el Estado mexicano debe entrar en acción para generar políticas preventivas (y no reactivas) ante un escenario muy bien documentado, con conocimiento de una parte importante de su impacto y que, de nueva cuenta, nos obliga a ver más allá de las problemáticas internas de nuestra nación ante la presencia de un mundo mayormente interconectado, que cada día identifica más problemas comunes y nos acerca al resto de naciones con las cuales compartimos el globo.

Sobre esto, considerar los trabajos futuros como prioritarios en el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, pareciera ser una respuesta adecuada a un proceso pensado en el corto y mediano plazo. Poder anticiparnos a los grandes impactos nos situaría en una posición ventajosa en la economía mundial, nos daría competitividad ante la magnitud poblacional de nuestro país y de este sector de la estructura demográfica. Los trabajos requeridos, los cuales pasan netamente por la familiaridad con la tecnología, la codificación y las habilidades sociales, son puntos a considerar para una generación que ha pasado gran parte de sus vidas empleando tecnologías de este tipo. Una parte importante de los más jóvenes de dicho sector podrían ser considerados ya como “nativos digitales”, con un saber práctico en la materia que facilitaría el proceso de aprendizaje acerca de no solamente “cómo se usa”, sino un “cómo funciona”. La creación de empleos como técnico en servicio de salud asistido por Inteligencia Artificial, analista de ciudades inteligentes, corredor de datos personales (similar al corredor de bolsa), investigador de datos, controlador carretero (debido a la implementación de vehículos con conducción automática), consultoría en Inteligencia Artificial para negocios y ejecutivos de ventas de sistemas de Inteligencia Artificial, por mencionar algunos, serán trabajos necesarios para el futuro de la industria, la burocracia y el trabajo personal4 .

A manera de conclusión, considerar una reestructuración de la capacitación, ampliando o diversificando la oferta, enfocándola a las demandas presentes y futuras del mercado laboral, las cuales van íntimamente ligadas a la digitalización, la adopción de la inteligencia artificial y la implementación a gran escala de tecnologías como robots y algoritmos, es un nicho y una posibilidad derivada de un escenario que parecería sombrío en el inicio, pero con todas las de ganar mediante una correcta capitalización de la oportunidad que se nos presenta, que se empalma con las necesidad laborales del sector público y privado, y que sería respaldado por la amplia legitimidad que los programas de apoyo y capacitación puedan tener por parte de la población involucrada. La creación de un mercado laboral fuerte, competitivo y actualizado es algo que nos incumbe y nos importa a todos.

Por lo expuesto, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para adecuar la estrategia y las ofertas de capacitación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el segundo año de su implementación, para garantizar un proceso formativo pertinente para las demandas futuras del mercado laboral ante el inminente efecto del proceso de automatización, la futura obsolescencia de diversos trabajos actuales y la necesidad de nuevas habilidades laborales ante el impacto de la Cuarta Revolución Industrial.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para elaborar campañas informativas acerca de los efectos de la automatización, las oportunidades productivas y la generación de nuevas vacantes laborales, en el horizonte del mercado laboral futuro, en favor de garantizar la satisfacción de perfiles profesionales adecuados para el mercado laboral del mañana.

Notas

1 Melissa Galván. (2019) ¿Qué pasará tras el cierre de registro de jóvenes construyendo el futuro?, 9 de septiembre de 2019, de Expansión. Sitio web:

https://politica.expansion.mx/mexico/2019/08/06/cierre-d e-registro-amlo-becas-jovenes-construyendo-el-futuro

2 Amit Chowdhry. (2018). Artificial Intelligence To Create 58 Million New Jobs By 2022, Says Report, 9 de septiembre de 2019, de Forbes. Sitio web:

https://www.forbes.com/sites/amitchowdhry/2018/09/18/art ificial-intelligence-to-create-58-million-new-jobs-by-2022-says-report/ #42eb24e74d4b

3 Ídem.

4 Center of the Future of Job. (2018). 21 Jobs of the Future. A guide to getting -and staying- employed over thenext 10 years, 9 de septiembre de 2019, de Cognizant. Sitio web:

https://www.cognizant.com/whitepapers/21-jobs-of-the-fut ure-a-guide-to-getting-and-staying-employed-over-the-next-10-years-code x3049.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Puebla a prevenir y atender los casos de dengue en la entidad, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los artículo 6, numeral 1, fracción 1 y 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente

Consideraciones

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su portal de internet menciona que “El dengue es una enfermedad causada por un virus y se transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de la enfermedad.

El dengue no se transmite de una persona a otra y actualmente no hay vacuna para combatirlo. Es común en regiones tropicales y subtropicales como Centroamérica, Sudamérica y lugares donde se estanca el agua.

Existen 3 manifestaciones diferentes de la enfermedad, que son:

- Fiebre de dengue

- Fiebre hemorrágica

- Shock hemorrágico1

La Secretaría de Salud del estado de Puebla define el dengue como “una enfermedad infecciosa producida por un virus y transmitida de un humano a otro por un vector, la hembra del mosquito Aedes aegypti, y Aedes albopictus. El cual está distribuido por todo el mundo, en el territorio nacional, se ha identificado en zonas endémicas hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar al ser doméstico se reproduce dentro de las casas o en el peri-domicilio, se alimenta de sangre humana y se reproduce en recipientes que contengan agua limpia”.2

Esta enfermedad presenta sus primeros síntomas después de un periodo de 4 a 7 días, se presentan como:

Fiebre
Dolor de huesos
Dolor de cabeza intenso (en la frente)
Dolor de ojos (que se incrementa al moverlos)
Erupción en la piel (parecida al

sarampión)
Náuseas
Vómito
Insomnio
Prurito (comezón)
Falta de apetito
Dolor abdominal

En casos graves:

Hemorragia
Convulsiones a causa de la fiebre
Deshidratación severa

En caso más complicado, el dengue puede complicarse convirtiéndose en dengue hemorrágico, cuando se presentan sangrados tanto internos como externos. O en shock hemorrágico, cuando la sangre no fluye a los órganos principales del cuerpo, lo que puede causar la muerte.

Según la Secretaria de Salud del estado de Puebla “la participación social y comunitaria juegan un papel primordial en el control de la enfermedad, en ese sentido se le deberá prestar toda la atención a este rubro, haciendo hincapié en la participación que tiene la promoción, con la finalidad de evitar que el programa decaiga y se presenten brotes epidémicos de casos autóctonos o importados de los estados colindantes con áreas endémicas, por lo que, cabe hacer mención que el estado geográficamente está rodeado de los estados con mayor incidencia de FD y FHD recalcando que el movimiento poblacional es continuo y significativo. Aumentando el riesgo de presentar brotes de dengue”.

La subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud, la Dirección General de Epidemiologia de la Secretaria de Salud emite el “Panorama Epidemiológico de Dengue, 2019” donde indica que los casos de dengue probables y confirmados ha aumentado con respecto a los datos del año pasado.3

Puebla se encuentra entre los primeros estados con casos de Dengue con 863 casos confirmados.

Los municipios con más casos son; Ayotoxco de Guerrero, Tenampulco, Xayacatlan de Bravo y Pantepec Puebla, por lo anterior resulta necesario intensificar las acciones para evitar los casos de dengue en la entidad.

Las manifestaciones de la enfermedad son complejas, pero su tratamiento es relativamente sencillo, poco costoso y muy eficaz para salvar vidas, siempre que se emprendan intervenciones correctas y oportunas. La clave es reconocer precozmente los signos de alarma en las diferentes fases de la enfermedad para así brindar la atención requerida y prevenir de esta manera la progresión a formas graves de la enfermedad, tal y como lo señala la Organización Mundial de la Salud4

Dado que el tema de salud es un derecho humano, garantizado en el artículo primero Constitucional y en el artículo 7 Constitución Política Del Estado Libre y Soberano De Puebla, es necesario que el gobierno de esta entidad, prevenga y atienda los casos de dengue en la entidad.

Es por lo anterior que los tres niveles de gobierno deben de coordinar esfuerzos con el propósito de reducir los casos de dengue en la entidad.

Por lo expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno de Puebla a trabajar en conjunto con la Ejecutivo federal y municipios para implementar acciones y programas encaminados a prevenir y atender los casos de dengue en la entidad.

Notas

1 Página web del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), disponible en; http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/dengue

2 Secretaría de Salud del estado de Puebla, disponible en; http://ss.pue.gob.mx/dengue-sintomas-y-prevencion/

3 Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue con Información al 30 de septiembre de 2019 y a la semana 39 del 2018.

4 Organización Mundial de la Salud, disponible en;
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=dengue-
2158&alias=50322-13-de-septiembre-de-2019-dengue-actualizacion-epidemiologica&Itemid=270&lang=es

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Veracruz a informar a la opinión pública sobre el destino por dar a los recursos recaudados mediante el reemplacamiento vehicular, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, emitió y publicó en la Gaceta Oficial del estado el viernes 21 de septiembre, con número Ext. 378, folio 1126, el decreto denominado “Por tu seguridad, actualiza tu patrimonio 2019”, programa que entrará en vigor en diciembre de 2019 y será voluntario, a cambio de beneficios fiscales, para las unidades emplacadas después de 2017; asimismo, será obligatorio en 2020 (cuando se hubiere cumplido el plazo de 3 años de vigencia que establecen las disposiciones federales). Es así que en el artículo 3 de dicho decreto se prevé:

“Artículo 3. Los propietarios de vehículos inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes en materia vehicular del servicio privado del estado de Veracruz, que cuenten con placas de circulación emitidas en el último programa de canje masivo de 2011 y anteriores, que no realizaron el canje de placas en su oportunidad, podrán realizar el cambio de placas por haber finalizado su vigencia como lo establece la Norma Oficial Mexicana de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes: NOM-001-SCT-2-2016. Los vehículos que portan placas del año 2017 podrán optar por adherirse voluntariamente al ‘Programa’ o realizarlo hasta que finalice la vigencia de 3 años de antigüedad que marca la norma.”

Por lo que hace a los costos, el decreto en cuestión contempla un costo de 6 unidades de medida y actualización (UMA), por concepto de canje de placas, tarjeta de circulación y calcomanía numeral para los vehículos que estén al corriente en el pago de sus impuestos. El valor de la UMA es establecido por el Inegi y para 2019 asciende a 84.49 pesos diarios, por lo que el costo del reemplacamiento sería de 505 pesos más el 15 por ciento que corresponderá al Fomento a la Educación.

Para quien tenga adeudos, el costo será de 12.72 UMA, lo que lo elevaría a mil 100 pesos aproximadamente. No está por demás señalar, que la condonación del pago de tenencia vehicular se condiciona precisamente al reemplacamiento.

Para Acción Nacional es muy importante el desempeño transparente de la función pública y, particularmente, el destino y ejercicio de los recursos públicos. Es así que, habiendo sido Veracruz uno de los estados más beneficiados con el presupuesto federal, nos genera inquietud la motivación para tomar la decisión de imponer ahora el canje de placas.

De acuerdo con las cifras del propio gobierno del estado de Veracruz, existe alrededor de un millón cien mil vehículos que tienen adeudos de entre uno y seis años, razón por la cual estimaron necesaria la implementación de este programa; al recaudar estos recursos por concepto de reemplacamiento, entraría a las arcas estatales un monto que podría ir desde 641 millones 300 mil pesos a mil millones 236 mil pesos, pues, como lo hemos comentado, los costos por el reemplacamiento de cada vehículo serán de 583.04 pesos y mil 236.25 pesos, respectivamente.

A pesar de que se asegura que esta estrategia ayudará a condonar el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos del periodo 2013-2019, lo cierto es que el monto del dinero a recaudar y, particularmente, el destino que habrá de dársele, el beneficio que traerá a los veracruzanos a través de los programas que, específicamente debieran implementarse, reviste una gran importancia por la afectación al bolsillo de las familias veracruzanas que, sin previo aviso, el gobierno del estado ya decidió.

En tal virtud, en Acción Nacional nos preocupa la afectación del patrimonio de las familias veracruzanas, que esta medida recaudatoria significa con motivo del reemplacamiento, en detrimento de su economía. Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Veracruz para que informe a la opinión pública, el monto estimado y el destino que se dará a los recursos que se recauden por concepto de reemplacamiento vehicular con motivo del decreto denominado “Por tu seguridad, actualiza tu patrimonio 2019”.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobernador constitucional del estado de Veracruz a transparentar y difundir la información, a través de los medios oficiales, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los Lineamientos Técnicos Generales emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y demás disposiciones aplicables

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 15 días de octubre de 2019.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a autoridades de salud federales y de BC a modificar la NOM-005-SSA2-1993 y crear un protocolo de prevención y combate de la violencia obstétrica, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con la finalidad de solicitar a la Secretaría de Salud del gobierno federal que detenga el ejercicio de violencia obstétrica en sus modalidades de esterilización y anticoncepción forzadas al amparo de la NOM 005-SSA2-1993, a la Secretaría de Salud de Baja California la creación de un Protocolo de Prevención y Combate a la Violencia Obstétrica que incluya perspectiva de género, así como a los servicios médicos municipales para erradicar la práctica de la esterilización forzada por ser violatoria a los derechos fundamentales de las mujeres, bajo el razonamiento de las siguientes:

Consideraciones

El artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.

Lo anterior, guarda dos derechos, uno en el sentido de reconocer que toda persona puede determinar no tener hijos de manera libre responsable e informada, o en su caso, decidir tenerlos. La libre decisión de tener hijas e hijos sin intervenciones artificiales está condicionada a la capacidad física para la reproducción, ello conlleva, la fertilidad.1

En el caso de las mujeres, la fertilidad y el proceso de decisión para la reproducción implican una decisión íntima, personalísima, sensible y fundamental que no admite ningún tipo de violencia en su formación, ni por parte de su pareja, familiares o superiores laborales y mucho menos, por parte del Estado mediante la esterilización forzada, silenciosa o secreta.

Numerosos casos se han presentado y denunciado en Baja California2 respecto de la esterilización forzada, una práctica cruel, invasiva y violatoria de los derechos fundamentales de las mujeres que se presenta cuando las instituciones de salud, de manera unilateral y sin consentimiento de las pacientes, al momento de intervenirlas para atender, por lo regular, un parto, deciden deliberadamente que aquellas mujeres no deben tener la capacidad física de continuar reproduciéndose a futuro, realizando prácticas como la ligadura permanente de trompas o el retiro de útero sin una causa médica justificada y sin el conocimiento de las pacientes.

La anticoncepción forzada consiste en la implantación de cualquier método anticonceptivo en las mujeres sin su consentimiento informado previo. A menudo, se realiza al momento de ser atendidas respecto de algún parto o revisión general de salud ginecológica y constituye una invasión a la esfera personal e íntima de la sexualidad, una violación a los derechos fundamentales de las mujeres que si bien, puede ser reversible, constituye una afrenta contra la libre voluntad de las mujeres sobre sus cuerpos y sexualidad.3

Sistemáticamente, se ha practicado la esterilización forzada o la anticoncepción forzada en contra de:

-Mujeres con alguna discapacidad mental o cognitiva

-Mujeres en condiciones de reclusión

-Mujeres en condiciones de pobreza

-Mujeres en condiciones de marginación

-Mujeres indígenas

-Mujeres migrantes

-Mujeres con varios hijos e hijas previos

A pesar de que el derecho a la salud, la igualdad y la no discriminación tienen fundamento en tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos,4 el Estatuto de Roma5 y la Cedaw,6 así como en la legislación interna en el artículo 67 de la Ley General de Salud que establece: “Quienes practiquen esterilización sin la voluntad del paciente o ejerzan presión para que éste la admita serán sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley, independientemente de la responsabilidad penal en que incurran.“, esta práctica continúa vigente en casi todo el país y que ante las diversas caravanas migrantes, se ha intensificado en Baja California.

Según el reporte 2015 “Niñas y mujeres sin justicia”, del Grupo Interdisciplinario de Reproducción Elegida (GIRE), hay una serie de violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres en lo que llaman anticoncepción forzada, esterilización forzada, negligencia y violencia obstétrica contra las mujeres, colocando a Baja California como una de las entidades que encabezan la estadística de violencia sexual por parte del Estado.

En 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos7 expresó su preocupación por que en México todavía ocurren casos de esterilización forzada a mujeres con una discapacidad mental, siendo que en la Norma Oficial Mexicana, NOM 005-SSA2-1993, modificada en 2004 por diversa resolución a cargo Roberto Tapia Conyer , presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades Regulación de los Servicios de Planificación Familiar, admite la validez de realizar esterilización forzada en perjuicio de personas con discapacidad mental, usando términos discriminatorios como “retraso mental” exclusivamente para mujeres bajo la siguiente redacción:

- Paridad satisfecha. 8

- Razones médicas.

- Retraso mental

A diferencia del caso de los hombres, cuyo Apéndice Informativo “A” para el caso de la vasectomía, contenido en los Transitorios de la resolución que modificó dicha Norma Oficial Mexicana,9 no contempla tales indicaciones, teniendo en cuenta el antecedente inmediato de la misma:

- Fecundidad satisfecha. 10

- Razones médicas11

12

Baja California13 es uno de los 17 estados que no tiene en su legislación estatal tipificado como delito la esterilización y anticoncepción forzadas, siendo que la es esterilización forzada es considerado como un crimen de lesa humanidad y como un delito grave de violencia sexual desde los juicios de Nuremberg, desarrollados entre 1945 y 1946, cristalizándose en el Estatuto de Roma los elementos para considerar que una esterilización es forzada.

Los elementos que caracterizan la esterilización forzosa son:14

1. Que el autor o autores hayan privado a una o más personas de la capacidad biológica de reproducción de manera irreversible.

2. Que dicha esterilización no haya tenido justificación en un tratamiento médico o clínico de la víctima o víctimas ni se haya llevado a cabo con su libre consentimiento o se haya conseguido el consentimiento mediante engaño.

La esterilización permanente e irreversible así como la anticoncepción sin consentimiento son dos modalidades de violencia obstétrica extremas, que se viven día con día en el silencio de la impunidad.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), las quejas por violencia obstétrica han crecido porque abrieron siete expedientes en todo 2018;15 en estos casi cinco meses del 2019, ya alcanzaron esa cifra. En cuatro de las quejas del 2018 y cuatro más de este año de mujeres que fueron atendidas en el Hospital General de Tijuana hubo omisiones, negligencia, violaciones al trato digno, separación injustificada de sus hijos, y otras más.

Además de los insultos propinados por parte del equipo médico, medios de comunicación y sociedad civil denunciaron que las instituciones de salud no tenían intérpretes para orientar a las mujeres que no hablan español que recién llegan a la frontera.

La propia presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos dice que en 2016 emitieron una recomendación debido a que la falta de un intérprete ocasionó que el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia (DIF) le retirara a su recién nacida a una joven pareja indígena.

En aquel caso, nadie les explicó a los padres las reglas para la visita en su lengua, por lo que estuvieron separados de su hija; sobre esto, el hospital notificó al Ministerio Público por omisión de cuidados.

Esta violación sistemática a los derechos fundamentales debe detenerse y las prácticas de anticoncepción forzadas así como de esterilización forzada deben erradicarse en todo el país y con especial atención en el estado fronterizo de Baja California, donde el Estado ejerce violencia contra mujeres nacionales y extranjeras migrantes.

Es por ello que resulta fundamental para Baja California, así como para todo el país:

1. Contar con un Protocolo de Prevención y Combate a la Violencia Obstétrica que incluya perspectiva de género, traductores de lenguas indígenas disponibles para explicar a las pacientes sobre los procedimientos que les realizarán, formas de consentimiento escrito en lenguajes y dialectos de la zona, así como accesibilidad a personas con alguna discapacidad.

2. Reconocer las diversas formas de violencia obstétrica como un delito, no sólo como un acto que amerita sanción en los términos de la Ley de Salud estatal.

3. Erradicar en los Servicios Médicos Municipales, así como en los centros de reclusión, las prácticas de anticoncepción y esterilización forzada.

Por lo anteriormente expuesto, y por la importancia, el impacto que causa en la sociedad y la urgencia de brindar la atención y dar solución a la problemática mencionada, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a modificar la Norma Oficial Mexicana, NOM 005-SSA2-1993, para eliminar el trato discriminatorio contra las mujeres y personas con discapacidad mental, así como a adecuar su lenguaje por palabras no estigmatizantes; así como a la creación de un Protocolo de Prevención y Combate a la Violencia Obstétrica que incluya la perspectiva de género e interseccionalidad.

Segundo. El pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del estado de Baja California a crear un Protocolo de Prevención y Combate a la Violencia Obstétrica que incluya la perspectiva de género e interseccionalidad como ejes rectores de la conducción de todos los hospitales y clínicas del estado, así como a la erradicación de las prácticas de anticoncepción y esterilización forzadas cometidas sistemáticamente contra mujeres indígenas, migrantes, en condiciones de pobreza, en condiciones de discapacidad mental, y cualquier otra condición de vulnerabilidad que atente contra la voluntad de las mujeres.

Tercero. El pleno de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los servicios médicos municipales del estado de Baja California a que se abstengan de continuar realizando prácticas de anticoncepción forzada, esterilización forzada o cualquiera que atente contra la libertad y decisión plena de las personas, sin que los actos sean justificables en los casos de discapacidad mental, reclusión, migración o cualquier otra.

Notas

1 Los estados del país en los que no existe legislación para perseguir esta práctica en contra de las mujeres: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Jalisco, estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Disponible para su consulta: https://www.animalpolitico.com/2015/08/en-17-estados-del-pais-se-puede- esterilizar-a-una-mujer-por-la-fuerza-sin-que-sea-un-delito/ Citada el día 7 de octubre de dos mil diecinueve a las 16 horas.

2 El Código Penal Estatal solamente contempla dentro del delito de lesiones la modalidad de aquellas que produzcan la pérdida definitiva de cualquier función orgánica, interpretando la reproducción como un posible supuesto del tipo. Sin embargo, la anticoncepción forzada, por ser temporal, no sería punible bajo este numeral que se cita. Artículo 139. Punibilidad de las lesiones simples en razón del resultado. Las lesiones que no pongan en peligro la vida, cualquiera que sea su tiempo de curación, serán penadas: III. De tres a ocho años de prisión y hasta doscientos días multa si producen la pérdida definitiva de cualquier función orgánica, miembro órgano o facultad, o causen una enfermedad segura o probablemente incurable o deformidad incorregible, o incapacidad por más de un año o permanente para trabajar.

3 Informe sobre anticoncepción forzada realizado por GIRE. Disponible para su consulta: https://informe2015.gire.org.mx/#/conclusiones-anticoncepcion Citada el día 7 de octubre a las 11 horas.

4 Artículo 22. 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público. Vigente al día ocho de octubre de dos mil diecinueve.

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_ame ricana_sobre_derechos_humanos.htm

5 Artículo 7. Crímenes de lesa humanidad 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; Disponible para su consulta en

https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
Vigente al día ocho de octubre de dos mil diecinueve.

6 Artículo 12 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Disponible para su consulta en:

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/
publicaciones/2011/convenci%C3%B3n%20pdf.pdf?la=es

7 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Situación de los derechos humanos en México. Disponible para su consulta en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

8 Se refiere al derecho de las personas a no tener más hijos, estableciendo por sentado que se trata de “Pacientes con paridad cumplida” como aquellas con 2 o más hijos, siendo invasivo de la voluntad para el caso de las mujeres que no desean tener ni un solo hijo. Consultado en la Guía de Manejo de la Esterilización Quirúrgica Femenina Voluntaria Post Parto disponible para su consulta en http://200.72.129.100/calidad/archivo1/GUIA%20ESTERILIZACION_v.1.pdf Citado el día ocho de octubre de dos mil diecinueve a las catorce horas con quince minutos.

9 Ídem

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/rm005ssa293.htm l

10 A diferencia del caso de las mujeres, a los hombres no se les establece un mínimo de hijas o hijos, mucho menos una “paridad (dos)”. Simplemente establece que su “fecundidad” sea satisfecha, un trato desigual que resulta a todas luces violatorio de los derechos fundamentales de las mujeres.

11 Norma Oficial Mexicana, NOM 005-SSA2-1993, De los Servicios de Planificación Familiar Disponible para su consulta en
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/Leyes%20y%20normas%20y%20reglamentos/
Norma%20Oficial%20Mexicana/NOM-005-SSA2-1993%20Planificaci%C3%B3n%20Familiar.pdf Citada el día 8 de octubre de dos mil diecinueve a las 13:38 horas.

12 Resolución por la que se modifica la Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, De los servicios de planificación familiar. http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/rm005ssa293.html

13 Indígenas, víctimas de la violencia obstétrica. Disponible para su consulta en: https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/indigenas-victimas-de-la-violen cia-obstetrica-3637318.html Citada el día 7 de octubre de dos mil diecinueve a las once horas.

14 Como utilizar el derecho penal internacional para impulsar reformas legislativas que incorporen la perspectiva de género. Amnistía Internacional. Disponible para su consulta en
https://books.google.es/books?id=FBozNepIU4AC&pg=PA25&dq=esterilizaci%C3%B3n+forzosa&hl=
es&sa=X&ei=1qGeT_vGNufB0QWT85SRDw#v=onepage&q=esterilizaci%C3%B3n%20forzosa&f=false Citada el día 7 de octubre de dos mil diecinueve a las once treinta horas.

15 Ídem. https://www.elsoldetijuana.com.mx/local/indigenas-victimas-de-la-violen cia-obstetrica-3637318.html

Ciudad de México, Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de dos mil diecinueve.

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP y la Sader a coordinar la creación de un plan integral relativo a las actividades primarias de Querétaro, con mayores recursos y mejores apoyos para el campo, suscrita por la diputada Sonia Rocha Acosta e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Quienes suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, numerales 1, fracción II, y 2 del artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El calentamiento global sumando a los históricos niveles de contaminación que hemos generado; ha elevado los niveles de temperatura ambiental, demostrado la potencialidad destructiva de sus efectos con sequias extraordinarias, lluvias torrenciales o bien, incendios sumamente fuertes y mortíferos, los cuales inmediatamente ganan fuerza a una velocidad impresionante, que incluso, a los expertos ha sorprendido y tomado con desconcierto.

Esta situación en Querétaro en el año 2019, nos ha generado no solo afectaciones económicas y ambientales, sino también a dañado severamente nuestra infraestructura de caminos, también infortunadamente ha costado vidas humanas y patrimoniales de cientos de familiares sobre todo en zonas rurales de la Sierra Gorda de Querétaro.

En este tenor de ideas la agricultura es una de las principales fuentes de empleo en las zonas rurales y uno de los mayores potenciadores de la economía. La producción de esta industria, de acuerdo con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), es una las tres máximas generadoras de divisas, sólo por detrás de los sectores automotriz y electrónico. Además, muchos de los productos creados por las microempresas y los pequeños productores agrícolas tienen alcance mundial, tal es el caso del jitomate, el aguacate y la producción de carne.

Asimismo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) indican que las exportaciones originadas en el campo mexicano durante el año 2017 sobrepasan los 27 mil millones de dólares, por ello es trascendental y estratégico impulsar al campo mexicano, ya que beneficia positivamente el empleo en zonas rurales, el consumo, la generación de divisas y la exportación de bienes.

No obstante, el sector agropecuario, en lo que se refiere al ramo 8 para el PPEF 2020 se disminuyó en la dramática cantidad de 19 mil 181 millones de pesos de su presupuesto, pasando de 65 mil 434 millones de pesos a 46 mil 253 millones, por lo que estamos hablando de un 32.9 por ciento de variación en términos reales, como se muestra en el cuadro 1, es decir, un recorte con machete para el campo.

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP de Transparencia presupuestaria, en el caso de las variaciones reales se utilizó el deflactor implícito del PIB de 3.6 por ciento propuesto en los CGPE

En este sentido a pesar de los discursos del actual presidente de la República, la intención del gobierno es aumentar programas sociales de tipo clientelar, a costa de disminuir los programas de producción que han dado resultados verificables para el campo, esto trae como consecuencia en el mediano plazo el incremento gradual de los índices de pobreza en el campo, pues quedarían desprotegidos ante la poca solvencia económica presentada.

La Unión Ganadera Regional de Querétaro en diverso foros y documentos ha expuesto la necesidad de un desarrollo estratégico para todo el estado, empezando por proyectos de ganadería de pastoreo, la rehabilitación de agostaderos, proyectos de fomento ganadero para exportación, proyectos de apicultura y caprinocultura en el estado de Querétaro.

Es por ello que productores agrícolas de los 18 municipios de todo el estado de Querétaro hacen llamados, a fin de exigir recursos y programas dirigidos a apoyar la productividad del campo como son: el fomento ganadero, apoyo para la compra masiva de diésel y la reactivación de programas productivos a partir de un padrón productivo transparente y verificable.

En el estado de Querétaro actualmente, al mes de septiembre de 2019, existen 20 mil 597 Unidades de Producción Pecuaria (UPP) registradas en el Padrón Ganadero Nacional (PGN), así como más de 1 millón de animales en el inventario ganadero por especie. Las cuales están distribuidas, como a continuación se señala:

Fuente: elaboración propia con datos de la Unión Ganadera Regional de Querétaro

Mientras para el ganado bovino de carne en pastoreo se tiene que el 72.5 por ciento de las unidades de producción pecuaria, es decir, los pequeños productores que cuentan con menos de 10 vientres y un 26.5 por ciento de 11 a 50 vientres, encontrándose en estos rangos el 90 por ciento del inventario ganadero. Esto se compara en el cuadro siguiente:

Fuente: elaboración propia con datos de la Unión Ganadera Regional de Querétaro

Asimismo, se debe de considerar que áreas rurales, es decir en el medio rural, de cada 100 habitantes, 58 personas están en el margen de la pobreza, como no sucede en el medio urbano, que de cada 100 un total de 39 están en el rango de la pobreza, por ello como legisladores tenemos la tarea de impulsar más presupuesto y apoyos dirigidos para atender el campo, ya que el campo aporta el 4 por ciento del PIB en promedio, mientras emplea al 35% de la población rural, este año las mejores estimaciones respecto crecimiento a nivel nacional no superaran el 0.9 por ciento, señal de que hay programas productivos para el campo que tienen mucho éxito.

Sobre este tema, el MZV Jorge Alejandro Ugalde Tinoco destacó que la falta de incentivos y programas sociales podría originar que la agricultura disminuya gravemente en Querétaro. Ya que la falta de apoyos es una situación que afecta a más de 2 mil productores de la zona serrana del estado. Por ello es prioritario reactivar la economía de la región afectada, dando facilidades para el acceso a los insumos productivos, como puede ser el caso de los energéticos para sus tractores.

En esta línea discursiva el dirigente agropecuario también ha manifestado al respecto que la mayoría de las localidades agrícolas en la entidad no han podido obtener un mayor volumen de producción, lo cual a largo plazo provocaría en el país problemas muy serios de autosuficiencia alimentaria.

Es entonces que a pesar de que el sector agroalimentario ha mostrado un gran dinamismo en los últimos años, un sector que está a mejores tasas que la economía en su conjunto, un sector que está generando mejores empleos, un sector que está rompiendo año con año récord en las exportaciones agroalimentarias estimando que al cierre del 2019 superé aproximadamente los 35 mil millones de dólares en ventas, en este sentido valoramos como fortuito que a partir del 2015 ya cuenta con una balanza agroalimentaria superavitaria, que hoy supera los 6,500 millones de dólares, en resumen vemos un contrasentido que se le está castigando a los productores en particular y al campo en general con menores apoyos y recursos para el campo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), ha limitado la puesta en marcha de los programas en concurrencia con las entidades federativas que es de cobertura nacional y que comprende también la aportación específica de todos y cada uno de los gobiernos locales, donde el plazo máximo para su puesta en marcha es el 31 de marzo, y hasta el momento no hay claridad en su ejecución, lo que pone en riesgo el ejercicio oportuno en favor de los pequeños productores en las entidades del país.

Otro caso que nos preocupa por el subejercicio presentado es la coordinación y control operativo de las ventanillas autorizada de Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA), el cual es un Programa Federal ejecutado por la Unión Ganadera Regional de Querétaro con recurso de la Sader.

Cuadro 4. Presupuesto devengado y sin aplicar en el SINIIGA 2016-2019

Fuente: elaboración propia con datos de la Unión Ganadera Regional de Querétaro

Además de lo anterior no todas las zonas del Estado son elegibles de apoyo, esto de acuerdo al Listado de Zonas de Atención Prioritarias Rurales 2020

Cuadro 5. Municipios de Querétaro por tipo de marginación 2019

Fuente: elaboración propia con datos de la Unión Ganadera Regional de Querétaro

Por ello en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se busca una coordinación de esfuerzos para que fortalecer las políticas públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta marginación y a las poblaciones económica y socialmente débiles.

En Acción Nacional exigimos el fortalecimiento al campo, ya que además de la reducción de la pobreza rural; significa rescatar para el desarrollo nacional un enorme potencial natural, humano, cultural y social que constituye una de las formas más importantes de la riqueza de nuestro país, por eso no podemos dejar solos a nuestros amigos productores y campesinos.

En este sentido nos referimos a la necesidad de activar de inmediato un plan integral de de apoyo a las actividades primarias de todo el Estado, que contemple entre otras medidas la implantación del Componente Atención Estratégico, a cargo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Dicho componente tiene como población objetivo a los productores de bajos y medios ingresos, que no cuenten con algún tipo de infraestructura productiva de alto valor agregado, que se vean afectados positivamente por cambios en la productividad para la actividad agrícola y ganadera, como es el caso que da motivo a esta proposición con punto de acuerdo.

Preocupa también la reducción sensible al programa presupuestario al reducirle de manera grave la asignación en el PPEF 2020 ya que generaría en el corto plazo un daño catastrófico extraordinario, como se muestra en el cuadro 6 con la CONAZA.

Cuadro 6 Programas Federales ejecutados por la Comisión Nacional de las Zonas Áridas CONAZA (millones de pesos)

Fuente: elaboración propia con datos de la SHCP de Transparencia presupuestaria

Las indefiniciones que han acompañado la puesta en marcha del Programa de Precios de Garantía presenta condiciones de insostenibilidad por su operación excluyente a la participación de productores de bajos ingresos, así como las indefiniciones en torno a su operación generando que los productores prefieran no vender en el mercado en espera que se los resuelva el Estado por conducto de Seguridad Alimentaria Mexicana.

Se evidencian síntomas de ingobernabilidad, producto de movilizaciones sociales y de una creciente ola de protestas en contra del gobierno federal. Todo lo anterior ha generado en los productores del país un escenario de profunda inconformidad social e incertidumbre.

En este sentido es el desamparo a los productores que utilizaban esos recursos para la compra de insumos como semilla, fertilizantes y pesticidas, además de que el gobierno federal también recortó los apoyos de diversos programas para el pago de seguros, el programa a la comercialización y precios de garantía.

Los productores tendrían perdidas económicas y no tendrían recursos para pagar los créditos que solicitaron con casas comerciales para poder generar círculos virtuosos económicos, es entonces, que no solo se está afectando a los productores con los recortes al campo, también se está afectando a comercios, gasolineras y empresas que se dedican a la renta de maquinaria y equipo agrícola, donde dependen muchas familias de manera indirecta de la actividad agrícola que se desarrolla a lo largo y ancho del Estado.

Las innumerables afectaciones agrícolas que se registraron en muchos municipios y zonas circundantes, requieren de apoyos extraordinarios para salir delante de la mejor manera y lo antes posible. En este caso, las autoridades estatales y federales deben de asumir con efectividad y oportunidad el compromiso de apoyar a miles de familias mexicanas en la recuperación de su actividad económica, de su sustento, y a la vez, en la economía de toda esa región, que hace una importante contribución a la riqueza nacional. Hoy, los productores agrícolas requieren de nuestra ayuda para hacerle frente a la posible emergencia, pero también para recuperar su patrimonio, para salir adelante nuevamente.

Quienes integramos esta soberanía, como representantes de la población que somos, estamos obligados a apoyar a este importante sector de nuestra población y de nuestra economía tanto regional como nacional.

Debemos coadyuvar con las autoridades correspondientes, para que la producción carne bovina, que tanto orgullo nacional nos ha ofrecido, se recupere y siga siendo el sustento de cientos de familias, que le permita lograr mejores oportunidades de bienestar económico tanto en el presente como mirando hacia el futuro.

Programa Desarrollo Rural

Otra política preocupante es el programa de desarrollo rural ya que su objetivo es mantener de forma sostenible la productividad de las Unidades de Producción Familiar del medio rural, con la finalidad de contribuir a mejorar los ingresos; pero en las reglas de operación se señala una cobertura a nivel nacional, dentro del ámbito rural, en donde las unidades de producción se encuentren dentro de los municipios de las Zonas de Atención Prioritarias Rurales y en localidades de marginación con alta y muy alta marginación. Por lo que se busca que para el estado de Querétaro se contemplen estas dos opciones, debido a que no todos los municipios se encuentran dentro del listado de Zonas de Atención Prioritarias Rurales, como se señala en el cuadro 5.

La ejecución de este tipo de programas es de gran importancia debido a que abarcan proyectos productivos, estratégicos que tienen impacto no sólo a nivel de localidad, sino también regional o estatal, al estar impulsando a las Unidades de Producción Pecuaria (UPP) a acceder a activos fijos para mejorar su capacidad productiva llevando a cabo un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Aquí se pueden desarrollar los programas estratégicos de desarrollo rural que impulsen las unidades de producción, tales como lo eran el Programa de Desarrollo de las Zonas Áridas (Prodeza) y el Programa de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (IPASSA), a través del cual se desarrollaron proyectos productivos integrales en diferentes cadenas de valor, con ejecución en varias etapas contemplando acciones que incluían la adquisición de equipamiento, maquinaria y construcción de infraestructura adecuada para la actividad productiva; además de llevar a cabo obras de conservación de suelo y agua, y el desarrollo de capacidades en donde se contemplaba el diagnóstico, elaboración de proyecto, seguimiento, así como el desarrollo de cursos de capacitación, talleres y visitas de intercambio de aprendizaje, en donde se buscaba que en los grupos de beneficiarios se incrementara su productividad, así como la producción de alimentos, fortaleciendo el desarrollo comunitario en zonas rurales, realizando acciones en las regiones con poca disponibilidad de agua y procesos de erosión del suelo para aprovechar sustentablemente los recursos naturales asociados con sus actividades productivas, Por lo que es necesario contemplar el desarrollo de este tipo de programas para ser aplicados y ejecutados en las Unidades de Producción Pecuaria del Estado de Querétaro, buscando la existencia de Componentes que busquen la transversalidad a través de proyectos integrales y estratégicos con acciones de equipamiento e infraestructura, de conservación y uso sustentable de suelo y agua y desarrollo de capacidades.

Componente de rehabilitación de agostaderos y praderas

En nuestro país existen 1’053,000 km2, con climas áridos y con problemas de sobrepastoreo por lo que es urgente detener su desertificación. En el contexto estatal, 672 mil 202.67 hectáreas presentan actividad agropecuaria o forestal, de las cuales 52.59 por ciento son de agostadero. En el Estado de Querétaro se ha llevado la rehabilitación de 9 mil 200 hectáreas y la siembra de casi 5 mil hectáreas con pastos para producción de forraje en los agostaderos. Los agostaderos son áreas en donde la precipitación es muy baja además de que muestran una gran pérdida de cubierta vegetal acarreando consigo la degradación y desertificación de la tierra, con graves efectos a corto y largo plazo, a mayor deterioro de los agostaderos, mayor afectación ecológica y más escasa y dispersa la cubierta vegetal y como resultado de este teorema nuestro hábitat y los ecosistemas pagan las consecuencias; dichas áreas están destinadas a la ganadería en pastoreo (bovinos, ovinos y caprinos), vida silvestre; por lo que técnicas para rehabilitar (paso de rodillo aireador, surcado listar en curvas de nivel dicha acción evita escurrimientos y permite la detención del agua para filtrarse a los mantos acuíferos, subsuelo en curvas de nivel; además de la siembra de semillas de pastos o reforestación con plantas nativas; adquisición e instalación de cercos perimetrales y de exclusión para las áreas rehabilitadas con cercado fijo o cercos eléctricos; perforación y/o equipamiento de pozos ganaderos; construcción de tanques de almacenamiento de agua, bebederos pecuarios, líneas de conducción, mantenimiento de bordos de abrevadero. Este tipo de acciones va a ayudar a contrarrestar los efectos de la desertificación, recuperando suelo, cobertura vegetal, además de permitir generar emisiones de carbono a la atmósfera, coadyuvando a contrarrestar los efectos del cambio climático y devolviendo el equilibrio de los ecosistemas en las áreas rehabilitadas.

Debido a lo anteriormente expuesto se solicita la reactivación de un componente de rehabilitación de agostaderos y praderas, el cual permitirá desarrollar un manejo adecuado de los agostaderos en el estado de Querétaro.

Componente de fomento ganadero

La finalidad de este programa es contribuir a aumentar la productividad de las Unidades de Producción Económicas Pecuarias, mediante la inversión en dicho sector, por tanto, es necesario continuar con dicho programa en donde se contemple:

La capitalización productiva pecuaria. Con la finalidad de incentivar a las Unidades de Producción del estado de Querétaro para la adquisición de activos productivos, infraestructura, maquinaria y equipo, repoblamiento y rescate de hembras, contribuyendo al incremento de su productividad, esto debido a que más del 70 por ciento de las Unidades de Producción en el estado tienen nula infraestructura básica para el alojamiento de su ganado, lo cual repercute en el bienestar animal y por ende en una baja productividad.

Estrategias de postproducción pecuaria. Contemplando incentivos en las Unidades de Producción para llevar a cabo un manejo nutricional, reproductivo y genético de sus hatos ganaderos a través de recría, material genético pecuario, manejo de ganado, ganado alimentario y sistemas producto pecuarios; Este punto es de vital importancia en el estado de Querétaro, debido a que el 73 por ciento de las Unidades de Producción cuentan con menos de 10 vientres, por lo que se debe apoyar a dichas unidades con estrategias integrales productivas.

Trazabilidad del ganado

De acuerdo a la Ley Federal de Sanidad Animal y la Norma de Identificación Oficial NOM-001-SAG/GAN2015, que dentro de sus objetivos se encuentra fortalecer el control sanitario y asegurar la rastreabilidad y trazabilidad del ganado, es de gran importancia mantener la Operación de los Sistemas:

Padrón Ganadero Nacional (PGN). El cual permite contar con un registro de las Unidades de Producción Pecuaria (UPP) y de los Prestadores de Servicios Ganaderos (PSG) para todas las especies de interés pecuario.

Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA). El cual opera a través de las ventanillas autorizadas SINIIGA (VAS), en donde se establece la identificación individual del ganado con la finalidad de conformar una base de datos para fortalecer los programas de control sanitario, movilización de los animales, combate a abigeato. Por los que buscamos que continúe el apoyo para la operación de ventanillas autorizadas (VAS), además de reincorporar las ventanillas autorizadas locales (VAL), las cuales permitían operar en las zonas de mayor densidad ganadera, buscando tener una cobertura amplia y suficiente para las necesidades de los productores ganaderos del estado de Querétaro.

Registro Electrónico de Movilización (REEMO). A través de este sistema podemos conocer el origen del animal, en donde nace, por donde pasa, con quien vive y donde se muere, conociendo su historial en cuanto a movilización es decir la Trazabilidad.

Para mantener el estatus zoosanitario y conocer la trazabilidad del ganado, es importante contar con recurso económico que permita llevar a cabo la operación de los sistemas anteriores, por lo que buscamos su apoyo para reponer y mantenerlos a nivel nacional, estatal y municipal.

Programa Crédito Ganadero a la Palabra

El Programa Crédito Ganadero a la Palabra apoya a los productores para incrementar el inventario ganadero y al mismo tiempo da la oportunidad de realizar mejoramiento genético, así mismo se puede complementar con apoyo para incrementar la disponibilidad de alimento, suplementaciones minerales proteinizadas.

Las reglas de operación señalan que es de cobertura nacional; pero en 2019 lo limitaron a 12 estados (Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Michoacán de Ocampo, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas) dejando fuera a nuestro estado.

Consideramos que este programa es de gran apoyo para los productores ya que con él se permite llevar a cabo el repoblamiento de hato ganadero, apoyando hasta con 10 vaquillas a nuestros productores; este programa también permite que las solicitudes para repoblamiento del hato pecuario puedan ser complementadas con equipamiento y obras de infraestructura para el almacenamiento, captación y conducción de agua, que tanta falta nos hace a los ganaderos de la Sierra.

Otro de los grandes beneficios de este programa es el apoyo para adquirir bebederos, comederos, sombreaderos, prensa ganadera y báscula. Cercado de postes de larga vida útil, todo lo básico que se requiere en las unidades de producción y que no se tiene en la región serrana.

También se contempla la rehabilitación de pastizales y potreros con semilla, material vegetativo, control mecánico o químico de maleza.

Es decir, este programa está diseñado para atender más del 60 por ciento del territorio del estado y desafortunadamente no somos considerados como población prioritaria y peor aún que para 2020 propusieron una reducción del 75% del presupuesto de este programa.

Propuesta:

Solicitamos a ustedes que realicen las gestiones necesarias para que se incluya a Querétaro como población prioritaria en este programa.

Programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos

La población objetivo de este programa serán los pequeños y medianos productores de maíz, frijol, arroz, trigo panificable y leche. 2.4 Incentivos y montos máximos Los precios de garantía que se establecen, los ciclos agrícolas en que aplican, el límite de superficie y el volumen máximo de compra para cada productor, son los siguientes:

En el caso de la leche, Liconsa continuará realizando las compras de leche fluida a pequeños y medianos productores a un precio justo; el precio por litro y las compras serán permanentes a lo largo del año.

Leche: los pequeños (de 1 a 35 vacas) y medianos (de 36 a 100 vacas) productores que están en el padrón de Liconsa.

Para cumplir con el Programa de Abasto Social de Leche, Liconsa se abastecerá, en primer término, de productores pequeños y medianos de leche fluida. Se consideran pequeños, aquellos productores que posean de 1 a 35 vacas y medianos de 36 a 100 vacas. Cuando exista precio de garantía, el mismo se aplicará exclusivamente a los productores de leche antes mencionados. Para dar continuidad y certeza de que estas condiciones se cumplan, Liconsa revisará periódicamente sus padrones de productores.

Cuando las adquisiciones referidas a los anteriores productores no sean suficientes, Liconsa podrá comprar leche fluida a productores que rebasen el límite de vacas antes señalado, en tal caso, lo hará a precio de mercado. Igualmente podrá surtirse a través de importaciones, cumpliendo con la normatividad respectiva. En lo referente a la calidad, en todos los casos se estará a lo dispuesto en las normas oficiales establecidas.

Propuesta:

1. Incrementar el límite de litros de leche por productor, ya que el punto de equilibrio de la producción de leche de una vaca es de 20 litros, por debajo de esa producción el ganadero no obtiene una utilidad.

2. Eliminar el apartado que se refiere a la compra de importaciones ya que se desconoce la calidad de la leche que se importara y el precio puede estar por arriba del que le pagan al productor nacional.

3. En caso de requerir mayor cantidad de leche modificar la restricción de litros de leche por productor para que se realice el abasto con los productores ya inscritos en el programa.

Concurrencia con entidades federativas

La finalidad de este programa es permitir ampliar los recursos que están destinados a necesidades específicas de carácter local, municipal o estatal. Siendo un mecanismo de conjunción entre gobierno federal y estatal, además de los grupos de beneficiarios. Por lo que es importante continuar con este Programa, debido a que en 2019 hubo una reducción del 50% de recurso federal comparado con el ejercicio 2018, y lo que se tiene contemplado para el 2020 es la desaparición de este programa, por lo que solicitamos que no desaparezca y se pueda estar contemplando por lo menos un presupuesto de 80 millones de pesos para el siguiente ejercicio, así también la inclusión del estrato 5.

Administración de riesgos

La administración de riesgos es un elemento estratégico para la organización ganadera a través del cual se han desarrollado esquemas de aseguramiento para las inseguridades que afectan a la producción ganadera e incluso tener un esquema de protección para los propios productores.

Estos esquemas de protección aseguran el patrimonio de los ganaderos del Estado y dan certeza a la continuidad de sus operaciones, al tiempo que propician la creación de un sector con capacidad y recursos para administrar sus riesgos.

De aquí la importancia de mantener este tipo de fondos en donde se esté brindando, con apoyo de la Sader y la SHCP seguros de protección al productor para los ganaderos con menos unidades animal en sus UPP, de daños climáticos en los agostaderos (SECA) y para eventos de alta mortalidad; por lo que solicitamos se mantengan además de restablecer el monto de seguro de vida al productor.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedirles su solidaridad y lograr juntos que se realicen los cambios institucionales pertinentes a fin de apoyar al campo, por lo que me permito proponer, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal y a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), para la creación de un plan integral de apoyo a actividades primarias del estado de Querétaro, mediante adecuaciones presupuestales necesarias a fin de garantizar la asignación de mayores recursos y mejores apoyos para el campo, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de toda la región.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputados: Sonia Rocha Acosta (rúbrica), Marcos Aguilar Vega (rúbrica), Ana Paola López Birlain (rúbrica), Felipe Fernando Macías Olvera (rúbrica), María Marcela Torres Peimbert, María Alemán Muñoz Castillo (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra de Veracruz a establecer con los gobiernos federal, estatal y municipal convenios de colaboración y crear un programa de ordenamiento y regulación al respecto en la entidad, a cargo de la diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lizeth Amayrani Guerra Méndez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al delegado estatal de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (Corett) en Veracruz, para que, en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipales, establezca convenios de colaboración para crear un programa de ordenamiento y regulación de la tenencia de la tierra en el estado de Veracruz, a fin agilizar los trámites administrativos y exentar los gastos generados del proceso de escrituración; al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El rezago y las carencias a que son susceptibles los grupos sociales con mayor grado de marginación requieren necesariamente políticas públicas sanas, eficientes y sólidas, cimentadas en ejes fundamentales como la equidad y el bienestar social.

En los recorridos por en mi distrito en el estado de Veracruz he identificado una constante solicitud de apoyo, es decir, hay un problema serio para los veracruzanos, el cual tiene que ver con la regularización y ordenamiento de la tenencia de la tierra.

Por ello, resulta prioritario atender las demandas de tenencia y propiedad de la tierra mediante la celebración de convenios establecidos de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipales, a fin de que las familias que carezcan de seguridad jurídica por no contar con un documento legal que las acredite como propietarias de las tierras en que actualmente se encuentran sólo en posesión; esto es, a fin de que los posesionarios se conviertan en legítimos propietarios.

La tenencia de la tierra en el México de principios del siglo XX tuvo su precedente político, económico y social en el movimiento revolucionario de 1910 a 1917, del cual se derivó, como estrategia fundamental para la organización de la vida nacional, un reparto agrario que amén de sus futuras implicaciones, daba respuesta a un anhelo popular que sintetizaba en ello el establecimiento de un país diferente, sobre bases más humanas y justas.

Ese México rural de principios del siglo XX fue uno muy diferente al México que vio nacer el siglo XXI. Mientras que en 1900 casi las tres cuartas partes de la población vivían y trabajaban en el campo (el 72 por ciento, para ser precisos), en el año 2000 los mexicanos integrantes de la sociedad rural apenas si alcanzaban la cuarta parte de la población total. Así, de una manera aparentemente lenta, pero progresiva, la población mexicana fue transitando de una sociedad abrumadoramente agraria, a otra con un claro predominio urbano y todas las implicaciones que esto conlleva.

Hoy seguimos conservando una proporción alta de mexicanos que viven en el campo, no obstante que en los inicios de la centuria pasada los servicios como electricidad y alumbrado público, agua potable en el domicilio, drenaje y alcantarillado, pavimentos y transporte público, estaban poco extendidos inclusive en el propio medio urbano, poco a poco se fue convirtiendo en parámetro para diferenciar formal y sustantivamente al campo y la ciudad porque esas prestaciones, que ahora son esenciales como indicadores de progreso y bienestar, son todavía escasas en el primero y normales en los centros urbanos.

Por otro lado, la población rural continúa vinculada al sector primario, con prácticas agrícolas de autoconsumo, en la mayoría de los casos llevadas a cabo en zonas donde la capacidad productiva de las tierras es muy cuestionable. De esto deviene que las diversas profesiones inherentes a los empleos modernos, rara vez se asientan en este tipo de áreas, agravando con ello una evidente polarización social.

Acusando patrones similares a lo descrito, la distancia entre lo rural y lo urbano, sin menoscabo de la repercusión de las telecomunicaciones que alcanzan una cobertura bastante significativa, se manifiesta de manera relativa en otros aspectos de la vida social, algunos, como los culturales que sin duda son importantes, y otros que por ambiguos o contradictorios, tienen menor trascendencia.

La urbanización cobra cada vez más fuerza, pero aparejado a esta tendencia, debido a que los primordiales fundos legales están estrangulados en sus fronteras por terrenos destinados a las labores agrícolas, el crecimiento de los asentamientos humanos irregulares es un problema que tiene su origen, cuando menos, en la falta de previsión por parte del Estado para atender con oportunidad y suficiencia la legítima demanda de los mexicanos por una vivienda.

Al no obtenerla, se ven obligados a establecerse en donde se pueda y como se pueda, y dado que en la mayoría de los casos las superficies aledañas a las ciudades se encuentran constituidas por ejidos o comunidades indígenas, respecto de las cuales a su vez, con frecuencia, ocurre que no existe ni en ejidatarios, ni en comuneros, y tampoco en quienes llegan a asentarse en esos terrenos, el conocimiento suficiente ya no digamos de las leyes y procedimientos para regularizar este hecho, ni siquiera desde dónde llega o inicia su heredad, puesto que se trata, como bien sabemos, de una propiedad social, y por tanto, la superficie parcelaria, y menos la de uso común, es susceptible de comercializarse, como si fuese una propiedad privada.

Cuando los asentamientos humanos irregulares establecidos en terrenos ejidales y comunales destinados principalmente a la agricultura, se tornaron en un problema nacional, el honorable Congreso de la Unión emitió, el 16 de abril de 1971, la Ley Federal de Reforma Agraria, en la que se establece que los poblados ejidales deberían tener su fundo legal y zona de urbanización, que no podían ser enajenables, pero se establecía asimismo, que “el núcleo de población podrá aportar tierras del asentamiento al municipio o entidad correspondiente para dedicarlos a los servicios públicos”.

La dinámica de crecimiento urbano que presentó el país en la década de los años setenta, involucró un considerable incremento demográfico y de la mancha urbana de varias ciudades y trajo consigo conflictos sobre la tenencia de la tierra, posesiones al margen de la ley e invasiones de tierras de propiedad federal, ejidal y comunal.

Derivado de lo anterior, se consideró necesario delinear una política que atendiera dichos problemas con base en la entonces Ley Federal de la Reforma Agraria, creándose por acuerdo presidencial de fecha 7 de agosto de 1973, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 20 del mismo mes y año, el acuerdo por el que se crea el Comité para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, perteneciente entonces al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.

Posteriormente, el 8 de noviembre de 1974 se publica el Decreto por el que se reestructura el citado Comité, para crear la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (Corett) como organismo público descentralizado de carácter técnico y social con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Para el 26 de febrero de 1999, el Ejecutivo federal realizó adecuaciones a la Corett con el propósito de sectorizarla a la Secretaría de Desarrollo Social, a la par se determinó que, además de atender la legislación agraria, ahora se deberían incorporar las tierras regularizadas a la normatividad de los planes y programas de desarrollo urbano.

En México existen 31 mil 873 ejidos y comunidades distribuidos en todas las entidades federativas y se localizan en 90.4 por ciento de los municipios que conforman el país; los ejidos son 29 mil 519 y las comunidades ascienden a 2 mil 354. Cabe mencionar que el estado de Veracruz es el que cuenta con más ejidos que cualquier estado de la República Mexicana, ya que tiene más del 11 por ciento de estos ejidos, de acuerdo con una encuesta realizada por el Inegi.1

De los ejidos, 4 mil 639 han optado por el dominio pleno, lo que representa que cerca de 16 por ciento de ellos pueden vender sus parcelas de labor legalmente. De acuerdo con este monto, poco más de 84 por ciento de los ejidos no han vendido alguna de sus partes; sin embargo, estos datos son inexactos, ya que se conoce de múltiples casos de venta de parcelas en ejidos sin dominio pleno a personas ajenas a los núcleos agrarios. Es decir, que no son ejidatarios, posesionarios o avecindados, por lo que las anteriores cifras se refieren exclusivamente a los ejidos que legalmente han realizado ventas de tierra.

Nos encontramos ante un problema toral al que debe dársele una atención que vaya más allá que acudir al lento trámite burocrático y el temor a las implicaciones políticas que estas acciones traigan consigo. Datos de Naciones Unidas nos permiten vislumbrar, merced a la proyección estadística, que para el año 2030, de una población total calculada en 127 millones 805 mil 586 habitantes, las zonas urbanas contendrán, con un escaso margen de exceso, al 17 por ciento. Y sólo uno de cada diez mexicanos formará parte de la población empleada en el sector primario.

Basados en el escenario descrito, se podría presumir que las tradicionales demandas de clase y la presión por la tierra tenderán a disminuir, y que el discurso campesinista que durante décadas ha tenido tanta fuerza, irá disminuyendo en intensidad.

Es por ello la urgencia de que la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno del estado, con la participación de sus municipios, cree un programa especial para llevar a cabo el ordenamiento y la regulación de la tenencia de la tierra en el estado de Veracruz, en donde existan asentamientos humanos irregulares ubicados en predios de origen social (ejidal y comunal) y de propiedad federal; a fin agilizar los trámites administrativos, y exentar los gastos generados del proceso de escrituración.

Con base a lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al delegado estatal de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra (Corett) en Veracruz para que, en coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipales, establezca convenios de colaboración para crear un programa de ordenamiento y regulación de la tenencia de la tierra en el estado de Veracruz, a fin agilizar los trámites administrativos, y exentar los gastos generados del proceso de escrituración.

Nota

1 http://cuentame.inegi.org.mx/agricultura/primarias/ejidos/default.aspx? tema=E

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputada Lizeth Amayrani Guerra Méndez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a no reducir las actuales prestaciones o salario de los militares y garantizar la estabilidad económica del personal en activo y en retiro, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Annia Sarahí Gómez Cárdenas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En meses recientes se le han delegado diversas tareas extraordinarias a las fuerzas armadas como la creación y operación de la Guardia Nacional, el diseño del nuevo aeropuerto en la base militar de Santa Lucía o la eliminación del sargazo en el caribe mexicano. Ante estas tareas, el personal militar ha respondido con lealtad, compromiso y de manera institucional. Ante la gran tarea que enfrentan los elementos militares, es de gran importancia que el gobierno federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina garanticen un sueldo estable a los soldados y se desistan de realizar cualquier reducción en las prestaciones que actualmente perciben. La estabilidad económica de las familias de militares no se puede comprometer ni ser un elemento de preocupación o desconcierto.

Las fuerzas armadas están constantemente fuera de su hogar por largos periodos de tiempo en el cual la comunicación con sus familiares es muy limitada. Ante esta situación, el gobierno federal debe garantizar que los militares tengan la tranquilidad que las necesidades básicas de su familia están siendo cubiertas y no tener la incertidumbre de posibles recortes salariales en el futuro. Por esta razón, es inaceptable que miembros de las fuerzas armadas hayan recientemente expresado su temor y desconcierto ante amenazas de recortes salariales y prestaciones.

Esta incertidumbre comenzó desde diciembre del 2018 cuando se difundieron versiones de la preparación de una iniciativa por parte del Grupo Parlamentario de Morena para ajustar el salario de los mandos de las Fuerzas Armadas al tope salarial fijado en la Ley de Remuneraciones. A poco más de 10 meses, el personal militar aún no tiene la certeza que su salario será respetado. En todos los niveles jerárquicos de la estructura militar existe un gran desconcierto sobre el futuro y las condiciones contractuales a las que estarán expuestos. Esto ha representado un reto en sus actividades diarias al agregar una preocupación adicional por encima de las que están expuestos todos los días.

A pesar de la publicación de la tabla de haberes del personal militar a partir del primero de enero de 2019, no se tiene la certeza que estos montos serán respetados y no existirán modificaciones que reduzcan su percepción mensual. Aunque en años previos no ha sido común que esta tabla sea modificada en el transcurso del año para el que fue proyectada, el ambiente político y debate nacional sobre la remuneración de los servidores públicos hace esencial que el gobierno federal pronuncie públicamente su compromiso en no disminuir los salarios y prestaciones del personal militar durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Actualmente, las Fuerzas Armadas cuentan con 42 mil 17 casos de haberes de retiro, para cubrir estas pensiones el gobierno federal destina más de 4 mil millones de pesos anuales. El artículo 33 de la Ley de Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas señala que los efectivos con 20 años o más de servicio tienen la posibilidad de retiro con todas las prestaciones, incluidas las médico-quirúrgicas y financieras. Ante un número tan alto de pensionados y elementos en retiro, se vuelve esencial que el gobierno asegure la estabilidad de los beneficiarios y no los expongo a reducciones o modificaciones en su plan de retiro. Después de tantos años de servicio y lealtad a la patria lo mínimo que puede hacer el Estado mexicano es garantizar la tranquilidad y certeza de los elementos en torno a su condición económica en el futuro.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina; y al presidente Andrés Manuel López Obrador para expresar públicamente su compromiso por no disminuir las percepciones mensuales ni prestaciones del personal militar durante el periodo de gobierno 2018 - 2024.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente Andrés Manuel López Obrador para que realice acciones que doten a las fuerzas armadas de certidumbre y certeza sobre sus relaciones contractuales con el Estado mexicano.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional; almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina; y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que garanticen la no disminución en los montos otorgados de pensión a las fuerzas armadas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE y la Secretaría de Cultura a proponer ante la UNESCO la inscripción del circo en la lista representativa del patrimonio cultural de la humanidad, suscrita por los diputados César Agustín Hernández Pérez y Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, César Agustín Hernández Pérez y Sergio Mayer Bretón, diputados integrantes de la LXIV Legislatura, pertenecientes al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El objetivo de esta proposición con punto de acuerdo es exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a la Secretaría de Cultura, para que propongan ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la inscripción del Circo, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Para fundamentar la solicitud, a continuación, expondremos una breve narración de los antecedentes del mismo, basando principalmente nuestro relato en el libro intitulado La fabulosa historia del circo en México , de Revolledo Cárdenas, Julio (2004).

El circo es un espectáculo público cuya existencia data de hace miles de años, así podemos remontarnos a la época romana, donde el circo adquirió una gran relevancia y consistía en pequeños grupos de personas los cuales realizaban diferentes acrobacias, destrezas, habilidades y ejercicios, se creía que las personas que participaban en él poseían un gran talento.

Dentro de este espectáculo también se llevaban a cabo carreras de carros y de caballos, siendo este último uno de los antecedentes directos del circo romano, acto que copiaron de la tradición griega y la trasladaron a Roma para darle posteriormente la denominación de circo. “El antecedente relativamente próximo a los grandes circos romanos puede hallarse en las carreras de caballo griegas. Cuando Roma conquistó la Hélade admiro todas las competencias griegas, muchas de las cuales se retomaron y moldearon para conformar lo que en el futuro se llamaría actos circenses, pero especialmente admiraron las carreras de caballo que parece ser, eran las pruebas a las que los helenos concedían poca importancia. Al aceptar con entusiasmo este nuevo espectáculo, pronto Roma se vio inundada de hipódromos griegos a los que llamó circos.”1

De tal forma que, así como los griegos trasladaron su tradición de la carrera de caballos a los romanos, éstos a su vez dejaron un gran legado y una gran aportación al mundo del circo con estas mismas carreras, pero además agregando otras rutinas como actos de destreza, atletismo, deportivos y artísticos con un gran atractivo visual.

En Roma existían diferentes tipos de circos, entre los más populares figuraban los juegos circenses; representaciones teatrales presididos por magistrados pues este tipo de circos formaban parte de ceremonias de culto y “el pompa circensis ” que se trata de una especie de desfile, además de algunos personajes de gran popularidad dentro del circo conocidos como los “desultores” que no eran más que jinetes de caballos, que realizaban actividades como saltos de caballo a otro caballo o recoger objetos del suelo mientras cabalgan.

La frase ahora popular que dice “pan y circo” se remota a esta etapa histórica y consistía en el espectáculo que ofrecían los grandes gobernantes que se encontraban en el poder, con la finalidad de mantener entretenidos a los ciudadanos de más bajos recursos del pueblo romano. “Pompeyo y Julio César fueron las figuras políticas que más claramente ilustraron la utilización del entretenimiento del circo como un fin de su propia política.”2

En cuanto a la presencia de animales dentro del circo, hay que irnos aún más atrás, a Egipto para ser más precisos, en la época antes de Cristo donde reinaba la dinastía de los Ptolomeos, en donde los reyes o gobernadores de dicho lugar como Alejandro Magno y su hijo Ptolomeo II acostumbraban tener una gran colección de animales como elefantes, jirafas, leopardos, leones, camellos, osos, panteras, rinocerontes, entre otros, los cuales desfilaban en ceremonias religiosas. Posterior a la presentación de los animales frente al público es que surgieron los domadores que hicieron que el circo fuese más atractivo. “La experiencia de importar formas de vida exóticas de lugares distintos, lograba excitar a las personas que jamás habían salido más allá de las paredes de sus lugares nativos, reforzando por otra parte las rutas comerciales o de dominio de colonias que conducían a Roma.”3

Otros recintos de gran importancia dentro de la época romana y con gran conexión con los circos de la actualidad, eran los anfiteatros que consistían en espacios donde estaban instaladas gradas para recibir a los espectadores y pudieran observar con una mejor vista espectáculos de la talla como luchas de gladiadores y fieras, un gran ejemplo de estos anfiteatros es el Coliseo Romano inaugurado en el año 80 cuya capacidad era de 50 mil espectadores. En cuanto a los gladiadores éstos eran luchadores profesionales entrenados para presentarse dentro de los anfiteatros, y que se clasificaban en función de las armas que poseían.

Antecedentes en el Renacimiento y la expansión del circo en siglos posteriores

En la etapa del Renacimiento uno de los circos de mayor trascendencia y reconocimiento fue el fundado en Inglaterra por Philip Astley quien era un sargento de caballería, destacado por ser parte del ejército de donde obtuvo sus grandes habilidades de jinete, y gracias a éstas y sus diferentes destrezas al montar es que decidió abrir este circo, asignándole poco a poco nuevas exhibiciones como alambristas, payasos, hombres fuertes y gimnastas, acontecimiento que desemboca en la esencia de los circos actuales. Una vez alcanzado una buena fama, es que Astley decidió realizar giras al extranjero presentando sus grandes actuaciones, el primer lugar al que acudió fue a Francia en donde presentó sus grandes habilidades como jinete ante el rey, lo que hizo que muchos de los artistas de las ferias abandonaran éstas y buscaran incorporarse a los espectáculos de Astley, entre otros lugares o países en los que hizo sus presentaciones se encuentran Serbia, Bélgica y Austria, y en cada lugar que visitaba iba creando nuevos circos, permitiendo la expansión de estos a lo largo de diferentes ciudades de Europa. “La primera exhibición que utilizó la palabra circo fue la de Charles Hughes, uno de los jinetes de Astley quien independizándose abrió su propio espectáculo en 1872 y lo llamo Royal Circus a propuesta de Charles Dibdin, un hombre de teatro con gran ingenio que se asoció con Hughes y otros personajes para abrir el Royal Circus, de modo que si Astley puede considerarse el padre del circo, fue Dibdin quien así lo bautizó.”4

Poco a poco comenzaron a surgir nuevos personajes que se adentraron al mundo del circo y que abrieron sus propios centros de espectáculo, expandiendo aún más la tradición, ya en Europa existía un gran auge, así que se comenzó a llevar a otros continentes, entre algunos lugares donde el circo llegó se encuentran Australia gracias a la familia Wirth y a personas como Robert Radford.

Llegada del circo a América y Estados Unidos de América

A América llegaron los circos europeos a finales del siglo XIX y en el siglo XX en países como Colombia, Brasil, México, Chile, Argentina, Uruguay, y Centroamérica.

El primero que recibió la visita del circo y en especial donde alcanzó un gran éxito fue en Estados Unidos a finales del siglo XVIII, (1792), instaurándose inicialmente dos circos, uno en Filadelfia y otro en Nueva York, inaugurados por el inglés John Bill Ricketts quien era un gran jinete.

El circo fue creciendo en Estados Unidos, comenzó en las calles hasta llegar a las carpas, contando con las condiciones necesarias para ofrecer el espectáculo con comodidad, igualmente se aumentó el número de personajes protagonistas de los circos, ya para fines del siglo XIX existían más de 100 circos dentro del territorio estadounidense. “La edad de oro de los circos estadounidenses empezó en 1870, cuando alrededor de 10 grandes circos recorrían la Unión Americana por ferrocarril básicamente y cada cual alardeaba ser el más grande y el mejor, y trataban de superar a los otros con actos diferentes y nuevas especies de animales.”5

Los animales eran una característica fundamental dentro de la esencia de los circos, el animal más destacable es el elefante,6 con ellos se crea un subtipo de circo consistente en zoológicos ambulantes, ejemplos de ellos, el circo zoological institute en Estados Unidos y el zoológico Wombwellen de Inglaterra. Otros animales exóticos que llamaban la atención del público como jirafas, camellos, rinocerontes, cebras, llamas, entre otros animales de gran tamaño y peso.

Ahora es menester resaltar la importancia de personajes humanos dentro del circo, los primeros a mencionar son los acróbatas (trapecistas, alambristas, gimnastas y equilibristas) individuos de gran trascendencia para la atracción del circo y cuya actividad era de alta complejidad pues para obtener éxito se necesitaba de una excelente coordinación, comunicación, condición física acompañado de un buen vestuario, escenografía, música y coreografía que dieran un mayor atractivo visual, estas actuaciones llegaron a igualar la popularidad que tenían los animales.

La extrema dificultad en las acrobacias es la clave para que el público quede expectante y deseoso de ver más, dejando en estos una gran sensación que les permite reconocer la gran labor que realizan estos personajes del circo, que para llegar a esas instancias requirieron de esfuerzos mayores y constantes entrenamientos que le permitieron desarrollar una habilidad que puede considerarse como única.

Otro personaje que es el más característico de los circos puesto que su sola presencia nos permite asemejarlo con aquel espectáculo, son los payasos, representados por personas de gran simpatía encargadas entre otros de aligerar la carga de emociones que el espectador había presenciado con las acrobacias y animales. El payaso hacía uso de su buen humor para realizar chistes, interpretar canciones, satirizar algunos temas de la sociedad, entre otras ocurrencias que tenían como propósito crear un ambiente de alegría, buen humor y preparar al público para la siguiente atracción.

El Circo en México

La fecha que se maneja como la del nacimiento del circo moderno en México es la del 4 de enero de 1809, en donde el artista ecuestre Philip Lailson decidió traer a territorio nacional su circo denominado Real Circo de Equitación, decidiendo abandonar pronto el territorio nacional debido al comienzo de la Independencia en nuestro país. En años posteriores una vez finalizada la guerra de Independencia comenzaron a surgir algunos personajes que buscaban destacar en este arte, además de las populares corridas de toros, dando paso a algunas funciones de circo, y otras actividades.

Sin embargo, fue hasta el año de 1831 que llegó a México un segundo circo proveniente del extranjero, el prominente ahora era el estadounidense Charles Green que se destacaba por ser un gran maestro en actividades como juegos de equilibrio y caballos, estableciendo así su circo en lugares como el teatro de los gallos y la plaza de toros de la Alameda, en donde además de ofrecer actos ecuestres, presentaba actos teatrales entre los más destacados se encuentran El soldado borracho y su pasatiempo famoso o Las modas de las señoras de México, actos que se popularizaron entre el público mexicano, siendo éste el primer circo en México que presentaba actos teatrales.

Para 1841 se tiene la primera instauración de un circo mexicano conocido como “Circo Olímpico” a cargo de José Soledad Aycardo (uno de los personajes más importantes que tiene México dentro de la actividad circense) quien contaba con múltiples talentos pues era jinete, payaso y acróbata, su circo perduró durante varios años, pues éste se siguió presentando en diferentes lugares “en el libro de mis recuerdos, Antonio García Cubas, quien conocía personalmente a Aycardo lo definió así: hombre astuto y laborioso que había logrado adquirir gran reputación y aplauso, no solamente entre la gente del pueblo, sino entre la gente rica y encopetada pues tan bueno era aquel bisojo, pues torcido era de vista era, para bailar y dar volteretas sobre un caballo, saltar en la cuerda y hacer el payaso que, al decir de los inteligentes en achaques de este arte humilde, no tenía rival, como dirigir y tomar participación en las comedias y sainetes que se representaban por la noche o mover a las mil maravillas los títeres en las funciones de este género que alternaban con las representaciones dramáticas.”7

Es este el principal antecedente que se tiene sobre el surgimiento de los circos mexicanos, a partir de este acontecimiento es que empiezan a nacer o a darse a conocer otros personajes que igual realizan actividades propias del circo como José Miguel Suárez que presentaba sus funciones de maromas y otros más que precisamente procedían del circo de Aycardo y que decidieron hacer sus presentaciones de forma independiente.

Circos en México desde 1864 hasta la época de la Revolución

Ahora toca hacer un breve recorrido por aquellos circos que se establecieron en nuestro país durante el siglo XIX hasta principios del siglo XX, el primero es el Circo Chiarini en el año de 1864 del italiano Giuseppe Chiarini.

Una de las familias que más aprovechó la popularidad que adquirió el circo en México en el siglo XIX, fue la familia Orrin, que inicio con la creación del Circo Metropolitano en la plazuela del seminario a cargo de los hermanos George Edward y Charlie Orrin, (1881), en donde se presentaban artistas ecuestres destacados como Tony Lowande y Óscar Lowande que realizaban saltos mortales a caballo, y equilibristas como los Fredicks, además de algunos actos nuevos que se presentaron como los actos de cañón con proyectil humano.

En el año de 1891 inaugurarían otro circo relevante conocido como el circo teatro en la plazuela Villamil en la capital donde actualmente se encuentra el Teatro Blanquita, este gran lugar además de ofrecer actos circenses, también sirvió para presentar teatro, óperas, acrobacias, entre otras actividades culturales, popularizándose este sitio ya que en él se reunía el público mexicano a fin de presenciar actos que se volvieron parte de la cultura del país.

En años posteriores es que empezaron a surgir varios personajes a lo largo del país que buscaban fundar su propio circo, ejemplos son Bernabé Gaona y Carlos León que en 1891 crearon su circo Gaona y León en Tacubaya, y Mauricio Muñiz que buscó crear su propio circo en donde pudiera mostrar sus habilidades de maroma.

Un personaje muy importante en la historia del circo en México y que tuvo gran relación con los Orrín, es Ricardo Bell quien crearía su circo acrobático llamado El Clown, se trataba de un individuo que era capaz de sorprender a su público por su comicidad y que realizaba sus presentaciones en el teatro Arbeu, pero que en muchas ocasiones realizaba colaboraciones con la familia Orrín y que su simplicidad en la comedia le permitió ganar prestigio entre sus seguidores. El autor Revolledo marca la importancia de Ricardo Bell al describir que: “a Ricardo Bell podríamos considerarlo mexicano. Era parte ya de la historia de las artes escénicas circenses en nuestro país, conocía y valoraba la esencia y la manera de ser de nuestros compatriotas mejor que muchos que nacieron aquí. Sabía de la psicología, de los gustos y disgustos de los mexicanos...”8 “La fórmula Bell y Orrín fue maestra nunca cayeron en lo común, fue la primera empresa en la historia del espectáculo circense mexicano, que supo ganarse un lugar de prestigio en un cuarto de siglo de trabajo. Habían fundado una institución de la diversión lo cual se puede también decir de muy pocos. La búsqueda permanente, el ingenio aplicado a su trabajo en el circo, explotar lo sorpresivo fue la llave para acabar con la monotonía en la que han caído una buena cantidad de productores de este ramo del espectáculo en nuestros tiempos.”9

Es hasta 1897 que surge una nueva empresa circense, se trata del Circo Treviño a cargo de Juan Treviño que era un gran domador de leones y que decidió dar inicio a su carrera en las carpas,10 presentándose en varios lugares como Toluca, Morelia, Guadalajara entre otros.

“El circo Treviño fue la única empresa nacional que se instaló en abierta y franca competencia con los hermanos Orrín sobre la avenida Reforma y calle de las Artes, incorporando globos aerostáticos para llamar a la gente a su local. El circo Treviño es la primera empresa mexicana de la que se tiene noticia en contratar extranjeros y más aún, es el primer circo mexicano en contar con un zoológico de fieras salvajes, elementos todos que nos permiten afirmar que el primer circo mexicano que contó con todos los elementos de un circo de grandes dimensiones fue sin lugar a dudas el Circo Treviño”11

En 1901 llegó a territorio mexicano el espectáculo estadounidense circo Gentry Bros que ofrecía animales amaestrados entre los cuales se encuentran perros, monos, elefantes y caballos, además de llevar a cabo desfiles por las grandes avenidas de la capital mexicana, compuesto por grandes carrozas novedosas. Otro circo con las mismas características que este fue el Norris & Rowe’s Circus de Estados Unidos que llegó en 1905 e igualmente ofrecía una gran colección de animales y desfiles compuestos por orquestas, carrozas, personas con llamativos vestuarios se presentaban actos de malabarismos, acrobacias, equilibristas, etcétera.

La presencia de estos circos extranjeros y de algunos nacionales, originaron que el circo de la familia Orrín que tuvo un gran auge en la década de 1980, fuera decayendo debido a la gran competencia y a que ya no poseían el monopolio de estos espectáculos.

En 1906 llegó otro empresario circense se trataba del alemán Carl Hagenbeck, que al igual que los circos que le precedieron, mostraba su colección de animales como leones, cabras, osos polares, tigres, panteras, caballos, leopardos, focas marinas, etcétera. Más tarde en 1908 llegaría un circo cubano de nombre Pubillones presentando actos acrobáticos, fieras amaestradas, animales como caballos y elefantes, y en especial su acto de salto de un automóvil desde lo más alto, que incluía dos saltos mortales.

Ya por último se encuentra el circo Miller Brothers de Estados Unidos que en 1908 inició sus presentaciones en México, realizando actividades además de las ya conocidas, con carácter vaquero como uso de lazos, tiro al blanco, luchas entre toros y domadores, y espectáculos de vaqueros en el lejano oeste, agregando al repertorio de los circos estas actividades propias de estados al oeste de los Estados Unidos.

Familias mexicanas dedicadas al circo durante el siglo XX

A lo largo de la historia del circo en México surgieron una gran variedad de familias reconocidas por su gran talento y éxito dentro del mundo circense.

Es el caso de la familia Suárez que incursionó en la actividad del circo desde el año 1853, uno de los personajes importantes de esta familia es José Miguel Suárez, quien en sus inicios se integró al circo Chiarini, pero cuando éste comenzó a salir del país para presentarse en Sudamérica, es que decidió hacerse a un lado, para realizar de forma individual pequeñas giras a lo largo del territorio mexicano, dando paso así al inicio y fundación de una de las compañías de circo más importantes en la historia. Aprovechaba para trasmitir su pasión y todo lo que sabía del mundo del circo a sus hijos, para que estos comenzaran a integrarse o identificarse con la actuación circense, de todos sus hijos el que más continuo con la tradición fue Crispín Suárez Escobedo quien fue el encargado del desarrollo de la empresa circense de los Suárez durante su segunda generación, además de mantener la tradición en las próximas generaciones. La importancia de Crispín dentro de la historia de los Suárez radica en su decisión de unirse al circo Beas para realizar sus presentaciones dentro de este, pues el circo Beas contaba con excelente apoyo durante esa época en donde se estaba desatando la Revolución Mexicana, y debido al gran conocimiento de Crispín de la actividad circense es que adquiere el cargo de director artístico del circo Beas, que fue de gran relevancia pues dicho circo sería uno de los más famosos durante varias de las décadas del siglo XX. “En realidad las funciones de don Crispín rebasaban este puesto y mucha gente de la época comenta que los que llegaban al circo en sus inicios creían que el dueño era don Crispín quizá por el gran carácter que ostentaba. La familia Suárez, en su momento la de mayor prosapia circense, con una buena cantidad de actos y de gran calidad se contrató con la que fue la empresa más grande de México, contribuyendo en la primera década a su consolidación.”12

Crispín Suárez Escobedo a su vez tuvo más hijos y entre ellos hubo algunos que se destacaron en la continuación de la tradición circense, para esta tercera generación el más destacado fue Raúl Suárez Espinoza quien había desarrollado grandes habilidades ecuestres, así como de acrobacia, destreza y gran agilidad como saltos mortales en caballo. El circo de los Suárez fue incrementándose con el paso de los tiempos y todo gracias al gran desempeño que realizaron las generaciones subsecuentes de esta familia.

Otro linaje que dejó su huella en la historia del circo en México es la Familia Atayde , donde existieron miembros que se interesaron desde muy pequeños en el arte circense. El comienzo de esta familia se daría a partir del 26 de agosto de 1888 con la fundación de su empresa de manera oficial a cargo de los hermanos Manuel y Aurelio Atayde acompañados de sus demás hermanos, lamentablemente para esta primera generación sus integrantes sufrirían terribles accidentes dentro del escenario que les costaría la vida, de los cuales se destaca como sobreviviente a Aurelio Atayde, que posteriormente tendría hijos, que serían los que conformarían la segunda generación, encargados de preservar el gran apellido de los Atayde, entre los actos que realizaban los diferentes integrantes se encuentran actos en bicicleta, pulsadas, trapecios, telepatía, actos musicales, entre otros, como es habitual en sus inicios no contaban con un gran presupuesto para desplazarse en sus giras y para la realización de sus presentaciones, pero con el paso del tiempo y al ir obteniendo renombre es que se fue solidificando su estructura hasta llegar a lo que es actualmente una empresa circense reconocida a nivel de Hispanoamérica. “Atayde tiene 120 años de presencia en la escena pública circense latinoamericana, pero con buena calidad y cambios de programas anuales para el espectador capitalino cumplen más de 5 décadas, con algunos altibajos en sus presentaciones en provincia, pero conservando en la arena México la misma categoría, atractivo internacional y el mismo buen gusto durante tantos años, sentando un precedente que no tiene comparación en toda la historia del circo nacional”.13

Uno de los actos que destacaríamos dentro de la segunda generación de los Atayde serían las barras, esto a razón de que en 1918 se incorporaran al circo de los Atayde los hermanos Domingo y Enrique Cárdenas que contaban con una excelente habilidad en las barras y que un día decidieron incorporar dentro de sus actos de barras al hijo de Aurelio que llevaba su mismo nombre, y que con un arduo entrenamiento y preparación perfeccionó este acto, y posteriormente sus hermanos también lo harían sin pensar que tal hecho los catapultaría como los mejores barristas del mundo obteniendo el reconocimiento merecido por su desempeño.

Una vez que la marca Atayde se consolidó, se dieron a la tarea de buscar nuevos retos y uno de ellos era salir del territorio nacional y realizar giras de su circo fuera de éste, el primer lugar al que acudieron fue a Guatemala y de ahí fueron tomando su camino hacia Sudamérica, haciéndose de fama a nivel internacional, reconocimiento que hasta la fecha sigue perdurando en la historia de los circos mexicanos. “Recorrieron los Atayde todos los países desde Guatemala hasta la Tierra del Fuego, dibujando una etapa heroica de su historia en muchos sentidos y sembrando en toda América Latina fama y prestigio que les han sido reconocidos reiteradamente. Fueron los primeros que ingresaron en paisajes inhóspitos de Brasil y de la selva virgen en los que nunca habían visto un elefante, se trasladaron en carreteras, por ferrocarril y hasta por cables aéreos en Colombia experimentando la satisfacción de haber dado a conocer el arte circense mexicano en todos los países de América Latina”.14

Otra estirpe en el espectáculo del circo es la Familia Vázquez , la cual remonta sus orígenes al año de 1903. El primer personaje a destacar de esta familia es Felipe Vázquez, el cual tendría hijos con Margarita López, madre de los hermanos Macías, los cuales también tienen raíces circenses que junto con sus medio hermanos los Vázquez entrarían al universo del circo, se destaca que, durante la época revolucionaria, el circo de los hermanos Vázquez se trasladó a territorio estadounidense en donde contó con una gran carpa y adquirió estabilidad.

Durante la segunda década del siglo XX es que el circo de los hermanos Vázquez empezó a adquirir popularidad por sus presentaciones en diferentes estados de la República, en ese entonces el circo era dirigido por Manuel Vázquez y su medio hermano Simón Macías, pero este último se apartaría del circo a finales de la década de los 20 para continuar su carrera de manera independiente fundando su circo de nombre alegría, mientras que los hermanos Vázquez continuarían por otro rumbo.

El circo de los hermanos Vázquez a lo largo de su historia presentó varios altibajos pero igualmente lograron levantarse de los mismos. Uno de los actos más reconocidos presentado por un integrante de la familia Vázquez es el cuádruple salto mortal en trapecios volantes realizado por Miguel Ángel Vázquez y que su importancia radica porque estableció un record Guinness, lamentablemente dicho record lo conseguiría trabajando para un circo en Arizona. “Esta muestra sólo es la punta del iceberg, pues sería larga la lista de artistas circenses mexicanos que han triunfado internacionalmente, algunos de los cuales han sido rescatados en este espacio y que son verdaderos desconocidos en su patria, no obstante que han dado prestigio a México en las más grandes pistas del circo mundial. Aparte de que nadie es profeta en su tierra, los mexicanos adolecemos de una injusta apreciación del arte circense, como también ocurre en el deporte, a causa de una serie de carencias formativas en nuestra instrucción escolar en donde la gimnasia y el deporte son materias de relleno.”15

Otras familias circenses mexicanas también de varias generaciones son: Morales, Padilla, Olvera. Suárez con sus actos ecuestres, Márquez, Osorio, Estrada, Ponce, Vertti, Medina, Encarnación Fernández, Hermanos Bells, García, Campa, Ayala, Pérez Osorio, Canto, Cedeño, Martínez, Cárdenas, Orozco, Flores, Preciado, Portugal, entre otros.

En nuestros días podemos decir, que a pesar de las diversas transmutaciones que ha sufrido el espectáculo del circo en el mundo, éste es arte vivo que se transmite de generación en generación, infundiendo sentimiento de identidad y continuidad que día a día contribuye a promover la diversidad cultural y la creatividad humana, por lo tanto cumple con los criterios para ser incluido en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pues es testimonio de un intercambio de valores reconocidos en varias áreas culturales en el mundo y de avalar su inscripción contribuirá a darlo a conocer como patrimonio cultural inmaterial y con ello se lograría la toma de conciencia de su importancia como muestra de cultura a escala mundial que da testimonio de la creatividad humana.

Lo que se pretende con la inscripción que se propone es potencializar la creatividad e innovación artística en las artes circenses, así como favorecer y consolidar la producción, distribución y exhibición nacional e internacional de los espectáculos circenses, pero sobre todo impulsar la protección, preservación y difusión del patrimonio circense. Asimismo se busca garantizar una mayor notoriedad del patrimonio cultural inmaterial en general, y más concretamente de los elementos propuestos como representativos de éste, y lograr que se tome mayor conciencia de su importancia.

El circo en el mundo entero es una tradición viviente que ha sido heredada de familia en familia a través de la difusión de prácticas, valores y memorias, que, por su enfoque y desarrollo familiar, contribuye a generar cohesión social, incentiva las tradiciones culturales e incluso integra expresiones y rituales indígenas y autóctonas. No obstante, ello, lamentablemente el circo no ha tenido el reconocimiento institucional como patrimonio cultural inmaterial, ni como arte.

El circo tiene un público familiar, de todas las edades y es un espectáculo más democrático porque está al alcance del bolsillo de las mayorías. Y perder estos espacios, sería perder el último espacio de diversión que queda a los sectores menos favorecidos de nuestra población, o por lo menos, a los de más bajos recursos, pero también es prohibir un espacio donde la familia se integra y se divierte de manera sana y colectiva.

El logro de un espectáculo circense se da fruto del trabajo y del esfuerzo, de manera que es razonable remontarse al origen del circo como disciplina que exija un arduo aprendizaje.

El objetivo de esta proposición con punto de acuerdo es exhortar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a la Secretaría de Cultura, para que propongan ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la inscripción del Circo, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Hacemos notar, que fue en el año 2003 a partir de la implementación de la Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, cuando se señaló que se entiende por “patrimonio inmaterial” los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Para los efectos de dicha Convención, se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible.

El “patrimonio cultural inmaterial”, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y e) técnicas artesanales tradicionales.16

Dicha Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, fue ratificada por el gobierno mexicano en 2005, lo que nos permite como país suscriptor proponer bienes en su territorio para su inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la cual tiene como finalidad dar a conocer mejor el patrimonio cultural inmaterial, lograr que se tome mayor conciencia de su importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la diversidad cultural.

Existen dos tipos de listas de patrimonio cultural inmaterial, la primera contempla aquellos que requieren medidas urgentes de salvaguardia, en tanto que la segunda engloba la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, la cual busca que se tome mayor conciencia de su importancia y propiciar formas de diálogo que respeten la diversidad cultura.

Nuestro país, cuenta con 8 expresiones culturales inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad: la romería de Zapopan: ciclo ritual de La Llevada de la Virgen (2018), la charrería, arte ecuestre y vaquero tradicional de México (2016), el Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta (2011), la pirekua, canto tradicional de los purépechas, (2010), los parachicos en la fiesta tradicional de enero de Chiapa de Corzo, (2010), la tradición gastronómica de Michoacán cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, El paradigma de Michoacán (2010), lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí-chichimecas de Tolimán: la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado (2009), la ceremonia ritual de los Voladores, (2009), y las fiestas indígenas dedicadas a los muertos (2008).17 Ello nos coloca en el primer lugar en América en bienes inscritos como patrimonio y el séptimo a nivel mundial.

Este punto de acuerdo, que exponemos tiene como principal finalidad que la humanidad reconozca las tradiciones, expresiones, artes, usos sociales, rituales, actos y técnicas ancestrales que encierra la cultura que envuelve al circo y a sus integrantes. Es preciso que se muestre el carácter universal en el que se desarrolla el arte circense, ya que, debido a su carácter itinerante, sus tradiciones culturales se vislumbran hasta en la más recóndita población del mundo.

Los artistas del circo contribuyen en el desarrollo económico, en la cultura, la recomposición del tejido social, la identidad de los pueblos, la construcción de una nueva ciudadanía, así como en la valoración de las personas, la tolerancia y el respeto a las diferencias de las culturas y artes de las naciones.

En consecuencia, el circo es símbolo de una obra de arte, producto del genio creativo humano, y muestra de fusión de varias áreas culturales, siendo testimonio de una tradición cultural en diversas etapas de la historia humana.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Cultura, para que realicen todo el procedimiento y se proponga ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la inscripción del circo en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Notas

1 Revolledo Cárdenas, Julio. (2004). La fabulosa historia del circo en México. México, D.F. p. 35.

2 Ibídem, p. 41.

3 Ibídem

4 Ibídem, p. 51.

5 Ibídem, p. 64.

6 Uno de los elefantes con más fama es el elefante jumbo, que era un elefante integrante de un zoológico de circos, que fue adquirido en el año de 1882 en Londres y trasladado a Estados Unidos alcanzando aquí su popularidad.

7 Ibídem, p. 131.

8 Ibídem, p. 186.

9 Ibídem, p. 192.

10 Mención especial merece una de las estructuras de los circos más conocidas, nos referimos a las carpas consistentes en una serie de lonas instaladas en algún lugar donde dentro de estas es que se realizaban las funciones del circo, estas carpas fueron evolucionando a lo largo del tiempo, pues comenzaron siendo pequeñas con pistas y sillas de menor tamaño y se fue aumentando la longitud de estas hasta llegar a las grandes carpas que se podían asemejar a los anfiteatros en el aspecto de situarse en un lugar de gran extensión para realizar actos circenses complejos y tener un mayor número de público espectador.

11 Ibídem, p. 176

12 Ibídem, p. 226.

13 Ibídem, p. 256.

14 Ibídem, p. 263.

15 Ibídem, p. 329.

16 Artículo 2.1 de la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.

17 https://ich.unesco.org/es/estado/mexico-MX?info=elementos-en-las-listas

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de octubre de 2019.

Diputados: César Agustín Hernández Pérez, Sergio Mayer Bretón (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a eliminar toda prohibición discriminatoria basada en la orientación sexual o identidad de género condicionante del acceso a la institución matrimonial, suscrita por el diputado Édgar Guzmán Valdez, de Morena, e integrantes de diversos grupos parlamentarios

El suscrito, Édgar Guzmán Valdez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el Grupo Parlamentario de Morena reafirmamos nuestra convicción por el respeto absoluto de los derechos fundamentales de las personas, mismos que se han conquistado paulatinamente a través de las luchas sociales, culturales y políticas en los anales de la historia de los derechos.

La conquista de los derechos fundamentales del hombre reivindica los cimientos de todo Estado democrático de Derecho, que implica al menos, parámetros de igualdad ante la ley, no discriminación, libertad, y protección frente a actos de autoridad.

En la disputa por el reconocimiento de los derechos fundamentales del hombre, la lucha contra los prejuicios, estereotipos y denostaciones se hace patente. Respecto al reconocimiento del matrimonio igualitario en el país, el principal precedente ocurrió en la Ciudad de México en otrora Distrito Federal, cuando se aprobó en 2006 la Ley de Sociedad de Convivencia del Distrito Federal, donde se reguló una figura jurídica equiparada a la unión de ayuda mutua entre dos personas, y fue precursora del matrimonio igualitario.

Tres años después, en 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal avaló las reformas del Código Civil y del respectivo Código de Procedimientos Civiles de dicha entidad, y con ello inició la implantación del matrimonio igualitario, por lo cual éste fue definido como un contrato civil y se empezó a concebir como “la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”, con lo que se eliminó por primera vez en la historia del país, el concepto de la unión entre un hombre y una mujer como cimiento del matrimonio.

Ante la promulgación y entrada en vigor de ambos cuerpos normativos, tanto de la Ley de Sociedad de Convivencia del Distrito Federal y de las reformas al Código Civil del Distrito Federal, se sometió su validez constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Resultado del examen de constitucionalidad a ambos cuerpos normativos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los actos jurídicos emanados de la Ley de Sociedad de Convivencia del Distrito Federal tendrían validez en toda la república;1 y respecto a las reformas del Código Civil del Distrito Federal que permitieron el matrimonio igualitario, se declaró su validez y la constitucionalidad del derecho a adoptar.

Una vez que ambos cuerpos normativos superaron el examen de constitucionalidad, el Distrito Federal desempeñó un papel preponderante en el reconocimiento de derechos, y reafirmó su lucha contra la discriminación, la segregación, los prejuicios y los estereotipos.

Posteriormente, cientos de gobernados se quejaron contra diversos códigos civiles de los Estados federados que prohibían el matrimonio igualitario, lo que trajo una nueva revisión constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en 2015, la Primera Sala emitió jurisprudencia por reiteración, que se tradujo en una interpretación obligatoria a todos los juzgadores del país.

Al respecto, este importante precedente sentó las bases de la igualdad jurídica de las personas y la lucha contra la discriminación por motivos de orientación sexual. La Suprema Corte en su jurisprudencia señaló:

Matrimonio. La ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquél es la procreación o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional.

Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola mujer”. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.2

El tribunal constitucional apuntó que todas aquellas leyes que refieren que la finalidad del matrimonio es la procreación, dichas normas civiles no son idóneas, y descuidan la protección familiar como realidad social. Además, refirió que condicionar las preferencias sexuales de quienes deseen acceder al matrimonio con la finalidad de la procreación es discriminatorio, ya que excluye el acceso al matrimonio a las parejas homosexuales y las preferencias sexuales se convierten, ante esta prohibición, en un factor de discriminación.

Consecuentemente, la finalidad del matrimonio –señaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación– no es la procreación, ni debe enunciarse como una exclusividad entre un hombre y una mujer, ya que de aceptarse dicho supuesto se está frente a una discriminación basada por la orientación sexual de la persona.

A pesar de la instauración de este importante precedente en nuestro sistema jurídico vigente, la realidad es muy compleja, ya que la única forma de que esta jurisprudencia se aplique, es cuando los gobernados promuevan sus respectivos juicios de garantías, y sometan en el proceso jurisdiccional el control de normas generales.

Por ello, la aplicación del precedente en comento, necesita forzosamente la activación de la protección constitucional en el ámbito jurisdiccional, esto es, a través de la promoción de mecanismos de control constitucional como el amparo, y esperar extensos procesos judiciales para obtener una sentencia que proteja derechos humanos.

La vía para garantizar la protección más amplia de derechos a los gobernados sin menoscabar su dignidad humana, y evitar tortuosos procesos judiciales, es que los Congresos de las entidades federativas armonicen su legislación interna y eliminen en sus respectivos códigos civiles que la finalidad del matrimonio es la procreación, así como modificación del concepto dicha institución jurídica, para que se deje de definir como una exclusividad que privilegia uniones entre hombres y mujeres.

Muestra de lo anterior es que los congresos de las entidades federativas no reconocen el matrimonio igualitario, y condicionan la celebración del mismo, basados en normas discriminatorias de orientación sexual. Evidencia de esto, es que los congresos locales de las entidades federativas, restringen el matrimonio a uniones entre hombres y mujeres, como se muestra a continuación:

* La SCJN declaró la invalidez 143 y 144 del Código Civil del Estado de Chiapas, por lo que se encuentra en proceso de cumplimiento de la ejecutoria del Máximo Tribunal, a fin de garantizar el principio de no discriminación por orientación sexual o identidad de género.

* Se permite la unión de dos personas, pero se continúa discriminando al seguir refiriendo que el matrimonio es determinante para perpetuar la especie.

* En proceso de acatar la declaración de invalidez de los artículos 140 y 148 del Código Civil del Estado de Nuevo León, de conformidad con la Acción de Inconstitucionalidad 29/2018 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De lo anterior se desprende que de las 32 entidades federativas, sólo 9 prevén la figura del matrimonio igualitario, 2 tienen sentencia de la Suprema Corte que les obliga modificar sus leyes, 1 permite la unión homoparental, pero conservando rasgos de discriminación, y las 20 restantes siguen señalando que el matrimonio es una exclusividad para uniones entre hombres y mujeres.

Por ello se debe atender a los criterios jurisprudenciales de nuestro máximo tribunal y eliminar las formas de discriminación en lo concerniente a los matrimonios igualitarios, evitando con ello un trato diferenciado basado en la orientación sexual de las personas y robustecer la protección de la familia como realidad social y no en un sentido arcaico tradicional.

Aunado a esto, se debe atender a los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, particularmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual refiere:

Artículo 17. Protección a la familia

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.

2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta convención.

[...]

De tal suerte que la disposición internacional considera oportuno establecer condiciones de igualdad entre hombres y mujeres para contraer matrimonio, respetando el principio de no discriminación.

En consecuencia, los congresos locales deben modificar su legislación interna, a fin de garantizar el acceso al matrimonio en condiciones de igualdad, sin que la orientación sexual sea una condición a priori para su celebración, ni un factor de discriminación.

Por lo expuesto presento a esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas a eliminar toda prohibición discriminatoria basada en la orientación sexual o identidad de género, que condiciona el acceso a la institución matrimonial.

Notas

1 Moreno Pérez, Salvador. En contexto. Matrimonio entre personas del mismo sexo, CESOP-Cámara de Diputados, México, 2016, página 8. Disponible en

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/52839/265121/
file/CESOP-IL-14-EC69Matrimonioentrepersonasdelmismosexo.pdf [En línea.] Consultado el 9 de octubre de 2019, a las 13:00 horas.

2 Jurisprudencia, 1ª/J 43/2015, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, junio de 2015, p. 536.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 15 de octubre de 2019.

Diputados: Édgar Guzmán Valdez, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, María Luisa Veloz Silva, Lidia Nallely Vargas Hernández, Ana Ruth García Grande, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, Inés Parra Juárez, Rubén Cayetano García, Idalia Reyes Miguel, Abelina López Rodríguez, Julieta Vences Valencia, Alejandro Carvajal Hidalgo, Alfonso Pérez Tinoco, Pedro Daniel Abasolo Sánchez, Dolores Padierna Luna, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Víctor Varela López, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Alejandro Viedma Velázquez, Gustavo Contreras Montes, Socorro Bahena Jiménez, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, Juana Carrillo Luna, Eudoxio Morales Flores, Miguel Acundo González, Nayeli Salvatori Bojalil, Adriana Lozano Rodríguez, David Bautista Rivera, David Orihuela Nava, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Óscar Rafael Novella Macías, Ana Lucía Riojas Martínez, María Guadalupe Almaguer Pardo (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a exponer los avances en el cumplimiento de los lineamientos de operación del Programa de Fertilizantes de 2019, publicados en el DOF el 1 de marzo último, a cargo del diputado Manuel Huerta Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado federal Manuel Huerta Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía, para su resolución, la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes:

Consideraciones

Durante 24 años el gobierno de Guerrero ha distribuido fertilizantes a pequeños productores de maíz sin incidir en rendimiento, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Sader, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, resaltó que el gobierno federal arrancó un proyecto en esta entidad para distribuir el insumo con recursos federales e incrementar no sólo la cosecha de este grano, si no ampliarlo al cultivo de frijol y arroz, “sin intermediarios y sin cuotas”.

El secretario de Sader destacó que con el nuevo programa se está reduciendo el costo total del programa nacional de fertilizantes de mil trescientos millones de pesos por año a poco menos de mil millones sin reducir el número de hectáreas beneficiadas, además de que se otorga fertilizante no solo para maíz, sino también para arroz y frijol y, en algunos casos, biofertilizantes para mejorar suelos, principalmente en el cultivo de frijol.

El principal objetivo es aumentar a pequeños productores la disponibilidad oportuna de fertilizantes químicos y biológicos para contribuir a mejorar la productividad agrícola en localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado de Guerrero, apoyando hasta con 450 kilogramos de fertilizante por hectárea, sin rebasar tres hectáreas por productor.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a modificar las bases de los requisitos que solicitan a pequeños productores ubicados en localidades de alto y muy alto grado de marginación del estado de Guerrero para obtener el apoyo del Programa de Fertilizantes, el cual contiene candados para la obtención del mismo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de octubre de 2019.

Diputado Manuel Huerta Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a incluir como objetivo prioritario en el programa sectorial de salud generar estrategias y líneas de acción nacionales para prevenir y atender la salud mental y sus consecuencias, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez, diputado federal integrante de la LXIV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, celebrado el pasado 10 de octubre, que en esta ocasión se centró en la prevención del suicidio (tema prioritario en la agenda del promovente),1 expongo el siguiente exhorto a fin de crear conciencia sobre los problemas de salud mental que actualmente están afectando a muchas personas en su ámbito personal, social y laboral, por lo cual es prioridad que los trastornos mentales sean incorporados como parte de la agenda pública.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la salud como un estado completo de bienestar física, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. De acuerdo con este mismo organismo internacional la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad.2

La salud mental individual puede estar determinada por múltiples factores sociales, psicológicos y biológicos, por ejemplo, las presiones socioeconómicas persistentes constituyen un riesgo bien conocido para la salud mental de las personas y las comunidades. Las pruebas más evidentes están relacionadas con los indicadores de la pobreza, y en particular con el bajo nivel educativo. La mala salud mental se asocia asimismo a los cambios sociales rápidos, a las condiciones de trabajo estresantes, a la discriminación de género, a la exclusión social, a los modos de vida poco saludables, a los riesgos de violencia y mala salud física y a las violaciones de los derechos humanos.3

Lo anterior, llevó a reconocer la necesidad en mayo de 2012, durante la 65ª Asamblea Mundial de la Salud la pertinencia de adoptar una resolución WHA65.4 sobre la carga mundial de trastornos mentales y la necesidad de una respuesta integral y coordinada de los sectores sanitario y social de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, OMS. En ella se solicitó la preparación de un plan de acción integral sobre salud mental que abarque los servicios, políticas, leyes, planes, estrategias y programas. Lo que dio origen al Plan de Acción Integral Sobre Salud Mental 2013-2020 de la OMS.

Las personas con trastornos mentales presentan tasas desproporcionadamente elevadas de discapacidad y mortalidad. Así?, por ejemplo, las personas con depresión mayor o esquizofrenia tienen una probabilidad de muerte prematura un 40% a 60% mayor que la población general, debido a los problemas de salud física, que a menudo no son atendidos (por ejemplo, cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes e infección por VIH), y al suicidio. A nivel mundial, el suicidio es la segunda causa más frecuente de muerte en los jóvenes.4

En nuestro país, de acuerdo con datos señalados en el Plan Nacional de Desarrollo los trastornos mentales afectan a casi 30% de la población mexicana, sin embargo, sólo una quinta parte recibe tratamientos. En este mismo sentido, la promoción de la salud mental tendrá carácter prioritario, particularmente entre adolescentes y jóvenes. En México se registra una baja inversión histórica (alrededor de 2% del presupuesto nacional en salud) destinada a la atención de la salud mental, cuando la OMS recomienda invertir entre 5 y 10% del presupuesto de salud. La problemática se agudiza entre la población joven, quienes enfrentan niveles de prevalencia más altos de depresión y trastornos de ansiedad que, entre otras cosas, son causa de las altas tasas de incidencia de suicidio registradas en personas jóvenes (8 por cada 100 mil jóvenes).5

En este orden de ideas, nuestra Carta Marga garantiza en el artículo 4 el Derecho Humano a la Salud. Por su parte, la Ley Secundaria es decir, la Ley General de Salud, reconoce en su artículo 3 que la salud mental es materia de salubridad general, asimismo señala en el numeral 27 que para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran servicios básicos de salud los referentes a la salud mental, además el CAPÍTULO VII del Título Tercero “Prestación de los Servicios de Salud” se encuentra enfocado en la Salud Mental, estableciendo la necesaria coordinación de las autoridades sanitarias, educativas y laborales deben fomentar, apoyar y promover la salud mental de los ciudadanos.

Como parte de los servicios de salubridad general, desde el año 2015 la Ley General de Salud estableció que la atención a trastornos de salud mental debe ser brindada en todos los niveles para abatir la brecha de acceso a los servicios, incluso se promueve la participación de observadores externos que vigilen el pleno respeto de los derechos humanos de los pacientes que son atendidas en el Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, se establece que el Estado es el encargado de emitir las normas oficiales para el tratamiento, diagnóstico, atención y en caso necesario medidas de internamiento para las personas que sufren de trastornos mentales.

En la materia se refiere la necesidad de implementar mecanismos de educación para la salud, atención y prevención de la discapacidad y la rehabilitación en procesos físicos, mentales y sociales que pudiesen provocar deterioro de la salud mental.

Es de destacar que el Plan Nacional de Desarrollo, PND 2019-2024 publicado por el Gobierno de México se identificó a la Salud Mental como una de las principales preocupaciones de la población, siendo “Diseñar la Estrategia Nacional de Salud Mental, desde la prevención y la falta de medicamento,” una de las diez peticiones que fueron establecidas mediante el Decálogo de propuestas ciudadanas para el gobierno.

Ahora bien, el Plan Nacional de Desarrollo, principal instrumento de planeación de la administración pública, ha sido aprobado conforme lo mandata la Ley de Planeación, el siguiente paso, ahora será diseñar los programas sectoriales que se sujetarán a las previsiones contenidas en el Plan y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate, conforme lo establece el artículo 23 de la Ley citada.

El Plan Nacional de Desarrollo establece como eje prioritario para el mejoramiento de la salud la promoción, la prevención de las enfermedades y la protección de la salud, siempre con perspectiva de género, apegado a criterios éticos y respondiendo al mosaico multicultural que caracteriza al país incorporando no sólo acciones propias de salud pública, sino también intervenciones que cambien el actuar de las personas, en general en todas aquellas situaciones que ponen en riesgo la integridad física o mental.

En estos términos es que presento este exhorto a fin de solicitar a la Secretaría de Salud Federal incluya en el Programa Sectorial de Salud como objetivo prioritario, el generar estrategias y líneas de acción de carácter Nacional para la prevención y atención de la salud mental y sus consecuencias, ello, en atención a que en los últimos años los trastornos por depresión y por ansiedad son problemas habituales de salud mental que están afectando a la capacidad de trabajo y la productividad de las personas, razón por la cual urge su incorporación en la agenda pública.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud federal a incluir dentro del Programa Sectorial de Salud, como objetivo prioritario, generar estrategias y líneas de acción de carácter nacional para la prevención y atención de la salud mental y sus consecuencias.

Notas

1 El Día Mundial de la Salud Mental 2019 se centrará en la prevención del suicidio. OMS. Consultado el 8 de octubre. Visible en https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/10/10/default-calen dar/world-mental-health-day-2019-focus-on-suicide-prevention

2 Organización Mundial de la Salud, OMS. Consultado el 7 de octubre de 2019. Visible en

https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/

3 Organización Mundial de la Salud, OMS. Consultado el 7 de octubre de 2019. Visible en https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-stren gthening-our-response

4 Plan de Acción Integral Sobre Salud Mental 2013-2020. Organización Mundial de la Salud, OMS. Consultado el 7 de octubre de 2019. Visible en

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/97488/9789243506029_spa.pdf;
jsessionid=A37551D0DFD43FA5D4AEDBB906778CE8?sequence=1

5 Plan Nacional de Desarrollo,

Palacio Legislativo de San Lázaro, 15 de octubre de 2019.

Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a hacer público el Censo para el Bienestar, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Poder Ejecutivo federal hacer público el Censo para el Bienestar, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Uno de los principales ejes de la actual administración federal se sostiene en la redistribución de la riqueza de México por medio de los Programas Integrales de Bienestar, tales como el Programa para el Bienestar de Adultos Mayores, el Programa para el Bienestar de Personas con Discapacidad y el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

El objetivo de esta nueva política redistributiva es alcanzar a uno de cada dos hogares y a todos los hogares de las comunidades indígenas.

El cambio de fondo entre esta nueva política y los programas de desarrollo social de las administraciones anteriores radica en que los programas del Bienestar son entregados de forma directa y sin la intervención de ninguna organización de por medio. De esta forma, se evita la triangulación y el desvío de recursos, que encarecen sus costos, se desvían de sus objetivos de proteger la dignidad de las personas y son caldo de la corrupción. Solo hay que recordar el episodio más grande de desfalco, como ocurrió, tan solo por citar un ejemplo de nuestra historia reciente, con el desvío de 7 mil 670 millones de pesos a través de 128 empresas fantasmas y 11 dependencias de la administración de Enrique Peña Nieto; un caso conocido y documentado como la “estafa maestra”.1

Ahora bien, ante la falta de información y padrones confiables, fue imperante realizar un ejercicio de levantamiento de datos en campo para conocer las verdaderas condiciones y necesidades de los hogares mexicanos. Este ejercicio fue el Censo para el Bienestar, una iniciativa del aún entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que inició en el mes de octubre del año 2018.2

El levantamiento de este censo concluyó en mayo del año 2019 y, con base en los datos recabados, el presidente anunció que para ese entonces ya había sido posible alcanzar a 14 millones de personas de una meta de 22 millones.3

Posteriormente, en su informe del primero de julio del mismo año en el Zócalo de la Ciudad de México, anunció que los programas del Bienestar a nivel nacional llegaban a 3 de cada 10 hogares en México.4 Este número alcanzó a 5 de cada 10 hogares (9 de cada 10 en las comunidades indígenas), de acuerdo con el mensaje que emitió con motivo de su primer informe de gobierno, el 1 de septiembre pasado.5

Desde el Congreso de la Unión ha habido un seguimiento al desarrollo e implementación de esta nueva política social. Durante la discusión del Paquete Económico 2019, la Cámara de Diputados trabajó sobre la propuesta del Ejecutivo federal que priorizaba los Programas Integrales de Bienestar.

De acuerdo con los documentos presentados por el Ejecutivo federal, este nuevo enfoque dado al Presupuesto de Egresos de la Federación, guiado bajo los principios de la austeridad, tiene como fin combatir la corrupción, la cual ha sido identificada como la principal causa de la violencia, la desigualdad económica y social en nuestro país.6

La política social es parte fundamental del deber del Estado mexicano para garantizar a los que menos tienen, condiciones básicas en materia de salud, educación y alimentación. La protección de la dignidad de millones de mexicanas y mexicanos debe asegurarse, al mismo tiempo que se transparentan los datos que por ley deben conocerse, salvaguardando aquellos que son personales.

Por estas razones, estimamos conveniente solicitar al Poder Ejecutivo federal que haga pública la información relacionada con los trabajos que ha realizado en materia de los Programas Integrales de Bienestar, que por su importancia son un eje central de la cuarta transformación de la vida pública de México.

En particular, es importante para las y los legisladores federales, y para el público en general, que el gobierno dé a conocer el Censo para el Bienestar, por ser la herramienta que utiliza para dirigir sus acciones y trabajos para el bienestar de la población mexicana.

Cabe mencionar que esta Cámara reconoce que, debido a la naturaleza de la información recabada dentro del Censo, puede haber información sensible y personal de los beneficiarios. Es por ello que solicitamos que la información que se publique sea accesible, idónea, oportuna y de calidad y se presente en un formato que satisfaga tanto el derecho a recibir información, como los derechos a la protección de datos personales y privacidad de las personas beneficiarias de los Programas del Bienestar.

Hacemos esta solicitud desde la Cámara de Diputados convencidos de la profunda convicción democrática del presidente de la república y que, con la publicación del Censo para el Bienestar, se eliminaran los amiguismos, chantajes, coacciones, manipulaciones y secretos del anterior régimen, por el contrario, utilizar los programas sociales del gobierno de la república única y exclusivamente con fines relativos al bienestar de la población.

Es de esta forma como la cuarta transformación pone fin para siempre a la manipulación política de los programas y recursos públicos, con base en los principios de derechos humanos de transparencia, acceso a la información y salvaguarda de los datos personales.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo federal hacer público y transparente el Censo para el Bienestar y el padrón de beneficiarios utilizados para el despliegue e implementación de los Programas Integrales de Bienestar del gobierno de México, en un formato que garantice la accesibilidad, idoneidad, oportunidad y calidad de la información, así como la protección de datos personales de las personas beneficiarias.

Notas

Animal Político, “La Estafa Maestra”. https://www.animalpolitico.com/estafa-maestra/

2 Andrés Manuel López Obrador, Mensaje distribuido por Redes Sociales el 3 de octubre 2018.

https://twitter.com/lopezobrador_/status/1047626651398328320?ref_src=
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3 Jannet López Ponce, “Concluye Censo del Bienestar”, nota del diario Milenio del 7 de mayo 2019. https://www.milenio.com/politica/concluye-censo-de-bienestar-amlo

4 Presidencia de la República, “Es un proceso sin retorno, México se convertirá en potencia económica con dimensión social, afirma presidente López Obrador en el Zócalo”, Comunicado de Prensa del 1 de julio 2019. https://www.gob.mx/presidencia/prensa/es-un-proceso-sin-retorno-mexico- se-convertira-en-potencia-economica-con-dimension-social-afirma-preside nte-lopez-obrador-en-el-zocalo?idiom=es

5 Presidencia de la República, “En 2024, la población vivirá en un entorno de bienestar, afirma presidente López Obrador al rendir Primer Informe”, Comunicado de Prensa del 1 de septiembre 2019. https://www.gob.mx/presidencia/prensa/en-2024-la-poblacion-vivira-en-un -entorno-de-bienestar-afirma-presidente-lopez-obrador-al-rendir-primer- informe?idiom=es

6 Gobierno de México, “Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019-Ramo 27: Fnción Pública”. https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2019/docs/27/r27_ep.pd f

Dado a los 15 días de octubre del año 2019, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Diputado Mario Delgado Carrillo (rúbrica)