Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal, la Secretaría de Cultura y el Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal a implantar en el Complejo Cultural Los Pinos el centro cultural de legalidad, civismo y moralidad Ciudad de las Constituciones, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

Silvia Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

La Residencia Oficial de Los Pinos fue la casa del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos desde 1934 hasta el 30 de noviembre de 2018, y a partir del 1° de diciembre es un espacio cultural abierto al público. A partir de marzo de 1935 Los Pinos como coloquialmente se le conoce, ha albergado a 14 presidentes de la República.

Sin embargo, en la toma de protesta del señor Presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador, expreso que:

También transitaremos hacia una verdadera democracia, se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente o el que utilice el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza.

Es pertinente, pues, exponer con toda claridad que vamos a atender y a respetar a todos. Que vamos a gobernar para todos, pero que le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres.

Como se comprenderá la necesidad de emprender estas y otras acciones explica y justifica el plan de austeridad republicana al que nos hemos comprometido, y que, dicho sea de paso, no significa, como se piensa en otros países, un mero conjunto de ajustes en el gasto productivo y social del presupuesto. Aquí lo entendemos no solo como un asunto administrativo, sino como una política de principios, toda vez que implica terminar con los privilegios de la alta burocracia. Juárez decía que los funcionarios debían aprender a vivir en la justa medianía, y nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre.

No viviré en Los Pinos y esa residencia oficial ya se abrió, desde hoy, al público y se integrará al bosque de Chapultepec para convertirse en uno de los espacios más grandes e interesantes del mundo para el arte y la cultura.

Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos, y el desafío que significa enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, pero soy optimista y creo que vamos a salir bien, vamos a enfrentar bien los grandes y graves problemas nacionales porque creo en el pueblo y en su cultura, la cultura del pueblo, de nuestro pueblo, las culturas de México que siempre han sido nuestras salvadoras.

Con nuestras culturas hemos enfrentado epidemias, terremotos, inundaciones, hambrunas, invasiones, guerras civiles, crisis económicas, epidemias, malos gobiernos y otras calamidades, y siempre hemos resurgido con dignidad y con orgullo.

La herencia de civilizaciones nos ha forjado como un pueblo tenaz, combativo, luchón, emprendedor, honesto, con una excepcional idiosincrasia de fraternidad, de amor al prójimo, de verdadera solidaridad.

Por eso estoy optimista, creo que ya estamos logrando, se está iniciando y ya vamos en el camino de lograr el renacimiento de México, que nos vamos a convertir en una potencia económica y, sobre todo, en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible, y así lo haremos, porque de esa manera construiremos una sociedad más justa, democrática, fraterna y siempre alegre. Acepto el reto y les invito a participar para celebrar juntas y juntos, el esplendor y la grandeza futura de nuestro querido México.

Ha prometido también que en nuestro país habrá un auténtico estado de derecho y que nadie le estará permitido violar la constitución y las leyes y no habrá impunidad, fueros y privilegios y que el presidente en funciones podrá ser juzgado por cualquier delito que cometa, así también que se convertirá en delito grave y de prisión preventiva oficiosa entre otros, la corrupción y el fraude electoral.

Un buen juez por la casa empieza. Pondremos orden en la cúpula del poder, porque la corrupción se promueve y se practica fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles inferiores. Es decir, vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras.

El otro distintivo del nuevo gobierno será la separación del poder económico del poder político. El gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz. Representará a ricos y pobres, creyentes y libres pensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo, o posición socioeconómica. Habrá un auténtico Estado de derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales del siglo XIX, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.

También transitaremos hacia una verdadera democracia, se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente o el que utilice el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza.

Habrá libertad empresarial; libertad de expresión, de asociación y de creencias; se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución.

Cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia. Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy convencido de que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige, necesariamente, del combate a la desigualdad y a la pobreza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

Basado en lo anterior y en el ideal de austeridad republicana el actual Presiente de la República renuncio a vivir en la anterior Residencia Oficial y convertirla en un Complejo Cultural a cargo de la secretaria de cultura, dando cumplimiento con ello a una de sus propuestas de la Cuarta Transformación.

Por Cuarta Transformación, debemos de entender un cambio profundo para el país que en su devenir histórico ha pasado por tres momentos claves de su historia. La Independencia, La Reforma y La Revolución.

Reconocerse como sujeto histórico capaz de reformar y transformar las circunstancias del tiempo en el que se vive. El que cambia la política, para hacerla verdadera en donde se haga posible el entendimiento como la negociación, que sea la suma para defender nuestra democracia.

La Cuarta Transformación significa dar un rumbo distintivo a la nación afianzados en la honestidad, y en la legalidad, en donde la cultura tome un papel importante y sumarla a una manera viviente como sustancia concreta del conocer las aspiraciones y necesidades de todos, pero en especial de los más pobres.

La Cuarta Transformación implica el reconocer a los héroes que nos dieron independencia, derechos, libertades, y democracia.

México es un país que tiene un gran pasado desde el valle de la Anáhuac, hasta la actualidad.

Y es esta actualidad la que nos hace reflexionar.

Como lo ha dicho el Presidente López Obrador la política económica aplicada durante el periodo neoliberal, de 1983 a la fecha, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México, ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país, pero también agrego que la corrupción es el principal problema del país.

Según la última medición de transparencia internacional ocupamos el lugar 135 en comparación de 176 países evaluados. Ocupamos el lugar 135 en corrupción, entre 176 países evaluados y pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 159 en el 2000, subir l 70 en el 2006, escalar al 106 en el 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos.

Por eso insistió. El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción.

Desgraciadamente casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que es sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación.

No se trata, como antes, de actos delictivos individuales, o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del gobierno.

En el periodo neoliberal la corrupción se convirtió en la principal función del poder político, por eso si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y la impunidad.

Por ello es necesario que la Cuarta Transformación se fundamente haciendo realidad el progreso con justicia y una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. Hay que promover el bienestar material pero también el bienestar del alma.

En estos momentos se está elaborando una Constitución Moral para el pueblo de México que ayude a fortalecer los valores nacionales, culturales y espirituales. Hay una tendencia humana a innovar, pero para ello hay que poner nuestra voluntad para la acción, acción que debe de sustentarse en la educación y en la conciencia de los valores, que enriquezca nuestro legado histórico y que fomenten nuestra identidad; para ello tenemos las instituciones y la constitución que nos rige que es un pacto para salir adelante.

El Supremo Poder de la Federación se deposita en tres instituciones con igualdad de jerarquía y autonomía en sus actividades, hoy el Poder Legislativo debe de sumarse a un proyecto de transformación nacional poniendo por camino los intereses que compartimos con los otros dos poderes que es el servir a la patria, y al pueblo ante todo porque de él fuimos nombrados y a él nos debemos.

La Cartilla Moral de Alfonso Reyes y su difusión es solo un primer paso sobre los principios y valores que pueden contribuir al renacimiento de México. Sin embargo, una vez que se elabore la Constitución Moral debe de ser difundida por todos los medios; México debe de ser una potencia económica, pero también un país con sólidos principios morales en el que destaquen la honestidad, la solidaridad, la tolerancia, entre otros.

Consideraciones

La globalización económica, la homogeneización cultural, el avance tecnológico y científico, los riesgos medioambientales tienen consecuencias sociales, políticas y económicas tanto a nivel mundial como nacional. Nos plantean nuevas necesidades y dilemas que debemos resolver como sociedad, transformaciones que no sólo afectan la organización de los países y el establecimiento de reglas internacionales, sino también, el modo en el que las personas nos relacionamos y pensamos.

México enfrenta problemas muy diversos, inflación, bajo crecimiento, y desaceleración económica, fenómenos reflejo de la economía mundial y de la condición de un país en desarrollo, esto afecta directamente el ingreso per cápita y de las empresas, incrementa constantemente el desempleo, al interior de las familias se vive desintegración y violencia intrafamiliar, aunado a mayores problemas de seguridad, secuestros, violaciones, homicidios y corrupción, se van perdiendo los valores y la confianza en las instituciones, el resultado es que vivimos una profunda crisis cuya solución depende de todos.

Sin lugar a duda, todos los fenómenos sociales, políticos y económicos; enunciados, conforman una realidad amenazante para los niños y jóvenes. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en México suman más de 31.7 millones, es decir, el 30 por ciento de la población total de nuestro país.

La población infantil es especialmente vulnerable, su presente en muchos de los casos es resultado de crecer siendo testigo de prácticas sociales nocivas en un entorno donde prevalece la ilegalidad, pobreza, marginación, inseguridad y destrucción del ecosistema, sus efectos se reflejan en una descomposición social que incrementa y pone en vilo el futuro de nuestro país.

El bienestar social es un anhelo de gobernantes y gobernados, para que la salud, la libertad y el futuro de nuestros niños no se vean más amenazados, hay que tomar medidas de fondo en el corto, mediano y largo plazos. Se debe hacer frente a este reto aportando herramientas para la comprensión de los problemas y generando instrumentos para la búsqueda creativa de soluciones.

Esto sólo será posible, a partir de una nueva concepción de ciudadanía, donde trascienda la perspectiva cívica y se viva realmente el ejercicio y garantía de los derechos y responsabilidades cívicas y morales ciudadanas en un marco global y colectivo.

Es imperante la necesidad de crear un espacio libre e innovador donde se trasmita y motive el desarrollo de valores, que forme ciudadanos que se desenvuelvan en un marco de una nueva cultura de valores democráticos legalidad, transparencia y que combata de fondo los problemas que nos aquejan como sociedad.

Creemos posible provocar un cambio real en el comportamiento de los ciudadanos presentes y futuros. Creemos que el imperativo debe ser el desarrollo mental y psicosocial de los componentes vitales y capacidades de desarrollo de cada individuo.

México se encuentra inmerso en una crisis económica, política y social dramática (más allá de los escenarios artificiales narrados por los medios, los hechos hablan por sí solos). Enfrentamos el siglo XXI con problemas desde varias aristas: en la economía bajó la demanda de productos nacionales, hay un menor flujo en el volumen de remesas; en la salud pública, la drogadicción y el alcoholismo. Respecto al medio ambiente, enfrentamos la sequía más difícil de los últimos 70 años, el agotamiento acelerado de recursos naturales no renovables; de seguridad, delincuencia, violencia y sociopolíticos derivando en la pérdida de credibilidad en las instituciones y corrupción, todo ello nos ha llevado a un relajamiento del tejido social y una crisis de valores cada vez más profunda.

La ilegalidad provoca una serie de costos sociales excesivamente elevados que ahora el país debe subsanar. Un estudio elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad de la Coparmex, estimó que el costo de los crímenes y la violencia en México es equivalente al 15 por ciento del PIB (más de 108 millones de dólares anuales).

Los costos directos, es decir, el valor de los bienes y servicios utilizados en la prevención de la violencia y el tratamiento a víctimas, la captura de delincuentes y su castigo concentran el 5.8 por ciento del PIB. Por su parte, los costos indirectos, por ejemplo, los impactos en salud (tasa de mortalidad y la atención por uso de drogas), representan el 9.2 por ciento del PIB.

Los efectos de la ilegalidad ha obliga al sector público a destinar cantidades crecientes de recursos para resolver de manera parcial problemas ocasionados por la falta de conciencia ciudadana, impidiendo destinar recursos a actividades prioritarias en pro de la justicia social y de mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos.

La sociedad está necesitada de respuestas que abriguen esperanzas de vivir en un pleno Estado de derecho, de participar directamente en la lucha contra la inseguridad, la impunidad, la corrupción y la injusticia.

Hoy es necesario inculcar y motivar a la población a vivir en el ejercicio de los valores democráticos que promueven el respeto a las instituciones gubernamentales y una cultura de legalidad. La sociedad requiere de motivación para participar activamente, de lo contrario seremos únicamente testigos en una comunidad global, habremos perdido nuestra identidad como personas, como ciudadanos y como mexicanos.

La corresponsabilidad entre sociedad y gobierno es esencial para poder disminuir la violencia e inseguridad, para enfrentar la problemática social, política y económica. Hay que fomentar el desarrollo de proyectos integrales que promuevan la práctica de valores morales y sociales, y aseguren una convivencia democrática con una verdadera cultura de la legalidad.

México se encuentra ante la necesidad y la enorme oportunidad de cambiar. México puede y debe implementar reformas necesarias para una diversificación económica, también un excelente potencial humano para crecer interna y externamente. Estas potencialidades pueden transformarse en una realidad con un adecuado desarrollo social y un elemento de atracción para los inversionistas.

En congruencia con lo anterior, planteamos la creación de la Ciudad de las Constituciones, como un espacio lúdico-educativo que promueva y fomente los valores y el aprecio por vivir en un ambiente democrático de legalidad y paz.

La Ciudad de las Constituciones se propone como un espacio pensado para el sector más vulnerable de la sociedad: los niños. En este parque lúdico los menores formaran parte de una pequeña ciudad con ambiente democrático, donde podrán divertirse, aprender, asumir responsabilidades y tomar decisiones a través del juego y su propia experiencia, con el fin de que comprendan la importancia de vivir en un Estado de derecho y perciban las ventajas para la convivencia al actuar conforme la ley, el funcionamiento de las instituciones y la democracia como pilares del bienestar común.

Se trata de un proyecto de presencia de proyección nacional, de carácter cultural, educativo, moral, ético, recreativo y turístico, que aporta a la construcción de ciudadanía basada en el conocimiento de valores democráticos y de legalidad, en la participación, planeación y desarrollo de acciones en el cuidado del medio ambiente. Esto se logrará a través de múltiples estrategias y actividades lúdicas vivenciales.

Las niñas, niños y adolescentes mexicanos, son ciudadanos del presente, pen más importante, son los trabajadores, padres de familia y líderes del futuro. Las acciones que hoy se ejecuten para su educación y desarrollo, asegurarán el día de mañana, el desarrollo económico y social de nuestro país.

La Ciudad de las Constituciones, es un espacio que se compromete a respetar y luchar por los derechos de los menores, los adolescentes y jóvenes. Es un espacio en donde las voces, las necesidades, las prioridades y los derechos de los niños forman parte integral de las políticas, los programas y las decisiones públicas de la misma.

Es imperante entonces, la necesidad de reconocer los valores y principios compartidos globalmente para promover un mundo justo, sostenible y pacífico, para lo cual se debe no solo educar, sino inculcar, fomentar y motivar a las niñas, niños y jóvenes mexicanos a amar a su país y a su comunidad, a su prójimo y al mismo tiempo, a hacer conciencia sobre el mundo que los rodea y responsabilizarse así del papel que desempeñan en su futuro.

Los visitantes de la Ciudad de las Constituciones son niños y jóvenes curiosos e inquietos, que ingresan a sus instalaciones para aprender y divertirse.

La metodología del parque está orientada a fomentar, difundir y hacer vivos los valores democráticos que en el futuro conllevaran a mejorar las condiciones de vida de los menores y la sociedad en general.

Dentro de sus instalaciones los visitantes son un elemento activo en el proceso de descubrimiento y aprendizaje, se desarrolla en el marco de la comente educativa constructivista.

Esto se logra desarrollando, por medio de módulos de actividades, retos para los menores con mensajes claros, concisos y entendibles para la comprensión de los temas expuestos al público.

Formarán parte de las actividades personal que motive y estimule la participación de los visitantes, que promueva el uso del lenguaje y el pensamiento crítico y que invite a la interacción y al diálogo entre los participantes.

La Ciudad de las Constituciones, es un desafío único, novedoso y emprendedor en México, en el que se pretende involucrar a diversos actores e instituciones sociales y educativas, en un proyecto colectivo que favorezca el enriquecimiento personal y colectivo, así como que conduzca hacia la construcción de una verdadera ciudadanía, responsable y democrática.

Construir una sociedad inclusiva, justa y mejor para todos, de manera que los niños y jóvenes puedan experimentar a través del juego, una experiencia autónoma y participativa que los motive a hacer parte de su vida cotidiana los valores democráticos y la cultura de la legalidad.

Política. Promover una nueva filosofía de gobierno, considerando los valores democráticos y cívicos como base de la satisfacción de necesidades, de la convivencia pacífica y armónica de la sociedad, en un marco de aprecio.

La Ciudad de las Constituciones tiene como ejes temáticos centrales, los pilares de la educación propuestos por la UNESCO en el informe “La Educación Encierra un Tesoro”, el cual considera que la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares que inciden en el desarrollo de competencias. Otro elemento fundamental utilizado en la concepción de la Ciudad de las Constituciones es el documento promovido en el entorno de las Naciones Unidas denominado: “Carta de la tierra”, el cual enuncia principios éticos fundamentales para una vivencia sostenible, que complementa los cuatro pilares anteriores y que de igual manera plantea la importancia de los valores democráticos, morales, éticos y cívicos, la cultura de la legalidad y el desarrollo sostenible.

La ONU declara que el bienestar de la niñez es el indicador más seguro de un hábitat sano, una sociedad democrática y un buen gobierno. La Ciudad de las Constituciones plantea una filosofía de vida democrática y de gestión urbana participativa, capaz de colaborar con una educación transformadora e inclusiva que garantice a los menores el pleno goce de sus derechos en su vida actual y futura.

La formación en valores es un ejercicio permanente de concreción en la cotidianeidad de la sociedad que se quiere. Educar en valores es un tipo de aprendizaje humano que permite apreciar los valores, incorporar prácticas y actitudes para el cumplimiento de derechos y responsabilidades de las personas, que favorezcan la construcción y profundización en la democracia.

La preocupación por la educación en un mundo globalizado ha creado gran expectativa en la UNESCO, quien considera que hay que afrontar y superar tensiones que aquejan el centro de la problemática del siglo XXI, tales como:

La tensión entre lo mundial y lo local, entre la tradición y la modernidad, entre el largo y corto plazo, entre la indispensable competencia y la preocupación por la igualdad de oportunidades, entre el extraordinario desarrollo de los conocimientos y las capacidades de asimilación del ser humano... añade nuevas disciplinas como el conocimiento de sí mismo y los medios de mantener la salud física y psicológicas, o el aprendizaje para conocer mejor el medio ambiente y preservarlo, sin embargo, debido a que los programas escolares están cada vez más recargados, considera necesario elaborar estrategias que enseñen a vivir mejor mediante el conocimiento, la experimentación y la formación de una cultura personal.

Es momento de que el poder legislativo asuma una responsabilidad histórica en el nuevo México que todos queremos, el que los niños y jóvenes puedan tener una experiencia vivencial que les permita conocer la Constitución que estructura a las instituciones y delimita sus atribuciones a través de la observancia de los derechos humanos; somos una federación de estados iguales, desde el más pequeño hasta el más grande, forma parte del territorio que es parte del estado Mexicano; hoy los héroes que consolidaron nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra democracia, nos exigen que en una colaboración de poderes consolidemos el nuevo México que el pueblo nos reclama.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, al titular del Poder Ejecuto federal, a la Secretaria de Cultura, y al Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y paraestatal para que el Complejo Cultural de Los Pinos anteriormente residencia oficial del Presidente de la República, y actualmente Complejo Cultural de Los Pinos, implemente un centro cultural de legalidad, civismo, moralidad denominado Ciudad de las Constituciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2019.

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para elaborar o actualizar y publicar un programa de manejo del área natural protegida, con carácter de parque nacional, Cumbres de Monterrey, a cargo de la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del PAN

Isabel Margarita Guerra Villarreal, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente al a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal (Semarnat), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, de la Dirección General de Conservación para el Desarrollo de la Semarnat y de la Dirección del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, a que desde el ámbito de las facultades y atribuciones conferidos a las instituciones a su cargo por las normas jurídicas aplicables, realicen las gestiones necesarias a fin de que se elabore o actualice y publique un programa de manejo del área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de Cumbres de Monterrey (Parque Nacional Cumbres de Monterrey), al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. El Parque Nacional Cumbres de Monterrey es el área natural protegida más importante de Nuevo León en cuanto a extensión, con más de 177 mil hectáreas, el cual brinda servicios ambientales como la mitigación de inundaciones y la captación del 60 por ciento del agua que se utiliza en la zona metropolitana de Monterrey, desde el 24 de noviembre de 1939, el presiente Lázaro Cárdenas por medio del entonces Departamento Forestal y de Caza y Pesca se declaró la existencia del parque, atendiendo como primera función “[...] evitar la erosión de sus terrenos en declive y para mantener el equilibrio climático de las poblaciones que como la ciudad de Monterrey, cuenta con un clima riguroso, con variaciones frecuentes, que es necesario atenuar para asegurar la buena salud de sus habitantes”1 por lo que “[...] es necesario que las montañas culminantes que rodean dicha población sean protegidas de manera eficaz en sus bosques, pastos y yerbales[...]”.2

2. El parque es considerado como una región prioritaria de conservación según la Conabio (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) es una zona AICA (Área de Importancia para la Conservación de Aves) y cuenta con un reconocimiento de la UNESCO como reserva MAB (Man and Biosphera), consecuencia de la declaratoria, se buscó adicionalmente la ejecución de trabajos de corrección torrencial y regularización, como resultado de las fuertes corrientes que fluyen, desde ese entonces, en el río Santa Catarina.

3. En el Parque Nacional Cumbres de Monterrey se encuentran zonas áridas, matorrales, bosques de pinos y encinos y diversas composiciones de flora a lo largo de los ríos y cañadas; además del “bosque de coníferas y latifoliadas, los chaparrales, el matorral desértico rosetófilo, el matorral submontano y el bosque de galería, reportándose a la fecha 1368 especies de flora y fauna, de las cuales 73 son consideradas en peligro de extinción”.3 Al menos eso era en el año 2000, también es importante señalar que representa grandes beneficios para la captura de carbono, lo que es relevante en una ciudad que presenta contaminación en el aire.

4. Asimismo, cuenta con una amplia fauna silvestre, entre la que se encuentra “el coyote, el puma, el tejón, el mapache, el venado cola blanca, el tlacuache, el armadillo, el jabalí, la zorra gris, la liebre, la ardilla gris y roja, la cotorra serrana oriental, el carpintero arlequín, el pato arcoíris, el cardenal, el halcón pálido, el halcón peregrino y el jilguero americano”.4

5. En la publicación del 8 de marzo del 2000 del Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo federal puso a disposición de todos los interesados y público en general los estudios técnicos para la redelimitación del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que concluyendo con el decreto del 17 de noviembre del 2000, que declara área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de Cumbres de Monterrey, ubicada en los municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, con una superficie total de 177,395-95-45.98 hectáreas.5

6. Pasado el año 2000, si bien el área metropolitana de Monterrey ha crecido vertiginosamente, la propia mancha urbana ha estado integrándose cada vez más a lo largo de los diversos municipios que de acuerdo al Conapo hoy la integra, exponiendo a mayores riesgos el propio parque nacional. Lo que resalta la necesidad de protegerlo, como se ha intentado desde 1939.

7. Hoy la ficha técnica actual que publica el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC) es clara en precisar que existe un programa de manejo,6 sin embargo, éste no se ha publicado,7 los programas de manejo representan documentos necesarios para dirigir, integrar y priorizar los proyectos y acciones de conservación, además de dar las especificaciones de las actividades humanas a fin de dirigirlas hacia modelos sustentables.

8. Para efectos de Consejo Nacional de Población (Conapo), la Zona Metropolitana de Monterrey cuenta con 17 municipios,8 integrados, conectados y relacionados con una codependencia significativa entre sí. Lo que se traduce en un nuevo contexto metropolitano al que el Plan de Manejo debe responder.

Considerandos

I. Como diputada federal y más aún como secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, es fundamental defender la integridad de nuestros espacios vitales en el país, que garantizan el funcionamiento de las áreas naturales y que aporten salud a la población.

II. El Parque Nacional Cumbres de Monterrey es una zona de interés vital para el área o zona metropolitana de Monterrey, y en virtud del interés estratégico que la ciudad representa para la nación; el propio parque nacional es esencial para el equilibrio y funcionamiento del país.

III. El Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC), ya ha manifestado que existe un plan de manejo, sin embargo, este debe de responder a la realidad y prospectivas de crecimiento urbano en la zona metropolitana.

IV. El plan de manejo del Parque Nacional Cumbres de Monterrey es el pilar fundamental para la adecuada planeación urbana y, en tanto, su expedición resulta necesaria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal (Semarnat), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, de la Dirección General de Conservación para el Desarrollo de la Semarnat y de la Dirección del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, a que desde el ámbito de las facultades y atribuciones conferidos a las instituciones a su cargo por las normas jurídicas aplicables, realicen las gestiones necesarias a fin de que se elabore o actualice y publique un programa de manejo del área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de Cumbres de Monterrey (Parque Nacional Cumbres de Monterrey).

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento exhorto a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal (Semarnat), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, de la Dirección General de Conservación para el Desarrollo de la Semarnat y de la Dirección del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, a que desde el ámbito de las facultades y atribuciones conferidos a las instituciones a su cargo por las normas jurídicas aplicables, realicen las gestiones necesarias a fin de que se elabore o actualice y publique un programa de manejo del área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de Cumbres de Monterrey (Parque Nacional Cumbres de Monterrey).

Notas

1 (Departamento Forestal y de Caza y Pesca, 1939).

2 Ídem.

3 (Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 2000)

4 Ídem

5 Ídem

6 (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación, 2018)

7 (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación, 2018)

8 (Consejo Nacional de Población, 2018)

Referencias

– Departamento forestal y de caza y pesca. (1939, noviembre 24). Decreto que declara parque nacional “Cumbres de Monterrey”, los terrenos que rodean dicha población. Obtenido de:

http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4495 669&fecha=24/11/1939&cod_diario=191064

– Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. (2000, noviembre 17). Decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de Cumbres de Monterrey, ubicada en los municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León. Obtenido de: https://simec.conanp.gob.mx/pdf_decretos/153_decreto.pdf

– Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación. (2018, enero 12). Programa de Manejo No Publicado Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Obtenido de: https://simec.conanp.gob.mx/pdf_pcym/153_DOF.pdf Vínculo obtenido en la ficha técnica /

https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=153&=11

– Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación. (2018, enero 12). Ficha Técnica Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Obtenido de:

https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=153&%3Creg %3E=11

– Los datos referentes a población se obtuvieron de las siguientes fuentes: -Población total estimada: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER), 2010.

– Consejo Nacional de Población. (2018, enero 26). Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015. Obtenido de: https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropol itanas-de-mexico-2015. Incluye Capítulo VI. Anexo estadístico y cartográfico: 16.03 ZM de Zamora a 32.01 ZM de Zacatecas-Guadalupe.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2019.

Diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a crear un grupo plural de trabajo que visite la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, de Salamanca, Guanajuato, a fin de revisar su funcionamiento en el marco del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, suscrita por los diputados Dulce María Sauri Riancho y Enrique Ochoa Reza, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 2, fracción II; 153 y 154 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear un grupo plural de trabajo que visite la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, de Salamanca, Guanajuato, para revisar su actual funcionamiento en el marco del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Antecedentes

El 30 de julio de 1950 fue inaugurada por el Presidente Miguel Alemán Valdés la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, conocida como RIMA o la Refinería de Salamanca, por su ubicación en ese municipio del estado de Guanajuato.1

A partir de 1943, se adquirieron los terrenos para instalar la refinería y se iniciaron las obras, con un proyecto a cuyo cargo y diseño estuvo el Ing. Arthur G. McKee, de Cleveland, Ohio, en Estados Unidos. La ciudad de Salamanca era por el año de 1948, una ciudad eminentemente agrícola, con una población de 20 mil habitantes y con un ambiente rural.2

Al inaugurarse RIMA estaba integrada por una planta de Destilación Primaria con capacidad para procesar 25,000 barriles por día. Ligada a ella, estaba una planta desulfuradora de gasolina, una planta de desintegración térmica, tanques de almacenamiento y servicios auxiliares. En esta fecha simultáneamente, entraron en operación las primeras unidades de producción a través del oleoducto de 450 kilómetros de longitud que conectaba a la Ciudad de Poza Rica, Veracruz, con la Ciudad de Salamanca Guanajuato.3

En 2013 se inauguró la planta recuperadora de azufre, que representó una inversión de casi 50 millones de dólares y cuya capacidad de procesamiento es de 80 toneladas diarias, lo que permite recuperar casi el 100% por ciento de azufre con tecnología de última generación. También se rehabilitó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con una inversión de 104 millones de pesos y capacidad para tratar hasta 500 litros por segundo de aguas residuales.4

Actualmente la Refinería de Salamanca tiene una superficie de 518 hectáreas, en donde se ubican 45 plantas de producción, y en términos de capacidad instalada, pudiera procesar 180 mil barriles diarios de petróleo crudo; cuenta con nueve calderas, cinco turbogeneradores y cinco unidades de tratamiento de agua. El complejo cuenta con 27 plantas energéticas, nueve de lubricantes, siete ecológicas y tres más petroquímicas. En RIAMA se elaboran petrolíferos de alta calidad para atender fundamentalmente, las necesidades de los estados de: Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.5

La Refinería puede producir una amplia gama de combustibles y energéticos con las cuales se abastecen empresas y consorcios, a través de una importante gama de productos, entre los que destacan: gasolinas Pemex Premium y Magna Ultra Bajo Azufre, Pemex Diesel y Diesel UBA, turbosina y asfalto Pemex EKBE Superpave, por mencionar algunos. RIMA es la única refinería del Sistema Nacional de Refinación de Pemex que produce alcohol isopropílico y lubricantes básicos para atender la demanda nacional.6

En el año 2016 se inauguró la planta de combustibles limpios (U-3000) , la cual permite el tratamiento de aproximadamente 25 mil barriles por día de gasolina para retirar el azufre y obtener gasolina Magna UBA, con un máximo de 30 partes por millón de peso de azufre, lo que beneficia al medio ambiente y a la población.7

Planteamiento del problema

Hasta noviembre de 2018 RIMA tuvo una producción de 79 mil 405 barriles diarios de petrolíferos, aproximadamente 15% de las seis refinerías que tiene el país. Tan solo de producción de gasolinas, la refinería registró el año pasado: 23 mil 656 barriles diarios, es decir el 13% del total de combustibles que se producen en el país, una cifra que ronda los 177 mil barriles diarios.8

El 27 de diciembre de 2018, el Presidente de la República anunció que, con la participación de 15 dependencias del gobierno federal, desde el 20 de diciembre de ese mismo año, habían iniciado las acciones que conforman el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex. 9

El titular del Ejecutivo dio cuenta de la gravedad que ha alcanzado el robo de hidrocarburos al interior de Pemex y señaló que el principal objeto del Plan, era combatir el robo de combustibles. Se refirió que las pérdidas diarias por este ilícito que ascienden a 200 millones de pesos diarios.10

Ante las cifras, el titular del Ejecutivo afirmó que existían elementos hipotéticos para establecer que: de todo el robo de combustible, sólo 20%, se daba con la ordeña de ductos, mientras que la mayor parte tenía que ver con un plan operado con la complicidad de las autoridades.

En tal escenario ese mismo 27 de diciembre de 2018, efectivos elementos del Ejército Mexicano revisaron las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pemex ubicadas en Guanajuato, como parte Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex. Las fuerzas armadas supervisaron entradas y salidas del personal de la Refinería de Salamanca y el gobernador informó de la intervención de las autoridades federales a la Refinería.11

En las siguientes semanas se derivó, por muchas malas decisiones y una buena causa (que es el combate al robo de combustible), una crisis de dimensiones nunca experimentadas en el abasto de gasolina, diésel y otros petrolíferos y que duro en el caso de Guanajuato hasta el 15 de febrero, sin que se haya restablecido al 100%, sino tal solo al 80%.12

Esta crisis sin precedentes ha impactado las actividades de al menos nueve estados de la República y tuvo un mayor alcance en el Estado de Guanajuato, debido a que la Refinería siempre tuvo los ductos como la forma de abastecer a las estaciones de servicio y principales empresas demandantes de petrolíferos y materiales y no estuvo nunca preparada para transportar el combustible, ni otros insumos por tierra, a través de auto tanques.

A decir del Gobernador de la Entidad, durante la crisis llegaron a operar tan solo el 10 por ciento de las estaciones de servicio del Estado, lo que ocasionó serios problemas con la movilidad y el transporte, tanto de las personas, turistas, como con materias primas y otros insumos vitales para la entidad y otros estados limítrofes.

Una vez en marcha el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, y puesta la mirada en una zona del país que se ha calculado, ha tenido pérdidas económicas por la falta de combustible de alrededor de 15 mil millones de pesos , sobre todo en los sectores comercio y turismo; también se revelaron otros problemas estructurales y coyunturales de la refinería.13

A partir del 16 de enero, cuando el gobierno federal paso a nuevas fases del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex y los ductos comenzaron a reabrirse, la refinería de Salamanca aún estaba prácticamente fuera de operación debido a problemas con sus plantas reformadoras y a la falta del químico MTBE. 14

El químico MTBE, es el nombre común de una sustancia química manufacturada llamada éter metil terbutílico . Es un líquido inflamable formado de la combinación de sustancias tales como el isobutileno y metanol. El MTBE se introdujo por primera vez en la década de los 1980 como aditivo en gasolina sin plomo para mejorar el octanaje de la gasolina. De esta manera, la combustión de la gasolina es más limpia y los combustibles que contienen estos aditivos se llaman gasolinas reformuladas.15

En México el MTBE empezó a utilizarse alrededor de 1990, con la aparición de la gasolina Magna y posteriormente con la Premium, mismas que desplazaron a la Nova, cuyo uso se eliminó para evitar las emisiones de plomo a la atmósfera.16

Pero en general y en nuestra perspectiva existen al menos tres asuntos que preocupan, respecto del desempeño y del funcionamiento de la refinería de Salamanca, que fueron alumbrados por la de desabasto de finales de 2018 y lo que va de 2019:

1. Aun abiertos los ductos para distribución de petrolíferos desde mediados de enero, RIMA no iniciaba su producción acostumbrada acorde a sus capacidades, por la falta de éter metil terbutílico y se estimó que reanudaría su producción de gasolina y petrolíferos hasta el 9 de febrero. Según los trabajadores de la refinería, existían altas cantidades de gasolina almacenada de bajo octanaje que no alcanza los 80 octanos y necesitaba de otras mezclas para alcanzar estándares de calidad para su venta. Este es un asunto que no se explicó y que aparentemente nada tendría que ver con el combate al robo de combustible sino de la adquisición oportuna del químico.

2. Desde principios de enero de 2019, algunos medios de comunicación de acuerdo a investigaciones periodísticas entre las que destaca la de Humberto Padgett , dieron cuenta que los trabajadores de la refinería en Salamanca, recibieron un correo electrónico con la prohibición de utilizar teléfonos celulares al interior de la refinería, supuestamente para evitar una comunicación con ladrones de combustible por parte de los responsables de las áreas de mantenimiento de plantas y talleres.

Sin embargo, también la medida se prestó al establecimiento de la censura por parte de algunas autoridades para trabajadores, que han denunciado paros de labores debido a que RIMA trabaja al 20 por ciento por la insuficiencia de gasóleo y reparaciones. 17

3. El pasado 19 de febrero otra periodista, Bárbara Anderson, dio cuenta de que en la refinería de Salamanca solo pueden abastecerse de petróleo crudo y entre los días 16 y 17 de enero “cuando las autoridades federales, anunciaron que no iban a comprar más crudo liviano y ante el pedido de gasolina por parte del gobierno de Jalisco - que llevaba 12 días de desabasto - alguien en Pemex, autorizó refinar crudo pesado en (la refinería de) Salamanca y por los altos niveles de azufre que tiene, se arruinaron cuatro plantas de hidrosulfuración”, lo cual ha dejado a RIMA operando al 10 por ciento de su capacidad (unos 20 mil barriles diarios) y solo produciendo combustóleo, por un error que, puede costar cientos de millones de dólares en reparaciones. 18

Ante esta información, no existe un plan de comunicación ni de resultados por parte de las autoridades en materia de energía ni de hidrocarburos, que mantenga al tanto a esta Soberanía respecto de lo que realmente sucede en esa Refinería, que ya está cerca de cumplir setenta años.

Ante esta dinámica la Cámara de Diputados en apego a las facultades de control que tiene sobre las acciones que emprende el Ejecutivo Federal, de vigilancia del gasto público, y con base a las atribuciones que le confiere su reglamento, en los artículos 153 y 154, requiere integrar un grupo plural de trabajo con legisladores de todos los grupos parlamentarios que pertenezcan a la Comisión de Energía, con el propósito de que lleve a cabo una visita a la refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca, Guanajuato, para conocer de cerca y de fuentes primarias y oficiales, lo que sucede en tan importante complejo petrolífero en la zona del Bajío.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprueba los siguientes

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, con base a sus atribuciones, acuerde la integración de un grupo plural de trabajo de legisladores con el objeto de realizar una visita a la Refinería de Salamanca, para conocer lo que sucede en su desempeño y funcionamiento, luego de la crisis del desabasto de combustibles, derivado de la instrumentación del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex y de la información que se ha tenido respecto de la falta de reactivación de la misma.

Segundo. Dicho grupo plural de trabajo debe presentar a la Junta de Coordinación Política un informe de la visita que permita conocer a esta soberanía la situación que guarda actualmente la Refinería respecto de su funcionamiento y para valorar la permanencia de su objeto y actividad.

Notas

1 https://periodicocorreo.com.mx/cumple-65-anos-la-refineria-de-salamanca /

2 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_regionales/Paginas/2016-059 -salamanca.aspx#.XHG6LsBKiM8

3 Ibídem

4 http://elsenordelhospital.blogspot.com/2012/03/una-breveisima-resena-de l-crecimiento.html

5 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_regionales/Paginas/2016-059

6 http://www.pemex.com/saladeprensa/boletines_regionales/Paginas/2016-059

7 Ibídem

8 ttps://www.am.com.mx/2019/01/26/local/salamanca-guanajuato-frenan-opera cion-refineria-ingeniero-m-amor-salamanca-pemex-541769

9 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-presenta -plan-conjunto-de-atencion-a-instalaciones-estrategicas-de-pemex-no-hab ra-tolerancia-para-nadie

10 Ibídem.

11 https://noticieros.televisa.com/historia/ejercito-toma-control-terminal es-irapuato-leon-guanajuato-huachicoleo/

12 https://www.informador.mx/mexico/Guanajuato-da-por-terminada-crisis-de- desabasto-de-gasolina-20190215-0039.html

13 https://www.informador.mx/mexico/Guanajuato-da-por-terminada-crisis-de- desabasto-de-gasolina-20190215-0039.html

14 https://www.excelsior.com.mx/nacional/ordenan-reapertura-de-7-ductos-pa ra-normalizar-abasto-de-gasolina/1290144

15 https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs91.html

16 http://www.teorema.com.mx/legislacionambiental/el-mtbe-

17 https://lopezdoriga.com/nacional/prohiben-uso-de-celulares-a-trabajador es-de-refineria-en-salamanca/

18 https://www.milenio.com/opinion/barbara-anderson/nada-personal-solo-neg ocios/salamanca-una-refineria-rota

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Diputados a los 5 días del mes de marzo de 2019.

Diputados: Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Jucopo a constituir la comisión especial de seguimiento a las acciones en materia de atención a la violencia hacia las mujeres y niñas, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Martha Tagle Martínez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y 205 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

El 1 de febrero de 2007, gracias a la lucha de muchas mujeres y a su mayor presencia en el Congreso, se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) “como una respuesta al contexto de violencia, y a otros factores como la falta de información sistemática debido a que los criterios de registro son diversos sobre la misma y a que no había homogeneidad en la consideración sobre la violencia contra las mujeres... hechos flagrantemente violentos en contra de mujeres son desechados como tales por diversas instancias con el argumento de que podrían haberle ocurrido a cualquier persona mujer u hombre, sin distinción ni especificidad genérica, o se desechan esgrimiendo la edad, el oficio, la actividad o la calidad moral de la víctima o del agresor”.1

La LGAMVLV surgió de la inadmisible y grave prevalencia de diversas formas de violencia contra las mujeres y sentó las bases para que las entidades federativas legislaran en la materia.

Dada la complejidad de la problemática de la violencia su prevención, atención, sanción y erradicación la LAMVLV define políticas de carácter integral, multidisciplinario e interinstitucional, en particular cuando hablamos del nivel de atención, al respecto, en concordancia con la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belén Do Para) que señalan la obligación de los estados parte de atender todas las formas de violencia contra las mujeres.

A más de diez años el contexto no ha cambiado, por el contrario, las formas de violencia contra las mujeres se han recrudecido y en algunos casos cobran formas más veladas pero no por ello menos graves, podemos concluir que vivimos en un estado en el que prevalece la violencia feminicida que de acuerdo a la ley se define como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres” (artículo 21).

La cifras hablan por sí mismas, baste hacer un recorrido por los diarios2 , dos de cada tres mujeres mexicanas han experimentado algún tipo de violencia; 41 por ciento de las mexicanas ha sido víctima de violencia sexual en alguna etapa de su vida. Quince de cada 100 mujeres mexicanas de entre 20 y 24 años fueron madres siendo menores de edad.

Cada hora, de los últimos cuatro meses de 2018, al menos fueron cometidos cinco delitos de violencia de género, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Otros delitos contra la libertad y seguridad sexuales, y la “violencia de género en todas sus modalidades”, repuntaron en 26.6 y 9.3 por ciento, respectivamente. La trata de personas, por su parte, aumentó en 31.8 por ciento.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) informó que 18 de las 32 entidades federativas, es decir, 56 por ciento del territorio nacional, se encuentra formalmente declarado en Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVG). Hay 90 municipios del país con declaratoria de alerta de violencia de género, y las entidades con mayores índices de feminicidios son el estado de México, Guerrero, Chihuahua, Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Baja California, Guanajuato y Oaxaca.

Se ha pasado de 7 a 9 feminicidios y 4 desapariciones de niños por día en el país. En lo que va del 2019, se han registrado 130 homicidios por razón de género.

En México, los cuerpos de las mujeres son encontrados calcinados, maniatados, desnudos o semidesnudos, decapitados, con huellas de tortura y violencia sexual, de acuerdo con María Salguero, geofísica y creadora del Mapa de Feminicidios en México, en el que registra con base en publicaciones periodísticas los asesinatos de mujeres en el país.

Recientemente, México presentó su noveno informe en el tema de atención a la violencia frente al Comité CEDAW, derivado de esta presentación el Comité emitió diversas recomendaciones, algunas de ellas son que el Estado:

- Adopte medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres.

- Vele porque se tipifique como delito el feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

- Evalúe la repercusión del mecanismo de alerta de violencia de género, a fin de garantizar una utilización amplia y armonizada y la coordinación en los planos federal, estatal y municipal.

- Refuerce los mecanismos de recopilación sistemática de datos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los feminicidios, y las desapariciones forzadas, desglosados por tipo de violencia y relación con los perpetradores.

Frente a la emergencia del contexto, legisladoras y legisladores de diversos grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados, han presentado un número importante de exhortos a diversas autoridades, muchos de ellos han sido desechados, pero al menos tres de ellos, se han aprobado en el pleno.

En sesión del 9 de octubre de 2018, mediante un acuerdo, la Junta de Coordinación Política reconoció y condenó el aumento de feminicidios en el país, en dicho documento exhortó a autoridades federales y locales a cumplir de manera urgente y prioritaria lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. De manera específica solicitaba atender las recomendaciones realizadas por el Comité CEDAW, derivadas del noveno informe presentado por el Estado mexicano.

En dicho exhorto también se solicitó la creación de una mesa de trabajo permanente con familiares de las víctimas de feminicidio en la que participen autoridades federales y locales competentes.

En el mismo sentido, el 6 de noviembre el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó un nuevo exhorto, propuesto por la Comisión de Igualdad en el que se solicitó “a los titulares de las 32 entidades federativas la atención prioritaria con todos los elementos institucionales y alcances de su responsabilidad a la actual situación de violencia feminicida en el país con carácter de emergencia nacional, con la intención de dar prioridad al impulso de los trabajos que sean requeridos para el óptimo desahogo de las actividades que tengan como finalidad la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

Así como reconocer como prioridad la imperante necesidad de ejercer el presupuesto con perspectiva de género, para atender de manera óptima la declaratoria de estado de emergencia nacional con respecto a los feminicidios en el país.

El pasado 7 de febrero (2019) nuevamente por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, se discutió y aprobó un exhorto a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar acciones contundentes para terminar con la violencia feminicida ejercida contra las niñas y mujeres del país, en el que se solicita a la Secretaría de Gobernación informe sobre el diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y a las autoridades de seguridad y procuración de justicia de las 32 entidades federativas que informen sobre la situación de violencia de género así como las acciones y protocolos prevención persecución y castigo de los feminicidios así como las garantías de no repetición para las mujeres y las niñas.

En este país matan a 9 mujeres, por el solo hecho de serlo, y cada vez a menores edades, y esto se repite de manera sistemática en cada entidad federativa y en cada municipio de nuestro territorio. A estas mujeres no sólo las matan sus parejas y cercanos, es decir de los feminicidas, sino también de cada una de las autoridades que no hacen lo que les toca, de las instituciones y personas que con indolencia no le da importancia a estos temas, o aquellos que consideran “gracioso” un chiste misógino.

En esta legislatura de la paridad de género, las legisladoras no podemos quedarnos calladas, de nada sirven los exhortos y solicitudes de información, debemos dejar de lado los colores partidistas pues a las mujeres las matan a todas por igual, no les preguntan por quién votaron o a qué partido pertenecen; necesitamos estar juntas para poner un alto a la violencia contra las mujeres.

Es urgente que este Congreso tome cartas en el asunto y en el marco de sus atribuciones emprenda acciones concretas para que a la luz de este contexto de violencia feminicida se evalúen los mecanismos que mandata la ley de acceso, como el Sistema Nacional para Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se instalen las mesas de trabajo que sean necesarias para recoger el sentir de las víctimas, pedir que comparezcan y rindan cuentas aquellas autoridades responsables de la política pública de atención a las violencias.

Al respecto es importante mencionar que el Congreso cuenta con espacios que le permiten tratar asuntos específicos cuando así lo requiere su gravedad:

Artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

“1. El pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico. El acuerdo que las establezca señalará su objeto, el número de los integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado.

Cumplido su objeto se extinguirán. Cuando se haya agotado el objeto de una comisión especial o al final de la Legislatura, el secretario general de la Cámara informará lo conducente a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, la cual hará la declaración de su extinción.”

Por su parte el artículo 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados prevé la creación de comisiones especiales como órganos que atienden asuntos específicos.

“1. Las comisiones especiales son órganos colegiados no dictaminadores que se encargan de atender los asuntos específicos que se les encomiendan. Se crearán mediante acuerdo del pleno de la Cámara, a propuesta de la Junta que debe señalar:

I. Su objeto y duración;

II. Sus tareas, con plazos para su cumplimiento;

III. Las tareas específicas que le sean encomendadas;

IV. El número de integrantes que la conforman, y

V. Los integrantes de su Junta Directiva.

2. Una vez que haya finalizado la legislatura o que hayan cumplido o agotado su objeto, se extinguirán. La Conferencia a través de acuerdo, lo comunicará al pleno.”

Por ello se propone la creación de la Comisión Especial de seguimiento a las acciones en materia de atención a la violencia hacia las mujeres y niñas, cuyo objeto sea conocer y dar seguimiento puntual a las políticas en materia de atención a la violencia que realice un diagnóstico sobre el contexto de violencia feminicida, evalúe la implementación de las medidas y mecanismos contemplados en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, el ejercicio presupuestal y el impacto que han tenido estas acciones en la vida de las mujeres.

Cabe mencionar que existen antecedentes respecto a la constitución de este tipo de comisión. Desde la LIX Legislatura en la que se creó la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana y a la procuración de justicia vinculada, que presidida por la diputada Marcela Lagarde, gracias a la labor de esta comisión especial fue posible contar con un diagnóstico que visibilizó que la problemática de los feminicidios tenía carácter nacional y no era exclusiva de Ciudad Juárez como se pensaba. Contar con esta información fue fundamental para la posterior aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Con esos antecedentes es que se propone la creación de la Comisión Especial de seguimiento a las acciones en materia de atención a la violencia hacia las mujeres y niñas, que tendría entre otras, las siguientes tareas:

• Revisar el marco jurídico nacional relacionado con la violencia de género.

• Conocer de los avances y resultados de las diferentes acciones desarrolladas en la materia para contrastar resultados comprobables de los recursos asignados para prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, con los impactos en la vida de las mujeres y las niñas.

• Establecer una vinculación, relación y colaboración con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos públicos y otras instituciones especializadas en la temática, para analizar, difundir y garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

• Promover la investigación, elaboración de estudios, foros y documentos que coadyuven a fortalecer la política de atención a la violencia.

• Dar seguimiento a la aplicación de las alertas de género, de las sentencias por feminicidios y de las sanciones a las autoridades responsables.

• Impulsar campañas sistemáticas y masivas para informar a las mujeres de sus derechos y publicitar los servicios disponibles para su atención.

Por lo anteriormente fundado pongo a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura a crear y constituir la Comisión Especial de seguimiento a las acciones en materia de atención a la violencia hacia las mujeres y niñas, debido al incremento de feminicidios en el país, misma que funcionará desde su aprobación por el pleno hasta el término de la presente Legislatura.

Segundo. La Comisión Especial de seguimiento a las acciones en materia de atención a la violencia hacia las mujeres y niñas, funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento de la Cámara de Diputados.

Notas

1 Lagarde y de los Ríos, Marcela, Por los derechos humanos de las mujeres: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales [en línea] 2007, XLIX (Mayo-Agosto): [Fecha de consulta: 09 de febrero de 2019] Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42120009 ISSN 0185-1918

2 Las cifras se retoman de la revisión de diferentes medios electrónicos, en fecha del 8 de febrero de 2019, URL:

La Vanguardia https://www.lavanguardia.com/participacion/lectores-corresponsales/2019 0205/46192072992/secuestro-desapariciones-feminicidios-metro-mexico.htm l. Huffington Post

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/11/26/
16-cifras-que-debes-conocer-sobre-violencia-contra-las-mujeres-en-mexico-y-el-mundo_a_23601529/

Infobae https://www.infobae.com/america/mexico/2019/01/16/
el-56-del-territorio-mexicano-tiene-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeres/

La Jornada https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/07/04/mexico-pais-violento-para -las-mujeres-estudio-6682.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2019.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CRE y la ASEA a garantizar que quienes realicen actividades del sector de hidrocarburos en México cumplan las medidas de seguridad y protección ambientales, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como los diputados Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido y Humberto Pedrero Moreno, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin lugar a dudas, el día de hoy tenemos un México muy distinto al que recibimos hace cinco años, el trabajo conjunto que hemos realizado las diferentes fuerzas políticas del país y los Poderes de la Unión, ha traído como consecuencia una nación en movimiento; hoy más que nunca contamos con la estructura jurídica y política que México demandaba varias décadas atrás. Logramos materializar reformas estructurales de gran calado en materias que para muchos era prácticamente imposible, las cuales transitaron debido a la confianza y nacionalismo de los partidos aquí representados.

El sector energético nacional fue participe y objeto de estas reformas estructurales, resulta estratégico dentro de nuestro proyecto de nación seguir impulsando su crecimiento ante la nueva apertura, generando confianza en la inversión y certeza para el establecimiento de nueva infraestructura, impulsando la diversificación energética nacional, además de llevar a las familias energía más barata, sustentable y segura.

El mercado energético nacional se ha revitalizado y sigue representado económicamente un factor fundamental para el desarrollo nacional. No obstante, las reformas estructurales en el rubro de energía han detonado desarrollos regulatorios complementarios por parte del Poder Ejecutivo federal, en este rubro ante esta tribuna fueron aprobadas las reformas por medio de las cuales se crearon y fortalecieron los órganos reguladores en materia de energía dentro del país, siendo éstos la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, dependencias que han enfrentado un gran reto en la implementación de la reforma energética. Sin embargo, su actuar resulta importante para garantizar el éxito de esta reforma en varios de sus ámbitos, el económico, social y ambiental, estos dos últimos fundamentales en la percepción y materialización de la reforma dentro del país.

Particularmente la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos tiene como misión, garantizar la seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente con certidumbre jurídica, procedimental y de costos en el sector de hidrocarburos.

Bajo su alcance, la propia agencia describe a su cargo, la seguridad industrial, operativa y protección ambiental.

La seguridad industrial se define como el área multidisciplinaria que se encarga de identificar, reducir, evaluar, prevenir, mitigar controlar y administrar los riesgos del sector, mediante un conjunto de normas que incluyen directrices técnicas sobre las instalaciones, y de las actividades relacionadas con aquellas que tengan riesgos asociados, cuyo principal objetivo es preservar la integridad física de las personas, de las instalaciones, así como la protección al ambiente.

La seguridad operativa la define como el área multidisciplinaria que se encarga de los procesos contenidos en las disposiciones y norma técnicas, administrativas y operativas, respecto de la tecnología aplicada, así como del análisis, evaluación, prevención, mitigación y control de los riesgos asociados de proceso, desde la fase de diseño, construcción, arranque y puesta en operación, operación rutinaria, paros normales y de emergencia, mantenimiento preventivo y correctivo. También incluye los procedimientos de operación y prácticas seguras, entrenamiento, auditorías, aseguramiento de calidad, pre-arranque, integridad mecánica y administración de cambios, entre otros en el sector.

Los últimos meses, diversos legisladores hemos recibido en este Congreso inquietudes con respecto a preocupación o descontentos sociales vinculados al desarrollo de las actividades del sector hidrocarburos, estoy seguro que varios de ustedes se sentirán identificados con esto, ciudadanos o grupos de ciudadanos que nos buscan por sentirse expuestos a riesgos por posibles accidentes al vivir cerca de gasolineras o gaseras, o por cómo se realizan las actividades de venta de gas estacionario en sus colonias; si bien los órganos reguladores encargados de esto se encuentran haciendo su trabajo, muestra de ello es la reciente publicación de las normas oficiales mexicanas: NOM-005-ASEA-2016 , Diseño, construcción, operación y mantenimiento de estaciones de servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas; y NOM-EM-001-ASEA-2015, Diseño, construcción, mantenimiento y operación de estaciones de servicio de fin específico y de estaciones asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de estación de servicio para autoconsumo, para diésel y gasolina, lo cierto es que no basta con contar con la reglamentación publicada, sino resulta fundamental su cumplimiento.

La ciudadanía requiere certeza de que las instalaciones de venta al público de petróleo y derivados del petróleo, son seguras y cumplen con todo lo determinado por la ley, ello les brinda certeza y seguridad. Múltiples han sido las manifestaciones y reclamos por la estación de gasolineras y gaseras, los reclamos van desde estados como Aguascalientes, hasta Yucatán, Jalisco y el estado de México, así también hace algunos años, instalaciones de este tipo fueron presa de afectaciones propiciadas por el crimen organizado, particularmente en estados como Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Jalisco, el cabal cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y protección ambiental, resulta relevante para el Estado y la ciudadanía.

La propia Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) en su Guía general para estaciones de servicio de diésel y gasolina, publicada en su página oficial establece que:

El 7 de noviembre de 2016, ASEA publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la NOM-005-ASEA-2016 con el objetivo de brindar certidumbre jurídica al sector, estableciendo las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental que deben cumplir todas las estaciones de servicio de diésel y gasolina en cuanto a diseño, construcción, operación y mantenimiento. Asimismo, el 14 de noviembre de 2016, se publicó en el DOF la NOM-EM-002-ASEA-2016 para establecer los métodos de prueba y parámetros para la operación, mantenimiento y eficiencia de los sistemas de recuperación de vapores de gasolinas ya instalados en las estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas.

No obstante lo anterior, no se encontró un informe o documento que garantice que la propia dependencia ha establecido un programa de cumplimiento de estas instalaciones con la normatividad y tampoco se encontró un registro de que dichas normas se cumplirán este año. Lo cual genera vacíos en la aplicación de las leyes e incertidumbre. Se sabe que al amparo del artículo 51 de la Ley de Hidrocarburos el incumplimiento con estas normas puede derivar en la revocación de los permisos de expendio otorgados a estas instalaciones por la Comisión Reguladora de Energía con la participación de la Agencia, por lo que se exhorta a estas instituciones como autoridades competentes a garantizar el cumplimiento de las leyes emitidas por este Congreso de la Unión y las normas emitidas por las propias dependencias, con el objeto de garantizar al estado y la ciudadanía en general la seguridad industrial y la protección ambiental de las gasolineras y gaseras que operan en México.

Por ello, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a garantizar que quienes realizan actividades del sector hidrocarburos en México, particularmente las actividades de expendio al público de petróleo y petrolíferos, cumplan con todas las medidas de seguridad y protección al medio ambiente durante su ciclo de vida incluyendo la etapa de operación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, informe periódica y públicamente a la ciudadanía por los medios que considere conveniente las medidas regulatorias y de cumplimiento que han implementado para garantizar la seguridad y protección al medio ambiente de quienes realizan actividades de expendio al público de petróleo y petrolíferos, considerando todo el ciclo de vida de los proyectos, particularmente su operación. Así como también, cómo se hará exigible su cumplimiento año con año, generando una estadística de avance de cumplimiento en este rubro dentro del sector hidrocarburos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en relación con los permisos emitidos para tal efecto por la Comisión Reguladora de Energía.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a garantizar que las estaciones de expendio al público de petróleo y petrolíferos cumplan cada año, sin excepción, con lo establecido por la NOM-005-ASEA-2016 y la NOM-EM-001-ASEA-2015, e informe periódica y públicamente a la ciudadanía por los medios que considere conveniente su cumplimiento en cada caso, en materia de seguridad y protección al medio ambiente dentro de sus etapas de diseño, construcción, operación y mantenimiento, con el objetivo de garantizar la protección a las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos. En caso de que no cumplan con dichas medidas, solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la revocación de los permisos de expendio otorgados.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a que informe periódica y públicamente a la ciudadanía por los medios que considere conveniente a cuántas estaciones se les ha aplicado la revocación de los permisos de expendio, cuántas estaciones de servicio para el expendio al público de diésel y gasolina han presentado ante esa Agencia los dictámenes de operación y mantenimiento señalados en las NOM-005-ASEA-2016 y NOM-EM-001-ASEA-2015, durante los años, 2015, 2016, 2017 y 2018, estableciendo que porcentaje del total de los sujetos obligados han cumplido en la entrega por cada año y determinando como Autoridad cuales han sido las acciones realizadas para exigir a los obligados el cumplimiento de dicha obligación, señalando las áreas, los nombres y cargos de los funcionarios responsables.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Emilio González Martínez, Beatriz Manrique Guevara, Carlos Alberto Puente Salas, Rogelio Rayo Martínez, Jesús Carlos Vidal Peniche, Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica), Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Humberto Pedrero Moreno (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Universidad y la Secretaría de Educación de Colima a liquidar los adeudos vigentes con los organismos municipales operadores de agua derivados de la prestación del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento, a cargo de la diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal por Colima, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Rectoría de la Universidad de Colima y al titular de la Secretaría de Educación de Colima para que en el ámbito de sus atribuciones giren las instrucciones a los funcionarios competentes para que se paguen los adeudos vigentes para con los organismos municipales operadores de agua de Colima, derivados de la prestación del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones

Exposición de Motivos

El municipio libre es el pilar de la organización política y territorial de nuestro país. Las actividades de gobierno desarrolladas en el ámbito de competencia de los municipios son, por excelencia, las de mayor proximidad a la vida de los ciudadanos, y por lo tanto, gozan de alta relevancia. Particularmente, los municipios son los encargados de garantizar a sus habitantes el acceso a infraestructura y equipamiento suficientes para disfrutar de los servicios públicos necesarios para alcanzar un nivel de bienestar social aceptable.

Uno de los fundamentos del deber de las administraciones públicas municipales de brindar servicios públicos se encuentra en las obligaciones que el Estado mexicano ha asumido frente a la comunidad internacional. México adoptó en diciembre de 1995 el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derecho Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cuyo artículo 11 se dispone que “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.”

Por su parte, el fundamento en el orden jurídico nacional del deber municipal de brindar servicios públicos se encuentra en la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se señala que los municipios tienen a su cargo, entre otros, los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Esta atribución municipal encuentra su correlato en el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua, reconocido en el párrafo sexto del artículo cuarto constitucional.

A su vez, en el artículo 86 de la Ley del Municipio Libre del estado de Colima se establece que los Ayuntamientos organizarán y reglamentarán la administración, funcionamiento, conservación y explotación de sus servicios públicos, entre los que se encuentran los de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

En relación con las consideraciones anteriores, resulta imperante no perder de vista que los servicios de agua potable y saneamiento son de alta relevancia para el desarrollo social. Así, garantizar la prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento constituye uno de los diecisiete Objetivos contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual fue aprobada en septiembre de 2015 en el seno de la Organización de la Naciones Unidas.

En síntesis, observamos que el deber gubernamental de garantizar el acceso a los servicios públicos referidos es reconocido como muy importante tanto nacional como internacionalmente. En México esta actividad gubernamental se lleva a cabo por medio de entes públicos denominados organismos operadores de agua, cuya función consiste en operar, conservar y administrar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de los municipios.

A pesar de la importancia fácilmente aprehensible de la función de brindar el servicio de agua potable y saneamiento, los organismos municipales operadores de agua de Colima enfrentan el obstáculo del no pago de los servicios brindados. Quien aquí suscribe realizó una solicitud de acceso a la información sobre adeudos a los organismos operadores de agua del Estado de Colima, la cual fue atendida favorablemente. La información obtenida muestra que los entes públicos usuarios de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado tienen adeudos para con cada uno de los organismos municipales operadores de agua de Colima. Este es particularmente el caso del impago de los derechos causados por la Universidad de Colima y por las escuelas públicas administradas por la Secretaría de Educación de Colima. La Secretaría de Educación estatal adeuda cuando menos 4 millones 633 mil pesos, mientras que la Universidad de Colima adeuda cuando menos 9 millones 913 mil pesos, y decimos cuando menos porque estos son únicamente los impagos para con la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo.

Los argumentos que justificación la concentración de las atribuciones de control político de esta asamblea sobre la Universidad de Colima y la Secretaría de Educación estatal son dos. El primero de ellos es de naturaleza fiscal. La situación de impago de los derechos causados por ambos entes públicos es violatoria del artículo 1o. de la ley que establece las Cuotas y Tarifas para el Pago de Derechos por los Servicios Públicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de cada uno de los municipios en los que desarrollan sus actividades institucionales, siendo cuando menos en los municipios de Armería y Manzanillo. El segundo argumento es de naturaleza social. La potencial falta de liquidez de los organismos municipales operadores de agua de Colima pone en riesgo el pago de los compromisos financieros contraídos por los mismos con la Comisión Federal de Electricidad, lo cual puede generar fallas en la extracción de agua ante eventuales cortes del suministro eléctrico, y esto a su vez ocasionar malestar social.

En este marco, la actuación de la Universidad de Colima y de la Secretaría de Educación del Estado de Colima desafían el mandato establecido en el párrafo tercero del artículo 1° constitucional respecto al derecho humano al agua, pues en tal dispositivo se establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”

Por lo expuesto, me permito poner a la consideración de este cuerpo colegiado la resolución siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Rectoría de la Universidad de Colima para que con base en sus atribuciones giren sus instrucciones al personal competente a fin de que paguen la totalidad de los adeudos vigentes con todos y cada uno de los organismos operadores de agua del estado de Colima.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación del estado de Colima para que con base en sus atribuciones gire sus instrucciones al personal competente a fin de que paguen la totalidad de los adeudos vigentes con todos y cada uno de los organismos operadores de agua del estado de Colima.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2019.

Diputada Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para diseñar una campaña sobre los riesgos de la ausencia de vacunación en las diferentes etapas de vida de las personas, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para elaborar una campaña sobre los riesgos de la ausencia de vacunación en las diferentes etapas de vida de las personas, esto en favor de evitar la no vacunación por parte de ciertos grupos anti-vacunas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La existencia de movimientos anti-científicos se ha propagado de manera agresiva por el mundo en las dos últimas décadas. Creencias como la forma “plana” de la tierra, la “falsedad” del Holocausto o el “falso” alunizaje por parte de la NASA, han permanecido en la “mitología” urbana por años. Diversos grupos sostienen la validez de estos, forman comunidades y se agrupan entre sí al asumirse creyentes de alguna o varias de estas ideas. De entre ellos, el movimiento anti-vacunas es el que mayor temor ha generado entre las diversas naciones desarrolladas y en vías de desarrollo debido a los efectos letales que puede generar su apoyo, la irrelevancia de las fronteras sociopolíticas en relación con el funcionamiento de las enfermedades y la posibilidad de epidemias o pandemias con efectos fatídicos para los sectores poblacionales más vulnerables, como niños, personas de la tercera edad y comunidades marginadas.

En el caso concreto de México, el movimiento mostró uno de sus primeros indicios cuando se reportaron en 2018 cuatro casos de sarampión,1 enfermedad que se pensaba erradicada desde finales de los años noventa en territorio nacional. Si bien, tres de estas personas eran italianos (país de la Unión Europea, UE, con mayor número de casos de sarampión), se sabe que el contagio se suscitó en México y que, debido a la ausencia de vacunación para prevenir el contagio. Por esta misma razón, la información que provee la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de esta enfermedad en territorio europeo es de llamar la atención: se reportaron 41 mil casos de sarampión en la primera mitad de 2018, donde ha subido de manera estrepitosa en contraste con los 5 mil 273 casos en 2016 y los 23 mil 927 casos en 2017.2 A pesar de que no nos involucra directamente, sus efectos en una escala mundial son de temer para aspectos desde la salud de nuestra población, hasta aspectos de seguridad nacional. Con el constante contacto y turismo entre la UE y México, se abre la posibilidad de empezar a tener eventos de este tipo, donde desconocemos la posibilidad de desarrollo de la enfermedad en espacios donde, debido a su erradicación, no hay una familiaridad con dicha enfermedad.

Afortunadamente, en nuestro país pareciera que la aplicación de vacunas sigue teniendo amplia legitimidad entre la población, debido a que los brotes de ciertas enfermedades se han mostrado como anomalías. Aun así, la narrativa que usualmente viene acompañada de los movimientos anti-vacunas es un discurso que es “crítico” de la legitimidad del Estado. En un país donde el Estado ha tenido una pérdida de confianza y legitimidad ante el incremento de la violencia, de los casos de corrupción y un decrecimiento del poder adquisitivo, ciertas concepciones nocivas pueden empalmarse con un discurso que se asuma crítico, por lo que reforzar el papel de las vacunas, su validez de carácter científico (independiente de la dimensión política) y la relevancia para la supervivencia no sólo de nuestras formas de organización social, política y económica, sino de la supervivencia de la especie en su totalidad.

Es sobre un escenario como este en el que busco proponer un reforzamiento de la relevancia de las vacunas para el mantenimiento de la vida y la posibilidad de mejorarla. Estar sujetos a discursos carentes de fundamento, pero con la posibilidad de generar daños irreparables a nuestra forma de vida como la conocemos, requiere de una política intensiva acerca de la validez de la medicina, sus beneficios y sus límites. Por ello, la implementación de campañas acerca de la relevancia de la vacunación, de los efectos de no realizarla, a nivel individual y social, es parte de un enfoque preventivo ante el inminente problema que se avecina si no se toman las medidas correspondientes. Igualmente, para que la campaña se propague en espacios de formación, considerar las escuelas como uno de los principales espacios para llevar a cabo este tipo de campañas me parece un buen inicio para su implementación posterior, debido a una gama mucho más diversa de personas en diferentes etapas de su vida, pero las cuales pueden sufrir consecuencias diversas por efectos de una pandemia. Establecer las bases desde la infancia, igualmente, toma ventaja de que las personas se vuelven agentes activos respecto a la remembranza de su relevancia y la inculcación del hábito de apegarse a las normatividades de las campañas de vacunación, garantizando el bienestar de próximas generaciones.

El Programa de Vacunación Universal, con acciones permanentes e intensivas como las Semanas Nacionales de Salud, se ha convertido en una sólida política del Estado mexicano para prevenir padecimientos y mejorar la salud pública. A través de sus estrategias se han eliminado enfermedades como la viruela, la poliomielitis, la difteria, la rubeola endémica y el sarampión, que en su momento, algunas de ellas se consideraron mortales y sin cura, ocasionando graves consecuencias en la salud de las poblaciones.

Los avances científicos y tecnológicos de la medicina, la profesionalización y especialización de nuestros recursos humanos, mejores vías de comunicación y mecanismos más eficientes de colaboración entre sociedad y gobierno han fortalecido al Programa de Vacunación Universal, a fin de dar respuesta a las necesidades y perfiles epidemiológicos y demográficos, así como a las características geográficas de México. Durante las tres Semanas Nacionales de Salud se alcanza alrededor de 97 por ciento de la meta programada en vacunación infantil contra la tuberculosis, hepatitis B, rotavirus, neumococo, tos ferina, tétanos, difteria, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo b, sarampión, rubeola, parotiditis, virus del papiloma humano.

La introducción y universalización de las vacunas antineumocócica conjugada y anti-rotavirus en la población infantil han constituido uno de los más recientes éxitos del Programa de Vacunación Universal, las cuales han impactado directamente en la reducción de la mortalidad infantil, y con ello en el cumplimiento de este Objetivo de Desarrollo del Milenio al que México se comprometió.

La coordinación entre las instituciones del Sistema Nacional de Salud es parte fundamental del éxito de la Semana Nacional de Salud. Precisamente estas semanas nacionales de salud involucran una amplia participación de las instituciones públicas de salud, de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y miles de voluntarios que se unen a las acciones de prevención y promoción de la salud con el loable objetivo de ganar años de vida saludable para las y los mexicanos.

La próxima Semana Nacional de Salud inicia el 23 de febrero y termina el 1 de marzo bajo el lema “Por el bienestar de tu familia y México: vacúnalos”. Para este 2019, se espera alcanzar y mantener 95 por ciento de cobertura de vacunación por entidad federativa y alcanzar y mantener 90 por ciento de cobertura de vacunación en el esquema completo para menores de un año de edad y al año de edad por entidad federativa.

También para este año 2019 se prevé realizar 100 mil eventos educativos hacia la población, para la promoción de la alimentación correcta y el consumo de agua, la actividad física, la lactancia materna y el rescate de la cultura alimentaria tradicional; así como lograr 90 por ciento de detecciones de obesidad, diabetes mellitus, hipertensión arterial y dislipidemias, en la población de 20 años y más de edad, responsabilidad de la Secretaría de Salud; al respecto, como insumo para el seguimiento de casos de diabetes mellitus, se efectuará la medición anual con hemoglobina glucosilada a 205 mil 118 pacientes en tratamiento.3

En términos presupuestales el Programa de Vacunación tuvo un incremento de 134.9 millones de pesos en 2019 (se le asignaron 2 mil 131 millones de pesos) respecto lo que recibió en 2018 (mil 996 millones de pesos).4

No obstante todo lo anterior, ante un escenario de crecimiento de los movimientos anti-vacunas, el papel que juega México en un mundo interdependiente, donde las enfermedades van más allá de los límites sociales y culturales de cada una de nuestras comunidades, al necesidad de reforzar y expandir las campañas de vacunación funcionará como un mecanismo preventivo de futuros desastres nacionales de salud, donde un aproximación preventiva y no reactiva podría salvar una cantidad innumerable de vidas no sólo en México, sino en países que mantengan un contacto constante con nuestra población. Un constante acceso a la información siempre será una forma bastante plausible de hacer frente a la desinformación, la falta de confianza y transparencia en favor de las comunidades que integran a nuestro país.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que la Secretaría de Salud refuerce en el Programa de Vacunación Universal diversas medidas de prevención y promoción de la salud hacia la población sobre tener esquemas de vacunación incompletos respecto a edad y biológicos indicados, como los riesgos de la ausencia de vacunación en las diferentes etapas de vida de las personas.

Notas

1 Esteban Illades. (2018). “El movimiento antivacunas y el regreso del sarampión a México”, de Milenio . Sitio web:

https://www.milenio.com/opinion/esteban-illades/columna-esteban-illades/
el-movimiento-antivacunas-y-el-regreso-del-sarampion-a-mexi

2 Helen Stokes-Lampard. (2018). “Anti-vaxxers are still spreading false claims as people die of measles”, de The Guardian . Sitio web:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/21/an ti-vaxxers-measles-mmr-vaccine-gp-online

3 Proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

4 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a transparentar los criterios por los cuales decidió disminuir o desaparecer programas sociales, a cargo del diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Ernesto Javier Nemer Álvarez, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal a transparentar los criterios por los cuales ha decidido disminuir o desaparecer una serie de programas sociales, vulnerando con ello el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de la población, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde un punto de vista conceptual, si la política social es entendida principalmente como “política”, es decir, como objeto y resultado de procesos de decisión política que ocurren dentro de las condiciones de un determinado modelo de relaciones entre el Estado, la economía y la sociedad, entonces es de esperar que las transformaciones operadas a ese modelo afecten también las políticas sociales (Sottoli, 2002; 43-44).1

En este mismo tenor, de acuerdo con Medina (2000) “La política social puede ser entendida como el conjunto de acciones y programas que definen y ponen en marcha los gobiernos para atender las necesidades básicas de la población. En términos operativos, se trata de un conjunto de programas e instrumentos que contemplan distintas acciones orientadas a mejorar el nivel de vida de la población y reducir la pobreza extrema.

Cada Estado debe definir sus propios objetivos y prioridades, así como las estrategias que les resulten más pertinentes para tender y satisfacer las demandas sociales”.2

Históricamente, la política social del gobierno de México, que comprende un extenso conjunto de programas y acciones cuyo objetivo medular es igualar el acceso a las oportunidades y mejorar los niveles de vida de la población, ha jugado un papel de primera trascendencia en el desarrollo nacional.

Pese a la relevancia de las anteriores consideraciones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no cuenta hasta el momento con una política social como tal; lo que está llevando a cabo son transferencias monetarias a diferentes grupos sociales como las personas con discapacidad, los jóvenes que no estudian ni trabajan y las personas de la tercera edad, principalmente.

Se trata de programas meramente asistencialistas, que no forman parte de una política social integral y que además tienen un sentido evidentemente clientelar.

Este desdén por la política social, queda de manifiesto en la reducción o desaparición de diversos programas sociales en lo que va del actual gobierno.

De acuerdo con medios periodísticos, en cinco dependencias, 125 programas sufrieron disminuciones o desaparecieron, por lo que se pueden tener fuertes repercusiones en los próximos meses que difícilmente serán compensadas con los nuevos programas sociales, que en su mayoría son de apoyos económicos directos.3

Para dimensionar la gravedad de esta situación, basta señalar que en el ramo de Bienestar desaparecieron o se redujeron 22 programas sociales, entre ellos el de Comedores Comunitarios, el de Atención a Jornaleros Agrícolas, de Empleo Temporal, Seguro de Vida para Jefas de Familia y el del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías.

Uno de los ramos más afectados fue el de salud, en virtud de que 30 rubros tuvieron disminuciones y hubo programas que desaparecieron, entre los que se encuentra el de Apoyos para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad, el de Fortalecimiento a los Servicios Estatales de Salud, el de Comunidad Diferente y el de Mantenimiento de Infraestructura.

La situación es particularmente grave y lamentable cuando se quitan recursos a programas enfocados a la atención de enfermedades terribles como el cáncer. Al respecto, cabe señalar que presumiblemente el programa Manejo Integral para la Atención de pacientes con Cáncer Cervicouterino Localmente Avanzado (Micaela), que opera el Instituto Nacional de Cancerología (Incan), se había quedado sin recursos en el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2019.

Sin embargo, gracias a l intervención de las comisiones de Salud del senado y de la Cámara de Diputados, en el PEF aprobado se asignaron 200 millones de pesos para diversos programas del Incan, entre estos Micaela, al que se le otorgaron entre 15 y 20 millones de pesos.4

De igual manera, registraron fuertes reducciones el de Atención a Personas con Discapacidad, ya que el gobierno optó por las becas y se redujo 93 por ciento el de Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, principalmente.

En materia educativa, en el Ramo 11 se recortaron los recursos a 30 programas, de los cuales dos fueron defendidos por el Congreso de la Unión: el Programa Nacional de Inglés y el de Cultura Física y Deporte. También, hay reducciones en los programas de Inclusión y la Equidad Educativa y el de Políticas de Igualdad de Género en este sector.

Por si fuera poco, se disminuyó el presupuesto a estancias infantiles y el destinado a Educación Inicial y Básica Comunitaria, así como a la Educación para Adultos.

En el sector Agricultura y Desarrollo Rural, se disminuyeron 24 programas, si bien la Cámara de Diputados corrigió y regresó recursos a siete de estos programas, aunque desaparecen el de Fomento Ganadero, el de Apoyos a la Comercialización y el de Vinculación Productiva.

Y, por último, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano tuvo reducciones en 15 de sus programas, de los cuales desaparecieron tres de ello, y el Ramo 10 de Economía tuvo disminución en los recursos para 19 programas.

Se trata de decisiones muy lamentables que están afectando a México y a los mexicanos. En este sentido, existen varias interrogantes que deben ser despejadas, entre las que destacan las siguientes: ¿Cuáles fueron los criterios técnicos para desaparecer o reducir los programas sociales? ¿A cuántos mexicanos se ha dejado de atender con dicha decisión? ¿Dónde quedó el compromiso con los más necesitados? ¿No se está violando la Constitución en cuanto a garantizar derechos fundamentales? ¿Qué opciones se tienen previstas para cubrir las necesidades de la población objetivo que se está dejando de atender por cada uno de los programas cancelados?

La política social permite hacer efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales de los individuos, que les permitan su desarrollo pleno y acceder a un mejor bienestar y calidad de vida.

Sin embargo, el actual gobierno ha carecido de una planeación estratégica en las políticas hasta ahora implementadas. Más bien se ha tratado de un conjunto de ocurrencias y no de políticas sustentadas en estudios técnicos. No es con transferencias monetarias como se resuelven los problemas de desigualdad y pobreza, ya que no inciden en las causas estructurales de las mismas, al contrario, terminan por generar importantes riesgos como el limitar el ejercicio de derechos sociales de otros segmentos de la población.

El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar los derechos fundamentales de la población, en materia de salud, educación, servicios básicos, seguridad, empleos y vivienda dignos, principalmente.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal a transparentar los criterios por los cuales ha decidido disminuir o desaparecer diversos programas sociales, vulnerando con ello el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de la población.

Notas

1 Sottoli, Susana (2002), “La política social en América Latina: diez dimensiones para el análisis y el diseño de políticas”, Papeles de Población, volumen 8, número, 34, octubre-diciembre. Universidad Autónoma del Estado de México. Consultar en

https://www.redalyc.org/pdf/112/11203410.pdf

2 Medina, Fernando, “La política social de México 1995-2000: evaluación de resultados”. Consultar en https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/0/5910/mexico_politicasoci al.doc

3 https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/georgina-morett/disminuyeron-12 5-programas-sociales

4 https://lasillarota.com/nacion/programa-para-cancer-cervicouterino-con- presupuesto-de-20-mdp-mohar-salud-congreso-seguro-popular/272780

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el martes 5 de marzo de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar a los gobernadores y los respectivos congresos locales a expedir o, en su caso, armonizar sus normativas conforme a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, a cargo de la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Lourdes Celenia Contreras González , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente someto a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobernadores de las entidades federativas y a sus respectivos congresos locales, a expedir o, en su caso, armonizar sus leyes atendiendo la Ley General de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, en su estudio Guarderías/estancias infantiles en México, Información estadística, señala que el establecimiento de leyes y reglamentaciones sobre estas, implica que se integran a las estrategias y acciones instrumentadas en el marco de políticas públicas orientadas al desarrollo social. Los servicios de guarderías, a través de las estancias y centros de desarrollo infantil, forman parte de una responsabilidad del Estado mexicano relacionada con los derechos laborales, de la infancia y de la madre y/o padre solo.

La incorporación de las mujeres al mercado laboral, sin dejar de lado el papel que desempeñan dentro de la familia, fomentó la creación y expansión de este tipo de apoyo, a fin de brindar seguridad a las niñas y niños, y a su vez, posibilitó la inserción y permanencia de las mujeres al ámbito económico.

Han pasado casi 10 años de la creación de la Ley General de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil y de manera irresponsable, una gran parte de los estados no cuenta con su Ley en la materia y, otros tantos, no han armonizado su legislación, consecuencia de ello, tampoco cuentan con el reglamento correspondiente, lo que pone en riesgo a niñas y niños que acuden a las estancias infantiles o guarderías.

Como sabemos, esta Ley se creó derivado de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora. Tras estos hechos, los padres de las víctimas se unieron para crear el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, AC, y Manos Unidas por Nuestros Niños, quienes fueron determinantes para la creación de este ordenamiento.

La conocida Ley 5 de junio fue publicada en 2011, mandatando dentro del Quinto transitorio, que las entidades federativas contarían con un plazo de un año para expedir sus respectivas leyes en la materia o adecuar las ya existentes conforme a la presente Ley, a partir del día en que entrara en vigor el Decreto correspondiente, es decir, en 2012. Sin embargo, a pesar de ello, a la fecha, existen estados que no han decretado la Ley respectiva, si bien, en diversas entidades ya existen las iniciativas en sus Congreso, estás no avanzan.

La protección civil debería ser una de las principales razones para la toma de decisión y estas no parecen relevantes para muchos estados, en razón de que a la fecha no cuenta con el mandato correspondiente.

De acuerdo con lo que establece el citado ordenamiento, los estados se encuentran obligados a legislar y atender esta ley, dicho atraso ha provocado, por ejemplo, que no se atienda el Registro Nacional de los Centros de Atención, ya que, de acuerdo con la ley, conforme al artículo 39, deben crearse con base a los registros locales, lo que dificulta por lo menos, la ubicación de las estancias infantiles, la capacidad instalada y en su caso, ocupada, entre otros requisitos no menos importantes.

Así también, a nivel federal el atraso ha sido igual, ya que fue hasta el 5 de julio del 2018, que se publicó la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SEGOB-2015, Medidas de Previsión, Prevención y Mitigación de Riesgos en Centros de Atención Infantil en la Modalidad Pública, Privada y Mixta, lo que dejó al libre albedrío la seguridad de las niñas y niños, ya que las NOM, “son regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana; así como aquellas relativas a terminología y las que se refieran a su cumplimiento y aplicación”.1

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, nos da un acercamiento, ya que al segundo semestre de 2016, existían en todo el territorio nacional 13 mil 535 guarderías, de las cuales 64 por ciento (8 mil 645) eran privadas.2

Por entidad federativa, el estado de México contaba con 831 guarderías privadas, y, junto con otras ocho entidades, concentraba 52 por ciento del total nacional.

Hasta la fecha, una parte importante de los estados cuenta con una ley en la materia, sin embargo, casi la mitad está en proceso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determino que los hechos ocurridos en la Guardería ABC de Hermosillo Sonora, constituyeron violaciones graves a las garantías individuales, y se insistió en que las responsabilidades de carácter político, penal y administrativa están a cargo de autoridades que tienen el mandato constitucional y legal de fincarlas en los casos que se les presenten, por lo tanto, también es una irresponsabilidad el no dotar de los ordenamientos necesarios para una mejor aplicación de la ley, pero sobre toda para mayor seguridad de las niñas y niños.

Tales acciones son las siguientes:

Para las autoridades de los tres niveles de gobierno en todo el país:3

1. Redimensionar la acción pública para que en toda política legislativa administrativa o judicial, donde se vean involucrados los derechos de los infantes, se atienda al interés superior del niño, el cual exige medidas de protección reforzada.

2. Revisar la normatividad referente a la seguridad de los menores en los centros a los que eventualmente acceden, tales como hospitales, escuelas, centros de recreación y guarderías. Tal normatividad debe atender a las más altas exigencias que demanda la protección de la integridad física de los menores.

Es así, que podemos observar que no se está cumpliendo con lo que se mandata desde nuestra Constitución, que es el interés superior de los niños, y de igual forma, a nivel internacional se han hecho llamados a nuestro país como lo fue la Observación General número 14,4 aprobada por el Comité de los Derechos del Niño en 2013, la cual determinó que el interés superior de la infancia es un derecho, un principio y una norma de procedimiento.

No solo es importante su seguridad, sino que, con una ley y reglamentación en la materia acorde, se les brindará a las niñas y niños una educación inicial con calidad como aquella que tiene el propósito de favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social, educación que debe ser vista como aquella que tiene el propósito de favorecer todas las capacidades de las niñas y niños.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a los gobernadores de las entidades federativas y a sus respectivos congresos locales a expedir o, en su caso, armonizar sus respectivas leyes en la materia o adecuar las ya existentes conforme, a lo establecido en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, según lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio.

Notas

1 https://www.gob.mx/salud/en/documentos/normas-oficiales-mexicanas-9705

2 https://www.gob.mx/profeco/documentos/guarderias-privadas-la-eleccion-d e-cuidar-lo-mas-preciado?state=published

3https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/sinopsis_as untos_destacados/documento/2016-11/TP-160610-AZLL-01_0.pdf

4 https://www.unicef.org/ecuador/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDe LosDerechosDelNino-WEB.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo del 2019.

Diputada Lourdes Celenia Contreras González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Sader a no excluir de los apoyos a la comercialización y el ingreso objetivo a los productores de granos básicos del país que producen el equivalente a 30 hectáreas o más, a cargo del diputado Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Jesús Salvador Minor Mora, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente:

Antecedentes

En el valle de Mexicali se vive actualmente una situación grave por parte de los productores del principal cultivo de la entidad, que es el trigo.

De una superficie sembrada hace cuatro años de 107 mil hectáreas con cosechas de casi 600 mil toneladas; para el presente ciclo 2018- 2019 se han sembrado 48 mil hectáreas es decir casi 60 por ciento menos, afectando con ello toda la rama productiva, la industria, la economía de toda la región y una pérdida significativa de empleos.

Los pocos productores que quedan en la actividad enfrentan problemas de cartera vencida por lo que se estima una cosecha de solo 288 mil toneladas y de ellas poco más del 60 por ciento de ésta se verá afectada con las medidas que busca implementar el gobierno federal de apoyar como máximo el equivalente a 30 hectáreas con apoyos a la comercialización y el ingreso objetivo.

Actualmente, el precio internacional es de 192 dólares o 3 mil 550 pesos por tonelada que son casi mil pesos menos del ingreso objetivo que es de 4 mil 556 pesos para trigo cristalino y mil 500 pesos por tonelada menos para el trigo panificable que es 5 mil 10 pesos, lo que pondría en situación de quiebra a los pocos productores que aún persisten en la actividad con la consiguiente debacle financiera que daría la puntilla definitivamente al valle de Mexicali.

De aplicarse la medida de excluir de los apoyos a la comercialización y al ingreso objetivo en los programas de la Sader a los productores de granos básicos que producen el equivalente a 30 hectáreas o más en el valle de Mexicali y en todo el país, se pone en grave riesgo la producción nacional, la alimentación en la mesa de todos los mexicanos y la meta de alcanzar algún día la soberanía alimentaria.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a no excluir de los apoyos a la comercialización y al ingreso objetivo a los productores de granos básicos del país que producen el equivalente a 30 hectáreas o más, ya que esto pone en grave riesgo la producción nacional, la proveeduría en la mesa de los mexicanos, la planta productiva nacional y la meta de alcanzar la soberanía alimentaria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2019.

Diputado Jesús Salvador Minor Mora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Tamaulipas a elaborar un programa estatal para la prevención y gestión integral de los residuos, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que esta honorable Cámara de Diputados exhorte respetuosamente al gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, para que Gilberto Estrella Hernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado, elabore un Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que permita establecer una política para su minimización, valorización y aprovechamiento, asimismo, prevenga la contaminación y remedie la contaminación de suelos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Hablar acerca de temas de sustentabilidad se ha vuelto el pan de cada día en términos de las políticas públicas contemporáneas. Abordar el tema ecológico, en últimas fechas ha arrojado disputas que parecieran obsoletas en nuestro presente siglo ante las demandas que el mundo nos exige.

Con el surgimiento de movimientos de descrédito sobre la validez de las explicaciones científicas acerca de los efectos de la actividad humana en el equilibrio de los ecosistemas, reposicionarnos ante esta clase de movilizaciones políticas que perjudican no solamente a nosotros, sus detractores, sino a todos los partícipes de esta discusión, se torna necesario ante los inminentes efectos de este fenómeno y lo catastrófico de dichas consecuencias.

Con el surgimiento de la era satelital, la capacidad de observación y recopilación de información acerca de la naturaleza se potenció, hasta encontrar en el trabajo de las supercomputadoras la fuerza necesaria para procesar esa información y tener la capacidad para entender cuál era nuestro impacto en nuestro planeta.

Los resultados, en lugar de dar paso a un panorama optimista, han mostrado a lo largo de las últimas décadas los efectos de la actividad humana en la promoción y catalización del denominado “cambio climático”.

El incremento de la temperatura de las superficies (1 grado en promedio desde el siglo XIX), la reducción de las capas glaciares (se estima que de 1993 a 2016 la Antártida perdió un total de 119 mil millones de toneladas de hielo), la disminución y desaparición de glaciares, el aumento del nivel del mar (se estima que el siglo pasado los mares aumentaron en 20 centímetros aproximadamente), la intensificación de los desastres naturales, al igual que la acidificación de los mares,1 son sólo algunos ejemplos de cómo la actividad humana desregulada tiene efectos negativos en el medio ambiente, su sustentabilidad y pone en riesgo el desarrollo civilizatorio, donde las actividades que pudieran parecer locales tienen efectos globales.

Para ello, más allá de exponerlo de manera discursiva, tomar las medidas necesarias para afrontarlo, especialmente en la forma de políticas públicas, es algo que nosotros, como legisladores, debemos asumir como responsabilidad, con total apego a las pretensiones nacionales e internacionales, mostrando un respeto a los estándares implícitos en los tratados internacionales de los cuales somos parte como nación y los cuales buscan generar los lineamientos necesarios para abordar una problemática que no sólo nos compete como nación, sino que nos compete como humanidad.

El manejo integral de los residuos y su clasificación está determinado por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). En esta ley se establece que corresponde a la Federación la regulación y control de los residuos peligrosos provenientes de pequeños generadores, grandes generadores o de microgeneradores (artículo 7), las entidades federativas, por su parte, regulan y controlan los residuos de manejo especial (artículo 9) y a los municipios les corresponde residuos sólidos urbanos (artículo 10).

En el caso concreto de Tamaulipas, las propuestas en favor de una vida sustentable han proliferado, donde han surgido proyectos interesantes, como el de una capitalización para la producción de energía mediante deshechos2 y el tratado de residuos especiales (como los electrónicos), los cuales se argumenta como formas válidas de hacer frente el cambio climático y así llevar a cabo proyectos con la mayor seriedad posible.

Ambos ejemplos, enfocados en el manejo y procesamiento de residuos, son el tema por discutir y que resultan prioritarios para la generación de una estrategia integral de sustentabilidad para la actual administración.

Por dar un ejemplo del escenario, en el estado se generaban cerca de 83 mil 844 toneladas de basura al mes para el año 2012.3 Para 2016, esa cantidad aumentó en un 10 por ciento, y el municipio de Reynosa producía cerca de 640 toneladas diarias de residuos sólidos; Nuevo Laredo registraba una producción diaria de 518 toneladas; Matamoros 500 toneladas; Tampico, cerca de 420 toneladas diarias y Victoria producía 300 toneladas diarias,4 representando el 74 por ciento de la basura que se genera en el estado.

Dichos municipios, debido a su densidad poblacional, deben impulsar los mayores esfuerzos para dar solución a la demanda, por lo que solicitar una colaboración entre todas las partes. Los impactos ambientales no “respetan” las divisiones sociopolíticas y las competencias municipales, sino que operan en la espacialidad del territorio, donde las únicas reglas que los rigen son las del medio ambiente.

A nivel estatal, la prevención y gestión integral de residuos se regula en el Libro Tercero del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas. En el artículo 120 se define que el Ejecutivo del estado, por conducto de la Secretaría, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental estatal en materia de residuos;

II. Vincular e integrar la política de gestión integral de residuos, con base en los Programas Nacionales para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y de Remediación de Sitios Contaminados con Residuos;

III. Establecer y evaluar el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que incluirá los de manejo especial y en su caso, los programas regionales o especiales en estos rubros;

IV. Regular y establecer las bases para el cobro de la prestación de servicios relacionados con el manejo integral de los residuos de manejo especial;

V. Promover, en coordinación con la Federación y los ayuntamientos, la creación de infraestructura para el manejo integral de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos en el estado, con la participación de los sectores social y privado;

La facultad de establecer el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, según lo establece el artículo 6 del Reglamento de Prevención y Gestión Integral de los Residuos de Manejo Especial del estado de Tamaulipas. Y aunque el título precisa sólo la regulación de residuos de manejo especial, el Programa estatal se refiere a los todos los residuos, y respetando las competencias de cada nivel de gobierno. Para ello, de acorde a la territorialidad y las posibilidades que el federalismo, la colindancia y la vecindad habilitan entre los municipios autónomos que conforman al estado, pensar en una estrategia estatal para el tratamiento de residuos resulta algo que no tendría que ponerse en duda. Hacer labores individuales y gestiones meramente municipales únicamente aminora el impacto, pero no lo afronta de manera directa ante la exigencia de un trabajo colaborativo entre todas las partes afectadas. Proyectos que impliquen la incineración de residuos, la creación de nuevos rellenos, a la capitalización en forma de energía eléctrica o la creación de plantas de reciclaje, deben de tener sus respectivos estudios de impacto, además de una cooperación entre municipios aledaños en áreas conurbadas, especialmente en los municipios altamente poblados y los cuales aportan la mayor cantidad de basura que produce el estado.

Observar los esfuerzos realizados en otras entidades de carácter urbano, como el intento (cancelado) en la Ciudad de México de crear una planta termovalorizadora,5 muestran que los intentos por aprovechar las necesidades ecológicas pueden ir acompañados de actos de corrupción y oportunismo, por lo que diseñar dicha estrategia de recolección de residuos necesitará de estudios e información fiable para su desarrollo, al igual que personal capacitado y de confianza para consolidarse como un proyecto que sea benéfico para los intereses a mediano y largo plazo por parte de los afectados, que en este caso son las poblaciones integrantes de dichos municipios y las poblaciones cercanas o impactadas por los residuos generados por estas entidades y zonas conurbadas.

Mantener cifras saludables para la sustentabilidad del estado y sacar provecho de las facilidades que, por ejemplo, otorga la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza,6 en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos de América, puede colaborar para establecer una estrategia con los recursos, conocimientos técnicos y voluntad ecológica necesarios para desarrollar, implementar y validar una labor a la altura de las demandas de la legislación nacional y las exigencias de los tratados internacionales que hacen referencia al tratamiento y manejo de los residuos.

Por lo antes expuesto, presentamos ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en el uso de sus facultades, a girar las instrucciones necesarias a Gilberto Estrella Hernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado de Tamaulipas, para que elabore el Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que permita establecer una política para la minimización, valorización y aprovechamiento de los residuos y, en su caso, la prevención de la contaminación y la remediación de suelos contaminados, en apego a la normatividad en la materia.

Notas

1 NASA. (2018). Climate change: How do we know?, de NASA. Sitio web: https://climate.nasa.gov/evidence/

2 Mirna Hernández . (2018). Interesa a empresarios invertir en transformación de basura en energía, de El Sol de Tampico. Sitio web:
https://www.elsoldetampico.com.mx/local/
interesa-a-empresarios-invertir-en-transformacion-de-basura-en-energia-2722140.html

3 Gobierno del estado de Tamaulipas. (2013). Programa Estatal para la prevención y gestión integral de residuos en Tamaulipas, de Gobierno del Estado de Tamaulipas. Sitio web:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187446/Ta maulipas.pdf

4 Antonio de la Cruz. (2015). Arrojan 16 mil toneladas de basura a la calle, de Expresso.Press. Sitio web:
http://expreso.press/2015/11/21/arrojan-16-mil-toneladas- de-basura-a-la-calle/

5 Miguel Ángel Velázquez. (2018). Por costo excesivo, frena tribunal el contrato para erigir termovalorizadora, de La Jornada. Sitio web:

https://www.jornada.com.mx/2018/10/15/capital/032n1cap

6 Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. (2018). Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, de Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. Sitio web: www.cocef.org/home

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2019.

Diputdo José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SFP, la ASF y la FGR a investigar y sancionar diversas irregularidades en la construcción de la presa Centenario de la Revolución General Francisco J. Múgica, en Michoacán, a cargo de la diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Marcela Guillermina Velasco Gonzáles, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República, para que investiguen y sancionen conforme a derecho, diversas irregularidades en la construcción de la presa Centenario de la Revolución, General Francisco J. Múgica, en el estado de Michoacán, entre las que se encuentran presuntos sobrecostos, incumplimiento de contratos, desvíos de recursos públicos y actos de corrupción, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante las administraciones de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, se construyó en el estado de Michoacán la presa Centenario de la Revolución, General Francisco J. Múgica. Con esta obra, no sólo se pretendía producir energía eléctrica, sino también, garantizar el riego agrícola para una superficie de 38 mil hectáreas de municipios como Múgica, La Huacana y Parácuaro, principalmente.

El proyecto contemplaba entre otros aspectos, la construcción de una cortina de 90 metros de altura, 230 metros de longitud y 358 metros de base con la que se almacena por lo menos 100 millones de metros cúbicos.1 Además de un canal de conducción o de irrigación con una longitud de 42 kilómetros.

Lamentablemente, en la asignación de contratos, construcción de obra y comprobación de los recursos ejercidos, se han identificado múltiples irregularidades, entre las cuales destacan las que a continuación con puntualidad se mencionan.

Se dieron incumplimientos en los cronogramas de obra y sobrecostos. De acuerdo con el proyecto original, la obra se debió haber concluido en el mes de octubre de 2008 con un presupuesto de alrededor de mil 500 millones de pesos; no obstante, terminó en 2013 con un costo superior a los 2 mil 915 millones de pesos.

Asimismo, se denunciaron inobservancias a los contratos, sobre todo, porque el primero, firmado el 29 de noviembre de 2006, se realizó a “a precio alzado”, lo cual garantizaba que los costos no se incrementarían, a pesar de ello, en la administración de Leonel Godoy se asignó una ampliación por más de 601 millones de pesos y se autorizaron obras adicionales con un costo de 813 millones de pesos más.2

Durante los trabajos se violaron procesos elementales de licitación y contratación, sobre todo, porque la empresa seleccionada no era solvente ni competente para realizar estas labores, y sólo su participación pudo haber generado incidentes de protección civil y una obra de mala calidad.

Esta construcción se llevó a cabo con nula transparencia y planeación, lo que derivó en un conflicto de tierras y restitución de parcelas por parte del gobierno del estado de Michoacán.

De igual manera, es importante destacar que las faltas al marco jurídico fueron constantes, ejemplo de esta situación es que los contratos iniciales se pactaron sin la autorización de la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Se ha identificado la comisión de posibles actos de corrupción, entre ellos los denunciados por organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, los cuales involucran a funcionarios de las administraciones de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy Rangel, particularmente al responsable de la construcción de la presa.3

Entre tales actos destacan presuntos sobornos al responsable de construcción por parte de la empresa Odebrecht, quien a través de una intermediadora como Klienfeld, en 2008 realizó un depósito por 50 mil dólares y en 2010 se reportaron otros pagos por 383 mil dólares.

Llama la atención que el primer deposito se haya realizado cuando la presa estaba en construcción. En este año, el entonces funcionario estatal declaró que recibiría una transacción de entre 100 mil a 150 mil dólares, no obstante, nunca clarificó los motivos de tales depósitos.

De acuerdo con el informe de la policía de Andorra, la operación a favor de la cuenta del servidor público implicado “tiene relación con el pago de alguna “comisión” sobre algún proyecto de obra civil realizado en el estado de Michoacán”.4

Hasta este momento, no se han transparentado los motivos de estas operaciones y el origen de los recursos, existen indicios de que probablemente fueron parte de sobornos y actos de corrupción para beneficiar a ciertas empresas con contratos de obra pública.

Bajo estas consideraciones, es de vital importancia que las autoridades realicen una investigación integral a fin de identificar el uso inadecuado y fraudulento de presupuestos públicos, particularmente, si en la asignación de contratos y la realización de la presa, se cometieron actos de corrupción.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos indispensable que, de identificarse algún acto de corrupción, se sancione a los servidores públicos que por acción u omisión participaron en estos sucesos que derivaron en daños a las arcas públicas, en perjuicio de los habitantes.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República, para que investiguen y sancionen conforme a derecho, diversas irregularidades en la construcción de la presa Centenario de la Revolución, General Francisco J. Múgica, en el estado de Michoacán, entre las que se encuentran presuntos sobrecostos, incumplimiento de contratos, desvíos de recursos públicos y actos de corrupción.

Notas

1 http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/mich/estudios/2007/16 MI2007H0006.pdf

2 Proceso . (2017). Odebrecht construyó en Michoacán una presa al doble de su costo original... y la entregó incompleta. 15/01/2019. Sitio web: https://www.proceso.com.mx/488760/odebrecht-construyo-en-michoacan-una- presa-al-doble-costo-original-la-entrego-incompleta

3 https://contralacorrupcion.mx/andorra-sobornos-odebrecht

4 Proceso.mx. (2019). “Policía de Andorra detectó sobornos de Odebrecht a funcionario mexicano en Michoacán”: MCCI. 28/02/2019. Sitio web: https://www.proceso.com.mx/556375/policia-de-andorra-detecto-sobornos-d e-odebrecht-a-funcionario-mexicano-en-michoacan-mcci

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y la Secretaría de Bienestar a reconsiderar y modificar las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras correspondientes a 2019, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados, exhorta al titular de Poder Ejecutivo federal y de la Secretaria de Bienestar, a reconsiderar y modificar las reglas de operación del “Programa de Apoyo para el Bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019”, en beneficio de la niñez mexicana, con base en las siguientes:

Consideraciones

El 11 de enero de 2007, inicio operaciones el “Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, con el objetivo de “disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que el cuidado de los hijos recae en una madre trabajadora o con intención de incorporarse al mercado laboral, estudiante o un padre solo, mediante la entrega de apoyos para cubrir parte de los gastos del servicio de cuidado y atención infantil y la creación de espacios que permita aumentar la oferta.”

De acuerdo a datos de la “Ficha de Monitoreo 2017-2018”, elaborada por el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), con información de la Cuenta Pública 2017, el programa tuvo una cobertura en 2017, en más del 50 por ciento de los municipios del país y “a través de 9,399 Estancias Infantiles se proporcionó el servicio de cuidado y atención infantil a 310,968 madres y padres solos, y se atendió a un total de 327,854 niños y niñas. Las Entidades Federativas con el mayor número de beneficiarios son: Estado de México (12.2 por ciento), Veracruz (7.2 por ciento), Puebla (5.6 por ciento), la Ciudad de México (5.5 por ciento) y Jalisco (5.32 por ciento). Desde su creación en 2007, el PEI ha beneficiado a 1,825,394 madres y padres solos y ha atendido a 2,174,415 niñas y niños”,1 por lo que dicha institución lo califico de ser un programa exitoso.

El 24 de diciembre de 2018, se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, en donde se etiquetaron 2,041.62 millones de pesos para el “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”, el cual tuvo una reducción de casi el 50 por ciento con respecto al ejercicio anterior, en donde se le destinaron 4,070.26 millones de pesos.2

A principios del mes de febrero del presente año el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, anuncio la eliminación del subsidio a estancias infantiles, argumentando “presuntas irregularidades” de las cuales no entro a detalle, pero adelantando que entregaría el dinero en efectivo a los padres para que ellos contrataran a una persona, vecino o familiar, que los cuidara.

En el mismo sentido el 13 de febrero, la Presidencia de la Republica emitió un comunicado respecto al tema, confirmando la emisión de nuevos lineamentos y la entrega de recursos directamente a los padres, así como justificando la reducción del presupuesto al programa, por supuestas causales de corrupción.3

Al mismo tiempo en todo el país, miles de trabajadores de estancias infantiles, así como padres de familia afectados se manifestaron en diversas dependencias, entre ellas, esta Honorable Cámara de Diputados, para solicitar la ampliación del presupuesto, en el mismo sentido, se presentaron amparos colectivos para pedir la emisión de los lineamientos y reglas de operación del programa, así como la entrega de recursos.

Finalmente, el pasado viernes 22 de febrero se emitieron las Reglas de Operación del “Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019”, el cual abroga las “Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 2018”, y establece la eliminación de los subsidios a estancias infantiles y plantea entregar los recursos directamente a los padres de familia.

Las nuevas reglas, estipulan dos modalidades y tipos de apoyos:

“3.4. Tipos y Montos de Apoyo

Además, establece que se “dará prioridad para ser Beneficiarias(os) a las personas que habiten municipios indígenas, de alto rezago social, pobreza extrema, zonas con alto grado de marginación, altos índices de violencia, la zona fronteriza, así como las zonas turísticas y aquellas que generen estrategias integrales de desarrollo”, que forman parte del Anexo 3 de dicho documento.4

En consecuencia, organizaciones de la sociedad civil como Oxfam México, GIRE y Save the Children, se pronunciaron al respecto y solicitaron al gobierno federal reconsiderar la sustitución del Programa de Estancias Infantiles a cambio de trasferencias monetarias, ya que advierten que con ello posiblemente se aumente la desigualdad de oportunidades y se ponga en riesgo la educación inicial, debido a que muchas madres o padres tal vez utilicen los recursos proporcionados para la satisfacción de otras necesidades y dejen a los menores al cuidado de hermanos mayores, o incluso solos en casa.5

Asimismo, realizan una serie de recomendaciones al gobierno federal para disminuir el impacto que una medida tan drástica como esta pueda tener, entre las propuestas se encuentran:

• “Asegurar presupuesto para operación actual y de ampliación progresiva.

• Eliminar las transferencias directas para asegurar que los recursos sí lleguen a las estancias infantiles para lograr un impacto directo y real en los niños y niñas.

• Revisión de padrones de población beneficiada 3 veces al año para lograr que los pagos (que solían entregarse a las estancias) correspondan con las niñas y niños registrados.

• Crear un grupo de trabajo de especialistas para la revisión del nuevo modelo, haciendo énfasis en no detener la operación para evitar el cierre de estancias y con ello la pérdida de trabajos y de niñas y niños que probablemente no regresarán.”6

En la misma tesitura, el senador Samuel García, por Movimiento Ciudadano, asesoro a varias personas afectadas, en la presentación de un amparo colectivo en, el cual derivo en este martes 27 de febrero, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, Edgar Ulises Rentería, les concediera la suspensión provisional, para que la autoridad responsable cese en la omisión de publicar las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles.

En consecuencia, y sabedor de la importancia de proteger el interés superior de la niñez mexicana, así como el empleo de miles de personas que laboran actualmente en las Estancias Infantiles del país y que están siendo afectadas por la disminución del presupuesto y por la emisión de nuevas Reglas de Operación del Programa de estancias, propongo exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal y de la Secretaria de Bienestar a reconsiderar y en consecuencia modificar las Reglas de Operación del “Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019” e incluir nuevamente el subsidio a las estancias infantiles en beneficio de más 300 mil niños, así como de miles madres, padres, tutores y personal que laboran en dichos centros de cuidado infantil.

Por todo lo anterior, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de Poder Ejecutivo federal y de la Secretaria de Bienestar, a reconsiderar y modificar las reglas de operación del “Programa de Apoyo para el Bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019”, en beneficio de más de 300 mil niños inscritos en Estancias Infantiles del país.

Notas

1 “Ficha de Evaluación 2017-2018 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2018. Consultado en la página electrónica https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Documents/EVALUACIONES/FMyE_2017_ 2018/FMyE_20_S174.pdf, el día 25 de febrero de 2019.

2 Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, puede ser consultado en la siguiente página electrónica:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547479&fecha=28/12/2018

3 Boletín Oficial de la Presidencia de la Republica “Estancias Infantiles seguirán operando bajo nuevos estándares de máximo cuidado y bienestar para niñas y niños mexicanos” de fecha 13 de febrero de 2019, que puede ser consultado en:

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/
estancias-infantiles-seguiran-operando-bajo-nuevos-estandares-de-maximo-cuidado-y-bienestar-para-ninas-y-ninos-mexicanos?idiom=es

4 Reglas de Operación del “Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019”, pueden ser consultadas en: http://www.cofemersimir.gob.mx/portales/resumen/47031

5 Boletín de Prensa “Oxfam México, GIRE y Save the Children llaman al Gobierno a generar una nueva política integral para la Primera Infancia”, mismo que puede consultarse en la siguiente página electrónica: https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/22/22976c6d-7c98-44c3-b976- 9d9f00c40ca5.pdf

6 “Transformación Programa Estancias Infantiles. Consideraciones para un nuevo programa de estancias infantiles”, que puede ser consultado en

https://www.savethechildren.mx/sci-mx/files/94/948cca83- d275-409a-9fd0-1170189fc44a.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2019.

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Cultura a montar una exposición temporal o permanente de las obras de artistas mexicanos destinadas para su exhibición en el Complejo Cultural Los Pinos, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, en el uso de sus facultades, a girar las instrucciones necesarias para realizar una exposición, temporal o permanente, de las obras realizadas por artistas mexicanos y destinadas para su exhibición en el ahora llamado Complejo Cultural Los Pinos, en favor de un acceso igualitario a la producción cultural de nuestro país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En las primeras dos semanas de enero de 2019, diversos medios reportaron la falta de transparencia respecto a la ubicación de diversas obras de arte elaboradas para su exhibición exclusiva en las inmediaciones del ahora Complejo Cultural Los Pinos. Con su apertura al público, diversos especialistas, medios de comunicación y conocedores de la temática, demandaron una aclaración acerca de la ubicación del resto de la colección.1 En días posteriores, la colección, compuesta por 33 obras, se encontró en su totalidad en una bodega de Presidencia ubicada en Avenida Constituyentes.2 Según las notas periodísticas, el estado actual de las obras es desconocido, ya que están en un proceso de entrega/recepción y se prevé sean enviadas a diferentes dependencias de gobierno para su exhibición.3 Por ello, considerar que su valor artístico y cultural es algo propiedad de la nación no amerita que deban de ser separadas de forma abrupta sin ser de conocimiento general para la ciudadanía. El objetivo de crear una colección propia de la residencia del Presidente de la República fue un acto elitista, el cual segrega y reduce la difusión de las obras. Si la brecha de desigualdad se pretende combatir en la actual administración, debe de hacerse desde todos los frentes, incluyendo el mundo de las producciones artísticas y el acceso a todas las producciones culturales de y para los mexicanos.

Sobre esto, considerar el comentario del artista Francisco Toledo expuesto en el periódico La Jornada el día 15 de enero de 2019, acerca de exponer la colección de obras al público,4 me parece pertinente como complemento ante la apertura del Complejo Cultural Los Pinos. La ubicación de una exposición permanente o, por lo menos, temporal, abre la posibilidad de acceso a la obra, su conocimiento y, a su vez, obliga a las autoridades a reportar y demostrar la situación en la que se encuentran las obras de propiedad nacional, donde cualquier daño o problema debería de ir acompañado de su respectiva sanción y asignación de responsabilidades.

Con ello, el objetivo de difusión y apertura por parte de la presidencia actual denotará un compromiso con los ideales expuestos durante el proceso de elección. La apertura de espacios es, a su vez, la apertura de posibilidades de desarrollo humano y profesional, donde la oportunidad de acceso a dichas obras puede incentivar a múltiples ciudadanos a tener un mayor compromiso con la producción cultural de nuestro país. Ilustrar, con referentes, la capacidad creativa de nuestros conciudadanos, realza los valores nacionales e instituye en el imaginario social las corrientes artísticas que hemos producido. Igualmente, se vuelve un atractivo turístico no sólo para nuestros ciudadanos, sino también para los visitantes extranjeros. Mientras una mayor cantidad de espacios dedicados a mostrar las propiedades nacionales en los distintos rubros de la actividad humana, mayor el valor y los referentes que los visitantes podrán disfrutar y recomendar para ser presenciados por potenciales visitantes a futuro. Debido a la relevancia del turismo para la economía nacional, realizar pequeñas acciones que, en conjunto, incentiven el atractivo de nuestro país como destino siempre será considerado de ayuda para mantener a la industria.

Aunado a lo anterior, es obligación del Estado mexicano garantizar el ejercicio de los derechos culturales de la población mexicana consagrados en el artículo 4º Constitucional y en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Específicamente lo que se precisa en el artículo 12 de esa ley, que en su fracción VI, determina que la federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, deberán establecer acciones que fomenten y promuevan: el fomento de las expresiones y creaciones artísticas y culturales de México, y en su fracción X, establece el acceso universal a la cultura para aprovechar los recursos de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Explicitados los beneficios económicos y culturales de una exposición de esta clase, considerar la puesta de dichas obras a disposición del público es una gran manera de enlazar las promesas de campaña, con la generación de espacios culturales y la búsqueda de un impacto positivo para el bienestar de la población. Realzar el trabajo y las ideas de los mexicanos mediante eventos que difundan sus creaciones al resto de la ciudadanía muestra el respaldo que se puede tener a futuro con las nuevas obras y producciones artísticas mexicanas, sentando un antecedente acerca de la relación que pretendemos como representantes de la población y los artistas mexicanos emergentes. Emplear esta especie de situaciones como oportunidades para hacer frente a las diversas problemáticas planteadas en el proyecto de nación de la presente administración, como la brecha de desigualdad económica y cultural, comienza a partir de la articulación de diversos grandes y pequeños actos que denoten el compromiso por parte de nosotros, sus representantes, para la generación de bienestar para nuestro país. Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para realizar un catálogo y recorrido digital general de las obras destinadas a su exposición en el Complejo Cultural Los Pinos para posibilitar su difusión y apreciación a lo largo de nuestro país ante la imposibilidad de toda la ciudanía de poder asistir a dicho Complejo.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Cultura, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para realizar una exposición, temporal o permanente, de las obras realizadas por artistas mexicanos y destinadas para su exhibición en el ahora llamado Complejo Cultural Los Pinos, en favor de un acceso igualitario a la producción cultural de nuestro país.

Notas

1 Sonia Sierra. (2019). “El señor Presidente quiere que le pinte un cuadro”, de El Universal. Sitio web:

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/una-una-las-obras -de-arte-perdidas-de-los-pinos

2 Merry MacMasters. (2019). Colección de pintura de Los Pinos, en una bodega en Constituyentes, de La Jornada. Sitio web:
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/15/coleccion-de-pintura-de-los-pinos-en-una-bodega-en-constituyentes-3866.html

3 Ídem

4 Ídem

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de febrero de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Censida a publicar cuanto antes la convocatoria para la “implementación de estrategias de prevención focalizada del VIH y otras ITS”, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, diputada Julieta Macías Rábago, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida a que publique a la brevedad la convocatoria pública para la implementación de estrategias de prevención focalizada del VIH y otras ITS que fortalezcan la respuesta nacional 2019, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo con información del propio Censida, de entre una población estimada en 220,000 personas que viven con VIH en nuestro país, solamente 141,000 conocen su estado serológico, es decir el 64 por ciento. Además, la mayor parte de las personas que ingresan a los servicios especializados de VIH en la Secretaría de Salud, lo hacen con un conteo de CD4 menor a 200.1

Ambos indicadores son prueba inequívoca de que la oferta de servicios de detección del VIH en nuestro país sigue siendo insuficiente, pues un tercio de la población infectada continúa sin ser diagnosticada y gran parte de los diagnósticos que se realizan, son en forma tardía, cuando ya presentan una alta carga viral, así como indicadores inmunológicos en niveles muy bajos.

La importancia del diagnóstico universal y oportuno es fundamental, pues constituye el primer eslabón en la cadena para el control de la epidemia, como consta en los Objetivos 90-90-90 del tratamiento del VIH, planteados por Onusida, en los cuales se establecen como metas para el año 2020, que el 90 por ciento de las personas que viven con VIH conozcan su estado serológico, para que, en consecuencia, el 90 por ciento de las personas diagnosticadas reciban terapia antirretroviral y el 90 por ciento de quienes reciban terapia logren alcanzar la supresión viral.2

A pesar de la trascendental importancia que guarda la detección universal, la Secretaría de Salud solamente practicó 2,483,309 pruebas durante el año 2018, lo cual está aún muy lejos de lo que el doctor Carlos Magis Rodríguez, Director de Atención Integral del Censida, planteó como primer paso: “lograr que todo mexicano o mexicana se realice la prueba de detección del VIH al menos una vez en su vida”.3

Ante el reconocimiento del tamaño del reto, la urgencia de su atención y la incapacidad técnica y de capital humano de las instituciones públicas para solventar la problemática, desde 2006, Censida ha publicado anualmente convocatorias para que las organizaciones de la sociedad civil puedan acceder a financiamiento público para realizar trabajos de prevención y detección de VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

La coadyuvancia de las organizaciones de la sociedad civil está fundamentada en el principio de mayor participación de las personas que viven con VIH (MPPVS), reconocido por Onusida y refrendado en 2001 por 189 países integrantes de Naciones Unidas como parte de la Declaración de compromiso sobre el VIH/sida y de nuevo en 2006 por unanimidad de 192 Estados Miembros en la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida4

Dicho principio se fundamenta en que las personas que viven con VIH, quienes han experimentado directamente los factores de riesgo y las estrategias de atención, tienen capacidad de mejorar la significación, nivel de aceptación y eficacia de los programas, como consecuencia de la evidencia existente sobre la relación entre las probabilidades de éxito de las políticas públicas con la participación proactiva de las comunidades para asegurar su propio bienestar.5

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, destina a través de la Partida 43401 “Subsidios a la prestación de servicios públicos”, en el presupuesto del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida, un monto de $116,525,102 pesos que año con año han sido destinados a las actividades de prevención y detección del VIH que las organizaciones de la sociedad civil realizan.

A pesar de los compromisos que el país ha suscrito a través de instrumentos internacionales y de la evidencia existente respecto de la eficacia que el trabajo de estas organizaciones tiene para coadyuvar al Estado en el control de la epidemia, es de conocimiento público que el pasado 14 de febrero el Titular del Ejecutivo Federal giró una circular dirigida a todos los miembros del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de la República, instruyéndolos a “no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano”,6 lo cual derivó en diversas instrucciones de las dependencias a suspender arbitrariamente sus procesos de financiamiento a diversos programas a través de los cuales las ONG acceden a recursos federales.

El argumento utilizado por presidencia es que “todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios”,7 sin embargo, dicho procedimiento resulta inaplicable en el marco de las actividades para la prevención y detección del VIH, ya que de conformidad con la NOM-010-SSA2-2010, la entrega de resultados debe realizarse por personal capacitado y brindando servicio de consejería.8

De igual forma, la aplicación del citado principio MPPVS se imposibilita al eliminar el acceso de las organizaciones para que funjan como intermediarios en la aplicación de estos recursos lo cual incide directamente en el nivel de eficacia de ejercicio del presupuesto disponible, pues la entrega directa a los beneficiarios, como lo plantea presidencia, anula la capacidad que las organizaciones han construido, a través de años de trabajo, de prestar estos servicios a las poblaciones más vulnerables y de difícil acceso.

Al respecto, un grupo conformado por 250 organizaciones con trabajo en VIH y temas relacionados, publicaron un manifiesto expresando múltiples argumentos que fundamentan el valor de su trabajo, entre otros, las ventajas comparativas que tienen frente a las labores de prevención y detección que el Gobierno realiza.9

Ello se refuerza con las estimaciones que la Dra. Patricia Uribe Zúñiga, Directora de Censida ha hecho públicas, al señalar que la labor que las OSC han realizado en el marco de la convocatoria anual de Censida entre 2004 y 2017, han evitado un estimado de 45 mil nuevas infecciones y de 65 mil muertes .10

Adicionalmente, no debe dejar de considerarse que la fracción IX del Artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que se sancionará a los servidores públicos que realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos,11 supuesto en el que Censida caería al no ejercer el presupuesto que el Congreso de la Unión le asignó en la partida citada.

Es por ello que resulta indispensable que Censida publique a la brevedad la Convocatoria Pública para la Implementación de Estrategias de Prevención Focalizada del VIH y Otras ITS que Fortalezcan la Respuesta Nacional 2019, con lo cual se podrá dar continuidad a la trascendental labor que las OSC han venido realizando, con resultados favorables e incuestionables.

Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, me permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el sida, a que publique a la brevedad la Convocatoria Pública para la Implementación de Estrategias de Prevención Focalizada del VIH y Otras ITS que Fortalezcan la Respuesta Nacional 2019.

Notas

1 Censida. “Guía para la Detección del Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH 2018”. Consultado el 1 de marzo de 2019. Disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286892/Gu_a_de_detecci_n_de_VIH_Censida_2018_VF.pdf

2 Onusida. “90-90-90 Un ambicioso objetivo de tratamiento para contribuir al fin de la epidemia del sida”. Consultado el 1 de marzo de 2019. Disponible en: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/90_90_90_es.pdf

3 Censida. “Boletín de la Detección del VIH en México, Volumen I, Nº 3”. Consultado el 1 de marzo de 2019. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/442533/2018_3_Detecci_n_ v4.pdf

4 Onusida. “Mayor participación de las personas que viven con VIH (MPPVS)”. Consultado el 1 de marzo de 2019. Disponible en: http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/jc1299-policybrie f-gipa_es_0.pdf

5 Ibídem

6 Proceso. “AMLO notifica a su gabinete: no transfieran ningún recurso a ONG o sindicatos”. Consultado el 1 de marzo de 2019. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/572198/amlo-notifica-a-su-gabinete-no-transf ieran-ningun-recurso-a-ong-o-sindicatos

7 Ibídem

8 NOM-010-SSA2-2010 Disponible en: http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/drhumanos/NOM-010-SSA2-2010.p df

9 250 firmantes. “Manifiesto de las Organizaciones de la Sociedad Civil con Trabajo en VIH”. Consultado el 1 de marzo de 2019. Disponible en:

https://drive.google.com/file/d/1Bl66LthyvjBPy0fa2pT51jW euZI8fgcL/view?usp=sharing

10 Uribe Zúñiga, Patricia. “Romper Paradigmas en la Salud Pública: El Ejemplo del VIH”. Consultado el 1 de marzo de 2019. Disponible en: https://www.smsp.org.mx/docs/LXXI_ponencias/romper_paradigmas.pdf

11 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH_301215.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo 2019.

Diputada Julieta Macías Rábago (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la FGR y las respectivas fiscalías y procuradurías estatales a reajustar las normativas correspondientes para la apertura de carpetas de investigación por feminicidios ante la ausencia de dicha tipificación en los procesos indagatorios, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y a los titulares de las respectivas fiscalías y procuradurías en cada estado, en el uso de sus facultades, a girar las instrucciones necesarias para reajustar las respectivas normatividades para la apertura de carpetas de investigación por feminicidios ante la ausencia de dicha tipificación en los procesos de investigación sobre esta clase de crímenes en la totalidad de los 32 estados en nuestro país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El crecimiento de los casos totales de violencia implica el crecimiento de los diferentes tipos de crímenes que se cometen hoy en día. Aunque suena trivial, lo que busco con un enunciado de esta clase es asumir que, si las estadísticas muestran un incremento de los crímenes violentos en 2018, año en el cual se registraron cerca de 34 mil 202 personas asesinadas,1 cualquier clase de crimen del cual se tenga referencia se está suscitando con mayor frecuencia, por lo que lo que una carga incrementada de casos para las autoridades encargadas de la respectivas investigaciones los involucran con una mayor cantidad de vidas y, por lo tanto, de familias mexicanas que han sufrido una pérdida; más personas y familias que demandan un esclarecimiento de los hechos.

La expectativa que se tiene acerca de la labor policial y de investigación no pasa únicamente por un número, sino por el impacto directo que la labor tiene para los afectados. Por ello, mantener la investigación en los mejores estándares, técnicos y éticos, es una de las metas que el trabajo predica.

Sobre esto, considerar una claridad conceptual en la forma en la que se debe de abordar el trabajo de investigación es parte de la expectativa. Definir de forma adecuada las diferentes clases de crímenes facilita el trabajo policial, sienta bases para orientar la investigación y permite mantener un historial de casos en favor del trabajo estadístico de la institución.

Considerar el feminicidio como un concepto pertinente para la definición de un tipo de crimen, aquel con indicios de una motivación asociada al género, no es algo irrelevante, sino que colabora en dar solución al problema de manera ordenada y eficaz.

A pesar de esto, en una gran cantidad de estados de nuestro país el concepto de feminicidio es poco usado, a pesar de que el Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que compromete a las instancias estatales, lo enuncie.2 Esto, más allá del posicionamiento político que se tenga, únicamente perjudica el proceso de investigación de los diversos homicidios que se cometen en el presente. Omitir esto altera y baja la calidad de la información a partir de malos perfilamientos, de una imprecisa descripción de las circunstancias y desorienta potenciales líneas de investigación sustentadas.

La solución del crimen, así, queda en definiciones y herramientas deficientes, sujetas a clasificaciones que hoy en día se ven superadas por las demandas contemporáneas. En un país donde sólo se reportaron como feminicidios el 3.39 por ciento de los mil 662 homicidios de mujeres registrados en 2016,3 la incidencia del crimen se aminora en la estadística, pero no por la “realidad” de su frecuencia, sino por falta de voluntad o desconocimiento para su clasificación. Según información en medios, “en la actualidad solo 19 entidades federativas en México cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente con las características para poder acreditar el delito (privar de la vida a una mujer por razones de género). Los estados son: Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Las 13 entidades que no cuentan con un tipo penal adecuado son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.”4

Lo perjudicial pasa, principalmente, por la incapacidad y falta de voluntad de las diferentes instancias para adoptar de manera clara y transparente el uso del concepto. Los costes pagados en forma de vidas e impunidad se vuelven incentivos para el cometimiento de delitos de esta clase.

Sobre esto, abordar el problema de una falta de unidad nacional en la tipificación del delito únicamente habla de que nuestras normatividades carecen de propiedades orgánicas para hacer trabajos de colaboración policial entre las diversas entidades de nuestro país.5

Así, el desarrollo de protocolos para abordar estos mismos tipos de delitos, a través de normatividades divergentes y, por lo tanto, metodologías diversas, no soluciona el problema. En sus efectos, invisibiliza la existencia del delito y genera información distinta entre las entidades, la cual es inconmensurable entre sí ante la falta de una justificación unitaria.

Delitos caracterizados por su brutalidad no deben ser dejados de lado por respeto a las víctimas y sus familiares, donde la justicia debe prevalecer sobre cualquier interés, prejuicio o ideología. Los hechos, por desgracia, no están sujetos al deseo u opinión. Las soluciones, urgentes, siempre comienzan por la mejora de nuestros instrumentos, el replanteamiento de nuestras definiciones y el cambio de nuestra estrategia. Por ello, comenzar con la aceptación de la existencia del delito y la generación de un consenso en su tipificación son pasos necesarios para contar con los medios necesarios para reducir y erradicar la violencia contra la ciudadanía.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y a los titulares de las respectivas fiscalías y procuradurías en cada estado, en el uso de sus facultades, a girar las instrucciones necesarias para reajustar los criterios para apertura de carpetas de investigación por feminicidios ante el alarmante aumento de dichos crímenes y que de manera efectiva existan investigaciones sobre esta clase de crímenes en la totalidad de los 32 estados en nuestro país.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y a los titulares de las respectivas fiscalías y procuradurías en cada estado, en el uso de sus facultades, a girar las instrucciones necesarias para realizar cursos de capacitación protocolaria respecto a casos relacionados con feminicidios.

Notas

1 Arturo Ángel. (2019). 2018, el año más violento con más de 34 mil homicidios; en diciembre aumentaron 9%, de Animal Político. Sitio web: https://www.animalpolitico.com/2019/01/2018-violencia-homicidios-delito s-mexico

2 Emir Olivares Alonso. (2019). Procuradurías, “reacias a indagar feminicidios”, de La Jornada. Sitio web:

https://www.jornada.com.mx/2019/01/02/politica/010n1pol

3 Ídem

4 Karina Suárez. (2018). La ONU pide a México tipificar el feminicidio en todo el país, de El País. Sitio web: https://elpais.com/internacional/2018/07/23/mexico/1532369836_872417.ht ml

5 Ídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 5 días de marzo de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las Secretarías de Bienestar, y de Economía a hacer eficiente y diversificar la operación y el destino de los programas sociales a efecto de impulsar el comercio exterior entre pequeños y medianos productores para su inserción en las cadenas internacionales de valor del mercado mundial, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, y a la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, para que, en el uso de sus facultades, giren las instrucciones necesarias para hacer eficiente y diversificar la operación y destino de los programas sociales en favor de impulsar el comercio exterior entre pequeños y medianos productores para su inserción en las cadenas internacionales de valor del mercado mundial, así como para implementar campañas informativas de difusión de la forma de operar y beneficios de los programas que implican la participación de las Pymes en las cadenas de valor, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El papel que juegan hoy en día los pequeños y medianos productores es de menor impacto mediático que la atención que llaman las grandes empresas trasnacionales en el desarrollo del comercio internacional.

En algunos casos, como lo son plataformas de comercio trasnacionales de bienes de consumo (Amazon, Mercado Libre, Linio, etcétera), la forma en la que acaparan las portadas debido a los inmensos flujos de ingreso y egresos, tiende a opacar la situación en que las pequeñas y medianas empresas (Pymes) operan regularmente para el público en general. Por ello, el desconocimiento tiende a tener efectos negativos para la implementación de programas sociales efectivos destinados al rubro del comercio exterior, ya que por desconocimiento respecto a los apoyos o las oportunidades que les otorgan los diversos nexos comerciales que sostenemos con otros países, estos no se ejercitan o no son destinados a nuevos sectores productivos en favor del desarrollo de una base de empresarios con una alta actividad comercial, insertados en las cadenas globales de valor y, por lo tanto, aislados de un mar de posibilidades que potenciaran sus negocios, su vida personal y familiar.

Por ello, impulsar el crecimiento de actividades comerciales de comercio exterior debe de ser considerado una prioridad si el Estado planea colaborar con los privados para desarrollar la economía nacional. Si la influencia y peso de los diversos programas no está teniendo el impacto deseado, la estrategia debe replantearse a partir de las condiciones actuales existentes. Según datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, para finales de 2015 sólo el 14.3 por ciento de las Pymes conocía al menos uno de los programas de apoyo que eran realizados por el gobierno federal.1

Igualmente, muchos se encuentran temerosos de estar sujetos a créditos bancarios para impulsar sus negocios, donde cerca de dos terceras partes de los participantes dijeron que no aceptarían alguno.2

En sus resultados, el aporte de las Pymes, las cuales representaban el 42 por ciento del PIB y el 78 por ciento de la generación de empleo para 2017, únicamente generaban el 1 por ciento de los valores al interior del comercio exterior,3 situación alarmante debido a la falta de vinculación existente entre los proyectos de la ciudadanía y las áreas de oportunidad en el mercado internacional.

Con un total de 13 tratados comerciales, donde el último en entrar en vigor desde el primer día de 20194 fue el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), el potencial para un crecimiento mediante la inserción de las empresas en las cadenas de valor se encuentra en una etapa “fértil” para su futuro éxito.

Ante un escenario de desconocimiento, plantear políticas que vayan acompañadas de medios de información con la capacidad de conectar las labores de los programas estatales y las necesidades de la ciudadanía es algo básico para la expectativa de cualquier especie de éxito en la labor estatal.

El hecho de que no se haya logrado establecer canales de “pedagogía económica”, donde se muestren los potenciales beneficios de una inserción a las cadenas de valor globales y las ventajas que otorgan esta clase de programas, únicamente muestra falta de interés, incapacidad o desconocimiento por parte de las autoridades encargadas de conectar a la ciudadanía con esta clase de incentivos.

Pujar por una estructura de Pymes orgánica con la interdependencia del mercado internacional tiene la intención de mejorar la competitividad de las actividades económicas nacionales.

Quedar sujeto a la actividad de trasnacionales para el mercado del comercio exterior es una apuesta totalmente dependiente de la incertidumbre, donde el margen de decisión de nuestros representantes y de la ciudadanía es casi nulo, ya que está sujeto a dar condiciones atractivas a empresas las cuales podrían mudar su sede de operaciones en periodos cortos, motivados por decisiones de sus propias cabecillas, del mercado internacional y de las normatividades en otros países, haciendo uso de su soberanía y en favor de sus propios intereses.

El escenario, de principio desalentador, se asoma positivo en sus posibilidades. Con el acceso al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), México tendrá acceso a un mercado de cerca de 500 millones de consumidores, lo que representa el 13 por ciento del PIB mundial.5

Igualmente, el atractivo que estos nuevos mercados tienen para el consumo nacional es de importancia. La aceptación que han tenido las plataformas digitales en el sector de consumo es un claro ejemplo de cómo el mercado internacional está interactuando con la ciudadanía en diversos países.

Al interior de nuestro país, el sector de importaciones de productos de consumo mostró un crecimiento de las importaciones del 3 por ciento a finales del 2018.6

De manera similar, otras naciones han incrementado sus importaciones con la ramificación de los tratados de libre comercio, el crecimiento de la interdependencia entre las economías globales y las posibilidades que otorgan cadenas productivas que sobrepasan las limitaciones nacionales.

Si México y, por lo tanto, sus ciudadanos pretenden tener una posición competitiva, el impulso para la generación de tratados es un primer paso de trascendencia, pero si no se informan de manera eficaz las potencialidades de esta clase de acuerdos, la vulnerabilidad pasa por el uso de estos beneficios por parte de sectores reducidos que tiene acceso e interés sobre esa información, donde la derrama económica genera positivos para la economía nacional, pero los rendimientos a mediano y largo plazo son aprovechados por sólo unos pocos.

Ubicar a la población y sus actividades económicas en dichas cadenas es hacer un uso efectivo de dichas posibilidades.

Si la desinformación o falta de voluntad política siguen mermando el desarrollo de esta clase de actividades, el futuro económico de nuestro país podría derivar en una desproporción de los beneficios. La labor del gobierno mexicano y sus múltiples dependencias debe enfocarse en generar políticas eficientes y cercanas con la ciudanía y garantizar un flujo de información diverso y accesible para facilitar la participación en los mercados internacionales.

Por otra parte, en un escenario de actividad comercial internacional intenso, hacer valer las normatividades legales relacionadas al comercio exterior es igual de importante. Las facilidades, incentivos y desregulaciones fiscales no deben ser sinónimo de falta de sanciones ante prácticas desleales e ilegales. La evasión fiscal en el comercio internacional representa una pérdida para México de entre 67 mil millones y 128 mil millones de dólares,7 un cuarto de lo que se recauda en promedio en países en vías de desarrollo.

Reforzar los mecanismos que garanticen la recaudación, al igual que transparentar el uso y relevancia de la recaudación fiscal resulta sumamente trascendente para generar confianza con la ciudanía.

Para que la exposición de los beneficios de las actividades comerciales internacionales sean asumidos como positivos en la opinión pública, debe de imperar la confianza entre los partícipes. Gobierno y ciudadanía, abonando a este aspecto de “pedagogía económica”, requieren de una colaboración para hacer rendir óptimamente los proyectos de apoyo social que el gobierno proporciona, que tienen un costo operativo y juegan un papel en los proyectos nacionales que se presentan como cartas de presentación de los gobiernos municipales, estatales y federales.

Asumir que la pretensión de bienestar debe de ir acompañada de trabajo colaborativo, transparencia y cumplimiento de las responsabilidades de parte de todos los partícipes debe de ser realidad para la obtención de un resultado positivo en la inserción de las Pymes en el mercado global, es indispensable para la satisfacción de las metas que este documento propone.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, y a la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, para que, en el uso de sus facultades, giren las instrucciones necesarias para hacer eficiente y diversificar la operación y destino de los programas sociales en favor de impulsar el comercio exterior entre pequeños y medianos productores para su inserción en las cadenas internacionales de valor del mercado mundial.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez Colín, para que, en el uso de sus facultades, gire las instrucciones necesarias para elaborar campañas informativas de difusión masiva y lenguaje asequible que permitan una mejor comprensión de la forma de operar, los programas de apoyo y los beneficios que implica la participación de las Pymes en las cadenas internacionales de valor del mercado mundial.

Notas

1 Banco Nacional de Comercio Exterior. (2016). Se difunden estadísticas detalladas sobre las micro, pequeñas y medianas empresas del país, de Banco Nacional de Comercio Exterior. Sitio web:

https://www.bancomext.com/comunicados/14237

2 Ídem

3 Alejandro Durán. (2017). Pymes en México participan con el 1 por ciento de las exportaciones, de El Sol de México. Sitio web:

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/pymes-en-mexic o-participan-con-el-1-de-las-exportaciones-257620.html

4 Daniel Blanco. (2018). Con el TPP-11, México tendrá en ‘la bolsa’ 13 tratados comerciales, de El Financiero. Sitio web:

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/con-el-tpp-11-m exico-tendra-en-la-bolsa-13-tratados-comerciales

5 Octavio de la Torre. (2019). Oportunidad de oro para México con entrada en vigor del CPTPP, de T21. Sitio web:

http://t21.com.mx/opinion/arquitectura-aduanera/2019/01/ 07/oportunidad-oro-mexico-entrada-vigor-cptpp

6 Ana Karen García. (2019). Mexicanos aumentan sus compras de productos importados, de El Economista. Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Mexicanos-aumentan-sus-compras-de-productos-importados—20190114-0051.html

7 Mathieu Tourliere. (2019). México pierde hasta 128 mmdp al año por evasión fiscal en comercio internacional, de Proceso. Sitio web:

https://www.proceso.com.mx/569409/mexico-pierde-hasta-12 8-mmdp-al-ano-por-evasion-fiscal-en-comercio-internaciona

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a reenfocar la estrategia de capacitación del programa de apoyos Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo necesarias a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para reenfocar la estrategia de capacitación del programa de apoyos Jóvenes Construyendo el Futuro, para garantizar un proceso formativo pertinente para las demandas futuras del mercado laboral ante el inminente efecto del proceso de automatización, la futura obsolescencia de diversos trabajos actuales y la necesidad de nuevas habilidades laborales ante el impacto de la Cuarta Revolución Industrial, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Afrontar el problema del empleo usualmente es la forma primaria con la cual la población elabora referentes para diagnosticar el trabajo desempeñado por sus representantes públicos. Como uno de los factores más cercanos a sus actividades cotidianas, asumir la relevancia de este como medio para la satisfacción de necesidades básicas y realización personal, va más allá de garantizarlo de forma inmediata, sino que tiene que pensarse como una medida a mediano y largo plazo. Por ello, la implementación del programa de capacitación y apoyo económico a jóvenes que no estudian ni trabajan resulta una medida indispensable para poder moldear a los jóvenes que serán nuestra base laboral fuerte durante las siguientes décadas, por lo que procurar los mejores estándares de calidad formativos, al igual que la implementación de programas actualizados para las necesidades actuales del mercado laboral resulta de suma importancia para que políticas públicas como estas sean una inversión inteligente de acorde a nuestro capital humano, intelectual y económico.

Ante tal escenario, hoy en día las demandas del mundo del trabajo se encuentran en un periodo de transición hacia un nuevo mercado laboral, donde las capacidades y necesidades de la industria permutarán ante un proceso de sustitución de la mano de obra “lineal”, es decir, con trabajos o cálculos simples que no requieren de ejercicios creativos de gran escala, el cual será realizado por robots, algoritmos y otros tipos de máquinas. Según datos del Foro Económico Mundial, se espera una creación de cerca de 133 millones de nuevos empleos a nivel mundial para el año 2022, donde a su vez se espera el desplazamiento de 75 millones de trabajos, los cuales serán sustituidos por dicha maquinaria. El problema, aquí, no pasa por la cantidad neta de puestos laborales (la cual tendría un incremento de 58 millones de trabajos), sino por la competencia del ejército de reserva laboral, el cual, debido a aspectos generacionales, formativos y de origen socioeconómico, no tiene las herramientas necesarias para ocupar dichas plazas.1 La respuesta empresarial, la cual espera una disminución de su base laboral en 50 por ciento para 2022, ha considerado el incremento y creación de plazas en nuevos sectores de la industria, pero carece de la implementación de cursos de capacitación generalizada para el total de sus empleados, ya que muchas de ellas únicamente se enfocarán en los puestos clave de sus respectivos organigramas.2 Esto, a consideración nuestra, es un grave error. Debido a que los efectos de un desempleo masificado no pueden quedar en manos de la “buena voluntad” de privados, aquí es donde el Estado mexicano debe entrar en acción para generar políticas preventivas (y no reactivas) ante un escenario muy bien documentado, con conocimiento de una parte importante de su impacto y que, de nueva cuenta, nos obliga a ver más allá de meramente las problemáticas internas de nuestra nación ante la presencia de un mundo mayormente interconectado, que cada día identifica más problemas comunes y nos acerca al resto de naciones con las cuales compartimos el globo.

Sobre esto, considerar los trabajos futuros en el proceso de capacitación de jóvenes que pretenden ser insertados en el mercado laboral pareciera ser una respuesta adecuada a un proceso a corto y mediano plazo. Poder anticiparnos a los grandes impactos nos situaría en una posición ventajosa en la economía mundial, nos daría competitividad ante la magnitud poblacional de nuestro país y de este sector de la estructura demográfica. Los trabajos requeridos, los cuales pasan netamente por la familiaridad con la tecnología, la codificación y las habilidades sociales, son puntos a considerar para una generación la cual ha pasado gran parte de sus vidas empleando tecnologías de este tipo. Una parte importante de los más jóvenes de dicho sector podrían ser considerados ya como “nativos digitales”, con un saber práctico en la materia que facilitaría el proceso de aprendizaje acerca de no solamente “cómo se usa”, sino un “cómo funciona”. La creación de empleos como técnico en servicio de salud asistido por inteligencia artificial, analista de ciudades inteligentes, corredor de datos personales (similar al corredor de bolsa), investigador de datos, controlador carretero (debido a la implementación de vehículos con conducción automática), consultoría en inteligencia artificial para negocios y ejecutivos de ventas de sistemas de inteligencia artificial, por mencionar algunos, serán trabajos necesarios para el futuro de la industria, la burocracia y el trabajo personal.3

A manera de conclusión, considerar una reestructuración de la capacitación, ampliando o diversificando la oferta, enfocándola a las demandas presentes y futuras del mercado laboral, las cuales van íntimamente ligadas a la digitalización, la adopción de la inteligencia artificial y la implementación a gran escala de tecnologías como robots y algoritmos, es un nicho y una posibilidad derivada de un escenario que parecería sombrío en el inicio, pero con todas las de ganar con una correcta capitalización del área de oportunidad que se nos presenta, que se empalma con las necesidad laborales del sector público y privado, y que sería respaldado por la amplia legitimidad que los programas de apoyo y capacitación puedan tener por parte de la población involucrada. La creación de un mercado laboral fuerte, competitivo y actualizado es algo que nos incumbe y nos importa a todos.

Por lo antes expuesto, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en el uso de sus facultades, gire las instrucciones necesarias para reenfocar la estrategia de capacitación del programa de apoyos Jóvenes Construyendo el Futuro, a fin de garantizar un proceso formativo pertinente para las demandas futuras del mercado laboral ante el inminente efecto del proceso de automatización, la futura obsolescencia de diversos trabajos actuales y la necesidad de nuevas habilidades laborales ante el impacto de la Cuarta Revolución Industrial.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que en el uso de sus facultades, lleve a cabo la realización de un foro de discusión y análisis acerca de los efectos de la automatización, las oportunidades productivas y la generación de vacantes laborales, en el que participen diversos especialistas en la materia.

Notas

1 Amit Chowdhry. (2018). Artificial Intelligence To Create 58 Million New Jobs By 2022, Says Report, de Forbes. Sitio web:

https://www.forbes.com/sites/amitchowdhry/2018/09/18/art ificial-intelligence-to-create-58-million-new-jobs-by-2022-says-report/ #42eb24e74d4b

2 Ídem.

3 Center of the Future of Job. (2018). 21 Jobs of the Future. A guide to getting -and staying- employed over thenext 10 years, de Cognizant. Sitio web: https://www.cognizant.com/whitepapers/21-jobs-of-the-future-a-guide-to- getting-and-staying-employed-over-the-next-10-years-codex3049.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob, la SRE y la SEP a realizar con el Sipinna un diálogo y colaboración con el INM y los titulares de las 32 entidades educativas estatales involucradas para generar programas federales de formación educativa centrados en niños migrantes, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se pretenden generar programas federales de formación educativa enfocadas a niños migrantes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La crisis migratoria internacional tiene números alarmantes en nuestro país. La cantidad de migrantes centroamericanos aumentó debido a la precaria situación por la que pasan sus países de origen, causando tambien cifras alarmantes de migrantes centroamericanos deportados desde México, aumentando de 26.14 por ciento de 2010 a 2015,1 al pasar de 62 mil 788 deportados en el 2010 a 117 mil 990 en el 2016.2 Para 2018, se habían presentado ante el Instituto Nacional de Migración un total de 44 mil 327 personas en el primer tercio del año.3 Para finales de este, la cifra de migrantes presentados quedó en los 138 mil 612.4 El trato otorgado, el cual fue reportado de manera constante por organizaciones internacionales y asociaciones civiles, como la ONU (por medio de alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR) y la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, se considera hostil hacia poblaciones de migrantes indocumentados, es decir, deficiente para las exigencias del derecho internacional.

Conductas de este tipo se potencian en la población vulnerable afectada, es decir, en niños y adultos mayores en situación de migrantes, por lo que son los que sufren consecuencias de mayor impacto y duración. En el caso concreto de los niños, muchos de ellos pasan tiempos prolongados sufriendo dichas consecuencias debido al proceso de definición de su estatus migratorio, lo que es perjudicial para su crecimiento y desarrollo. Los años formativos que se pierden en el confinamiento y en una tierra que es ajena para la gran mayoría de ellos, no quiere decir que la labor del Estado mexicano, por respeto a los convenios internacionales y por nuestra filosofía humanista, deba de dejar de lado a ciudadanos de naciones hermanas en nuestro territorio.

Asumir la responsabilidad que tenemos con poblaciones desplazadas como labor humanitaria es asumir el papel que las naciones deben de realizar en el mundo contemporáneo. La interdependencia de las decisiones de las diversas naciones soberanas tienen repercusiones que van más allá de sus fronteras, como la negativa de los Estados Unidos para la recepción de refugiados en la frontera norte que comparten con nosotros o la decisión del gobierno hondureño para mitigar las problemáticas que han generado movimientos migratorios masivos.

En este caso, ambas decisiones han tenido repercusiones para nuestro país, pero eso no significa que no debamos de contar con los mecanismos para hacer frente a la problemática. Asumir un liderazgo en la región en temas de derechos humanos es parte del proyecto de pacificación y reducción de la criminalidad en nuestro país. Asumir la relevancia de una política más enérgica en respeto al ejercicio de derechos humanos y la integridad de las personas que habitan o transitan nuestro territorio, pasa por consolidar una postura para afrontar de manera interna nuestros problemas más inmediatos, como la violencia y la corrupción.

Por ello, comprometer de manera integral el proyecto de nación implica dar un trato similar a conciudadanos y extranjeros. Propiciar las condiciones necesarias para la impartición de programas educativos útiles para el desarrollo de los niños migrantes debe de ir acompañado de lineamientos generales que orienten dichos programas. Aquí, la normatividad que se ocupa de dicha función está contenida en la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual se expidió en 2014.5 Su artículo XI, referido a la educación, enuncia que “las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables”.6 Esto, siguiendo un criterio en favor de los derechos de ciudadanos y extranjeros, aplica de igual manera para niños en estatus migratorio activo. Garantizar su desarrollo es labor de la nación que los acoge. La responsabilidad e incidencia que los niños y jóvenes migrantes tuvieron antes de migrar es técnicamente nulas. Esta ausencia de peso concreto en una decisión tan relevante los posiciona como víctimas de condiciones ajenas a su voluntad. Realizar labores de formación y desarrollo personal y grupal de estas comunidades es hacer valer la legislación e ideales de nuestro país.

Debido a este escenario, desarrollar programas de formación y capacitación actualizados y supervisados por las autoridades educativas puede ser un buen inicio para futuras estrategias en relación con el tema. El abandono, si no es atendido, tiene repercusiones con un impacto muy grande en estas poblaciones, las cuales podrían sufrir de nunca contar con alguna formación y potenciar su vulnerabilidad en tiempos donde el acceso a educación es una condición necesaria para aspirar a cualquier forma y nivel de bienestar. Dejar de lado el futuro de muchos de esos niños sería irresponsable, inhumano e ilegal. Pensar en formas, como escuelas itinerantes o desarrollo de talleres en lugares donde residan o alberguen migrantes, podría ayudar a pensar la estrategia a partir de sus espacios y sus posibilidades.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, para que en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolecentes (SIPINNA), y en el uso de sus facultades gire las instrucciones necesarias para comenzar un diálogo y colaboración con el titular del Instituto Nacional de Inmigración, Tonatiuh Guillén López, para la facilitación de instalaciones y personal que den paso al ejercicio de programas federales de formación educativa para niños migrantes con apego a la normatividad internacional existente en materia de derechos humanos.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para que en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolecentes (SIPINNA), y en el uso de sus facultades gire las instrucciones necesarias para comenzar un diálogo y colaboración con los titulares de las 32 entidades educativas estatales involucradas para diseñar un programa educativo para grupos de migrantes vulnerables apegado a los estándares de calidad internacionales y con apego a la normatividad internacional existente en materia de derechos humanos.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, para que en coordinación con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolecentes (SIPINNA), y en el uso de sus facultades gire las instrucciones necesarias para comenzar un diálogo y colaboración con los titulares de las 32 entidades educativas estatales y los municipios con mayor fluctuación y asentamiento de migrantes refugiados o indocumentados para garantizar el uso de protocolos de seguridad para garantizar el bienestar de los niños migrantes ante el rechazo que medidas pro-migratorias ha tenido en sectores reducidos de la población.

Notas

1 Diego Badillo. (2017). Suben las deportaciones de centroamericanos desde México, de El Economista. Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Suben-las-deportaciones-de-centroamericanos-desde-Mexico-20170204-0009.html

2 Ídem

3 Luis Baylón (2018). Gráfico: México y sus cifras de deportación a centroamericanos, de Huffington Post. Sitio web:

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/06/19/
grafico-mexico-y-sus-cifras-de-deportacion-a-centroamericanos_a_23463184/

4 Secretaría de Gobernación. (2019). Extranjeros presentados y devueltos, 2018, de Secretaría de Gobernación. Sitio web:

http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Extranj eros_presentados_y_devueltos

5 Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (2018). ¿Ya conoces cuáles son los derechos de niñas, niños y adolescentes?, de Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Sitio web:

https://www.gob.mx/sipinna/articulos/ya-conoces-cuales-s on-los-derechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes?idiom=es

6 Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (2018). Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, de Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Sitio web:

https://www.gob.mx/sipinna/es/articulos/ninas-ninos-y-ad olescentes-tienen-derecho-a-la-educacion?idiom=es

Dado en el Palacio Legislativo de san Lázaro, a 5 de marzo de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del Día Mundial de la Eficiencia Energética, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo conmemoramos el Día Mundial de la Eficiencia Energética, fecha que es observada el 5 de marzo desde el año 1998. Se implementó con motivo de la celebración de la primera Conferencia Internacional de Eficiencia Energética, que se llevó a cabo en Austria con la participación de 350 expertos y líderes de 50 países1 con el objetivo de generar conciencia entre la población sobre sobre el uso racional que le damos a la energía y realizar acciones que contribuyan a tal fin.2 Asimismo, se busca robustecer, o en su caso, construir e impulsar estrategias para a hacer un buen uso de la energía para intentar de frenar el cambio climático.

Se trata de un tema urgente que por limitaciones del marco normativo o falta de una cultura del uso racional de las energías aún México se encuentra lejos de establecer acciones y mecanismos adecuados. Sin embargo, en el Partido del Trabajo, siempre nos hemos pronunciado en favor de una sociedad ecológicamente sustentable y vamos a seguir fortaleciendo tanto la legislación como acciones que prevean por una sociedad que pueda obtener la misma cantidad de energía sin sacrificar la calidad de vida pero empleando menos recursos para su obtención.

Sobre el particular, dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, en el Objetivo 7 se contempla el acceso a servicios energéticos modernos; el aumento de la proporción de energía renovable; mejorar la tasa de eficiencia energética; aumentar la cooperación internacional para para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia; así como, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles.3

Para ponderar la magnitud de este tipo de acciones, de acuerdo a la ONU en la última década ha habido más de 3 mil 852 desastres naturales relacionados con el cambio climático en todo el mundo,4 y el aumento en las temperaturas en México han sido devastadoras en los últimos años.

Por consiguiente, si no hacemos algo al respecto, la alteración extrema en las temperaturas seguirá ocasionando graves afectaciones a la fauna y al cultivo, con pérdida de cosechas pudiendo llevar a nuestro país y al mundo entero a padecer crisis alimentarias. En suma, conlleva a la grave amenaza de la extinción de seres vivos y de la humanidad misma.

Bajo esta tesitura, hacemos el llamado a que esta fecha sea el espacio idóneo para que la población mexicana y los gobiernos de los tres órdenes de gobierno, concentren y coordinen esfuerzos para dar cumplimiento a los compromisos signados por nuestro país en materia de eficiencia energética.

Notas

1 https://www.gob.mx/bansefi/articulos/dia-mundial-de-la-eficiencia-energ etica-149775?idiom=es

2 Íbid.

3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/

4 https://laverdadnoticias.com/ecologia/Consecuencias-del-cambio-climatic o-en-Mexico-20180913-0111.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2019.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con motivo del 1 de marzo, Día de las Cero Discriminaciones, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Cada 1 de marzo, a nivel mundial se celebra el Día para la Cero Discriminación, una fecha establecida por Onusida para recordarnos que nadie debe ser discriminado debido a su color de piel, nacionalidad, idioma, religión, sexo, identidad de género, orientación sexual, estado de salud, su situación económica, estado migratorio o cualquier otra razón.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo como Día para la Cero Discriminación el 1 diciembre de 2013.

Según el Centro de Información de la ONU, 65 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la discriminación sigue aquejando a nuestras sociedades.

A partir del 11 de junio de 2003, se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Desde el punto de vista legal, la discriminación se entiende de acuerdo al artículo 1 de dicha ley, como:

“Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo”.

Asimismo, a través de dicho sustento legal el Estado se compromete a proteger a todas las y los mexicanos de cualquier acto de discriminación. El origen de esta ley se remonta al movimiento antidiscriminatorio y a favor de la igualdad que se formó en 2001, es decir, la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación integrada por 160 comisionados, quienes elaboraron un diagnóstico en esta materia, así como un anteproyecto de ley.

En el 2004 se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Conapred, para promover políticas y medidas tendientes a contribuir al desarrollo cultural y social y avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad.

La discriminación tiene como resultado la negación de derechos y libertades fundamentales, que imposibilitan la igualdad real de trato y oportunidades y con ello el pleno goce y ejercicio, precisamente de esos derechos y libertades, como la salud, el trabajo, la educación, procuración de justicia, entre otros.

En México una de cada 5 personas de 18 años y más declaró haber sido discriminada en el último año, según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), este comportamiento se presenta en proporciones similares: 20.1 por ciento mujeres y 20.2 por ciento hombres.

El derecho a la no discriminación es el derecho de toda persona a ser tratada de manera homogénea, sin exclusión, distinción o restricción arbitrarias, con el fin de que sea capaz de aprovechar plenamente el resto de sus derechos y libertades fundamentales y el libre acceso a las oportunidades socialmente disponibles. (Rodríguez Zepeda, 2017).

Trabajar a favor de la igualdad y la no discriminación requiere de todas las capacidades, de todos los recursos, y de la voluntad y compromiso de quienes tienen la responsabilidad de diseñar y operar las políticas y programas públicos. Necesitamos del esfuerzo de todas y todos para poder forjar una sociedad de derechos.

Para Movimiento Ciudadano es una prioridad realizar cambios positivos a favor de la igualdad, la inclusión y la protección. Por lo que exhortamos a todas y todos los legisladores para que examinemos las legislaciones que de manera discrecional aún guardan sesgos discriminatorios.

Como legisladores podemos hacer la diferencia y poner en alto la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de marzo de 2019.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con motivo del 5 de marzo, “Día Mundial de la Eficiencia Energética”, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario del PVEM

La eficiencia energética es una forma de contribuir a la sostenibilidad del planeta.

Nuestra sociedad no es consciente de cuánta energía se desperdicia a diario, tampoco nos hemos detenido a reflexionar sobre la procedencia de dicha energía.

La eficiencia energética busca proteger el medio ambiente mediante la reducción de la intensidad energética y habituando al usuario a consumir lo necesario y no más. Las emisiones de CO2 que enviamos a la atmósfera son cada vez mayores y, por ese motivo, la eficiencia energética se ha convertido en una forma de cuidar al planeta ya que, no solo está en usar electrodomésticos que consuman menos, sino en que seamos nosotros quienes consumamos menos y de forma más “verde”. 1

Por lo tanto, es necesario crear consciencia de las bondades de reducir el consumo energético en general.

Es necesario que tengamos claro que un aparato, proceso o instalación es energéticamente eficiente cuando consume una cantidad inferior a la media de energía para realizar una actividad.

La importancia de apostar en el impulso de la eficiencia energética se debe a los grandes beneficios que trae al Medio Ambiente, pues entre ellos se encuentra la disminución de emisiones de gases contaminantes, así reducción en el deterioro asociado a la explotación de recursos y menor impacto de los gases de efecto invernadero (GEI), entre otros.

Todos estos factores significan menos daños a la salud de las personas y una disminución del aporte al calentamiento global.

En esta fecha se debe resaltar la necesidad de crear conciencia sobre la importancia de reducir el consumo energético y a su vez hacerlo eficiente, debido a que:

• El consumo de energía mundial está creciendo.

• El coste de la energía se está incrementando.

• Elevada dependencia energética del exterior.

• El Cambio climático.

En el pasado, en la década de los 70 muy pocas organizaciones tenían algún tipo de monitoreo energético, donde el uso energético aumentaba sin control alguno y con los avances tecnológicos sin conciencia del daño al medio ambiente.

Fue entonces que tiempo después en 2010, la política que apuntaba a la eficiencia energética comenzó a crecer a nivel mundial, y desde entonces ha aumentado el interés por la financiación de la eficiencia energética.

Aún tenemos mucho por hacer en beneficio de nuestro planeta, es por ello que no debemos pasar desapercibida esta fecha con miras a poner en la conversación nacional la importancia de implementar más políticas para hacer eficiente la energía que consumimos y con esto aportar a la reducción del calentamiento global.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 5 de marzo de 2019.

Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)