Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5410-XIV, martes 26 de noviembre de 2019
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE a promover ante la CIDH una solicitud para que el Estado Plurinacional de Bolivia adopte medidas cautelares dirigidas a evitar que la vida e integridad personal y de los bienes de los mexicanos radicados allá sean comprometidas o afectadas de manera irreparable, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena
Rubén Cayetano García en su calidad de diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, como de urgente u obvia resolución la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Primera. Que el Estado Plurinacional de Bolivia se encuentra atravesando una crisis política de amplísimas, que llevaron a que el domingo 10 de noviembre de 2019, el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, renunciara a su cargo mediante una carta1 enviada a la Asamblea Legislativa de aquel país, la cual a la letra reza:
Señor Álvaro García Linera
Presidente Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia
Presente
Hermano Álvaro
Hoy día 10 de noviembre, los humildes, los trabajadores, los aymaras y quechuas e indígenas de tierras bajas, empezamos el largo camino de la resistencia para defender los logros históricos del primer gobierno indígena que termina hoy, con mi renuncia obligada a la Presidencia de Estado Plurinacional de Bolivia, producto de un golpe de Estado político cívico policial.
Que quede ante la historia, nuestro compromiso por defender nuestras conquistas logradas a sangre y fuego, no por una élite de personas, sino por nuestro pueblo, por bolivianas y bolivianos patriotas:
• La nacionalización
• La industrialización
• Nuestras empresas públicas
• El avance en los derechos de las mujeres
• Las políticas sociales
• La redistribución democrática de la riqueza
• Los símbolos patrios
Mi responsabilidad como presidente indígena y de todos los bolivianos es evitar que los golpistas sigan persiguiendo a mis hermanos y hermanas y dirigentes sindicales, maltratando y secuestrando a sus familiares, quemando casas de gobernadores asambleístas, de concejales; evitar que sigan perjudicando a la gente más humilde, a comerciantes que no dejan trabajar en Santa Cruz, a transportistas de casi todos los departamentos y a empresarias y empresarios de todo el territorio nacional; evitar que sigan hostigando y persiguiendo a mis hermanas y hermanos indígenas y dirigentes y autoridades del Movimiento al Socialismo. Para evitar todos estos violentos sucesos y vuelva la paz social, presento mi renuncia.
Hoy es el momento de la solidaridad entre nosotros y nosotras, mañana será el momento de la reorganización y el paso al frente en esta lucha que no termina con estos tristes sucesos.
La consigna es resistir, para mañana volver a luchar por la patria. Nuestra acción es y será defender los logros de nuestro gobierno.
¡Patria o Muerte!
Evo Morales Ayma
Segundo. Ante la dimisión del mandatario boliviano, el gobierno de México, en apego a la tradición diplomática y con fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos, al día siguiente, el 11 de noviembre de 2019, expresó un posicionamiento sobre otorgamiento de asilo a Evo Morales Ayma2 , que, entre otros puntos señala:
Latinoamérica ha sido testigo de lamentables y violentos acontecimientos en los que el orden constitucional se rompe y autoridades democráticamente electas se ven obligadas a abandonar todo para proteger su vida y su seguridad.
El derecho internacional reconoce que un individuo puede solicitar a un Estado del que no es nacional, como consecuencia de situaciones que surjan en el Estado de su nacionalidad, el reconocimiento como asilado.
México se ha caracterizado por su tradición en materia de protección a asilados a lo largo de su historia. Se ha mostrado como un Estado incluyente y solidario cuyas puertas han estado abiertas para quienes han tenido la necesidad de abandonar sus países.
Dos ordenamientos en el marco jurídico internacional sustentan el otorgamiento de asilo: la Convención sobre Asilo de La Habana de 1928 y la Convención sobre Asilo Diplomático firmada en Caracas en 1954. La legislación mexicana también reconoce el otorgamiento del asilo político en su Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de 2011.
Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país.
En términos de la legislación vigente, la Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, en voz de la secretaria Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales, por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que enfrenta en Bolivia, en donde su vida e integridad corren riesgo. En este sentido, se procederá a informar al Senado de la República el desarrollo de estos hechos de relevancia para nuestra política exterior, solicitando su respaldo a esta decisión. Asimismo, hemos informado al Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, para que, bajo el derecho internacional, proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad.
Cabe recordar que el primer ordenamiento en materia de asilo data de 1853 cuando México y Colombia suscribieron un tratado de no extradición por delitos políticos. Nuestra tradición ha sido siempre por la protección de los perseguidos políticos. La tradición también tiene como base los artículos 11 y 15 de nuestra Constitución. México ha concedido protección a personajes como Giuseppe Garibaldi, José Martí o Víctor Raúl Haya de la Torre.
El otorgamiento de asilo es un derecho soberano del Estado mexicano que va acorde con sus principios normativos en política exterior de protección de los derechos humanos, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de controversias y de no intervención.
La decisión del gobierno mexicano se ha hecho del conocimiento de la Organización de Estados Americanos y se hará del conocimiento de la Organización de las Naciones Unidas, invocando la protección internacional a la vida y la integridad de Evo Morales.
Tercero. El 12 de noviembre de 2019, el mismo día que Evo Morales arribó a México en su calidad de asilado, la senadora Jeanine Áñez Chávez, se autoproclamó como presidenta interina de Bolivia.
En respuesta casi inmediata a la decisión del gobierno de México de otorgarle asilo a Evo Morales, el 13 de noviembre, la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, expreso “A mí, me dan mucha pena los mexicanos”3 .
El 14 de noviembre, la ministra de Comunicación del autoproclamado gobierno de Bolivia, Roxana Lizárraga, intentó intimidar a los profesionales de la prensa que atienden las movilizaciones y señaló que “Lo que hacen algunos periodistas bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”4 , y manifestó que “ya se tiene identificados a estos comunicadores y el ministro de gobierno va a tomar las acciones pertinentes”5 .
Varios medios internacionales presentes en el país suramericano, como Crónica Tv y TN de Argentina denunciaron que sufrieron amenazas y fueron perseguidos por las calles de La Paz (capital) por manifestantes que apoyan al autoproclamado Ejecutivo. Asimismo, un grupo de personas que apoyan la autoproclamación de Áñez como presidenta interina increpó al equipo de Russia Today gritándole: “¡No mientan, no mientan!”, mientras el corresponsal Francisco Guaita trataba de brindar información sobre la situación en el país desde las cercanías de la plaza Murillo6 .
Estas expresiones no pasarían de ser algo anecdótico, si no fuera por el ambiente de crispación y polarización política que se vive en Bolivia, donde incluso, han surgido brotes de xenofobia y que incluso ya se han expresado contra periodistas extranjeros, particularmente corresponsales argentinos de un noticiario de televisión, quienes han sido increpados por civiles, pidiéndoles identificaciones, llamándolos “gauchos comunistas” además de decirles “que haces aquí, vete a tu país”7 .
Para ahondar con este clima de crispación política xenófoba, el 16 de noviembre, la autoproclamada presidente de Bolivia, Jeanine Áñez, llamó “alcahuete” de Evo Morales al gobierno de México por permitirle vulnerar las normas internacionales al no restringir su activismo político –desde redes sociales– para mantener la violencia en Bolivia8 .
En una entrevista con CNN expresamente dijo:
Me parece una actitud macabra que el gobierno de México esté pecando de cómplice de tanta barbarie y violencia en el país (...). Realmente me sorprende de que el gobierno de Manuel López Obrador esté pecando de alcahuete. Nosotros vamos a hacer las representaciones, obviamente.
Cuarto. Por otra parte, a nivel internacional la crisis política en Bolivia ha generado reacciones de los organismos multilaterales.
En este sentido, el 14 de noviembre, Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, nombró a Jean Arnault, ex jefe de la misión de la ONU en Colombia y que también lo ha sido para Georgia, Afganistán, Burundi y Guatemala, como representante especial para el país andino, y a través de su sistema de noticias informó:
El secretario general le ha pedido a Jean Arnault que, en calidad de su enviado personal, establezca contacto con todos los actores bolivianos y ofrezca el apoyo de la ONU a los esfuerzos para encontrar una solución pacífica a la crisis, incluyendo la celebración de elecciones transparentes, inclusivas y creíbles. 9
El 16 de noviembre, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que al menos 17 personas habrían fallecido en las manifestaciones que tienen lugar en el país sudamericano y advirtió que la represión puede recrudecer la situación y señaló que “Mientras que las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar” 10 ; asimismo informó el sábado 16 de noviembre su oficina recibió denuncias de muertes de manifestantes que habrían sido causadas por las fuerzas públicas de Bolivia, por lo que urgió a las autoridades a garantizar la integridad y el derecho a la vida de quienes protestan por el cambio de gobierno en el país.
En un comunicado, Bachelet reportó que el viernes murieron por lo menos cinco manifestantes en Sacaba, Cochabamba, “presuntamente a consecuencia del uso de munición letal por parte de las fuerzas de seguridad”, “Tenemos información de que al menos 17 personas han fallecido en el contexto de las protestas, incluidas 14 sólo en los últimos seis días ”11 .
Además, dijo
Realmente me preocupa que la situación en Bolivia pueda salirse de control si las autoridades no la manejan cuidadosamente, de acuerdo con las normas y estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza, y con un respeto pleno por los derechos humanos. En una situación como esta, las acciones represivas de parte de las autoridades simplemente avivarán más esa ira, y pueden poner en peligro cualquier camino de diálogo posible.
Asimismo, expresó gran inquietud no sólo por los muertos y centenares de heridos, sino porque se han registrado múltiples arrestos y porque habría más de 600 personas detenidas desde el 21 de octubre, “muchas de ellas durante los últimos días”.
La Alta Comisionada llamó a las autoridades a revelar el número de personas arrestadas, heridas y fallecidas durante las protestas e instó a investigar con celeridad, imparcialidad, profundidad y transparencia los hechos para que haya una rendición de cuentas de los responsables. Además, las conminó a abstenerse de emplear a las fuerzas militares en operaciones de orden público, incluyendo durante las protestas.
Esta situación no será resuelta por medio de la fuerza y la represión. Todos los sectores tienen el derecho a hacer oír sus voces, cuestión fundamental para la democracia. Insto a todos los actores, incluyendo a los manifestantes, a que renuncien a la violencia para transitar hacia una solución pacífica a la crisis actual”.
Quinto. En este contexto, el 15 de noviembre, la nueva ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, solicitó a la embajadora de México en ese país, María Teresa Mercado, una prohibición para que Evo Morales deje de utilizar su país como “un sitio de operación política”, a través de declaraciones públicas ante los medios de comunicación, y señalo que “Al tolerar los pronunciamientos políticos, los pronunciamientos públicos, el gobierno de México está violando los principios y los acuerdos internacionales del asilo12 .”
Sexto. Cabe señalar que anteriormente, desde el domingo 10 de noviembre, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrad Causabón, difundió teléfonos de emergencia para los mexicanos que se encuentren en Bolivia y necesiten apoyo diplomático y señalo por medio de twitter13 :
“Para los 10 mil mexicanos en Bolivia estamos alerta”.
La embajada de México en territorio boliviano difundió el teléfono junto al mensaje:
¡Recuerda!, Si eres mexicano y te encuentras en alguna zona donde se desarrolle algún conflicto y requieres ayuda puedes comunicarte al teléfono de emergencia +59161099543”
Asimismo, pido que “se respete la sede de la embajada y la residencia mexicanas en Bolivia”14 , luego de que México ofreció asilo a Evo Morales, además de señalar que “Somos solidarios con la inviolabilidad de las representaciones diplomáticas, ahora requerimos la misma solidaridad internacional para que se respete la integridad de la sede de embajada y residencia de México en Bolivia”15 .
El lunes 18 de noviembre, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le preguntó si existían peticiones de los 10 mil connacionales que habitan en Bolivia, para ser apoyados por la embajada en Bolivia, a lo que confirmo que “Hay ya trámites para que el que lo desee pueda regresar. Ya se están haciendo todas las gestiones y resolviendo lo del transporte, la vía aérea para el retorno. Se están viendo las dos opciones, pero ya también hay la posibilidad del retorno por la vía de la aviación comercial”16 .
Séptimo. Para la Cámara de Diputados, como representante del pueblo de México, resulta particularmente preocupante el que los mexicanos radicados o en tránsito por Bolivia, puedan ser sujetos de ataques xenofóbicos, máxime cuando alguna o algunas de las autonombradas nuevas autoridades y medios de comunicación, atizan el ambiente de polarización política entre los distintos sectores de la sociedad boliviana, haciendo en parte responsable a los extranjeros de lo que ocurre en aquel país.
Como legisladores, desde esta representación camaral, nuestra principal preocupación es el pleno respeto a la vida, la integridad personal y los bienes de los ciudadanos mexicanos radicados en Bolivia.
A fin de garantizar lo anterior, ante la gravedad y urgencia de la situación, dada la espiral de violencia en que se encuentra ese país, creemos que el gobierno de la República debería acudir ante los organismos internacionales, universales y regionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que en uso de sus facultades y en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, tomen todas las medidas necesarias a fin de proteger a cabalidad los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos radicados en Bolivia y no se ocasionen daños irreparables.
Octavo. La Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que, para cumplir sus fines, esta cuenta con diversos órganos internos, entre los que se encuentra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos17 y a la letra señala:
Artículo 53. La Organización de los Estados Americanos realiza sus fines por medio de:
a) La Asamblea General;
b) La reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores;
c) Los Consejos;
d) El Comité Jurídico Interamericano;
e) La Comisión Interamericana de Derechos Humanos;
f) La Secretaría General;
g) Las conferencias especializadas, y
h) Los organismos especializados.
Se podrán establecer, además de los previstos en la Carta y de acuerdo con sus disposiciones, los órganos subsidiarios, organismos y las otras entidades que se estimen necesarios.”
Artículo 106. Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.
Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa materia.
Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos18 señala:
Artículo 1. Obligación de respetar los derechos
1. Los Estados parte en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
Artículo 4. Derecho a la vida
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.
Artículo 5. Derecho a la integridad personal
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
De los órganos competentes
Artículo 33.
Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en esta Convención:
a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y
b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte.
Artículo 41
La comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:
a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;
b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;
c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;
d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;
e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;
f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y
g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.”
A su vez, el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos19 señala:
Artículo 25. Medidas cautelares
1. Con fundamento en los artículos 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18.b del Estatuto de la Comisión y XIII de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano.
2. A efectos de tomar la decisión referida en el párrafo 1, la Comisión considerará que:
a. la “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema Interamericano;
b. la “urgencia de la situación” se determina por la información que indica que el riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa manera acción preventiva o tutelar; y
c. el “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada indemnización.
3. Las medidas cautelares podrán proteger a personas o grupos de personas, siempre que el beneficiario o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo, comunidad u organización.
4. Las solicitudes de medidas cautelares dirigidas a la Comisión deberán contener, entre otros elementos:
a) los datos de las personas propuestas como beneficiarias o información que permita determinarlas;
b) una descripción detallada y cronológica de los hechos que sustentan la solicitud y cualquier otra información disponible; y
c) la descripción de las medidas de protección solicitadas.
5. Antes de tomar una decisión sobre la solicitud de medidas cautelares, la Comisión requerirá al Estado involucrado información relevante, salvo cuando la inmediatez del daño potencial no admita demora. En dicha circunstancia, la Comisión revisará la decisión adoptada lo más pronto posible o, a más tardar, en el siguiente período de sesiones, teniendo en cuenta la información aportada por las partes.
6. Al considerar la solicitud, la Comisión tendrá en cuenta su contexto y los siguientes elementos:
a) si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes, o los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse;
b) la identificación individual de los propuestos beneficiarios de las medidas cautelares o la determinación del grupo al que pertenecen o están vinculados; y
c) la expresa conformidad de los potenciales beneficiarios, cuando la solicitud sea presentada por un tercero, salvo en situaciones en las que la ausencia de consentimiento se encuentre justificada.
8. El otorgamiento de estas medidas y su adopción por el Estado no constituirán prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros instrumentos aplicables
...
En este orden de ideas podemos afirmar que Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, establece la existencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, misma que tiene como “función principal la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”, para lo cual tiene como funciones y atribuciones: “formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos”.
Para ello el Reglamento de la Comisión establece que, en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, “solicitar que un Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas, ya sea que guarden o no conexidad con una petición o caso, se relacionarán con situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del Sistema Interamericano”.
Este reglamento establece que dichas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables.
Es el caso, que la comunidad mexicana radicada actualmente en el Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentran ante situación de gravedad y urgencia, que podría concretarse en daños irreparables a su vida, su integridad corporal psíquica o moral y la de sus bienes, por lo que resulta impostergable requerir por la vía diplomática, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicite a dicho Estado la adopción de medidas cautelares.
Noveno. El mecanismo de medidas cautelares tiene más de tres décadas de historia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ha servido como una herramienta eficaz para proteger los derechos fundamentales de los habitantes de los 35 Estados que se encuentran bajo la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La facultad de la CIDH de solicitar la adopción de acciones urgentes o dictar medidas cautelares refleja una práctica común en el derecho internacional de derechos humanos.
En el contexto particular de la región, ha operado como instrumento efectivo de protección y prevención ante posibles daños graves e irreparables a personas o grupos de personas que enfrentan situaciones de riesgo inminente.
De esta manera, la comisión ha venido cumpliendo con el mandato de “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos” en los términos del artículo 106 de la Carta de la Organización, y de asistir a los Estados a cumplir con su ineludible deber de protección –el cual es su obligación en toda instancia.
Las medidas cautelares se destacan por su efectividad y por su reconocimiento por los beneficiarios, los Estados miembros de la OEA, los usuarios del Sistema Interamericano, y la comunidad de derechos humanos en su conjunto.
El mecanismo de medidas cautelares es frecuentemente invocado en el derecho internacional, existiendo como facultad de los principales tribunales y órganos establecidos por tratados a fin de no tornar abstracta sus decisiones y la protección que ejercen.
Desde su creación, la Comisión ha solicitado medidas de protección a los Estados para que adopten en forma urgente medidas para evitar que la vida o la integridad personal de estos beneficiarios se viesen comprometidas.
En los últimos 35 años, las medidas cautelares han sido invocadas para proteger a miles de personas o grupos de personas que se encuentran en riesgo, en razón de su trabajo o afiliación.
Las medidas cautelares cumplen dos funciones relacionadas con la protección de los derechos fundamentales consagrados en las normas del sistema interamericano. Tienen una función “cautelar”, en el sentido de preservar una situación jurídica bajo el conocimiento de la CIDH en peticiones o casos, y “tutelar” en el sentido de preservar el ejercicio de los derechos humanos.
La práctica se caracteriza por desarrollar la función tutelar con el fin de evitar daños irreparables a la vida e integridad personal de la persona del beneficiario como sujeto del derecho internacional de los derechos humanos.
Décimo. Al igual que el sistema interamericano, la Organización de las Naciones Unidas, en su carta fundacional estableció como parte de sus propósitos los de “el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.20 ”
Asimismo, dispuso que “con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá: el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades.”21
Para realizar sus fines, la ONU cuenta, entre otras, con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) que es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos.
La Asamblea General encomendó al Alto Comisionado y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas.
El ACNUDH desempeña una función fundamental en la salvaguarda de los tres pilares interrelacionados de las Naciones Unidas: la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo.
Su presencia sobre el terreno comprende oficinas regionales y nacionales/independientes.
Por otra parte, se cuenta con los denominados “procedimientos especiales”22 del Consejo de Derechos Humanos, que son mandatos para presentar informes y asesorar sobre derechos humanos que ejecutan expertos independientes en la materia, desde una perspectiva temática o en relación con un país específico.
El sistema de los procedimientos especiales es un elemento básico del mecanismo de derechos humanos de las Naciones Unidas y abarca a todos los derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Cabe hacer notar que hasta el 1 de agosto de 2017 estaban en vigor 44 mandatos temáticos y 12 mandatos de país.
Con el apoyo de la Oficina del ACNUDH, los titulares de procedimientos especiales realizan visitas a los países, actúan sobre casos y situaciones individuales de naturaleza más amplia y estructural mediante el envío de comunicaciones a los Estados y a otros interesados, en las que llaman la atención sobre denuncias de violaciones o abusos.
Durante las misiones de procedimientos especiales, los expertos evalúan la situación general de los derechos humanos en un país determinado, así como la situación institucional, legal, judicial, administrativa y de facto específica bajo sus respectivos mandatos. Se reunirán con las autoridades nacionales y locales, incluidos miembros del poder judicial y parlamentarios; miembros de la institución nacional de derechos humanos, si corresponde; organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos.
Por lo expuesto y fundado, y someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores promueva, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a que solicite el Estado Plurinacional de Bolivia adopte medidas cautelares para evitar que la vida, la integridad personal y de los bienes, de los ciudadanos mexicanos radicados en Bolivia se vean comprometidas o se vean afectadas de manera irreparable.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, a través de su oficina regional correspondiente y los procedimientos especiales, supervise la situación de los Derechos Humanos de los ciudadanos mexicanos residentes en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Notas
1 El Diario.MX. Lunes 11-Nov-2019. La carta de renuncia de Evo Morales. Indica que con su decisión busca evitar la violencia y expresa su deseo de que retorne la paz. https://diario.mx/internacional/la-carta-de-renuncia-de-evo-morales-201 91111-1585926.html
2 Secretaría de Relaciones Exteriores. Comunicado número 397. 11 de noviembre de 2019. Posicionamiento del gobierno de México sobre otorgamiento de asilo a Evo Morales.
https://www.gob.mx/sre/prensa/
posicionamiento-del-gobierno-de-mexico-sobre-otorgamiento-de-asilo-a-evo-morales?idiom=es
3 Animal Político. 13 de noviembre de 2019. “Me dan mucha pena los mexicanos”, dice presidenta interina de Bolivia sobre gobierno de México. https://www.animalpolitico.com/2019/11/me-dan-pena-mexicanos-presidenta -bolivia-gobierno-mexico-evo-morales-amlo/
4 Tele-Sur. 15 noviembre 2019. Gobierno de facto de Bolivia amenaza a periodistas.
https://www.telesurtv.net/news/gobierno-de-facto-bolivia no-amenaza-periodistas-20191114-0040.html
5 Ídem.
6 Ibídem.
7 El País. 15 de noviembre de 2019. Evacuados varios periodistas argentinos de Bolivia tras ser agredidos y amenazados. Los reporteros tuvieron que refugiarse en la embajada del país sudamericano en La Paz, después de que un grupo de manifestantes los persiguiera hasta sus hoteles.
https://elpais.com/internacional/2019/11/15/actualidad/1 573846518_527039.html
8 La Razón (Bolivia). 16 de noviembre de 2019. Áñez llama “alcahuete” de Morales al gobierno mexicano. https://www.la-razon.com/nacional/Anez-alcahuete-Morales-gobierno-mexic ano-mensajes-Bolivia_0_3258874081.html
9 Noticias ONU. Jean Arnault viajará a Bolivia como enviado personal del secretario general. 14 de noviembre de 2019. https://news.un.org/es/story/2019/11/1465411
10 Noticias ONU. 16 de noviembre de 2019. Bachelet urge a las autoridades en Bolivia a asegurar la integridad de las personas que protestan. https://news.un.org/es/story/2019/11/1465491
11 Obra citada.
12 Aristegui noticias. 15 de noviembre 2019. Persiste el diferendo México-Bolivia sobre declaraciones de Evo Morales. https://aristeguinoticias.com/1511/mexico/persiste-el-diferendo-mexico- bolivia-sobre-declaraciones-de-evo-morales/
13 El Heraldo de México. 10 de noviembre de 2019. “Estamos alerta”, dice Ebrard a mexicanos en Bolivia. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que se encuentra atento a los cerca de 10 mil mexicanos que viven en territorio boliviano.
https://heraldodemexico.com.mx/pais/estamos-alerta-dice- ebrard-a-mexicanos-en-bolivia/
14 El Financiero. 1 de noviembre de 2019. Ebrard pide que se respete la sede de la embajada y residencia de México en Bolivia. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ebrard-pide-que-se-respete-la- sede-de-la-embajada-y-residencia-de-mexico-en-bolivia
15 Ídem.
16 Presidencia de la República. 18 de noviembre de
2019. Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina.
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/
version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-lunes-18-de-noviembre-2019?idiom=es
17 Carta de la Organización de los Estados Americanos. Suscrita en Bogotá, Colombia el 30 de abril de 1948 en la Novena Conferencia Internacional Americana. Entrada en vigor el 13 de diciembre de 1951 conforme al Artículo 145 Serie sobre Tratados, OEA número 1-C y 61 Serie sobre Tratados de Naciones Unidas, número 1609, Volumen 119. http://www.oas.org/dil/esp/afrodescendientes_manual_formacion_lideres_a nexos.pdf
18 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969.
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_ame ricana_sobre_derechos_humanos.htm
19 Artículo 25 modificado por la Comisión Interamericana en su 147 período ordinario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013.
20 Carta de la Naciones Unidas. Artículo 1.3; La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta. https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf
21 Artículo 55 obra citada.
22 Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputado Rubén Cayetano García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los tres órdenes de gobierno a establecer medidas para garantizar el derecho humano al ambiente sano en Metepec, México, a cargo de la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo, en nombre propio y de la y los diputados Jesús Sergio Alcántara Núñez, Pilar Lozano Mac Donald, Adolfo Torres Ramírez y Carlos Alberto Morales Vázquez, integrantes de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por la que exhorta al ayuntamiento de Metepec, estado de México, así como a los gobiernos estatal y federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, establezcan las medidas necesarias para garantizar el derecho humano al medio ambiente sano, así como las condiciones de legalidad del uso de suelo y restitución del espacio público ubicado en el parque San José la Pila, a fin de garantizar el desarrollo social y de bienestar de las personas que habitan el municipio de Metepec, estado de México, al tenor de los siguientes
Antecedentes
El parque La Pila, de acuerdo al decreto aprobado por el Cabildo de Metepec, con trece votos a favor y dos abstenciones,1 publicado el 11 de octubre de 2019 en la Gaceta Municipal del Gobierno de Metepec,2 fue sujeto de cambio de uso de suelo y destino para la instalación de la Guardia Nacional, omitiendo incluso la obligación establecida en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para garantizar que los espacios públicos, en caso de ser disminuidos, sean sustituidos, por otros que generen beneficios equivalentes.
Se ignora que San José La Pila, constituye un asentamiento humano compuesto por viviendas plurifamiliares y ha sido considerado como una unidad habitacional de alta densidad poblacional, identificada como uno de “los nodos más importantes de la zona, donde se ubican los principales equipamientos urbanos (zonas comerciales, centros educativos, unidades médicas, parques y canchas deportivas) siendo el parque La Pila una de las áreas verdes urbanas más importantes”.3
El decreto emitido por el municipio de Metepec, se limita a “otorgar en comodato con carga y condición, una fracción de 10, 000 metros cuadrados (ad corpus) del parque La Pila”4 a la Secretaría de la Defensa Nacional (aun cuando las instalaciones serán destinadas a la Guardia Nacional), sin tomar en cuenta la legislación en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, la obligación de garantizar los derechos asequibles al espacio público, el derecho humano a un medio ambiente sano así como la voluntad y exigencia de la sociedad civil.
Consideraciones
El derecho humano a un medio ambiente sano se encuentra establecido en el párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.5
En términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos genera la obligación del Estado a: a) Garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, un medio ambiente sano para vivir; b) Garantizar a toda persona, sin discriminación alguna, servicios básicos; c) Promover la protección del medio ambiente; d) Promover la preservación del medio ambiente y e) Promover el mejoramiento del medio ambiente.6
A su vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que
“El derecho humano al medio ambiente posee una doble dimensión: una primera que pudiéramos denominar objetiva o ecologista, que protege al medio ambiente como un bien jurídico fundamental en sí mismo, que atiende a la defensa y restauración de la naturaleza y sus recursos con independencia de sus repercusiones en el ser humano; y la subjetiva o antropocéntrica, conforme a la cual la protección de este derecho constituye una garantía para la realización y vigencia de los demás derechos reconocidos en favor de la persona”.7
Adicionalmente, el espacio público es un derecho establecido en el marco jurídico mexicano. La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (Ley General) en el artículo 3 fracción XVIII lo define como:
“Las áreas, espacios abiertos o predios de los asentamientos humanos destinados al uso disfrute o aprovechamiento colectivo, de acceso generalizado y libre tránsito”.
Este espacio público constituye la garantía de una serie de derechos y la obligación del Estado (Federación, Estados y Municipios) para la “protección y progresividad del espacio público” a fin de:
“Crear condiciones de habitabilidad de los espacios públicos, como elementos fundamentales para el derecho a una vida sana, la convivencia, recreación y seguridad ciudadana que considere las necesidades diferenciadas por personas y grupos. Se fomentará el rescate, la creación y el mantenimiento de los espacios públicos que podrán ampliarse, pero nunca destruirse o verse disminuidos. En caso de utilidad pública, estos espacios deberán ser sustituidos por otros que generen beneficios equivalentes”;
Según lo dispuesto en el artículo el artículo 4, fracción VII, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, adicional señala la obligación de:
“Fijar los criterios para que en el ámbito de sus respectivas competencias, exista una efectiva congruencia, coordinación y participación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales para la planeación de la fundación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los centros de población y asentamientos humanos, garantizando en todo momento la protección y acceso equitativo a los espacios públicos ”.
En términos del párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son de interés público y de beneficio social los actos públicos tendientes a establecer provisiones, reservas, usos de suelo y destinos de áreas y predios de los centros de población, por lo que es prioritaria “la creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público para uso comunitario y para la movilidad”.8
Es a partir de estos preceptos legales que, quienes suscribimos este punto de acuerdo, exhortamos a las autoridades federales, del estado de México y del municipio de Metepec, a cumplir con los principios establecidos en la ley general y se protejan los espacios públicos, en específico el ubicado en San José La Pila, en el municipio de Metepec, estado de México, conocido como el parque La Pila.
La protección del espacio público, la garantía del derecho a un medio ambiente sano es no sólo legalmente exigible, es una obligación del Estado, hoy no podemos ignorar la ley y es inadmisible ignorar a la sociedad que ha manifestado su desacuerdo y preocupación sobre el contrato en comodato donde se cede el uso de diez mil metros cuadrados del parque La Pila, sin que exista claridad sobre el impacto y estudios de viabilidad para el establecimiento de la Guardia Nacional; el costo y periodo estimable de su construcción y entrada en ejercicio; no se presentó ningún programa para garantizar el cumplimiento de los beneficios equivalentes, pues cabe recordar que este espacio público que se pretende reducir afectaría parte del uso-finalidad al que fue destinado: 1) canchas de usos múltiples, 2) ejercitadores, 3) juegos infantiles y 4) las dos áreas verdes con los que cuenta actualmente el parque.
El parque que por decreto ha sido disminuido en su espacio, hasta hoy es el único “pulmón” cercano para los más de 30 mil habitantes de la zona,9 representa un lugar de convivencia social en el cual los pobladores pueden realizar diversas actividades de recreación y culturales, ha servido en el fomento al deporte, es un espacio público fundamental para todas las personas.
Sabemos que la seguridad también representa un eje fundamental para el bienestar de la ciudadanía y un derecho que debe brindar el Estado en todo momento, sin embargo, es necesario garantizar en la legalidad el desarrollo y mejoramiento de los espacios públicos, pues es justo éste donde se desarrollan los derechos humanos, donde se recupera y conforma el tejido social, donde se fundamenta el bienestar social.
Por tal motivo, deseamos sumarnos a lo expresado por los vecinos del municipio, en el sentido de que la presencia de la Guardia Nacional es bienvenida y necesaria para atender la seguridad ciudadana en el territorio municipal, pero no a costa de exterminar el medio ambiente ni en detrimento de los pocos espacios públicos de convivencia existentes en Metepec, pues una estrategia integral de seguridad, debe incluir la promoción y conservación de áreas verdes y recreativas, como ha señalado en reiteradas ocasiones ONU Hábitat:
“Los espacios públicos bien diseñados y administrados son un activo fundamental para una ciudad y tienen un impacto positivo en su economía. Por esta razón, la inversión en estos espacios contribuye a mejorar la salud y el bienestar de sus habitantes, reduce el impacto del cambio climático, anima a las personas a caminar o usar la bicicleta, aumenta la seguridad y disminuye el temor a la delincuencia.
El espacio público puede mejorar vecindarios residenciales, salvaguardar los valores de la propiedad, aumentar el atractivo para los turistas y aumentar la actividad comercial minorista.
Esta acción fundamental tiene un impacto duradero que no se puede cambiar fácilmente, debido a que la creación de un espacio público en una zona desarrollada requiere complejos programas de expropiación que pueden ser costosos. En este sentido, planear el espacio público de forma anticipada al crecimiento urbano puede generar mejores resultados en cuanto al costo. En consecuencia, una clara delimitación del espacio público y privado evita problemas de invasión y ocupación de los mismos. El espacio público induce la mejora de valor de la propiedad privada.
La dotación de espacio público garantiza la accesibilidad y facilita la movilidad. Es en el espacio público donde se localizan las redes de servicios básicos, incluyendo drenaje, alcantarillado, tuberías de abastecimiento de agua y postes de electricidad. Sin espacio público, sería imposible instalar nuevas infraestructuras tales como redes de comunicación, con lo que la propiedad privada perdería valor. Un espacio público insuficiente debilita el interés por parte de inversores privados”.10
El parque La Pila, constituido así por mandato del entonces gobernador Ignacio Pichardo Pagaza, es producto de esta lucha social, pues fue destinado como área verde y de convivencia a petición de los pobladores que, en su momento, se opusieron a la construcción de viviendas de interés social sin que contaran con el equipamiento urbano indispensable y contrario a la ley; la habilitación del parque fue un logro social que hoy ha sido disminuido.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al ayuntamiento de Metepec, en el estado de México, para que en lo relativo al “Acuerdo por el que se autoriza el cambio de uso y destino de una fracción de 10 mil metros cuadrados (una hectárea) del parque La Pila, ubicada en avenida 7, sin número, esquina calle Ermita, fraccionamiento San José la Pilita, Metepec, México, y la autorización, en su caso, de la celebración de un contrato de comodato con la Secretaría de la Defensa Nacional, para la instalación de la Guardia Nacional”, en el ámbito de sus atribuciones y en cumplimiento de sus obligaciones, garantice el derecho humano al medio ambiente sano y respete la legalidad del uso de suelo correspondiente al espacio público ubicado en el parque San José La Pila.
Segundo. Se exhorta al gobierno del municipio de Metepec, a fin de que en el ámbito de su competencia y de acuerdo al decreto publicado en la Gaceta Municipal del Gobierno Municipal de Metepec, el 11 de octubre de 2019, en concordancia con las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos específicamente en los artículos 4o. y 27, así como las disposiciones establecidas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, lleve a cabo las acciones que juzgue pertinentes para preservar el derecho a la ciudad, derecho a un medio ambiente sano, disposiciones de mejoramiento y protección del uso de espacios públicos.
Tercero. En función de que la seguridad y la construcción del tejido social en un medio ambiente sano desarrollado en espacios públicos destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo así como de acceso generalizado y libre tránsito son fundamentales para lograr el bienestar en la población y la garantía de goce de los derechos humanos establecidos en la Constitución, exhortamos a los gobiernos federal, del estado de México y del ayuntamiento de Metepec a coadyuvar en el ámbito de sus atribuciones, para garantizar el uso adecuado del espacio público del parque La Pila, su mejoramiento y, en su caso, la sustitución o restitución del espacio, a fin de garantizar los beneficios a las y los habitantes de Metepec en el ejercicio de su derecho a la seguridad, medio ambiente y sano desarrollo.
Notas
1 El registro de la votación fue de la siguiente manera: En favor: Ediles Presidenta Municipal Constitucional, Síndico Municipal, Primera, Segundo, Tercera, Cuarto, Quinta, Sexto, Séptima, Octava, Décima, Décimo Primero y Décima Tercera. En abstención: Ediles Noveno y Décima Segunda. Decreto Disponible en: https://metepec.gob.mx/pagina/documentos/gacetas/gacetas_2019/GACETA97o k.pdf
2 Acuerdo cambio uso y destino de suelo, publicado en la Gaceta Municipal del Gobierno del Ayuntamiento de Metepec el 11 de octubre de 2019. Disponible en: https://metepec.gob.mx/pagina/documentos/gacetas/gacetas_2019/GACETA97o k.pdf
3 Plan Municipal de Desarrollo Urbano Metepec 2011. https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files /files/pdf/gct/2011/sep073.PDF
4 Ibídem.
5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_090819.pdf
6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017, párrafo 60.
7 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en Revisión 307/2016. Disponible en:
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/docum ento_dos/2018-11/AR-307-2016-181107.pdf
8 Artículo 6 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
9
https://www.change.org/p/jorgerescala-ambienteedomex-gabygamboa-s-lopezobrador-no-a-la-
mutilaci%C3%B3n-del-parque-de-la-pila?recruiter=862419012&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&
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10 ONU Hábitat, Planeamiento Urbano para Autoridades Locales, 4 de enero de 2018, disponible en
https://www.onuhabitat.org.mx/index.php/el-espacio-publi co-componente-clave-de-una-ciudad-sostenible
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a inspeccionar la empresa Bionatur sobre su empleo de cañones antigranizo y avionetas para dispersar nubes e inhibir así las lluvias en Jocotitlán, México, a cargo de la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada María Teresa Marú Mejía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracciones I y VIII; 76, numeral 1, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, así como el numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los acuerdos sexto y octavo del acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, somete a consideración del pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorta al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Rafael Pacchiano Alamán; al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú , del gobierno federal; al secretario del Medio Ambiente del estado de México, Jorge Rescala Pérez; al ayuntamiento de Jocotitlán, estado de México; para que realicen una revisión sobre el uso que realiza la empresa Bionatur en el municipio de Jocotitlán estado de México, de cañones antigranizo y avionetas para dispersar las nubes y con ello inhibir las lluvias y el impacto al medio ambiente que esto causa.
Exposición de Motivos
Bionatur México es una empresa de invernaderos biológicos dedicada al cultivo de tomate de gran calidad, que se ubica en el kilómetro 109, de la carretera panamericana México- Querétaro, Pasteje, Jocotitlán, estado de México. De acuerdo a su sitio de internet https://www.bionaturmexico.com, cuenta con 830 mil metros cuadrados de construcción, divididos en 8 invernaderos de 10 hectáreas cada uno y un semillero de 3 hectáreas, con una inversión cercana a los 120 millones de dólares. Su método de cultivo es hidropónico, libre de pesticidas. La producción de tomates se destina al mercado de Estados Unidos, Canadá y México.
Desde hace aproximadamente 9 años, pobladores del municipio de Jocotitlán han venido manifestando su inconformidad en que dicha empresa utilice cañones antigranizo y avionetas que dispersan las nubes para provocar que no llueva en esa zona donde está establecida, lo siguiente tiene como consecuencia que los agricultores de la zona, que dependen de la lluvia para el cultivo de maíz, no puedan sembrar o bien, una vez que siembran su cultivo, no se logra por falta de agua.
De acuerdo con información recabada en Jocotitlán, hace algunos meses se llevó a cabo una reunión con la empresa Bionatur para tratar asuntos relacionados con la problemática de las lluvias, que afectan al sistema agropecuario. A lo cual la empresa reconoció que sí ha utilizado tecnología para dispersar las nubes y así disipar las lluvias; durante la temporada de lluvias las avionetas que pasan por parte de la industria Bionatur afectan el ciclo de lluvia. Los pobladores han notado que las avionetas pasan de día, noche y madrugada, el daño más significativo es que han cambiado su tiempo de cultivo pues el clima es cambiante, y la cosecha se ve afectada. La población solicita investigación sobre las avionetas que sobrevuelan en el municipio de Jocotitlán. Vecinos organizados han recolectado firmas de inconformidad contra la empresa solicitando el apoyo de las autoridades locales para que la empresa no siga afectando sus cosechas.
Jocotitlán, San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca, Almoloya de Juárez, San José del Rincón, Jiquipilco, Atlacomulco, Villa Victoria, entre otros municipios, se han visto afectados por estas prácticas realizadas por la empresa Bionatur; el uso de estas técnicas para evitar las lluvias no solo tiene un impacto directo sobre las cosechas sobre las comunidades aledañas, también han expuesto que la presa se ha visto afectada, ya que hace más de nueve años no se han llenado, por lo que les preocupa pudieran llegar a tener escases a largo plazo.
La empresa cuenta con un antecedente del año 2009 en donde se comprometió a dejar de utilizar las bombas antigranizo para no seguir afectando a las comunidades, los pobladores se han percatado nuevamente que la empresa ha retomado esas prácticas que atentan contra sus actividades en el campo, repercutiendo en su economía familiar.
Los hechos fueron denunciados por pobladores del lugar ante los medios de comunicación y ante las autoridades del estado de México, tal y como quedo registrado en la grabación que puede consultarse en la página: https://www.facebook.com/Noticieros,TelevisaEdoMexico/videos/vb.1857 523677826802/424221454851027/?type=2&theater
Los diputados de la LX Legislatura del estado de México exhortaron por unanimidad de votos a los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente, de Desarrollo Agropecuario y de Salud, así como al procurador de Protección al Ambiente del estado de México, para evaluar los mecanismos del sistema antigranizo que aplica la empresa Bionatur en ese lugar del estado de México, y le sea prohibido el uso de avionetas y otros instrumentos hasta en tanto no se cuente con estudios sobre sus efectos secundarios sobre el medio ambiente, las personas y la agricultura. No obstante, dicho exhorto la empresa continúa con la utilización de las prácticas que alteran el medio ambiente de la región.
En virtud de que es competencia federal el otorgamiento de permisos para el vuelo de avionetas con el itinerario de vuelo, así como las actividades que se realicen tratándose de aviación aplicada a lo agrícola, por ello es que se pide la intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que realice una verificación de las actividades y permisos de dicha empresa sobre sus aeronaves. Asimismo es pertinente la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, para evaluar el impacto ambiental de las actividades de las cuales se quejan los pobladores.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorta al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Rafael Pacchiano Alamán; al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, del gobierno federal; al secretario del Medio Ambiente del estado de México, Jorge Rescala Pérez; al ayuntamiento de Jocotitlán, estado de México; para que realicen una revisión sobre el uso que realiza la empresa Bionatur, en el municipio de Jocotitlan, estado de México, de cañones antigranizo y avionetas para dispersar las nubes y con ello inhibir las lluvias y el impacto al medio ambiente que esto causa, incluyendo revisar la documentación que ampare las autorizaciones de vuelo a las avionetas de dicha empresa y el objeto por el cual se les autoriza volar en la zona del municipio de Jocotitlán y municipios aledaños. Asimismo si detectan irregularidades en la revisión que realicen procedan conforme a las leyes aplicables.
Segundo. Se solicita a todas las autoridades citadas las acciones que realicen para el seguimiento de dicho exhorto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputada María Teresa Marú Mejía (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los Ejecutivos federal y estatales a instruir públicamente a policías, ministerios públicos y jueces cívicos para no detener a personas por consumo lúdico de mariguana en vía pública si no afectan a terceros o por posesión simple sin pruebas o indicios claros de comercio o tráfico, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
La suscrita, diputada Martha Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado mes de febrero la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió un amparo en revisión, mediante el cual declaró la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Salud, relacionados con la prohibición absoluta del consumo lúdico de la mariguana.
“...en la presente ejecutoria se declara la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo; 237, 245, fracción I; 247, último párrafo y 248, todos de la Ley General de Salud , incluyendo las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para adquirir la semilla de cannabis en los términos señalados, por ser una medida desproporcionada y constituir el presupuesto necesario para que la cadena de autoconsumo de marihuana con fines lúdicos y recreativos amparada por el libre desarrollo de la personalidad de los quejosos pueda completarse.”
La declaratoria de inconstitucionalidad anterior no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas, en el entendido de que respecto de estos actos no existió solicitud y el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tal como lo prevé la Ley de Amparo (en su artículo 107), notificó al Congreso de la Unión, dándosele un plazo para efecto de derogar o modificar los artículos declarados inconstitucionales.
La consecuencia legal de que esto no ocurra, es decir, que el Congreso no emita una nueva regulación sobre el consumo de mariguana, será que el pleno de la Corte emita una declaratoria general de inconstitucionalidad, esto es, un pronunciamiento con efectos generales que hará inaplicable la norma respecto de cualquier persona, sin necesidad de acudir al juicio de amparo.
Lo cierto es que la obligación a cargo del Congreso no es tarea sencilla. La jurisprudencia de la Corte supone el diseño de una política en materia de mariguana, para pasar de un modelo prohibicionista a uno centrado en los derechos humanos, por lo que se requiere de un amplio proceso deliberativo que dé lugar a una reglamentación que minimice los riesgos, proteja el interés superior de los menores, etcétera.1
Es por ello que en días pasados la Corte otorgó, a solicitud de la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, una prórroga para llevar a cabo la reforma respectiva. El pleno del alto tribunal, considerando la complejidad, así como el interés público nacional del asunto, otorgó un nuevo plazo que vence el 30 de abril de 2020, fecha en que concluye el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, para emitir la nueva regulación.
En el entendido de que todas las fuerzas políticas, así como las autoridades federales han expresado su rechazo a que los usuarios sean criminalizados por el hecho de consumir, lo que en sí mismo constituye una violación a sus derechos fundamentales.
El mismo Ejecutivo federal se ha manifestado a favor de un nuevo enfoque de la política de drogas, Gady Zabicky, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) habló del nuevo paradigma de atención al consumo de drogas que se impulsaría, desde esta nueva administración, más que el uso lúdico de la cannabis, el “uso adulto” de la planta como medida de prevención para los menores de edad “...no se prohibiría su utilización con fines recreativos, pero se buscaría acotarlo para mayores de edad. Debemos siempre tener a los chavos de frente y darnos cuenta que la cannabis, si bien es una sustancia relativamente inocua después de los 25 años de edad, antes de eso es una sustancia bastante problemática”.
Adelantó que las Secretarías de Gobernación, de Hacienda, de Salud y de Agricultura trabajan en una nueva propuesta de ley sobre este tema. “Hay una ingeniería tremenda alrededor de ella (la iniciativa sobre uso de mariguana), está la sociedad civil metida en esto, yo creo que es probable que salgamos con una ley muy completa y, desde mi punto de vista, si sale nada más para el uso médico e industrial, saldría un poco coja”.2
Uno de los reclamos más urgentes que hacen las y los usuarios es el cese de detenciones y extorsiones por parte de la policía a causa de la posesión simple, y que como lo muestra la primera Encuesta de Usuarios de Drogas Ilegales de la Ciudad de México de 2012, 7 de cada 10 usuarios de cannabis ha sido detenido y extorsionado por la policía.
Las personas usuarias no representan un peligro a la comunidad, y dirigir el ejercicio de la ley hacia ellos sólo distrae recursos necesarios para otros delitos –como los violentos y contra la propiedad– proponemos que, mientras no tengamos una regulación y en el marco de lo que establece el artículo 21 constitucional respecto de que “La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. ...La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Aunado al principio de oportunidad señalado en el séptimo párrafo del mismo artículo 21 constitucional, el Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.
Y acorde al artículo 16 constitucional, que a la letra dice:
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
Se debe exhortar a las y los titulares del Ejecutivo federal y sus homólogos en las entidades federativas a que instruyan públicamente a sus policías, ministerios públicos y jueces cívicos a no detener usuarios por consumo en vía pública cuando no afecten a terceros, o posesión simple mientras no existan pruebas o indicios claros de comercio o tráfico.
En razón de lo anterior se somete a esta soberanía, la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador y a sus homólogos de las entidades federativas, a que con base en los artículos 16 y 21 constitucionales a que instruyan públicamente a sus policías, ministerios públicos y jueces cívicos a no detener personas usuarias por consumo en vía pública cuando no afecten a terceros, o por posesión simple mientras no existan pruebas o indicios claros de comercio o tráfico.
Notas
1 Arturo Zaldívar, Suprema Corte, mariguana y
democracia, 11 de noviembre de 2019, fecha de consulta 12/11/19, En
URL:
https://www.milenio.com/opinion/arturo-zaldivar/los-derechos-hoy/
suprema-corte-mariguana-y-democracia?fbclid=IwAR2A1V9FHC3st6DyZ_ir1wLzR_P5nr7n1EcwTvrt-u-ADp0-SF6zGYbwmcE
2 Buscan que cannabis tenga ‘uso adulto’ Zócalo, en url: https://www.zocalo.com.mx/reforma/detail/buscan-que-cannabis-tenga-uso- adulto
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades de la Ciudad de México a investigar lo ocurrido en la Casa de Niños Huérfanos, de Tenayo 128, colonia Tepeyac Insurgentes, Gustavo A. Madero, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Quien suscribe, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del PRD de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y III, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas, y Adolescentes de la Ciudad de México, de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y al titular de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna CDMX, a investigar los hechos ocurridos en la casa de niños huérfanos ubicada en la calle Tenayo 128, en la colonia Tepeyac Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, al tenor de los siguientes
Considerandos
El pasado 13 de noviembre se viralizó un video en redes sociales en el que se pueden escuchar los gritos desgarradores de niños huérfanos clamando por ayuda desde el interior de un orfanato de monjas ubicado en la colonia Tepeyac Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.
En el video también se puede observar que policías de la Ciudad de México arriban al lugar para verificar y averiguar el motivo de los gritos de los menores, sin embargo una de las monjas les prohíbe.
Vecinos de la zona comentan que no es la primera vez que escuchan los gritos desgarradores de los niños, es por eso que solicitan una investigación, ya que nadie conoce cómo son tratados los menores ahí dentro ni si están sujetos a alguna supervisión oficial.
Debemos recordar que el pasado 4 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en sus artículos 48 y 113, fracciones VII y IX, establece lo siguiente
Artículo 48. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.
La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud física y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 103 . Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes:
I a VII...
VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación;
VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá ser justificación para incumplir la obligación prevista en la presente fracción;
IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros de su familia.
Por lo anterior, debemos tener en cuenta que se establece la creación del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), diseñado para la alineación, transversalización, diseño e implementación de la política pública con perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia en los órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, servicios y presupuestos a nivel nacional, local y municipal para respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y reparar el daño ante su vulneración. Esta ley general constituye una herramienta fundamental en la búsqueda del camino que le permita a México cumplir con el mandato de asumir y tratar a sus niñas, niños y adolescentes como sujetos titulares de derechos, cambio estructural hacia el que transita la humanidad en su conjunto.
Por lo anterior, manifiesto mi preocupación por diseñar y reforzar la protección a los niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia en todas sus formas y, en consecuencia, resulta indispensable estrechar los vínculos entre los tres niveles de gobierno para que las niñas, niños y adolescentes tengan una vida digna y un desarrollo integral que les permita llegar a ser personas felices, responsables e íntegras.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, profundamente comprometida con los derechos de la niñez mexicana, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Niños, Niñas, y Adolescentes de la Ciudad de México, de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y al titular de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna CDMX, a investigar los hechos ocurridos en la casa de niños huérfanos ubicada en la calle Tenayo 128, en la colonia Tepeyac Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, a fin de resguardar y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes que ahí se encuentran.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a publicar los resultados del plan Carreteras Seguras y redoblar los operativos preventivos en las vías turísticas de mayor afluencia, dada la cercanía de las vacaciones decembrinas, suscrita por el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
El que suscribe, Jesús Sergio Alcántara Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, coordinador Arturo Escobar y Vega en representación de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 3, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
En las carreteras de México circulan anualmente 75 millones de personas y en temporadas vacacionales 16 millones de personas en forma adicional, por lo que ante esta saturación de usuarios de la red carretera nacional, la delincuencia opera en el anonimato. Se requiere combatir, mediante una estrategia interinstitucional los asaltos y robos en las carreteras de México y, con ello, disminuir sensiblemente los siniestros.
El año pasado, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la presentación del plan Carreteras Seguras, con el objetivo de combatir, mediante una estrategia interinstitucional y con la participación del sector privado, los asaltos y robos en las carreteras del país.
En esa ocasión se resaltó la importancia de haber modificado el artículo 19 constitucional, que permite robustecer el marco jurídico para combatir, entre otros, el robo en carreteras, instrumento imprescindible para materializar la estrategia integral para combatir el robo a autotransporte de carga y pasajeros.
Ese esfuerzo gubernamental buscó sumar recursos tecnológicos para generar la información necesaria en contra de la inseguridad. Pretendía no sólo ampliar la capacidad para generar información sobre la incidencia delictiva, sino para analizar esa información e incluso para generar inteligencia evite los robos al autotransporte.
Debemos recordar que la incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la Procuraduría General de la República en el fuero federal.
El plan Carreteras Seguras se centró en los tramos carreteros con más alta incidencia delictiva: carretera 150D, Ciudad de México-Puerto de Veracruz; carretera 37D, Morelia-Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; carretera autopista 57D, tramo Ciudad de México-Querétaro; y autopista 45D, en la continuación del trayecto Querétaro-Salamanca-Irapuato; autopista 95D, tramo Ciudad de México-Cuernavaca-Chilpancingo; y autopista 40D, tramo Monterrey-Reynosa.
En estos tramos carreteros se pondría en operación la aplicación electrónica de la División Científica APP “PF Carreteras”, una herramienta de información y denuncia ciudadana vinculada al 088, que permite reportar un hecho delictivo como el robo en carreteras, además de informar de incidentes carreteros y rutas seguras para los usuarios.
El “plan” también consideró la creación de “paraderos seguros”, donde los operadores contarían con bahías de descanso, servicios sanitarios e inspecciones aleatorias de mercancías y vehículos en diferentes puntos, y se fortalecería el intercambio de información con los C3, C4 y C5 de las entidades federativas, así como las fiscalías y procuradurías.
Asimismo, el “plan” buscó coordinar esfuerzos con el Consejo Coordinador Empresarial; el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, AC; la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga; la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo; y la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, AC.
Por parte del gobierno federal, en el plan Carreteras Seguras participan las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Centro Nacional de Inteligencia; Hacienda y Crédito Público, a través del Sistema de Administración Tributaria, Administración General de Comercio Exterior y Administración General de Aduanas; Comunicaciones y Transportes, a través de Caminos y Puentes Federales, y Turismo, a través de Ángeles Verdes.
Además, el gobierno federal presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública, donde se señala que se llevarán a cabo las siguientes acciones:
• Operaciones específicas de revisión y supervisión del transporte en rutas identificadas con mayor incidencia delictiva.
• Vinculación con centros de distribución, centrales de carga, cámaras del transporte y organismos del sector privado para intercambiar información sobre incidencias y eventos en carreteras.
• Establecer filtros de revisión y arcos en centrales de autobuses.
• Revisar las afectaciones de tramos carreteros y blindar los accesos a las autopistas.
• Uso de arcos gamma para detectar armas y drogas.
• Acceso a las cámaras de videovigilancia para detectar vehículos sospechosos o dedicados a actividades delictivas. Los tramos carreteros donde se iniciará el plan Carreteras Seguras serán
• Carretera 1500, Ciudad de México-Puerto de Veracruz.
• Carretera 370, Morelia-Puerto de Lázaro Cárdenas.
• Autopistas 570, tramo Ciudad de México-Querétaro; y 450, en la continuación del trayecto Querétaro-Salamanca-Irapuato.
• Autopista 950, tramo Cuernavaca-Chilpancingo.
Sin embargo, estas estrategias no han sido útiles en el combate de los robos contra autotransportes de pasajeros. Las cuatro autopistas en que se roban 5 de cada 10 camiones son la de peaje México-Veracruz, que conecta la Ciudad de México con las playas del puerto de Veracruz, a través de sus 400 kilómetros es el tramo más peligroso, ya que concentra 18 por ciento de los robos; la segunda es la México-Saltillo, con 11 por ciento; la México-Nogales, que suma 10; y el Circuito Exterior Mexiquense, con 9.0.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo denunció que este año han sido asaltados más de 900 camiones de pasaje en las carreteras del país. La cifra es prácticamente semejante a la registrada en 2018.
En virtud de lo expuesto se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a hacer públicos los detalles sobre los resultados del plan Carretera Segura, y redoblar los operativos preventivos en las carreteras turísticas de mayor afluencia, ante la cercanía del periodo vacacional decembrino.
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputados: Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, José Ricardo Gallardo Cardona, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Lilia Villafuerte Zavala, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Nayeli Arlén Fernández Cruz (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Oaxaca a reforzar con las autoridades locales las acciones para prevenir la violación de los derechos de las mujeres, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, Rosalinda Domínguez Flores, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, para que el titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, en coordinación con las autoridades locales de la entidad, refuercen las acciones para la prevención de la violación a los derechos humanos de las mujeres, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
II. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
III. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
IV. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
V. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
VI. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
VII. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.1
Así lo define el Código Penal Federal en su artículo 325.
En términos hábiles podemos entenderlo como la muerte violenta de las mujeres por razones de género, siendo este, la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas.
Según informa la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en los últimos años se han tomado algunas acciones para atender la violencia contra las mujeres, tanto a nivel Federal, así también ha sucedido con algunas entidades.
Ejemplo de lo anterior es que en la legislación contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la cual garantiza y protege el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Sin embrago la legislación dista de la realidad, no sirve de escudo si continúa existiendo una falta de interés interinstitucional y coordinación, pues sin lo anterior no se verá un avance claro para minimizar de manera efectiva los sucesos en contra de las mujeres, hechos que son marcados por una constante, la brutalidad y la impunidad.
Las cifras dan muestra clara de lo anteriormente señalado, pues según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en su más reciente informe denominado “Informe sobre violencia contra las mujeres ” este delito registró un aumento del 14.13 por ciento en el número de carpetas de investigación, y 15 por ciento en el número de víctimas, durante el periodo enero-agosto de 2019.2
En el caso particular del estado de Oaxaca, en el cual fue emitida la Alerta de Violencia de Genero, los homicidios en la entidad continúan con una tendencia al alza en 2017 fueron 117 casos, en 2018 hubo 123, y en 2019.
El Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer), que ha trabajado muy de cerca con los datos en el estado de Oaxaca, tiene identificadas tres regiones con mayores casos de feminicidio: el Istmo, con el 26 por ciento de los casos, seguido de la Costa con un 18 por ciento, y Papaloapan, con 16 por ciento, las tres regiones con declaratoria con alerta por violencia de género, sin embargo, señala que otra parte de los asesinatos sucedió en zonas sin alerta declarada.
La violencia contra la mujer en el estado de Oaxaca, ha sido motivo de agenda en el congreso local, construyendo incluso acuerdos para aprobar el decreto por el que se emite la declaratoria anual para la documentación oficial de los Poderes del Estado, Órganos Autónomos y Municipios, que deberán llevar el lema “2019, Año por la Erradicación de la Violencia de contra la Mujer”.
Asimismo, se aprobó una reforma a la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, dejando en materia legal que la violencia y discriminación contra las mujeres constituyen una violación a los Derechos Humanos, la reforma legal al estatuto de la entidad obliga a la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca para “iniciar los procesos de investigación de todas las muertes violentas de mujeres bajo la presunción de feminicidio.”
Con las actividades anteriores se demuestra la preocupación por parte del poder legislativo por las altas cifras de homicidio y violencia contra la mujer que existe en el estado, situación a la que no podemos ser ajenos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca, para que, en coordinación con las autoridades locales de la entidad, se refuercen las acciones para la prevención de la violación a los derechos humanos de las mujeres.
Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, para que, en coordinación con las autoridades locales de la entidad se implementen estrategias inmediatas de atención a las mujeres víctimas de violencia de género y se les garantice de manera hacedera el acceso a la justicia.
Notas
1 http://www.diputados.gob.mx/
2 https://www.elfinanciero.com.mx/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 26 de noviembre de 2019.
Diputada Rosalinda Domínguez Flores (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a implantar políticas públicas eficientes y evaluables en el corto, mediano y largo plazos para el saneamiento del río Lerma, a cargo de la diputada María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada María Teresa Marú Mejía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del artículo 6, numeral 1, fracciones I y VIII; artículo 76, numeral 1, fracción IV, y 79, numeral 1, fracción II, así como el numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los acuerdos sexto y octavo del acuerdo de la Mesa Directiva por el que se establecen las reglas básicas para el funcionamiento de la Comisión Permanente, por medio del presente someto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se exhorte a la directora de la Comisión Nacional del Agua, doctora Blanca Jiménez Cisneros; al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Rafael Pacchiano Alamán; al secretario de Salud, doctor. Javier Tapia Vega, todos los citados del gobierno federal; al director de la Comisión de Agua del Estado de México, licenciado Alfredo Pérez Guzmán; a los ayuntamientos de Almoloya del Río, San Antonio la Isla, Santiago Tianguistenco, Texcayacac, Atizapán de Santa Cruz, Capulhuac, San Mateo Atenco, Metepec, Lerma, Toluca, Otzolotepec, Temoaya, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Atlacomulco y Temascalcingo del estado de México; y los municipios restantes de la república mexicana, por donde pasa el caudal del río Lerma, para que implementen políticas públicas eficientes y evaluables a corto, mediano y largo plazo, para el saneamiento del río Lerma y frenar los impactos medio ambientales y los riesgos a la salud, que representa el alto grado de contaminación de dicho caudal hídrico, en cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en la materia, bajo la siguiente:
Exposición de Motivos
El río Lerma, nace en el municipio de Almoloya del Río y cruza por San Antonio la Isla, Santiago Tianguistenco, Texcalyacac, Atizapán de Santa Cruz, Capulhuac, San Mateo Atenco, Metepec, Lerma, Toluca, Otzolotepec, Temoaya, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Atlacomulco y Temascalcingo. Este cuerpo hídrico se origina en los manantiales de Almoloya del Río, en el Estado de México, atraviesa hacia el noroeste del Valle de Toluca, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y desagua en el lago de Chapala en Jalisco.
Desde un punto de vista histórico el río Lerma resulta fundamental, puesto que fue la ruta que siguió la tribu nahuatlaca, para llegar al Valle de México. Las leyendas sobre el origen de esta tribu nos ubican en un lugar de tierra colorada, que pudiera ser el valle inferior del río Colorado. Lo cierto es que se asentaron en Aztatlán o Aztlán, que significa “lugar de garzas” o “Lugar de la blancura”. Su localización exacta es desconocida, pero según algunos estudiosos, es posible que el lugar esté localizado en una laguna situada en la desembocadura del río San Pedro, en Mexcatitlán, Nayarit. La leyenda señala que salieron del “lugar de las garzas”, por mandato divino de Huitzilopochtli, quien les indicó que encontrarían un lugar mejor en donde estuviera un águila devorando una serpiente, posando sobre un nopal. Se cree que salieron de Aztlán entre el año 890 y el 1111, para emprender su migración hacia el Sur, en búsqueda de la señal. Vagaron durante años, según cuenta la leyenda, en búsqueda de la señal en donde debían fundar su ciudad, peregrinaron durante siete siglos.
Se cree que pasaron por los estados de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Querétaro y el actual estado de México, en un recorrido de norte a sur; es altamente probable que siguieran el caudal del río Lerma, que desemboca en la Laguna de Chapala y nace en Almoloya del Río en el Estado de México. Lo anterior es muy sencillo de deducir puesto que fueron esencialmente pescadores y cazadores y el río les ofreció el sustento alimenticio y de agua para sobrevivir. También tenemos que considerar que Nayarit, lugar de donde provenían, está cerca del hoy estado de Jalisco, en donde se ubica la laguna de Chapala. En el Códice conocido como la Tira de la Peregrinación, en el cual se dibuja parte de la mítica peregrinación, en uno de los gráficos finales se aprecia un cerro con un chapulín dibujado en la parte de arriba, lo que nos indican que llegaron al actual cerro de Chapultepec, provenientes del Valle de Toluca.
Pero la mayor importancia del río Lerma y la cuenca del mismo nombre, estriba en que es un recurso natural básico para las actividades humanas, y también en que sirve como fuente de energía eléctrica que surte a la ciudad de México y también provee agua potable por un acueducto que atraviesa la sierra de las Cruces, Por otra parte, se utiliza para riego de los cultivos de las zonas agrícolas situadas en sus márgenes. Como ejemplo, la zona maicera del norte del estado de México, Querétaro y el Valle de Santiago en el estado de Guanajuato, el cual ocupa un lugar importante dentro de las zonas agrícolas del país.
En Lerma, San Mateo Atenco, Toluca y sus alrededores, el río Lerma es sinónimo de mal olor y contaminación. Hace algunas décadas, antes de que comenzara la migración capitalina a Toluca, el río Lerma era uno de los lugares para visitar durante fines de semana. La gente caminaba a orillas del río mientras disfrutaba del paisaje de árboles llorones y de la flora que incluía patos mexicanos, ajolotes, polla acuática y charales que eran pescados por los lugareños. En la actualidad tiene todo tipo de desechos en el río: llantas, pañales, garrafones de agua, juguetes viejos y grandes cantidades de PET. A pesar de haber mucho desperdicio material, lo más preocupante es el desperdicio que no se puede ver, pero sí oler. Lo anterior supone que la contaminación es esencialmente proveniente de las descargas provenientes de las industrias asentadas en la zona y de las descargas de drenajes de los municipios aledaños al río, que vierten sus descargas sin tratamiento alguno.
En nota publicada por el periódico Milenio en 2007, ambientalistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, declaran que el río Lerma es una cloaca que está biológicamente muerto.
“Ambientalistas de la UNAM lo describen como una cloaca enorme y maloliente y sin posibilidades de sanear... No hay oxígeno a lo largo de los primeros 15 kilómetros del río Lerma que cruza el Estado de México”.
La Cuenca Alta de río Lerma es la zona con mayor desarrollo económico del país. Se localizan alrededor de 2 mil 500 industrias.
Existe contaminación de todo el afluente. Un diagnóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), muestra que, del total de kilómetros del curso del afluente, un “cero por ciento, no está contaminado”, es decir, presenta diferentes grados de suciedad, entre residuos tóxicos industriales y domésticos.
Reducción de acuíferos. Por la sobreexplotación de los mantos friáticos para abastecer a la Ciudad de México. Antes podía localizarse el agua a una profundidad de 10 metros, hoy se tienen que perforar pozos de hasta 160 y 200 metros de profundidad”.1
En un informe del 2014 de la ONG internacional ambientalista Greenpeace , no sólo lo señala como contaminado sino tóxico para la población por la presencia de metales pesados, cito parte de dicho informe: “En ambos ríos (Lerma y Atoyac) se encontraron metales pesados: cadmio y cromo . Ambos metales tienen la calificación más alta en la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC). Los metales pesados representan un riesgo para la salud por su alta toxicidad y que la mayoría están clasificados como cancerígenos o probables cancerígenos para los seres humanos.
Presencia de compuestos orgánicos volátiles y semi-volátiles:
Se detectaron 51 compuestos orgánicos volátiles (COV) y semi-volátiles (sCOV ), algunos de los cuales son clasificados como potencialmente cancerígenos para vertebrados y probables cancerígenos para humanos . La mayoría de las sustancias presentes en las muestras son consideradas disruptores hormonales , es decir, que tienen efectos directos sobre el sistema endócrino y en la reproducción . Lo anterior los hace potencialmente riesgosos ya que por sus propiedades fisicoquímicas son fácilmente dispersados en el aire y en consecuencia el riesgo de exposición es alto”.2
El problema ambiental toma dimensiones de gravedad cuando amenaza la salud pública de los pobladores que viven cercanos a los márgenes del río y aún de aquellos consumidores de productos que son regados con aguas del contaminado río. Enfermedades gastrointestinales, dermatitis y conjuntivitis son los principales padecimientos a los que están expuestos los menores de edad y adultos mayores. La problemática aumenta durante la temporada de lluvias, debido a los desbordamientos de aguas negras. Actualmente estamos en esa temporada y al parecer el periodo de lluvias estará cargado de grandes cantidades de agua que ponen en riesgo latente a la población del desbordamiento y la consecuente contaminación con el agua que se vierta de los caudales del río.
Laura Velásquez a escrito sobre los problemas de cáncer en niños que viven cerca del río Lerma:
“Datos de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), señalan que el índice de niños que enfrentan algún cáncer se presenta con mayor frecuencia en municipios que colindan con el río Lerma, el número de casos diagnosticados entre niños ha ido en incremento, derivado de diversas condiciones, entre ellas la alimentación y en el caso del Valle de Toluca, la cercanía con los agentes patógenos del río, por lo que han detectado “focos rojos”, y aunque, si bien la enfermedad es un fenómeno multifactorial, tiene mayor incidencia entre pequeños de entre cinco y nueve años de edad, principalmente en varones y en su variedad de leucemia, que representa 60 por ciento de los cánceres infantiles.”
A decir de la Especialista en Oncología Pediátrica adscrita al Hospital Materno Infantil del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), Norma Araceli López Facundo, los casos de cáncer pediátrico han aumentado en los últimos años, ya que, del total de estos, el 40 por ciento corresponden a cáncer por factores ambientales y han detectado que son casos de niños que viven en las cercanías de los canales de aguas negras en el río Lerma.
“Está comprobado el papel que juegan los contaminantes ambientales, en el riesgo de algún tipo de cáncer sobre todo de la sangre, sobre todo con cáncer pediátrico”, señaló.3
Incidencia de cáncer
El profesor investigador del Instituto Tecnológico de Toluca (ITTol), Pedro Ávila Pérez, indicó que a bajas concentraciones de contaminantes hay riesgo de que se incremente la incidencia normal de cáncer con la población, pero, todos los cánceres tienen un nivel de incidencia normal, sin embargo, cuando éstas se exponen a concentraciones de contaminantes ambientales que pueden ser en el agua o en el aire, lo que ocurre es que de repente se incrementa esa tasa normal.
El experto, ejemplificó que, si la tasa normal de incidencia de cáncer de próstata es de 8 individuos por cada millón de habitantes, cuando los niveles de contaminación aumentan, en relación con cáncer, en lugar de ser 8 el número de casos, estos pueden aumentar a 9, 10, 11 y esa es la tasa de incidencia que incrementa, dijo.
Dado este contexto, el investigador del Instituto Tecnológico de Toluca (ITTol), precisó que sin ser un factor cien por ciento total, el aumento en el número de casos pueden ocurrir justamente a problemas de exposición de contaminantes, sin embargo, el hecho de que se propicien meramente en las comunidades cercanas al río Lerma y que tengan una relación causal ya sea por realizar alguna actividad cerca de ahí, que se alimenten con vegetales o animales que toman de las aguas del río Lerma o que hayan estado expuestos a la contaminación, aún no es totalmente comprobable.
Principal problema del río Lerma
El también Doctor en Ingeniería Ambiental, señaló que el principal problema del río Lerma es la contaminación del tipo orgánica, aguas residuales sin tratar de las ciudades urbanas y las que se producen en casa, por lo que mencionó que se tendría que analizar si el aumento de los casos se da o no ante una relación causal a la contaminación de este río.
Externó que, aunque la contaminación de este espacio tiene mucho tiempo, la solución es sencilla para erradicar el problema, el cual, radica en que todas las descargas que provienen de las ciudades y que se dirigen al río Lerma, se traten completamente, “ya que no todas las aguas residuales se están tratando”.
Calculó que aproximadamente, sólo el 40 por ciento de las aguas residuales que se descargan a este espacio hídrico se tratan y añadió que desafortunadamente, el 60 por ciento de las industrias también están descargando sus aguas residuales sin tratamiento alguno, sobre todo las micro y pequeñas empresas, ya que las grandes tienen sus propios sistemas de tratamiento.
También resulta importante señalar que las presas, represas, bordos y demás vasos de almacenamientos de agua, que forman parte de la cuenca del Lerma, también son contaminados con descargas ilegales con la entera complacencia de autoridades federales, estatales y municipales; tal es el caso de lugar conocido como las presa Santa Elena en la comunidad de los Reyes en Jocotitlán, estado de México, - municipio al cual represento - y en donde las descargas de drenaje de tres comunidades: Los Javieres y Los Reyes, han contaminado las aguas de dicho vaso receptor de agua y a pesar de esta contaminación, en tiempo de riego utilizan estas aguas para riego de parcelas, se cultivan peces que se comen y comercializan por los lugareños con los riesgos que implican para la salud.
Aunque la Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEMARNAT-1996, NOM-002. SEMARNAT-1996 Y LA NOM-003-SEMARNAT-1997, establecen límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, la verdad es que aún no han logrado las autoridades en su conjunto que todas las aguas residuales se traten y con esto hacer respetar la norma. Tanto descargas de drenajes como de las industrias y comercios impunemente siguen cometiendo el ecocidio sin que las autoridades de los diversos niveles hagan respetar las normas vigentes por lo que puede presumirse de manera fundada que la impunidad tenga su origen en otros vicios mayores.
Es oportuno señalar que año con año desde hace décadas se destinan recursos federales, estatales y municipales con el propósito de lograr el saneamiento de dicho Río Lerma, pero la mejoría no se ha hecho evidente, por lo que con toda seguridad no han tenido una aplicación adecuada, lo cual también sería importante su revisión.
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución mediante el cual se exhorte a la directora de la Comisión Nacional del Agua, doctora Blanca Jiménez Cisneros; al secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, ingeniero Rafael Pacchiano Alamán; al secretario de Salud, doctor Javier Tapia Vega, los citados anteriormente del gobierno federal; al director de la Comisión de Agua del estado de México, licenciado Alfredo Pérez Guzmán; a los ayuntamientos de Almoloya del Río, San Antonio la Isla, Santiago Tianguistenco, Texcalyacac, Atizapán de Santa Cruz, Capulhuac, San Mateo Atenco, Metepec, Lerma, Toluca, Otzolotepec, Temoaya, Almoloya de Juárez, Ixtlahuaca, Jocotitlán, Atlacomulco y Temascalcingo, del estado de México; y los municipios restantes de la República Mexicana, por donde pasa el caudal del río Lerma, para que implementen políticas públicas eficientes y evaluables a corto, mediano y largo plazo, para el saneamiento del río Lerma y frenar los impactos medio ambientales y los riesgos a la salud que representa el alto grado de contaminación de dicho caudal hídrico, en cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en la materia y procedan a realizar una revisión de todos aquellos casos en los que se está violentando la normatividad en perjuicio del referido río y como consecuencia de ello del medio ambiente y de las personas, y procedan conforme lo disponen las leyes para sancionar a los responsables.
Segundo. Se solicite a todas las autoridades citadas, las acciones que han realizado las dependencias a su cargo, en el saneamiento del multicitado río Lerma, durante los 6 años anteriores a la fecha. así mismo en caso de haber recibido recursos para tal fin, informe los montos y las acciones en que se gastaron dichos recursos.
Notas
1 Periódico Milenio , 2017.
2 Greenpeace, 2014.
3 Velásquez, Laura. “Río Lerma, fuente de contaminación y enfermedades”, periódico El Heraldo. Martes, julio 30, 2019.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 noviembre de 2019.
Diputada María Teresa Marú Mejía (rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades de salud a incluir en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud los mejores tratamientos de la diabetes tipos I y II, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quien suscribe, la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. Registro Nacional de diabetes tipo I
La diabetes mellitus (DM) es un grupo de trastornos metabólicos que se caracteriza por elevados niveles de glucosa en la sangre (hiperglucemia). Puede ser ocasionado por defectos en la secreción o acción de la insulina o, en algunos casos, la nula producción de insulina. Esto se debe a varios procesos involucrado en su aparición, que varían desde la desnutrición autoinmunitaria de las células Beta del páncreas, hasta alteraciones que conducen a la resistencia a la acción de la insulina.
En nuestro cuerpo existe una glándula llamada páncreas que realiza dos funciones:
1. Exocrina, encargada de producir enzimas digestivas que llegan directamente al intestino delgado.
2. Endócrina, donde se segregan hormonas (insulina y glucagón) que pasan a la sangre.
Tipos de diabetes:
1. Diabetes mellitus tipo I
2. Diabetes mellitus tipo II
3. Diabetes gestacional
4. Otros tipos de diabetes.
En la diabetes mellitus tipo I (DMI) el páncreas no puede producir insulina, ya que la célula Beta fue destruida por un proceso autoinmunitario, el organismo se ataca a sí mismo, destruyendo esta célula por completo. Su aparición es de manera rápida y agresiva, los pacientes pueden deshidratarse debido a la hiperglucemia, así mismo se presenta una marcada pérdida de peso y generalmente aparece en los primeros años de edad.
A fin de regular la función natural de producción de insulina que realiza el páncreas, un paciente con DMI, prácticamente toda su vida debe de administrarse insulina. La aplicación de la insulina se realiza de dos maneras:
1. Una basal cada 24 horas.
2. Pulsátil, es decir, cada que la persona ingiere alimentos o los niveles de glucosa estén elevados.
Este tipo de diabetes, no se asocia con el sobrepeso ni con la obesidad. Entre la sintomatología más frecuente se encuentra, exceso de orina (poliuria), sed (polidipsia), hambre constante (polifagia), pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio y todos estos síntomas pueden aparecer de forma súbita.
De no tratarse adecuadamente este tipo de padecimientos, el paciente puede desarrollar las siguientes comorbilidades:
• Los adultos con diabetes tienen un riesgo 2 a 3 veces mayor de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular.
• Las neuropatías de los pies combinada con la reducción del flujo sanguíneo incrementan el riesgo de úlceras de los pies, infección y, en última instancia, amputación.
• La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y es la consecuencia del daño de los pequeños vasos sanguíneos de la retina que se va acumulando a lo largo del tiempo. El 2.6% de los casos mundiales de ceguera es consecuencia de la diabetes.
• La diabetes se encuentra entre las principales causas de insuficiencia renal.
Prevalencia de diabetes mellitus tipo I:
• A nivel mundial. Se calcula que entre el 5 y 7% del total de los casos de diabetes, corresponden a DMI.
• En 2017, el número de personas con diabetes en México (diagnosticadas y no diagnosticadas), se calculó en 534,200. En este sentido, se estima que 165,342 padecen DMI.
• En nuestro país se estima que aproximadamente el 1% de los casos reportado de diabetes, corresponden a DMI.
Problemática para los pacientes con diabetes mellitus tipo I:
• Actualmente no se sabe cuántos pacientes con DMI viven en México y cuál es su condición de salud.
• Los pacientes con DMI, solamente pueden recibir insulina en Segundo y Tercer nivel de Atención, implicando de manera importante la economía de las personas más pobres que viven en comunidades lejanas.
• Los pacientes con DMI no reciben medidores de glucosa, tiras, lancetas o, si es necesario, bombas de insulina.
• El gasto de bolsillo para un paciente con DMI es aproximadamente del 50% del ingreso familiar, lo que implica grandes sacrificios para el paciente y para su entorno.
En este contexto, se requiere que se concentre la información derivada del sector salud en un registro Nacional de Pacientes con diabetes mellitus tipo I, así como que se garantice que estos pacientes reciban todos los insumos y medicamentos que requiere su tratamiento.
Este registro permitiría determinar, de manera fehaciente, las necesidades reales de los pacientes diagnosticados con DMI y rastrear el uso de insulina, así como la necesidad de abasto en las diferentes clínicas y hospitales.
Este registro podrá ser una herramienta para monitorear la salud de los pacientes con DMI en cualquier institución y Estado de la República en el que se encuentren, así como garantizar disponibilidad y abasto de insulina y herramientas para el monitoreo del paciente.
En este sentido, hacemos un llamado a nuestras autoridades sanitarias a fin de:
1. Asignar una partida presupuestal específica para la atención y tratamiento de los pacientes con diabetes mellitus tipo I.
2. Garantizar que las tiras, lancetas, medidores de glucosa y bombas de insulina sea parte del tratamiento que el sector salud proporciones, a fin de reducir el gasto de bolsillo de las familias.
3. Elaborar un Registro Nacional único con los datos de los pacientes con diabetes mellitus tipo I, de todas las instituciones de salud para determinar con precisión el número de casos, sus características, los medicamentos prescritos. así como la evolución y estado de salud de los pacientes, a fin de que los profesionales de la salud elaboren estrategias efectivas para una mejor atención y mejorar la calidad de vida de estos pacientes y sus familias.
2. Acceso a medicamentos
Nuestro actual Sistema Nacional de Salud se encuentra en una transición con miras a un acceso efectivo, universal y gratuito de los servicios de salud, asistencia social y medicamentos; promoviendo la no discriminación y la inclusión, a través de la promoción de la Universalidad de los Derechos Humanos.
A pesar de tener garantizado por ley el acceso a medicamentos y tratamiento completo, los pacientes no lo están recibiendo debido a las siguientes razones:
1. No hay abasto suficiente de medicamentos en el sector salud.
2. Aquellos que requieren insulina no siempre la pueden recibir en Primer Nivel de Atención y muchos pacientes deben viajar grandes distancias a fin de obtenerla, lo cual, impacta directamente en el bolsillo de las familias, ya sea por el traslado o por la erogación para obtenerla.
3. Hay cambios frecuentes en la prescripción y entrega del tipo de insulina para el mismo paciente, lo que puede dificultar el manejo de su condición.
4. Los médicos requieren capacitación profunda para la correcta dosificación de la insulina. Esta capacitación debe incluir tipos de insulina, tiempos de acción, técnica de aplicación, almacenamiento y desecho de materiales, así como herramientas para transmitir toda esta información al paciente con DMI y su familia.
En este sentido, se debe garantizar el tratamiento personalizado de los pacientes con DMI en el proceso de transformación del Cuadro Básico hacia el Compendio Nacional de Insumos Para la Salud, y que con base en ello se tomen en cuenta las necesidades reales de los pacientes, para la elaboración de los protocolos técnicos de atención y su debida actualización de las Guías de Práctica Clínica.
En un escenario de austeridad presupuestal, es una necesidad nacional la priorización de la salud vista como un factor fundamental para apoyar la productividad y el crecimiento económico del país.
En este sentido, se hace un llamado a nuestras autoridades sanitarias a fin de que los mejores tratamientos para la DMI se incluyan en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud, entre las cuales destacan:
• Los análogos de insulinas de acción ultrarrápida que deben administrarse en los pacientes con DMI cada vez que se ingiere un alimento (se utiliza antes de cada comida).
• Insulinas de acción intermedia y los análogos de acción prolongada que se utilizan dos veces al día o una vez cada 24 horas, dependiendo el tipo, y sirven para controlar los niveles de azúcar entre cada alimento y por las noches.
Las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo pueden utilizar los insumos establecidos en el Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos (CByCM) como lo indica la ley. Sin embargo, el objetivo por el cual fue creado este instrumento no se ha cumplido cabalmente, entre otras razones porque:
• La política de acceso a medicamentos no es clara.
• No satisfacen la demanda de medicamentos.
• Crean necesidades que no son prioritarias para la salud.
• Se han detectado inconsistencias en la definición de medicamentos esenciales.
A fin de contar con los insumos apropiados y necesarios en materia de salud, el pasado 26 de junio el Consejo General de Salubridad aprobó la creación del Compendio Nacional de Insumos para la Salud que sustituirá al CByCM y que tiene la finalidad de ser un catálogo amplio donde quepan los mejores tratamientos e insumos de probada calidad.
En este sentido, es prioritario que las autoridades sanitarias escuchen las peticiones de los médicos especialistas en diabetes y de los pacientes, y que sean incluidos todos los tratamientos, de tal forma que se cuente con una base sólida para lograr la cobertura universal.
También solicitamos que la cobertura sea incluida en el futuro Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, organismo que se espera que en el 2020 cubrirá las facultades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, adicionando beneficios para los pacientes como las de eliminar barreras de acceso a todo tipo de padecimientos, de acuerdo con las necesidades de las personas.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Secretario de Salud, doctor Jorge Alcocer Varela; y al titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, doctor Gustavo Reyes Terán, a emprender las medidas pertinentes para la creación del Registro Nacional Único de Diabetes Tipo I.
Segundo. Se exhorta respetuosamente al Secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela y al Secretario del Consejo de Salubridad General, Dr. José Ignacio Santos Preciado, a fin de que los mejores tratamientos para la diabetes tipo I se incluyan en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
Tercero . Se exhorta respetuosamente al Secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela a que, en la puesta en marcha del Instituto de Salud para el Bienestar, se garantice el diagnóstico, tratamiento y atención a los pacientes con diabetes tipo I y tipo II.
Bibliografía
• http://www.diabetes.org/es/informacion-basica-de-la-diabetes/diabetes-t ipo-1/?loc=hottopics-es
• https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
• http://fmdiabetes.org/ada/
• https://www.idf.org/e-library/education/148-educational-guide-on-nutrit ion-and-diabetes-inschools.html
• http://funsalud.org.mx/wp-content/uploads/publicaciones/Carga-Economica -diabetes-en-Mexico-2013.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob, la Sedena, la SSPC y la SRE a establecer una campaña permanente de control de tráfico y portación ilegal de armas de fuego por el aumento de crímenes, suscrita por el diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez e integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena
El que suscribe diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez, diputado coordinador Arturo Escobar y Vega en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados federales Francisco Elizondo Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Alfredo Antonio Gordillo Moreno; Ana Patricia Peralta de la Peña, y Erika Mariana Rosas Uribe, integrantes de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; así como el artículo 79, numeral 3, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación; a la Secretaría de la Defensa Nacional; a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a establecer coordinadamente una campaña permanente de control de tráfico y portación ilegal de armas de fuego, ante el aumento de los índices de crímenes con armas de fuego, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Los acontecimientos de violencia que en las últimas semanas se han presentado en diversos estados de nuestro país, debe de movernos a una seria reflexión sobre la construcción de una política de control de armas de fuego eficaz y eficiente.
Las estadísticas en materia de percepción de la inseguridad en nuestro país son muestra irrefutable de lo anterior, basta citar que, de acuerdo con cifras oficiales, al primer trimestre de este año 2019, al menos el 74.6 por ciento de la población de 18 años o más declaró que vivir en su ciudad es inseguro; lo que significa un 0.9 por ciento mayor en comparación con lo registrado en el mismo periodo del año pasado, el 2018.1
De acuerdo con cifras oficiales, en el primer semestre de 2019, se han registrado 20 mil 599 homicidios, lo que significa 22 homicidios por cada cien mil habitantes, cifra que va en aumento y es 6 por ciento mayor a la que, en el mismo lapso de tiempo, se registró en el año 2018.2
Por otro lado, cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional, muestran que en el primer semestre de 2019 se registró la venta o existencia ilegal de 30 mil 724 armas en el país,3 ello a pesar de que ha habido campañas de canje de armas o desarme voluntario en todo el territorio nacional. Basta mencionar que se calcula que la venta de armas registrada en el primer semestre de este año es un 35.3 por ciento mayor a la de todo el año pasado, el 2018.4 Esto significa que el número de armas vendidas o registradas por la Sedena en lo que va de este año 2019, es el mayor volumen del que se tenga registro en al menos los últimos cuatro años.5
En conclusión, tenemos que México es un país conformado por una sociedad pistolizada, en la que hay al menos 1 arma legal por cada 3 mil 912 habitantes.6
Pese a los esfuerzos de distintas administraciones federales, la ola de violencia por armas de fuego ha provocado las cifras más altas de viudez en México durante 2018. Así lo ha señalado el INEGI que registró que 5 mil 796 personas casadas perdieron la vida por el ataque de una pistola o rifle, nivel similar al registrado en 2011, uno de los años más sangrientos en la historia del país, cuando se reportaron 5 mil 437 asesinatos de población desposada.
La posesión y uso de armas de fuego son algunos de los aspectos que se consideran están detrás de los altos niveles de violencia observados en muchos países de América Latina y del mundo y México no es la excepción. Los altos índices de criminalidad provocan el interés de los ciudadanos por portar armas de fuego.
Si bien nuestra legislación es estricta en lo concerniente a poseer y portar armas de fuego, también se regula el derecho a su posesión bajo ciertas restricciones (relacionadas con el tipo y calibre del arma y si es o no de uso exclusivo del ejército) y tras ser registradas en la Secretaría de Defensa Nacional.
Sin embargo, se ha documentado un cuantioso ingreso ilegal de armas de fuego al país a través de ambas fronteras, lo que ha propiciado que exista una amplia disponibilidad de todo tipo de armas en las calles, de cada vez de mayor calibre, reflejando un incremento de hechos delictivos cuyo propósito no era, en principio privar de la vida a una persona, tales como robos o peleas.
El uso de armas de fuego en el país para cometer homicidios dolosos se incrementó en octubre pasado a rangos sin precedente, según muestra la compilación del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación y lo que es congruente con el aumento de la posibilidad de adquirir fácilmente un arma de fuego.
Si bien nuestra Constitución establece en su artículo 10 la posibilidad de que los habitantes de este país posean armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, estableciendo la salvedad de las armas prohibidas por la ley de la materia y las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.
Al respecto, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que los ciudadanos podrán poseer o portar pistolas de funcionamiento semiautomático de calibre no superior al .38 (9mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38 Súper y .38 comando y las Magnum, Máuser, Luger, Parabellum y Comando y los modelos similares a éstas.
En cuanto a la relación de actos delictivos y armas de fuego, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que entre 2013 y 2018 el número de carpetas de investigación abiertas por homicidios dolosos y culposos en el país, tuvo un incremento de 102%. De la misma manera, la organización México Evalúa ha señalado que en México se registraron 34 mil homicidios a nivel nacional, de los cuales 70% fueron perpetrados con armas de fuego.
En 2018 la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) mostró que 818,843 hogares poseían un arma de fuego para protegerse de la delincuencia y que al menos 25.7 millones de personas en el país han escuchado frecuentemente detonaciones cerca de su hogar, situación que contrasta con los 21 millones que habían reportado esa situación en 2017.
La cada vez más fácil disposición de armas de fuego necesariamente se encuentra relacionada con una mayor disposición en el mercado negro; por el tráfico ilícito y el contrabando.
Entre enero de 2018 y marzo de 2019 las 49 aduanas mexicanas han embargado y entregado a las autoridades competentes 77 mil 110 cartuchos de diferente calibre que los delincuentes buscaban internar al país de manera ilegal a través de los pasos vigilados, lo que deja en promedio 170 balas aseguradas por día.
Debido a nuestra cercanía con Estados Unidos, primer productor de armas de fuego a nivel internacional, existe gran movimiento ilícito de armas. Datos de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, indican que más del 90% de armas de fuego aseguradas en México provienen de Estados Unidos.
Si bien los gobiernos de México y estados Unidos anunciaron en semanas recientes, implementar acciones conjuntas y reforzar los esfuerzos de inteligencia para frenar el tráfico de armas a través de un operativo conjunto denominado “Frozen”, este operativo no será efectivo si no se impulsan verdaderas acciones coordinadas en nuestro país para detener el uso indiscriminado de armas de fuego en los llamados delitos de alto impacto.
Es urgente que las autoridades federales establezcan una campaña coordinada para controlar el flujo de armas ilegales en nuestro país, iniciando por su ingreso a territorio nacional, pero también inhibiendo su portación ilegal.
Se requiere de una estrategia conjunta y bien definida que involucre a las distintas instancias de gobierno involucradas a brindar seguridad a nuestro país. Estamos ante un tema de seguridad nacional que requiere estrategia, cooperación, información de inteligencia y acciones contundentes para detener el tráfico ilegal y uso de armas de fuego en nuestras calles.
En virtud de lo antes expuesto, se somete ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para quedar como sigue:
Acuerdo
Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación; a la Secretaría de la Defensa Nacional; a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a establecer coordinadamente una campaña permanente de control de tráfico y portación ilegal de armas de fuego, ante el aumento de los índices de crímenes con armas de fuego.
Notas
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Reporte primer trimestre 2019.
2 Sistema Nacional de Seguridad Pública.
3 Secretaría de la Defensa Nacional. Reporte enero-junio 2019.
4 Ibídem.
5 Ibídem.
6 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 26 días del mes de noviembre de 2019.
Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Óscar Bautista Villegas, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Francisco Corona Méndez, Zulma Espinoza Mata, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, José Ricardo Gallardo Cardona, Lilia Villafuerte Zavala, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Alfredo Antonio Gordillo Moreno (rúbrica).
Con punto de acuerdo, relativo a posibles hechos constitutivos de delitos y responsabilidades administrativas derivados del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2018 realizada por la ASF a la CFE, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Dolores Padierna Luna, diputada integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades respecto de posibles hechos constitutivos de delitos y de responsabilidades administrativas derivados del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2018 realizada por la Auditoría Superior de la Federación a la Comisión Federal de Electricidad, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2018 realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)1 revela un manejo destructivo y perverso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por parte de la pasada administración.2 Ya sea que se trate de las actividades de generación, transmisión, distribución o suministro de combustibles para producir electricidad, salta a la vista el afán de socavar las bases técnicas, económicas, financieras e institucionales de la empresa productiva del Estado, no sólo para facilitar la privatización sino también para brindar a los contratistas grandes ventajas en detrimento de las finanzas públicas.
En cuatro años de aplicación de la reforma energética la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se vino abajo. Ni se resolvieron los problemas que se adujeron para justificar la reforma, ni se cumplió el nuevo mandato de rentabilidad y creación de valor. Peña dejó una empresa quebrada y fragmentada, inmovilizada y endeudada, con baja eficiencia y productividad, pero también atada a contratos de largo plazo muy desfavorables para la empresa pública, que la presente administración no canceló, pero sí renegoció para disminuir su impacto negativo en la hacienda pública.
Para justificar la reforma energética el gobierno peñista realizó un diagnóstico sesgado que subrayó elevados costos de generación, carencia de recursos para construir, modernizar y dar mantenimiento a la infraestructura, así como una multitud de ineficiencias operativas y comerciales que se traducían en altos precios de la electricidad, poco competitivos con respecto a otros países. Bajo la bandera de generar valor económico y rentabilidad para el Estado, la reforma redujo el servicio público de energía eléctrica a su mínima expresión, al tiempo que fragmentó la CFE en nueve empresas subsidiarias y cuatro empresas filiales3 con el imperativo legal de operar completamente separadas y en competencia entre sí. El objeto de esa fragmentación –se dijo– consistía en facilitar una participación eficaz y competitiva en la industria energética, que más allá de eufemismos significaba no interferir ni afectar inversiones y operaciones de las empresas privadas ya instaladas y las que seguirían entrando a la industria eléctrica.4
¿Qué detectó la ASF al término de la administración de Enrique Peña Nieto? La fiscalización de la Cuenta Pública de 2018 da cuenta del saqueo intencionado y del abandono del que fue objeto CFE para acelerar su extinción. El trabajo del auditor arroja los resultados siguientes:
- CFE Generación (I a VI). Las seis empresas de generación no produjeron valor ni rentabilidad para el Estado mexicano, por falta inversión en construcción, mantenimiento, rehabilitación y optimización de centrales eléctricas, que propiciaron indisponibilidad e ingresos insuficientes para recuperar los costos de generación. La falta de suministro de gas natural en algunas plantas, los retrasos en los programas de instalación de nuevas unidades, así como las fallas en la organización y estructura y en el sistema de gestión de riesgos empresariales, también contribuyeron a la nula rentabilidad y la destrucción de valor económico.
- CFE Transmisión. La subsidiaria no cumplió con el mandato de creación de valor, principalmente por falta de inversión que le permitiera eliminar los rezagos acumulados y cumplir con los 46 proyectos y programas instruidos por la Secretaría de Energía, establecidos en el Prodesen 2018-2032. A pesar de que el Fideicomiso Fibra E entró en operación en 2018 para cumplir con los compromisos de largo plazo en materia de infraestructura, no se utilizaron los recursos obtenidos con ese instrumento financiero. La deficiente carátula financiera de CFE Transmisión también se explica por los subsidios cruzados a favor de CFE suministros básicos y las pérdidas de energía en la infraestructura de transmisión.
- CFE Distribución. Esta subsidiaria no estuvo en condiciones para cumplir con su objetivo estratégico de ser rentable y generar valor para el Estado mexicano, principalmente por los rezagos en materia de infraestructura, robo de energía, subsidios cruzados a favor de CFE suministros básicos, así como fallas en planeación, programación, presupuestación e implementación de proyectos.
- CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB). Esta fue la subsidiaria que menos cumplió en el mandato de creación de valor y rentabilidad para el Estado mexicano. Su patrimonio negativo alcanzó 63 mil 641 millones de pesos. El gobierno peñista hizo muy poco para recuperar y contener el crecimiento de la cartera vencida (47 mil 583 millones de pesos), afectada por la “cultura del no pago”, fenómeno al que tampoco atendió con el vigor y prestancia requerida. Esta subsidiaria fue el “chivo expiatorio” de una errada política energética y social: los subsidios generalizados a los sectores residencial y agrícola sumaron 136 mil 634 millones de pesos, de acuerdo a la estimación de la ASF,5 pero la subsidiaria recibió una transferencia gubernamental de sólo 81 mil 405 millones de pesos, faltaron 55 mil millones de pesos que impactaron las finanzas de la empresa. La política de estancamiento de las tarifas eléctrica para que lucieran como un logro de la reforma energética tuvo un altísimo costo. Esa política repercutió en todas las empresas subsidiarias porque la Secretaría de Energía y CFE Corporativo establecieron mecanismos para implementar subsidios cruzados, a partir de los cuales las subsidiarias de generación, transmisión y distribución financiaron el suministro básico. La pasada administración aseguraba que gracias a la reforma energética el precio de la electricidad en México ya era más competitivo que en los Estados Unidos. Las auditorías practicadas por la ASF desmienten tal afirmación. El auditor señala textualmente que el precio de la electricidad en México en 2018 (1.74 pesos/kilowatt hora) fue “artificialmente” competitivo con respecto al precio en los Estados Unidos (2.08 pesos/kilowatt hora). Si el precio en México no hubiera estado subsidiado y reflejara el costo real del servicio (2.46 pesos/kilowatt hora) habría sido superior al precio en el país vecino, concluye contundente el auditor superior.
- CFE Corporativo. El Corporativo y sus nueve subsidiarias arrojaron indicadores operativos y financieros cada vez más deteriorados. La problemática anterior a la reforma lejos de atenderse se agudizó. El Consejo de Administración fue omiso en atender la crítica situación de la empresa; no instruyó medidas correctivas específicas para dar respuesta a la agudización de los problemas a lo largo de la cadena de valor. De igual modo, la función de supervisión desempeñada por los comités del Consejo fue deficiente. No existió una adecuada gobernanza para dirigir y controlar la evaluación y el seguimiento ex post de los proyectos de inversión en operación. El Corporativo no generó, integró ni consolidó información para evaluar en qué medida los proyectos de inversión incrementaron el valor patrimonial de la empresa. El Plan de Negocios 2018-2022 careció de métricas para cuantificar, monitorear y evaluar el cumplimiento del mandato fundamental de la empresas, subsidiarias y filiales.
- Además, la ASF detectó que el Corporativo no presentó oportunamente en la Cuenta Pública 2018, ni a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los estados financieros consolidados dictaminados, correspondientes al ejercicio fiscal de 2018, lo cual impidió conocer la situación financiera de la empresa dentro de los plazos establecidos en la normativa, y afectó la rendición de cuentas hacia las principales partes interesadas: la Cámara de Diputados, la ciudadanía y los tenedores de deuda. En otras palabras, el consejo de administración, incluyendo los “consejeros independientes”, el secretario de Energía y los demás secretarios de estado que ahí participaron, fueron omisos en detener la debacle, además del velo de opacidad con el que el gobierno cubrió el pésimo manejo de la empresa. El auditor concluye que gobierno corporativo fracasó por su incapacidad para garantizar una operación eficaz, eficiente y transparente, y una adecuada rendición de cuentas. No hubo participación activa del consejo de administración y la dirección general en el sistema de gestión de riesgos empresariales, además de que no implementaron un programa específico de prevención, detección e investigación de delitos, para reducir los riesgos de corrupción y fraude.
- Transporte y suministro de gas natural para alimentar las centrales. El trabajo de la ASF se extendió al suministro de combustibles utilizados para la generación de energía eléctrica. Como antecedentes el auditor recordó que a partir de 1997 CFE impulsó el desarrollo de proyectos privados de infraestructura de transporte de gas natural. Desde entonces y hasta la pasada administración, la empresa productiva del Estado contrató el servicio de transporte con empresas internacionales, que asumían la inversión, el desarrollo y la operación de los gasoductos, así como la propiedad de la infraestructura recién creada. CFE “anclaba” el proyecto privado firmando un contrato take or pay por 25 o 26 años que obligaba a la CFE a pagar la tarifa de transporte, usara o no el servicio. Bajo este esquema de suministro privatizado, la CFE licitó 24 contratos en el periodo 1997-2017: uno entre 1994 y 2000; otro en el periodo 2001-2006; 8 en el sexenio 2007-2012, y 14 entre 2013 y 2018. Se observa entonces que los contratos de suministro de gas natural se duplicaron durante la pasada administración, en varios casos sin otra justificación que no fuera la realización de negocios privados, como lo veremos a continuación. Los resultados de esta auditoría específica fueron los siguientes:
- La gobernanza por parte de la Secretaría de Energía (Sener) y la CFE fue débil. Ambas instancias no contaron con una planeación integral fundamentada en un diagnóstico de la expansión de gasoductos, vinculada a las centrales eléctricas, en la que se definieran objetivos, metas, estrategias, prioridades, responsables, coordinación de acciones y evaluación de resultados. Las deficiencias de planeación y programación ocasionaron que la estrategia de ampliación de la red de gasoductos no fuera eficaz, eficiente y económica.
- De los 24 gasoductos licitados entre 1997 y 2018, 17 se encontraban en operación, 6 en construcción y uno había sido rescindido.
- De los 17 gasoductos en operación en 2018: sólo 13 transportaron gas natural, pues cuatro presentaron situaciones particulares; i) El gasoducto Morelos no transportó gas natural porque la central eléctrica que debía ser abastecida con ese combustible no pudo operar por problemas sociales; ii) El gasoducto Guaymas-El Oro no transportó gas natural porque presentó caso fortuito; iii) Los gasoductos Ramal Empalme y Ramal Villa de Reyes no transportaron gas natural porque las centrales eléctricas no fueron construidas, vaya, ni siquiera estaban proyectadas en los documentos de la CFE. En otras palabras, CFE se comprometió a utilizar y pagar gasoductos para abastecer centrales inexistentes.
- Los seis gasoductos que se encontraban en construcción presentaron caso fortuito por diversas circunstancias, lo que significó la reprogramación de su entrada en operación.6 Pero lo más grave es que no se previeron centrales eléctricas a las cuales suministrar gas natural. La ASF advierte que una vez terminada la construcción, CFE pagará un cargo fijo por la reserva de capacidad contratada, sin que esa capacidad de transporte sea utilizada. Esa situación implicará costos irrecuperables para la CFE y un daño al erario público.
En resumen, CFE contrató 8 gasoductos para abastecer centrales inexistentes, plantas eléctricas fantasma.
En los contratos para la prestación del servicio de transporte de gas natural aparecen 14 centrales que no están proyectadas en ningún documento de planeación de Sener o de CFE, ni en el Presupuesto de Egresos de 2019, lo que significa que la capacidad de los ductos será subutilizada y habrá un costo irrecuperable para la CFE.
De los 24 contratos para la prestación de servicio de transporte de gas natural, 21 fueron aprobados por la Junta de Gobierno de CFE, sin que se acreditara que su autorización se fundamentó en un análisis detallado de la rentabilidad de cada uno de ellos. A los 21 gasoductos mencionados se suma un gasoducto aprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero con cargo a las finanzas de la CFE. Y para los dos gasoductos restantes la CFE no acreditó el acuerdo de autorización de la junta de gobierno. El informe de la ASF no menciona quién autorizó la contratación de ambos gasoductos, los cuales implican erogaciones por miles de millones de dólares.
En junio de 2015 se publicaron las Disposiciones generales en materia de adquisiciones y arrendamientos, contrataciones de servicios y ejecución de obras de la CFE, sin embargo, después de esa fecha se contrataron 7 gasoductos y ninguno se licitó con fundamento en dicha normativa.
CFE pagó un cargo fijo de 13 mil 544 millones de pesos por los 17 gasoductos en operación. Sin embargo, sólo utilizó 16.6 por ciento de la capacidad total reservada. 83.4 por ciento restante no lo utilizó por las razones explicadas en párrafos anteriores. El costo de ese desperdicio fue enorme. CFE pagó 10 mil 569 millones de pesos por una capacidad que no utilizó, de los cuales 3 mil 60 millones de pesos por cuatro ductos que no transportaron ningún volumen de gas natural. De continuar subutilizando la capacidad de los gasoductos –advierte el auditor– la CFE continuará pagando cargos fijos irrecuperables, en detrimento de las finanzas de la empresa pública y de su objetivo de generar rentabilidad y valor económico para el Estado.
Esas fueron las razones que llevaron a la actual administración a renegociar dichos contratos.
El Comité de Estrategia e Inversiones no realizó el seguimiento, ni supervisó las inversiones relacionadas con los gasoductos licitados y formalizados para la prestación del servicio de transporte de gas natural, conforme al mandato de su consejo de administración.
CFE no dio seguimiento a las asociaciones formalizadas contractualmente con el sector privado, incluidas aquéllas con contratos take or pay o put or pay , lo que incrementó el riesgo de no cumplir con los objetivos y metas de tales proyectos.
Debido a las deficiencias en la planeación, programación, regulación y supervisión, CFE no logró asegurar el abasto de gas natural a las centrales eléctricas. En 2018 atendió únicamente 59.9 por ciento del total de la demanda de gas natural.
Entre otros resultados se destacan los siguientes:
- Mecanismos para Mejorar la Comercialización de Servicios y Productos
Los recursos del programa presupuestario E584 “Operación de Mecanismo para Mejorar la Comercialización de Servicios y Productos” (26 mil 514 millones de pesos), se utilizaron para actividades ajenas al programa. Dichos recursos se utilizaron discrecionalmente para sufragar gastos relacionados con la adquisición de gas natural, a realizar acciones relativas a contribuir a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, así como a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres destinados a “servicios la operación de programas públicos”.
- Suministro de carbón
Se facturaron y se pagaron miles de toneladas de carbón que nunca llegaron físicamente a los depósitos de la CFE. De acuerdo con los estados financieros dictaminados en la cuenta de Almacén de Carbón y en el Inventario de Carbón, se “perdieron” 304 mil toneladas métricas, con un valor de 277.4 millones de pesos.
En conclusión, el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2018 da cuenta de la administración ilegal y perversa de la que fue objeto CFE por parte de la pasada administración, así como de la política de invertir casi nada para debilitar a la CFE y destruir su poder de mercado.
Evidencia la política de fragmentación, separación y dilución de la empresa productiva del Estado para favorecer la expansión del sector privado, además de la política de privatización y desnacionalización en la ruta de construir una industria eléctrica mayoritariamente transnacional.
Como éstas pueden observarse diversas conclusiones como el uso del presupuesto de la CFE para impulsar negocios privados, especialmente los intereses de las compañías de gasoductos; la aprobación de onerosos proyectos con cargo a las finanzas públicas ajenos a un proceso racional de planeación; la construcción de gasoductos para abastecer centrales inexistentes, mientras que había centrales sin disponibilidad de gas para funcionar correctamente.
El desapego al estado de derecho y el uso faccioso de las instituciones tanto como la política equivocada de subsidios generalizados sin importar su terrible impacto negativo en las finanzas de la CFE, así como la colusión de los órganos de gobierno de la CFE para propiciar el debilitamiento y descomposición de la empresa, fueron acciones que provocaron un daño enorme a la nación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que, en el ámbito de sus facultades, presente las denuncias respecto a los posibles hechos constitutivos de delitos y de responsabilidades administrativas derivados del resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2018, de la Comisión Federal de Electricidad.
Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General de la República a que en el ámbito de sus facultades y a la brevedad posible, deslinden las responsabilidades correspondientes derivadas de los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2018 de la Comisión Federal de Electricidad.
Notas
1 ASF, Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2018
http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Informes_simplifica dos/IAS_DE_b.pdf
2 El análisis comprendió la revisión de cuatro vertientes: desempeño financiero; evaluación económica; desempeño operativo y gobierno corporativo
3 De las subsidiarias seis son de generación, una de transmisión, una de distribución y una de suministro básico. Las cuatro filiales, creadas en 2016, atienden negocios específicos: contratos legados, suministro calificado, adquisición de energéticos y operaciones internacionales. En 2018 se crearon dos filiales adicionales: una para el manejo de capital y otra de telecomunicaciones. A la fecha, CFE cuenta un corporativo, 10 subsidiarias y 5 filiales.
4 Separación contable, operativa, funcional y legal.
5 La ASF estimó que el subsidio otorgado, vía tarifas, a los sectores doméstico y agrícola representó el 43.3 por ciento del gasto federal ejercido en educación pública, 110.6 por ciento del gasto en salud y 135.7 por ciento del gasto en desarrollo social.
6 Se trata de los gasoductos Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara; La Laguna-Aguascalientes, Tula-Villa de Reyes, y Sur de Texas-Tuxpan.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre 2019.
Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica)
Con motivo del 24 de noviembre, centenario de la fundación del Partido Comunista Mexicano, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
Este año conmemoramos el centenario de la fundación del Partido Comunista Mexicano. La celebración no es menor y debemos reflexionar a la luz de una nueva realidad política que nos impone la lucha de frente al autoritarismo y la configuración de un nuevo partido hegemónico de Estado. El PCM, nacido a la luz de dos revoluciones –la Revolución Mexicana y la Revolución Socialista de Octubre–, sus fundadores y militantes tuvieron la imperiosa tarea de arrebatar al régimen las banderas de la lucha obrera y la justicia social, agenda que, gracias a la confluencia de las fuerzas de izquierda, fue avanzando terreno de frente a una realidad permanentemente cambiante.
El Partido de la Revolución Democrática es producto de la agrupación de las fuerzas de la izquierda y heredero directo de estas tradiciones de lucha. El PCM compone parte fundamental de nuestro origen y es por ello que constituye nuestra obligación ser una fuerza contestataria a la imposición. Tenemos en nuestro legado a figuras como Rivera, Siqueiros, Revueltas, Juan de la Cabada, Rubén Jaramillo, Valentín Campa y Othón Salazar; mujeres como Frida Kahlo, Benita Galeana Graciela Amador, Elena Huerta, Concha Michel, Consuelo Uranga, Esther Chapa, Adelina Zendejas, Aurora Reyes, entre muchas otras.
El Partido Comunista Mexicano fue un factor decisivo en la apertura electoral de los años setenta en nuestro país. Su lucha por la democracia fue símbolo y baluarte del México de la actualidad. Sus militantes no sólo inauguraron una nueva época en el Congreso de la Unión, cuando, en 1979, durante la LI Legislatura, ingresaron 18 diputados de la Coalición de Izquierda, producto de la profunda reforma política de 1977, sino que abrieron las puertas para que nunca más, en nuestro país, se configure un régimen represivo de Estado. El Partido Comunista Mexicano abanderó la lucha sindical y del movimiento obrero, el magisterio, los ferrocarrileros, los médicos, los estudiantes. De amplio espectro ideológico, la lucha del Partido Comunista Mexicano hoy se ve plasmada en la lucha que abandera el Partido de la Revolución Democrática por la vigencia de los derechos humanos en nuestro país, porque no hay comunismo más real que la democracia en donde todas y todos los ciudadanos pueden gozar, en libertad, de los derechos que, inmanentemente, tenemos como personas.
Hoy, ante el resurgimiento de líderes demagogos, embaucadores y populistas, es momento de reflexionar cómo construir una nueva vía. Hoy, el comunismo y sus militantes no pueden servir para legitimar un régimen que se dice de izquierda y que se comporta como los más anquilosados regímenes autoritarios, que utiliza a los pobres, a los indígenas, a los trabajadores, a las mujeres y se vende al poder económico y a oscuros intereses políticos y religiosos. Hoy, en el Partido de la Revolución Democrática nos hemos impuesto la tarea de realizar una revisión crítica de nuestra historia para garantizarle a México un camino seguro hacia un futuro democrático.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, María Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM
La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y persistentes actualmente sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.
En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica y puede presentarse en diferentes formas, por ejemplo: golpes, manipulación, violación, insinuaciones sexuales no deseadas, matrimonio forzado o infantil, acecho, acoso callejero, trata, mutilación genital.
Las cifras alrededor del mundo son alarmantes, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Solo el 52% de las mujeres casadas o que viven en pareja decide libremente sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y su salud sexual, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina.
A nivel mundial en 2012, en uno de cada dos casos de mujeres asesinadas, el autor era su compañero sentimental o un miembro de su familia. En el caso de los hombres, estas circunstancias únicamente se dieron en uno de cada 20 hombres asesinados. El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual.
Las manifestaciones de violencia contra la mujer, han existido siempre, por lo que, como medida para contrarrestarla, en 1993 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en la que concreta los términos que definen la violencia contra la mujer (daños físicos, amenazas, psicológicos, o prohibición de libertad) tanto en la vida pública como en la privada.
Seis años después, el 17 de diciembre de 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer.
En la actualidad, cada 25 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 26 de noviembre de 2019.
Diputados: Arturo Escobar y Vega, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlén Fernández Cruz, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Erika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRD
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer señala:
La violencia contra la mujer constituye un obstáculo no sólo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz...
La violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales...
La violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre...
Las cifras de la violencia en nuestro país son escandalosas. No sólo estamos situados entre los 24 países más peligrosos para las mujeres, sino que se han cometido 1,520,779 delitos en contra de las mujeres, del primero de enero al 30 de septiembre de este año, dejando a 248,446 víctimas, cuya libertad y seguridad sexual, así como su libertad personal se han visto afectadas por delitos como la trata de personas, el feminicidio, el homicidio doloso y las lesiones dolosas.
En este sentido, debemos señalar que la violencia en general y la violencia contra las mujeres en particular cobran importancia no sólo por el daño hacia la persona y por limitar sus derechos, sino también por las grandes pérdidas económicas que se registran en los ámbitos público y privado, a nivel mundial, regional, nacional, estatal y municipal, así como en los tres órdenes de gobierno. Según el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, el costo de la violencia contra las mujeres en México corresponde aproximadamente al 1.4 por ciento del PIB que, en términos absolutos son 245,118,266,538 pesos.
El costo de la violencia contra las mujeres obtenido es reflejo, aunque sólo aproximado, del gasto que la sociedad realiza para atenderla, prevenirla y sancionarla. Es costo social, ya que son gastos que realizan las instituciones de salud (física y psicológica) así como las instituciones de justicia. Son recursos públicos destinados con el fin de que las mujeres ejerzan el derecho a vivir sin violencia. Son también gastos privados (personales) que representan un costo social al ser dirigidos a un problema público antes de poder ser utilizados en mejorar las condiciones de vida familiares e individuales.
Es en este sentido que, afirmamos, la erradicación de la violencia de género debe ser entendida como una política de Estado, comprometiendo a todas las instituciones, erradicando cualquier actitud del individuo que pueda generar violencia o discriminación. El problema de la violencia de género nos incumbe como seres humanos y nos concierne como país. No podemos seguir exponiendo a niñas, jóvenes y mujeres a la incertidumbre de salir de casa sin saber si regresarán. No podemos seguir consintiendo la indiferencia gubernamental. Debemos actuar proactivamente, como sociedad, generando los mecanismos sociales que nos permitan superar las condiciones actuales de violencia que viven las mujeres en México.
Este es el compromiso del Grupo Parlamentario del PRD.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre de 2019.
Diputadas y diputados: José Guadalupe Aguilera Rojas, Abril Alcalá Padilla, Ma. Guadalupe Almaguer Pardo, Mónica Almeida López, Mónica Bautista Rodríguez, Frida Alejandra Esparza Márquez, Raymundo García Gutiérrez, Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica), Antonio Ortega Martínez, Claudia Reyes Montiel, Norma Azucena Rodríguez Zamora.
Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
El 25 de noviembre es una fecha que siempre será recordada. En 1981 se celebró en la ciudad de Bogotá, Colombia el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe. En dicho encuentro se propuso organizar actos en toda América Latina contra la violencia que sufren las mujeres y declarar el 25 de noviembre el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, en memoria de las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1960 durante la dictadura de Rafael Trujillo, en República Dominicana.
En el citado encuentro participaron feministas de México, República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile y Colombia, con el objetivo de intercambiar experiencias y analizar la situación de las mujeres de la región. En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer a la que definió como “todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada
A la postre, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 declaró el 25 de noviembre, como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitó a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que organicen ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer.
El objetivo de este día no solo es llamar la atención sobre la desigualdad, la discriminación, los femicidios y las distintas formas de violencia machista, sino también reclamar políticas públicas para prevenirla y acabar con ellas.
La violencia de género es una pandemia global, de acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas, en todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental, casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina y la violencia contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que los accidentes de tránsito y la malaria combinados.
En México la situación es alarmante, las agresiones contra las mujeres han llegado a los planteles universitarios, en donde las jóvenes han tomado las instalaciones de tres facultades de la UNAM en protesta por los casos de acoso en estos planteles. En nuestro país nueve mujeres son asesinadas cada día, de 2015 a la fecha, suman 3,200 feminicidios a nivel nacional. Solo de enero a junio de 2019 se registraron 470 casos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Veracruz es el estado más peligroso para las mujeres en la actualidad, al registrar 104 víctimas de feminicidio de enero a junio de este año. Le sigue del Estado de México con 42 casos en el mismo periodo.
Por ello, este 25 de noviembre, no basta con portar un moño naranja como suma a este esfuerzo., tenemos que representarlo con un compromiso real de no ejercer, por nosotros mismos, ningún tipo de violencia contra las mujeres.
La violencia contra las mujeres, no solamente afecta las mujeres, también nos afecta como sociedad.
Es hora de decir basta a la violencia de género en nuestro país y en el mundo.
Bibliografía
• Reglas y Normas Mundiales: Poner fin a la violencia contra las Mujeres, ONU Mujeres, https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/glo bal-norms-and-standards
• Violencia Contra las Mujeres, Organización de las Naciones Unidas, https://mexico.unwomen.org/es/nuestro-trabajo/eliminar-la-violencia-con tra-mujeres-y-ninas
• 14 datos de la violencia de género que explican el enojo de las mujeres, Expansión,
https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/25/datos-so bre-violencia-contra-mujeres-mexico
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de noviembre del 2019.
Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)