Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversos gobiernos estatales a hacer pública con los ayuntamientos de los municipios donde se ha declarado alerta de género la información sobre las acciones preventivas de seguridad y justicia concretadas para atender, prevenir y combatir la violencia contra mujeres, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

Silvia Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable pleno la siguiente propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Actualmente en México mujeres jóvenes y adultas viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia, y prácticamente todas, en algún momento de su vida, han sido víctimas de violencia o han experimentado su amenaza por el simple hecho de ser mujeres.

Las diferentes modalidades y expresiones de la violencia impiden el desarrollo de las mujeres, menoscaban su libertad y derechos, limitan el pleno desarrollo de sus capacidades y minan su participación política, económica y social en nuestras sociedades.

La violencia de género que puede llegar hasta la muerte es cometida, la mayoría de las veces, para conservar y reproducir el sometimiento y la subordinación de éstas derivados de relaciones de poder.

Los asesinatos de mujeres y niñas perpetrados por razones de género, es decir, aquéllos que se realizan con dolo misógino, son la expresión extrema de la violencia que se comete contra ellas por el hecho de ser mujeres. Una constante de estos asesinatos es la brutalidad y la impunidad que los acompañan. Estos crímenes constituyen la negación del derecho a la vida y de la integridad de las mujeres.

Segunda. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que en el año 20181 se presentaron 845 feminicidios. Asimismo, dicho informe demuestra que desde el año de 2015 los delitos tipificados como feminicidio a nivel nacional se han venido incrementando de manera grave, dado que en 2015 se configuraron 407 casos; en 2016, 585; en 2017, 689 y en 2018 se presentaron 845 feminicidios. Es decir, las cifras de 2017 se incrementaron de manera alarmante en 169 por ciento.

El citado reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública determina que en el primer semestre de 2018 el estado de México, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, Ciudad de México, son los seis estados concentran 45 por ciento de los feminicidios del país, con 177 decesos de los 387 casos que se registraron a nivel nacional hasta junio de 2018.

A efecto de dimensionar adecuadamente el fenómeno delictivo asociado al feminicidio a nivel nacional, es importante señalar que dicho delito de feminicidio representa 0.04 por ciento en la incidencia delictiva total en el período enero-junio 2018.

Tercera. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que existen miles de casos de homicidios dolosos en contra de mujeres que por diversas causas no fueron tipificados como feminicidios, pero que son casos que también deben ser considerados como violencia de género.

En efecto, el referido informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que en el año de 2015 se registraron mil 737 homicidios dolosos en contra de mujeres; en 2016, 2 mil 204; en 2017, 2 mil 553; y hasta junio de 2018, mil 299 homicidios. Guanajuato, Baja California, estado de México y Guerrero rebasan los cien homicidios dolosos en contra de mujeres, registrando 551 homicidios en total.

Ahora bien, si bien los instrumentos normativos han tenido un avance significativo para tipificar y sancionar el delito de feminicidio en México, la dinámica, evolución e incremento de este delito requiere de acciones contundentes por parte de las autoridades locales y federales.

Cuarta. Ahora bien uno de los mecanismos de protección es la alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM), el cual es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el reglamento de dicha ley.

Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad (artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

El objetivo de este mecanismo es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos (artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

Quinta. Las entidades federativas y sus municipios donde se ha declarado alerta de violencia de género contra las mujeres son los siguientes:

1. Estado de México : se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.

2. Morelos : se declaró el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

3. Michoacán : se declaró el 27 de junio de 2016 para 14 municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huétamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío.

4. Chiapas : se declaró el 18 de noviembre en 7 municipios del estado: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Asimismo, requiere acciones específicas para la región de los Altos de Chiapas, la cual incluye los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Shanal, Chenalhó, Huiztán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

5. Nuevo León: se declaró el 18 de noviembre en 5 municipios del estado: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.

6. Veracruz : se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

7. Sinaloa : se declaró el 31 de marzo de 2017 en 5 municipios: Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato.

8. Colima : se declaró el 20 de junio de 2017 en 5 municipios: Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez.

9. San Luis Potosí : se declaró el 21 de junio de 2017 en 6 municipios: Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín.

10. Guerrero : se declaró el 22 de junio de 2017 en 8 municipios: Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.

11. Quintana Roo : se declaró el 7 de julio de 2017 en tres municipios: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad. Asimismo, requiere acciones específicas para el municipio de Lázaro Cárdenas, municipio de población indígena.

12. Nayarit : se declaró el 4 de agosto de 2017 en siete municipios: Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic. Asimismo, establece acciones específicas para los municipios con predominante población indígena: Del Nayar, La Yesca y Huajicori.

13. Veracruz: se declaró el 13 de diciembre de 2017 por agravio comparado a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Sexta. Las causas de los feminicidios son multifactoriales, sin embargo, uno de los factores clave que señalan asociaciones civiles y luchadores sociales es la falta de reconocimiento de la problemática de la violencia contra las mujeres en términos generales, algo que impacte en la política pública federal. La falta de reconocimiento propicia la generalización de la violencia contra las mujeres, y ésta, a su vez, siembra la semilla de los feminicidios. Además, esto también se ve reflejado en la ausencia de datos claros y certeros que creen una visión real de la situación de los feminicidios en el país.

Conforme a los citados antecedentes y consideraciones y ante el grave incremento de violencia contra las mujeres, es necesario conocer las acciones preventivas de seguridad y de justicia que se han concretado y efectuado para atender, prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres por parte de los gobiernos de las entidades donde se han declarado dichas alertas de género.

Lo anterior tiene como objetivo primordial conocer tales acciones y desde el Poder Legislativo fortalecer los mecanismos normativos para prevenir, combatir y sancionar de manera más eficaz y con mayor severidad el creciente fenómeno de homicidios en contra de las mujeres por razones de género.

Conforme a lo anterior, someto a consideración del este pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto se Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a los gobiernos de los estados de Colima, Chiapas, de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Durango, Campeche y Jalisco, para que en coordinación con los gobiernos municipales en donde se haya declarado alerta de género, hagan pública la información respecto de las acciones preventivas de seguridad y de justicia que se han concretado y efectuado para atender, prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres.

Nota

1 http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2019.

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al presidente de la República a efecto de que los programas sociales cuyo beneficio sea el apoyo a las mujeres no se puedan suspender, modificar o terminar sin una evaluación que lo sustente, a cargo de la diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez y las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción II; 77, numeral 3, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que en el caso de los programas sociales cuyo beneficio sea para el apoyo a las mujeres, estos no se puedan suspender, modificar o terminar sin que exista la evaluación que sustente lo anterior. Por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, la siguiente

Exposición de Motivos

I. Nuestra Carta Magna, en el artículo 4o., primer párrafo, que a la letra dice “el varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.

II. En el contexto mundial, nuestro país se destaca por la persistencia de una gran desigualdad social, lo que ha influido en que los análisis de la protección social ubiquen su foco de interés no sólo en los riesgos o cambios propios del ciclo vital y laboral, sino también en las situaciones estructurales de pobreza, precariedad laboral y falta de acceso a derechos básicos, lo que ha dado a las políticas de protección social un énfasis en los sectores vulnerables antes que en la universalización del bienestar social. Reconocer conceptualmente a la familia como componente de la protección social abre la puerta al reconocimiento del ámbito doméstico y el papel de las mujeres en el funcionamiento de la economía y el bienestar de la sociedad, a través del trabajo no remunerado que se realiza en el hogar. Esta fue una de las propuestas centrales de la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe (Quito, agosto 2007), que entre sus acuerdos incluye:

XIV) Adoptar medidas en todas las esferas de la vida democrática institucional y, en particular, en los ámbitos económico y social, incluidas medidas legislativas y reformas institucionales, para garantizar el reconocimiento del trabajo no remunerado y su aporte al bien estar de las familias y al desarrollo económico de los países, y promover su inclusión en las cuentas nacionales;

XXIII) Desarrollar instrumentos de medición periódica del trabajo no remunerado que realizan las mujeres y hombres, especialmente encuestas de uso del tiempo para hacerlo visible y reconocer su valor, incorporar sus resultados al sistema de cuentas nacionales y diseñar políticas económicas y sociales en consecuencia;

XXVII) Adoptar las medidas necesarias, especialmente de carácter económico, social y cultural, para que los Estados asuman la reproducción social, el cuidado y el bienestar de la población como objetivo de la economía y responsabilidad pública indelegable.

III. México ha adquirido desde hace varios años múltiples compromisos para garantizar los derechos de las mujeres. Desde la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada precisamente en Ciudad de México en 1975, en donde se adoptaron diversas directrices encaminadas a lograr el progreso de las mujeres, hasta la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en donde se adopta la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que establece objetivos para el progreso de las mujeres en esferas como educación, salud, pobreza y economía. Aunque la suscripción de instrumentos internacionales de derechos humanos y la aprobación de leyes en favor de las mujeres es fundamental para avanzar en la garantía de sus derechos, lo contenido en ellos “...debe manifestarse en la asignación del gasto y en la implementación de los programas públicos, considerando el efecto diferenciado que ambos tienen sobre la condición de mujeres y hombres, pues a pesar de los avances institucionales y jurídicos, las mujeres no cuentan aún con igualdad de oportunidades respecto a sus pares masculinos”, ahí la importancia de asignar presupuesto suficiente a programas con perspectiva de género, pero además, la formulación de los mismos debe ser idónea para redundar en el empoderamiento de las mujeres, aumentando sus capacidades individuales y sociales para el máximo desarrollo de su potencial.

IV. El Coneval en sus valoraciones se ha inclinado a calificar favorablemente algunos de los programas que existieron anteriormente, diseñados con perspectiva de género como el Fondo de microfinanciamiento a mujeres rurales (Fommur), el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras a cargo de lo que ahora es Bienestar, el programa de la mujer en el sector agrario, después llamado programa de apoyo para la productividad de la mujer emprendedora (Promete), el seguro de vida para jefas de familia, programa a cargo de lo que ahora es bienestar, entre otros, es menester garantizar que los mismos han sido eficaces para la transformación de los múltiples escenarios de discriminación padecidos por las mujeres mexicanas. Si bien son fundamentales estos programas especializados, la perspectiva de género debe ampliarse pronto a todos los programas sociales, y a su vez garantizar no solo la eficacia, sino la eficiencia de los mismos.

V. En las diversas entidades del país, principalmente aquellas con los mayores índices de pobreza, las mujeres han enfrentado diversas circunstancias de desigualdad, por lo que la mujer se ha beneficiado con los programas y proyectos que se han fomentado para el impulso, participación y fortalecimiento de las mujeres, la importancia y trascendencia de estos programas radica en que para combatir la desigualdad, no podemos dejar desprotegidos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, ya que en él habría un retroceso con relación al poco avance que se ha tenido en cuestiones de perspectiva de género.

VI. Por lo anteriormente expuesto en los párrafos anteriores que resulta incongruente tomar medidas sin en análisis y las bases necesarias para desaparecer los programas con perspectiva de género, sin antes hacer un diagnóstico o una reingeniería en los procesos para que puedan funcionar de manera adecuada, hecho que deja en total vulnerabilidad a las mujeres de nuestro país con el que no se da garantía al cumplimiento en lo establecido en nuestra Carta Magna, así como en compromisos asumidos por el Estado mexicano con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, en el que nuestro país debe “emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales. Así como aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.”

En Acción Nacional tenemos un inalienable compromiso con la sociedad, pero aún más con aquellos sectores vulnerables de nuestro país, es por ello que, con lo anteriormente expuesto, sometemos al pleno de esta soberanía para su aprobación el siguiente

Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que en el caso de los programas sociales cuyo beneficio sea para el apoyo a las mujeres mexicanas, no se puedan suspender, modificar o terminar sin que exista una evaluación que sustente lo anterior.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo, a las dependencias y las entidades del gobierno federal que tengan a su cargo la ejecución de un programa social, donde las mujeres sean las directamente beneficiadas, a que, en lugar de desaparecer dichos programas sin razón alguna, se haga una reingeniería en los procesos de los mismos para su adecuado funcionamiento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2019.

Diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a remitir al Senado el Convenio número 156 de la OIT, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, a cargo del diputado Carlos Pavón Campos, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Carlos Pavón Campos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Convenio número 156, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue adoptado en Ginebra el 23 de junio de 1981 y entró en vigor en 1983. Hasta el momento ha sido ratificado por 44 Estados, y México aún no es parte de él.

Este instrumento internacional, en materia laboral, promueve la igualdad de género al promover el equilibrio entre las responsabilidades familiares y en el hogar, reconociendo que éstas incluyen a toda la familia en conjunto y no sólo a las mujeres.

El convenio reconoce que para lograr la plena igualdad entre los géneros es necesario modificar el papel tradicional que ocupan los hombres y las mujeres en la sociedad, dentro del núcleo familiar y en el ámbito laboral. Por ello promueve la implantación de acciones y políticas públicas que promuevan la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares.

El artículo 3o. de dicho instrumento establece:

Artículo 3o.

1. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada Miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales.

...1

El artículo 6o. señala:

Artículo 6o.

Las autoridades y organismos competentes de cada país deberán adoptar medidas apropiadas para promover mediante la información y la educación una mejor comprensión por parte del público del principio de la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras y acerca de los problemas de los trabajadores con responsabilidades familiares, así como una corriente de opinión favorable a la solución de esos problemas.2

La firma de este convenio reviste gran importancia, sobre todo porque las mujeres son parte esencial de la fuerza laboral nacional y cada día adquieren mayor presencia en puestos clave de toma de decisiones.

De acuerdo con la doctora María Luisa González Marín, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el trabajo del hogar “es una gran aportación de las mujeres, además de su contribución como trabajadoras. En contraste, los hombres no tienen esas obligaciones sociales e históricas. Para ellas, preparar la comida o limpiar la casa, se percibe como un deber, y muchas no sólo no reciben apoyo de sus parejas, sino de la propia sociedad”.3

La Encuesta Intercensal de 2015 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística señala que 50.3 por ciento de la población en México se encuentra económicamente activa. De éstos, 65.4 por ciento corresponde a hombres y 34.6 a mujeres.

Según la institución, esta diferencia en la fuerza laboral mexicana se debe a que muchas mujeres se dedican solamente al hogar, tan sólo basta señalar que, en 2016, 75.3 por ciento del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados en el hogar fue realizado por mujeres. En ese año, el valor económico total del trabajo del hogar superó 4.6 billones de pesos, equivalentes a 23.2 del producto interno bruta nacional.4

La igualdad de género en el país aún tiene un camino por recorrer. Implantar acciones en favor de la corresponsabilidad entre los constituye un paso de gran importancia que coadyuvará en la construcción de una nueva cultura en nuestra sociedad, más inclusiva, justa y solidaria.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a efectuar los procedimientos necesarios para que remita al Senado de la República el Convenio número 156 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, a efecto de que pueda ser ratificado por el Estado mexicano.

Notas

1 Convención sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (número 156), OIT, en

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100: 0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312301

2 Ibídem.

3 Publimetro, “Desigualdad entre mujeres y hombres aún persiste, aseguran académicas”, en
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/03/07/
desigualdad-entre-mujeres-y-hombres-aun-persiste-aseguran-academicas.html

4 Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Mujer, Inegi, en
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/mujer2018_Nal.pdf?platform=hootsuite

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2019.

Diputado Carlos Pavón Campos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para implantar un programa nacional de regularización de la propiedad de predios rústicos o urbanos, a cargo del diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del PES

Miguel Acundo González, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, a coordinarse con los gobiernos de las entidades federativas para la implementación de un Programa Nacional de Regularización de la Propiedad de predios rústicos y/o urbanos, con base en las siguientes

Consideraciones

La falta de documentos para comprobar la legal posesión de predios urbanos, suburbanos o rústicos es un problema creciente en todo el país, son muchos los mexicanos que no cuentan con la documentación legal que acredite la propiedad de los mismos.

Dicha situación frena e imposibilita el desarrollo económico y social de quienes no pueden acreditar la propiedad de su casa, algún terreno o tierra de su pertenencia; con lo cual, se encuentran imposibilitados a acceder a programas sociales y créditos.

Por otra parte, la falta de un documento con la formalidad requerida por la Ley para acreditar la propiedad de un inmueble, frente a terceros, genera intranquilidad e incertidumbre en los poseedores y sus herederos.

En este sentido, no contar con el título de propiedad del inmueble que se posee por una compra, herencia u ocupación licita, pone en riesgo constante la pérdida del patrimonio familiar o personal de sus poseedores; dicha situación, genera una problemática social compleja, impide el desarrollo social de comunidades enteras del país e incide en el aumento de los índices de pobreza del país.

Actualmente, existen diversos programas federales y locales que buscan atacar el problema, por desgracia estos son insuficientes, están mal operados o resultan complejos y engorrosos; así, quienes desean acceder a los mismos ocupan de asesoría profesional, lo que implica gastos.

Otro de los problemas a los que se deben enfrentar los solicitantes, es la burocracia y la falta de personal suficiente para atender la gran demanda de tramites de regularización, es común saber de alguien que lleva años queriendo regularizar la posesión legal de su propiedad.

De tal suerte que actualmente para regularizar la tenencia de un predio, es necesario, según el caso, solicitar la asesoría especializada de las dependencias Federales, Estatales o Municipales, para el caso de acogerse a algún programa de regularización de predios rústicos y/o urbanos, deberá realizar un trámite administrativo para la obtención de su título de propiedad, estos casos son la excepción, pues no siempre están operando programas para tal efecto.

La regla general es que no se haga a través de algún programa, en estos casos el procedimiento administrativo y/o jurídico es engorroso, costoso y extremadamente tardado.

Por tal razón, es que resulta necesario la puesta en marcha de un programa federal con cobertura nacional y de carácter administrativo para que cualquier persona que se ostente como propietario y tenga la posesión pacifica, continúa y publica, pueda obtener su título de propiedad e inscripción ante el respectivo registro público de la propiedad de su predio, terreno o tierra.

Con la medida no solo se dará certeza jurídica a los beneficiarios y se favorecerá su desarrollo económico y social de comunidades enteras del país que carecen de títulos de propiedad de sus tierras o casas; también, se contribuirá a ordenar el crecimiento de los centros de población y orientar el uso productivo de los terrenos rurales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Al tenor del siguiente resolutivo:

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano a coordinarse con los gobiernos de las entidades federativas para la implementación de un Programa Nacional de Regularización de la Propiedad de predios rústicos y/o urbanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo 2019.

Diputado Miguel Acundo González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los tres niveles de gobierno a atender de inmediato la problemática en materia de contaminación del lago Zirahuén, Michoacán, a cargo del diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres niveles de gobierno, a que actúen de manera coordinada, para atender de forma inmediata la problemática que enfrenta el lago de Zirahuén, en materia de contaminación, con base en las siguientes:

Consideraciones

En días recientes, investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dieron a conocer el resultado de investigaciones llevadas a cabo en el lago de Zirahuén, cuyas conclusiones indican un grave problema de contaminación, debido, entre otros factores a la presencia de algas en el lugar.

El problema, como la mayoría de su tipo, requiere de una respuesta pronta por parte de los tres niveles de gobierno, a fin de reducir los problemas que puede ocasionar, tanto a la población afectada, así como a las distintas formas de vida existentes.

El estudio reveló que, en los últimos 15 años, el deterioro ecológico sufrido por el lago es el equivalente al que había ocurrido en un periodo de 300 años, lo que se traduce en indicadores como la disminución de la transparencia del lago, pasando de 7.0 metros en 1991 a sólo 2.4 metros en la actualidad.

Debido a la relevancia que tiene el lago, tanto para la preservación del equilibrio ecológico en la zona, así como para un gran número de personas, incluyendo algunas poblaciones que utilizan sus aguas para el consumo humano, es indispensable que las autoridades correspondientes actúen a la mayor brevedad para, inicialmente, reducir la contaminación, además de llevar a cabo las acciones que erradiquen definitivamente el problema.

Se tiene conocimiento también que la planta de tratamiento de aguas residuales que existe en la zona no funciona o lo hace sólo al cinco por ciento de su capacidad.

En resumen, el escenario requiere la atención inmediata por parte de los tres niveles de gobierno, mediante la coordinación de esfuerzos.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a los tres niveles de gobierno, a que actúen de manera coordinada, para atender de forma inmediata la problemática que enfrenta el lago de Zirahuén, en materia de contaminación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2019.

Diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP a liberar el Fideicomiso número 2003, Fonden; y al INAH, a efectuar la restauración total de monumentos arqueológicos e históricos, tras los sismos de septiembre de 2017 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral I, fracción I, y en el artículo 79, numeral I, fracción I y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público liberar del Fideicomiso número 2003, Fondo de Desastres Naturales, el acuerdo SE:III.01/2018 autorizado, así como a la Dirección General para la Gestión de Riesgos, a aprobar y saldar facturas a través del fiduciario Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para la restauración total de monumentos arqueológicos e históricos, a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a causa de los movimientos telúricos de septiembre de 2017, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas.

Consideraciones

El pasado 7 de septiembre del 2017 se presentó un sismo de 8.2 grados en la escala Richter (SSN) con epicentro en la costa de Chiapas y el del 19 de septiembre resintió los mismos inmuebles. Este acontecimiento afectó 114 edificios, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se enumera con base en grados de afectación: 64 inmuebles de menor grado, 29 inmuebles de grado moderado y 21 inmuebles de grado severo, varios de los inmuebles dañados son 100 monumentos históricos, 5 zonas arqueológicas, 9 templos religiosos y recintos culturales, así como la naturaleza de la propiedad de los inmuebles: 87 federales, 7 estatales, 6 municipales y 114 privados.

La información disponible muestra que, en general, las entidades federativas que resultaron más afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre cuentan con algunos fondos o instrumentos que les permitirán cubrir una parte de los costos que implicarán las obras de reconstrucción por dichos fenómenos.

Al respecto, es importante recordar que la Ley General de Protección Civil señala la responsabilidad de las entidades federativas para contratar seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgos para cubrirse de los daños causados por desastres naturales; en el caso del estado de Chiapas, varios proyectos fueron ejecutados con recursos del Seguro Banorte York, de los cuales 12 inmuebles han sido concluidos, así como 3 zonas arqueológicas, sin embargo, en el municipio de San Cristóbal de la Casas solo 2 inmuebles han sido restaurados, que son el Templo de San Diego y el Templo de San Ramón, mientras que 2 inmuebles han sido suspendidos por alegatos: Templo de Mexicanos y Templo de San Felipe Ecatepec. Considerando que el total de inmuebles afectados en este municipio son 25, los hasta ahora restaurados no reflejan ni el 10 por ciento .

La restauración ha avanzado a paso lento, en el caso del Museo de San Cristóbal de las Casas (Musac) , se tiene sólo el 60 por ciento de avance en el inmuebles, pero 0 por ciento en muebles, después de ser afectado por el sismo, dato aportado por el mismo director de este recinto Yksmark Kramsky, lo que ha provocado que hasta el momento el museo no funcione en su totalidad .

La Catedral de San Cristóbal de las Casas , que sufre de grado de afectación grave en tanto que los daños se derivan del colapso del merlón del pináculo suroeste de la fachada principal, fisuras, grietas y desprendimientos de aplanados de muros perimetrales y fachada, deslizamiento general de las tejas de su cubierta y colapso parcial de cubierta en área de coro. Este inmueble sólo ha tenido los recursos del seguro, más no del Fonden, así como el Templo de Santa Lucía que presenta daños como el colapso de las torres campanario y del remate central, fisuras, grietas, desprendimientos de aplanados de muros perimetrales y fachada, molduras y cornisamentos, deslizamiento general de las tejas y colapso de parte de la cubierta.

El inmueble con grado de afectación moderado La Enseñanza, con daños traducidos en el desprendimiento de aplanado, agrietamiento en muro, agrietamientos en arcos, deslizamiento con pérdida de teja, colapso de cubierta, pérdida de entrepiso de madera y colapso de muros.

Otros inmuebles con grado de afectación menor, que no han sido atendidos, son el ex Convento de Santo Domingo con daños de fisuras, grietas, desprendimientos de aplanados de muros en general, deslizamiento general de las tejas de su cubierta y cuarteaduras en el entrepiso en general; el Templo de Santo Domingo con daños de fisura interior a lo largo del centro de la bóveda de cañón, fisura entre el arranque de la bóveda y el muro de fachada, fisura interior del muro de fachada partiendo del umbral de la ventana del coro, grieta central en arco de acceso a la capilla del rosario con desprendimiento de aplanados y ladrillo, desprendimientos generales al interior principalmente en la bóveda, grietas en muros interiores, fisuras en torrecillas posteriores; el Templo de la Merced, con daños como la grieta horizontal en espadaña, fisuras en claves de arcos en campanarios, grieta perimetral en torre sur, desprendimientos de aplanados en fachada, fisuras en arco triunfal, grieta en unión de muros de capilla norte con la nave, deslizamiento y ruptura de tejas; Teatro Zebadua, con daños de desprendimientos de aplanados y algunas fisuras menores en fachadas, al interior fisuras menores; Na-Bolom, con daños de grietas en unión de arcos, grietas y fisuras de muros.

Es comprensible que la etapa de reconstrucción posterior a un desastre gire entorno a acciones prioritarias que consisten en la atención de heridos y damnificados, pero también se debe tener presente la importancia de proteger y recuperar el patrimonio cultural de una nación, ya que forma parte activa de la identidad, cohesión social de una comunidad y desarrollo económico de la región.

Además no dejemos atrás que Chiapas es uno de los estados más ricos en diversidad y cultura de México, es cuna de etnias indígenas como los tzotziles, zoques, tzeltales y lacandones, por lo que el alcance del turismo cultural es pieza clave para el desarrollo, debido a la generación de productos culturales, que conducen nuevas formas de interpretar la autenticidad y expresan el dinamismo e imaginación de los grupos locales para adaptarse a las exigencias de la demanda.

Hay dos manifestaciones diferentes de este tipo de turismo:

A) El patrimonio tangible: elementos materiales que los pueblos elaboran a lo largo de su historia y que pueden ser observados y tocados, y

B) El patrimonio intangible: valores no materiales que forman parte del acervo cultural de cada pueblo como leyendas, historias, tradiciones, fiestas, música, entre otras.

La riqueza de las zonas arqueológicas representa una gran oportunidad de diversificación para la oferta turística nacional, tan solo en 2016, las zonas arqueológicas del país recibieron a 13.6 millones de turistas, en el 2018, 23 millones de turistas se desplazaron por el país por algún motivo cultural. Así, el valor del turismo cultural en México representa una derrama económica por más de 184 mil millones de pesos del mercado nacional, según datos de la plataforma digital de divulgación turística Entorno Turístico.

La importancia que se le da en este punto de acuerdo al municipio de San Cristóbal de las Casas es debido a que es una ciudad cosmopolita considerada por algunos como la capital intercultural de Chiapas , además de ser la principal localidad turística del estado . En 2003, fue incluida en el programa Pueblos Mágicos por la Secretaría de Turismo (Sectur) de México, al destacar por su arquitectura y manifestaciones socioculturales. No olvidemos que en el 2010 y 2011, se le otorgó de manos del presidente de la República, el reconocimiento a la “Diversificación del Producto Turístico Mexicano”, con lo que se consolidó como El Más Mágico de los Pueblos Mágicos de México.

Por otro lado, merece ser señalado que la conservación del patrimonio cultural tangible está contemplada en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), fracción XXV, la cual menciona que es facultad del Congreso de la Unión “legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional”. La norma constitucional se detalla en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH), que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972. En dicha Ley Federal se indica que son de utilidad pública “la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos” (LFMZAAH, artículo 2).

Conforme al Capítulo V, De la Competencia, artículo 44, de la ley antes mencionada, se dota de competencia al Instituto Nacional de Antropología e Historia en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos, por ello esta proposición dirige el exhorto al instituto para hacerse responsable de la restauración, con base en la naturaleza de los monumentos, a continuación, se muestra una tabla en la que se distingue la competencia según tres diferentes tipos de monumento.

Tipos de monumentos que integran el Patrimonio Cultural de México con base en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Tabla extraída del Informe Sismos 2017: Diagnósticos y propuestas para la reconstrucción

Además, considerando lo mencionado en el boletín número 325, “a un año de los sismos”, encontramos que el INAH cuenta con dos mecanismos fundamentales para la atención de daños en caso de contingencias:

A) Los seguros para resarcir daños accidentales sean por causas naturales o antrópicas; y

B) Los recursos que aporta el Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), que le permiten actuar en las acciones inmediatas emergentes o en las tareas de reconstrucción o restauración de los bienes culturales, en aquellas catástrofes declaradas por el gobierno federal como desastre natural.

Sírvase el presente exhorto, a fin de solicitar la liberación del segundo mecanismo, cuya autorización se ve reflejaba a través del acuerdo SE.III.01/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso número 2003 Fonden del 27 de febrero del 2018, con un presupuesto de 637 millones 109 mil 507.86 pesos.

La solidaridad y ocupación de algunos ciudadanos del municipio, como la Asociación Civil del Consejo Consultivo del Centro Histórico de San Cristóbal de las Casas, ha evitado que los inmuebles se deterioren con proyecciones de daño mayores, además de que se ha encargado de conseguir donaciones, de resguardar los materiales que al no contar con un espacio seguro ante las inclemencias del clima, han tenido que ser cuidadas, así como la incesante solicitud de respuesta respecto al presupuesto aprobado, pero no entregado.

La expectativa de contar con ese presupuesto llevaría a obtener metas generales como:

• Concluir con la restauración de 13 inmuebles con daño menor.

• Avanzar la restauración de 6 inmuebles con daño moderado.

• Avanzar la restauración de 6 inmuebles con daño grave.

• Contribuir con el índice de turismo cultural que en México representa una derrama económica por más de 184 mil millones de pesos del mercado nacional.

En la etapa de reconstrucción posterior a un desastre, no es discutible que las acciones prioritarias consistan en la atención de heridos y damnificados, pero también se debe tener presente la importancia de proteger y recuperar el patrimonio cultural de una nación, ya que forma parte activa de la identidad y cohesión social de una comunidad, sin dejar a un lado que México ocupa la primera posición en el continente americano en cuanto al registro de sitios considerados patrimonio mundial por la UNESCO.

Ya lo diría Eduardo Matos Moctezuma, profesor emérito del INAH:

“El patrimonio cultural de México es todo aquello que nos caracteriza como mexicanos. Son nuestros vestigios tanto prehispánicos como coloniales e históricos, todo lo que las generaciones anteriores nos legaron y que forman parte sustancial de nuestra historia”.

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar del Fideicomiso número 2003 Fonden el acuerdo SE.III.01/2018 autorizado.

Segundo: Se exhorta a la Dirección General de Gestión de Riesgos a aprobar y saldar facturas a través del fiduciario Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos para la restauración total de monumentos arqueológicos e históricos del municipio de San Cristóbal de las Casas.

Tercero: Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia con sede en el estado de Chiapas a encargarse de la restauración total de monumentos arqueológicos e históricos, en el municipio de San Cristóbal de las Casas.

Fuentes consultadas:

https://www.inah.gob.mx/transparencia

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.p df

http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/MarcoJur idicoGlobal/Leyes/283_loinah.pdf

https://www.inah.gob.mx/boletines/7559-a-un-ano-de-los-s ismos-secretaria-de-cultura-y-el-inah-presentan-avances-en-recuperacion -del-patrimonio-cultural-afectado

https://www.inah.gob.mx/attachments/article/7559/Boleti% CC%81n%20325.pdf

https://www.inah.gob.mx/sismos

https://www.fitchratings.com/site/pr/1029184

https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/patrimonio -cultural-de-mexico

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/Proteccion Civil/Resource/2343/1/images/BANOBRAS_FONDEN.pdf

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832003000200003

http://www.diariodechiapas.com/landing/turismo-cultural- nueva-alternativa/

https://www.entornoturistico.com/10-datos-que-explican-l a-importancia-del-turismo-cultural-en-mexico/

https://www.visitmexico.com/es/actividades-principales/c hiapas/conoce-san-cristobal-una-ciudad-diferente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2019.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conade a proporcionar todos los apoyos a los seleccionados nacionales que representarán a México en el tercer Campeonato Panamericano de Parakarate, a cargo del diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal David Orihuela Nava, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a su consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La realización del primer abierto y de los campeonatos para personas con discapacidad y la gestión del presidente de la WKF, ante el Comité Paralímpico Internacional, para que se reconocieran las competencias que organiza esta Federación Mundial, tuvo su fruto el 12 de junio de 2015, fecha que este organismo reconoce los esfuerzos de la Federación Mundial de Karate, para apoyar a las personas con discapacidad que desean encontrar en el deporte una mejor calidad de vida y una opción más en el ámbito competitivo.

Un año después, el 18 de junio de 2016, mediante un comunicado la WKF, da a conocer el siguiente paso para las personas con discapacidad en donde menciona y explica que el karate para personas con discapacidad cambia de denominación y se le da el término de para- karate .

La razón del cambio es que no solo otros deportes utilizan esta terminología, sino también que es un término que se utiliza en 200 países, de acuerdo con una cooperación entre el Comité Paralímpico Internacional y el Comité Olímpico Internacional, y como consecuencia sólo está permitido utilizar este término.

En México, la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines impulsa la práctica del karate para personas con discapacidad, mediante la realización de 6 eventos, que aglutinaron a un número considerable de deportistas con discapacidad que participaron en la modalidad de kata, marcando con esto el inicio de la práctica en nuestro país del karate adaptado, hoy día para-karate.

Este campeonato marcó una nueva etapa en el desarrollo del karate para personas con discapacidad, si bien es cierto que las bases ya están cimentada ahora falta el desarrollo y la consolidación.

Se tiene como objetivos principal que el karate se incluya en la Paralimpiada Nacional, organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y que México se sume a los países que apoyan a la Federación Mundial de Karate, para que el para-karate sea incluido en el programa de los Juegos Paralímpicos de 2024.

Es así, como el pasado 19 de enero de 2019 , la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, por conducto de la Comisión de Para-karate, continua generando espacios para las personas con discapacidad que les guste esta disciplina, ellos organizaron el tercer Campeonato Nacional Selectivo con un total de 13 competidores, todos ellos con grado de cintas negras.

Obteniendo la selección que representará a México en el Campeonato Panamericano de Para-karate, en ciudad de Panamá, Panamá, del 17 al 23 de marzo del presente año.

Es importante señalar que México en 2018, participa en Santiago de Chile, teniendo como antecedente en el evento anterior los siguientes resultados: 6 medallas , 1 medalla de oro y 3 medallas de bronce (varonil). 2 medallas de bronce (femenil).

Considerando que era la primera ocasión que nuestro país participaba en este tipo de eventos, el resultado fue muy bueno.

Con base en lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que en este año llevamos una selección nacional de para-karate de seis competidores nacionales, con un grado de cintas negras:

María Xóchitl Cristóbal Aquino (Ciudad de México)

María Yunuen Aceves Villescas (Tamaulipas)

Alison Abigail Yanayon Lucero (Baja California Sur)

José Roberto González Carreón (Ciudad de México)

José Daniel García López (estado de México)

César Ricardo Becerril Pérez (Ciudad de México)

Todos ellos bajo la responsabilidad del entrenador nacional, sensei tercer dan Eduardo Tovar Martínez.

Para todos nosotros, solo son nombres que quizá no conocemos, pero son ellos quienes tienen la responsabilidad de participar en un evento de talla internacional y representar a sus estados y principalmente a México, como deportistas de alto rendimiento.

Es por ello que solicito respetuosamente su valioso apoyo de la titular de la Conade, para que los deportistas de para-karate, se les proporcionen las facilidades a estos guerreros , a fin de representar dignamente nuestro país y no estén preocupados en cubrir sus gastos.

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a proporcionar todos los apoyos posibles a los seleccionados nacionales que nos representarán en el tercer Campeonato Panamericano de Para-Karate , que se celebrará en la ciudad de Panamá, Panamá, del 17 al 23 marzo del año en curso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2019.

Diputado David Orihuela Nava (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a verificar y reducir por la Conagua las tarifas de agua en Altamira, Tamaulipas, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I del artículo 6; numerales 1, fracción II, y 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes:

Consideraciones

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 25 al 28, 73, 115, 123 y 124, establece las bases jurídicas de las que se derivan las leyes generales y sectoriales relativas al ambiente. Dichos artículos se relacionan también en forma directa o indirecta con la protección jurídica del agua en México.

En el país, de conformidad con el párrafo sexto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado en el 2012 estable que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

De este modo, la Ley de Aguas, en su párrafo segundo, del artículo 9, establece respecto a la Comisión Nacional del Agua que:

“La Comisión tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la Federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico”.

Es importante recordar que, en el caso de México, se trata de un Estado federado, y esta ley crea autoridades federales, pero también genera institucionalidad a nivel de los estados y de organismos de cuenca, para la administración integral del recurso, además de “consolidar la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como autoridad ejecutiva” nacional.i

De acuerdo con, lo anterior es que la Conagua, de manera preliminar, da a conocer los valores con los que cuenta al mes de septiembre de 2018, de las variables de las fórmulas para determinar la zona de disponibilidad de cada cuenca y acuífero del país .ii

Asimismo, los artículos 192-E y 230-A de la Ley Federal de Derechos establecen que la Comisión Nacional del Agua, en materia del derecho por el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales, cuenta con atribuciones en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de dicha contribución.

Es entonces que, en fecha 26 de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el “Acuerdo por el que se dan a conocer los valores de cada una de las variables que integran las nuevas fórmulas para determinar durante el ejercicio fiscal 2014 las zonas de disponibilidad , a que se refieren las fracciones I y II, del artículo 231 de la Ley Federal de Derechos, vigente a partir del 1 de enero del 2014”.iii

No obstante, datos de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (Aistac) nos muestran cómo han aumentado las tarifas de agua en un alarmante porcentaje. Un claro ejemplo es que en el año 2013 , antes de los cambios a la Ley Federal de Derechos, los industriales pagaban 1 peso con 61 centavos por metro cúbico de agua que utilizaban de la cuenca del Tamesí; después, para el año 2014 , tras las modificaciones en los criterios para el cálculo de las tarifas para el pago de derechos por consumo de agua , el sector industrial del sur de Tamaulipas tuvo que pagar 6.36 pesos por metro cúbico. En lo que va del presente año 2018, esta tarifa asciende a 7 pesos con 46 centavos , lo que representa, en promedio, el equivalente al 30 o 35 por ciento de su gasto en nómina.iv

Esta es una tarifa que afecta severamente las finanzas de las empresas instaladas en la región y, por supuesto, pega de manera directa en la competitividad económica frente a otras regiones del país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi), las empresas instaladas en el sur de Tamaulipas son, sin duda, uno de los motores de la economía región, ya que el sector de la petroquímica contribuye con el 5.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) del estado.

Por lo que el sector petroquímico instalado en Altamira genera 22 mil empleos directos y 80 mil indirectos. Más proveedores locales que están insertados en su dinámica económica. Además, abastece con sus insumos a más de 3 mil pequeñas y medianas empresas en el país. De ese tamaño es la importancia de la industria petroquímica del sur de Tamaulipas.

Aunado a ello existe una diferencia desfavorable del costo tarifas de aguas nacionales para uso industrial entre las regiones en que se asienta Tamaulipas, por lo que es indudable que, por una simple razón de equidad y un pago justo, se debe procurar un verdadero equilibrio en las tarifas actuales.

Esta circunstancia, por ende, nos motiva a formular algunas reflexiones en torno a lo que la población de Tamaulipas espera del gobierno federal, como el tener un trato justo en los costos de sus tarifas, que sea más equitativo, y se traduzca en favor de la economía de las familias de nosotros los tamaulipecos, con tarifas de agua para uso industrial más justas.

Por ello, considero que es necesario que el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua y de los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Economía (SE), asuma nuevos criterios de aplicación. Y solidarizarse con esta petición que el pueblo de Tamaulipas justamente les estamos demandando, el que se verifique y ajuste a la baja las tarifas de agua para uso industrial en el sur de Tamaulipas, en el municipio de Altamira, ya que es necesario que estas autoridades encargadas de la regulación de las tarifas realicen un estudio a fondo, a efecto de que en el cobro de estas se tome en consideración diversos factores regionales que las diferencian, ya que de lograrse esta reducción, va a impactar de manera directa y positiva en beneficio de la economía de muchas familias.

Es por ello que, en apoyo a la economía de las familias de estos municipios, la Comisión Nacional del Agua debe verificar y ajustar a la baja nuevamente las tarifas en los municipios.

Estamos pidiendo solamente que estas tarifas sean justas, no es justo que las familias tamaulipecas paguen tarifas más altas que otros municipios, se debe hacer un nuevo estudio que corrija este dato, por este tipo de excesos en las tarifas en municipios como este.

Por lo que, ante el aumento gradual de la tarifa y las consecuencias que puede provocar debido a que las tarifas de agua industrial han aumentado en más de un 300 por ciento, provoca que se detengan nuevas inversiones al puerto industrial de Altamira, por lo que es necesario que la Conagua nos pueda revelar que la clasificación tarifaria para este municipio de Tamaulipas es incorrecta, y debe ser ajustada para que los habitantes de dicha zona paguen menos, lo que brindara ánimo para los futuro inversionistas.

De ahí la imperiosa necesidad de busca revertir las tarifas que han crecido en la zona económica que son de $6.70 cuando la tarifa era de 1.60 registrando un incremento del 300 por ciento.v

Es de señalar que del año se han identificado los soportes técnicos en hidráulicos, hemos visto que corresponde a nuestra región tener una tarifa de $2.20 de acuerdo con lo que la ley marca.vi

Este punto de acuerdo es una respuesta a las miles de demandas de los habitantes de estos municipios que se ven afectados, ya que han manifestado su profundo descontento por la forma en que la Comisión determina las tarifas de algunas localidades. Y, al respecto, con el lógico perjuicio para sus habitantes, ya que con esas tarifas afectando la economía se desalienta a inversionistas.

En este sentido, es importante también tener en cuenta y destacar que causa grave afectación a los industriales de Altamira, el procedimiento para determinar las zonas de disponibilidad relativa para fines de cobro, establecido en la Ley Federal de Derechos (artículo 231) desde 2014, derivado de que da a estas reservas tratamiento de “extracción”, mas esa agua nunca podrá ser retirada de la cuenca, tal como se establece en la Ley de Aguas Nacionales, la cual establece que los volúmenes decretados como “reservas” no podrán ser extraídas en tanto no se levante la veda o reserva mediante decreto del Ejecutivo federal.

Por eso, el presente exhorto tiene como una de sus finalidades que se verifiquen y ajusten a la baja las tarifas de las localidades al sur de Tamaulipas.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea pedir la solidaridad de ustedes y lograr que exista una verificación y ajuste a la baja de las tarifas para los habitantes de los municipios de Tamaulipas, por lo que me permito proponer, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua para que se verifiquen y ajusten a la baja las tarifas de las localidades del estado de Tamaulipas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, a que realice una revisión de las variables que integran las fórmulas para calcular las zonas de disponibilidad de aguas subterráneas (acuíferos) y de aguas superficiales (cuencas) que inciden en las tarifas que se cobran a los usuarios de agua en los municipios del sur de Tamaulipas.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional del Agua que informe periódicamente a la opinión pública, el avance de los trabajos en torno a la verificación y ajuste del sistema de tarifas que esté llevando a cabo este organismo.

Notas

i Ortiz, G. Conceptos originales relevantes de la Ley de Aguas Nacionales. Revista Mexicana de Tecnología del Agua. Enero/Abril 1993. ISSN electrónico: 2007-2422. Recuperado de:

http://www.revistatyca.org.mx/ojs/index.php/tyca/article /view/705/604 (consultado el 12 de noviembre de 2018).

ii Valores preliminares de las fórmulas que establece el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos con los que cuenta la Conagua a septiembre 2018, Comisión Nacional del Agua, Documentos, consultado por última vez el 12 de noviembre de 2018, en

https://www.gob.mx/conagua/documentos/valores-preliminar es-de-las-formulas-que-establece-el-art-231-de-la-ley-federal-de-derech os-con-los-que-cuenta-la-conagua-a-septiembre-2018

iii Acuerdo por el que se dan a conocer las zonas de disponibilidad que corresponden a las cuencas y acuíferos del país para el ejercicio fiscal 2016, en términos del último párrafo del artículo 231 de la Ley Federal de Derechos vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en fecha 22/03/2016.

iv Héctor Garcés, La petición de los industriales del sur, 16 de octubre, 2018, Grupo Editorial Expreso - La Razón , consultado en

https://expreso.press/2018/10/16/la-peticion-de-los-indu striales-del-sur/

v Sandra Sosa, Milenio , Perdemos inversiones por altos costos en agua: AISTAC, Altamira, 06 de noviembre de 2018,

http://www.milenio.com/negocios/perdemos-inversiones-alt os-costos-agua-aistac

vi Sandra Sosa, Milenio , Perdemos inversiones por altos costos en agua: Aistac, Altamira, 06 de noviembre de 2018,

http://www.milenio.com/negocios/perdemos-inversiones-alt os-costos-agua-aistac

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días de marzo de 2019.

Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a abstenerse de realizar una consulta popular en materia de reconocimiento y garantía de derechos humanos, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Lourdes Érika Sánchez Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que, en el ejercicio de sus funciones, se abstenga de realizar una consulta popular en materia de reconocimiento y garantía de derechos humanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Toda persona, por el siempre hecho de existir, tiene derechos humanos que se derivan del principio de la dignidad humana. Estos son inherentes e inalienables, es decir que forman parte de la existencia sin importar su lugar de residencia, sexo, origen nacional, grupo étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición.1

Estos son universales, se encuentran interrelacionados, interdependientes e indivisibles, es decir que se encuentran integrados a la condición humana y al valor y reconocimiento del valor que todos tenemos como personas.

Es precisamente por ello que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece que todos los Estados tienen obligaciones para hacer efectivo el pleno goce de estos y, por tanto, deberán adoptar medidas en determinadas situaciones y actuar en otras, con el objetivo de promoverlos, respetarlos y garantizar las libertades fundamentales de los individuos y los grupos que existen en la sociedad.

Con la reforma constitucional de 2011, México transitó a un modelo de Estado que parte del principio y el respeto de los derechos humanos. La introducción del garantismo2 y la modificación del artículo primero constitucional, generaron un cambio de paradigma en donde todas las autoridades deben garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas bajo el principio de progresividad y máxima protección.

Entre las distintas modificaciones, se elevaron a rango constitucional todos los tratados internacionales firmados y ratificados por México; además, se estableció la prohibición de eliminarse derechos, por el contrario, sólo deben ser ampliados a fin de establecer un reconocimiento de las personas y su dignidad.

En este sentido, los derechos no se consultan, analizan o cuestionan, sino que se tratan de prerrogativas inherentes a las personas que el Estado reconoce en distintos niveles y en México, sólo pueden ampliarse.

A pesar de lo anterior y ante la polémica discusión que se generó en torno a la posible despenalización del aborto, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, refirió como alternativa someter el tema a una consulta popular a fin de que la población mexicana decidiera, lo cual, en principio constituye una violación a los principios constitucionales establecidos en el artículo primero de la propia Constitución.

Si bien es cierto que se trata de un tema controvertido, en el que existen posturas válidas y muy diversas, también lo que es que el eje de la problemática de la interrupción legal del embarazo índice de manera directa en el reconocimiento de dos derechos de las mujeres: la decisión de ejercer libertad sobre su propio cuerpo y el acceso a servicios médicos de calidad.

Por lo que se refiere al primer derecho, incide en la facultad de las mujeres en ejercer de manera libre y sin restricciones sus derechos sexuales y reproductivos sin discriminación y con la información necesaria para hacer uso de su libertad.

Por lo que se refiere al derecho a la salud, de acuerdo con la organización civil Alianza por la Solidaridad, en el mundo, anualmente 44 millones de mujeres que se encuentran en edad reproductiva deciden abortar, de éstas, 47 mil fallecen por una mala intervención médica y otras cinco millones sufren lesiones graves. Tan sólo en América Latina, 24% del total de muertes de mujeres asociadas al embarazo y el parto, se dan por un aborto inducido inseguro3 A nivel mundial, al menos, 22 mil 800 mujeres mueren cada año debido a complicaciones de abortos inseguros

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de las mujeres que recurren al procedimiento médico lo hacen porque no desean quedar embarazadas en ese momento. En tales casos, se observa que el 84% de los embarazos no planeados se dan por falta de información o dificultad en el exceso de los servicios médicos de salud reproductiva y anticoncepción. De ahí, que la postura de la OMS recaiga en la necesidad de fortalecer estos programas de salud y prevenir el embarazo no deseado en lugar de prohibir servicios médicos.

Así, actualmente existen 60 países que brindan servicios de aborto legal, en cinco se considera totalmente prohibido y en el resto existen causales específicas que permiten la interrupción legal del embarazo.

En México, la legislación depende de cada entidad federativa. Actualmente, la Ciudad de México brinda servicios de aborto legal durante las primeras doce semanas de embarazo, se considera un servicio de salud pública y los hospitales del IMSS y el ISSSTE tienen la obligación de practicarlo. En las demás entidades federativas este procedimiento únicamente es legal cuando el embarazo se produce a causa de una violación o cuando éste pone en riesgo la vida de la madre.

Cada entidad federativa tiene la facultad de legislar con base en los intereses y necesidades de una sociedad. Pero en todo momento se debe partir del principio de progresividad demarcado en el artículo primero constitucional. Los derechos reconocidos en México, sólo pueden ser ampliados.

Es importante referir que el reconocimiento de un derecho o la ampliación del mismo, no constituye un tema de consulta popular, sino que se trata de una obligación del Estado demarcada por el artículo primero constitucional. Es faculta del legislador determinar las condiciones o no para legislar sobre una materia específica, pero de ninguna manera es facultad de ninguna autoridad, someter al escrutinio público el reconocimiento de un derecho, que por sí mismo y al ser humano, constituye una atribución inherente a la existencia de las personas.

Los derechos son parte de los seres humanos, nacen con ellos y el Estado tiene derecho a garantizarlos porque constituyen ejes rectores de la condición de persona, no se cuestionan, no se preguntan, solamente se reconocen.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal, para que en el ejercicio de sus funciones se abstenga de realizar una Consulta Popular en materia de reconocimiento y garantía de derechos humanos.

Notas

1http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=448&Itemid=249

2 Ferrajoli, Luigi. Garantismo penal. España: Trotta, 1996.

3 https://www.alianzaporlasolidaridad.org/noticias/47-000-mujeres-mueren- cada-ano-en-el-mundo-en-abortos-inseguros

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 14 días del mes de marzo de 2019.

Diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para crear la comisión especial que acompañe las investigaciones relacionadas con la explosión del ducto de Pemex en Tlalhuelilpan, Hidalgo, a cargo de la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Mónica Bautista Rodríguez en la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita crear una comisión especial para que, a modo de observatorio, acompañe las investigaciones relacionadas con la explosión del ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo, y vigile el desarrollo del combate al robo de combustible.

Consideraciones

El pasado lunes 18 de febrero se cumplió un mes de la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, un municipio rural enclavado en el Valle del Mezquital, cuyo lamentable saldo fue de 132 muertes. Esas fueron las primeras víctimas fatales consecuencia de la mala estrategia del gobierno federal, en su lucha contra el robo de combustibles extraídos de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Es probable que el desabasto de gasolinas generado por el cierre de ductos sea ya un problema superado. Sin embargo se han presentado diversas dudas y cuestionamientos por la falta de transparencia sobre el conjunto de acontecimientos vinculados con el combate al robo de combustibles de Pemex.

Hay dudas por la inacción y la falta de protocolos de protección civil de los elementos del Ejército que se presentaron en el lugar de los hechos con suficiente tiempo antes de la explosión, mismos que se mantuvieron como observadores del saqueo de combustible por parte de pobladores de Tlahuelilpan.

En este sentido es importante señalar que aún son desconocidos los resultados sobre las investigaciones y el debido proceso penal que se sigue a los funcionarios de Pemex identificados como huachicoleros, mismos que fueron señalados como corruptos por el Presidente de la República durante los días álgidos de la escasez de combustible.

Continúan las dudas sobre la eficacia de cerrar los ductos y decidir comprar 571 pipas sin la licitación de ley correspondiente y sin que se cubrieran las especificaciones técnicas que dichas pipas deben tener para el transporte de combustible en las carreteras nacionales. Dudas sobre la veracidad de lo afirmado por el Presidente de la República, de que el combate al robo de combustible le permitirá al gobierno y a Pemex recuperar 65 mil millones de pesos. Dudas acerca de la atención profesional y humanitaria a las familias de los 132 fallecidos por quemaduras en el infierno de Tlahuelilpan.

La pobreza de Tlahuelilpan

Para sensibilizar a la mayoría de este parlamento para que acceda a la solicitud que se propone en este punto de acuerdo de obvia e inmediata resolución, quiero proporcionar datos oficiales sobre la vida de este municipio.

En Tlahuelilpan, como en el resto de los municipios del Valle del Mezquital, estado de Hidalgo, sus habitantes han sido víctimas económicas de siempre, sin importar el modelo económico o el régimen político imperante. Pero su miseria se acentuó debido al modelo económico neoliberal.

La pobreza en Tlahuelilpan está a flor de piel.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) registra un total de 18 mil 531 habitantes. De estos 51 por ciento se encuentra en pobreza, 7 por ciento padece pobreza extrema, y 24 por ciento pasa severas dificultades para lograr las tres comidas diarias.

Según el Coneval, 71 por ciento de las familias de Tlahuelilpan no tiene empleo formal. Una de cada cinco personas padece de rezago escolar; el máximo grado de estudio es la secundaria, y sólo tres de cada diez cubrió este nivel escolar. Además no puede olvidarse que 10 por ciento de las viviendas carece de servicios básicos.

Sin duda la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan es la peor tragedia acaecida en lo que va del reciente gobierno. Pero, a pesar del horror que generó el incendio que mató a 132 personas entre niños, jóvenes y adultos, fue débil la solidaridad y la indignación social. La falta de solidaridad social y de indignación por las víctimas de Tlahuelilpan, bien puede ser compensada con la solidaridad que esta soberanía podría organizar.

No ha habido indignación porque el Presidente de la República ha sido eficaz en capitalizar su popularidad para aislar del interés colectivo la trágica muerte de los 132 quemados. En el lugar de esta tragedia se ha colocado la atención en el combate a los ladrones de combustible, quedando los muertos de Tlahuelilpan sutilmente señalados con esta despreciable categoría.

Por esa hábil maniobra mediática por vez primera se desata en las comunicaciones en redes sociales, expresiones despectivas contra los muertos y el pueblo de Tlahuelilpan.

Compañeros y compañeras legisladores, sólo recuerden e imaginen el dolor, el sufrimiento padecido por los 132 fallecidos y de los lesionados. Reivindiquemos el carácter de víctimas de los muertos liberándolos del injusto estigma de huachicoleros.

Al cumplirse más de 30 días de la desgracia de Tlahuelilpan, el gobierno federal está obligado a informarnos sobre los avances de las averiguaciones, y de quiénes fueron los culpables materiales e intelectuales de esa desgracia.

Hay una urgente necesidad de deslindar responsabilidades y conocer la verdad, para hacer justicia a los muertos, a sus familiares, y resarcir la honorabilidad de las víctimas.

Urge saber quién perforó el ducto, quién provocó la explosión, y si fue oportuno el cierre de las válvulas por parte del personal de Pemex, para evitar que siguiera derramándose la gasolina.

Es indispensable precisar si hubo convocatoria o no para que la comunidad acudiera a participar del ilícito, o si la participación fue espontánea.

Los mexicanos debemos ser informados si hubo omisión protectora por parte del Ejército, la Policía estatal o la municipal. Por lo tanto, es necesario conocer la opinión sobre lo sucedido de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por la falta de transparencia en el manejo de la información de Tlahuelilpan, sería acertada la creación de una comisión especial de la Cámara de Diputados federal, que tuviera facultades de recabar información para que la investigación que realiza la Fiscalía sea contrastada como una garantía de transparencia en su investigación.

Con la comisión especial de legisladores federales se daría certeza a los ciudadanos y a la opinión pública, y se acabaría con el sospechosismo que acompaña permanentemente a todas las investigaciones que se realizan sobre este tipo de desgracias.

En tanto no se conozca la verdad y no se haga justicia, los 132 muertos y los lesionados de Tlahuelilpan seguirán en calidad de estigmatizados y discriminados.

A un mes de su desgracia, los 132 fallecidos en Hidalgo también son víctimas de la intolerancia contra los críticos. Para lograr justicia a las víctimas y transparencia en la lucha contra el robo de combustible, el Grupo Parlamentario del PRD les pide su aprobación a la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a esta honorable Cámara de Diputados la creación de una comisión especial para que, a modo de observatorio, acompañe las investigaciones relacionadas con la explosión del ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo, y vigile el desarrollo del combate al robo de combustible.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2019.

Diputada Mónica Bautista Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Transporte y el gobierno del estado de México a explicar el incremento arbitrario de la tarifa de las líneas de autotransporte concesionado en el trayecto Santiago, Chalma, Tenango, Capulhuac, Ocoyoacac y Xalatlaco, a cargo del diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal David Orihuela Nava, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las autoridades del estado de México han hecho caso omiso a los reclamos de la población que todos los días utilizan este servicio de transporte para trasladarse a trabajar a la Ciudad de México.

La justificación del incremento en las tarifas del servicio se debe según los operadores de estas unidades de transporte y de las personas que se encargan de la atención del público, son para mejorar el servicio y mantenimiento de las unidades.

El argumento más reciente del transporte concesionado es por el desabasto de gasolina en diversas zonas y principalmente el Valle de Toluca y la zona sureste del estado de México.

“Afirmó el titular de la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo del Estado de México”, que no es justificación para el incremento de tarifas en el transporte público.

De acuerdo a la política de calidad que maneja las mencionadas empresas en su portal de atención al usuario, señalan la prestación de un servicio de la más alta calidad y seguridad.

Teniendo como objetivo primordial la promoción de una cultura de atención al usuario, con un servicio de honestidad.

La Secretaría de Movilidad del Gobierno del estado de México aclaró que no existe aumento en las tarifas de pasaje, como se difunde de manera falsa en mensajes de texto (SMS) y redes sociales.

La dependencia mexiquense alertó a la población para que no se deje sorprender.

Es más que la Secretaría, explicó que la Gaceta de Gobierno que circula en las redes sociales, en la que aparece esta presunta autorización, es falsa y pretende generar confusión y desacreditar la labor gubernamental.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México reiteró que mientras no concluyan los estudios que se realizan al respecto, no puede autorizarse el aumento.

Pero en un comunicado por las mismas autoridades del estado, niegan aumento al pasaje de transporte público en la entidad, sin embargo, autobuses concesionados por autoridades federales sí podrían tener una tarifa diferenciada con el reporte .

“El desabasto no pudiera ser un elemento para aumentar tarifa; para aumentar tarifa se toman en cuenta diferentes condiciones, como el aumento de los insumos, o el incremento en los gastos operativos”.

Refirió que tan sólo en un año el diésel, combustible principal para el transporte colectivo, subió de 17.08 pesos el litro a 20.62 pesos, es decir un 20 por ciento, panorama que podría generar un aumento en las tarifas.

Las autoridades encargadas de este rubro precisan que es el Instituto del Transporte del Estado de México el que en todo caso tendría que informar de un aumento al pasaje, mismo que insistió, no está considerado por la problemática del desabasto.

Para justificar las omisiones, falta de interés, ignorancia, desconocimiento, o corrupción por parte de las autoridades de transporte en el estado de México, señalan que el transporte irregular es el que se vio afectado por el desabasto, toda vez que las empresas afiliadas a la Canapa t (Cámara Nacional de Pasaje y Turismo) normalmente cuentan con infraestructura considerable y estaciones de autoconsumo, es decir, el combustible que se adquiere es para uso del parque vehicular y no se consume en estaciones públicas.

El autotransporte irregular en el Valle de México y en la zona sureste del estado, según las autoridades los vehículos fuera de norma, son los causantes de los incrementos y esto no bastará para mejorar el transporte.

Hago una llamada a las autoridades responsables de la regulación de las tarifas del transporte concesionado del estado de México, para que realicen su trabajo en serio y que si en verdad son falsas las fuentes que dicen que no existen dichos incrementos desproporcionados de las tarifas de autotransporte , se lo explique a los usuarios de este servicio.

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al titular de la Secretaría de Transporte y al gobernador del estado de México para que expliquen el incremento arbitrario de la tarifa del servicio de transporte de las líneas de autotransporte concesionado, en el trayecto Santiago, Chalma, Tenango, Capulhuac, Ocoyoacac y Xalatlaco, en la zona sureste del estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2019.

Diputado David Orihuela Nava (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a garantizar los derechos humanos de los extranjeros que transitan por el territorio nacional, a cargo de la diputada Hortensia María Luisa Noroña Quezada, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Hortensia María Luisa Noroña Quezada, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que garantice los derechos humanos de los extranjeros que transitan por el territorio nacional y aseguren condiciones de seguridad a su integridad y patrimonio, ante las denuncias de robos, extorsiones y secuestros, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Se ha documentado que los migrantes en su paso por nuestro país son objeto de robos, extorsiones y secuestros, esta situación no sólo vulnera el ejercicio pleno de sus derechos humanos, sino también, constituye un riesgo a su integridad y patrimonio.

Asimismo, han denunciado sucesos de abuso sexual contra menores y mujeres, exclusión y discriminación particularmente a los adultos mayores y personas con alguna discapacidad.

Uno de los últimos sucesos dados a conocer es el presunto secuestro masivo de 22 migrantes el pasado 7 de marzo cuando circulaban por la carretera San Fernando-Reynosa, en el estado de Tamaulipas. Los primeros indicios arrojan que el autobús en el que viajaban fue interceptado por hombres encapuchados quienes se transportaban en al menos cuatro vehículos.1

Según el subsecretario de Derechos Humanos del gobierno federal, estos hechos podrían estar relacionados con la operación de bandas delictivas quienes trafican con personas; no obstante, a la fecha aún no existen resultados concretos sobre las investigaciones y la localización de estas personas.

Ante estos acontecimientos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha solicitado tanto al gobierno federal, como a las autoridades del estado de Tamaulipas, para que lleven a cabo las medidas cautelares necesarias para localizar a los migrantes y salvaguardar su integridad.2

No es la primera ocasión en que se manifiestan actos de esta naturaleza, ya que se tiene conocimiento que el pasado 21 de febrero, sobre la carretera Monterrey-Ciudad de México, fueron detenidos dos autobuses, y miembros de la delincuencia se llevaron hacia rumbo desconocido a 25 migrantes, quienes se encuentran en calidad de desaparecidos.

El secuestro de migrantes y la transgresión a sus derechos humanos es una constante durante la actual administración federal, muestra de ello es que el pasado 5 de marzo se denunció el secuestro de al menos cinco migrantes centroamericanos en Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas, y el fallecimiento de 25 durante un percance carretero, sin el auxilio y protección del gobierno mexicano.3

Al igual que Tamaulipas, los estados de Veracruz y Puebla son de alta peligrosidad para este sector vulnerable. De acuerdo con testimonios, el modo bajo el que operan estas bandas del crimen organizado es el mismo: los detienen, los torturan y los amenazan para que trabajen para ellos, de no ser así, incluso los asesinan.

Más grave aún, el personal del Instituto Nacional de Migración ha estado relacionado con irregularidades y presuntos actos que vulneran la integridad de los migrantes y sus familias, entre los que se encuentran detenciones arbitrarias, traslados inseguros y permanencia bajo circunstancias infrahumanas e insalubres.

En las denominadas caravanas migrantes, los apoyos de las autoridades han resultado insuficientes, esto se debe a que las condiciones de los albergues no son las adecuadas, ya que cuentan con sanitarios en condiciones insalubres, existe contaminación del agua y los alimentos escasean, además de que son insuficientes las políticas que implementa el Instituto Nacional de Migración para asesorarlos en los procedimientos migratorios legales.

Ante estos sucesos, que dejan de manifiesto la poca efectividad del gobierno federal y del Instituto Nacional de Migración para salvaguardar las libertades y derechos humanos de los migrantes, es necesario y urgente que fortalezcan sus programas, a fin de asegurar que el tránsito de los extranjeros por nuestro país sea seguro.

Apremia que las instituciones de procuración y administración de justicia emprendan medidas que aseguren el acceso a la justicia, ya que una de las principales quejas gira en torno a que sufren una revictimación cuando acuden a realizar estas denuncias, ya que al ser extranjeros reciben un trato distinto.

Una estrategia integral por parte de las autoridades debe contemplar mayor vigilancia por las carreteras del país, y en las unidades del servicio público la instalación de cámaras de monitoreo, así como la instalación de botones de pánico, que permitan alertar de manera oportuna a las autoridades del desarrollo de algún delito.

El objetivo fundamental es garantizar condiciones dignas de tránsito y respeto a los derechos humanos de las personas extranjeras que transitan por nuestro país, además de contar con mecanismos institucionales que contribuyan a su protección ante alguna anomalía y violación a los tratados internacionales del que México forma parte.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que garantice los derechos humanos de los extranjeros que transitan por el territorio nacional, y aseguren condiciones de seguridad a su integridad y patrimonio, ante las denuncias de robos, extorsiones y secuestros.

Notas

1 Milenio. (2019). Confirman 22 pasajeros secuestrados en San Fernando. 13 de marzo de 2019, sitio web:

https://www.milenio.com/policia/confirman-22-pasajeros-s ecuestrados-san-fernando

2 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2019). Solicita CNDH a autoridades federales y estatales de Tamaulipas implementar medidas cautelares para localizar y salvaguardar la integridad de al parecer 22 personas migrantes privadas de la libertad. 13 de marzo de 2019, de CNDH. Sitio web:

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2019/Co m_2019_087.pdf

3 Óscar Gutiérrez. (2019). Vuelca camión con migrantes en Chiapas; mueren 25. 13 de marzo de 2019, de El Universal. Sitio web:

https://www.eluniversal.com.mx/estados/vuelca-camion-con -migrantes-en-chiapas-mueren-25

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a garantizar la rectoría y participación de las universidades interculturales en la política transversal educativa en México, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Raymundo García Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que en México, el 6 de septiembre de 2004 se crearon las universidades interculturales mexicanas (UIM), instituciones públicas de educación superior que contribuyen al logro de una mayor equidad en la distribución de oportunidades de desarrollo educativo en el país, se caracterizan por su calidad y pertinencia cultural y lingüística.

Las UIM fueron establecidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, para atender la necesidad del conocimiento “originario” generado y custodiado por los diversos grupos étnicos.

Para muchos jóvenes indígenas en México, las interculturales representan su única vía a la educación superior.

Según la SEP, con estas escuelas se busca brindar oportunidades de desarrollo académico profesional y de investigación a poblaciones rurales en las que jóvenes, de origen cultural diverso.1

En la actualidad hay 11 instituciones con una oferta educativa de 32 licenciaturas, 6 maestrías y 4 doctorados con cuatro ejes de trabajo: Lengua y cultura, Disciplinar, Vinculación Comunitaria y, por último, Sociocultural y axiológico.

El incremento de la matrícula ha pasado de atender 10 mil 518 alumnos en 2012 a 14, 748 alumnos en 2017. De ellos, 51 por ciento corresponde a mujeres; y 41, a hombres.

Las UIM se crean por la necesidad y pedimento constante de los pueblos originarios como una demanda al gobierno federal para acceder a una educación superior cultural y lingüísticamente pertinente.

El rector de la Universidad Intercultural de Puebla destacó la importancia de estas instituciones, como la única política pública enfocada a la atención de los pueblos indígenas en el nivel superior y que proporcionan una oportunidad a los jóvenes para desarrollarse y contribuir al crecimiento de su comunidad.

El papel de las universidades interculturales es mediar entre ese mundo indígena y la ciencia occidental, y no convertirse en simples transmisoras del modelo educativo predominante.2

Durante el encuentro nacional de universidades interculturales se manifestó que el logro es seguir existiendo, porque generan una propuesta educativa que no había y la han sustentado en un contexto sumamente difícil.

Que nunca la han tenido fácil en cuestión de presupuestos y que las condiciones políticas y económicas no son ideales e incluso se han endurecido a lo largo de su creación.

La Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur es una opción educativa de La Montaña, Guerrero, la cual ha conseguido desarrollar su proyecto de educación intercultural e, incluso, expandirlo a cinco municipios del estado.

Surgida como una respuesta educativa cultural con base en el derecho y patrimonio común, canalizada a establecer una educación que supere el ámbito escolar y que permita preservar y optimizar las técnicas culturalmente adecuadas para la comunicación y la transmisión del saber de los pueblos indígenas.

En la antesala de la llamada reforma educativa, el secretario de Educación del gobierno de la república señaló que se establecería el criterio de pluralidad, de diversidad en el que se escuchara la representación de todas las voces, que serviría mucho escuchar posiciones distintas para que se elabore una reforma un criterio amplio.

En la proposición de reforma, una de las propuestas es establecer la obligatoriedad de la educación superior, espacio que podría aprovecharse para garantizar programas y mecanismos de desarrollo para las universidades interculturales.

Estas instituciones, en la medida de su alcance, abonarían en el cumplimento de las metas al ser una opción para incrementar la matricula.

Asimismo, se estaría dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3o., que refiera la equidad de la educación y su el artículo 2o., Apartado A, fracción IV, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad.

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública a garantizar en el ámbito de su competencia la rectoría y participación de las universidades interculturales, a través de la inclusión de estas instituciones en la política transversal de educación en México, respondiendo con ello a lo establecido en los artículos 8, 10, 11 12, 13, 14, 15 y 16 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como lo enunciado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 2o. y 3o., y el 7o., fracción IV, de la Ley General de Educación.

Notas

1 https://www.gob.mx/sep/

2 LasUniversidadesInterculturalesDeMexicoEnLaEncrucijada. com.mx.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 14 de marzo de 2019.

Diputado Raymundo García Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar la intervención de diversas autoridades para establecer medidas y acciones conducentes a regular la captura, protección y conservación de las poblaciones de cangrejo azul, a cargo de la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Ediltrudis Rodríguez Arellano, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos: 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura y al gobierno de Tabasco a establecer las medidas y acciones necesarias para regular la captura, proteger y conservar las poblaciones de cangrejo azul (Cardisoma Guanhumi), al tenor de las siguientes

Consideraciones

México tiene un total de mil 775 especies clasificadas en 537 géneros y 115 familias de crustáceos decápodos, lo que representa 11.9 por ciento del total de especies en el mundo.1

Dentro de dichas especies se encuentra el cangrejo azul, cuyo nombre científico es Cardisoma guanhumi, también conocido como Blue Land Crab (cangrejo de tierra azul), Tombourou Matoutou, o moro de mangle azul.

El cangrejo azul es una especie de decápodo terrestre de la familia Gecarcinidae . Es uno de los cangrejos más grandes en su área de distribución.2

“Alcanza hasta 12 centímetros de largo, posee un caparazón ancho en forma de huevo reduciéndose hacia la parte posterior y engrandeciéndose hacia adelante, a sus lados, tiene pinzas claramente desiguales, posee dedos terminados en puntas más abiertos en la mano larga, el tamaño del largo de la mano se incrementa desproporcionalmente con la edad, especialmente en machos. Dicha especie va cambiando de color conforme se va desarrollando; en su etapa Juvenil presenta un color púrpura oscuro y naranja, conforme llegan a la etapa adulta adquieren un color azul lavanda, las hembras cambian de blanco a amarillo pálido durante la ovulación y el macho algunas veces no completa los cambios de color.

Es casi terrestre, vive en grandes concentraciones, en madrigueras de medio metro de profundidad, en suelos bajos relativamente, así como en canales largos o diques en medio de rocas o desechos; las madrigueras pueden estar hasta 5 kilómetros sobre la arena de la playa, pero siempre con una capa de agua (dulce o salobre) para que puedan habitarla.

Este cangrejo normalmente vive enterrado con las agallas húmedas, soporta grandes periodos de inmersión y está adaptado a las grandes variaciones de salinidad, regresando al mar cuando deben de incubar los huevos, los cuales pasan por larvas, desarrollando cambios y transformaciones hasta llegar a la forma de cangrejo”3

“Se alimenta de una amplia variedad de material vegetal, ocasionalmente de algo de carroña.

En cuanto a su recolección, son capturados por la noche y mantenidos vivos en corrales cercados. En algunos casos los cangrejos cautivos se “engordan” con maíz por unos días antes de ser procesados.

Son comercializados vivos, congelados, o enlatados.”4

Esta especie se ha registrado en Bermudas, sur de Florida y Texas, en todo el mar Caribe hasta Sao Paulo, Brasil.5

Dentro de nuestro país, esta especie se distribuye en todo el Golfo de México, a lo largo de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En el suroccidente del Golfo de México se localiza en aproximadamente 23 lagunas costeras, cuya importancia ecológica y económica reside en la biodiversidad que albergan, su extensión y la abundancia de especies de interés pesquero.6

En Tabasco, el cangrejo azul se distribuye a lo largo de las regiones hidrológicas RH-29 Coatzacoalcos y RH-30 Grijalva Usumacinta.

Pese a que dicha especie puede avistarse por todo el Golfo de México, actualmente las poblaciones de este cangrejo han disminuido de forma considerable dentro del estado de Tabasco, debido a diversos factores sociales, económicos, políticos y culturales, entre los cuales principalmente se encuentran:

1. La mayor parte de la población, cercana a los sistemas lagunares en Tabasco, se dedica a la actividad pesquera, por lo que se capturan grandes cantidades de este ejemplar, tanto para su consumo, como para su venta, ya que es común que la población local lo incluya en su dieta, sin que se tenga de manera formal un registro, ya que es capturado sin control alguno, lo que ha ocasionado la sobreexplotación de la especie en esta zona.

2. La captura del cangrejo azul se realiza durante todo el año, lo que no permite que dicha especie llegue a su etapa reproductiva, ni se lleven a cabo de forma correcta las corridas migratorias para su reproducción.

3. La sobrepoblación de las costas, el cambio de uso de suelo, el desarrollo turístico, e inclusive el mismo cambio climático y la contaminación de las lagunas, ha ocasionado en gran medida la pérdida de varias hectáreas de manglares y humedales, afectando drásticamente el hábitat del cangrejo azul, lo cual, aunado con todos los demás factores, ha ocasionado que a la larga su población vaya disminuyendo.

4. La utilización de substancias químicas para su captura, ha ocasionado no solo un impacto negativo sobre los recursos pesqueros, sino también un deterioro ecológico por la contaminación del suelo y los mantos acuíferos, ya que la gente de la localidad refiere que en ocasiones los pescadores utilizan carburo o petróleo para sacar a los cangrejos de su madriguera y así poder capturarlos.

Aunado a lo anterior, actualmente existe un gran vacío en la investigación de este recurso pesquero, así como en la falta de regulación de su captura; ya que en México apenas hace algunos años se comenzó a evaluar la población del cangrejo y se comenzaron a tomar medidas.

Tan es así, que en todo nuestro país el único estado que ha logrado que se realicen restricciones en la captura del cangrejo azul, es Veracruz, el cual logro que la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) emitiera el “Acuerdo por el que se establece el periodo de veda temporal para la pesca comercial del cangrejo azul o de tierra (Cardisoma Guanhumi) , en las aguas estuarinas y marinas de jurisdicción federal adyacentes al estado de Veracruz” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 2016. Logrando así establecer una veda temporal para la pesca de cangrejo azul o de tierra (Cardisoma Guanhumi) durante el periodo comprendido del 15 de agosto al 30 de septiembre de cada año.

Dicha veda ha sido un logro trascendental para la protección de esta especie, sin embargo, la desventaja es que dicha prohibición únicamente se aplica dentro de las aguas estuarinas y marinas de jurisdicción federal adyacentes al estado de Veracruz, dejando a la especie desprotegida en el resto del territorio nacional.

Dentro de Tabasco, un factor que agrava la problemática e impide dar solución a la disminución del cangrejo, radica en que no se tienen una adecuada inspección o una cuantificación de la cantidad del cangrejo azul que se pesca, dado que, ni siquiera se tramitan los permisos de pesca necesarios para poder extraer el espécimen, este se captura y se vende sin control alguno. Por tal motivo, al no poder cuantificar las cantidades de cangrejo que se capturan, no es posible determinar de forma indubitable que las poblaciones de cangrejo azul han disminuido. Sin embargo, las personas que vivimos cercanas a las localidades que colindan con las cuencas hidrológicas del estado de Tabasco, podemos observar que las poblaciones del cangrejo han disminuido cuantiosamente, de tal forma que ya no es posible ver las corridas del cangrejo, o incluso visualizar un espécimen en su hábitat natural, ya que actualmente solo se puede observar en carreteras y mercados capturados listos para su venta.

El cangrejo azul es de gran importancia para Tabasco, ya que su comercialización forma parte importante de la actividad económica de las poblaciones cercanas al sistema lagunar y a la zona de manglares, toda vez que dicha población se encuentra en alto estado de marginación.

Esta especie tiene un gran potencial, ya que posee un alto grado de valor edónico, dado que en la época de desove, la especie tiende a migrar al mar en grandes grupos, pudiendo producir una alta derrama económica por el turismo, como es el caso del cangrejo rojo (Gecarcoidea natalis) en la isla de la Isla de Navidad en Australia.

Por lo tanto, resulta indispensable que cada una de las autoridades gubernamentales, dentro del ámbito de su competencia realice las acciones necesarias para regular, proteger y conservar las poblaciones de cangrejo azul (Cardisoma Guanhumi) dentro del estado de Tabasco.

Por lo expuesto, y considerando que para el Grupo Parlamentario de Morena es prioritaria la protección y el cuidado del medio ambiente y recursos naturales, se somete a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Titular de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura para que, dentro de su ámbito de competencia, establezca las medidas administrativas y de control necesarias para regular la captura del cangrejo azul (Cardisoma Guanhumi) dentro del estado de Tabasco.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Titular del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura para que dentro el su ámbito de competencia, ponga en marcha las investigaciones científicas necesarias, con la finalidad de determinar el estado en que se encuentran las poblaciones de cangrejo azul (Cardisoma Guanhumi) dentro del estado de Tabasco.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al gobierno del estado de Tabasco, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para proteger y conservar las poblaciones de cangrejo azul (Cardisoma Guanhumi) dentro del estado de Tabasco.

Notas

1 Álvarez, F., Villalobos, J., Hendrick, M., Briones, E., Rodríguez, G., y Campos, E. (2014). Biodiversidad de crustáceos decápodos (Crustacea: Decapoda) en México. Revista Mexicana de Biodiversidad, Volumen 85, Supl. 1. Recuperado desde: http://www.scielo.org.mx/pdf/rmbiodiv/v85sene/v85senea25.pdf

2 Rafael Martínez y Pereira, Guido. 1980: Crustáceos. En: Bodini, R. y Rada. D. Biología Animal. Editorial Ateneo de Caracas. 336p.

3 Catálogo de especies acuáticas de importancia comercial en el estado de Tabasco. Grupo Edición, SA de CV, México DF. 10 diciembre de 1987.

4 M. Tavares, True Crabs, Universida de Santa Úrsula, Brazil. Página 339. Recuperado desde:

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/009/y4160e/y4160e2 2.pdf el 04 de noviembre de 2018.

5 Catálogo de especies acuáticas de importancia comercial en el estado de Tabasco. Grupo Edición, SA de CV, México DF. 10 diciembre de 1987.

6 Domínguez, J., Sánchez, A., Florido, F. y Barba, E. (2003), Distribución de macrocrustáceos en Laguna Mecoacán, al sur del Golfo de México. Hidrobiológica. Volumen 13 (Número de edición 2). Recuperado desde:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttet&pid=S0188-88972003000200005.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2019.

Diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa, Protección Civil y los gobiernos de las 32 entidades federativas a implantar acciones para salvaguardar la salud de la población y evitar posibles golpes de calor, a cargo de la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Irma María Terán Villalobos, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Protección Civil para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, implementen acciones orientadas a proteger la salud de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, ante la onda de calor que afecta al país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las condiciones climáticas se han vuelto cada vez más inestables, en gran medida ocasionados por los graves índices de contaminación que existen en la gran mayoría de los países del mundo, que van desde la generación de desperdicios plásticos que terminan en los mares y ríos, hasta la emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera a causa de la imparable actividad industrial y las malas prácticas de la población.

Es alarmante la situación del calentamiento global, ya que se está convirtiendo en una problemática irreversible para la humanidad, lo que está ocasionando graves afectaciones medio ambientales, como la intensificación de calor o de frío en las diversas estaciones del año, el derretimiento acelerado de los glaciares, la extinción de miles de especies, así como la alteración de los diversos ecosistemas.

Para dimensionar esta grave situación, basta señalar que tan sólo en el mes de julio de 2018 varios países sufrieron graves estragos por el calor. En Japón se registró una temperatura nunca antes vista en el país desde que existen registros confiables. Kumagaya, una ciudad a tan sólo 64 kilómetros de Tokio, alcanzó 41.1 grados, cobrado la vida de al menos a 44 personas.1

Las temperaturas extremas también afectaron a otros países del este de Asia, como Corea del Norte y Corea del Sur que rompieron récords de calor, los cuales ascendieron a aproximadamente 40 grados. Asimismo, se registraron temperaturas superiores a los 32 grados celsius, que se extendieron hasta el extremo norte de Escandinavia, en donde se presentaron récords en Suecia, Finlandia y Noruega.

El desierto del Sahara, ubicado en el norte de África, llegó a un récord en Ouargla, Argelia, puesto que se alcanzaron los 51.3 grados celsius, lo que significó la temperatura más alta que se ha registrado de manera confiable en el continente africano, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial.

De igual forma, la onda de calor afectó de forma significativa a Canadá, donde las temperaturas ascendieron en Montreal a los 36.6 grados centígrados, registrando al menos 79 muertes relacionadas por el calor en toda la provincia de Quebec.

De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las ondas de calor se refieren a un periodo de calor extremo, con frecuencia, acompañado de humedad alta, efecto que representa un peligro para la salud y vida de las personas, ya que puede provocar insolación, desmayos, golpe de calor, deshidratación, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades de piel, principalmente.2

Según la clasificación de las ondas cálidas medidas en grados celsius, se establece que existe un riesgo bajo para la salud cuando el termómetro marca de 26 a 29.9 grados; hay un riesgo medio cuando la temperatura se encuentra entre los 30 y los 33.9 grados; alto de 34 a 39.9; y muy alto cuando la temperatura ya es mayor a los 40 grados.

El cuerpo humano tiene una temperatura de 37 grados promedio, por lo que es necesario que se mantenga hidratado para recuperar los líquidos que pierde durante el día, especialmente en días calurosos, por lo que conforme a la guía informativa La jarra del buen beber , de la Secretaría de Salud, se deben beber en promedio de seis a ocho vasos de agua natural todos los días.

Es importante destacar que la tensión térmica no sólo afecta a las zonas rurales, sino también a las ciudades, donde la temperatura se puede elevar más de 5 grados celsius por la poca presencia de áreas verdes, lo que resulta en el fenómeno conocido como islas de calor.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), indica que la Isla de Calor Urbana es uno de los de los efectos más evidentes de la alteración climática producida por la urbanización, dado que se origina a medida que las ciudades añaden concreto y asfalto, edificaciones, industria y al aumento de la población.

El golpe de calor es uno de los padecimientos médicos más destacables y se produce cuando la temperatura corporal se eleva por encima de 39.4 grados centígrados, ya sea por efecto de la condición ambiental o por actividad física vigorosa, en la que el organismo es incapaz de regular su temperatura, y constituye una de las consecuencias de la exposición a altas temperaturas por tiempos prolongados.3

El Instituto Nacional de Salud Pública establece que los síntomas más importantes del golpe de calor se encuentran: el mareo, la sudoración (excesiva, al principio; ausente, después), el enrojecimiento y sequedad de la piel, fiebre con temperatura desde 39 a 41 grados centígrados, comportamiento inadecuado (como quitarse la ropa sin importar el lugar), aceleración del ritmo cardíaco con latido débil del corazón, dolor de cabeza y convulsiones.

En este sentido, uno de los eventos climatológicos más destacables en los últimos días es el relacionado a la propagación de las fuertes olas de calor que están afectando a un gran número de regiones del país, causando efectos negativos a la salud de la población, principalmente, a los grupos más vulnerables.

Son varios los estados que han registrado temperaturas muy altas en la presente temporada de calor como San Luis Potosí, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, sólo por mencionar algunos, en donde se llegan a alcanzar más de los 30 grados, situación que puede ser dañina para la población.

Ante los graves estragos que puede provocar el calor en la población, especialmente en los sectores más vulnerables, es urgente intensificar las medidas para reducir y evitar los casos de golpe de calor en todo el país, ya que la primavera está por llegar y la situación se puede agudizar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las Secretarías de Salud y de Protección Civil para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, implementen acciones orientadas a proteger la salud de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, ante la onda de calor que afecta al país.

Notas

1 https://expansion.mx/mundo/2018/07/24/una-ola-de-calor-golpea-al-mundo

2 http://www.unamglobal.unam.mx/?p=38050

3 https://www.insp.mx/avisos/4752-golpe-calor.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la ASF a practicar una auditoría a la Conapesca por los proyectos Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, Municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca; y Reconstrucción de la Escollera Este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, Municipio de Villa Tututepec, Oaxaca, suscrita por los diputados Víctor Blas López y Jaime Humberto Pérez Bernabe, del Grupo Parlamentario de Morena

Víctor Blas López y Jaime Humberto Pérez Bernabé en su calidad de diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena, de esta LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

Consideraciones

Primera. El 5 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación1 decreto por el que se crea la Comisión Nacional Acuacultura y Pesca como un órgano desconcentrado de la administración pública federal dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de conformidad a lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Que la Comisión Nacional Acuacultura y Pesca tiene como funciones las conferidas en el artículo 35, fracción XXI, del a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, misma que señala:

Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

XXI. Fomentar la actividad pesquera a través de una entidad pública que tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

a) Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas;

b) Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes;

c) Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que requiere el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares;

d) Proponer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la expedición de las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero;

e) Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, proponiendo al efecto, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las normas oficiales mexicanas que correspondan;

f) Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y mantenimiento;

g) Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo humano de productos pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional; y...

Segunda. Que la Comisión Nacional Acuacultura y Pesca mediante Licitación Pública Nacional número LO-008100001-N67-2014, sometido a concurso el proyecto denominado “Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, municipio Villa Tututepec, de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca”, y cuyo alcance consistieron en la ampliación de la escollera este con una longitud de 120 metros lineales y la construcción de la escollera oeste con una longitud de 170 metros lineales, conformadas a base de capas de cubos de concreto premezclado en Núcleo, Capa Secundaria, Berma y Coraza en sección trapezoidal, el cual se adjudicó bajo el amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número DGI-20-03-045-2014, consistente en la construcción de “Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, Municipio Villa Tututepec, de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca” conforme a lo dispuesto por a los artículos 27, fracción I y 30, fracción I, de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.

El mencionado contrato número DGI-20-03-045-2014 señala, entre otras, las siguientes:

“Cláusulas

Primera. Objeto del contrato. “La Comisión” encomienda a “El Contratista” la realización de una obra consistente en “Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, Municipio Villa Tututepec, de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca”, y este se obliga a realizarse hasta su total terminación y satisfactoria recepción de la misma por parte de “La Comisión”, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas, el proyecto ejecutivo, las especificaciones generales, complementarias y particulares, los términos y condicionantes en materia de impacto ambiental, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos.

Segunda. Monto del contrato. El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato es de 76 millones 363 mil 383.19 pesos /Setenta y seis millones trescientos sesenta y tres mil trescientos ochenta y tres pesos 19/100 MN), que sumados a 12 millones 218 mil 141.31 pesos (Doce millones doscientos dieciocho mil ciento cuarenta y un pesos 31/100 MN) de 16 por ciento de impuesto al valor agregado, suman un monto total de 88 millones 581 mil 524.50 pesos (Ochenta y ocho millones quinientos ochenta y un mil quinientos veinticuatro pesos 50/100 MN), los compromisos de ejercicios subsecuentes al primero quedarán sujetos, para su ejecución y pago, a las disponibilidades presupuestales que la H. Cámara de Diputados autorice.

Tercera. Plazo de ejecución. El contratista se obliga a realizar la obra objeto de este contrato en un plazo de 403 días naturales, y se obliga a iniciarlo el día 24 de noviembre de 2014 y concluirlo el día 31 de diciembre de 2015, de conformidad con el programa de ejecución general de los trabajos previamente autorizados por “La Comisión” y que forma parte integrante del presente contrato.

Por su parte, el contrato DGI/FONDEN/20-01-064-2018 señala, entre otros puntos, las siguientes:

Cláusulas

Primera. Objeto del contrato. “La Comisión” encomienda a “El Contratista” la realización de una obra consistente en “Reconstrucción de la Escolleras Este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, municipio Villa Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca, para atender los daños al sector pesquero ocasionados por la presencia del sismo con magnitud 7.2 el 16 de febrero de 2018, en 59 municipios del estado de Oaxaca”, y este se obliga a realizarse hasta su total terminación y satisfactoria recepción de la misma por parte de “La Comisión”, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas, el proyecto ejecutivo, las especificaciones generales, complementarias y particulares, los términos y condicionantes en materia de impacto ambiental, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos.

Segunda. Monto del contrato. El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato es de 36 millones 956 mil 890.70 pesos (Treinta y seis millones novecientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa pesos 70/100 MN), que sumados a 5 millones 913 mil 102.51 pesos (Cinco millones novecientos trece mil ciento dos pesos 51/100 M.N.) de 16% de Impuesto al Valor Agregado, suman un monto total de $$42,869,993.21 (Cuarenta y dos millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos 21/100 MN).

Tercera. Plazo de ejecución. El contratista Se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 122 días naturales, y se obliga a iniciarlo el día 1 de agosto de 2018 y concluirlo el día 30 de noviembre de 2018, de conformidad con el programa de ejecución general de los trabajos previamente autorizados por “la Comisión” y que forma parte integrante del presente contrato.

...

Tercera. De la consulta a la clave de cartera asignada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, número 1408I000003, a las cuentas públicas de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 se encontró que por la obra referida, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca ha erogado la cantidad 162 millones 125 mil 309 pesos(ciento sesenta y dos millones, ciento veinticinco mil tres cientos nueve pesos 00/100 MN).

Es decir, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, de manera inexplicable, más del doble de lo originalmente presupuestado para la mencionada obra. Tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Asimismo se denuncian la falta de trasparencia en los procesos de Adjudicación Directa de los contratos que se relacionan a continuación:

En virtud que en las contrataciones se observa que se adjudicaron en base a los supuestos de excepciones a la Licitación del artículo 42, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas sin que se acredite dicha excepción, además de no ofertar las mejores condiciones al Estado en cuanto a economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y trasparencia al ser montos que van de 16 millones 51 mil 656.22 pesos al más alto de 86 millones 976 mil 798.90 pesos con periodos de 122 a 270 días naturales y que en dichos contratos a pesar de ser distintas razones sociales, en seis de estas presentan domicilios fiscales y o domicilios establecidos en su contrato iguales, diez fueron constituidos en la misma notaria número 19 en el estado de Oaxaca y tres tienen los mismo accionistas y/o representantes legales.

Cuarta. Que los reportes ejercidos del Contrato número DGI.-20-03-045-2014 en la cuenta de la Hacienda Pública de 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son de $34,843,552.00 (Treinta cuatro millones ochocientos cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y dos 00/100 M.N.), para dar un total de 162 millones 125 mil 309 pesos (ciento sesenta y dos millones ciento veinticinco mil trescientos nueve pesos). Es decir un sobre costo de 73 millones 543 mil 784.50 pesos (setenta y tres millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro pesos 50/100 MN).

Cabe mencionar que ya se concluyó la ampliación de los trabajos de la Escollera Este. Adicionalmente la supervisión de obra no reporto al 28 de anomalía o daño alguno al 28 agosto del 2018, faltando por construir únicamente la escollera oeste.

No obstante lo anterior, se observó que la Conapesca por conducto de la Dirección General de Infraestructura con recursos del Fonden adjudicó el 27 de julio de 2018 el Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado número DGI/ FONDEN/ 20-01-064-2018, por Asignación Directa para la “Reconstrucción de la escollera este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca”. Para atender los daños al sector pesquero, ocasionados por la presencia del sismo con magnitud 7.2 el 16 de febrero de 2018, en 59 municipios del estado de Oaxaca, por un monto de 42 millones 869 mil 993.21 (cuarenta y dos millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos 21/100 MN) incluye IVA y un periodo de ejecución de 122 días naturales del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2018.

Motivo por lo que habrá de constatar estos hechos al existir incongruencias en la celebración de este último contrato y los trabajos ejecutados y reportados del primer contrato número DGI.-20-03-045-2014, al no informarse daño alguno en la estructura de la Escollera Este. En este orden de ideas, se deberán realizar investigaciones a fin de comprobar que se dio cumplimiento los Ordenamientos Legales y a la Normatividad aplicable como la integración de las Empresas y su experiencia de obras similares.

Asimismo, de los informes presentados por la Auditoría Superior de la Federación se desprende que no se realizó ninguna auditoría al proyecto denominado “Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, Municipio Villa Tututepec, de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca”. Es decir, la ausencia de una revisión o inspección a la contabilidad de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca del Órgano Interno de Control ha generado un sobre ejercicio de los recursos aprobados, duplicando el costo del proyecto consistente en la construcción de “Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, Municipio Villa Tututepec, de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca”.

Quinta. La Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

El artículo 74, fracción VI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

Artículo 74. ...

VI. ...

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley.

...

Por su parte la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de:

I. La Cuenta Pública;

II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión;

III. ...

IV. ...

Para efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones.

Finalmente el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación indica:

Artículo 2. La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Secretaría, corresponde originalmente al Secretario del Despacho. Para el desahogo de los asuntos de su competencia, el Secretario se auxiliará de:

D. Los órganos administrativos desconcentrados siguientes:

...

La secretaría contará con un Órgano Interno de Control que se regirá por el Título Cuarto del presente Reglamento.

Artículo 38. Al frente del Órgano Interno de Control, habrá un Titular designado en los términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quien en ejercicio de sus facultades se auxiliará por los titulares de las áreas de responsabilidades, auditorías y quejas, designados en los mismos términos, quienes serán designados por la Secretaría de la Función Pública, y dependerán jerárquica y funcionalmente de ésta.

Con base a las disposiciones legales invocadas y antecedentes señalados, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca por el proyecto referido a la obra denominada “Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca”.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca inicie una investigación por la presunta comisión de actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la Reconstrucción de la Escollera Este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca, en el contrato DGI/FONDEN/20-01-064-2018.

Nota

1 DOF: 05/06/2001. Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=763882&fec ha=05/06/2001

Palacio Legislativo de San Lázaro a 14 de marzo de 2019.

Diputados: Víctor Blas López Jaime, Humberto Pérez Bernabé (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a garantizar el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, consagrado en el artículo 4o. constitucional, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que garantice el derecho humano de a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 2013, se estableció el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, como parte de esta estrategia se instrumentó el Programa Comedores Comunitarios, con el objetivo de atender los derechos sociales y mejorar la situación nutricional de las personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Estaba dirigido a niños de o a 11 años de edad, mujeres en gestación, lactantes, personas con alguna discapacidad, estudiantes y adultos mayores a 65 años que tenían acceso a alimentos de calidad.

Al cierre de 2017 se habían instalado 5,542 Comedores Comunitarios en las 32 entidades federativas, beneficiando al cierre de 2017 a 545,713 personas. De enero a agosto de 2018, se instalaron 580 nuevos comedores comunitarios en 23 entidades.1

Es importante destacar que en 2018 se destinaron 3 mil 205 millones 757 mil 494 pesos y se sirvieron, en promedio, 120 comidas por comedor al día. Así, a nivel nacional se entregaron 622 mil raciones alimentarias.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), las acciones realizadas a través del Programa de Comedores Comunitarios en conjunto con otras intervenciones en materia alimentaria, han contribuido a la reducción de la carencia por acceso a la alimentación en la población.2 Basta señalar que esta carencia tuvo una reducción en el periodo al pasar de 23.4 por ciento en 2014 a 20.1 por ciento en 2016.3

Datos de la Evaluación de Consistencia y Resultados de 2017-2018 de Comedores comunitarios, el 92.3 por ciento de las personas que se beneficiaron de este programa social les permitieron mejorar su alimentación, contando con una mayor variedad de alimentos y mejores cantidades. Adicionalmente, 94 por ciento los voluntarios que consideraron que era importante trabajar apoyando en los comedores porque ello permitía mejorar la condición de la sociedad.

A pesar del éxito que estos significaron para el desarrollo de la población más vulnerable del país, actualmente se encuentran cerrados. Esto es porque el Presupuesto de egresos de la Federación 2019 no destinó recursos para mantener los cinco mil comedores operados por la anterior Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría de Bienestar.

En este sentido, se advierte que el párrafo tercero del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.”

México, como estado integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), está obligado a cumplir con lo establecido en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que indica lo siguiente: “Los estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los estados parte tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”.

Adicionalmente, y de acuerdo con el principio de progresividad previsto en el artículo primero de la Constitución, el Estado no se encuentra facultado para limitar o menoscabar los derechos de las personas; de ahí que la cancelación de los comedores constituya una afectación directa a las obligaciones que el Gobierno de la República tiene con el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación de los mexicanos.

No podemos omitir que, de acuerdo con el Coneval, uno de cada 5 mexicanos ha manifestado preocupación por la calidad y cantidad de alimentos disponibles, e incluso, ha tenido experiencias de hambre en el desarrollo de su vida cotidiana.

Los avances en la erradicación de la pobreza extrema y de la carencia alimentaria no pueden estar en riesgo con la eliminación de políticas públicas, los comedores comunitarios tienen una función primordial de dar alimentos sanos y accesibles.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que garantice el derecho humano de una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Notas

1 Evaluación de Consistencia y Resultados de 2017-2018 de Comedores comunitarios

2 https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2017_ 2018/FMyE_20_S279.pdf

3 https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/Comun icado-09-Medicion-pobreza-2016.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de marzo de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Semarnat, la Profepa y la SCT a emprender acciones para atender el daño ambiental de la laguna de Cuyutlán, en Manzanillo, Colima, y rehabilitarla, a cargo de la diputada Rosa María Bayardo Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada por el estado de Colima e integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a emprender las acciones necesarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, para atender el daño ambiental de los vasos 1 y 2 de la Laguna de Cuyutlán y realizar la rehabilitación de la misma, derivado del daño ecológico ocasionado por la construcción del libramiento ferroviario y carretero que atraviesa los vasos de la Laguna, al tenor de las siguientes consideraciones:

Exposición de Motivos

La Laguna de Cuyutlán es el principal ecosistema de humedales del estado de Colima y uno de los más importantes a nivel nacional. En ella habitan una amplia diversidad de especies marinas y cuenta con una extensa zona de manglares donde también encuentran su hábitat numerosas especies, sin embargo, desde hace varias décadas, la Laguna de Cuyutlán ha padecido un constante y acelerado deterioro ambiental que se ha traducido en niveles alarmantes de contaminación de sus aguas, lo que se aprecia en toda su amplitud en los vasos 1 y 2 de la laguna.

La relevancia ecológica de este ecosistema, en cuanto a sus manglares, consiste en que permite la regulación del clima local y global, además de que regulan la composición química de los océanos y de la atmósfera a la par de contribuir en la recarga de los acuíferos subterráneos, por lo que representa un mecanismo de control biológico y de conservación de la biodiversidad de los humedales. Al respecto, en México la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) identificó desde los años 2007 y 2008 como zonas de manglar de alta relevancia biológica los localizados en la Laguna de Cuyutlán.

Por otra parte, los manzanillenses que históricamente han habitado en la ribera de la laguna, han practicado durante generaciones la pesca, la cual es una de las principales actividades económicas y de sustento para las familias de la subcuenca.

Desde el siglo XIX, Manzanillo se destacó como puerto natural para recibir embarcaciones de gran calado, por lo que en el año de 1824 el entonces Gobierno General de la República decretó la apertura de Manzanillo como puerto del Pacífico y desde entonces fue aumentando su importancia hasta la actualidad como el principal puerto marítimo del país.

En las últimas décadas, el crecimiento exponencial de la ciudad derivó en la falta de una planeación urbana que permitiera contar con asentamientos regulares y que los mismos no afectaran los recursos naturales de la zona, sin embargo, al carecer de este plan, muy pronto la laguna resintió los efectos de esta situación y los vasos 1 y 2 comenzaron a sufrir la contaminación de sus aguas.

El crecimiento de la población en el municipio de Manzanillo, el desarrollo urbano derivado de la importancia portuaria del mismo, la construcción de la Central Termoeléctrica de Manzanillo, entre otros emprendimientos de desarrollo, han significado un brutal impacto ambiental en este ecosistema, alterando su equilibrio y exponiendo a la laguna a sufrir daños irreversibles.

Este delicado equilibrio ecológico consiste en un sistema natural que conecta a los cuatro vasos que conforman la laguna, permitiendo el intercambio de agua y de organismos bióticos como parte de un proceso de conservación de este ecosistema de humedales. Sin embargo, la Laguna de Cuyutlán ha resentido de manera grave los procesos de modernización del municipio y padecido el impacto ecológico de la construcción de la infraestructura adyacente a la laguna, lo cual ha derivado en un terrible daño ecológico a los vasos 1 y 2 principalmente.

Es menester precisar que este problema fue ocasionado por la irresponsabilidad de gobiernos anteriores en sus tres órdenes, mismos que se empeñaron y dedicaron a destruir, con un alto grado de eficiencia y efectividad, este ecosistema, fue por causa de gobiernos del pasado que apostaron a la explotación desmedida de la laguna sin importarles el daño ecológico ocasionado a la misma.

El 19 de junio de 2010, mediante oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.2350.09, la Semarnat autorizó la construcción del proyecto denominado “Proyecto carretero Campos-Alameda-Punta Grande y Ramal Ferroviario por la margen norponiente del vaso 2 de la Laguna de Cuyutlán, Manzanilo, Colima, México”, y fue omisa en detectar que el terraplén empleado para el piloteo de los diferentes tramos carreteros que atraviesan la laguna se convertirían en un tapón para la circulación del agua y de organismos bióticos al interior de la subcuenca respecto de la zona exterior de la laguna, asimismo, el piloteo provocó la formación de sedimentos en la laguna que inhibieron la navegación de los pescadores en la zona. La historia del ecocidio de la Laguna de Cuyutlán es una constante de errores y omisiones, pues no se realizaron las diligencias necesarias para determinar si la empresa Compañía Contratista Nacional (Coconal, S.A.P.I. de C.V), atendió debidamente las acciones de compensación y de mitigación por los trabajos realizados, debido a que la propia Profepa verificó semestralmente, durante la ejecución de los trabajos, que el impacto ambiental correspondiera a lo proyectado en el estudio correspondiente, sin embargo, esa instancia fue omisa de esa obligación durante la ejecución de la obra hasta su conclusión, determinando cada semestre que las acciones de mitigación realizadas por la empresa eran suficientes, sin considerar la efectividad de las mismas, sin advertir oportunamente que no se realizaron ni agotaron en su totalidad las acciones necesarias de mitigación, además de los trabajos de retiro de escombros y materiales empleados durante la ejecución de las obras, por lo que la empresa logró importantes ahorros y beneficios económicos en la ejecución de los trabajos, en detrimento del equilibrio ecológico de la laguna.

En el caso del ferrocarril, anteriormente las vías bordeaban la ribera de la laguna, pero a partir del 2011 se modificó este trazado y se construyó un terraplén que dividió el vaso 1 y el vaso 2. La construcción de terraplenes en el interior de la laguna pronto derivó en el azolvamiento de importantes extensiones del vaso interior y las aguas colindantes a la ribera, por lo que se modificó la hidrodinámica de la laguna dejando de fluir libremente el agua entre los vasos y entre la cuenca y la subcuenca de la laguna.

Por otra parte, la construcción del libramiento carretero en el vaso 2 agravó el deterioro de la laguna y de la calidad de vida de sus habitantes, siendo los más afectados los pescadores de la ribera debido a que las obras alteraron el patrón de circulación del agua entre ambos vasos por la ampliación del terraplén que se utilizó para la construcción del libramiento y la gran cantidad de materiales empleados en las obras, ocasionando el azolvamiento de la laguna y de sus corrientes de intercambio de agua, el deterioro del hábitat de los organismos bióticos que quedaron atrapados en la zona interior del terraplén, así como un fuerte problema de salubridad debido al estancamiento de las corrientes al no haber intercambio de las mismas ha detonado en padecimientos en la salud de los habitantes de la ribera, la gradual desaparición de los organismos bióticos de la laguna y un severo golpe a la economía de los pescadores.

De conformidad con los términos del estudio de impacto ambiental se especifica que “el promovente (la empresa) será el único responsable de garantizar la realización de las acciones de mitigación, restauración y control de todos aquellos impactos ambientales atribuibles al desarrollo de las obras y actividades del proyecto, que había sido considerados por la misma, en la descripción contenida en la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) e información complementaria”. Por último, aun cuando las obras referidas han concluido, nos encontramos en la etapa de operación del proyecto, el cual en este caso es de 25 años, por lo que resulta procedente imponerle a la empresa realizar las medidas correctivas y de mitigación que en su momento debió de haber ejecutado durante el proceso constructivo.

Por lo antes expuesto, someto a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la resolución de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen si con motivo del “proyecto carretero Campos-Alameda-Punta Grande y Ramal Ferroviario por la margen norponiente del vaso 2 de la Laguna de Cuyutlán, Manzanillo, Colima, México”, se cometieron actos que afectaron al ambiente, contrarios a la normatividad ambiental, y en particular a la dinámica hidráulica de la Laguna de Cuyutlán, y de ser este el caso, actúen conforme a derecho en contra de los responsables, obligándolos a reparar el daño causado al ambiente y a la laguna, sin perjuicio de las demás sanciones a las que se podrían hacerse acreedores, conforme a la normatividad aplicable.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que realice las actividades necesarias para el retiro de escombros y materiales de desperdicio en el total del tramo que comprende el libramiento, así como el dragado de los vasos 1 y 2 de la Laguna de Cuyutlán para restablecer la hidrodinámica de ésta, previendo que dichas actividades resulten eficaces y eficientes, y evitar así la agudización del deterioro ecológico de la misma, y de ser el caso, conforme a las investigaciones realizadas por las autoridades competentes en materia ambiental, y de acuerdo a la normatividad aplicable al caso, se le transfiera el costo de los trabajos realizados por cuenta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a quienes resulten responsables.

Bibliografía:

Conabio (Comisio?n Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). 2009. Manglares de Me?xico: extensio?n y distribucio?n. Segunda edicio?n, Conabio. México, 99 pp.

Contreras, F. 1985. Las lagunas costeras mexicanas. Centro de Ecodesarrollo. Secretari?a de Pesca. México, DF, 253 pp.

González, A. y M. Salgado. 1996. Problemática de la Laguna de Cuyutla?n, Colima, Me?xico. Resu?menes del X Congreso Nacional de Oceanografi?a. Manzanillo, Colima, Me?xico.

Marti?nez, J. y A. Salamanca. 2008. Dragado en puertos mari?timos. Tesis de licenciatura. Instituto Polite?cnico Nacional. Escuela Superior de Ingenieri?a y Arquitectura. Unidad Zacatenco, México.

Torres, Judit y Quintanilla-Montoya, Ana Luz. 2014. Alteraciones Antrópicas: historia de la Laguna de Cuyutlán, Colima. En Investigación Ambiental Ciencia y Política Pública. Publicación semestral. Semarnat-INECC. Número 6 (1), Centro Universitario de Gestión Ambiental. Universidad de Colima, México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2019.

Diputada Rosa María Bayardo Cabrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CNDH a implantar un programa de difusión en televisión, radio y prensa escrita para orientar e informar a la comunidad indígena sobre sus derechos al momento de su detención, incluido su derecho a un intérprete, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Armando Contreras Castillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

México es un país diverso, prueba de ello es el reconocimiento de 68 lenguas indígenas; sin embargo, sólo 6.5 por ciento de la población de 3 años y más habla alguna de esas lenguas; es decir, 7 millones 382 mil 785 personas. De ellos, cerca de 1 millón hablan una lengua indígena y no hablan español; es decir, son monolingües.

Con estas cifras se conoce que en México hay muchos habitantes con lenguas maternas y su derecho de las personas indígenas a contar con un traductor o intérprete, no debe condicionarse al nivel de castellanización que presenten las mismas. Así, cuando una persona, se reconoce como indígena y solicita ejercer el derecho antes referido, debe ser atendida de inmediato por la autoridad jurisdiccional, a menos de que existan pruebas en contrario que resulten concluyentes acerca de su condición de no indígena.

Ello es así porque en tal prerrogativa, contenida en el artículo 2o. constitucional, el principio pro persona exige que su interpretación sea la que represente una mayor protección al que se reconoce como indígena, esto es, que el derecho a ser asistido por intérpretes y defensores que conozcan de su lengua y cultura pueda ser ejercido en todo tiempo.

Sin embargo, esta prerrogativa no es aplicada en la práctica donde en muchas ocasiones nuestros compañeros indígenas son detenidos y en su cartilla de derechos no les indican que tienen derecho a un intérprete, teniendo lagunas jurídicas o de improcedencia dentro del juicio por no incluir al interprete al inicio de la detención, conllevando a ello a muchas ocasiones a permanecer privado de su libertad durante meses o en muchas ocasiones años.

La anterior Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dio cuenta de que en 2017 en el país, más de ocho mil indígenas se encontraban privados de su libertad por la comisión de diversos delitos con la particularidad de que la mayoría de los procedimientos en los que están involucrados, generalmente, están plagados de irregularidades, no solamente por la falta de traductores, intérpretes y defensores capacitados, sino también porque el ministerio público y los jueces suelen desdeñar sus casos. Las entidades federativas que concentran el mayor número de población indígena en el sistema penitenciario nacional son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Chihuahua y Guerrero. Las lenguas con las que se identifican son el náhuatl, zapoteco, maya, tzeltal y tzotzil.

Los derechos de los pueblos indígenas están reconocidos no sólo en instrumentos internacionales de cumplimiento obligatorio, sino también como se mencionó antes, en nuestra Constitución Política que en relación al derecho que tienen las comunidades al pleno acceso a la justicia, en el primer párrafo de la fracción VIII del apartado A del artículo 2°. Desgraciadamente y a pesar de los esfuerzos legislativos que se han realizado en la práctica procesal, se siguen violando los derechos procesales de los indígenas y ésta sigue siendo una constante en nuestro sistema judicial.

Tal es el caso de muchos compañeros indígenas como Cruz, de 45 años, es un indígena zapoteco de Oaxaca (sur de México) que lleva siete años preso, esperando a que un tribunal decida si es culpable o no de dos delitos. Al inicio del proceso judicial, no tuvo un traductor –su lengua materna es el zapoteco y no habla bien español–. Hace siete años firmó una declaración de culpabilidad, pero su actual defensor público afirma que no fue de su autoría, sino que se la redactaron y lo obligaron a firmar, así como éste caso existen 8 mil indígenas en prisión entre muchas inconsistencias legales y fallas en su proceso y la más importante y marcada en cada caso es la falta de intérprete.

Por lo anterior solicito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que implante medidas reales y eficientes, a fin de que se realice un programa de difusión en medios de televisión y radio, así como prensa escrita con la finalidad de orientar e informar a la comunidad indígena de conocer sus derechos al momento de su detención incluyendo su derecho a un intérprete. Con ello, el sistema judicial tendría menos procesos y se evitaría el exceso de trabajo, si en el inicio de la detención se dan los detalles de la cartilla de derechos para los indígenas, indicándoles sus derechos, entre ellos a un intérprete.

Asimismo, se exhorta al fiscal general de la República, en el ámbito de su competencia, a realizar las acciones para garantizar el debido proceso desde el inicio de su detención de los indígenas a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua.

Por lo expuesto someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a implantar medidas reales y eficientes a fin de que se realice un programa de difusión en medios de televisión y radio, así como prensa escrita, para orientar e informar a la comunidad indígena respecto a sus derechos al momento de su detención, incluido su derecho a un intérprete.

Segundo. Se exhorta al fiscal general de la República, en el ámbito de su competencia, a realizar acciones para garantizar el debido proceso desde el inicio de su detención de los indígenas, a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2019.

Diputado Armando Contreras Castillo (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 14 de marzo, Día Mundial del Riñón, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

La American Kidney Fund define a la enfermedad renal crónica (ERC) como “anormalidades funcionales o estructurales del riñón, presentes por un periodo de tiempo mayor a tres meses”. Esta enfermedad se clasifica en 5 diferentes estadios, de los cuales las primeras cuatro etapas requieren de cuidados médicos y nutricionales específicos, y el estadio 5 es conocido como enfermedad renal crónica terminal (ERCT).1

La enfermedad renal crónica destaca entre las diez principales causas de muerte temprana en diversos países de América Latina, entre los que se encuentra México y representa una carga muy grande para la población y los sistemas de salud.

De acuerdo con Inegi, en México durante 2017 se registraron 13 mil 167 decesos por insuficiencia renal. Esta causa de muerte comienza a aparecer entre las diez principales causas dentro del grupo de personas que fallecen a partir de los 45 años.2

Entre las causas que ocasionan esta alta mortandad se encuentran la detección tardía de la enfermedad, y la muy alta incidencia de enfermedades crónico-degenerativas debido a la transición epidemiológica, en especial la diabetes y la hipertensión y el envejecimiento de la población.

En nuestro país la principal causa de la ERC es la diabetes mellitus tipo 2, que afecta a 6.4 millones de adultos mexicanos, de hecho de cada 100 muertes por ERC, dos terceras partes son asociadas a la diabetes,3 la segunda causa es la hipertensión arterial.

El paciente requiere de terapia de reemplazo renal (TRR) también conocida como terapia renal sustitutiva (TRS) para que el organismo pueda eliminar los desechos, ya que si no es tratado de manera efectiva puede morir. La terapia renal sustitutiva incluye el tratamiento de diálisis, hemodiálisis y trasplante renal, siendo este último la mejor alternativa, sin embargo, es un procedimiento caro y que depende de la disponibilidad de los órganos.

Existen dos tipos de diálisis: la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. En la hemodiálisis se extrae la sangre del paciente, filtrándola en una máquina y luego la sangre es reingresada al organismo, este procedimiento se realiza en hospitales o clínicas tres veces por semana; en la diálisis peritoneal se introduce un catéter en el abdomen del paciente y a través de la membrana peritoneal se filtra la sangre, es un procedimiento que se puede realizar diariamente en casa.

Sin embargo, se estima que en México sólo la mitad de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal están cubiertos y tienen acceso a la terapia renal sustitutiva (TRS)4 y en el caso particular del Seguro Popular sólo se cubre la TRS en determinados casos, como en trasplante en pacientes mayores de 18 años. Las sesiones de hemodiálisis y diálisis peritoneal para los pacientes del Seguro Popular con la ERCT son pagadas con un monto fijo y se le asigna al paciente un sistema de pago por niveles muy alto lo que significa que la mayoría de los pacientes tienen dificultades para realizar los pagos.

Si se considera que existen alrededor de 124 mil enfermos en todo el país que requieren TRS y que según los reportes de las diversas instituciones de seguridad social (IMSS, ISSSTE, Ssa y privados) solamente se atiende a 74 mil 400 (en etapa 4 y 5 de diabetes), existe un universo importante que no está recibiendo su TRS y está condenado directamente a la muerte. Además, estos datos se refieren exclusivamente a pacientes diabéticos con ERC, faltaría considerar los casos sólo con hipertensión y por otras causas que representan un 40 por ciento más.5

Según un estudio realizado por el doctor Rafael Valdez, titular de Nefrología del Hospital General México, un enfermo renal avanzado que carece de seguridad social tiene 260 por ciento más probabilidad de morir en cuestión de un año que alguien con cobertura; y además, casi el 40 por ciento de los pacientes con ERCT sin seguridad social que reciben TRS intermitente, es decir, no de manera regular, fallecen en un 90 por ciento.6

Por situaciones como las aquí planteadas, el segundo jueves de marzo se celebra en todo el mundo el “Día Mundial del Riñón”, para hacer conciencia sobre la enfermedad renal. Desde 2006, la campaña global ha sido organizada por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFKF).

Dado el momento en el que nos encontramos en el cual se están tomando decisiones para la mejora estructural del sistema de salud en nuestro país, es urgente que se implementen las acciones necesarias para reforzar los servicios de salud para los enfermos renales.

Requerimos estrategias para la prevención, la detección oportuna y el tratamiento temprano de la enfermedad renal, con atención integral y de calidad, para proteger a las familias del gasto catastrófico que empobrece por no contar seguridad social.

En este marco, conmemorar el Día Nacional del Riñón este 14 de marzo significa hacer visible la realidad de miles de enfermos mexicanos que luchan por su vida ante esta enfermedad. Y significa también redoblar los esfuerzos para garantizar su atención y mejorar su calidad y esperanza de vida.

“Salud renal para todos, en todas partes”

Notas

1 American Kidney Fund, 2016.

http://www.kidneyfund.org/assets/pdf/training/enfermedad -de-los-riones.pdf

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/bol etines/2018/EstSociodemo/DEFUNCIONES2017.pdf

3 The Economist Intelligence Unit, Value- based renal care in Latin America, 2017.

http://www.eiu.com/industry/article/1106323094/white-pap er—-value-based-renal-care-in-latin-america/2018-01-18

4 The Economist Intelligence Unit, Value- based renal care in Latin America, 2017.

http://www.eiu.com/industry/article/1106323094/white-pap er—-value-based-renal-care-in-latin-america/2018-01-18

5 Tamayo y Orozco, Juan A., y H. Santiago Lastiri Quirós. La enfermedad renal crónica en México. Hacia una política nacional para enfrentarla. México: Intersistemas Editores, 2016.

6 Vitela, Natalia. Crecen 200% las muertes por males renales . Mural (19 de octubre de 2018).

https://busquedas.gruporeforma.com/mural/Documento/
Web.aspx?id=3138289|ArticulosCMS&url=https://img.gruporeforma.com/imagenes/
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Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de marzo de 2019.

Atentamente

Diputado Éctor Jaime Ramirez Barba (rúbrica)