Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNH a vigilar de manera permanente el cumplimiento de operadores petroleros públicos y privados respecto a los lineamientos técnicos sobre medición de hidrocarburos, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, así como el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, l a proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio a operadores petroleros públicos y privados respecto a los lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos de conformidad a lo establecido por la Ley de Hidrocarburos y demás disposiciones legales aplicables, respecto de la auditoría a los Sistemas de Medición de Hidrocarburos y a sus mecanismos de medición llevados a cabo por terceros acreditados, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Conforme al artículo 22, fracción II, de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), los Órganos Reguladores a través de su Órgano de Gobierno, tienen la atribución de expedir, supervisar y vigilar el cumplimiento de la regulación y de las disposiciones administrativas de carácter general o de carácter interno, aplicables a quienes realicen actividades reguladas en el ámbito de su competencia;

En tal sentido, con la finalidad de promover el desarrollo eficiente del sector energético, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) se encuentra facultada para emitir y supervisar el cumplimiento de la regulación en materia de Medición de Hidrocarburos, tal y como lo establece el artículo 43, fracción I, inciso h) de la Ley de Hidrocarburos, así como los artículos 4, 22, fracción II y 38, fracción I de la LORCME.

Artículo 43. Corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos:

I. Emitir la regulación y supervisar su cumplimiento por parte de los Asignatarios, Contratistas y Autorizados en las materias de su competencia y, específicamente, en las siguientes actividades:

h) La medición de la producción de Hidrocarburos, considerando, al menos, la instalación y verificación de los sistemas de medición de acuerdo con estándares internacionales y que los mismos sean auditables por terceros con reconocida experiencia internacional;

Que es obligación de los Asignatarios y Contratistas, en sus actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, incluyendo el gas natural contenido en la veta de carbón mineral y producido por la misma, contar con Mecanismos de Medición en los términos de la regulación.

Bajo dicho contexto, de manera particular, el artículo 44, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Hidrocarburos establece la facultad de la CNH para emitir un dictamen técnico respecto a los planes de Exploración y de desarrollo para la Extracción que le sean presentados por los Asignatarios o Contratistas, según corresponda, el cual comprenderá, entre otros, la evaluación y, en su caso, la aprobación de los Mecanismos de Medición de la producción de Hidrocarburos.

Con el objeto de brindar certeza jurídica a los sujetos regulados en relación con la evaluación de los Mecanismos de Medición, en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior, resulta indispensable establecer los estándares y requerimientos para la Medición de Hidrocarburos, así como los criterios de evaluación de los mismos.

Derivado de lo anterior, el artículo 85 incisos j), n) y o) de la Ley de Hidrocarburos contempla sanciones a Asignatarios y Contratistas derivadas de sus obligaciones contractuales previstas en la presente ley.

Los Lineamientos Técnicos en materia de Medición de Hidrocarburos (LTMMH) indican en sus considerandos que es obligación de Asignatarios y Contratistas contar con Mecanismos de Medición en los términos de la regulación que la Comisión (CNH) emita y; que tienen dentro de sus objetivos establecer las actividades de supervisión y auditoría en relación con el cumplimiento de los presentes Lineamientos, así como la instrumentación de los Mecanismos de Medición por parte del operador petrolero.

Cabe destacar que, el artículo 2 de los LTMMH indican que “Los presentes Lineamientos son de carácter obligatorio para todos los Operadores Petroleros en relación con los Mecanismos de Medición” ... “desde el pozo y, es su caso, el yacimiento, hasta su integración al sistema de Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos, así como en el Punto de Medición”.

En el mismo sentido, el artículo 10 fracción III, inciso g) de los LTMMH tratan de la información de medición y producción a reportar por los Operadores Petroleros donde existe información que deberá ser remitida anualmente a la Comisión incluyendo la presentación de los resultados de Auditorías tanto internas como externas.

Sumado a lo anterior, el artículo 55 de los LTMMH dispone que la supervisión será llevada a cabo por medio de Supervisiones, Auditorías y Revisión de los resultados de los Diagnósticos que lleve a cabo el Operador Petrolero, considerando que las tres actividades deben llevarse a cabo y que ninguna actividad sustituye a la otra.

No obstante lo anterior, debemos destacar que el artículo 57 de los LTMMH indica que la Comisión podrá llevar a cabo Auditorías por si o a través de terceros cuando así lo estime, generándose con esto una controversia entre este artículo y el artículo 43, fracción I, inciso h) de la Ley de Hidrocarburos donde indica que las auditorías deben llevarse a cabo por terceros con reconocida experiencia internacional y donde la definición de auditor de los propios LTMMH es “Persona física o moral que se encuentre acreditada ante la entidad o entidades avaladas por el Gobierno Federal Mexicano y aprobada por la Comisión para llevar a cabo una auditoría a terceros”.

Finalmente, el Anexo III de los LTMMH muestran el “Calendario para la Evaluación de los Mecanismos de Medición en las Asignaciones” muestran fecha de ejecución del 2016.

Lo anterior, demuestra el robusto marco jurídico en materia de medición de hidrocarburos, lo que sin duda encuadra con la línea de acción que plantó el nuevo gobierno, al establecer en la sección de “Recuperar el Estado de Derecho” del Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 (PND) que “No se tolerarán la falta de observancia a las Leyes y Reglamentos por parte de funcionarios y empleados públicos; estas darán lugar a las sanciones administrativas que correspondan y serán turnadas, en los casos que lo ameriten, a la Fiscalía General de la República”; también, que “Se erradicarán el robo de combustibles y la evasión fiscal y se combatirán el lavado de dinero, el tráfico de armas y otros ilícitos que no podrían perpetrarse sin la complicidad entre infractores y funcionarios públicos”.

Que en el objetivo relacionado al Eje General de “Desarrollo Económico” del PND en su numeral 3.4 se considera Propiciar un ambiente de estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sostenibles que favorezcan la inversión pública y privada. Que se requiere incrementar la recaudación de impuestos aumentando la eficiencia, reduciendo las posibilidades de evasión y elusión fiscal, y promoviendo un sistema impositivo justo, progresivo y que minimice las distorsiones.

El objetivo 3.5 del PND se refiere a “Establecer una política energética soberana... para garantizar... seguridad energética” cuyos numerales 3.5.2 consideran garantizar un entorno de certidumbre regulatoria que propicie el desarrollo del sector; 3.5.3 incrementar la producción del sector energético e; 3.5.9 Identificar los riesgos de corrupción e ineficacia para prevenirlos y combatirlos en todos los procesos del sector energético.

Por su parte, el Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (2019 -2023) contempla dentro de sus objetivos acciones donde las Auditorías a los Sistemas de Medición de Hidrocarburos podrían contribuir sustancialmente para el logro de los mismos en forma directa o indirecta, en relación al fortalecimiento financiero de la empresa, incremento en la producción, modernización de la infraestructura, confiabilidad, incremento en la producción de combustibles y petroquímicos y, finalmente, el fortalecimiento de la comercialización.

La Estrategia 5.2 del Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos es “Dar Certeza a la Medición de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos en toda la cadena de valor” y cuya Descripción y Alcance consideran la “Estandarización y mejora de los procesos de Medición y generación de balances a través de la actualización y modernización de la infraestructura de Medición y del Sistema de Gestión de la Medición (SGM)” ... “Promoviendo la reducción de riesgos asociados a la Medición y al incumplimiento regulatorio”; donde se involucran a todas las Empresas Productivas Subsidiarias en el cumplimiento regulatorio y cuyos indicadores de cumplimiento en sus metas se relacionan directamente con las Auditorías a los Sistemas de Medición para evaluar el estado actual y deseado de los mismos y donde se lleven a cabo las acciones correctivas necesarias para su cumplimiento.

La medición de hidrocarburos (volumen y calidad de petróleo y gas) juega un papel fundamental dentro de la cadena de valor de la industria. Entre uno de sus principales propósitos está, obtener valores adecuados en la medición fiscal para establecer los impuestos, regalías, pagos, balances, entre otros, como resultado de los volúmenes comercializados o transferidos. Para el Estado Mexicano es de suma relevancia confiar en los valores de Medición reportados por los Operadores Petroleros, ya que estos valores son como la caja registradora de la extracción y actividades intermedias desde la boca de pozo como son venteos, acondicionamiento, deshidratación, etc. Por lo anterior, por medio de las auditorías a los sistemas de medición por medio de Unidades de Verificación Acreditadas (UVA’s) los volúmenes y calidades de los hidrocarburos serían confiables, de lo contrario, serían poco confiables los valores reportados al Fondo Mexicano del Petróleo.

Derivado del párrafo que antecede, teniendo en cuenta el impacto económico por una medición incorrecta es trascendental, es decir, si la producción promedio de México en abril del 2019 es de 1 640 000 barriles por día y el costo de la mezcla mexicana $57.35 dólares por barril (Tomado de la página de Pemex en julio 2019). El efecto de 0.30 % de incertidumbre de la medición que indican los LTMMH del Sistema de Medición entonces estaríamos hablando de $102 989 130.00 dólares por año; esto asegurando que los Sistemas de Medición están dentro de la tolerancia de CNH, ¿Cuánto estará perdiendo el estado si los sistemas no están auditados?

Desglose de incertidumbre máxima permitida en la producción:

[(1 640 000 Barriles por dia)(365 días por año)(57.35 dolares por barril)]=

=$34 329 710 000 Dolares al año

Y por una Incertidumbre de 0.3%=$102 989 130.00 dolares

En el informe anual 2018 del Fondo Mexicano del Petróleo reportan ingresos por regalías para el Estado Mexicano de $527 069 millones de pesos, lo cual representa la tercera parte de los ingresos para el Estado en el sector Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos; siendo que los ingresos totales del sector se aproximan a 1.5 billones de pesos, veinticinco por ciento del presupuesto de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2020. Es por esta razón, que contar con Sistemas de Medición auditados asegurarían cuando menos estos resultados, sin incluir errores en la medición no considerados hasta ahora y que podrían incrementar sustancialmente los ingresos en el sector Hidrocarburos, mismos que podrían servir para incrementar el presupuesto de egresos de la SHCP y por lo tanto ayudaría al desarrollo de la infraestructura o actividades sociales proyectadas por la actual Administración Federal.

Es necesario, evaluar la conformidad entonces en términos de normas y reglamentos técnicos orientados al desarrollo sustentable, obliga a cada operador, a estar al día en todo lo referente a los requerimientos y poder cumplir con las demandas del mercado a atender en términos de cantidad y calidad (Seguridad, confiabilidad), entre otros. Es necesario asegurar que el Operador Petrolero mantiene los resultados de sus mediciones a través del tiempo dentro de los límites máximos establecidos por la CNH en sus LTMMH, de lo contrario, si se rebasan esos límites los resultados representarían pérdidas y menos ingresos para el Estado.

Contar con un Sistema de Gestión de la Medición implementado es de vital importancia en el contexto general de los negocios internacionales que detona el principio de la “Evaluación de la conformidad” que es la “demostración de que se cumplen los requisitos especificados relativos a un producto, proceso, sistema, persona u organismo”. La Evaluación de la conformidad es una herramienta profesional que permite instaurar confianza en el cumplimiento que se le exige a un producto o servicio específico. Esta confianza influye en la responsabilidad y fiabilidad generales del sector energético en el ámbito del comercio nacional e internacional y cumplimiento regulatorio.

Tanto la cantidad como la calidad en toda la cadena de valor se basan en la Evaluación de la Conformidad para garantizar el cumplimiento de las normas. Y para ello es conveniente la existencia de una infraestructura de la calidad que pueda validar su cumplimiento.

En la práctica común internacional existen las auditorias por unidades de verificación acreditadas. Ésta es una herramienta que contribuye al desarrollo sostenido y promueve que las empresas sean más competitivas. Por eso la metrología, el desarrollo de normas, los ensayos de prueba, la acreditación, la certificación o verificación, son actividades vitales que requieren esa infraestructura formal que pueda asumir la responsabilidad que implica otorgar el acceso a la Soberanía Energética y al Contenido Nacional.

Para efectos prácticos, las UVA’s en Auditorías a Sistemas de Medición de Hidrocarburos acreditadas por EMA (Auditorias o Verificaciones a los sistemas de medición) verifican las regulaciones técnicas-país, denominados estándares nacionales e internacionales que definen especificaciones, atributos, métodos de prueba, características aplicables a la medición de hidrocarburos. Esta figura podría compararse a un “Notario”, donde la UVA “certifica y da fe” que el Sistema de Medición mide dentro de los parámetros establecidos, que los resultados se conservan a través del tiempo dentro de los límites de incertidumbre permitidos, que el personal cuenta con las competencias necesarias para llevar a cabo sus actividades de medición, que cuentan con un Sistema de Gestión de las Mediciones que les ayuda a administrar la calidad de sus mediciones y, finalmente, que el Sistema de Medición fue diseñado, seleccionado, instalado y operado en forma adecuada.

Por tal motivo es relevante conocer cuál es la política pública relacionada con este tema. Por ello quisiera poner énfasis en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (2019 – 2024) (PND) y Plan de Negocios de Pemex que deben reflejarse en la voluntad política que a través de la CNH debe asumir, y que consisten, en exigir a los regulados, que se cumplan de manera eficiente sin que se conviertan en un obstáculo técnico a la transferencia de custodia ni puntos fiscales, al tiempo que promuevan el desempeño de sector energético.

La CNH como Órgano Regulador, exigiendo y haciendo cumplir las leyes y regulaciones aplicables en materia de Medición de Hidrocarburos sin omisiones a las mismas, se asegurará y coadyuvarán a el Combate a la corrupción e ineficacia, al incremento de la recaudación de impuestos, reducción de evasión fiscal, reducción de actividades ilícitas como el huachicol, se aseguraría la confianza en la importación de hidrocarburos, se coadyuvaría con el Estado Mexicano a la autosuficiencia de hidrocarburos, transparencia, garantizando la soberanía energética, incentivando la inversión nacional, extranjera, pública y privada.

En el ámbito de las regalías e impuestos petroleros para el Estado aplica a todos los operadores petroleros públicos y privados donde, el Estado se asegura con los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos (LTMMH) emitidos por la CNH, por medio de Unidades de Verificación Acreditadas (UVA) por ema en Auditorías a Sistemas de Medición de Hidrocarburos; como parte de los mecanismos de supervisión de CNH previstos en dichos LTMMH, dichas contribuciones tenderán a incrementarse conforme la producción de hidrocarburos aumente.

Pemex actualmente no cuenta con auditorías que respalden los reportes de medición, esto afecta en la credibilidad de la producción reportada al Fondo Mexicano del Petróleo, pudiéndose escapar ingresos para el estado.

Como representantes de la ciudadanía, tenemos la responsabilidad de conjuntar los esfuerzos para lograr los beneficios en el sector energético. Está comprobado que la correcta aplicación de la ley, disposiciones y lineamientos correspondientes se puede lograr el correcto funcionamiento de la industria petrolera y agilización de la economía.

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a vigilar de manera permanente el cumplimiento regulatorio a operadores petroleros públicos y privados respecto a los Lineamientos técnicos en materia de medición de hidrocarburos de conformidad a lo establecido por la Ley de Hidrocarburos y demás disposiciones legales aplicables, respecto de la auditoría a los Sistemas de Medición de Hidrocarburos y a sus mecanismos de medición llevados a cabo por terceros acreditados.

Segundo. La Cámara de Diputados con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a revisar la medición de la producción de Hidrocarburos, mediante auditorías hechas por terceros con reconocida experiencia internacional la medición de hidrocarburos de conformidad a lo establecido por el artículo 43 fracción I inciso h) de la Ley de Hidrocarburos y demás disposiciones legales aplicables.

Tercero. La Cámara de Diputados con pleno respeto al principio de autonomía constitucional, exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a dar seguimiento a la entrega y autorizar los planes de desarrollo para la extracción de aquellos Operadores Petroleros que aún no cuenten con puntos de medición definitivos.

Palacio legislativo, a 8 de octubre de 2019

Diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la SHCP a implantar un programa de regularización de autos extranjeros que se encuentran de manera irregular en la región fronteriza norte del país, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción i, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implementar un programa que permita la regularización de automóviles de procedencia extranjera que se encuentran de manera irregular en la región fronteriza norte de nuestro país, conforme a las siguientes

Consideraciones

En los últimos años se ha registrado un incremento en el ingreso de vehículos de procedencia extranjera a territorio mexicano de manera irregular, principalmente provenientes de Estados Unidos. Este incremento se ha intensificado en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, debido a su cercanía con nuestro país vecino, dichas entidades que han tenido que vivir en mayor medida las consecuencias negativas que conlleva la existencia de carros que circulan de manera irregular.

Existen diversos motivos por los cuales estos automóviles entran a territorio mexicano, entre ellos encontramos que resulta más barato adquirirlos en Estados Unidos que en nuestro país, otra razón es que mexicanos que viven del otro lado de la frontera envían a México estos bienes muebles para ponerlos a trabajar o como parte de su patrimonio.

El problema radica en que la importación de estos automóviles se hace de manera irregular, es decir, al no cumplir con los requisitos necesarios para poder ser importados de manera definitiva como lo marca la ley, ingresan a nuestro territorio sin ser identificados y sin que se tenga control sobre ellos. Una de las razones por las cuales no se llega a hacer conforme lo señala la ley, es que el procedimiento resulta incosteable para los bolsillos de la gran mayoría de personas, además, también el modelo y año del vehículo son características que imposibilitan su importación.

Al no cumplir con los requisitos, miles de mexicanos optan por ingresar autos a nuestro país sin cumplir con las formalidades necesarias, y esta falta de regularización de estos vehículos de procedencia extranjera ha originado graves problemas que requieren de una solución inmediata, ya que repercuten negativamente en la vida de la población mexicana.

Entre los efectos más preocupantes se encuentra el incremento de la inseguridad en las ciudades a las que llegan estos automóviles, pues al no contar con placas ni registro, es casi imposible que sean identificados y esta situación es aprovechada por criminales para cometer un gran número de delitos. Este problema no es cosa menor, ejemplo de ello es que el 85 por ciento de los delitos cometidos en Baja California se efectúa con estos carros irregulares de procedencia extranjera,1 pues de esta manera evitan que sean localizados y juzgados. Por su parte, en Tamaulipas 8 de cada 10 delitos son realizados por delincuentes que se transportaban a través de uno de estos carros también conocidos como “chocolate”.2

Por otro lado, estos vehículos representan un problema para la recaudación fiscal, pues evaden los impuestos a los que toda persona es acreedora al hacer uso de un automóvil, y tampoco es posible que paguen multas en caso de incumplir con los reglamentos de tránsito, lo cual resulta totalmente injusto para el resto de mexicanos quienes cumplen con el pago de sus obligaciones fiscales.

Otro gran problema que es necesario atender en la regularización de estos carros es la contaminación al medio ambiente que provocan las emisiones de los mismos, ya que en su mayoría son automóviles viejos y contaminan de manera considerable sin que alguien les pueda sancionar.

Esta situación irregular no sólo afecta a terceras personas, sino también directamente a los dueños de dichas unidades de motor, pues con frecuencia son extorsionados por empresas falsas que prometen la regularización de sus unidades.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, desde 1978 hasta 2011 se han llevado a cabo 19 medidas de regularización de vehículos ilegales de procedencia extranjera,3 esto refleja la existencia de un problema que no es reciente y debe ser atendido adecuadamente.

Es importante mencionar que existe un alto grado de corrupción en las aduanas mexicanas, pues es por ahí donde lograr entrar los automóviles de manera irregular. Las personas que desean ingresar un automóvil logran hacerlo con ayuda de autoridades que incumplen con su labor, por ello es necesario que se establezcan mecanismos que impidan la realización de estas conductas contrarias a la Ley, tanto por parte de autoridades, como de particulares.

La finalidad de este punto de acuerdo es dar solución una situación que no puede continuar, no se puede seguir arriesgando la tranquilidad y seguridad de miles de mexicanos, es necesario que se reconozca la existencia de automóviles irregulares en nuestro territorio y darle una pronta solución a las terribles consecuencias que derivan de ello.

La totalidad de estos automóviles de procedencia extranjera que ya se encuentran dentro de territorio mexicano deben ser identificados y regularizados, se busca acabar con las consecuencias negativas que trae consigo la importación de automóviles irregulares, más no promover la llegada de más carros que nos cumplen con las formalidades a nuestro territorio, por ello de igual manera se plantea que se tomen las medidas necesarias a fin de que los próximos automóviles de procedencia extranjera que ingresen a territorio mexicano, lo hagan de manera regular.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea, la siguiente

Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implementar un programa que permita la regularización de automóviles de procedencia extranjera que se encuentran de manera irregular en la región fronteriza norte de nuestro país

Primero: La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, así como al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implementar un programa, accesible y económico, que permita la regularización de los automóviles de procedencia extranjera que se encuentran en la región fronteriza norte de nuestro país, así también a tomar las medidas necesarias a fin de que los próximos automóviles de procedencia extranjera que ingresen a territorio mexicano, lo hagan de manera regular con la finalidad de no afectar la seguridad de la ciudadanía y a la industria automotriz nacional.

Segundo: La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría y Crédito Público a reforzar los mecanismos necesarios que impidan la entrada irregular de automóviles extranjeros, provenientes de Estados Unidos, a territorio mexicano a través de las aduanas.

Notas

1 Frontera.info, Autos chocolate involucrados en 85% de delitos, consultado el 27 de marzo de 2019, disponible en:

https://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/
11052017/1212729-Autos-Chocolate-involucrados-en-85-de-delitos.html

2 Excélsior, Ocho de cada diez delitos son en carros “chocolate” en Tamaulipas, consultado el 27 de marzo de 2019, disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/11/1207125

3 Página 5 file:///C:/Users/Diana/Downloads/Vehiculos-usados-extranjeros-docto142. pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a garantizar la aplicación de vacunas contra la influenza y fortalecer las campañas informativas ciudadanas sobre los cuidados requeridos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Consideraciones

El Servicio Meteorológico Nacional ha indicado que la temporada de frentes fríos 2019-2020, dio inicio en septiembre y se espera que concluya en mayo, pronosticando el ingreso de 53 masas gélidas en nuestro país, cifra mayor al promedio histórico, que es de 44 sistemas frontales.1

Se estima que para octubre se presenten cinco frentes fríos; seis para noviembre y siete para diciembre, pero los meses que se espera tengan una mayor actividad en la temporada son enero y febrero de 2020, con la previsión de ocho sistemas cada uno. Para marzo y abril se pronostican seis frentes en cada mes y cuatro en mayo.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua un frente frío es la parte delantera de una masa de aire polar, la cual provoca un descenso en la temperatura en la zona por donde pasa, así como también heladas, vientos intensos, fuerte oleaje, abundante nubosidad y lloviznas.2

En su totalidad los frentes fríos que afectan a nuestro país, se originan cerca del polo norte, atravesando a los Estados Unidos de América, cruzan el territorio nacional, del noroeste al sureste y según la época del año y su localización geográfica, pueden prolongarse de tres a siete días.

Ante el descenso de las temperaturas, la población estará propensa a desarrollar enfermedades respiratorias que pueden ser desde resfriados comunes, gripe, influenza y en el peor de los casos bronquitis o neumonía, por lo que es necesario tomar las previsiones oportunas y evitar este tipo de padecimientos durante la temporada. A diferencia del resfriado común que no representa mayores riesgos, la influenza puede tener fuertes complicaciones para la salud y en casos graves, puede causar la muerte.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que cada año se registran en el mundo cerca de 1000 millones de casos de gripe, de los cuales entre 3 y 5 millones son graves, y entre 290 000 y 650 000 personas fallecen.3 Además, pueden causar gran absentismo laboral, escolar y pérdidas de productividad.

En este contexto, la OMS recomienda fortalecer las capacidades nacionales de vigilancia y respuesta, de prevención y tratamiento, y de preparación. Para ello, cada país debe elaborar un programa específico adaptado a sus necesidades que contribuya a la preparación nacional y mundial y a la seguridad sanitaria.

Los grupos de edad que presentan las mayores tasas de mortalidad son las personas mayores de 60 años y los menores de 5 años, por lo que se sugiere la aplicación de la vacuna a más tardar a finales de octubre.4

Basta resaltar que la falta de vacunación, un retraso en el inicio del tratamiento antiviral, una demanda tardía de atención médica y la presencia de otras enfermedades como diabetes e hipertensión, incrementan el riesgo de muerte.

Asimismo, es importante considerar que, de acuerdo con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia, los virus de la influenza cambian constantemente por lo que es usual que cada año aparezcan nuevos virus de influenza estacional. Estos son virus que presentan pequeños cambios antigénicos o genéticos pero que han evolucionado a partir de los virus de la influenza estacional que circularon previamente entre los seres humanos.5

Debido a que estos cambios ocurren muy a menudo, el sistema inmunológico del ser humano no puede reconocer el virus de la influenza de un año a otro, por lo que resulta recomendable que la población debe vacunarse, especialmente aquellos sectores que son más vulnerables como lo son los niños y las personas mayores.

Lo anterior cobra relevancia en nuestro país, ante el desabasto de medicamentos para tratar enfermedades como el cáncer, el VIH, la diabetes y la hipertensión.

No contar con medicamentos suficientes y accesibles, pone en riesgo el desarrollo de los tratamientos y la recuperación de la salud, en particular, de los pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas.

Las enfermedades respiratorias representan un grave problema de salud para la población durante las temporadas invernales, por lo que es necesario que la Secretaria de Salud garantice el abasto de vacunas contra la influenza, con el fin de evitar posibles brotes epidemiológicos, así como fortalecer las campañas informativas sobre los peligros que puede ocasionar esta enfermedad.

El Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a servicios de salud más eficaces y de calidad para toda la población, en particular, para los grupos más vulnerables.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para garantice la aplicación de vacunas contra la influenza y fortalezca las campañas informativas sobre los cuidados que requiere la población y con ello evitar posibles brotes epidemiológicos de esta enfermedad.

Notas

1. https://www.milenio.com/politica/comunidad/
smn-conagua-pronostica-53-frentes-frios-septiembre-mayo-temporada-otono-invierno

2. https://www.gob.mx/conagua/articulos/sabes-que-son-los-frentes-frios-ab rigate-bien-en-esta-epoca-decembrina?idiom=es

3. https://www.who.int/es/news-room/detail/11-03-2019-who-launches-new-glo bal-influenza-strategy

4. https://vacunacion.org/Influenza-Recomendaciones-de-vacunacion-Temporad a-2019-2020-AMV.pdf

5. https://www.gob.mx/salud/censia/articulos/influenza-estacional-temporad a-2018-2019

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 8 días del mes de octubre de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a emitir un reglamento para cumplir el artículo transitorio segundo de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Clementina Marta Dekker Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los bosques y selvas son sistemas naturales de captación y almacenamiento de carbono que representa alrededor de 4.9 por ciento de las emisiones nacionales. Los árboles favorecen la humedad, conducen el agua de las lluvias y de la niebla al suelo, por medio de sus hojas, ramas y troncos. Regulan la temperatura y combaten el cambio climático ya que capturan el dióxido de carbono como la fotosíntesis.

Son lugares de gran diversidad de flora y fauna silvestres como plantas medicinales, hongos, insectos, reptiles, aves y mamíferos, muchos de peligro de extinción.

Ofrecen materia prima, la madera suministra celulosa para fabricar papel y también dan materiales para construir casas y muebles, entre otras cosas. Además de los seres humanos, muchos animales se alimentan de sus frutos, hojas y raíces. Los árboles impiden que el suelo se deteriore o sea arrastrado a otros lugares, ya que las hojas, ramas y raíces evitan que el viento y el agua de las lluvias se lo lleven.

Estos hechos, revelan la importancia que cumplen los bosques en nuestro planeta, pero no sólo eso, sino que también generan beneficios directos para la población tanto económicamente como por su diversidad biológica de ecosistemas.

Ante los efectos del cambio climático que se han sufrido alrededor del mundo, los bosques suelen jugar un papel determinante, ya que los ecosistemas forestales tienen la capacidad de disminuir el efecto invernadero a través de dos procesos relacionados al ciclo del carbono, la fijación o captura de carbono y la reducción de emisiones debidas a la deforestación y degradación forestal.

A pesar de los beneficios que los bosques generan, de acuerdo al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP),1 México ocupa uno de los primeros lugares en tasas de deforestación en el mundo con rangos entre 75,000 ha/año a cerca de 1.98 millones de hectáreas por año.

El CESOP determina que las estimaciones oficiales muestran una pérdida de vegetación arbolada en los últimos años de cerca de 1.8 millones de hectáreas por año, cifra que se estima en 775,800 ha/año si solo se consideran bosques y selvas. Se establece que el ritmo de deforestación que padece México es uno de los más intensos del planeta: de acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM, cada año perdemos 500 mil hectáreas de bosques y selvas. Esto coloca en riesgo de extinción a una gran variedad de plantas y animales y nos coloca en el quinto lugar de deforestación a nivel mundial.”

Una de las grandes razones de la deforestación en México, es la tala ilegal que se da en diferentes regiones de la República Mexicana, definida por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), como la extracción no permitida de árboles, la cual afecta directamente a la producción legal y agrava los procesos de deterioro forestal. Dentro de esta actividad ilegal podemos encontrar una cadena de actividades que actúa en el mismo sentido, como es el caso del transporte ilegal.

Tanto la tala como el comercio ilegal origina serios problemas que se pueden resumir de la siguiente forma:

• Degradación grave de los ecosistemas de bosques y selvas.

• Desertificación en el mediano plazo de las zonas afectadas por tala ilegal, afectando la recarga de los mantos acuíferos.

• Afectación a mediano y largo plazo de la agricultura por cambios en el régimen de lluvias.

• Contribución a las causas del cambio climático.

• Pérdida de la capacidad productiva de la tierra desertificada.

En este sentido es importante considerar dentro de la solución de esta problemática el transporte de la madera ilegal el cual, se sigue realizando al amparo de una factura fiscal, permitido por el artículo 108 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, vigente hasta hoy y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre del 2014. En realidad, son tres artículos del Reglamento que permiten esta actividad: el 95 fracción V, 108 y 117. Los primeros permiten a las madererías transportar madera amparada únicamente con factura fiscal, sin necesidad de la documentación forestal que expide la Semarnat. El Tercero, le quita a la Semarnat la facultad de autorizar el establecimiento de madererías y regular su funcionamiento, pues basta con hacer un aviso de que se instaló la maderería, para que quede legalizada. Así mismo, no existe la obligación de las madererías de llevar un libro de entradas y salidas de la madera que compran y venden, por lo que no se puede establecer la legal procedencia de los productos que poseen, transportan y comercializan.

Dicha situación permite que exista una gran cantidad de madererías que en realidad no existen, pero que tienen sus firmas electrónicas y pueden expedir facturas fiscales “legales” con la cuales amparan la madera extraída ilegalmente.

Por lo cual, el Reglamento contraviene lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga al estado mexicano a proporcionar a sus habitantes un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. De igual forma, contraviene disposiciones de la Ley General de Cambio Climático que dice:

Artículo 2. Esta ley tiene por objeto:

I. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero;

II. Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para que México contribuya a lograr la estabilización de sus concentraciones en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático considerando, en su caso, lo previsto por el artículo 2o. de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y demás disposiciones derivadas de la misma;

III al VIII...

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de junio del 2018 y en su artículo segundo transitorio mandata que el Ejecutivo Federal tendrá ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la Ley para publicar su Reglamento, lo cual, ha quedado descontextualizado, dado que se ha estado trabajando con un reglamento que no está actualizado ya que éste se publicó en el DOF el 31 de octubre del 2014.

En este tenor se estaría incumpliendo lo mandatado en la Ley y el Reglamento estaría descontextualizado permitiendo así el transporte ilegal de la madera en nuestro territorio.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. – La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, en el ámbito de sus atribuciones, emita el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y así, cumplir con lo mandatado en el artículo segundo transitorio de la citada Ley.

Nota

1 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (2017) Deforestación en México, Carpeta Informativa, México, 100pp. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CESOP-IL-72-14-DeforestacionEnMexico -310717%20(2).pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputada Clementina Marta Dekker Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Cultura a poner en marcha un programa de declaratorias para enumerar, proteger y promover el patrimonio cultural inmaterial de México, a cargo del diputado Jacobo David Cheja Alfaro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Jacobo David Cheja Alfaro, diputado federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II; así como demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Secretaría de Cultura Federal, para que implemente un programa de expedición de declaratorias con el fin de enlistar, proteger y promover el patrimonio cultural inmaterial de México, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es un país con una gran riqueza cultural tanto material como inmaterial, prueba de ello es que encabeza la lista latinoamericana con más manifestaciones culturales de este tipo inscritas en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés).1

En el actual contexto de violencia y pérdida de valores de la sociedad, es de gran importancia y urgencia hacer valer el derecho a la cultura inmaterial en nuestro país. Además, dicho derecho cultural se sustenta en el párrafo 12 del artículo 4 0 constitucional que establece la obligación del Estado de garantizar el acceso a las manifestaciones culturales. Por otra parte, el artículo 3 0 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales (LGCDC) establece que las manifestaciones culturales inmateriales son:

...tradiciones, prácticas y conocimientos que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la nación, elementos que las personas, de manera individual o colectiva, reconocen como propios por el valor y significado que les aporta en términos de identidad, formación integridad y dignidad cultural, y a las que tienen el pleno derecho de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera activa y creativa.

Los bienes materiales culturales –como zonas arqueológicas y monumentos–2 cuentan con leyes más precisas de protección y reconocimiento, además de diversos mecanismos para su promoción. Sin embargo, no sucede lo mismo con el patrimonio cultural inmaterial de nuestro país, pues si bien la Constitución Federal, así como la LGCDC establecen la obligación del Estado mexicano de garantizar la protección y promoción del patrimonio cultural inmaterial en el marco del derecho a la cultura (como anteriormente se dijo), los programas y convenios no resultan suficientes para garantizar dicho derecho a la población debido a que no se cuenta con un mecanismo independiente al de la UNESCO para hacer declaratorias de patrimonio cultural inmaterial para la protección y promoción de nuestras manifestaciones nacionales. La atribución y obligación queda sustentada en los artículos 4,5 y 6 de dicha ley, que nos hablan de la responsabilidad de la Secretaría de Cultura para conducir la política nacional en materia de cultura, además de la obligación y atribución para formular políticas públicas para el ejercicio de los derechos culturales.

La Secretaría de Cultura Federal cuenta con una Dirección General de Promoción y Festivales Culturales que pone en marcha apoyos presupuestales a diversos festivales y eventos culturales como el Programa de Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos y aunque la asignación de recursos para programas y proyectos queda sujetado a la disponibilidad presupuestal, es viable que solo con una reorientación de programas y con un mejor diseño de una política pública para la creación de un programa de declaratorias, se podrá identificar, enlistar, proteger y promover de una mejor manera las manifestaciones culturales inmateriales más importantes de nuestro país.

En cuanto a la forma, el programa sugerido a la Secretaría de Cultura deberá tener la finalidad de emitir declaratorias para la protección y promoción del patrimonio inmaterial con reglas de operación claras, además de metas, lineamientos, objetivos, y un sistema de evaluación del desempeño que dé cuenta de los resultados una vez implementado. También deberá establecer mecanismos de participación ciudadana y colaboración con otras instancias o ámbitos de gobierno y deberá considerar la participación de asociaciones e instituciones académicas en la materia durante el proceso de declaratorias.

Nuestro país cuenta con un Sistema de Información Cultural que da cuenta del Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial –con un listado de 499 manifestaciones culturales inscritos– pero se reitera que México no cuenta con un mecanismo claro y propio de declaratorias a nivel federal o nacional para esta materia, se encuentra sujetado a las disposiciones y lineamientos de la UNESCO, de ahí la importancia de contar con una herramienta propia y específica que proteja o promueva a nivel federal las manifestaciones culturales de impacto regional o nacional. Como se dijo al inicio, nuestro país cuenta con el mayor número de manifestaciones culturales declarados por la UNESCO, pero para ello se deben de cumplir requisitos como la conformación de listas indicativas de potenciales candidaturas de manifestaciones culturales a ser elegidos, además de la postulación de la candidatura y un largo proceso de análisis y selección.3

La UNESCO clasifica en dos tipos de lista el patrimonio cultural inmaterial: la que requiere medidas urgentes de salvaguardia y la lista de representativa. En esta última lista, México cuenta con ocho elementos inscritos como lo demuestra la siguiente tabla:4

En 2003, México firma la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, ratificando dicho acuerdo en diciembre de 2005. En tal documento se establecen las bases sobre el patrimonio inmaterial de la humanidad a las cuales se sujetan los elementos inscritos en la UNESCO, por ello las declaratorias de esta organización no son un instrumento de reconocimiento nacional sino internacional. Por tal razón los lineamientos y criterios del programa aquí propuesto deben estar orientados al ámbito y criterio nacional, para que así fiestas como la Guelaguetza, la noche mexicana del grito, las posadas navideñas; o leyendas populares como la de La llorona,5 el charro negro, etcétera, sean consideradas dentro de esa lista. Sin embargo, también se exhorta a la Secretaria de Cultura a enlistar los elementos mexicanos actualmente inscritos por la UNESCO, para ser promovidos con un enfoque más nacional, sin que esta duplicidad pueda ser considerada como una carga presupuestal.

Además, dicho programa deberá obligar a la Secretaría de Cultura a realizar los trámites correspondientes –una vez emitido el programa– ante el Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (IMPI) para el registro de los nombres de todas las manifestaciones culturales con declaratoria en el programa propuesto, y las que cuenten con el potencial de tener declaratoria, para evitar su lucro sin permiso por parte de privados.

En las entidades federativas tenemos el caso de la Ciudad de México que cuenta con mecanismos para emitir declaratorias de su Patrimonio intangible6 por ello no es admisible que siendo México un país muy rico en manifestaciones culturales, además de contar como reconocimientos y declaratorias internacionales por la UNESCO, hoy no cuente con un mecanismo nacional de declaratorias de protección y promoción de su patrimonio inmaterial. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a su elevada consideración el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura federal, en el ámbito de sus atribuciones, a que ponga en marcha un programa de declaratorias para enlistar, proteger y promover el patrimonio inmaterial de México, en cumplimiento con el artículo 4o. constitucional en su párrafo 12, la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, y demás normativas en la materia.

Notas

1 Nuestro país cuenta con ocho manifestaciones inmateriales inscritas en la UNESCO, encabezando así la lista de la región.

2 Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

3 UNESCO, (2011), Elaboración de Propuestas de Inscripción, Segunda ed.

4 UNESCO (2017), Patrimonio Inmaterial, recuperado el 30 de septiembre desde http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/intangible-herit age/

5 En 2013 la leyenda de la llorona se quedó en el intento de ser declarada patrimonio intangible en ciudad de México, a pesar de haber tenido un exhorto por parte del congreso local, pero en este programa podría ser considerada para su inclusión.

http://www.aldf.gob.mx(archivoba85821744b5fd2aa756aef3ca 7077e8.pdf

6 La Ley de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México en su artículo 55, 57 y 61 da certeza jurídica a las declaratorias a nivel local.

Bibliografía principal consultada

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. México, 2019.

-Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. UNESCO.

2003.

-Elaboración de Propuestas de Inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. Segunda edición. UNESCO. 2011.

-Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Cámara de Diputados. México. 2019.

-Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Cámara de Diputados. México, 2017.

-Ley de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de México. Congreso de la Ciudad de México. México, 2019.

Principales sitios de internet consultados

-Sitio de la UNESCO: es.unesco.org

-Sitio de la cámara de diputados: http://www.diputados.gob.mx -Sitio de la Secretaría de Cultura Federal: www.gob.mx/cultura

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de octubre de 2019.

Diputado Jacobo David Cheja Alfaro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a informar sobre las acciones y su estatus derivadas de la resolución 12/2019, de la CNDH, respecto a la deforestación en la zona aledaña a la reserva del parque nacional Cañón del Sumidero por Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Jorge Arturo Argüelles Victorero, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a informar las acciones y el estatus de estas derivadas de la resolución 12/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respecto a la deforestación en la zona aledaña a la reserva del Parque Nacional Cañón del Sumidero por parte de la empresa Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV, considerando los siguientes

Antecedentes

El Parque Nacional Cañón del Sumidero tiene una superficie total de 217,894,190 m2 y se ubica en la Depresión Central del estado de Chiapas. Alberga en ella alrededor de 1,736 especies de flora y fauna, de las cuales, 29 son especies consideradas amenazadas, 43 son sujetas a protección especial y 6 están consideradas en peligro de extinción.1

Por su parte, la empresa Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV se ubica en el kilómetro 1096 de la carretera Panamericana, entre lo municipio de Chiapa de Corzo y el de Tuxtla Gutiérrez en el estado de Chiapas. El predio de la empresa tiene una superficie de 59.55 hectárea, de las cuales 23.7 ha son destinadas a las operaciones de la empresa y de éstas, 16.05 hectárea son dedicadas exclusivamente a la extracción y transformación de la piedra caliza.2

El día 9 de abril del 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación No. 12/2019 titulada:

“Sobre el incumplimiento de la conciliación respecto a la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, por la falta de acciones para garantizar la protección y preservación del parque nacional cañón del sumidero y sus alrededores, en agravio de los habitantes del municipio de Chiapa de Corzo, estado de Chiapas.”

En esta se detalla que desde los años 60, la empresa Cales y Morteros ha explotado la zona a través de la extracción de cal, lo que ha derivado en un fuerte impacto al ambiente, al ecosistema y a la salud de los habitantes en las poblaciones aledañas. Esto debido a la excesiva liberación de polvos, humos y movimientos telúricos3 ocasionados por las detonaciones con dinamita para fracturar las placas y extraer el material pétreo.

En la sección de “Conciliación”, la CNDH puntualiza que fue violado el derecho humano a un medio ambiente sano para quienes habitan o hacen uso de los recursos naturales dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero, por omisiones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONAP) y el Gobierno del Estado de Chiapas para proteger y preservar dicha área protegida.4

La comisión dirigió dos conciliaciones a las autoridades involucradas mediante los oficios V6/15665 y V6/18926, dirigidos a la Semarnat y a la CONAP y al Gobernador del Estado de Chiapas, respectivamente. Dichos oficios fueron aceptados por las autoridades competentes, no obstante, la Comisión determinó que no fueron cumplidos en su totalidad.

Se han emprendido diversos procedimientos administrativos y carpetas de investigación en contra de la empresa Cales y Morteros:

• La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ha iniciado al menos 20 procedimientos administrativos en contra de la empresa, por incumplir con las disposiciones previstas en materia de ruido, emisiones a la atmósfera, impacto ambiental y cambio de uso de suelo.

• La Autoridad Ambiental Estatal, ha emprendido 5 procedimientos en contra de la empresa por no contar con las autorizaciones necesarias.

• La Fiscalía General de la República ha advertido la existencia de 3 averiguaciones previas y 2 carpetas de investigación relacionadas con los hechos antes mencionados.

El otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento a Cales y Mortero, así como la autorización de las modificaciones a su proceso y aumento en la producción por parte de la Delegación de Semarnat en Chiapas, en un predio incluido dentro del polígono del Parque Nacional Cañón del Sumidero, es una clara evidencia de las omisiones en las que incurrió dicha autoridad en la observancia de las disposiciones incluidas en la normatividad ambiental nacional e internaciona l.5

La recomendación destaca que no se han implementado acciones para detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica , para aumentar la resiliencia y combatir los efectos del cambio climático.

Cabe destacar que dentro del área que integra el Parque Nacional Cañón del Sumidero, existen diversas comunidades de los municipios de San Fernando, Osumacinta, Soyalo, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez. Estos grupos están conformados por 52,672 pobladores, de los que 4,130 son indígenas. Lo cual aporta relevancia para la preservación de esta área natural protegida.

La extracción, manipulación, procesamiento y transporte de materiales como la piedra caliza, sin el cuidado debido, genera la dispersión de partículas que afectan la pureza del aire, al igual que la tierra y el agua donde finalmente se depositan.6 Por ello es conveniente que se tenga la correcta vigilancia durante todo este proceso llevado a cabo por la empresa Cales y Morteros, porque es importante resguardar la integridad y la salud de los pobladores aledaños.

La Autoridad Ambiental del Estado en su oficio SEMAHN/UAJ/AAA/117/2012 señaló que la calidad del aire en los alrededores a donde está instalada y en funcionamiento Cales y Mortero es de regular a mala, producto de las altas concentraciones de partículas en el aire, lo cual deteriora la calidad del mismo de acuerdo a la NOM-025-SSA1-1993, representando un importante riesgo a la salud.7

La responsabilidad de dicha empresa es clara, sus operaciones han ocasionado daños en el medio ambiente y en el ecosistema tanto del Parque Nacional Cañón del Sumidero, como de la zona aledaña.

La salud de los habitantes de las poblaciones cercanas está en riesgo, no se puede permitir que esto persista. El derecho a la salud y a un medio ambiente sano deben asegurarse por encima de cualquier cosa.

En el PES consideramos que la protección al medio ambiente es un tema de amplia relevancia, actual y que nos compete a todos trabajar. Cualquier individuo tiene el derecho humano a vivir en un ambiente sano y nadie debe arrebatarle esa garantía, ni un gobierno, ni mucho menos algún privado que explote los recursos de las tierras mexicanas sin la regulación debida.

Estamos a favor de la inversión privada para impulsar el crecimiento económico. No obstante, también estamos a favor de que la inversión sea bajo la legalidad y sin vulnerar las garantías de las personas como el derecho a la salud y a una vida digna.

Es momento de que se emprendan acciones contundentes en materia de cuidado al medio ambiente.

Conforme transcurre el tiempo, estamos consumiendo los recursos de nuestro planeta, no esperemos a que hayamos terminado con todo para ponernos a pensar en qué hacer para preservar el hogar de todos nosotros.

Por lo anteriormente expuesto, solicito:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para hacer públicas las acciones y el estatus de estas derivadas de la resolución 12/2019 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respecto a la deforestación en la zona aledaña a la reserva del Parque Nacional Cañón del Sumidero por parte de la empresa Cales y Morteros del Grijalva, SA de CV.

Notas

1. Comisión para la Cooperación Ambiental, Cañón del Sumidero II: expediente de hechos relativo a la petición SEM-11-002, Comisión para la Cooperación Ambiental, Montreal, 2015, p. 7. URL: http://www3.cec.org/islandora/en/item/11635-sumidero-canyon-ii-factual- record-es.pdf.

2. Ibíd. p. 13.

3. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 12/2019, p. 6, URL:
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Rec_2019_012.pdf

4. Ibíd. p. 7

5. Ibíd. p. 59

6. Ibíd. p. 49

7. Ibíd. p. 60

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a realizar estudios y acciones preventivas en los bordos de protección y corrientes del cauce del río Marabasco, en Cihuatlán, Jalisco, suscrita por la diputada Mónica Almeida López e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa el siguiente

Punto de acuerdo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a efecto de que en el ámbito de su respectiva competencia y dentro de las facultades que estime pertinentes y suficientes, realice estudios y acciones preventivas de los bordos de protección y corrientes del cauce del río Marabasco, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco.

Con el objetivo de atender la construcción de infraestructura para prevenir afectaciones con motivo de las crecientes del río ante los efectos devastadores ocasionados por la tormenta tropical Narda y el huracán Lorena y el inminente auxilio de la población cuya seguridad e integridad está en riesgo; al tenor de los siguientes razonamientos de hecho y de derecho que se señalan en las siguientes

Consideraciones

1. Objeto del punto de acuerdo

Por medio de este punto de acuerdo se tiene por objeto que se garantice la seguridad e integridad de la población que reside en el municipio de Cihuatlán, en el Estado de Jalisco, por las crecientes del cauce del río Marabasco que atraviesa esta demarcación territorial. De tal forma que la Conagua, genere los estudios y acciones preventivas para construir bordos de protección perimetrales o marginales en el cauce de este río y no se comprometa la seguridad e integridad de los habitantes y las zonas productivas ante fenómenos hidrometeorológicos.

2. Generalidades

La Ley General de Protección Civil, en su artículo 2, inciso XXIV, define a un fenómeno hidrometeorológico como un agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados.1

De acuerdo con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA (Federal Emergency Managment Agency), un bordo de protección es “una estructura hecha por la humanidad, usualmente un terraplén de tierra o suelo compacto, diseñada para contener, controlar o desviar el flujo de agua a fin de proporcionar protección frente a inundaciones temporales”.

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua, define a los bordos de protección como “estructuras de gran longitud, colocadas dentro del cauce, construidas normalmente con materiales arcillosos, de arena o materiales pétreos, cuya sección transversal es trapecial y el talud en contacto con la corriente del río es formado de manera similar a los recubrimientos marginales”. Se utilizan cuando se quiere formar una nueva orilla que permita encauzar al flujo en forma más adecuada o cuando se desea reducir el ancho del río (Conagua, 2011).

Los componentes de un bordo pueden generalizarse en los siguientes elementos:

• Terraplén: Estructura de tierra diseñado para retener o desviar el agua.

• Corona: Superficie en la parte superior del bordo, la cual es más estrecho que la bases.

• Pie del bordo: Lugar donde el talud del bordo se encuentra con el terreno natural.

• Talud exterior: Superficie plana con inclinación que limita al cuerpo del bordo, localizada del lado del cuerpo de agua a contener.

• Talud interior: Superficie plana con inclinación que limita al cuerpo del bordo, localizada del lado contrario al cuerpo del agua.

• Bordo libre: Espacio de agua entre la corona y el nivel de agua para controlar un nivel particular. Entre los tipos de bordos de protección que comúnmente se construyen para reducir inundaciones causadas por los desbordamientos de los ríos se distinguen dos tipos: i) bordos longitudinales a lo largo de una o ambas márgenes de un río y ii) bordos perimetrales a poblaciones pequeñas o construcciones de importancia.

3. Problemática

El paso del huracán Lorena en las costas de Jalisco, trajo consigo lluvias torrenciales acumuladas que se registraron los días jueves 19 y sábado 21 de septiembre, lo cual dejo diversas afectaciones en el municipio de Cihuatlán, en donde los niveles del río Marabasco registraron un incremento que originó su desbordamiento y por ende, inundaciones en cuarenta viviendas dentro de las comunidades “La Tecolotera y El Rebalse” que quedó incomunicada por un lapso de aproximadamente dos días; esto también ocasionó el cierre momentáneo de la carretera Manzanillo-Barra de Navidad, en el kilómetro 43, debido al escurrimiento sobre el puente de acceso a Cihuatlán. Otra de las afectaciones fueron las cosechas de mango, plátano, papaya; así como la suspensión de actividades escolares.

A pocos días de este huracán, se presentó la tormenta tropical Narda en donde los daños han sido similares e incuso pudieron ser fatales pues el pasado 30 de septiembre de 2019 fueron rescatadas nueve personas que fueron arrastradas por la corriente del rio Marabasco en la comunidad El Rebalse del municipio de Cihuatlán, esto según el reporte de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, la cual detalló que seis de estas personas fueron arrastradas por la corriente debido al desbordamiento del río, y las tres restantes se encontraban atrapadas en una vivienda, esto debido a las inundaciones causadas por las fuertes lluvias generadas por la tormenta tropical.

El paso de los fenómenos hidrometeorológicos Narda y Lorena dejaron en los municipios costeros de Jalisco diversas afectaciones, pero lo que dejaron más a la vista es la falta de elementos preventivos que puedan auxiliar a la población ante este tipo de fenómenos naturales, uno de los cuales es el objeto del presente exhorto pues en próximos días iniciaran las etapas de reconstrucción de las zonas afectadas, en donde serán indispensables los estudios técnicos que la Conagua pueda realizar, pues es necesario hacer medidas preventivas y no de reacción, al estar de por medio la vida de personas.

4. Propuesta

Para dar solución y seguridad a los habitantes de Cihuatlán ante las presentes y futuras afectaciones por este tipo de fenómenos naturales es indispensable que las obras de protección y encauzamiento del río sean ejecutadas en estricto apego a los lineamientos técnicos que la Conagua pueda generar y con ello se eviten daños ocasionados por el desbordamiento de corrientes naturales, a las diferentes áreas productivas y centros poblacionales. De tal forma es indispensable contar con estudios topográficos, hidrológicos, fluviales y geotécnicos de las zonas por las cuales se pueda generar una afectación social.

Es competente la Comisión Nacional del Agua para conocer del presente asunto, debido a que el artículo 9 fracciones XL y XLIII de la Ley de Aguas Nacionales manifiesta:

Artículo 9. (...)

...

...

...

...

...

Son atribuciones de “la Comisión” en su Nivel Nacional, las siguientes:

...

XL. Participar en el sistema nacional de protección civil y apoyar en la aplicación de los planes y programas de carácter federal para prevenir y atender situaciones de emergencia, causadas por fenómenos hidrometeorológicos extremos;

...

XLIII. Realizar las declaratorias de clasificación de zonas de alto riesgo por inundación y elaborar los atlas de riesgos conducentes;

...

Es por ello que a través de este punto de acuerdo promovemos que se gire atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a efecto de que en el ámbito de su respectiva competencia y dentro de sus facultades que estime pertinentes y suficientes, para realizar estudios y acciones preventivas de los bordos de protección y corrientes del cauce del río “Marabasco”, en el municipio de Cihuatlán, en el Estado de Jalisco; con el objetivo de atender la construcción de infraestructura para prevenir afectaciones con motivo de las crecientes del río ante los efectos devastadores ocasionados por la tormenta tropical Narda y el huracán Lorena y el inminente auxilio de la población cuya seguridad e integridad está en riesgo.

Punto de Acuerdo

Único. Gírese atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional del Agua, a efecto de que en el ámbito de su respectiva competencia y dentro de las facultades que estime pertinentes y suficientes, realice los estudios y acciones preventivas, para la construcción de los bordos de protección y corrientes del cauce del río Marabasco, en el municipio de Cihuatlán, en el Estado de Jalisco; con el objetivo de atender la construcción de infraestructura para prevenir afectaciones con motivo de las crecientes del río ante los efectos devastadores ocasionados por la tormenta tropical Narda y el huracán Lorena y el inminente auxilio de la población cuya seguridad e integridad está en riesgo y de esta manera buscar que no se comprometa la seguridad e integridad de los habitantes y las zonas productivas ante futuros fenómenos hidrometeorológicos.

Nota

1 Ley General de Protección Civil; visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm

Ciudad de México, a 8 de octubre de 2019

Diputados: Mónica Almeida López (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a elaborar y distribuir en kínderes, primarias, secundarias y preparatorias del país material informativo de fácil comprensión sobre los principales síntomas y signos de cáncer infantil, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados federales Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido, Alfredo Antonio Gordillo Moreno de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 1 y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La prevención y la promoción de la salud constituyen un eje fundamental de la salud pública, por ello, son componentes esenciales del modelo de atención a la salud en el país.

El cáncer infantil en México es un problema de salud pública, al ser la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años de edad, cobrando más de 2,000 vidas anuales.1

Comparado con las enfermedades neoplásicas en los adultos, el cáncer en la infancia y adolescencia representa una proporción baja, ya que solo el 5% de los casos de cáncer ocurren en niños. Sin embargo, esta enfermedad simboliza una de las principales causas con mayor número de años de vida potencialmente perdidos, ya que se estima que cada niño que no sobrevive al cáncer, pierde en promedio 70 años de vida productiva. Además de ser un factor negativo para la salud emocional y la dinámica familiar.

El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Desafortunadamente, el 75% de los casos en menores de 18 años en México se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que incrementa considerablemente el tiempo y costo del tratamiento y disminuye de manera importante la posibilidad de curarse.

Para garantizar un porcentaje más elevado de sobrevida se debe favorecer el diagnóstico temprano y el acceso al tratamiento oportuno.

Por lo cual, el hecho de que los padres de familia y las personas que están en contacto directo en un ambiente cotidiano con los menores, tales como familiares y maestros, conozcan los síntomas de cáncer infantil se vuelve la mejor estrategia para hacer frente a esta problemática.

Existen señales de alarma que son fáciles de identificar por cualquier individuo, aun cuando no tenga una formación médica.

Durante la etapa del desarrollo comprendida desde los 5 y 14 años de edad – edades en las que se presenta el cáncer infantil de manera más común- el plantel escolar al que asisten los menores resulta la plataforma desde la que se abre a la vida social y cultural de las niñas, niños y adolescentes. La vida escolar en la infancia resulta el complemento más importante de la vida la familiar, y genera el segundo entorno idóneo para detectar cualquier anomalía en la salud física y psicológica de los niños y adolescentes.

Después de los padres, por lo general los maestros y compañeros de aula son quienes mayor tiempo comparten con ellos, por lo que en materia detección temprana es de gran utilidad que sepan identificar escenarios que pudieran ser indicadores de la enfermedad.

Entre más amplia sea la red de personas cercanas a los niños, niñas y adolescentes, que conozcan los principales síntomas y signos, mayores serán las posibilidades de que un posible caso de cáncer infantil sea detectado y atendido a tiempo.

Desde el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consideramos que es necesario redoblar esfuerzos para proteger a muestra infancia, razón por la cual hace meses presentamos, la propuesta de establecer a nivel nacional, un mes entero dedicado a la Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil, eligiendo para tal efecto el mes de febrero.

Entre las actividades principales se encuentra precisamente la difusión de los síntomas y signos de cáncer infantil en los planteles educativos de todo el territorio nacional, con el propósito de que todos los que acuden y se desempeñan laboralmente en ellos cuenten con las herramientas básicas para una probable detección de sospecha de cáncer infantil y pueda ser remitido oportunamente para recibir un diagnostico profesional y de ser necesario un tratamiento oportuno.

Por lo que, haciendo uso de estos espacios y atribuciones conferidas, en el marco del día internacional contra el Cáncer Infantil y acorde a la iniciativa presentada para establecer el mes de febrero como el mes nacional de Concientización, Prevención, Detección y Tratamiento Oportuno del Cáncer Infantil, desde nuestro grupo parlamentario consideramos conveniente que está H. Cámara de Diputados exhorte a la Secretaria de Salud para que, en el uso de sus atribuciones y facultades, elabore material informativo de fácil comprensión sobre los principales síntomas y signos de cáncer infantil, tales como carteles, folletos, trípticos, con las características necesarias para ser difundidos dentro de los centros educativos de Kínder, primaria, secundaria y preparatoria de toda la República Mexicana, así como a la Secretaria de Educación Pública para que, en coordinación con la Secretaria de Salud, realicen durante todo el mes de febrero una campaña de concientización sobre los signos y síntomas de cáncer infantil y difundan el material preparado con estos fines en estos centros educativos.

Lo anterior con el propósito de que esta información llegue a todas las escuelas del país de manera efectiva y repetitiva a fin de lograr el impacto en la población buscado.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, en el uso de sus atribuciones y facultades, elabore material informativo de fácil comprensión sobre los principales síntomas y signos de cáncer infantil, tales como carteles, folletos, trípticos, con las características necesarias para ser difundidos dentro de los centros educativos de Kínder, primaria, secundaria y preparatoria de toda la República Mexicana.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en coordinación con la Secretaría de Salud, realicen durante todo el mes de febrero una campaña de concientización sobre los signos y síntomas de cáncer infantil y difundan el material preparado con estos fines en los centros educativos de kínder, primaria, secundaria y preparatoria de toda la República Mexicana.

Nota

1 http://www.censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/transparencia/espec iales/PAE_Cancer.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Emilio González Martínez, Zulma Espinoza Mata, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, José Ricardo Gallardo Cardona, Lilia Villafuerte Zavala, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica) Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y la Ssa a distinguir en la actualización de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 entre los alimentos y las bebidas no alcohólicas elaborados con azúcar natural de caña y jarabe de maíz de alta fructosa, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numerales 1 fracción II, y 2, fracción III, así como el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo en el que el honorable Congreso de la Unión exhorta a las secretarías de Economía y Salud a realizar una distinción entre los alimentos y bebidas no alcohólicas elaborados con azúcar natural de caña y jarabe de maíz de alta fructuosa, durante la actualización de la Norma Oficial Mexicana 051, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El problema de sobrepeso y obesidad en México es considerado una pandemia desde 2016 y es el mayor problema de salud pública del país. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2016 mostraba que 7 de cada 10 adultos presentaban sobrepeso u obesidad.1

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) realizó un estudio2 en coordinación con la Secretaría de Salud, donde se revela que el promedio nacional de sobrepeso y obesidad es del 54 por ciento, lo cual se divide en 30 por ciento sobrepeso y 24 por ciento obesidad sobre la población total, los primeros lugares por estado son:

Sobrepeso

-Ciudad de México y Veracruz, con 33 por ciento de la población en esta situación.

-Seguidos por Hidalgo y estado de México, con 32 por ciento.

-Posteriormente Aguascalientes, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla y Tlaxcala, con 31 por ciento.

Obesidad

-Baja California Sur encabeza la lista con 34 por ciento de población total con obesidad

-El segundo lugar lo tiene Yucatán con 33 por ciento

-Campeche con 32 por ciento

-Seguido de Nuevo León y Tabasco con 30 por ciento

Derivado de lo anterior es que se toman medidas urgentes y necesarias para combatir este problema de salud, tal como la reforma a la Ley General de Salud en materia de sobrepeso y obesidad aprobada el pasado mes de septiembre por el pleno de la Cámara de Diputados, misma que propone un etiquetado frontal de advertencia de alimentos y bebidas no alcohólicas.

El objeto de dicha iniciativa es señalar los alimentos y bebidas no alcohólicas que sobrepasen los niveles máximos de consumo recomendado diario de azúcar, sodio, grasas saturadas y energía total.

Comprendemos que dicho etiquetado busca incentivar la reformulación para hacerlos más saludables.

Sin embargo, es de suma importancia señalar que desde hace tiempo atrás la industria alimentaria ha sustituido el azúcar natural de caña por el jarabe de maíz de alta fructosa.

En ese sentido, han surgido diversos estudios que revelan los riesgos del consumo del jarabe de maíz de alta fructosa.

El Centro de Investigaciones en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública elaboró el documento Consumo de Refrescos, Bebidas Azucaradas y el Riesgo de Obesidad Y Diabetes ,3 donde se revela que las bebidas que contienen azúcares añadidos (sacarosa, jarabe de maíz alto en fructosa), se asocian con un mayor riesgo de aumentar de peso y por lo tanto, desarrollar sobrepeso y obesidad, así como otras enfermedades cardiovasculares como diabetes, síndrome metabólico, hipertensión.

Además, indican que los países con mayor disponibilidad de jarabe de maíz de alta fructosa, endulzante ampliamente usado en México en las bebidas azucaradas, tienen alrededor de 20 por ciento de mayor prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 independientemente de la obesidad.

Y alertan que el alto consumo de fructosa es precursor de la resistencia a la insulina, también favorece el desarrollo de hígado graso.

La razón por la que la industria ha sustituido el azúcar de caña por el jarabe de maíz es por su menor costo y requieren menor cantidad para elaborar mayor producto.

Y no solo lo contienen los refrescos y bebidas azucaradas, también se encuentra en cereales comerciales, panes, yogurt, mermeladas, galletas, etcétera.

Esto ha tenido repercusión en la Industria Cañera Mexicana aun cuando México es de los principales productores mundiales de azúcar de caña y el jarabe de maíz se importa principalmente de Estados Unidos y Japón.

Actualmente, la agroindustria de la caña de azúcar en México está conformada por 50 ingenios en operación, ubicados en de 15 estados de la república, con influencia en 267 municipios, en donde existen las mejores condiciones naturales para su desarrollo, que se localizan en altitud entre los 5 y mil 370 metros sobre el nivel del mar.

Genera 479 mil 708 empleos directos y trae beneficios directos a más de 2.3 millones de personas.

Es una actividad de alto impacto en 267 municipios en donde habitan 12 millones de personas.

Asimismo, la agroindustria nacional de la caña de azúcar representa el 2.06 por ciento del PIB manufacturero, 16.44 por ciento del PIB agropecuario y 8.29 por ciento del PIB de la Industria alimentaria.

Tomando en cuenta lo anterior, es menester proteger e impulsar el sector cañero nacional, y que mejor que en el marco de la aprobación del etiquetado frontal de advertencia que ayudará a la reformulación de los productos.

Asimismo, es sabido que actualmente se encuentra en marcha la actualización de la Norma Oficial Mexicana 051 referente al etiquetado por parte de las secretarías de Economía y de Salud, por lo que, para proteger a la industria cañera nacional, se debe tomar en cuenta la distinción entre el azúcar natural de caña y el jarabe de maíz de alta fructosa

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a las secretarías de Economía y de Salud a que durante la actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, se haga la distinción entre alimentos y bebidas elaborados con jarabe de maíz de alta fructuosa y azúcar natural de caña.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Economía a promover el uso de azúcar de caña en sustitución del jarabe de maíz de alta fructosa en la elaboración de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Notas

1 Disponible en:
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanut2016/doctos/analiticos/ObesidadAdultos.pdf

2 Disponible en:
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2015/08/2a.-IMCO_OMENT_FichasEstatales.pdf

3 Disponible en:
https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=presentaciones&alias=849-vfinal-co nsumo-de-bebidas-azucaradas&Itemid=493

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de octubre de 2019.

Diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la ASF a investigar e informar a la opinión pública sobre las posibles irregularidades del gobierno de Veracruz en los contratos para comprar medicamentos, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación investigue, informe a la opinión pública, revise y, en su caso, sancione posibles irregularidades en contratos para compra de medicamentos, por el gobierno del estado de Veracruz, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En mayo pasado, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) hizo pública la investigación denominada “El emporio farmacéutico a la sombra del Súper Delegado Lomelí”, en la que afirma que el entonces Súper Delegado en Jalisco ha vendido medicamentos a gobiernos y que han recibido contratos de la actual administración por más de 164 millones de pesos, a través de su red de empresas que han competido entre sí en licitaciones y que han sido denunciadas por vender medicamento falso y por sobreprecios.1

Carlos Lomelí Bolaños inició su carrera política como diputado federal por Movimiento Ciudadano (2015-2018); compitió después por la gubernatura de Jalisco misma que perdió. Posteriormente en diciembre de 2018 fue nombrado Delegado de la Secretaría de Bienestar - figura coloquialmente llamada Súper Delegado, tendiente a eliminar intermediarios en la entrega de programas sociales - por el ya Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

La red farmacéutica que refiere está conformada por 9 empresas dedicadas a la venta de medicamentos en Zapopan, Jalisco; grupo que ha vendido miles de millones de pesos con motivo de contratos gubernamentales tan solo de 2012 a 2019.

Tan solo Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) ganó más de 164 millones de pesos, adjudicados por el Gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. A finales de 2018 Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, le asignó a esta empresa directamente un contrato por 36 millones.

Diversos documentos públicos revelan que existen 8 empresas más en las que han participado 11 familiares, colaboradores, amigos e incluso el coordinador de su campaña a la gubernatura de Jalisco del hasta hace poco Súper Delegado Lomelí Bolaños. Las empresas aludidas son: Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfran, Laboratorio Bioterra, Lo Vending Group, MC-Klinical, Proveedora de Insumos Hakeri y Grupo Quiropráctico del Bajío.

En su declaración 3 de 3, Carlos Lomelí Bolaños reconoce su participación en Lomedic, Corporativo Internacional Vigilando tu Salud, Laboratorio Solfrán y Laboratorio Bioterra. Empresas en las que colaboran las mismas personas que aparecen en las 5 empresas restantes en las que no reconoce tener participación, de acuerdo con Actas del Registro Público de Comercio obtenidas por MCCI muestran que algunos personajes allegados a quien fuere Súper Delegado han figurado en el mismo mes en empresas por él reconocidas y no reconocidas.

Cabe señalar que diversos contratos públicos de empresas de esta red han sido objeto de señalamientos por autoridades sanitarias como la Cofepris por vender a sobreprecios y distribuir medicamento falso. Asimismo, al menos en una ocasión, Abisalud y Lomedic participaron en una misma licitación por un contrato de 85 millones de pesos.

Ante acusaciones de sus opositores con motivo de la campaña a la gubernatura de Jalisco, en 2018 Lomelí Bolaños negó en diversas ocasiones relación con Abisalud. Sin embargo, además de los vínculos antes referidos, varias de las farmacéuticas reconocidas o no, comparten domicilio. Por ejemplo: Para obtener un contrato con el IMSS en 2014 y para darse de alta en 2015 ante el IMPI a efecto de registrar Lomedic se dio el mismo domicilio particular; mismo que su hija difundió en el padrón de proveedores de Zapopan

Abisalud ha recibido al menos 150 contratos por 2 mil 188 millones de pesos, de los años 2013 al 2019 (tan solo durante su cargo como diputado federal, Abisalud obtuvo 5 contratos con distintas dependencias del Estado de Jalisco, que suman más de 505 millones de pesos. Y en lo que va de la actual administración federal, ha sido favorecida con 7 contratos públicos que suman más de 164 millones de pesos en tan solo 5 meses.

En 2018 la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a la Fiscalía General del estado de Jalisco y a la Auditoría Superior del mismo estado a investigar y en su caso sancionar a Carlos Lomelí por la venta de medicamentos a sobre precio al Instituto de Pensiones del Estado, mientras que en noviembre del mismo año, la Cofepris determinó que un lote de medicamento para la osteoporosis distribuido en dicho instituto, era falso.

Por su parte, Abisalud firmó contrato con el gobierno del Estado de México en marzo de 2017 por 188 millones de pesos. Entre los productos vendidos se registraron 2 mil 900 envases de 20 litros de alcohol desnaturalizado con un costo de 918 pesos por unidad, dando un total de 2 millones 664 mil pesos, mientras que el precio promedio de dicho artículo fluctúa entre los 412 y los 500 pesos, es decir, Abisalud vendió al gobierno del Estado de México al doble.

Finalmente, MCCI refiere que de 150 contratos con Abisalud (entre 2012 y 2019) 76 de ellos fueron otorgados por adjudicación directa, cuya suma alcanza un total de 1,100 millones de pesos

Se subraya el hecho de que a finales de mayo de 2019, tras la renuncia de Carlos Lomelí Bolaños como Delegado en Jalisco de la Secretaría de Bienestar, por presunto conflicto de interés, el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Secretaría de la Función Pública investiga y analiza los presuntos actos de corrupción del superdelegado del gobierno federal en Jalisco y que, de ser encontrado culpable, se le castigará.2

En este orden de ideas y toda vez que para Acción Nacional es de vital importancia la transparencia y la rendición de cuentas en los tres Poderes de la Unión y en los tres niveles de Gobierno, estimamos oportuno y necesario que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en las disposiciones relativa de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, inicie las investigaciones para revisar y analizar si las licitaciones y/o adjudicaciones realizadas por el Gobierno del Estado de Veracruz con la o las empresas de la red farmacéutica referida, cumplen con los requisitos de ley o si han existido irregularidades.

Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, investigar, revisar e informar a la opinión pública, si los contratos derivados de las licitaciones y/o adjudicaciones realizadas por el Gobierno de Veracruz para compra de medicamentos y otros insumos farmacéuticos, con las empresas relacionadas con la red farmacéutica multirreferida, cumplen con los requisitos de ley o si han existido irregularidades o sobreprecios, en cuyo caso, se solicita determinar las sanciones, y/o consecuencias jurídicas a que haya lugar, en caso de que dichas irregularidades sean constitutivas de delito.

Segundo . Se solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación brindar a dicha información la transparencia y, en su caso, difusión de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los Lineamientos Técnicos Generales emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y demás disposiciones aplicables.

Notas

1 https://contralacorrupcion.mx/emporio-farmaceutico/ Información consultada en internet el 22 de julio de 2019.

2 http://www.ejecentral.com.mx/si-lomeli-es-culpable-se-castigara-adelant a-amlo/ información consultada en internet el 22 de julio de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a asignar por la SHCP presupuesto suficiente al Programa de Estancias Infantiles que garantice el cuidado de los niños en espacios seguros, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano

Las que suscriben, diputadas federales integrantes de los grupo parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, en la LXIV legislatura en ejercicio de la facultad que les confiere la fracción I del artículo 6, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, ponen a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal a través del secretario de Hacienda y Crédito Público, para que sea asignado el presupuesto suficiente no menor a 4 mil millones de pesos, para el Programa de Estancias Infantiles, en la modalidad que se tenía en el ejercicio 2018, con un esquema que asegure que este recurso se utilizará para el cuidado de los niños en espacios seguros y que se garantice la supervisión, capacitación y seguimiento a estos espacios , bajo los siguientes:

Considerandos

El Programa de Estancias Infantiles 2018 brindaba el siguiente apoyo:

a) Funcionaban 9 mil 565 estancias infantiles en mil 278 municipios; distribuidas en las 32 entidades federativas;

b) Atendían a 310 mil 968 beneficiarios, de los cuales el 96.6 por ciento eran mujeres y 3.38 por ciento hombres;

c) Proporcionaban una opción para dejar a los hijos de madres o padres que estudian o trabajan y no cuentan con seguridad social;

d) Incrementó en un 18 por ciento la probabilidad de las mujeres de encontrar empleo;

e) Más del 95 por ciento de las madres y padres usuarios de este servicio, estimaron que las estancias infantiles generaban las condiciones para que los niños tuvieran un cuidado, estimulación y alimentación, adecuadas a su edad fomentando con esto un avance significativo en su desarrollo tanto motriz como cognitivo, además de tener revisiones frecuentes a la cartilla de vacunación, lo cual previene de manera efectiva enfermedades.

El 28 de diciembre de 2018 se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, en el cual se redujo en un 50.16 por ciento el presupuesto asignado al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (Programa de Estancias Infantiles).

El 28 de febrero de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras (Programa de Apoyo al Bienestar), el cual en su transitorio segundo abrogó el Programa de Estancias Infantiles.

En este momento no existe un programa de acción o una política pública que atienda de manera concreta a esta población que se encuentra en el territorio nacional.

En el artículo 3o. constitucional que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, estados, Ciudad de México y municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia”.

Entendiendo que la educación inicial, nos referimos a los niños y niñas de 0 a 5 años (primera infancia), situación que, al no existir las estancias infantiles, no se garantiza a las niñas y niños hijos de padres trabajadores que no cuentan con seguridad social este derecho constitucional, dejándolos en un estado de vulnerabilidad.

El presidente de la república, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a través de los secretarios de Gobernación, de Educación y de Salud, durante la inauguración del foro “Primera infancia, construyendo la política desde el territorio”, pronunció su preocupación por los niños y niñas que se encuentran en la etapa de primera infancia.

La secretaria de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero, aseveró que “la primera infancia debe ser el objetivo nacional para la transformación, la seguridad y la justicia”, explicó que el gobierno de México impulsa intervenciones coordinadas entre dependencias federales y las entidades federativas para garantizar el desarrollo de más de 12.5 millones de niñas y niños de entre 0 y 5 años que existen actualmente en el país, a los cuales se sumarán 13.2 millones que se proyecta nazcan durante este sexenio.

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, “alertó que las niñas y los niños menores de tres años no han sido debidamente atendidos, y no cuentan con políticas suficientes y pertinentes para acceder a los servicios de atención a la primera infancia”.

En virtud de lo previamente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través del secretario de Hacienda y Crédito Público, para que sea asignado el presupuesto suficiente no menor a 4 mil millones de pesos, para el programa de estancias infantiles en la modalidad que se tenía en el ejercicio 2018, con un esquema que asegure que este recurso se utilizará para el cuidado de los niños en espacios seguros y que se garantice la supervisión, capacitación y seguimiento a estos espacios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputadas: Laura Barrera Forttoul, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Cecilia Anunciación Patrón Laviada, Verónica Juárez Piña y Lourdes Celenia Contreras González, y diputado Mario Mata Carrasco (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a implantar y garantizar que los niños reciban la vacuna contra el VPH, mediante la incorporación al esquema nacional de vacunación, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En México, aún existe temor a platicar de los problemas que acarrea el tener relaciones sexuales sin protección; cuando decimos Virus del Papiloma Humano, inmediatamente nos remontamos al cáncer cervicouterino y efectivamente el VPH es un factor de riesgo para contraer dicho cáncer.

El principal factor etiológico del cáncer cervicouterino es el virus del papiloma humano (VPH). Se sabe que el 70% de los casos son causados principalmente por los tipos 16 y 18, en tanto que los otros tipos de alto riesgo corresponden al VPH 31, 33, 45 y 58. En fechas recientes, en México se han realizado estudios donde se ha podido identificar que existen diferencias regionales en cuanto a la prevalencia del tipo de VPH2, hallazgo que permitirá el desarrollo de nuevas vacunas para la protección específica de la población femenina del sudeste mexicano.1

La prevención representa una oportunidad en el caso del cáncer cervicouterino, ya que debido al periodo de evolución que existe entre la lesión primaria y la etapa invasiva, es factible tomar medidas para prevenirlo, detectarlo y tratarlo de manera oportuna y específica, y que además permitan proporcionar una mejor calidad de vida a las pacientes en este grupo poblacional.2

El desarrollo de vacunas profilácticas permitirá disminuir las tasas de mortalidad por este padecimiento en un futuro mediato, además de que su reciente indicación en la población masculina, también será un parteaguas en el control del cáncer cervicouterino.3

El VPH es una infección de transmisión sexual muy común: casi todas las personas que tienen relaciones sexuales se contagian el VPH en algún momento de la vida. En la mayoría de los casos, el VPH desaparece por sí solo en un periodo de 2 años y no causa problemas graves. Pero, a veces, el VPH puede causar:

• Cáncer anal (cáncer de ano)

• Cáncer cervical

• Cáncer de garganta (también denominado “cáncer orofaríngeo”)

• Cáncer de pene

• Cáncer vaginal (cáncer de vagina)

• Cáncer vulvar (cáncer de vulva)

El cáncer cervical es el tipo de cáncer más común causado por el VPH. Los otros tipos de cáncer relacionados con el VPH son menos comunes. El siguiente tipo de cáncer más común causado por el VPH es el cáncer orofaríngeo (cáncer de la parte posterior de la garganta, las amígdalas o la lengua). Los tipos de cáncer anal, vulvar, vaginal y de pene son poco comunes.4

Actualmente, la Cartilla Nacional de Vacunación comtempla la aplicación de la vacuna contra el VPH, solamente para las niñas, conforme a la siguiente ilustración:

g

Vacuna contra VPH

Se aplica en niñas en 5º Grado de Primaria o de 11 años de edad no escolarizadas.

Las vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) ayudan a proteger a las niñas y a los niños de la infección por el VPH y el cáncer causado por este virus. Todos los preadolescentes de 11 y 12 años deben recibir dos vacunas contra el VPH con 6-12 meses de separación. Los preadolescentes y adolescentes que no hayan comenzado o terminado la serie de vacunas contra el VPH deben hablar con el médico o el personal de enfermería para ponérselas ahora.5

El avance se ha dado en otros países, como en Brasil donde se aplica la vacuna del VPH en niños.

El Ministerio de Salud de Brasil anunció la decisión de iniciar a partir de 2017 la vacunación cuatrivalente contra el virus del papiloma humano en niños de 12 a 13 años. De la misma manera que para las niñas, dicha vacuna protege contra la infección por los subtipos 6, 11, 16 y 18 del virus del papiloma humano.

Brasil es, por lo tanto, el primer país en América del Sur que ha protegido a los niños contra la infección por virus del papiloma humano mediante la vacunación masiva como parte del programa nacional de inmunización. En este contexto, cabe señalar que la vacunación contra el virus del papiloma humano para los niños puede resultar en una reducción considerable de nuevos casos de cáncer de pene, ano y orofaringe.6

El VPH es una infección de transmisión sexual que puede desencadenar en los hombres diferentes tipos de cáncer, como el de pene, de boca y garganta, verrugas genitales y cáncer anal. Los varones, a su vez, pueden ser fuente de contagio para las mujeres, quienes pueden desarrollar cáncer cérvico uterino.

Debe analizarse el impacto positivo, no sólo en la salud población, sino en el presupuesto en la materia, que implica gastar menos en enfermedades terminales y, por ende, mejorar el servicio en otros rubros.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que implemente y garantice que los niños reciban la vacuna del virus del papiloma humano, incorporándolo al esquema nacional de vacunación.

Notas

1. Tomado de
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665920115000607 el 30 de septiembre del 2019.

2. Tomado de
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665920115000607 el 30 de septiembre del 2019.

3. Tomado de
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665920115000607 el 30 de septiembre del 2019.

4. Tomado de https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/cancer/tipos-de-can cer-relacionados-con-el-vph el 30 de septiembre del 2019.

5. Tomado de https://www.cdc.gov/vaccines/parents/diseases/hpv-sp.html el 30 de septiembre del 2019.

6. Tomado de https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Perspectivas/Comentario/7079.ac t el 1 de octubre del 2019.

Ciudad de México, a 8 de octubre de 2019.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y la Profeco a establecer acciones encaminadas a eliminar el ilegal cobro por el uso de servicios sanitarios en plazas comerciales, centrales de autobuses y otros establecimientos obligados a prestarlos a los clientes, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Cuando hablamos de utilización de servicios públicos, hacemos referencias a todas aquellas actividades llevadas a cabo por los organismos del Estado o bajo el control y la regulación de éste, y cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de una colectividad. Son servicios que permiten resolver las necesidades de la comunidad: como alumbrado, limpieza, salud, teléfono y transporte.

Nos encontramos con servicios públicos básicos en las ciudades como son: los medios de transporte, entre los que destacan tanto el autobús como el tranvía o incluso el metro. Para prestar este servicio de autotransporte de pasajeros, las terminales de origen y destino deberán contar con instalaciones adecuadas para el ascenso, espera y descenso, incluidos sanitarios públicos limpios y de uso gratuito, de conformidad con los reglamentos respectivos.

Sin duda, en todas las terminales de transporte, las y los usuarios no cuentan con los servicios básicos para realizar un viaje cómodo y seguro y, por si fuera poco, una incongruencia más es el que se agregue a las y los usuarios una carga económica adicional. Se sabe que en cada boleto que compran los usuarios del transporte foráneo, pagan por adelantado todos los servicios básicos que debe otorgar cada terminal de autobuses, por lo que es injusto que las personas tengan que pagar nuevamente por algo que desde un principio ya cubrieron.

Al parecer esto es resultado del hecho de que todas las grandes centrales de pasajeros han concesionado el servicio sanitario, bajo el argumento de que los empresarios del transporte no están obligados a ofrecer el servicio y que el costo adicional al usuario sirve para ofrecer un servicio higiénico y seguro. Otro de los lugares donde sin justificación alguna se está cobrando el uso de los servicios sanitarios que se encuentran es sus tiendas de autoservicio.

La polémica surge luego de que muchas y muchos usuarios se mostraran sorprendidos y molestos por el nuevo método que utiliza este centro comercial por la implementación de esta modalidad que es ilegal, ya que existe una normativa que dictamina que este tipo de establecimientos deben contar con servicios sanitarios para sus clientes y lo sean o no sean, pueden hacer uso de los baños libremente.

Así, cuando una persona compra en un centro comercial, tienda de autoservicio, acude a un hospital, clínica, ve una película en el cine o come en un restaurante, está pagando por el servicio sanitario gratuito indirectamente debido a que su costo está incluido en el precio de los productos. Es decir, el consumidor no paga por el servicio directo, pero en su rol como consumidor sí lo hace.

Lo anterior aplica para cualquier establecimiento abierto al público, esté formalizado o no, puesto que el usuario al que se le niegue el acceso al sanitario puede recurrir a las autoridades para denunciar la situación y éstas deberán a verificar la observancia de todos los requisitos que debe cumplir el establecimiento mercantil para poder funcionar, de modo que si el establecimiento es informal con mayor razón debe evitar que sea denunciado.

El cobro por el uso de los servicios sanitarios en algunos centros comerciales ha generado gran debate en entre los usuarios de las redes sociales. Algunos han manifestado su indignación ante esta medida, mientras otros justifican el pago como un medio para mantener dichos espacios limpios y con los implementos que se requieren. Al parecer, ésta es una tendencia y que cobrar por el uso de sanitarios se está convirtiendo en el negocio de moda y redituable para los dueños. El pago o no, resulta discutible. Pero consideramos que estamos haciendo uso de cualquier servicio o acudiendo a realizar compras o cualquier otra necesidad que nos lleva a un espacio específico donde sus servicios están previamente cubiertos.

Los establecimientos comerciales deben contar por obligación y en cumplimiento a las leyes con servicios sanitarios gratuitos y no para generarles un negocio adicional a sus dueños, ya que deben ser servicios privados para el uso de los clientes de esa tienda, pues el pago del servicio afecta notoriamente la economía de los clientes y consumidores.

Por lo anterior, es de urgente u obvia resolución hacer lo correspondiente, para que no se siga afectando el bolsillo de las y los mexicanos, violentando un derecho que se adquiere al consumir dentro de los centros comerciales, tiendas de autoservicio, hospitales, clínicas, cines, terminales de transporte aéreo y terrestre, restaurantes, entre otros.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Procuraduría Federal del Consumidor para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, elaboren acciones encaminadas a eliminar el cobro por el uso de los servicios sanitarios en centros comerciales, centrales de autobuses y otros establecimientos mercantiles.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de octubre de 2019.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a realizar en febrero por la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía una campaña de toma de conciencia sobre signos y síntomas de cáncer infantil, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido, Alfredo Antonio Gordillo Moreno de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 1 y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El cáncer infantil es una enfermedad que lamentablemente no se puede prevenir. Según las últimas estimaciones hechas por Globocan (Global Cancer Observatory) 2018, cada año se diagnostican aproximadamente 18 millones de casos nuevos en todo el mundo, de los cuales, más de 200 mil ocurren en niños y adolescentes.1

En México, los datos sobre este padecimiento son desoladores, se estima que cada año se diagnostican a más de 5 mil menores con algún tipo de cáncer y la incidencia muestra tendencia al incremento en la última década.2

A diferencia del cáncer en los adultos, la ciencia no ha logrado determinar factores de riesgo provenientes de hábitos o estilos de vida cuya modificación podrían disminuir la posibilidad de padecer cáncer infantil. Por lo que al no existir medidas preventivas que se puedan tomar, la estrategia más eficiente para garantizar la sobrevida de los menores con la enfermedad, es la detección temprana seguida del tratamiento oportuno.

Lamentablemente, en México 65 por ciento de los casos se diagnostica en etapas avanzadas. De acuerdo con datos aportados por el Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes, la sobrevida nacional de niñas, niños y adolescentes diagnosticados y tratados en el país es de 57 por ciento, en comparación con la de países con altos ingresos donde la probabilidad de que una niña, niño o adolescente con cáncer sobreviva es de 90 por ciento.3

Por lo anterior, el hecho de que la población en general conozca los síntomas de cáncer infantil se vuelve la mejor herramienta para hacer frente a este problema de salud pública.

Saber que el cáncer infantil es una enfermedad que no se puede prevenir y que no distingue a quien la padece, permite crear conciencia sobre la importancia de estar alerta para detectar los signos y síntomas de sospecha; asimismo crea la urgencia de promover el acceso efectivo a una red de servicios de salud donde el personal de primer contacto, posea competencias necesarias para la detección y referencia oportuna de los menores con sospecha de cáncer a alguno de los centros especializados.

Existen señales de alarma que son fáciles de identificar por cualquier individuo, aun cuando no tenga una formación médica. Entre más amplia sea la red de personas cercanas a los niños, niñas y adolescentes, que conozcan los principales síntomas y signos, mayores serán las posibilidades de que un posible caso de cáncer infantil sea detectado y atendido a tiempo.

Por ejemplo, entre las señales de alerta más comunes se encuentran:

1. Dolor continuo en huesos y estómago.

2. Fiebre sin explicación por más de una semana.

3. Moretones o sangrado de nariz o encías.

4. Crecimiento anormal de bolitas en cualquier parte del cuerpo.

5. Picazón en el cuerpo sin lesiones en la piel.

6. Cansancio fácil, palidez y desnutrición.

7. Pérdida de peso.

8. Sudoración excesiva sin causa alguna.

9. Estomago que crece rápidamente.

10. Infección que no mejora.

11. Dolor de cabeza y vómitos por la mañana durante varios días.

12. Mancha blanca en el ojo cuando le da la luz.

13. Puntos rojos o morados en la piel (petequias)

14. Crecimiento anormal en cualquier parte del cuerpo.

15. Desviación de mirada o aumento de volumen en uno o ambos ojos.

16. Cambios de la conducta o alteraciones neurológicas (mareos, movimiento involuntario, convulsiones, hormigueo, pérdida del equilibrio, alteraciones al caminar y/o pérdida de sensibilidad).

A nivel internacional, el 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil cuyo objetivo es precisamente el de concientizar sobre esta enfermedad y la necesidad de que todos los niños y adolescentes con cáncer tengan las mismas oportunidades para acceder a un diagnóstico y tratamiento adecuado.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consideramos que es necesario redoblar esfuerzos para proteger a muestra infancia, tutelando el principal derecho humano que es el derecho a la salud y a una vida digna, razón por la cual hace meses presentamos, entre otras iniciativas con el mismo fin, la propuesta de establecer a nivel nacional, no sólo un día, sino un mes entero dedicado a la concientización, prevención, detección y tratamiento oportuno del cáncer infantil, eligiendo para tal efecto el mes de febrero.

Entre las actividades principales para lograr los objetivos trazados, encontramos como una de las más importantes, la difusión de los síntomas y signos de cáncer infantil, partiendo para lograr esto, de las herramientas que la misma legislación nos pone a nuestro alcance, como lo son el uso de los tiempos oficiales de transmisión con los que cuenta el Estado mexicano.

De acuerdo con los artículos 251 y 252 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los tiempos oficiales son espacios de transmisión, para uso del Estado mexicano, en las estaciones de radio y canales de televisión abierta con el objetivo de difundir temas educativos, culturales y de interés social a través de mensajes de 30 segundos y programas de cinco y diez minutos.

La misma normatividad señala que tienen acceso a los tiempos oficiales los organismos federales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como los entes autónomos tales como Banco de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos e Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros.

Asimismo, de conformidad con el artículo 254, todas las estaciones de radio y canales de televisión del país están obligadas a transmitir gratuitamente y de manera preferencial:

- Boletines relacionados con la seguridad del territorio nacional, conservación del orden público, o con medidas para prever o remediar cualquier emergencia.

- Información relevante en materia de seguridad, salubridad o protección civil; y

- Mensajes o avisos relacionados con embarcaciones o aeronaves en peligro, que soliciten auxilio.

Por su parte, los artículos 217, fracción II y artículo 255 ordenan a las emisoras de radio y televisión a encadenarse cuando se trate de transmitir información de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación.

En ese sentido, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía es la unidad administrativa encargada de ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentos le confieren a la Secretaría de Gobernación en materia de radio, televisión y cinematografía. Entre sus facultades, se encuentran las de supervisar los contenidos de radio, televisión y cinematografía, para su clasificación, transmisión, comercialización, distribución y exhibición, según sea el caso, así como la de coordinar y vigilar técnicamente la transmisión, enlace y distribución de los programas oficiales en medios electrónicos, de los encadenamientos de las estaciones de radio y televisión en el país.

Por su parte, de acuerdo con la Ley General de Salud, le corresponde a la Secretaría de Salud las siguientes atribuciones:

- Determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las dependencias y entidades del sector salud, con sujeción a las disposiciones generales aplicables; y

- Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud.

Por lo que, haciendo uso de estos espacios y atribuciones conferidas, en el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil y acorde a la iniciativa presentada para establecer el mes de febrero como el mes nacional de concientización, prevención, detección y tratamiento oportuno del cáncer infantil, desde nuestro grupo parlamentario consideramos conveniente que esta honorable Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría de Salud para que durante el mes de febrero, elabore y difunda material informativo de fácil comprensión sobre los principales síntomas y signos de cáncer infantil y para que a su vez, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, por medio de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, se realicen cápsulas informativas y/o programas especializados donde se transmita la información generada usando los tiempos destinados para uso oficial del Estado.

Lo anterior con el propósito de que esta información llegue a toda la República Mexicana de manera efectiva y repetitiva a fin de lograr el impacto en la población buscado.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, en el uso de sus atribuciones y facultades, elabore material informativo de fácil comprensión sobre los principales síntomas y signos de cáncer infantil con las características necesarias para poder ser transmitidos por radio y televisión a través de cápsulas informativas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía y en coordinación con la Secretaría de Salud, realicen durante todo el mes de febrero una campaña de concientización sobre los signos y síntomas de cáncer infantil y difundan el material preparado con estos fines, en los espacios destinados para tiempo oficial de uso del Estado mexicano.

Notas

1 https://www.gob.mx/salud%7Ccensia/articulos/cancer-infantil-en-mexico-1 30956

2 https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/Cancer-infantil-en-MEXICO.pdf

3 Dirección General de Epidemiología. Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, José Ricardo Gallardo Cardona, Lilia Villafuerte Zavala, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a distintas autoridades a coordinarse para dar pronta atención y rehabilitación al borde que separa las aguas residuales de las no contaminadas en la laguna de Chignahuapan, México, a cargo del diputado Sergio Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Sergio Pérez Hernández, integrante del Grupo de Morena, de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, numerales 1, fracción II, y 2 del artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

El territorio nacional cuenta con un inventario biológico extenso que lo ubica entre los dos países con mayor número de ecosistemas y entre los cinco de mayor diversidad de especies de plantas, el cuarto lugar en la cantidad de anfibios, el segundo puesto en ejemplares de mamíferos y el primer lugar en reptiles.

Bien sabido es que nuestro país cuenta con una gran diversidad natural la cual, no había sido valorada y atendida, para su adecuada conservación durante muchos años, no es sino hasta mediados de mil novecientos noventa y cuatro que se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) que surge como ya mencionamos de la necesidad de planear el manejo de recursos naturales y la creación de políticas ambientales en nuestro país de manera integral, teniendo como objetivo principal el articular objetivos económicos, sociales y ambientales. Asimismo, en el año dos mil se modifica la denominación de esta dependencia para dar inicio a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cual veló por los mismos objetivos que desde un principio habían sido planteados.

Entendiendo la complejidad para el adecuado manejo de los diversos recursos naturales, que existen de manera tan abundante en nuestro país, se observa la necesidad de crear un organismo descentralizado de la Semarnat, como lo es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conap), que, como su nombre lo enuncia, se encarga de la administración y manejo de las áreas protegidas, las cuales, están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, de acuerdo con las categorías existentes.

De la misma forma, existen seis categorías de manejo de áreas protegidas federales, las cuales se diferencian entre sí por sus objetivos de manejo y por el tipo de zonificación a que pueden estar sujetas, estás son: reserva de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de flora y fauna, áreas de protección de recursos naturales y santuarios.

Por lo cual, dentro de las metas de conservación planteadas por la Semarnat surgen las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), que promueven esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del medio ambiente, a través del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales, frenando o revirtiendo los procesos de deterioro ambiental.

Es entonces, que la laguna de Chignahuapan en Almoloya del Río, que actualmente se encuentra en la categoría de Áreas de Protección de Flora y Fauna, dentro de las UMA, ha sido desde siempre una zona de suma trascendencia para los habitantes del valle de México, desde tiempos prehispánicos, las aguas de la laguna de Chignahuapan, que significa “nueve manantiales”, han servido para la supervivencia de las poblaciones aledañas, usando el recurso hídrico para las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y para consumo propio. Fue hasta décadas recientes, que la laguna tomo aún mayor trascendencia, esto, debido a que se comenzó a extraer agua para abastecer a la Ciudad de México, siendo esta última, una de las características que le dan prioridad al cuidado y procuración de este cuerpo de agua.

La laguna de Chignahuapan es una de las de mayor importancia en la cuenca del río Lerma, ya que cuenta con una vasta diversidad de flora silvestre, tanto terrestre como acuática, así como con una cantidad considerable de especies, entre las cuales se encuentra una que desgraciadamente está en peligro de extinción, el ajolote, que ha sido desde tiempos memorables una especie que representa parte de la cultura mexicana, ya que, los antiguos pobladores del valle de México, lo vinculaban con la fundación misma de Teotihuacán, por su estrecho parecido al dios Quetzatcóatl.

Por lo cual, uno de los problemas más graves en relación con los recursos hídricos es la degradación de las aguas subterráneas, las cuales presentan vulnerabilidad debido al estrecho vínculo con las aguas superficiales, que con frecuencia están contaminadas. Es por tal motivo, que resulta importante la procuración de los bordos que dividen las aguas residuales, del agua potable, ya que, como sabemos, a causa de la humedad, la erosión y la falta de mantenimiento, los materiales se van desgastando, lo que trae como consecuencias fracturas en estos sistemas de división.

Por lo que se puntualiza en la gravedad de la posible mezcla entre las aguas residuales y el agua no contaminada, podemos traer al presente lo ocurrido años atrás, cuando en dos mil quince, se sufrió la muerte masiva de peces en la laguna de Chignahuapan, extrayendo hasta siete toneladas de peces muertos, esto ocurrió a causa de la filtración de contaminantes y la disminución en el nivel de agua, provocando una disminución en el oxígeno de la fauna, trayendo como consecuencia la muerte de miles de especies como ya se expuso.

Por lo expuesto, urge dar una pronta atención al borde que separa las aguas residuales, del agua potable en la laguna de Chignahuapan, esto para evitar el inminente desbordamiento y la mezcla de ambos cuerpos acuáticos, ya que toda omisión en contrarrestar el desgaste y fracturas de esta construcción, así como la de sus bardas perimetrales, pone en grave riesgo la estabilidad y equilibrio de ese ecosistema, y eventualmente puede desencadenar otra catástrofe natural, incluso más trágica que la vivida en el año 2015.

Por lo anterior, someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al gobernador del estado de México, para que coordinen esfuerzos con la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Comisión del Agua del Estado de México, con la finalidad de dar una pronta e inmediata atención y rehabilitación al borde que separa las aguas residuales de las aguas no contaminadas en la laguna de Chignahuapan en el estado de México.

Notas

Semarnat, México país megadiverso, 2018.

[https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-pais-megad iverso-31976]

Gobierno de la República, Semarnat y Conap, Prontuario, 2018. [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/395252/ProntuarioDRCEN. pdf]

Conap, Áreas Protegidas. [http://www.conap.gob.gt/]

Semarnat, Áreas Naturales Protegidas, 2010. [http://aplicaciones.semarnat.gob.mx/estadisticas/compendio2010/10.100. 13.5_8080/ibi_apps/WFServletbaa5.html ]

Semarnat, Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre, 2018.

[http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/
WFServlet?IBIF_ex=D3_R_BIODIV04_02&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce]

Gobierno de la República, Semarnat y CONAP, Prontuario, 2018. [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/395252/ProntuarioDRCEN. pdf]

Televisa, Encuentran peces muertos flotando en laguna de Almoloya del Río, 2015.

[https://www.youtube.com/watch?v=QnVjpy8nojk]

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días de octubre de 2019

Diputado Sergio Pérez Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la ASF a revisar e informar a la opinión pública sobre la adquisición de 671 autotanques para gasolina por Pemex en enero de 2019, y determinar si se cumplieron los requisitos de ley o si hubo irregularidades, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación que incluya en su programa anual de auditorías, para que revise e informe a la opinión pública sobre la adquisición de 671 vehículos autotanques para gasolina por parte de Pemex en enero de 2019, y determinar si se cumplió con los requisitos de ley o si existieron irregularidades o sobreprecios en su compra, así como promover las acciones o denuncias correspondientes para imponer las sanciones a que, en su caso, hubiera lugar por la detección de posibles irregularidades, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En diciembre de 2018 el gobierno de México implementó una estrategia de combate al robo de combustibles que incluyó cierres programados y supervisados de la distribución de gasolina, mediante el sistema de ductos, por lo que la adquisición de pipas se estimó necesaria para garantizar el abasto de combustibles.

A principios de este año 2019, en enero para ser precisos, se invirtieron 92 millones de dólares en la compra de autotanques mejor conocidos como pipas - 671 unidades con capacidad para transportar en conjunto el equivalente a 144 mil barriles diarios - para distribuir los combustibles y, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fortalecer el combate al robo de energéticos, actividad coloquialmente conocida como “huachicoleo”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de un memorándum de fecha 18 de enero de 2019, designó para el proceso de adquisición una Comisión integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón; de Economía, Graciela Márquez Colín, y de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, así como la Oficial Mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro Sánchez, MISMA que optó por la convocatoria a fabricantes nacionales y extranjeros de tanques y tractocamiones en el Consulado General de México en Nueva York, Estados Unidos, y así lograr la participación de una mayor cantidad de empresas.

En el memorándum, el presidente expuso que el “plan de emergencia denominada DN3-Para el abasto de combustibles es un asunto de seguridad nacional. El Estado mexicano no puede estar sometido a ningún poder económico o político, particular, ni tampoco tolerar las amenazas o presiones de la delincuencia organizada”.

Para los casos de emergencia, en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones se prevé la contratación o compra de insumos mediante “asignación directa”, como una excepción a la licitación pública, al establecer que “derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla”.

Un Informe de Transparencia, firmado por la titular de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, señala que “el tiempo fue un factor preponderante que no permitía la compra a través de una Licitación Pública regulada por la Ley de Adquisiciones”.

Es decir, que a todo lo que se tenga a bien adjudicar un carácter de emergencia, podrá exentársele de la obligación de adquirir bienes mediante licitación pública.

El mismo día 18 de enero, tras la instrucción referida, los funcionarios estuvieron en el Consulado General de México en Nueva York con 22 posibles proveedores a quienes les explicaron las características de los auto-tanques requeridos y el mecanismo de contratación. Ese mismo día se realizó “la recepción de cotizaciones por parte de 14 oferentes” y personal de Pemex revisó “el cumplimiento de las especificaciones técnicas”, según se advierte en el Informe de transparencia de la Secretaría de la Función Pública

Así, se presentaron empresas fabricantes de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camiones y Tractocamiones (Anpact) de México y la Asociación de Fabricantes de Tractocamiones de Estados Unidos (TTMA, por sus siglas en inglés).1

El sábado 19 de enero se llevó a cabo una segunda sesión con miras a obtener ofertas con precios más bajos. El 20 de enero se anunció “el resultado de la selección, las cantidades y montos asignados”. El martes 22 de enero, la delegación de funcionarios de la Secretaría de Economía viajó a Ciudad Juárez, Chihuahua para verificar “la existencia física de la planta de fabricación de una de las empresas seleccionadas en el proceso de compra, con lo que se busca evitar la simulación y contratación de empresas fantasma”.2

El portal informativo Animal Político , vía solicitud de transparencia, hizo la petición de la documentación para fundar y motivar la decisión de hacer una asignación directa en lugar de una licitación para la compra de pipas. En respuesta, la Secretaría de la Función Pública entregó el memorándum firmado por el presidente el 18 de enero pasado, un estudio de mercado, verificación de proveedores sancionados y dos informes de “transparencia en el proceso de adquisición de los auto-tanques para el transporte de combustible”. E informó que:

Al ser una filial no paraestatal de Pemex y dedicada a la construcción inmobiliaria, III Servicios, SA de CV, empresa encargada de comprar de manera directa 500 pipas, no está obligada a realizar contrataciones por licitación como el resto de las entidades de la administración pública, pues se rige “bajo régimen especial de la Ley de Petróleos Mexicanos, sujeto al derecho privado”, es decir, por derecho mercantil y no por la Ley de Adquisiciones.

Hay que subrayar que el artículo 134 constitucional establece que “los recursos económicos de que dispongan la Federación, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

Cabe recordar que dicha empresa fue la responsable de la construcción de la Estela de Luz y junto con Banjército fue denunciada penalmente en 2012 por un posible millonario daño patrimonial por irregularidades como la subcontratación, sin pasar por ningún proceso de licitación pública, por lo que acabó triangulando 394 millones de pesos entre otras empresas. Incluso, el exdirector de la empresa, Agustín Castro Benítez, fue inhabilitado por 12 años por la Función Pública debido a las irregularidades.3

III Servicios S.A. de C.V. no es especialista en hidrocarburos sino que ofrece servicios para la construcción y como filial directa de Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria (PDII) tiene capacidad técnica especializada de inversión, proyecto y desarrollo en el mercado inmobiliario. Entre los proyectos realizados está el muelle la Paz, en Baja California Sur, el Jardín Torre Pemex, la remodelación de las Oficinas Corporativas en la Ciudad de México; la colonia Pajaritos, en Coatzacoalcos Veracruz, y el edificio Pirámide en Villahermosa, Tabasco.4

De acuerdo con el presidente, la adquisición de pipas objeto de esta proposición, permitiría la transportación de “200 mil barriles diarios” de combustibles, lo que aumentaría la capacidad de transportación en 25%, y permitiría abastecer con un margen de suficiencia a todas las estaciones de distribución.

Según lo reconocido en mayo pasado por el propio presidente de México, durante el momento más crítico de la lucha contra el “huachicoleo”, las reservas de combustible en México llegaron a disminuir al grado de que sólo había gasolinas disponibles para una semana y admitió que si no lo dijo en su momento, fue por razones estratégicas. De ahí la aparente necesidad de construir refinerías, pues no es sólo un asunto económico, sino que se trata de un tema de seguridad nacional y de soberanía.5

Por otra parte, ya en julio pasado, mientras que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador realizaba su conferencia de prensa en Palacio Nacional, un grupo de al menos 10 personas, se dieron cita a las afuera del recinto para manifestarse contra el Gobierno y exigir una recontratación dado que “debido a una restructuración en Pemex”, señalan que aproximadamente 250 operadores de pipas cisternas se quedaron sin empleo a pesar de que cuando se lanzó la convocatoria, en el mes de enero, se les prometió empleo por todo el sexenio.

Los manifestantes dijeron pertenecer y representar a esos 250 operadores que venían trabajando con el gobierno Federal en el “Plan DN III E” de varios estados de la República y que durante el tiempo que trabajaron siempre se les pagó en tiempo y forma y que incluso la liquidación fue pagada al 100 por ciento.6 Sin embargo, exigieron su recontratación de conformidad con lo ofrecido de manera original y con toda lógica, tras la millonaria adquisición de pipas.

En este orden de ideas y toda vez que para Acción Nacional es de vital importancia la transparencia y la rendición de cuentas en los tres Poderes de la Unión y en los tres niveles de Gobierno, estimamos oportuno y necesario que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en las disposiciones relativa de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, inicie las investigaciones para revisar y analizar si la adquisición de las pipas vía adjudicación directa cumplió con los requisitos de ley o si existieron irregularidades.

Por ello, estimamos indispensable la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Auditoría Superior que en su Programa Anual de Auditorías correspondientes al ejercicio 2019, que se encuentra en proceso de integración, validación y autorización, incluya la revisión del proceso de licitación para la Adquisición de 671 vehículos autotanques de gasolina adquiridos por Pemex Desarrollo e Inversión Inmobiliaria (PDII) a través de su filial no paraestatal III Servicios, SA de CV.

Segundo . Se solicita respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, informar a la opinión pública si el contrato de compra de 671 vehículos autotanques multireferido, derivado de la adjudicación directa de la empresa Paraestatal Pemex Desarrollo en Inversión Inmobiliaria, a través de su filial III Servicios, SA de CV, cumple con los requisitos de ley o en su caso, se solicita que promueva las acciones o denuncias correspondientes para imponer las sanciones que procedan por la detección de posibles irregularidades o sobreprecios en su compra, en caso de que éstas sean constitutivas de delito.

Notas

1 https://aristeguinoticias.com/2401/mexico/se-compraron-671-pipas-para-d istribuir-gasolina-en-mexico-hacienda/

2 https://www.animalpolitico.com/2019/03/pemex-compra-pipas-amlo/

3 ibídem

4 Ibídem.

5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-revela-que-oculto-informa cion-sobre-reservas-de-gasolina-en-crisis-del-huachicol-20190522-0052.h tml

6 https://vanguardia.com.mx/articulo/operadores-de-pipas-protestan-contra -amlo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a utilizar como imprenta los Talleres Gráficos de la Nación, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las dependencias del gobierno federal a utilizar como imprenta Talleres Gráficos de la Nación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La imprenta nace de la necesidad de crear varios ejemplares de algún escrito, por lo que en tiempos pasados se buscó el método para crear un gran número de ejemplares a la vez, se ideó crear letras por separado en madera y posteriormente en metal que se acomodaban linealmente en un marco llamado componer, y así formaban las palabras. Los chinos fueron los primeros impresores, en 768. Usaron bloques de madera o planchas delgadas de metal fundido. Posteriormente, los holandeses atribuyen como mentor a Coster y los franceses se la atribuían a los orfebres de Estrasburgo.

Se distingue en 1440 a Gutenberg como el primer impresor conocido. Con la aparición de la imprenta aumentaron la demanda de libros, los avances sobre aleaciones de metales, la industria del papel y el poder adquisitivo. Poco a poco, la imprenta fue extendiéndose y dándose a conocer en Europa. En el caso de América, se dio a conocer a través de los colonizadores europeos.

En 1539 se instaló la primera imprenta en Nueva España gracias al obispo de México, fray Juan de Zumárraga, que a su vez fue la primera imprenta del continente americano, la cual permitió difundir cultura. Para el siglo XIV aparecieron hojas donde se difundían noticias. Destaca en este tipo de difusión Sigüenza y Góngora. Para el siglo XIX apareció La Gaceta de México gracias a don Ignacio Castorena y Ursúa, que sirvió como base para nuevos diarios y publicaciones.

En 1737, Francisco Pardo instaló la primera fábrica de papel. Por haber sido México el país donde por primera vez se instaló una imprenta se tiene arraigo en los oficios de tipógrafo, impresor y editor. La Ciudad de México fue el primer lugar donde llegó la imprenta; después arribó a Puebla y Oaxaca. Es importante mencionar que el puerto de Veracruz fue uno de los principales receptores y transmisores de noticias, por lo cual se estableció una imprenta también en ese estado, además de la importancia que tenía el comercio y órganos de difusión. En el caso de Yucatán, la imprenta fue llevada en 1813 por Francisco Bates, y comenzó a publicarse el periódico El Aristarco Universal, de Lorenzo Zavala. En Michoacán se instaló una imprenta en 1827 por el gobierno y fue concesionada a Luis Arango.

Como observamos en el párrafo anterior, la imprenta estuvo ligada a muchos actores e instituciones, lo cual influyó en los contenidos de las publicaciones. En 1883 se fundó la primera imprenta y fototipia de la Secretaría de Fomento para atender requerimientos gubernamentales; posteriormente, también las Secretarías de Hacienda, de Guerra, de Comunicaciones, y de Instrucción Pública. Ahí se originan los talleres Gráficos de la Nación, fundados en 1920, en la calle de Filomeno Mata.

La maquinaría de la imprenta posteriormente fue trasladada a la Plaza de la Ciudadela, a la calle de Tolsá, en donde quedaron instalados los talleres del Diario Oficial, Relaciones Exteriores, Imprenta Editorial de Educación Pública y Talleres Gráficos de la Nación, los cuales fueron fusionados en uno solo por decreto presidencial del 25 de febrero de 1925.

En el gobierno de Plutarco Elías Calles se creó la necesidad de contar con una imprenta gubernamental. Se le asignó presupuesto público para recursos materiales y humanos capacitados a fin de laborar en estos talleres para una máxima divulgación de la ideología del Estado, pues realizar estos trabajos necesitaba cuidados especiales. Para el 28 de diciembre de 1934, en el Diario Oficial de la Federación autoriza a la Tesorería de la Federación para participar con 80 por ciento de los trabajos de las dependencias de gobierno.

El 13 de enero de 1938 se creó una cooperativa de participación estatal, donde los socios eran los trabajadores de los talleres, apoyados por el Banco Nacional Obrero y Fomento Industrial. El 9 de febrero de 1939 se constituyó formalmente la cooperativa con el nombre de “Talleres Gráficos de la Nación, Sociedad Cooperativa de Participación Estatal y Responsabilidad Suplementada”, con un gran compromiso como parte del gobierno y responsabilidad de colaboración para el progreso cultural del país. Se inició la construcción del inmueble que tendrá ubicado en el cuartel del tren de artillería, dependiente del Departamento de Establecimientos Fabriles y Aprovisionamientos Militares.

Desde entonces, los Talleres Gráficos de la Nación han sido un bastión en las artes gráficas en el país. Para el 10 de febrero de 1994, por decreto presidencial, se volvió órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y uno de los acuerdos de prestar servicios al sector público, social, privado y a la población en las artes gráficas y encuadernación. La cooperativa de Talleres Gráficos quedó liquidada el 31 de octubre de 1994.

El trabajo realizado por Talleres Gráficos de la Nación es variado: va desde catálogos, gacetas, informes anuales, material electoral, folletos, libros comerciales, credenciales de alta seguridad, papel con medidas de seguridad, facsimilares, etcétera. Cuentan con una infraestructura tecnológica adecuada para satisfacer las necesidades de impresión, y de alta calidad. Su misión, su visión y sus valores son los siguientes:

Misión

Consolidar el otorgamiento de productos y servicios de comunicación y seguridad a través de las artes gráficas, con niveles óptimos de calidad y procesos eficientes, con acciones dirigidas a nuestros clientes, mediante una decisiva transformación institucional manteniendo finanzas sanas, transparencia y rendición de cuentas.

Visión

Ser reconocida como la mejor institución de comunicación y seguridad por medio de las artes gráficas en México, participando en el mercado internacional y que con dedicación, empeño e innovación identifique, atienda y satisfaga las necesidades de nuestros clientes, mediante la excelencia en la ejecución y operación a través de nuestros valores y el uso de la tecnología de vanguardia.

Valores institucionales

Honestidad, responsabilidad, disponibilidad, compromiso, confianza, humildad, respeto.

Estos talleres cuentan con reconocimientos como los siguientes:

- XIX Premio Nacional de las Artes Gráficas, en la categoría de tipografía en libros por la realización de Escritores en la diplomacia mexicana, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

- XX Premio Nacional de las Artes Gráficas, al otorgar mención honorífica en el Premio Nacional de las Artes Gráficas en Tipografía en Libros, por la realización de Fray Bernardino de Sahagún en Tlatelolco, impreso para la Secretaría de Relaciones Exteriores.

- Reconocimiento a la calidad en libros a 1, 2 o 3 tintas por la realización de la obra Presencia de los refugiados guatemaltecos en México, para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de la Segob.

- Reconocimiento a la calidad en la categoría de tipografía libros por la realización de la obra Rafael Coronel, del ISSSTE.

- Reconocimiento a la calidad en la categoría de libros a 4 o más tintas por la realización de la obra Rafael Coronel, del ISSSTE.

- Reconocimientos en el XXI Premio Nacional de las Artes Gráficas 2000: mención honorífica en informes anuales por la realización del Informe de actividades 1999 de Nacional Financiera, SNC.

- Reconocimiento a la calidad en tipografía en libros por la realización de Tratados de México, soberanía y territorio 1821-1910, elaborado para la Secretaría de Relaciones Exteriores.

- Reconocimiento a la calidad en libros impresos a 4 tintas o más por la realización de Tratados de México, soberanía y territorio 1821-1910, elaborado para la Secretaría de Relaciones Exteriores.

- Reconocimiento a la calidad en libros didácticos en sustrato no cubierto por la realización de El pizarrón encantado, para la Secretaría de Educación Pública.

- Recibieron certificados al mérito en el Premio Internacional de Calidad (Premier Print Awards 2000) de la Printing Industries of America, Inc., el 7 de noviembre de 2000.

- XXII Premio Nacional de las Artes Gráficas presentamos el folleto Donde empieza el silencio en el espacio tiempo, del SAT, con un reconocimiento de la Unión de Industriales Litógrafos de México en la categoría de libro impreso en sustrato cubierto.

- XXIII del Premio Nacional de Artes Gráficas de la Unión de Industriales Litógrafos de México se obtuvieron tres reconocimientos:

a) Mención honorífica en la categoría de encuadernación industrial por la realización de En la ruta: Petróleos Mexicanos 2000-2002, elaborado para esa empresa;

b) Reconocimiento a la calidad en la categoría de catálogos con el trabajo Retrospectiva 1947-2002, elaborado para el SAT; y

c) Reconocimiento a la calidad en libros impresos a 4 o más colores por la realización de Escritores en la diplomacia mexicana, tomo III, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Uno de sus trabajos de Talleres Gráficos de la Nación era imprimir el Diario Oficial de la Federación, del cual por decreto presidencial del 31 de mayo de 2019 dejaron de imprimirse ejemplares desde el 1 de julio del mismo año, para apoyo al ahorro del gasto público. Sin embargo, tras esta medida aún podemos verificar que hay dependencias gubernamentales que no cuentan con imprentas propias que siguen invirtiendo su gasto en instituciones privadas para solicitar impresos teniendo a este órgano especializado y con gran reconocimiento en su ámbito como es Talleres Gráficos de la Nación.

Por lo expuesto propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las dependencias del gobierno federal a utilizar como imprenta los Talleres Gráficos de la Nación.

Bibliografía

“Historia de la imprenta: evolución, difusión y cronología” (Historia y biografías).

“1539: se instala la primera imprenta en la Nueva España” (El Siglo de Torreón, 25 de septiembre de 2012).

Historia de la imprenta en México (Medrigraphic Artemisa, 2007).

Curiel, Guadalupe; y Gómez Camacho, Arturo. “450 años de imprenta en México” (Revista de la Universidad de México).

Del Palacio Montiel, Celia. La imprenta y el periodismo en las regiones de México (1539-1820) (Universidad de Guadalajara, 2004).

Página de Internet del gobierno de México
(https://www.gob.mx/tgm/documentos/historia-180398)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades federales y estatales de salud a realizar acciones conducentes a garantizar las vacunas contra la influenza estacional, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Alfredo Antonio Gordillo Moreno y Érika Mariana Rosas Uribe, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La influenza estacional es una enfermedad aguda de las vías respiratorias generada por un virus que se transmite con facilidad de persona a persona. Como síntomas pueden presentarse fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza, fatiga e incluso vómito y diarrea, aunque esto es más común en niños que en adultos.1

Según informes de la Secretaría de Salud, en México circulan tres virus estacionales: A (H1N1), A(H3N2) e influenza B.

Entre 80 y 90 por ciento de los casos de influenza, la enfermedad se elimina espontáneamente por el sistema inmunitario del organismo. Sin embargo, en personas con propensión a complicaciones como las mujeres embarazadas, los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60 años puede llegar a ser tan severa provocando en algunos casos la muerte.

Afortunadamente, es una enfermedad curable y controlable si se recibe atención médica oportuna, pero, sobre todo, es una enfermedad prevenible.

De acuerdo con el artículo 134 de la Ley General de Salud, le corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, realizar actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y control de la influenza estacional.2

En cumplimiento de lo anterior, año con año se emite por la Secretaría de Salud en conjunto con la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, así como el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, el Programa de Vacunación Universal, el cual es una política pública, cuyo objetivo es otorgar protección específica a la población contra enfermedades que son prevenibles a través de la aplicación de vacunas.3

Los lineamientos del Programa de Vacunación Universal contienen las acciones que deben llevarse a cabo en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud para lograr el control, eliminación y erradicación de las enfermedades prevenibles, entre ellas, la influenza estacional.

De acuerdo con los lineamientos, la vacunación contra la influenza estacional inicia en la segunda quincena de octubre y deberá fortalecerse durante la Semana Nacional de Salud para Gente Grande, siempre y cuando la vacuna se encuentre disponible.

El programa va dirigido a tres grupos poblacionales, tomando en cuenta las siguientes especificaciones para cada uno de ellos:

- Vacuna anti influenza para población pediátrica.

• Se deberá vacunar al cien por ciento de la población de 6 a 59 meses de edad.

- Vacuna anti influenza para población adolescente

• Adolescentes de 10 a 19 años de edad como factor de riesgo, cada año, independientemente de haber recibido o no una dosis en años anteriores.

- Vacuna anti influenza para adultos.

• Se aplicará una dosis a población de 20 a 59 años de edad con factores de riesgo.

• Se deberá vacunar al cien por ciento de la población de 60 y más años de edad, al personal de salud en áreas clínicas en contacto con pacientes, incluye personal de intendencia y administrativo. Embarazadas en cualquier trimestre y personas con VIH.

Los reportes de la Dirección General de Epidemiología (DGE) indican que a partir de la semana epidemiológica 40 que abarcó del 29 de septiembre al 3 de octubre, inició la Temporada de influenza estacional, misma que terminará en la semana epidiologica número 20, que comprende al mes de marzo de 2020.4

Si bien la vacuna es la mejor herramienta para la prevención de la influenza estacional, un diagnóstico y tratamiento oportuno evita que la enfermedad tenga mayores consecuencias.

Usualmente la influenza se trata con antivirales especializados. El más común de estos fármacos se llama oseltamivir.

Según fuentes periodísticas en temporadas invernales pasadas se vivió un desabasto importante del medicamento para contrarrestar el virus en algunos estados de la República.5, 6

Tal fue el caso de Jalisco durante el periodo 2015-2016, luego de que, derivado de un repunte de la enfermedad en el estado, el oseltamivir, conocido también por su nombre comercial, Tamiflú, no se encontraba en farmacias ni centros de salud provocando una situación de emergencia.

La Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex) llegó incluso a reconocer que en algunos establecimientos afiliados no había disponibilidad del medicamento, debido a la demanda de los 30 mil negocios de este tipo y al alto costo del mismo, causando que miles de mexicanos no tuvieran el tratamiento adecuado o lo recibieran en un estado tardío, vulnerándose así el derecho humano contendido en el artículo cuarto constitucional.7

En el Partido Verde Ecologista de México sabemos que la coordinación interinstitucional es un elemento clave para el buen desempeño de las políticas de prevención y atención de la salud.

Por lo que los integrantes deben asumir con plena responsabilidad las políticas de vacunación emitidas por el Consejo Nacional de Vacunación, así como tomar las medidas necesarias para prever que situaciones como la ejemplificada en líneas anteriores no vuelvan a suceder en el país.

Las diferentes instituciones del Sistema Nacional de Salud a nivel federal y de cada una de las entidades federativas deben ejercer las atribuciones correspondientes asegurándose que el Programa de Vacunación Universal cuente con los insumos suficientes para brindar protección a todos los grupos poblacionales considerados de alto riesgo; así como con los medicamentos necesarios para atender los casos que se susciten, de manera oportuna y efectiva a fin de evitar más muertes por esta causa y garantizar el derecho de acceso a la salud de todos los mexicanos.

Por lo antes expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Sistema Nacional de Salud a nivel federal y de cada una de los estados, para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, realicen las acciones correspondientes a fin de garantizar las vacunas contra la influenza estacional durante el periodo 2019-2020; así como para asegurarse que los centros de atención cuenten con los medicamentos suficientes para atender los casos diagnosticados.

Notas

1 https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/influenza

2 http://www.salud.gob.mx/cnts/pdfs/LEY_GENERAL_DE_SALUD.pdf

3 Lineamientos Generales del Programa de Vacunación Universal 2018.

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/498511/INFLUENZA_SE40_20 19.pdf://laverdadnoticias.com/yucatan/No-hay-vacunas-contra-la-influenz a-y-aumentan-los-enfermos-en-Yucatan-20180724-0155.html

5 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/03/4/sin-ab asto-farmacias-contra-la-influenza

6 https://www.lajornadamaya.mx/2018-08-03/Sube-a-23-la-cifra-de-muertes-p or-influenza-en-Yucatan

7 https://www.informador.mx/jalisco/Disminuyen-los-fallecimientos-por-inf luenza-en-el-Estado-20171119-0027.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, José Ricardo Gallardo Cardona, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR a publicar un informe sobre el estado procesal de las investigaciones realizadas por la extinta Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, con la ubicación de la unidad administrativa que las tiene bajo su resguardo y el estado de las indagatorias, y actuar al respecto, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena

Rubén Cayetano García, diputado a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primero . Hace cincuenta y un años tuvo verificativo lo que popularmente se conoce como el Movimiento Estudiantil del 68.

El 2 de octubre de 1968, después de más de dos meses de movilizaciones estudiantiles en la Ciudad de México y en todo el país, cuando se realizaba una gran manifestación estudiantil pacífica convocada por el Consejo Nacional de Huelga, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, fue brutalmente reprimida por el Estado mexicano.

Desde 51 años, ninguna persona ha sido consignada ante los tribunales por dichos acontecimientos, lo que ha dejado como herencia una deuda histórica con las víctimas y la sociedad en su conjunto y ha tenido como consecuencia un ciclo de impunidad que ha dañado profundamente la confianza en las instituciones. La impunidad del pasado no alcanza y se traduce en la impunidad de hoy y si no se castiga seguramente se extenderá a los hechos que en futuro se cometan.

Ese día, desde un helicóptero que sobrevolaba la Plaza de las Tres Culturas se arrojó una luz de bengala como señal para desatar la represión y comenzar con los disparos en contra de los miles de estudiantes que colmaron el lugar. En esta acción participaron miembros del Ejército y los integrantes del Batallón Olimpia, cuerpo paramilitar vestido de civil, identificado por utilizar un guante blanco como distintivo.

De acuerdo con Paco Ignacio Taibo II, quien en 1993 encabezó una Comisión de la Verdad sobre estos sucesos, en esa “trágica” tarde fueron disparados 15 mil proyectiles y hubo 300 muertos, además de 700 heridos y cinco mil estudiantes detenidos. Según el periodista e investigador, participaron ocho mil militares de varios cuerpos destacados en la acción, 300 medios armados entre tanques, medios blindados y jeeps con ametralladoras. Todo ello, sólo para reprimir una manifestación pacífica.1 La barbarie se había apoderado de las instituciones y el gobierno respondía con las armas ante las multitudes desarmadas.

El escritor Carlos Monsiváis, resume la locura de la matanza de la siguiente manera:

“Lo inexplicable de lo sucedido en la Plaza de las Tres Culturas, es lo explicable de la necesidad de dominio de una clase en el poder. Más disponer de interpretaciones lógicas de Tlatelolco no es aminorar el mundo irracional que ha desatado. Más irracional que la matanza, se levanta el deseo de establecer que nada sucedió en el fondo, locura momentánea, abuso unipersonal del poder, no hay ni puede haber responsabilidades colectivas.”2

Segundo . Por otra parte, el 10 de junio de 1971, en la Ciudad de México, el Comité Coordinador de Comités de Lucha, integrado por estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la Universidad de Chapingo y la Universidad Iberoamericana, convocó a una marcha que tendría como ruta del Casco de Santo Tomás al Zócalo capitalino.

El objetivo era ejercer el derecho a la manifestación pública y a la protesta social, para expresar solidaridad con la lucha estudiantil y magisterial por la autonomía de la Universidad de Nuevo León, demandar la democratización de la enseñanza en las instituciones de educación superior, rechazar la reforma educativa impulsada por Luis Echeverría Álvarez, en ese momento presidente de la República, la libertad de los presos políticos en México, además de exigir la independencia y democracia sindical.

Luego de sortear al menos dos intentos para impedir el avance de la manifestación, por parte del cuerpo de granaderos adscrito a la Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal, cuando los estudiantes arribaron a la altura de la calzada México-Tacuba, irrumpió en la movilización el grupo paramilitar denominado “Los Halcones”, quienes iban provistos con varas de kendo y armas de fuego para atentar contra la vida y la integridad física de los manifestantes.

Producto de los actos de represión, se contabilizaron aproximadamente 200 personas heridas y por lo menos 22 ejecutadas extrajudicialmente.

Tercero . Desde finales de los años sesenta hasta mediados de la década de los ochenta del siglo XX, en México se vivió un periodo conocido como “Guerra Sucia” llamado así en referencia directa a la forma en que el Estado mexicano condujo las acciones de contrainsurgencia para contener la insurrección popular.

Conductas contrarias al derecho nacional e internacional, incluidos “crímenes de lesa humanidad” que demandan del Estado mexicano que los responsables sean llevados a juicio, se les castigue y se forjen condiciones, estableciendo políticas de Estado que respeten los límites que impone un estado de derecho, para que jamás se vuelvan a repetir hechos tan ominosos.

Las instituciones militares, las de procuración y administración de justicia y las de representación popular fueron utilizadas como estructuras criminales con cuyos recursos y a cuyo cobijo se realizaron y se protegieron crímenes que, de manera sistemática, agraviaron a amplios sectores de la población y a combatientes prisioneros, sin reconocerlos como prisioneros de guerra, ni darles el trato como tales.

Los integrantes de los grupos nacionales que optaron por modificar las condiciones políticas del país, recurriendo a las armas, fueron también considerados como objetivo de aniquilamiento y destrucción.

Las operaciones militares y los operativos policiacos con los que eran perseguidos, no pretendían detener, someter, y poner a disposición de autoridad competente a los presuntos delincuentes; sino que estaban diseñados para capturar, someter, torturar, desaparecer temporal o definitivamente a los detenidos y, en muchos casos, ejecutarlos extrajudicialmente. Los crímenes que se documentan con testimonios y evidencias en este trabajo permiten concluir que el Estado mexicano fue responsable de crímenes de lesa humanidad.3

Cuarto. Con motivo de las quejas presentadas por diversas organizaciones no gubernamentales en relación a los hechos de violencia que tuvieron lugar durante la “Guerra Sucia”, el 18 de septiembre de 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció el Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos.

A finales de 1999 se realizó un balance de las acciones emprendidas por esta comisión nacional en torno al Programa Especial sobre Presuntos Desaparecidos, cuyo resultado generó el imperativo de trabajar en las investigaciones y dar a la sociedad una respuesta puntual, apegada a derecho y a la verdad sobre las quejas presentadas.

Se determinó ubicar el fenómeno en dos grandes rubros: 308 casos correspondieron a la zona rural y 174 a la zona urbana; adicionalmente, en el transcurso de las investigaciones se acumularon 50 casos más. En la zona rural destaca el estado de Guerrero con 293 casos, en tanto que los restantes se encuentran distribuidos en diversas entidades federativas: el Distrito Federal, 9; Morelos, 2; Oaxaca, 2; Hidalgo, 1, y Puebla, 1.

En cuanto a la zona urbana, de los 174 casos, 45 correspondieron al Distrito Federal; 40 a Sinaloa; 19 a Jalisco; 11 a Chiapas; 10 a Chihuahua; 9 al estado de México; 9 a Michoacán; 8 a Sonora; 5 a Baja California; 5 a Nuevo León; 3 a Oaxaca; 1 a Hidalgo; 2 a Morelos; 2 a Puebla; 2 a Tamaulipas; 1 a Nayarit; 1 a Querétaro, y 1 a San Luis Potosí.

Los resultados de la investigación dieron lugar a la Recomendación 26/2001,4 en la que, entre otros puntos se señala:

“Así, de los 532 expedientes de queja sobre desapariciones forzadas de personas durante la década de los 70 y principios de los años 80 del siglo XX , cuyas evidencias obtenidas durante su tramitación permitieron a esta Comisión Nacional emitir un pronunciamiento, de acuerdo con los principios de valoración de las pruebas, tales como los de la lógica, la experiencia, así como el de la legalidad que la llevaron a concluir que en 275 casos a las personas reportadas como desaparecidas se les conculcaron sus derechos a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal y a la adecuada defensa , previstas en los artículos 1o., 11, 14, 16, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual se traduce en una trasgresión a su derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de su persona, a la igualdad ante la ley, a la justicia, a la circulación y residencia, a la protección contra la detención arbitraria, así como al proceso regular , protegidos en los artículos 1, 5, 7, 8.1, 11.1 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2.1, 3, 5, 7, 9, 11.1 y 13.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I, II, VIII, XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 9.1 y 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En los mismos términos se acreditaron acciones que implicaron torturas y tratos crueles e inhumanos, lesivos a la libertad de la persona y al derecho de todo detenido al respeto a la dignidad inherente al ser humano, lo que constituye la violación de las disposiciones contenidas en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la integridad personal de los detenidos, quienes se vieron sometidos a todo tipo de vejaciones, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, con lo cual también se les conculcaron los derechos contenidos en los artículos I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en cuanto a los allanamientos documentados se surte la conducta violatoria del artículo 16 constitucional, así como de los artículos 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y V y IX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; igualmente, se conculcaron el principio de legalidad y el derecho a la procuración de justicia de los agraviados y sus familias, lo cual se traduce en violación a los Derechos Humanos previstos en los artículos 1o., 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, 8, 11 y 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1, 7, 8, 10 y 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como II, XVIII y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

...

Por las consideraciones antes enunciadas, el 27 de noviembre de 2001 esta Comisión Nacional dirigió al licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la Recomendación 26/2001, a efecto de que su Gobierno asuma el compromiso ético y político de orientar el desempeño institucional en el marco del respeto a los Derechos Humanos que reconoce y garantiza el orden jurídico mexicano, y que se evite por todos los medios legales que sucesos como los ocurridos en la década de los 70 y principios de los años 80 del siglo XX se puedan repetir.

VII. Recomendaciones

Primera . Se asuma el compromiso ético y político por parte del gobierno federal que usted encabeza, en el sentido de orientar el desempeño institucional en el marco del respeto de los derechos humanos que reconoce y garantiza el orden jurídico mexicano, y evitar por todos los medios legales que sucesos como los ocurridos en la década de los 70 y principios de los 80 del siglo XX se puedan repetir.

Segunda . Se sirva girar instrucciones al procurador general de la República a efecto de que se designe un fiscal especial, con el fin de que se haga cargo de la investigación y persecución, en su caso, de los delitos que puedan desprenderse de los hechos a que se refiere esta Recomendación; en caso de resultar procedente, ponga en consideración de las autoridades judiciales competentes los resultados de las indagatorias, y en su oportunidad se dé cuenta a esta Comisión Nacional de las acciones realizadas.

Tercera . En los casos en donde se acreditó la desaparición forzada, en atención al lugar en que pudo ubicarse con vida por última ocasión a las personas, se revise la posibilidad de reparar el daño mediante la prestación de servicios médicos, vivienda, educativos y otras prestaciones de índole social a los familiares de las víctimas de la desaparición forzada.

Cuarta . En atención a las condiciones en que opera el sistema de seguridad nacional, específicamente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional que sustituyó a la Dirección Federal de Seguridad, se tomen las medidas legales adecuadas y se establezca un marco jurídico que garantice en su actuar, el respeto a los derechos humanos y un desempeño en estricto apego a los límites que para el ejercicio del poder, a través de las instituciones públicas del estado mexicano, prevé la Constitución General de la República.”

Quinto. El Presidente de la República aceptó la recomendación 26/2001 y el 27 de noviembre del 2001 publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado”,5 en el que se solicitó al procurador general de la República que designara a un fiscal especial, con el carácter de agente del Ministerio Público de la federación, encargado de concentrar y conocer de las denuncias o querellas formuladas por hechos probablemente constitutivos de delitos federales, cometidos, directa o indirectamente, por servidores públicos, en contra de personas vinculadas con los movimientos sociales y políticos referidos, así como perseguir los delitos correspondientes ante los tribunales competentes.

En este orden de ideas, mediante el acuerdo A/01/02, de fecha 4 de enero de 2002, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, designó al fiscal especial al que se hace mención en la recomendación y en el acuerdo presidencial invocado; el nombramiento recayó en el jurista Ignacio Carrillo Prieto.

Asimismo, por acuerdo A/066/03, de fecha 23 de julio de 2003, publicado el 24 de julio de 2003 en el Diario Oficial de la Federación,6 el procurador Macedo de la Concha delegó en el fiscal especial las facultades requeridas para el debido cumplimiento de su cargo.

Sexto. Derivado de los hechos del año 1971, el 10 de junio de 2002, las víctimas interpusieron formal denuncia ante la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Por este motivo se dio inicio a la averiguación previa PGR/FEMOSPP/011/2002.

Sin embargo, pesar de que la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado no agotó las indagatorias penales objeto de la recomendación de la CNDH, el 30 de noviembre de 2006, es decir el último día de su gestión, el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, emitió el acuerdo A/317/06, mismo que fue publicado por el Diario Oficial de la Federación el mediante el 26 de marzo de 2007,7 que se dispuso lo siguiente:

“...

Que la fiscalía especial ha realizado investigaciones históricas y documentales, así como la recopilación de pruebas que han sustentando líneas de investigación, mismas que dieron lugar a la consignación de individuos probablemente responsables de la comisión de delitos relacionados con movimientos sociales y políticos sucedidos en las décadas de los sesenta y setenta ;

Que el fiscal especial presentó el informe detallado de las investigaciones encaminadas a descubrir la verdad histórica de los hechos relatados, las consignaciones efectuadas, las resoluciones dictadas por el Poder Judicial de la Federación y las acciones encaminadas al cumplimiento de tales resoluciones;

Que una vez presentado el informe final, se estima oportuno orientar los esfuerzos de la procuraduría a la atención de otras demandas ciudadanas que se relacionan con la investigación de actos ilícitos que lesionan de manera particularmente grave a la sociedad, como lo son los delitos cometidos en contra de las mujeres, el ataque a la libertad de expresión de los periodistas, los delitos violentos cometidos en las fronteras, entre otros;

Que dado el grado de avance en las investigaciones efectuadas por la fiscalía especial, se estima pertinente que las averiguaciones previas y procesos penales pendientes pasen al conocimiento de otras unidades administrativas de la procuraduría, y

Que lo anterior no significa, de manera alguna, que se cancelen las investigaciones o que se descuiden los procesos penales concernientes al ámbito de la competencia de la fiscalía especial, cuyo seguimiento será atendido con idéntica dedicación por otras áreas de la institución , he tenido a bien expedir el siguiente

Acuerdo

Artículo Primero. Se abroga el acuerdo A/01/02 por el que se designa fiscal especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, suscrito el 4 de enero de 2002.

Artículo Segundo. Se deroga el capítulo tercero del acuerdo A/066/03 por el que se delegan diversas facultades a servidores públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de julio de 2003.

Transitorios

Primero. Los procedimientos penales y demás asuntos que se encuentren pendientes a cargo del fiscal especial pasarán al conocimiento de la Coordinación General de Investigación .”

En los hechos, el acuerdo A/317/06 implicó la desaparición de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, lo que ha dejado sin consignación a ninguna de las averiguaciones previas realizadas. Esta acción revictimiza a las víctimas, una conculcación sus derechos a la seguridad jurídica, a la libertad e integridad personal y a la adecuada defensa lo cual se traduce en una trasgresión a su derecho a la libertad, a la seguridad e integridad de su persona, a la igualdad ante la ley, a la justicia, a la circulación y residencia, a la protección contra la detención arbitraria, así como al proceso regular.

Además las priva, a ellas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto de tener acceso a la verdad y el conocimiento de los hechos que se suscitaron. Esto se constituye en graves violaciones a los derechos humanos y un agravio nacional que no ha sido resuelto.

Más allá del reconocimiento de los crímenes del pasado, al Estado mexicano le corresponde hacer justicia y poner fin a la impunidad; la indemnidad del pasado es la arbitrariedad del presente y la injusticia del futuro.

Octavo. Mediante comunicado de prensa del Instituto Nacional de Acceso a la Información, de fecha 19 de agosto de 2015, por el que se hace público el mandato para que la Procuraduría General de la República entregue la versión pública de las averiguaciones previas en las que se consignó al ex presidente Luis Echeverría Álvarez, por el delito de genocidio en los hechos del 2 de octubre de 1968 y 10 de junio de 1971, se confirma que tales indagatorias integran averiguaciones ministeriales todavía en trámite, ahora bajo la competencia de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), adscrita a la Procuraduría General de la República.

Por las razones anteriormente señaladas, pongo a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República para que haga público un informe sobre el estado procesal que guardan las investigaciones que eran realizadas, por la hoy extinta Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, en el que se incluya la ubicación de la unidad administrativa que las tiene bajo su resguardo y el estado procesal que guardan las indagatorias por delitos cometidos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República para ejercitar acción penal y, en su caso, consignar a los presuntos responsables de los delitos de genocidio, ejecución extrajudicial y tortura, que se deriven de las averiguaciones previas integradas por la hoy extinta Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, posteriormente a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

Notas

1 La Matanza de Tlatelolco. https://inedito.webcindario.com/tlatelolco.html

2 Días de Guardar, Carlos Monsiváis.

3 Noche y Neblina. La Guerra Sucia https://www.marxists.org/espanol/tematica/guerrilla/mexico/noche/02.htm

4 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2001/Rec_2001_026 .pdf

5 DOF 27 Noviembre 2001 Edición Vespertina. Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos contra personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado.

http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=7588 94&fecha=27/11/2001&cod_diario=28928

6 DOF 24 julio 2003. Acuerdo número A/066/03 del Procurador General de la República, por el que se delegan diversas facultades a los servidores públicos que se indican.

http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=6932 37&fecha=24/07/2003&cod_diario=28209

7 http://www.ordenjuridico.gob.mx/Federal/PE/PGR/Acuerdos/2007/26032007(1 ).pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputado Rubén Cayetano García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Veracruz a aclarar presuntos casos de nepotismo, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a la consideración de esta Soberanía, proposición con punto de acuerdo por la que se solicita al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aclarar presuntos casos de Nepotismo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española el nepotismo es la preferencia que algunos dan a sus parientes para las concesiones o empleos públicos. Esta figura tiende a ofrecer puestos de trabajo a miembros de la familia sin tener en cuenta la formación o capacidad para desempeñar el cargo. Se agrava en situaciones cómo aparentemente es el caso en el Estado de Veracruz, cuando se aplica a los cargos de alta responsabilidad; toda vez que el mal desempeño puede traer como consecuencias diversos y mayúsculos problemas.

El nepotismo es una especie de corrupción que crea un ambiente de desconfianza e inhibe el acceso de mejores perfiles para los diferentes cargos públicos. Lo óptimo, tanto en la administración pública como en el ámbito privado, es la profesionalización de los cargos y la contratación con base en un perfil profesional, la experiencia y la capacidad; y no por parentescos.

Es menester recordar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado que en el gobierno no se quiere influyentismo ni nepotismo, y que no se llenaría de familiares a los gobiernos municipales ni estatales.1

Asimismo, no está por demás señalar que en 2018 el propio Grupo Parlamentario de Morena - cómo otros grupos parlamentarios - en la Cámara de Diputados, consciente de la gravedad de esta clase de corrupción, propuso sancionar a los servidores públicos por nepotismo, es decir, aquellos que, valiéndose de sus atribuciones, contraten a sus familiares cercanos en las arcas del gobierno. Al proponer una reforma al artículo 63 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para establecer como una falta administrativa grave el nepotismo.

Sin embargo, en fechas recientes diversos medios de comunicación en Veracruz han referido presuntos casos de nepotismo en el Gobierno estatal, al señalar que el Subsecretario Eleazar Guerrero Pérez –de la Secretaría de Finanzas y Planeación– es primo del gobernador Cuitláhuac García.

También se ha señalado que tres sobrinos son funcionarios públicos otras dependencias de gobierno, entre dichos cargos se señalan: la Dirección de Vinculación Institucional en la Secretaría de Seguridad Pública, la Unidad de Transparencia del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, la Dirección de Atención a la Población Vulnerable del DIF. También se ha dicho que otros familiares del gobernador ocupan cargos tales como la Jefatura del Departamento de Conservación y Mantenimiento de Alumbrado Público.

En tal virtud, se sabe que la Contraloría General del Estado lleva 10 investigaciones por nepotismo y 2 más por irregularidades en el otorgamiento de contratos públicos.

De ser cierto dicho señalamiento, el gobernador estaría incurriendo en un conflicto de intereses, toda vez que la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz, en su artículo 2o establece que para efectos de esta Ley se entenderá por Conflicto de interés la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.

Por su parte, el artículo 30 de la misma Ley señala que “ Los entes de control implementarán el protocolo de actuación que, en materia de contrataciones, expida el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en términos de la Ley General. Dicho protocolo de actuación deberá ser cumplido por los servidores públicos inscritos en el sistema específico a que se refiere el primer párrafo del artículo 29 de esta Ley; aplicando, en su caso, los formatos en los cuales los particulares formularán un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares , así como de posibles conflictos de interés , bajo el principio de máxima publicidad en términos de la normatividad aplicable en materia de transparencia”.

En tal virtud, para Acción Nacional estimamos de gran importancia y congruencia, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a investigar, aclarar e informar a la opinión pública, los resultados sobre los posibles casos de nepotismo en la presente administración y, en consecuencia, aplicar las sanciones que conforme a derecho correspondan.

Nota

1 Discurso en septiembre de 2018 desde la Plaza Miguel Hidalgo en el Estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Segob a incluir en los planes de trabajo de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México la promoción y el reconocimiento del papel de las Fuerzas Armadas en el país, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y a la titular de la Secretaría de Gobernación para que se incluya en los planes de trabajo de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México, la promoción y reconocimiento del papel de las Fuerzas Armadas en México y se consolide su memoria como uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano, bajo las siguientes

Consideraciones

Medios de comunicación y redes sociales dieron a conocer agresiones que sufrieron elementos del Ejército Mexicano, el pasado lunes 9 de septiembre, en el poblado de Apango, municipio de Acajete, en Puebla. Personal militar localizó en este poblado una bodega con indicios de que en su interior se resguardaban vehículos robados para proceder a vigilar la zona y esperar la presencia de las autoridades locales para la obtención de la orden de cateo correspondiente. Luego entonces, una masa de pobladores los agredió, sin embargo, las tropas mantuvieron el control y se limitaron a realizar disparos al aire como una medida disuasiva.1

La gravedad del asunto reside en que esta agresión descrita no es un hecho aislado, sino una constante in crescendo de agresiones a las fuerzas armadas del país y que conllevan a un detrimento a su imagen. No olvidemos que las fuerzas armadas poseen de acuerdo al Inegi más del 84 por ciento de la confianza entre los mexicanos”.2

Aplicar la Ley significa respetar los derechos humanos y al mismo tiempo respetar a las Fuerzas Armadas. En este sentido, el 10 de septiembre el diputado federal Benito Medina Herrera, desde su curul, condenó el pasado 10 de septiembre, las 126 agresiones que las Fuerzas Armadas han recibido en lo que va del año 2019,3 asimismo, denunció que los grupos criminales utilizan a la población para agredir a los militares:

“Por defender las instituciones, la lealtad de la patria y al pueblo de México (han sido agredidos): esto no es permisible, las fuerzas armadas están para servir y defender a México y a los mexicanos. Somos pueblo uniformado y ante la delincuencia organizada y la violencia desatada en el país tenemos las capacidades para atenderla y responder a ella”.

“Pero, como soldados y marinos, nunca vamos a agredir a ninguna persona del pueblo mexicano y eso desgraciadamente ellos lo saben (el crimen) y lo están aprovechando para podernos hacer que nos repleguemos. Hago un respetuoso llamado a ustedes para manifestarnos por todos y cada uno de los miembros de las fuerzas armadas que han sido agredido y han caído en el deber.”4

Posteriormente, en un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional se informó que:5

“Se hace del conocimiento de la sociedad que, ante la ocurrencia de un delito y en los casos en los que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país y sean objeto de una agresión, se actuara? en su defensa legítima conforme a los principios del uso de la fuerza y su gradualidad”.

El instituto armado aseguró en un comunicado que dicha determinación se toma para proteger la vida e integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas, “con estricto apego al orden jurídico vigente y a los derechos humanos”.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Luis Raúl González Pérez, sostuvo que la Sedena, la Marina y cualquier corporación como la Guardia Nacional, su único límite es no hacer nada que establezca la ley, y la aplicación de la ley para hacer uso de la fuerza tiene sus parámetros “para el uso de la fuerza hay una proporcionalidad, el uso racional de la misma, un fin legítimo y siguiendo los protocolos de acuerdo a las circunstancia, respetando derechos humanos, pero cumpliendo la ley”.6

Ante los altos índices delictivos se requiere cerrar filas, en el primer semestre de 2019 hubo 17 mil 138 homicidios dolosos,7 el narcotráfico sigue operando con gran capacidad de despliegue y acción, y no se han visto señales de que se haya reducido el crimen organizado.

Las y los gobernadores, presidentes municipales, las fiscalías estatales así como las policías estatales y municipales deben ser parte de una estrategia que coadyuve a salvaguardar la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas en materia de seguridad pública, no deben hacerse a un lado en esta obligación. En el noveno párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de la Constitución Política Mexicana se establece que corresponde a las fuerzas civiles las tareas de seguridad pública, que a la letra dice:

“La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”8

Las fuerzas armadas nacen de la Revolución Mexicana, a diferencia de otros cuerpos armados a nivel América Latina, se conformaron por el pueblo, campesinos y ciudadanos provenientes de las clases populares.9 Hoy en día se les confían las labores de seguridad nacional y tareas delicadas de seguridad pública ante el incremento de los índices delictivos.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, consideramos que no se debe cohibir la legítima defensa de las fuerzas armadas conforme a los principios del uso de la fuerza y su gradualidad, bajo el pretexto de evitar actos de represión. Eso además de ser una grave confusión atenta contra su consolidación como institución del Estado Mexicano, atenta contra la idea que se tiene de las fuerzas armadas como pueblo uniformado, como ha señalado el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador y no podemos dejar de reconocer su gran trabajo histórico en proteger y salvaguardar día con día a la nación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y a la titular de la Secretaría de Gobernación para que se incluya en los planes de trabajo de la Comisión Presidencial para la Conmemoración de Hechos, Procesos y Personajes Históricos de México la promoción y reconocimiento del papel de las Fuerzas Armadas en México y se consolide su memoria como uno de los pilares fundamentales del Estado mexicano.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos estatales y municipales de las 32 entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, para que en el ámbito de sus atribuciones, se refuercen las acciones para salvaguardar la libertad, la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de las personas en materia de seguridad pública.

Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías y Procuradurías de las entidades federativas a que se fortalezcan acciones a fin de castigar las agresiones a hacia fuerzas armadas.

Notas

1 http://bit.ly/2kob3HF, consultado el 16 de septiembre de 2019.

2 http://bit.ly/2lRXOPV, consultado el 16 de septiembre de 2019.

3 Sesión ordinaria del día martes 10 de septiembre de 2019.

4 http://bit.ly/2kkraWv, consultado el 16 de septiembre de 2019.

5 http://bit.ly/2kob3HF, consultado el 16 de septiembre de 2019.

6 http://bit.ly/2lQkNe1, consultado el 16 de septiembre de 2019.

7 http://bit.ly/2khuyBs, consultado el 16 de septiembre de 2019.

8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf, consultado el 16 de septiembre de 2019.

9 “Las Fuerzas Armadas y la Seguridad en México”, en Foreign Affairs Latinoamérica 17, 4 (oct-dic. 2017), 9-18

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 8 de octubre de 2019.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a efectuar acciones conducentes a actualizar de modo urgente la NOM-045-SSA1-1993 y NOM-232-SSA1-2009 para garantizar su adecuación a las exigencias en la materia, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y los Diputados Federales Francisco Elizondo Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Alfredo Antonio Gordillo Moreno; Ana Patricia Peralta De la Peña, y Erika Mariana Rosas Uribe, de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65 y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a la consideración de esta Asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En la adopción de la consciencia y responsabilidad sobre la afectación ambiental ha quedado de manifiesto que son muchos los factores que intervienen de manera negativa, la intervención de hombre es sin duda la principal fuente de impacto ambiental a nivel mundial.

Al hablar de intervención del hombre no se trata sólo de aquellas acciones ejecutadas de manera directa para su afectación, la deforestación, la construcción de vivienda no sustentable, el uso indiscriminado del agua o el maltrato animal; se trata también de nuestro consumo, del uso de sustancias de las cuales desconocemos su impacto en nuestro ecosistema.

En el caso que nos ocupa, nos centraremos en el uso de plaguicidas, los cuales según el artículo 2° del Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se definen como “cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de madera o alimentos para animales, o que pueden administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o agentes para evitar la caída prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante el almacenamiento y transporte”.

Si bien, el uso de éstos brinda protección ante posibles contaminaciones, principalmente de nuestros alimentos, lo cierto es que, en la búsqueda de mejorar las composiciones de los plaguicidas, muchos han resultado perjudiciales e incluso tóxicos para salud humana y el medio ambiente.

Ante ello, se han tenido que definir mecanismos de seguridad y control para el uso de los mismos, pues a medida que avanza su aplicación, incrementan los casos de personas que pueden ser susceptibles a sustancias tóxicas como las que pudieran llegar a ser los plaguicidas.

En los últimos años numerosos estudios se han encargado de demostrar el impacto negativo de los plaguicidas sobre la biodiversidad animal y vegetal de los ecosistemas; gracias a la investigación se ha llegado a detectar las sustancias que representan peligro.

Ejemplo de ello es el neonicotinoide, como principal componente en los pesticidas en la década de los 80 y cuya popularidad se debe gracias a que son elementos sistémicos que circulan a lo largo de la planta y matan a posibles bichos invasores del cultivo; sin embargo, tras estudios a gran escala en campos de Europa y Canadá, quedó demostrado que los neonicotinoides –químicamente similares a las moléculas de la nicotina– ha provocado la evolución de las plantas y la muerte de cientos de insectos a la hora de alimentarse de las especies vegetales.

Desgraciadamente este tipo de productos impactaron no sólo sobre los insectos invasores o plagas, también sobre polinizadores como las abejas; descubriendo que las colmenas de abejas de miel tendían a sobrevivir menos a lo largo del invierno, y las abejas salvajes a reproducirse menos a lo largo de sus ciclos reproductivos. Evidenciando que no es que los plaguicidas sólo provocan directamente la muerte de las abejas, sino que poco a poco las convierte en especies vulnerables ante factores ambientales.

Cuantificar la afectación resulta casi imposible, no obstante, publicaciones periodísticas refieren que, en sólo un año, alrededor de 4 mil millones de abejas murieron en México. Los estados donde se dio el mayor declive de estos insectos fueron Jalisco, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas y Chihuahua, además de zonas de Yucatán, Quintana Roo y Campeche.1

Para algunos, hablar de abejas se reduce a la producción de miel, pero escapa al pensamiento que la vida del ser humano en el planeta depende en buena medida de dichos insectos, ya que la tercera parte de los alimentos humanos son polinizados fundamentalmente por abejas; antófilos considerados los polinizadores por excelencia de las plantas con flores, por lo que se les atribuye gran valor en la conservación de los ecosistemas.

Atendiendo a ello, la Federación Internacional de Asociaciones de Apicultura designó cada 20 de mayo para conmemorar mundialmente a las abejas, con la finalidad informar y promover conciencia sobre la enorme importancia que tienen éstas en el equilibrio del ecosistema de regiones como Europa, América del Norte y Centroamérica.

Precisamente, por lo que hace a su importancia, la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) refiere que existen 100 especies de cultivos que proporcionan el 90 por ciento de los alimentos en todo el mundo, y 71 de ellos son polinizados por las abejas; evidenciando su importancia para la humanidad; por lo que, ante su posible desaparición, el impacto resultaría en una auténtica crisis alimentaria.2

En México existen alrededor de 2 mil especies de abejas de diferentes razas. En cifras nacionales, la actividad apícola beneficia a 42 mil familias en el país, principalmente de los Estados de Chiapas, Campeche, Oaxaca, Yucatán, y Quintana Roo.3

Pese a los datos favorables, las abejas actualmente están expuestas a factores de riesgo que comprometen su supervivencia, y que pueden significar una de las más graves catástrofes naturales. Principalmente estos indicadores se deben al cambio climático, la deforestación, el incremento de áreas agrícolas y el uso de plaguicidas.

Ante esta situación, resulta necesario encaminar los esfuerzos gubernamentales para definir estrategias que garanticen el uso seguro y sustentable de plaguicidas, lo que brindará eficacia en la protección de la salud humana y el medio ambiente.

Es por ello que, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), insta a los países y a las personas a hacer un mayor esfuerzo para proteger a las abejas y otros polinizadores, de lo contrario tendrían que arriesgarse a sufrir una disminución drástica de la diversidad alimentaria.

El propio Director General de la FAO, José Graziano da Silva, refirió que “no podemos seguir centrándonos en aumentar la producción y la productividad basados en el uso generalizado de plaguicidas y productos químicos que amenazan los cultivos y a los polinizadores; por el contrario, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad individual de proteger a las abejas y todos debemos tomar decisiones respetuosas hacia los polinizadores. Incluso cultivar flores en el hogar para alimentar a las abejas, contribuye a este esfuerzo”.

Asimismo, ante los efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud pública derivado del uso indebido de plaguicidas, los países europeos han adoptado diversas medidas entre las que resaltan las siguientes:4

• Reducción del uso de plaguicidas (hasta de un 50 por ciento en algunos países).

• Prohibición de determinados ingredientes activos.

• Revisión de los criterios de registro de plaguicidas.

• Capacitación y necesidad de licencias para las personas que aplican los plaguicidas.

• Reducción de la dosis y mejor programación de la aplicación de plaguicidas para atenerse mejor a las necesidades de los cultivos y reducir las pulverizaciones preventivas.

• Comprobación y aprobación del equipo de pulverización.

• Limitaciones de la pulverización aérea.

• Gravámenes ambientales a los plaguicidas.

• Promoción del uso de alternativas mecánicas y biológicas en sustitución de los plaguicidas.

En otros lugares, por ejemplo, en Indonesia la reducción de las subvenciones ha limitado la utilización de plaguicidas y aumentado el éxito de los programas de manejo integrado de plaguicidas.

Otro ejemplo es el danés que, desde 1986 emprendió un Plan de Acción en pro de la agricultura sostenible con miras a prohibir la utilización de plaguicidas con dos fines:

1. Salvaguardar la salud humana: frente a los riesgos y efectos negativos asociados a la utilización de plaguicidas, principalmente impidiendo su ingestión a través de los alimentos y el agua potable.

2. Proteger el medio ambiente: tanto los organismos no destinatarios como beneficiosos que se encuentran en la flora y la fauna de la tierra cultivada y los medios acuáticos.

El objetivo era conseguir una reducción del 50 por ciento en la utilización de plaguicidas agrícolas para 1997, logrando para 1993 que las ventas de ingredientes activos disminuyeran un 30 por ciento, según el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).

Por su parte, Suecia ha conseguido resultados bastante positivos en lo que respecta a sus objetivos de reducción de los plaguicidas, atribuyéndose este éxito a los siguientes factores:

• Establecimiento de metas con objetivos asequibles y uso de medidas múltiples de la reducción.

• Papel decisivo desempeñado por el Ministerio de Medio Ambiente y la Inspección de Productos Químicos.

• Apoyo activo de las organizaciones de agricultores, convencidas de las ventajas económicas y ambientales de una menor utilización de plaguicidas.

• Una fuerte base de investigación y desarrollo, que representa un apoyo válido a las nuevas iniciativas en el terreno de los plaguicidas.

• Certificación de la nueva maquinaria y comprobación periódica de los pulverizadores agrícolas en centros de revisión regulados por el gobierno.

• Obligación de evaluar y registrar de nuevo los plaguicidas, lo que ha permitido retirar 338 productos del mercado.

A nivel regional, México, Canadá y Estados Unidos implementan un Plan Estratégico conjunto para plaguicidas de uso agrícola en la región, cuyo punto medular es la armonización de Límites Máximos de Residuos de plaguicidas en productos agrícolas; el intercambio de información para el fortalecimiento de capacidades y la toma de decisiones, así como acuerdos que permitan revisiones conjuntas en el registro de plaguicidas.5

Como parte de los trabajos entre estas naciones se analizó el efecto de los plaguicidas en los polinizadores, para lo cual un representante de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentó el proyecto de estudio diagnóstico que realiza México para conocer la situación de la población de abejas melíferas y los factores que las afectan.

Nuestro país por sí mismo, no ha sido ajeno a atender esta problemática ambiental y de salud, es por ello que las Secretarías de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, firmaron un convenio sobre plaguicidas con el cual buscan agilizar el otorgamiento de registros sanitarios a estos productos; simplificando el intercambio de información y retroalimentación entre las dependencias federales sobre los mismos.6

Además, se capacitará de manera continua a terceros autorizados, se establecerán mecanismos de coordinación y comunicación en el proceso de evaluación y se sumarán apoyos técnicos para la efectiva ejecución del proyecto, evitando daños al medio ambiente, a la salud humana y principalmente, garantizando que los alimentos no rebasen los Límites Máximos de Residuos.

Asimismo, se han llevado a cabo acciones por parte de la Secretaría de Salud, para asegurar más de 266 mil litros de plaguicidas y nutrientes vegetales, que no cuentan con un registro sanitario que constate la eficacia y seguridad de su uso en el sector agropecuario, consolidando con ello el compromiso que la actual administración asumió para lograr un crecimiento verde que proporcione a los mexicanos una vida digna sin comprometer el patrimonio ambiental.

Con lo anterior queda demostrado que nuestro país atiende a la necesidad de regular la inminente afectación causada por la toxicidad de algunos plaguicidas usados en nuestro país, sin embargo, la misma se ha centrado en la protección preponderante de la salud humana, lo que ha llevado de cierta forma a no proteger de manera adecuada al medio ambiente de los efectos nocivos de los mismos.

Ante esta situación, el Partido Verde propuso una iniciativa que, basado en la anterior exposición de motivos, buscó hacer modificaciones a la Ley General de Salud, con la finalidad de robustecer los mecanismos de prevención y protección en el uso y aplicación de plaguicidas, fijando la intención de prohibir todos aquellos que, mediante evidencia científica, se demuestre que ponen en peligro la salud humana y el medio ambiente; no obstante, no pudo ser aprobada por la comisión dictaminadora, la cual refirió que el tema resulta ser un asunto regulado por las normas oficiales mexicanas NOM-045-SSA1-1993, Plaguicidas. Productos para uso agrícola, forestal, pecuario, de jardinería, urbano e industrial. Etiquetado, la cual busca establecer las indicaciones y características que deben aparecer en las etiquetas de los plaguicidas para uso agrícola y forestal, pecuario, de jardinería, urbano e industrial.

Así como por la NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico; cuyo objetivo es establecer los requisitos, indicaciones y características que deben cumplir el envase, embalaje y etiquetado de plaguicidas, tanto técnicos como formulados y en sus diferentes presentaciones, a fin de minimizar los riesgos a la salud de los trabajadores ocupacionalmente expuestos y de la población en general, durante su almacenamiento, transporte, manejo y aplicación.

En este sentido, cabe señalar que del análisis que se hizo a las mismas, ni una de las dos normas ha sido actualizada, por lo que su aplicación pudiera carecer de eficacia, eficiencia y pertinencia ante la problemática actual que enfrentamos, por lo que resulta indispensable se actualicen tal y como lo mandata la Ley Federal de Metrología y Normalización en su artículo 51-A, párrafo cuarto, el cual a la letra señala:

Artículo 51-A. [...]

[...]

I. a III. [...]

[...]

La revisión, actualización o cancelación de las normas mexicanas deberá cumplir con el mismo procedimiento que para su elaboración, pero en todo caso deberán ser revisadas o actualizadas dentro de los 5 años siguientes a la publicación de la declaratoria de vigencia, debiendo notificarse al secretariado técnico los resultados de la revisión o actualización. De no hacerse la notificación, el secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización ordenará su cancelación.

Lo anterior, para estar en posibilidad de aplicarlas en beneficio de la salud humana y el medio ambiente, permitiendo con ello armonizar nuestra legislación vigente y garantizar así la correcta ejecución en materia de plaguicidas.

Por lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Punto fe Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 42 y 51-A de la Ley Federal de Metrología y Normalización, lleve a cabo las acciones necesarias a efecto de que se actualicen de manera urgente las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-045-SSA1-1993, Plaguicidas. Productos para uso agrícola, forestal, pecuario, de jardinería, urbano e industrial. Etiquetado, y NOM-232-SSA1-2009, Plaguicidas: que establece los requisitos del envase, embalaje y etiquetado de productos grado técnico y para uso agrícola, forestal, pecuario, jardinería, urbano, industrial y doméstico; a fin de garantizar su aplicación de manera armónica con las exigencias actuales en la materia.

Notas

1 Plaguicidas matan 4 mil millones de abejas en México, y se pone en riesgo la alimentación, alertan. Disponible en:
https://www.sinembargo.mx/19-08-2017/3285611

2 ¿Por qué son importantes las abejas para el medio ambiente? Disponible en:

https://www.gob.mx/sagarpa/articulos/por-que-son-importa ntes-las-abejas-para-el-medio-ambiente?idiom=es

3 En el Día Mundial de la Abeja, la Sagarpa promueve su función en el sector alimentario. Disponible en:

https://www.gob.mx/sagarpa/yucatan/articulos/en-el-dia-m undial-de-la-abeja-la-sagarpa-promueve-su-funcion-en-el-sector-alimenta rio?idiom=es

4 Capítulo 4 - Los Plaguicidas, En cuanto Contaminantes del agua. FAO. Disponible:
http://www.fao.org/docrep/W2598S/w2598s06.htm#el%20ejemplo%20dan%C3%A9s

5 Impulsan México, Canadá y EU Plan Estratégico conjunto para plaguicidas de uso agrícola en la región. Disponible en:

https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/
impulsan-mexico-canada-y-eu-plan-estrategico-conjunto-para-plaguicidas-de-uso-agricola-en-la-region

6 Firman Sagarpa, Salud y Semarnat convenio sobre plaguicidas. Disponible en:

https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/firman-sagarpa-salud-y -semarnat-convenio-sobre-plaguicidas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de octubre de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Profepa a evitar la construcción de fraccionamientos cerca de Minera México, en Charcas, SLP, a cargo del diputado José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, José Ricardo Delsol Estrada, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, mediante los cuales se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para evitar la construcción en suelos contaminados cercanos a Minera México, en Charcas, San Luis Potosí, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en el artículo 4o., párrafo quinto, el derecho humano a un ambiente saludable:

(...) Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley (...)

El objetivo que persigue la presente proposición atiende una justa problemática en pro de velar por el bienestar de las personas que deseen formar parte del desarrollo urbano que se pretende construir en Charcas, San Luis Potosí.

Afectando el acceso a un entorno saludable que imposibilita el pleno desarrollo de las y los habitantes, provocando así consecuencias graves a nivel ecológico, ambiental y salubridad.

La Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí dispone en el artículo 7o., fracción XV:

(...)La prevención, regulación, control, vigilancia e inspección del aprovechamiento de los minerales o sustancias no reservadas a la acción de la federación que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como rocas o productos de su descomposición, que sólo puedan utilizarse para la fabricación de materiales para la construcción u ornamento de obras, así como de las actividades cuya explotación se realice preponderadamente por medio de trabajos a cielo abierto y de la contaminación generada por éstas, asimismo abrir, conservar y llevar para su consulta los registros de los bancos de materiales y de las autorizaciones que emita la Segam (Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental)...

Por lo expuesto, se fija la importancia de llevar a cabo un proceso de regulación e inspección de cada construcción de depósitos que implique un impacto contaminante, que deba ser observado y controlado por las mismas instancias encargadas de vigilar la contaminación generada.

Además, el artículo 12, fracción V, de la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí considera el compromiso de prever no sólo las condiciones de corto plazo sino, también, de largo:

Artículo 12 La política ambiental del Estado responderá a las peculiaridades ecológicas de la entidad y guardará concordancia con los lineamientos de acción nacionales que establezca la federación, para lo cual observará los siguientes principios:

(...) V. La responsabilidad respecto al ambiente comprende tanto las condiciones presentes como las que se determinen para la calidad de vida de las futuras generaciones (...)

Dicho artículo no sólo prevé las condiciones de corto plazo sino, también, de largo. Y tratándose de un tema tan delicado, como lo es la contaminación que genera el arsénico, así como sus consecuencias en la salud de las personas que se mantienen expuestas a este químico altamente nocivo para la salud.

Las intenciones de construir en terrenos cercanos a Minera México, que antes fueron usados como suelos de depósitos contaminados por la fundidora de arsénico, sólo manifiestan la falta de responsabilidad al no garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo de fraccionamientos, parques recreativos que involucran la construcción de lagos y que estos a su vez implican la excavación en subsuelos.

Y cuando el arsénico entra en el ambiente a través del suelo, agua y aire, tal y como lo expone el Resumen de salud pública sobre el arsénico, investigación llevada a cabo por la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registros de Enfermedades menciona que muchos compuestos comunes de arsénico pueden disolverse en agua. Por tanto, el arsénico puede pasar a lagos, ríos o al agua subterránea disolviéndose en el agua de lluvia o la nieve o en desagües industriales. Cierta cantidad de arsénico se adherirá a partículas en el agua o a sedimento del fondo de lagos o ríos, mientras que otra porción será arrastrada por el agua.

La Agencia para Sustancias Tóxicas y Registros de Enfermedades menciona que la concentración de arsénico en agua de superficie o subterránea es aproximadamente 1 parte de arsénico por billón de partes de agua (1 ppb), pero puede exceder de mil ppb en áreas de minería o donde los niveles de arsénico en el suelo son naturalmente elevados. Generalmente, el agua subterránea contiene niveles de arsénico más altos que el agua de superficie.

Es un proyecto de alto riesgo querer desarrollar construcciones urbanas que impliquen tomar como punto de construcción terrenos usados como zonas de depósitos contaminantes.

Sin dejar de lado las repercusiones que manifiesta el arsénico en el cuerpo humano.

El arsénico fue clasificado por la International Agency for Research on Cancer como un agente carcinogénico para humanos con base en estudios epidemiológicos que relacionan la ingestión de arsénico en el agua de bebida y cáncer en la piel y estudios ocupacionales que relacionan la exposición al arsénico y cáncer de pulmón.

De acuerdo con señalamientos de la OMS, los primeros síntomas de la exposición prolongada a altos niveles de arsénico inorgánico (por ejemplo, a través del consumo de agua y alimentos contaminados) se observan generalmente en la piel e incluyen cambios de pigmentación, lesiones cutáneas y durezas y callosidades en las palmas de las manos y las plantas de los pies (hiperqueratosis). Estos efectos se producen tras una exposición mínima de aproximadamente cinco años y pueden ser precursores de cáncer de piel.

Además de cáncer de piel, la exposición prolongada al arsénico también puede causar cáncer de vejiga y de pulmón. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) ha clasificado el arsénico y los compuestos de arsénico como cancerígenos para los seres humanos; el arsénico presente en el agua de bebida también ha sido incluido en esa categoría por el CIIC.

Por lo expuesto y fundado me permito someter a consideración de este pleno de la asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a hacer uso de sus competencias en la revisión del proyecto de construcción de fraccionamientos y parques recreativos cercanos a Minera México, en Charcas, San Luis Potosí, una zona contaminada que representa altos riesgos para la salud, manifestando una falta de responsabilidad construir sin antes valorar la viabilidad de los proyectos, poniendo en riesgo el bienestar de las personas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades locales a realizar el informe de contaminación pertinente y hacer públicos los documentos e investigaciones que otorguen la información necesaria para valorar si es o no factible llevar a cabo el uso de dichos terrenos.

Notas

Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades (6 de mayo de 2016). Obtenido de ATSDR:

https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs2.html

Carabantes, A. G. (2003). “Arsénico en el agua para beber: un problema de salud pública”, en Revista Brasileña de Ciencias Farmacéuticas, volumen 39, número 4.

Organización Mundial de la Salud (15 de febrero de 2018). Sitio web mundial OMS. Obtenido de https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/arsenic

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputado José Ricardo Delsol Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la SSPC a establecer una estrategia conjunta para fortalecer las medidas de seguridad encaminadas a prevenir y combatir el robo contra el transporte de carga y de pasajeros en las carreteras de Tamaulipas, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 1, fracción I, del artículo 6; y 1, fracción II, y 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, conforme a las siguientes

Consideraciones

El puente internacional Reynosa-Pharr es uno de los más importantes del país. Diariamente transita carga de exportación e importación de mercancías comerciales, a través de empresas locales y foráneas, que representan uno de los rubros económicos más importantes de Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con la Asociación de Transportistas de Reynosa, AC, en los últimos meses con la llegada de grupos de migrantes, se han venido presentando una serie de acontecimientos que perjudican las operaciones de transporte en la región, debido a que durante su trayecto se aprovechan de la vulnerabilidad de los camiones para pararlos y subirse sin el consentimiento de los operadores; lo que origina un riesgo para las empresas transportistas, ya que los seguros no cubren cualquier responsabilidad y en caso de una detención de la autoridad están sujetos a ser procesados por tráfico de migrantes y en algunos casos hasta secuestro.1

Lo mismo sucede arriba del puente Reynosa-Pharr: no hay presencia de la Policía Federal, y el personal de Migración cuenta sólo con una patrulla para cubrir toda la extensión del puente.

Las carreteras que comunican a Reynosa, Tamaulipas, están siendo nuevamente tomadas por grupos de la delincuencia organizada, que se aprovechan de la nula presencia de las fuerzas federales y se dedican a realizar secuestros, extorciones y robos a los vehículos que transitan.

En varias reuniones se ha concluido que hay pocas patrullas de la Policía Federal, lo cual impide que puedan ayudar, pese a que contamos con toda la disponibilidad de los encargados.

Hay un grave problema para el sector transportista de la zona metropolitana, derivado de la serie de atracos suscitados, ocasionando pérdidas económicas considerables.

Por dicha causa, algunos empresarios han optado por detener sus actividades, pues se han registrado pérdidas por más de 1 millón de pesos por unidad robada, pues roban no sólo la mercancía de las unidades sino, también, las escasas pertenencias de los operadores y hasta son objeto de aseguramientos ilegales, por lo que urge tomar acciones.2

Pese a que en Tamaulipas se ha avanzado en cuanto al resguardo en carreteras federales, principalmente en algunos tramos de la frontera, como Reynosa y en la ruta que comunica a Victoria con los límites de Nuevo León, se necesita reforzar la vigilancia debido a los robos que se han reportado.

De acuerdo con las recientes reformas en materia de seguridad y la creación de la Guardia Nacional, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de la Guardia Nacional, que establece que su objeto es realizar la función de seguridad pública a cargo de la federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o los municipios.

Por ello se considera importante que se refuerce la asignación de elementos de la Guardia Nacional en Tamaulipas. Esa institución de seguridad pública se encuentra adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Propongo el presente punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que en cumplimiento de sus atribuciones, establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, apoye y se coordine con las autoridades de Tamaulipas y se atienda debidamente el tema de inseguridad para el sector transportista.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta asamblea el presente exhorto, para pedir la solidaridad de ustedes y lograr establecer una estrategia que permita reforzar y garantizar la seguridad para el sector transportista en Tamaulipas, por lo que me permito proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a establecer una estrategia conjunta con el gobierno de Tamaulipas y, de manera coordinada, revisar y reforzar las acciones enfocadas al diseño y la implantación de una estrategia en materia de seguridad, que permita reforzar y garantizar la seguridad de los transportistas y pasajeros en la entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a informar periódicamente a la opinión pública sobre los avances de las acciones instauradas para el cumplimiento y seguimiento de este exhorto que se efectúa a estos organismos.

Notas

1 Petición recibida del ingeniero José Uriel Ordóñez Pérez, presidente de la Asociación de Transportistas de Reynosa, AC.

2 Por Víctor Torres, La Región, El Mercurio de Tamaulipas, el primer periódico electrónico de Tamaulipas, consultado por última vez el 19 septiembre de 2019 en

https://elmercurio.com.mx/la-region/perdidas-para-transp ortistas-por-robo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los congresos estatales a reformar sus leyes o reglamentos de tránsito para especificar lo procedente tras una prueba confirmatoria de alcoholimetría, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

México ocupa el séptimo lugar en muertes causados por accidentes de tránsito, según datos reportados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), tal es el caso que el Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2017 reporto la muerte de 32 personas diariamente por accidentes automovilísticos haciendo énfasis que 200 mil conductores murieron bajo la influencia del alcohol, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a las diferentes naciones aplicar medidas concretas para mitigar accidentes, por tal motivo para el año 2009 el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) junto con los Consejos estatales para la Prevención de Accidentes (Coepra), implemento el Programa Nacional Alcoholimetría en los Municipios de las 32 entidades federativas.

Este programa se implementó debido al gran número de accidentes provocados por el alcohol, a continuación, se muestra una tabla con los efectos causados dependiendo del grado de alcohol en el cuerpo:

El programa de alcoholimetría consiste en pruebas de control de aliento, ya que son una medida efectiva para prevenir accidentes relacionados al consumo del alcohol, por medio de un instrumento muy preciso para medir la concentración de alcohol en el aliento, ya que después de consumir alcohol, este es distribuido por medio de la sangre a diferentes órganos del cuerpo, hígado, corazón, pulmones, cerebro y al resto del cuerpo, dado a que el intercambio de alcohol en la sangre ocurre en los alveolos por lo que las moléculas de alcohol en los vasos capilares de los alveolos se evapora en el pulmón, logrando así ser detectado en el aliento, el cual determina el nivel de alcoholimetría de la persona, y con base a la siguiente tabla se determina si es o no la persona competente para manejar y en caso de no ser apta, se hará acreedora a una penalización:

El procedimiento para el funcionamiento del programa se estipula en el manual para implementación de Operativos (2010), y es el siguiente:

“1. Selección aleatoria de los vehículos que pasarán a la entrevista inicial.

2. Entrevista inicial. Es importante mencionar que la entrevista inicial debe ser un proceso ágil y rápido. No debe llevarse más de dos minutos para no provocar un congestionamiento vial y causar demoras a la ciudadanía.

a. Saludo e identificación.

b. Informar al conductor y sus acompañantes que se trata de un operativo de alcoholimetría, utilizando el nombre designado. Ejemplo: operativo “Conduce sin alcohol”.

c. Se realiza una prueba pasiva o una entrevista para determinar el estado de la persona.

d. En caso negativo, se le agradece su cooperación y se le indica que puede continuar su camino.

e. En caso positivo, se le informa que pasará a una prueba para determinar el grado de alcohol con que se encuentra.

3. Reubicación.

a. Se le solicita al conductor mover su vehículo a la zona de seguridad.

b. Se le invita a detener la marcha, bajar de su vehículo y trasladarse a la zona de seguridad con el oficial/médico que le atenderá.

4. Toma de muestra. Se informa al conductor que, debido a que se está detectando alcohol, se le tomará una muestra de aliento para confirmar si hay alcohol en su organismo.

a. Se le informa sobre los límites permitidos en la entidad.

i. 0.01 a 0.07 mg/L, tolerancia

ii. 0.08 a 0.19 mg/L, aliento alcohólico = consecuencia

iii. 0.20 a 0.39 mg/L, ebrio incompleto = consecuencia

iv. 0.40 o superior, no apto para conducir = consecuencia

Se le dan las instrucciones de cómo proporcionar una muestra de aliento correcta.

c. Se toma la muestra de aliento para determinar la cantidad de alcohol.

d. En caso de que el sujeto se niegue a proporcionar la muestra, se le informa que se considerará como conductor no apto, así como las consecuencias a las que se hará responsable; con esto se busca que el sujeto sí proporcione la muestra.

e. Se le muestra el resultado en el equipo y se imprime.

f. En caso de estar dentro de los límites permitidos, se le agradece su cooperación y se le indica que puede continuar su camino.

g. En caso de sobrepasar los límites permitidos, se le informa que se le hará una segunda prueba en un lapso de 10 minutos.

5. Prueba confirmatoria. El Programa Nacional de Alcoholimetría establece la realización de una segunda prueba (prueba confirmatoria) 10 minutos después de la prueba inicial, con la finalidad de eliminar la posibilidad de alcohol bucal o falsos positivos por alimentos preparados con alcohol.

a. Se le informa sobre los límites permitidos en la entidad.

i. 0.01 a 0.07 mg/L, tolerancia.

ii. 0.08 a 0.19 mg/L, aliento alcohólico = consecuencia.

iii. 0.20 a 0.39 mg/L, ebrio incompleto = consecuencia.

iv. 0.40 o superior, no apto para conducir = consecuencia.

b. Se le dan las instrucciones de cómo proporcionar una muestra de aliento correcta.

c. Se toma la muestra de aliento para determinar la cantidad de alcohol.

d. Se le muestra el resultado en el equipo y se imprime.

6. Se procede según el marco legal vigente en la entidad, tomando para dicho proceso el resultado de la prueba confirmatoria.”

El alcoholímetro se fue implementado de manera paulatina en los estados de la república, por lo que se vieron obligados a reformar sus leyes y reglamentos, de transporte, movilidad y viabilidad para incluir el Programa de Alcoholimetría y el procedimiento del operativo anterior, sin embargo, lo que procede después de una prueba confirmatoria de alcoholímetro es decisión de cada marco legal que la entidad establezca, por lo que cada estado en su ley decide si solo paga multa, si el conductor es remitido a algún centro de detención y si el auto es retenido o no.

Lo anterior se presta a actos de corrupción, ya que en muchos casos se hacen negocios con las compañías de grúas contratadas por los municipios para realizar estos operativos, con la finalidad de obtener dinero; en la mayoría de casos se marca como obligatorio el llevarse al corralón el vehículo para cobrar servicios de arrastre, y el encierro, dejando en estado de indefensión a los acompañantes que puedan venir en el automóvil que pueden ser niños, mujeres o adultos mayores, para este caso considero que dentro de los reglamentos de las diferentes entidades del país que aún no cuentan con esta opción, se debe incluir lo establecido en otros estados que se encuentran más avanzados en este rubro, como son:

Aguascalientes, Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, artículo 292, párrafo cinco:

“Artículo 292. ...

Para el caso del párrafo anterior el vehículo no será remitido al depósito vehicular si se cuenta con alguna persona que lo conduzca en términos de esta Ley.”

Ciudad de México, Ley de Transito de la Ciudad de México en su artículo 51, fracción I inciso e), establece:

“Artículo 51. ...

I. ...

e) Cuando el conductor sobrepase la cantidad de alcohol permitida conforme al artículo 50 de este ordenamiento, el vehículo será remitido al depósito vehicular, salvo que algún acompañante del conductor con plena autorización del mismo, pueda conducir el vehículo en los términos del presente Reglamento. Si el acompañante presenta aliento alcohólico, éste será valorado por el médico del punto de revisión y dependiendo del resultado, se determinará si procede o no la entrega del vehículo.

Cuando el vehículo sea remitido a un depósito vehicular, el conductor deberá cubrir los respectivos derechos por concepto del servicio de arrastre y almacenaje del vehículo, conforme lo determine el Código Fiscal para el Distrito Federal.”

Colima, Ley de Transporte y de la Seguridad Vial del Estado de Colima, artículo 389:

“Artículo 389. Conducción bajo flujo de sustancias prohibidas.

1. ...

2. En caso de que el conductor sea del servicio de transporte público, se detendrá inmediatamente el vehículo, suspendiendo la operación del servicio, notificándolo al concesionario o permisionario, teniendo éste la opción de sustituir al conductor, en caso contrario, la autoridad competente augurará el vehículo”

Estado de México, Reglamento de Tránsito del Estado de México, artículo 106 quater, fracción IV:

“Artículo 106 Quáter. ...

IV. Cuando al momento de la infracción el conductor se encuentre acompañado de algún familiar o de persona sobria y disponga de la debida licencia de conducir, se le entregará a ella el vehículo, dejando constancia de ello; caso contrario, se deberá remitir el vehículo al depósito más cercano para su resguardo.

Morelos, Ley de Tránsito del Estado de Morelos, artículo 10bis, fracción VI:

“Artículo 10 Bis. ...

VI. En caso de que a un conductor se le detecten de 0.41 a 0.65 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se procederá a retirar el vehículo de la circulación y trasladarlo a un depósito público, cuando no se acompañe de alguna persona que pueda hacerse cargo del vehículo, previa autorización de aquél, independientemente de la sanción a la que se refiere el primer párrafo del presente artículo.”

Nayarit, Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Nayarit, artículo 90 B, segundo párrafo de la fracción IV:

“Artículo 90 B. ...

IV. El agente entregará un ejemplar del comprobante de los resultados de la prueba al juez calificador ante el cual sea presentado, documento que tendrá valor probatorio indiciario respecto de la cantidad de alcohol o de las sustancias psicotrópicas, estupefacientes o cualquier otra que altere el comportamiento de las personas y produzca dependencia física o psicológica y servirá de base para el dictamen del médico legista, que determine el tiempo probable de recuperación.

Cuando el conductor sobrepase la cantidad de alcohol permitida, el vehículo será remitido al depósito vehicular, a no ser, que cuente con alguna persona que conduzca el vehículo en los términos de Ley.”

Querétaro, Reglamento de la Ley de Tránsito de Querétaro, articulo 96, fracción I, inciso e):

“Artículo 96. ...

I. ...

e) Cuando el conductor sobrepase la cantidad de alcohol permitida conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, el vehículo será remitido al depósito de vehículos, salvo que algún acompañante del conductor con plena autorización del mismo, pueda conducir el vehículo en los términos del presente Reglamento.”

Sinaloa, Ley de Tránsito y Transporte del Estado del Sinaloa, artículo 161 Bis:

“Artículo 161 Bis. ...

Las autoridades de tránsito como medida de seguridad podrán retirar el vehículo de la vía pública, salvo que se cuente con alguna persona que lo conduzca en términos del presente ordenamiento y el conductor otorgue su consentimiento.”

Veracruz, Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz, artículo 248:

“Artículo 248. En caso de que el resultado de la prueba practicada arroje una tasa de alcohol en aire espirado (BAC) superior a 0.40 miligramos en aire espirado, es decir, 0.41 miligramos en aire espirado, el policía vial procederá a levantar la infracción que se calificará como muy grave.

Si en el vehículo viniere algún pasajero con licencia vigente y en condiciones normales para manejar, lo cual deberá probarse haciéndole la respectiva prueba de alcohol, éste podrá conducir dicha unidad, en caso contrario el vehículo será retirado de circulación y remitido al depósito con cargo al propietario del vehículo.”

Yucatán, Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, artículo 331, fracción I:

“Artículo 331. ...

I. Si el resultado de las pruebas practicadas arrojan una tasa de alcohol en la sangre (BAC) entre 0.060 y 0.079 miligramos por 100 mililitros o de alcohol en aire espirado (BrAC) inferior a 0.40 miligramos/litro, se les aplicará multa clasificada como grave y la medida cautelar de inmovilización del vehículo por representar un riesgo para la circulación, en este último caso, siempre que no haya una persona que pueda hacerse cargo de su conducción, cuya actuación haya sido requerida por el interesado. Además, se hará acreedor a una amonestación, y”

Conforme a información que presenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre los accidentes de tráfico en 2018, encabezan la lista Nuevo León 80 mil 863 accidentes y Chihuahua con 25 mil 938, seguidos por Jalisco con 24 mil 957 y Guanajuato con 19 mil 290.

Es importante comentar que la mayor parte de los estados que establecen en sus reglamentos, que en caso de que el conductor quede a disposición de las autoridades, algún acompañante que cuente con las aptitudes necesarias para poder conducir el vehículo podrá tomar el control del vehículo, son estados que cuentan con grúas propias.

Se considera que esta disposición que solo se encuentra regulada en 10 estados del país debería de ser incluida en las leyes y/o reglamentos, de Transporte, Movilidad y Viabilidad de los demás Estados, ya que debido a esto las compañías de grúas con las que el municipio hace contrato, aprovechan estos percances para obtener más dinero, pues cobran el arrastre del automóvil y el depósito del mismo, lo que más bien parece negocio entre las compañías de grúas con el municipio en lugar de ser un programa para prevenir accidentes automovilísticos.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los congresos de los estados del país que no contengan este supuesto a reformar sus leyes o reglamentos de transporte, movilidad y viabilidad para especificar que lo procedente después de una prueba confirmatoria de alcoholimetría, si en el vehículo viniere algún pasajero con licencia vigente y en condiciones normales para manejar, éste podrá conducir dicha unidad, con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a los acompañantes.

Bibliografía

- Programa Nacional de Alcoholimetría (Secretaría de Salud, 2010)

- Redacción ADN40, México ocupa séptimo lugar en muertes por accidentes de tránsito (10 de junio de 2018)

- Rosas Méndez, José Luis; Más de mil accidentes automovilísticos se registraron en Oaxaca durante el año 2018 (El Imparcial, 31 de diciembre de 2018)

- Sólo seis municipios de Oaxaca aplican alcoholímetro (El Universal, 21 de diciembre de 2017)

- Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

- Accidentes de Tráfico, (Inegi, 2018)

- Leyes y Reglamentos de Transporte; Tránsito y Vialidad de los Estados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días de octubre de 2019.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar por la SRE acciones para fortalecer los instrumentos de cooperación diplomática que permitan proteger los bienes culturales del país situados en el extranjero y lograr su restitución, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados federales Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido y Alfredo Antonio Gordillo Moreno de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El robo de piezas prehispánicas es una realidad que se presenta en nuestro país desde hace muchos años, atentando de forma grave contra el patrimonio cultural material e inmaterial de los mexicanos.

Esta práctica mercantilista, ha lucrado con el patrimonio de muchos países como es el caso del nuestro, quien ha sufrido de saqueos en las zonas arqueológicas que existen en las entidades federativas de nuestro país, por lo que hacer frente a estos ilícitos y garantizar el patrimonio de los mexicanos es primordial para garantizar la preservación de su historia cultural.

“Uno de los argumentos fundamentales que se utiliza en el combate contra el tráfico ilícito es que el desplazamiento de los bienes culturales conduce a la pérdida irremediable de su significado. Al descifrar un bien cultural, el arqueólogo, el etnólogo o el historiador pueden concluir de su contexto cuál es el valor de las relaciones de Interdependientes del bien cultural con el tiempo y el espacio. Para emplear una expresión gráfica que ha hecho fortuna, al bien cultural sustraído de su contexto se le asigna el calificativo de huérfano cultural, y amputado al monumento desproveído saqueado”.i

El robo de piezas prehispánicas y de arte en México se ha dado de forma impune en diferentes épocas de nuestro país, vulnerando el patrimonio cultural de las y los mexicanos, quienes son privados del disfrute de piezas con carácter histórico como es el caso de las desarrolladas por las diferentes culturas prehispánicas que habitaron nuestro territorio y cuyos herederos son nuestros pueblos y comunidades indígenas, así como de diferentes obras de arte que se han desarrollado a lo largo de la historia en México.

El Estado mexicano, en este sentido, debe de reforzar las acciones en materia de protección al patrimonio cultural material e inmaterial de las y los mexicanos, con el objetivo de erradicar este flagelo que atenta contra la riqueza cultural de nuestro país, a causa de personas sin escrúpulo que vulneran los elementos históricos con los que contamos.

De acuerdo al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el pasado 27 de agosto, tuvo conocimiento de una subasta promovida por la casa Drouot Millon de origen francesa, que se realizaría el miércoles 18 de septiembre subastando 120 piezas prehispánicas, de las cuales se aseguraba que 95 correspondian al patrimonio cultural de nuestro país.

“[...] de las 120 piezas a subastar, los expertos del INAH determinaron que 95 son de procedencia mexicana y de éstas, 23 de manufactura reciente. Detalló que las originales tienen su origen en Teotihuacan, en Guerrero y diversas entidades de la República, en particular de la región de las civilizaciones olmeca y maya.

La coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos de INAH, María Socorro Villarreal, aclaró a pregunta expresa que el dictamen de las piezas elaborado por expertos del INAH se basó de forma exclusiva en las fotografías del catálogo publicado por la casa Millon.

Precisó que el instituto tuvo noticia de la subasta el pasado 27 de agosto y que al día siguiente interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se abrió una carpeta de investigación.”ii

De acuerdo a lo que se señala en diferentes medios escritos se mencionó que, el valor de las piezas que serían subastadas en Francia, podían alcanzar un monto económico superior a los 80 mil Euros, lo que evidencia el gran costo que tienen estas piezas arqueológicas en el mercado negro y en el mercado regulado de objetos antiguos en diferentes países principalmente del continente Europeo.

“El precio que pueden alcanzar algunas de esas piezas durante la subasta es de 85 mil euros, según han consignado medios de comunicación, los cuales informaron la semana pasada cómo el gobierno de Guatemala anunció que la casa Millon había suspendido la venta de una de las piezas prehispánicas incluidas en ese remate: el fragmento de una estela arqueológica maya perteneciente a su patrimonio cultural, tras las acciones emprendidas por autoridades de ese país centroamericano”.iii

Ante estos hechos, el gobierno de nuestro país, con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), realizó diferentes acciones con la finalidad de evitar que fueran subastadas las piezas prehispánicas que son propiedad de México, sin embargo, las mismas no tuvieron mucho eco, ante la inminente subasta de las piezas arqueológicas por la casa francesa de Drouot Millon.

“Gómez Robledo recalcó que para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el patrimonio cultural es una de “las prioridades de política exterior”.

Precisó que se presentó una denuncia, por lo que la Fiscalía General de la República hizo llegar al ministerio de Justicia francés una solicitud de cooperación en materia penal, a la vez que se alertó a la UNESCO para que compruebe la procedencia de las piezas.

“El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) presentó una denuncia contra los propietarios de dichas piezas para obtener su restitución. Para tal efecto, el Fiscal General de la República (FGR) de México hizo llegar al Ministerio de Justicia francés una solicitud de cooperación en materia penal en el marco de la Convención de cooperación judicial en materia penal en vigor entre los dos países”, detallaron autoridades mexicanas, en un comunicado.

México cree además que el gobierno francés podría de ahora en adelante ser más receptivo a estas solicitudes, debido “al cambio de actitud” promovido por el presidente Emmanuel Macron, que el año pasado dijo que “el patrimonio de África no puede estar sólo en las colecciones privadas y los museos europeos”.iv

Las medidas emprendidas por el gobierno de mexicano para evitar la subasta de las piezas prehispánicas, no tuvieron ningún tipo de resultado, por lo que las mismas fueron puestas a la venta, el día 18 de septiembre de 2019, vulnerando el derecho que el gobierno tenía por ser patrimonio de las y los mexicanos.

“La subasta de arte precolombino que México intentó frenar en Francia, al considerar que la mayoría de sus piezas pertenecen al patrimonio cultural de nuestro país, alcanzó este miércoles 1.2 millones de euros.

[...]

En total 130 lotes, la mayoría de los cuales 95 eran propiedad del matrimonio de coleccionistas Manichak y Jean Aurance, que consiguieron vender el 93 por ciento por 860 mil euros (casi 18.5 millones de pesos)”v

Las piezas vendidas formaban parte de una colección privada de obras arqueológicas prehispánicas, de principios de los años 60, las cuales es muy común que existan en Europa, y que sean comercializadas, a costa del patrimonio de los países que sufren estos saqueos y el tráfico ilícito de las mismas.

“La comercialización de piezas arqueológicas, como la subasta que tendrá lugar mañana, desafortunadamente es frecuente en Francia y en otros lugares de Europa”, deploró el gobierno mexicano en un boletín emitido por la tarde, en el cual informó que la Fiscalía General de la República (FGR) pidió al Ministerio de Justicia francés que colabore en una investigación sobre los propietarios de estas piezas para “obtener su restitución”.vi

Ante este terrible acontecimiento, es necesario que México refuerce los mecanismos de protección de los bienes culturales propiedad de la nación que se encuentren en nuestro territorio o fuera de el, por lo que deben ponerse en marcha diversas acciones para garantizar su salvaguarda en favor de nuestro patrimonio cultural y su riqueza.

Es necesario que nuestro país, realice acciones para dar cumplimiento a las leyes nacionales como la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; así como en lo establecido dentro de diferentes instrumentos internacionales como la Convención de la UNESCO sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales de 1970, aceptada por nuestro país el 4 de octubre de 1972,vii la cual establece en términos generales lo siguiente:

“El Tratado de 1970 dispone que cada Estado parte, a solicitud de otro Estado suscribiente, debe poner a su disposición todos los medios legales en su poder a fin de recuperar y restituir los bienes culturales que procedan del territorio del Estado requirente”.viii

Lo anterior en congruencia a nuestra legislación, que señala que es un ilícito la venta y comercialización de este tipo de piezas arqueológicas.

De esta forma, podemos encontrar dentro del articulado de la Convención establecida por la UNESCO en 1970 los siguientes elementos que se señalan de forma textual:

“Artículo 3

Son ilícitas la importación, la exportación y la transferencia de propiedad de los bienes culturales que se efectúen infringiendo las disposiciones adoptadas por los Estados Partes en virtud de la presente Convención.

Artículo 9

Todo Estado Parte en la presente Convención, cuyo patrimonio cultural se encuentra en peligro, a consecuencia de pillajes arqueológicos o etnológicos podrá dirigir un llamamiento a los Estados interesados. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a participar en cualquier operación internacional concertada en esas circunstancias, para determinar y aplicar las medidas concretas necesarias, incluso el control de la exportación, la importación y el comercio internacional de los bienes culturales de que concretamente se trate. Mientras se transmita el establecimiento de un acuerdo, cada Estado interesado tomará disposiciones provisionales, en cuanto sea posible, para evitar que el patrimonio cultural del Estado peticionario sufra daños irreparables.”ix

Si bien es cierto que fue imposible impedir la subasta que finalmente se llevó a cabo el 18 de septiembre del año en curso, de las piezas prehispánicas propiedad de nuestro país, es necesario que el gobierno de México le dé seguimiento a las acciones que se habían emprendido para impedir la misma, con el objetivo de lograr que nos sean restituidas, además de evitar en lo sucesivo que en diferentes países del continente europeo y del mundo, que cuenten con piezas prehispánicas y culturales ilegalmente sacadas de nuestro país, no sean puestas a la venta y sean restituidas al patrimonio de las y los mexicanos.

“El titular de la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH abordó que la UNESCO en el área de cultura ha desarrollado y adoptado un conjunto de instrumentos normativos que buscan garantizar la protección y salvaguardia del patrimonio cultural en todas sus manifestaciones y que en su esencia, estos instrumentos tienen como hilo conductor el desarrollo de las comunidades y los pueblos “cuyo patrimonio cultural se busca preservar para futuras generaciones”.x

Lo anterior en razón a que la legislación de nuestro país, en específico la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; establece dentro de su artículo 53 las sanciones al que, sin permiso por cualquier medio, pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico. Por este motivo, se deben de hacer las gestiones necesarias para sancionar dichos ilícitos.

“Articulo 53. Al que por cualquier medio pretenda sacar o saque del país un monumento arqueológico, artístico o histórico, sin permiso del Instituto competente, se le impondrá prisión de cinco a doce años y de tres mil a cinco mil días multa.

Al que ordene, induzca, dirija, organice o financie las conductas descritas en el párrafo anterior, se les incrementará hasta por una mitad las penas antes señaladas.”

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta atenta y respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el ejercicio de sus funciones y facultades, realicen las acciones necesarias para fortalecer los mecanismos en materia de cooperación diplomática que permitan garantizar la protección de los bienes culturales de nuestro país que se encuentren fuera del territorio nacional, así como lograr su restitución.

Notas

i Sánchez Cordero, J. A. (2017). Los instrumentos internacionales y la protección del patrimonio cultural material mexicano. Obtenido de

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/473 1/12.pdf

ii La Jornada. (18 de septiembre de 2019). Poco puede hacer México para impedir subasta de arte prehispánico. Obtenido de https://www.jornada.com.mx/2019/09/18/cultura/a03n1cul

iii La Jornada. (18 de septiembre de 2019). Poco puede hacer México para impedir subasta de arte prehispánico. Obtenido de

https://www.jornada.com.mx/2019/09/18/cultura/a03n1cul

iv Animal Político. (17 de septiembre de 2019). México exige que se cancele una subasta de piezas arqueológicas en París; INAH presenta denuncia. Obtenido de

https://www.animalpolitico.com/2019/09/subasta-exigencia -mexico-paris-cancelacion-piezas/

v Noticieros Televisa. (18 de septiembre de 2019). Subasta de piezas prehispánicas mexicanas alcanza 1.2 millones de euros. Obtenido de https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/subastan-pieza-prehisp anica-mexicana-377-mil-euros-francia/

vi Proceso. (17 de septiembre de 2019). México pide cancelar subasta con 120 obras arqueológicas prehispánicas en Francia. Obtenido de

https://www.proceso.com.mx/600018/mexico-pide-cancelar-s ubasta-con-120-obras-arqueologicas-prehispanicas-en-francia

vii UNESCO. (s.f.). Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales. París, 14 de noviembre de 1970. Obtenido de

http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13039&language=S&order=alpha

viii Sánchez Cordero, J. A. (2017). Los Instrumentos Internacionales y la protección del Patrimonio Cultural Material Mexicano. Obtenido de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4731/12.pdf

ix UNESCO. (14 de noviembre de 1970). Convención sobre las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales 1970. Obtenido de

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13039&URL_ DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

x Secretaría de Cultura. (22 de octubre de 2013). Analizan el papel de la UNESCO en la protección del patrimonio cultural en Iberoamérica. Obtenido de https://www.gob.mx/cultura/prensa/analizan-el-papel-de-la-unesco-en-la- proteccion-del-patrimonio-cultural-en-iberoamerica

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica),Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a emitir por la Semarnat un reglamento nacional que regule el comportamiento de usuarios de playas y zona federal marítimo-terrestre, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Carmina Yadira Regalado Mardueño, diputada de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México tiene una gran longitud de costa, repartidas en dos vertientes: al occidente, el océano Pacífico y el Golfo de California; y al este, el Golfo de México y el mar Caribe compartiendo con Belice, Guatemala y Honduras el segundo sistema arrecifal más grande del mundo, por ello la longitud total de las costas mexicanas abarcan aproximadamente 11 mil 122 kilómetros, ocupando el segundo lugar en el continente americano.1

Nuestro país es excepcional en el ámbito marino, ya que su extensión es 1.6 veces mayor que la superficie terrestre, y es el único que posee un mar exclusivo, el Golfo de California.

Lamentablemente se ha descuidado el enorme potencial de riqueza con que cuenta en sus zonas costeras, estas costas son valiosas por las grandes posibilidades que ofrecen, significativas por las crecientes demandas de los habitantes que viven en ellas, y por la complejidad que representa la recuperación del equilibrio ecológico en su ambiente físico.

Nuestras costas están afectadas, como ocurre en otros países del mundo, esto, por un fuerte incremento de la población y la consiguiente intensificación de usos turístico, agrícola, industrial, pesquero y otros. A esta situación se ha llegado, en general, en actuaciones inconexas, originadas por la ineficiente coordinación en la aplicación de las legislaciones existentes, la cual establece el dominio público marítimo a cargo de la federación y el suelo a cargo de los municipios, sin tener en cuenta la interacción tierra-mar, ni la necesidad de establecer medidas que garanticen la conservación de estos espacios singularmente sensibles al deterioro, ni los costes externos a la propia acción ni la rentabilidad o valor social del medio.

Diversos son los factores que han incidido negativamente sobre la conservación de este escenario natural, revalorizado por el cambio en las costumbres humanas y por la civilización del ocio como fenómeno de masas. Con un largo y costoso proceso de renovación, hay que añadir la destrucción de manglares y otros ecosistemas que coadyuvan en el proceso natural del equilibrio ecológico.

Aunado a lo anterior, los mamíferos mexicanos incluyen el mayor número de especies marinas del planeta; la mayor parte de las cuales se encuentran en el Golfo de California, entre ellos la vaquita marina, que es una especie endémica de la parte alta de dicho golfo.

A nivel nacional, la ictiofauna se estima en aproximadamente 2 mil 122 especies, con 779 géneros.2 Entre las principales amenazas a la biodiversidad marina y costera de México se encuentran las descargas de contaminantes, el impacto de la sedimentación en los arrecifes por el arrastre de partículas del suelo producto de la deforestación de las cuencas medias y altas, la sobreexplotación pesquera, la creación de marinas, el turismo no controlado , las especies invasoras, y el blanqueamiento del coral producto del cambio climático global.

Mientras aumenta la demanda de recursos turísticos y alimenticios, la presión sobre las costas y mares mexicanos se incrementa; además, se trata de ecosistemas con poca protección legal, lo cual hace necesario dar prioridad a las zonas de mayor importancia para su conservación, toda vez que las personas que ocupan las zonas de playa no tienen un control que les delimite qué pueden y qué no pueden realizar

Los ecosistemas costeros están sub representados en el sistema de áreas naturales protegidas (ANP), ya que sólo 1.38 por ciento de los ambientes oceánicos están en alguna categoría de conservación.3

Es preciso reconocer que la conservación y manejo sustentable de los ambientes marinos requiere que algunas áreas se mantengan en su estado natural o lo menos perturbado posible.

En México, algunas zonas federales costeras fueron seleccionadas para su protección, por sus ecosistemas terrestres, dejando fuera o colindando apenas con los cuerpos de agua costeros y la zona litoral, actualmente 58 de las 161 ANP protegen ecosistemas costeros, con una superficie de alrededor de 12 millones de hectáreas, pero sólo 35 por ciento de esa superficie es marina.4

Los hechos evidencian que México es uno de los países del mundo donde las costas, en el aspecto de conservación del medio, está más gravemente amenazada, y ya es hora de poner fin a su grave y progresivo deterioro y a las alteraciones irreversibles de su equilibrio, por parte de las personas que utilizan y disfrutan nuestras playas.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 4o. párrafo quinto, que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”, 5 de lo anterior, se desprende que todos podemos disfrutar de un ambiente adecuado, pero así como existen derechos, también se generan obligaciones para poder disfrutar de nuestros ecosistemas como son las playas de nuestro país. Asimismo, los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Asimismo, en su artículo 27 se establece que “son bienes de dominio directo de la nación todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos”.

Por otro lado, el artículo 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales, señala que la zona federal marítimo-terrestre es un bien de uso común del dominio público de la federación y por tanto inalienable, imprescriptible e inembargable y no sujeto a acción de posesión definitiva o provisional,6 por lo que es facultad de la federación establecer las medidas necesarias para que la población utilice y disfrute en este caso las playas de nuestra nación, es por ello que se solicita se genere un reglamento que regule el actuar de los usuarios de este ecosistema, generando una conciencia de autocuidado y sobre todo de sustentabilidad para que nuestras playas que comprenden arrecifes, flora y fauna marítima se conserven en un estado y nuestras nuevas generaciones puedan disfrutar de estas bellezas que nos regala la naturaleza.

Existe además de lo anterior, la Norma Oficial Mexicana NMX-AA-120-SCFI-2006 en la que se comprende las dos modalidades de playa: 1) Para uso recreativo. 2) Prioritaria para la conservación.7

Los ecosistemas costeros no sólo abarcan una amplia gama de tipos de hábitat y una enorme riqueza de especies, sino que, además, albergan nutrientes y, en su ciclo, filtran contaminantes provenientes de los sistemas continentales de agua dulce, y ayudan a proteger la línea costera de la erosión y las tormentas.

Contiguo a la línea costera está el océano, que cumple un papel fundamental en la regulación hidrológica y el clima, además de constituir una importante fuente de carbono y oxígeno por su alta productividad de fitoplancton.

Por todo lo anterior, el uso, manejo y conservación de los ecosistemas costeros juegan un papel primordial en los planes y estrategias de desarrollo económico y social de un país.

Mundialmente se reconoce que una zona costera con playa contribuye de manera importante al desarrollo del potencial turístico de una región, por lo que la incidencia de las diversas actividades humanas en la calidad de las aguas marinas se manifiesta como prioritaria para muchos países. Es en este sentido, necesario que dentro del reglamento que se genere a raíz del presente exhorto, proponga la estricta certificación de playas limpias, con ello, se otorgan beneficios potenciales para la sociedad, el medio ambiente y para los gobiernos.

Atento a todo lo que se ha vertido en el presente documento, se puede observar que en nuestro país, lamentablemente no existe una reglamentación que regule las actividades de las personas que visitan las playas nacionales, ya que esta facultad se ha dejado en manos de los municipios, los cuales muchas veces son rebasados y no han contemplado el actuar de las personas en el disfrute de estas zonas, por lo que muchas veces la gente que se encuentra en estos lugares puede hacer cosas que dañan el ecosistema sin obtener una sanción a estos actos.

Es por ello que se pretende que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emita un reglamento a nivel nacional que vigile las actividades que realizan los usuarios de las playas con el objeto de regular, en el ámbito de las competencias municipales, las actividades, situaciones e instalaciones sean susceptibles de influir en las condiciones ambientales de las playas, con el fin de preservar la flora y fauna y mejorar el medio ambiente físico, urbano y natural, evitando los posibles efectos nocivos de aquéllas y los riesgos de contaminación de los elementos naturales, con el fin de crear un entorno limpio y favorable para la vida, el ocio, el descanso, el trabajo, protegiendo la salud de la población y promoviendo el desarrollo económico en armonía con el respeto al medio ambiente.

Con la creación del reglamento se pretende que se regulen las actividades que se realizan en las playas y litorales nacionales, así como los derechos y obligaciones que tiene la sociedad para disfrutar de ellas, para que se proteja este maravilloso ecosistema y se pueda contar con playas limpias, así como la protección de la flora y fauna marina, ya que el cuidar al planeta es obligación de todos lo que habitamos en él, porque finalmente es nuestro hábitat y único hogar, que le vamos a heredar a las futuras generaciones.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emita un reglamento a nivel nacional que regule el comportamiento de las personas que utilizan las playas y la zona federal marítimo terrestre de México.

Notas

1 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/oceanos-y-mares-de-mexico

2 https://www.biodiversidad.gob.mx/publicaciones/librosDig/pdf/divBiolMexEPais4.pdf

3 https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe_12/06_agua/cap6_5.html

4 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/mexico-protege-hoy-90-6-millones- de-hectareas-terrestres-y-marinas?idiom=es

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267_190118.pdf

7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/213866/NMX-AA-120-SCFI-2 016.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Conanp a redoblar esfuerzos para difundir y salvaguardar las áreas naturales protegidas en México, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En las últimas décadas hemos sido testigos de problemáticas ambientales realmente graves: sequías, tormentas, incendios forestales, erosión de playas, entre otros.

Ante esta problemática, cada vez más sentida por flora, fauna y la especie humana, es que proponemos atender problemáticas relacionadas con las áreas nacionales protegidas (ANP), fuentes de equilibrio ecológico y mitigadoras de problemáticas ambientales diversas.

En nuestro país existen 182 ANP de carácter federal administradas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de las cuales 145 son terrestres y 37 corresponden a superficie marina y costera, con una superficie total de 90,839,521.55 hectáreas y apoya 403 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, con una superficie de 503,379.17 hectáreas.1

De acuerdo con el artículo 3o., numeral II de la Ley General de Equilibrio Ecológico, se entiende por área natural protegida, lo siguiente:

II. Áreas naturales protegidas : las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente ley;

Es importante destacar que, dado que las ANP permanecen sin alteraciones humanas, es decir mantienen sus ambientes originales, son áreas que tienen un impacto positivo en el medio ambiente proporcionando estabilidad en los suelos, mitigación de los efectos del cambio climático, recarga de mantos acuíferos, entre otros.

La riqueza ambiental que caracteriza a las ANP, se encuentran registrados tanto bosques, como selvas, desiertos, playas, islas, entre otros; y en donde habitan especies endémicas o en peligro de extinción, por lo que la Conanp, a través del Programa de Conservación de Especies en Riesgo trabaja en su conservación y recuperación.

Algunos ejemplos de estas áreas son:

- Área de Protección de Flora y Fauna Bavispe, ubicada en el estado de Sonora con una superficie de 200 mil 900.66 hectáreas. Esta área fue decretada en 1939 como reserva forestal nacional y refugio de la fauna silvestre, y apenas el 17 de mayo de este año fue recategorizada con el fin de aplicar la normatividad vigente para dicha categoría.

- Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano, apenas decretada el pasado 7 de diciembre de 2016, la cual abarca 5 millones 754 mil 55 hectáreas, la mayor parte de superficie marina frente al estado de Quintana Roo que alberga una de las mayores riquezas naturales de México. Con este decreto se protege 50 por ciento del Sistema Arrecifal Mesoamericano, primera y única barrera arrecifal coralina transfronteriza del mundo, en el que se establece la prohibición total a la exploración y explotación de hidrocarburos restauradas.2

De manera particular, nos parece importante referirnos a las ANP en ambientes urbanos, ya que para las grandes ciudades en donde pueden encontrarse estás áreas sirven como zonas de amortiguamiento, proveen de servicios ambientales y son claves para evitar desastres naturales como inundaciones.

En el caso de la Ciudad de México, existen 19 áreas naturales protegidas decretadas, de las cuales 8 son parques nacionales, las cuales están en coadministración con la Conanp y, sumándolas a la superficie de las ANP locales tenemos un total de 20, 924.95 hectáreas, que representan 23 por ciento del suelo de conservación de la Ciudad de México.3

Como ejemplo del ANP ubicada en ambientes urbanos, se encuentra:

- La sierra de Santa Catarina, reconocida como zona de conservación ecológica el 21 de agosto de 2003, mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial, está ubicada en las alcaldías de Iztapalapa y Tláhuac, abarcando una superficie de 220.55 hectáreas, administrada por la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México y con un tipo de vegetación de pastizal, matorral y xerófilo.4

Desafortunadamente, las ANP enfrentan graves problemas como poca difusión respecto de su existencia, cuidado y conservación.

En la reserva de Montes Azules, el problema de las invasiones, la cacería, tala, pesca ilegal e incendios forestales es una constante.

En la Ciudad de México, la sierra de Santa Cataría enfrentó problemas desde 2012 con la explotación minera indiscriminada,5 los asentamientos irregulares y las descargas de basura.6

Por tanto, las autoridades responsables de la administración, preservación y conservación de las ANP tienen desafíos importantes.

Estas áreas, están sujetas al régimen previsto en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la cual establece seis categorías en las que se clasifican las ANP, y la necesidad de que cada área cuente con un programa de manejo que es el instrumento rector de planeación y regulación que establece las actividades acciones y lineamientos básicos para su manejo y administración.

De acuerdo con el artículo 1o. la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como da la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Por lo que tienen como objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para:

“IV. La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;”

En este sentido se considera de utilidad pública:

Artículo 2o.

...

III. La formulación y ejecución de acciones de protección y preservación de la biodiversidad del territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, así como el aprovechamiento de material genético;

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cumplió este año, 19 años de estar a cargo de la administración de las áreas naturales protegidas y es responsable de dirigir los esfuerzos de conservación de las áreas nacionales protegidas.

De acuerdo con el artículo 158, numeral III de la LGEEPA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

III. Celebrará convenios con los medios de comunicación masiva para la difusión, información y promoción de acciones de preservación del equilibrio ecológico y la protección al ambiente;

Al mismo tiempo, el artículo 56 de la LGEEPA, establece que:

“Artículo 56 Bis. La Secretaría constituirá un Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que estará integrado por representantes de la misma, de otras dependencias y entidades de la administración pública federal, así como de instituciones académicas y centros de investigación, agrupaciones de productores y empresarios, organizaciones no gubernamentales y de otros organismos de carácter social o privado, así como personas físicas, con reconocido prestigio en la materia.

El consejo fungirá como órgano de consulta y apoyo de la secretaría en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política para el establecimiento, manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de su competencia.

Las opiniones y recomendaciones que formule el consejo, deberán ser considerados por la secretaría en el ejercicio de las facultades que en materia de áreas naturales protegidas le corresponden conforme a éste y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

El consejo podrá invitar a sus sesiones a representantes de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, cuando se traten asuntos relacionados con áreas naturales protegidas de competencia federal que se encuentren dentro de su territorio. Asimismo, podrá invitar a representantes de ejidos, comunidades, propietarios, poseedores y en general a cualquier persona cuya participación sea necesaria conforme al asunto que en cada caso se trate.”

En este sentido, sin duda deben ponerse a andar varias estrategias como podrían ser:

De difusión, con el objetivo de que pobladores aledaños y ciudadanía reconozcan las ANP locales.

De participación, para que pobladores locales, productores y usuarios conozcan la importancia de conservar las ANP y se involucren en la planificación y gestión ambiental.

De administración, que prevean sistemas de protección catastrales o de registro de propiedad, creación de redes de áreas protegidas locales, promoción de la educación ambiental como parte de la interacción hombre-naturaleza.

De legalidad, promover mayor participación pública en el tema de la conservación ambiental.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo para quedar como sigue

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas a redoblar los esfuerzos para difundir y proteger las áreas naturales protegidas en México.

Notas

1 Semarnat. https://www.gob.mx/semarnat/es/articulos/inedito-21-de-junio-articulo-c entral-anp-corazon-del-patrimonio-natural-de-mexico-mas-de-90-millones- de-has-resguardan-porciones-terrestres-acuaticas-e-insulares-de-importa ncia-para-la-conservacion-de-la-biodiversidad-desde-tiempos-remotos-ya- s?idiom=es

2 Conanp: más de tres lustros de conservar el patrimonio natural de México (2017) consultado en: https://www.ecoticias.com/eco-america/139394/CONANP-mas-de-tres-lustros -de-conservar-el-patrimonio-natural-de-Mexico

3 Sedema. Áreas Naturales Protegidas.
https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/areas-naturales-protegidas

4 Sedema (2019). https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/areas-naturales-protegida s

5 Santiago Zapotitlán,
http://santiagozapotitlan.com.mx/empresas-mineras-desgarran-el-vientre-de-la-sierra-de-santa-catarina/

6 Notimex (2018)
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/sierra-de-santa-catarina-hoy-sufre-un-grave-enfisema-pulmonar-1960432.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 7 de octubre, 106 aniversario luctuoso del senador chiapaneco Belisario Domínguez, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

Belisario Domínguez Palencia nació en Comitán Chiapas el 25 de abril de 1863, estudio en la escuela de Medicina de Paris y en su regreso a México, vuelve a su natal Comitán a fundar su consultorio y practicar la medicina, con ello visito distintas zonas marginadas para atender a los enfermos, derivado de estos recorridos realizados conoce la miseria en la que vive su Estado, a pesar de su gran riqueza natural esto debido a los malos gobernantes; decidido a cambiar las cosas, inicia una campaña con periodistas para hacer del conocimiento del país las carencias que existían en su estado natal, hace circular un escrito titulado “Chiapas”, funda el periódico “El Vate” así como una farmacia llamada “Fraternidad” con precios especiales para los pobres.

En 1911 se postula como candidato a presidente del Municipio de Comitán por el Partido Liberal, ganando la elección; para 1912 es elegido como senador suplente por el Club Liberal Chiapaneco; en 1913 visitando la Ciudad de México es testigo de la Decena Trágica y vive los momentos en que Victoriano Huerta usurpa la presidencia a través de esta masacre, conmovido, se ofrece como voluntario para curar los heridos de ese penoso hecho.

Para el 3 de marzo de ese año muere el senador titular Leopoldo Gult también víctima de la decena trágica, tomando Belisario Domínguez su lugar como Senador, ya como legislador se incorpora al grupo de maderistas que existen en la cámara alta, sus discursos fueron vetados por el presidente de la Cámara, sin embargo, consigue imprimirlos y distribuirlos con el apoyo de María Hernández Zarco, acusando a Huerta de usurpador, asesino, traidor, vergüenza nacional y solicitándole su renuncia.

Este gran hombre tenía en su estirpe la lucha por la justicia, ya que su abuelo al igual que su padre fueron destacados liberales que participaron en las guerras de reforma y contra la intervención francesa; Los continuos discursos en contra del autoritarismo del gobierno de Huerta y el negarle el saludo de mano a este, fueron algunos de los desaires justificados hechos por Belisario hacia el entonces presidente, esto conllevaría a que un 7 de octubre de 1913 a las once y media de la noche el gran Belisario Domínguez fuera extraído de su hotel y llevado a una casa en Tacubaya en donde fue torturado y posteriormente asesinado por los esbirros de Huerta quienes sepultan el cadáver que habían intentado quemar, en las inmediaciones del cementerio de Coyoacán.

Esta acción tuvo como resultado una investigación decretada por la cámara de Diputados con el apoyo de la Cámara de Senadores, sin embargo, el consejo de ministros de Huerta solicita retiren su petición y al negarse se disuelve la cámara por medio de la fuerza pública con 110 diputados encarcelados y el Senado decide su autodisolución, con ello se evidencia la falta de legalidad, aumentando el desprestigio del gobierno huertista a nivel internacional.

Por los hechos relatados anteriormente se considera que el sacrificio de Belisario Domínguez tuvo un gran aporte para la Revolución y para la conciencia moral del pueblo mexicano; por lo que desde el año de 1953 por decreto en el Senado de la Republica se honra la memoria de este personaje histórico otorgando una medalla con su nombre a mexicanos distinguidos por su ciencia o virtud en grado inminente como servidores de la patria o de la humanidad.

También se considera Héroe de la libertad de expresión, ya que por razones como esta, es que se nos otorgó la protección constitucional a los legisladores, por ello tenemos libertad de expresión y no vivimos con el miedo a ser reprimidos por lo que expresemos durante el tiempo en nuestras funciones.

Compañeras y compañeros legisladores los invito a hacer conciencia y como el Senador Belisario Domínguez Palencia recorramos nuestros distritos para conocer las carencias de las comunidades que venimos a representar aquí, los invito a que nos conduzcamos con responsabilidad y honorabilidad en cada una de las de decisiones que se toman en esta honorable soberanía para así poder dar a los más pobres y desprotegidos un mejor futuro.

Mexicanos y mexicanas, hagamos honor todos los días de nuestra vida al Senador Belisario Domínguez quien inmortalizo su frase: “Si cada uno de los mexicanos hiciera lo que corresponde, la patria estaría salvada.”

Es cuanto.

Bibliografía

-Sitio oficial de la Medalla Belisario Domínguez, Senado de la República.

-Sitio oficial del Héroe de la Libertad de expresión Belisario Domínguez, Senado de la República.

-Carmona Dávila, Doralicia (2019) Belisario Domínguez Palencia, Memoria Política de México, Instituto Nacional de Estudios Políticos, AC.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con motivo del 7 de octubre, 106 aniversario luctuoso del doctor Belisario Domínguez Placencia, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción XI del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta la siguiente efeméride relativa al 106 aniversario luctuoso del doctor Belisario Domínguez Palencia.

El doctor Belisario Domínguez Palencia “El Prócer de la Palabra” fue presidente municipal de Comitán y senador suplente por el estado de Chiapas nominado por el Club Liberal Chiapaneco.

En 1904, fundó el periódico El Vate , en el que publicó artículos contra Porfirio Díaz y el gobernador de Chiapas. En 1912, fue nombrado senador suplente de Chiapas.1

El 7 de octubre de 1913 el doctor Belisario Domínguez Palencia falleció2 en la Ciudad de México y desde 1954, el Senado de la República entrega una medalla en su honor a ciudadanos que se distingan por sus servicios a la nación o a la humanidad.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores cuenta con la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez cuya principal atribución será la altísima responsabilidad de organizar anualmente la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, que es la máxima distinción que otorga el Estado mexicano y el Senado de la República a aquellos mexicanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de la humanidad.3

El año de 2013 fue designado como el Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y de la República por el Senado.

El 23 y 29 de septiembre, los discursos que iba a pronunciar en el Senado fueron vetados por el presidente en turno de esa Cámara, dado su contenido contra el Presidente en turno, a quien llamó usurpador, asesino, traidor, “vergüenza nacional” y pidió su renuncia.4

El sacrificio del senador Domínguez originó una fuerte reacción en el Poder Legislativo; el presidente Huerta decidió la disolución del Congreso, lo que le quitó a su gobierno la apariencia de legalidad, y demostró que era en verdad una dictadura.

El 7 de octubre de 2019 se proclama el 106 aniversario de “El Prócer de la Palabra”, con su memoria más vigente que nunca.

Notas

1 https://lopezdoriga.com/nacional/quien-fue-belisario-dominguez/

2 https://relatosehistorias.mx/nuestras-historias/el-7-de-octubre-de-1913 -fue-asesinado-el-senador-belisario-dominguez

3 http://www.senado.gob.mx/comisiones/medalla_bd/

4 http://www.archivohistorico2010.sedena.gob.mx/personajeshistoricos/aniv ersariEl Prócer de la Palabra”o-luctuoso—de-belisario-dominguez

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de octubre de 2019.

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica)