Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera a hacer pública la documentación oficial sobre las acciones de prevención y detección de lavado de dinero contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Lidia García Anaya, diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 79, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, a hacer pública la documentación oficial que acredite las acciones de prevención y detección de lavado de dinero en contra de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 26 de febrero de 2019, la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió el comunicado número 002-2019, en el que anunció acciones de prevención y detección de lavado de dinero en contra de una Universidad Pública Estatal.

Dicho comunicado señala de manera textual lo siguiente:

“El Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la corrupción, la inseguridad y el crimen organizado. En particular, se han fortalecido las actividades de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal. El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros.

Dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza.

Por los anteriores hechos, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención y ha atendido la petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al respecto.

De esta manera la UIF actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo”.

El texto en comento, no hace alusión al nombre de la Universidad Estatal a la que se investiga, sin embargo, en diversos medios de comunicación, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, ratificó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es la Institución que se encuentra en proceso de averiguación y a la que hace referencia en el citado comunicado No. 002-2019.

El impacto de las declaraciones del funcionario público ha sido alarmante, ya que, sin presentar evidencias tangibles, y violentando la confidencialidad en la que se deben llevar a cabo las investigaciones financieras, hasta en tanto no se realice el análisis y diseminación de la información correspondiente, ha difundido la información violentando la honorabilidad de la Institución.

El secreto bancario es un principio y eje rector que garantiza la secrecía de la información de las personas físicas y morales, así que violentar dicho principio sin documentos probatorios es sinónimo de un delito.

Desvirtuar a una institución educativa como lo es la Universidad del Estado de Hidalgo, lacera a la comunidad universitaria, cuerpo docente, investigadores, alumnado y los trabajadores que conforman.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, señalando que la urgencia de que sea discutida y, en su caso, aprobada en esta sesión, es evitar que se continúe desprestigiando a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, sin haber pruebas contundentes que prueben su responsabilidad en actos de lavado de dinero, por lo tanto, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, a hacer pública la documentación oficial que acredite las acciones de prevención y detección de lavado de dinero en contra de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputada Lidia García Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE y la Profeco a intervenir en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor respecto a los contratos de adhesión con registro número 8548-2011 y similares, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Raúl Gracia Guzmán, Víctor Manuel Pérez Díaz, Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Martin López Cisneros y Ricardo Flores Suarez, en nuestro carácter de Diputados Federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Economía, Dra. Graciela Márquez Colín y al titular de la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor, licenciado Ricardo Sheffield Padilla, a fin de que intervengan en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor respecto a los contratos de adhesión con registro 8548-2011 y similares ante la Profeco ordenando la modificación o en su caso nulidad de cláusulas abusivas como la vigésima segunda y similares de los contratos referidos, debido a la alza injustificada de cobros de gas natural a partir de estimaciones no solventadas por parte de Gas Natural México, SA de CV, Comercializadora Metrogas, SA de CV, y Gas Natural Servicios, SA de CV, (en adelante y en su conjunto denominadas como “Naturgy”) para la efectiva protección de los consumidores.

Exposición de Motivos

1. Desde finales de 2018 y durante el primer trimestre del año 2019, en Nuevo León han aumentado de forma preocupante las quejas de nuestros habitantes que tanto los Diputados, los medios de comunicación y diversas autoridades hemos recibido respecto a las alzas desproporcionadas e injustificadas que Naturgy ha realizado.

2. A la fecha de elaboración del presente, las narraciones de nuestros habitantes afectados por estos aumentos han abundado en los medios y redes sociales. Independientemente del volumen de las quejas, el impacto que esto genera en los bolsillos de los neoleoneses es preocupante, puesto que es común que los recibos se disparen a los varios miles de pesos.

3. Naturgy se encuentra en una situación ventajosa en el mercado de Nuevo León lo que ha facilitado su conducta contraria a los intereses de los consumidores del estado. La relación asimétrica que existe entre el oferente y consumidor deja sin elección a la población, puesto que o paga o pierde el servicio en época de frío, que además le impacta en una necesidad tan básica como lo es alimentarse. El consumidor en Nuevo León se encuentra atado de manos ante la realidad de los contratos de adhesión que se celebraron con Naturgy.

4. Los contratos de adhesión referidos le permiten a Naturgy hacer estimaciones para cobrarle a los consumidores, a pesar de que tienen medidores, cuya métrica puede no coincidir con la estimación de la empresa. Incluso, es común que la empresa argumente que las mediciones de los equipos no son correctas y por eso recurren a sus estimaciones, al amparo del contrato de adhesión avalado por la Profeco. Es decir, cobran a partir de indicios, contrario al espíritu propio de la normativa vigente.

5. El día 4 de marzo de 2019, acudimos varios Diputados por Nuevo León con la propia empresa para conocer sus perspectivas sobre el particular, a lo que solamente se limitaron a responder que los precios internacionales de la molécula de gas han aumentado y la facultad del contrato para cobrar a partir de estimaciones.

Esto se traduce en un golpe a la economía de miles de familias, que no tienen más opción que ser objeto de la especulación y fallas de una empresa que no ha podido solventar ni justificar a ciencia cierta sus cobros.

Considerandos

I. Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestro país y nuestras localidades y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, un adecuado funcionamiento de los proveedores de servicios esenciales, y proteger la economía de los habitantes de Nuevo León.

II. Los criterios legales son claros respecto a las atribuciones que tiene la Profeco para representar los intereses de los consumidores, máxime que en los contratos de adhesión debe imperar la teoría de contratante débil, por lo que lejos que sea el agente dominante quien fije los términos de la interpretación de los contratos, la interpretación debe favorecer en todo momento al consumidor.

III. El contrato de adhesión para lo que se denomina en sus términos, la Zona Geográfica de Monterrey contiene diversas cláusulas que en su estudio conjunto y basados en una interpretación armónica de las actuales condiciones, nos permiten ver con meridiana claridad los abusos de la empresa. A mayor abundamiento, acompañamos algunas cláusulas del contrato de adhesión con registro 8548-2011 avalado por la Profeco:

“Cuarta. Prestación del servicio. El distribuidor se encuentra obligado a prestar el servicio de distribución de gas natural desde la salida del medidor propiedad del distribuidor hasta el punto de entrega de la instalación de aprovechamiento localizado en el domicilio del usuario, en los términos y condiciones del presente Contrato y conforme a las CGPS y demás disposiciones jurídicas aplicables .

[...]

Vigésima Segunda. Procedimiento de estimación. El distribuidor podrá elegir facturar al usuario por el consumo estimado durante un periodo de facturación, y hacer las correcciones necesarias en una factura subsecuente después de que la lectura del medidor haya sido llevada a cabo. El consumo estimado será calculado tomando en consideración el consumo establecido en las facturas previas del usuario, la experiencia del distribuidor con otros Usuarios del mismo tipo de servicio en la Zona Geográfica de Monterrey, y las características generales de operación del usuario. Los ajustes hacia arriba o hacia debajo de la lectura del consumo real del usuario serán reflejados en la siguiente factura, entregada después de que la lectura del medidor pueda llevarse a cabo, y estarán basados en la lectura real del medidor aplicado al periodo durante el cual el consumo fue estimado. Para el caso de que el usuario o tercera persona no permita la entrada al distribuidor para realizar la lectura del medidor, el distribuidor podrá solicitar la intervención de la CRE, y la estimación se realizará de acuerdo con el procedimiento que autorice la CRE. Si por cualquier motivo el aparato medidor interrumpiere su funcionamiento o hubiese impedimento para garantizar la lectura correcta, incluso si el usuario no le permite al distribuidor la entrada para realizar la lectura del medidor, el distribuidor podrá calcular la cantidad de gas consumido durante el periodo que dure dicha interrupción o impedimento y el cálculo de estimación se llevará a cabo de acuerdo con el párrafo que antecede.

[...]

Vigésima Quinta. Vigencia. La vigencia del presente Contrato será por tiempo indefinido, pudiendo el usuario darlo por terminado sin penalización alguna, mediante notificación por escrito al distribuidor con 30 (treinta) días naturales de anticipación . Cuando existan adeudos del usuario por concepto del servicio objeto del presente Contrato, el distribuidor podrá condicionar la terminación del mismo hasta su respectivo pago.

*énfasis añadido

Una simple lectura, particularmente de la cláusula vigésimo segunda muestra con claridad la desproporcionada arbitrariedad con la que se puede conducir el distribuidor, en las que puede estimar cualquier monto a raíz del historial del usuario, la “experiencia” de la empresa con otros usuarios, y las características de operación del usuario.

Advertimos que en la “experiencia” de la empresa con otros usuarios se encuentra una muy grave disrupción del mercado para los consumidores, puesto que no hay parámetros para definir lo que signifique esa experiencia, que bien puede ser solventada por los propios cobros abusivos de la empresa. Es decir, la experiencia de la empresa puede ser sistemáticamente cobrar arriba de lo que corresponde, y los valores que use para calcular esa experiencia, sean mayores a los que deban ser, y por consecuencia, se obtenga una factura individualizada mayor a lo que debe ser, en virtud de que se toman en cuenta valores alterados. Esto no es más que abrir la puerta al abuso sistemático por parte de la empresa.

IV. Es preocupante que estos mismos clausulados se encuentren en contratos de adhesión vigentes para las denominadas zonas geográficas del Bajío, Coahuila, Nuevo Laredo y Toluca, además de Monterrey.

V. Se acompañan los siguientes criterios para ilustrar a esta soberanía sobre las amplias e importantes atribuciones de la Profeco en la materia:

Época: Décima Época
Registro: 2012467

Contratos de adhesión. Principios para su interpretación.

Contrariamente a los contratos libremente negociados, en los que presumiblemente las partes mantienen una amplia discusión y un detenido análisis de los términos en que va a contratarse, el contrato de adhesión somete la libertad contractual de un contratante al querer del otro , que está en condiciones de imponer al primero las estipulaciones del contrato. Generalmente este tipo de contratos está pre redactado para una generalidad de sujetos, y sin posibilidad de discutirlas en forma particularizada, lo que evidencia un claro desequilibrio entre las partes, pues el contratante débil no tiene la posibilidad de negociar los términos en que debe quedar redactado el contrato, quedándole la única opción de contratar o no hacerlo. Es por esta evidente desigualdad, que la doctrina y la legislación han venido dotando a estos contratos de un conjunto de principios jurídicos de protección al adherente , diferentes a las reglas establecidas para los contratos negociados libremente. Entre estos principios destaca la interpretación en contra del estipulante, conforme a la cual en caso de duda o ambivalencia, las cláusulas cuestionadas deben interpretarse en contra de los intereses de quien las redactó , porque a éste le es imputable no haberse expresado mejor, toda vez que, quien redacta las cláusulas generales dispone de todo el tiempo que considere necesario y puede acudir al asesoramiento de expertos, tanto en los temas jurídicos como de las materias que verse el contrato (financieras, comerciales, etcétera) y por tanto, cuenta la oportunidad y el deber de escribirlas claramente y estar en mejor posición de hacerlo. Otro principio, en gestación, consiste en que las condiciones generales deben prevalecer sobre las particulares, cuando resulten más beneficiosas para el adherente. Estos principios se consideran adoptados por la legislación mexicana, como se ve, ejemplificativamente, en la Ley Federal de Protección al Consumidor , mediante el decreto legislativo de treinta de noviembre de dos mil diez, en el que se estableció una modificación a varios artículos, entre otros al 85, contenidos en el capítulo X, denominado De los contratos de Adhesión, con la finalidad de regular legalmente la relación entre los consumidores y los proveedores, de una manera más justa. En el proceso legislativo que dio origen a la citada reforma, destaca claramente que la finalidad fue buscar el equilibrio en tales relaciones desiguales, a través de la ley, para evitar que la parte más fuerte cometa abusos en contra de la parte más débil, mediante actos que induzcan a confusiones a los adherentes, respecto del texto y alcance de los contratos, recurriendo, por ejemplo, a redacciones no comunes, como el conocido uso de letra pequeña, dentro de los cuales se puede incluir la alteración del orden lógico y natural para estructurar los contratos, mediante la fragmentación de cada tema y la colocación de cada fragmento en distintas partes del documento, que no estén determinadas a desahogar tal contenido. En consecuencia, dado que la legislación mexicana acogió este sistema tuitivo, resulta claro que, a la interpretación de los contratos de adhesión, le son aplicables los mencionados principios.

Época: Décima Época
Registro: 2008644

Procuraduría Federal del Consumidor. Está facultada para solicitar la declaración judicial de nulidad de cláusulas de contratos de adhesión que se opongan a lo previsto en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

De los artículos 86 Quáter y 87, párrafo segundo, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, deriva que cualquier diferencia entre el texto del contrato de adhesión registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor y el utilizado en perjuicio de los consumidores, se tendrá por no puesta, y que los contratos que deban registrarse y no se registren, así como aquellos cuyo registro sea negado por la Procuraduría, no producirán efectos contra el consumidor. Sin embargo, en tanto no exista una declaración judicial que determine que las cláusulas de un contrato de adhesión son inválidas por contravenir las disposiciones de la citada ley, que son de orden público e irrenunciables, los consumidores podrán enfrentarse con problemas al tratar de hacer efectivo su derecho de reparación. Por ello, dentro de las facultades conferidas a la Procuraduría Federal del Consumidor, específicamente en el artículo 24, fracción II, del citado ordenamiento, está la de solicitar la declaración judicial de nulidad de las cláusulas de un contrato de adhesión que contienen disposiciones contrarias a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Época: Décima Época
Registro: 2008645

Procuraduría Federal del Consumidor. Tiene facultad para ejercer acciones y realizar trámites y gestiones en representación de los intereses de los consumidores.

La Procuraduría citada es el órgano encargado de promover y proteger los derechos e intereses de los consumidores, para lo cual, el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor le da amplias facultades para tomar todas aquellas medidas que considere necesarias para hacer efectiva esa protección, incluyendo la promoción de acciones, la interposición de recursos, y la realización de trámites y gestiones que se requieran, sin imponer limitación alguna en cuanto al tipo de acciones o recursos que puede promover . Asimismo, la fracción II del precepto citado le permite ejercer acciones “en representación de los intereses” de los consumidores, en cumplimiento de las atribuciones que le da la ley, esto es, cuando ejerce acciones judiciales con base en dicha fracción, su pretensión no está dirigida a demostrar la vulneración en la esfera jurídica de uno o varios consumidores individualmente identificados, sino a hacer efectivas las disposiciones de la ley, como es el caso de las prohibiciones expresas que en ésta se establecen respecto del contenido de los contratos de adhesión, en cuyo caso no actúa en representación de consumidores individualmente identificados, sino de los intereses de los consumidores en general , ejerciendo pretensiones que no afectarán necesariamente en forma directa la esfera jurídica de los consumidores.

Época: Novena Época
Registro: 163382

Contrato de adhesión. Cláusulas abusivas.

Dada la naturaleza de los contratos de adhesión el estudio sobre la validez o nulidad de sus cláusulas en sede judicial debe tener presente que la falta de participación de quien adquiere un bien o servicio, no debe significarle la suscripción o aceptación de cláusulas abusivas que menoscaben sus derechos básicos como consumidor, consistentes en: el derecho a la información, a elegir, a no ser discriminado, a ser protegido, a la educación sobre los derechos de los consumidores y el consumo inteligente, a la seguridad, a la calidad y a la compensación. De modo que si por virtud de esas cláusulas establecidas unilateralmente, pese a las exigencias legales y derivadas de la buena fe, se causa un detrimento en esos derechos que origine un desequilibrio importante entre las partes para hacer efectivos sus derechos, entonces, debe declararse su nulidad , con las consecuencias que de ello se deriven y que sean competencia de la autoridad judicial.

Época: Novena Época
Registro: 165376

Tarjetas de crédito. Aplicación de las teorías del contratante débil y de publicidad en fase precontractual para determinar la responsabilidad de la entidad emisora.

La tarjeta de crédito da lugar a un contrato entre la entidad emisora y el usuario, por el que aquélla se obliga a facilitar la tarjeta y la lista de establecimientos que la admiten; a hacer frente al pago de las facturas que presenten quienes hayan entregado dinero efectivo o suministrado bienes o servicios al usuario. También se obliga, en las tarjetas de crédito en sentido estricto, a conceder un crédito al usuario, aplazando y fraccionando el deber de reembolso de los gastos en que la entidad emisora haya incurrido, que incumbe al usuario. Ese contrato debe ser de apertura de crédito en cuenta corriente, en caso de que la entidad emisora de la tarjeta crediticia sea una institución bancaria, y es, en todo caso, de adhesión. En relación con esa clase de contratos, la unilateralidad en la redacción de las cláusulas por una de las partes, a las que se adhiere la contraparte, provoca, de inicio, un desequilibrio que convierte a la adherente en una contratante débil que requiere de protección especial a fin de compensar, en lo posible, tal desigualdad. Así, frente a la falta de libertad del adherente para participar en la elaboración o modificación de las condiciones, se sitúa la libertad limitada del predisponente que no reflejará en sus condicionados su voluntad unilateral sin más, sino únicamente aquella que le sea permitida por los mecanismos de control establecidos por la normativa. Esta limitación no es un atentado a la libertad contractual sino su salvaguarda . La finalidad perseguida es contrarrestar la falta de libertad del adherente, impedir abusos y reequilibrar el contrato. A esa limitación en los contratos de adhesión se refiere la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 85 , cuyas restricciones son aplicables a los contratos de adhesión con base en los cuales se expiden tarjetas de crédito, ya que quienes los celebran encuadran en la calidad de consumidores y proveedores -el tarjetahabiente como destinatario del servicio crediticio a que accede a través de la tarjeta, y el banco en su carácter de oferente habitual del mismo-, de acuerdo con la descripción contenida en el artículo 2o., fracciones I y II, de la legislación tutelar del consumidor antes citada. Para lograr la finalidad de restauración del equilibrio entre el banco (predisponente y proveedor) y el tarjetahabiente (adherente y consumidor), es de suma importancia asegurar el conocimiento real y efectivo del contenido de las operaciones bancarias con el objeto de reequilibrar los problemas de asimetría informativa existentes. Tal objetivo se pretende en todas las fases contractuales, así como en fase estrictamente precontractual. En la etapa precontractual la trascendencia de una información veraz, comprensible y clara no es baladí, ya que permitirá al cliente optar, con conocimiento de causa, entre las ofertas del mercado por aquella que satisfaga sus necesidades con el mínimo coste. En la legislación del consumidor se ha puesto especial énfasis en la exigencia de calidad en la información que se dé al consumidor , lo que incluye a los servicios proporcionados por las entidades bancarias, en tanto proveedores. Los artículos 32, 37 y 42 de la citada normativa dan cuenta de ese propósito tutelar. Están insertos en esa misma tendencia legislativa de protección al consumidor -en origen determinada por la orientación proporcionada en el artículo 28 constitucional, tercer párrafo in fine-, en su faceta de usuario de servicios otorgados por las instituciones financieras, los artículos 56 y 57 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. La interpretación sistemática de esos preceptos permite afirmar que los contratos de adhesión con base en los cuales las instituciones crediticias expiden tarjetas de crédito, deben contener una información clara, obligación que se extiende a la publicidad en fase contractual y precontractual, lo que incluye responder de los términos no sólo expresos sino implícitos en la difusión de los productos y servicios bancarios, así como en caso de que exista falta de veracidad en lo prometido. El deber de información en la referida fase precontractual está inscrita en la tendencia de protección al consumidor que deriva no sólo de la legislación nacional examinada, sino también de la legislación internacional, en particular la europea. Punto destacado de la protección al consumidor se advierte en la existencia de los deberes precontractuales de información a cargo del empresario, o parte en mejores condiciones de proporcionar esa información, y del consumidor, como parte contratante débil, entre quienes existe un desequilibrio que se sustancia en un riesgo de captación, por la posición que ocupan empresario y consumidor en esta singular técnica comercial o modo de promover la contratación, donde el primero se prevale de su organizada seducción y control de la información y el segundo se halla doblemente confundido: por la sorpresa (el cerco moral al que se le somete) y por la desinformación (no conoce las circunstancias del mercado), el riesgo de desconocimiento o conocimiento defectuoso (inexacto por falso o incompleto) de las circunstancias relevantes para contratar es el que afecta a la propia formación de la voluntad cuando puede imputarse a la contraparte su omisión (o que la información se proporcionó incompleta, inexacta o falsa), en razón de la preexistencia de un deber (nacido de la ley o de la buena fe objetiva), y que no quepa integrar en la ley del contrato (no se integra en la prestación, en el contenido de lo debido) . Por ende, la satisfacción o insatisfacción del deber de información en la fase precontractual será relevante para determinar, según las circunstancias de cada caso, el alcance de la responsabilidad de la entidad emisora de la tarjeta crediticia.

VI. Los criterios referidos y la propia ley responden a un especial ánimo de salvaguardar el interés del consumidor frente a una relación desequilibrada que en sí, por la posición que ocupan empresario y consumidor en esta singular técnica comercial o modo de promover la contratación, donde el primero se prevale de su organizada seducción y control de la información y el segundo se halla doblemente confundido: por la sorpresa (el cerco moral al que se le somete) y por la desinformación (no conoce las circunstancias del mercado), el riesgo de desconocimiento o conocimiento defectuoso (inexacto por falso o incompleto) de las circunstancias relevantes para contratar es el que afecta a la propia formación de la voluntad, que en el caso particular, no tiene mayor opción. Asimismo, la legislación mexicana nos provee de los instrumentos necesarios para proceder a buscar la nulidad de disposiciones abusivas ante los consumidores, que es lo que la Secretaría y en particular, la Profeco deben emprender, en representación del interés de una colectividad, sin que necesariamente se singularice.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Que exhorta a la titular de la Secretaría de Economía, doctora Graciela Márquez Colín y al titular de la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor, licenciado Ricardo Sheffield Padilla, a fin de que intervengan en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor respecto a los contratos de adhesión con registro 8548-2011 y similares ante la Profeco, ordenando la modificación o, en su caso, la nulidad de las cláusulas abusivas como la vigésima segunda y similares de los contratos referidos, debido a la alza injustificada en el cobro de gas natural a partir de estimaciones no solventadas por parte de Gas Natural México, SA de CV; Comercializadora Metrogas, SA de CV, y Gas Natural Servicios, SA de CV (en adelante y en su conjunto denominadas como “naturgy”) para la efectiva protección de los consumidores, suscrito por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de Nuevo León.

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Economía, doctora Graciela Márquez Colín y al titular de la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor, licenciado Ricardo Sheffield Padilla, a fin de que intervengan en los términos de la Ley Federal de Protección al Consumidor respecto a los contratos de adhesión con registro 8548-2011 y similares ante la Profeco, ordenando la modificación o, en su caso, la nulidad de las cláusulas abusivas como la vigésima segunda y similares de los contratos referidos, debido a la alza injustificada en el cobro de gas natural a partir de estimaciones no solventadas por parte de Gas Natural México, SA de CV; Comercializadora Metrogas, SA de CV, y Gas Natural Servicios, SA de CV (en adelante y en su conjunto denominadas como “naturgy”) para la efectiva protección de los consumidores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputados Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Raúl Gracia Guzmán, Víctor Manuel Pérez Díaz, Ernesto Alfonso Robledo Leal, José Martín López Cisneros y Ricardo Flores Suarez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a hacer del conocimiento público y trasparentar por la Conagua los planes y programas relativos a la construcción de la presa derivadora Armería, en Colima, a cargo de la diputada Ximena Puente de la Mora, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, diputada federal integrante de la LXIV Legislatura, Ximena Puente de la Mora , a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la presente proposición con punto de acuerdo, por la cual se exhorta a la Semarnat, a través de la Comisión Nacional del Agua, para que, en el uso de sus atribuciones, haga del conocimiento público y transparente los planes y programas relativos a la construcción de la Presa Derivadora Armería, en el estado de Colima; del Ramo 19, y del convenio marco.

I. Antecedentes

La ciudad de Colima se localiza en la subcuenca del río Armería, siendo la cuenca más importante, tanto por su extensión territorial como por su escurrimiento superficial, es así como el sistema de abastecimiento de agua potable para la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez se obtiene de la captación del manantial Zacualpan, un agua de la mejor calidad, pero para cubrir el resto de la demanda el líquido se obtiene de fuentes subterráneas, de la extracción de una serie de pozos ubicadas dentro de la zona urbana de la conurbación; aguas del subsuelo, es decir, fuentes subterráneas, siendo la más importante, por el gasto que aporta cuya profundidad es de entre 100 y 200 metros y presentan una combinación especial de minerales,1 que cuando en estas fuentes se presentan ciertos niveles de hierro y manganeso existe una reacción química definida como oxidación, que se genera por la acción del cloro que se le aplica al agua para potabilizarla.

Ante esta panorámica, el estado de Colima, junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante los últimos seis años, se han ejercido en Colima más de mil 800 millones de pesos en diversas obras de agua potable, drenaje, saneamiento, infraestructura hidroagrícola y protección a centros de población, lo cual se traduce en beneficios directos de la población en general del estado,2 algunos de ellos son:3

-Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTR) Colima y Villa de Álvarez, con un proceso de ampliación de la capacidad de la planta.

-Decreto 457, mediante el cual se establece el destino y afectación de los recursos de “El Fortamundf”, como garantía del cumplimiento a las obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas residuales, que se causen a cargo de “los contribuyentes”, a partir de 2014.4

-Convenio de Coordinación Marco entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el estado de Colima, con el objeto de conjuntar recursos y formalizar acciones en materia de infraestructura hidroagrícola, de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como de cultura del agua para fomentar el desarrollo regional en la entidad.1

-(PTR) de Armería, Colima, en beneficio de más de 15 mil 900 habitantes.

II. Planteamiento del Problema

Como sucede en buena parte de la república, en Colima las principales fuentes de abastecimiento de agua potable lo constituyen los acuíferos. Esto a pesar de que en el estado los volúmenes de precipitación y escurrimiento son significativos, esta condición ha generado un nivel intensivo del aprovechamiento del agua subterráneo;6 es así como la hidrología superficial del estado de Colima está fuertemente influenciada por factores de distinta naturaleza entre los que se distingue el relieve, suelo, la climatología y la cercanía al mar principalmente. El relieve se distingue por la presencia de distintas morfoestructuras que condicionan el comportamiento de los procesos hidrológicos como la infiltración y el escurrimiento.7

En resumen, del agua subterránea más del 90 por ciento del recurso se utiliza en las actividades agrícolas, principal soporte de las actividades productivas del estado. Por otro lado, si bien los niveles de explotación no sobrepasan aún las recargas de los acuíferos, se puede intuir que en algunos valles, los niveles de crecimiento podrían transformar la condición actual a una de sobreexplotación con los efectos previsibles en este tipo de acuíferos costeros,8 también hay que considerar que Colima padece escasez de agua por temporada de calor; se reporta una disminución en el nivel de los ríos, manantiales, arroyos y en las tres presas que alimentan de agua a los cultivos del estado,9 optando por el abastecimiento con agua de pozos profundos aunque la cantidad no es suficiente.

A lo anterior, le adicionamos las siguientes observaciones reflejadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el Ejercicio Fiscal 2019:

-Los Convenios de Descentralización,10 del Ramo 16 Semarnat, para el estado de Colima, que en la mayoría de los casos deben estar suscritos a más tardar al término del primer trimestre del año, conforme a lo previsto en el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria reflejan una disminución respecto al PEF 2018, equivalente al 12 por ciento, que en términos absolutos corresponde a menos 8.6 millones de pesos, afectando directamente a los Programas de Subsidios y de Proyectos de Inversión en Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable, Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, al Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, sumando pérdidas por -8.2 millones de pesos.

-La Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Colima respecto de la Construcción de la Presa Derivadora Armería, y la actualización del estudio de factibilidad para la construcción de la presa de almacenamiento Veladero de Camotlany su zona de riego, municipio de Manzanillo, estado de Colima, no registra asignación de recursos.

Hay que considerar que las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen un tiempo de vida útil de aproximadamente 20 años; por lo que requieren supervisión, renovación y/o mantenimiento.

Por otra parte, reconocemos los esfuerzos de la actual administración federal, a favor de un plan de austeridad; mismo que no debería rebasar ni afectar programas estratégicos, sociales y vitales para el ser humano.

Las políticas locales, regionales e internacionales en materia de gestión hídrica se han enmarcado en el contexto nada menor que el derecho humano al medio ambiente; porque para el desarrollo del ser humano; el agua y los sistemas de saneamiento no pueden estar separados, son vitales para reducir la carga mundial de enfermedades y para mejorar la salud, la educación y la productividad económica de las poblaciones.

Uno de los hitos recientes más importantes ha sido el reconocimiento por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del derecho humano al agua y al saneamiento; reconociendo el derecho de todos los seres humanos a tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal (entre 50 y 100 litros de agua por persona y día) y accesible físicamente (la fuente debe estar a menos de mil metros del hogar y su recogida no debería superar los 30 minutos).11

Con base en estas consideraciones expuestas, en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, es que presento proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Semarnat, a través de la Comisión Nacional del Agua, para que, en el uso de sus atribuciones, haga del conocimiento público y transparente, los planes y programas relativos a la construcción de la Presa Derivadora Armería, en el estado Colima, del Ramo 19, y del convenio marco.

Notas

1 Ciapacov. Comisión intermunicipal de agua potable y alcantarillado de Colima y Villa de Álvarez, estado de Colima.

2 José Antonio Jacinto Pacheco, director local de Colima. Conagua enero 2013. Las vertienes de la Conagua, Semarnat

3 Vertientes | Revista de comunicación interna de la Conagua | Número 201 | Enero de 2013

4 Conagua

5 Lunes 2 de abril de 2018 Diario Oficial

6 Idem Pág. 35

7 Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Metropolitana ColimaVilla de Álvarez; Fases I y II (Caracterización y Diagnóstico Ambiental) Gobierno del Estado de Colima, Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

8 Idem Pág. 50

9 Televisa. Bertha Reynoso.

10 Son acuerdos que las dependencias del gobierno federal firman a lo largo del ejercicio fiscal con las entidades federativas para transferir recursos presupuestales que son susceptibles de ser federalizados

11 ONU Agua, Avances en Saneamiento y Agua Potable; Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 7 de marzo de 2019.

Diputada Ximena Puente de la Mora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conamer a considerar obligatoriamente la perspectiva de género en las reglas de operación de los programas sujetos a ellas, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada federal Clementina Marta Dekker Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 2, fracción XLV, define a las Reglas de Operación como las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos. La mayoría de estos programas, se orientan a incrementar la productividad de los agentes económicos a través de inversión en innovación tecnológica, capacitación, desarrollo de las habilidades de los trabajadores, promoción de la competencia en los mercados, bienestar poblacional, entre otros.1

De acuerdo a la Secretaria de la Función Pública las Reglas de Operación sirven para saber quien es sujeto de recibir los apoyos, conocer los apoyos específicos que ofrecen los programas, así como los requisitos para obtenerlos; para saber como pueden contribuir al desarrollo personal y a la comunidad; y para vigilar como ciudadano que los recursos públicos se apliquen de acuerdo a como han sido programados.

En 2002 el Gobierno Federal determino? que todos los programas federales a través de los cuales se otorgaran subsidios, deben contar con un instrumento rector denominado Reglas de Operación (ROP), a las cuales debe apegarse estrictamente su aplicación. Posteriormente, a partir de la publicación de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en 2006, se establecieron lineamientos específicos para brindar mayor transparencia a la asignación de recursos de los Programas.2

Los Programas Sujetos a Reglas de Operación, son instrumentos de política pública enfocados a solucionar problemas que obstruyen el desarrollo y crecimiento económico como: falta de incentivos a la innovación, carencia de apoyo a pequeñas y medianas empresas, deterioro del medio ambiente, deficiencia en el acceso a servicios de salud, desigualdad en el ingreso, pobreza y marginación, por mencionar algunos.

La Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Conamer) es el órgano encargado de la conducción de la política pública de mejora regulatoria a nivel federal, por lo cual, desempeña un papel fundamental en la expedición de estas reglas a través de su dictamen regulatorio establecido en el artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por consiguiente, la Conamer analiza la estructura y contenido de los Programas Sujetos a Reglas de Operación aplicables al ejercicio fiscal correspondiente, con el propósito de robustecer la transparencia, eficiencia, eficacia y oportunidad de los programas en los próximos años e identificar áreas de oportunidad que puedan ser valoradas e implementadas por las dependencias y los organismos descentralizados responsables de su diseño e instrumentación.3

Sin embargo, resulta indispensable que entre los criterios que tome en cuenta la Conamer se encuentre la perspectiva de género para que así se solucionen los desequilibrios existentes entre hombre y mujeres para la accesibilidad de los Programas Sujetos a las Reglas de Operación.

De acuerdo a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres considera que la perspectiva plantea la necesidad de solucionar los desequilibrios que existen entre mujeres y hombres, mediante acciones como:

• Redistribución equitativa de las actividades entre los sexos (en las esferas de lo público y privado).

• Justa valoración de los distintos trabajos que realizan mujeres y hombres, especialmente en lo referente a la crianza de las hijas e hijos, el cuidado de los enfermos y las tareas domésticas.

• Modificación de las estructuras sociales, los mecanismos, las reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad.

• El fortalecimiento del poder de gestión y decisión de las mujeres.

Sin embargo, la paridad de género no se ve reflejada en todas las reglas de operación de diversos programas ejemplo de ello es el Proyecto de Modificación a las Reglas de Operación del Programas de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019 publicado en la página web de la Conamer. En sus criterios y requisitos de elegibilidad para tener acceso a los apoyos que otorga el Programa, en el caso de ser hombres jefes de hogar sólo se considera a los solteros (separados, divorciados, viudos) dejando de lado a aquellos hombres que se encuentren en matrimonio o unión libre y un desequilibrio evidente entre mujeres y hombres que podrían acceder a este programa.

Como lo señala D. Budlender, R. Sharp y K. Allen la asignación de recursos a ciertas funciones, políticas y programas puede beneficiar más a mujeres que a hombres, y viceversa.4 Estos hechos suceden repetidamente en diversas políticas y programas implementados en nuestro país en donde uno de los géneros se ve más favorecido que el otro, lo cual de cierta forma genera cierta discriminación y vulnera los derechos del afectado. Es decir, resultan totalmente asimétricos y sin ninguna perspectiva de género incluida en sus lineamientos que tenga como finalidad mantener un equilibrio entre hombre y mujeres para la accesibilidad de los Programas Sujetos a las Reglas de Operación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente promoción

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para que, en el ámbito de sus atribuciones considere obligatoriamente la perspectiva de género en todas las Reglas de Operación de los programas sujetos a ellas.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/418136/Mejoramiento_de_l os_PSRO_2010-2018.pdf

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/418136/Mejoramiento_de_l os_PSRO_2010-2018.pdf

3 Ídem

4 Emakunde, Presupuestos Públicos en Clave de Género, Biblioteca Temática Digital

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputada Clementina Marta Dekker Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos de estados y municipios con mayor presencia de migrantes mexicanos a instalar ventanillas únicas de atención que faciliten la realización de trámites y prestación de servicios, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Libier González Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los mexicanos que residen en el extranjero, especialmente los que se encuentran trabajando en Estados Unidos de América, tienen necesidad de realizar trámites y servicios ante diversas dependencias de la administración pública, pero se enfrentan al tradicional burocratismo que les impide llevarlos a cabo en sus tiempos cortos de estancia en nuestro país, o bien desde el lugar en el que se encuentran radicando en el extranjero.

Entre los trámites más frecuentes se encuentran la obtención de documentos, regularización en el pago de impuestos o contribuciones al gobierno, orientación para ejercer los programas de asistencia social, a la salud, educación, vivienda, entre otros; los cuales pueden beneficiar a sus familiares o a ellos mismos.

La necesidad de contar con asesoría legal para atender asuntos del orden judicial, civil y mercantil, de instrucción educativa, la recepción de las remesas de manera segura y coordinada con los prestadores de este servicio, son entre otras, las necesidades de los migrantes mexicanos que se encuentran trabajando en el exterior, y que se ven impedidos de llevarles a cabo por la distancia, el trabajo, o bien, por su situación legal en el país en el que radican.

Es por ello, que con el propósito de atender las demandas que cotidianamente recibo en mis encuentros con los migrantes mexicanos y las organizaciones que les representan, propongo la instalación de ventanillas únicas para la atención de los migrantes mexicanos , en aquellas entidades federativas y municipios que tengan gran número de migrantes mexicanos; así mediante la atención pronta y expedita de estos trámites y servicios, facilitaremos el que estos mexicanos y sus familiares puedan acceder a mejores condiciones de vida, a la seguridad social, legal, emocional y medica que requieren.

Porcentaje de la población emigrante internacional a EUAi

Fuente: Inegi

Autores, como Andrés Castillo Silverio, definen este modelo de gestión de la siguiente manera:

“el concepto básico de Ventanilla Única la define como una herramienta que permite unificar trámites en un solo lugar, que puede ser físico o virtual, ya sea que se trate de una oficina (mostrador real, o ventanilla única institucional, donde los ciudadanos pueden acercarse personalmente para concretar todas las etapas correspondientes a uno o más trámites), o de un portal de trámites de interfaz con los ciudadanos (mostrador virtual o ventanilla única electrónica). En cualquiera de estas dos modalidades permite a los ciudadanos vincularse con la administración pública a través de un único espacio, una única interfaz, para informarse y/o realizar gestiones, lo que requiere de un importante ejercicio de coordinación entre diferentes jurisdicciones (nacional, provincial y local), e inclusive con organizaciones de la sociedad civil (en caso de que fuera pertinente). Porque en un país federal no sería viable en el largo plazo diseñar un esquema de ventanilla única que se limitara a una sola jurisdicción estatal. Por eso es esperable que la visión presentada llegue a integrar a todas las jurisdicciones, y que pueda abarcar inclusive a aquellas organizaciones que no forman parte del Estado (empresas, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones vecinales, entre otras múltiples estrategias de asociación).”ii

De la anterior definición podemos apreciar la importancia de la instalación de las ventanillas únicas, como las unidades administrativas que se encargaran de coordinar diversas áreas o instancias de la administración pública con el propósito de hacer más eficiente la gestión pública en razón de la relación entre ciudadanos y gobierno, es decir petición-respuesta.

En la pasada administración federal, dentro de la Estrategia Digital Nacional, se implementó a través del portal www.gob.mx, la realización de trámites gubernamentales al usar medios electrónicos para publicar información, recibir solicitudes, hacer pagos y obtener resoluciones en línea; si bien fue un buen comienzo se requiere su continuidad efectiva como modelo a seguir por entidades federativas y los propios municipios, para agilizar la atención a nuestros hermanos mexicanos que han emigrado, y que requieren una respuesta inmediata por parte de los tres órdenes de gobierno.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Que se exhorta a los gobiernos de los estados y los municipios con mayor presencia de migrantes mexicanos, para que instalen ventanillas únicas de atención que faciliten la realización de sus trámites y servicios.

Notas

i Distribución porcentual de emigrantes internacionales por causa de la emigración. Consultado en:

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/migracion/ 9 de abril de 2017.

ii Ventanilla única de trámites, una aproximación conceptual. En: https://www.monografias.com/docs113/ventanilla-unica-tramites-aproximac ion-conceptual/ventanilla-unica-tramites-aproximacion-conceptual.shtml.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a impulsar la agroindustria de la palma de coco y productos derivados, a cargo de la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, María del Carmen Cabrera Lagunas, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numerales 1, fracción II, 2, fracción I, y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, acude ante el pleno de esta soberanía, a fin de presentar proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos 50 años, la falta de inversión y el estancamiento han marcado al campo mexicano; ello aunado a los drásticos cambios que implica la globalización, el crecimiento demográfico, el auge de alimentos transgénicos y el continuo proceso de urbanización nos hacen dudar de la subsistencia del sector para los productores que no están ligados a grandes intereses nacionales y/o internacionales.

México requiere que la agroindustria siga siendo una actividad rentable, sustentable y a su vez cree mayor desarrollo económico. Para el logro de este objetivo, los productores sobre todo los pequeños y medianos necesitan tener acceso a insumos económicos, infraestructura, transporte y créditos asequibles; lo que sólo se puede lograr vinculando los esfuerzos de los gobiernos municipales, estatales y federal que creen los incentivos necesarios para el aumento de la inversión en el sector.

Como ustedes saben el coco en el plano mundial se produce en más de 90 países; no obstante, en una docena de ellos se concentra el 91.1 por ciento de la superficie plantada con este cultivo, como, los países asiáticos son los que cuentan con la mayor extensión, particularmente tres de ellos acumulan el 72.2 por ciento: Filipinas (29.1 por ciento), Indonesia (26.4 por ciento) e India (16.7 por ciento). Los dos únicos países de América que forman parte de este grupo son: Brasil (2.4 por ciento) y México (1.4 por ciento), que ocupan el doceavo lugar respectivamente.

Derivado de lo anterior, la distribución de superficie por países, con el 90.6 por ciento de la producción de coco (datos de 2002) se lleva a cabo en 10 países por lo que se puede observar que tres países asiáticos concentran el 70 por ciento de la producción de coco: Filipinas (26.4 por ciento), Indonesia (26.4 por ciento) y la India (18.2, sólo dos países figuran como productores importantes: Brasil (5.5 por ciento) y México (1.9 por ciento), ocupando el 9° lugar mundial.

En el 2015 El Gobierno de la República a través de la SAGARPA afirmó que mantendría su compromiso de impulsar el desarrollo del sur - sureste, mediante una política integral que fortaleciera los fundamentos de su economía en la que el aumento de su productividad vincule efectivamente con el resto del país, de tal manera que se presentó el “Programa Estratégico para impulsar la Cadena de Valor del Cocotero”. Así mismo como plan de desarrollo económico en la zona sur también se afirmó que se estaba trabajando para focalizar los incentivos e impulsar las actividades agropecuarias y la perspectiva de la administración federal estaba focalizada en canalizar más de mil millones de pesos mediante el Componente de Desarrollo Productivo del Sur-Sureste y 500 millones de pesos para otorgar incentivos a proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento con el objeto de reactivar la cadena productiva del cocotero.

En ese tenor, el Comité Nacional del Sistema Producto Palma de Coco proyecta cubrir 160,000 Hectáreas con lo que se pretende generar aproximadamente 30,000 productores, 240,000 empleos al año, produciendo 8,000 cocos por hectárea y 640,000 cocos, valor aproximado de $ 3, 200, 000,000

En este contexto considero importante detectar e incentivar las actividades agroindustriales que puedan potenciar nacional e internacionalmente mediante la disminución de obstáculos en la producción y fortaleciendo las inversiones privadas y públicas que incrementen los márgenes de ganancia de los productores y estos a su vez repercutan directamente en la mejora de sus condiciones de vida.

De acuerdo a cifras de la FAO actualmente alrededor de 92 países son productores de la palma de coco. De 2000 a 2010 la producción mundial aumentó de 49, 110,340 a 57,199, 929 toneladas; es decir, un 8 por ciento. Sin embargo, dicho incremento no se ha visto reflejado en la producción nacional. Del año 2000 a la fecha nuestro país descendió dos lugares en el ranking internacional de productores.

Cabe señalar que los países asiáticos: Indonesia, Filipinas e India quienes ocupan los primeros lugares y en América Latina solo destacan Brasil y México en el 4to y 5to lugar respectivamente, lo anterior, es muestra fiel que, aunque México cuenta con regiones de clima tropical húmedo y subhúmedo propicias para el cultivo, dicho territorio es subutilizado, debido, entre otras causas a:

• Sistemas de producción que en su mayoría siguen siendo esencialmente anticuados y se enfrentan a una creciente competencia.

• Durante mucho tiempo la estructura productiva del cultivo se orientó a la producción de copra, (misma que se vio afectada cuando el país se abrió a la importación de diversos aceites de otras plantas oleaginosas y grasas vegetales).

• Una falta de integración de la cadena productiva, así como del mercado, y

• Carencia de créditos accesibles, lo que hasta la fecha limita la viabilidad de inversiones ulteriores que mejoren la producción.

Derivado de lo anterior, la palma de coco es un cultivo que puede potenciarse. Su importancia económica y social se debe no solo a su consumo como producto final, sino también a que sus usos se han diversificado en áreas tales como: la industria de alimentos, los dulces artesanales, el aceite de copra, la pasta, el agua de coco, el carbón activado, los cosméticos, la fibra y sustrato, en la medicina, etcétera.

Según datos de Sagarpa de 2012 muestran que cerca de la tercera parte de los estados que integran nuestro país son productores de coco; en los cuales destaca Guerrero con 44,200 hectáreas de superficie sembrada anualmente, seguido por Colima y Tabasco con 16,619 y 12,474 respectivamente.

Debido a su característica de ser perenne y no depender de grandes cantidades de insumos y servicios agrícolas, además de prosperar favorablemente en suelos arenosos y salinos de las costas lo convierte además en la mejor forma de prevenir la degradación de las zonas costeras. Consecuencia de ello es que su cultivo se ha extendido en la zona intertropical del mundo ubicando su participación en 5 por ciento del total de las exportaciones de aceites y grasas vegetales.

De tal manera que, la importancia de incentivar el crecimiento de esta actividad y promover la inversión en tecnología e investigación que aumente la competitividad de cada uno de los actores de la cadena productiva.

Es importante destacar que, por cada productor, hay cerca de 4 familias que dependen del coco, por lo que el cultivo es de muy alto valor económico social, combatiendo directamente el hambre en zonas de pobreza. La producción de coco impacta directamente al ecosistema generando una gran biodiversidad, como abejas, iguanas y diversas especies. Como aprovechamiento integral de esta generosa planta tenemos; pulpa de coco, copra para biocombustibles (biodiesel), aceites industriales para jabones, aceite de coco virgen y activado, fibras, sustrato, carbón virgen, artesanías, madera entre otros. Por otra parte, genera grandes cantidades de bióxido de carbono a la atmósfera. Genera autoempleos, su mercado mundial es creciente nacional e internacional. Nuestro país ocupa un lugar muy bajo en la producción de coco, sin embargo de acuerdo a los estudios realizados por universidades y organizaciones productoras y otras instituciones, se tiene la convicción que se debe establecer firmemente un plan que incentive un crecimiento sostenido del “Programa Estratégico para impulsar la cadena de valor del Cocotero en México” e incrementar la producción en los Estados que son potencialmente productores como; Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Campeche, los cuales han sido abandonados por el gobierno federal al ver que las prioridades en el campo siguen siendo anacrónicas y sin ninguna ruta de certeza, solo privilegiando a las corporaciones y grupos clientelares, que al final del día solo se tiene la conciencia que nuestro campo sigue estando abandonado y que cada sexenio solo se generan proyectos y planes que son visibles y políticamente rentables para unos cuantos, sin embargo la suma de voluntades y las sinergias sin distingos puede encausarnos a una nueva ruta que privilegie proyectos como la Producción de Coco que son verdaderas fuentes generadoras de bienestar social y combaten directamente a la pobreza y generan riquezas.

Dentro del programa estratégico para impulsar esta cadena de Valor del Cocotero en México surgió de la necesidad de los estados productores para Impulsar la Agroindustria de la Palma de Coco y Productos Derivados de tal manera que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene la obligación de promover la economía a través de la creación de proyectos productivos que generen directamente bienestar y estabilidad en la economía de nuestras familias, y que es una de las prioridades de esta 4° transformación a través del desarrollo social, económico y cultural estableciendo un nuevo paradigma de economía sustentable emergente que dejará atrás las prácticas asistenciales paliativas y clientelares.

Parecería que la producción de copra está metida en un círculo vicioso que parece no tener salida. Sin embargo, si algún aprendizaje nos ha dejado el fin de siglo pasado y el inicio de éste, es que se acabó la época de las certezas y de los destinos predeterminados. En este último caso las plantaciones de coco están ahí, los diversos actores relacionados con este cultivo siguen trabajando, por lo que corresponderá a ellos cambiar ese destino y generar alternativas viables para el desarrollo de un cultivo que, como la copra, ha sido el motor de desarrollo económico de varias regiones.

Por lo anterior se propone que a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, impulse la agroindustria de la palma de coco y productos derivados, toda vez que la caída del precio internacional de copra y de aceite de coco durante los últimos dos años, impacta de manera directa a este sector; sobre todo si consideramos que además se viene arrastrando toda una serie de factores que reducen las posibilidades de rentabilidad: bajos rendimientos, esquemas de comercialización erráticos, falta de organización de los productores, inciertas investigaciones y desarrollo de nuevas tecnologías para el cultivo, importaciones, etc.

Frente a este panorama, es necesario que el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural generen medidas que en el corto plazo puedan restituir parte de los ingresos de aquellas familias que se han dedicado a esta actividad, y las políticas, deban ser de mediano y largo plazo que permitan recuperar los niveles de rentabilidad de este cultivo, mediante acciones como la generación de híbridos de mayor rendimiento y resistencia al amarillamiento letal; sustitución de plantaciones viejas, reconversión de productos, industrialización de otros subproductos del cocotero, entre otras.

En mérito de lo expuesto y fundado, en el marco humano, social, y económico se solicita aprobar con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a incentivar integralmente la cadena de producción del coco y de todos los productos derivados en la comercialización e importación que genere una economía sustentable y polos de desarrollo regionales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a llevar a cabo programas especiales para el sector, y mejorar las condiciones de los ingresos de las familias que se han dedicado al cultivo del cocotero.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a apoyar a los productores en la elaboración de fibras para tapetes, cuerdas que se generan de la fibra del mesocarpio; la generación de carbón activado, o bien la creación de industrias regionales que produzcan diversos tipos de líneas.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 7 de marzo de 2019

Diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a diseñar y ejecutar con las autoridades estatales planes urgentes de combate y erradicación de delitos cometidos específicamente contra mujeres, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y los diputados federales Francisco Elizondo Garrido; Nayeli Arlen Fernández Cruz; Humberto Pedrero Moreno; Ana Patricia Peralta de la Peña, y Érika Mariana Rosas Uribe, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU),1 el origen del Día Internacional de la Mujer surgió al final del siglo XIX, que fue, en el mundo industrializado, un período de expansión y turbulencia, crecimiento de la población e ideologías radicales.

En 1945, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas, se dio el primer acuerdo internacional para consolidar el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU ha ayudado a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo.

Dicha organización, coordinada con los gobiernos internacionales, ha promovido la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos; en donde el empoderamiento de la mujer sigue siendo un elemento central de los esfuerzos para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos en todo el mundo.

En este sentido, año con año se dirigen los trabajos, tanto de la ONU como de los gobiernos de diferentes países, incluido el nuestro, para seguir consolidando políticas públicas que buscan mejorar las condiciones de vida de las mujeres a nivel mundial; para ello, cada año se busca generar consciencia en rubro específico. El tema elegido para el Día Internacional de la Mujer 2019, que se celebrará el 8 de marzo, es: “Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio”.2

El tema se centrará en formas innovadoras en las que podemos abogar por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, en especial en las esferas relativas a los sistemas de protección social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible.

La propia ONU Mujeres reconoce que, ante los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se requiere de cambios transformadores, enfoques integrados y nuevas soluciones para lograr la efectiva defensa de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

Nuestro país no ha sido ajeno a dichos compromisos, hoy, en el ámbito en el que nos desempeñamos, logramos conformar la legislatura con la mayor participación histórica de las mujeres, ello, además de representar un avance significativo, nos impone el deber de trabajar para que esto no sólo sea el resultado de la conmemoración de una fecha, sino de un verdadero compromiso para lograr la participación equitativa e igualitaria de las mujeres en los sitios de toma de decisión.

Las mujeres y hombres que conformamos la presente legislatura debemos ser ejemplo emblemático de que no se trata de cumplir con una cuota de género, sino de una participación indispensable, con capacidades y puntos de vista valiosos para la construcción de un marco jurídico mucho más armónico a las necesidades de nuestro país.

En materia legislativa ya son muchos los avances en la inclusión de las mujeres; actualmente contamos con leyes especialmente dedicadas para ellas, por ejemplo, desde 2001 se expidió la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, mediante el cual se crea dicho Instituto como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión.

Otro ejemplo es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que desde 2006 ha fijado las bases para regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo.

No se omite referir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007, y cuyo objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tristemente, esta última, resultado de una creciente tasa de violencia específicamente en contra de las mujeres, situación que lamentablemente no ha disminuido.

En este sentido, para el Partido Verde, más que conmemorar el 8 de marzo simplemente como el Día Internacional de la Mujer, lo adoptamos como una oportunidad para hacer un análisis sobre la situación que viven las mexicanas y con ello definir una agenda de trabajo que nos permita protegerlas y garantizar sus derechos humanos.

Como se refirió, desafortunadamente hoy en día nos enfrentamos a denuncias que nos muestran que las mujeres siguen siendo blanco fácil de la delincuencia y violencia que se vive en nuestro país.

Al respecto, el semáforo delictivo3 señala que, en nuestro país, el feminicidio va en aumento. Ya que en enero de 2019 se reportaron 70 feminicidios a escala nacional, ligeramente debajo de la medición del año inmediato anterior que se cometieron 73, en donde sí se tuvo un incremente importante considerando los 54 feminicidios reportados para enero de 2017.

Por lo que hace a las entidades federativas: estado de México, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sinaloa y Veracruz son lo que encabezan la lista de mayor incidencia de feminicidios en los últimos tres años.

Definitivamente las cifras nos dejan en claro que se deben reforzar las acciones para disminuirlas e, incluso, erradicarlas; adoptando el compromiso de trabajar conjuntamente con nuestras autoridades encargadas de la seguridad para lograrlo y no caer simplemente en señalarlo.

Somos reiterativos en que sí se debe celebrar una fecha establecida para conmemorar la importancia de las mujeres en la participación social, económica y política; sin embargo, no debemos ser omisos a las necesidades y exigencias de ellas para trabajar en el robustecimiento de nuestro marco jurídico y de las instituciones para garantizar efectivamente sus derechos más elementales.

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que, en el marco de sus atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en colaboración con las autoridades estatales, a efecto de que diseñen y ejecuten planes emergentes de combate y erradicación de hechos delictivos cometidos específicamente contra las mujeres.

Notas

1 ONU. Historia del Día de la mujer. Disponible en:
http://www.un.org/es/events/womensday/background.shtml

2 ONU Mujeres. Día Internacional de la Mujer 2019: Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. Disponible en:

http://www.unwomen.org/es/news/stories/2018/10/announcer -iwd-2019-theme

3 Semáforo delictivo. Feminicidios. Disponible en: http://www.semaforo.com.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días de marzo de 2019.

Diputados del PVEM: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Emilio González Martínez, Beatriz Manrique Guevara, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche,

Diputados de Morena: Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Humberto Pedrero Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al INAH a liberar el fideicomiso autorizado para la restauración total de monumentos arqueológicos e históricos a causa de los movimientos telúricos de septiembre de 2017 en Chiapas, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado sin partido de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y artículo 79, numeral I, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia a liberar el fideicomiso número 2003 Fondo de Desastres Naturales (Fonden) del acuerdo SE:III.01/2018 del Comité Técnico autorizado para la restauración total de monumentos arqueológicos e históricos, a causa de los movimientos telúricos del mes de septiembre del año 2017 en el estado de Chiapas.

Consideraciones

El pasado 7 de septiembre del 2017, se presentó un sismo de 8.2 grados en la escala Richter (SSN) con epicentro en la costa de Chiapas y el del 19 de septiembre resintió los mismos inmuebles. Este acontecimiento afectó 114 edificios, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se enumera con base en grados de afectación: 64 inmuebles de menor grado, 29 inmuebles de grado moderado y 21 inmuebles de grado severo, varios de los inmuebles dañados son: 100 monumentos históricos, 5 zonas arqueológicas, 9 templos religiosos y recintos culturales, así como la naturaleza de la propiedad de los inmuebles: 87 federales, 7 estatales, 6 municipales y 114 privados.

La información disponible muestra que, en general, las entidades federativas que resultaron más afectadas por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre, cuentan con algunos fondos o instrumentos que les permitirán cubrir una parte de los costos que implicarán las obras de reconstrucción por dichos fenómenos.

Al respecto, es importante recordar que la Ley General de Protección Civil señala la responsabilidad de las entidades federativas para contratar seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgos para cubrirse de los daños causados por desastres naturales; en el caso del Estado de Chiapas, varios proyectos fueron ejecutados con recursos del seguro Banorte York, de los cuales 12 inmuebles han sido concluidos, así como 3 zonas arqueológicas, sin embargo 53 inmuebles siguen en proceso de restauración y 10 presupuestos han sido suspendidos por alegatos, citando específicamente en el municipio de San Cristóbal de las Casas se encuentra: Templo de Mexicanos y Templo de San Felipe Ecatepec; en el municipio de Venustiano Carranza: Templo Calvario, Templo del Señor del Pozo y Esquipulas; en el municipio de Comitán: Templo San José; en el municipio de La Trinitaria: Capilla de la Concepción; en el municipio de Chiapa de Corzo: San Gregorio y, en el municipio de Zinacantán: Templo de San Lorenzo.

En el informe “A un año de los sismos”, la Secretaría de Cultura y el INAH presentan avances significativos en recuperación del patrimonio cultural afectado de todo el país, pero en el caso de Chiapas no se esclarecen las razones por las cuales 10 presupuestos (los antes mencionados) se encuentran suspendidos.

La restauración ha avanzado a paso lento, pues hasta el momento, el museo de San Cristóbal de las Casas, por citar un ejemplo, tiene sólo el 60 por ciento de avance después de ser afectado por el sismo, dato aportado por el mismo director de este recinto Yksmark Kramsky, lo que ha provocado que hasta el momento el museo no funcione en su totalidad.

Es comprensible que la etapa de reconstrucción posterior a un desastre gire en torno a acciones prioritarias que consisten en la atención de heridos y damnificados, pero también se debe tener presente la importancia de proteger y recuperar el patrimonio cultural de una nación, ya que forma parte activa de la identidad, cohesión social de una comunidad y desarrollo económico de la región.

Además, no dejemos atrás que, Chiapas, es uno de los estados más ricos en diversidad y cultura de México, es cuna de etnias indígenas como los tzotziles, zoques, chamulas, tzeltales y lacandones, por lo que el alcance del Turismo Cultural, es pieza clave para el desarrollo, debido a la generación de productos culturales, que conducen nuevas formas de interpretar la autenticidad y expresan el dinamismo e imaginación de los grupos locales para adaptarse a las exigencias de la demanda.

Hay dos manifestaciones diferentes de este tipo de turismo:

A) El patrimonio tangible: elementos materiales que los pueblos elaboran a lo largo de su historia y que pueden ser observados y tocados, y

B) El patrimonio intangible: valores no materiales que forman parte del acervo cultural de cada pueblo como leyendas, historias, tradiciones, fiestas, música, entre otras.

La riqueza de las zonas arqueológicas representa una gran oportunidad de diversificación para la oferta turística nacional, tan solo en el 2016, las zonas arqueológicas del país recibieron a 13.6 millones de turistas, en el 2018, 23 millones de turistas se desplazaron por el país por algún motivo cultural. Así, el valor del turismo cultural en México representa una derrama económica por más de 184 mil millones de pesos del mercado nacional según datos de la plataforma digital de divulgación turística Entorno Turístico.

Por lo anteriormente mencionado, merece ser señalado que la conservación del patrimonio cultural tangible está contemplada en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción XXV, la cual menciona que es facultad del Congreso de la Unión “legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional”. La norma constitucional se detalla en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH) que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972. En dicha Ley Federal, se indica que son de utilidad pública “la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos” (LFMZAAH, artículo 2).

Conforme al Capítulo V, “De la Competencia”, artículo 44, de la ley antes mencionada, se dota de competencia al Instituto Nacional de Antropología e Historia en materia de monumentos y zonas de monumentos arqueológicos e históricos, por ello esta proposición dirige el exhorto al instituto, así como por la naturaleza de los monumentos, a continuación, se muestra una tabla en la que se distingue la competencia según tres diferentes tipos de monumento.

Tipos de monumentos que integran el Patrimonio Cultural de México con base en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Tabla extraída del informe Sismos 2017: Diagnósticos y propuestas para la reconstrucción.

Además, considerando lo mencionado en el Boletín No. 325 “A un año de los sismos”, encontramos que el INAH cuenta con dos mecanismos fundamentales para la atención de daños en caso de contingencias:

A) Los seguros para resarcir daños accidentales sean por causas naturales o antrópicas, y

B) Los recursos que aporta el Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden), que le permiten actuar en las acciones inmediatas emergentes o en las tareas de reconstrucción o restauración de los bienes culturales, en aquellas catástrofes declaradas por el gobierno federal como desastre natural.

Sírvase el presente exhorto a fin de solicitar la liberación del segundo mecanismo, cuya autorización se ve reflejaba a través del Acuerdo SE.III.01/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso No. 2003 Fonden del 27 de febrero del 2018 con un presupuesto de $637, 109, 507.86.

La expectativa de contar con ese presupuesto llevaría a obtener metas como:

-Concluir con la restauración de 53 inmuebles con daño menor .

-Avanzar la restauración de 28 inmuebles con daño moderado.

-Avanzar la restauración de 21 inmuebles con daño severo.

-Elevar la oferta turística cultural del país.

En la etapa de reconstrucción posterior a un desastre, no es discutible que las acciones prioritarias consistan en la atención de heridos y damnificados, pero también se debe tener presente la importancia de proteger y recuperar el patrimonio cultural de una nación, ya que forma parte activa de la identidad y cohesión social de una comunidad, sin dejar a un lado que México ocupa la primera posición en el continente americano en cuanto al registro de sitios considerados patrimonio mundial por la UNESCO.

Ya lo diría Eduardo Matos Moctezuma. Profesor emérito del INAH.

“El patrimonio cultural de México es todo aquello que nos caracteriza como mexicanos. Son nuestros vestigios tanto prehispánicos como coloniales e históricos, todo lo que las generaciones anteriores nos legaron y que forman parte sustancial de nuestra historia”.

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia a liberar el Fideicomiso no. 2003 Fonden del acuerdo SE.III.01/2018 del Comité Técnico autorizado para la restauración total de monumentos arqueológicos e históricos, a causa de los movimientos telúricos del mes de septiembre del año 2017 en el Estado de Chiapas.

Fuentes consultadas:

https://www.inah.gob.mx/transparencia

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.p df

http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/MarcoJur idicoGlobal/Leyes/283_loinah.pdf

https://www.inah.gob.mx/boletines/7559-a-un-ano-de-los-s ismos-secretaria-de-cultura-y-el-inah-presentan-avances-en-recuperacion -del-patrimonio-cultural-afectado

https://www.inah.gob.mx/attachments/article/7559/Boleti% CC%81n%20325.pdf

https://www.inah.gob.mx/sismos

https://www.fitchratings.com/site/pr/1029184

https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/patrimonio -cultural-de-mexico

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/Proteccion Civil/Resource/2343/1/images/BANOBRAS_Fonden.pdf

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&p id=S0104-71832003000200003

http://www.diariodechiapas.com/landing/turismo-cultural- nueva-alternativa/

https://www.entornoturistico.com/10-datos-que-explican-l a-importancia-del-turismo-cultural-en-mexico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Veracruz a otorgar tarifa preferencial a los usuarios del túnel sumergido y el puente Coatzacoalcos 1 que comprueben su residencia o actividad económica en Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río e Ixhuatlán del Sureste, a cargo de la diputada Flora Tania Cruz Santos, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Flora Tania Cruz Santos, integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, es una ciudad y puerto con el potencial para convertirse en el gran centro de desarrollo económico de la región sureste del país. Como puerto, tiene la capacidad comercial para promover rutas marítimas con Europa, la costa del Golfo y la costa este de los Estados Unidos de América, el principal socio comercial de México.

Es por lo anterior que, el 28 de septiembre de 2017, se llevó a cabo la firma del decreto de Declaratoria de Zona Económica Especial,1 en la que se establece:

Que los municipios de Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste y Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río se ubican en una de las diez entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema, de acuerdo con la información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y además sus áreas geográficas destacan su potencial de desarrollo debido a su ubicación estratégica para la realización de actividades económicas de mayor productividad;

Que dichos municipios cuentan con una población conjunta de 365,026 habitantes, conforme a los. últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Geografía correspondientes a 2015, y la zona metropolitana de Coatzacoalcos tiene facilidad de integración con el sistema nacional carretero y el sistema nacional ferroviario, lo que le brinda conectividad con la región del Golfo de México y con el resto de la región sur, el Bajío y el norte del país; y

Que el Puerto de Coatzacoalcos favorece la actividad económica de la región, pues es el único en el Sistema Portuario Nacional que ofrece el servicio especializado de ferrobuque hacia el puerto de Mobile en Alabama, Estados Unidos de América, el cual permite una ruta ágil, eficiente y segura que conecta los mercados del este de dicho país con el centro y sur de México.

Del lado oriente del río Coatzacoalcos se encuentran las localidades de Villa Allende (con 23, 620 habitantes), y Mundo Nuevo (con 8,420 habitantes), además de los ejidos Gavilán, Colorado y Guillermo Prieto. Asimismo, dentro de estas zonas se incluyen los principales centros laborales industriales que son los Complejos Petroquímicos de: (i) Cangrejera, (ii) Morelos y (iii) Pajaritos.

Lo anterior implica que, cruzar el río Coatzacoalcos es una necesidad para los habitantes y trabajadores de las localidades antes mencionadas. Actualmente, existen dos opciones para realizar este desplazamiento: (i) por el Puente Coatzacoalcos 1, y (ii) el túnel sumergido. Sin embargo, ambas vías cobran un respectivo peaje.

El Puente Coatzacoalcos 1 está localizado aguas arriba del puerto de Coatzacoalcos; en el kilómetro 2+100 de la carretera Matamoros-Puerto Juárez; su infraestructura consiste en dos carriles carreteros y un cuerpo de vía para dar acceso al ferrocarril del sureste.

Por esta importante vía de comunicación transitan más de 4,000 mil vehículos diariamente.2 Se realiza un cobro de peaje de 22 pesos.

El 29 de diciembre de 2014, el Gobierno del Estado de Veracruz, emitió la Convocatoria Pública Nacional No. SIOP-LPE-2014-UL/001 en la cual se licitaba la Prestación de Servicios para la Administración Operación, Explotación, Mantenimiento y Conservación de la Caseta de Cobro del Puente Coatzacoalcos 1, ubicado en la carretera federal 180 Matamoros-Puerto Juárez, en el municipio de Coatzacoalcos del Estado de Veracruz.

En la licitación participaron tres empresas: (i) Grupo Corporativo Urbis, SA de CV, (ii) Operadora Puerto México, SAPI de CV, y (iii) Autopistas Concesionadas del Altiplano SA de CV; de las cuales Operadora Puerto México, SAPI de CV, fue quien logro el fallo favorable de conformidad con el acta número LPN-112T00000-6000-001-14. Desde el 4 de febrero de 2015 Operadora Puerto México, SAPI de CV, es quien cobra el peaje de 22 pesos por el cruce del Puente Coatzacoalcos 1.3

De acuerdo a una solicitud de información a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) con número de folio 009837174, se desprende que el destino de los recursos que se obtienen por concepto de peaje, de conformidad con la condición sexta del título de la concesión relativa al Puente Coatzacoalcos 1, se aplican como a continuación se cita:

“La concesionaria afectará en fideicomiso de manera irrevocable la totalidad del producto y ejercicio de los derechos al cobro de tarifas derivadas de la concesión a favor del que resulte concesionario para construir, operar, explotar, conservar y mantener el túnel sumergido, con el objetivo de que los ingresos brutos que se generen durante toda la vigencia de la concesión, sin deducción alguna se apliquen de la siguiente manera:

• El 70 por ciento, cuando menos, al desarrollo del proyecto del túnel sumergido, dando prioridad en primer lugar al financiamiento de la construcción de las obras necesarias y, en segundo lugar, al pago de obligaciones financieras contraídas para llevar a cabo la construcción, y en tercer lugar al pago de capital de riesgo invertido para el mismo fin.

• El 30 por ciento de los recursos obtenidos, se entregarán al fideicomiso público que la concesionaria constituya con el objetivo de cubrir los gastos de operación, explotación, conservación y mantenimiento del Puente Coatzacoalcos 1, gastos de administración, fondo de reserva, seguros, auditorías y pago de contraprestación al gobierno federal, en el entendido que cubiertos esos gastos, de existir algún remanente, el fiduciario del fideicomiso público deberá quedar obligado a regresarlo al fideicomiso privado del túnel sumergido, para que se apliquen al objetivo descrito en el párrafo anterior.”

De lo anterior se desprende que con el 30 por ciento de los ingresos por concepto de peaje del Puente I Coatzacoalcos, se han podido cubrir los gastos de operación, explotación, conservación y mantenimiento del Puente Coatzacoalcos 1.

La segunda vía para que los habitantes y los trabajadores puedan cruzar el río Coatzacoalcos es el túnel sumergido, con una extensión de 2.2 kilómetros, cuatro carriles de circulación, corre a 30 metros por debajo del río Coatzacoalcos mismo que comunica la cabecera municipal con la Villa de Allende, donde se encuentran asentados ‘los principales complejos petroquímicos. Por concepto de peaje cobra 35 pesos.

El túnel sumergido ha sido considerado que no cumple con los parámetros mínimos de calidad en sus materiales y procedimientos constructivos, como estabilidad, seguridad estructural, de conformidad con la auditoría 09-A-30000-04-0548 de 2009 de la Auditoría Superior de la Federación, en la que se reportaron severas irregularidades en las que están implicadas autoridades locales y federales.

La Auditoria Superior de la Federación también emitió un dictamen negativo al pliego de observaciones, en el que estableció que se incumplieron con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, presupuesto, licitación, contratación, ejecución y pago. Aunado a lo anterior, el túnel sumergido cuenta con un daño patrimonial reconocido de 225 millones de pesos de la cuenta pública 2012.

Derivado de lo anterior y al gran impacto negativo que tiene en las familias de los habitantes y trabajadores que deben cruzar el río Coatzacoalcos por las vías antes mencionadas, es que resulta necesario la eliminación del cobro de peaje del Puente Coatzacoalcos 1 y el túnel sumergido, a los habitantes y trabajadores de los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas e Ixhuatlán del Sureste, del Estado de Veracruz, y con ello satisfacer su derecho de movilidad.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que, con fundamento en sus atribuciones, se proceda a la eliminación del cobro de peaje del Puente Coatzacoalcos I y del túnel sumergido a los habitantes y trabajadores de los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital de Lázaro Cárdenas e Ixhuatlán del Sureste.

Notas

1 Consultado en: https://www.gob.mxlzee/es/documentos/
declaratoria-zonas-economicas-especiales-de-puerto-chiapas-lazaro-cardenas-la-union-y-coatzacoaIcos?state=
published, fecha de consulta 13 de febrero de 2019.

2 Consultado en: https://www.puertocoatzacoalcos.com.mx/105-principal/secundarios/
194-1a-secretaria-de-comunicaciones-y-transportes-rea1iza-reparacion-mayor-a1-puente-coatzacoalcos-i,
fecha de consulta 13 de febrero de 2019.

3 Consultado en: https://zonadenoticias.com.mx/web/archivos/18882, fecha de consulta 14 de febrero de 2019. 4 Consultado en: http://heraldodecoatzacoalcos.com.mxlestado/coatzacoalcos/51968-se-van- al-tunel- ingresos-del-coatza-l.html, fecha de consulta 13 de febrero de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputada Flora Tania Cruz Santos

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a revisar la problemática en torno a los despojos contra trabajadores de todo el país por el Infonavit, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar la problemática que existe en torno a los despojos que han sufrido trabajadores de todo el país por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de dar solución al conflicto y de evitar que se sigan cometiendo injusticias en su contra, conforme a las siguientes:

Consideraciones

Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, así lo reconoce nuestra Constitución Política en su artículo 4o., y es obligación del Estado establecer los instrumentos necesarios para alcanzar ese objetivo. En ese sentido, en 1972 se funda el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a través de dicho Instituto miles de trabajadores han podido adquirir créditos de vivienda como resultado de años arduos de vida laboral.

Sin embargo, el Instituto ha perdido el sentido social, lejos de ayudar a los trabajadores a adquirir una vivienda digna, se ha convertido en una empresa que se aprovecha de las necesidades de las familias para hacer negocios. Recientemente se dio a conocer que aproximadamente 300 mil trabajadores de todo el país que adquirieron su vivienda con un crédito Infonavit1 han sido despojadas de sus domicilios2 a través de juicios irregulares.

Dichos juicios han sido posibles gracias a una red de corrupción en la que se ven involucrados funcionarios del poder judicial, trabajadores del infonavit y despachos de abogados.3 La manera de operar consiste en detectar a los derechohabientes que dejan de pagar sus casas, iniciar un juicio exprés del que no tienen conocimiento los propietarios, para posteriormente adjudicar nuevamente la propiedad al Infonavit y finalmente volverla a vender.

Los trabajadores que son víctimas de estos juicios exprés nunca tienen conocimiento de la controversia, no son notificadas para conocer del juicio y por tanto no tienen la posibilidad de defenderse.

Bernardo Altamirano, subdirector de Cartera del Infonavit, dio a conocer que de 2014 a 2018, 259 mil 906 créditos de cartera vencida fueron llevados a juicios masivos, de los cuales el 38 por ciento de ellos fue procesado desde juzgados en Coahuila y otro gran número en Nayarit,4 y que afectan en gran medida a esos dos estados y a otros 6 más: Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.

Entre 2013 y 2018 en Nayarit se llevaron a cabo 60 mil juicios falsos de manera exprés para adjudicar nuevamente al Instituto viviendas de manera irregular. El Fiscal del estado, Petronilo Díaz Ponce, considera que es “la mayor simulación jurídica en la historia del Estado”, pues para notificar a los demandados de diferentes partes del país, se utilizaba un domicilio falso en la ciudad donde estaba el juez que supuestamente llevó los casos, pero esos domicilios correspondían a empleados del poder judicial de Nayarit.5

Derivado de las investigaciones, el Poder Judicial de Nayarit suspendió provisionalmente a dos jueces y a dos secretarios de acuerdo por posibles actos de corrupción que permitió el despojo de 60 mil familias, mientras que un abogado del despacho involucrado se encuentra en prisión preventiva.

Aunado a ello, fue suspendido temporalmente de su cargo el Magistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado al ser señalado como involucrado en el megafraude. El Magistrado Pedro Antonio Enríquez Soto, señalado por el mismo motivo, presentó una suspensión provisional para evitar correr con la misma suerte.

Por su parte, en Coahuila también se llevaron a cabo juicios irregulares en el que derechohabientes fueron despojados de sus viviendas, se estima que son 200 mil los afectados y que la cifra podría crecer conforme avancen las averiguaciones. Gracias a las investigaciones fueron suspendidos 6 jueces y 12 secretarios de acuerdo por su participación en el mismo fraude. Estas personas están bajo investigación por parte de la Fiscalía del estado por simular juicios de escrituración de viviendas previamente asignadas por el infonavit a trabajadores.

Reconocemos que el actual Director del Infornavit tome medidas para mejorar el esquema de asignación de cartera vencida a los despachos de cobranza, sin embargo, se está dejando de lado el actual problema, no se están tomando cartas en el asunto respecto de los miles de trabajadores que fueron despojados de sus viviendas. Es necesario que el gobierno federal dé una solución a esta injusticia que está vivienda miles de familias.

Coincidimos con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en que es necesario acabar con la red de corrupción existente en un Infonavit, ya que debe velar por los intereses y necesidades de los trabajadores y no convertirse en una empresa en la que se aprovechen de las necesidades de los trabajadores para hacer negocios.

Resulta urgente dar respuesta a este problema, se debe castigar a los responsables de cometer estas injusticias contra los trabajadores, se tiene también que anular las adjudicaciones que se hicieron de manera irregular y además dar solución a los trabajadores a quienes fueron vendidos en remate las viviendas que ya habían sido vendidas anteriormente.

No se puede dejar desprotegidos a los trabajadores que con el esfuerzo de tantos años de vida laboral han podido adquirir una vivienda, ni se debe permitir que se sigan cometiendo estos abusos en contra de ellos.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revisar la problemática que existe en torno a los despojos que han sufrido trabajadores de todo el país por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de dar solución al conflicto y de evitar que se sigan cometiendo injusticias en su contra.

Primero: La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República para que se investigue de forma pronta y expedita el fraude mediante el cual fueron despojados aproximadamente 300 mil trabajadores de sus viviendas adquiridas a través de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de que dicho delito no quede impune.

Segundo: La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a intervenir en la problemática que aqueja a miles de trabajadores que han sido despojados injustamente de sus viviendas adquiridas a través de créditos Infonavit a efecto de anular las adjudicaciones que se hicieron de manera irregular en favor del Instituto y las viviendas regresen a los trabajadores a quienes les fueron arrebatadas; así también a tomar las medidas necesarias a fin de dar solución a los trabajadores a quienes fueron vendidos en remate las viviendas que ya habían sido vendidas anteriormente por el Infonavit y a emprender las acciones correspondientes a fin de evitar los actos de corrupción dentro del Instituto.

Notas

1 Zócalo, Acusan de megafraude con Infonavit, consultado el 22 de febrero de 2019, disponible en:

http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/acusan-de-meg afraude-con-infonavit

2 El Universal, Así se fraguo el megafraude de Infonavit en Nayarit, consultado el 22 de febrero de 2019, disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/estados/asi-se-fraguo-el- megafraude-de-infonavit-en-nayarit

3 La Jornada, Investigan a jueces de Coahuila por megafraude al Infonavit, consultado el 22 de febrero de 2019, disponible en:

https://www.jornada.com.mx/2018/12/27/estados/022n1est#

4 http://quehacerpolitico.mx/
infonavit-son-5-millones-de-casas-chatarra-abandonadas-anuncia-plan-para-aligerar-los-creditos/

5 http://www.eluniversal.com.mx/estados/asi-se-fraguo-el-megafraude-de-in fonavit-en-nayarit

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a Pemex a emprender acciones para verificar que los hidrocarburos comercializados por ella cumplan las normas de calidad, a cargo del diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Pedro Pablo Treviño Villarreal, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Petróleos Mexicanos para que emprenda las acciones necesarias, a fin de verificar que los hidrocarburos que comercializa cumplan con las normas de calidad, ya que se ha denunciado que en Nuevo León se distribuyen hidrocarburos presuntamente contaminados, situación que vulnera la integridad y salud de la población, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Diversos medios de comunicación han documentado que la gasolina que se comercializa en algunas ciudades de Nuevo León, no cumplen con las normas de calidad, toda vez que generan altos niveles de contaminación y contienen componentes altamente tóxicos. Esta situación representa, indudablemente un severo riesgo a la integridad y salud de los habitantes.

Según análisis del Observatorio de la Calidad del Aire, en Nuevo León se vende principalmente gasolina tipo B o C, la cual es más barata de producirse, pero resulta más toxica por sus concentraciones de gas butano y benceno.

Esta gasolina de baja calidad constituye un producto volátil, que produce partículas contaminantes de 2.5 micras, las cuales son nocivas al cuerpo humano. Asimismo, contiene éter metil tert-butílico (MTBE), que es utilizado como oxigenante del producto, pero que a la vez es un elemento cancerígeno, por lo que ha sido prohibido en diversos países.1

Es lamentable que en nuestro país se continúe utilizando el MTBE, cuando en Estados Unidos, por ejemplo, ha sido prohibido desde 2000 por sus repercusiones a la salud, ya que provoca inflamación de vías respiratorias, problemas cardiacos y bronquitis crónica, entre otros graves padecimientos.

La comercialización de estos productos contaminados representa una falta a la norma oficial mexicana NOM-016-CRE-2016, que indica que los petrolíferos que se comercializan en el país deben cumplir especificaciones de calidad, para no representar un riesgo a la salud de las personas.

De igual manera, establece que los productores son los “responsables de la calidad de los productos finales”, para tales fines se realizarán muestreos en el tanque de almacenamiento.2

Por estos motivos, es de vital importancia que Petróleos Mexicanos desarrolle las acciones correspondientes, con el objeto de que los productos petrolíferos y sus derivados, cumplan con las normas y, principalmente, no signifiquen un riesgo para la salud de la población en general.

Para cumplir con estos preceptos y no poner en duda los resultados de los análisis, es necesaria la colaboración de la Comisión Reguladora de Energía, así como la participación de laboratorios certificados y especializados que aseguren la transparencia en el proceso y prevengan actos de corrupción durante el desarrollo de los trabajos.

Para determinar con precisión el grado de contaminantes que contienen las gasolinas que distribuye Petróleos Mexicanos por Nuevo León, apremia que se realicen verificaciones en las estaciones de servicio y en las terminales de distribución, a efecto de sancionar estas prácticas contrarias a nuestro marco jurídico e institucional.

La distribución de estos hidrocarburos, también produce repercusiones al medio ambiente y contribuye a los altos niveles de contaminación que se han registrado en los últimos meses en la zona metropolitana de Monterrey y otras ciudades de la entidad.

Cabe destacar que en lo que va del año, se ha activado en por lo menos tres ocasiones la fase de “contingencia ambiental” debido a los altos niveles de concentración de agentes dañinos en la atmósfera.

Estas condiciones atmosféricas son detonantes de enfermedades gastrointestinales y respiratorias, tales como rinitis, asma, fibrosis pulmonar y la denominada Enfermedad Pulmonar Obstructiva.

Este panorama poco halagüeño exige la atención de las autoridades federales y estatales, sobre todo porque casa año, al menos 4 mil 700 muertes se relacionan directamente con la calidad del aire.

No es la primera ocasión en la que se denuncia la comercialización de gasolina de mala calidad durante este año, ya que, en Chihuahua durante el pasado febrero, al menos se ha denunciado que por estos motivos dos vehículos sufrieron averías, sin que las gasolineras y las autoridades se responsabilicen por estos daños.

Bajo las anteriores consideraciones, es necesario y urgente que Petróleos Mexicanos desarrolle un programa integral de detección oportuna de productos de mala calidad y llevar a cabo las acciones pertinentes para evitar que estos productos dañinos se comercien con total impunidad en el territorio nacional.

Petróleos Mexicanos debe mantener su compromiso con la sociedad, y ser ejemplo para las demás empresas de que sus productos cumplen con los requisitos básicos de calidad, en beneficio de la salud de las familias mexicanas.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a Petróleos Mexicanos para que emprenda las acciones necesarias, a fin de verificar que los hidrocarburos que comercializa cumplan con las normas de calidad, ya que se ha denunciado que en el estado de Nuevo León se distribuyen hidrocarburos presuntamente contaminados, situación que vulnera la integridad y salud de la población.

Notas

1 El Horizonte. (2019). “Mandan a NL la gasolina ¡más tóxica del país!” 5 de marzo de 2019. Sitio web:

http://www.elhorizonte.mx/local/consume-nl-la-gasolina-m as-toxica-del-pais/2455396

2 Ejecutivo federal. (2016). Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energía expide la norma oficial mexicana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos. Consultado el 5 de marzo, de Diario Oficial de la Federación Sitio web:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5450011&fecha=29/08/2016

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fiscalía General de Chiapas a proceder con perspectiva de género en el caso de la ciudadana Karla Yesenia Gómez Velazco, encontrada sin vida el 4 de julio de 2018, a cargo de la diputada Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Clementina Marta Dekker Gómez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo al Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el término “feminicidio” fue acuñado en la literatura hace varias décadas para definir la motivación relacionada con el género asociada con el asesinato de mujeres y niñas. Sin embargo, hay una pluralidad de definiciones derivadas desde una variedad de enfoques legales y sociológicos, que indican los elementos que pueden contribuir a etiquetar un crimen como “feminicidio”.1

En nuestro Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente:

“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

2. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

5. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

6. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”2

En el mismo tenor, la Organización de las Naciones Unidas Mujeres destaca los siguientes datos:3

-Según los datos oficiales de 16 países, el número total de feminicidios en América Latina y el Caribe ascendió en 2017 a 2 mil 554.

-Las mujeres adultas representan el 51 por ciento de las víctimas de trata de seres humanos detectadas a nivel mundial. En conjunto, las mujeres y las niñas suponen cerca del 71 por ciento, siendo las niñas casi tres de cada cuatro víctimas infantiles de la trata. Casi tres de cada cuatro mujeres y niñas víctimas de trata lo son con fines de explotación sexual.

-Aunque algunos países de América Latina han adoptado una legislación que penaliza el feminicidio como un delito específico en sus códigos penales, aún no hay signos de un decrecimiento en el número de asesinatos de mujeres y niñas.4

-El número total de muertes de mujeres y niñas en todo el mundo como resultado de todas las formas de homicidio intencional ascendió a 87 mil en 2017, más de la mitad (58 por ciento) de todas las mujeres víctimas de homicidio intencional, o 137 cada día, fueron asesinadas por un miembro de su propia familia.

-Alrededor del mundo, en los países ricos y pobres, en las regiones desarrolladas y en vías de desarrollo, un total de 50 mil mujeres por año son asesinadas por sus parientes, padres, hermanos, madres, hermanas y otros miembros de la familia por el sólo hecho de desempeñar el rol y estatus de mujer.5

Tan sólo en México de 1985 al 2016 se han registrado en el país 52 mil 210 muertes de mujeres en las que se presumió homicidio, de las cuales 15 mil 535 ocurrieron en los últimos seis años. Para el 2016 se estimó que en promedio ocurrían 7.5 asesinatos de mujeres por día.6

En el 2018 se registraron en la República Mexicana 786 feminicidios, en donde los estados con mayor índice de casos son el Estado de México, Veracruz, Nuevo León y Chihuahua.

Específicamente en el estado de Chiapas, para el mismo año se registraron 23 caso de feminicidios7 y esto a pesar de que se cuenta con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres,8 la cual funciona como un mecanismo de protección que incluye acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa).9

Es importante mencionar que las cifras podrían incrementarse, pues como es bien sabido, algunos de estos delitos se procesan como homicidios en vez de ser considerados feminicidio, de hecho, la ONU10 ha declarado que esto se debe a los obstáculos encontrados durante los procesos penales y la falta de pruebas para identificar a un perpetrador o las circunstancias en las que se cometió el delito.

La violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más grave, y bajo declaraciones de la ONU, la más tolerada e impune en todo el mundo y en México.11

El caso de la joven Karla Yesenia Gómez Velasco, de 21 años, quien fue encontrada muerta el 4 de julio del 2018, se suma a otros casos que han sido clasificados de forma errónea, pues su carpeta de investigación no es por feminicidio sino por delito de homicidio con carpeta de investigación CI. 2055-101-0101-2018 en la Fiscalía Especial de Investigación de los delitos Homicidios y Feminicidio, de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas.

Es importante resaltar que al presunto culpable, Marvin Eduardo Escobedo Figueroa, le fue otorgado un amparo sobre el auto de vinculación de proceso de fecha 29 de julio de 2018 y cual fue violatorio al principio de inmediación que rige el procedimiento penal en prejuicio del gobernado, dado que participaron dos jueces distintos, a saber Juan Carlos Alfaro Cruz y Bruno Ignacio Bermúdez Hernández.

Asimismo, la madre de Karla, la señora Maricruz Velasco Nájera, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con número de atención NA/CDMX/SDHPDSC/0001331/2018, para establecer que la carpeta de investigación de su hija Karla Yesenia Gómez Velasco no se integró como un delito de feminicidio, solicitando que se realice la una investigación correcta y se integren pruebas que actualmente no obran en el expediente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente promoción con

Punto de Acuerdo

De Urgente u Obvia Resolución

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Chiapas para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice la investigación y seguimiento de la causa penal en el juicio con base al Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género para el caso de Karla Yesenia Gómez Velasco.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del estado de Chiapas para que, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones legales, impulse que el caso de Karla Yesenia Gómez Velasco sea juzgado con perspectiva de género basado en el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Notas

1 United Nations Office on Drugs and Crime (2018) Global Study on Homicide, Gender-related killing of women and girls , 61 pp

http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018 /GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf

2 https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-feminicidio-y-como-ident ificarlo?idiom=es

3 http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/fact s-and-figures

4 United Nations Office on Drugs and Crime (2018) Global Study on Homicide, Gender-related killing of women and girls , 61 pp
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf

5 United Nations Office on Drugs and Crime (2018) Global Study on Homicide, Gender-related killing of women and girls , 61 pp
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf

6 ONU Mujeres (2017), La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016, 141 pp.

7 Secretariado Ejecutivo, del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2018), Víctimas del fuero común 2018, Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de Delitos y las Víctimas CNSP/38/15,

8 http://portales.segob.gob.mx/es/Transparencia/AVGM_Chiapas

9 https://www.gob.mx/inmujeres/es/acciones-y-programas/alerta-de-violenci a-de-genero-contra-las-mujeres-80739

10 United Nations Office on Drugs and Crime (2018) Global Study on Homicide, Gender-related killing of women and girls , 61 pp
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf

11 ONU Mujeres (2017) La Democracia Paritaria en México: Avances y Desafios, 111pp.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019

Diputada Clementina Marta Dekker Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a reconsiderar el presupuesto destinado a la oficina de la Presidencia para la Promoción y el Desarrollo del Beisbol en México y redistribuirlo entre los programas Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y subsidios destinados a refugios y centros de atención externa para mujeres víctimas de violencia, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al titular de Poder Ejecutivo federal a reconsiderar el presupuesto destinado a la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (Probeis), y redistribuirlo entre los programas de “Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras” y “Subsidios para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia”, por ser estos últimos de mayor impacto y beneficio a la población, con base en las siguientes

Consideraciones

La aprobación del Presupuesto de Egresos es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, mediante la cual no solo ejerce un control constitucional sobre el poder Ejecutivo, sino además, permite influir en la orientación y determinación de la política económica del país.

El 24 de diciembre de 2018, la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura aprobó con 312 votos a favor y 154 en contra, el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019,1 en el cual se contemplaba la asignación de recursos de la federación a distintos programas de atención a diversos grupos vulnerables, como el Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y Subsidios para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia.

https://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2019/docs /tomo_1/tomo_1_agev.pdf

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080

En los últimos días, el gobierno federal anunció ante los medios de comunicación que las asignaciones de los recursos a los mencionados programas se harían de manera directa a los beneficiarios, situación que ha provocado diversas reacciones principalmente entre la sociedad civil organizada y expertos en la materia, quienes no encuentran viable esta opción, debido a que provocaría que los recursos no se utilizaran para su finalidad real y, por ende, no pudieran cumplir el objetivo al que fueron destinados.

Es el caso de las estancias infantiles, el pasado viernes 22 de febrero se emitieron las Reglas de Operación del “Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal de 2019”, el cual abroga las “Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 2018”, y establece la eliminación de los subsidios a estancias infantiles, lo cual es preocupante porque afectará a más de 300 mil niños y 4 mil padres de familia en todo el país.

Situación similar ocurre con los refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia, se estima que existen 72 refugios que proporcionan atención y protección a más de 20 mil mujeres e hijos en situación de violencia extrema, y son operados por el gobierno y organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro.

El 31 de enero del presente año, se emitió la convocatoria del programa “Subsidios para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia”, dirigida a la sociedad civil organizada y ONG para el registro para proyectos, sin embargo, derivado de que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una circular (circular uno) en fecha 14 de febrero, la Secretaría de Salud suspendió la convocatoria el 22 de febrero, al mismo tiempo el presidente de la Republica, Andrés Manuel, declaró ante los medios de comunicación su decisión de entregar los recursos de manera directa a las víctimas de violencia familiar y de género.

Situación que ha derivado en protestas de organizaciones de la sociedad civil organizada, legisladoras, activistas y mujeres víctimas de violencia que son atendidas en dichos centros de apoyo, ya que consideran en primer término que existe incertidumbre en las reglas de operación del programa contenidas en la convocatoria y las declaraciones del presidente Andrés Manuel, pero sobre todo externando su preocupación ante el hecho de entregar dinero directamente a las víctimas, ya que ello no garantiza una atención y protección adecuada e integral a las mujeres, hijas e hijos.

En el mismo sentido, la Red Nacional de Refugios, AC, apoyada por organizaciones, activistas, feministas y ciudadanos, emitieron un pronunciamiento3 de fecha 4 de marzo de 2019, mediante el cual le solicitan al gobierno federal, lo siguiente:

a) La apertura del dialogo para poder compartirle los mecanismos de operación de los refugios dirigidos por organizaciones civiles.

b) Respetar el presupuesto aprobado en el PEF 2019 etiquetado al programa “Subsidios para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia”.

c) Instalar una mesa de trabajo interinstitucional entre la Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, Gobernación, Inmujeres, Cámara de Diputados, la RNR y OSC expertas en el tema, para que, “conjunta y corresponsablemente, se pueda definir y diferenciar los programas que beneficiarían los apoyos directos a las personas y los que pondrían en riesgo la vida de miles de mujeres e infantes e incumplirían los artículos 7 y 8 de la Belem Do Para, la Sentencia del Campo Algodonero en sus recomendaciones al Estado mexicano.”

De lo mencionado con anterioridad, podemos deducir dos cosas, la primera, que al gobierno federal poco le interesan las mujeres o el interés superior del menor, su integridad y cuidado, ya que al eliminar el subsidio a las guarderías les anula la posibilidad de contar con una educación temprana, así como estar al cuidado de personas capacitadas en lugar seguro y destinado específicamente para ese fin. Y qué decir de las consecuencias que tendría el que no existan refugios a donde poder acudir en caso de que el menor, su madre y hermanos sean víctimas de violencia extrema. El dinero en efectivo no les proporcionará la posibilidad de recibir la atención integral que brinda un refugio, en donde se les otorga una estancia segura, alimentos, apoyo psicológico, jurídico y apoyo para la inclusión laboral, todo esto por un periodo transitorio de tiempo.

Segundo, el desprecio manifiesto del gobierno federal por la sociedad civil organizada, les acusa de corruptas, de ser “núcleos de clientelismo político”, llama a terminar con el “intermediarismo” y les advierte que no recibirán recursos públicos, olvida que las organizaciones de la sociedad civil son clave del sistema democrático del país, que han contribuido enormemente en la defensa de los derechos humanos, libertad de expresión, anticorrupción, transparencia, rendición de cuentas, seguridad, en favor de los grupos vulnerables, equidad de género y sirven de contrapeso frente al Estado e intereses privados.

Con sus nuevas medidas desdeña la labor de cientos de organizaciones de la sociedad civil organizada, no toma en cuenta que han sido garantes de muchas acciones que debería de realizar el gobierno y del cual ha sido omiso en atender.

En contraste a todo lo anterior, el gobierno federal acaba de anunciar que va a destinar 500 millones de pesos a una dependencia de reciente creación que a pesar de que tener naturaleza deportiva y por ende estar adscrita a la Conade, será dependiente de la Oficina de la Presidencia y que como su página oficial señala, nació “por encargo directo del presidente”,4 con la finalidad de promover y desarrollar su deporte favorito.

Ante esta situación, solicito a esta soberanía exhorte de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo federal a reconsiderar el presupuesto destinado a los programas “Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras” y “Subsidios para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia”, así como el de la recién creada Probeis, y ponderar la pertinencia de otorgar presupuesto al fomento de un deporte o a herramientas que garanticen el interés superior del menor y la protección las víctimas de violencia familiar y de género.

Por todo lo anterior, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a reconsiderar el presupuesto destinado a la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México (Probeis), y redistribuirlo entre los programas de “Estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras” y “Subsidios para refugios y centros de atención externa de refugios para mujeres víctimas de violencia”, por ser estos últimos de mayor impacto y beneficio a la población.

Notas

1 Votación del dictamen de la iniciativa con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, que puede ser consultada en la página electrónica: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Votaciones/64/tabla1or1-45.php3

2 https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF2018/docs/tomo_1/tomo_1_agev.pdf

3 “Pronunciamiento a favor del derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencia y en contra de una acción clientelar”, mismo que puede ser consultado en la página de Facebook oficial de la Red Nacional de Refugios, AC, y que se encuentra en la siguiente página electrónica:

https://drive.google.com/file/d/11sTJE3jyoVqho-ioe_hOvWk4K8N3tqy9/
view?fbclid=IwAR2tEHLi3iwK5yHPSJZJpocxcpwdOCUvXr7lwNmiNbippoZ0GNYEobPh1ZA

4 Página oficial de Probeis, que puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica: https://www.probeis.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los congresos locales que no lo han hecho a armonizar su legislación con la Ley Nacional de Ejecución Penal sobre la emisión de la constancia de no antecedentes penales, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 62, numeral 3, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se pide la armonización de la legislación local con las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal en lo relativo a la emisión de la constancia de antecedentes penales al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sistema penitenciario en México encuentra su fundamento en el artículo 18 constitucional, en el cual se establece que solo por aquellos delitos que merezcan una pena privativa de libertad, habrá lugar de prisión preventiva. Este sistema se organiza mediante una base de respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.

De igual manera, los sentenciados, en ciertos casos y según lo establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social.

Para el año de 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el informe “Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México”, publicó que en el país dicho año se registraron un total de 188 mil 262 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios de las entidades federativas, de dicha cifra el 95 por ciento eran hombres y el 5 por ciento restante eran mujeres.1

En 2017 con la publicación Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, se reportaron un total de 267 establecimientos penitenciarios estatales, de los cuales 92 recintos están destinados para hombres, 17 para mujeres, 157 mixtos y un centro de alta seguridad para delitos de alto impacto.2

Como se ha mencionado anteriormente, una de las partes fundamentales del sistema es el diseño de estrategias efectivas que tengan como finalidad la reinserción social, las cuales garanticen que toda la población reclusa pueda aspirar a reincorporarse a sociedad de manera productiva. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) advirtió que un correcto proceso de reinserción contribuye a la reducción del número de personas que vuelven a delinquir.3

Durante 2016 se registró que el 91 por ciento del total de los establecimientos penitenciarios ofrecieron actividades recreativas a los reclusos y el 81 por ciento de los establecimientos brindaron actividades de acondicionamiento físico. En el caso de las actividades relacionadas a la certificación laboral, estas se impartieron en 116 de los 267 centros penitenciarios estatales y solo en una tercera parte de estos implementaron campañas de empleo.4

En el artículo 91 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece que el trabajo realizado dentro de los establecimientos penitenciarios tiene como objetivo la preparación de los reclusos para su posterior integración o reintegración al mercado laboral, una vez que han obtenido su libertad. En este caso el trabajo se entenderá como una actividad productiva lícita que llevan a cabo las personas privadas de la libertad en el centro penitenciario, bajo las siguientes modalidades: i) El autoempleo; ii) Las actividades productivas no remuneradas para fines del sistema de reinserción; y iii) Las actividades productivas realizadas a cuenta de terceros.

Sin embargo, a pesar de la implementación de todas estas medidas de reinserción, las personas que cumplen una condena y quedan en libertad, comúnmente se enfrentan a un escenario mucho más difícil, tanto en un ámbito social y económico como en el ámbito laboral. Puesto que una práctica cotidiana para poder acceder a un trabajo es la solicitud por parte de las empresas contratantes de la “constancia de antecedentes penales”. Dicha constancia es emitida por la autoridad penitenciaria, es decir, la autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo federal o de los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas y que están encargadas de la operación del Sistema Penitenciario.5

Dicha autoridad está obligada a mantener una base de datos de las personas privadas de la libertad con la información de cada persona que ingrese al sistema penitenciario, esto de conformidad con lo establecido en el Sistema Único de Información Criminal, que se encuentra definido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.6

La solicitud de este documento como requisito para ser contratado, resulta una medida discriminatoria y viola los derechos humanos de aquellas personas que han concluido debidamente su tiempo en reclusión y han llevado a cabo un proceso de reinserción social.

Específicamente en materia laboral, la fracción I del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo establece que se prohíbe a los patrones o a sus representantes “negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio;(...)”, el cual puede materializarse al solicitar la constancia de antecedentes penales.7

De igual manera, en este sentido, en la Ley Nacional de Ejecución Penal únicamente se consideran cuatro supuestos en los cuales las instancias encargadas podrán expedir la constancia de antecedentes penales al solicitante, a continuación se muestran los supuestos contemplados en la fracción IV del artículo 27 de la ley en comento:

Artículo 27. Bases de datos de personas privadas de la libertad.

[...]

IV. La constancia relativa a los antecedentes penales sólo se podrá extender en los siguientes supuestos:

A. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales competentes, para fines de investigación criminal, procesales o por requerimiento de autoridad judicial;

B. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previstos;

C. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés público se considere exigible;

D. Cuando sea solicitada por una embajada o consulado extranjero en México, o bien, a través de una embajada o consulado de México en el extranjero;

[...]

En enero de 2018, dando cumplimiento a los ordenamientos federales antes mencionados, el gobierno de Nuevo León fue la primera entidad de país en eliminar el trámite de la “carta de no antecedentes penales” (constancia de antecedentes penales), esto en aras de la simplificación administrativa y la mejora regulatoria, en la toma de esta medida, el gobierno ciudadano también incluyó en las discusiones a los empresarios de la entidad, ya que son estos quienes exigen dicho documento para llevar a cabo el proceso de contratación.8

Otras entidades federativas que ha homologado su legislación para dar cumplimiento a lo establecido en los ordenamientos federales son Jalisco, entidad que eliminó la constancia de antecedentes penales en marzo de 2017, y San Luis Potosí, en julio de 2018, en el Congreso local fue presentada una iniciativa de ley para llevar a cabo el proceso de eliminación.

En este sentido, para el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social resulta fundamental que los Congresos locales reconozcan y actúen de manera proactiva, sobre la importancia de establecer condiciones propicias para que todas las mexicanas y mexicanos tengan la posibilidad de acceder a un trabajo formal y digno, sin que se les discrimine o violenten sus derechos humanos, después de haber cumplido una pena privativa de la libertad y haber llevado a cabo un proceso de reinserción social, según lo establecido por el sistema de procuración y ejecución de justicia en México.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo por el que se pide la armonización de la legislación local con las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal en lo relativo a la emisión de la constancia de antecedentes penales

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los Congresos locales que aún no lo han hecho, a armonizar a la brevedad posible su legislación local con las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en lo rel ativo a la emisión de la constancia de antecedentes penales.

Notas

1 Inegi. Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México. Documentos de análisis y estadísticas. 2017, fecha de consulta: 28 de enero de 2019, disponible en: http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/unodc/wp-content/uploads/2018/01/en_nu meros2.pdf

2 Ibídem, Inegi. Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México. Documentos de análisis y estadísticas. 2017.

3 Ibídem, Inegi. Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México. Documentos de análisis y estadísticas. 2017

4 Ibídem, Inegi. Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México. Documentos de análisis y estadísticas. 2017

5 Artículo 3 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

6 Artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

7 Pronunciamiento, Comisión Nacional de Derechos Humanos, fecha: 2016, fecha de consulta: 28 de enero de 2019, disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/informes/especiales/pronunciamient o_20160828.pdf

8 Acuerdan Estado e IP eliminar trámite de carta de no antecedentes penales, gobierno ciudadano de Nuevo León, fecha: 15 de enero de 2018, fecha de consulta: 28 de enero de 2019, disponible en: http://www.nl.gob.mx/noticias/acuerdan-estado-e-ip-eliminar-tramite-de- carta-de-no-antecedentes-penales

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno del estado de México y la Conagua a realizar la formal observancia de los recursos asignados para limpiar y mantener el río del Alto Lerma, a cargo del diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado federal David Orihuela Nava, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a su consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

“La Cuenca Alta del río Lerma es de las zonas con mayor desarrollo económico del país, se localizan alrededor de 2 mil 500 industrias, que alternan con la agricultura y concentra una población que ronda los 2.7 millones de personas.

Todo ello se traduce en un uso no sustentable de los recursos, generando graves problemas de contaminación y degradación del suelo, aire, agua y biodiversidad”, aseguró el área de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El río Lerma está biológicamente muerto. Ambientalistas lo describen como una cloaca enorme y maloliente y sin posibilidades de sanear.

Se trata de un drenaje mal manejado. “No hay oxígeno a lo largo de los primeros 15 kilómetros de río Lerma que cruzan por el estado de México”.

Incluso el problema de las aguas residuales no se ha resuelto completamente, hasta el día de hoy.

Las fuertes precipitaciones pluviales, generalmente sobrepasan los viejos drenajes de las inmediaciones, y el exceso de lluvia, mezclada con aguas negras que se descarga en el afluente, propicias inundaciones, y en casos extraordinarios llegan a derramarse sus aguas y anegan zonas habitacionales de los municipios de Lerma, Ocoyoacac, San Mateo Atenco, Capuhluac, Santiago Tianguistenco, Xalatlaco y entre otros más.

“Se ha hablado que se va a sanear el afluente; es de risa, hemos dicho eso 10 mil veces. ¿Cómo lo vamos a sanear? Debemos tener los instrumentos políticos, económicos, sociales y ambientales para hacerlo.

Definitivamente no los hay”, sentenciaron los especialistas en Biodiversidad, de la Universidad de Stanford, en la Unión Americana.

Antes las cosas estaban mejor, había hasta peces de diferentes especies y patos que llegaban desde Canadá. Ahora todos los municipios que descargan sus aguas grises han destruido el ambiente de aquí.

En los primeros 15 kilómetros de río Lerma, ubicados en territorio mexiquense, hay cero por ciento de oxígeno y son vertidos más de 425 millones de metros cúbicos de aguas negras domésticas e industriales anualmente.

Los intentos gubernamentales por devolverle al río agua limpia, a través de las plantas de tratamiento instaladas, son inoperantes por el alto grado de contaminación.

Lo que se requiere es un plan integral, diagnosticar la punta del cerro y todo lo que baja y capta la corriente, pero fundamentalmente dar continuidad a los trabajos de recuperación y un presupuesto superior a 60 mil millones de pesos.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), con relación a la calidad de su recurso hídrico de la región Lerma-Santiago-Pacífico, muestra que, del total de kilómetros del curso del afluente, un “cero por ciento no está contaminado”, es decir, presenta diferentes grados de suciedad.

Existen aproximadamente 21 mil personas en riesgo por lluvias en el estado de México, este cuerpo hídrico se origina en los manantiales de Almoloya del Río, en el estado de México, atraviesa hacia el noroeste del valle de Toluca, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, y desagua en el lago de Chapala en Jalisco. Tiene una longitud de 708 kilómetros, donde se descargan residuos tóxicos industriales y domésticos.

Hago un verdadero exhorto al gobernador del estado de México para que dirija su mirada al sureste del estado, donde su gobierno se ha destacado por su ausencia, y a las personas con nuevos cargos de autoridad administrativa en la Semarnat y en especial a las instancias ambientales.

Es importante señalar que para 2019, se designó un presupuesto de 796 millones 163 mil 372 pesos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien es la encargada del cuidado y preservación del ambiente en todo el país, al igual que la inspección y vigilancia del cumplimiento de leyes para la protección ambiental en nuestro país.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobernador del estado de México y a las autoridades competentes de la Comisión Nacional del Agua, a fin de realizar la formal observancia de los recursos asignados para su limpieza y mantenimiento del río del Alto Lerma y así evitar la contaminación de materiales pesados de la zona industrial.

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2019.

Diputado David Orihuela Nava (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener y la CRE a verificar los proyectos en materia de energía que se llevan a cabo en Coahuila de Zaragoza y garantizar la sujeción de éstos al marco de la legalidad, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXIV legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía a que verifiquen que los proyectos en materia de energía que se están llevando a cabo en el estado de Coahuila de Zaragoza se desarrollen en el marco de la legalidad, conforme a las siguientes

Consideraciones

Grupo Enel es una empresa italiana que trabaja en el desarrollo y gestión de actividades de generación de energía renovable a nivel internacional y tiene presencia en México a través de Enel Green Power México. Dicha empresa es encargada de llevar a cabo dos proyectos sumamente importantes en el estado de Coahuila de Zaragoza, se trata del Parque Solar Villanueva y del Parque Eólico Amistad, resultado de ganar las licitaciones correspondientes.

El 22 de marzo del 2018, Enel Green Power México inauguró la planta solar fotovoltaica Villanueva, en Viesca, la más grande del continente americano, sin embargo, no se han liquidado los pagos correspondientes a quienes hicieron posible su construcción. Para poder llevar a cabo esta obra, Enel contrató a la empresa española Prodiel-Novamper, que trabaja en México a través de Prodiel México, SA de CV, dicha empresa a su vez contrató a Codisa Corp Energy para realizar los trabajos necesarios.

Codisa Corp Energy cumplió con los trabajos solicitados, pero hasta la fecha no ha recibido el pago acordado. El director general de Codisa denunció que fue víctima de conductas delictivas e intimidatorias por parte de Prodiel-Novamper, como lo fueron el secuestro y daños de maquinaria que la compañía había rentado para llevar a cabo los trabajos, y que la empresa española ha ofrecido hacer el pago, pero muy por debajo de lo acordado en un inicio.1 Hoy Codisa pide el pago de los trabajos realizados por el monto inicial y la reparación de los daños que esta situación ha provocado.

La empresa Codisa Corp Energy ha formulado diversas denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza por destrucción y retención indebida del equipo, entre otros delitos, pero la Fiscalía ha sido omisa, incluso entorpeció el procedimiento, haciendo necesario que los denunciantes recurrieran al Juez de Control.

El Juez anuló la resolución y ordenó la reposición del procedimiento de investigación ante los hechos consumados por el Ex titular Agente del Ministerio Público de Matamoros, además de ordenar la apertura de la investigación por actos que podrían constituirse como hechos de delito en agravio de la empresa Codisa.

El proyecto Villanueva cuenta con el respaldo de un contrato que permite la venta de volúmenes de energía por 15 años y Certificados de Energía Limpia por 20 años a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), si bien CFE no opera el proyecto, si debe asegurarse que los contratos que firme se den en el marco de la legalidad.

Por otra parte, en el 2017 Enel Green Power México anunció la construcción del Parque Eólico Amistad, en Acuña,2 para llevar a cabo los trabajos necesarios de esta obra, la empresa italiana contrató los servicios de la empresa Met NewEn, que a su vez contrató a Cisa Energía para la ejecución de una línea de transmisión de 230 kV entre la subestación de Amistad y la Subestación de los Novillos.

Debido a que la empresa Enel tuvo dificultades para obtener la autorización de impacto ambiental, Cisa Energía inició los trabajos de construcción con 4 meses después de lo programado, provocando daños por los tiempos muertos, ya que se contaba con el personal y equipo emplazados. Por otra parte, se presume que los trabajos de cimentación también iniciaron tardíamente debido a malos entendidos.

Met NewEn solicitó la aceleración de trabajos y aceptó el costo extra que implicaba, sin embargo, no cumplió cabalmente con los pagos acordados. Adicional a ello, hubo problemas para realizar la obra como originalmente se planeó, debido a factores ajenos a Cisa, que Met NewEn no había hecho de su conocimiento, por este motivo la empresa contratante pidió otra cotización para hacer el cruce necesario tomando en consideración el nuevo escenario.

El 3 de julio de 2017 se celebró una reunión en la que Enel entregó a Cisa, y en presencia de Met NewEn, una nueva ruta con la que se tenía que realizar un nuevo diseño, lo que requirió hacer trabajos adicionales de ingeniería, y representó un aumento de material a utilizarse. El 6 de agosto Cisa envió a Met NewEn la propuesta inicial del impacto que tuvo el cambio de ruta, a lo que tuvo como respuesta que era necesario hacer una comparación entre el diseño original y el nuevo. Fue así que Cisa envió una revisión final, pero la otra parte ya no respondió.

Durante el 2018, personal de Cisa se ha tenido que trasladar en diversas ocasiones desde Tijuana hasta la Ciudad de México para reunirse con personal de Met NewEn, con la finalidad de aclarar los rubros y recibir el pago correspondiente. En estas reuniones se prometía realizar el pago a Cisa, pero nunca se efectuó pago alguno.

Al día de hoy Met NewEn ha reconocido adeudar una cantidad menor a la que Cisa Energía declara ser acreedora, además, es importante mencionar que Cisa ha sufrido diversos daños resultado del desprestigio que le ha causado caer en mora antes diversos acreedores, también ha tenido que despedir personal y vender activos para cubrir sus gastos de operación comprometiendo la existencia misma de la empresa.

Otra empresa que están siendo afectadas por el incumplimiento del pago de las obras realizadas en favor de Enel Green Power México son:

• Maquinas Diésel, SA de CV (Madisa CAT Coahuila)

• Distribuidora de combustibles laguna, SA de CV (Suministro de Diésel SIMSA Coahuila)

• Segurindustria, SA de CV (Equipo de Seguridad Integral Coahuila)

• Energía y servicios coordinados, SA de CV (Suministro de Gasolina SIMSA Coahuila)

• Tiza protección industrial, SA de CV (Equipo de Seguridad Integral Coahuila)

• Sitral (Sindicato de Transportistas de Agua Coahuila)

• CTM (Sindicato de Transportistas de Materiales Coahuila)

• Rivero linda vista, SA de CV (Arrendamiento de equipo de construcción Coahuila)

• Víctor Manuel Gómez Zuleta (Servicios de sanitarios Coahuila)

• Enrique Alfredo Aguilar Sánchez (Arrendamiento de Campers Coahuila)

• Transportes Padilla e hijos, SA de CV (Servicios de Fletes de maquinaria pesada Coahuila)

Preocupado por esta situación, el día 30 de octubre del 2018 año me reuní en las instalaciones de esta Cámara de Diputados con representantes de la empresa Enel Green Power México, en la reunión, dicha empresa se comprometió a tomar cartas en el asunto y realizar los pagos correspondientes a sus acreedores, sin embargo, no se ha cubierto el total de la deuda.

A pesar de las múltiples denuncias realizadas por las empresas mexicanas, el Centro Nacional de Control de Energía ha sido omiso de atender su obligación de restringir o suspender la participación en el Mercado Eléctrico Mayorista de empresas que tiene prácticas indebidas de incumplimiento de sus obligaciones. Es necesario que se tomen cartas en el asunto, ya que se está poniendo en riesgo la operatividad de nuestro sistema energético, entendiendo el principio de responsabilidad de la Administración Pública que debe responder siempre y en la medida en que se produzca un daño.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Por el que se exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía a que verifiquen que los proyectos en materia de energía que se están llevando a cabo en el estado de Coahuila de Zaragoza se desarrollen en el marco de la legalidad.

Único: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía a verificar que los contratos firmados para la construcción tanto del “Parque Solar Villanueva” como del “Parque Eólico Amistad” se encuentren en orden, y a garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte de los participantes respecto de sus contratistas y/o subcontratistas.

Notas

1 La Jornada, Enel Green Power México se lava las manos en conflicto entre contratistas, consultado el 15 de noviembre de 2018, disponible en: https://www.jornada.com.mx/2018/04/08/economia/019n1eco#

2 Vanguardia, Instalará 3 parques eólicos en Coahuila, consultado el 15 de noviembre de 2018, disponible en:

https://vanguardia.com.mx/articulo/instalara-enel-3-parq ues-eolicos-en-coahuila

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a transparentar los criterios por los cuales decidió disminuir o desaparecer una serie de programas sociales, pues ello vulnera el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de la población, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Anilú Ingram Vallines, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a transparentar los criterios por los cuales ha decidido disminuir o desaparecer una serie de programas sociales, vulnerando con ello el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de la población, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con Fernando Medina, asesor regional de la Unidad de Estadísticas Sociales de la División de Estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “la política social puede ser entendida como el conjunto de acciones y programas que definen y ponen en marcha los gobiernos para atender las necesidades básicas de la población. En términos operativos, se trata de un conjunto de programas e instrumentos que contemplan distintas acciones orientadas a mejorar el nivel de vida de la población y reducir la pobreza extrema.

Cada Estado debe definir sus propios objetivos y prioridades, así como las estrategias que les resulten más pertinentes para atender y satisfacer las demandas sociales”.1

Históricamente, la política social del gobierno de México, que comprende un extenso conjunto de programas y acciones cuyo objetivo medular es igualar el acceso a las oportunidades y mejorar los niveles de vida de la población, ha jugado un papel de primera trascendencia en el desarrollo nacional.

Pese a la relevancia de las anteriores consideraciones, esta administración no está combatiendo la pobreza de manera multidimensional, por lo que es necesario reorientar sus programas.

La poca relevancia que está dando a la política social queda de manifiesto en la reducción o desaparición de diversos programas sociales en lo que va del actual gobierno.

De acuerdo con medios periodísticos, en cinco dependencias, 125 programas sufrieron disminuciones o desaparecieron, por lo que se pueden tener fuertes repercusiones en los próximos meses que difícilmente serán compensadas con los nuevos programas sociales, que en su mayoría son de apoyos económicos directos.2

Para dimensionar esta situación, basta señalar que en el ramo de Bienestar desaparecieron o se redujeron 22 programas sociales, entre ellos el de Comedores Comunitarios, el de Atención a Jornaleros Agrícolas, de Empleo Temporal, Seguro de Vida para Jefas de Familia y el del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías.

Uno de los ramos más afectados fue el de salud, en virtud de que 30 rubros tuvieron disminuciones y hubo programas que desaparecieron, entre los que se encuentran el de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, el de Fortalecimiento a los Servicios Estatales de Salud, el de Comunidad Diferente y el de Mantenimiento de Infraestructura.

La situación es particularmente preocupante cuando se quitan recursos a programas enfocados a la atención de enfermedades terribles como el cáncer. Al respecto, cabe señalar que presumiblemente el Modelo Integral para la Atención de Cáncer Cervicouterino Localmente Avanzado (Micaela), que opera el Instituto Nacional de Cancerología (Incan), se había quedado sin recursos en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019.

Sin embargo, gracias a la intervención de las Comisiones de Salud del Senado y de la Cámara de Diputados, en el PEF aprobado se asignaron 200 millones de pesos para diversos programas del Incan, entre estos Micaela, al que se le otorgaron entre 15 y 20 millones de pesos.3

De igual manera, registraron fuertes reducciones el de Atención a Personas con Discapacidad, ya que el gobierno optó por las becas y se redujo 93 por ciento el de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, principalmente.

En materia educativa, en el Ramo 11 se recortaron los recursos a 30 programas, de los cuales dos fueron defendidos por el Congreso de la Unión: el Programa Nacional de Inglés y el de Cultura Física y Deporte. También, hay reducciones en los programas de Inclusión y la Equidad Educativa y el de Políticas de Igualdad de Género en este sector.

Por si fuera poco, se disminuyó el presupuesto a Estancias Infantiles y el destinado a Educación Inicial y Básica Comunitaria, así como a la Educación para Adultos (INEA).

En el sector agricultura y desarrollo rural, se disminuyeron 24 programas, si bien la Cámara de Diputados corrigió y regresó recursos a siete de estos programas, aunque desaparecen el de Fomento Ganadero, el de Apoyos a la Comercialización y el de Vinculación Productiva.

Y, por último, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tuvo reducciones en 15 de sus programas, de los cuales desaparecieron tres de ellos, y el Ramo 10 de Economía tuvo disminución en los recursos para 19 programas.

Se trata de decisiones que están afectando a México y a los mexicanos. En este sentido, existen varias interrogantes que deben ser despejadas, entre las que destacan las siguientes: ¿Cuáles fueron los criterios técnicos para desaparecer o reducir los programas sociales? ¿A cuántos mexicanos se ha dejado de atender con dicha decisión? ¿Dónde quedó el compromiso con los más necesitados? ¿No se está violando la Constitución en cuanto a garantizar derechos fundamentales? ¿Qué opciones se tienen previstas para cubrir las necesidades de la población objetivo que se está dejando de atender por cada uno de los programas cancelados?

La política social permite hacer efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales de los individuos, que les permitan su desarrollo pleno y acceder a un mejor bienestar y calidad de vida.

Sin embargo, el actual gobierno ha carecido de una planeación estratégica en las políticas hasta ahora implementadas, que no han estado sustentadas en estudios técnicos. No es con transferencias monetarias como se resuelven los problemas de desigualdad y pobreza, ya que no inciden en las causas estructurales de las mismas, al contrario, terminan por generar importantes riesgos como el limitar el ejercicio de derechos sociales de otros segmentos de la población.

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de la población, en materia de salud, educación, servicios básicos, seguridad, empleos y vivienda dignos, principalmente.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, cuyas funciones principales son normar y coordinar la evaluación de la política nacional de desarrollo social y las políticas, programas y acciones que ejecutan las dependencias públicas; y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad.4

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal a transparentar los criterios por los cuales ha decidido disminuir o desaparecer una serie de programas sociales, vulnerando con ello el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de la población.

Notas

1 Medina, Fernando, “La política social de México 1995-2000: evaluación de resultados”. Consultar en https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/0/5910/mexico_politicasoci al.doc.

2 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/georgina-morett/disminuyeron-12 5-programas-sociales

3 https://lasillarota.com/nacion/programa-para-cancer-cervicouterino-con- presupuesto-de-20-mdp-mohar-salud-congreso-seguro-popular/272780

4 https://www.coneval.org.mx/quienessomos/Conocenos/Paginas/Quienes-Somos .aspx

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 7 de marzo de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Bienestar a llevar a cabo una estrategia que permita sumar a los programas prioritarios el mayor número de migrantes internos indígenas en las zonas conurbadas de cada estado, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PT

Los diputados federales Claudia Angélica Domínguez Vázquez, María Teresa Maru Mejía, Dionicia Vázquez García y Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y demás diputados abajo firmantes de distintos Grupos Parlamentarios de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 66 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

“La tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos”. Emiliano Zapata

Con la llegada a la presidencia de la República del Licenciado Andrés Manual López Obrador, se han implementado una serie de programas integrales para alcanzar el bienestar, que buscan garantizar el pleno ejercicio de los derechos consagrados en nuestra Constitución, como el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación nutritiva y de calidad, a la vivienda digna y decorosa, al disfrute de un medio ambiente sano y al trabajo.

Los programas Para el Bienestar van dirigidos a las personas adultas mayores, a personas con discapacidad y el Programa Sembrando Vidas, tienen como prioridad beneficiar a las personas que habitan en zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con mayor grado de marginación o zonas con altos índices de violencia, como Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, entre otros.

Para llevar a cabo esta noble tarea, se convocó a más de 20,000 jóvenes voluntarios para levantar el “Censo del Bienestar”, están pasando casa por casa para recabar información sobre la problemática a la que se enfrentan las familias, a fin de saber cuántos adultos mayores, cuántos niños y o si hay algún discapacitado.

Debido a que estos programas tienen como objetivo contribuir al bienestar de la población más desprotegida, se deben aprovechar al máximo, es por ello, que resulta necesario adherir a nuestros migrantes internos indígenas, a fin de brindarles la oportunidad de regresar a sus lugares de origen y puedan acceder a una nueva calidad de vida, ya que cuando salen de sus comunidades en búsqueda de mejores oportunidades, se enfrentan a una realidad adversa donde son presas de mafias de “semáforo”.

No debemos perder de vista que la mayoría de los migrantes que llegan a las grandes ciudades, son enganchados por personajes sin escrúpulos que se dedican a regentearlos, sin dejar de mencionar, los abusos de autoridad por parte de los policías, a los que están expuestos día con día.

Si bien la presencia de los indígenas en las grandes ciudades contribuye a generar espacios multiculturales y pluriétnicos, también lo es que ellos se enfrentan a condiciones precarias, en la que tienen poco o nulo acceso a la defensa de sus derechos humanos, como el derecho a la educación, la salud, la vivienda y a un trabajo bien remunerado.

Por otro lado, cabe destacar que en la ciudad de México de acuerdo a la Encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay 785 mil indígenas, lo que representa el 8.8 por ciento de la población que habita en la ciudad de México que asciende a 8 millones 918 mil 653, la mayor parte de las personas son originarias de los Estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Chihuahua, Puebla, Hidalgo y México y se concentran en las Alcaldías de Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Iztacalco y Venustiano Carranza.11

No debemos olvidar que el fenómeno de la migración se da debido a diversos factores, tales como conflictos armados y religiosos o desastres naturales, la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo; por ello, los centros urbanos, se convierten en un puerto de atracción; si bien en ellos encuentran “una mejor oportunidad de vida”, también lo es que tienen que enfrentar mucha desigualdad, discriminación y violación a sus derechos humanos.

Por ello, con la implementación de los programas para el Bienestar, se busca detonar la economía de las Entidades Federativas con el mayor grado de marginación y pobreza extrema en donde se encuentran las personas más desprotegidas de nuestro país, y que, por estas circunstancias, migran hacia las ciudades.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Bienestar, para que lleve a cabo una estrategia que permita adherir el mayor número de nuestros migrantes internos indígenas que se encuentran en las zonas conurbadas de cada entidad federativa, a los programas prioritarios a fin de brindarles la oportunidad de regresar a sus comunidades de origen a vivir una nueva realidad.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Bienestar para que los “servidores de la nación”, quienes se encargan de levantar el “Censo de Bienestar” conformen grupos especiales a fin de invitar a la población indígena que se encuentren en las zonas conurbadas de las entidades federativas, a que retornen a sus comunidades de origen y puedan ser beneficiados por los programas prioritarios.

Nota

1 https://vanguardia.com.mx/articulo/viven-en-la-cdmx-785-mil-indigenas-i negi

Palacio Legislativo, a 7 de marzo de 2019.

Diputados: Claudia Angélica Domínguez Vázquez, María Teresa Maru Mejía, Dionicia Vázquez García, Óscar González Yáñez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP y el ISSSTE a realizar acciones y establecer medios que garanticen la transparencia del programa anual de préstamos personales de 2019, suscrita por el diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe diputado Juan Carlos Villarreal Salazar, en nombre propio del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1082 , se indica quiénes son servidores públicos, distinguiéndose bajo ese concepto a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo o cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la administración pública federal, así como a los servidores de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Con información consultada en el portal electrónico México – Enciclopedia Jurídica Online2 , se conoció que la clasificación de servidor público según el experto en la materia Miguel F. “... Duhalt Krauss considera dos clasificaciones: 1) según su naturaleza jurídica de vinculación: relación civil y relación laboral, 2) según su rango: altos funcionarios, funcionarios y empleados.

A partir de su relación laboral se considera:

1. Según el tiempo de duración; de planta y temporal.

2. Según la naturaleza de sus labores: de confianza y de base: que a su vez pueden clasificarse según el documento que origina la relación laboral y según la partida presupuestal.

3. De conformidad con la formalidad que da origen a la relación laboral:

a) Con nombramiento (definitivos, internos, por tiempo fijo o por obra determinada);

b) En listas de raya (obreros, técnicos, administrativos, especialistas y provisionales).

4. Conforme al presupuesto y la partida correspondiente: numerarios, supernumerarios, de base y eventuales...”.3

Los servidores públicos al concluir su vida laboral, de conformidad con la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Ley del ISSSTE)4 , se convertirán en jubilados y pensionados.

Asimismo, es importante destacar que en el artículo 6, fracción XXIX de la Ley del ISSSTE5 se define al servidor público como trabajador como sigue:

Artículo 6... Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

XXIX. Trabajador, las personas a las que se refiere el artículo 1o. de esta ley que presten sus servicios en las dependencias o entidades, mediante designación legal o nombramiento, o por estar incluidas en las listas de raya de los trabajadores temporales, incluidas aquéllas que presten sus servicios mediante contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y el contrato sea por un periodo mínimo de un año.

Bajo ese contexto, se conoció en el portal electrónico https://issstemx.com/prestaciones/, que los empleados al servicio al estado que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tiene derecho de gozar de una red de protección social con el objetivo de cubrir sus necesidades.

En dicho portal se hace mención que las prestaciones son 21, en la que se incluyen las denominadas préstamos personales, en cuatro modalidades, los ordinarios, los especiales, ordinarios, extraordinarios para damnificados por desastres, y préstamos para la adquisición de bienes de consumo duradero. Dichos préstamos se enlistan en el artículo 4, fracción II, de la Ley del ISSSTE.3

Asimismo, en la multicitada Ley del ISSSTE3 , en sus artículos 157 a los 166 se encuentran las disposiciones relativas a la operación de los préstamos personales.

Importante es destacar que en el artículo 158 de la Ley del ISSSTE3 se señala que el Fondo de préstamos personales para el otorgamiento de créditos estará constituido por el importe de la cartera total institucional de dichos créditos, más la disponibilidad al último día del ejercicio anterior y los rendimientos que generen los préstamos. Los recursos del Fondo únicamente se destinarán al otorgamiento de esta prestación.

De igual manera, el artículo 160 de dicha Ley del ISSSTE3 dispone que los recursos del Fondo, en tanto no se destinen a préstamos personales, deberán ser invertidos bajo criterios prudenciales en aquellos instrumentos financieros del mercado que garanticen la más alta rentabilidad, el menor riesgo posible y la mayor transparencia para la rendición de cuentas, de conformidad con las disposiciones que expidan para el efecto la junta directiva del instituto.

Y se remarca en el artículo 193 de la disposición en comento que las prestaciones relativas a préstamos personales se financiarían con el Fondo constituido al efecto en el Instituto.

Es relevante hacer constar que no fue posible identificar en el portal público Plataforma Nacional de Transparencia4 información que permitiera conocer el importe al 31 de diciembre de 2018 del Fondo de préstamos personales para el otorgamiento de créditos que señala el artículo 158 de la Ley del ISSSTE3 , lo anterior, en incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 49 y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 , que señalan que los sujetos obligados pondrán a disposición del público y mantendrán actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda la información, en este caso, de

• Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos.

• Así como de cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.

Ahora bien, para este año 2019, el ISSSTE dio a conocer los importes de cada modalidad de crédito como sigue:

Importante es de destacar que en el portal público del ISSSTE6 , se publicó el 17 de febrero de 2019, información sobre el Programa de Préstamos del ISSSTE como sigue:

“...A partir del lunes 18 de febrero del año en curso, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), inicia el Programa Anual de Préstamos Personales 2019, con un monto de 32 mil 340 millones de pesos, a través de 696 mil 968 créditos en beneficio de los trabajadores afiliados a la dependencia, así como pensionados y jubilados.

El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda, destacó que en este año se incrementó el monto de Préstamos Personales 3.5 por ciento más que en 2018, además se fortalecieron los créditos de las categorías “especiales” y “conmemorativos”, que tienen mayor demanda entre los más de tres millones de trabajadores al servicio del Estado.

“Esta prestación permitirá a los derechohabientes del Instituto apoyar su economía, lo que significa un impacto positivo en su vida diaria, además de que estos préstamos cuentan con una tasa de interés muy baja (9 al 14 por ciento). Este fondo es la aportación de los trabajadores y pensionados, por lo que es suyo y lo ponemos a su disposición”, apuntó el funcionario...”.7

A 15 días del pronunciamiento realizado por el director general del ISSSTE, Ramírez Pineda, no se han identificado acciones que permitan cumplir con su aseveración referente a que “...el Programa de Préstamos Personales 2019 se realizará de manera responsable a través de acciones de vigilancia y transparencia...”.7

Es decir, el director general del ISSSTE dice dar cumplimiento al Programa Anual de Préstamos 2019 que debió presentar ante la junta directiva del instituto conforme a lo dispuesto en el artículo 220 de la ley multicitada del instituto; sin embargo, ni el documento propuesto, ni la versión autorizada ha sido posible consultarlas de manera pública, lo que impide a los trabajadores del Estado cotejar las condiciones de dicho programa anual de préstamos, y estas omisiones en conjunto limitan el derecho al acceso a la información y no privilegia el principio de máxima publicidad tal y como lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública5 en su artículo 15.

Por lo anteriormente expuesto, si bien existe información pública que el trabajador al servicio del estado puede consultar como es el proceso individual de la solicitud del préstamo en el portal electrónico https://oficinavirtual.issste.gob.mx/,8 deseamos expresar compañeras y compañeros diputados que es necesario, en un acto de gobierno abierto, que el ISSSTE haga pública la información del Programa Anual de Préstamos Personales 2019 en un acto de transparencia y rendición de cuentas, a fin que se conozca la evolución de los 32 mil 340 millones de pesos, a través de 696 mil 968 créditos que se proponen acercar a los trabajadores en este año.

Asimismo, es importante que se haga del conocimiento de los compañeros legisladores, que en mis recorridos en el distrito número 7 –Tonalá– y por expresiones fundadas de algunos otros distritos electorales de Jalisco, son los maestros quienes han externando su queja sobre la falta de oportunidad en la información del Programa Anual de Préstamos Personales 2019, lo que ha impedido que muchos de ellos puedan aplicar a dichos préstamos, y aquellos que han ingresado sus solicitudes de préstamo nos han expresado su preocupación sobre la falta de oportunidad en su entrega pese a haber sido aprobados, situación que debe alertarnos compañeros por ser esta una justa y digna exigencia de cumplimiento de una prestación laboral y las anteriores justifican plenamente que este punto de acuerdo que presentamos a su consideración de urgente y obvia resolución.

Por lo anterior, los que integramos la bancada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos que está muy claro que la transparencia es una forma de entender el servicio público y es un deber de los servidores públicos mantener informados a los ciudadanos y nuestro compromiso con los mexicanos es muy claro trabajar en pro de las exigencia de los ciudadanos que piden que el gobierno federal no sea partícipe de la opacidad, simulación, falta de impulso a la transparencia proactiva y fomente desconocimiento del derecho, la falta de interés y genera ante los mexicanos, y en este caso en particular, en la clase trabajadora al servicio del estado, desconfianza.

Por lo expuesto compañeros diputados, consideramos necesario emitir este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para que el Ejecutivo federal, a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dé máxima publicidad al Fondo de préstamos personales para el otorgamiento de créditos y al Programa Anual de Préstamos Personales 2019, a fin de mantener informados a los trabajadores del Estado sobre la evolución de dicho fondo y préstamos y la acompañe, de acuerdo con sus atribuciones, de información estadística al amparo del su cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible.

En ese sentido, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Primero. Se exhorta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y conforme a sus atribuciones legales, para que se haga público y se transparente la situación financiera y presupuestal del Fondo de préstamos personal de los créditos otorgados durante ejercicio fiscal de 2018 y el primer bimestre de 2019, así como la evolución del proceso para el otorgamiento de los créditos personales, desagregado por entidad federativa.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que en el ámbito de sus facultades sean garantizados los principios rectores de transparencia y rendición de cuentas, en el proceso de otorgamiento de Préstamos Personales del ISSSTE para el ejercicio fiscal de 2019, con el objeto de dar certeza financiera y cumplir con el libre acceso a la información pública de los trabajadores.

Notas

1 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 108, disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 4 de marzo de 2019.

2 Enciclopedia Jurídica Online - Portal electrónico México, Servidor Público, disponible en https://mexico.leyderecho.org/servidores-publicos/, consultado el 4 de marzo de 2019.

3 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Ley del ISSSTE), disponible en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 4 de marzo de 2019.

4 Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio, consultada el 4 de marzo de 2019.

5 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública,, disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm, consultada el 4 de marzo de 2019.

6 Portal público del ISSSTE, disponible en
https://www.gob.mx/issste, consultado el 4 de marzo de 2019.

7 Boletín de Prensa “Inicia el ISSSTE programa anual de préstamos personales 2019”, disponible en

https://www.gob.mx/issste/prensa/inicia-el-issste-progra ma-anual-de-prestamos-personales-2019?idiom=es, consultado el 4 de marzo de 2019.

8 Portal electrónico “Oficina Virtual ISSSTE”, disponible en https://oficinavirtual.issste.gob.mx/, consultado el 4 de marzo de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a implantar más operativos contra la tala ilegal en Xalatlaco, Ocuilan, Ocoyoacac y demás municipios del sureste de la entidad, a cargo del diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal David Orihuela Nava, Integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento para la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En nuestro país no existe una homologación clara sobre la legislación ambiental federal entre los diferentes estados de la república, aunado a ello la falta de conocimiento jurídico, y la falta de disposición de las autoridades locales, sobre un tema muy delicado que es la tala ilegal.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente mexiquense, el estado ocupa el primer lugar nacional en la producción y venta de árboles, seguidos por Nuevo León, Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Michoacán y Guanajuato.

Es evidente la importancia para los productores mexiquenses establecidos de forma legal, la comercialización y transporte de sus productos a nivel local y nacional, carecen de garantías y seguridad, es ahí donde la delincuencia organizada o mal llamados tala montes, roban los productos, afectando la producción y seguridad de los productores establecidos.

Un dato, la tala ilegal alcanza su máximo en febrero en el estado de México, y sobrepasa 30 por ciento a la autorizada.

El Programa Nacional Forestal 2013-2018 ubica entre los estados más afectados por la delincuencia organizada a Michoacán, Oaxaca, Chiapas, estado de México, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Colima y Durango.

Por citar un ejemplo en el municipio de Ocuilan en el estado de México, se pierden más de 10 mil hectáreas de bosque, debido a la tala ilegal, el parque nacional de Laguna de Zempoala el más afectado pese a ser un área natural protegida en México.

Pobladores del municipio exigen una reforma y aplicación de la ley, para prevenir la tala clandestina, debido a que daña la flora y fauna de la zona.

De acuerdo con la población en el estado de México, hacen falta acciones concretas para frenar la constante ola de inseguridad que crece día con día.

Hago un verdadero exhorto al gobernador del estado de México, para que dirija su mirada al sureste de la entidad, donde su gobierno se ha destacado por su ausencia y la falta de respaldo por parte de las autoridades estatales.

Esperamos que no sea un detonante de violencia para estos tranquilos y prósperos municipios del estado de México.

Y como pasa en el resto del Estado, esto se quede en el recuerdo sobre el olvido de las autoridades y de los encargados de impartición de justicia.

La delincuencia organizada en el rubro de tala ilegal, ha tenido un crecimiento impresionante, hasta la fecha, no existe en nuestro territorio nacional, quien le haga frente, es por ello señor gobernador del estado de México, que no es un problema exclusivo de su demarcación, sino de todo el país.

Es por ello, que solicitamos respetuosamente los ciudadanos del sureste del estado que gobierna, que contemple operativos coordinados con los tres niveles de gobierno, local estatal y federal, de manera eficiente contra la tala ilegal, claro está, sujetos a derecho.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobernador del estado de México para que, dentro de sus facultades y atribuciones implemente más operativos en contra de la tala ilegal, en los municipios de Xalatlaco, Ocuilan, Ocoyoacac, y demás municipios de la zona sureste del estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputado David Orihuela Nava (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para realizar campañas informativas respecto al manejo de datos privados y el uso de información personal por la industria digital, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú, a girar las instrucciones necesarias a la titular de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, Salma Jalife Villalón, y al coordinador de la Estrategia Digital, Raymundo Arpis Espriú, para que en coordinación con el titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, licenciado Francisco Javier Acuña; se realicen campañas informativas respecto manejo de datos privados y el uso de la información personal por parte de la industria digital, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Existe un gran dilema respecto a los efectos que la digitalización está generando en diversos ámbitos de la vida pública y privada. Las ventajas que otorgan, especialmente la reducción de tiempos y la centralización de diversas actividades, pasa por efectos negativos e el uso de estos medios. Tal es el caso de la información personal, su uso por ciertas corporaciones y hacia donde se orienta el uso de dicha información. Si bien, el registro de la actividad en línea puede ser de mucho interés para el Estado y la academia para la implantación de programas sociales o la generación de conocimiento útil acerca de la conducta de las comunidades, su característica de información convierte a esta fuente en algo de valor para las actividades empresariales o intereses de otra clase, como actividades criminales. En estas dos últimas y muy claramente en la segunda de ellas, la ética respecto al uso de la información tiende a ser vulnerada por intereses de otra clase. El caso más significativo de los últimos años fue el de Cambridge Analytica y las elecciones de 2016 de Estados Unidos de América1 .

Mediante la malversación y complicidad por parte de corporaciones como facebook, las cuales proveen y almacenan grandes cantidades de información personal de sus usuarios, esta agencia se enfocó en perfilar de manera individualizada a cada un segmento de los múltiples usuarios de la plataforma, a los cuales proveían información a modo para incidir en su percepción acerca de ciertas noticias y su toma de decisiones.

El intento de manipulación mediática tiene consecuencias que hoy en día han centrado el interés de los especialistas en la Academia y otras empresas de investigación. La capacidad de estructurar la información para dar forma a una percepción acerca de la realidad de los hechos que acontecen en el día a día nunca había tenido tantas herramientas para poder ejercer esa clase de control.

A pesar de que la desinformación siempre ha sido una herramienta empleada por distintas formas de organización política por milenios, nunca había existido un repositorio de información tan vasto acerca de la individualidad de múltiples ciudadanos a lo largo del mundo. El papel del Estado es vital para evitar que casos como el de Cambridge Analytica se reproduzca por cientos o miles, donde la pretensión de maximizar la ganancia pase por encima de los derechos de las personas.

Sobre esto, plantear la discusión sobre una forma específica de información personal, como puede ser tus rasgos faciales, es un tema que muchas veces no se enlaza, pero que tiene mucha importancia de acorde al camino que ha tomado el desarrollo de software con inteligencia artificial. Gran parte de las primeras consecuencias que han salido a la luz es a nivel de prejuicios, donde el desarrollo de estas herramientas por parte de naciones occidentales, ha generado problemas para el reconocimiento de la población con un color de piel que no sea blanco. A pesar de la relevancia de esto, el punto más crítico pasa por el tema del control estatal, corporativo y la erradicación de la disidencia. Por ello, un grupo de 85 asociaciones activistas envió al gobierno de Estados Unidos2 una carta pidiendo un veto al uso de esta clase de software por parte de diversas instituciones gubernamentales. En ella, se argumenta que esta clase de herramientas puede ser usada para ejercer vigilancia y control sobre la población con el potencial de ser usada para la erradicación de la disidencia3 . Esto último ha llevado a considerar su regulación por parte de gobiernos de diferentes partes del mundo, donde el primer caso concreto de un intento de regulación ha sido protagonizado por el gobierno de la ciudad de San Francisco, al considerar la prohibición del uso de estas herramientas como una forma de hacer valer los derechos relacionados con seguridad y privacidad de los que son receptores los ciudadanos4 .

Su uso, enfocado a aspectos médicos y de organización tiene una connotación positiva, pero si la regulación no es elaborada con detalle, las implicaciones pueden ser catastróficas para una nación democrática. Igualmente, situar información tan delicada en servidores del gobierno las vuelve objetivo de organizaciones criminales digitales, lo que implica la generación de un marco normativo y una fuerza especializada para mantener segura dicha información. Su relevancia, tanto para efectos positivos como negativos, requiere que el Estado mexicano asuma las responsabilidades de permitir la operación de privados con dicha información, garantizar su preservación en su uso por parte del Estado y mantener a raya a los privados o criminales que busquen abusar de ella.

Para la obtención de este objetivo, hacer campañas de información acerca de lo que es, que implica y para qué se usa esa clase de información es un buen comienzo para sentar las bases de una campaña más amplia en favor de la preservación y respeto a la privacidad. La generación de infografías, foros informativos y mensajes difundidos en medios masivos puede ayudar a hacer conciencia en la población para que sepan cómo su privacidad es usada y consideren qué desean compartir o no en la Internet.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría De Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú, a girar las instrucciones necesarias a la titular de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, Salma Jalife Villalón y al Coordinador de la Estrategia Digital, Raymundo Arpis Espriú, para que en coordinación con el titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, licenciado Francisco Javier Acuña, se realicen campañas informativas respecto a la importancia del cuidado y manejo de datos privados en el mundo digital ante el surgimiento de nuevos peligros en la forma de ciberdelincuencia.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú; para que en el uso de sus facultades giren las instrucciones necesarias a la titular de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, Salma Jalife Villalón, y al coordinador de la Estrategia Digital, Raymundo Arpis Espriú, para que en colaboración con el titular del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, licenciado Francisco Javier Acuña; se elabore un protocolo sobre ética en el uso de esta clase de tecnologías que sirva como referente para la elaboración de próximas normatividades al interior de las secretarías y dependencias federales.

Notas

1 Redacción BBC Mundo. (2018). 5 claves para entender el escándalo de Cambridge Analytica que hizo que Facebook perdiera US$37.000 millones en un día, de BBC. Sitio web:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-43472797

2 País, junto con China, donde se desarrollan la mayoría de este software, los cuales se venden a privados y Estados de todo el mundo.

3 Danielle Abril. (2019). Coalition Pressures Amazon, Microsoft, and Google to Keep Facial Recognition Surveillance Away From Government, de Fortune. Sitio web:

http://fortune.com/2019/01/15/coalition-pressures-amazon -microsoft-google-facial-recognition-surveillance-government/

4 Aaron Mak. (2019). Face-Off, de Slate. Sitio web: https://slate.com/technology/2019/02/san-francisco-facial-recognition-t echnology-bill-ban.html

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a garantizar la paz y resolver los conflictos laborales recién ocurridos en diversos estados, a cargo del diputado Carlos Pavón Campos, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Carlos Pavón Campos , diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde principios de año, las huelgas han sido una constante en diferentes partes del país, particularmente en Tamaulipas y otras entidades del norte, donde se encuentra gran parte de las fábricas de la industria maquiladora y ensambladora de automóviles.

Para dimensionar esta problemática, basta señalar que, tan sólo a finales del mes de enero, se registraron 45 huelgas en maquiladoras de Matamoros que demandaban un aumento salarial y las condiciones laborales de los trabajadores. Trabajadores de instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Autónoma de Chapingo, así como trabajadores de las tiendas Walmart y Teléfonos de México también se unieron a los grupos en huelga.

Esta problemática surgió después de que el gobierno federal incrementara abruptamente el salario mínimo en 16 por ciento en todo el país y del 100 por ciento en la zona fronteriza, como parte de la estrategia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores.

De acuerdo con dicha dependencia, actualmente permanecen activas 15 huelgas federales, así como 384 emplazamientos a huelga, que es el aviso legal del sindicato a la autoridad laboral de ejercer ese derecho si no son satisfechas sus demandas. También existen 37 conflictos sin emplazamiento.1

Las huelgas ya han afectado negativamente en el desarrollo y crecimiento económico del país, se estiman pérdidas de decenas de millones de dólares, aumento del desempleo e incluso un recorte a la previsión del crecimiento para este año. Asimismo, la incertidumbre causada en los mercados financieros, puede causar la salida de capitales de inversión.

De acuerdo con la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), los paros causan desconfianza y dejan un mal precedente para los inversores que veían en México un lugar óptimo para el establecimiento de maquiladoras.

Para las empresas afectadas les es complicado asumir el monto de las demandas de los trabajadores, ya que algunos demandan incrementos superiores al 20 por ciento, así como bonos y otras condiciones laborales cuantiosas que causarían serias pérdidas para las finanzas de las empresas.

Cabe señalar que la huelga de la UAM iniciada el 1 de febrero del presente año, ha afectado a 3 mil 88 académicos, 58 mil 623 alumnos y más de cinco mil proyectos de investigación.2

Los conflictos laborales han sido alentados y apoyados por algunos de los principales organismos sindicales del país, como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM).

Sin embargo, también se ha señalado que existen intereses y actores ajenos que han promovido las huelgas por intereses políticos y con el objetivo de desestabilizar o comprometer el desarrollo de ciertas entidades del país.3

El caso más preocupante es el de un presunto conflicto de interés por parte de la titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, cuyo padre, Arturo Alcalde Justiniani, abogado y asesor de diversos sindicatos, apareció en una fotografía publicada por diversos medios junto con la abogada Susana Prieto, quien a través de su “Movimiento 20-32” ha sido una de las principales promotoras de los paros y las huelgas laborales en Matamoros.4

Entre los sindicatos a los que Arturo Alcalde ha asesorado se encuentra el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) que, ante las acusaciones de conflicto de interés, ha negado la injerencia del padre de Luisa María Alcalde en el conflicto.5

La Ley General de Responsabilidades Administrativas define el conflicto de interés como: “La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios;”. El conflicto de interés es considerado una falta administrativa grave.

El artículo 58 de dicha Ley, establece:

“Artículo 58. Incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal.

Al tener conocimiento de los asuntos mencionados en el párrafo anterior, el servidor público informará tal situación al jefe inmediato o al órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de los mismos.

Será obligación del jefe inmediato determinar y comunicarle al servidor público, a más tardar 48 horas antes del plazo establecido para atender el asunto en cuestión, los casos en que no sea posible abstenerse de intervenir en los asuntos, así como establecer instrucciones por escrito para la atención, tramitación o resolución imparcial y objetiva de dichos asuntos.”6

Por su parte, el artículo 78, relativo a las sanciones para los servidores públicos por faltas graves indica:

“Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el tribunal a los servidores públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas graves, consistirán en:

I. Suspensión del empleo, cargo o comisión;

II. Destitución del empleo, cargo o comisión;

III. Sanción económica, y

IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

A juicio del Tribunal, podrán ser impuestas al infractor una o más de las sanciones señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo a la gravedad de la Falta administrativa grave.

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de treinta a noventa días naturales.

En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la Falta administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación.”7

Los funcionarios deben en todo momento evitar situaciones que los coloquen en conflicto de interés, ya que no sólo son acciones contrarias a la ética de la administración pública, sino que pueden ocultar un acto de corrupción, además de comprometer y dañar la integridad de la institución y el funcionario en cuestión.

Es inaceptable que un gobierno que se define como incorruptible y que tiene entre sus principales objetivos terminar con la corrupción del país, se encuentre rodeado de conflictos de interés por parte de sus funcionarios. Con estas acciones, traicionan la confianza de los ciudadanos que votaron por ellos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a que garantice la paz laboral y contribuya a resolver los conflictos laborales recientes.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública para que investigue si existe conflicto de interés entre la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, por los vínculos de su padre, el abogado Arturo Alcalde Justiniani, con diversos de los sindicatos y actores que han promovido y apoyado las huelgas recientes en todo el país.

Notas

1 Vive México efervescencia de huelgas: hay 15 paros activos, El Universal, en: https://www.eluniversal.com.mx/nacion/vive-mexico-efervescencia-de-huel gas-hay-15-paros-activos

2 Huelga de la UAM afecta a más de cinco mil proyectos de investigación, Crónica, en:

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1111752.html

3 México no debe ser rehén de grupos desestabilizadores: TTC, El Sol de San Luis, en: https://www.elsoldesanluis.com.mx/local/mexico-no-debe-ser-rehen-de-gru pos-desestabilizadores-ttc-3132860.html

4 Vinculan a organizadora de huelgas en Matamoros con Luisa Alcalde, Hoy Tamaulipas, en:

http://www.hoytamaulipas.net/notas/370676/Vinculan-a-org anizadora-de-huelgas-en-Matamoros-con-Luisa-Alcalde.html

5 UAM, la incertidumbre, Reporte Índigo, en: https://www.reporteindigo.com/reporte/uam-la-incertidumbre-falta-acuerd os-autoridades-trabajadores-condiciones-laborales-afectan-estudiantes/

6 Ley General de Responsabilidades Administrativas, Cámara de Diputados, en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf

7 Ibídem.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los siete días de marzo de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades a concertar acuerdos y operaciones de adquisición-contratación de bienes y servicios con sociedades cooperativas nacionales, como parte de las medidas de fortalecimiento y fomento de las actividades realizadas por actores del sector social de la economía en México, a cargo del diputado Felipe Rafael Arvizu de la Luz, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Felipe Rafael Arvizu de la Luz, con base en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción III, así como demás relativos y conexos aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal, al honorable Congreso General de la Unión, al Poder Judicial Federal, y a los servidores públicos encargados de participar en los procesos de adquisición de bienes y contratación de servicios de los Organismos Constitucionales Autónomos, adquirir de forma preferente los bienes y servicios producidos y ofrecidos por sociedades cooperativas mexicanas, como parte de las medidas de fortalecimiento e impulso a diferentes integrantes del sector social de la economía en México.

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las sociedades cooperativas no sólo constituyen formas de organización social que promueven una mejora en las condiciones de vida y de trabajo de millones de mujeres y hombres alrededor del mundo, sino que también se erigen como una importante herramienta de provisión de bienes y servicios esenciales al desarrollo de la personalidad y el respeto de la dignidad de todo ser humano. Esto cobra mayor relevancia en áreas de la economía y del desarrollo social en donde las acciones desplegadas por los actores gubernamentales y la iniciativa privada han resultado insuficientes en la satisfacción y garantía de los derechos que más atienden al empoderamiento e igualación de condiciones de los distintos estratos sociales, en una lógica de verdadera consideración e integración de aquellos grupos que en virtud su origen racial, étnico, social o económico, han permanecido históricamente relegados en los procesos de toma de decisiones y en el diseño de las herramientas capaces de capitalizar cambios reales en la generación y distribución de la riqueza.

Es en un contexto como el que se describe, las sociedades cooperativas, con base y observancia en principios tales como la solidaridad, la ayuda mutua, el trabajo colectivo y la equidad, la responsabilidad social y un compromiso inherente por respetar y salvaguardar nuestro el medio ambiente, han logrado aglutinar a poco más de 100 millones de personas alrededor del mundo, aproximadamente. En este mismo sentido, es dable mencionar que actualmente existen poco más de 110 mil cooperativas en los sectores industriales y de servicios, generadoras de una cifra aproximada de 4 millones de empleos.

Por citar sólo algunos, países como Brasil, Argentina, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Bolivia y Perú, han llevado a cabo en los últimos años, procesos de reforma regulatoria que han tenido como finalidad primordial reconocer el papel que desempeñan las sociedades cooperativas y otras formas organizativas de la economía social y solidaria en la reducción de la pobreza y la inclusión de la economía social.

Por lo que concierne a México, son aproximadamente 10 millones de hombres y mujeres quienes participan en sociedades cooperativas, organizaciones que en su mayoría se dedican a la producción y oferta de bienes y servicios en diferentes mercados de la economía nacional, situación que claramente contrasta con las innumerables vicisitudes y demás dificultades que han tenido que sortear durante el curso de su desenvolvimiento en el esquema económico neoliberal que prevalece en nuestro país, tras casi cuatro décadas de data desde su inicial implementación en el año de 1982.

En este mismo sentido, es preciso señalar que, en nuestro país, alrededor de 60 mil organismos forman parte del sector social de la economía, con una proporción de 29 mil 555 ejidos, y aproximadamente 15 mil sociedades cooperativas.1 En contraste con lo ya dicho, el Estudio Diagnóstico del Programa de Fomento a la Economía Social, elaborado en el año 2014 por el Instituto Nacional de la Economía Social, concluye que el mayor obstáculo que ha enfrentado el sector social de la economía en México es su no consideración como una herramienta de inclusión productiva, financiera, así como en la generación de empleos.2

Como claros e incuestionables modelos de éxito dentro del esquema de desarrollo cooperativo, pueden citarse los casos de Cooperativa La Cruz Azul, SCL, sociedad que actualmente se ostenta como una de las mayores productoras y comercializadoras de cemento en el país; la Sociedad Cooperativa de Trabajadores Pascual, SCL, quien ejerce una participación importante en los mercados de producción, distribución y venta de bebidas elaboradas con jugos naturales de frutas; y la Cooperativa Trabajadores Democráticos de Occidente, quien en el presente se asume como una de las mayores proveedoras de neumáticos a nivel nacional.

A todo lo ya dicho, cabe agregar que no obstante el imperativo legal de contar con un catálogo de permanente actualización acerca del número y las actividades desempeñadas por las sociedades cooperativas en México, a cargo de la recién nombrada Secretaría del Bienestar, actualmente aún se carece de tales herramientas de información y consulta, lo cual se traduce en un claro llamado de atención a las instancias gubernamentales que participan en el impulso y el fomento de la Economía Social en México, para que cumplimenten lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley General de Sociedades Cooperativas.

Según se advierte del texto del artículo 25, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se erige como una actividad de fomento transversal en las diferentes áreas de la economía nacional, el impulso, acompañamiento, protección, salvaguarda, fortalecimiento y reconocimiento de las actividades realizadas por los diferentes actores que integran el sector social de la economía en México, entre los que destacan sindicatos, ejidos y comunidades agrarias, sociedades cooperativas e innominadas formas de organización social y popular dedicadas a la producción, oferta, transporte, comercio y venta de bienes y servicios esenciales al desarrollo y subsistencia de la vida humana.

Como referencia, es dable citar las acciones que en materia de política pública ha desarrollado la administración pública federal para el fortalecimiento y crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas en el espectro económico nacional.

Considerando la naturaleza, objetivos y alcances de la proposición que nos ocupa, es necesario destacar que con fecha 29 de mayo de 2013, la entonces diputada por la LXII legislatura, Mariana Dunyaska García Rojas, con el respaldo de la otrora presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, maestra Alliet Mariana Bautista Bravo, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, en nombre y por cuenta de las y los integrantes de la comisión antes referida de la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo por el que se exhortaba a las dependencias del Ejecutivo federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concediera prioridad en los procesos de adquisición de bienes y servicios para el debido funcionamiento de tales Poderes de la Unión, a las mercancías y los servicios que eran ofrecidos por las sociedades cooperativas y distintos actores del sector social de la economía.

Los puntos de acuerdo de la proposición de mérito, al tenor de la letra, disponían lo siguiente:

“Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Economía y a las dependencias que forman parte de la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública, para que en el programa de proveedores y las medidas que se adopten para reducir barreras a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, se considere a las sociedades cooperativas de producción y en general a las empresas que forman parte del sector social de la economía, como proveedores que representan importantes ventajas para el país y se les permita acceder a los beneficios de la demanda del sector público.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que considere a las sociedades cooperativas, y en general a las empresas que forman parte del sector social de la economía, como proveedores de dicho Poder de la Unión.”

Siguiendo el procedimiento descrito por los ordenamientos que regulan las actividades parlamentarias a nivel federal, con fecha 26 de junio de 2013, la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, resolvió que:

“Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con estricto respeto a la división de Poderes, exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal, para que considere en la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública, a las sociedades cooperativas y, en general, a las empresas que forman parte del sector social de la economía.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con estricto respeto a la división de Poderes, exhorta respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como al Poder Legislativo federal a través de ambas Cámaras, para que consideren en la planeación de sus adquisiciones de bienes, contratación de servicios y realización de obra pública, a las sociedades cooperativas y, en general, a las empresas que forman parte del sector social de la economía.”

Es preciso concluir que si en el ejercicio de la soberanía popular, los Poderes de la Unión, en lo que a su competencia corresponde, así como los de la Ciudad de México y las entidades federativas de la República Mexicana, en lo que compete a sus respectivos regímenes interiores, las 2 mil 458 administraciones municipales, con un apoyo y seguimiento puntuales por parte de los así llamados por la doctrina jurídica contemporánea mexicana, organismos constitucionales autónomos, realmente se comprometieran, consciente y responsablemente, por participar de forma desinteresada e incondicional con actividades de fomento e incentivo para la organización y constitución de sociedades cooperativas, ya no vistas como alternativas, sino como importantes herramientas de empoderamiento eficiente y perdurable de aquellas clases histórica y económicamente ubicadas en situación de rezago social y pobreza, numerosas esferas de la realidad mexicana verían una mejora consustancial al apoyo ofrecido a tales formas de organización social.

Por todo lo ya dicho, es que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso General de la Unión hace un respetuoso exhorto a la Comisión Intersecretarial de Compras y Obras de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus deberes y facultades, considere de forma preferente los bienes y servicios producidos por las sociedades cooperativas, dentro sus planes de adquisición de bienes, contratación de servicios, así como en la realización de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Segundo. Se hace un respetuoso exhorto a las Juntas de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados y el Senado de la República, respectivamente, para que, en el ámbito de sus respectivas facultades, instruyan a sus Comités de Administración adquieran de forma preferente los bienes y los servicios que sean producidos y ofertados por sociedades cooperativas legalmente constituidas.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso General de la Unión, con estricto apego y respeto al principio de división de Poderes, hace un respetuoso exhorto al Poder Judicial de la Federación, así como a los Organismos Constitucionales Autónomos, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, consideren de forma preferente, dentro de sus respectivos planes de adquisición de bienes, contratación de servicios, realización de obra pública y servicios relacionados con las mismas, los bienes y los servicios producidos por las sociedades cooperativas.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso General de la Unión, con estricto apego y respeto al principio de división de Poderes, exhorta respetuosamente a los honorables ayuntamientos en que se organiza y desarrolla la actividad municipal en la República Mexicana para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, consideren de forma preferente los bienes y los servicios producidos por las sociedades cooperativas, dentro sus respectivos planes de adquisición de bienes, contratación de servicios, realización de obra pública y servicios relacionados con las mismas.

Notas

1 Datos obtenidos del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), disponible en:

http://www.inaes.gob.mx/doctos/Nociones1%20x%web/index.h tml

2 INAES, Estudio Diagnóstico del Programa de Fomento a la Economía Social, México 2014, disponible en

www.inaes.gob.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputados: Felipe Rafael Arvizu de la Luz, Mariana Dunyaska García Rojas (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a implantar por la Ssa y la SEP campañas permanentes de información e impulso de la importancia de la cultura de donación de órganos y tejidos, a cargo de la diputada Martha Elisa González Estrada, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Martha Elisa Gonzalez Estrada, y las y los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implementar, a través de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, campañas permanentes que informen, impulsen y estimulen la importancia de la cultura de donación de órganos y tejidos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En México tenemos contemplado en la Ley General de Salud, en el título decimocuarto: Donación, trasplantes y pérdida de la vida, en el capítulo II, Donación, se establece que toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, a fin de ayudar a otro ser humano que necesita un órgano para seguir viviendo óptimamente. Esto se da a través de un trasplante, un tratamiento médico muy complejo, por el que se remplaza un órgano vital o un tejido enfermo por otro sano.

En el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), hay una lista de receptores de diversos órganos en espera como son:

La lista de personas en espera de un órgano o tejido, es larga ya que más de 50 por ciento de los que están inscritos tienen falla crónica y terminal, por lo que la donación de un órgano es vital para que ellos puedan seguir viviendo y que muchas veces, por falta de una cultura de la donación, no podrán recibir el órgano que necesitan en tiempo y forma.

Además, es bien conocido que en México son insuficientes los hospitales ya que en últimas fechas sólo contábamos con 375 hospitales autorizados para obtener órganos. Por lo que es necesario e imperante ampliar y adaptar más hospitales para que estén en condiciones de realizar trasplantes, por medio de infraestructura especializada.

La donación y los trasplantes se encuentran regulados en lineamientos tanto médicos como legales, en todo momento cuidando que no se puedan dar fines de lucro, ya que se debe cuidar y blindar esa parte y que el principio fundamental de la donación siga siendo el altruismo, es por ello que es necesario impulsar campañas permanentes que impulsen la cultura de la donación de órganos, garantizando los derechos de los pacientes a recibir un órgano o tejido e informando con claridad a los que están en disposición y condiciones de convertirse en donadores.

Como lo establece la ley, cualquier persona mayor de 18 años, en pleno uso de sus derechos y facultades, puede expresar su voluntad de ser donante de órganos y tejidos mediante la firma de un acta de donación.

Por lo anterior es necesario que se implementen campañas permanentes que informen, impulsen y estimulen la importancia de la cultura de donación de órganos y tejidos , para que la ciudadanía, el donante y los familiares, tengan conocimiento, estén familiarizados y tengan plena aceptación, cuando su familiar, que es donante, llegada la hora no haya problemas como se dan actualmente en el momento de su fallecimiento.

Por falta de campañas permanentes para fomentar la cultura de donación de órganos, en México sigue siendo un tabú, así como en las creencias religiosas y costumbres no es muy bien aceptado, y eso se traduce en que varios órganos y tejidos que pueden ser utilizados terminan descomponiéndose o cremándose.

Contar con una ciudadanía informada y con conocimiento en el tema aumentará la donación de órganos para trasplantes que existe en este momento y con ello mayor será el número de vidas que puedan salvarse.

Una campaña que otorga conocimiento es la diferencia entre la vida y la muerte de un ser humano, concientizando a la población sobre la importancia de ser donador, ayudará a salvar o mejorar la calidad de vida de otro ser humano.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo federal implemente a través de las Secretarías de Salud y de Educación Pública, campañas permanentes que informen, impulsen y estimulen la importancia de la cultura de donación de órganos y tejidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 marzo de 2019.

Diputada Martha Elisa González Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y el FCE a salvaguardar la libertad de expresión, la pluralidad de ideas y la apertura de posturas ideológicas en la publicación El Trimestre Económico, a cargo del diputado Lenin Nelson Campos Córdova, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Lenin Nelson Campos Córdova, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Fondo de Cultura Económica, para que salvaguarden la libertad de expresión y la pluralidad de ideas, así como la apertura de posturas ideológicas en la publicación El Trimestre Económico , la cual se ha posicionado como una de las revistas más reconocidas de América Latina y México, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El gerente editorial encargado del despacho de la Dirección General del Fondo de Cultura Económica, dio a conocer recientemente diversas modificaciones a la revista El Trimestre Económico , la cual hasta este momento, constituye una de las publicaciones más prestigiadas de América Latina y el país.1

Es importante destacar que El Trimestre Económico se fundó el 28 de abril de 1934, por Daniel Cosío Villegas y Eduardo Villaseñor, con el objeto de dar a conocer información relevante sobre economía y difundir nuevos hallazgos o teorías. Por sus aportes y contribuciones a la ciencia económica, con el paso de los años se ha consolidado como referente académico para estudiantes, especialistas y grupos de investigación.

Sin duda una de las características fundamentales de esta publicación era la apertura a las nuevas posturas y el debate abierto a las problemáticas de la ciencia económica. Sin embargo, las modificaciones dadas a conocer ponen en riesgo no sólo la pluralidad de ideas, sino también, la riqueza de posturas de los artículos y sus autores.

Los integrantes de esta nueva dirección, son personas cercanas al Presidente de México, entre ellos compañeros de partido o extrabajadores durante su desempeño como jefe de gobierno de la capital del país.

Tanto el encargado del Fondo de Cultura Económica, como integrantes de esta nueva dirección han hecho pública su postura. Por su parte, Francisco Ignacio Taibo Mahojo, declaró a medios informativos lo siguiente: “Hemos decidido darle un giro de 180 grados. Hasta ahora, en los últimos años, El Trimestre había sido un portador del proyecto neoliberal”.

Por si esto no fuera suficiente, también ha sostenido que: el “pensamiento neoliberal” será expulsado de una de las revistas económicas con más tradición y más respetadas en América Latina.2

Diversos integrantes del nuevo consejo directivo dejaron claro que los artículos “neoliberales” no tendrán cabida en sus páginas a menos que contengan una crítica a ese pensamiento.

Esta postura, ha sido promovida reiteradamente por el Presidente de México, ya que desde el inicio de su gestión aseguró que “La economía neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país”. A pesar de estas declaraciones, El Trimestre Económico es una revista académica y no debe tomar una postura política o ideológica, de hacerlo estará en peligro su credibilidad y rigurosidad ante sus lectores.

Bajo esta óptica, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos que el espíritu de la revista debe mantenerse, sobre todo, porque uno de sus distintivos era el respeto a la libertad de ideas. Incurrir en actos de censura, no contribuirá al desarrollo de la ciencia y al acceso del conocimiento.

Los artículos publicados, además de cumplir con criterios científicos estrictos, también contaban con la libertad de exponer diversas ideologías, lo cual es benéfico para los lectores, ya que deja de manifiesto la riqueza de posturas y perspectivas de publicación sobre los problemas económicos que aquejan a América Latina y, por su puesto a México.

En nuestro grupo parlamentario estamos convencidos de que la ciencia es universal y no tiene ideologías, por tal motivo, es un acontecimiento grave el que esta administración federal quiera desdeñar de las publicaciones algún tipo de ideología.

Este tipo de acciones, acentuará la falta de apertura y tolerancia que ha mostrado la presente gestión federal con las personas que muestran indiferencia con sus posturas, ya sea organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación u órganos autónomos, entre otros más.

El PRI al igual que académicos, expertos y estudiantes, hacemos un llamado para que prevalezca el compromiso de las nuevas autoridades de El Trimestre Económico con la apertura, el fomento a las múltiples expresiones y respeto a la libertad de expresión, elementos fundamentales de un régimen democrático y de libertades.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y del Fondo de Cultura Económica, para que salvaguarden la libertad de expresión y la pluralidad de ideas, así como la apertura de posturas ideológicas en la publicación El Trimestre Económico , la cual se ha posicionado como una de las revistas más reconocidas de América Latina y México.

Notas

1 El Universal . (2019), ¿Qué es El Trimestre Económico y por qué es tan importante? 04/03/2019. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/que-es-el-trimestre-econo mico-y-por-que-es-tan-importante

2 Expansión . (2019). Taibo II dice que sacará al “neoliberalismo” de El Trimestre Económico del FCE. 04/03/2019. Sitio web: https://expansion.mx/economia/2019/02/22/taibo-ii-saca-al-neoliberalism o-del-trimestre-economico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la política migratoria del gobierno federal respecto al flujo migratorio centroamericano, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I, III, IV y VI, y demás relativos y aplicables del reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con relación a la política migratoria del gobierno federal respecto del flujo migratorio proveniente de Centroamérica que concierne a diferentes entidades federativas de la región sur-sureste de la República Mexicana.

Consideraciones

Las consecuencias de la migración internacional en las regiones de origen son muchas y muy variadas. Éstas pueden depender de la magnitud y modalidades de la migración, el perfil demográfico regional y las características de las personas que conforman los flujos migratorios; efectos que no se refieren únicamente a la alteración de las estructuras demográficas, sino también a la modificación de las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales, las cuales tienen a su vez repercusiones a nivel personal y familiar.

Por su parte, para los países de llegada la migración es uno de los componentes del cambio demográfico que, junto con la mortalidad y la fecundidad, pueden afectar el crecimiento y la estructura por sexo y edades de la población, ya sea por sus efectos directos o indirectos. Dado que la población emigrante suele ser joven, en edades potencialmente productivas y reproductivas, las regiones de destino se rejuvenecen. Es decir, en las regiones de destino aumenta la natalidad y disminuye la mortalidad.

Otro efecto demográfico de la migración en las regiones de llegada, es el desequilibrio en el volumen por sexo, ya que al tratarse de migraciones motivadas por cuestiones principalmente laborales suelen emigrar más hombres que mujeres. Por tanto, en las regiones de destino hay mayor proporción de hombres y en las de origen, de mujeres. El equilibrio o desequilibrio en la relación numérica entre los sexos afecta, entre otros fenómenos sociodemográficos, a los mercados laborales. Esto, a su vez, puede llegar a tener implicaciones que afectan a otras esferas de la vida social.

Puede decirse que, tanto por el sentido que dan al crecimiento de una población, como por su efecto en la estructura por edad y por la recomposición de los hogares, las migraciones resultan un factor fundamental para comprender la dinámica poblacional a cualquier escala: nacional, regional, estatal o local. Su conocimiento es básico para establecer el aporte de esta variable al crecimiento y redistribución espacial de la población, y resulta a su vez indispensable para la preparación de las proyecciones de población y para la elaboración, ejecución y evaluación de los programas y proyectos de desarrollo.

Sin embargo, el reflejo cotidiano del flujo migratorio puede ser sumamente volátil e impulsivo; hecho que puede verse a partir de que diversas poblaciones de la región sur sureste de nuestro país están generando reminiscencias al contexto migratorio centroamericano, denotando preocupación en la región, en los temas concernientes a seguridad; salud; detrimento económico; detrimento moral y social; detrimento en turismo; condición de ilegalidad al momento del cruce migratorio; pobreza; desarrollo social; marginación; desigualdad económica y social; y, conflictos sociales.

Inquietudes sociales que pueden verse derivadas de eventos como el ataque ocurrido la tarde del martes 19 de febrero de 2019, sobre la carretera Tapachula-Suchiate, a la altura de Frontera Hidalgo, en donde, con palos y piedras, migrantes que presuntamente ingresaron a territorio nacional de manera ilegal, impidieron su aseguramiento por parte de fuerzas nacionales. Evento que provocó que la población y gobierno local del municipio de Tapachula, Chiapas, impidiera el paso de la caravana a través de la ciudad por miedo o incertidumbre.

En cuanto a la preocupación en materia de salud, el interés regional sobre los riesgos sanitarios, parte del hecho real que presupone el flujo migratorio, el cual puede observarse a través del interés de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud y las secretarías de Salud federal y estatales, que anunciaron un programa para el blindaje epidemiológico en la frontera entre México y Guatemala.

Por lo que respecta a las inquietudes en materia económica, estas pueden verse reflejadas en las declaraciones de distintos empresarios establecidos en la región, como las emitidas por el Foro de Organizaciones del Soconusco, que integra a cámaras empresariales, organizaciones productivas y colegios de profesionistas, quienes sostuvieron que los “empresarios de la frontera sur dejaron de vender hasta 250 millones de pesos diarios debido a la presencia de las caravanas de migrantes en la región”, o las vertidas por José Toriello Elorza, presidente de Coparmex Costa de Chiapas, quien aseguró que “las ventas han caído un 50 por ciento en el sector comercial a causa de los centroamericanos, cuya presencia ahuyenta al público consumidor y el turismo”.

Todos estos factores que se ven reflejados en la cotidianidad de la sociedad de la región sur-sureste pueden devenir en conductas y actitudes que poco aporten al fenómeno que está teniendo lugar, ya sea por parte de la población oriunda o de las caravanas migrantes; aunado a la alta posibilidad de que el fenómeno migratorio se repita continuamente durante en el futuro próximo.

Es al entender la trascendencia de los eventos y constructos sociales que se están suscitando en la región sur-sureste, y las implicaciones que estos tienen en todo el país, que resulta imperante conocer a profundidad las medidas y acciones que el gobierno federal ha tomado en el tenor de su política migratoria al respecto; al igual que los escenarios que proyecta se enfrentará el país en el corto, mediano y largo plazo por los constantes flujos migratorios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, por sí y a través de sus órganos correspondientes especializados en la materia, haga públicos los resultados de la política pública migratoria del gobierno federal en los estados de tránsito migratorio en materia de derechos humanos, así como en materia de refugiados, con motivo de los flujos migratorios provenientes de Centroamérica.

Segundo. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, haga público un informe sobre los avances en la implementación del Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica.

Tercero. Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana difunda un informe sobre las medidas adoptadas para salvaguardar el orden público de los estados de tránsito migratorio, con motivo de los flujos migratorios provenientes de Centroamérica.

Ciudad de México, a los siete días de marzo de 2019.

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE a realizar en la ejecución del Presupuesto de 2019 la distribución correspondiente entre federación, estados y municipios de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, María de los Angeles Gutiérrez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción l, 62, 65 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La generación de inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo en las diversas regiones de México donde se lleva a cabo la explotación, extracción y obtención de sustancias minerales, se lleva a través del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estado y Municipios Mineros, creado en 2014.

La administración de los recursos desde su creación estuvo a cargo del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros. Debido a ello, por ser un contrato de mandato público celebrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con una institución de banca de desarrollo, se constituyó con 80 por ciento de la recaudación del pago de los derechos especiales, adicionales y extraordinarios por empresas mineras, por proyectos en energía e inversiones físicas.

Desde su constitución, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ha sido la instancia institucional encargada de avalar los proyectos. Una vez aprobados éstos, el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros destina los recursos en obras de infraestructura social.

La operatividad de dicho fondo consiste en la distribución de 77.5 por ciento del recurso a estados y municipios y se quedan con 22.5 del recurso. Sin embargo, de este 77.5, 62.5 es para municipios y 37.5 para los estados, operación que hasta 2018 se hacía de manera tripartita, en beneficio del pacto federal.

Los recursos empleados de este fondo se aplican a obras de infraestructura como construcción, remodelación, equipamiento de centros escolares, pavimentación, mantenimiento de calles y caminos locales, instalación y mantenimiento de alumbrado público, rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, mejora de calidad del aire, obras de preservación en áreas naturales, rescate, rehabilitación de ríos; obras de movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, de transporte o equivalentes.1

En 2014, 199 municipios fueron beneficiados con los recursos provenientes de este fondo, de los cuales 40 recibieron 80 por ciento, mientras que 159 recibieron el restante 20. Para 2015, 190 recibieron los recursos del fondo, y 36 de ellos sólo recibió 80 por ciento de los recursos dirigidos a los municipios.

Ese año, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informó que la recaudación del fondo ascendió a 2 mil 90 millones de pesos, donde los estados que recibieron 80 por ciento de los recursos fueron Sonora, con 29.2 por ciento; Zacatecas, 21.38; Chihuahua, 11.59; Durango, 7.42; y Coahuila, 6.10.

Para 2015, el Fondo Minero recibió poco más de 2 mil 191 millones de pesos, donde nuevamente sólo 5 estados de un total de 24 recibieron 80 por ciento, siendo los mismos que en 2014 pero en diferentes proporciones: Sonora, con 32.17; Zacatecas, 22.11; Chihuahua, 10.37; Durango, 8.13; y Coahuila, 6 por ciento.

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016 se encontró que 46 por ciento de los municipios reportan tener saldos acumulados de 2014 y 2015. Entre ellos se encuentran diversos municipios de Veracruz, Baja California, Nayarit, Tamaulipas y Yucatán. Asimismo, se reportó que 35 por ciento de los municipios tuvo un saldo de 50 por ciento menos de los recursos dados, así como sólo 19 por ciento de los municipios han ejercido entre 51 y otros 100 por ciento de su presupuesto.

Chihuahua es uno de los estados con operatividad minera en varios de sus municipios, por lo que los resultados han sido visibles en la aplicación y ejecución del Fondo Minero, tan solo de 2014 a 2017, se tuvo un incremento de 242 millones 413 mil 629 pesos que pasó a 452 millones 686 mil 369 pesos, que fueron aplicados en rubros de pavimentación, agua potable, techumbres y red eléctrica, principalmente en comunidades de la Sierra Tarahumara.2

Ocampo, Parral, San Francisco del Oro, Matamoros, Satevó, Rosario, Guadalupe y Calvo, Cusihuiriachi, Chínipas, Ascensión, Madera, Urique y Santa Bárbara son algunos de los municipios fortalecidos con la ejecución de los recursos provenientes de este fondo.

Para 2019, en un rediseño de la asignación e implantación de proyectos de desarrollo para las comunidades mineras, se ha propuesto a la Secretaria de Economía, como la encargada de administrar de manera directa los recursos de dicho fondo.

Legislativamente, se ha propuesto reformar la Ley Federal de Derechos, para destinar los recursos a infraestructura en comisarías o unidades policiales, construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares e inversión en proyectos productivos.

En la nueva estrategia del gobierno federal respecto al Fondo Minero, para operar de manera directa y sin intermediarios la ejecución del mismo se hizo a un lado la intervención de los gobiernos de los estados y los municipios, decisión que afectará en un futuro la operación y estrategias en materia de infraestructura de los estados que en sus municipios es preponderante la operatividad minera.

Es importante que los estados y municipios participen en la elaboración de reglas claras y transparentes en la construcción de un desarrollo sustentable e incluyente para continuar mejorando la calidad de vida de los gobernados de cada entidad, sobre todo donde hay gran productividad minera. Por ello, el gobierno debe actuar de acuerdo a la legalidad y la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en beneficio de la sociedad.

Por lo expuesto se someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Economía a considerar en la elaboración y ejecución de las Reglas de Operación correspondientes a 2019 del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros la distribución equitativa de los recursos y la participación de los estados y municipios, a fin de respetar el ejercicio del pacto federal.

Notas

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5490927&fecha=20/07/2017

2 http://fundar.org.mx/mexico/pdf/3.4.Mecanismosparalatransferencia.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y el Metro a implantar un programa integral de mantenimiento y supervisión, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que implementen un programa integral en materia de mantenimiento y supervisión, a fin de brindar un servicio de calidad que garantice condiciones de seguridad para los usuarios, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Sistema de Transporte Colectivo Metro constituye uno de los principales medios de transporte de la Capital del país, debido a que diariamente moviliza a millones de personas a sus centros de trabajo, instalaciones médicas y espacios educativos, deportivos y de recreación, principalmente.

Desafortunadamente, como es del conocimiento público, en las últimas semanas se han suscitado algunos accidentes relacionados con fallas en las escaleras eléctricas, que ponen en riesgo la seguridad e integridad de los usuarios.

En la tarde del pasado martes 5 de marzo, ocho personas resultaron lesionadas por un fallo en las escaleras eléctricas de la estación Metro Mixcoac de la Línea 7, la cual cuenta con 33 años de antigüedad.1

Asimismo, el pasado 8 de febrero, circuló a través de las redes sociales un video en el que se observaba un accidente ocurrido en las instalaciones del Metro Tacubaya, en que se apreciaba a una multitud que no podía avanzar por una de las escaleras eléctricas, debido a una falla mecánica en su sistema.2

Ello ocasionó que algunos usuarios comenzaran a correr en sentido contrario al ver la aglomeración al final de las escaleras, lo que generó confusión y caos, ocasionando además varias caídas tras las que al menos dos personas presentaron contusiones leves.

Al respecto, las autoridades correspondientes informaron que “actualmente están realizando la revisión de todos los aparatos electromecánicos en las 195 estaciones, entre los que se incluyen escaleras y elevadores, con la finalidad de detectar fallas y corregirlas”.

Para poner en su justa dimensión este asunto, cabe señalar los siguientes datos que dan cuenta de la relevancia del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a la vez que resulta importante recordar algunos de sus antecedentes generales, lo cuales explican, en parte, las fallas registradas en diferentes estaciones a lo largo de estos años.

Durante el 2018 el total de pasajeros transportados ascendió a poco más de 1,647 millones. Actualmente, cuenta con 12 líneas, 195 estaciones en la Red, 44 estaciones de correspondencia, 24 estaciones terminales, 127 estaciones de paso, 115 estaciones subterráneas, 54 de superficie y 25 estaciones elevadas.3

Ahora bien, el 29 de abril de 1967, se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto presidencial por el que se creó el Sistema de Transporte Colectivo,4 como un organismo público descentralizado; el 19 de junio de 1967, se inició la obra de construcción de la línea 1; siendo inaugurado el primer tramo de 16 estaciones el 4 de septiembre de 1969 y concluyendo con el tramo Zaragoza-Pantitlán el 22 de agosto de 1984.5

La línea 2 se inauguró en su primera etapa el 1 de agosto de 1970, concluyendo el tramo final el 22 de agosto de 1984. Las demás líneas entre la 3 y la 9, fueron construidas entre los años de 1970 al de 1988; las líneas A y B, por su parte, fueron construidas en el periodo comprendido entre1988 y el año 2000.6

Se trata, pues, de un sistema de transporte con 50 años de antigüedad en su primer tramo, cuyas instalaciones se han venido deteriorando y que, en general, no han contado con un programa permanente de mantenimiento y supervisión, lo que pone en riesgo la integridad y la vida de los usuarios.

En este sentido, la actual directora del metro, Florencia Serranía, declaró en días pasados acerca del pésimo estado que guardan las instalaciones del Sistema Colectivo Metro, que ha “recibido el Metro en una situación verdaderamente deplorable, hemos encontrado operaciones con rafias, trapitos, alambritos, de ahí es de donde cuelga el sistema en alguno de sus elementos electromecánicos, siempre se ha dicho que el metro lo que requiere es dinero, y lo que ha sobrado es eso, es dinero, pero el dinero ha sido mal utilizado, o ha sido utilizado para otros fines que no han sido entregarlos a la infraestructura, hemos sacado toneladas y toneladas de basura, hemos evitado suceso quitando trapitos, estopas, alambritos, rafias, cuestiones inimaginables que han sucedido ahí adentro por falta de procesos de supervisión, esencialmente de negligencia, y que todo al final termina en una palabra; corrupción.”7

Si se cuenta con dinero –como afirma la funcionaria– a los capitalinos nos gustaría saber: ¿Dónde está? ¿Por qué no se ha implementado un programa urgente de mantenimiento y supervisión de las instalaciones de las diferentes líneas que componen el Sistema de Transporte Colectivo Metro? ¿Están esperando a que las fallas mecánicas provoquen más lesionados y que cobren vidas humanas?

A los problemas vinculados con las fallas en escaleras eléctricas, hay que agregar la de luminarias, la de basura acumulada, la lentitud que presentan varias líneas, el ambulantaje y, más grave aún, la inseguridad que ha venido en aumento, lo que hace más compleja y complicada dicha situación.

Bajo este panorama, es necesario y urgente que el gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro, lleven a cabo un programa integral en materia de mantenimiento y supervisión, con el objeto de brindar un servicio de calidad que garantice la seguridad de los millones de usuarios que diariamente hacen uso de este medio de transporte.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que implementen un programa integral en materia de mantenimiento y supervisión, a fin de brindar un servicio de calidad que garantice condiciones de seguridad para los usuarios.

Notas

1 https://lopezdoriga.com/nacional/accidente-en-escaleras-del-metro-mixco ac-deja-al-menos-ocho-lesionados/

2 https://www.chilango.com/noticias/accidente-en-metro-tacubaya/

3 https://www.metro.cdmx.gob.mx/operacion/cifras-de-operacion

4 http://dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4739563&fecha=29/04 /1967&cod_diario=204221

5 https://metro.cdmx.gob.mx/la-red/linea-1

6 https://metro.cdmx.gob.mx/la-red/linea-2

7 https://noticieros.televisa.com/videos/el-metro-se-sostiene-con-alambri tos/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 7 de marzo de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y la Profeco a regular y, en su caso, sancionar el cobro excesivo del arrastre por vehículos de servicio público federal, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Rubén Terán Águila, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía, para su resolución, proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ejercicio de sus atribuciones regulen y en su caso sancionen el cobro excesivo de los vehículos de servicio público federal que ofrecen el servicio de arrastre, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los problemas a los que se enfrenta la ciudadanía en el momento de tener la infortuna de solicitar el servicio de arrastre o salvamiento vehicular, es la incertidumbre que genera la poca información clara y precisa sobre el costo real que representa el uso de este servicio.

Desgraciadamente, son de conocimiento general las irregularidades que existen en el cobro excesivo por parte de los concesionarios del servicio de grúas que poseen placas de las llamadas de servicio público federal.

En ese sentido, el presente punto de acuerdo tiene la finalidad de hacer un llamado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a las Secretarías de Finanzas de los estados, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implanten acciones para regular y sancionar a las empresas concesionarias de grúas que abusan en el cobro por el servicio de arrastre y salvamento, ya que insisto, las tarifas por dichos servicios a pesar de estar publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2017, no son del dominio público y, lamentablemente, la persona que requiere de estos servicios se entera en el momento de mayor apuración, es decir cuando tiene la necesidad imperiosa de recurrir al servicio.

Hay que resaltar que la mayoría de estos vehículos de arrastre usan placas de servicio público federal, lo cual resulta irónico para la ciudadanía, ya que generalmente cuando se llega a la necesidad de hacer uso de este servicio, el usuario se encuentra indefenso ante los abusos por los altos cobros.

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación en el documento llamado “Base tarifaria de los servicios de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos en el autotransporte federal” , se entiende por servicio de arrastre, el que consiste en llevar a cabo las maniobras necesarias e indispensables para enganchar a la grúas vehículos que, estando sobre sus propias ruedas, deban ser trasladados por caminos y puentes de jurisdicción federal, conforme a lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

Asimismo, se entiende por servicio de arrastre y salvamento, el conjunto de maniobras mecánicas y o manuales necesarios para rescatar y colocar sobre la carpeta asfáltica del camino, en condiciones de poder realizar las maniobras propias de su arrastre, a los vehículos accidentados, sus partes o su carga, conforme a lo establecido por el artículo 45 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares.

La tarifa de las maniobras fuera del camino y especiales, serán pactadas o convenidas entre el usuario y el permisionario, con la opción al usuario de seleccionar al prestador del servicio autorizado que mejor convenga a sus intereses.

Las tarifas máximas del servicio de salvamento se aplicarán tomando como base el tiempo efectivo que dure la maniobra de salvamento, la cual se contabilizará desde el momento en que se inicie el salvamento en el lugar del accidente, hasta el momento en que se deje el vehículo o vehículos en condiciones de ser arrastrados, remolcados o transportados.

El tabulador de grúas que contiene la base tarifaria autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la prestación del servicio de arrastre por vehículo que deberá cobrar el permisionario será considerando los elementos y montos máximos siguientes:

El tabulador de grúas que contiene la base tarifaria autorizada por la Secretaría para la prestación del servicio de salvamento por vehículo que deberá cobrar el permisionario será considerando los elementos y montos máximos siguientes:

De acuerdo a los tabuladores antes mencionados, en promedio, el costo por kilómetro por el servicio de arrastre es de 685 pesos y el promedio del costo por hora de servicio de arrastre y salvamento es de 1545 pesos.1

Los cobros establecidos en el tabulador de grúas que contiene la presente Base tarifaria se aplicarán tomando en consideración el kilometraje recorrido en el arrastre o del vehículo que sea objeto del servicio, desde el punto de enganche hasta su destino, considerando el recorrido al lugar de basificación.

En algunos casos el costo real que se muestra en los tabuladores no tiene relación con los cobros excesivos que la ciudadanía manifiesta.

En Tlaxcala el abuso en las tarifas excesivas por parte de los servicios de grúas es un problema que aqueja a la ciudadanía, pues el servicio es irregular y algunas de las empresas que operan, no exhiben adecuadamente ni los permisos, si es que lo tienen, ni las tarifas.

Pues como ejemplo, hubo un caso en el que un transportista que sufrió un accidente de tránsito le cobraron la cantidad de 53 mil pesos por el servicio de grúa, y después de presentar una queja la cantidad bajo a 19 mil pesos2 .

Existen infinidad de ejemplos de cobros excesivos, por ejemplo, el suscrito al utilizar este servicio de grúas por aproximadamente 3 kilómetros tuvo que pagar la cantidad de 5 mil pesos.

Considero que este tipo de prácticas indebidas deben ser duramente sancionadas.

Asimismo, es importante que instituciones como la Procuraduría Federal del Consumidor, este atenta para dar mayor difusión sobre cuáles son las tarifas oficiales, y de esta manera los ciudadanos tengan más herramientas en el momento de requerir este tipo de servicios y que también puedan participar en la identificación de empresas que incurran en estas acciones.

Exhortamos asimismo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya que de ella depende la Dirección General de Autotransporte Federal, que es la responsable de aprobar y publicar las tarifas correspondientes de estos servicios, además de llevar un censo de los vehículos que poseen placas de servicio público federal.

Cabe mencionar que, esta situación no es exclusiva del Estado de Tlaxcala, pues en el resto de las entidades también existe el reclamo ante la opacidad de los contratos de las concesiones y el cobro excesivo a conveniencia.

Por lo tanto, este punto de acuerdo busca garantizar las condiciones necesarias y razonables para que las empresas encargadas del servicio de arrastre o salvamento se ajusten a una realidad donde ya no se permite la opacidad y los abusos hacia la ciudadanía.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en el ámbito de sus facultades regulen y en su caso sancionen el cobro excesivo de las empresas y vehículos de servicio público federal que ofrecen el servicio de arrastre.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que, en el ámbito de sus facultades obliguen a estas empresas para que publiquen de manera masiva las tarifas oficiales, y las tengan a la vista del público, tanto en sus oficinas como en sus unidades y en caso de no hacerlo, lo sancionen.

Tercero. Se exhorta de manera respetuosa a las representaciones estatales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Procuraduría Federal del Consumidor, realicen acciones similares a las enunciadas en los puntos primero y segundo del presente punto de acuerdo.

Notas

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5473224&fecha=28/02/2 017

2 Denuncia asociación que el servicio de grúas en Tlaxcala es irregular y costoso. http://www.zonacritica.mx/nota/10867/denuncia-asociacin-que-el-servicio -de-gras-en-tlaxcala-es-irregular-y-costoso-

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputado Rubén Terán Águila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al SAT a unificar por la SHCP y el Banxico las cifras de las donaciones obtenidas por personas físicas y morales nacionales e internacionales realizadas por cualquier medio destinado a ayudar a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción l, 62, 65 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado 7 de septiembre de 2017, el Servicio Sismológico Nacional, registró un sismo de 8.2 grados en la escala de Richter a las 23 horas con 49 minutos, sismo que afecto a Oaxaca y Chiapas.

El 19 de septiembre de 2017, nuevamente el Servicio Sismológico Nacional, registro a las 13 horas con 14 minutos, con un grado 7.1, el cual afecto a Morelos, Puebla, Guerrero y a la Ciudad de México.1

De estos acontecimientos naturales, en cifras oficiales 369 personas fallecieron. Siendo la Ciudad de México la más afectada con 228 víctimas mortales, Morelos 74, Puebla 45, estado de México 15, Guerrero 6 y Oaxaca 1. Lo que género que varios países se solidarizaran con México no sólo con palabras de aliento sino con apoyos económicos.

Así en una muestra de solidaridad con México, por parte de empresas internacionales, en relación a los desafortunados hechos acontecidos, ya mencionados, en la suma de esfuerzos se realizaron donativos monetarios, por parte de las empresas que a continuación se describen:

Compañía Donación

Samsung 1 millón 120 mil 166 dólares
Google 1 millón de dólares

Apple 1 millón de dólares
Facebook 1 millón de dólares

AT&T 1 millón de dólares
Uber 280 mil 398 dólares

Total 5 millones 400 mil 564 dólares

Por otra parte, organizaciones civiles y religiosas, mostraron su apoyo, como, por ejemplo:

• El Vaticano, a través del dicaster para el servicio de desarrollo humano integral, estableció enviar una primera contribución, de 150 mil dólares, para ayudar a las poblaciones en esta fase de emergencia2 .

• La organización Adveniat de la Iglesia católica de Alemania informó de la donación por 20 mil euros, en carácter de urgencia para ayudar en México a las labores de rescate y de suministro para la población afectada.

• La Cruz Roja de Alemania abrió una cuenta para donativos en favor de México por gestión del embajador de México en Alemania, Rogelio Granguillhome, a fin de recabar recursos para los afectados por los sismos.

• El Banco de Desarrollo de América Latina, aprobó una donación inmediata de 200 mil dólares.

• La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Republica Popular China, aportó un millón de dólares.

De este modo, artistas de fama internacional, también se sumaron a la causa.

• La banda musical mexicana, Maná, optó por donar la cantidad de 3.5 millones de pesos, a través de la Fundación Carlos Slim, dicha cantidad se multiplicará por cinco, gracias al programa de la fundación.

• La actriz y productora Salma Hayek y la cantante Thalía, cada una dono 100 mil dólares a través del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, mejor conocido por sus siglas en inglés de Unicef.

• El actor y productor, Leonardo Dicaprio dono 1 millón de dólares; Sergio “Checo” Pérez, 3 millones de pesos, por medio de la Fundación Carlos Slim, Katy Perry, Shawn Mendes, Javier “Chicharito” Hernández y Miguel Layun, también anunciaron sus donaciones.

En México, diferentes instituciones bancarias y fundaciones se unieron, en cada uno de sus frentes aportaron desde 1 a 5 pesos, por cada peso que se donó por esta causa.

Banorte

Programa: 1 por 1
Clabe Interbancaria: 072-580-0000-0000019 2
Cuenta 000-000-0019

Citibanamex

Programa: 1 por 1
Clabe Interbancaria: 002 180 010 000 001 205
Desde el extranjero SWIFT BNMXMXMM
Clabe: 002 180 010 000 001 205

BBVA Bancomer

Dono 10 millones de pesos, y abrió sus cuentas
Cuenta 0404040406
Cruz Roja Mexicana IAP
Clabe 012180004040404062

Fundación Carlos Slim, Fundación Telmex Telcel, así como Telcel y Telmex

Programa: 1 por 5
Banco Imbursa, SA.
Cuenta: 11111111111
Cuenta Clabe: 036180111111111111

Nombre Fundación Carlos Slim

De igual manera, Grupo Pachuca, conformado por los tres equipos profesionales del futbol mexicano, dono 4.5 millones de pesos.

También, los partidos políticos, aportaron; por ejemplo, el Partido Acción Nacional, apoyo con una primera donación de 50 millones de pesos.

Y desde luego la gran participación ciudadana, que fue realmente emotiva, ya que las donaciones no se hicieron esperar, tanto monetariamente, como en especie, por medio de víveres y herramientas funcionales para la búsqueda y rescate.

Es importante mencionar todo lo anterior, sin fines políticos, ni promocionales de ningún tipo y es simple y concretamente para poder señalar y especificar, cuanto y por medio de donde se realizaron algunos de los muchos donativos.

Aún con todos los esfuerzos, y todo el dinero donado, con el fin de ayudar a los ciudadanos que muy desafortunadamente perdieron familia, su hogar y su fuente de trabajo.

A pesar de esto, el entonces jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en el “primer informe de la afectación de la actividad económica después del sismo del 19 de septiembre”. Anunció que según al plan elaborado en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico y el Fondo para el Desarrollo Social de la Capital del País, conocida como Fondeso, se otorgarían “microcréditos” para “apoyar” a pequeñas y medianas empresas que resultaron afectadas3 .

Es necesario velar por los intereses y necesidades de todas las personas, y más en situaciones de urgencia como las que atraviesa el país, es bajo este mismo tenor que tenemos que hacer ver al gobierno de la Ciudad de México, así como al gobierno federal, que los damnificados no necesitan “microcréditos”, necesitan que se les otorgue el dinero que los ciudadanos donaron para ellos. El dinero no fue donado para financiar a los bancos y que “ayuden” a la gente afectada, a adquirir una nueva deuda.

A un año de los sismos, y como parte de la falta de apoyo se creó el colectivo de Damnificados Unidos por la Ciudad de México –que agrupa a familias afectadas por el sismo del 19 de septiembre– quienes denunciaron ante el Senado de la República, mediante una carta entregada en la Oficialía de Partes, que las donaciones de organizaciones sociales internacionales y nacionales no han llegado a los vecinos afectados, además de la falta de transparencia en el ejercicio de dichos recursos.

Lo que se pretende con esta proposición con punto de acuerdo es que las instituciones autorizadas para solicitar cuentas, hagan pública una lista actualizada, donde se especifiquen los montos donados y el total, y se actualice periódicamente.

Por lo expuesto y debidamente fundado es que se propone los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente, al Servicio de Administración Tributaria, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México, para que, en ejercicio de sus facultades, homogenicen las cifras de las donaciones obtenidas por personas físicas y morales, tanto nacionales como internacionales, realizadas por cualquier medio destinado a la noble causa de ayudar a los damnificados de los sismos ocurridos recientemente en el país, los días 7 y 19 de septiembre de 2017.

Segundo. Se exhorta a los entes anteriormente mencionados informen a la opinión pública, de manera detallada, el destino concedido al dinero que llegó al país mediante dichas donaciones y, además, detallen el listado que contenga a cada uno de los beneficiarios que recibieron el apoyo.

Notas

1 Servicio Sismológico Nacional, Instituto de Geofísica, UNAM. Circuito de la Investigación Científica s/n, Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, C.P. 04510, Ciudad de México. Sitio web administrado por: Servicio Sismológico Nacional, webmaster@sismologico.unam.mx

2 Según un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano, 20 Sep. 17 / 01:29 pm.

3 http://www.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/
otorgara-gobierno-de-cdmx-creditos-hasta-por-3-mdp-para-reactivar-economia-de-negocios-afectados-por-sismo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP a dar certeza jurídica a la situación laboral de los docentes adscritos a los centros de atención a estudiantes con discapacidad y su participación en el sistema educativo nacional, a cargo de la diputada Raquel Bonilla Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y la fracción III del numeral 2 del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a dar certeza jurídica sobre la situación laboral que presentan los docentes adscritos a los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED), así como su participación dentro del Sistema Nacional Educativo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las problemáticas que se han presentado dentro del sistema educativo es la exclusión social. Nuestro país ha invertido en políticas sociales destinadas a la población que se encuentra con altos índices de pobreza en contextos de vulnerabilidad o en condiciones y características específicas que los colocan en riesgo de ser excluidos, ocasionando su difícil acceso a los servicios educativos que oferta el sistema nacional educativo del país, sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes.

Es oportuno recordar que nuestra Carta Magna, en el artículo 3, garantiza que todo individuo pueda tener el derecho a la educación de calidad y, para ello, el Estado deberá asegurar “el acceso universal de todos los niños y jóvenes a escuelas bien equipadas en términos de sus condiciones materiales y recursos humanos, asimismo, debe garantizar que los alumnos permanezcan en las aulas, transiten oportunamente entre grados y niveles educativos, y adquieran una formación integral y aprendizajes significativos. De ello se desprende que la educación es un derecho universal para todos los seres humanos, sin discriminación, en donde es primordial erradicar la inequidad, además de promover sociedades más justas, igualitarias y democráticas.

Con la educación inclusiva se garantiza que todas las niñas y niños, así como los jóvenes con y sin discapacidad o dificultades de aprendizaje obtengan conocimientos en las diversas instituciones educativas con un área de soporte apropiada. La educación inclusiva es un proceso orientado a responder a la diversidad del alumnado, incrementando su participación en la cultura, el currículo y las comunidades de las escuelas, reduciendo la exclusión en y desde la educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de aprendizaje de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en riesgo de ser marginados.1

Para la Organización de Estados Iberoamericanos, el concepto de inclusión educativa ha evolucionado en los últimos años, suele asociarse con estudiantes que viven en situaciones de alta pobreza o que tienen necesidades especiales. Con la inclusión se logrará un mayor acceso a los servicios educativos de calidad sin discriminación alguna, considerando a las niñas y niños con discapacidad, poblaciones indígenas, poblaciones rurales, migrantes o estudiantes que han abandonado el sistema educativo.

Sin embargo, en nuestro país existe una problemática que se centra en las instituciones de educación de nivel medio superior que atienden a la población en situación vulnerable con discapacidad, en razón de que están presentando dificultades para ofrecer los servicios educativos, así como insuficiencia en la infraestructura y equipamiento.

Los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED) están enfocados a atender a las personas con discapacidad con deseos de iniciar o concluir este ciclo de formación, entre las ventajas que ofrece esta modalidad, es la posibilidad de combinar los estudios con otras actividades; su ingreso a la preparatoria abierta no exige límite de edad; los servicios son gratuitos; se otorgan becas educativas a estudiantes inscritos en esta modalidad; para concluir el ciclo escolar no se establece límite de tiempo; la inscripción no implica examen de admisión; y cada asignatura o módulo está a cargo de un asesor especializado. Al concluir se otorga un certificado de terminación de estudios de bachillerato general.2

La cobertura de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) están ubicados en diferentes planteles de carácter federal, actualmente existen 355 en toda la República Mexicana, dispersos entre la Dirección General del Bachillerato (DGB); la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM); la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT); y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI).3

Es preciso expresar que, en esta modalidad, los estudiantes disponen de diversos recursos didácticos, entre los cuales se encuentran textos en Braille, regletas, punzones, materiales educativos termo formado para alto y bajo relieve, recursos multimedia sobre diversos temas y software especializado, entre otros, encaminados a alcanzar el máximo aprendizaje. Asimismo con un equipo de docentes profesionales y con los conocimientos adecuados en los contenidos para transmitir los conocimientos que se requieren en lectoescritura braille, lengua de señas mexicana y sensibilización a la discapacidad, entre otros temas.

Los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad están basados en el acuerdo 445 de la SEP, que contempla la certificación del bachillerado por evaluaciones parciales.4

Recientemente un número significativo de docentes adscritos a los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) han exigido la intervención de diversas autoridades federales y estatales, a fin de que a la brevedad sea regularizada su situación correspondiente a sus pagos, asimismo se mejoren sus condiciones laborales.

A través de diversas acciones emprendidas por los profesores del estado de Veracruz de Ignacio de Llave, en donde se cuentan con 20 Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, han precisado y denunciado que les ha sido imposible acceder a una plaza fija y pagos constantes, de igual manera, no cuentan con ninguna prestación. Estos profesores laboran durante 30 horas a la semana en la modalidad de preparatoria abierta, por ello reclaman que las autoridades educativas del país regularicen su situación laboral, la cual se acordó mediante el Acuerdo SEP 138.5

Los docentes de los CAED de todo el país padecen la misma situación, no cuentan con plaza ni servicios médicos, ni prestaciones, es decir sólo tienen su salario mensual, el cual, en varias ocasiones presentan retrasos.

Ante este escenario, como representantes populares debemos escuchar sus reclamos y asumir con responsabilidad la preocupación que genera esta situación de precariedad laboral, a pesar de ello, nunca han dejado de asistir a sus labores, debido a su alto profesionalismo de lograr que los jóvenes con discapacidad que desean obtener sus estudios de bachillerato, lo obtengan.

En ese sentido, como legisladores demandamos la urgente atención con el objetivo de no afectar a miles de estudiantes que podrían quedarse sin acceso al servicio educativo en la modalidad de sistema abierto, principalmente la relacionada a la población en situación de vulnerabilidad y exclusión educativa, así como a personas con discapacidad.6

La inclusión educativa es necesaria para dotar a la población con vulnerabilidad y barreras de aprendizaje, todas las herramientas para concluir sus estudios. Es premisa fundamental de toda sociedad, es un derecho de acceder al aprendizaje independientemente de sus características personales, condiciones, necesidades y potencialidades.

Por todo lo anteriormente expresado, presento ante el pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública a dar certeza jurídica sobre la situación laboral que presentan los docentes adscritos a los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad, así como su participación dentro del Sistema Nacional Educativo.

Segundo: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para coordinarse con su homóloga en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a que en el ámbito de sus respectivas competencias atiendan a la brevedad la situación laboral que presentan los docentes adscritos a los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED), así como su participación dentro del Sistema Nacional Educativo.

Notas

1 Marchesi A., Metas Educativas 2021. Avances y desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica, Organización de Estados Iberoamericanos, Madrid, España, 2014.

2 http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11816/7/images/ficha-c aed.pdf

3 http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11816/7/images/ficha-c aed.pdf

4 http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/11816/8/images/caed.pd f

5 Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), informa que, a más tardar el 20 de mayo próximo, se regularizarán los pagos del personal de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED). Para brindar mejores condiciones laborales, la SEMS se ha propuesto asignar plazas no docentes a los profesionistas que cumplan con los requisitos de escolaridad y experiencia. Las bases, para la asignación de plazas, se darán a conocer en próxima fecha. Los CAED son una opción educativa de bachillerato no escolarizado, en el que las inscripciones se pueden realizar en cualquier momento del año; no se requiere examen de admisión y no hay límite de edad para incorporarse. Los únicos requisitos para el ingreso son: presentar un certificado de educación básica y un certificado médico, que haga constar que el alumno tiene alguna discapacidad. La SEP reconoce a los mil 515 asesores que brindan los servicios educativos, de manera ininterrumpida, en los 291 CAED, en beneficio de 23 mil 892 estudiantes. Comunicado 138.- Se regularizará el pago al personal de los CAED: SEP,

https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-138-se-regulari zara-el-pago-al-personal-de-los-caed-sep

6 La falta de inclusión y de equidad incide en el fracaso escolar y se manifiesta en el abandono escolar, pues en promedio, 20 por ciento de los adultos jóvenes dejan los estudios sin completar la educación media superior. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Equidad y Calidad de la Educación. Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja, 2012, disponible en https://www.ceapa.es///sites/default/files/documentos/Resumen%20informe %20OCDE%202012%20-%20Equidad%20y%20calidad.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputada Raquel Bonilla Herrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a efecto de establecer una mesa de diálogo y acuerdos donde se revise la fórmula de cálculo de las tarifas de electricidad en Chiapas y analizar la posibilidad de establecer una de carácter social para hogares y servicios públicos municipales, a cargo del diputado Miguel Prado de los Santos, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado federal Miguel Prado de los Santos , integrante del Grupo Parlamentario del Morena en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

En Chiapas existe una serie de movimientos populares, unos permanentes y otros recurrentes, en distintas regiones del estado (Norte, Selva, Istmo Costa, Sierra, Altos, Soconusco, Los Altos, Bosques, entre otras) que promueven la llamada “resistencia al pago de altas tarifas de Comisión Federal de Electricidad (CFE)”. A este movimiento incluso distintos gobiernos municipales se han sumado, con el consecuente desgaste de la imagen y aceptación de la CFE en la entidad, amén de la merma de sus finanzas, la complicación de sus operaciones y hasta la ocurrencia de enfrentamientos.

Estos movimientos de resistencia comenzaron en Chiapas en la década de los noventa del siglo pasado, justamente con base en el argumento de que la entidad es una de las principales generadoras de energía, y aun así los habitantes de las zonas donde se produce este recurso pagan por su uso costos que son considerados excesivos.

El gobierno de Chiapas desplegó en 1995 el programa Una Luz Amiga, que habría de beneficiar a los usuarios de tarifas domésticas según los consumos bimestrales por kilovatio-hora.

En 2003 aplicó el programa Vida Mejor durante de tres años, donde aportó 60 millones de pesos del subsidio. Este programa se prorrogó hasta septiembre de 2008.

En 2009 la administración estatal anunció la prolongación del subsidio a través del programa Luz Solidaria, misma que concluyó en 2012.

Si comparamos el ingreso laboral per cápita de Chiapas, observamos que éste representa aproximadamente el 40 por ciento del ingreso en la Ciudad de México y el 38 por ciento del de Nuevo León, por lo que para pagar la tarifa de energía eléctrica un chiapaneco debe trabajar entre 2.5 y 3.2 veces más que un habitante de la capital del país o de Nuevo León, si partiéramos del hecho de que la tarifa y el consumo fueran los mismos.

Sin embargo, las tarifas existentes dependen en su mayoría de criterios como las temperaturas medias mínimas, lo que beneficia a las entidades que presentan temperaturas extremas y donde Chiapas resulta pobremente beneficiada.

Tarifas en las que, de acuerdo a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía en su artículo 3, participa en su determinación la propia Comisión Reguladora de Energía.

“Artículo 3. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las atribuciones siguientes:

I. Participar en la determinación de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica;”

En días recientes me reuní con un número importante de presidentes municipales de la Costa de Chiapas y funcionarios de la CFE con el objeto de analizar los temas de pagos, adeudos, calidad de servicio y tarifas.

De esa reunión de trabajo, salí con la firme idea de que es necesario considerar un replanteamiento social de las tarifas de energía eléctrica, particularmente para estados como Chiapas, que por una parte aportan grandes cantidades de energía al sistema eléctrico del país y por el otro tienen tarifas proporcionalmente más caras si se toma en cuenta el nivel de ingreso de la población, ya que en su mayoría es rural, lo que representa que su consumo sea menor, es por ello que, resulta necesario analizar y revisar las tarifas de consumo.

Con base a estos antecedentes, es de considerarse la necesidad de un amplio programa de acercamiento de la CFE y de la Comisión Reguladora de energía con estados como Chiapas y desplegar acciones para disminuir el sentimiento de abuso de la federación con la entidad y plantear alternativas en la revisión de tarifas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad, a la Comisión Reguladora de Energía y a las autoridades estatales y municipales del estado de Chiapas, a que, junto con una representación de esta soberanía, establezcan una mesa de diálogo y acuerdos a fin de revisar la fórmula de cálculo de las tarifas de energía eléctrica en la entidad y analizar la posibilidad de establecer una tarifa social para hogares y servicios públicos municipales.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los siete días de marzo de 2019.

Diputado Miguel Prado de los Santos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y el Senado a ratificar el Convenio número 189 de la OIT, sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, en México aún existe una gran deuda con todas las mujeres de este país. Aunado a esto, un sector que se ha visto desprotegido en sus derechos es el de las y los trabajadores domésticos. Al verse desprotegidos de sus derechos, estas viven socialmente una situación de discriminación, desvalorización, carencia de condiciones laborales favorables así como la falta de organización para la protección y cumplimiento de sus derechos.1

En México existen más de 2.4 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado y no remunerado “en ambos casos se trata hoy de una labor invisible, sin reconocimiento social, con jornadas largas, desvaloradas y ocultas” (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, 2015), de estas 90 por ciento son mujeres, de las cuales la mayoría son indígenas. Durante 2017, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados alcanzó un nivel equivalente a 5.1 billones de pesos.2

Esto nos indica que la aportación que tiene este sector dentro del producto interno bruto (PIB) es significativa. Y según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), 99 de cada 100 de las y los ocupados subordinados y asalariados en trabajo doméstico laboran sin un contrato escrito.3

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define al trabajo doméstico como:

“Aquel realizado en un domicilio particular, el hogar, en el marco de una relación de trabajo por la que la persona empleada recibe una remuneración. Los y las trabajadoras domésticas pueden laborar a tiempo completo o tiempo parcial, pueden trabajar para un solo empleador o para varios, pueden habitar en la casa del empleador (trabajo “puertas-adentro” o “cama-adentro”) o en su propia residencia (“trabajo puertas-afuera” o “cama-afuera”), o bien pueden trabajar en el extranjero. En cualquier caso, una característica fundamental asociada con esta relación laboral es que el empleador no obtiene ninguna ganancia económica o interés comercial asociado con las tareas que realiza el o la trabajadora”.4

México desde su incorporación a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha tenido un trabajo muy activo “...al ser miembro admitido el 12 de septiembre de 1931, adquiriendo con ello las obligaciones y derechos a que deben sujetarse cada uno de los miembros”.5 Con su incorporación, México se ha apoyado de la OIT para tener grandes avances en el mejoramiento de las condiciones laborales de todos los mexicanos.

Con la participación de México en la OIT, se ha fortalecido su papel dentro de la dinámica mundial, haciendo así que los intereses que se tiene se vean reflejados en los tratados que son celebrados conjuntamente con la OIT.

Es importante destacar que de los 185 convenios que tiene la OIT, México sólo ha ratificado 80.

Estos convenios abarcan importantes aspectos del ámbito laboral como son:6

1. Empleo
2. Condiciones de trabajo
3. Salarios

4. Seguridad social
5. Trabajo de las mujeres y los menores
6. Libertad sindical

7. Administración e inspección en el trabajo
8. Consulta tripartita
9. Trabajo portuario y de la gente de mar

10. Trabajadores migrantes
11. Entre otros

Por otra lado, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) es el instrumento internacional más amplio sobre los derechos humanos de las mujeres y niñas, adoptado en forma unánime por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificado por México el 23 de marzo de 1981.7

En las Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México (CEDAW/C/MEX/9), aprobadas por el Comité en su 70 período de sesiones (del 2 al 20 de julio de 2018)8 de la CEDAW, expresó de forma positiva algunas de las medidas y esfuerzos que el Estado mexicano ha tomado en cuanto regulación en materia legislativa en pro de las mujeres y la ratificación en 2015 del Convenio sobre la Edad Mínima, 1973 (número 138) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Asimismo, el Comité observó con preocupación, entre otras cosas, lo relativo a trabajadoras y trabajadores domésticos. Dentro de sus observaciones en cuanto empleo destacó lo siguiente:

d) La situación de precariedad en que se encuentran las trabajadoras domésticas, que, por término medio, ganan menos de la mitad del salario mínimo, no pueden acceder a la seguridad social ni a prestaciones de salud y no están amparadas jurídicamente por la Ley Federal del Trabajo.

Por lo cual recomendó que:

d) Reforme la Ley Federal del Trabajo para dar cobertura a los trabajadores domésticos, realice inspecciones de trabajo periódicas en domicilios privados y ratifique el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, 2011 (número 189) de la OIT con carácter prioritario .

Por lo cual es importante que México ratifique el Convenio número 189 de la OIT, para hacer valer el fundamento constitucional del derecho de trabajo , plasmado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicano. Si bien, México no está obligado a ratificar el Convenio, hacerlo resultaría de gran importancia para asegurar y mejorar los derechos mínimos laborales que todo trabajador y trabajadora doméstica debe gozar.

La Ley sobre la Celebración de Tratados en su artículo 2, fracción V, indica lo siguiente: “Ratificación”, “adhesión” o “aceptación”: el acto por el cual los Estados Unidos Mexicanos hacen constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Y para que el presente convenio adquiera la ratificación debe pasar por el Senado ya que está dentro de sus facultades que le otorga la Constitución en el artículo 76, fracción I.

Con esta ratificación, México adquiriría un compromiso formal con el cual debe aplicar todas las obligaciones establecidas en el Convenio y, a su vez, informar periódicamente a la OIT sobre las medidas adoptadas en el sentido del Convenio. Una vez realizada la ratificación del Convenio 189, se empezarían a analizar los beneficios, que traería consigo la ratificación, como:

• La promoción y protección de los derechos humanos de las trabajadoras y trabajadores domésticos.

• La protección efectiva contra todas las formas de abuso, acoso y violencia.

• Un contrato de trabajo –preferentemente– por escrito para las y los trabajadores domésticos, así mismo, serían informados de sus términos y condiciones de empleo en una manera que sea fácilmente comprensible.

• Respecto a las horas de trabajo, se garantizaría la igualdad de trato entre trabajadoras y trabajadores domésticos en general con respecto a las horas normales de trabajo, así como compensación por horas extras, periodos de descanso diario y semanal, y vacaciones pagadas anuales.

• Referente a la remuneración, se establecería lo siguiente:

- La fijación de un salario mínimo.

- El pago del salario sería realizado directamente al trabajador, y en intervalos regulares de no más de un mes. Además, podría ser a través de un cheque o transferencia bancaria cuando lo permita la ley y con consentimiento del o la trabajadora.

- El pago en especie estaría permitido bajo tres condiciones: si es sólo una parte limitada de la remuneración total, si el valor monetario es justo y razonable, si los artículos o servicios entregados como pago en especie son de uso y beneficios personal de trabajadoras y trabajadores. Lo que significa que los uniformes o equipos de protección no se deben considerar como pago en especie, sino como herramientas que el empleador debe proporcionar a las y los trabajadores para desempeño de sus funciones.

• Concerniente a la seguridad y salud deben gozar del derecho a un trabajo seguro y un ambiente laboral saludable. Así también, se debe poner en marcha medidas para garantizar la salud y seguridad ocupacional de los trabajadores.

• La seguridad social también sufriría un gran cambio, ya que los trabajadores domésticos pasarían de pertenecer al régimen voluntario para incorporarse, al régimen obligatorio del seguro social, con todas las prestaciones que incluye dicho régimen.9 y 10 Es importante también destacar que el 5 de diciembre de 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sentenció como discriminatorio que los y las trabajadores del hogar se encuentren excluidas de la seguridad social. A través de un proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán se determinó que “el que los patrones no estén obligados a inscribir a los trabajadores domésticos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), constituye un trato discriminatorio y por tanto es inconstitucional.”11

Con esto la SCJN indicó que, durante el primer semestre de 2019, el IMSS debía implementar un programa piloto para que las y los trabajadores del hogar gozarán de un régimen especial de seguridad social. Y así, en un plazo no mayor de 18 meses el IMSS deberá proponer al Congreso de la Unión las adecuaciones legales necesarias para la incorporación formal del nuevo sistema especial de seguridad social.12

Aunado a esto, dentro del nuevo paradigma en el que se encuentra México, la nueva administración del IMSS, acató la sentencia de la SCJN, el 30 de enero presentó el plan para incorporar a este sector a la seguridad social y en fechas recientes anunció que el plan se encuentra en su segunda fase y que, para finales de marzo o principios de abril, podría arrancar la prueba piloto de afiliación de las y los trabajadores del hogar.

Con este nuevo paradigma, se puede destacar que el cambio está a favor de este sector de trabajadores y trabajadoras domésticas, por lo tanto, la ratificación podría significarse como un avance mayor en la protección de los derechos de todas y todos los trabajadores domésticos. Especialmente, hacia 90 por ciento de mujeres que laboran dentro de este sector.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Ejecutivo federal y a la honorable Cámara de Senadores la ratificación del Convenio número 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo.

Notas

1 Estudio Diagnóstico sobre las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras domésticas remuneradas en la CDMX, Consultado el 25 de febrero de 2019 en

http://data.evalua.cdmx.gob.mx/docs/estudios/ESTUDIO%20D IAGNSTICO%20TRAB%20DOMESTICAS%20con%20portada.pdf

2 Inegi, Trabajo no Remunerado de los Hogares, consultado el 25 de febrero de 2019 en https://www.inegi.org.mx/temas/tnrh/default.html#Publicaciones

3 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/07/20/mexico-90-los-trab ajadores-domesticas-mujeres-inegi.html

4 OIT, Documentos de política y de protección social, consultado el 25 de febrero de 2019 en

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO: :P12100_INSTRUMEMT_ID,P12100_LANG_CODE:2551460,es:NO

5 Secretaría del Trabajo y Previsión Social. México y la Organización Internacional del Trabajo, México, 2002, p. 34

6 Coronado, H. M. Y., (2009), Las ventajas de México como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, Tesis, UNAM, p.41

7 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, consultado el 25 de febrero de 2019 en

https://www.gob.mx/conavim/articulos/las-recomendaciones -del-comite-cedaw-a-mexico

8 Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, consultado el 25 de febrero de 2019 en

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/
FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgOTxO5cLIZ0CwAvhyns%2byKw2i7qkbMaG3UCjqXsIricGgeOJw9vpk
T91UJaBTGrVxI%2bmXBkJU3DASwO%2bmZlkRmxvXQRujj9QNCw1mXev40h

9 Convenio 189 Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos, OIT.

10 Hernández, R. V., (2016), La ratificación del Convenio 189 de la OIT: la seguridad social de trabajadores domésticos, Tesis, UNAM, pág. 102-104.

11 https://www.excelsior.com.mx/nacional/discriminatorio-excluir-a-trabaja dores-domesticos-del-imss-scjn/1282937

12 Ibíd.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de implantar un programa permanente de protección, vigilancia y patrullaje de plataformas e instalaciones petroleras y de buque de Pemex para prevenir y erradicar el robo de combustible y bienes en alta mar y costas de la república, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esa honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina, así como de la Fiscalía General de la República, a implementar a la brevedad un programa permanente de protección, vigilancia y patrullaje de plataformas e instalaciones petroleras y de buques de Pemex, para prevenir y erradicar el robo de combustible y de bienes en alta mar y en costas de la República Mexicana, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

Uno de los retos más fuertes y que se ha enfrentado con suma firmeza por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y las dependencias públicas a su cargo, es la lucha y combate contra el robo de combustibles o práctica del “huachicoleo”.

Este fenómeno delictivo fue heredado a la actual administración de los gobiernos anteriores que permanecieron sumisos, inactivos, permisivos, sumamente tolerantes, en contubernio, hacia el robo de combustible realizado por los sujetos que participaban en dicha conducta delictiva y que eran tanto funcionarios y empleados públicos, particulares y grupos delictivos.

A través de información dada a conocer por instancias del gobierno y por indagación de medios noticiosos, la opinión pública ha podido saber que el robo de combustible en perjuicio de las y los mexicanos y de nuestra nación, se realiza de diversas formas, no sólo se efectúa del modo tradicional a través de la perforación y ordeña de ductos, asalto a pipas, sabotaje y vandalización de la red de explotación, producción y distribución de Pemex, sino que últimamente se ha tenido noticia de que los grupos delictivos han encontrado otra forma de robarlo y esto es llevado a cabo en altamar por personas que a bordo de embarcaciones rápidas y con armamento, asaltan las plataformas e instalaciones y embarcaciones de dicha empresa productiva del Estado situadas en aguas del Golfo de México.

Podríamos identificarlos como “piratas huachicoleros” que atacan y asaltan los buques cargueros o buques tanques y que una vez que han sometido a las tripulaciones, a través de mangueras les extraen el combustible, estos casos se han dado reiteradamente en las costas de Campeche y Tabasco.

La otra forma de operar de estos “piratas huachicoleros”, es realizando abordaje con violencia a las plataformas petroleras, aprovechando que dichas instalaciones se encuentran en altamar, aisladas y en indefensión, ya que el personal que labora en las mismas se encuentra expuesto y sin formas de repeler el robo y agresión de estos delincuentes.

Esta nueva modalidad de robo de combustible se ha suscitado por lo menos unas trescientas veces desde 2017, pero en los últimos meses estos ladrones se apoderan de equipo, materiales y objetos de valor, hidrocarburos procesados o en crudo y el número de asaltantes y de lanchas rápidas con las que llevan a cabo sus fechorías cada vez va en aumento, así como el nivel de agresividad y violencia del que se valen estos sujetos para realizar dichas conductas.

Ejemplo de las plataformas petroleras que han sido más asaltadas y de donde se ha sustraído ilícitamente hidrocarburos en gran medida, es la sonda de Campeche y las más afectadas son Bolontiku, Kab, Kix, May, Sinan y Tsimin, que son parte de la región marina suroeste del golfo de México, que abarca 11 mil kilómetros cuadrados de aguas profundas donde existen diversos yacimientos de hidrocarburos, también han sufrido los ataques de los “piratas huachicoleros” en menor medida las zonas marítimas del noroeste, donde se encuentra el complejo Cantarell, y la de suroeste, entre los litorales de Campeche y Tabasco.

Aunque Pemex ha tratado de reforzar la seguridad en sus buques y en plataformas e instalaciones de altamar, y la Secretaría de Marina ha tratado de perseguir a los grupos delictivos, no se ha podido inhibir el robo de combustible y de otros bienes a manos de los “piratas huachicoleros”, situación que deben enfrentar a la brevedad diversas dependencias de la administración pública federal y de la Fiscalía General de la República.

Son muchos los efectos negativos y perjudiciales que genera el robo de combustible en cualquiera de sus modalidades al patrimonio y economía nacional, y es un problema que debe atacarse con todo el rigor y el peso de la ley desde la raíz, es decir, desde la corrupción en que incurrieron servidores y empleados públicos de administraciones anteriores, concesionarios de gasolineras, diversos particulares que han comprado combustible robado, así como la participación de grupos delincuenciales que han provocado accidentes, muertes, daños materiales y diversas afectaciones.

Derivado de los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con total respeto a la colaboración que debe imperar entre los Poderes de la Unión, exhorta a los titulares de las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina, así como de la Fiscalía General de la República, a implementar a la brevedad un programa permanente de protección, vigilancia y patrullaje de plataformas e instalaciones petroleras y de buques de Pemex, para prevenir y erradicar el robo de combustible y de bienes en alta mar y en costas de la República Mexicana como parte de las acciones y políticas llevadas a cabo por el actual gobierno federal contra el robo de hidrocarburos.i

Nota

i La información en que se basa el presente documento se contiene en el documento elaborado por el C. Juan E. Pardinas, denominado “Impunidad y huachicol”, como colaborador del Staff de IMCO, publicado por Reforma, el 13 de enero de 2019 y que se puede consultar en el siguiente link: https://imco.org.mx/articulo_es/impunidad-y-huachicol/

También se tomó información de la nota periodística de Manuel Espino, publicada en Nación del periódico El Universal, el 1 de febrero de 2019, con el título “Saquean piratas seis plataformas de Pemex” y que se puede consultar en el siguiente link:

http://amp.eluniversal.com.mx/amp/note/amp/eluniversal/1 519126

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el siete de marzo de dos mil diecinueve.

Diputado Irineo Molina Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas dependencias federales a intervenir de manera urgente en la solución del conflicto limítrofe, territorial y ejidal entre dos entidades federativas que involucra a Cintalapa, Chiapas, y San Miguel y Santa María Chimalapas, Oaxaca, a cargo del diputado Juan Enrique Farrera Esponda, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Juan Enrique Farrera Esponda, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XX; artículo 6, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I

Siendo una de nuestras responsabilidades, facultades y obligaciones como diputados federales es establecer canales de dialogo para la resolución de conflictos entre nuestros representados, y que velando por los intereses de las y los ciudadanos de las comunidades y municipios que represento en esta asamblea, me permito exponer ante ustedes una añeja problemática entre dos entidades federativas y que sigue impactando hasta nuestros días.

En fechas recientes, la zona limítrofe ha sido escenario de diversos conflictos que tienen su origen en un problema jurídico territorial y que han escalado al terreno de enfrentamiento y tensión social. Las comunidades del Estado de Oaxaca que se encuentran involucradas son San Antonio y Benito Juárez, en el municipio de San Miguel Chimalapa del Estado de Oaxaca y por el otro lado las comunidades como Cal y Mayor y Nueva Jerusalén que se encuentran alrededor del núcleo agrario Gustavo Díaz Ordaz enclavadas en el Noroeste del municipio de Cintalapa en el Estado de Chiapas.

Dichos territorios pertenecen a una zona que durante muchos años ha permanecido en conflicto derivado de una decisión política arbitraria en materia agraria afectando 221 mil hectáreas en donde la falta de precisión jurídica sobre la adscripción territorial de estos tres pueblos ha estado en conflicto desde 1967.

Madereras encabezadas por la empresa “Rodolfo Sánchez Monroy” arribaron a estos territorios para la explotación maderera y extracción de palma camedor, sobre 100 mil hectáreas de bosques de pino y bosques de niebla comunales.

El 10 de abril de 1967, se emitieron dos resoluciones presidenciales, una a favor de la comunidad de Santa María Chimalapas, donde le otorgan 460 mil hectáreas y otro a favor de San Miguel Chimalapas, otorgándole 134 mil hectáreas, tales resoluciones presidenciales que le daba los Chimalapas fue solo de reconocimiento y certificación, no de dotación de tierras.

Tal resolución nunca menciona que se ejecute dentro del territorio chiapaneco, y en este sentido los habitantes de la Zona Noroeste de Cintalapa, plantean el respeto del territorio chiapaneco con respecto a sus límites históricos que datan del 14 de septiembre de 1824 cuando el Estado de Chiapas se incorporó al Pacto Federal.

II

Es conocido el recurso de reclamación 71/2012-CA, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 121/2012 sesionado el 26 de junio de 2013 en el cual el Gobierno del Estado de Oaxaca demandó la suspensión del Decreto 008 emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, cuando en 2011 se creó, entre otros, el Municipio denominado “Belisario Domínguez”, sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación pidió a Chiapas y Oaxaca que se abstuvieran de crear nuevas autoridades dentro de la localidad denominada Rodulfo Figueroa, ubicada en la porción territorial en disputa, ya sean de carácter hacendario o cualquier otra que tenga a su cargo alguna función pública y, finalmente, para que se continúen prestando todos los servicios públicos a la población que habite en la franja territorial materia de la controversia, en la forma y términos en que los venían prestando, en este sentido la Corte consideró:

a) Los Estados de Oaxaca y Chiapas, incluidos los municipios a los que se les reconoció el carácter de terceros interesados, deberán abstenerse de realizar cualquier acto que formal o materialmente amplíe o modifique los límites territoriales o la jurisdicción que actualmente se conserva en las comunidades en conflicto.

b) Los Estados de Oaxaca y Chiapas, incluidos los municipios a los que se les reconoció el carácter de terceros interesados, deberán abstenerse de crear nuevas autoridades dentro de la localidad denominada ‘Rodulfo Figueroa’, ya sean de carácter hacendario, de seguridad pública y/o cualquier otra que tenga a su cargo función pública alguna.

c) Los Estados de Oaxaca y Chiapas, incluidos los municipios a los que se les reconoció el carácter de terceros interesados, se encontrarán obligados a continuar prestando todos y cada uno de los servicios públicos a la población que habite en la franja territorial que es materia de la controversia, en la forma y términos en que los venían prestando hasta antes de la emisión del Decreto 008 emitido por el Congreso del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial de la entidad, el veintitrés de noviembre de dos mil once y hasta en tanto se dicta sentencia en el expediente principal.

Para lo cual, podrán tomarse en cuenta los acuerdos celebrados entre las partes para solucionar de manera pacífica el conflicto limítrofe de que se trata, considerando al efecto que en la diversa controversia constitucional 5/2012

A su vez el 22 de diciembre de 2011 para calmar la situación existente en la zona de los Chimalapas, los entonces Gobernadores de Oaxaca y Chipas, Gabino Cué Monteagudo y Juan Sabines Guerrero, establecieron un pacto ante el doctor Alejandro Poiré Romero, titular de la Secretaría de Gobernación, en el cual señalan lo siguiente:

Primero. Las partes establecen el compromiso de mantener la paz social, la tranquilidad y seguridad en la región; asimismo, de garantizar el libre tránsito de los poblados de la región.

Segundo. En virtud de que se han realizado los actos de distensión en la región, las partes solicitan el retiro de las policías estatales de la zona, a la brevedad posible, a partir de la firma del presente documento y sólo se mantengan elementos del Ejército mexicano.

Tercero. Las Secretarías Generales de Gobierno de los Estados de Chiapas y Oaxaca establecerán mecanismos, forma y tiempos en que se realizará la entrega de los camiones que tenían resguardados la congregación de San Antonio y el núcleo agrario Lic. Gustavo Díaz Ordaz, que para efectos de su devolución pusieron a disposición de sus respectivos gobiernos estatales.

Cuarto. Los núcleos agrarios de la región limítrofe entre los Estados de Oaxaca y Chiapas, una vez más, manifiestan su disposición al diálogo y la conciliación; y establecen su compromiso de canalizar sus demandas por la vía pacífica y en apego al marco jurídico constitucional, legal e instrumentos internacionales en materia de derechos indígenas.

Quinto. Las partes acuerdan que la Secretaría de la Reforma Agraria, como cabeza del Sector, sea la instancia que convoque a los núcleos agrarios en conflicto, al diálogo directo entre ellos, denominado ‘de campesino a campesino y de indígena a indígena’, para avanzar en el proceso de conciliación y solución del conflicto, estableciendo previamente un procedimiento consensuado entre las partes y a la brevedad posible.

Sexto. Las partes solicitan que en el procedimiento conciliatorio al que se refiere el punto anterior, se respete plenamente las formas tradicionales de los núcleos agrarios, de organización y toma de decisión a través de sus Asambleas Generales.

Séptimo. Las partes solicitan a los gobiernos de los Estados que garanticen la libertad, seguridad y pleno goce de los derechos humanos de las autoridades en los órganos agrarios y comisionados que impulsen la conciliación y solución del conflicto agrario que se vive en la región.

Octavo. Las partes solicitan que la Secretaría de Gobernación dé seguimiento y verifique el cumplimiento de los acuerdos suscritos en este documento, así como los que se adopten en el proceso conciliatorio hasta alcanzar una solución al conflicto agrario.”

Dichos resolutivos de la Suprema Corte, así como los acuerdos establecidos por los Gobiernos de los Estados involucrados contuvieron momentáneamente la inercia del conflicto social que se ha ido postergando hasta nuestros días, en donde la crispación social latente y un inminente nuevo conflicto se avecinan si no se logra resolver de manera integral la problemática de la región.

Finalmente, en 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la desaparición de los poderes municipales instituidos según las leyes de Chiapas en 2015, a pesar de la resolución de 2013 de ese mismo tribunal superior, que prohibía tanto a Oaxaca como a Chiapas el establecimiento de autoridades municipales en el territorio. Con esto y con la imposibilidad de celebrar comicios en 2018, el municipio de Belisario Domínguez ha desaparecido en los hechos.

III

En fechas recientes, diversos pobladores del Noroeste de Cintalapa acudieron al congreso del Estado para reunirse con los diputados locales, a fin de demandar la resolución del conflicto agrario entre las comunidades San miguel y Santa María Chimalapas, en Oaxaca.

Es tal la importancia de este tema que el propio Congreso del Estado de Chiapas creó la Comisión Especial de Coadyuvancia con la comisión institucional para el Noroeste de Cintalapa, la cual es presidida por el diputado Fidel Álvarez Toledo y que tiene como objetivo buscar la solución a este conflicto.

Por lo que una de las propuestas que han surgido de ésta Comisión Especial es la convocatoria a una mesa social, aunado a ello el delegado de Programas Federales del Estado de Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, ha manifestado que se está llevando un censo en la zona para conocer las necesidades de la población e implementar acciones de manera coordinada con la presidencia municipal del municipio en materia de educación, salud, alimentación, seguridad y justicia, pero para su correcta aplicación de los programas que habrán de emprenderse las comunidades requieren el apoyo de Inegi para contar con sus claves de localidad.

Como observamos la problemática es sumamente compleja, ya que abarca múltiples dimensiones, social, política, jurídica y económica pero actualmente toma relevancia también un sin número de enfrentamientos entre comuneros de ambos Estados, lo que ha propiciado la necesidad de buscar la tranquilidad de la región a través de la instalación de una Base de Operaciones Mixtas conformada por SEDENA, Policía Federal, SSYPC (Chiapas), SSPO (Oaxaca), Policía Especializada de la FGE Chiapas, Agentes Estatales de Investigación de la FGE Oaxaca e inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y que tiene como objetivo del restablecimiento de la paz en la zona noreste de Cintalapa

Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, como cabeza de sector, a realizar los trámites conducentes para convocar a una mesa intersecretarial permanente para dar solución al conflicto limítrofe, territorial y ejidal existente entre dos entidades federativas y que involucra a los municipios de Cintalapa, en Chiapas, y San miguel y Santa María Chimalapas, en Oaxaca.

Segundo. Se exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública a llevar a cabo las acciones conducentes para la creación de una Base de Operaciones Mixtas conformada por la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (Chiapas), Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (Oaxaca), Policía especializada de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Agentes Estatales de Investigación de la Fiscalía General Estatal de Oaxaca e Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de garantizar el estado de derecho, la estabilidad y paz social de la región.

Tercero. Se exhorta a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Energía y la Comisión Nacional Forestal, a impulsar programas productivos especiales en todas las actividades productivas agrícolas y silvícolas, tendientes a mejorar el bienestar de la región y reactivar su economía, especialmente con proyectos agroindustriales como la recolección e industrialización de la resina de pino y de forma especial la higuerilla, considerando que es la base de la materia prima para la producción de biocombustibles.

Cuarto. Se exhorta al Inegi a llevar a cabo inmediatamente el proceso de asignación de Claves a las localidades del Noroeste de Cintalapa, que actualmente no cuentan con ellas o que por error u omisión fueron adjudicadas al estado de Oaxaca, esto con el fin de cumplir con los requisitos de susceptibilidad de recursos federales en los diferentes programas sociales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputado Juan Enrique Farrera Esponda (rúbrica)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Oficina de la Presidencia de la República, a llevar a cabo acciones que contribuyan a un clima de respeto durante las giras del titular del Poder Ejecutivo Federal, así como a regular mediante un ordenamiento jurídico las funciones del cuerpo de ayudantía del Presidente de la República, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a su consideración la presente proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al titular de la Oficina de la Presidencia de la República a llevar a cabo las acciones necesarias que contribuyan a un clima de respeto durante las giras de trabajo del titular del Poder Ejecutivo federal, así como a regular, mediante un ordenamiento, las funciones del cuerpo de ayudantía del presidente de la República para que pueda conducir sus actividades en el marco del estado de derecho y se evalúe su desempeño en el marco de la necesaria rendición de cuentas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Antecedentes

La administración pública es una disciplina y una acción de gobierno que se sustenta en principios generales, al menos desde el siglo XVIII, cuando los Estados absolutistas impactados por la Revolución Francesa tuvieron una gran trasformación y dieron paso a una burocracia especializada, racional y legal.

De ello dieron cuenta intelectuales y consejeros de Estado, de la talla de Charles Jean Baptiste Bonnin o el barón Anne Robert Jacques Turgot, por mencionar los más antiguos y célebres.1

Uno de los principios fundamentales de todo el servicio público es el de legalidad, entendido como el sometimiento del quehacer del Estado y de sus servidores o funcionarios públicos al conjunto de ordenamientos y leyes; es decir, hay un principio básico de sumisión de la actuación administrativa a las disposiciones generales, ya sean legales o reglamentarias.2

Las competencias y formas de actuación administrativa precisan una norma atributiva concreta, impidiéndose auto atribuciones, por vía de hecho de una competencia o atribución amparándose en la no existencia de norma clara.

Este principio, con los preceptos constitucionales en que se basa, es el origen de derechos y obligaciones para los ciudadanos y para las administraciones públicas, más allá de meras declaraciones programáticas.3

Otro principio fundamental es el de la imparcialidad, entendido como el que debe orientar el quehacer público de una manera objetiva, hacia el interés común, dejando al margen cualquier otro factor que exprese posiciones personales, partidarias, familiares, corporativas, clientelares, o cualquier otra que pueda colisionar con este principio.4

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece en el artículo 5:

Son principios rectores que rigen el servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia por mérito.

Los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.5

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece en el artículo 8, fracción XIX-D, que los servidores públicos deben

Abstenerse de infringir, por acción u omisión, las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y normativas en materia electoral, de propaganda gubernamental y aplicación imparcial de los recursos públicos, así como abstenerse de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos;6

Planteamiento del problema

Como todos recordamos, el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña política prometió desaparecer el Estado Mayor Presidencial, entidad encargada no sólo cuidar de su seguridad sino de organizar las giras del presidente, la logística, y los actos públicos y conexos donde participan el titular del Ejecutivo, su esposa y otros mandatarios.7

Dicho cuerpo de gran preparación fue sustituido por un cuerpo de ayudantía, en el que recaen las labores de seguridad y protección del presidente, con auxilio de otras fuerzas de seguridad pública.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en el artículo 8:

El presidente de los Estados Unidos Mexicanos contará con el apoyo directo de la Oficina de la Presidencia de la República para sus tareas y para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, con el objeto de aportar elementos para la toma de decisiones, sin perjuicio de las atribuciones que ejercen las dependencias y entidades de la administración pública federal en el ámbito de sus respectivas competencias. El presidente designará al jefe de dicha oficina.

El Ejecutivo federal contará con las unidades de apoyo técnico y estructura que el presidente determine, de acuerdo con el presupuesto asignado a dicha oficina.8

Y el Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República establece en el artículo 13:

Corresponde al secretario particular del presidente diseñar la agenda, el calendario de giras y asistencia a las actividades y eventos públicos del Presidente, en coordinación con el Estado Mayor Presidencial, tanto en el interior del país como en el extranjero;

Sin embargo, como ha desaparecido el Estado Mayor Presidencial, hay un vacío legal, respecto a quién debe responder por la logística, la planeación y asistencia de los actos públicos del presidente.

Todo ello es preocupante, porque existen demasiadas evidencias de actos hostiles y de violencia verbal recurrentes hacia mandatarios estatales, que han acompañado o participado con el presidente de la República en giras de trabajo.

Aquí, un breve recuento de lo sucedido:

1. El 22 de diciembre de 2018, en una gira de trabajo del presidente de la República y el gobernador constitucional de Oaxaca, éste fue abucheado por más de 10 minutos en su intervención.9

2. El 28 de diciembre de 2018, en un gira de trabajo por Torreón, Coahuila, minutos antes de la presentación del Programa Integral de Desarrollo para la Laguna, asistentes al encuentro gritaron consignas contra el gobernador constitucional de Coahuila.10

3. Se volvió a presentar el 3 de enero de 2019, durante la presentación del “plan” 2018-2024 del Instituto Mexicano del Seguro Social y la inauguración de la nueva sede de esta dependencia en Morelia, cuando entre rechiflas y abucheos participó el gobernador constitucional de Michoacán.11

4. El 9 de diciembre de 2018, durante la presentación del “Plan Nacional” de Refinación, parte del público asistente abucheó al gobernador constitucional de Tabasco, en Dos Bocas.12

5. El ambiente hostil se hizo presente de nueva cuenta el 18 de enero de 2019, cuando el presidente viajó a Zacatecas para presentar el Programa de Apoyo a productores del Campo, Precios de Garantía para Granos Básicos, y participantes abuchearon e interrumpieron al gobernador constitucional.13

6. Con el mismo modus operandi se manifestaron en Rosario contra el gobernador constitucional de Sinaloa el 25 de enero de 2019.14

7. También fue presa de los abucheos de una multitud el gobernador constitucional de Tlaxcala el 31 de enero de 2019.15

8. Las conductas de violencia verbal se presentaron en Veracruz el 4 de febrero de 2019, cuando el gobernador constitucional participaba con el presidente de la República en un acto de la Universidad Benito Juárez.16

9. Volvió a suceder el 11 de febrero de 2019 en Tlapa, Guerrero, cuando entre rechiflas y abucheos participó el gobernador constitucional en un acto junto con el presidente de la República.17

10. El 23 de febrero de 2019 tocó el turno al gobernador constitucional de Campeche durante la entrega del programa Crédito Ganadero a la Palabra en la comunidad de Benito Juárez, en Candelaria.18

11. Al participar en Chetumal en un acto por el Día de la Bandera, el 24 de febrero de 2019, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador constitucional de Quintana Roo también fue vilipendiado.19

12. El 2 de marzo de 2019 se reiteró la animadversión contra dos mandatarios estatales en el anuncio de programas y tandas para el bienestar en la Plaza del Ángel, en la ciudad de Chihuahua, una parte de los asistentes abuchearon al gobernador constitucional y, horas más tarde, hicieron lo mismo algunos asistentes en Hermosillo contra la gobernadora constitucional de Sonora.20

13. Se replicó el ambiente el 3 de marzo de 2019, en el marco de la presentación de Programa de Desarrollo Urbano, en Baja California Sur, cuando los asistentes abuchearon al gobernador constitucional.21

14. El 5 marzo de 2019, durante la presentación de apoyos de los programas de bienestar, los asistentes gritaron consignas contra el gobernador constitucional de Colima, quien en varias ocasiones tuvo que detener el discurso para hacer frente a dichos reclamos.

Y así podemos continuar con una lista de agravios que tienen el mismo modo de operación, y en donde se gritan prácticamente las mismas consignas. Sin lugar a dudas, se trata de un clima de animadversión y de violencia muy claramente repetido, con las mismas pautas, que por supuesto, hacen deducir que se trata de actos dirigidos.

Ya circulan en redes sociales algunos documentos que dan cuenta de los operativos que se instrumentan para que estas prácticas deleznables se estén repitiendo a lo largo y ancho del país.

No podemos entrar en una espiral de especulaciones y datos falsos, pero sin duda, lo que se ha documentado, se trata de acciones injustificables y lamentables, que deberían llamar a preocupación a los funcionarios encargados de las giras del presidente de la República y de su jefe de oficina, pues se trata nada más y nada menos que de ataques con violencia verbal a los gobernadores constitucionales de sus estados y de crear climas de confrontación, que todos debemos reprobar.

Es menester que los encargados de estos eventos den respuestas claras y puntuales de cómo se desarrollan y que acciones están llevando a cabo para que dicho clima de confrontación disminuya o no se presente.

El Estado Mayor Presidencial, con todas las supuestas acusaciones que a veces con ligereza se esgrimieron, actuaba con mucha institucionalidad, se trataba para estos menesteres de un grupo formado en la disciplina militar e institucional de la república. El Estado Mayor Presidencial contaba con responsables de logística, con una contraloría interna, donde se podían presentar quejas, y con un programa anual de auditoría, susceptible de hacer rendir cuentas a quienes estaban adscritos a ese cuerpo.22

A estas alturas no sabemos quiénes y conforme a qué mandato jurídico están planeando, organizando, verificando y evaluando las giras del Presidente en concurrencia con otros mandatarios de la República, quién es responsable de no frenar, sino tal vez provocar este estado de animadversión en el país.

Es urgente dar un estatuto o reglamento a estas actividades y poder llamarlos a cuentas. Si el presidente de la República y sus subalternos son coherentes, hay que hacerlo pronto, pues hemos oído muchas veces repetir, algo que debe ser cumplido: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Por lo expuesto, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprueba los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Oficina de la Presidencia de la República a que, en el marco de sus atribuciones y con pleno respeto de la soberanía de los estados de la federación, lleve a cabo las acciones que contribuyan a contar con un clima de reconciliación y respeto hacia los gobernadores constitucionales de las entidades federativas durante las giras de trabajo del titular del Ejecutivo federal.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Oficina de la Presidencia de la República a regular mediante un ordenamiento las funciones del cuerpo de ayudantía del titular del Poder Ejecutivo federal para que pueda conducir sus actividades en el marco del estado de derecho y se evalúe su desempeño en la necesaria rendición de cuentas.

Fuentes consultadas

1 https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/rev-administracion-publica/article/view/19906/17859

2 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1594/12.pdf

3 Ibídem.

4 http://www.academia.edu/7386030/Los_elementos_y_principios_de_la_
Administraci%C3%B3n_P%C3%BAblica_y_su_vigencia_en_el_siglo_XXI_Docente_M

5 Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada el 18 de julio de 2016 en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf

6 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002, en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/258282/Ley_Federal_Resp_Admi_Serv_Publicos.pdf

7 Último Reglamento del Estado Mayor Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 2010, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n250.pdf

8 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_301118.pdf

9 http://imparcialoaxaca.mx/oaxaca/258059/abuchean-a-alejandro-murat-durante-la-visita-de-amlo-a-oaxaca/

10 https://www.nacion321.com/ciudadanos/video-abuchean-a-gobernador-del-pri-en-coahuila-durante-evento-de-amlo

11 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/03/abuchean-a-aureoles-previo-a-inicio-de-evento-del-imss-6416.html

12 http://acustiknoticias.com/2018/12/abuchean-a-gobernador-de-tabasco-en-los-ultimos-dias-de-su-mandato/

13 https://www.reporteindigo.com/reporte/
zacatecas-abuchean-a-otro-gobernador-priista-durante-gira-de-trabajo-de-amlo-video/

14 https://www.elsoldemazatlan.com.mx/local/pide-amlo-respeto-para-gobernador-de-sinaloa-2976369.html

15 https://oaxaca.quadratin.com.mx/amlovers-abuchean-a-gobernador-durante-visita-presidencial-en-tlaxcala/

16 https://noticieros.televisa.com/videos/abuchean-a-gobernador-de-veracruz/

17 https://www.animalpolitico.com/2019/01/lopez-obrador-guerrero-personas-discapacidad/

18 https://acustiknoticias.com/2019/02/abuchean-al-gobernador-de-campeche-en-entrega-de-programa-federal/

19 https://www.animalpolitico.com/2019/02/carlos-joaquin-abuchean-evento-amlo-quintana-roo/

20 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/02/
pide-amlo-respeto-para-el-gobernador-javier-corral-9909.html y https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/
preacceso/articulo/default.aspx?id=1622166&urlredirect=https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1622166

21 https://www.eldictamen.mx/2019/03/nacional/abuchean-al-gobernador-de-baja-california-sur-en-evento-encabezado-por-amlo/

22 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n250.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 7 de marzo de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, fecha que es observada el 8 de marzo desde 1975 y fue instituida por la Organización de las Naciones Unidas. Se implementó con motivo de refrendar la incansable lucha de las mujeres por participar en la sociedad, en igualdad de condiciones que los hombres.

Sobre el particular, dentro del tema elegido por la Organización de las Naciones Unidas para 2019 es Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio, 1 que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres en las áreas de protección social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible.

En este contexto, la Organización Derechos Digitales, en su informe Brecha digital de género en México ¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso?, señaló que en 2016, 51.5 por ciento de las mujeres tenían conexión a Internet,2 no obstante este acceso a las tecnologías de información aún no está transformando la vida de las mujeres en virtud de su empoderamiento y mayor conocimiento de sus derechos.

Por consiguiente, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pugnamos por luchar por una sociedad con igualdad social de condiciones y oportunidades para mujeres y hombres, en un ambiente de libertades, siendo la brecha digital un tema pendiente y que su reducción incide en que más mujeres destaquen en las ciencias, en las nuevas tecnologías y en todos los ámbitos del conocimiento.

Bajo esta tesitura, hacemos el llamado a que el gobierno federal implemente acciones afirmativas para garantizar un acceso equitativo a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones -incluido el de banda ancha e internet- con perspectiva de género.

Notas

1 http://www.unwomen.org/es/news/stories/2018/10/announcer-iwd-2019-theme

2 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/04/06/
continua-la-brecha-digital-entre-mujeres-y-hombres-en-mexico-4885.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El 8 de marzo es y será una jornada de lucha histórica, lo es porque esta conmemoración tiene el antecedente de miles de mujeres que han luchado por la igualdad de condiciones laborales, económicas, sociales, políticas, académicas y por la no discriminación, entre otras causas.

La idea de que se conmemorará el 8 de marzo como el “Día Internacional de la Mujer” surgió a finales del siglo XIX en un mundo totalmente industrializado.

Baste recordar que durante esa época las consignas y estereotipos de género colocaban a las mujeres en una situación vulnerable debido a que estaban socialmente destinadas a cumplir con los roles del hogar, la procreación, la maternidad y los trabajos de cuidado y para aquellas mujeres que decidían dedicarse al trabajo remunerado solo había jornadas de trabajo largas, explotación, salarios y condiciones laborales precarias, además de que no existía marco jurídico que les protegiera.

Por lo anterior, el 8 de marzo de 1857, mujeres que trabajaban en la industria textil de Nueva York organizaron una huelga1 cuya protesta era contra los salarios bajos y las inhumanas condiciones laborales. Ante esta situación, el gobierno del Estado decidió reprimirles, en lugar de escuchar y dar solución a la demanda social.

Aunado a lo anterior, y al no haber respuesta por parte del Estado, ese mismo año nuevamente en Nueva York y con el eslogan “Pan y rosas”, más de 15 mil mujeres se manifestaron para exigir un recorte al horario laboral, mejores salarios, el derecho al voto y la erradicación del trabajo infantil.2

En 1910 la alemana Clara Zetkin, en una conferencia internacional entre organizaciones socialistas del mundo, propuso la creación de una Día de la Mujer de carácter internacional, para conmemorar la huelga de las trabajadoras textiles de Nueva York. Dicha propuesta se aprobó por unanimidad. Sin embargo, fue hasta 1975 cuando la Organización de las Naciones Unidas instituyó conmemorar el movimiento por los derechos de la mujer, incluyendo el derecho a voto.

El 25 de marzo de 1911 ocurrió una tragedia en la lucha por los derechos de las mujeres. En Nueva York se incendió la fábrica textil en la que murieron 123 mujeres y 23 hombres. La mayoría eran jóvenes migrantes que tenían entre 14 y 23 años.3 El número de muertes fue tal, debido a que las trabajadoras no pudieron escapar porque los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas de escaleras y de las salidas, para evitar robos.

Hoy a casi de dos siglos de las manifestaciones en Nueva York, la situación al menos en México no ha cambiado como desearíamos; cada día ocurren diez asesinatos de mujeres,4 las mujeres trabajadoras tienen mayores niveles de desempleo, una persistente desigualdad salarial, altos porcentajes de trabajo no remunerado. La violencia política sigue cobrando vidas e impidiendo el pleno ejercicio de los derechos políticos.

Cabe señalar que aunque las mujeres hemos logrado la paridad en el Poder Legislativo, la efectividad e incidencia en la toma de decisiones dentro de los espacios del poder es casi nula. ¨Necesitamos mujeres en el poder y con poder para cambiar las condiciones en las que nos encontramos actualmente”.

A más de 4 décadas de la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer” vale la pena recordar que para avanzar como sociedad no podemos seguir haciéndolo desde sólo un punto de vista, el de los hombres, no podemos avanzar con un solo pie, no podemos escuchar bien con un solo oído, no podemos remar con un solo brazo. “Tenemos que hacerlo mujeres y hombres juntos. Es momento de que se reconozca que cuando las mujeres avanzan los hombres no retroceden, crecemos todos”.

Este 8 de marzo desde el Congreso de la Unión y desde las calles hacemos un llamado a todas las autoridades, a todas las personas para que nos unamos, para que construyamos, impulsemos y nos solidaricemos con estas causas.

Nunca más sin nosotras.

Notas

1 Día Internacional de la Mujer ¿Qué pasó el 8 de marzo de 1857? El periódico. Fecha de consulta: 3 de marzo de 2019. Fuente:

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180307/dia-int ernacional-de-la-mujer-6672998

2 La dolorosa historia detrás del Día Internacional de la Mujer. National Geographic en Español. Fecha de consulta: 3 de marzo de 2019. Fuente: https://www.ngenespanol.com/travel/la-dolorosa-historia-detras-del-dia- internacional-de-la-mujer/

3 8M Planes para celebrar somos mujeres. La Razón. Fecha de consulta: 3 de marzo de 2019. Fuente: https://www.larazon.es/lifestyle/confidencias/8m-planes-para-celebrar-q ue-somos-mujeres-HC22202216

4 Persiste la desigualdad entre hombres y mujeres. La Jornada. Fecha de consulta: 3 de marzo de 2019. Fuente: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/03/07/persiste-desigualdad-labo ral-entre-hombres-y-mujeres-oit-7361.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con motivo del 5 de marzo, Día Mundial de la Eficiencia Energética, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

La eficiencia energética es una forma de contribuir a la sostenibilidad del planeta.

Nuestra sociedad no es consciente de cuánta energía se desperdicia a diario, tampoco nos hemos detenido a reflexionar sobre la procedencia de dicha energía.

La eficiencia energética busca proteger el medio ambiente mediante la reducción de la intensidad energética y habituando al usuario a consumir lo necesario y no más. Las emisiones de C02 que enviamos a la atmósfera son cada vez mayores y, por ese motivo, la eficiencia energética se ha convertido en una forma de cuidar al planeta ya que, no solo está en usar electrodomésticos que consuman menos, sino en que seamos nosotros quienes consumamos menos y de forma más “verde” .1

Por lo tanto, es necesario crear consciencia de las bondades de reducir el consumo energético en general.

Es necesario que tengamos claro que un aparato, proceso o instalación es energética mente eficiente cuando consume una cantidad inferior a la media de energía para realizar una actividad.

La importancia de apostar en el impulso de la eficiencia energética se debe a los grandes beneficios que trae al medio ambiente, pues entre ellos se encuentra la disminución de emisiones de gases contaminantes, así la reducción en el deterioro asociado a la explotación de recursos y menor impacto de los gases de efecto invernadero (GEI), entre otros.

Todos estos factores significan menos daños a la salud de las personas y una disminución del aporte al calentamiento global.

En esta-fecha se debe resaltar la necesidad de crear conciencia sobre la importancia de reducir el consumo energético y a su vez hacerlo eficiente, debido a que:

-El consumo de energía mundial está creciendo.

-El coste de la energía se está incrementando.

-Elevada dependencia energética del exterior.

-El cambio climático.

En el pasado, en la década de los setenta del siglo pasado, muy pocas organizaciones tenían algún tipo de monitoreo energético, donde el uso energético aumentaba sin control alguno y con los avances tecnológicos sin conciencia del daño al medio ambiente.

Fue entonces que, tiempo después, en el año 2010, la política que apuntaba a la eficiencia energética comenzó a crecer a nivel mundial, y desde entonces ha aumentado el interés por la financiación de la eficiencia energética.

Aún tenemos mucho por hacer en beneficio de nuestro planeta, es por ello que no debemos pasar desapercibida esta fecha con miras a poner en la conversación nacional la importancia de implementar más políticas para hacer eficiente la energía que consumimos y con esto aportar a la reducción del calentamiento global.

Nota

1 https://www.factorenergia.com/es/blog/ eficiencia-energetica/que-es-la-eficiencia-energetica/

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, 7 de marzo de 2019.

Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Los antecedentes del Día Internacional de la Mujer se centran a finales del siglo XIX, con la apertura a la industrialización y la expansión de la población e ideologías radicales; cuya referencia específica son las mujeres como artífices de la lucha para participar en la sociedad con igualdad al hombre.

A manera de referencia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) refiere los siguientes acontecimientos como momentos emblemáticos en la consolidación de esta conmemoración1 :

1909. Mediante declaratoria del Partido Socialista de los Estados Unidos de América, el 28 de febrero se celebró en todos los Estados Unidos de América (EUA) el primer Día Nacional de la Mujer.

1910. La Organización Internacional Socialista proclamó el Día de la Mujer a nivel internacional como homenaje al movimiento en favor de los derechos de la mujer y para ayudar a conseguir el sufragio femenino universal.

1911. El Día Internacional de la Mujer se celebró por primera vez el 19 de marzo en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, con mítines a los que asistieron más de un millón de mujeres y hombres. Además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, exigieron el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.

1913-1914. En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno al 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres.

1917. Como reacción ante los dos millones de soldados rusos muertos en la guerra, las mujeres rusas eligieron el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de “pan y paz”. Cuatro días después el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de voto, cuyo hecho histórico aconteció el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado entonces en Rusia, o el 8 de marzo, según el calendario gregoriano utilizado en otros países.

1975. Coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró el Día Internacional de la Mujer por primera vez el 8 de marzo.

1995. La Declaración de Beijing, como la ruta histórica firmada por 189 gobiernos, estableció la agenda para la materialización de los derechos de las mujeres.

2014. En sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, considerada la reunión anual de estados para abordar cuestiones relativas a igualdad de género, la discusión se centró en los Desafíos y logros en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las mujeres y las niñas .

Hasta la fecha, año con año se conmemora el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, en donde la ONU ha jugado un papel preponderante para crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y objetivos acordados internacionalmente para mejorar la condición de las mujeres en todo el mundo.

Dicha organización, en coordinación con diversos países a nivel mundial, han promovido la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en el logro del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto de los derechos humanos; en donde el empoderamiento de la mujer continúa siendo un elemento central de los esfuerzos para hacer frente a los desafíos sociales, económicos y políticos.

Como cada año, la ONU elige un tópico a abordar, el tema elegido para el Día Internacional de la Mujer 2019, es: Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio ; el cual se enfocará en diseñar mecanismos innovadores para abogar por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, en especial en las esferas relativas a los sistemas de protección social, el acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible.

En México, el Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para reflexionar acerca de los avances logrados, modificar lo que no ha funcionado y mejorar lo que se encuentra en desarrollo; es por ello que alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere de cambios transformadores, enfoques integrados y nuevas soluciones, sobre todo en lo que concierne a la defensa de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

En este sentido, según la ONU, si se mantienen las tendencias actuales, las intervenciones existentes no bastarán para conseguir un planeta 50-50 para 2030; por lo que resulta indispensable contar con planteamientos innovadores que rompan con la situación habitual, a fin de eliminar las barreras estructurales y garantizar que ninguna mujer y ninguna niña quede rezagada.

Algunos de los objetivos clave para consolidarlo son2 :

1. Velar porque todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces;

2. Velar porque todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria;

3. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo;

4. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación, y

5. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

Parecería innecesario tener que definir dichas metas, sin embargo, la realidad es que hoy seguimos observando la existencia de sectores poblacionales en donde la mujer no puede ejercer sus derechos de manera libre y con respeto. Atendiendo a ello, en nuestro país tenemos que seguir adoptando esta conmemoración como la vía para seguir generando conciencia en las personas para que logremos una verdadera inclusión y equidad en la participación de las mujeres en los distintos sectores, tanto económicos, sociales y políticos.

Por todo ello, para el Partido Verde Ecologista de México, más que una simple fecha, lo consideramos una oportunidad para seguir consolidando políticas públicas en beneficio de las niñas y mujeres de nuestro país, en donde deje de ser necesario la creación un marco jurídico que sólo imponga sanciones en contra de quienes violenten su integridad y derechos, para pasar a la prevención y concientización sobre la importancia de la participación equitativa y respetuosa de la mujer.

Notas

1 ONU. Día Internacional de la Mujer, 08 de marzo. Disponible en: http://www.un.org/es/events/womensday/background.shtml

2 ONU. Noticias México: Día Internacional de la Mujer. Disponible en: http://www.onunoticias.mx/evento/dia-internacional-de-Ia-mujer-8-de-mar zo/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2019.

Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)