Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades de Sinaloa a intensificar los esfuerzos para prevenir la violencia sexual contra mujeres y niñas, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Merary Villegas Sánchez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara la presente propuesta con punto de acuerdo.

Consideraciones

Este 25 de noviembre me sumo al reclamo internacional rechazando todo acto de violación y violencia sexual en el marco de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género que se ha puesto en marcha en todo el mundo desde 1991 para promover la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.1

De acuerdo a la Encuesta de las Dinámicas en los hogares, 2016; más de la mitad de las mexicanas (66.1 por ciento) de 15 años y más han padecido al menos un incidente de violencia, ya sea de tipo emocional, económica, físico, sexual o discriminación en el espacio escolar, laboral, comunitario, familiar y en su relación de pareja. 41.3 por ciento sufrieron violencia sexual a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor.2

Después de la violencia de pareja, el lugar donde mayormente ocurre la violencia hacia las mujeres son los espacios públicos o comunitario; la calle, el parque y el transporte público, entre otros, donde 38.7 por ciento fueron víctima de actos de violencia por parte de desconocidos, siendo la violencia sexual la más frecuente, sufriendo 34.3 por ciento de las mujeres de 15 años y más, ya sea por intimidación, acoso, abuso o violación sexual.3

Este tipo de violencia va desde las frases ofensivas de tipo sexual, acecho, manoseo, exhibicionismo obsceno hasta la violación. En los últimos 12 meses la violencia ejercida en el ámbito comunitario ocurrió principalmente en la calle y parques (65.3 por ciento), autobús, microbús (13.2 por ciento) y metro (6.5 por ciento), en el 71. por ciento los principales agresores son personas desconocidas, y personas conocidas, amigo o vecino (20.1 por ciento) y en el 5.3 por ciento se trató de conductor de transporte público.4

La violación y la violencia sexual hacia mujeres y niñas están generalizadas y normalizadas en nuestro entramado social a través de un conjunto de creencias, prácticas y costumbres presentes en una cultura que las discrimina y lacera por el hecho de ser mujeres con el uso del lenguaje misógino, la cosificación de los cuerpos y la idealización de la violencia.

En consecuencia, a la impunidad que gozan los agresores, el total de mujeres que han experimentado violencia física o sexual en al menos una ocasión, en alguno de los diferentes ámbitos (escolar, laboral, comunitario, familiar y en su relación de pareja), y no acudieron a ninguna institución o autoridad5 es de:

• 8.6 millones , para el ámbito escolar.

• 3.6 millones , para el ámbito laboral.

• 15.9 millones, para el ámbito comunitario.

• 1.5 millones, para el ámbito familiar.

En los últimos 12 meses a nivel nacional la ocurrencia de violencia sexual en el ámbito comunitario fue de 20.2 por ciento mientras que en Sinaloa fue en 160 7166 mujeres que representan el 14.1 por ciento.

Fiscalía General del Estado de Sinaloa en información estadística de su sitio oficial en línea muestra en el apartado de mujeres ofendidas que de enero 2019 a la fecha se tiene un total de 178 denuncias por abuso sexual y/o atentados contra el pudor, mismos que se desglosan por municipios en el cuadro a continuación:7

Cuadro1. Abuso sexual y/o atentado contra el pudor denunciado por mujeres en el estado de Sinaloa

Asimismo, en la página se localizaron los registros de delitos de alto impacto donde la violación está considerada como uno de ellos, que a través de los años se ha incrementado en denuncia de la siguiente manera:8

Cuadro2.- Violación en contra de mujeres en el estado de Sinaloa

Los indicadores señalados demuestran que la violencia sexual es la más sufrida por las mujeres en cualquiera de sus ámbitos, la menos denunciada, y que comienza desde la infancia perpetrada por tíos (as), vecinos, conocidos, primos, hermano (a), padrastro/madrastra, padre, y abuelo(a).

La mayoría de estas víctimas no acudieron a solicitar ayuda, por miedo, por desconfianza, por vergüenza o porque no sabían a dónde acudir, entre otras razones o motivaciones, lo que implica redoblar esfuerzos en las instituciones estatales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres.

Por encontrarnos frente a la presunta comisión de delitos conforme a lo dispuesto en el código penal del Estado de Sinaloa y faltas al bando de policía y buen gobierno de los 18 municipios del Estado de Sinaloa es urgente que las distintas partes integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública tales como el Consejo.

Estatal de Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Secretaría Estatal de Seguridad Pública, Secretarías y Direcciones de Seguridad Pública de los 18 municipios de Sinaloa realicen las medidas necesarias en la prevención y atención de la violencia y violación sexual hacia mujeres y niñas.9

En tal virtud, y con sustento en la fundamentación y consideraciones anteriores, es por lo que someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Estatal de Seguridad, Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, Secretaría Estatal de Seguridad Pública, Secretarías y Direcciones de Seguridad Pública de los 18 municipios de Sinaloa a intensificar los esfuerzos para prevenir y atender la violencia sexual hacia las mujeres y niñas.

Notas

1 Recuperado en https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/
what%20we%20do/evaw/16-days-2019-concept-note-es.pdf?la=es&vs=3426 el 20/11/19

2 Recuperado en https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/ el 20/11/19

3 Ídem https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/

4 Ídem https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/

5 Ídem https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/

6 Ídem https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/

7 Delitos de mayor incidencia 2019 recuperado en http://fiscaliasinaloa.mx/index.php/acciones-y-avances/mujeres-ofendida s el 20/11/19

8 Delitos de mayor impacto, recuperado en http://fiscaliasinaloa.mx/index.php/acciones-y-avances/mujeres-ofendida s el 20/11/19

9 Toda vez que de manera coordinada dan cumplimiento a las atribuciones en materia de seguridad pública conforme a lo establecido en el artículo 5º de la Ley vigente del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Sinaloa recuperada en

http://www.congresosinaloa.gob.mx/leyes-estatales/ el 20/11/19

Palacio Legislativo, a 28 de noviembre de 2019.

Diputada Merary Villegas Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a designar al presidente y los cuatro integrantes de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, y resolver la controversia de las atletas víctimas de abuso físico y psicológico por entrenadores de la Federación Mexicana de Gimnasia, a cargo del diputado José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

José Martín López Cisneros, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numerales 1 fracción II y 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El jueves 14 de noviembre de 2019, el periódico Reforma publicó en primera plana: “Acusan maltrato gimnastas de la Selección Mexicana, padecen daños físicos y psicológicos por parte de entrenadores franceses” Sección Cancha, páginas 2 y 3.

El reportaje del periodista Yarek Gassoyo, da cuenta que, en el marco del entrenamiento del Campeonato de Tijuana, el pasado abril como parte del proceso de clasificación a los juegos Panamericanos de Lima 2019 y el Mundial de Stuttgart, el coordinador de la Selección de Gimnasia Artística, “Éric Demay, coordinador de gimnasia en México, propina nalgada a joven que entrenaba. La escena quedó grabada en un video.”

... La gimnasta que en abril pasado tenía 18 años cuando aconteció el hecho les comentó a sus padres lo sucedido con el entrenador francés, quien cuenta con antecedentes de abuso físico y psicológico cuando entrenó al equipo de Suiza hasta 2007.”

El mencionado video fue entregado a la Federación Mexicana de Gimnasia (FMG) que encabeza Gustavo Salazar quien dijo que no observaba alguna “anomalía” y desestimó el tema.

Debido a las cargas de entrenamiento la lesión de la atleta Victoria Mata, en la rodilla derecha se agravó y la dejaron como reserva en el Mundial que se llevó a cabo en Stuttgart, del 4 al 13 de octubre de 2019.”

Demay es parte de una pareja de entrenadores franceses que fueron traídos a México para conseguir la clasificación olímpica del equipo mexicano de gimnasia a Tokio 2020, objetivo que no se logró en el pasado Mundial de Stuttgart.

Adicionalmente, en el mismo reportaje del periodista Yarek Gayosso, da cuenta que: “Daniela Briseño se encontraba en una reunión técnica en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), junto a otras gimnastas rumbo al proceso selectivo del Mundial de Stuttgart cuando Cecile Demay, esposa de Éric Demay, se le acercó de manera intimidante.

“Aquí hay que decir las cosas como son y yo voy a hacer (sic) muy sincera; tú no sirves”, contó en entrevista Neyda Nieves, mamá de la gimnasta de 16 años de edad (sic)...

...

...

...

...

Durante el transcurso de la tarde continuaron los entrenamientos, en los que se mantuvo la presión para Daniela y en un ejercicio elemental se cayó y se lesionó el tobillo, en el tercio de la tibia y requirió ser intervenida.

...

Neyda llegó a la Ciudad de México seis horas después del accidente, la FMG no activó el seguro BX + de la gimnasta y los gastos de la operación, del 27 de agosto, corrieron por cuenta de su mamá, la hospitalización, además de los exámenes de rayos x.

Actualmente, Daniela continúa sus terapias de recuperación y ha regresado a los entrenamientos en Nuevo León y hace dos semanas su mamá envío una carta a Ana Guevara directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), con el testimonio de lo ocurrido. De igual forma envío una amplia carta exigiendo explicaciones a la Federación Mexicana de Gimnasia (sin respuesta aún) destacando las agresiones verbales en julio pasado hacia la menor de edad y luego la grave lesión de la gimnasta en agosto del presente año sin apoyo médico.”

El antecedente

La gimnasta olímpica Elsa García fue la primera en denunciar que vivió abuso psicológico por parte de los franceses Éric y Cecile Demay durante el proceso clasificatorio a Tokio 2020 y en el Mundial de Stuttgart, Alemania.

Dio a conocer un video donde se exhibe a Éric Debay cuando deja caer un disco de material sólido cerca de los pies de la gimnasta.

“Aquí un video de cómo se me avienta una pesa a los pies...

Sin razón alguna. Más que el simple hecho de demostrar poder, escribió Elsa en sus redes sociales.

La misma publicación también da cuenta en otro de los subtítulos del reportaje: Diferente solución EU resuelve, México simula.

Mientras en Estados Unidos se creó Safe Sport como un organismo autónomo para proteger de abuso emocional, físico y sexual a los atletas, en México existe la Comisión de Atención para Casos Especiales (CACE), pero dentro de la misma Federación Mexicana de Gimnasia, es decir, siendo juez y parte.

Safe Sport es una organización independiente sin fines de lucro centrada en poner fin a todas las formas de abuso en el deporte.

El centro abrió sus puertas en Denver, Colorado, en marzo de 2017 y poco después se autorizó a nivel federal en virtud de la Ley de Autorización para la Protección de las Víctimas Jóvenes contra al Abuso Sexual y el Deporte contra el Abuso Sexual y el Deporte Seguro en 2017 (que se convirtió en la Ley Pública número 115-126 el 14 de febrero de 2018).

Este organismo se creó a raíz de los casos de abuso sexual por parte del médico Larry Nassar a las gimnastas del equipo estadounidense.

Aquí las gimnastas mexicanas desconocen la existencia del CACE, en el que Naomi Valenzo, vicepresidente de la FMG es coordinadora, además la integran presidentes o miembros de asociaciones que son subalternos de la FMG y sólo cuentan con un email para recibir denuncias: cace.fmg@gmail.com”

2. El reportaje mencionado es un claro ejemplo de los abusos físicos y psicológicos que viven las y los atletas por parte de las entrenadoras o entrenadores deportivos, en complicidad ante el silencio cómplice o la falta de criterio por parte de quienes presiden las asociaciones deportivas nacionales en México para visibilizar esta problemática degradante.

3. Adicionalmente, queda expuesto el estado de indefensión en que se encuentran las y los atletas en este país, ante la falta de una instancia en materia de justicia deportiva que se encargue de dirimir este tipo de controversias y sobre todo que garantice los derechos fundamentales de las víctimas.

4. La afirmación anterior se confirma con la publicación de Raúl Ochoa en la revista Proceso del 15 de septiembre de 2019:

“La 4T deja huérfana la impartición de justicia deportiva . Desde el 24 de abril de 2019, no hay panel de arbitraje que salvaguarde los derechos deportivos. El presidente Andrés Manuel López Obrador continúa sin designar al titular ni a los cuatro miembros del pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD).

Asimismo, da cuenta que la falta de designación del titular de los miembros del panel ha causado una parálisis en los asuntos a tratar. La CAAD, vía su unidad de transparencia, reconoció el pasado 22 de agosto que tiene 89 expedientes abiertos desde 2012 de los cuales 47 (52 por ciento) están pendientes por resolver, y de ellos hay 24 ingresados en 2019.

Ningún expediente ha sido atendido “dado que el 24 de abril de 2019 venció el nombramiento del pleno de la CAAD, sin que a la fecha se haya realizado la designación por parte del titular del Ejecutivo federal sobre el presidente y los miembros titulares del pleno”.

5. Ante este escenario de impunidad sistemática en materia deportiva, considero indispensable no perder de vista que el 23 de abril de 2013, como diputado integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, voté a favor de la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD), con la convicción de dar certeza y seguridad a las mexicanas y mexicanos al acceso a un derecho fundamental relativamente nuevo, el de la cultura física y la práctica del deporte.

6. A partir de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte el 7 de junio de 2013, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), entre otros órganos, ampliaría el margen de acción a todas las personas físicas o morales pertenecientes al Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade); se fortalecerán los mecanismos de justicia alternativa en materia deportiva.

7. La importancia del funcionamiento de la CAAD obedece a que su objeto es resolver recursos de apelación , así como fungir como panel de arbitraje, o coadyuvar en las mediaciones y conciliaciones , respecto de las controversias de naturaleza jurídica deportiva que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos, con la organización y competencia que la LGCFD establece; dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus acuerdos, laudos y resoluciones e independiente de las autoridades administrativas, (artículo 78 de la LGCFD).

Respecto de sus atribuciones, el artículo 79 de la LGCFD establece:

I. Conocer y resolver mediante el recurso de apelación, sobre las impugnaciones planteadas por cualquier persona física o moral inscrita en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade) o cualquiera de los miembros del Sinade, en contra de actos , omisiones, decisiones, acuerdos o resoluciones emitidos por las autoridades, entidades u organismos deportivos, que afecten los derechos deportivos establecidos a favor del apelante, en la presente ley o en los reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen.

El impugnante podrá optar en agotar el medio de defensa que corresponda o interponer directamente el recurso de apelación;

II. Conceder la suspensión provisional y, en su caso, definitiva, del acto impugnado dentro del trámite del recurso de apelación;

III. Efectuar la suplencia de la deficiencia de la queja dentro del trámite del recurso de apelación, cuando el impugnante no sea directivo, autoridad, entidad u organismo deportivo;

IV. Fungir como conciliador dentro del trámite del recurso de apelación;

V. Intervenir como panel de arbitraje en las controversias que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos, o entre unos y otros, de conformidad con el reglamento que se expida para tal efecto;

VI. Coordinar un área de mediación y conciliación con la participación de personal calificado y, en su caso, de mediadores o conciliadores independientes, para permitir la solución de controversias que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos, o entre unos y otros, de conformidad con el reglamento que se expida para tal efecto.

Para efectos de esta fracción se entiende por mediación la función de establecer comunicación y negociación entre las partes para prevenir o resolver un conflicto, y por conciliación el método para proponer a las partes alternativas concretas de solución para que resuelvan de común sus diferencias;

VII. Imponer correcciones disciplinarias y medidas de apremio a todas aquellas personas físicas o morales, organismos y entidades deportivas por conducto de sus titulares que se nieguen a acatar y ejecutar o que no acaten y ejecuten en sus términos, los acuerdos, decisiones, laudos y resoluciones emitidos por la propia CAAD , y

VIII. Las demás que establezca la presente ley y otras disposiciones reglamentarias.

8. La integración de la CAAD, de acuerdo con el artículo 80 de la LGCFD, se compone por un pleno (un presidente y cuatro miembros titulares), por las unidades administrativas y oficinas regionales, necesarias para el cabal desempeño de sus funciones.

El presidente y los miembros titulares de la CAAD, durarán tres años en su encargo, pudiendo ser reelectos para un periodo más.

De acuerdo con el artículo 81 del referido ordenamiento, cuando la ausencia del presidente sea definitiva, el titular del Ejecutivo federal designará de entre los miembros titulares, a quien deba sustituirlo para que concluya el periodo respectivo. Ante la ausencia definitiva de cualquiera de los miembros titulares, el titular del Ejecutivo federal designará a quien deba sustituirlo para que concluya el periodo respectivo.

Han pasado siete meses en los que la omisión prevale por parte del Presidente de la República, ante la falta designación de los integrantes de la CAAD y la impunidad de los actos de violencia física y psicológica hacia las y los atletas va en aumento.

Por lo expuesto, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, designe al presidente y a los cuatro miembros integrantes de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte y, resuelva a la brevedad la controversia de las atletas víctimas de abuso físico y psicológico por parte de entrenadores de la Federación Mexicana de Gimnasia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2019.

Diputado José Martín López Cisneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a sugerir por la SCT a los organismos empresariales suscriptores del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado establecer mecanismos que den prioridad a las empresas constructoras locales que cumplan los requerimientos, a cargo del diputado Jorge García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge García Lara, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente exhorta al Ejecutivo federal para que instruya al secretario de Comunicaciones y Transportes y sugiera a los organismos empresariales suscriptores del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, a efecto de que se establezcan mecanismos que, con plena y absoluta transparencia, garanticen que se dará prioridad a las empresas constructoras locales, que cumplan con los requerimientos del caso, para asignarles obras contempladas en dicho acuerdo, para activar la economía regional del país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 26 de noviembre de este año, el gobierno de la República y el Consejo Coordinador Empresarial, presentaron públicamente el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, como una herramienta para facilitar y acelerar la implementación de proyectos que contribuyan al crecimiento y desarrollo del país.

Este acuerdo será parte integrante del Plan Nacional de Infraestructura, que se tiene previsto para presentarse en enero de 2020. En este sentido, el fondeo de los proyectos presentados será mayoritariamente con inversión privada, sin generar nueva deuda pública.

De acuerdo con el documento hecho público, el sector privado ha identificado mil 600 proyectos de inversión pública y privada en infraestructura que podrían contribuir a lograr un crecimiento superior al 4 por ciento propuesto por el gobierno de México en el Plan Nacional de Desarrollo.

Se plantea, entre otros aspectos relevantes, concluir obras en proceso e iniciar nuevos proyectos de inversión privada, nacional y extranjera, para reactivar la actividad económica, así como promover y facilitar la participación de la inversión privada en infraestructura.

“El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) destacó que este programa permitirá el aceleramiento de la inversión de la iniciativa privada en proyectos de infraestructura e informó que serán 859 mil millones de pesos los que se implementarán en los próximos años. En 2020 estimamos que puedan empezarse a ejecutar y se terminen 72. Mientras que entre 2021-2022 se tienen contemplados 41; y para 2023-2024, 34, señaló el titular del CCE. Estos 147 proyectos representan 859 mmdp, es una cifra importante, de los cuales 431 mmdp se podrían implementar en el 2020; 255 mmdp en 2021-2022; y 171 mmdp en 2023-2024”1

Se puede observar en el texto del acuerdo que los proyectos que se tienen previstos corresponden a obras de infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, telecomunicaciones, agua y saneamiento, energía eléctrica, salud y turismo. Asimismo, los proyectos se llevarán a cabo en el norte, centro y sur-sureste del país.

Frente a la grave situación económica por la que atraviesa el país, este Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado representa una buena señal para potenciar el crecimiento económico. Es importante reconocer el esfuerzo que se ha hecho para comprometer al sector privado a invertir en infraestructura.

En este sentido, consideramos que es necesario incorporar en el acuerdo el compromiso de impulsar y fortalecer la economía de las entidades federativas e incluso de los municipios, brindando oportunidades a empresas locales a participar activamente en el desarrollo de este acuerdo y, en su momento, en la consecución del Plan Nacional de Infraestructura que se presentará próximamente.

Es apremiante que industria de la construcción local reciba los incentivos necesarios para detonar el crecimiento en los Estados. La situación en general de la industria de la construcción en los últimos meses es sumamente preocupante.

En tanto la distribución de los proyectos no se realice atendiendo las necesidades de las empresas locales, se corre el riesgo de concentrar los beneficios solo en grandes empresas. Es menester encontrar los mecanismos para que, en caso de ser necesario, estas grandes constructoras puedan subcontratar empresas locales.

Es un hecho que la industria de la construcción en los estados atraviesa por una mala situación. “Al primer semestre de 2019, 18 de las 32 entidades federativas se encuentran en números rojos en la actividad productiva de las empresas constructoras. Durante el primer semestre de 2019 la contratación de obra pública registró una contracción de (-) 19.3 por ciento con relación a los primeros seis meses de 2018. Los estados que registraron mayores caídas en el valor de obra pública contratada durante el periodo enero - junio de 2019 fueron Baja California Sur con (-) 78.2 por ciento, Querétaro con (-) 60.5 por ciento y Quintana Roo con (-) 58.9 por ciento y Nuevo León con una caída de (-) 53.8 por ciento con relación al mismo periodo de 2018.”2

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión respetuosamente exhorta al Ejecutivo federal para que instruya al secretario de Comunicaciones y Transportes y sugiera a los organismos empresariales suscriptores del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, a efecto de que se establezcan mecanismos que, con plena y absoluta transparencia, garanticen que se dará prioridad a las empresas constructoras locales que cumplan con los requerimientos del caso, para asignarles obras contempladas en dicho acuerdo, para activar la economía regional del país.

Notas

1 https://aristeguinoticias.com/2611/mexico/
este-es-el-acuerdo-nacional-de-inversion-en-infraestructura-del-sector-privado-documento/

2 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. “Situación de la actividad productiva de la empresas constructoras. Enero – Junio de 2019”.

https://www.cmic.org.mx/cmic/ceesco/2019/PDF/Bolet%C3%ADn%20Situaci%C3%B3n%20de%20la%20
Actividad%20Productiva%20de%20las%20Empresas%20Constructoras%20a%20Nivel%20Nacional%20Ene-Jun%202019.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2019.

Diputado Jorge Alcibíades García Lara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y los gobiernos locales a ofrecer trato digno a los familiares que van a reconocer y recoger un cadáver ante el MP, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Nayeli Salvatori Bojalil, diputada federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, en ejercicio de la facultad que me confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2; y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La palabra cadáver proviene del latín cadavere, en relación con el verbo cadere (caer), y que significa “caído”, “mortal”. Curiosamente, en otras lenguas, la palabra también deriva de cadavere (kadaver en alemán y holandés), pero sobre todo para indicar el cuerpo de un animal muerto, mientras que en español se trata generalmente del cuerpo humano.1

Partiendo de lo anterior, tanto en la vida como en la muerte, debe de predominar el respeto y buen trato a la dignidad humana,2 en facultad de reconocer la necesidad de tratar a cada uno de los seres como lo que son; sin carestía de aludir a una mayor o menor dignidad, pues lo verdaderamente sustancial para el hombre es ser tratado como lo que es, de acuerdo con sus atributos y características; siendo de suma importancia por lo anterior mencionado, que habrá que tratar a los demás seres vivos de acuerdo con sus particularidades.

De tal modo que tanto los seres humanos vivos y muertos merecen gozar de respeto y de un buen trato que habrá de recibir por parte de sus semejantes, mismo que debe ser acorde con su dignidad, constituyendo ese trato debido a un deber moral.

Así como lo maneja la Ley General de Salud,3 respecto del cadáver, en su artículo 346, que a letra nos indica:

Artículo 346. Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto, dignidad y consideración.

Con lo anterior encontramos que la muerte, es así entendida de diferente perspectiva y vivida por cada sociedad. Mientras para algunos puede ser algo esperado y en cierto modo incluso querido; para otros, puede significar un profundo dolor y sufrimiento, no sólo para la persona sino para su entorno. En cierto modo mientras que para unos la muerte significa paz y tranquilidad, para otros es desasosiego, tristeza y fuente de sufrimiento que derivan en una infinidad de inquietudes y pesares.4

En la actualidad seguimos sufriendo un problema nacional que aqueja a las y los mexicanos, donde el incremento de la violencia y el número de muertes derivadas de esta, tiene a los familiares desesperados la localización y entrega del cadáver.

En correspondencia con esta problemática, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, su participación en la 32ª Reunión del Grupo Nacional de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Resaltó que esta crisis humanitaria y la emergencia forense que conlleva, se reflejan en los más de 26 mil cuerpos sin identificar en todo el país.5

Tristemente es muy común escuchar este tipo de comentarios, “me tienen vuelta y vuelta, después de haber reconocido el cadáver y confirmar que soy el familiar, ahora me dicen que no me pueden entregar el cuerpo de mi hijo o hija, hasta que no esté el resultado de la necropsia de ley por escrito en el escritorio de la agente del Ministerio Público”, este tipo de actuar por parte de las autoridades encargadas, lastima moralmente y emocional a las personas que pasan por una situación lamentable.

Con lo antes mencionado, cabe señalar que la Fiscalía General de la República6 en su Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República nos indica en su Marco General de Operación, lo siguiente:

Artículo 3. Principios Rectores

La Fiscalía General de la República regirá su actuación por los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo , honradez, respeto a los derechos humanos, perspectiva de género, interculturalidad, perspectiva de niñez y adolescencia, accesibilidad, debida diligencia e imparcialidad.

En todos los casos deberán observarse los principios de equidad, igualdad sustantiva y no discriminación en razón de la condición étnica, migratoria, de género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, preferencia, orientación o identidad sexual, estado civil o cualquier otra condición o motivo que atente contra la dignidad humana; o bien, tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano, sea parte y demás disposiciones aplicables.

Como hice mención en las primeras líneas, tanto en vida y en la muerte de un ser humano, es de suma importancia tener un trato digno; y para los familiares que se encuentran en la búsqueda y localización de un cuerpo, la Ley General de Salud en su capítulo quinto donde nos habla de cadáveres, artículo 350 bis que a la letra dice, la Secretaría de Salud determinará el tiempo mínimo que han de permanecer los restos en las fosas. Mientras el plazo señalado no concluya, sólo podrán efectuarse las exhumaciones que aprueben las autoridades sanitarias y las ordenadas por las judiciales o por el Ministerio Público, previo el cumplimiento de los requisitos sanitarios correspondientes.

Con lo anterior cabe mencionar, al momento que los familiares tengan en su conocimiento, la localización del cuerpo; la entrega del mismo debe ser de una manera rápida, eficaz y principalmente que los servidores públicos encargados de estas áreas trabajen de una manera profesional. Sin la necesidad de caer en trámites burocráticos y engorrosos, así mismo deberán brindar una atención eficiente e integral a los familiares de la víctima tanto en materia de salud como psicológica, siendo importante realizar mesas de trabajo por parte de las autoridades encargadas de la entrega y recepción de cuerpos para dar seguimiento a los acuerdos que se tomen y garantizar con ello, la seguridad de los integrantes de las familias que participan en la búsqueda y entrega de cuerpos.

Con esto concluyo que el derecho a la disposición del cadáver es de carácter familiar, el cual se comprende es de carácter moral y afectivo; mismo que compete a los parientes que por lazos de estimación, afecto, respeto y piedad. El cual entra el derecho y obligación, de escoger el lugar en que ha de ser sepultado su familiar (cadáver), pues sólo así puede cumplir con esa obligación y correlativamente, ejercitar el derecho, cuya exteriorización es una suerte de tutela sobre el destino de los restos de la persona fallecida, orientada a la mejor conservación de los mismos, y especialmente destinada a perpetuar su memoria para mantenerla viva en el seno de la familia y de la sociedad.

Siendo esta la principal razón por la que es de suma importancia brindar ayuda a las familias que se encuentran en la búsqueda y localización de un cuerpo, reciban un trato digno y humano, que las autoridades judiciales competentes hagan un trabajo; no solo por servir, sino por humanidad y solidaridad con las personas que se encuentran en situaciones desgraciadamente lamentables, donde debe de predominar, la buena, pronta y eficiente atención para la localización y entrega del cuerpo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2 y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, la Fiscalía General de la Republica y a los gobiernos de las entidades federativas, para aplicar un trato digno a los familiares que van a reconocer y recoger un cadáver, ante el Ministerio Público, o de la autoridad judicial competente.

Notas

1 https://www.ecured.cu/Cad%C3%A1ver

2http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332013000100002

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_081119.pdf

4 https://www.elsevier.es/
es-revista-boletin-mexicano-derecho-comparado-77-articulo-reflexiones-sobre-dignidad-humana-actualidad-S0041863313711219

5 https://www.gob.mx/segob/prensa/
llama-alejandro-encinas-a-hacer-el-mayor-esfuerzo-institucional-para-salir-de-la-emergencia-forense-204434.

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOFGR_201218.pdf

Dado en la Sede de la Cámara de Diputados, a 26 de noviembre de 2019.

Diputada Nayeli Salvatori Bojalil

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat y la Sedatu a establecer canales de coordinación con el estado y los municipios de QR para la puntual integración del ordenamiento ecológico y el desarrollo urbano locales, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega, en representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, el 16 de agosto de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, la cual regula la planeación urbana y ambiental de los territorios municipales, a través de los programas municipales de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano.1

El objetivo principal de estos programas es constituir las acciones institucionales de planeación urbana y de ordenamiento ecológico de manera integral. En este sentido, se trata de homologar los instrumentos de planeación, al vincular las políticas de desarrollo urbano y de protección ambiental, por medio de los instrumentos regulatorios de uso, aprovechamiento y preservación del territorio, así como a través del ordenamiento ecológico. Además, se tiene como finalidad asegurar la simplificación, congruencia y armonización entre dichos ámbitos de planeación.

La Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo prevé la formación de los consejos municipales de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano,2 instrumentos mixtos de participación social y ciudadana en dichas materias. Para su efectivo funcionamiento, los consejos municipales deben contar con la participación de las autoridades federales y estatales responsables de la política de planeación ambiental y urbana. En este caso, por la federación, se trata de una representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ante los consejos municipales.

En virtud de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que establece que la autoridad estatal o municipal competente dará aviso público del inicio del proceso de planeación y formulará el proyecto de plan o programa de Desarrollo Urbano o sus modificaciones, resulta entonces imperativo respetar la facultad de las entidades federativas. Únicamente, en concordancia con el artículo 44, el ayuntamiento debe consultar con la autoridad competente de la entidad federativa una vez que apruebe el plan o programa de Desarrollo Urbano sobre la apropiada congruencia, coordinación y ajuste de dicho instrumento con la planeación estatal y federal, sin que ello implique la imposibilidad de que los ayuntamientos entablen mecanismos de agilización y eficiencia burocrática.

El ordenamiento ecológico es el instrumento de política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades productivas, a fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de éstos. Como consecuencia, resulta entonces benéfico para la búsqueda de programas sustentables integrados, una conjunción entre el ordenamiento ecológico y el desarrollo urbano, mediante la cual se homologuen los principios de un programa con otro.

La falta de coordinación que se ha dado entre la federación con el estado y los municipios de Quintana Roo ha afectado negativamente al ámbito municipal, retrasando sus procesos de planeación urbano-ambiental, particularmente, en los casos en los cuales los instrumentos vigentes se encuentran desactualizados, como sucede con Puerto Morelos.

Uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas es lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Cada vez con mayor frecuencia, los organismos internacionales, como es el caso del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), subrayan la necesidad de una planeación integrada para asegurar que el desarrollo urbano cuente con una sensibilidad medioambiental. De acuerdo con el UNEP, dado que los recursos son limitados, abordar los problemas ambientales de manera insuficiente en cuanto al desarrollo urbano tiene graves consecuencias: riesgos para la salud, pérdida de biodiversidad y, en última instancia, una menor calidad de vida.

En atención de lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, a través de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, establezca los canales de coordinación con el estado y los municipios de Quintana Roo para la puntual integración del ordenamiento ecológico y el desarrollo urbano, incluyendo la necesidad de enviar la debida representación frente a los consejos municipales de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano del estado.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que, a través de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, establezca los mecanismos de coordinación necesarios con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de constituir una visión integrada de los programas de desarrollo urbano con el ordenamiento ecológico y cumplir los compromisos internacionales que ha adquirido México derivados de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Notas

1 Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, artículo 7, fracción XLIV: “Programas municipales de ordenamiento territorial, ecológico y desarrollo urbano: Son los instrumentos de ordenamiento ecológico y de planeación del desarrollo urbano municipal, que incluye la regulación al uso y aprovechamiento del territorio municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

2 Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Quintana Roo, artículo 13, fracción I.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a fortalecer el programa Paisano y aumentar la seguridad en las principales carreteras del país para garantizar la seguridad e integridad física de los connacionales que regresan en la temporada vacacional de invierno, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La migración de retorno es un fenómeno que ha existido desde sus inicios como parte de la naturaleza que plantea la circularidad migratoria. Los cambios que han sufrido los flujos migratorios responden a diversos factores tanto sociales, económicos y políticos; siendo los económicos y sociales los que han obligado a las personas a migrar buscando mejores condiciones de vida.

“El retorno y las salidas son las dos caras de la misma moneda de la migración. Los factores han variado según etapas históricas y de acuerdo con particularidades como coyunturas sociales, políticas y económicas, una ha prevalecido sobre la otra o incluso se han equilibrado. Este al parecer es el caso de los flujos en los últimos años. Las salidas y los retornos de migrantes mexicanos han llegado a una especie de impasse , donde ambas oscilan en alrededor de 280 mil por año en el último quinquenio”.1

En un estudio de los doctores Merari Stephanie Montoya Ortiz y Juan Gabino González: cuestiones personales, de paseo y vivir en México, en la temporada vacacional de invierno aumenta el número de connacionales que regresan a México para pasar las fiestas decembrinas.

Sin embargo, la delincuencia ha visto en los connacionales que vuelven a México, un botín, ya que diversas denuncias mencionan que son víctimas de robo, extorción e incluso secuestro.

Diversos medios de comunicación han expuesto el aumento de robos en las carreteras, lo que pone a nuestros connacionales en un estado de vulnerabilidad, al momento de su regreso.

“Transportistas, cámaras empresariales e incluso los gobiernos locales advierten un deterioro significativo en la seguridad de las carreteras del país en las que ha habido un repunte en los delitos de robo a camiones de carga y pasajeros, extorsiones contra concesionarios del transporte público y asesinatos de viajeros”2

Ante esta realidad, en 1989, a propuesta de la ciudadanía y organizaciones sociales, nace el Programa Paisano, su objetivo es “procurar el respeto de los derechos de los mexicanos que residen en el extranjero y regresan a México de forma temporal, por medio de la coordinación de programas y servicios a los que pueden acceder en los consulados y en las representaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Estados Unidos de América (EUA), así como en su ingreso, tránsito y estancia en México y su posterior retorno”.

Su funcionamiento radica en un mecanismo de coordinación interinstitucional, donde colaboran 39 dependencias, está conformada por una dirección nacional, que se encarga de coordinar las acciones de los 32 enlaces estatales del programa adscrito a las delegaciones federales, cuenta con “3 representaciones en EUA ubicadas en los consulados de México en Chicago, Illinois; Los Ángeles, California, y Houston, Texas, y, así como con la participación de la sociedad civil, dirigidos todos a brindar facilidades a los connacionales para su ingreso, tránsito, estancia y salida del país”.3

Aunado a lo anterior se suma la participación y colaboración de los gobiernos estatales y municipales.

La titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que el programa estará vigente hasta el próximo 8 de enero de 2020; habrá 920 voluntarios y se espera recibir a 3 millones de connacionales.

Al respecto la secretaria de Gobernación mencionó que “Los esfuerzos que realizamos a lo largo del año en el operativo Paisano no sólo responden a un mandamiento legal, también son parte de un compromiso moral que tenemos con las mexicanas y mexicanos que por una u otra razón han tenido que salir de su país para buscar nuevas oportunidades”.

A pesar de que el programa paisano ya comenzó, es necesario aumentar los esfuerzos con el propósito de salvaguardar la integridad física de los connacionales que viajan a México.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de este pleno el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a fortalecer el Programa Paisano y aumentar la seguridad en las principales carreteras del país, con el propósito de garantizar la seguridad y la integridad física a los migrantes connacionales que regresan a México en la temporada vacacional de invierno.

Notas

1 López, Gustavo, 2012, Los migrantes de retorno y su reinserción a la comunidad, disponible en

http://reformacom.typepad.com/otra_tierra/2012/07/
los-migrantes-de-retorno-y-su-reinserci%C3%B3n-a-la-comunidad.html, consultado el 08 de mayo de 2014.

2 El Sol de México Web, Disponible en: https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/justicia/carreteras-son-un-p eligro-advierte-ip-3967397.html

3 https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/programa-paisano-del-inm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2019.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a modificar sus estatutos, reglamentos y acuerdos con las autoridades educativas estatales, organizaciones sociales y sindicales interesadas en elevar la calidad de la enseñanza para reducir los grupos a 35 alumnos máximo, a cargo de la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Martha Elisa González Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a hacer las modificaciones necesarias en sus estatutos, reglamentos y acuerdos, en conjunto con las autoridades educativas estatales; todas las organizaciones sociales y sindicales interesadas en elevar la calidad de la educación, para que se reduzcan el tamaño de los grupo a 35 alumnos como máximo, conforme las siguientes

Consideraciones

Los intentos de las autoridades educativas por reducir la cantidad de grupos escolares o instituciones han cobrado mayor intensidad en los últimos años.

El debate en torno a la importancia del tamaño del grupo está rodeado de múltiples posturas: desde quien lo asocia directamente con los resultados académicos, hasta quienes lo ven como un fenómeno intrascendente.

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en el documento Infraestructura, mobiliario y materiales de apoyo educativo en las escuelas primarias. ECEA 2014 (INEE, 2016) hace un análisis de las condiciones físicas de una muestra a gran escala de escuelas del país. En dicho estudio se establece, entre otras cosas, que casi uno de cada tres docentes (31 por ciento) considera que su salón es pequeño para el número de estudiantes de su grupo, así como que el 30.6 por ciento de las escuelas analizadas no dispone de suficientes tazas sanitarias exclusivas para estudiantes, mientras que en 13.7 por ciento hay déficit de aulas para la cantidad de alumnos que se atienden, es decir, hay mayor número de grupos que de salones.

La cantidad de alumnos en un grupo o escuela no es algo que pase inadvertido para los docentes ni que carezca de trascendencia en la dinámica cotidiana de las instituciones educativas: influye directamente en situaciones tan cotidianas como la disponibilidad adecuada de sanitarios o aulas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) reconoce las ventajas de las clases más pequeñas, contar con clases reducidas sin duda permite realizar las actividades de enseñanza de una manera más óptima, que el aprendizaje va a llegar por añadidura y por lo tanto los resultados académicos se incrementarán.

Debemos precisar que la enseñanza y el aprendizaje son dos fenómenos que no necesariamente se encuentran ligados por una relación de causa y efecto puede haber enseñanza (incluso de la mejor calidad) sin que se produzca el aprendizaje o viceversa.

Es por lo anterior que los grupos reducidos representan una oportunidad para que el docente desempeñe mejor las tareas de enseñanza, sin embargo, las tareas de aprendizaje del alumno pueden seguir enfrentando obstáculos ajenos a la labor del profesor: desde características biológicas hasta factores sociales, económicos o culturales. De este modo, se hace difícil distinguir el impacto del tamaño de la clase en el logro de los propósitos educativos, pues se diluye entre múltiples factores. Los éxitos o fracasos en el ámbito educativo siempre serán la suma de muchos factores; es difícil atribuir un acierto o una falla a una variable exclusivamente, lo que dificulta poder distinguir la influencia de una en específico.

Quizá el número de alumnos en un grupo no es razón suficiente para explicar el logro en este tipo de mediciones, sin embargo, parece que su influencia, aunque menor que otros factores, no es debatible.

La postura de las autoridades educativas ante el fenómeno de los grupos atiborrados se caracteriza en muchos casos por la indiferencia, actitud que quizá responda a que, gran parte de ellas, llevan varios años alejados de las aulas. Llegan incluso a acusar de quejosos a los docentes actuales argumentando que en décadas pasadas eran comunes los grupos de hasta sesenta alumnos, pero olvidan que esto respondía a que la prioridad del Sistema Educativo en aquellos tiempos era la cobertura y no la calidad como se exige en la actualidad. Se escudan en no contravenir alguna norma (el Instituto Nacional para la Infraestructura Educativa establecen 45 estudiantes como cupo máximo para un grupo), pero se olvidan de documentos donde se establecen preceptos pedagógicos que se vuelven complicados de cumplir conforme se incrementa el número de estudiantes.

Asimismo, las autoridades no dudan en atiborrar grupos pues disfrazan sus efectos nocivos en la falta de consenso en cuanto al impacto de estas medidas en los resultados de pruebas estandarizadas, pero no dicen, quizá por ignorancia o por conveniencia, que estos resultados están determinados en gran proporción por factores del entorno escolar

Se debe de entender que las clases con menos estudiantes representan opciones más viables para que los docentes realicen con mayor eficacia las tareas de enseñanza, lo que incrementará las posibilidades de que se logre el éxito en el logro de los aprendizajes.

Es necesario también precisar que en los grupos reducidos hay más control por parte de los docentes y se puede reducir el tema de la violencia que es una realidad en este tiempo, y cuando son grupos extensos se tiene menos control en el tema.

El tamaño del grupo es pues un factor importante para mejorar y evaluar los aprendizajes de los alumnos, pero también para controlar la disciplina del grupo. Esto hasta los propios alumnos lo reconocen: Los estudiantes también atribuyen la falta de control por parte de los maestros al excesivo número de alumnos que existen en cada grupo y al insuficiente espacio que esto trae consigo. Piensan que es más fácil poder controlar a 20 o 35 alumnos que a 60...

En definitiva, aunque no se trate de un factor determinante, los grupos reducidos favorecen el trabajo que se desarrolla cotidianamente en las aulas.

Investigaciones de la UNESCO han subrayado los efectos negativos que se tienen en los grupos sobrecargados no sólo es en el rendimiento académico sino también en la calidad de vida de los docentes.

La historia laboral del mundo señala que el ser humano se rebela, rechaza el trabajo, cuando éste se convierte en pesadilla. De ahí la resistencia al trabajo, a través del tortuguismo, el sabotaje, el ausentismo, etcétera. El malestar que produce el trabajo se manifiesta de muchas formas. Por ello importa reducir el tamaño del grupo en la escuela pública ya que, en las escuelas particulares, desde hace tiempo que mantienen en las aulas grupos pequeños.

La enseñanza individualizada es una de las primeras reivindicaciones de todo maestro de didáctica. El único obstáculo verdadero a la modernización de la escuela en su práctica pedagógica y en su espíritu es indudablemente el exceso de efectivos escolares; en una clase de 35, 40 y 50 alumnos. Ningún método es, en esas condiciones, realmente productivo.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a hacer las modificaciones necesarias en sus estatutos, reglamentos y acuerdos, en conjunto con las autoridades educativas estatales; todas las organizaciones sociales y sindicales interesadas en elevar la calidad de la educación, para que se reduzca el tamaño de los grupos a 35 alumnos como máximo, con el objetivo de cumplir con las recomendaciones de la OCDE, de tener 15 alumnos por docente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2019.

Diputada Martha Elisa González Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a firmar y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, de la OEA, a cargo de la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Lourdes Celenia Contreras González, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2. fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular Ejecutivo federal a firmar y ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70), de la Organización de los Estados Americanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 15 de junio 2015, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante su 45º Período Ordinario de Sesiones, adoptó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, conocida como A-70. Este instrumento entró en vigor el 11 de enero de 2017, al momento de haber sido ratificado por al menos dos países.

La Convención A-70 tiene una relevancia significativa para el pleno reconocimiento de los adultos mayores, porque resalta y reconoce que:

“Resaltando que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano;

Reconociendo que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades;

Reconociendo también la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconoce las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza”.1

Esta concepción de los derechos y la dignidad de los adultos mayores, queda puntualmente plasmada en el artículo 1 de la Convención A-70. Por ello, es pertinente citar dicho artículo:

“Artículo 1

Ámbito de aplicación y objeto

El objeto de la convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad.

Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como una limitación a derechos o beneficios más amplios o adicionales que reconozcan el derecho internacional o las legislaciones internas de los Estados Parte, a favor de la persona mayor.

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en esta Convención no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Los Estados parte solo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad democrática, en la medida en que no contradigan el propósito y razón de los mismos.

Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.”

En este contexto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Jalisco, nos ha manifestado la trascendencia para el estado mexicano de firmar y ratificar la Convención A-70 de la OEA para la integración sustancial de derechos humanos y libertades de los adultos mayores, esto de conformidad con el principio de política exterior de promoción de los derechos humanos plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Coincidimos que es indispensable armonizar el marco jurídico de protección a los derechos humanos de las personas adultas mayores que, por vivir en situación socialmente vulnerable, surge la necesidad de generar las condiciones para garantizar el gozo y disfrute de los mismos derechos humanos y libertades que todas las personas, incluido el de no verse sometidas a discriminación fundada en la edad. Los adultos mayores tienen derecho a estar libres de todo tipo de violencia, que se respete su dignidad con los más altos estándares de calidad, a un trato igualitario en su integración y participación activa en todas las esferas de la sociedad, así como en el acceso al entorno físico, transporte, información y a la comunicación; entre otros servicios e instalaciones de uso público.

Consideramos que una vez que el Estado mexicano firme y ratifique la Convención A-70 de la OEA, el marco jurídico de atención a los adultos mayores será más eficiente para el objetivo de garantizar su dignidad, derechos humanos y libertades. En función de ello, vale la pena referir cuáles son los principios generales aplicables a la Convención, establecidos en el Artículo 2, porque de este conjunto de principios y derechos, se derivan derechos específicos:

“a) La promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor.

b) La valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo.

c) La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor.

d) La igualdad y no discriminación.

e) La participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad.

f) El bienestar y cuidado.

g) La seguridad física, económica y social.

h) La autorrealización.

i) La equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida.

j) La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria.

k) El buen trato y la atención preferencial.

l) El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor.

m) El respeto y valorización de la diversidad cultural.

n) La protección judicial efectiva.

o) La responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor dentro de la sociedad, así como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna.”

De este modo, se potenciarán los avances en la adopción de medidas legislativas e institucionales, para la protección de los derechos de las personas adultas mayores; particularmente, se abren ventanas de oportunidad para revisar y ampliar el conjunto de derechos plasmados en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores reformada por última vez el 12 de julio de 2018.

Los postulados de esta convención, seguramente, resaltarán la importancia de una protección más específica a los adultos mayores, por ejemplo, las políticas públicas correspondientes, tendrán mayores elementos para abordar temas de urgente atención, como la cuestión del género en tanto factor que incide en el acceso a los derechos de las personas adultas mayores.

Es fundamental que el Estado mexicano y en consecuencia sus entidades federativas, cuenten con los estatutos jurídicos necesarios para dar prioridad a políticas públicas y planes que contribuyan al reconocimiento efectivo de las capacidades, habilidades y experiencia de las personas adultas mayores, valorando sus características particulares, dotándolos de las herramientas necesarias para que se conviertan en protagonistas de su proceso de envejecimiento.

La Convención A-70 de la OEA, contribuirá de forma importante a consolidar el paradigma garantista de envejecimiento, para superar así la visión asistencialista que identifica a las personas adultas mayores solamente como receptoras de programas sociales. Es imperativo impulsar acciones afirmativas para garantizar los derechos humanos de este importante sector de la población, para lograr que los Planes de Desarrollo de la Federación y de los estados de la República se basen en un enfoque sus derechos, y cuyas metas se ajusten a los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas dirigidos a ese grupo de personas que, hay que reiterarlo, viven en altos niveles de vulnerabilidad.

En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, estamos convencidos de que los adultos mayores merecen el pleno reconocimiento de sus derechos humanos y la protección del Estado para que gocen de una vida basada en el respecto a su dignidad, sin carencias y libre de toda forma de violencia y discriminación.

En conclusión, resulta imperioso que, a la brevedad, México firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70), de la Organización de los Estados Americanos. Otros países de la región ya lo han firmado, como es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay. Del mismo modo, dicha Convención ha sido ratificada por Chile y Argentina. México no se puede quedar atrás.2

Con base en lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal a realizar la firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70) de la Organización de los Estados Americanos.

Notas

1 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70), de la Organización de los Estados Americanos,

http://www.oas.org/es/sla/ddi/
tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp, consultado el 4 de septiembre de 2019.

2 Estado de Firmas y Ratificaciones de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (A-70), de la Organización de los Estados Americanos.

http://www.oas.org/es/sla/ddi/
tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores_firmas.asp, consultado el 4 de septiembre de 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2019.

Diputada Lourdes Celenia Contreras González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la colegisladora a ratificar la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes y su protocolo adicional, a cargo del diputado Édgar Guzmán Valdez, del Grupo Parlamentario del PES

Las suscritas diputadas Lidia Nallely Vargas Hernández, Frida Alejandra Esparza Márquez, María Alemán Muñoz Castillo, Nayeli Salvatori Bojalil, Ana Lucía Riojas Martínez y los diputados Édgar Guzmán Valdez, Alejandro Viedma Velázquez y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, integrantes de diversos grupos parlamentarios en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados presentamos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De conformidad con los datos del Gobierno de la República, en nuestro país hay 37 millones 504 mil 392 jóvenes, lo que representa el 31.4 por ciento de la población total, y cuya distribución representa el 49.4 por ciento de mujeres y 50.6 por ciento de hombres.

De esta población juvenil, y de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) hay 15 millones de jóvenes de 15 a 29 años ocupados laboralmente, de los cuales el 60.6 por ciento (9 millones) está en el sector informal.

Con base en este panorama, casi la tercera parte de la población en México son personas jóvenes, la mitad de ellos se ubican en la Población Económicamente Activa, y el 60 por ciento de éstos se encuentran en el sector informal, con lo cual sus derechos laborales se ven seriamente afectados.

Además de los derechos laborales de las personas jóvenes que se ven afectados, otros tantos derechos son menoscabados por diversas causas, entre éstas la discriminación por el simple hecho de ser jóvenes, que se ha usado como sinónimo de irresponsabilidad, delincuencia y portadores de VIH/sida.1

Este menoscabo en los derechos de las personas jóvenes se debe a que no existe un marco legal de carácter general o federal que garantice una plataforma mínima de derechos, en virtud de que el único marco legal a nivel federal es la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, y dicha ley no contempla derechos, sino la parte orgánica del propio instituto.

Es por ello, que es urgente la necesidad de garantizar un marco legal de derechos de las personas jóvenes, que sea capaz de convivir con las leyes en materia de juventud que han expedido los congresos locales, pero que contenga a su vez un catálogo de derechos que pueda ser respetado, garantizado y judicializado cuando éste no se cumpla.

Por lo cual, es necesario que México concluya el proceso de ratificación de la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes y su Protocolo Adicional, cuyos instrumentos han sido firmados por el Estado mexicano, pero aún no son ratificados por el Senado de la República.

Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes

Este instrumento de carácter internacional es el único tratado especializado en reconocer derechos civiles, económicos, sociales y culturales de las juventudes, el cual se firmó en España en 2005 y entró en vigor en 2008.

Sin embargo, no forma parte de nuestro sistema jurídico vigente, en virtud de haber sido firmado por el Estado mexicano, pero aún no ratificado por el Senado de la República, por lo que se necesita, que el Senado de la República lo ratifique en uso de sus facultades, para que éste forme parte de la Ley Suprema de la Unión, de conformidad con el artículo 133 de nuestra Ley Fundamental.

Artículo 133 . Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión . Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

Por lo tanto, además de la firma del Presidente de la República, se necesita de la ratificación del Senado de la República para su entrada en vigor en nuestro sistema jurídico, y con ello, garantizar los derechos de las personas jóvenes en nuestro país.

En consecuencia, el Senado de la República de conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales tiene la oportunidad histórica de implementar un catálogo especializado en materia de derechos juveniles, cuyo contenido orientará las políticas gubernamentales.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Asamblea la siguiente Proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Senado de la República del honorable Congreso de la Unión a aprobar la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes y su protocolo adicional.

Nota

1 Conapred, Encuesta Nacional de Discriminación (Enadis 2017), disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadis/2017/doc/enadis201 7_resultados.pdf [en línea], consultado el 25 de noviembre de 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil diecinueve.

Diputados: Édgar Guzmán Valdez, Lidia Nallely Vargas Hernández, Frida Alejandra Esparza Márquez, Ana Lucía Riojas Martínez, María Alemán Muñoz Castillo, Nayeli Salvatori Bojalil, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, Alejandro Viedma Velázquez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al Conapred a investigar y sancionar el presunto acto de discriminación cometido por Rigoberto Ocampo Alcántar, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Sinaloa, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Merary Villegas Sánchez, diputada federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta Cámara la siguiente propuesta con punto de acuerdo:

Considerando

El pasado 20 de noviembre sobresalió la columna de opinión con el título “De la muerte de un infante” publicada en el sitio en línea del periódico El Debate, 1 donde el ex presidente y consejero del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa y actual Subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado de Sinaloa culpabiliza a una madre por la irreparable pérdida de su hijo víctima de un homicidio.

El funcionario describe el acontecimiento a partir de sus prejuicios, responsabilizando a la madre por el hecho de ser mujer, por sus elecciones, y por ser madre soltera, exponiendo como teoría del caso que ella está coludida en la muerte de su hijo por haber escogido una pareja sentimental, omitiendo cualquier responsabilidad de las instituciones, del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, incluida la Secretaria de Educación Pública y Cultura en la que es funcionario desde el 03 de mayo del 2019.

A continuación, se cita textualmente la nota:

“La tragedia sólo deja lugar al dolor. Al coraje. A la impotencia. Al grito contra esa moral judeocristiana que deja a los infantes de madres solteras a merced de esa búsqueda de compañía para no estar solas. El Debate ha hecho una cobertura pormenorizada de los hechos públicos del presunto homicidio de un infante, Guillermo “N”. Murió por las heridas sufridas por golpes en su cráneo. Aun suponiendo que hubiera muerto por un accidente, la custodia legal de ese infante es de la madre. Inclusive, ella seguramente ya debió haber declarado ante las autoridades de la Fiscalía General de Sinaloa.

¿Por qué una mujer que ha parido tres hijos, quizá con más de un hombre, y se separa de él o ellos, decide juntarse con otro que no tiene nada que ver con esos infantes que ella parió? Que acaso no sabe que cualquier adulto puede poner en riesgo la integridad y vida misma de un infante. Porque siquiera pensar en ella misma, su placer y necesidades afectivas, cuando tiene la obligación constitucional y legal de cuidar a los infantes, como lo dicta la ley. Si ella no lo quiere, puede entregarlos en custodia a las instituciones encargadas del cuidado de los infantes mexicanos: DIF o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. No es posible que una mujer que haya parido hijos deje de lado, esa que es, su principal responsabilidad.

La pulsión por el deseo o la necesidad afectiva. Quizá, por la repetición del bienestar de estar acompañadas. En fin, por cualquier cosa que sea. Nada, justifica que una mujer sola con infantes bajo su custodia legal, intente, busque, ande detrás, y, meta a su casa a un tipo. Ninguno que ese sea. Si lo que requiere es placer o desea no estar sola, entonces para eso hay hoteles de paso, o, la casa del tipo. Si es que tiene. O sino, pues ella deberá trabajar para pagar el hotel y proveerse del placer sexual, compañía o afecto.

Es prácticamente imposible que el Estado esté cuidando el interior de las viviendas donde habitan las mexicanas madres solteras con sus hijos y que deciden meter a un tipo extraño a esos infantes. Incluso, quizá a uno de esos infantes y no a los otros. Es decir, hay padres de hijos de esas mujeres que abusan de los que sólo son hijos de ella, y no de los que son padres. Esto está demostrado en las estadísticas de violaciones de menores.

De qué hacer con una rata ponzoñosa

La respuesta tiene muchas aristas. Una especialista en violencia de genero declaró lo siguiente: “Desafortunadamente las mujeres mexicanas y sinaloenses no tienen la capacidad de vivir solas, por razones culturales, psicológicas y socioeconómicas”. En sentido esa mujer mamá de Guillermo “N”, y todas las mujeres solas que buscan compañero y son víctimas de violencia intrafamiliar y de género, deben de gritar, fuerte y claro: ¡No te metas con mis hijos! Ellas son guardianes legales de esos infantes, a ellas de protegerlos y cuidarlos de que nadie se meta con ellos. Ninguna madre metería a un animal salvaje a su casa. Bueno, para exponer las palabras de esa especialista en violencia de género: “el 70 por ciento de los hombres mexicanos son machos violentos con las mujeres”. Pues entonces, son unos animales salvajes, son unas

ratas ponzoñosas. No pueden dejarlas entrar a esas alimañas a estar cerca de sus hijos. O si les es indispensable su compañía, entonces, entreguen sus hijos a las autoridades del Estado. Al final, los hermanos del niño Guillermo “N” ya están resguardados por las autoridades responsables del gobierno del estado de Sinaloa”.

La opinión que el subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado de Sinaloa manifiesta en su columna esta sesgada por sexismos, prejuicios y estereotipos basados en género que discriminan a las mujeres, condenándolas a asumir consecuencias por el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos mientras que a los hombres los exculpa de cualquier responsabilidad.

Señala la Ley Federal para Prevenir la discriminación que “Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo , el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo”.

Asimismo, el Código Penal del Estado de Sinaloa señala en el artículo 189 “Se impondrán de uno a tres años de prisión y multa de cincuenta a doscientos días, a quien, por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de la piel, nacionalidad, origen, posición social, trabajo, profesión, posición económica, carácter físico, discapacidad o estado de salud:

I. Provoque o incite al odio o a la violencia contra una o más personas;

II. Niegue a una persona un servicio o una prestación que se ofrece al público en general;

III. Veje o excluya a alguna persona o grupo de personas; y

IV. Niegue o restrinja derechos laborales.

Si estas conductas son cometidas por un servidor público en ejercicio de su función, la pena establecida para este delito se aumentará hasta en una mitad más.

Igual pena se impondrá al servidor público que incurra en estas conductas negando o retrasando a una persona un trámite o servicio al que tenga derecho”.

De la pluma del autor se interpreta que las mujeres que tuvieron relaciones, hijos e hijas no deben rehacer su vida, y en caso de querer hacerlo deben ceder la custodia de sus hijos e hijas ante instituciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia, limitando y obstaculizando el ejercicio y goce de las libertades de las mujeres, derechos civiles, sexuales y reproductivos, contribuyendo así con el complejo contexto de prácticas culturales que se vive en Sinaloa, que coloca a las mujeres en situación de vulnerabilidad que generan las condiciones idóneas para que se produzca y reproduzca la violencia hacia las mismas.2

En tal virtud, y con sustento en la fundamentación y consideraciones anteriores, es por lo que someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación a que, en coordinación con el Sistema Estatal contra la Discriminación, Fiscalía General del Estado y Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen y sancionen el presunto acto de discriminación cometido por Rigoberto Ocampo Alcantar, subsecretario de Educación Media Superior y Superior del estado de Sinaloa.

Notas

1 Puede ser consultada en https://www.debate.com.mx/opinion/
Rigoberto-Ocampo-Alcantar-Lecturas-De-la-muerte-de-un-infante-20191119-0326.html
?fbclid=IwAR34eh4IZiK8vvgiLxW039CZcNMc19T1TJeJeqYZYW0i_G7vVULaRhiF0qM

2 Informe del grupo de trabajo para atender la solicitud de declaratoria de AVGM en cinco municipios de Sinaloa, pág.53

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México a 28 de noviembre de 2019.

Diputada Merary Villegas Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al ISSSTE a llevar a cabo mediante el OIC las investigaciones por presuntas irregularidades administrativas cometidas por el subdelegado de Administración en Querétaro, a cargo de la diputada Beatriz Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Beatriz Robles Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Desde la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018, México se ha convertido en un referente en la región al romper con las inercias y las desconfianzas de los sexenios anteriores. Hoy se destaca como uno de los países con mejor nivel de confianza ciudadana en América Latina con respecto a las estrategias gubernamentales de combate contra la corrupción y la impunidad, males que se avivaron y que fructificaron durante los gobiernos neoliberales.

Actualmente, 61 por ciento de los mexicanos valora positivamente la estrategia anticorrupción del gobierno federal. Es decir, aprueban que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está actuando “bien” o “muy bien” en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, lo cual constituye un salto histórico de 37 puntos en solamente dos años.1

En contraste, 24 por ciento de los encuestados en 2017, que consideraron que el gobierno de Enrique Peña Nieto actuaba “bien” o “muy bien” en contra de la corrupción. La diferencia entre la evaluación de Enrique Peña Nieto y la de Andrés Manuel López Obrador es de 37 puntos porcentuales.2

Segunda. Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana público en lunes 23 de septiembre, la edición 2019 del Barómetro Global de la Corrupción, en el cual registra la opinión y experiencia de corrupción de ciudadanos de todo el mundo.

En México, 9 de cada 10 encuestados por el Barómetro Global de la Corrupción 2019, señalaron que la corrupción sigue siendo un problema para el país, aunque perciben cambios en comparación con años anteriores.

En términos de percepción de corrupción, 44 por ciento de las y los encuestados consideraron que la corrupción en México había aumentado durante el último año”. Este porcentaje es menor que el expresado en 2017, en el que 61 por ciento de los encuestados reportó un incremento en la corrupción durante el año anterior a la aplicación de la encuesta.

De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, 21 por ciento de la población encuestada en México consideró que la corrupción había disminuido (durante los doce meses anteriores a la realización del estudio). En contraste, en el Barómetro 2017, 6 por ciento de los encuestados reportó que la corrupción en México había disminuido.3

El Barómetro Global de la Corrupción 2019, muestra que una de cada tres personas (34 por ciento) tuvo que pagar un soborno en México para acceder a un trámite o servicio público. En cambio, en 2017, la mitad de los encuestados (51 por ciento) reportó haber incurrido en esta práctica. El número de personas que declaró haber pagado un soborno se redujo 33 por ciento entre 2017 y 2019.4

Los servicios públicos en los que un mayor porcentaje de mexicanos reporta haber pagado un soborno se relacionan con la policía (52 por ciento), con el acceso a la justicia (35 por ciento) y con la provisión de servicios públicos básicos (30 por ciento).

México se ubica entre los países con un mayor porcentaje de personas que reconoce haber pagado sobornos, con 34 por ciento de los encuestados, sólo por encima de Venezuela donde 50 por ciento reporta haberlo hecho.5

Los resultados obtenidos por México se dan como parte de la Cuarta Transformación que vive el país, en la cual la Secretaría de la Función Pública, ha implementado un plan de trabajo constituido por 5 ejes para acabar con la corrupción incluyendo la fiscalización efectiva de los recursos públicos; la transparencia de la nómina del gobierno federal; la protección a alertadores ciudadanos de la corrupción; la asignación expedita de responsabilidades a los servidores públicos que incurran en irregularidades, así como el impulso de la austeridad republicana.

Tercera. El 16 de octubre de 2019, ciudadanos y servidores públicos adscritos a la delegación estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Querétaro, con domicilio ubicado en avenida de los Morales, número 20, esquina con avenida Cañaveral, colonia el Carrizal, Querétaro, Qro. C.P. 76030, presentaron ante el Órgano Interno de Control en el ISSSTE central, una denuncia escrita en contra del ciudadano Víctor Alí Cadena Romero, subdelegado de Administración de la citada delegación, por presuntas irregularidades administrativas, malos manejos de recursos públicos y actos de corrupción en perjuicio del patrimonio y hacienda del Hospital General del ISSSTE en Querétaro.

Es de señalar, que dicha imputación se presentó conforme lo establecido en los artículos 91 y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de que las autoridades investigadoras lleven a cabo los procedimientos necesarios que permita combatir de manera efectiva las presuntas irregularidades administrativas, malos manejos de recursos públicos y actos de corrupción.

Como consecuencia de las denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control en el ISSSTE central, los ciudadanos principalmente los funcionarios en activo, han sido objeto de diversas formas de hostigamiento laboral desde psicológica, patrimonial, física hasta económica por parte de funcionarios de la subdelegación administrativa del ISSSTE en Querétaro.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, para que a través del Órgano Interno de Control, lleve a cabo con legalidad, eficacia, imparcialidad y celeridad las investigaciones relacionadas con las denuncias presentadas en contra del ciudadano Víctor Alí Cadena Romero, subdelegado de Administración del ISSSTE en el estado de Querétaro, por presuntas irregularidades administrativas, malos manejos de recursos públicos y actos de corrupción en perjuicio del patrimonio del Hospital General del ISSSTE en Querétaro, Además, aplicar las sanciones administrativas y de ser el caso, anteponer las denuncias penales correspondientes que resulten del proceso de las investigaciones.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a través del Centro de Estudios y de Apoyo para la Mujer (CEAM), implemente mecanismos y acciones administrativas o en su caso penales, tendientes a proteger los derechos laborales y humanos de las servidoras públicas víctimas de hostigamiento laboral y de amenazas, por las denuncias que presentaron en contra de funcionarios de la Subdelegación de Administración del ISSSTE, debido a las presuntas irregularidades administrativas, malos manejos de recursos públicos y actos de corrupción por en perjuicio del patrimonio y la hacienda del Hospital General del ISSSTE en el Estado de Querétaro.

Notas

1 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/
apoya-61-de-mexicanos-lucha-contra-la-corrupcion-del-actual-gobierno-4217072.html

2 Ibídem.

3 https://imco.org.mx/imco-recomienda/barometro-de-la-corrupcion-de-ameri ca-latina-2019-via-transparencia-internacional/

4 Ibídem.

5 https://elpais.com/internacional/2019/09/23/actualidad/1569247761_69818 0.html

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el jueves 28 de noviembre de 2019.

Diputada Beatriz Robles Gutiérrez

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a transparentar por diversas secretarías el recurso asignado al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, a cargo del diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas, del Grupo Parlamentario del PAN

Óscar Daniel Martínez Terrazas, diputado a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

1. En el decreto mediante el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el 24 de diciembre de 2018; publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre del año 2018, únicamente en lo que fue la reducción en el presupuesto asignado al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. Programas de los cuales, explico específicamente en el cuadro siguiente, el cual consta con el número de anexo, nombre del programa productivo, ramo y página en donde se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación. (Véase el cuadro número 1).

2. El decreto mediante el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019. Comprendido en dos ramos mismos que son ejercidos por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y las Delegaciones de Sedesol. (Véase cuadro número 2).

3. Según el Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se refiere que la desocupación femenina entre el año 2000 y el año 2008, fue de 4 por ciento, en comparación con la masculina que solo fue de 2.8 por ciento; lo anterior ponía de manifiesto que es más difícil para la mujer incorporarse al mercado laboral y más si se toma en cuenta que el cuidado de los hijos es un factor de decisión para poder emplearse.

4. En razón de lo anterior en el mes de enero del año 2007, comenzó a operar en el país el programa denominado Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, mismo que estaba a cargo del Ramo de la Desarrollo Social , que tenía el objetivo de disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que el cuidado de los hijos recaía en una madre trabajadora o con la intención de incorporarse al mercado laboral, estudiante o padre solo, mediante la entrega de apoyos para cubrir parte de los gastos del servicio de cuidado y atención infantil y la creación de espacios que permitan aumentar la oferta. En ese entonces el monto del apoyo era de 700.00 pesos, por niño de hasta 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad, y su operación quedó en manos de la entonces Secretaría de Desarrollo Social .

5. El programa en comento fue puesto en marcha año con año atendiendo hasta llegar en el año actual a un total de 9 mil 312 estancias infantiles, en las cuales se atiende a un total de 309 mil 484 niñas y niños, mismos que recibían hasta el día 31 de diciembre del año 2018, la cantidad de 950.00 pesos mensuales por cada infante.

6. El programa inició operaciones en el mes de enero del año 2007 a nivel nacional, sin que a la fecha haya sido interrumpido en ninguna ocasión desde su implementación.

7. Con fecha 28 de diciembre del año 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019; documento a través del cual se emiten las asignaciones y erogaciones del gasto neto total para este año que transcurre, el cual es por la cantidad de 5,838,059,700,000.00 (cinco billones ochocientos treinta y ocho mil cincuenta y nueve millones setecientos mil pesos 00/100 m.n.) en el mismo se distribuye según los anexos que se contienen en el propio documento.

8. Al hacer un estudio comparativo entre el presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2018 y el aprobado para el ejercicio fiscal de 2019, específicamente al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, se aprecia que existe una disminución considerable del mismo. Es decir, la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 aprobó una disminución al programa de Estancias Infantiles para el Apoyo a Madres Trabajadoras. En donde se redujeron 2 mil 028, 64 millones de pesos, es decir, quedando casi con 50 por ciento de lo asignado en el año anterior 2018. (Véase cuadro número 3).

9. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , en el año 2018, la Cámara de Diputados , aprobó para la Secretaría de Bienestar , para el programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, la cantidad de 2 mil 664,69 millones de pesos, en cambio para el año 2019, la Cámara de Diputados , para el mismo programa, aprobó 1 mil 225,30 millones de pesos, es decir, redujo más de la mitad del Presupuesto asignado para dicho Programa. (Véase cuadro número 4.).

10. Es un hecho público que el Programa de Estancias Infantiles ha sido objeto de una campaña de desprestigio directamente por el titular del Ejecutivo federal, que ha expuesto públicamente que hay corrupción y desvío de recursos públicos en el programa, sin precisar hechos concretos ni sus probables responsables. Sobre el tema, es importante señalar que la Auditoría Superior de la Federación ha advertido anomalías en el manejo de los recursos asignados al programa, en un monto menor al equivalente al dos por ciento del monto total que le fue asignado.

11. En la actualidad el programa denominado Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019, atiende a casi 400 mil niñas y niños en todo el país, de los cuales 4 mil tienen una discapacidad, por lo tanto, con la reducción en el presupuesto existen aproximadamente 400 mil familias afectadas. Existen además más de 9 mil guarderías y estancias infantiles registradas en el programa en todo el país.

12. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del cuarto trimestre del año 2018, los hogares encabezados por mayores de 15 años son 34 millones 698 mil 554, de los cuales, 7 millones 104 mil 322 hogares son de familias que trabajan por su cuenta, es decir de manera informal, en donde hay 5 millones 614 mil 169 hogares con jefatura masculina y 1 millón 490 mil 153 hogares con jefatura femenina.

De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional, los hogares que tienen empleo informal, son los que básicamente, no cuentan con los servicios de seguridad social, entre ellos la prestación de estancia o guardería para sus pequeños hijos, por lo tanto, requieren de las estancias que apoyen a las madres trabajadoras o padres solos y/o tutores que trabajan.

Es evidente que las autoridades señaladas como responsables violentan en forma clara y notoria el artículo 1o. de la Constitución federal, al restringir los derechos humanos reconocidos por el texto constitucional y sus garantías otorgadas para su protección, así como el principio pro persona, desatendiendo su obligación de promover, respetar proteger y garantizar los derechos humanos , al reducir el presupuesto asignado al programa de Estancias Infantiles en Apoyo a Madres Trabajadoras, para el Ejercicio Fiscal de 2019.

13. Por último, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos como diversos secretarios de estado de su gobierno, han hecho público que las reglas de operación que al efecto se emitan, contemplan la posibilidad de otorgar directamente el apoyo a las madres o padres, a fin de que éstos decidan libremente si deciden entregar al menor al cuidado de un familiar, sin que al efecto se emitan argumentos tendientes a justificar el beneficio de ese esquema para las niñas y los niños, es decir, sin señalar razones que permitan justificar que ese esquema otorga más beneficios para el menor en su psicomotricidad, inteligencia emocional, desarrollo de creatividad, empatía y valores. Incluso, sobre los beneficios en los niños que están en un ambiente de convivencia con otros niños de su edad. No exponen pues ni una sola razón por la que se afirme que un menor está mejor en su casa o con un familiar, en comparación a los beneficios que aporta una estancia infantil bien conformada.

Estos no son datos menores que deban de tomarse a la ligera, por el contrario, así como lo advierten las organizaciones, el recorte presupuestal es un riesgoso paso hacia atrás en la lucha por la equidad, por la igualdad de las mujeres y hombres, pues este rubro del presupuesto de egreso, denominado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, contemplado en el anexo 13, es precisamente el que enfrenta la mayor reducción con el casi 50 por ciento menos de lo otorgado en el año pasado, pues paso de 4 mil 070.26 millones de pesos, otorgados en el año 2018, a 2 mil 041.62 millones de pesos, presupuestados para el año 2019, lo que da una diferencia a la baja de 2 mil 028,64 millones de pesos. Reduciéndolo como ya se mencionó. Afectando con esto a los casi 1 mil 300 municipios en los que tiene presencia el programa.

En México en 4 de cada 10 hogares no existen la figura paterna y son las madres quienes lo sostienen, por ello la necesidad y el enorme beneficio de un programa como el de las Estancias Infantiles, que les permite emplearse para poder obtener ingresos y satisfacer así las necesidades básicas de estos hogares y de los propios menores y con la medida propuesta y presupuestada se vulneran los espacios que en lucha por la equidad de género se han ganado.

En promedio las madres y padres beneficiarios del Programa de Estancias Infantiles, contaron con 34 horas a la semana para acceder y destinarlos al mercado laboral, permanecer en su empleo o en su caso continuar con sus estudios; además hay efectos positivos en la situación laboral de la madre beneficiaria, ya que existe 18 por ciento de probabilidad de que éstas cuenten con un empleo. Aumentando también el puntaje de la escala de empoderamiento de la madre en 6 por ciento respecto de la media, lo que indica una mejora en el nivel de autoestima y reconocimiento personal.

Por otro lado, existen más de 55 mil personas que son empleadas directamente como responsables o asistentes de las estancias infantiles, de las cuales más de 96 por ciento son mujeres. El Instituto Nacional de Salud Pública realizó un estudio donde informa que para las titulares el programa aumenta su empleo en 21 por ciento, y se encuentra un aumento de poco más de 7 horas de trabajo a la semana y un aumento de 16 por ciento en la permanencia laboral a corto plazo.

El recorte también puede presentar una medida que ahonde significativamente en las brechas de desigualdad de género en el país, pues las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado y atención de las niñas y niños, esto en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo y la independencia económica, lo cual con acciones afirmativas como la implementada y las políticas públicas puestas en marcha, como es el caso del programa Estancias Infantiles para el Apoyo de Madres Trabajadoras, venia reduciéndose.

Por último, es importante señalar que el programa en mención cuenta con diversos reconocimientos otorgados internacionalmente, por su efectividad y apoyo para el empoderamiento de la mujer y la lucha por la equidad de género, siendo los siguientes:

• La Cumbre Mundial de Mujeres, Hanoi, Vietnam, en el año 2008.

• Dos premios IMSU, 2011; Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario. Beneficiarios en ambas modalidades.

• ONU, 2012: “Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público- Políticas de Genero”.

Respecto a las voces que señalan malos manejos en el programa es necesario referir que la Auditoría Superior de la Federación ya había informado de malos manejos, pero detallaron que el dinero afectado alcanzaba 1.8 por ciento del total del presupuesto. Aun así, el Ejecutivo federal señaló que 50 por ciento de disminución del referido presupuesto, sería entregado sin intermediarios, directamente a los beneficiarios; lo que representa un riesgo enorme al no ser recursos fiscalizables, es decir, verificables en cuanto al destino que tengan dichos fondos.

Ahora bien el lunes 18 de febrero de 2019, en rueda de prensa el Ejecutivo federal presentó la única modalidad que contendrá el denominado programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal de 2019, y aseguró que únicamente contendrá una sola modalidad que es de Transferencia de Subsidio Directa a las Madres, Padres o Tutores, sin intermediarios y a través de una tarjeta bancaria; lo que nos lleva a cuestionar como entonces, como ya se dijo, habrá de fiscalizarse este recurso dado que dejará al arbitrio de las personas beneficiadas el que se utilice en el pago de las estancias infantiles o servicios de guarderías o en cualquier otra situación. Lo cual acarrea una completa indefensión del menor y lo deja vulnerable, dado que se incumple con la esencia del programa en su inicio que era la de que el menor tuviera una atención profesional y estuviera al cuidado de personas capacitadas, mientras su madre o padre laboran. Con esta declaración del Ejecutivo federal , se constata lo ya manifestado en el cuerpo de esta demanda de garantías, que es, que con estas políticas públicas se incumple con resguardar de manera suprema el interés superior del menor frente a cualquier otra situación. Además deja ver que al sólo pretender dejar abierta la modalidad del programa de Apoyo a los Padres de Familia, no se dará continuidad a la modalidad de Adhesión a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil, lo que resultará en que las estancias infantiles no recibirán subsidio alguno como lo venían haciendo desde hace 11 años, perdiéndose con esto de lugares especializados para la atención de los menores y menores con alguna discapacidad, desconociéndose quién dará estos servicios, pero además se perderán fuentes de empleo, pues no puede pasar desapercibido que actualmente se encuentran en operación más de 9 mil 300 guarderías y estancias infantiles, en las cuales laboran personas que también cuentan con un salario que los ayuda a solventar sus necesidades básicas y quienes tampoco han sido escuchados y mucho menos tomados en cuenta con estas medidas, son personas que han sido capacitadas para realizar esta labor y tienen la experiencia requerida. Por lo que también estas personas se verían violentadas en su derecho a laborar, consagrado en el artículo 123 constitucional, ante tal situación.

Con todo lo ya manifestado queda demostrado que con su actuar las responsables violentan de manera irracional los derechos humanos de los beneficiarios y de las niñas y niños que en el transcurso de los años han sido atendidos a través del Programa de Estancias Infantiles para el Apoyo de Madres Trabajadoras, pues con la reducción a la mitad del presupuesto asignado en el año inmediato anterior, se entiende que habrá igual reducción de asignación de beneficiarios, y esto se hace sin tomar en cuenta las políticas públicas que deben prevalecer siempre en beneficio del interés superior del menor y de las acciones encaminadas para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pues es precisamente este rubro el que presenta la mayor disminución presupuestal en concordancia con años anteriores.

El 7 de febrero del año en curso, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado , presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar , a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al gobierno en su conjunto, a efecto de que se realicen las reasignaciones presupuestarias necesarias para restituir el presupuesto que se recortó en este ejercicio 2019, al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, haciendo la aclaración que para el año fiscal 2019, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 2 mil 041.62 mdp , por lo que se solicita, dotar de un monto adicional de 2,029 millones de pesos” .1

14. Con fecha 6 de febrero del año en curso, se presentaron en mi oficina del Grupo Parlamentario del Acción Nacional, cerca de 50 encargados de las estancias infantiles , las cuales, por medio del escrito de la misma fecha, solicitaron la intervención del suscrito para poder solicitar se transparenten los recursos de las estancias infantiles, los cuales son aprobados por el pleno de la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

15. Por ello, se requiere que, con fundamento en el artículo 38 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se transparente la información oportuna, verificable, inteligente, relevante e integral , misma que deberá de difundirse en los medios y formatos que más convengan, sobre la relación de todos y cada uno de los de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal de 2019, que son beneficiados por medio del recurso de los 223 millones de pesos; en el marco de la política de transparencia proactiva, la cual se deberá de difundir.

Por lo antes expuesto a usted, ciudadana presidenta de la Mesa Directiva, solicito se tenga por presentado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal , a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Bienestar y de Salud, a efecto de transparentar el recurso asignado para el programa presupuestario de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras , aprobado por la Cámara de Diputados en el Presupuesto Público Federal para el Año Fiscal 2019, mismo que deberá de difundirse en los medios y formatos que más convengan a los padres y madres usuarias de las estancias infantiles.

Nota

1 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/88996

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2019.

Diputado Óscar Daniel Martínez Terrazas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al DIF a instalar en esta temporada invernal albergues temporales para adultos mayores en situación de calle, a cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Nuestro país está teniendo cambios demográficos importantes, empieza a vislumbrarse la inminente curva del envejecimiento. En México donde habitamos cerca de 125 millones de personas está experimentando un proceso de envejecimiento poblacional que, en los próximos treinta años, cambiará la composición social como la conocemos, llegará a la tercera edad.1

La pirámide de población de 2000 a 2018 muestra diferencias significativas y la base piramidal continúa reduciéndose, lo que representa una menor proporción del grupo de menores de 15 años de edad, pasando de 34.1 por ciento del total de la población en 2000 a 25.3 por ciento en 2018. La disminución es de 9 puntos porcentuales lo cual se valora alto.

La franja porcentual del grupo de jóvenes (15 a 29 años) en el mismo periodo señalado está en descenso, pasó de 28.5 por ciento en 2000 a 24.6 por ciento para 2018, en términos efectivos, es una reducción de 4 puntos porcentuales.

Por otra parte, el grupo de población de 30 a 59 años aumentó de 30.0 a 37.8 por ciento, mientras que el grupo de 60 y más años mostró un aumento significativo al pasar de 7.3 a 12.3 por ciento en el periodo referido anteriormente.2 Unida la variación porcentual supera los dos dígitos, lo cual hace que sea un fenómeno necesario de darle seguimiento.

México en 50 años ha alcanzado un alto porcentaje de personas envejecidas, se espera que para finales de 2019 existan, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 13 millones 900 mil personas mayores de 60 años.3

Actualmente 6 de cada 10 personas mayores son mujeres, haciendo evidente una feminización del envejecimiento, con una esperanza de vida en promedio de 75 años: 78 años para mujeres y 73 años para los hombres.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), una de cada tres personas de 60 años o más tiene alguna discapacidad (31.6 por ciento). Por sexo, es mayor la proporción de mujeres (56.3 por ciento) que la de hombres (43.7 por ciento).

La discapacidad con mayor proporción es la relacionada a la movilidad (dificultad para caminar, moverse, subir o bajar) tanto en hombres y mujeres.4

Según el Coneval en 2018, en México se reportaron 9.3 millones de personas en pobreza extrema.5 Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017 evidenció que las principales problemáticas declaradas por este grupo son la falta de empleo y la falta de oportunidades para encontrar trabajo.

Un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), citado por el diario La Jornada, 6 revela que la magnitud de la población de México que sobrevive bajo la línea de la pobreza y bajo la línea de la indigencia es mayor a la que, en promedio, registran América Latina y el Caribe.

Hasta 2011, último año del que se tienen cifras comparables para 17 naciones de la región, 36.3 por ciento de los mexicanos vivían en pobreza, casi siete puntos porcentuales más respecto al 29.4 por ciento de la población latinoamericana que se encontraban en igual condición, indican estadísticas de la Cepal.

Los mexicanos en situación de indigencia representaron 13.3 por ciento de la población total, cuando la media latinoamericana fue de 11.5 por ciento. Lo cual, siendo México un país que forma parte de las 15 principales economías del mundo, prende las alarmas del Estado.

Se trata de 40 millones 778 mil mexicanos que viven bajo la línea de la pobreza y 14 millones 940 mil en la indigencia.

La presente proposición hace referencia a las personas en situación de calle, de indigencia, de abandono total que les orilla a vivir de la dádiva y en condiciones desfavorables para la vida. Para éste grupo poblacional no hay alternativas de mejorar su calidad de vida; no sabemos quiénes son –pues carecen de identificación oficial–, cuál es su origen, si cuentan con una familia o si esa familia los está buscando. No hay certeza de qué enfermedades padecen y cuáles son sus necesidades médicas más elementales.7 Eso en cuanto a los derechos sociales y elementos mínimos de bienestar para vivir.

En nuestro país no existe una política pública para las personas que viven en situación de calle.

Tan solo en la Ciudad de México según el último censo que se hizo el año pasado y que fue recuperado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, había alrededor de seis mil personas en situación de calle y de éstos cerca de 600 adultos mayores son indigentes.8

El envejecimiento es un proceso natural e irreversible, que tiende a disminuir las capacidades de los seres humanos. Actualmente, los adultos mayores9 son seres marginados y vulnerables en su condición humana, situaciones sociales que derivan de la inseguridad social y económica a la que se enfrentan, por lo que muchos de ellos viven en una constante lucha por integrarse a la sociedad; asimismo, han sido considerados a su vez como personas menos productivas y poco autosuficientes, por lo cual a menudo son víctimas de discriminación y maltrato al interior de su entorno familiar.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos de los adultos mayores hace falta una transformación real, que permita estrechar los vínculos intergeneracionales, éstos no son exclusivos del entorno familiar, también el Estado es responsable de garantizar el mantenimiento y la suficiencia de los recursos y servicios para atender las necesidades de la población que va envejeciendo.

En México existen 819 asilos y otras residencias para el cuidado del anciano, 85 por ciento son del sector privado y 15 por ciento del sector público, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Inegi.10

Acorde con el DENUE, todas las entidades federativas cuentan con asilos y otras residencias, públicos, privados o ambos. No obstante, del total de asilos privados, 64 por ciento se encuentran en 9 estados (Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán).

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) calculó en 2015 que en México el porcentaje de individuos de 65 años y más que vivían en pobreza es superior a 30 por ciento mientras que el índice promedio de los países que la integran fue de 12.6 por ciento.

Conforme a lo expuesto, son muy pocos los adultos mayores que podrían pagar un asilo privado y la capacidad de los asilos públicos no es suficiente para los 13 millones 900 mil personas mayores de 60 años que habitan en el país.

Derivado de lo anterior, es evidente que existen adultos mayores en situación de calle en todo el país, y que en esta temporada invernal su situación se agrava, por no tener un lugar adecuado para abrigarse de la intemperie.

De manera enunciativa y no limitativa, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:

I. De la integridad, dignidad y preferencia:

a. A una vida con calidad. Es obligación de las instituciones públicas de la comunidad, de la familia y de la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho.

b. Al disfrute pleno, sin discriminación ni distinción alguna, de los derechos que ésta y otras leyes consagran.

c. A una vida libre sin violencia.

d. Al respeto a su integridad física, psicoemocional y sexual.

e. A la protección contra toda forma de explotación.

f. A recibir protección por parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones federales, estatales y municipales.

g. A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos.

La aplicación de esta ley corresponde al Ejecutivo federal, a través de las secretarías de Estado y demás dependencias que integran la administración pública, así como las entidades federativas, los municipios, los órganos desconcentrados y paraestatales, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción; la familia de las personas adultas mayores vinculada por el parentesco, de conformidad con lo dispuesto por los ordenamientos jurídicos aplicables; los ciudadanos y la sociedad civil organizada, y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

A pesar de los derechos a favor de los adultos mayores que consagra la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, estos no se cumplen para los indigentes.

Los adultos mayores también enfrentan un riesgo elevado de contraer enfermedades respiratorias e incluso de perder la vida, ante el deterioro del sistema inmunitario relacionado con el envejecimiento.

El doctor Rafael Franco, jefe de Infectología del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ha manifestado que algunas estimaciones señalan que cada año alrededor de 20 mil adultos mayores mueren en México debido a la neumonía.

Los abuelitos que viven en la indigencia tienes más probabilidades de morir a consecuencia de las temperaturas invernales que afectan al país. Por ello, con la presente proposición se propone exhortar respetuosamente el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los Sistemas de las Entidades Federativas, a efecto de que habiliten, en todo el país, albergues temporales para que los adultos mayores en estado de indigencia pasen la noche y con ello se evite contraigan enfermedades graves que pongan en riesgo su vida.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es el Organismo Público Descentralizado a que se refieren los artículos 172 de la Ley General de Salud y 27 de la Ley de Asistencia Social,11 cuenta con patrimonio y personalidad jurídica propios y es el coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada.

Tiene a su cargo coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada y operar establecimientos de asistencia social en beneficio adultos mayores y personas con algún tipo de discapacidad o en situación de vulnerabilidad, de conformidad con el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.12

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y los Sistemas de las Entidades Federativas, a efecto de que habiliten en esta temporada invernal en todo el país, albergues temporales para que los adultos mayores en estado de indigencia pasen la noche y con ello se evite contraigan enfermedades graves que pongan en riesgo su vida.

Notas

1 De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018.

2 Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población (11 de julio), comunicado de prensa número 337/19.

10 de julio de 2019, Inegi, [en línea], disponible en web:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apropos ito/2019/Poblacion2019_Nal.pdf

3 Envejecimiento y vejez, [en línea], disponible en web: https://www.gob.mx/inapam/es/articulos/envejecimiento-y-vejez?idiom=es

4 Asilos. Una alternativa para el cuidado y atención de los adultos mayores, [en línea], disponible en web:
https://www.gob.mx/profeco/documentos/asilos-una-alternativa-para-el-cuidado-y-atencion-de-los-adultos-mayores?state=published

5 10 años de medición de pobreza en México, avances y retos en política social, Comunicado de prensa número 10.

Ciudad de México, 5 de agosto de 2019, Coneval, [en línea], disponible en web: https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2019/ COMUNICADO_10_MEDICION_POBREZA_2008_2018.pdf

6 En México, pobreza e indigencia mayores que el promedio en AL, 21 de enero de 2013, [en línea], disponible en web:

https://www.jornada.com.mx/2013/01/21/economia/029n1eco

7 [en línea], disponible en web:
https://newsweekespanol.com/2019/02/indigencia-la-realidad-que-casi-nadie-quiere-ver-calle-pobreza-desigualdad-hambre/

8 Comisión de Derechos Humanos advierte incremento de indigentes en la CDMX, el Sol de México, 16 de agosto de 2018, [en línea], disponible en web:

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/comision -de-derechos-humanos-advierte-incremento-de-indigentes-en-la-cdmx-19201 15.html

9 Considerados de 60 años o más de edad en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

10 Asilos. Una alternativa para el cuidado y atención de los adultos mayores, [en línea], disponible en web:

https://www.gob.mx/profeco/documentos/
asilos-una-alternativa-para-el-cuidado-y-atencion-de-los-adultos-mayores?state=published

11 Artículo 172.- El gobierno federal contará con un organismo que tendrá entre sus objetivos la promoción de la asistencia social, prestación de servicios en ese campo y la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales aplicables. Dicho organismo promoverá la interrelación sistemática de acciones que en el campo de la asistencia social lleven a cabo las instituciones públicas de la Ley General de Salud y artículo 27.-

12 Acuerdo por el que se expide el Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, publicado en el DOF el 11 de mayo de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 28 de noviembre de 2019.

Diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a garantizar la integridad, la seguridad y el respeto irrestricto de los derechos humanos de los mexicanos en retorno en esta temporada vacacional, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En esta época decembrina nuestros connacionales en el exterior regresan a casa con la finalidad de convivir con sus seres queridos, por ello se han implementado diversas acciones y estrategias con las cuales se pretende garantizar la integridad de las personas en tránsito.

Debido a que en Estados Unidos se encuentran radicados más de 12 millones de mexicanos de primera generación, la frontera con nuestro país vecino, se vuelve el principal corredor para el retorno de mexicanos en estas fechas, sumando casi cinco millones de personas que transitan por nuestro país. Sin embargo, es necesario señalar que, lamentablemente, la situación no ha cambiado mucho; nuestros paisanos continúan siendo víctimas de extorsión, robo y abuso de autoridad por parte de diversas autoridades mexicanas.

Debido a ello el Instituto Nacional de Migración (INM) desde hace tres décadas se realiza el programa Paisano, cuyo objetivo es “procurar el respeto de los derechos de los mexicanos que residen en el extranjero y regresan a México de forma temporal, por medio de la coordinación de programas y servicios a los que pueden acceder en los consulados y en las Representaciones del INM en Estados Unidos, así como en su ingreso, tránsito y estancia en México y su posterior retorno”.

El Programa Paisano del INM es la unión del trabajo conjunto de más de 21 dependencias federales de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil que te brindan a ti paisano que resides legalmente en Estados Unidos o Canadá, la entrada, tránsito y salida de tu país sin dificultades.

Durante todo el año el Programa Paisano desarrolla tres operativos en periodos vacacionales de alta demanda: Semana Santa, vacaciones de verano e invierno; temporadas en las que se refuerzan las acciones conjuntas de todas las instituciones que laboran para dar la bienvenida a las y los connacionales que visitan su país.

Aun cuando se cuentan con programas como estos, los connacionales sufren extorsiones de parte de los propios agentes aduanales o bien del crimen organizado, lo que nos lleva a buscar reforzar las medidas de atención a los connacionales que nos visitan en esta temporada.

Por ello es pertinente que la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración, las policías estatales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presten mayor atención y orientación a los paisanos en su cruce por las entidades, a fin de evitar extorsiones o que tengan problemas para transitar con seguridad.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal mediante el Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y la Secretaria de Gobernación para que en uso de sus facultades garanticen la integridad, seguridad y el respeto irrestricto de los derechos humanos de los mexicanos en retorno.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que en uso de sus facultades esté presente en los puntos de internación a nuestro país, así como para atender y dar seguimiento a las quejas de los mexicanos en retorno.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de los estados, para que mediante sus facultades garanticen la integridad, seguridad y respeto irrestricto de los derechos humanos de los mexicanos en retorno por las diversas carreteras del país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2019.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Inali, las universidades públicas y la SEP a adoptar medidas para garantizar la preservación, el desarrollo y el uso de las lenguas indígenas nacionales, a cargo de la diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Conforme al artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

En México la población indígena conforma el grupo de los pueblos originarios que dada su cultura, historia y lengua dan sentido de pertenencia e identidad al país.

Según la Encuesta Intercensal 2015, en nuestro país hay 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, cifra que representa 6.5 por ciento del total nacional; de las cuales 51.3 por ciento son mujeres y 48.7 por ciento hombres1 .

De la población que habla lengua indígena, 13 de cada 100 solo puede expresarse en su lengua materna.

Para 2015, existen 494 municipios donde más del 40 por ciento de sus habitantes son hablantes de lengua indígena y en Oaxaca hay 245 municipios en esta situación.

Las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La diversidad de lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de nuestra nación.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos, igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de comunicación.

Las lenguas indígenas que más se hablan en México son: náhuatl (23.4 por ciento), maya (11.6 por ciento), tzeltal (7.5 por ciento), mixteco (7.0 por ciento), tzotzil (6. 6 por ciento), zapoteco (6.5 por ciento), otomí (4.2 por ciento), totonaco (3.6 por ciento), chol (3.4 por ciento), mazateco (3.2 por ciento), Huasteco (2.4 por ciento) y mazahua (2.0 por ciento).

Somos uno de los 8 países en los que se concentra la mitad de las lenguas del mundo, y por sí mismos albergamos 4 por ciento de ellas, lo que nos coloca en el quinto lugar de los que poseen mayor diversidad lingüística.

El catálogo de las lenguas indígenas nacionales tiene como objetivo hacer más eficiente la atención gubernamental dirigida a la población hablante de la lengua originaria y colaborar a que estos grupos cuenten con un mejor acceso a los derechos lingüísticos que le reconoce el Estado.

Con base en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en nuestro país se reconocen 11 familias lingüísticas indoamericanas y 68 diferentes lenguas indígenas con 364 variantes, esto nos convierte en uno de los países con mayor diversidad lingüística del continente, un patrimonio cultural que todos debemos cuidar y fomentar. Pero muchas de esas lenguas están en peligro de extinción

Según información disponible del Instituto Nacional de Lenguas Indígena de las 364 variantes de lenguas indígenas que se hablan en México, 64 están en muy alto riesgo de desaparición y 43 con alto riesgo de desaparición, debido a la escasa o nula existencia de materiales, a la cantidad y calidad de los materiales escritos en general y para la educación2 y en consecuencia que las lenguas no cuentan con una forma de escritura que permita su inserción en medios impresos y digitales.

“Las lenguas en riesgo de desaparición se caracterizan principalmente porque sufren una reducción progresiva de la condición de lengua materna, disminución en el número absoluto y relativo de hablantes de una generación a otra. Las localidades en las que hablan y usan esas lenguas de manera tradicional tienden a reducirse y hay una disminución de espacios de uso público y privado de la lengua”.

Aunado a lo anterior, existen dos factores que ponen en peligro la riqueza lingüística de nuestro país: el desplazamiento (migración) y la discriminación, ya que al encontrarse lejos de sus comunidades de origen se genera un gran descalificación hacia estos dialectos generando una ideología en el hablante de que “su lengua no sirve” viéndose obligados a dejar de utilizarla.

En el territorio nacional viven 16 millones de indígenas, de los cuales 7.3 millones se comunican en su lengua originaria, desafortunadamente el número de hablantes está disminuyendo, lo que pone en riesgo la diversidad lingüística del país.

Aunque la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas reconoce a las lenguas indígenas como oficiales desde 2003, y su Artículo 4 les da el mismo valor que el español, se carece de textos en lengua autóctona para los más de 7 millones de mexicanos que las hablan.

Es necesario promover entre toda la población nacional el conocimiento sobre la diversidad lingüística de los pueblos indígenas arraigados en lo que hoy es el territorio nacional. Además de promover su fortalecimiento para evitar la pérdida de la riqueza cultural del país.

Conforme al artículo 14 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) tiene por objeto promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas que se hablan en el territorio nacional, el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la Nación, y asesorar a los tres órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en la materia.

Para el cumplimiento de su objeto, el instituto tiene entre sus características y atribuciones la elaboración y promoción de la producción de gramáticas, la estandarización de escrituras y la promoción de la lectoescritura en lenguas indígenas nacionales.

Cada una de las lenguas indígenas en México aporta un gran valor intelectual sobre la diversidad lingüística en el mundo, por ello es muy importante preservarlas y evitar su total desaparición, porque al desaparecer las lenguas indígenas desaparecen también valores y tradiciones. Resulta, entonces, fundamental fortalecer, preservar y transmitirlas a las nuevas generaciones, así como contar con textos en lengua autóctona para los 7.3 millones de indígenas que se comunican en su lengua originaria.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas nacionales, a fin de evitar la extinción de 107 variantes de lenguas indígenas que están en peligro por no contar con una forma de escritura que permita su inserción en medios impresos y digitales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas haga públicas las acciones que ha emprendido, en el ejercicio de sus facultades, en la elaboración y promoción de la producción de gramáticas, la estandarización de escrituras y la promoción de la lectoescritura en lenguas indígenas nacionales.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a implementar programas de concientización sobre la riqueza cultural y lingüística que los hablantes de lenguas indígenas representan en nuestro país, al ser el ámbito académico un buen comienzo para generar reconocimiento e identidad de este sector de la sociedad.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión realiza un exhorto respetuoso a las Universidades Públicas del país a incorporar como materia optativa la enseñanza de lenguas indígenas y las que ya cuentan con estos programas, ampliar su catálogo de enseñanza en leguas ya que la cantidad de dialectos que se hablan en México es bastante amplia.

Notas

1 Boletín del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, 5 de agosto de 2016, en línea, disponible en página web:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/ind igenas2016_0.pdf

2 “México, Lenguas indígenas nacionales en riesgo de desaparición: Variantes lingüísticas por grado de riesgo. 2000 / Inali; coordinadores Arnulfo Embriz Osorio, Óscar Zamora Alarcón. México: Inali, 2012. En línea, disponible en página web:

http://site.inali.gob.mx/pdf/libro_lenguas_indigenas_nac ionales_en_riesgo_de_desaparicion.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2019.

Diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a agilizar la liberación de recursos del Fonden para apoyar a los damnificados por los efectos de los frentes fríos 12 y 13 en Tabasco, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4 y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos días, el estado de Tabasco ha sido azotado por fuertes lluvias torrenciales provocadas por los frentes fríos 12 y 13; mismas que han dejado fuertes afectaciones a su paso en más de una decena de municipios.

El Instituto de Protección Civil estatal reveló que los municipios más afectados son Cárdenas con aproximadamente 15 mil personas, seguido por el municipio de Paraíso con cerca de 10 mil personas.1

Siendo Comalcalco de igual manera uno de los más perjudicados con poco más de 9 mil habitantes, caridad que podría aumentar por el creciente nivel del agua causado por las lluvias, según dio a conocer la alcaldesa Lorena Méndez Denis tras un recorrido por la ranchería José María Pino Suárez 3a sección, considerada la comunidad más afectada debido a que las lagunas que colindan con el mar y el municipio de Paraíso desbordaron e inundaron las casas.2

Durante su paso por las comunidades de Guatemalán, Sargento López 1a. y 2a. sección, Zaragoza y León Zárate 2a. sección, la alcaldesa de Comalcalco confirmó que el Ejército aplica el Plan DN-III para auxiliar a la población, por lo que pidió a las familias que aún no salen de sus casas a que protejan su vida en los refugios temporales.3

Por otra parte, mil 700 habitantes del municipio de Centro presentaron anegaciones en diversas colonias, siendo las más afectadas el sector Valle Verde de Gaviotas Sur y Estrellas de Buenavista.

En el municipio de Paraíso, 10 mil personas sufrieron afectaciones y otras más se encuentran en alto riesgo debido al constante desbordamiento del río seco.

Hasta el momento se reportan poco más de 33 mil personas afectadas por las lluvias, que corresponden a siete mil 536 familias en todo el estado.4

Las autoridades señalan que se mantiene monitoreando el desarrollo del nuevo sistema frontal que podría ocasionar lluvias muy fuertes de 50.1 a 75 milímetros con posibles aisladas intensas de 75.1 a 150 milímetros, principalmente en Centro, Chontalpa, Sierra y Centla.

Protección Civil estatal expuso que hay miles de personas más que aún se encuentran aisladas en sus localidades debido a los caminos inundados y deteriorados, por lo tanto miles de tabasqueños han tenido que vivir y dormir bajo el agua.

En total, 9 mil 128 viviendas reportan alguna afectación y cerca de 55 personas fueron atendidas por las autoridades municipales, con el apoyo de la Marina y Defensa Nacional, en 20 refugios temporales.5

En el municipio de Cárdenas se activaron recursos del Fondo de Contingencia de Tabasco (Focotab), para atender a más de 15 mil personas de 3 mil 900 familias que habitan en 25 comunidades que resultaron afectadas ante el desbordamiento de la laguna La Machona, por lo cual, se estará atendiendo con alimentos a la población afectada.

El gobierno del estado ha hecho la declaración de emergencia ante tales hechos, y ha iniciado la gestión de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), a fin de poder distribuir la ayuda necesaria a los habitantes afectados, no obstante es necesario agilizar la liberación de dichos recursos, para la atención y el apoyo requerido ante los estragos provocados por este desastre natural.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación agilice la liberación de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), para la atención de apoyo necesario a los damnificados, derivado de las afectaciones provocadas por los frentes fríos 12 y 13, que han provocado inundaciones en el estado de Tabasco.

Notas

1 Tabasco Hoy: “Daña lluvia a 41 mil tabasqueños”, [en línea] [fecha de consulta 17 de noviembre 2019] Disponible en https://www.tabascohoy.com/nota/494322/danan-lluvias-a-41-mil-tabasquen os

2 La Razón: “Emiten declaratoria de emergencia por lluvias en tabasco”, [en línea ] [fecha de consulta 15 de noviembre 2019] Disponible en https://www.razon.com.mx/mexico/emiten-declaratoria-de-emergencia-por-l luvias-en-tabasco-paraiso-comalcalco-cardenas/

3 Ibídem.

4 La Jornada: “Por lluvias, gobierno de Tabasco lanza declaratoria de emergencia”, [en línea] [fecha de consulta 15 de noviembre 2019] Disponible en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/11/15/por-lluvias-gobie rno-de-tabasco-lanza-declaratoria-de-emergencia-1597.html

5 Noticieros Televisa: “Más de 40 mil afectados por efectos del frente frío 13”, [en línea] [fecha de consulta 18 de noviembre 2019] Disponible en: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/miles-afectados-tabasc o-efectos-frente-frio-13/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2019

Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y el gobierno de Puebla a acordar un plan integral de atención de las obras en carreteras inconclusas de las anteriores administraciones federal y local, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. El índice de carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes indica que la red carretera del estado de Puebla está compuesta por 49:

Fuente: Elaboración propia con datos del índice de carreteras SCT.

En la red federal libre, se encuentra la Amozoc-Teziutlán, en la red federal de cuota se encuentra la Amozoc-Perote.

Segunda. De acuerdo con información en medios de comunicación1 del estado de Puebla, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene inconclusas tres obras de la administración federal anterior. Estas son:

• El libramiento La Galarza-Amatitlanes

• El Periférico Ecológico y

• La carretera Izúcar de Matamoros-Huajuapan de León,

Las cuales se tendrían que concluir en 2019.

Por su parte, el balance de obras del Centro SCT Puebla correspondiente al mes de febrero de 2019, advierte que además se está pendiente la construcción de la carretera Puebla-Tlapa, así como la rehabilitación de las áreas operacionales del aeropuerto.

Tercera. El asunto que urge a esta proposición resulta ser la conclusión de la construcción de la carretera Puebla-Amozoc. Tramo que se encuentra suspendido desde el 2018, a cargo de Capufe-SCT; generando accidentes y peligro para los usuarios.

Cuarta. El 23 de mayo de este año, se suscitó un accidente, luego de que su vehículo quedara compactado entre un tráiler y un autobús de transporte de personal en el tramo Amozoc-Puebla.2

El 19 de agosto, medios de la entidad poblana reportaron un percance que se registró cerca de la caseta Amozoc 3 y afectó el flujo vehicular en la zona. Informes indican que el accidente dejó un saldo de varias personas lesionadas, daños materiales en al menos seis vehículos, sin que hasta el momento se reporten víctimas mortales. El accidente provocó que la circulación en el tramo del siniestro quedará paralizada.

El 14 de octubre, en redes social se podía leer:

“Autobús ADO arde tras un choque frontal con un tractocamión en la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 137. Se reportaron al menos 15 heridos y una persona sin vida, se cierra la circulación altura del km 134 dirección a Veracruz.”4

“Fuerte accidente en el km 137 en la autopista Puebla-Orizaba con sentido a Veracruz antes de llegar a la caseta de Amozoc. Un tráiler invadió el carril contrario y chocó contra un autobús de pasajeros. Hay una persona muerta y por lo menos 14 lesionados.”5

Quinta. Además de los accidentes en este tramo de carretera inconclusa se registran asaltos a transportistas:

Medios de comunicación, con El Sol de Puebla, 6 reportan 1,322 robos a transportistas en un lapso de los primeros cinco meses de este año. 98 por ciento de estos con violencia, en el tramo carretero Amozoc-Tehuacán.

De acuerdo con las cifras de incidencia delictiva del fuero común de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al corte del 31 de mayo se cometieron con violencia, en promedio 8.8 robos de tractocamiones en ese trayecto.

Este medio denuncia que a la estadística oficial se acumulan “cifra negra”, debido a los casos no denunciados pero que ocurren a lo largo de la Autopista Puebla-Orizaba al paso por los municipios de Acajete, Acatzingo, Amozoc, Cañada Morelos, Esperanza, Quecholac, Palmar de Bravo, Tepeaca y Tecamachalco.

En razón de lo expuesto, esta Soberanía deberá de atender a la presente solicitud, ya que la seguridad del transporte de carga, de las personas en sus vidas e integridad dependen de las buenas condiciones y la conclusión de la carretera materia del presente instrumento legislativo.

Además, es facultad de esta Cámara, por ser la depositaría de la Soberanía Popular, manifestarse por el bienestar de todos las mexicanas y mexicanos efectuando pronunciamientos a las autoridades competentes para que resuelvan los problemas que a la gente afecta.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2 fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Coordinación General de Centros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y respetuosa de la soberanía del estado de Puebla, al ciudadano gobernador de la entidad a acordar un plan integral de atención a las obras en carreteras inconclusas de la anterior administración federal y local, principalmente, el tramo de la carretera Puebla-Amozoc.

Notas

1 https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/arrastra-sct-3-obras-inconclusas -de-epn-en-puebla-3874164.html

2 https://www.elsoldepuebla.com.mx/policiaca/video-brutal-accidente-compa cta-auto-queda-entre-trailer-y-autobus-en-la-amozoc-puebla-policiaca-36 83233.html

3 https://www.razon.com.mx/mexico/accidente-autopista-puebla-orizaba-para liza-circulacion-vial-acatzingo-kilometro-152-amozoc/

4 https://www.excelsior.com.mx/nacional/impactantes-imagenes-del-accident e-en-la-puebla-orizaba/1271578

5 https://www.msn.com/es-mx/noticias/mexico/
impactantes-im%C3%A1genes-del-accidente-en-la-puebla-orizaba/
ar-BBOnVD2?parent-title=el-gobierno-es-el-que-ha-saqueado-al-pa%C3%83%C2%ADs-dice-paty-navidad&;parent-ns=ar&%25252525252525253Bparent-content-id=AAm0qbH

6 https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/
pese-a-nuevo-gobierno-federal-se-disparan-delitos-en-autopistas-de-puebla-3910865.html

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 28 de noviembre de 2019.

Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a impartir la materia de educación física cinco horas a la semana para erradicar el sedentarismo en niños y adolescentes en el país, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado David Bautista Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

El cuerpo humano ha evolucionado para ser físicamente activo, es decir en pocas palabras, nuestro cuerpo necesita la actividad física para mantenerse sano. A lo largo de la historia, la supervivencia de la especie humana ha dependido de la caza o de la recolección de alimentos, ocupaciones que exigían una actividad física prolongada e intensa.

La mecanización y la tecnología moderna desarrolladas en las últimas décadas han hecho que el género humano sea menos activo físicamente que en cualquier otro momento de su pasado. Y lo estamos pagando con nuestra salud.

El primer Congreso Higiénico Pedagógico que se efectuó en 1882, en sus resolutivos consideró que el tema de la salud física de los niños en México, representa un renglón en la agenda nacional que no podía ni debía descuidarse, por ello se estableció que se debían practicar ejercicios físicos como una contribución para el desarrollo de los sentidos y habilidades.

Con la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se logró conformar un sistema educativo nacional, se impulsaron iniciativas que promovieron el desarrollo de la educación física con una clara intención formativa.1

En 1923 se creó la Escuela Elemental de Educación Física, que formó parte del proyecto de reconstrucción nacional. Ésta tuvo como objeto llevar a todo el país la tendencia innovadora de dicha disciplina, debido a que ésta se desconocía, anteriormente se practicó únicamente gimnasia en aparatos, impartida por egresados de la Escuela Magistral de Esgrima y Gimnasia.

Su objetivo principal, ser una institución doctrinaria que promoviera la unificación del sistema y métodos de la educación física en México. Como parte de la complementación de su creación, se construyeron estadios para fomentar la práctica de deportes, de torneos y exhibiciones.

Por medio de la Dirección General de Educación Física, se promovió la formación de profesores de educación física, para que ellos dieran la clase, se crearon gimnasios en las escuelas, se construyeron albercas y en 1924 se inauguró el Estadio Nacional al sur de la colonia Roma.

En el plan educativo de Vasconcelos inspirado en Lunatscharsky, ministro de Educación en Rusia, se formuló un nuevo concepto de educación física. De manera amplia se entendió como parte de la “cultura física” del pueblo, en referencia a las formas particulares de expresión corporal humana. Con esta acción se buscó el reconocimiento de la educación física como parte de la educación integral y vincularla con la cultura nacional.2

Luego de la desaparición de la Escuela Elemental de Educación Física, fue propuesta a la Universidad Nacional de México la creación de una Escuela de Educación Física de nivel superior. Esta funcionó hasta el año de 1935 de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México. La autonomía de la Universidad trajo como consecuencia cambios y ajustes considerables en las condiciones de las escuelas y facultades y al no poder ajustarse a estos, la escuela desapareció en ese mismo año.3

La educación física en México, a lo largo de su historia ha sido orientada por diversos enfoques, primeramente, el militar, posteriormente el deportivo, que a su vez fue sustituido más tarde por el psicomotriz, y finalmente se implementó el orgánico funcional. Cada uno de ellos respondió a las necesidades socio culturales y de política educativa en su época.

En este periodo fue tomada en cuenta con carácter curricular en los siguientes niveles y modalidades: educación inicial, educación preescolar, educación primaria, educación especial, educación indígena, educación rural, educación media básica, telesecundaria, educación normal además de contar con un sistema interno del tipo media superior y superior para formar a los docentes y profesionales.

En cuanto al carácter curricular, se implementaron alternativas programáticas y apoyos didácticos para la educación media superior, donde no se imparte la educación física.

Con el ideal político neoliberal y la globalización mundial, el país comenzó a notar el sedentarismo y la poca actividad física de su población, estaban generando un problema de salud pública que de ser ignorado se convertiría en un asunto bastante serio. Para tratar de redimir la situación, se modificó el enfoque de la educación física y al ser visto desde el punto de vista orgánico la sociedad se empezó a preocupar por el sano funcionamiento de los sistemas y aparatos corporales, además de empezar a fomentar actividades físicas que permitieran mejorar la salud.

En la actualidad, la educación física en el país se encuentra abandonada. La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que México es el país que tiene más niños obesos del planeta, y el segundo lugar en adultos.4

Para crecer sanos, los niños menores de cinco años deben pasar menos tiempo sentados mirando pantallas o sujetos en carritos y asientos, dormir mejor y tener más tiempo para jugar activamente, según las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).5

Aumentar la actividad física, reducir el sedentarismo y garantizar un sueño de calidad para los niños pequeños, mejorará su salud física y mental y su bienestar, y ayudará a prevenir la obesidad infantil y las enfermedades asociadas a ella en etapas posteriores de la vida.6

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), indica que 1 de cada 20 niñas y niños menores de 5 años, y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad. Esto coloca a México entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial, problema que se presenta más a menudo en los estados del norte y en comunidades urbanas.

Según la Organización Mundial de la Salud, el incumplimiento de las recomendaciones actuales sobre actividad física, provoca más de 5 millones de muertes en todo el mundo cada año, en todos los grupos de edad. Actualmente, más de 23 por ciento de los adultos y de 80 por ciento de los adolescentes no realizan suficiente actividad física. Si se establecen a una edad temprana, las costumbres relativas a la actividad física, se erradicaría el sedentarismo ayudando a moldear los hábitos a lo largo de la infancia, la adolescencia y la edad adulta.

La educación física de calidad (EFC) es una estrategia de probada eficacia para fomentar el compromiso con la actividad física e incrementar sus niveles entre la población a lo largo de la vida.

En el pasado, la infancia dedicaba gran parte de su tiempo de ocio a practicar juegos activos al aire libre; sin embargo, la aparición de la televisión, de los juegos de ordenador y de internet ha provocado que los niños de ambos sexos dediquen en la actualidad una parte mucho mayor de su tiempo libre a actividades de tipo sedentario. La importancia de la actividad física para la salud social, mental y física es indiscutible, y por lo tanto resulta esencial llevar a cabo esfuerzos en todo el país con el fin de “reintroducir” la actividad física en la vida de nuestra infancia y nuestra adolescencia. Este objetivo debe constituir una prioridad urgente.

La actividad física debe servir para que los niños se diviertan, aprendan jugando. Lo ideal es trabajar en las etapas tempranas todas las habilidades motrices como correr, saltar, trepar, gatear, reptar, lanzar, girar, en etapas superiores, empezar con el trabajo de la mejora física: fuerza, velocidad, resistencia, flexibilidad, sin abandonar aspectos como autoestima, autoconocimiento, gestión emocional, motivación y el respeto a las normas y valores. El objetivo es promover lo mejor de cada niño.

Otros beneficios de la actividad física: previene enfermedades, participa en procesos del crecimiento, rehabilita la salud. Pero también es socializador e integrador. Durante su práctica, actúan neurotransmisores (dopamina, norepinefrina, noradrenalina y la serotonina, entre otros), que producen una sensación de calma, bienestar, felicidad y disminución de la ansiedad. Además, supone una buena herramienta para trabajar los valores, la cohesión grupal, el esfuerzo, la constancia, el respeto y el compromiso. Sin olvidar que también favorece el rendimiento académico: estudios en neuroeducación confirman que mejora la memoria, activa la atención y la motivación. En definitiva, el efecto positivo de ejercitarse invade las esferas del desarrollo a nivel físico, psicológico, social, emocional, afectivo y cognitivo.

La educación física debe ser un medio motivador para que los niños practiquen deporte más allá del aula. Si un profesor en dicha materia consigue que sus alumnos incorporen el deporte a su estilo de vida, se ha de dar por recompensado. Habrá conseguido aportar un ciudadano saludable a la sociedad.

Indudablemente, ante los retos planteados por el creciente problema de la inactividad física y la obesidad en la infancia pueden ser considerados como algunos de los desafíos más relevantes para la salud pública en el siglo XXI. Los centros educativos son lugares excelentes para iniciar un hábito a la actividad física, proporcionando asistencia a niños y niñas para mejorar las conductas relacionadas con la salud, que fomenten el aprendizaje colaborativo, entre los que se contemple una enseñanza que permita utilizar la recreación y el movimiento corporal como base para mejorar el aprendizaje y obtener un mejor aprovechamiento académico, además de la activación física, la práctica del deporte y la educación física, deben impartirse de manera diaria.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública, a impartir la materia de educación física, cinco horas a la semana, y así erradicar el sedentarismo en niñas, niños y adolescentes en el país, mejorando su salud.

Notas

1 Políticas Educativas y la Educación Física en México [En Línea] [fecha de consulta 8 de octubre 2019] Disponible en: http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/58091

2 La concepción de cultura física “estético nacionalista” en la política educativa de José Vasconcelos [En Línea] [fecha de consulta 2 de octubre 2019] Disponible en: http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/servicios/hemeroteca/reencuentr o/no31/seis/concepcion.html3 La Concepción de cultura física “estético nacionalista” en la política educativa de José Vasconcelos. http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/servicios/hemeroteca/reencuentr o/no31/seis/concepcion.html4 Periódico Excélsior “Proponen más horas en Educación Física”

5 Organización mundial de la salud, “Para crecer sanos, los niños tienen que pasar menos tiempo sentados y jugar más”

6 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2019.

Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Jalisco a abstenerse de restringir por distintas autoridades la circulación del autotransporte de carga en la zona metropolitana de Guadalajara, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XX; 5, numeral 1; 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción III, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo al tenor de los siguientes

Consideraciones

De la cadena productiva para la transportación por cualquier vía, de la gran diversidad de productos, la terrestre ocupa el mayor porcentaje de uso, 84 por ciento, y por ende es la mayor generadora de empleos y de impuestos, está por arriba del 6 por ciento de la participación del producto interno bruto.

El uso de este transporte es tan esencial que no se concibe el envío de mercancías para hacerla llegar a la población, y pese a ello se intenta restringir la circulación dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, considerada una de las zonas de mayor desarrollo industrial, estableciendo mediante criterios vagamente fundamentados.

Para ello elaborarán un dictamen técnico y un mapa funcional, mediante el cual determinará las zonas y los caminos por donde estaría prohibido circular para este tipo de transporte.

El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice:

Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre migración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.

Se consagra aquí la libertad de tránsito, que nos permite movernos sin ninguna restricción por todo el territorio nacional, sin requerir permiso de la autoridad para entrar o salir de la República o para trasladarnos dentro de ella.

Ahora bien, si a los remolques se les prohíbe la entrada a la zona metropolitana, cómo se hará llegar la mercancía a sus destinos, necesariamente tendrá que hacerse mediante vehículos más pequeños, los cuales tendrán que dar más vueltas, mayor consumo de hidrocarburo, mayor emisión de contaminantes.

Del transporte de mercancías con destino a Guadalajara 69.7 por ciento son para la zona metropolitana, por lo que es entendible la circulación dentro de esa área.

A diario circulan 51 mil 762 vehículos de carga en la metrópoli. Y más de 30 por ciento va de paso, lo que significa que 70 por ciento tiene como destino u origen algún punto de la ciudad.

De los 10 puntos que concentran el tráfico, el principal es la Nueva Central Camionera, que representa 4.4 por ciento del total del tránsito de carga en la metrópoli. Le siguen el Mercado de Abastos y el Technology Park, con 2.5 por ciento cada uno. Luego están el Mirador Álamo Industrial y el Centro de Distribución Walmart Tlajomulco, con 2.2 por ciento cada uno.

La Zona Industrial 1 y 2 de Guadalajara, San Agustín en Tlajomulco, el Mercado del Mar en Zapopan y Copalita son las otras zonas con mayor circulación.

Las vialidades más recorridas por el transporte de carga, revela el estudio, van desde la Carretera a Chapala a la altura del Aeropuerto tapatío hasta el Periférico, donde la mayor parte se desvía hacia la carretera a Nogales y La Venta del Astillero.

Las otras dos principales vías usadas son Lázaro Cárdenas alimentada también por la Carretera a Chapala y la autopista a Zapotlanejo y López Mateos, donde también se distribuyen los vehículos hacia los dos extremos del Periférico.

Y si consideramos estas rutas, el uso del Macrolibramiento no les es funcional adicional al costo del peaje, es más vuelta para ellos, los distancia de su destino, no tiene entradas ni salidas, el mal estado de las vialidades, se les quiere restringir la circulación y encima de eso tienen que pagar.

Aunado a esto si tenemos en cuenta que no todas las vialidades alternas en la periferia en Guadalajara son idóneas para los tráileres, si acaso serían vialidades, como Periférico, López Mateos o Lázaro Cárdenas.

Cabe destacar que cuando se menciona transporte de carga se piensa sobre todo en tráileres, pero es erróneo, los vehículos más utilizados para el traslado de mercancías son los llamados rabones o torton, reveló el Estudio Origen Destino del Transporte de Bienes y Servicios.

La totalidad del transporte de carga que ingresa o sale de la ciudad, 55 de cada 100 son camiones rabón o torton; además, 34 de cada 100 son tráileres y, el resto, autobuses de pasajeros. Por otra parte, de la totalidad de los vehículos, sólo seis de cada 100 son de doble remolque, es evidente que la composición por tráileres es muy por debajo como mencionan las autoridades.

Es de suma importancia señalar que en cuanto al tránsito de vehículos pesados en la zona metropolitana, se compone según el Estudio Origen Destino del Transporte de Bienes y Servicios que ingresa y sale por los siete accesos carreteros del Área Metropolitana de Guadalajara, de los vehículos de carga que transitan por día, 45.3 por ciento lo hacen diariamente, del resto, 35.6 por ciento llega cada dos o tres días y hasta una semana, mientras que apenas 18.1 por ciento transita entre periodos que van de más de semana a un mes.

Sin embargo, el estudio también revela que siete de cada 10 vehículos de carga viajan desde los mismos municipios de la metrópoli.

Frecuencia de viajes en la zona metropolitana: Diario 45.3 por ciento, de 2 a 3 días 20 por ciento, cada semana 11.6 por ciento, variable 8.1 por ciento, más de un mes 5 por ciento, cada 15 días 5 por ciento, entre 4 y 5 días 5 por ciento, es mínima la circulación del autotransporte de viajes foráneos.

Ahora bien el porcentaje del uso de las principales carreteras es el siguiente:

• 51 mil 762 vehículos de carga por día, de los que:

• 26.4 por ciento circula por la carretera a Chapala.

• 22.1 por ciento circula por la autopista a Zapotlanejo.

• 17.6 por ciento transita por la carretera a Manzanillo.

• 16.6 por ciento viaja por la carretera a Nogales.

• 8.7 por ciento circula por la carretera a Zapotlanejo.

• 7 por ciento transita por la carretera a Tesistán.

• 1.8 por ciento circula por carretera a Saltillo.

Eso nos da un índice que el parque vehicular está distribuido, no se concentra en una sola zona.

Entre esta iniciativa también se contempla el cobro a los autotransportistas por un permiso de circular de entre 18 mil y 36 mil pesos anuales, lo preocupante es que ese cobro incrementaría el costo de los fletes, el condenado a pagar ese costo extra no será otro que el consumidor.

Es tal la preocupación de las diferentes autoridades de Guadalajara por tráfico y la “seguridad”, mientras la seguridad real de la ciudadanía deja mucho qué desear.

El gremio de los autotransportistas está en la mejor disposición de cooperar, de participar respetando la restricción de circular en un horario que no afecte a los citadinos.

En virtud de lo anterior y con el propósito de brindar la importancia y debida atención a este problema que impacta a una gran cantidad de autotransportistas y en consecuencia a los consumidores.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Jalisco para que, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado y del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara se abstengan de emitir la restricción a la circulación vehicular al autotransporte de carga dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2019.

Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias a facilitar la atención transversal de los actores de la cadena agroalimentaria del café e implantar acciones urgentes vinculadas a sus necesidades productivas, sociales, económicas y ambientales, a cargo de la diputada Zaira Ochoa Valdivia, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Zaira Ochoa Valdivia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable señala, en su artículo 149: “La Comisión Intersecretarial promoverá la organización e integración de sistemas-producto, como comités del Consejo Mexicano, con la participación de los productores agropecuarios, agroindustriales y comercializadores y sus organizaciones, que tendrán por objeto”: (entre otros)

• Los Comités Sistema-Producto constituirán mecanismos de planeación, comunicación y concertación permanente entre los actores económicos que forman parte de las cadenas productivas.

• La Comisión Intersecretarial promoverá el funcionamiento de los Sistemas-Producto para la concertación de programas agroindustriales y de desarrollo y expansión de mercados.

• A través de los comités Sistema-Producto, el Gobierno Federal impulsará modalidades de producción por contrato y asociaciones estratégicas, mediante el desarrollo y adopción, por los participantes, de términos de contratación y convenios conforme a criterios de normalización de la calidad y cotizaciones de referencia.

Asimismo, el Artículo 150 señala: “Se establecerá un Comité Nacional de Sistema-Producto por cada producto básico o estratégico, el cual llevará al Consejo Mexicano los acuerdos tomados en su seno. Para cada Sistema-Producto se integrará un solo Comité Nacional, con un representante de la institución responsable del Sistema-Producto correspondiente, quien lo presidirá con los representantes de las instituciones públicas competentes en la materia; con representantes de las organizaciones de productores; con representantes de las cámaras industriales y de servicio que estén involucrados directamente en la cadena producción- consumo y por los demás representantes que de conformidad con su reglamento interno establezcan los miembros del Comité.

Los comités de Sistema-Producto estarán representados en el Consejo Mexicano mediante su presidente y un miembro no gubernamental electo por el conjunto del Comité para tal propósito”.

En ese sentido, los representantes de los diferentes niveles de gobierno federal, estatal y municipal, así como, las instituciones públicas, competentes en la materia como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, entre otros; así como representantes de instituciones de educación e investigación en la materia y de las organizaciones de consumidores, forman parte integral del Comité Nacional del Sistema Producto del Café.

De acuerdo al reglamento interno del Comité Nacional Sistema Producto debe operar a través de:

comisiones y grupos de trabajo; programas operativos y de presupuesto; asistencia técnica, investigación y transferencia de tecnología; asuntos económicos y financieros; organismos de apoyo del programa; evaluación y seguimiento de la comisión de regulación y de seguimiento; desarrollo rural y proyectos productivos; comercialización e industrialización; organización y capacitación; promoción y consumo; servicios ambientales y asuntos internacionales.

Si bien es cierto, actualmente la Secretaría de Desarrollo Rural, indiscutiblemente tiene la voluntad de atender al sector, ha establecido un exitoso programa de apoyo a pequeños productores y existe una mayor integración de productores con la industria y comercializadores, desplazando a intermediarios, también debemos tener en cuenta durante los últimos años ha faltado una atención adecuada a los planteamientos de los cafeticultores, existiendo una operación aislada y sin consenso que provocó un gran descontento social.

Por otro lado, la situación crítica como resultado de los bajos precios internacionales y otros factores de incidencia negativa como la roya del café, nos obligan a tener otra perspectiva y mucha más disponibilidad para propiciar que se aprovechen los activos y herramientas disponibles para la atención del sector.

En ese orden de ideas consideramos que es imprescindible analizar objetivamente las estrategias de acción de la política cafetalera y coadyuvar con las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), pues aún con la baja internacional de producción y precios, el café es el segundo commodity más comercializado en el mundo, solo superado por el petróleo.

Existen en el mundo 500 millones de consumidores de café, para satisfacer esta enorme demanda trabajan 25 millones de productores, en países donde significa un enorme impacto social, entre los que destacan, tanto por el volumen de su producción como la calidad del producto de Colombia, México Ecuador, Perú, Honduras, Guatemala, Vietnam, Indonesia, Uganda, India y Etiopía.

En todos estos países la producción, beneficio, comercialización y exportación de café, significa una importante aportación a su economía, tanto por su consumo interno como por ser su principal producto de exportación y fuente de divisas. Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón, Francia, Bélgica, España, Reino Unido importan un total de 86, 963 000 sacos. Además, este mercado se ha expandido recientemente a Canadá, Rusia, República de Corea, Argelia y Malasia, que importan otros 1 957 000 sacos.

La caída de los precios por 57 meses consecutivos entre 2016 y 2018 lo puso por debajo de 100 dólares el quintal, esto es, 99.6 dólares las 100 libras, y en 77.78 dólares para las 100 libras de café robusta.

En México somos el onceavo productor mundial, y segundo en producción de café orgánico después de Perú, es decir, nuestro país la cadena agroalimentaria del café genera 4.5 millones de empleos, el 65 por ciento de ellos son mano de obra familiar y se produce en 15 entidades de la República, 960 municipios donde en 236 ha sido determinante para el dinamismo económico.

Esta cadena se encuentra en riesgo y por consiguiente la estabilidad de millones de familias. En los últimos seis años la producción de café cereza se redujo en 37.4 por ciento: 1.33 millones de sacos, el equivalente a 835 000 toneladas. En el Estado de Veracruz el decremento es mucho mayor: 47.4 por ciento, pasando de 369, 455 toneladas en 2012 a 194 433 toneladas en 2018.

A pesar de que la exportación de café significó 383 millones de dólares, contra 57 millones de dólares de importación, estamos muy lejanos de los tiempos en que el café en México era llamado “el oro rojo” por ser la segunda fuente de divisas, solo por debajo del petróleo.

En nuestro país la importancia del café no es solo económica, sino también social, ya que se desarrolla en 680 mil hectáreas cultivadas por unidades de producción compuestas por familias campesinas con menos de 5 has.

De ellas, hasta un 70 por ciento, se ubican en amplias zonas forestales en donde habitan pueblos originarios y que involucra propiedad social, por lo tanto, cualquier política asociada al café debe estar obligatoriamente alineada a las políticas internacionales, nacionales y estatales que protejan sus derechos.

Alrededor de la cadena agroalimentaria del café se encuentra un amplio espectro de actores que determinan la dinámica económica, social y ambiental, entre los cuales se encuentran: productores, recolectores y jornaleros, los compradores a destajo y comisión, pequeños agroindustriales y por supuesto agroindustrias con mayor capital de inversión; todos ellos han sido afectados en los últimos años por la situación internacional del mercado del café e incluso por los efectos del cambio climático.

A pesar de que la actividad cafetalera es una de las más importantes a nivel nacional, no solo por la balanza positiva, sino también por los actores sociales que en ella intervienen y que enfrentan una serie de problemas que inciden en sus condiciones de vida, siendo los pequeños productores los más vulnerables, es imprescindible diseñar políticas públicas que permitan el desarrollo equitativo de quienes participan de ella, así como la coordinación de todos los sectores.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para que desde el ámbito de sus atribuciones establezca una mayor coordinación entre la Comisión Intersecretarial encargada de la organización e integración de sistemas- producto, el comité nacional y los comités estatales, con el propósito de facilitar la atención transversal de los actores que forman parte de la cadena agroalimentaria del café, se incremente el nivel de interlocución con el sector y se implementen acciones emergentes vinculadas a sus necesidades productivas, sociales, económicas y medioambientales,

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, la Secretaría de Desarrollo Rural, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría de Economía la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, entre otros; así como representantes de instituciones de educación e investigación en la materia y de las organizaciones de consumidores, forman parte integral del Comité Nacional del Sistema Producto del café, para que se coordinen acciones concretas en apoyo a los productores de café de los diferentes estratos, sobre todo a quienes viven en niveles de subsistencia y que se dedican a esta actividad, quienes son más afectados por la baja productividad y bajos precios y que se ubiquen en zonas de atención prioritaria rural o en regiones de pueblos originarios.

Tercero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, haga público los en la estrategia de atención al sector caficultor y de los programas vinculados a la reactivación de la actividad cafetalera, así mismo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Economía, un análisis exhaustivo del manejo de importaciones y exportaciones de café, con el propósito de identificar las toneladas de café que se comercializan sin cumplir con la normatividad vigente y que ponen en riesgo las diferentes etapas de la cadena agroalimentaria del café.

Cuarto: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural para que se instrumenten las acciones y programas de promoción para el consumo de café artesanal y natural, que exalte los beneficios sociales y ambientales de la cafeticultura en pequeña escala realizada en nuestro país por 95.4 por ciento de tres millones de productores, los cuales realizan su actividad en parcelas de menos de 5 hectáreas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2019.

Diputada Zaira Ochoa Valdivia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a establecer por la SSP en los planteles de educación básica de Cuautepec de Madero un plan de seguridad para alumnos, profesores y padres de familia, a cargo del diputado Lucio de Jesús Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Lucio de Jesús Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El tema de la inseguridad se ha convertido en uno de los mayores retos del actual gobierno federal y, asimismo, de la Ciudad de México.

En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2019 se señala que 53.3 por ciento de la población se siente inseguro en los planteles educativos. Por ello, cada vez más padres de familia buscan escuelas que brinden las condiciones de seguridad necesarias para que sus hijos puedan desarrollarse de manera integral.

En Cuautepec han ocurrido en los últimos días asaltos a las afueras de los planteles, así como accidentes viales que han cobrado vidas de padres de familia, y siguen poniendo en peligro la integridad de niñas y niños, pues no se cuenta con un mecanismo para salvaguardar.

El Estado debe generar condiciones para que los estudiantes se desarrollen plenamente, sin temor a que afuera de las escuelas se lleven a cabo conductas violentas. Por ello se deben prevenir o, en su caso, identificar, detener, y –en su momento– buscar reparar el daño de manera integral, a través de una atención que cumpla los más altos estándares nacionales e internacionales.

Sin duda, podemos decir que la prevención es la mejor estrategia de seguridad. Con ella podemos reducir al mínimo los riesgos, en este caso específico en los planteles de educación y sus alrededores, evitando innumerables factores de riesgo con los que se pudiese afectar a la comunidad estudiantil, pero habrá ocasiones en que la situaciones rebasen las medidas planificadas, y es necesario que sean afrontadas de la mejor manera para salvaguardar la integridad de los alumnos, docentes, personal de los planteles y, en su caso, de los padres de familia.

Con el presente exhorto se busca que haya presencia de elementos policiales fuera de los planteles educativos a la hora de la entrada y a la de salida, lo cual contribuya a generar el entorno de seguridad que necesitan las y los habitantes de la colonia Cuautepec de Madero, alcaldía de Gustavo A. Madero.

Por lo expuesto pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta a la jefa del gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, para que en el ámbito de sus atribuciones atiendan su obligación de prevenir, proteger y fortalecer la seguridad en los planteles de educación básica de Cuautepec de Madero.

Fuente

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/201 9/doc/envipe2019_presentacion_nacional.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2019.

Diputado Lucio de Jesús Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversos niveles de gobierno a dar atención pronta y eficaz a los afectados por los incendios ocurridos en BC, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, diputada María Guillermina Alvarado Moreno, y diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, y demás integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete, a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo:

Exposición de Motivos

Nuestra Carta Magna, en su artículo 4o., párrafo quinto, establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizara el respeto a este derecho y por obligatoriedad constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios que ella misma establece.1

De esta base decretada y en este sentido, un tribunal colegiado de circuito emitió el criterio: “Medio ambiente sano. Principios aplicables a su protección, constitucionalmente reconocida”, difundido en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia constitucional, tesis aislada, tesis XXVII.3o.15 CS (10a.), registro 2017254, junio de 2018, en el cual se especificó que los principios rectores para la protección de este derecho son: prevención, precaución, equidad intergeneracional, progresividad, responsabilidad, sustentabilidad y congruencia; con ello se establece el vínculo de integración entre los derechos humanos y la Carta Magna.2

Por lo anterior, el deber del Estado es disponer de políticas públicas eficaces que garanticen el respeto a este derecho, a través del desarrollo integro, mismo que tiene como objetivos: la eficiencia en el uso de los recursos; la limitación de la pobreza; pero sobre todo la preservación de los diversos sistemas que soportan la vida del ser humano.

Con el fin de alcanzar el estado de derecho democrático y social, tenemos el deber proteger y garantizar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza.

Pero el tener una política clara, eficaz y eficiente sobre la prevención y combate de incendios, se evita se vulneran diversos derechos humanos y derechos de la naturaleza, es sumamente necesaria la implementación de los protocolos de seguridad, pero aún más es necesaria la correcta implementación de una declaratoria de desastre para acceder a los recursos federales y la proteger y atenuar los estragos del siniestro tanto de la naturaleza como de las personas afectadas.

En pasados días hemos sido alertados sobre diversos incendios activos en el estado de Baja California, los cuales han dejado a su paso muchas pérdidas humanas, materiales, así como estragos en la flora y fauna de la entidad. Muchas hectáreas han sido ya las que se han consumido por dichos acontecimientos, afectando a nuestros pulmones naturales y generando efectos negativos en el ambiente de nuestro estado.

Debido a condiciones meteorológicas adversas, se presentaron incendios forestales mismo que han causado la evacuación de cientos de familias, suspensión de clases el pasado, y desgraciadamente el deceso de personas.

Los vientos de Santa Ana se presentan generalmente en otoño y principios de la primavera, originándose éstos en las zonas elevadas de los desiertos de Mojave y el de Sonora. Sus valores de temperatura en esas porciones altas son templadas e incluso frías. Conforme van descendiendo, estas masas de aire se comprimen y se calientan, por lo cual su velocidad se incrementa significativamente y la humedad tiende a disminuir.

Estos factores hacen mucho más factible e incontrolable los incendios acontecidos en fechas pasadas.

Reconocemos el actuar del gobierno y sabemos que controlar incidentes como éstos no resulta sencillo, y es por ello que consideramos como prioridad sumarnos a las labores que ya se han desarrollado a través del presente instrumento legislativo.

Ante lo ocurrido, y a solicitud del gobierno de Baja California, el pasado domingo 25 de octubre, se pidió la declaratoria de emergencia ante la Secretaría de Gobernación, pidiendo que los municipios de Ensenada, Rosarito, Tecate y Tijuana sean pronunciados con una declaratoria de emergencia.

Con esta acción se tienen que activar los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) y a partir de esta declaratoria las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

Es urgente que dichas declaratoria y en consecuencia sus recursos, sean emitidos en apego a las Reglas Generales y a los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias, para que sean entregados para atender a la brevedad las necesidades prioritarias e inmediatas de la población y salvaguardar su vida y su salud.

Por lo anteriormente expuesto se pone a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Acuerdo

Primeo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a fin de dar celeridad al trámite de declaratoria de desastre natural solicitada por el Gobierno del Estado de Baja California, a fin de poder acceder a los recursos del Fonden y así atender los estragos provocados por diversos incendios

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobierno del Estado de Baja California que una vez recibidos los recursos del Fonden, los mismos sean ejercidos de manera óptima y eficaz para beneficio de la ciudadanía.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los tres niveles de gobierno a trabajar de manera coordinada para la atención oportuna de los estragos derivados de los recientes incendios, así como a incluir dentro de los recursos públicos de competencia, programas de atención y prevención de incendios en las áreas más vulnerables y susceptibles de estos hechos.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.p df, consultada el 5 de noviembre del 2019.

2 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/
DetalleGeneralV2.aspx?ID=2017254&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0, consultada el día 5 de noviembre del 2019.

Dado el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2019.