Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Chihuahua a observar lo establecido en la Constitución Política local y reponer el procedimiento de elección de la Mesa Directiva, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Ulises García Soto, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la Constitución Política del Estado de Chihuahua instituye que, para el buen ejercicio del Poder del Estado, se compondrá en tres poderes que son el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en este caso el Poder Legislativo denominado “Congreso del Estado”, constituido por una Cámara de Diputados integrada por 33 diputados.

La LXVI Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua, que inició con el trabajo legislativo el primero de septiembre del 2018. La composición de los Grupos Parlamentarios quedó integrada por 11 diputados del PAN, 8 de Morena, 4 del PRI, 4 del PES, 2 del PT, 2 de Movimiento Ciudadano, 1 del Verde y 1 del Panal, lo que designó al PAN y Morena como las dos fuerzas políticas con mayor representación en el Congreso. De conformidad con el marco legal, el diputado Jesús Villarreal Macías del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presidió la mesa directiva durante un año legislativo, ya que el PAN es la primera fuerza política que tendría el poder del órgano de dirección un año. Asimismo, es precepto constitucional que la Presidencia de la Mesa Directiva se ejercerá de manera alternada:

“Artículo 61. El Congreso del Estado tendrá una Mesa Directiva que será el órgano encargado de dirigir sus trabajos.

Se integrará por un presidente, dos vicepresidentes, dos secretarios y cuatro prosecretarios, quienes durarán en funciones un año.

En su conformación se privilegiará la paridad de género y la composición plural del Congreso.

La Mesa Directiva se elegirá por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, dentro de los diez días previos al inicio de cada año legislativo.

La Presidencia de la Mesa Directiva se ejercerá de manera alternada entre los integrantes de los grupos y coaliciones parlamentarios, considerando de manera prioritaria, a los diputados representantes de los partidos políticos que por sí mismos constituyan la primera y segunda fuerza política. El orden para presidir este órgano será acordado por la Junta de Coordinación Política.

Los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios no podrán presidir la Mesa Directiva.”

De igual forma, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua señala en su artículo 68 lo siguiente: “la Presidencia de la Mesa Directiva se ejercerá de manera alternada entre los integrantes de los grupos y coaliciones parlamentarios, considerando de manera prioritaria, a los Diputados representantes de los partidos políticos que por sí mismos constituyan la primera y segunda fuerza política. El orden para presidir este órgano será acordado por la Junta de Coordinación Política. En cada caso, una de las Vicepresidencias deberá pertenecer a los integrantes de un grupo o coalición parlamentaria, o partido político distinto al de la o el diputado que ocupe la Presidencia.”

Según lo establecido en la Ley Orgánica, artículo 68, mencionado anteriormente, los puestos que presidirán el Congreso serán alternados entre la primera y la segunda fuerza política, por lo que el primer año corresponde al PAN y el segundo año a Morena.

Sin embargo, integrantes de la LXVI del Congreso del Estado de Chihuahua aprobaron la integración de la nueva mesa directiva en una reunión que no fue convocada legalmente por el encargado de la Secretaría de Asuntos Legislativos del Congreso1.Por otra parte, cabe señalar que ya había una convocatoria por parte del Presidente de la Junta de Coordinación Política en la cual se pretendía discutir la integración de la mesa directiva.

No obstante, se impuso como presidente de la Mesa Directiva al diputado René Frías Bencomo, único integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, siendo que era el Grupo Parlamentario de Morena quien debía presidir, debido a que corresponde a la segunda fuerza política y es entonces, que se está haciendo caso omiso a lo previsto por la ley.

Ante dichas eventualidades se desprende que existen graves violaciones al derecho parlamentario y a los derechos de los grupos parlamentarios que representa la pluralidad en la Cámara chihuahuense. Estas arbitrariedades no deben darse en ningún poder y sobre todo en el Poder Legislativo que es emanado de la democracia.

Por esta situación, es objetivo del presente Punto de Acuerdo es exhortar de manera respetuosa a que dicho poder local respete las normas establecidas para su correcto funcionamiento en virtud de que es el principal organismo creador de leyes locales. Y por un principio de congruencia, es un ente obligado a respetar la Constitución del estado, así como las leyes que de esta emanan.

En la Cámara de Diputados Federal, se ha respetado la pluralidad política y la representatividad de los grupos parlamentarios en órganos de dirección; en consecuencia, esta Cámara de Diputados cuenta con la calidad moral y con los elementos normativos positivos para señalar las irregularidades y exhortar que se cumpla con los principios democráticos que son objetivos de la nación mexicana y de todos sus ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, somete a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la LXVI Legislatura del honorable Congreso del estado de Chihuahua a respetar la movilidad política de la Mesa Directiva de dicha asamblea y procurar lo establecido en la Constitución Política del Estado, con el objeto de que reponga el procedimiento de elección de la Mesa Directiva.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.

Diputado Ulises García Soto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y la Profeco a implantar más módulos de atención al consumidor integrados por inspectores en todos los aeropuertos del territorio nacional, ante la necesidad de dar pronta resolución a conflictos derivados de tarifas opacas, abusos o cambios de precio sin previo aviso por la industria de transporte aéreo comercial, a cargo del diputado José Salvador Quintanilla Rosas, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que se implementen un mayor número de módulos de atención al consumidor, integrados por sus correspondientes inspectores, en todos los aeropuertos en territorio nacional y su respectiva campaña informativa para el consumidor, ante la necesidad de dar una pronta respuesta a la resolución de conflictos derivados de tarifas opacas, abusos o cambios de precios sin previo aviso protagonizados por la industria de transporte aéreo comercial, al tenor de las siguientes.

Consideraciones

La posibilidad de realizar transacciones en tiempos tan cortos entre distancias largas es un privilegio que únicamente hemos podido disfrutar en tiempos recientes. La masificación del automóvil y el avión en el siglo pasado vinieron a establecer nuevas reglas en el juego del progreso. Por ello, su relevancia nunca ha pasado desapercibida, ya que son objetos de discusión cotidiana en temas ecológicos, económicos, políticos y sociales. El papel que hoy en día desarrollan los diversos medios de transporte mercantil en las cadenas globales de producción ha demostrado la complejidad de la economía contemporánea derivada de acortar tiempos y acercar espacios.

El rol que el servicio de transporte aéreo público y privado masificado jugó en la consolidación de la industrialización fue central. Con su incursión cotidiana, el servicio revolucionó la industria turística y el mercado laboral de formas nunca vistas antes del siglo pasado. Tal motivo se ve plasmado hoy en día en una industria multimillonaria que se estima generará utilidades cerca de los 35 mil 500 millones de dólares a nivel global para finales del año 2019.1

Su ganancia económica no solamente es impresionante, sino que es resultado de una industria la cual está presente en eventos mediáticos de escala global, como en la publicidad presente en playeras deportivas, mundiales de futbol y festivales musicales. En pocas palabras, su presencia es notoria y su modelo de negocio fructífero en las sociedad contemporáneas.

Tal razón resulta suficiente para asumir que sus estándares de calidad son sumamente altos y las normatividades nacionales los suficientemente pertinentes para evitar cualquier clase de problemática.

Desafortunadamente, la posición en la cual se encuentra la industria de las aerolíneas les da una posición privilegiada, su influencia es palpable en múltiples ámbitos de la vida cotidiana de la ciudadanía (el caso del recientemente cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es ejemplo de ello), donde por desgracia el abuso cometido por ellas ha sido un tema de discusión por parte de legisladores nacionales y en otros países.

Ya en 2017 se realizaron una serie de reformas y adiciones a la Ley de Aviación Civil y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicados en el Diario Oficial de la Federación de 26 de junio de ese año,2 en las cuales se buscaba penar los abusos cometidos con cotidianidad por parte de las aerolíneas, especialmente aquellos que implican montos por la más mínima modificación, corrección o reclamo por parte del consumidor. Estos se encuentran muy bien condensados en el portal de la Procuraduría Federal del Consumidor,3 donde existe todo un cuadro comparativo acerca de cuáles son las políticas de compensación que corresponden de acorde al tipo de infracción cometida por las diferentes aerolíneas, las cuales cuenta con políticas de compensación diversas y propias de cada compañía.

A pesar de ello, con la existencia explicita de normatividades de compensación, existe un referente para recalcar que esta medida no ha sido suficiente. La reciente multa efectuada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en mayo de 2019 a las compañías Aeroméxico, Mexicana de Aviación y a tres personas físicas, debido a prácticas monopólicas en referencia al control de precios4 muestra que las prácticas de obtención de beneficio económico por parte de la industria tienden a tener un respaldo moral dudoso. Lo lamentable de esta situación corresponde a que los actos fueron cometidos hace una década, lo que muestra la lenta respuesta por parte de las autoridades mexicanas para hacer frente a ilegalidades de esta clase.

A manera de ejercicio reflexivo, la manipulación y determinación de los precios se asemeja a una versión menos discutida de lo que sería un algoritmo similar al de las “tarifas dinámicas” que las aplicaciones de servicio de taxis, como Uber y Didi, emplean. Estas, mediante el argumento de la propiedad intelectual, se escudan detrás de una “caja negra”, la cual contiene los criterios que las empresas elaboran para establecer sus precios. En el caso de las tarifas para los cambios de vuelo o los montos por peso del equipaje, la tendencia monopólica de la industria les permite generar sobreprecios artificiales, los cuales son sumamente perjudiciales para los pasajeros y usuarios del servicio.

Situaciones contingentes dejan sin defensas a los usuarios, donde las aerolíneas usualmente piden empatía por parte de la ciudadanía y las autoridades, pero no muestran ninguna respecto a su clientela.

Por esta razón, resulta indispensable ponernos del lado del consumidor y la ciudadanía en favor de un servicio que sea justo para todas las partes. Tal escenario supondría el mantenimiento de los más altos estándares de calidad al ser una de las industrias de transporte de mayor magnitud.

Por ello, fortalecer la presencia de módulos de la Procuraduría Federal del Consumidor en las diversas terminales y aeropuertos del país es una medida en favor de la pronta respuesta que requieren situaciones como las tarifas extraordinarias o alguna resolución de conflicto relacionada con vuelos inmediatos.

Problemáticas de esta clase, al no ser solucionadas de forma rápida, representan pérdidas para el consumidor y un nicho de abusos por parte de la industria, la cual no tiene las mismas necesidades temporales que sí tiene un usuario de transporte aéreo, el cuál condiciona su tiempo y agenda a partir del tiempo de viaje necesario para el desarrollo de sus actividades personales y laborales.

En un año donde los boletos de avión alcanzaron su máximo histórico en la industria nacional,5 garantizar un trato justo para la ciudadanía demanda de una revisión constante por parte de las autoridades ante las medidas implementadas por los actores partícipes de la industria y con un potencial perjudicial para el usuario promedio.

Tal es el motivo para demandar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Procuraduría Federal del Consumidor, que realicen las labores necesarias para ampliar la oferta de módulos y así evitar que los abusos por parte de las aerolíneas encuentran se consoliden y diversifiquen en su búsqueda por maximizar su ganancia, donde el bienestar de los pasajeros pasa a un segundo plano.

Ante la existencia de una industria fuerte, importante para el bienestar nacional y con una gran capacidad de influencia, realizar lo correcto y diseñar políticas que promuevan la libre industria, pero que a su vez garanticen un trato ético con el consumidor, debe ser prioritario.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero . La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para coordinarse en la ampliación de módulos de atención al consumidor, integrados por sus correspondientes inspectores, en todos los aeropuertos en territorio nacional, ante la necesidad de dar una pronta respuesta a la resolución de conflictos derivados de tarifas opacas, abusos o cambios de precios sin previo aviso protagonizados por la industria de transporte aéreo comercial.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respetuosamente exhorta a Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para que se realice una campaña de difusión informativa en aeropuertos y medios de comunicación masiva, en la cual se anuncie el aumento de la cantidad de módulos y la presencia de representantes de la Procuraduría Federal del Consumidor en todos los aeropuertos en territorio nacional, ante la necesidad de dar una pronta respuesta a la resolución de conflictos derivados de tarifas opacas, abusos o cambios de precios sin previo aviso protagonizados por la industria de transporte aéreo comercial.

Notas

1 Roberto Valadez. (2018). Por alza en turbosina, vuelven a revisar a la baja expectativa de ganancias de aerolíneas. 21 de junio de 2019, de Milenio. Sitio web:

https://www.milenio.com/negocios/alza-turbosina-vuelven- revisar-baja-ganancias-aerolineas

2 Profeco. (2017). Derechos de los Pasajeros y Políticas de Compensación de Aerolíneas. 21 de junio de 2019, de Profeco. Sitio web: https://www.profeco.gob.mx/politicasaviacion/index.html

3 Ídem

4 Notimex. (2019). Cofece multa a Aeroméxico por 86 millones de pesos. 21 de junio de 2019, de El Economista. Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Cofece-multa-a- Aeromexico-por-86-millones-de-pesos-20190401-0045.html

5 Tláloc Puga. (2019). Boletos de avión por los cielos, su mayor alza en 23 años. 21 de junio de 2019, de El Universal. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/cartera/boletos-de-avion-por-los-cielos- su-mayor-alza-en-23-anos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener y Pemex a transparentar y hacer de conocimiento público los costos adicionales en la construcción de la refinería Dos Bocas, en Tabasco, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada Soraya Pérez Munguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos para que transparenten y hagan de conocimiento público los costos adicionales en la construcción de la refinería Dos Bocas, Tabasco, derivado de las condicionantes que estableció la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado mes de agosto la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente expidió la autorización condicionada a favor de Petróleos Mexicanos del proyecto denominado “Construcción de la refinería Dos Bocas”.

De acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la evaluación de la ASEA sobre el Impacto y el Riesgo Ambiental, se establecieron ciertos requisitos que se deberán cumplir en la construcción y operación de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, entre las que se encuentran las siguientes:

1. En razón de que el proyecto se construirá en sitios donde existen humedales, se ha prohibido interrumpir o desviar cualquier cauce o flujo de escurrimientos (temporales o permanentes), drenes, arroyos, canales, o cualquier otro tipo de cuerpos de agua; asimismo, deberá mantenerse a salvo la integridad del flujo hidrológico de la zona remanente del manglar que se localiza en las orillas del río Seco.

2. Como medida de compensación conforme a la afectación causada, se imponen acciones de reforestación en la laguna de Mecoacán.

3. Se ordena la realización de acciones específicas para la protección de los remanentes de manglar que quedan en el cauce del rio Seco, por lo que deberá de realizar el monitoreo de tasas de cambio del manglar a través del Sistema de Monitoreo de los Manglares de México, identificando el estado y las tendencias de cambio (pérdida, deterioro o recuperación) de la cobertura de manglar en el Sistema Ambiental Regional (SAR) y en el área de construcción.

4. Se impone a Pemex la obligación de presentar un programa de monitoreo de la calidad de agua superficial y subterránea durante la vida del Proyecto, en el sitio del mismo y en el SAR.

5. Pemex deberá aplicar un Programa de Rescate y Reubicación de Flora cuyo objetivo es el de proteger la diversidad florística del área del proyecto.

6. Deberá implementar un Programa de Ahuyentamiento, Rescate y Reubicación Fauna el cual tendrá la finalidad de rescatar y reubicar a los individuos de fauna silvestre que se llegaran a encontrar en el área del Proyecto, poniendo especial énfasis en las especies que se encuentran incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y aquellas de baja o lenta movilidad.

7. Deberán de presentar un Programa de Monitoreo a Variables de Vulnerabilidad al Cambio Climático.

Este proyecto ha sido altamente controvertido desde que fue propuesto por el Gobierno Federal, puesto que en un inicio el presupuesto asignado para su construcción de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador ascendería a los 8 mil millones de dólares, sin embargo, sigue aumentando.

En su momento, el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) señaló que la construcción de la refinería tendría un costo superior a los 14 mil 740 millones de dólares, bajo dos escenarios, uno con una inversión del 100 por ciento de recursos públicos, y el otro con una inversión pública del 30 por ciento, y un 70 por ciento restante obtenido de algún otro financiamiento, que se pague a 15 años.

El Instituto Mexicano para la Competitividad, propuso cancelar su construcción, ya que, de acuerdo con sus estudios, la inversión sólo tiene 2.0 por ciento de probabilidad de éxito, teniendo más costos que beneficios.

También se ha señalado que la construcción de la refinería de Dos Bocas pone en riesgo zonas de mangle y especies como cocodrilos, el halcón peregrino, el manatí, el pejelagarto, el cangrejo herradura, entre otros, por lo que es fundamental adoptar las medidas necesarias para evitar una posible catástrofe ambiental en el sur del país.

Como ya es de conocimiento de la opinión pública, el proyecto de Dos Bocas se ha caracterizado por la opacidad del Gobierno Federal, ya que el pasado 18 de junio ASEA, liberó la Manifestación de Impacto ambiental y el Estudio de Riesgo correspondiente al proyecto para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, a fin de que pueda ser consultada por cualquier persona, sin embargo, se censuraron ciertos contenidos como el monto total de la inversión, así como la extensión del predio donde se instalará y los impactos negativos que derivarán de la construcción.

Tan sólo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ya había exhortado a Petróleos Mexicanos (Pemex) a entregar información sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas, sin embargo, han sobrado las escusas y, cuando se presenta información, es incompleta.

Además, desde el inicio se evidenciaron irregularidades. Hay que recordar que en enero del presente año la ASEA multó con 13 millones 900 mil pesos a la empresa SCCA por el desmonte ilegal de vegetación en el predio donde se construye la refinería.

El derecho de acceso a la información pública es la base para el ejercicio de otros derechos, como la libertad de opinión y expresión; promueve la participación ciudadana en la gestión pública y es un elemento necesario para el debate informado sobre esas acciones.

Por lo anterior, resulta fundamental que cualquier información que esté relacionada con la construcción de la refinería de Dos Bocas, sea de acceso libre a la opinión pública, atendiendo a los principios de transparencia y legalidad que se establecen en la Constitución.

Una obligación de todo Estado democrático es la publicidad de los actos gubernamentales, no sólo como mecanismo de control de dichos actos, sino como el insumo principal para la participación libre e informada de las decisiones colectivas, por lo que es necesario que la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos transparenten y hagan de conocimiento público los costos adicionales en la construcción de la refinería dos bocas tabasco.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos a transparentar y hacer del conocimiento público los costos adicionales en la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, derivado de las condicionantes que estableció la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 1 de octubre de 2019.

Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Sonora a instruir a quien corresponda para generar una política pública que prevenga, contenga y elimine los suicidios en la entidad, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es alarmante la tasa elevada de suicidios en Sonora, los principales afectados son los adolescentes y jóvenes quienes tienden a enfocarse en pensamientos suicidas, derivado de problemáticas que viven a su alrededor.

Entre ellas, se da la desintegración familiar; son contados por miles los hogares donde solamente la mujer mantiene la totalidad del gasto en el hogar. Al ser familia monoparental y trabajar para poder erogar las necesidades básicas de la familia, existe ausencia de la figura materna, por lo que se da un alejamiento de los pensamientos de los hijos, de sus problemas cotidianos y de la muestra de afecto y cariño.

Ello puede conllevar a la depresión y pensamientos suicidas, si le sumamos elementos negativos, como bullyng, anorexia, bulimia o rompimientos amorosos, la situación se agrava.

Hermosillo, Sonora. - Sonora se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional en suicidios, principalmente en jóvenes de 15 a 29 años, y las causas van desde depresión, desintegración familiar, desilusiones amorosas, entre otras.

En lo que va del año suman 229 casos de suicidios en la entidad, lo que significa que cada día un promedio de 5 personas se quitan la vida, reveló el doctor Alejandro Aguilar Tejeda, director general del Instituto Hispanomericano de Suicidología.

De acuerdo a datos del Inegi, los jóvenes son más vulnerables a llevar a cabo esto. Se habla de que de 100 casos, menos del 52 por ciento se logran rescatar a nivel nacional.

En 2017 se registraron 6 mil 669 casos consumados en la República Mexicana, de los cuales entre el 65 y 70 por ciento fueron jóvenes en ese rango de edad, y un porcentaje menor en niños, adultos y tercera edad.1

El problema está presente en el pensamiento colectivo de los ciudadanos, tan es así que los sectores se han manifestado preocupados por la falta de comunicación que existe en los hogares y que deriva en suicidios.

El neoliberalismo ha provocado serios problemas de salud mental en la clase trabajadora que lo llevan a sufrir problemas de estrés, adicciones, depresión y suicidio, en 2016 hubo 195 salidas por la “puerta falsa”, en 2017, 223; y para 2018, sumaron 262 sucesos, situaciones que se pueden corregir contribuyendo a reducir la presión económica sobre la clase trabajadora.

Javier Villareal Gámez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora, comentó que durante la primera semana de cada mes sostendrán dialogo con la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para identificar los factores de riesgo y prevenirlos.

“Es un problema que tiene origen en el neoliberalismo, su finalidad es privilegiar al mercado y achicar el poder del Estado, con esto hoy podemos ver que se le da más valor a las cosas o ideas que a la vida”, analizó.

El líder cetemista abundó que el mercado promueve el consumismo y su principal herramienta es el marketing que obliga a toda persona a buscar los equipos celulares más nuevos o la ropa de marca, ante la poca capacidad de compra, la persona se endeuda para sacar adelante sus compromisos.

“No hay quien en México no deba, le debes hasta el vecino, eso te lleva al estrés, a los conflictos labores y familiares, a las adicciones, a la violencia familiar, a la depresión y finalmente al suicidio, es una cadena grande, pero que tiene su origen en el neoliberalismo y las autoridades se están dando cuenta de este grave problema que debemos atacar desde los sindicatos y los medios de comunicación”, expresó.2

No es suficiente que se realicen campañas informativas, como la implementada por la Secretaría de Salud estatal por el director general de Salud Mental y Adicciones, y que consiste en la emisión de mensajes en las cuentas de redes sociales de la dependencia, con señales de alarma y a qué unidad acudir para recibir ayuda.

El problema radica precisamente en que la persona con pensamientos suicidas se niega a compartir su malestar, su situación, con las personas que le rodean, incluso sus seres queridos; por lo que, es más factible utilizar otras medidas de prevención, ya sean desde la escuela, en el hogar o en áreas laborales.

Dicha política pública debe ser inclusiva, mutidisciplinaria y amplia para poder abarcar y contener un universo de factores que impulsan el pensamiento suicida, es urgente que el gobierno del estado de Sonora realice el análisis y estudio para contener el problema.

Ser el cuarto lugar a nivel nacional es preocupante, no subir en el número de muertes es prioritario, atenderlo es necesario. Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la titular del Poder Ejecutivo del estado de Sonora para que gire sus instrucciones, a quien corresponda, a fin de generar una política pública que prevenga, contenga y elimine los suicidios en la entidad.

Notas

1 Tomado de https://www.expreso.com.mx/seccion/sonora/55400-sonora-ha-registrado-22 9-casos-de-suicidio-en-lo-que-va-del-ano-alejandro-aguilar-tejeda.html el 26 de septiembre del 2019.

2 Tomado de https://www.tribunadesanluis.com.mx/local/crecen-cifras-del-suicidio-en -sonora-san-luis-rio-colorado-3866336.html el 26 de septiembre del 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a diseñar, implantar y desarrollar un programa que brinde el servicio de cuidado integral a los hijos y las hijas de madres trabajadoras, a cargo de la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión someto a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que diseñe, implemente y desarrolle un programa que tenga por objeto brindar el servicio de cuidado integral de los hijos e hijas de madres trabajadoras para que ellas puedan incursionar en condiciones de equidad en el mercado laboral, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la mayor parte de la población que no trabaja está compuesta por mujeres de entre 24 y 45 años,1 que es la etapa de edad reproductiva. En México y en la mayoría de los países de América Latina, la tasa de participación laboral de mujeres es 25 por ciento menos en comparación con los hombres.

De acuerdo con datos del Informe titulado Mujeres y Hombres en México 2018 , la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018, arrojó que la población de 15 años y más que no era económicamente activa, fue de 56.1 por ciento,2 en comparación de los hombres, con un porcentaje en el mismo rango y periodo de sólo 40.2 por ciento. Pero la vida académica se desarrolla en forma paralela con la vida reproductiva y profesional.

Paradójicamente, es mayor la población femenina que llega a la educación superior, por ejemplo, en el semestre 2016-1, la matrícula estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México 3 se compuso por 331 mil 121 personas, de las cuales el 50.7 por ciento fueron mujeres y 49.2 por ciento hombres.

Por su parte, en el diseño de las estrategias gubernamentales tradicionalmente se ha prestado mayor atención a la función reproductiva de las mujeres y a su papel en el cuidado y crianza de hijas e hijos, pero es fundamental la implementación de políticas públicas y acciones con perspectiva de género que en la realidad permitan a las mujeres acceder al mercado laboral en condiciones de equidad. Es necesario diseñar estrategias eficaces que atiendan de forma integral todos los aspectos de la vida de la mujer: desde su desarrollo académico, profesional, laboral y siempre considerando de forma transversal el proceso biológico - reproductivo.

El trabajo, como actividad humana enfocada a la producción de bienes y servicios, cuando no existen condiciones de equidad entre la población, puede convertirse en una fuente de discriminación y de exclusión. La participación de las mujeres en el mercado laboral contribuye a su autodeterminación y autonomía, las empodera y genera condiciones de equidad para transitar a la igualdad.

Es de gran relevancia la inserción y permanencia de la mujer en el mercado laboral y en el desarrollo económico del país. El Estado debe generar condiciones para que ello suceda y una parte fundamental es propiciar entornos de seguridad para el cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños durante su primera infancia.

Al generar políticas públicas y acciones que impulsen la incursión de las mujeres en el mercado laboral, se está impulsando también el desarrollo de las niñas y los niños en los primeros años de su vida.

En el Informe titulado “Desarrollo de la Primera Infancia”,4 UNICEF, 2016 se afirma que varios neurólogos de renombre determinaron que el cerebro de los niños se desarrolla a una velocidad vertiginosa y exponencial durante los primeros 4 años de vida ya que se producen hasta 1000 conexiones neuronales por segundo, por ello es fundamental la inversión que el Estado Mexicano haga al capital humano en ésta etapa de la vida, para potenciar el desarrollo personal de cada niño y cada niña.

La estimulación oportuna durante la primera infancia es básica en el desarrollo de las niñas y los niños, pues los primeros años de vida son los de mayor trascendencia para el desarrollo del ser humano.

Cuando las niñas y los niños reciben cuidado integral especializado, enfocado a la estimulación temprana, tienen posibilidad de desarrollar y potencializar funciones cerebrales tanto en el plano intelectual como en el físico y en el afectivo.

Asimismo, cuando existen estrategias gubernamentales para el cuidado integral de las niñas y los niños pequeños, además generar acciones de equidad laboral para las mujeres y de atender el principio de interés superior de la niñez, también se generan importantes acciones afirmativas en favor de las propias niñas, porque en situaciones de pobreza y de pobreza extrema, a las niñas, incluso, durante la primera infancia se les asignan roles desiguales como el cuidado de los hermanos menores afectándoles derechos fundamentales como el derecho al juego y a la educación.

Por ello, cuando las madres tienen acceso al cuidado integral de sus hijas, se logra equivalencia en las oportunidades que tienen mujeres y hombres. La educación inicial representa una herramienta fundamental de arranque parejo en la vida entre niñas y niños para garantizarles acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos.

El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, contribuyó desde 2007 hasta 2018 de manera gradual, positiva, creciente y progresiva al desarrollo integral de la sociedad y del capital humano de México.

Este programa amplió y garantizó los derechos humanos de niñas, niños y mujeres, porque de acuerdo con datos del CONEVAL en el Informe denominado Evaluación Estratégica de Protección Social en México, 2018” el diseño de esa política pública contribuía a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de madres, padres solos y tutores. Además, un 93.9 por ciento de los beneficiaros consideró que el programa les brindó posibilidad de contar con empleo y mejorar sus ingresos monetarios y que la atención y cuidado de las niñas y los niños tuvo un impacto positivo en su desarrollo motriz, habilidades sociales y en el lenguaje.

En sustitución al programa anterior, en 2019 y también en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020 aparece el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.5

Las beneficiarias de este Programa pueden tener incrementos en su ingreso corriente por medio de la transferencia de recursos porque el programa se centra en la transferencia económica directa de recursos a las madres, lo que podría elevar su consumo de productos alimentarios. Sin embargo, en el documento del Coneval denominado “Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2020”6 se señala no hay certeza de ello, pues el programa no cuenta con medición, por lo que no se ha demostrado que efectivamente los recursos asignados sean erogados en el pago de servicios de estancias infantiles.

Finalmente, se enfatiza que el presente punto de acuerdo se realiza para exhortar al Ejecutivo Federal para que, en el marco de sus atribuciones, implemente o rediseñe acciones y estrategias para el cuidado integral de las niñas y los niños con el fin de promover la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, en aras de promover el desarrollo personal, familiar, social y nacional.

Asimismo, en términos de los compromisos internacionales contraídos por México al suscribir la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño que obligan al Estado Mexicano a adoptar todas las medidas administrativas, hasta el máximo de los recursos disponible para dar efectividad a los derechos económicos y sociales.

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que, en el marco de sus atribuciones, diseñe, implemente y desarrolle programas que tenga por objeto garantizar el servicio de cuidado integral de los hijos e hijas de madres trabajadoras a fin de que ellas puedan incursionar en condiciones de equidad en el mercado laboral.

Notas

i Banco Interamericano de Desarrollo. Trabajar o cuidar a tus hijos pequeños? Información disponible en:

https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/trabajar-o-cuidar -tus-hijos-pequenos

ii Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Información disponible en

https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/

iii Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Información disponible en:

https://tendencias.cieg.unam.mx/brecha_estudiantil.html

iv UNICEF, América Latina y el Caribe: Desarrollo de la primera infancia. Información disponible en:

https://www.unicef.org/lac/desarrollo-de-la-primera-infa ncia

v Secretaría de Bienestar, información disponible en:

https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/
programa-de-apoyo-para-el-bienestar-de-las-ninas-y-ninos-hijos-de-madres-trabajadoras-203284

vi Coneval, Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2020 4. Información disponible en:

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/Co nsideraciones-2020.pdf

Palacio Legislativo, a 1 de octubre de 2019.

Diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CRE a modificar la NOM-016-CRE-2016 para permitir el uso de etanol desde 10 por ciento en las áreas metropolitanas del valle de México, Guadalajara y Monterrey, suscrita por la diputada Mónica Almeida López e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que le otorgan la fracción I del artículo 6o., así como el artículo 79, en su inciso 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se permite poner a consideración de esta asamblea legislativa, el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto la exhorto al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, a efecto de que, dentro del ámbito de su competencia y con base en el informe del Instituto Mexicano del Petróleo denominado: “Evaluación de gasolina E10 en automotores”, se realice la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, a efecto de permitir el uso de Etanol desde un 10 por ciento en las áreas metropolitanas de Valle de México, Guadalajara y Monterrey ejercitando además las acciones legales que procedan a efecto que las personas puedan hacer uso de los diversos bioenergéticos disponibles, al tenor de los siguientes razonamientos de hecho y de derecho que se explayan en las siguientes:

Consideraciones

Antecedentes

I. Con fecha 10 de enero de 2017, como resultado de la reforma energética, se aprobó por el Congreso del Estado de Jalisco, el exhorto que tiene por objeto aplazar la liberación de los precios del petróleo, convocando a un Debate Nacional con expertos a fin de fortalecer la Democracia Energética.

II. Con fecha 3 de febrero de 2017 se elevó a la consideración del H. Congreso del Estado de Jalisco, a fin de ser remitido al H. Congreso de la Unión, la reforma al artículo 12 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Biocombustibles, con la finalidad de que la población pueda acceder de manera libre a éstos, impulsando así una democracia energética a nivel nacional y se contribuya al desarrollo de una política económica sustentable de los cuales destacan los siguientes puntos:

• Que se otorguen los estímulos fiscales y económicos, así como demás apoyos necesarios para que las modalidades de autotransporte puedan acceder a los bioenergéticos, y las empresas puedan producir de manera eficaz y eficiente los insumos necesarios para que se pueda diversificar el mercado.

• La implementación de medidas por parte de la Secretaría de Energía para prevenir el alza de precios a la canasta básica mediante el uso de bioenergéticos.

• Además, se propone impulsar y fomentar a nivel nacional de manera conjunta el uso de biocombustibles como medio para el desarrollo económico de la nación, sobre todo en el sector agroalimentario e industrial, implementando para tal efecto mecanismos de economía social, solidaria y alternativa que sean sustentables.

III. En ese sentido con fecha 3 de febrero de 2017, se exhortó al Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de que instruya que se elimine la restricción contenida en la Norma Oficial Mexicana NOM-016- CRE-2016 que limita el uso de etanol y la proscripción de su uso en las zonas metropolitanas de: Guadalajara, Valle de México y Monterrey, a efecto de implementar en el ámbito de sus competencias las medidas necesarias para permitir la transición hacia modelos de democracia energética por el cual se permita a nivel nacional el acceso libre de los bioenergéticos. En el cual se tuvo contestación por parte de la Secretaría de Gobernación a través de la Sub secretaría de enlace legislativo, señalando que se analizará y evaluará la propuesta.

IV. Así mismo con fecha 30 de marzo de 2017, se aprobó por el H. Congreso del Estado de Jalisco, exhortar al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval en conjunto con las Universidades públicas y privadas, así como los centros de investigación en el Estado elaboren el Plan Estatal de Transición Energética del Estado de Jalisco para buscar una menor dependencia de fuentes de energía fósiles en el sector de autotransporte y así mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y la generación de economías solidarias atendiendo a las características de cada región del Estado y que sean las propias comunidades en las regiones las que generen el combustible de manera sustentable.

V. Desde que se reformó en agosto de este año la NOM-016-CRE 16, Especificaciones de calidad de los petrolíferos”, en Jalisco se establecieron varios foros con expertos, y diversas universidades como es el caso de la Universidad de Guadalajara, ITESO, Universidad Panamericana, Cinvestav y CIATEJ para mostrar la importancia que tienen los bioenergéticos para coadyuvar a mitigar el cambio climático; impulsar el desarrollo regional y mejorar la calidad del aire.

VI. En los trabajos señalados en la fracción IV y IV de los antecedentes señalados con anterioridad se persiguen los siguientes objetivos:

• Que lleve a cabo las reformas necesarias para implementar las políticas públicas, así como demás medidas para que las personas puedan producir y acceder a diversos tipos de bioenergéticos que permitan disminuir la dependencia de fuentes de energía fósiles y la emisión de gases de efecto invernadero;

• Realice los convenios y actos jurídicos necesarios con las Universidades y centros de investigación en el Estado, a efecto de diseñar en conjunto el Plan Estatal de Transición, Soberanía y Democracia Energética para el Desarrollo Regional que se ha de implementar para consolidar la soberanía energética del Estado, favoreciendo la generación y desarrollo de economías solidarias acordes a lo contemplado en el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Se lleven a cabo las gestiones necesarias con el Gobierno Federal y diversas dependencias como la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Economía, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, y demás entes públicos análogos, para desarrollar el potencial del sector bioenergético del Estado de Jalisco.

VII. Con fecha 24 de mayo de 2018, se aprobó por el honorable Congreso del Estado de Jalisco, el exhorto al titular de la Secretaría de Energía, licenciado Pedro Joaquín Coldwell, a efecto que emita la Norma Oficial Mexicana señalada en el inciso c) del Segundo Transitorio del Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, estableciendo características y calidad en las mezclas de bioenergéticos con gasolina y diésel.

VIII. En estos distintos acercamientos se logró mostrar que hoy se utilizan gasolinas de baja calidad y con altos índices de azufre, situación que se puede y debe contrarrestar, buscando contar con gasolinas de alta calidad como es la de California en una primera fase, a efecto de producir energía por mexicanos para mexicanos, que sea más limpia y económica.

Contexto de la problemática nacional: judicialización del etanol

I. Las nuevas directrices en materia de etanol, fueron motivo que el pasado 23 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableciera que no es posible otorgar ninguna suspensión en juicios de amparos y controles de constitucionales en relación a las normas oficiales en la materia.

II. El 13 de septiembre de 2017, Francisco Javier Rebolledo, juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa otorgó la suspensión provisional ante uno de los amparos presentados por Gabriel Cuadri, entre otras personas como es el caso del abogado Juan Pedro Machado, pese a que ya se había negado dicha suspensión en otros cuatro amparos que había promovido, inclusive por un Tribunal Colegiado en materia Administrativa;

III. Entre las razones por las que el juez de distrito otorgó la suspensión provisional destaca la siguiente:

“Se ha reconocido por diversas instituciones que el uso de gasolinas con etanol impactará el medio ambiente y la salud, al generar emisiones evaporativas que son promotoras de la formación de ozono que produce enfermedades agudas y crónicas en el sistema respiratorio.”

IV. Pese a los lineamientos en la materia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de octubre dicho juzgado sexto de distrito otorgó la suspensión definitiva con lo cual se pone en riesgo las modificaciones que coadyuvarían a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, violando con ello el derecho humano a la salud y al medio ambiente adecuado.

V. Esta resolución a su vez vino a desconocer la línea jurisprudencial que se había sentado en materia energética, toda vez que detrás de esta directriz está de por medio el orden público. Es por ello que resulta problemático que un juez de distrito haya dictado dichos lineamientos, cuando está de por medio el futuro del medio ambiente en todo nuestro país.

VI. De los diversos antecedentes que se han podido recabar sobre este asunto, que de los medios de comunicación han logrado señalar que a los quejosos se les han negado ya hasta en cuatro ocasiones, siendo convalidado dicho sentido por un tribunal colegiado en materia administrativa.

VII. Pese a ello, la Comisión Reguladora de Energía, logró vía recurso de revisión el que se revocara la suspensión definitiva, vía la sentencia que emitió el Poder Judicial de la Federación con fecha 15 de junio. Entre los argumentos que se han señalado con los medios, se logró establecer que no se mostró que existiera un daño tangible como lo pretendía el quejoso en su momento, para lograr la suspensión.

VIII. Es decir, aún falta la determinación del fondo del asunto en contra del uso de las mezclas de gasolinas con etanol en un 10% en zonas metropolitanas, en donde se establecerá si se está o no afectando el derecho humano al medio ambiente.

IX. Tras este acontecimiento, y diversas solicitudes a través de Poder Legislativo del Estado de Jalisco, el 3 de octubre de 2018 el Instituto Mexicano del Petróleo avaló el uso del etanol en un 10% en las mezclas de gasolina, a través del estudio que verifica y confirma que no existen diferencias significativas con las emisiones de las gasolinas tradicionales utilizando como oxigenante el Etanol al 10% respecto del MTBE, oxigenante actualmente utilizado. Con este estudió además de avalar el uso de etanol, se muestra la necesidad de seguir investigando y promoviendo el uso de bioenergéticos atendiendo que, entre otras energías renovables, se lograría coadyuvar a garantizar un medio ambiente sano.

Desarrollo de la problemática

I. Como Grupo Parlamentario consideramos contraproducente el grado de inseguridad jurídica que se ha venido manejando por algunos operadores jurisdiccionales, como fue el caso de este juez sexto de distrito en materia administrativa; en donde, pese a los estudios que se han venido recabando, se haya puesto en riesgo diversos principios constitucionales así como aquellos contenidos en varios tratados internacionales como es el caso de in dubio pro natura, y precautorio a sabiendas que inclusive la agencia de energía de EUA avalan el uso de etanol, y se desdeña en casi todos los países el uso del MTBE a nivel internacional; el cual se emplea actualmente en México.

En tanto no se dilucide con celeridad el fondo del asunto en la materia, existe la posibilidad que se dicte una resolución contraproducente que; así como la suspensión definitiva, afecte el desarrollo sustentable en el país, sin que se dé la oportunidad para otras energías alternativas, desaprovechando capitalizar su potencial.

Si se ha mostrado que atendiendo al principio precautorio el etanol implica una solución que pudiera tender a mejorar el medio ambiente, es imprescindible que estos hallazgos científicos sean motivo de dilucidación por parte de un Tribunal Colegiado de Circuito; si no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se podría argumentar en contra de esta línea de fundamentación el que actualmente sólo se tienen esbozos que tanto la mezcla de gasolina E10 y la gasolina regular tienen los mismos efectos; sin embargo, también el estudio señala que existen diferencias; si bien no considerables que muestran ventajas del uso del etanol. Además de los beneficios económicos y de desarrollo rural, que representa su uso, se podría reducir el ozono, lo cual podría tener aún mayores repercusiones de lograr una mayor investigación científica en la materia.

Propuesta

I. Es por ello que ante esta disyuntiva, sostenemos como propuesta el que como Cámara de Diputados de esta LXIV Legislatura, se pronuncie exhortando a la Comisión Reguladora de Energía a efecto que, dentro del ámbito de su competencia, haga valer la investigación del Instituto Mexicano del Petróleo; ejercitando además las acciones legales que procedan a efecto que las personas puedan hacer uso de los diversos bioenergéticos, informándonos de las actividades que se han desplegado en torno a esta controversia.

II. Además, se propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueda atraer la revisión del amparo por colmarse los extremos de los artículos 107, fracciones V y VIII y penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 40 y 85 de la Ley de Amparo. Esto, toda vez que se trata de un asunto de trascendencia y de interés para poder fijar inclusive un precedente que pueda coadyuvar a que México transite a una democracia energética que le permita garantizar una seguridad y soberanía energéticas acorde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

III. Cómo Cámara de Diputados, contamos además con la facultad de que se resuelvan amparos que se establezcan de manera prioritaria, tal como lo establece el artículo 4º en su fracción III, consistentes en aquellos que pudieran implicar un menoscabo al daño ecológico. Consideramos importante el que, atendiendo al principio precautorio ya señalado, se podría estar ante esta circunstancia, por lo que es importante que la Suprema Corte resuelva dicho asunto y determine la importancia de esta medida. A continuación, se cita dicho artículo para mayor claridad:

“Artículo 4o. De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia atendiendo al interés social o al orden público, las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus presidentes, o el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados de éste, se substancien y resuelvan de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley.

La urgencia en los términos de este artículo se justificará cuando:

...

III. Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico...”

IV. Con esta propuesta no estamos denostando en manera alguna la capacidad de nuestro Poder Judicial Federal; en todo caso, sólo estamos haciendo valer la visión que consideramos importante que se tome en cuenta para coadyuvar a consolidar una visión dialógica de nuestra democracia.

V. Cabe resaltar a su vez que esta busca hacer valer los hallazgos que se han encontrado, así como contextualizar la problemática que se presenta, resaltando que es importante que la sentencia logre una ponderación que colme un grado de razonabilidad y que sea pertinente para que se defina así un desarrollo energético en el país acorde los principios constitucionales y convencionales, reforzando la toma de decisiones en estudios técnicos como el que se hace referencia sin dejar de observar en todo momento los beneficios correlacionados que representa.

Repercusiones económicas, jurídicas y sociales del acuerdo legislativos

I. De aprobarse este punto de acuerdo tendrá en lo económico una repercusión favorable, ya que con esto los entes competentes podrán fijar una nueva perspectiva en el desarrollo energético, logrando reducir los costos de la gasolina, contar con oxigenantes de origen mexicano y detonar la producción del campo mexicano.

II. En este aspecto, este punto de acuerdo, lejos de generar una repercusión presupuestaria negativa, lo sería positiva, al prever el que a nivel nacional se vaya generando consciencia para que se busque en los bioenergéticos soluciones económicas a favor de la población para que hagan del uso de biocombustibles una herramienta para incidir positivamente en el desarrollo de las regiones.

III. En lo jurídico, este punto de acuerdo tiene la pertinencia de buscar a nivel nacional el que los operadores jurisdiccionales otorguen seguridad jurídica, la cual, ante los hechos vertidos, han mostrado un rompimiento que puede amenazar el diseño de las políticas públicas en perjuicio de la población, y contraviniendo el marco jurídico internacional en la materia.

IV. En lo técnico se hace referencia a un estudio realizado por el Instituto Mexicano del Petróleo, que es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Publica con personalidad jurídica y autonomía de decisión técnica, operativa y administrativa, encargada de realizar las investigaciones, el desarrollo tecnológico, la innovación, el escalamiento de procesos y productos, la prestación de servicios tecnológicos orientados a optimizar los procesos de producción y transformación, tanto en exploración y extracción como en la transformación industrial y comercialización nacional e internacional, razón por la cual se considera el ente jurídica y técnicamente calificado para posicionar una determinación de este calado.

V. En lo social, se debe de buscar aprobar este punto de acuerdo, ya que su pertinencia radica en fortalecer la legitimidad de las instituciones públicas y el capital social, al mantener la coherencia que como Poder Legislativo hemos mostrado en pasadas ocasiones y que aquí quedaron plenamente documentadas. Sobre todo, se requiere que seamos coherentes ante un imperativo ético jurídico que se nos impone de hacer guardar la dignidad humana y velar por conservar el medio ambiente y salud de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Gírese atento y respetuoso exhorto a la Comisión reguladora de Energía, a efecto que, dentro del ámbito de su competencia y con base en el Informe del Instituto Mexicano del Petróleo denominado: “Evaluación de gasolina E10 en automotores”, se realice la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, a efecto de permitir el uso de Etanol desde un 10% en las áreas metropolitanas de Valle de México, Guadalajara y Monterrey ejercitando además las acciones legales que procedan a efecto que las personas puedan hacer uso de los diversos bioenergéticos disponibles.

En ese sentido realizar las acciones necesarias para lograr que la gasolina cuente con calidad similar a la mezcla utilizada en el Estado de California y se disminuya la cantidad de azufre y otros agentes contaminantes en las gasolinas Premium y Magna, así como del Diésel.

Segundo. Gírese atento y respetuoso exhorto al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto que de conformidad con el artículo 4º Fracción III de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenga a bien, dentro del ámbito de su competencia, ejercer la facultad de atracción correspondiente frente a los asuntos promovidos respecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016, a efecto de sentar el precedente que ha de coadyuvar a que se garantice el derecho humano al medio ambiente, y a la salud, atendiendo a las investigaciones que para tal efecto se hayan realizado sobre esta materia a nivel nacional, tomando como base el Informe del Instituto Mexicano del Petróleo denominado, “Evaluación de gasolina E10 en automotores”,

Ciudad de México a 30 de septiembre de 2019. Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Diputados: Mónica Almeida López (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica), Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez (rúbrica), Claudia Reyes Montiel (rúbrica), Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a liberar con la mayor brevedad por la Segob los recursos del Fonden para atender la devastación originada en Jalisco por el huracán Lorena, suscrita por integrantes de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria

La Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de esta LXIV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión e integrantes de la misma, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 , numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, libere a la brevedad posible los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para atender la devastación que originó el huracán Lorena en el estado de Jalisco el pasado 19 de septiembre del presente año.

Consideraciones

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) fue creado el 13 de junio de 2013 a través de la publicación el Diario Oficial de la Federación; este fondo tiene como principal objetivo atender los estragos ocasionados por los desastres naturales cuando las magnitudes de estos superan las capacidades económicas y logísticas de las identidades federativas.

El 10 de octubre de 2013 se publicó un acuerdo en el cual se establecieron las reglas de operación, entre estas destacan los recursos otorgados a dependencias y entidades de la administración pública, con el objetivo de destinarlos para realizar las acciones y los mecanismos necesarios tendientes a reducir los riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivos de los fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y le medio ambiente.

El pasado 19 de septiembre, en Tomatlán y Cihuatlán, entre otros municipios del estado de Jalisco, en punto de las 4:00 horas el huracán Lorena , categoría 1, originado en el océano Pacífico, con duración aproximada de 14 horas y que su trayectoria fue paralela a las costas de Jalisco y Colima, según el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional de Agua, ocasionó daños severos en los municipios antes señalados dejándolos declarados en estado de emergencia.

Las inundaciones por el desbordamiento del río Marabasco y los fuertes vientos fueron la principal causa de afectación en las viviendas, causando pérdida total y ocasionando graves daños a la agricultura, principalmente los cultivos de papaya, milo forrajero, platanales, maíz, ajonjolí, limones, piñas, chiles, jitomate, entre otros, al igual que se afectó al sector ganadero, en cuanto al ganado bovino, porcino, caprino, aves de corral, equino y pastizales, caminos saca cosechas destruidos en su totalidad, caminos rurales dañados parcialmente en 75 por ciento, daños en la infraestructura hidroagrícola con los dos módulos de riego del distrito de riego del municipio de Tomatlán, entre otros.

Por lo antes expuesto, se solicita de la manera más atenta y respetuosa al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, libere a la brevedad los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), destinados a atender la problemática que dejó las lluvias e inundaciones del huracán Lorena , categoría 1.

Punto de acuerdo

Único. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, libere a la brevedad los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), destinados a atender la problemática que dejó las lluvias e inundaciones del huracán Lorena , categoría 1.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre del 2019.

La junta directiva de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria

Diputados: Eraclio Rodríguez Gómez (rúbrica), presidente; Maribel Aguilera Chairez (rúbrica), Rodrigo Calderón Salas (rúbrica), Marco Antonio Carbajal Miranda (rúbrica), Martina Cazarez Yáñez (rúbrica), Juan Enrique Farrera Esponda (rúbrica), Edith García Rosales (rúbrica), Efraín Rocha Vega (rúbrica), Jaun José Canul Pérez, José de la Luz Sosa Salinas, Francisco Javier Huacus Esquivel, Jorge Eugenio Russo Salido (rúbrica), Jesús Fernando García Hernández (rúbrica), Absalón García Ochoa (rúbrica), Vicente Javier Verastegui Ostos y Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), secretarios.

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso del estado de México a iniciar una investigación objetiva e integral sobre la proliferación irregular de obras y los presuntos beneficios económicos otorgados por el gobierno local a las empresas inmobiliarias, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Juan Ángel Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En las últimas semanas de la administración de Eruviel Ávila en el estado de México, otorgó en fast track diversos permisos necesarios para la construcción de un complejo habitacional en el municipio de Jilotzingo, a los hermanos Funtanet Mange, colaboradores cercanos al círculo de Atlacomulco, en el estado de México, además de liderar el desarrollo inmobiliario en la regional durante la última década.

La autorización fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado de México, el primero de agosto de 2017.

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/fil es/files/pdf/gct/2017/ago011.pdf.

La autorización implica la construcción de 19 mil 985 viviendas en 238 hectáreas de bosque de encino en el municipio de Jilotzingo. El proyecto llamado Bosque Diamante tiene contemplado construir vivienda de entre 600 mil y casi 2 millones de pesos, además de un centro comercial.

El territorio comprendido por el municipio de Jilotzingo, 82 por ciento es área natural protegida, en la cual converge el Parque Estatal Otomí-Mexica y la Reserva Ecológica Estatal Espíritu Santo. La región cuenta con una de las más importantes cuencas hidrológicas, Pánuco y Río Lerma, fundamentales para abastecer la zona conurbada, que implica estado de México y Ciudad de México. Adicionalmente de ser una región esencial para la captación e infiltración de agua, almacén de bióxido de carbono, retención de suelo para evitar erosión, refugio para más de 500 especies de plantas, hongos, animales y microorganismos.

La creación de la nueva empresa inmobiliaria de la familia Funtanet Mange, Bosque Avivia 58, fue a mediados del 2016. Semarnat publicó en julio del mismo año, los proyectos ingresados al PEIA en la DGIRA, otorgando la clave 15EM2016UD105, y los elementos que integran el proyecto.

El proyecto consiste en el desarrollo de un conjunto inmobiliario basado en la urbanización y lotificación para la futura construcción de establecimientos comerciales y de servicios en la zona con uso de suelo como corredor urbano, mientras que en la zona de uso de suelo habitacional se planea la construcción de 20 mil viviendas de tipo residencial medio, en una superficie de 236.84 de una superficie total de 238.05 hectáreas. El proyecto considera la construcción de una planta para el tratamiento de aguas residuales provenientes de los condominios verticales y viviendas unifamiliares y a las que se dará reusó para riego de áreas verdes.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó a finales del 2016, según reporta Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) con diversas solicitudes de información; los permisos para construir Bosque Diamante, por los cambios al uso de suelo realizado por la presidencia municipal, de forma opaca.

A pesar de que el primer informe de la Semarnat calificó el proyecto como inviable por la gran perpetración al ecosistema e ignorar los análisis que se generaron en el Instituto Nacional de Ecología, Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el estado de México y la Coordinación Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Ni de la presidencia de Jilotzingo, se obtuvo el visto bueno, motivo por el cual, se realizó la petición en Change.org para impedir el ecocidio en la región.

Sin embargo, no es el único proyecto cuestionado de los hermanos Funtanet, ya que, en 2005 fue autorizado Bosque Esmeralda y Bosque Real, en terrenos de reserva ecológica. Además de obtener diversos permisos para la construcción inmobiliaria en la opacidad, utilizando diversas empresas para expandir su dominio en la región de estado de México.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta al Congreso del estado de México a que inicie una investigación objetiva e integral en relación a los presuntos beneficios económicos otorgados por los gobiernos de la entidad a favor de las empresas inmobiliarias pertenecientes a la familia Funtanet Mange, a fin de que se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, a que inicie una investigación objetiva e integral que permita fincar responsabilidades a los servidores públicos que por acción u omisión son corresponsables de la proliferación irregular de obras en la región del Estado de México.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta al gobierno del estado de México a hacer pública toda la información sobre el proyecto Bosque Diamante.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.

Diputado Juan Ángel Bautista Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar gestiones para dar continuidad a la prestación del Programa de Estancias Infantiles a quienes estaban registrados como beneficiarios, a cargo del diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Mario Mata Carrasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, numerales 2, fracciones I, a IV, del artículo 79 y artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás relativos y aplicables, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para se dé cumplimiento a los fallos judiciales respecto a los amparos resueltos por el Poder Judicial de la Federación, se atienda la recomendación presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que se realicen las gestiones pertinentes a fin de dar continuidad a la prestación del servicio a los niñas y los niños que se encontraban registrados como beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles, al tenor de los siguientes

Consideraciones

Primera. Que actualmente es indiscutible que el desarrollo infantil tanto de las niñas como de los niños deben comenzar en las aulas a una edad temprana, considerando la importancia que tiene el que puedan disfrutar del aprendizaje, adquiriendo de manera paralela las habilidades cognitivas y lingüísticas básicas, las suficientes destrezas sociales, así como un nivel de desarrollo emocional acorde con la etapa que les corresponde vivir.

En este contexto, sigue siendo una realidad en la que debemos insistir, que los primeros años de vida –pero especialmente los tres primeros– son definitivos para el desarrollo del cerebro, sobre todo si se toma debidamente en cuenta que todo lo que el pequeño ve, toca, saborea, oye o huele, moldea su cerebro para permitirle pensar, sentir, moverse y aprender.1

En estos supuestos, resulta pertinente recordar que el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, que inició formalmente su funcionamiento en México en 2007, como uno de los programas principales de desarrollo social en favor de la inclusión y la permanencia laboral, ha sido calificado por el Consejo de Evaluación para la Política de Desarrollo Social (Coneval) como efectivo y decisivo en la mejoras del comportamiento individual-social de los infantes, en sus niveles de socialización en general, en el mejoramiento de su escala de comunicación, en la diversidad de su alimentación que repercute directamente en su dieta, así como en entre otros importantes factores que contribuyen a su salud y bienestar.

Así destacan también de manera preponderante en las evaluaciones de referencia, que las hijas y los hijos de las titulares del programa, que no trabajaban antes de ingresar al mismo, han sido los que más se han beneficiado en cuanto al desarrollo de sus pequeños y que para tal efecto, resultan ser mayores los beneficios conforme se cuenta con una más amplia exposición a las acciones diseñadas específicamente para apoyar a los niños.

Por otro lado, hay coincidencia en el sentido de reiterar las bondades que representan que el programa haya estado funcionando como un espacio de cuidado infantil para las familias de bajos recursos, pues un aumento en la participación y utilización de programas de cuidado infantil subsidiado por el gobierno, reduce significativamente el uso de cuidado infantil brindado por redes familiares o de apoyo y brinda un espacio para mejorar el desarrollo infantil.2

Segunda. Que en esencia, el objetivo general del programa ha tenido que ver con el afán de contribuir a dotar de esquemas de seguridad social, para proteger el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscaban empleo, trabajaban o estudiaban para poder acceder a los servicios de cuidado y atención infantil.

Como consecuencia y para el logro de este gran objetivo, se diseñaron las características de los apoyos que se otorgaban en el programa, que se realizaban a partir de 2 modalidades:

1. Modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos. En esta modalidad, la población objetivo eran las madres, padres solos y tutores que trabajaban, buscaban empleo o estudiaban, cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebasaba la Línea de Bienestar y que además declaraban que no tenían acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios y que adicionalmente tenían bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años) o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) esto último en casos de niñas o niños con alguna discapacidad.

2. Modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil. En esta modalidad la población objetivo eran las personas físicas o personas morales, que deseaban establecer y operar una estancia infantil o que contaban con espacios en los que se brindara o pretendía brindar el servicio de cuidado y atención infantil para la población objetivo del programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos.

Tercera. Que es importante resaltar que las cifras con que operó el programa a escala nacional al cierre de septiembre de 2018 fueron las siguientes:

Estancias en operación: 9 mil 315.

Niños atendidos: 303 mil 956.

Beneficiarios atendidos: 289 mil 294.

Para el ejercicio fiscal de 2018, los montos que el gobierno federal cubrió para los servicios de cuidado y atención infantil fueron:

• 950 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años, inscrito en alguna estancia infantil afiliada al programa que cuente con autorización del modelo; y

• Mil 800 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 y hasta un día antes de cumplir los 6 años, en los casos de niños con alguna discapacidad que contara con certificado médico vigente, inscrito en alguna estancia infantil afiliada al programa que contara paralelamente con autorización del modelo.

El principal mecanismo de operación del programa –fuertemente cuestionado por el Poder Ejecutivo actual– consistía en que el gobierno federal, a través de la Sedesol, entregaba el apoyo, directamente a la persona responsable de la estancia infantil afiliada al programa.

Así, hasta 2018 el programa demostró que había cumplido con los objetivos establecidos, puesto que mejoró las condiciones de trabajo e ingreso de sus beneficiarios, de manera especial el de las mujeres, ya que fue un gran avance para ellas el poder dejar a sus hijos en manos confiables para poder trabajar.

Cuarta. Que por otro lado, para poder entender numéricamente el estado actual de este tipo de instrumentos de apoyo al sector productivo, resulta de gran utilidad traer de nueva cuenta a colación los estudios del Coneval cuyos datos para el periodo 2017-2018, revelaron importantes hallazgos como que el programa contaba con efectos positivos en la situación laboral de la madre, existiendo un aumento de 18 por ciento en la probabilidad de que éstas contaran con un empleo.

Asimismo, se identificó que menos de 0.05 por ciento de los beneficiarios del programa reportaron usar servicios de guardería con anterioridad, esto implicaba que probablemente el PEI representaba un nuevo espacio de cuidado infantil para las familias de bajos recursos, además, se identificaron efectos positivos del programa en cuestiones adicionales para los que fue creado, como lo es por ejemplo, en el empoderamiento de las madres.

Por su parte, como resultado del seguimiento y supervisión del ejercicio de recursos y acciones implementadas, se encontró que 93.9 por ciento de las personas beneficiarias, consideran que el PEI contribuyó a mejorar su calidad de vida y la de sus hijos, ya que les brindó la posibilidad de contar con empleo, salud mental, salud física e ingresos monetarios.

Al cierre de la Cuenta Pública de 2017, en la matriz de indicadores para resultados se observó que se lograron avances adecuados, con un cumplimiento superior a 90 por ciento; sobresaliendo que en promedio, las madres y padres beneficiarios contaban con 34 horas a la semana para acceder al mercado laboral, permanecer en su empleo o, en su caso, estudiar.

Asimismo, el Coneval reconoció que con más de 10 años de implementación, el PEI logró consolidarse como un programa social exitoso, por otro lado acotó que en las evaluaciones realizadas al programa se identificaron hallazgos positivos en su diseño, planeación, operación y resultados.

Paralelamente a este hecho, en la evaluación de la institución de referencia, se encontró que el programa contaba con un sistema de monitoreo eficiente y con una base histórica desde 2008, lo cual ha permitido identificar su evolución. Además de que quedó de manifiesto que cuenta con un mecanismo de identificación de la satisfacción de sus beneficiarios, el cual ha sido aplicado con la periodicidad necesaria elevada al año, con representatividad estadística a nivel nacional. Así se concluyó que el Índice de Satisfacción con la calidad en los servicios de cuidado infantil de 2014 a 2017, fue ubicado entre 92 y 97 puntos de 100 posibles.

Igualmente se resaltó que el programa contaba con potencial para coordinar esfuerzos con otras instancias para facilitar el acceso de las responsables de las estancia infantiles a servicios de salud y esquemas de seguridad social, así como vinculación laboral para las madres y padres beneficiarios, situación que se observó como de gran utilidad, puesto que permitía llevar aún mayores oportunidades a los beneficiarios.

En 2012, la Organización de las Naciones Unidas otorgó al país un honroso y meritorio segundo lugar mundial respecto al Premio al Servicio Público 2012 por el Programa de Estancias Infantiles, que lo colocó como parte de los países que emprendieron políticas públicas exitosas en beneficio de los niños y niñas.

Quinta. Que es menester destacar que para el ejercicio fiscal de 2019, el grupo mayoritario en la Cámara de Diputados y las autoridades hacendarias propusieron una disminución de recursos, consistentes en 2 mil 028.6 millones de pesos para la operación del Programa de Estancias Infantiles, lo que significó una drástica caída, de 51.7 por ciento respecto a lo asignado en 2018.

Sexta. Y Que fue tras una larga espera, que el 28 de febrero del 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación DOF, las Reglas de Operación (Rop) del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, en sustitución del PEI, en donde se plasmaron importantes cambios en los objetivos principales; toda vez que se transformó la implementación del programa para eliminar el hecho de que las estancias recibieran recursos para la prestación de los servicios de atención y cuidado, cambiando además algunas condiciones como las edades y características de los beneficiarios.

Séptima. Que con las nuevas Rop se otorgó un apoyo bimestral por mil 600 pesos directamente a las madres, padres solos o tutores con hijas e hijos o niñas y niños bajo su cuidado de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 4 años de edad y, de 3,600 pesos entre 1 año y hasta un día antes de cumplir 6 años de edad en caso de niñas y niños con alguna discapacidad debidamente certificada.

De acuerdo con las Rop del nuevo programa, y como se establece en el numeral 3.3, “serían beneficiarios del programa, las personas que al 31 de diciembre del 2018 se encontraban incluidas en el padrón de beneficiarios en la modalidad de apoyo a madres trabajadoras y padres solos”, así como las personas beneficiarias que se incorporaran mediante los levantamientos de información realizados en campo.

Además, en las nuevas Rop “desaparece la modalidad de impulso a los servicios de cuidado y atención infantil, con el cual se apoyaba la apertura y acondicionamiento de estancias infantiles”. Es decir, se canceló paradójicamente la nueva apertura de espacios, lo que redujo la oferta de forma significativa, ante la creciente demanda.

El nuevo programa determinó que serán las delegaciones de la Secretaría de Bienestar, en coordinación con las unidades responsables, las encargadas de realizar la promoción, dando a conocer los apoyos que otorga, así como los criterios de elegibilidad y requisitos de acceso, y que serían además quienes inscribieran a las madres y padres beneficiarios, quienes entregarían el apoyo.

La reducción de los recursos para el programa no fue justificada suficientemente por el gobierno federal ni por la Cámara de Diputados, sólo se adujo la austeridad gubernamental y supuestos casos de corrupción por parte de responsables de estancias o asociaciones civiles, que cuando fueron denunciados no presentaron ninguna prueba de acciones fraudulentas.

Octava. Que otro aspecto a destacar, fue el ocurrido en abril del 2019, cuando la titular de la Secretaría de Bienestar, dio a conocer que se detectaron cerca de 97 mil niños “fantasma”, en estancias infantiles, es decir, que estaban inscritos pero no se pudieron localizar.3 Sin embargo, al decir de los responsables de estancias y padres y madres de familia, se observó el hecho de que el cotejo de niños registrados para sustentar dicha afirmación, se realizó en los domicilios a horas laborables o en estancias que ya habían cerrado por falta de recursos.

Novena. Que un importante antecedente es que este año no se habían otorgado los apoyos a las Estancias Infantiles por lo menos en los meses de enero a Abril del 2019. Y así fue, como ante la urgencia de seguir prestando el servicio, algunas responsables de estancias resistieron hasta donde alcanzaron sus recursos personales, recibiendo también el apoyo de algunas autoridades locales, mismas que se comprometieron a financiar las Estancias para que no cerrarán y en particular para que no se vulneraran los derechos de la niñez.

Tal fue el caso de Chihuahua y Delicias, Chihuahua; Benito Juárez,4 Ciudad de México; y Chimalhuacán, México,5 entre otros.

En este contexto y con la disminución de financiamiento público, la Estancias Infantiles que han logrado permanecer en operación, enfrentan problemas graves para seguir recibiendo a niñas y niños, ya que no cuentan con material suficiente para dar servicio, ni las responsables con recursos para pagar asistentes y servicios.

Décima. Que otra situación observada tiene que ver con que en varios estados del país, padres de familia y responsables de las Estancias Infantiles han manifestado su preocupación por el continuo cierre de estancias y el aumento en las cuotas.

Para entender esto con mayor claridad, cabe recordar que el apoyo federal que recibían las Estancias era utilizado para el pago de personal, alimentos, servicios generales (electricidad, agua, luz) y gastos adicionales relacionados con la seguridad y protección civil.

La falta de recursos ha generado que las responsables de las estancias soliciten a los padres de familia una cuota para los servicios prestados. Actualmente, los que pueden hacerlo, tienen que pagar el costo completo por el cuidado y atención de los niños y niñas y muchos manifiestan que no tienen los recursos suficientes para cubrir el costo equivalente de una guardería particular. Por otro lado, las responsables de las estancias, al no recibir los recursos federales, han suprimido fuentes de empleo directo e indirecto.

Undécima. Que respecto a la problemática que enfrentan padres y madres de familia y responsables de estancias, la CNDH señaló que la falta de inversión del gobierno federal hacia las estancias infantiles, puede ser perjudicial para el desarrollo cognitivo de niños y niñas en la primera infancia y puede reforzar las privaciones, las desigualdades y la pobreza intergeneracional existentes.

Y que como respuesta para tratar de mantener la operación de dichas estancias, se han presentado más de 4 mil 500 amparos ante el Poder Judicial en 22 entidades federativas contra el recorte presupuestal y por supuesto contra el cambio de reglas de operación, que tanto han dañado la vida de muchas personas.6

A la fecha se ha logrado la suspensión definitiva en más de quinientos amparos aproximadamente, tan solo en Chihuahua ya van más de ciento treinta, así como en otros estados de la república como Colima, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León, que fueron presentados por el PAN, Movimiento Ciudadano y otros partidos políticos.

Las sentencias de los amparos ganados por el PAN en Chihuahua determinan que la Secretaría de Bienestar estará obligada a aplicar las reglas de operación del año pasado a las estancias en ese estado. Las resoluciones son muy claras al obligar a la Secretaría de Bienestar y su delegación estatal de programas para el desarrollo a entregar el presupuesto correspondiente a los primeros meses del año con base en los lineamientos de 2018 y rechazar las disposiciones establecidas para 2019 por el gobierno federal.

En particular, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con fecha 8 de mayo de 2019, determinó en respuesta a la queja que presentó la Secretaría de Bienestar contra los amparos interpuestos por las beneficiarias, que “el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras constituye una garantía de los derechos de los menores incorporados al mismo y que por ende, no resulta válido que en las reglas de operación para el ejercicio fiscal de 2019 se haya eliminado, pues ello implica una medida regresiva”.

Precisa además que el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras cuenta con más de 10 años de vigencia, en los cuales no sólo se han incrementado los apoyos para su subsistencia sino, incluso, se han tomado medidas que tienden a la especialización y al cuidado de los menores beneficiados, originando un derecho fundamental en beneficio del desarrollo de las niñas y niños y de sus madres, padres o tutores.

El Poder Judicial de la Federación concluyó que de la lectura del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019 y del acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal de 2019, no advierte que se hayan justificado los extremos anteriores de manera alguna, ni por el Poder Legislativo ni por el Poder Ejecutivo, “simplemente se redujo el monto de apoyo al programa y fue eliminada una de las modalidades de su aplicación (impulso a estancias infantiles). Por lo que puede afirmarse que, en un estudio preliminar, el presupuesto de egresos dos mil diecinueve y el acuerdo reclamado podrían traducirse en una vulneración al principio de progresividad y, con ello, afectar el interés superior de los menores disminuyendo las garantías que ya habían adquirido para la protección de sus derechos”.

El máximo Poder Judicial estimó correcta la determinación del juzgador en cuanto a que la autoridad responsable, Secretaría de Bienestar, “otorgue a las quejosas, como beneficiarias del programa, los apoyos que le corresponden conforme a las cantidades y modalidad establecidas en las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2018, pues debe atenerse a que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta que el presupuesto no debe ser estricto, inflexible, ni imposible de modificar, dado que en el propio texto de la norma constitucional referida subyace el principio de modificación presupuestaria”, al permitir que el gasto pueda programarse en dos momentos, uno anterior y otro posterior.

Se resaltó que “es obligación ineludible de la autoridad el salvaguardar los derechos humanos de los menores” en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas que les involucre. Destacando que las políticas públicas constituyen en sí mismas los instrumentos a través de los cuales el Estado lleva a cabo la protección de los derechos sociales, por lo que éste tiene en todo momento la obligación de considerar el interés superior de los menores en todo lo que concierne al diseño y aplicación de dichas garantías. Luego, “la aplicación de ese principio (interés superior del menor) en el diseño y ejecución de políticas públicas que involucren a los menores, implica buscar el medio idóneo para satisfacer sus necesidades básicas”, lo que sólo podía alcanzarse si se respeta el principio de progresividad.

Aunado esto, a que la juez séptima de distrito de amparo de Querétaro también concedió la suspensión para no aplicar la reducción presupuestal de 2019 para las estancias infantiles y definió la obligación de mantener las disposiciones de 2018 en materia de subsidio a las familias con hijos.7

Por lo anterior consideramos que la reducción presupuestal a programas sociales prioritarios como el PEI es inaceptable, ya que ha demostrado sus beneficios y tener un impacto positivo en niñas, niños, mujeres y padres de familia. Es más, programas como éste requieren ser reforzados para hacer frente a los recortes, por lo que se puede realizar una reasignación de recursos federales con arreglo a lo establecido en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019 y 2020.8

Como corolario se refiere que la eficiencia y reorientación del gasto público gubernamental debe ser una premisa, por lo que se deben reforzar los programas sociales prioritarios como los destinados a garantizar el derecho de la niñez y reducir gastos como los aprobados a comunicación social y publicidad que se destinarán a los ramos autónomos, ramos administrativos ramo generales, entidades de control directo y empresas productivas del Estado y que para el ejercicio fiscal de 2019 cuentan con 4 mil 211.2 millones de pesos, lo que representó un aumento de mil 055.1 millones de pesos, 28.4 por ciento más respecto al ejercicio fiscal de 2018.

Por ello y frente a la omisión del gobierno federal para garantizar el derecho de los niños y las niñas del país a recibir la atención y los cuidados que requieren por instancias reconocidas oficialmente y certificadas, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional demanda que se cumplan los fallos judiciales para permitir garantizar por parte del Estado el interés superior de la niñez, establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se pueden dejar desamparados a los menores que recibían este servicio como parte de la política social a que está obligado el Estado.

Igualmente solicitamos que se reasignen recursos federales para programas que consideramos prioritarios como el de estancias infantiles, para con ello seguir cumpliendo con la importante labor de atención y cuidado infantil, así como la de protección al empleo para la población en general, prioritariamente la que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

Como resultado de todos los antecedentes y las consideraciones, demandamos que se cumplan las resoluciones del Poder Judicial respecto a los amparos interpuestos, para que se otorguen los recursos suficientes a las estancias infantiles que les permitan cumplir con lo establecido en las ROP 2018 y atender a los niños inscritos.

No se omite reafirmar de manera enérgica que Acción Nacional defenderá igualmente el acceso, la ampliación y la permanencia de derechos sociales, particularmente, el derecho al bienestar familiar, económico y al trabajo –inclusión laboral– y en especial el dirigido a los padres de familia y los niños y niñas de México, que el Programa de Estancias Infantiles atendía a través del cuidado de los hijos e hijas de trabajadores.

De esta forma, dejamos claro que existe una clara coincidencia con la opinión de los expertos y evaluaciones de instituciones nacionales e internacionales en el sentido de que el PEI es un programa que hasta ahora había ayudado a mejorar las condiciones de vida, de trabajo e ingreso de sus beneficiarios, así como había brindado atención a la población que no cuenta con los beneficios de seguridad social de la población afiliada al IMSS, ISSSTE u otro y que requiere el servicio de guarderías.

El programa ha apoyado a la población de menores recursos y ha contribuido a generar igualdad de oportunidades laborales y de crecimiento personal y profesional de las y los beneficiarios, aunado al hecho de que la atención a la primera infancia que se ofrece en las Estancias Infantiles, robustece el principio de interés superior de la niñez el cual el Estado debe garantizar a través de sus políticas públicas gubernamentales.

Duodécima. Que por lo que hace a la CNDH, a cargo de Luis Raúl González Pérez, su titular, continúa exhortando y afirmando en sus conferencias de prensa, que las Secretarías de Bienestar, y de Hacienda, así como a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y al Sistema DIF, deberían reconsiderar su negativa sobre la recomendación relacionada con las guarderías infantiles, advirtiendo que desconocer la recomendación 29/2019 sobre las estancias, es de “regímenes autoritarios”, aduciendo además: “El reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos humanos es un elemento esencial de un Estado democrático, por lo que su desconocimiento, vulneración intencional o la simulación pactada sobre su observancia y respeto, son elementos propios de regímenes autoritarios en el que las personas y sus derechos no constituyen prioridades”.

Por todos los argumentos expuestos someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal a efecto de que en el contexto del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras se realicen las acciones siguientes:

a) Se dé cumplimiento a los fallos judiciales respecto de los amparos resueltos por el Poder Judicial de la Federación, para que el Estado pueda garantizar el Interés Superior de la Niñez, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgando a las personas usuarias y beneficiarias del programa los apoyos que les correspondan, conforme a las cantidades y modalidades definidas en las reglas de operación para el ejercicio fiscal de 2018;

b) Se realicen las gestiones necesarias para que las dependencias y entidades de la administración pública federal que tengan que ver con el programa, continúen apoyando el desarrollo del mismo, a fin de que las niñas y los niños que se encontraban registrados como beneficiarios al 31 de diciembre de 2018, se les siga prestando el servicio, así como se informe a esta soberanía si los respectivos órganos internos de control, iniciaron ya con algunos procedimientos en contra de funcionarios que hayan incurrido en incumplimientos;

c) Se reasignen recursos del gasto a través de las instancias correspondientes en rubros no prioritarios, para que en el ejercicio fiscal 2019 se cuente al menos con los recursos con los que se operó en el ejercicio fiscal 2018 y con ello posibilitar la prestación del servicio de atención y cuidado a los niños y niñas de padres de familia que trabajan, buscan empleo o estudian en todo el país; y

d) Se atienda adecuadamente la recomendación 29/2019 presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la cual se determina que la cancelación del programa viola los derechos de niñas, niños, madres, responsables y trabajadoras de las estancias y solicita al gobierno federal que acepte y cumpla dicha recomendación.

Notas

1 Cónfer Unicef Colombia, El Desarrollo Infantil y el aprendizaje temprano https://www.unicef.org.co/desarrollo-infantil

2 Coneval, Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, recuento de la evidencia de las evaluaciones 2017-2019 , Consejo de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, Ciudad de México, 2019.

3 https://www.expreso.com.mx/seccion/mexico/57823-secretaria-del-bienesta r-detecta-97-mil-ninos-fantasma-en-censo-de-estancias-infantiles.html

4 http://www.omnia.com.mx/noticia/99876

5 https://www.pressreader.com/

6 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/van-mil-903-amparos-por- recorte-estancias

7 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/31/conceden-amparos-definiti vos-en-favor-de-estancias-infantiles-506.html

8 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, título tercero, “De los lineamientos generales para el ejercicio fiscal”, capítulo I, “Disposiciones generales”, artículo 12: “Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean subsanados en el plazo que establece el artículo 23, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el importe de los ahorros que se obtengan como resultado de la instrumentación de las medidas de austeridad y disciplina presupuestaria, serán reasignados a los programas sociales y de inversión en infraestructura previstos en este Presupuesto de Egresos, así como en los términos de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, respectivamente”.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.

Diputado Mario Mata Carrasco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a garantizar que se apliquen adecuadamente los conocimientos y las diferencias entre educación y activación física en el alumnado del nivel básico, detectando talentos deportivos, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Cuando hablamos de educación física, inmediatamente nos remontamos al ejercicio, al calentamiento, a mantenernos activos. Actualmente preocupa que México ocupe el primer lugar en obesidad infantil y segundo para las personas mayores.

Los costos en materia de salud por la falta de educación y activación física, se calculan en miles de millones de pesos que deben erogar el sector público y los particulares por las diversas enfermedades que acarrea la obesidad.

No basta solamente que regresen más horas de materia de educación física en las escuelas de nivel básico para terminar con la problemática, sino que, debe hacerse un alto en lo que significa impartir la materia de educación física, para no confundirlo con activación física.

La educación física es un eficaz instrumento de la pedagogía, por cuanto ayuda a desarrollar las cualidades básicas del hombre como unidad biopsicosocial. Contribuye al accionar educativo con sus fundamentos científicos y sus vínculos interdisciplinarios apoyándose entonces en la filosofía, la psicología y la biología.1

Como se observa, la educación física es enseñanza para conocer las aptitudes físicas del ser humano y que va de la mano con otras ciencias que permiten desarrollar el potencial de cada persona.

Por otro lado, se considera actividad física a cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. La actividad física no debe confundirse con el ejercicio, ya que este último es una variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física.2

Es tan importante generar ejercicio estructurado en las escuelas de nivel básico, porque la inactividad física representa el cuarto factor de riesgo para mortalidad a nivel mundial y conlleva a cardiopatías, hipertensión, diabetes, depresión y cánceres de mama y de colon.

Establecer y vigilar la adecuada aplicación de la materia de educación física, es vital para que los infantes comprendan los problemas que acarrea la obesidad, conozcan como la educación física se interrelaciona con otras materias y con ello, se logren bajar los grados de inactividad y falta de ejercicio que permea en la población.

Insisto en que más allá de la activación física, los menores deben adquirir los elementos educativos que permitan aplicar sus conocimientos adquiridos en cualquier hora y lugar que se encuentren por medio de la educación física.

Es menester que ante la implementación de la nueva reforma educativa, se establezca una política pública que garantice la adecuada impartición de la materia de educación física en todas las escuelas.

Con esta política, se podrá combatir los problemas de salud pública en infantes, lo que apoya su bienestar personal y baja el gasto social en dicho rubro, observando los efectos en corto, mediano y largo alcance.

De no ser así, continuaremos generando enfermos en todas las edades de la población mexicana y destinando recursos económicos que podrían ir a otros problemas importantes del país.

Además porque al hacerlo se pueden detectar los talentos deportivos y generar su seguimiento desde temprana edad, lo que motiva el interés de maestros, padres de familia y alumnos.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que gire sus instrucciones a quien corresponda, con el fin de garantizar que se apliquen adecuadamente los conocimientos y diferencias, entre educación y activación física en niñas y niños que cursan el nivel básico en las escuelas públicas y privadas del país, detectando talentos deportivos para generar seguimientos y motivar el interés.

Notas

1 Tomado de https://www.ecured.cu/Educación_F%C3%ADsica el 25 de septiembre del 2019.

2 Tomado de https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/es/ el 25 de septiembre del 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades a cobrar por el Programa de Mejoramiento Integral Sustentable tarifa única en las zonas jaliscienses rurales y de alta marginación susceptibles de elevadas temperaturas a propietarios de viviendas particulares y con ingresos menores de cinco UMA, suscrita por la diputada Mónica Almeida López e integrantes del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que me otorga la fracción I del artículo 6, así como el artículo 79, en su numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito poner a consideración de esta asamblea legislativa, proposición con punto de acuerdo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la Secretaría de Energía (Sener), el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Nacional Financiera (Nafin), para que, a través del Programa de Mejoramiento Integral Sustentable, se realice el cobro de tarifa única en las zonas rurales y de alta marginación, susceptibles de altas temperaturas en el estado de Jalisco a las viviendas particulares, cuyos propietarios tengan ingresos menores a 5 UMA, así como integrar a la totalidad de los municipios del estado de Jalisco, dentro de las entidades participantes para adquirir equipos ecotecnológicos de calefacción que se contemplen en el Programa de Mejoramiento Integral Sustentable para Vivienda implementado por el FIDE, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Asimismo, el artículo 26, apartado A, de la Constitución dispone que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

El Pronase 2009-2012 se convirtió en el primer programa especial, en términos de la Ley de Planeación, dedicado al aprovechamiento sustentable de la energía en México. Este programa dirigió sus acciones a siete áreas de oportunidad de usos finales de energía que fueron: transporte, iluminación, edificaciones, equipos del hogar e inmuebles, cogeneración, motores eléctricos y bombas de agua.

Es una realidad que el sector energético moderno debe ofrecer servicios energéticos al menor costo, con el menor impacto ambiental y con la mayor calidad posible a las familias y a las empresas, razón por la cual este programa establece las directrices que impulsarán el aprovechamiento sustentable de la energía en el país, como un elemento estratégico que refuerza las políticas de seguridad energética, estableciendo objetivos, estrategias y líneas de acción con una visión clara de las actividades que el sector llevará a cabo.

Derivado del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía, publicado el 20 de diciembre de 2013, se estableció en el Décimo Octavo transitorio que: “El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría del ramo en materia de Energía y en un plazo no mayor a trescientos sesenta y cinco días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá incluir en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, una estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios.

En ese orden de ideas la eficiencia energética comienza a ser impulsada de manera formal e institucional a finales de la década de los ochenta, con la creación en 1989 de la Comisión Nacional para el Ahorro de la Energía (Conae), como resultado de la entrada en vigor de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE), es reemplazada por la Conuee, con el objetivo de promover la eficiencia energética y funcionar como el órgano técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la energía para las entidades de la APF, estados, municipios, y particulares.

Asimismo, durante 1989, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) creó el Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (Paese), con el objetivo de producir y distribuir energía eléctrica al menor costo, así como promover su uso eficiente en todos los sectores a través de proyectos de eficiencia energética, asesoría técnica, capacitación en ahorro de energía, actividades de evaluación y difusión.

Posteriormente, en 1990 se creó el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) con la finalidad de impulsar el ahorro de energía eléctrica en los sectores industrial, comercial, servicios y agropecuario, así como el desarrollo de una cultura del uso racional de la energía, el desarrollo de una cultura del uso racional de la energía, durante el mismo año se creó el Fideicomiso para el Aislamiento Térmico (Fipaterm) como un fondo para el financiamiento del aislamiento térmico en la ciudad de Mexicali, BC. Actualmente este fideicomiso contempla las acciones de: sustitución de equipos de aire acondicionado; sustitución de focos por lámparas fluorescentes compactas; aislamiento térmico; y sustitución de refrigeradores.

A su vez, el FIDE ha llevado a cabo, desde su creación, cerca de 1.8 millones de diagnósticos energéticos, más de 4 mil proyectos y ha otorgado más de 2.6 millones de créditos al sector doméstico, en los cuales se incluyen un millón 884 mil 129 créditos otorgados a través del Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos (PSEE) y 786 mil 127 créditos otorgados a través del Programa de Financiamiento para el Ahorro de Energía Eléctrica (Pfaee).

Asimismo, a través del FIDE se han entregado cerca de 60 millones de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas y financiado varios cientos de proyectos en pequeñas y medianas industrias. Otra acción que fomenta la eficiencia energética es el “Sello FIDE”, el cual se le otorga a los productos que cumplan o superen el desempeño establecido en las NOM de eficiencia energética correspondiente.

Asimismo, en 2009 la Sener crea el Programa de Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía Eléctrica “Cambia tu viejo por uno nuevo”, que fue operado por el FIDE hasta el año 2012. Su objetivo fue sustituir refrigeradores o equipos de aire acondicionado con más de 10 años de uso por equipos más eficientes. Este programa otorgó alrededor de 1.8 millones de créditos

En ese sentido, Sedatu, a través de la Conavi, la Sener, el FIDE, la CFE) y Nafin, en 2017, pusieron a disposición el Programa de Mejoramiento Integral Sustentable para Vivienda, el cual tiene como principal objetivo poner al alcance de las e las familias mexicanas, la posibilidad de mejorar la estructura de su vivienda, así como la implementación de ecotecnologías para ahorrar en sus cuentas de gas y energía eléctrica.1

Entre las ecotecnologías que los beneficiarios podrán instalar en sus casas se encuentran sistemas fotovoltaicos y calentadores solares de agua con o sin respaldo de calentadores de gas eficientes; acabados reflectivos, aislamientos térmicos, impermeabilizantes, películas de control solar, ventanas térmicas, iluminación eficiente y aires acondicionados.

Cabe resaltar que para poder ser beneficiarios de este programa las familias interesadas deberán tener un ingreso mensual menor a 5 UMA (12 mil 251.2 pesos), cuyo monto máximo es de 50 mil pesos. Además, no haber recibido algún subsidio para vivienda de la Conavi, tener un contrato de servicio eléctrico con la CFE vigente y estar al corriente de los pagos, a cambio, los beneficiarios obtendrán un subsidio de la Conavi el cual equivale al 30 por ciento del proyecto.

Por otro lado, la Sener otorgará el 10 por ciento de subsidio que se traduce en bono de incentivo energético y el FIDE financiará el 55 por ciento restante, el cual será cubierto por el interesado en un plazo de 5 años, a través de su recibo de la CFE, con posibilidad de pago anticipado.2

Derivado de lo anterior, podemos constatar que existe el sustento jurídico y la estructura presupuestal para lograr apoyos directos a la población en pro de lograr las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo en materia de energía; por otro lado, se observa que se considera contemplar con prioridad en diversas zonas de nuestra entidad y quiénes podrían aprovechar y mejorar de manera exponencial los beneficios y programas como el que señalamos.

Es por ello que observamos la gran necesidad existente en los municipios mencionados, donde los ingresos de la población son precarios y que además las condiciones climatológicas los obligan a tener electrodomésticos de enfriamiento prácticamente de manera permanente, lo cual debido a las condiciones económicas cuentan con equipos de alto consumo de energía eléctrica y de poca eficiencia debido a la antigüedad de los mismos, además de un incremento considerable en el pago del servicio.

En ese sentido, considero oportuno en mi carácter de diputada velar por mejores condiciones de vida para los Jaliscienses, siendo el medio presente el adecuado para impulsar a través de esta propuesta las siguientes acciones:

-Se otorgue subsidio temporal, en coordinación de la Sedatu, a través de la Conavi, la Sener, el FIDE, la CFE y Nafin, a través del Programa de Mejoramiento Integral Sustentable, para realizar un cobro de tarifa única en las zonas de alta marginación, susceptibles de bajas temperaturas en el periodo invernal en el estado de Jalisco a las viviendas particulares, cuyos propietarios tengan ingresos menores a cinco UMA.

-Asimismo se integre la totalidad de municipios del estado de Jalisco, dentro de las entidades participantes para adquirir equipos ecotecnológicos de calefacción que se contemplen en el programa “Programa de Mejoramiento Integral Sustentable para Vivienda” implementado por el FIDE.

Con estas acciones, sin duda, se podrá realizar un uso eficiente de la energía abaratando los costos y, sobre todo, apoyar a las familias de escasos recursos durante la temporada invernal en zonas de bajas temperaturas, además de generar condiciones para que en los años próximos se reduzca el número de beneficiarios potenciales que permita transitar a una comunicad participativa en las acciones conjuntas para revertir el cambio climático.

Por lo antes expuesto a esta soberanía sometemos a su consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Artículo Primero. Se ordena girar atento y respetuoso exhorto a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), la Secretaría de Energía (Sener), el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Nacional Financiera (Nafin), para que, a través del Programa de Mejoramiento Integral Sustentable para Vivienda, se realice el cobro de tarifa única en las zonas rurales y de alta marginación, susceptibles de bajas temperaturas del estado de Jalisco, a las viviendas particulares, cuyos propietarios tengan ingresos menores a cinco UMA.

Artículo Segundo. Se integre la totalidad de los municipios del estado de Jalisco, dentro de las entidades participantes para adquirir equipos ecotecnológicos de calefacción que se contemplen en el Programa de Mejoramiento Integral Sustentable implementado por el FIDE.

Notas

1 http://www.fide.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=769:diciembre-26-2017-familias-podran-ahorrar-en-c uentas-de-luz-y-gas-con-el-programa-de-mejoramiento-integral- ustentable&catid=57:noticias&Itemid=267

2 http://www.fide.org.mx/?page_id=15706

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2019, Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Diputados: Mónica Almeida López (rúbrica), José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel y Norma Azucena Rodríguez Zamora.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar por la SHCP y el Fonden acciones para que sean aprobados y liberados los recursos destinados a atender la declaratoria de desastre natural por sequía a escala nacional, suscrita por integrantes de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria

Los suscritos, integrantes de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, y 77,78,79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaria de Gobernación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Comité Técnico del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) a realizar las acciones pertinentes para que sean probados y liberados los recursos destinados a atender a los Estados afectados por sequía a nivel nacional.

Exposición de Motivos

Según la Organización de las Naciones Unidas, durante la última década los desastres naturales han aumentado de manera considerable en el mundo, repercutiendo en un incremento de víctimas y daños materiales. Señala el mismo organismo que la mayoría de esos fenómenos se deben a eventos meteorológicos en especial, inundaciones, tormentas, olas de calor y sequías severas.

Nuestro país no ha escapado a esos impactos naturales y muestra de ello son las actuales condiciones de sequía y sequía severa, que se han registrado en la mayoría de los estados en este año.

De acuerdo a los reportes de la Conagua, hay mediciones que indican que en el presente año ha llovido 23.5 por ciento menos que el promedio, incluso hay estados que presentan una falta de precipitaciones de entre el 50 y el 100 por ciento de falta de lluvia que ha

afectado principalmente los cultivos de maíz, frijol y avena, los cuales han presentado estrés hídrico desde el mes de junio, como se menciona en el informe.

El Monitor de Sequía de la Conagua en México señaló que entre la segunda mitad de abril y la primera de mayo aumentó el fenómeno en 4,4 por ciento, sobre todo en la zona limítrofe entre los estados sureños de Guerrero, Oaxaca y Puebla, para llegar a 21 por ciento del país.

En la zona occidente, centro y sur del país, en tanto, se observa una “sequía moderada” que está sometida a severa vigilancia por cuanto se teme que pueda pasar a fuerte.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SME), el 16,6 por ciento de la superficie que corresponde al Consejo de Cuenca Río Coatzacoalcos, registra “sequía extrema”. El caudal abarca unos 24.000 kilómetros, y nace desde las montañas del estado de Oaxaca y desemboca en las costas del Golfo de México, en el estado de Veracruz.

De acuerdo con el Monitor, 20 municipios de Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, zona sureste del país, resienten los efectos de la sequía extrema.

El mismo estudio indica que la falta de precipitaciones puso en crisis al sector agrícola y ganadero en los estados de Tamaulipas, Veracruz y Durango, con la muerte de miles de cabezas de ganado, reportando el deceso de más de 2000 animales por falta de pastizales y agua.

En el puerto de Tampico, Tamaulipas, cerca de 2000 familias sufren escasez de agua. El 80 por ciento de los 600 embalses, pequeños, medianos y grandes, ubicados en ranchos ganaderos en el puerto de Altamira, en el mismo estado, se encuentran secos y sólo el 20 por ciento cuentan con reservas de agua.

En la ciudad de Jerez, en el estado central de Zacatecas, las autoridades señalaron que los mantos freáticos descendieron 10 metros en su nivel y que las bombas están trabajando de manera forzada.

En el estado vecino de San Luis Potosí, fuentes oficiales consideran que en los primeros cuatro meses del año se vivió una de las peores sequías de los últimos 20 años.

En el caso de Durango, estudios del Inifap son determinantes en cuanto a la presencia de sequía en todo el estado, concluye, que la sequía ha tenido estragos sobre los cultivos destinados a la producción de forraje para la alimentación del ganado de pastoreo, solo en el mes de julio se tiene el registro de la muerte de más de 500 cabezas de ganado y la siembra de temporal disminuyó en casi 60 por ciento a causa de la sequía prolongada, la falta de lluvias a secado los agostaderos.

El 58 por ciento de la superficie de temporal para cultivo de frijol no pudo utilizarse por falta de agua, y de las 100 mil donde se sembró, sólo la mitad presenta condiciones óptimas de humedad, en el resto se sembró en seco lo que no garantiza que brote la mata.

El año pasado, hubo una sequía moderada que afectó el 20 por ciento del país y fue considerada la más fuerte desde 2013, afectando desde la Ciudad de México hasta la región norte del país.

El Fonden es un instrumento del gobierno federal para movilizar recursos emergentes con el objeto de proteger la vida y la salud de la población civil, así como canalizar recursos para la reconstrucción de infraestructura federal, estatal y municipal afectada por fenómenos naturales, a fin de superar la emergencia lo más rápido posible y restituir la vida normal de la ciudadanía.

Aunque ya ha pasado la emergencia por este fenómeno debido a las precipitaciones que se han registrado en los últimos días, es necesario atender las consecuencias que se tendrán en el corto, mediano y largo plazo en donde comunidades enteras dejaran de percibir ingresos por la falta de cosecha y lo que es peor, se enfrentarán a la carencia alimentaria, enfermedades, falta de agua, etc.

En virtud de lo anterior, solicitamos que los Estados afectados sean atendidos con los recursos del Fonden, destinados a este propósito, para atender a los estados que se encuentran en condiciones de sequía extrema, sequía severa y moderada, en tanto son recursos de origen federal, su ejecución de gasto sea bajo estrictos criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, de conformidad con lo que se estipula en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y responsabilidad.

Por lo antes expuesto los proponentes consideramos urgente atender de manera especial las zonas afectadas por la sequía que se presenta en gran parte de la República Mexicana; de acuerdo a los datos emitidos por el Monitor de Sequía en México.


Los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, nos permitimos someter a la consideración del pleno de Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. De urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Comité Técnico del Fondo de Desastres Naturales a realizar las acciones pertinentes para que sean aprobados y liberados los recursos destinados para atender a los Estados afectados por sequía a nivel nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días de septiembre de 2019.

Diputados: Eraclio Rodríguez Gómez, presidente (rúbrica); Maribel Aguilera Chairez (rúbrica), Rodrigo Calderón Salas (rúbrica), Marco Antonio Carbajal Miranda (rúbrica), Martina Cazarez Yáñez (rúbrica), Juan Enrique Farrera Esponda (rúbrica), Teófilo Manuel García Corpus (rúbrica), Jesús Fernando García Hernández (rúbrica), Edith García Rosales (rúbrica), Efraín Rocha Vega (rúbrica), Absalón García Ochoa (rúbrica), Vicente Javier Verastegui Ostos, Juan José Canul Pérez, José de la Luz Sosa Salinas (rúbrica), Francisco Javier Huacus Esquivel, Jorge Eugenio Russo Salido (rúbrica), secretarios; Miguel Acundo González, Bonifacio Aguilar Linda, José Guadalupe Aguilera Rojas, Óscar Bautista Villegas, Carlos Carreón Mejía, Diego Eduardo del Bosque Villarreal (rúbrica), Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica), Hildelisa González Morales (rúbrica), Daniel Gutiérrez, Ismael Alfredo Hernández Deras (rúbrica), Lorena del Socorro Jiménez Andrade (rúbrica), Carlos Javier Lamarque Cano (rúbrica), Nelly Maceda Carrera, Jesús Salvador Minor Mora, Óscar Rafael Novella Macías (rúbrica), Marcelino Rivera Hernández, Nancy Yadira Santiago Marcos (rúbrica), Lourdes Érika Sánchez Martínez (rúbrica), Armando Tejeda Cid.

Con punto de acuerdo, a fin de implantar estrategias y políticas públicas para eliminar el uso de bolsas de plástico, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Juan Ángel Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En 2018, una ballena en Tailandia murió debido a la ingesta de más de 80 bolsas de plástico. Más de 100 mil animales marinos y 1 millón de aves mueren debido a los residuos plásticos. Centenares de tortugas marinas y medusas mueren por la misma causa.

Datos abrumantes para graficar y entender la magnitud del problema.

• 8 millones de toneladas de basura al año llegan a los mares y océanos.

• Cerca de 10 por ciento del total de los plásticos en el mundo terminan en los océanos. 70 por ciento de los mismos yacen en el fondo del mar, lugar donde nunca serán degradados.

• Cada segundo más de 200 kilos de basura van a parar a los océanos. Se estima que hay billones de fragmentos de plástico, sin incluir los trozos en el fondo marino o en playas.

• Existen islas basura formadas por microplásticos. Dos de ellas se encuentran en el océano Pacífico, dos en el Atlántico y una en el Índico.

• Para 2020 se espera que la producción de plásticos aumente en 900 por ciento con respecto a niveles de 1980.

• Más de 500 millones de toneladas anuales y la mitad de este incremento se producirá tan sólo en los últimos diez años.

• 50 por ciento de los plásticos que llegan a los sistemas de gestión de residuos terminan en los vertederos sin ser reciclados.

• A nivel mundial se usan 1 trillón de bolsas de plástico.

• Anualmente se gastan 100 millones de barriles de petróleo, a nivel mundial, para fabricar las bolsas de plástico.

• China consume diariamente 3 mil millones de bolsas al día.

• Cada minuto se usan 1 millón de bolsas.

• Para fabricar 14 bolsas se necesita la suficiente cantidad de combustible para que un automóvil recorra 1.6 kilómetros.

• Se necesitan unos mil años en las peores condiciones para que el plástico sea degradado por la naturaleza y 20 años cuando las condiciones son ideales.

• De la cantidad de petróleo que se extrae en todo el mundo, 5 por ciento se utiliza para la industria del plástico.

• Hacer una bolsa de plástico tarda sólo unos segundos. Luego se usa una o dos veces durante una semana y se tira.

• Menos del uno por ciento de las bolsas se recicla. Es más costoso reciclar una bolsa plástica que producir una nueva.

• Las bolsas de plástico, además de su composición de sustancias derivadas del petróleo, al estar serigrafiadas, contiene residuos tóxicos.

Alrededor de 5 billones de bolsas de plástico son consumidas cada año en el mundo y menos de 1 por ciento es reciclada, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su informe divulgado el 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. En dicho informe, afirma el escenario desalentador, al tener 12 mil millones de toneladas de residuos plásticos para el año 2050.

“Nuestros océanos han sido usados como vertederos, lo que produce la asfixia de la vida marina y transforma algunas zonas marítimas en una sopa plástica” declara el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Erik Solheim. “En algunas ciudades, los desechos plásticos taponan las canalizaciones, lo que provoca enfermedades. Y al ser consumido por el ganado, esos desechos acaban en la cadena alimentaria”. La mayoría de estos residuos son plásticos de un único uso, como las botellas de plástico, los tapones, los envoltorios de alimentos y principalmente las bolsas de plástico de los supermercados”.

Afortunadamente, existen tendencias mundiales a favor del medio ambiente y campañas de concientización sobre el uso de plásticos y la sustitución por fibras naturales y/o materiales orgánicos. Movimientos dirigidos a prohibir o desalentar el uso de este. Sin embargo, la sociedad es altamente adicta a los polímeros, por la sencilla razón, de la facilidad del usa y tira. Es notable la sobreutilización de bolsas de plásticos, en los supermercados, tiendas departamentales y tiendas de convivencia.

Experiencias internacionales

En Australia y Nueva Zelanda, existen acuerdos bilaterales entre el gobierno y negocios minoritarios para desalentar el uso de bolsas de plástico, y se exige a los supermercados, restaurantes y tiendas de convivencia, el cobro a los clientes por cada bolsa de plástico utilizada.

En la Unión Europea, se plantearon diversas medidas para reducir el uso de bolsas de plástico, fijando fechas para que cien por ciento sean biodegradables. Sin embargo, los resultados han sido lentos y desalentadores, por lo que el Parlamento Europeo planteó un proyecto de ley para eliminar los plásticos de un solo uso e incentivar a las empresas a cambiar al giro biodegradables o amigable con el ambiente.

En América Latina, países como Chile, Colombia y Panamá restringen el uso de bolsas de plásticos, promulgaron leyes alentadoras y estrictas, en cuestión de la prohibición de entrega de bolsas de plástico en los comercios. Costa Rica está por presentar su legislación sobre la prohibición de todos los plásticos de un solo uso para 2021.

El Caribe, Antigua y Bermuda, Bahamas y Belice destacan en las medidas y acuerdos que está realizando la región para restringir el uso de bolsas de plástico.

En Estados Unidos de América (EUA), diversos estados están legislando en materia de la prohibición del uso de plásticos, principalmente California.

Cambiar el rumbo

La bolsa de plástico se convirtió en el ícono y la descripción de la cultura del consumismo, la cultura de usar y tirar, de malgastar cantidades de materiales y energía para fabricar productos innecesarios y superfluos. Que implican grandes afectaciones al medio ambiente por todo el proceso de la cadena, la fabricación, distribución y el poco uso que se les da.

Para poder combatir este escenario tan desalentador, es necesario la eliminación gradual de los plásticos de un solo uso, y la pronta eliminación de las bolsas de plásticos. Es necesario iniciar campañas permanentes para estar conscientes del daño que causan al medio ambiente y a la salud, el uso descontrolado de las bolsas de plástico.

Incentivar el desarrollo de tecnologías para generar nuevos conocimientos que permitan obtener materiales amables con el medio ambiente. En Costa Rica, se utiliza un material hecho de plátano que se desintegra en menos de 2 años. De igual forma en diversas regiones de América Latina y Asia, está el uso de bambú como sustituto del plástico. En México está creciendo la tendencia de materiales hechos con semilla de aguacate.

Parte del proyecto para cumplir los objetivos, es la alianza estratégica entre el sector público y el privado, en búsqueda de alternativas para la sustitución del uso del plástico.

Por lo anteriormente expuesto, y porque es nuestro deber encaminar la prohibición de bolsas de plástico, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a implementar un programa de sustitución de bolsas de plástico por materiales cien por ciento biodegradables.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de Turismo, a realizar campañas publicitarias permanentes sobre el uso responsable y racional de las bolsas de plástico y su impacto en el medio ambiente.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de Economía a implementar políticas públicas que incentiven fiscalmente a las industrias dedicadas al plástico que permitan la reconversión gradual a materiales biodegradables amables con el ambiente.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales exhorta al gobierno federal para realizar mesas de trabajo con las dependencias involucradas para incentivar el desarrollo de tecnologías para generar nuevos conocimientos que permitan obtener materiales más generosos con el medio ambiente y eliminar el uso de bolsas de plástico.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta a los congresos locales de las entidades federativas a legislar en la materia y eliminar el uso de bolsas de plástico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.

Diputado Juan Ángel Bautista Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a llevar a cabo desde una visión de inclusión de los artesanos pirotécnicos la verificación en materia de fabricación, almacenamiento, transporte y comercialización de materiales píricos, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de México y al secretario de Gobierno de la entidad, en su calidad de presidente de la Comisión de Prevención Integral del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, con base en sus respectivas atribuciones, a que las verificaciones que se realicen en materia de fabricación, almacenamiento, transportación y comercialización de materiales píricos se lleven a cabo desde una visión de inclusión y no de exclusión de las y los artesanos pirotécnicos, asimismo que en el desarrollo de las mismas se haga un uso correcto del lenguaje y se informe a detalle la motivación y el fundamento normativo del acto correspondiente, a los artesanos pirotécnicos para evitar caer en confrontaciones que pongan en riesgo a la población, bajo las siguientes

Consideraciones

En días pasados fuimos testigos una vez más de que aún persiste el modelo de exclusión por parte de los gobernantes hacia las y los artesanos pirotécnicos contribuyendo de manera indirecta al incremento del clandestinaje y aumentando los riesgos que esta situación conlleva. Al respecto, el pasado 14 de septiembre de la presente anualidad se llevó a cabo un “operativo” citando las palabras del titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, el Maestro Derek Isaac Cancino Aguilar, en el mercado de artesanías pirotécnicas San Pablito, en Tultepec, Estado de México,1 quien sin informar con claridad ni mostrar documentación oficial encabezó el acto en compañía de autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre las que se encontraban funcionarios de la Fiscalía General de la República, de la Policía Federal, de la Secretaría de Justicia y Derechos humanos, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como de la Coordinación de Protección Civil de la entidad.

Cabe destacar, que en el hecho descrito no se tuvo constancia de la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es la única institución autorizada y a la que le corresponden las responsabilidades de vigilar y regular el consumo de materias primas, el transporte y la comercialización de producto pirotécnico. La Secretaría de la Defensa Nacional es la única autoridad competente para sancionar, suspender y decomisar cualquier tipo de fuegos artificiales, de conformidad a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.2 Como se pudo constatar, no existió una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno para actuar en este acto, así como para evitar la invasión de la esfera de atribuciones de la autoridad federal, por parte de las autoridades locales.

La relevancia de esta proposición con punto de acuerdo reside en que se requiere en futuras acciones emprendidas por parte de la Comisión de Prevención Integral del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, que se realicen entorno a los más altos estándares del buen ejercicio público, y bajo un protocolo de actuación que incluya en el diseño del mismo al sector de artesanos y artesanas pirotécnicos, y no como se dieron las cosas en el hecho descrito, desde un enfoque de exclusión y de criminalización .

En relación a la población donde se materializa el objetivo de la intervención gubernamental en cuestión, estamos hablando de gente de bien, artistas emprendedores que tuvieron que esperar casi 3 años para que pudieran volver a tener oportunidades de trabajar en su único medio de sustento: la comercialización de sus productos en el Mercado de Artesanías Pirotécnicas San Pablito.

Al respecto, el Presidente del Mercado señaló ante un medio de comunicación: No nos oponemos, IMEPI ha hecho aquí inspecciones diario y no ha encontrado nada irregular, no sé por qué el día de hoy cuando más gente tenemos, cuando más venta hay vienen a espantar a la gente”3

Yo misma, fui testigo de la tensión que se generó el pasado sábado 14 de septiembre del presente, tanto por parte de los locatarios, pero también de la gente que visitaba el mercado, por la inadecuada manera en la que llegaron y actuaron los integrantes de la Comisión de Prevención Integral del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia presentes y comandados por el titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. Por ello, puedo confirmar que se careció de sensibilidad, inteligencia y capacidad de diálogo en este supuesto “operativo” , a palabras del titular del IMEPI quien lo definía así, y no como una verificación , como formalmente sería,4 procediendo esta autoridad con amenazas inadecuadas y fuera de toda atribución, de que iba a “cerrar los locales si encontraba algo irregular”. No se tuvo la sensibilidad de que se estaba frente a personas que temen por que se les cierren -una vez más- las puertas de sus medios de trabajo y pueden reaccionar ante una situación donde sean criminalizados. Por mi parte, tuve que contribuir a que los ánimos no subieran de tono exhortando a la prudencia por parte del gremio de pirotécnicos.

Al respecto, encontramos que la palabra operativo se refiere a “...noción de operativo como dispositivo o plan es habitual en referencia a un accionar planificado de las fuerzas de seguridad con la intención de atrapar delincuentes”;5 asimismo la Real Academia Española la define como “adj. Preparado o listo para ser utilizado o entrar en acción”.6

En tanto que, de acuerdo al Manual de Operación para la Integración y Funcionamiento de la Comisión de Prevención Integral del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, en su Numeral 9 se hace mención al concepto de verificaciones, Ordinarias o Extraordinarias,7 pero no de operativos.

De acuerdo a pláticas sostenidas con las y los integrantes del gremio de pirotécnicos, ellos no se oponen a las verificaciones, ni tampoco a que la Secretaría de la Defensa Nacional actúe en uso de sus facultades constitucionales si la ley no es respetada, sino que se realicen sin mediar el diálogo, la comunicación oportuna y la sensibilidad a las necesidades de este sector poblacional. Prueba de ello, es que constantemente se ha tenido la visita en el Mercado referido de integrantes del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia y de su titular sin que haya oposición por parte del gremio, las actas y minutas de las visitas del IMEPI deberían de dar constancia de ello. No obstante, hacerlo de la manera en la que se dio el pasado 14 de septiembre, fue más –insistimos– un acto de provocación .

Cabe destacar que el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia obtiene un presupuesto anual –para este ejercicio fiscal del año 2019–, de: $25,027,475 (veinticinco millones veintisiete mil cuatrocientos setenta y cinco pesos) de los cuales casi el 70 por ciento destina para servicios personales y no para actividades que prevengan accidentes, así como tampoco para el impulso de una política pública integral que atienda el tema de la pirotecnia en su complejidad8 en un contexto en donde el modelo de exclusión imperante de las y los artesanos pirotécnicos contribuyen al aumento del clandestinaje en donde los accidentes por son el pan de cada día a lo largo y ancho de la República Mexicana. Por si esto no fuera suficiente, no encontramos en el perfil de su actual titular constancias que avalen sus conocimientos en la materia de pirotecnia como sería nociones de química, protección civil y prevención de accidentes. Por lo tanto, es un asunto de gravedad en un contexto, en donde insistimos, hay un permanente e incremento de accidentes.9

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos relevante que se promueva, además de los criterios descritos líneas arriba, un actuar más eficiente y que no se vulnere los derechos económicos de los pirotécnicos (establecidos en el numeral 1 del Artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ) 10 ni se ponga en riesgo a la población por parte de la Comisión de Prevención Integral del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, en base a:

• La inclusión de las y los artesanos pirotécnicos en mesas de trabajo y en la determinación de la realización de las verificaciones.

• Un uso correcto del lenguaje, el gremio sabe bien el significado de operativo y nada tiene que ver con las atribuciones de la Comisión de Prevención Integral del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia.

• La información clara y concisa hacia los pirotécnicos mostrándoles y dejándoles una copia del documento oficial que avale alguna verificación o lo que corresponda según el caso.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de México y al secretario de Gobierno de la entidad, en su calidad de Presidente de la Comisión de Prevención Integral del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, con base en sus respectivas atribuciones, a que las verificaciones que se realicen en materia de fabricación, almacenamiento, transportación y comercialización de materiales píricos se lleven a cabo desde una visión de inclusión y no de exclusión de las y los artesanos pirotécnicos, asimismo que en el desarrollo de las mismas se haga un uso correcto del lenguaje y se informe a detalle la motivación y el fundamento normativo del acto correspondiente, a los artesanos pirotécnicos para evitar caer en confrontaciones que pongan en riesgo a la población.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Secretario de Gobierno del Estado de México, en su calidad de Presidente de la Comisión de Prevención Integral del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia para que en el ámbito de sus atribuciones, se divulgue en los medios de difusión institucional -para consulta pública- el informe integral y pormenorizado sobre el resultado de la verificación realizada el pasado 14 de septiembre en el Mercado de Artesanías Pirotécnicas San Pablito.

Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la autonomía y al Pacto Federal, exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, para que destituya de inmediato al titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, por poner en riesgo a la población a causa de la realización de lo que definió como un operativo así como por los actos de provocación que derivaron del mismo, acaecido el pasado 14 de septiembre en las instalaciones del Mercado de Artesanías Pirotécnicas San Pablito, en Tultepec, Estado de México.

Notas

1 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/valle-de-mexico/aplican-oper ativos-de-vigilancia-en-el-mercando-de-san-pablito-en-tultepec-pirotecn ia-4184550.html, Consultado el 15 de septiembre de 2019

2 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/102_12nov15.pdf, Consultado el 15 de septiembre de 2019

3 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/valle-de-mexico/aplican-oper ativos-de-vigilancia-en-el-mercando-de-san-pablito-en-tultepec-pirotecn ia-4184550.html, Consultado el 15 de septiembre de 2019

4 https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edo mex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/feb141.pdf, Consultado el 24 de septiembre de 2019

5 https://definicion.de/operativo/, consultado el 24 de septiembre de 2019

6 https://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=operativo, consultado el 24 de septiembre de 2019

7 https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edo mex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2019/feb141.pdf, Consultado el 25 de septiembre de 2019

8 Información Pública de Oficio Mexiquense, en: https://www.ipomex.org.mx/ipo3/lgt/indice/IMEPI/art_92_xxv_a.web, Consultado el 30 de septiembre de 2019

9 http://imepi.edomex.gob.mx/titular, Consultado el 15 de septiembre de 2019

10 “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho”, en:http://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Pac to_IDESC.pdf, consultado el 30 de septiembre de 2019

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, al primer día de octubre del año dos mil diecinueve.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SCT y la Profeco a investigar a las compañías de autotransporte foráneo terrestre de pasajeros que cobran sobreprecios por servicios especiales para las mujeres, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Datos de 2014 emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que de una población total de 125 millones 386 mil personas en el país, la población femenina es mayoría, con 63 millones 17 mil 797 mujeres, lo que supone el 50.26 por ciento del total, frente a los 62 millones 368 mil 36 hombres que son el 49.74 por ciento.1

Sin embargo y pese a ser mayoría poblacional, aún es común conocer y/o estar cerca de mujeres que son víctimas de violencia de género en cualquiera de sus múltiples manifestaciones.

Una forma de “sutil” discriminación, corresponde a la implementación del impuesto rosa. Se conoce como impuesto rosa al momento cuando las mujeres pagan más que los hombres por el mismo producto y/o servicio, de acuerdo con estimaciones.

El llamado impuesto rosa aumenta casi tres veces el valor de algunos productos para las mujeres, en comparación con los artículos para hombres.

Desde nuestro nacimiento se generan estereotipos de género: rosa para las niñas y azul para los niños. Esta clasificación nos sale cara a las mujeres, ya que en diversas categorías, como ropa, higiene y cuidado personal e incluso salud, los productos dirigidos al mercado femenino suelen ser mucho más costosos en comparación con los artículos para hombres. El fenómeno es conocido como el impuesto rosa (pink tax ), es decir es un acto discriminatorio y violatorio de los derechos humanos de las mujeres.

La justificación para este incremento real es por “que los productos dirigidos a mujeres gastan más recursos en el empaque, diseño del producto y la parte publicitaria para hacerlos atractivos. Siempre encuentras más variedades de un mismo producto para mujer que en hombres, principalmente para tener más visibilidad y permanencia en un anaquel”.2

En el mercado mexicano, los productos “rosas” suelen ser más caros, de acuerdo con un recorrido a supermercados, realizado por Forbes México. De cinco productos tomados al azar en la categoría de higiene y cuidado personal de diferentes marcas (en su equivalente para hombres y mujeres), se pudo constatar que un tratamiento para el crecimiento del cabello para dama es hasta 264 por ciento más caro que uno para caballero (más del triple). Así también, una máquina para afeitar (rastrillo) de la marca Gillete, de dos piezas para mujeres 52.50 por ciento más caro que un Gillete Prestobarba de hombre.

Sin entrar en un tema machista o feminista, es importante considerar que estadísticamente las mujeres ganan aproximadamente 25 por ciento menos que los hombres, pero son las que gastan más en el mercado general, por lo cual se debería de priorizar y valorar su consumo, eliminando los costos de percepción que son los que elevan el precio de los productos y fomentan los estereotipos de género.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), este mayor precio también se debe a que las marcas invierten más dinero en la presentación de sus productos, empaque, diseño y publicidad, por estar dirigidos a mujeres y que generalmente son productos asociados con la higiene personal los que registran el impuesto rosa más marcado, mismos que pueden sustituirse por algún otro neutro, incluso, por productos similares para hombres.

Asimismo, en el ámbito de los servicios y productos financieros, también es posible ver un aumento en el costo de algunos seguros. Sin embargo, a diferencia del precio de los productos de higiene, la razón del aumento de un seguro femenino es porque las aseguradoras parten del supuesto de que la mujer suele vivir más años que los hombres; por otro lado, también responde a un tema de salud, ya que a pesar de las mujeres viven por más tiempo, son propensas a padecer otras enfermedades.

Pero qué pasa cuando con el argumento de “nuestra seguridad” se pretende aplicar un impuesto rosa a nuestro boleto de autobús, esto es; hacer un pago extra por “asegurar” que nuestra compañía de asiento será también una mujer.

Es así como en días pasados fueron denunciados mediáticamente estos hechos, teniendo tímidos resultados por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cerrando únicamente dos ventanillas de venta de boletos en la terminal de autobuses de Oaxaca, cabe señalar que la compañía de trasporte público es Autobuses de Oriente (ADO).

Consideramos que lamentablemente este acto no es tan solo una discriminación por razones de género es, hacer uso de nuestro terror, miedo e inseguridad por el riesgo al que cotidianamente nos enfrentamos las niñas y mujeres en el país, es, por tanto, hacer uso de la violencia psicológica para que estos vendedores hagan uso de nuestros miedos para sus viles fines de mercado.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer emitida por la ONU, indica en su inciso c) del artículo 2 que, “se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

En México, la violencia comunitaria contra las mujeres es de 38.7 por ciento y las entidades con las prevalencias más altas son: Ciudad de México, estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. Esta violencia ejercida en los espacios públicos o comunitarios es sobre todo de índole sexual, que va desde frases ofensivas de tipo sexual, acecho (la han seguido en la calle) y abuso sexual (manoseo, exhibicionismo obsceno).

Las agresiones ocurren principalmente en la calle y parques (65.3 por ciento), seguido del autobús y microbús (13.2 por ciento), el metro (6.5 por ciento). Los principales agresores son personas desconocidas, conocidas, un amigo o vecino, así como el conductor de transporte público.3

Por lo anterior, debe atenderse a la brevedad, los múltiples llamados internacionales para reconocer y aplicar universalmente los derechos humanos de las mujeres en el terreno de la igualdad, la seguridad, la libertad, la integridad y la dignidad como base del derecho al ejercicio y goce de sus garantías incluido el derecho a una vida libre de violencia.

Iniciando una investigación sobre la información emitida, ya que es intolerable -por decir lo menos- que estas personas hagan uso de los difíciles momentos que debido a la inseguridad enfrentamos las niñas y mujeres.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación del siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen a las compañías de autotrasporte foráneo terrestre de pasajeros que cobran sobreprecios por servicios especiales para las mujeres.

Notas

1 Expansión, http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/mexico

2 Opinión de Miguel Ángel de la Torre, director de Estrategia de la firma Quarks Consultoría Creativa.

3 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales a legislar en materia de establecimientos mercantiles, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Juan Ángel Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las grandes problemáticas que presentan las grandes urbes es el crecimiento inmobiliario. Cada año se inauguran aproximadamente numerosas plazas, concentradas principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El crecimiento exponencial y desordenado ha ocasionado uno de los reclamos sociales – legítimo – sobre el cobro de estacionamientos públicos. Principalmente por los cobros excedidos y la falta de seguridad dentro de los mismos. Ante dicha problemática, diversos congresos locales y ayuntamientos han legislado en materia de establecer la gratuidad del servicio.

El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios son los encargados de ejercer atribuciones en materia de desarrollo urbano y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas correspondientes, además la Ley Orgánica Municipal de cada entidad federativa regula y responsabiliza a los municipios en materia de funcionamiento y servicios de los estacionamientos públicos.

Sin embargo, diversas autoridades, a pesar de la responsabilidad que se les atribuye por ley, no han establecido las bases generales del procedimiento administrativo para el funcionamiento de dichos establecimientos.

Motivo por el cual las empresas relacionadas en la materia de establecimientos mercantiles han aprovechado la debilidad o nula normativa y los distintos vacíos legales que existen.

Por consiguiente, es pertinente legislar en materia de establecimientos mercantiles, especificar la infraestructura necesaria, en cuestión de normas de seguridad; responsabilidad ante los daños ocasionados al vehículo y/o personas durante el servicio.

Por lo que la propuesta va enfocada en eliminar el cobro de estacionamiento en clínicas y/o hospitales e instituciones educativas, regular y establecer los cobros máximos en centros y plazas comerciales; estableciendo la gratuidad para la primera hora, a partir de eso, el cobro de las tarifas cada 15 minutos, debiendo ser el mismo precio por fracción.

Además de reforzar, con disposiciones legales, para que las empresas que prestan servicios sean responsables por los daños ocasionados durante el servicio. Establecer sobre sus obligaciones y sus responsabilidades.

Las empresas tendrán la obligación de; emitir boletos del vehículo a cada uno de los usuarios: en el que se especifiquen las condiciones del contrato; iluminación suficiente para la operación del estacionamiento; contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza que garantice a los usuarios el pago de los daños que pudieran sufrir; en caso de pérdida de boleto: prohibir penalidad por pérdida, corresponderá al establecimiento consultar los registro físicos o electrónicos para establecer el tiempo efectivo de permanencia.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta a los congresos locales de las entidades federativas, a legislar en materia de establecimientos mercantiles: estacionamientos públicos, a efecto de prohibir el cobro en los estacionamientos de las clínicas, hospitales e instituciones educativas, regular y establecer tarifas máximas en los centros y plazas comerciales, adicionalmente implementar las medidas y normas necesarias para reforzar con disposiciones legales, que las empresas que prestan servicios sean responsables por los daños ocasionados durante el servicio

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.

Diputado Juan Ángel Bautista Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a pagar a los beneficiarios del programa Aseguramiento Agropecuario en todos los estados afectados por las sequías e inundaciones, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, así como el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El programa de Aseguramiento Agropecuario consta de 3 componentes:

-Subsidio a la Prima del Seguro Agropecuario.

-Apoyo a Fondos de Aseguramiento Agropecuario.

-Subsidio al Seguro para Contingencias Climatológicas.

El objeto señalado en el reglamento es contribuir al desarrollo del seguro y administración integral de riesgos del sector agropecuario a través de la reducción del costo de las primas o cuotas que pagan los productores agropecuarios y los gobiernos de los estados, así como apoyar la capacidad operativa y administrativa de los Fondos y Organismos Integradores Nacionales, apoyar a los productores agropecuarios para reducir el costo de las primas o cuotas que pagan en los seguro agropecuarios que contraten; así como complementar los gastos de administración y operación de los Fondos, Organismos Integradores y Organismos Integradores Nacionales.

Las reglas de operación definen las Poblaciones:

a) Población Potencial: Productores Agropecuarios, sin distinción de género ni discriminación alguna, que se encuentren registrados en el padrón de ProAgro Productivo de Aserca.

b) Población Objetivo: Productores agropecuarios, sin distinción de género ni discriminación alguna, que cumplan con los requisitos establecidos en estas reglas y contraten en cualquier estado o municipio, con los aseguradores, la protección sobre los riesgos a los que está expuesta su actividad.

c) Población Atendida: Productores agropecuarios que recibieron recursos autorizados de este componente, en virtud de haber cumplido con los requisitos de elegibilidad establecidos en estas reglas.

Tiene como beneficiarios a los Productores Agropecuarios que aseguren cultivos cuando contraten y paguen la Prima o cuota de una o varias de las coberturas de riesgo siguientes:

-Climatológico

- Relacionados con la nacencia

- Biológicos

- Relacionados con riesgo de variación en el precio de comercialización

- Coberturas para proteger especies pecuarias, acuícolas, apícolas y avícolas

Los seguros con subsidio del 45 por ciento (cuarenta y cinco) del costo de la prima:

a) Seguro de Alta Mortalidad o Seguro de Alta Mortalidad con Cobertura Limitada

b) Seguro de Muerte por Enfermedades Exóticas con Cobertura Limitada.

c) Seguro de Muerte por Sacrificio. Sanitario por Enfermedades Exóticas con Cobertura Limitada.

Seguros con subsidio de hasta el 30 por ciento (treinta por ciento) del costo de la prima:

a) Seguro de Programas de Fomento.

b) Seguro de Influenza aviar con Cobertura Limitada.

c) Seguro de Newcastle con Cobertura Limitada.

d) Seguro de Salmonelosis aviar con Cobertura Limitada.

e) Seguro de Aujeszky con Cobertura Limitada.

f) Seguro de Fiebre Porcina Clásica con Cobertura Limitada.

g) Seguro de Tuberculosis Bovina con Cobertura Limitada.

h) Seguro de Adaptación para Programas de Fomento.

i) Seguro de Transporte.

j) Seguro de Riesgos Ordinarios de Tránsito.

k) Seguro de Estancia Temporal.

l) Seguro de Estaciones Cuarentenarias.

m) Seguro de Radicación.

n) Seguros de Mejoramiento Genético en Paquete.

o) Seguro de Adaptación.

p) Seguro Acuícola.

q) Seguro Apícola.

Seguros con subsidio de hasta el 20 por ciento (veinte por ciento) del costo de la prima.

a) Seguro de Accidentes Avícolas con Cobertura Limitada.

b) Seguro de Accidentes Porcícolas con Cobertura Limitada.

La forma de aplicación del subsidio estará limitado por cualquiera de los dos siguientes criterios, o lo que ocurra primero:

1. Por el porcentaje indicado para cada tipo de seguro, o

2. Por el monto máximo por unidad asegurable en cada función zootécnica.

Cabe mencionar que no se otorgará subsidio a los aseguramientos de caninos, felinos, animales de ornato, de compañía, de pelea, equinos de alto valor en sus distintas funciones, toros de lidia y/o animales exóticos o de zoológico.

Las aseguradoras que otorguen las coberturas de seguros elegibles de acuerdo a estas reglas de operación, deberán registrarse en Agroasemex, cada uno de los siniestros e indemnizaciones pagadas por póliza o constancia de aseguramiento con base en los riesgos por los cuales se pagó la indemnización y que estén identificados en el Catálogo de Riesgos Agrícola con cuyas claves se identificó la suscripción del seguro.

En caso de que el siniestro corresponda a pólizas globales, se anotará el número de inciso asignado por el Fondo o Asegurador de cada beneficiario individual del aseguramiento; en el caso de siniestro en cobertura limitada se indemnizará a los animales afectados, considerando sus valores pactados individualmente y hasta por el importe del límite de la suma asegurada.

El porcentaje de subsidio publicado en el Diario Oficial de la Federación para 2019 para algodón, arroz, cártamo, cebada, frijol, garbanzo, maíz, sorgo, soya y trigo, es el siguiente:

Para las demás especies vegetales se aplicará un Subsidio equivalente al treinta por ciento del costo de la prima o cuota del Seguro Agropecuario y el tope máximo de subsidio por hectárea será de 550.00 pesos.

Para el ejercicio fiscal 2019 se etiquetó un total de 1,211,748,727 de pesos, del cual el 17.5 por ciento se aplica al ramo ganadero y el 82.5 por ciento para el ramo agrícola.

Los programas para el desarrollo agropecuario de los gobiernos de los estados pueden protegerse ante eventualidades climáticas adversas que pueden afectar grandes extensiones parcelarias, a fin de proteger a los pequeños productores a través del Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Cadena).

Como podemos apreciar, el Programa de Aseguramiento Agropecuario, que es para el apoyo al campo, cubre necesidades que involucra riesgos que pueda sufrir el campo mexicano, como el caso de las sequías, en los últimos meses se presentaron sequías anormales en la mayor parte del país, informó la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional, en los siguientes cuadros del Monitor de Sequía de México, publicado el 23 de septiembre de 2019 podemos observar los municipios más afectados con sequías anormales, sequias moderadas, sequias severas, sequías extremas y sequías excepcionales:

Aunado a esta problemática de sequías, se suman los incendios que se presentaron en el país en los diferentes estados en lo que va del año que en total sumaron 7 mil 293 con una superficie afectada de 599 mil 13, los estados con mayor superficie afectada fueron Jalisco, Durango, Oaxaca, Nayarit, Guerrero, Chihuahua, Chiapas, San Luis Potosí, Sonora y Guanajuato, en los cuales parte del suelo afectado es dedicado a la siembra, como observamos en la siguiente gráfica:

También existen los estados en donde se concentraron una gran cantidad de lluvias extemporáneamente teniendo como consecuencia que las cosechas se hayan perdido debido a las inundaciones o que se pudrieran por los mismos motivos.

La siembra y cosecha de los principales productos agrícolas fue muy baja, debido a las escasas lluvias, al suelo dañado por incendios o afectados por las inundaciones lo que trajo como consecuencia que muchos de los agricultores perdieran lo invertido en la siembra e implico múltiples demandas para que se comience a pagar el cultivo asegurado por el Programa de Aseguramiento Agropecuario, el cual se deberá de pagar por hectárea sembrada, ya que en otras ocasiones se le ha pagado como si tuvieran una sola hectárea, aunque se hayan sembrado más de una.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Esta honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a realizar el pago a los beneficiarios del Programa de Aseguramiento Agropecuario en todos los estados del país, con prioridad en los estados mayormente afectados por las sequías e inundaciones.

Bibliografía

-Acuerdo por el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emite las Reglas de Operación del Programa de Aseguramiento Agropecuario (Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 2016)

-Monitor de Sequía de México (Conagua, septiembre 2019)

-Reporte Semanal Nacional de Incendios Forestales del 01 de enero al 19 de septiembre de 2019 (Conafor, Secretaría de Medio Ambiente)

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de octubre de 2019.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas autoridades a formular la solicitud de adhesión y ratificación del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y armonizar los ordenamientos en materia de crímenes sexuales digitales, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Senado de la República para que hagan la solicitud de adhesión y ratificación al Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia, en atención a las exigencias de la sociedad civil organizada, en el ánimo de integrar la Ley Olimpia a nuestro sistema jurídico, para la urgente atención de los delitos cometidos en el ámbito digital bajo el razonamiento de las siguientes

Consideraciones

El crecimiento en el uso de las nuevas tecnologías ha colocado a México en la necesidad de reconocer las diversas formas de comunicación, interacción, comercialización y uso de datos mediante las tecnologías de la información y la comunicación, reconociendo como derechos fundamentales la libertad de expresión, la protección a datos personales y diversas materias que constituyen el amplio entramado de usos. En conciencia de los profundos cambios provocados por la digitalización, la convergencia y la globalización de las redes informáticas, así como con la llegada de nuevas formas de realizar actos mediante el uso de las redes informáticas, surge la imperiosa necesidad de reconocer que la vida digital de las personas es un atributo que debe ser tutelado por la legislación, constituyendo en sí una extensión de la dignidad humana que puede ser vulnerada ante la carencia de herramientas jurídicas que permitan a la ciudadanía el pleno ejercicio de sus derechos digitales, naciendo la necesidad de aplicar, con carácter prioritario, una política penal que logre proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia.

La ley en comento tiene como objetivo brindar al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo las facultades para prevenir los actos que pongan en peligro la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas, redes y datos informáticos, así como el abuso de los mismo, garantizando la tipificación como delito de dichos actos, lo cual facilitará su detección, investigación y sanción tanto a nivel nacional, como a nivel local, estableciendo disposiciones que permitan una cooperación efectiva entre poderes que permita el acceso a la justicia de la ciudadanía.

En cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas (1966) y otros tratados internacionales aplicables en materia de derechos humanos, que reafirman el derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información pública, a la libertad de defensa de la opinión propia, la libertad de búsqueda, obtención y resguardo de toda información, así como el derecho a comunicar información e ideas de toda índole basándose en el respeto a la vida privada, teniendo en cuenta el Convenio sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989) y el Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil de la Organización Internacional del Trabajo (1999), así como de las acciones y esfuerzos desde el ámbito financiero para la prevención y sanción contra la ciberdelincuencia organizada, se pretende ampliar la protección legal no sólo a las instituciones de crédito sino también, a la ciudadanía, niñas, niños, adolescentes y usuarios de redes informáticas y/o plataformas desarrolladas mediante el uso de nuevas tecnologías.

Con base en la Serie de Tratados Europeos número 85, consistente en el Convenio sobre la Ciberdelincuencia celebrado en Budapest en noviembre de dos mil uno, se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, con aprobación de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador y en cumplimiento de las instrucciones sobre hacer efectivo el acceso a la justicia de todas y todos los mexicanos, se conforme una delegación especial para la adhesión al Convenio de Budapest en el que se delimite el margen de incorporación a nuestro derecho interno de los apartados sobre regulación de ciberdelincuencia propuestos en aquel documento, colocando especial atención al apartado de los delitos cibernéticos cometidos en razón de contenido sexual, íntimo y privado en el sentido de la investigación realizada por el Frente Nacional para la Sororidad.

Lo anterior debido a que la violencia en redes sociales se ha propagado con mayor velocidad que todas las violencias en el terreno físico, teniendo en cuenta que al ser internet el medio para ejercer la violencia, su alcance numérico y el daño a la dignidad humana se multiplica exponencialmente. El alcance de internet, las condiciones de anonimato para el manejo de información y la posibilidad masiva de interacción han proyectado el machismo, racismo, fobias y odios, cuyo contexto aumenta las condiciones de hostilidad y amenaza particularmente en perjuicio de las mujeres.

A la par del Convenio de Budapest, se ha documentado en casos el V iolentómetro virtual que presentó el Frente Nacional para la Sororidad, en donde se contemplan formas de violencia propias del mundo digital.

En ella se enlistan diversas violencias ordenadas por el grado de afectación que causan al ser ejercidas en el ámbito digital. La exclusión virtual consiste en discriminar o rechazar a personas y privarles el acceso a ciertos contenidos, como cuando un funcionario bloquea a un cibernauta en redes sociales.

Los insultos electrónicos, como lo dice el nombre, consiste en utilizar ofensas y groserías para perseguir a otras personas. Este tipo de violencia lo sufren mucho las comunicadoras en medios, que a menudo reciben comentarios y ofensas misóginos. Sin embargo, son agresiones que en un 75 por ciento según el Informe sobre Violencia en Internet, enfrentan con mayor frecuencia, las mujeres.

La violación de datos personales se da cuando se hace pública cualquier tipo de información que nos pueda identificar, como nuestro nombre, teléfono, rostro o enfermedades.

El acecho o stalking consiste en la investigación invasiva sobre las redes personales de otras personas, de las que se pueden obtener imágenes, datos, ubicaciones o información que vulneran la comodidad de la víctima de esta violencia.

El hostigamiento virtual se da cuando el acoso rebasa la línea y el agresor no sólo espía a la víctima, sino que le envía mensajes, llamadas o comentarios, ya sea en perfiles reales o falsos.

A esto se suma la suplantación virtual, que consiste en hacerse pasar por otra persona en redes usando su foto o nombre. La difamación virtual consiste en difundir información falsa sobre una persona, y finalmente las más peligrosas que son la ciberpersecusión, que consiste en la búsqueda reiterada en las diversas redes sociales, el envío de mensajes hostiles, imágenes o audios incomodantes o cualquier tipo de búsqueda reiterada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. La sextorsión que consiste en la solicitud ilícita de bienes, dinero o acciones a cambio de que no se difundan contenidos íntimos o sexuales, cuyo vocablo significa extorsión sexual. Igualmente, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que consiste en compartir mediante cualquier vía todo tipo de material gráfico, visual o auditivo que contenga el cuerpo, rostro, nombre o elemento vinculado con la intimidad sexual de una persona.

Finalmente, se ha propuesto el concepto de “Trata virtual de personas” como una violencia extrema ejercida a través de redes sociales en la que se exhibe a una persona como trabajadora sexual o modelo, actriz pornográfica u otros intercambios sexuales, lucrando con aquella oferta de diversas formas y exponiendo a las víctimas de esta violencia a la trata de personas en términos de Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Estas violencias pueden llevar hasta la muerte y amenazan la dignidad, sexualidad e intimidad de las mujeres

La legislación que se ha impulsado a nivel local en materia de violencia digital, e inclusive, el mismo nombre, surgió desde la perspectiva de víctima. Fueron mujeres las que identificaron este tipo de violencia en carne propia, que se negaron a normalizar lo habitual como algo natural y decidieron comenzar a nombrarlo. La primera de ellas fue Olimpia Coral Melo. Cuando enfrentó en 2013 un episodio que, en aquellos tiempos, le cortó la carrera profesional y la vida tranquila en Huauchinango, Puebla.1

Cuando un video sexual fue filtrado sin su consentimiento, Olimpia se acercó a denunciar y le negaron el acceso a la justicia diciéndole que no había nada qué perseguir. Su ex pareja negó la participación en la difusión de ese video, sin embargo, no logró acceder a la justicia por la inexistencia de un tipo penal para defender su causa.

Desde ese momento, identificaron mediante diversas investigaciones que en facebook, a través de páginas como Rólalas Huauchinango, P**** Huauchinango o Quémalas por P****** Huauchinango, hacían un llamado a trasladar la violencia de las redes sociales hasta la puerta de su casa. Olimpia vivió por varios meses en las cuatro paredes de su cuarto. Con comportamientos que desembocaron en intento de suicidio, abandono, odio, dolor, tristeza, impotencia, coraje y mil cosas indescriptibles pudieron pasar por su mente –de hecho, pasaron–. Pero hubo una que fue detonante para que hoy, la violencia digital sea reconocida en once entidades de México con una perspectiva de género. Esa razón fue la conciencia de que no sólo era ella la que estaba sufriendo el flagelo de la doble moralidad poblana. Eran miles de niñas y mujeres, en muchos lugares del país. Ahí comenzó la lucha para reconocer que: lo virtual es real, y hace daño lo que sucede en internet tanto como lo que sucede fuera de las redes.

La “Ley Olimpia” reconoce las condiciones de desigualdad simbólica como motores de la violencia digital, aspectos que deben ser integrados a nuestro sistema jurídico desde la perspectiva abordada en la Convención de Budapest, donde se faculta a policías cibernéticas y empresas de telecomunicaciones a integrarse en la persecución de todo tipo de delitos cibernéticos. Organizaciones como “Luchadoras” han documentado también que la violencia en internet se ejerce con mayor intensidad y gravedad contra las mujeres, esto debido a que, existen personas que tienen la idea de que las mujeres son “objetos de consumo sexual” de los hombres, esto permite que se mantengan estos contenidos como opciones rentables para hacer “negocios” en páginas pornográficas y redes sociales. Ya que basados en la idea de que las mujeres que se dejan grabar o fotografiar desnudas son las culpables de lo que les pueda suceder, criminalizan el intercambio y justifican que la condena social se vierta toda en contra de la mujer, misma que deben ser erradicada.

De los documentos internos para el funcionamiento del gobierno se desprende que el procedimiento para la celebración de un tratado en México;2 comprende las siguientes etapas: la negociación, la redacción y la adopción del texto, la firma, la aprobación interna, el consentimiento del Estado en vincularse y la entrada en vigor. En el caso de México, las delegaciones para negociar un tratado bilateral se integran generalmente por funcionarios de las dependencias sustantivas competentes en la materia del tratado y de la Secretaría de Relaciones Exteriores; en ocasiones, se designa como asesores a particulares expertos en la materia. En este caso, al tratarse de una Convención hecha por el Consejo Europeo, nuestro país tiene la posibilidad de solicitar la adhesión plena o con reservas a dicho convenio.

En términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 28, fracción I, concede a la Secretaría de Relaciones Exteriores la facultad de promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la administración pública federal; es por ello que su competencia resulta fundamental para la incorporación de tal tratado internacional a nuestra legislación.

El Convenio de Budapest es el único tratado multilateral que define los delitos en el ciberespacio y reconoce distintas formas de su comisión consistentes, por ejemplo, en el robo de información de los dispositivos de cómputo portátiles o dispositivos telefónicos robados o extraviados; el robo de información de dispositivos de cómputo cuya propiedad es de una persona física o moral para que sean extraídos en el ejercicio de funciones laborales o profesionales, así como todo tipo de imposición sin consentimiento de rastreadores de geolocalización entre particulares y otras formas de uso tecnológico que atenten contra la dignidad, intimidad y datos personales de las y los ciudadanos.

La adhesión a este convenio logra implementar un marco inicial que brinde herramientas para que las autoridades competentes realicen investigaciones y sancionen adecuadamente la ciberdelincuencia; garantiza la protección de los derechos humanos y las libertades de acuerdo con los documentos internacionales actuales, reconociendo las distintas formas de vivir las violencias entre generaciones y entre géneros; brinda mecanismos flexibles para evitar conflictos jurisdiccionales a nivel internacional sobre la materia; genera condiciones para continuar en la armonización de la Ley Olimpia y disposiciones sobre delitos digitales contra la intimidad a nivel nacional coherente a la legislación sobre ciberdelincuencia; armoniza las disposiciones penales nacionales sobre delitos informáticos con las de otros países; y articula estándares globales más ágiles y efectivos en materia de cooperación internacional sobre ciberdelincuencia, influyendo en el alcance efectivo de la reparación del daño a las víctimas de violencia digital para el caso en que sus rostros o videos son difundidos en páginas pornográficas cuyos servidores informáticos se encuentran fuera de nuestra jurisdicción.

Por las anteriores consideraciones y antecedentes, someto a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la venia del Ejecutivo federal, para integrar una delegación que solicite la adhesión de México al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia.

Segundo. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Senado de la República a dar trámite en uso de sus facultades constitucionales para la pronta ratificación del Convenio de Budapest, a condición de su solicitud por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Tercero. El pleno de esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades federales al reconocimiento del Violentómetro Digital realizado por el Frente Nacional para la Sororidad y a su incorporación en el ámbito preventivo de las violencias en sus respectivos ámbitos de competencia.

Notas

1 Ciberacoso: “Pasé de ser la gordibuena del video sexual que criticaba todo el pueblo a que 11 estados de México aprobaran una ley con mi nombre”

Ana Gabriela Rojas https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49763560

2 El procedimiento interno para la aprobación de un tratado internacional en México (actualización DPI-ISS-03-03) Maestra Elma del Carmen Trejo García

http://www.diputados.gob.mx/sia/coord/pdf/coord-iss-03-0 5.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Puebla a proteger los derechos humanos de las comunidades indígenas violentados por las prácticas de fraking hidráulico y minas a cielo abierto, por los daños al ecosistema y la salud, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado David Bautista Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

El estado de Puebla es conocido en el país por su amplia diversidad cultural, así como por ser un estado con un extenso ecosistema vegetal y natural, casi como todos los estados del sureste mexicano, que es deseado y anhelado por grandes empresarios nacionales y extranjeros por su alta riqueza natural.

Dentro de la gran diversidad cultural poblana se encuentran los pueblos originarios, para ellos la tierra es sagrada y un recurso invaluable que satisface sus necesidades más importantes. Esta población vulnerable se encuentra distribuida en todo el estado.

La capital, Puebla, con cerca de 70 mil indígenas. El Valle de Tehuacán, con cerca de 50 mil. En la Sierra Norte, subsisten náhuas, tutunakús y otomíes; en la Sierra Negra, popolocas, náhuas y mazatecos. El 80 por ciento de los mixtecos en Xayacatlán, Chigmecatitlán y Tlatempan.1

Los totonacos y los náhuatl son pueblos indígenas que siguen presentes en la vida diaria y en la historia de la sierra nororiental de Puebla.2

Su hábitat y sus territorios es lo único que les queda, de ahí son originarios y así formaron a sus pueblos.

Pero este apego a los ecosistemas va más allá de la mera necesidad económica; espiritualmente, la naturaleza también es fuente de identidad: es la cuna que vio nacer una diversidad de culturas y religiones. Para estas comunidades no se trata sólo de conservar el capital natural para sobrevivir sino de mantener su identidad y autonomía para poder transmitirlas a las siguientes generaciones.3

Sin embargo, el actual sistema económico, aunado a la reforma energética implementada en 2014 en nuestro país, permite la implementación de proyectos extractivos o los llamados popularmente “Proyectos de muerte”, tales como minería a cielo abierto, hidroeléctricas, gasoductos, parques eólicos, parques geotérmicos, y los pozos de explotación de fracking.

Esa situación ha provocado múltiples violaciones a derechos humanos y ha generado graves riesgos de destrucción del medio ambiente. Los proyectos que más afectan a Puebla son el fracking y las Minerías a cielo abierto.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que hasta mediados del año pasado en Puebla había mil 440 pozos perforados con técnica “no convencional” para extraer gas y petróleo, a pesar de que genera temblores e impactos adversos en agua, aire, agricultura, salud y seguridad pública.4

La técnica no convencional o fractura hidráulica, conocida comúnmente como “fracking”, requiere el uso y contaminación de grandes volúmenes de agua, de nueve millones a 29 millones de litros por pozo, mezclados con arena y hasta 750 químicos tóxicos, señala el “Estudio sobre Protección de Ríos, Lagos, Acuíferos desde la Perspectiva de los Derechos Humanos”.5

La Alianza Mexicana contra el fracking, explicó que esta circunstancia permitió que el pasado 11 de febrero, durante la Octava Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), se presentara y aprobara la resolución para la modificación de cuatro planes de Exploración presentados por Pemex Exploración y Producción para la Cuenca Tampico Misantla, en el estado de Veracruz, misma que tiene impactos directos sobre la Sierra Norte de Puebla. Esta aprobación incluye autorizar el uso de fractura hidráulica para la exploración en formaciones no convencionales, misma que permanece vigente.6

Durante el sexenio pasado, según datos del periódico Animal Político en su investigación “Los Proyectos de Muerte”, la Secretaría de Economía ha dado concesiones para la exploración de recursos minerales por 32 millones de hectáreas, es decir cerca de la tercera parte de las tierras ejidales y comunidades agrarias.

Desde el 2012, la actividad minera amenaza a la Reserva de Bosque Mesófilo de Montaña más grande de la Sierra Nororiental Poblana, ya que se realizaron exploraciones en terrenos ubicados en la zona limítrofe de Cuetzalan y Zautla, por medio del fracking hidráulico.

El fracking utiliza sustancias y técnicas que son muy perjudiciales para la salud y el medio ambiente. En Europa es una técnica prohibida para la salud humana y el medio ambiente, tomaron decisiones de prohibición o moratoria aplicando elementos del principio precautorio. Tal es el caso de países como Francia, Bulgaria, Irlanda del Norte y Escocia, Tasmania y Australia; o bien de los gobiernos subnacionales en la Provincia de Québec en Canadá, de los estados de Nueva York, Maryland y Vermont en los Estados Unidos de América (EE. UU.) o del Condado de Monterey en California, la ciudad de Pittsburgh en Pennsylvania, y los Pueblos indígenas Chippewa de Turtle Mountain, y Banda Oriental de los Cherokee, también en los EE. UU.7

No obstante, en Puebla se continúa con este tipo de prácticas a pesar de los daños que provoca en la salud.

Se ha demostrado que al menos 25 % de las sustancias utilizadas en las distintas mezclas de perforación (fluidos del fracking) pueden causar cáncer y mutaciones, 37% afecta al sistema endocrino, 40% provoca alergias y 50% daña el sistema nervioso.8

El agua de los pozos que abastecen a la población situados cerca de las zonas en donde se usa fracturación hidráulica tiene altos niveles de metano y sustancias cancerígenas y neurotóxicas. La población que habita cerca de esos pozos tiene 66 por ciento de probabilidad de padecer cáncer asociado con la contaminación atmosférica derivada de fracking. Igualmente, la toxicidad y los riesgos de accidentes asociados con esta actividad repercuten negativamente en la salud y la vida de los trabajadores de esta industria.

No se puede descartar la contaminación de acuíferos subterráneos y aguas superficiales a causa del fracking y del desecho de sus aguas residuales enviadas a plantas de tratamiento, a inyección en pozos, o directamente a las aguas superficiales, por lo cual, las sustancias tóxicas presentes en estos fluidos pueden llegar a los acuíferos y a las fuentes subterráneas de agua potable.

Otro problema antes mencionado que tiene, el Estado de Puebla es la minería a cielo abierto.

Los recursos naturales del Estado de Puebla son tan diversos como su topografía, y entre los más destacados están los minerales, como la plata, el oro y el cobre.

En México el 75% de las minas nuevas son de cielo abierto.

Fuente: Las actividades extractivas en México

La minería a cielo abierto es una actividad industrial que consiste en la remoción de grandes cantidades de suelo y subsuelo, que es posteriormente procesado para extraer el mineral. Este mineral puede estar presente en concentraciones muy bajas, en relación con la cantidad del material removido. Este tipo de minería utiliza grandes cantidades de cianuro, sustancia altamente venenosa, que permite recuperar los metales del resto del material removido. Para desarrollar este proceso se requiere que el yacimiento abarque grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie. Como parte del proceso, se cavan cráteres gigantescos que llegan a tener 150 hectáreas de extensión y hasta 200 metros de profundidad. Para extraer 0.01 onzas de oro, las compañías mineras necesitan remover y destruir una tonelada (2 mil libras) de suelo.9

Con una superficie de explotación y extracción del 3.9 por ciento del total del territorio, que representan 131 mil 567 hectáreas, Puebla se convierte en el sexto estado del país con mayor actividad minera, de acuerdo con el Anuario 2018 que presentó Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Economía (SE); Panoramas mineros (SGM 2011, 2015, 2018); Pérez Jiménez, 2014, 2017, 2019).

En la actualidad, Puebla cuenta con cuatro minas en construcción y los impactos negativos van desde la contaminación del suelo, agua y aire, así como en la producción de miel, los establos lecheros, las granjas acuícolas y la crianza de cabras.

Las minas en territorio poblano están ubicadas en las localidades de Francisco Z Mena, con una ocupación de 6 mil 928 hectáreas; Jalpan, con 787.59 hectáreas; Pantepec, con 2 mil 772 hectáreas; y Venustiano Carranza, con 7 mil 250.80 hectáreas, siendo este último municipio donde se presenta la mayor explotación.

Fuente: Elaboración propia con base en SE (2017), SGM (2017), MMR (2018).

Las cuatro minas se encuentran a cielo abierto, técnica que usa grandes cantidades de agua y ácido sulfúrico, químico letal para la salud y la biodiversidad.

Dichos riesgos son reales y los impactos adversos para la salud y el ecosistema.

Por lo que será necesario que las autoridades pongan especial atención en los consecuentes impactos ecológicos y sociales que acarreará esta técnica de explotación.

Puebla es uno de los principales destinos para empresas transnacionales, mismas que llegan, expropian, explotan y deterioran las condiciones de vida y el ecosistema poblano. Cabe señalar que los grupos directamente afectados son los habitantes de las comunidades Indígenas.

Por lo anterior, en el municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, surge en enero de 2014 una organización de vecinos con el apoyo y asesoría del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), ante la preocupación de la aprobación de actividades mineras e hidroeléctricas en la región. En conjunto, se crea un estudio técnico sobre el uso de suelo del municipio, con información e identificación de un total de 53 zonas de atención territorial, con la finalidad de salvaguardar la vida y los recursos naturales.

Se debe mencionar que el artículo 1° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo tercero señala:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 10

Los derechos humanos afectados por las concesiones a las empresas, las cuales al llevar a cabo sus actividades violan los derechos a la propiedad, la salud, el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente saludable, derecho de los pueblos a la paz, derecho de los pueblos a gozar y disponer plenamente de sus recursos naturales y derecho de los pueblos a la autodeterminación.

En el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el inciso A, fracciones I y V, se señala lo siguiente:

I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

Esto implica, por parte de las autoridades, determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

En el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a que estos sean consultados acerca de ese tipo de inversiones, viviendo libres e informadas para llevar a cabo acciones que no afecten las condiciones de vida de sus pueblos.

Las distintas reformas llevadas a cabo durante el sexenio anterior generaron el aumento de instrumentos, como el fracking junto con la minería, que son las actividades económicas que más conflictos han generado entre las comunidades indígenas, el Estado y las empresas, durante las últimas décadas.

En Puebla, aunque los pueblos indígenas sean dueños de sus territorios, los Estados se reservan la propiedad del subsuelo y lo concesionan a empresas que extraen sus valiosos recursos a cambio de beneficios muy marginales para las poblaciones, generando daños al ecosistema y a la salud, inclusive dejando sin hogar a estas comunidades, pues éstas a menudo están sujetas al despojo y desalojo de sus territorios.

Por lo que se deben prohibir estas prácticas, como se han prohibido en otros países a favor de los ciudadanos y pueblos originarios.

Por lo expuesto, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno de Puebla, para que proteja los Derechos Humanos de las Comunidades Indígenas, que son violentados por las prácticas del fracking hidráulico y las minas a cielo abierto, que generan daños al ecosistema y a la salud.

Notas

1 Milenio “Contexto Histórico de los Pueblos Originarios de Puebla”, [En Línea] [Fecha de consulta: 2 de septiembre 2019] Disponible en: https://www.milenio.com/opinion/victor-bacre-parra/de-neblinas-don-goyo /contexto-historico-de-los-pueblos-originarios-de-puebla

2 Conflictos sociales en la Sierra Nororiental, [En Línea] [Fecha de consulta: 2 de septiembre] Disponible en: https://intoleranciadiario.com/blog/2015/10/23/405174-conflictos-social es-en-la-sierra-nororiental.html

3 Animal Político “Los Proyectos muerte en Puebla”, [En Línea] [ Fecha de consulta 15 de septiembre 2019] Disponible en: https://www.animalpolitico.com/semillero-de-ciencia/los-proyectos-de-mu erte-en-comunidades-indigenas/

4 El Sol de Puebla “Perforan con fracking más de mil pozos en Puebla: CNDH”, [En Línea] [Fecha de consulta: 29 de agosto 2019] Disponible en:

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/perforan-con-f racking -mas-de-mil-pozos-en-puebla-cndh-1605468.html

5 Ibídem

6 El Sol de Puebla “Sin Freno uso del fracking en Sierra Norte de Puebla”, [En Línea] [Fecha de consulta: 30 de agosto 2019] Disponible en: https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/sin-freno-uso-del-frac king -en-sierra-norte-de-puebla-4106092.html

7 Un resumen de las medidas adoptadas en estos lugares puede consultarse en: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Prohibiciones y moratorias al fracking : legislación comparada. Primera edición, 2019. Disponible en: https://aida-americas.org/es/prohibiciones-y-moratorias-al-fracking -legislacion-comparada (consultada el 1 de abril de 2019).

8 Riesgos del fracking para la salud humana, [En Línea] [Fecha de consulta 4 de septiembre 2019] Disponible: http://ecologica.jornada.com.mx/2018/01/26/riesgos-del-fracking - para-la-salud-humana-7826.html

9 ¿Qué es la minería a cielo abierto?, [ En Línea] [Fecha de consulta 5 de septiembre 2019] Disponible en:

https://noalamina.org/general/item/2720-que-es-la-mineri a-a-cielo-abierto

10 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, [En Línea] [Fecha de consulta: 1 de septiembre 2019] Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.

Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de México a destinar por la SHCP y el SAE en beneficio del campo los recursos desviados por ex gobernadores, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame, diputado federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, a efecto de que destinen los recursos desviados por los exgobernadores acusados por esos delitos para beneficio del campo mexicano, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Uno de los propósitos del nuevo gobierno, encabezado por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, es el combate a la corrupción, la cual caracterizó a los gobiernos anteriores y que se reflejaba, fundamentalmente en el desvío de los recursos públicos de los tres niveles de gobierno, en beneficio propio, o de grupo, dejando en la indefensión total a la población, sobre todo la que se encuentra en la más extrema pobreza, al no tener los insumos suficientes para la satisfacción de sus más elementales necesidades.

II. Como es sabido, la opinión pública ha denunciado esos actos de corrupción, destacando los casos de los gobiernos de las entidades federativas correspondientes a Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas, fundamentalmente.

III. En recientes actos públicos, el Gobierno Federal ha vendido los bienes confiscados a la delincuencia organizada para, con ello, allegarse de recursos económicos que se canalizan a los municipios más pobres del país, lo cual consideramos que no resuelve, de fondo, los problemas económicos del país, aunque si constituyen en esfuerzo importante para lograr ese objetivo.

IV. Considero que la situación que actualmente tiene el campo mexicano es una de las más críticas en los últimos años, sobre todo porque, con la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2020, se contempla un recorte para este sector, el cual asciende al 29 por ciento respecto al aprobado para el 2019. Concretamente, el gasto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) será de 46 mil 253 millones de pesos, casi 20 mil millones de pesos menos frente a los 65 mil 434 millones de pesos que fueron aprobados para este 2019.

V. La Auditoría Superior de la Federación, según datos que nos proporciona el portal de Ciudadanos en Red y que obtiene de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), ha señalado que el desvío de recursos en México, cuyo uso no ha podido ser recuperado o aclarado en gobiernos estatales, es de 21 mil millones de pesos.

En esa misma página de internet, la Coparmex señala que, entre el 2004 y el 2016, México cayó 59 lugares en el índice de percepción de la corrupción, elaborado por “Transparencia Internacional”, pasando de la posición 64 a la 123. A mediados de 2017, la misma organización dio a conocer que 51 por ciento de los mexicanos encuestados habían pagado algún soborno.

VI. En el portal de “Aristegui Noticias”, el 31 de octubre del 2018 se publicó una nota respecto de las denuncias que presentaron organizaciones de la sociedad civil ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra funcionarios y exfuncionarios de 11 estados de la República por actos de corrupción cometidos de 2012 a 2016 en los estados de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco, siendo el monto total de las irregularidades denunciadas asciende a 36 mil millones de pesos, de acuerdo con un comunicado de las organizaciones. Se menciona que “La base de las denuncias son los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los cuales reportan numerosos desfalcos de recursos públicos federales por parte de los gobiernos estatales, destinados al sector de salud pública”. Dichas asociaciones civiles observaron que los recursos que debieron trasladarse de la federación a los estados no llegaron a los beneficiarios del Seguro Popular ni tampoco al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, cuyo objetivo es prestar y garantizar servicios de salud a la población que no cuenta con empleo formal o que no está incorporada en algún régimen de seguridad social.

VII. Hay una nota que salió a la luz pública donde se señala que existe un total de 22 gobernadores durante el sexenio pasado que han desviado alrededor de 258 mil 829 millones 185 mil pesos de los recursos públicos, de acuerdo con denuncias penales y resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de los cuales cinco han sido detenidos o tienen orden de aprehensión y cuatro han sido denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR).

VIII. Desde que asumió la Presidencia el 01 de diciembre del 2018, el Presidente de la República, ha organizado cinco subastas de bienes asegurados que pertenecían al gobierno federal o que fueron producto de lo confiscado a la delincuencia organizada, y dichas subastas han sido para obtener recursos y destinarlos a obras en las zonas pobres del país. En total, se ha recaudado alrededor de 229.4 millones de pesos.

La primera subasta se realizó entre el 23 y 24 de febrero del 2019, en la base aérea de Santa Lucía, en la que se vendieron vehículos que pertenecían a gobiernos anteriores. Durante la jornada se subastaron 191 lotes de los 218 ofertados; es decir, cerca del 87 por ciento, entre los que había vehículos blindados, motocicletas, autobuses, tractores y pipas, así como otros automóviles. El gobierno federal obtuvo 32.1 millones de pesos durante estos dos días.

El 26 de mayo del 2019 se llevó a cabo la segunda subasta en Los Pinos, donde se ofertaron 82 lotes de vehículos que fueron asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR) y que pertenecían al Estado Mayor Presidencial. Se vendieron 65 de los lotes y se recaudaron 28.4 millones de pesos, los cuales fueron entregados a los alcaldes de Santos Reyes Yucuná y Santa María Tlahuitoltepec, considerados los más pobres de Oaxaca.

El 23 de junio del 2019, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) ofertó nuevamente en Los Pinos 27 inmuebles asegurados a bandas del crimen organizado, de los cuales sólo se vendieron nueve. La recaudación ascendió a cerca de 56.6 millones de pesos que se entregaron a los presidentes municipales de Metlatónoc y Cochoapa El Grande, municipios de Guerrero.

El 28 de julio, el gobierno federal subastó joyas aseguradas a integrantes del crimen organizado en Los Pinos, lográndose recaudar 10.3 millones de pesos por la venta de 110 lotes de joyas, de los 153 que se ofertaron. Desde el anuncio de esta nueva subasta, el Presidente se comprometió a que los recursos serían destinados a rehabilitar caminos rurales de Michoacán.

La última subasta fue la de una mansión asegurada al empresario de origen chino-mexicano Zhenli Ye Gon, ubicada en Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. El inmueble fue comprado por el empresario Carlos Bremer, quien desembolsó 102 millones de pesos que fueron entregados como apoyos a los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Es más, el presidente de la República ha señalado que el titular del SAE será también el director de Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

IX. Ante esta lógica, el suscrito considera que, así como se ha dispuesto de bienes que se encuentran a manos del Estado mexicano para beneficiar a los más pobres del país, y considerando que el campo mexicano engloba a la población con el mayor número de mexicanas y mexicanos que vive en la miseria, y toda vez que se puede acceder a los recursos de los servidores públicos deshonestos y corruptos que se han enriquecido con el dinero del pueblo, es que propongo a esta Asamblea que así como se ha hecho con las subastas, así se distribuya entre las y los campesinos de México los recursos producto del cohecho y de la malversación del dinero de los mexicanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este honorable Pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, a efecto de que destinen los recursos desviados por los exgobernadores acusados por esos delitos para beneficio del campo Mexicano.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, a 1 de octubre de 2019.

Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a refrendar las facilidades administrativas relativas a los estímulos fiscales para el sector del autotransporte público federal en el diésel y pago de impuestos considerados en el paquete económico de 2019, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame, diputado de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6o., numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de refrendar las facilidades administrativas relativas a los estímulos fiscales para el sector del autotransporte público federal en el diésel y pago de impuestos considerados en el Paquete Económico de 2019, así como evitar la eliminación de la cuota universal que permite la conjugación de impuestos en beneficio del sector y de los hombre camión del país, con base a las siguientes

Consideraciones

A diez meses del inicio de la Cuarta Transformación en México (4T), los mexicanos, seguimos en el camino para aspirar, mediante la unidad y el trabajo, el acceder una nación más justa, más segura y con desarrollo. Con aspiraciones firmes para respetar y hacer respetar nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual es nuestra base jurídica, política y social; nuestra fuente de derechos y obligaciones; nuestro punto de partida donde encontramos el respeto hacia nuestros semejantes, donde emana la armonía entre hermanos y donde existe la libre convivencia de todos los mexicanos.

Hoy contamos con un Presidente comprometido con su pueblo, mismo que se encuentra trabajando incansablemente y entregando resultados a las mexicanas y los mexicanos, cumpliendo aun en situaciones adversas con el casi 78 por ciento de los compromisos contraídos al inicio de su sexenio, principalmente una política pública de beneficio social sin precedentes, orientada a los adultos mayores, los jóvenes y personas discapacitadas.

También reconocemos que existen compromisos pendientes por atender como lo es la inseguridad, la pobreza, la salud y la inversión para infraestructura, pero haremos los esfuerzos que sean necesario para rendirle buenas cuentas al pueblo de México que ha depositado en Morena y en su gobierno toda su fe y su confianza.

Hacemos un llamado respetuoso para generar, en todos los poderes y en todos los sectores productivos de nuestra sociedad, el consenso nacional para que, sin distingo, ni colores partidistas vayamos juntos, todos como uno solo individuo, en torno al liderazgo y desempeño de un gobierno que lucha por ser democrático, transparente y responsable, para erradicar la corrupción, base de nuestros terribles males, en pos de una felicidad general.

¡Así lo hemos demostrado!

En lo que va de la presente legislatura, los legisladores de Morena, tenemos muy claro cuál es nuestra misión y cuáles son nuestros objetivos: primero, el corresponder a la confianza de la sociedad que, gracias a su respaldo, nos convirtió en una fuerza política consciente de los problemas que aquejan a la sociedad mexicana y responsable en la búsqueda de la solución a los mismos; nos hizo crecer y ser una mayoría política en ambas Cámaras del Congreso de la Unión en la mayor parte de los congresos de las entidades federativas y en los gobiernos de los tres niveles de gobierno, por la debida razón de que representamos la voz del oprimido y del vejado por los gobiernos anteriores que defendían los intereses de los poderosos y de los opresores; segundo, el trabajo legislativo que a un año de trabajo, podemos considerarlo como positivo y que, con ello, se da cumplimiento a la tarea de impulsar las reformas trascendentales a nuestro marco jurídico federal para pavimentar el camino a la 4T y nadie puede negar que hemos sabido ser una digna mayoría.

Esas reformas consisten en los cambios a las leyes en materia de seguridad pública, de salud, de educación, de comunicaciones y transportes, en materia de apoyo a los más necesitados, en materia de la economía nacional y de las finanzas públicas. Es ahí donde usted, señor secretario de Hacienda y Crédito Público ha jugado un papel fundamental. Un logro fundamental es el combate a la corrupción y que ha sentado las bases de la verdadera austeridad republicana, así como la Guardia Nacional, la cual es un gran logro en materia de seguridad pública, así como lo es la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que da seguridad jurídica a los procedimientos penales en contra de la delincuencia organizada.

Seguiremos manteniendo el diálogo y la interlocución con todos los grupos parlamentarios y con los legisladores de oposición, con respaldo pleno a la política de nuestro Presidente, la que consiste en no aprobar más impuestos de los que sean necesarios para el mantenimiento de la actividad del Estado mexicano, además de no propiciar aumentos a los energéticos, así como aprobar un Presupuesto de Egresos que promueva la austeridad, genere recursos para combatir a la pobreza y rescatar al campo y de la autosuficiencia alimentaria.

A partir de este análisis, y después de conocer el Paquete Económico para 2020, que presentó el Ejecutivo ante esta Cámara de Diputados el pasado 8 de septiembre del presente año, Morena, específicamente el sector del transporte que represento, le solicito lo siguiente:

1. Refrendar los estímulos fiscales para el sector, por la adquisición de diésel y por el uso de autopistas de cuota, en los mismos términos y condiciones con los que se aplican actualmente ; estableciendo para ello las disposiciones necesarias en la Ley de Ingresos para 2020, dando con esto certeza jurídica a los transportistas.

2. Seguir contando con las Facilidades Administrativas otorgadas al sector, las cuales hacen posible la operación y subsistencia de las empresas.

3. En materia de IVA se propone precisar el correcto tratamiento de la transportación internacional, la cual debe ser considerada como exportación de servicios; tanto para los viajes de México al extranjero como del extranjero hacia México; armonizando así la legislación fiscal con las leyes específicas y los tratados internacionales.

Estamos conscientes de la situación económica que priva en el entorno económico mundial y nacional, la contracción en los ingresos del sector público, la reducción en el gasto público, gasto corriente y el de inversión, deseamos que el gobierno gaste menos e invierta más; que el modelo fiscal mexicano sea más eficiente y corrija lo necesario.

Vemos que se recauda poco por tantas fugas, por la alta corrupción y por tanta condonación de impuestos que acabamos de prohibir en esta Cámara, sobre todo a las grandes empresas que han tenido este tipo de privilegios a través de los últimos años. Lo que aquí hemos planteado representa para el sector del transporte público federal la oportunidad de seguir trabajando honestamente, pero, sobre todo, contar con el apoyo de un gobierno democrático, honesto y firme que usted representa en esta 4T.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a efecto de refrendar las facilidades administrativas relativas a los estímulos fiscales para el sector del autotransporte público federal en el diésel y pago de impuestos considerados en el Paquete Económico de 2019, así como evitar la eliminación de la cuota universal que permite la conjugación de impuestos en beneficio del sector y del hombre camión del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.

Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para intervenir y revisar las condiciones laborales del personal de limpieza del Palacio Legislativo de San Lázaro, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I; 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Conforme al artículo 134 constitucional, los contratos y adquisiciones del sector público deben darse “...a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

Sin embargo, la práctica del outsourcing o subcontratación de servicios, las empresas tienden a mejorar los costos que ofrecen, a cambio de castigar los ingresos y equipo de los trabajadores en detrimento de su salud y calidad de vida.

Ese es el caso del personal de limpieza que labora en la honorable Cámara de Diputados, dado que enfrenta una problemática laboral que perjudica directamente sus funciones dentro del recinto, pues conforme pasa el tiempo los empleados sufren recorte del material para laborar, cuestión que la empresa argumenta que a cambio se les dará una mejora salarial que resulta insuficiente ya que está sujeta al incremento del salario mínimo.

De acuerdo con diversos testimonios, la empresa que las contrata en muchas ocasiones los tiene laborando sin contrato por largos periodos donde al llegar la quincena sí les paga, pero las condiciones para trabajar son poco claras y al momento de pedir explicaciones o acercamientos con alguna autoridad para expresar una opinión o inquietud, la empresa no los toma en cuenta y únicamente las mueve de lugar para evitar problemas a futuro sobre posibles inconformidades.

Después de lo anterior resulta inevitable no sensibilizarse con dicha problemática ya que en estos tiempos dónde se busca resaltar cualquier profesión es inadmisible que una de las actividades más antiguas continúe encontrando obstáculos tan absurdos como falta de material para trabajar, abuso de autoridad, salarios bajos y explotación laboral, sin seguridad social ya que para nadie es un secreto que es una de las labores más importantes y honorables que las personas puedan desempeñar, pues son las principales responsables de mantener cualquier espacio o área en perfectas condiciones y que a su vez impacta de manera positiva en el desempeño de otras áreas y actividades que se realizan en los lugares donde trabajan.

Por todo lo anteriormente expreso y fundado, se somete a consideración de esta representación, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a establecer, dentro de los lineamientos para la contratación de servicios de limpieza, el que la empresa o empresas postulantes, cumplan con los derechos laborales y de buen trato a sus trabajadores, conforme a la inspección federal del trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Segundo . Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a revisar las condiciones laborales del personal de limpieza que actualmente brinda el servicio a esta representación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.

Diputado Juan Ángel Bautista Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para implantar campañas permanentes y gratuitas de vacunación, desparasitación y esterilización caninas y felinas, suscrita por los diputados Juan Ángel Bautista Bravo y Alejandro Viedma Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputado Juan Ángel Bautista Bravo e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Consideraciones

México es el país con mayor población canina en América Latina, por lo que se estima que existen aproximadamente 23 millones de perros, de los cuales 70 por ciento se encuentran en situación de calle.

Aproximadamente se abandonan 500 mil perros y gatos al año en México, la mayoría de los casos tenían un dueño.

El director de la asociación civil Defensoría Animal, destaca que es notable el abandono de los cachorros, posteriores a las festividades. Datos arrojados por la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies, existen alrededor de 28 millones de mascotas o animales domésticos en la calle y esta cifra crece 20 por ciento cada año.

Esta problemática se agudiza debido a la venta de perros y gatos sin esterilización en criaderos o mercados, predominantemente clandestinos, que destaca el maltrato y abandono en caso de ya no ser útil para la cruza. En seis años, partiendo de una única camada se pueden producir entre sesenta y siete mil cachorros.

En los últimos años ha causado un problema de salud pública en México, ya que en la Ciudad de México existe poco más de un millón de perros en situación de calle, lo que representa 20 mil toneladas de excremento al mes, enfatizando que la mayoría no cuenta con desparasitación. En épocas de lluvia, se disuelve contaminando todo a su paso, incluidas tuberías, por otra parte en la época de altas temperaturas se deshidratan y con el viento se dispersa en el ambiente. Lo que ocasiona miles de bacterias circulando en el aire.

Según la Organización Mundial de la Salud, existen 174 enfermedades infecciosas (bacterias, parásitos, virus y hongos) transmisibles de animales a humanos, de las cuales 53 son mediante caninos. De las enfermedades más destacables son el síndrome de Larva Migrans Visceal u Ocular, asociada a la ceguera y problemas respiratorios crónicos; Toxocara caninis asociados a enfermedades crónicas respiratorias que la mayoría de los casos es confundida con cuadros de alergia; Ancylostoma caninum que tiene impacto en el sistema respiratorio.

La presencia de animales callejeros no sólo genera problemas de salud, también de seguridad. Los caninos y felinos al ser constantemente maltratados y abusados además de sufrir de hambre convirtiéndolos en seres que no confían en los individuos, lo que implica ataques o mordeduras como defensa.

Por lo expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud, a los gobernadores de las entidades federativas y la jefatura de gobierno de Ciudad de México para que de manera coordinada, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se implementen campañas permanentes y gratuitas de vacunación, desparasitación y esterilización canina y felina, con dueño o en situación de calle, con el fin de erradicar gradualmente la sobrepoblación animal, adicionalmente prevenir la proliferación de enfermedades infecciosas que afectan la salud pública de los mexicanos y mexicanas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobernadores de las entidades federativas y la jefatura de gobierno de Ciudad de México para que a través de sus respectivas secretarías de salud realicen los trámites correspondientes para asignar recursos necesarios y suficientes para la implementación de las campañas permanentes y gratuitas de vacunación, desparasitación y esterilización canina y felina.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.

Diputados: Juan Ángel Bautista Bravo (rúbrica), Alejandro Viedma Velázquez.

Con punto de acuerdo, relativo a las Cuentas Públicas de 2015 y 2016 de la Ssa mexiquense, suscrita por los diputados Juan Ángel Bautista Bravo, Felipe Arvizu de la Luz y Arturo Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y social”. En México, el derecho a la salud está reconocido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y garantiza el acceso de todos los mexicanos a este servicio fundamental.

Los empleados del ISEM del estado de México han evidenciado el desabasto de medicamentos, falta de insumos y personal, además de infraestructura insuficiente, así como la falta de pago de prestaciones.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha destacado anomalías ejercidas desde 2011 en el sector salud del estado de México. Las observaciones son el pago a personas no registradas en la nómina, pagos no autorizados, transferencias inadecuadas y la falta de transparencia en la aplicación de los recursos asignados.

Se identificó que el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) realizó en 2016, 2 mil 92 pagos con los recursos del FASSA por un monto total de 23 millones 639 mil 600 pesos, por concepto de pago de medidas de fin de año a personal del que no se encontró registro alguno en las nóminas del Fondo.

También realizó pagos por concepto de cuotas y aportaciones obrero-patronales de seguridad social con recursos del FASSA 2016, por un monto total de 573 millones 661 mil pesos, que incluyeron recargos y actualizaciones por nueve millones 113 mil pesos.

La ASF instó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a que instruya una auditoria al ISEM, debido a que no entregó las retenciones por concepto de impuesto sobre la renta de octubre, noviembre y diciembre de 2016, de las que se calculó un daño patrimonial a las finanzas nacionales por 414 millones 3 mil 138 pesos.

También solicitó al SAT una segunda auditoria para fiscalizar 84 millones 274 mil 991 pesos que fueron utilizados para el pago de recargos y actualizaciones generados por el pago extemporáneo del ISR. Asimismo, la ASF llamó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que aclare si recibió un pago por 59 millones 498 mil 509 pesos por parte del Instituto de Salud del estado de México, correspondientes a las cuotas y aportaciones SAR-Fovissste de sus trabajadores, que no fueron reportadas por Instituto de Salud del Estado de México en la auditoría 2016.

Para el caso del programa federal Prospera, las irregularidades encontradas por los auditores son en torno a las dobles cuentas bancarias del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) para la recepción y manejo de los recursos del programa Prospera, y el manejo de otras fuentes de financiamiento.

Estas observaciones derivaron en cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y tres pliegos de observaciones. Esto llevó a la Auditoría Superior a dictaminar que el gobierno del estado de México no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, y no se cumplieron sus objetivos ni metas.

Motivo por el cual, la ASF hizo observaciones por 1,270 millones de pesos en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud; 750 millones en Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Salud y el estado de México y en el componente de Prospera, 36. 6 millones de pesos.

Adicionalmente la Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos para la Salud (ANDIS), que congrega a los principales proveedores de medicinas, ha reiterado en diversas ocasiones los adeudos que presenta el sector salud, mencionando que son insostenibles, lo que podría provocar un desabasto de medicamentos catastrófico para el sector salud en el estado de México, primordialmente en la zona sur de la entidad.

La deuda del ISEM, según el reporte financiero del primer trimestre 2018, asciende a 9 mil 282 millones 999 pesos, de los cuales 5 mil 674 millones 608 mil pesos es con proveedores de medicamentos e insumos. En el Issemym, cerró el 2017 con una deuda de 3 mil 500 millones de pesos.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter al pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación haga del conocimiento público la documentación justificativa y comprobatoria del estado que guarden las observaciones con impacto económico de la Secretaría de Salud del gobierno del estado de México en los ejercicios fiscales 2015 y 2016.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación, en acatamiento a la Ley de Fiscalización y Cuenta Pública, y como parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, inicie los procedimientos administrativos y penales que correspondan, en uso de sus atribuciones legales, en los casos en que no se subsanen las observaciones con impacto económico realizadas por la Auditoría Superior en los informes a las Cuentas Públicas de los ejercicios fiscales de 2015 y de 2016 correspondientes a la Secretaría de Salud del estado de México.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del estado de México, a que atienda y haga públicos los medios y mecanismos empleados sobre las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación emitidas en su reporte del informe de la Cuenta Pública de 2015 y de 2016.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de México y a la Secretaría de Salud del estado de México a difundir detalladamente los motivos por los cuales han sido violentados los derechos laborales de los trabajadores del sector salud, sobre la retención de sus prestaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.

Diputados: Juan Ángel Bautista Bravo, Felipe Arvizu de la Luz, Arturo Hernández Tapia (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a los feminicidios en el estado de México, suscrita por el diputado Juan Ángel Bautista Bravo e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, integrantes de la LXIV Legislatura, del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La violencia feminicidia se caracteriza por los hechos violentos contra mujeres que atentan gravemente contra sus derechos humanos, contra la vida, su integridad y seguridad. En muchas ocasiones, las víctimas sufren estos delitos por omisión y acciones ilícitas de autoridades las cuales, en colusión con los agresores, obstaculizar el acceso a la procuración de justicia porque las entidades estatales son incapaces de llevar a cabo las garantías de respeto a la ley y de prevención o erradicación de la violencia contra las mujeres.

En México se cometen siete feminicidios al día; la forma de asesinar es cada día más violenta. Ante los elevados índices de muertes y de la violencia cometida en contra de mujeres, a mediados de 2015, “el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres decidió emitir la declaratoria de alerta de género para 11 de los 125 municipios que integran el estado de México, los cuales son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco.

Fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 22 de abril del 2016 y entró en vigor; sin embargo, los feminicidios no ceden. Una de las principales fallas de la alerta es que, al no aplicarse los protocolos de actuación, las denuncias por desaparición siguen sin ser tomadas de inmediato, ya que las autoridades todavía solicitan las 72 horas de espera antes de denunciar la ausencia de una mujer.

La alerta, sin embargo, no ha logrado bajar la tasa de violencia contra las mujeres en el estado de México, la primera entidad en declararla. De acuerdo a cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios, de 2015 a 2016 fueron asesinadas 626 mujeres en el estado de México, pero solo en el 47 por ciento de los casos (296) se inició una investigación por feminicidio. De estos sólo el 10 por ciento tiene una sentencia.

El estado de México y Veracruz ocupan el primer lugar en feminicidios al cierre del primer semestre del 2018, según reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Con 36 feminicidios cada uno, las entidades referidas ocuparon la primera posición de un total de 387 feminicidios ocurridos en el país durante los primeros seis meses del año.

Según los datos del SESNSP, se sumaron 37 muertes más en comparación del mes de julio del 2017 que registró 350 feminicidios. Durante los meses de mayo, junio y abril de este año, se iniciaron 56, 70 y 71 Carpetas de Investigación respectivamente.

Los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tecámac (con cuatro feminicidios cada uno) lideran ese rubro durante el primer semestre de este año. Zumpango, Huixquilucan y Valle de Chalco, con dos casos cada uno siguen en esa lista, de acuerdo al SESNSP.

A lo anterior se suman las diferentes disposiciones del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que establecen términos muy dilatados hasta la generación del dictamen correspondiente para que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de violencia de género y realizar de inmediato las acciones a las que hace referencia la ley. En otras palabras, las mujeres enfrentan la violencia y la parálisis producto de la burocracia.

Las alarmantes cifras de violencia feminicida apuntan hacia la sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres que deben enfrentarse de manera definitiva para erradicar estas acciones delictivas que atentan contra las personas en un estado pobre, marginado y violento.

Es urgente el fortalecimiento de las instancias responsables de la procuración de justicia y de la persecución del delito en el estado.

Las violaciones y los feminicidios no cesan, esto desencadena una secuela de trágicas consecuencias en las que las autoridades jamás piensan ni meditan; una mujer asesinada es una hija que se quedó sin madre, o una madre que perdió para siempre a su hija, son pérdidas que causan un dolor eterno que nadie puede comprender, si no lo ha vivido.

Por lo anterior expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado México para que difunda y explique las acciones que ha implementado en lo que va de su gestión, ante la gran alza de feminicidios que siguen ocurriendo en el estado de México

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al fiscal general del estado de México y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de México para que explique y difunda detalladamente los mecanismos de capacitación a funcionarios y funcionarias que atienden a mujeres víctimas de violencia.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al fiscal general del estado de México y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de México para que haga públicos los mecanismos de denuncia, supervisión y sanción contra autoridades que incumplen con la debida diligencia en las instituciones encargadas de la localización de mujeres y niñas.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobernador del estado México y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de México para que establezca una estrategia educativa transversal en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, y emitir órdenes de protección y generar campañas de prevención.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de septiembre de 2019.

Diputados: Juan Ángel Bautiza Bravo (rúbrica), Miroslava Carrillo Martínez (rúbrica), Karla Almazán Burgos, Felipe Rafael Arvizu (rúbrica), Juan Pablo Sánchez Rodríguez, Sergio Pérez Hernández (rúbrica), Edith Mercado Torres, Arturo Roberto Hernández Tapia, Marco Antonio González Reyes.

Con punto de acuerdo, relativo a diseñar e implantar políticas públicas para proporcionar cobertura universal efectiva y de gran calidad en el sector salud del estado de México, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y social”. En México, el derecho a la salud está reconocido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y garantiza el acceso de todos los mexicanos a este servicio fundamental.

Sin embargo, el sistema de salud pública en México se encuentra en crisis, los sistemas de salud deberían contar con recursos suficientes para salvaguardar y promover la cobertura universal de salud, para satisfacer las necesidades de salud de sus poblaciones.

El segundo estudio de la OCDE sobre el Sistema de Salud de México 2016 destaca la desigualdad e ineficiencia del sector salud en nuestro país. Según el reporte demuestra que el nivel del gasto público de México en este rubro es comparativamente bajo, a diferencia de otros países de la OCDE, lo que se traduce en una limitada capacidad de respuesta del sistema para proporcionar una cobertura efectiva y de alta calidad.

Por los motivos antes señalados, el gasto del bolsillo de los mexicanos para obtener una mejor atención en el sector privado es bastante alto, representando en diversos casos de enfermedades crónicas hasta el 45 por ciento. En la última década, a pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad y atención del servicio, el gasto del bolsillo no ha disminuido, afectando gravemente a la población más vulnerable.

Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, el gasto del bolsillo para enfermedades como la hipertensión, diabetes mellitus, hepatitis viral, leucemia, entre otras enfermedades crónicas, puede condicionar a una familia a caer en pobreza, ya que cubrir los gastos ocasiona endeudamiento hasta la venta el patrimonio familiar.

En cuestiones de cobertura, es insuficiente. Según los indicadores de la OCDE, en el Panorama de la Salud 2017, la mayoría de los países alcanzó la cobertura universal de los costos de cuidado de la salud, exceptuando por 6 países, incluyendo México. Aproximadamente 16 millones de mexicanos carecen de algún tipo de protección para los cuidados de la salud, de igual manera, el desabasto de medicamentos es un problema en incremento en el sector, alrededor del 61 por ciento de la población se abastece con los medicamentos completos dentro de los servicios públicos.

El número de mexicanos que asisten a los servicios privados de salud es bastante alto, de hecho, un dato relevante es que México muestra una proporción desorbitante de hospitales privados a comparación de los públicos, con 11.4 hospitales públicos y 28.6 hospitales privados por cada millón de habitantes.

Lo anterior es derivado, además de la baja inversión en el sector, de la corrupción que impera en el campo de la salud pública. Mariclaire Acosta, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, mencionó que el sector salud representa “un caldo de cultivo” para la corrupción; el desvío de recursos, la falta de personal preparado y servicios, así como la nula transparencia y rendición de cuentas.

El comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, estimó que cada año se pierden 200 mil millones de dólares por corrupción en el cuidado de la salud a nivel mundial. En México existe una deficiencia hasta del 20 por ciento en los servicios de salud. Dependiendo de la región dicho porcentaje puede variar.

En el caso del estado de México, el Inegi declaró que es la entidad con mayor número de actos de corrupción. Pagos carentes de documentación comprobatoria, contratos celebrados con empresas fantasma, sobreprecios pagados por los estados y no entregar el ISR retenido a los trabajadores del sector salud, son irregularidades que destacan. Adicionalmente, los informes de la Auditoría Superior de la Federación, cada año muestran grandes inconsistencias presupuestales en dos ramos, el seguro popular y el Fondo de Aportaciones en Servicios de Salud. Los reportes muestran una serie de prácticas indebidas para la desviación de recursos que se replica de manera sistemática año con año.

El último informe de la ASF identificó pagos con los recursos del FASSA por 23 millones 639 mil 600 pesos a personal que no se encuentra registrado en nómina, de igual manera realizó pagos por concepto de cuotas y aportaciones obrero-patronal de seguridad social por un monto de 573 millones 661 mil pesos que incluye recargos y actualizaciones por 9 millones 113 mil pesos. En el caso de Prospera, se encontró la duplicidad de cuentas bancarias del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) para la recepción y manejo de recursos.

Se hicieron observaciones por 1,270 millones, 750 millones y 36.6 millones de pesos en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Salud y el estado de México y Prospera, respectivamente.

Aunando a lo anterior expuesto, existe una crisis de desabasto de medicamentos, materiales de curación e insumos básicos para la atención de calidad. Además de la crisis de salud por la que atraviesa del sector salud en el estado de México, en los últimos años se ha convertido en crisis financiera. La deuda del sector salud asciende a más de 9 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente el 60 por ciento es con proveedores de insumos.

De acuerdo con el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el estado de México registra el gasto público en salud más bajo a nivel nacional, con 2 mil 55 pesos por persona al año, a comparación de Aguascalientes de 25 mil 641 pesos per cápita y el promedio nacional es de 6 mil 206 pesos.

El gasto total promedio en salud es de 8 mil 194 pesos; de los cuales 6 mil 206 son gasto público, mil 987 gasto de bolsillo, y una aproximación del gasto privado de 2 mil 338; es decir, una composición 73/27 de gasto público y gasto de bolsillo en términos generales. En el estado de México la composición es 59/41.

Otro rubro que destaca en los altos índices de corrupción es el Hospital Regional de Alta Espacialidad de Zumpango. Dichos hospitales representan para la mayoría de los mexicanos el único acceso a medicina especializada. En el reporte de Salud Deteriorada, se presentó un análisis minucioso que desnuda la alta corrupción estructural y sistemática que existe en el sector salud en el estado de México.

En primer lugar, se analizó la ubicación de dichos hospitales, la conclusión es que se basaron en criterios políticos, no técnicos, ni en base a las necesidades de la población. Por ende, remite a diversas inconsistencias y a la subutilización de los recursos destinados.

Resulta que la ocupación promedio del HRAE es menor al 50 por ciento, un dato impactante es que los primeros dos años no alcanzaron ni el 20 por ciento de ocupación. En el ámbito de la tecnología, los resultados son deficientes. A pesar de contar con equipos especializados, como el sistema de cirugía robótica llamado Sistema Da Vinci, su promedio de utilidad es de tan solo del 7.6 por ciento. En cuestión de mastografías y resonancias, se realzan alrededor de .86 y 1.06 diarias respectivamente.

EL HRAE de Zumpango tiene el peor desempeño en la oferta para el tratamiento de diversas enfermedades crónicas, la pésima gestión del sector salud ha dado como resultado la muerte de miles de mexiquenses que no pudieron acceder a los servicios básicos, e inclusión de millones de familias a la pobreza, que no pudieron acceder y carecieron de servicios especializados, por los gastos generados enfermedades crónicas.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter al pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de México a que instruya a las dependencias involucradas en el sector salud, a trabajar de manera conjunta, a fin de establecer políticas públicas y estrategias urgentes para proporcionar una cobertura universal efectiva y de alta calidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del estado de México a implementar una política integral que incluya la selección, compra, abasto y principalmente uso racional de medicamentos, además hacer públicas las estrategias y mecanismos que realizarán para cumplir con el abasto de insumos básicos para el sector salud.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador de estado de México, Alfredo del Mazo Maza, y a la Secretaría de Salud del estado de México a revisar el contrato de Asociación Público–Privada (APP) del HRAE Zumpango, para mejorar las condiciones estipuladas con la empresa y hacer públicos los mecanismos y medios que implementarán para eficientar los gastos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de octubre de 2019.

Diputado Juan Ángel Bautista Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Jucopo de esta soberanía, a generar los acuerdos correspondientes con el Senado de la República, para la creación de un Grupo de Trabajo Bicameral para coadyuvar y dar seguimiento al acuerdo con fecha de 7 de junio de 2019, celebrado entre México y los Estados Unidos de América, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

La diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a generar los acuerdos correspondientes con el Senado de la República para la creación de un Grupo de Trabajo Bicameral para Coadyuvar y dar Seguimiento al Acuerdo de fecha 7 de junio de 2019, celebrado entre México y los Estado Unidos de América, y posibles acuerdos subsecuentes, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

A finales del mes de mayo el Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, a través de sus redes sociales anunció que impondría un arancel del 5% a todas las importaciones que llegaran desde México hasta que los inmigrantes ilegales dejaran de llegar a ese país1

Este mensaje alertó a las autoridades mexicanas por las implicaciones económicas que tendría la aplicación de dichas medidas sobre todo cuando la intención de la Casa Blanca era aumentar en 5% los derechos de aduana durante los próximos meses hasta llegar al 25% en octubre y mantenerlos en ese nivel hasta que no se realizaran las acciones necesarias para detener los flujos ilegales de extranjeros que cruzan por su territorio.

En consecuencia, una delegación mexicana encabezada por el Secretario de Relaciones Exteriores Lic. Marcelo Luis Ebrard Casaubón, así como por la Secretaria de Economía, Dr. Graciela Márquez Colín, el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula viajaron a los Estados Unidos y en coordinación con la Embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena desarrollaron una estrategia con la finalidad de revisar con las autoridades de dicho país la situación y proponer una serie de soluciones.

Ruta crítica de reuniones de la Delegación Mexicana en los Estados Unidos2

Derivado de lo anterior, los grupos parlamentarios mediante diversos puntos de acuerdo solicitaron la presencia de los titulares de la Secretarías de Relaciones Exteriores, Economía, Gobernación y Agricultura y Desarrollo Rural para informar al Congreso de la Unión sobre los temas relacionados con los acuerdos alcanzados con las autoridades de los Estados Unidos de América respecto de la imposición de medidas arancelarias que tendrían un efecto nocivo en las economía de ambas naciones.

En la sesión de la Comisión Permanente del 12 de junio del 2019, derivado de la trascendencia del tema en la vida pública del país, se discutió la necesidad de que los titulares de estas dependencias fueran citados a comparecer en el Pleno de la Comisión Permanente. En consecuencia la Mesa Directiva aprobó el siguiente acuerdo:

El acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establece la fecha y el formato que se aplicará en el desarrollo de la Sesión Plenaria de la Comisión Permanente a la que asistirán los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía, para informar sobre los resultados obtenidos en los esfuerzos de negociación respecto de las medidas arancelarias anunciadas, y en su caso, las implicaciones con los temas del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.3

Dicho Acuerdo estableció el formato que se aplicaría en el desarrollo de la sesión plenaria a la que asistirán los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía para informar sobre los resultados obtenidos en los esfuerzos de negociación respecto de las medidas arancelarias anunciadas por el Presidente de los Estados Unidos de América, y en su caso, las implicaciones con los temas del Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.

El viernes 14 de junio a las 12:00 horas se llevaron a cabo dichas comparecencias en donde el Canciller Marcelo Luis Ebrard Casaubón, y la Secretaría de Economía, Dr. Graciela Márquez Colín informaron a la Comisión Permanente sobre los compromisos alcanzados en los Estados Unidos.

Es importante resaltar que el tema arancelario que tenía un impacto en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, EUA y Canadá era solamente una excusa para incidir en cambios importantes en materia de política migratoria, tan es así que los compromisos adquiridos fueron los siguientes:

• El despliegue de 6,000 efectivos de su recién creada Guardia Nacional en su frontera con Guatemala, por donde ingresan la mayor parte de migrantes.

• Ampliar el programa Protocolos de Protección a Migrantes (TPP, por sus siglas en inglés), que permite a Estados Unidos enviar migrantes -que entraron a su país por México- a territorio mexicano mientras tramitan sus solicitudes de asilo.

• Ofrecer oportunidades laborales, acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en su territorio, además de protección a sus derechos humanos.

• Estados Unidos, por su parte, se comprometió a acelerar la resolución de solicitudes de asilo que, en los últimos meses, desbordó los albergues en la frontera norte de México.

• Revisar la posibilidad de que México se convierta en un “Tercer País Seguro”.

• México también se compromete a iniciar inmediatamente el examen de leyes y regulaciones domésticas con una visión de identificar cualquier cambio que sea necesario, para ser aplicable e implementar dicho acuerdo.

• Ambas partes convinieron en que, si las medias que se van a tomar no tuvieran los resultados esperados, se volverán a reunir en 90 días para tomar medidas adicionales.4

Adicionalmente, durante la comparecencia, diversos grupos parlamentarios externaron su interés para coadyuvar con los esfuerzos realizados por el Gobierno Federal, motivo por el cual el Canciller mencionó lo siguiente:

Por eso, celebro que pueda haber una comisión plural que nos acompañe en el proceso y quizá de manera inédita tengan acceso en tiempo real a lo que estamos discutiendo, porque eso nunca se ha hecho en la historia de México, pero yo les ofrezco, para su tranquilidad, que si el día 45 no logramos lo que hemos dicho, el día 46 nos reunimos todos, los que ustedes hayan designado, y vamos juntos a la negociación que sea, a defender a México.

En consecuencia el 26 de junio la Mesa Directiva de la Comisión Permanente aprobó el Acuerdo mediante el cual se formó el Grupo Plural de Trabajo para coadyuvar y dar seguimiento al Acuerdo de fecha 7 de junio de 2019, celebrado entre México y los Estado Unidos de América, y posibles acuerdos subsecuentes.5

Dicho grupo se conformó por 16 legisladores miembros de la Comisión Permanente de los cuales ocho serán diputados/as y ocho senadores/as, nombrados por cada grupo parlamentario.

Durante la Comisión Permanente este Grupo Plural de Trabajo realizó diversas reuniones destacando las siguientes:

• Reunión con el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, el 16 de julio, en las instalaciones de la Cancillería donde se presentó un informe sobre el estado de la negociación y cumplimiento de acuerdos de México con Estados Unidos.

• Reunión con el Instituto para las Mujeres en la Migración (INMUMI), organización de la sociedad civil que promueve los derechos de las mujeres en la migración dentro del contexto mexicano, ya sea que vivan en las comunidades de origen, estén en tránsito a través del territorio mexicano, o bien residan en México o en los Estados Unidos, en la cual se explicó a detalle la legislación migratoria estadounidense, las autoridades que participan en el tema migratorio y aspectos relevantes sobre lo que significa ser un “Tercer País Seguro”

Cabe mencionar que el artículo Décimo del Acuerdo estableció:

Décimo. Una vez concluido el Segundo Receso del Primer Año de la LXIV Legislatura de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cada una de las Cámaras, en el ámbito de competencia, podrá realizar las acciones tendentes a continuar con el objeto por el que se constituye el Grupo de Trabajo del presente Acuerdo.

Una vez concluido el periodo de receso es importante que el Senado de la República y la Cámara de Diputados continúen trabajando en coordinación para dar seguimiento a tan importante materia.

El acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos el pasado 7 de junio tiene una serie de implicaciones no solo de carácter internacional, es decir, es importante resaltar que este tema no es exclusivo del Senado de la República, pues los compromisos alcanzados por ambos gobiernos están relacionados con temas económicos, de seguridad, migratorios, arancelarios, derechos humanos de los migrantes etc. los cuales tienen implicaciones no solo en tratados internacionales si no en leyes secundarias.

Por lo tanto, el acuerdo migratorio entre México y Estados Unidos tiene un impacto nacional en donde la participación de ambas cámaras se convertirá en factor clave para la coordinación de acciones legislativas conjuntas que puedan coadyuvar con el Gobierno Federal para dar una mejor respuesta con una visión de integral y coordinación institucional.

El excelente antecedente del Grupo Plural de Trabajo conformado en el Periodo de Receso demuestra sin duda alguna la capacidad de ambas cámaras de trabajar en equipo. Hoy tenemos la responsabilidad de dar soluciones institucionales, contundentes y serias de cara a la ciudadanía y esto solo lo podremos lograr si el Senado de la República y la Cámara de Diputados trabajan en equipo demostrando que los esfuerzos bicamerales y la coordinación entre poderes es la mejor forma de dar los mejores resultados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a generar los acuerdos correspondientes con el Senado de la República para la Creación de un Grupo de Trabajo Bicameral para Coadyuvar y dar Seguimiento al Acuerdo de fecha 7 de junio de 2019, celebrado entre México y los Estado Unidos de América, y posibles acuerdos subsecuentes.

Notas

1 https://www.lavanguardia.com/internacional/20190531/462576802105/
trump-aranceles-mexico-eeuu-inmigracion-muro.html

2 Información obtenida del informe enviado por el Canciller al Senado de la República. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/468631/Informe_al_Senado_MEC.pdf

3 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-12-1/assets/documentos/Acuerdo_MD_comparecencia_T-MEC.pdf

4 https://lta.reuters.com/articulo/comercio-mexico-eeuu-idLTAKCN1T822C-OUSLT

5 http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/1/2019-06-26-1/assets/documentos/Acuerdo_MDCP_26062019.pdf

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados a los 1 día del mes de octubre de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 2 de octubre, 51 aniversario de los caídos en la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

La plaza de las tres culturas es un lugar en el cual se presenció un acontecimiento despreciable, un acto sin escrúpulos del gobierno contra estudiantes de Universidades como la Universidad Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, un acto que termino en la trágica matanza de jóvenes inocentes que solo expresaban su inconformidad ante la forma de gobierno que se presenciaba.

Fue Tlatelolco, el escenario de un acto repúgnate por el gobierno que tuvo un comienzo el 22 de julio de 1968, todo se suscitó por una riña entre estudiantes de la Vocacional 2 y de la preparatoria particular Isaac Ochoterena, en la cual intervinieron autoridades judiciales conocidas en ese momento como cuerpo de granaderos, sin embargo, la forma de hacerlo fue inhumana y abusando de su autoridad golpearon a decenas de estudiantes y testigos de la pelea. No quedando conformes persiguieron a los jóvenes hasta las escuelas donde buscaron refugio.

A partir de ese suceso, la represión fue más evidente pues cada día la situación empeoraba, cada vez eran más los estudiantes detenidos, golpeados y vejados.

Las inconformidades aumentaban y el trato por parte del Estado era peor, sin embargo, al mismo tiempo también eran más los estudiantes y personas que se unían a las manifestaciones en busca simplemente de que sus derechos fueran respetados, entre su pliego petitorio se encontraba lo siguiente:

• Libertad de los presos políticos.

• Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal.

• Desaparición del cuerpo de granaderos.

• Destitución de los jefes policiacos Luis Cueto y Raúl Mendiolea y del Teniente Coronel Armando Frías.

• Indemnización a las familias de los muertos y de los heridos por los actos represivos.

• Deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes.

• Exigencia de un diálogo público entre representantes del Movimiento y representantes del gobierno.

La intolerancia y soberbia del gobierno no dio oportunidad al diálogo y llegar a un acuerdo, reprimía a todo aquel que estuviera en su contra, cada vez era más severo y violento para responder a las manifestaciones de los estudiantes. Sin importar que fueran miembros de su Nación, y que su función debería ser atender las necesidades de sus ciudadanos

Es difícil imaginar el desenlace de este movimiento, pues incluso los estudiantes que se manifestaban pensaron en que en esas fechas era el momento propicio para exponer al gobierno sus necesidades puesto que se acercaban los Juegos Olímpicos en el que México sería el anfitrión y muchos serian os medios de comunicación que se encontrarían, situación que al Estado mexicano no le convendría, ya que se esperaba dar una buena impresión a los Países visitantes.

Pero el hecho de que hubiese testigos no fue suficiente para que el acto atroz que tuvo raíz el 22 de julio de 1968 se culminara el 2 de octubre en La Plaza de las Tres Culturas con la muerte de cientos de jóvenes que solo manifestaban y exijan sus derechos, que solo pedían igualdad, ser escuchados, democracia, libertad de expresión y justicia.

El Estado mexicano ordeno tomar armas contra todos aquellos estudiantes, tratándolos como criminales, sin remordimiento alguno, el genocidio se cometió en contra de una manifestación pacífica por el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia fraguada por el gobierno mexicano en contra del Consejo Nacional de Huelga, órgano directriz del movimiento.

Expresiones que les costó la vida, dichos estudiantes y personas que se unieron no representaban peligro alguno para Estado, sin embargo, al entonces Presidente Gustavo Díaz Ordaz le fue indiferente sus necesidades y las vidas de todas aquellas personas.

Ante ello, el Grupo Parlamentario del Trabajo en el 51 Aniversario de los caídos en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco, no sólo conmemora el esfuerzo y sacrificio de muchos estudiantes valientes quienes refrendaban la defensa por sus derechos sino también tenemos presente las peticiones de todas aquellas personas que fallecieron en la matanza de 1968 que buscaban frenar a los actos represivos del gobierno; si bien en la actualidad el gobierno ya no tiene ese trato, el problema aún persiste y lo podemos observar por un lado en aquellos grupos de choque quienes siguen manifestándose con una idiosincrasia lejana a toda posibilidad de diálogo y escucha y por otra parte en las autoridades quienes aún persisten en utilizar métodos insólitos e inamisibles.

Finalmente hacemos un llamado para que prevalezca el trato digno hacia toda persona y se fortalezcan los mecanismos de diálogo y concordia.

Es cuánto.

Bibliografía

Jenaro Villamil. (18 septiembre, 2018). El 68 y los medios de comunicación: los gritos del silencio. 30 octubre, 2019, de Proceso

Sitio web: https://www.proceso.com.mx/551407/el-68-y-los-medios-de-comunicacion-lo s-gritos-del-silencio

Nayeli García. (2 de octubre, 2018). ¿Qué buscaban los jóvenes que participaron en el Movimiento de 1968? 30 octubre, 2019, de N Televisa.NEWS

Sitio web: https://noticieros.televisa.com/especiales/que-querian-estudiantes-movi miento-estudiantil-68-2-octubre-1968-pliego-petitorio/

Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)