Prevenciones Comunicaciones Iniciativas Actas Informes Convocatorias Invitaciones

Prevenciones

De la Mesa Directiva

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes a los asuntos turnados a las comisiones siguientes:

1. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el título VII De los Estímulos Fiscales, el capítulo XII denominado Del Estímulo Fiscal para Guarderías y Estancias Infantiles en Empresas o Establecimientos, que comprende el artículo 205 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Suscrita por la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, PAN.

Expediente 2709.

LXIV Legislatura.

Séptima sección.

2. Hacienda y Crédito Público.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga los artículos 14 y 19 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y se deroga el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2018.

Suscrita por el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, PES.

Expediente 2711.

LXIV Legislatura.

Segunda sección.

Ciudad de México, a 10 de junio de 2019.

Atentamente

Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)

Presidente


De la Mesa Directiva

Presidentes de Comisiones

Presentes

La Presidencia de la Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 88, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, emite prevención, a efecto de que presenten los dictámenes correspondientes de los asuntos que les han sido turnados, a las comisiones siguientes:

1. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Salud.

Presentada por el diputado Jorge Alcibíades García Lara, Movimiento Ciudadano.

Expediente 1384.

LXIV Legislatura.

Séptima Sección.

2. Salud.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 212 de la Ley General de Salud.

Suscrita por la diputada Ana Priscila González García, Movimiento Ciudadano.

Expediente 1415

LXIV Legislatura.

Tercera sección.

Ciudad de México, a 10 de junio de 2019.

Atentamente

Diputado Porfirio Muñoz Ledo (rúbrica)

Presidente


Comunicaciones

Del Banco de México, mediante la cual remite el informe donde se analizan la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2019, la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades de la institución en ese periodo

Ciudad de México, a 29 de mayo de 2019.

Secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión

Presentes

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51, fracción 11, de la Ley del Banco de México, me complace enviar a esa Comisión el informe donde se analizan la inflación, la evolución económica y el comportamiento de los indicadores económicos del país en el trimestre enero-marzo de 2019, la ejecución de la política monetaria y, en general, las actividades del Banco de México durante dicho periodo, en el contexto de la situación económica nacional e internacional, aprobado por la Junta de Gobierno del banco en sesión del 28 de mayo de 2019.

Ruego a ustedes dar el trámite que corresponda en los términos establecidos en los ordenamientos aplicables.

Atentamente

Licenciado Alejandro Díaz de León Carrillo (rúbrica)

Gobernador

(Remitida a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Junio 5 de 2019.)


De la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante la cual remite el informe ejecutivo de 2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y el diagnóstico sobre la situación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en México

Ciudad de México, a 28 de mayo de 2019.

Doctor Arturo Garita Alonso

Secretario General de Servicios Parlamentarios

Presente

Le saludo atentamente y con fundamento en los artículos 32, numeral 1, y 33, numeral 1, inciso e), del Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República, me permito turnar copia del oficio número CNDH/ MNPT/ 2019, de fecha 13 de mayo de 2019, suscrito por el maestro Luis Raúl Pérez González, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, a través del cual presenta el informe ejecutivo de 2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y el diagnóstico sobre la situación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en México.

Lo anterior, para su conocimiento y efectos conducentes.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración que estime necesaria.

Atentamente

Marcos Alejandro Gil González (rúbrica)

Secretario Técnico


Ciudad de México, a 13 de mayo de 2019.

Senador Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura del Senado de la República

Presente

Con fundamento en los artículos 78, fracción XIV, y 79, fracción III, de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, me permito enviar al Senado de la República el informe ejecutivo de 2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, y el diagnóstico sobre la situación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en México.

Agradeciendo el trámite que en su carácter de presidente de la Mesa Directiva de esa Cámara del Congreso de la Unión, le reitero mi agradecimiento permanente.

Atentamente

Maestro Luis Raúl Pérez González (rúbrica)

Presidente

(Remitida a la Comisión de Derechos Humanos. Junio 5 de 2019.)

De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la que remite el informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional

Ciudad de México, a 29 de mayo de 2019.

Senador Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión

Me permito hacer de su conocimiento que el 22 de mayo de 2019 esta Comisión Nacional presentó públicamente el “Informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional”.

El informe especial propone esquemas orientados a establecer políticas públicas para una mejor protección a los derechos humanos violentados por estas expresiones de violencia colectiva.

El objetivo del informe especial es visibilizar el fenómeno de los linchamientos y que se tomen acciones de política pública que coadyuven a consolidar la cultura de la legalidad y de la denuncia, la cultura del respeto, protección y garantías de los derechos humanos, así como de prevención para evitar esos hechos.

El informe especial consta de 264 fojas y se acompaña al presente en un disco compacto.

Reitero a usted las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente

Maestro Luis Raúl González Pérez (rúbrica)

Presidente

(Remitida a la Comisión de Derechos Humanos. Junio 5 de 2019.)

De la Secretaría de Educación Pública, relativa al informe de la situación del INEE al 15 de mayo de 2019

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2019.

Senador Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

De conformidad con el artículo décimo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, en el cual se dispone:

“En un plazo de 15 días a partir de la vigencia de este decreto, el coordinador administrativo deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación un informe acerca de la situación del Instituto que incluya el balance financiero correspondiente.”

Al respecto le informo que dicho balance fue publicado el pasado 30 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, bajo el siguiente rubro: Informe de la Situación del INEE al 15 de mayo de 2019, Coordinación de Administración del Organismo Público Descentralizado a que se refiere la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .

Lo anterior para su conocimiento y en cumplimiento del mandato constitucional referido.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más distinguida consideración.

Atentamente

Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Coordinadora

(De enterado; remitida a la Comisión de Educación. Junio 5 de 2019.)

De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que remite información relativa a la evolución de las finanzas públicas y la recaudación federal participable

Ciudad de México, a 30 de mayo de 2019.

Senador Martí Batres Guadarrama

Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, me permito enviar la información relativa a la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de abril de 2019.

Asimismo, con fundamento en el artículo 107, párrafos segundo y tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente con el mes de abril de 2018.

De igual forma, en términos del artículo 22, fracción I, de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, se proporciona la información sobre la evolución de la recaudación para el mes de abril de 2019.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Arturo Herrera Gutiérrez (rúbrica)

Subsecretario


Ciudad de México, a 30 de marzo de 2019.

Doctor Arturo Garita Alonso

Secretario General de Servicios Parlamentarios

Presente

Le saludo atentamente, y con fundamento en los artículos 32, numeral 1 y 33, numeral 1, inciso e), del Estatuto de los Servicios Parlamentarios, Administrativos y Técnicos del Senado de la República, me permito remitirle copia del oficio 102-b-052 de fecha 30 de mayo de 2019, suscrito por el licenciado Arturo Herrera Gutiérrez, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del cual remite información relativa a:

• La evolución de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de las obligaciones del erario federal;

• La recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo.

Lo anterior para su conocimiento y efectos conducentes.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración que estime necesaria.

Atentamente

Marcos Alejandro Gil González (rúbrica)

Secretario Técnico de la Mesa Directiva

(Remitida a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública. Junio 5 de 2019.)


Iniciativas

Que adiciona las fracciones VII a IX al Apartado B del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de la diputada Julieta Macías Rábago y del senador Clemente Castañeda Hoeflich, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

Quienes suscriben, diputada Julieta Macías Rábago y senador Clemente Castañeda , integrantes de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de la Comisión Permanente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones VII, VIII y IX al apartado B del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

A partir del nuevo milenio, la humanidad ha logrado avances muy importantes en diversos campos, en especial en lo que a tecnología respecta. Ya sea en la industria, la medicina, la alimentación, el entretenimiento o la comunicación, la tecnología nos ha dado aportaciones que mejoran la vida de los seres humanos.

En el caso específico de la comunicación, los individuos han adoptado a las redes sociales como el instrumento por excelencia para comunicarse. Se han establecido nuevas formas de informarse, producir, divertirse, comprar, que sustituyen el conjunto de las relaciones sociales, entendidas como modos de actuar unos con otros cara a cara y con cierta frecuencia.

Hoy en día las empresas y los individuos pueden intercambiar información desde diversos dispositivos y en tiempo real, gracias a la cobertura actual de los servicios de datos. Es por ello que las tecnologías de la información y la comunicación han adquirido gran relevancia para el desarrollo de nuestro país.

La Universidad Nacional Autónoma de México define a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como: “Todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas de juego”.1

Además, añade que “actualmente el papel de las TIC en la sociedad es muy importante porque ofrecen muchos servicios como: correo electrónico, búsqueda de información, banca online, descarga de música y cine, comercio electrónico, etc. Por esta razón las TIC han incursionado fácilmente en diversos ámbitos de la vida.”

Cifras de la firma consultora Accenture2 indican que en 2013, las TIC en México crecieron un 9.6 por ciento, lo que representó el 5.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país. En 2017, el número de usuarios de internet creció en 6 millones, para alcanzar un total de 71 millones de mexicanos de 6 años o más conectados, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih).3

No obstante los datos anteriores, el Índice de Desarrollo TIC (IDT) 2017, herramienta que mide el alcance social de las tecnologías de información y la comunicación (TIC), indicó que de las 176 economías analizadas en el mundo, ocupamos la posición 87 con una puntuación equivalente a 5.16, similar al puntaje obtenido por países como Venezuela y Surinam.4

El mismo estudio establece que nuestro país se encuentra en una fase de crecimiento en la adopción y uso de las TIC. Uno de los principales retos que enfrenta México consiste en el estrechamiento de la brecha digital, lo cual se debe a las fuertes desigualdades económicas y de oportunidades educativas que caracterizan a nuestro país.

Por tales motivos, ampliar la cobertura y promover el uso de medios digitales y de las tecnologías de la información debe ser parte de los objetivos de una visión más amplia sobre el desarrollo de México, que permita a la sociedad acceder a las ventajas productivas que las TIC pueden generar.

A nivel local, ya se han implementado esfuerzos para volver este tema una realidad, por ejemplo, en la Ciudad de México se está aumentando la cobertura de internet en toda la ciudad, además de habilitar puntos de conexión a internet gratuitos en parques y centros comerciales desde agosto de 2016.

En Guadalajara, se formó la Ciudad Creativa Digital (CCD),5 la cual es la renovación de un entorno urbano para consolidar un espacio ideal para las personas, un escenario moderno e interconectado donde el talento y la creatividad que generan conocimiento, impulsan el uso de nuevas tecnologías y mejoran la calidad de vida de sus habitantes.

Además, “concentra industrias creativas tales como firmas productoras de cine, televisión, videojuegos, animación digital, medios interactivos y aplicaciones móviles, entre otras más, posicionando con ello al estado como un centro productivo relevante para un sector que hoy en día es vanguardia en la economía global”.

Son acciones muy importantes, pues vivimos en una época donde el internet tiene un lugar primordial en la vida de las nuevas generaciones. Se debe considerar como prioridad la digitalización de todos los servicios gubernamentales, así como la creación de aplicaciones y de sitios web que permitan la participación de los ciudadanos en temas gubernamentales, acciones que también fortalecen al gobierno abierto en nuestro país.

Adicionalmente es indispensable que, ante un escenario de rápida evolución tecnológica, el Estado se mantenga vigente y capaz de generar condiciones de seguridad para todos los usuarios de los medios tecnológicos, que prevenga riesgos sin obstaculizar la neutralidad y el libre acceso a la red.

Para la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT),6 la seguridad cibernética es un tema de la mayor importancia, que debe ser considerado por los gobiernos, debido al mal uso del ciberespacio que en muchas ocasiones impide diversas actividades económicas e incluso representa un peligro para la seguridad. De acuerdo con datos presentados por la Policía Federal, se han detectado 5 mil 549 sitios web apócrifos que usurpaban la identidad de instancias financieras y gubernamentales, con la finalidad de realizar fraudes.7

La UIT recomienda que se realicen acciones que permitan brindar certeza a los usuarios de las redes, que sus datos se encuentren seguros y que al hacer uso del internet no sean víctimas de algún delito cibernético.

Es por ello que la presente propuesta considera conveniente elevar a rango constitucional la obligación del Estado de generar condiciones de ciberseguridad y protección de los datos personales, dos elementos que necesariamente tenemos que tomar en consideración si queremos proteger la seguridad y las relaciones sociales en masa de nuestros ciudadanos.

Al establecer a nivel constitucional la obligación de las autoridades de desarrollar una estrategia de seguridad cibernética para reducir los delitos cibernéticos, se garantizará que se brinde un mejor aprovechamiento a las nuevas tecnologías y que la adaptación de éstas a la vida diaria sea de una forma más fácil y efectiva.

Hasta el día de hoy, nuestra Constitución establece de forma general la garantía de estos derechos, en su artículo 6o.,8 que a la letra dice:

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. ”

Sin embargo, reiteramos que por la relevancia social y económica de las actividades a través de las TIC, se genera la necesidad de contar con una legislación pertinente, que garantice la adecuada evolución de las relaciones sociales en masa por medios tecnológicos, la seguridad cibernética y el desarrollo tecnológico en el país.

Por lo anteriormente expuesto, en nombre de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto por el que se adiciona el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adicionan las fracciones VII, VIII y IX al apartado B del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. [...]

[...]

[...]

[...]

A. [...]

I. a VIII. [...]

B. [...]

I. a VI. [...]

VII. El Estado reconoce la utilidad de las relaciones sociales en masa por medios tecnológicos tendientes al apoyo de proyectos, esfuerzos e iniciativas como parte de su desarrollo productivo. El gobierno federal, dentro de sus competencias, deberá coadyuvar en dichas relaciones productivas y prevenir su mal uso.

VIII. La ley determinará las conductas y prácticas a través de medios tecnológicos que resulten sancionables, garantizando la neutralidad de las redes.

IX. El gobierno federal podrá establecer plataformas y programas de financiamiento para el desarrollo de medios tecnológicos en apoyo a proyectos sociales y culturales y la microempresa.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las congresos de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán armonizar la legislación local con el presente Decreto en un plazo que no exceda de 180 días naturales posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Notas

1 Ver más en: http://tutorial.cch.unam.mx/bloque4/lasTIC

2 Ver más en: https://www.forbes.com.mx/tics-oportunidad-de-desarrollo-para-mexico/

3 Ver más en: https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/crece-uso-de-usuarios-de-tics/

4 Ver más en: https://www.infochannel.info/como-ha-sido-el-desarrollo-tic-en-mexico

5 Ver más en: http://ccdguadalajara.com/es_ES/

6 http://www.itu.int/es/Pages/default.aspx

7 Consultado el 19 de marzo de 2019. https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/division-cientifica-de-la-p olicia-federal?idiom=es

8 Ver más en: http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/cpeum.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 5 de junio de 2019.

Diputada Julieta Macías Rábago (rúbrica) y senador Clemente Castañeda Hoeflich

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Junio 5 de 2019)

Que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de requisitos de elegibilidad, recibida de las diputadas Norma Azucena Rodríguez Zamora y Verónica Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

Quienes suscriben, Norma Azucena Rodríguez Zamora y Verónica Juárez Piña, diputadas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, en su fracción II; 56, 179 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de reforma constitucional, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

I. El especialista en derecho constitucional, Manuel Aragón, en su colaboración en el Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina ,1 propuso la siguiente definición: el derecho electoral es el “conjunto de normas reguladoras de la titularidad y ejercicio del derecho de sufragio, activo y pasivo, de la organización de la elección, del sistema electoral, de las instituciones y organismos que tienen a su cargo el desarrollo del proceso electoral y del control de la regularidad de ese proceso y la veracidad de sus resultados”.

II. En la misma obra, el autor establece que la totalidad del derecho electoral no tiene otro objeto que establecer las condiciones jurídicas del derecho de participación política de los ciudadanos.

III. La participación política de los ciudadanos en el ámbito electoral se da en dos vertientes:

• Por un lado, en su vertiente activa, que es el derecho a participar mediante la emisión del voto.

• Por otro lado, en su vertiente pasiva, que es el derecho a ser electo, es decir, el derecho a acceder mediante la elección popular al ejercicio de cargos públicos.

IV. Estos derechos al voto activo y pasivo se encuentran en el centro de todo sistema democrático, pues hacen viable la participación ciudadana para acceder a los cargos de elección popular, junto con las reglas que norman la integración de los órganos de representación política y de gobierno, las que regulan los órganos electorales, el régimen de partidos y las candidaturas independientes.

V. Para los teóricos del derecho constitucional, el derecho de sufragio pasivo es el derecho individual a ser elegible y a presentarse como candidato en las elecciones populares para cargos públicos.

VI. El derecho al voto pasivo tiene restricciones que buscan garantizar su pleno ejercicio. Tales restricciones, conocidas también como causales de inelegibiliad, se han dispuesto con tres objetivos:

• El primero, para evitar que un poder ajeno incida en el proceso electoral, desnaturalizando el carácter autónomo del poder u órgano que habrá de renovarse.

• El segundo, para garantizar la libertad del elector, es decir para que la emisión del sufragio no sea alterada por la coacción, sea ésta directa o indirecta.

• El tercero, para proteger el principio de equidad que debe regir en el proceso electivo, garantizando así el carácter democrático de la elección

VII. En el caso de las causales de inelegibilidad, la protección del principio de equidad impide que tanto la autoridad política y legal, como los recursos del erario y el personal que tiene a su disposición un servidor público en función de su cargo, sean utilizados para promocionarse entre el electorado, alterando las condiciones democráticas de la contienda para beneficio de éste, en demérito del voto libre de los ciudadanos y del derecho a ser votado de los demás candidatos.

VIII. En México, las causales de inelegibilidad para los cargos de diputado federal, senador, Presidente de la República, gobernador y jefe del Gobierno de la Ciudad de México se encuentran estipuladas, como parte integral de los requisitos de elegibilidad, en los artículos 55, 58, 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, como se muestra a continuación:

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

...

IV. No estar en servicio activo en el Ejército federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella.

V. No ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni ser secretario o subsecretario de estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección.

No ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni magistrado, ni secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni consejero presidente o consejero electoral en los consejos general, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, ni secretario ejecutivo, director ejecutivo o personal profesional directivo del propio instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.

Los gobernadores de los estados y el jefe del Gobierno de la Ciudad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.

Los secretarios del gobierno de las entidades federativas, los magistrados y jueces federales y locales, así como los presidentes municipales y alcaldes en el caso de la Ciudad de México, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del día de la elección;

VI. No ser ministro de algún culto religioso, y

VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59.

Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección.

Artículo 82. Para ser presidente se requiere:

...

IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.

V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección.

VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83.

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

...

I. Los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de seis años. La elección de los gobernadores de los estados y de las legislaturas locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.

Los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.

Nunca podrán ser electos para el periodo inmediato:

a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el periodo en caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación;

b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del periodo.

...

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa.

...

III. El titular del Poder Ejecutivo se denominará jefe del Gobierno de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y directa, y no podrá durar en su encargo más de seis años. Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho.

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del jefe del Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo.

...

IX. La reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2018,2 incluyó la creación de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y la de los Delegados Estatales de Programas para el Desarrollo. Las funciones de estas nuevas figuras de la administración pública, reguladas en los artículos 17 Bis y 17 Ter de la ley mencionada, establecen que la Coordinación General de Programas para el Desarrollo dictará los lineamientos para el funcionamiento de las delegaciones estatales de programas para el desarrollo cuyos titulares, conocidos popularmente como superdelegados, serán designados por la Secretaría de Bienestar, pero a propuesta del coordinador general.

En cuanto a las delegaciones estatales de programas para el desarrollo, la ley obliga todas a las oficinas estatales de representación de las secretarías y dependencias federales a informarles de la ejecución de los programas que entreguen un beneficio directo a la población, sus padrones y actividades. Además, el inciso f) de la fracción III del citado artículo 17-Bis les otorga a los delegados estatales de programas para el desarrollo la facultad de designar a todos los representantes de las secretarías y dependencias del gobierno federal, pues sus nombramientos serán realizados por el titular respectivo, pero a propuesta del respectivo delegado estatal.

Adicionalmente, el Ejecutivo federal designó a 266 coordinadores regionales de programas para el desarrollo, sin que exista base legal para dichos nombramientos, y les asignó atribuciones similares a las de los delegados estatales en cuanto a la aplicación de recursos de los programas del gobierno federal en el ámbito de su región.

X. Los titulares de las delegaciones y coordinaciones mencionadas son servidores públicos federales de alto nivel que, en virtud de su respectivo encargo, manejan recursos del erario público y recursos humanos de la propia burocracia federal, con un alto nivel de exposición pública. Todo lo cual, de traducirse en precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular, afectará gravemente la autonomía de los poderes, la libertad del sufragio, la equidad de la contienda y el derecho al voto pasivo de los demás ciudadanos que compitan con ellos en una contienda electoral.

XI. Es por ello que resulta pertinente que la Constitución política sea reformada para incluir a los titulares de las delegaciones y coordinaciones señaladas en el considerando IX de esta iniciativa como una más de las causales de inelegibilidad para los cargos de diputado federal, senador y Presidente de la República, estableciendo como plazo de separación definitiva del cargo el plazo de seis meses antes del día de la elección.

Asimismo, se propone hacer extensiva la inelegibilidad por este motivo a los cargos de presidentes municipales y alcaldes de la Ciudad de México, diputados locales, gobernadores y jefe del Gobierno de la Ciudad de México, estableciendo que las legislaturas locales observen, en el ejercicio de auto configuración que les compete, lo dispuesto por la propia Constitución federal en la materia.

En los artículos transitorios del decreto aprobatorio de esta reforma podrá determinarse el plazo requerido para que las legislaturas locales realicen las adecuaciones necesarias a su texto constitucional y leyes electorales locales.

Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de requisitos de elegibilidad, para garantizar la equidad en la contienda electoral

Único. Se reforman los artículos 82 en la fracción VI; 116 en el cuarto párrafo de la fracción II y 122, en el primer párrafo de la fracción III, el segundo párrafo de su fracción III, y el inciso f) en su fracción VI; y se adicionan los artículos 55, añadiendo una fracción V-Bis, 115 para añadir un segundo párrafo a la fracción I; 116 añadiendo un párrafo segundo a la fracción I; todo lo anterior, para quedar como sigue:

Artículo 55. Para ser diputado se requiere:

I. al V. ...

V-Bis. No ser titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, de alguna de las delegaciones estatales de programas para el desarrollo o de las coordinaciones regionales de programas para el desarrollo, a menos que se separen definitivamente de sus funciones seis meses antes del día de la elección.

V. al VII. ...

Artículo 82. Para ser Presidente se requiere:

I. al V. ...

VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, no ser titular de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, de alguna de las delegaciones estatales de programas para el desarrollo o de las coordinaciones regionales de programas para el desarrollo , a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección; y

VII. ...

Artículo 115. ...

I. ...

En cuanto a los requisitos de elegibilidad para ser presidente municipal, las constituciones y leyes electorales de los estados deberán observar lo dispuesto en la fracción V-Bis del artículo 55 de esta Constitución.

Artículo 116. ...

...

I. ...

En cuanto a los requisitos de elegibilidad para ser gobernador, las constituciones y leyes electorales de los estados deberán observar lo dispuesto en la fracción V-Bis del artículo 55 de esta Constitución.

...

II. ...

...

...

Las legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes. En cuanto a los requisitos de elegibilidad para ser diputado local, las constituciones y leyes electorales de los estados deberán observar lo dispuesto en la fracción V-Bis del artículo 55 de esta Constitución.

...

III. al IX. ...

Artículo 122. ...

A. ...

I. ...

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca, debiendo observarse lo dispuesto en la fracción V-Bis del artículo 55 de esta Constitución, y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de tres años.

...

III. ...

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las facultades del jefe del Gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a ocupar dicho encargo, observando lo dispuesto en la fracción V-Bis del artículo 55 de esta Constitución.

IV. a V. ...

VI. ...

a) al e) ...

f) Los alcaldes y concejales deberán reunir los requisitos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, debiendo ésta observar lo dispuesto en la fracción V-Bis del artículo 55 de esta Constitución.

B. ...

Notas

1 Aragón, M (2007). “X. Derecho electoral: sufragio activo y pasivo” en IDEA. Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina (Treatise on Compared Electoral Law of Latin America), pp. 178-197.

2 Diario Oficial de la Federación, 30/11/2018. “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”. Consultado en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545331&fecha=30/11/2 018

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 5 de junio de 2019.

Diputadas: Norma Azucena Rodríguez Zamora, Verónica Juárez Piña (rúbricas)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Junio 5 de 2019.)

Que adiciona una fracción X al artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recibida de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

Quien suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En la Constitución mexicana, en su artículo primero, se establece que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” (CPEUM, artículo 1o.) La Constitución, como pilar de nuestro estado de derecho, establece el papel de los derechos humanos y el rol que deben desempeñar las autoridades respecto a esta materia.

La lectura del artículo primero constitucional abre la discusión necesaria para esta exposición de motivos. Las mujeres, a lo largo de la historia y en la actualidad, han sufrido distintos obstáculos que les han impedido el gozo y garantía de estos derechos establecidos en la ley fundamental y, consecuentemente, el Estado ha tenido que modificar su ley fundamental para que coincida con la realidad.

Aunado a lo anterior, las mujeres y hombres, como entes con personalidad jurídica, han adquirido derechos y mecanismos para ejercer su validez que han tenido una evolución dentro del Estado; en este sentido, se han logrado avances en materia de derechos humanos, igualdad de género, impulso a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad entre otros.

Con relación a lo anterior, en el reciente dictamen relacionado con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, contempla en su artículo 132, relativo a las obligaciones de los patrones, fracción XXXI, “Implementar en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual , así como erradicar el trabajo forzoso e infantil”. Con el propósito de mejorar esta disposición, se busca que el Instituto Nacional de las Mujeres tenga facultad de incidir en esta tarea tan especial.

Planteamiento del problema desde la perspectiva de género

El derecho al trabajo es un derecho humano que tiene como finalidad fomentar la dignidad de las personas. En México, por mucho tiempo, las mujeres no han podido tener igualdad de condiciones frente a los hombres en materia laboral.

En lo que atañe a esta problemática, se tiene que conocer que las mujeres no representan una minoría dentro del ámbito laboral, más bien, tanto hombres y mujeres participan en una relación casi igual en cuanto a la integración del mercado laboral.

Con base en los datos del Instituto Nacional de las Mujeres, se expone que la tasa de participación femenina en el mercado de trabajo en 2018 fue de 42.9 por ciento; de otra forma, aproximadamente 1 de cada 2 trabajadores son mujeres.1

Este dato permite conocer la esencia de la propuesta, la variable género no debería determinar diferencias en el trato hacia los trabajadores, en consecuencia, sobresale la importancia de generar leyes que resuelvan lo que el mercado laboral no ha podido.

En este sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres tiene un objetivo claro y es el de “promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país.”2 De esta manera se puede notar la utilidad potencial del instituto como ente especializado en la materia que puede aportar sus conocimientos y experiencias en la elaboración del protocolo.

Argumentos Estadísticos

Desde el año 2006, el Foro Económico Mundial (World Economic Forum ) ha generado un reporte global sobre la brecha entre los géneros que permite visualizar a nivel internacional y nacional cuatro diferentes áreas de brecha entre hombres y mujeres, como lo son: (i) salud y supervivencia, (ii) logro educativo, (iii) participación económica y oportunidad, 3 y (iv) empoderamiento político . Este reporte considera la participación de 200 países, y produce un índice donde los extremos representan, 0 sí hay nada de paridad de género y, 1 si hay completa paridad de género.4

En el reporte de 2018 sobre esta problemática se encuentra que existe una brecha de género de un 32 por ciento a nivel global.5 Hasta ahora ningún país ha logrado una paridad completa, el más cercano está alrededor del 80 por ciento de paridad y corresponde a Islandia y otros países nórdicos como Noruega, Suecia y Finlandia.6

En el caso mexicano, a nivel global el país se encuentra por encima del promedio en la brecha, se encuentra en el lugar 50 de 200 países contemplados, o sea en el primer cuartil de los evaluados con un índice del 72.1 por ciento.7 Sin embargo, hay que recordar que este índice está integrado por las 4 áreas de evaluación, es decir, otorga el rendimiento ponderado de las 4 áreas. En consecuencia, aunque a nivel global México se encuentre en el primer cuartil, no sucede igual si hace un análisis de cada variable.

En el área de participación económica y oportunidad, que es la que nos atañe en esta exposición, México se encuentra en el lugar 122 de 200 con un índice de 57.4 por ciento; en el área del logro educativo, se encuentra en el lugar 58 con un índice del 99.6 por ciento; en el área de salud y supervivencia se encuentra en el lugar 50 con un índice de 97.9 por ciento; finalmente, en el área de empoderamiento político se encuentra en el lugar 27, no obstante, con un índice de 33.5 por ciento.8

El país se encuentra en el lugar 122 de 200, o sea se encuentra en el tercer cuartil dentro de la distribución total de países, muy por debajo de la media mundial. Con base en este dato podemos deducir que México es uno de los países con mayor brecha de paridad económica.

Queda claro que las mujeres en el mundo y en el país tienen distintas oportunidades en el ámbito laboral, asimismo, obstáculos que les impiden desarrollarse plenamente y con dignidad. Con el propósito de exponer más de la problemática se hace una recopilación de los principales enfoques sobre el acoso sexual de las principales organizaciones internacionales, esto con la finalidad de tener una visión internacional de la materia.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define el acoso sexual como:

“Cualquier avance sexual no deseado, solicitud de favor sexual, conducta verbal o física o gesto de naturaleza sexual, o cualquier otra conducta de naturaleza sexual que pueda razonablemente esperarse o que se perciba que cause ofensa o humillación a otra persona, cuando tal conducta interfiere con el trabajo, se convierte en una condición de mantenimiento del empleo o crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. Si bien típicamente involucra un patrón de comportamiento, puede tomar la forma de un solo incidente. El acoso sexual puede ocurrir entre personas del mismo sexo o del sexo opuesto. Tanto hombres como mujeres pueden ser las víctimas o los delincuentes.”9

Asimismo, podemos encontrar la definición de acoso sexual que otorga la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual define como:

“Cualquier conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo o en relación con el trabajo, que, en la percepción razonable de la persona interesada;

(a) se utiliza como base para una decisión que afecta el empleo o profesional de esa persona situación, o

(b) crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil o humillante para esa persona.”10

De la misma forma, el Banco Mundial, dentro de su política contra el acoso sexual, establece la misma definición que da la ONU.11 Dentro de los protocolos internacionales podemos encontrar distintas variables que pueden afectar a la persona ofendida, ya que no existe una forma única de acoso sexual. Al respecto, la OIT identifica al menos dos formas generales de acoso sexual en el trabajo: (i) entre un superior y un subordinado y, (ii) entre pares trabajadores. 12

Sobre la primera forma de acoso, (i) entre un superior y un subordinado, se expone en el protocolo de la OIT, que es del tipo quid pro quo , o de algo por algo. En este tipo de acoso existe una relación de poder entre las partes, en la que la parte superior toma ventaja sobre la subordinada y condiciona actos a condición de favores sexuales. Sobre la segunda forma de acoso, (ii) entre pares trabajadores, en esta es más probable que genere un espacio incómodo para la parte ofendida, impidiéndole ejercer sus actividades laborales.13

Más allá de la perspectiva internacional, existen estudios que muestran evidencia contundente que prueba que el acoso sexual en el trabajo tiene como consecuencias: (i) el aumento de estrés financiero, (ii) cambios precipitados de trabajo, y (iii) se puede alterar significativamente la superación profesional de las mujeres acosadas. 14

Es así, como el Estado mexicano se encuentra frente a un escenario mundial que busca la defensa de los derechos humanos de las mujeres, y que consecuentemente, el Estado tiene que estar a la altura de las circunstancias y modificar las leyes en favor de los derechos de las mujeres.

Ya expuesto el problema desde una perspectiva internacional, es momento de revisar la situación local. Cada año se realiza la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis), la cual busca medir la discriminación sobre algunos sectores de la población como la población indígena, la población con discapacidad, la población con diversidad religiosa, adultos mayores de 60 años, niñas y niños de entre 9 y 11 años, de adolescentes y jóvenes de entre 12 y 29 años, mujeres de 18 años y más, y trabajadoras remuneradas del hogar.

En la Enadis más reciente, se encontraron algunos datos que ayudan a visualizar la situación de las mujeres en la materia de discriminación. Se encontró que el 29.5 por ciento de las mujeres mayores de 18 años en algún momento han sido discriminadas por algún motivo relacionado con su condición de género.15

Esta encuesta también preguntó sobre los principales problemas a los que se enfrentan estos segmentos de la sociedad, y en este sentido, las mujeres determinaron 3 grandes problemas: (i) el 29.9 por ciento de las mujeres dijo que el principal problema era la delincuencia e inseguridad, (ii) el 23.9 por ciento dijo que la violencia hacia las mujeres y, (iii) el 13 por ciento dijo la falta de oportunidades para encontrar empleo. 16

Es por lo anteriormente expuesto que debe ser una institución especializada, como lo es el Instituto Nacional de las Mujeres, aquella que coadyuve en la elaboración e implementación de un protocolo en caso de acoso sexual u hostigamiento. Se tiene que aprovechar la especialización y la experiencia del Instituto en favor de las mujeres.

No se puede seguir ignorando este problema que acaece en el 50 por ciento de la sociedad, debemos ser respetuosos y promoventes de la Constitución, sobre todo hacer valer su artículo primero.

Por lo tanto, teniendo como base las recientes reformas, adiciones y derogaciones a la Ley de Federal de Trabajo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley Federal de la Defensoría Pública, a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a la Ley del Seguro Social, en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, entre los cuales se considera la implementación de instrumentos para la erradicación del acoso u hostigamiento sexual en el ámbito laboral, en el siguiente comparativo se resumen los alcances de la presente propuesta:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente la presente iniciativa, al tenor del siguiente:

Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Artículo Único. Se adiciona una fracción X al artículo 48 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 48. ...

I. a IX. [...]

X. Colaborar con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la elaboración e implementación del protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, y

XI. Las demás previstas para el cumplimiento de la ley

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Instituto Nacional de las Mujeres, “Programa nacional para la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres 2013-2018 Informe de avance y resultados 2018”, México, pág. 21, consulta: 26 de abril de 2019, enlace:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/442783/Av ance_y_Resultados_2018_Proigualdad.pdf

2 Instituto Nacional de las Mujeres, ¿Qué hacemos?, objetivo general, México, consulta 25 de abril de 2019, enlace:

https://www.gob.mx/inmujeres/que-hacemos

3 Esta área de evaluación está integrada por 5 variables: (i) razón entre la participación femenina en el trabajo sobre la masculina; (ii) equidad salarial entre hombres y mujeres para trabajos similares; (iii) razón entre el ingreso femenino estimado sobre el masculino; (iv) razón de legisladoras, direcciones generales y gerencias sobre los hombres; y, (v) razón de trabajadoras profesionistas y técnicos sobre el de los hombres.

4 World Economic Forum, “The Global Gender Gap Report 2018”, Suiza, traducción propia, consulta: 26 de abril de 2019. Enlace: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf

5 Ibidem, p. 7.

6 Idem.

7 Ibidem, p. 10.

8 Idem.

9 Organización de las Naciones Unidas, Boletín de la Secretaría General, “Prohibición de discriminación, hostigamiento, incluido el abuso sexual, acoso y abuso de autoridad”, febrero 2008, traducción propia, consulta: 26 de abril de 2019, enlace: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/238/36/PDF/N0823836.p df?OpenElement

10 Organización Internacional del Trabajo, “Política del acoso sexual y procedimientos”, 2004, traducción propia, consultado, 26 de abril de 2019 enlace: https://www.un.org/womenwatch/osagi/UN_system_policies/(ILO)Circular_on _Sexual_Harassment.pdf

11 Banco Mundial, “La política del Banco Mundial para erradicar el acoso, guía para implementar”, lugar: sin lugar, fecha: s/f, consulta: 26 de abril de 2019, enlace:

https://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/wbsh.pdf

12 Ibidem, p. 2.

13 Idem.

14 Mclaughlin Heather, Uggen Christopher, Blackstone Amy, “The economic and career effects of sexual harassment on working women”, Gender & Society, 10 de mayo de 2017, traducción propia, consulta: 26 de abril de 2019, enlace:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5644356/

15 Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. “Encuesta nacional sobre discriminación”, México, 6 de agosto de 2018, consultado: 26 de abril de 2019, enlace: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/Est Sociodemo/ENADIS2017_08.pdf

16 Ibidem, p. 19.

Dado en la sede de la Comisión Permanente, a 5 de junio de 2019.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

(Turnado a la Comisión de Equidad de Género. Junio 5 de 2019)

Que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Penal Federal, recibida del diputado Carlos Alberto Valenzuela González, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

El que suscribe, Carlos Alberto Valenzuela González, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Código Penal Federal, con base en lo siguiente:

I. Planteamiento del problema

El acceso indiscriminado de niñas, niños y adolescentes –menores de 18 años- a contenidos no aptos y restringidos –contenidos de sexualidad, drogas, violencia, pornografía, etc.- en internet y aplicaciones móviles o plataformas de entretenimiento con mecanismos de control de usuarios o parentales nulos, endebles, eludibles o simulados.

II. Argumentos que sustentan la presente iniciativa

El acceso a internet se ha considerado un derecho humano y también constitucional; mismo que se asocia directamente al acceso a la información.

Así, el Estado mexicano está obligado a garantizar el acceso libre a internet a los menores de edad, pero este debe estar acorde a los tratados internacionales y convenciones en materia de protección de la dignidad de las niñas, niños y adolescentes, tal como lo es la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1989, cuyo artículo 17 enuncia:

Artículo 17. Los Estados parte reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados parte

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) (...)

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.

En la Constitución Política, ese derecho se localiza en el artículo 6o.:

Artículo 6o. (...)

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.

(...)

Por eso, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece dos artículos que refieren de manera más detallada como se debe garantizar ese derecho de acceso a internet:

Artículo 101 Bis. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Artículo 101 Bis. (...)

Artículo 101 Bis 2. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso seguro del Internet como medio efectivo para ejercer los derechos a la información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación, entre otros , de conformidad con el principio de interdependencia, en términos de las disposiciones aplicables.

(Énfasis propio)

Hasta una ley general no se habló del concepto internet seguro . Sin embargo, tampoco hay consenso sobre lo que significa.

Un primer acercamiento de política pública en México fue la denominada campaña México Propone, como parte de la tarea Hacia una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, en 2017. En dicho documento, sólo se refiere como ciberseguridad al “conjunto de políticas, controles, procedimientos, métodos de gestión de riesgos y normas asociadas con la protección de la sociedad, gobierno, economía y seguridad nacional en el ciberespacio y las redes públicas de telecomunicación”.1

De acuerdo con el Decimocuarto estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México, 2018, en México hasta 2017 se estima que la población mayor de 6 años con acceso a internet es de 67 por ciento; y el número de internautas es de 79.1 millones de personas. De ellos, 34 por ciento corresponde a niñas, niños y adolescentes (menores de 18 años).

Un dato relevante que señala el estudio es el siguiente y no menor es las implicaciones si no se regula la materia: el acceso promedio a internet y su uso al día es de 8 horas 12 minutos y; el Smartphone es el principal dispositivo para acceder a alguna red social, 7 de cada 10 internautas utilizan estos dispositivos.+ 2 Ése es el nivel de exposición o riesgo en el que los menores pueden estar expuestos a contenidos no aptos.

Actualmente hay plataformas de internet como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Netflix, Amazon Prime, Blind o Prinsterest, cuyos registros de usuarios –nuevos o ya existentes– se basan en la buena fe de la información que presentan pero no existen validaciones de la autenticidad de la información proporcionada; así como el acceso una vez registrados y la carga de archivos y contenidos; y conforme al estudio referido, así se compone la presencia de las redes sociales en los usuarios.

Sin embargo, la legislación actual en la materia de acceso a contenidos en internet para menores no se encuentra aún regulado de manera específica; ni con en leyes generales que aborden el tema con un enfoque preventivo ni punitivo.

La situación resulta compleja, toda vez que implica regular materias como el internet, sus plataformas, aplicaciones y a la vez sus contenidos aplicaciones tanto para dispositivos fijos (computadoras de escritorio o televisiones) como móviles (tabletas electrónicas, celulares, computadoras, etcétera) ya que es un medio de comunicación cuyos contenidos y personas físicas y morales pueden radicar en otros países y tener regulaciones diversas.

Lo propuesto tiene consonancia con lo establecido en el punto 24 del Compromiso de Túnez de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información:

24. Reconocemos el papel de las TIC en la protección y en la mejora del progreso de los niños. Reforzaremos las medidas de protección de los niños contra cualquier tipo de abuso y las de defensa de sus derechos en el contexto de las TIC. En ese contexto, insistimos en que el interés de los niños es el factor primordial.

Así, en el artículo 3 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se entiende el concepto tráfico como “datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que circulan por una red de telecomunicaciones”.

Internet es una herramienta libre y abierta de información impulsando el desarrollo y el conocimiento, pero como toda herramienta puede corromperse y se han suscitado la comisión de ilícitos diversos, no solo en contra de la niñez sino en muchas y diversas materias, lo que lo hace un instrumento de cuidado.

Es necesario establecer una legislación que proteja la libertad de la red, pero también la integridad de las personas que navegan en ella; y esta iniciativa debe ser un acercamiento a ello.

Además, poder considerar en el artículo 200 del Código Penal la tipificación como delito el tráfico –en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión– de materiales de carácter pornográfico, reales o simulados. Asimismo, armonizar los términos de sanciones a unidades de medida de actualización en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

III. Fundamento legal de la iniciativa

A la iniciativa son aplicables diversas disposiciones contenidas en los marcos jurídicos siguientes:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

b) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;

c) Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y d) Código Penal Federal.

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto

Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 149 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y 200 del Código Penal Federal.

V. Ordenamientos por modificar

A) Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

B) Código Penal Federal.

VI. Texto normativo propuesto

Por lo expuesto se presenta a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto para quedar como sigue:

Primero. Se reforma el artículo 149 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue:

Artículo 149. A quienes incurran en las infracciones previstas en las fracciones I, II y VIII del artículo anterior se impondrá multa de hasta mil quinientas unidades de medida de actualización al momento de realizarse la conducta sancionada.

Las infracciones previstas en las fracciones III, IV, V, VI, VII, VII Bis y VII Ter del artículo anterior serán sancionadas con multa de tres mil y hasta treinta mil unidades de medida de actualización al momento de realizarse la conducta.

En los casos de las infracciones previstas en las fracciones III, V, VI y VII del artículo anterior, se impondrá una multa adicional de mil quinientos y hasta siete mil unidades de medida de actualización , por cada día que se difunda o se encuentren disponibles en medios electrónicos de los que tenga control el concesionario o medio impreso que se trate, la información, datos, imágenes o audios.

(...)

Segundo. Se reforma el artículo 200 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 200. Al que trafique, comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de dieciocho años de edad, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de trescientos a quinientos días multa.

(...)

Transitorios

Primero. El presente decreto entrara? en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Federal de Telecomunicaciones modificará en un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, los lineamientos de carácter general que deriven de la reforma del artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Notas

1 Gobierno de la República. Estrategia Nacional de Ciberseguridad, México, 2017. Consultado en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/271884/Estrategia_Nacion al_Ciberseguridad.pdf

2 Asociación de Internet.mx. Decimocuarto estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México, 2018 . Consultado en
file:///C:/Users/usuario.gppan/Downloads/
14+Estudio+sobre+los+Ha_bitos+de+los+Usuarios+de+Internet+en+Me_xico+2018+versio_n+pu_blica.pdf

Sede de la Comisión Permanente, a 5 de junio de 2019.

Diputado Carlos Alberto Valenzuela González (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Junio 5 de 2019.)

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, recibida de diputados del PVEM en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

Quienes suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El estudio de la relación entre el hombre y el medio ambiente, así como de las externalidades de la misma no es una tarea reciente, si bien es cierto que hoy en día existe mayor vigilancia y participación de las autoridades para dar atención a la problemática ambiental, lo cierto es que el análisis de las acciones del hombre en contra de su medio natural y de las consecuencias negativas en él encuentran sus orígenes en la civilización agrícola de Egipto, la cual tenía grandes conocimientos prácticos sobre la acción del medio natural, lo que le permitía tener una agricultura fructífera, lo que derivó en una afectación ambiental debido a la modificación de suelos y desaparición masiva de especies silvestres.

Al paso de los años la preocupación por la degradación de nuestros recursos naturales fue generalizándose, de tal suerte que los primeros trabajos para tratar este problema se dieron en los años 70, cuando las Naciones Unidas convocan a una conferencia en Estocolmo sobre el medio ambiente, con la participación de 110 países y cuyo objetivo era elaborar un plan de acción práctico mundial, dando origen a la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.

Esta declaración contiene 109 recomendaciones que pueden agruparse en cinco grandes rubros:

1. Aspectos ambientales del manejo de los recursos naturales;

2. Planificación y administración de los asentamientos humanos para el mejoramiento ambiental;

3. Identificación de los principales contaminantes y su control;

4. Aspectos educacionales, socioculturales y de información respecto a los asuntos ambientales, y

5. Medio ambiente y desarrollo.

De igual manera dicha conferencia le dio origen al Día Mundial del Medio Ambiente y consecuentemente se adoptó un nuevo concepto de educación ambiental. Al respecto, en nuestro país fue en el mandato del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, cuando se creó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), como una alternativa de atención a la problemática ambiental.

Muestra de la intención de atender prioritariamente la afectación a nuestro medio ambiente, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, se refirió que las soluciones de la problemática ecológica dependen en gran medida de la participación activa y consciente de todos los sectores de la población, por lo que era necesario ejecutar acciones en materia de educación ambiental a través de un proceso continuo y permanente que se inicie en los grados preescolares y siga a lo largo de las diferentes etapas del sistema educativo.

Otro ejercicio fue el que implementó la Comisión Nacional de Ecología en 1987, dirigiendo sus principales trabajos a la educación ambiental, a través del fortalecimiento a las acciones para promover la conciencia ecológica con la participación de la comunidad docente, desarrollando talleres en materia de conservación de los recursos naturales, especialmente en la reforestación.

La educación ambiental está dirigida a la construcción del conocimiento y su comunicación, la misma representa un reto importante para el educador que debe desarrollar las mejores técnicas pedagógicas para que los estudiantes logren relacionar los nuevos conocimientos con aquellos que ya tienen y no habían sido apreciados como parte de una cultura ambiental.

La formación de una cultura de respeto hacia cualquier manifestación de vida existente en nuestro entorno exige hacer análisis y evaluaciones que permitan conocer los mecanismos que pongan un alto al deterioro de los recursos ambientales ya impactados, las técnicas de recuperación hacia éstos y las acciones y programas que garanticen la conservación futura del mayor número de recursos naturales aun existentes en nuestro planeta.

Al respecto, Febres, en su publicación La gestión ambiental: bases conceptuales de la educación para un desarrollo sostenible, refiere que la “tendencia pedagógica para el desarrollo sustentable debe ser la de promover una cultura de paz, alentar procesos sociales integradores, favorecer el uso de tecnologías no agresivas con el ambiente, apuntalar la justicia social y disminuir sostenidamente la pobreza”; de lo que se entiende que no se requiere de elementos técnicos estrictos que nos lleve a pensar que como personas y estudiantes comunes no puedan comprender, se habla más de la generación de la consciencia y a integración de todos los grupos poblacionales en la ejecución de estrategias para mejorar nuestro entorno natural.

No obstante, ello no significa que no deban considerarse los elementos tradicionales dentro del proceso educativo, tales como los planes de estudio, los libros de texto, los materiales didácticos y todos aquellos materiales que abonen a la impartición de conocimientos en materia de educación ambiental.

Sin duda las acciones que se han desarrollado a lo largo de la historia establecieron bases sólidas para el diseño y ejecución de políticas públicas que exalten la importancia de la educación ambiental como una herramienta indispensable para combatir la degradación de nuestro medio natural.

Al paso de las décadas el daño y deterioro de nuestros ecosistemas se tornan mucho más graves y urgentes de atender, ello, debido al acelerado crecimiento poblacional que trae consigo el crecimiento de las zonas urbanas y por ende desaparición de espacios verdes, así como el aumento en la generación de residuos y contaminantes.

No somos omisos a los logros alcanzados, cada vez somos más las personas preocupadas e interesadas por hacer algo que beneficie su entorno, no obstante, es una realidad innegable que las acciones implementadas por nuestras autoridades se han quedado cortas, no por falta de capacidad, sino por la falta de concientización y participación social.

Es lamentable seguir observando la indiferencia de personas que aseguran no tener en sus manos la implementación de acciones que, aunque parecen mínimas o insignificantes, la suma de ellas impactaría de manera positiva en la conservación de los recursos naturales con los que aun contamos.

Parte indispensable en la toma de consciencia es la disponibilidad de información, para ello resulta indispensable integrar a los contenidos de los planes y programas educativos, la materia de educación ambiental, ello, convencidos de que es una herramienta necesaria para desarrollar conocimientos básicos en materia ambiental.

Actualmente nuestro sistema educativo ha evolucionado, de tal forma que hoy dos derechos humanos tan elementales como la educación y el derecho a un medio ambiente sano se fusionan para el cuidado de nuestro entorno y especialmente para beneficio de las personas.

La política educativa actual ha mostrado un grado de inclusión al tema ambiental verdaderamente innovador e importante para lograr poner un alto a las afectaciones ambientales, ejemplo de ello es la introducción de la materia ambiental dentro de los fines de la educación en la Ley General de Educación, tal y como se señala en los siguientes preceptos jurídicos:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a X. [...]

XI. Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

XII. a XVI. [...]

Para su implementación, la referida Ley General igualmente establece que la encargada de la determinación de dichos planes y programas de estudio es la Secretaría de Educación, tal y como se cita en el siguiente artículo:

Artículo 48. La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7o. y 8 de esta Ley.

Para tales efectos la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia, expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el artículo 72, así como aquéllas que en su caso formule el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.

Cuando los planes y programas de estudio se refieran a aspectos culturales, históricos, artísticos y literarios, la Secretaría de Cultura propondrá el contenido de dichos planes y programas a la Secretaría a efecto de que ésta determine lo conducente, conforme al párrafo primero de este artículo.

Las autoridades educativas locales, previa consulta al Consejo Estatal Técnico de Educación correspondiente, propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría, previa opinión de la Secretaría de Cultura, contenidos regionales que -sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados- permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos.

La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente artículo, para mantenerlos permanentemente actualizados. En el caso de los programas de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro años, y deberán mantenerse actualizados conforme a los parámetros y perfiles a los que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa y, previa a su aplicación, se deberá capacitar a los maestros respecto de su contenido y métodos.

En cumplimiento a dicha atribución, en años pasados, la Secretaría de Educación implementó un modelo que surge ante la necesidad de hacer compatible el modelo educativo con los retos actuales y las demandas de un mundo globalizado.

Dicho modelo reorganizó los principales componentes del sistema educativo para garantizar la educación basada en 5 ejes:

1. Escuela al Centro: Este enfoque implica desarrollar mecanismos institucionales que permitan a las autoridades educativas conocer y atender, con oportunidad y pertinencia, las necesidades de las escuelas. En otras palabras, el modelo busca crear una escuela renovada y fortalecida que cuente con una organización, recursos, acompañamiento, infraestructura, docentes y servicios que conviertan las aulas en auténticos espacios de aprendizaje.

2. Contenidos: La selección de los contenidos básicos que integran el currículo nacional debe ser resultado de una visión multidisciplinaria en la que participen docentes, investigadores y especialistas en didáctica. Esta definición debe tener como base el diálogo sobre lo deseable y lo posible, aquello fundamental que debe ser común y el aliento a la mejora de la calidad.

3. Maestros: Para lograr la transformación de la educación, además de una nueva gestión del sistema educativo que permita llevar el planteamiento curricular a las aulas, se requiere de una revisión de la formación y el desarrollo profesional docentes. La profesionalización de los maestros debe comenzar desde su formación inicial y ser un continuo durante toda su vida laboral.

Se refuerza la confianza en el profesionalismo de los maestros y deja de considerarlos preponderantemente como transmisores de conocimiento prescrito en un currículo vertical, poco abierto a la creatividad y la adaptación a diferentes entornos. Más bien, la premisa del modelo educativo 2016 es que los maestros son agentes capaces de discernir sobre la aplicación del currículo frente a alumnos de características heterogéneas.

4. Inclusión y Equidad: En materia de inclusión, es necesario crear las condiciones para garantizar un acceso efectivo a una educación de calidad y reconocer las distintas capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos.

En materia de equidad, es preciso redoblar esfuerzos para destinar mayores recursos educativos a la población en condiciones de vulnerabilidad o desventaja. Esto es fundamental para que respuestas diferenciadas a necesidades diversificadas contribuyan a eliminar las barreras que limitan el acceso a la educación, el aprendizaje y la participación.

5. Gobernanza: El principio de autoridad que rige la gobernanza del sistema educativo se encuentra alimentado por valores éticos, jurídicos y políticos, que parten de la escuela hasta alcanzar la más alta jerarquía. Los principales valores que lo nutren son el respeto, la confianza, la honestidad y la responsabilidad. En materia de división de responsabilidades, esto supone que el maestro, el director, los padres de familia y el supervisor el modelo educativo 2016 deben dividir y compartir atribuciones, así como dar cuenta del cumplimiento de las obligaciones que a cada uno corresponden.

En este sentido, desde ese entonces el Partido Verde buscó enfocar sus trabajos legislativos en el fortalecimiento de uno de dichos ejes: “los contenidos” como uno de los elementos de mayor relevancia para dar viabilidad de forma integral a cualquier modelo educativo.

Hoy, ante la nueva administración que gobierna en nuestro país, el Partido Verde celebra uno de los principales logros alcanzados con la aprobación de la reforma constitucional en materia educativa, con ello, se da un verdadero reconocimiento a la necesidad de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza.

Lo anterior, indudablemente refleja el interés y compromiso del gobierno de la república para desarrollar acciones que atiendan las consecuencias de la grave situación ambiental por la que atravesamos; no obstante, ello no ha sido suficiente, por lo que se considera indispensable la inclusión explícita de la obligación de impartir dichos aprendizajes -materia de educación ambiental- en el texto de la legislación, lo que obligará a toda la sociedad a cumplir la ley en beneficio del equilibrio ecológico de nuestro país.

En mérito de lo fundado y motivado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica la fracción xi del artículo 7o. de la Ley General de Educación

Único. Se modifica la fracción XI del artículo 7 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a X. [...]

XI. Inculcar e impartir de manera obligatoria la materia de educación ambiental que incluya los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales;

XII. a XVI. [...]

Transitorio

Único. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a 5 de junio de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Beatriz Manrique Guevara, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Humberto Pedrero Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe.

(Turnada a la Comisión de Educación. Junio 5 de 2019.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Generales de Comunicación Social; de Instituciones y Procedimientos Electorales; y de Partidos Políticos, en materia de propaganda, recibida de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

Quien suscribe, diputada Nayeli Salvatori Bojalil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Congreso General y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Esta iniciativa tiene como antecedente inmediato un acuerdo del Congreso y el Instituto Nacional Electoral en agosto de 2016 en el que hicieron un llamado a los servidores públicos de los tres niveles de gobierno a abstenerse de pintar con los colores de sus partidos los edificios y bienes públicos, como autos, placas, entre otros.

Con el acuerdo se pretendió acabar con la vieja y errónea concepción de la moral patrimonialista, heredada de la tradición institucional de la Corona española, en la que lo público es considerado como una extensión de lo privado, ya que el monarca era el propietario original y, por tanto, podía disponer de la manera que le diera la gana.

El proyecto de modificaciones a las leyes comparte esta visión; además coincide con el objeto de que el ejercicio del gobierno se ejerza bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en los empleos, cargos o comisiones.

Está cayendo en una “normalidad democrática”, sobre todo en el ámbito administrativo, que cuando un determinado gobernante asume el cargo y su antecesor era de otro partido político, decide pintar las instalaciones del gobierno del partido político que lo postuló, lo cual también se hace extensivo a los espacios públicos como parques, bibliotecas, deportivos, auditorios.

La palabra propaganda1 proviene del latín propagare, que significa reproducir, plantar, lo que, en sentido más general quiere decir expandir, diseminar o, como su nombre lo indica, propagar. Persigue influir en la opinión de los ciudadanos para que adopten determinadas conductas; supone un conjunto de acciones que, técnicamente elaboradas y presentadas, particularmente por los medios de comunicación colectiva, influyen en los grupos para que piensen y actúen de determinada manera.

Paolo Facchi, expresó que es “un trabajo de presión ejecutado para influir sobre la opinión pública y la conducta de la sociedad de tal modo que el individuo adopte una opinión y un comportamiento determinado.”

Jean Marie Domenach sostuvo que “la finalidad de la propaganda es: sugerir o imponer creencias y reflejos que a menudo modifican el comportamiento, la manera de ser e incluso las convicciones religiosas o filosóficas. La propaganda influye, entonces, en la actitud fundamental de la persona humana.”

James Alexander Brown indicó que “se entiende por propaganda cualquier plan para propagar una doctrina o práctica para influir sobre las actitudes emocionales de los otros.”

Robert K. Merton opinó que “entendemos por propaganda todos y cada uno de los conjuntos de símbolos que influyen en la opinión, las creencias o la acción sobre cuestiones que la comunidad considera convertibles. Dada una cuestión discutible, la propaganda es hacer posible a lo que parece inevitable.”

Por otra parte, la propaganda política cuestionada, no puede considerarse ilegal, hasta ahora, porque los partidos políticos se encuentran en la posibilidad de incluir en sus promocionales, contenido referente a los logros de gobierno obtenidos por los funcionarios que fueron promovidos por dicho instituto político. Es decir, la propaganda política2 pretende crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, así como estimular determinadas conductas políticas.

La Ley Federal Electoral de 1973 se ocupó por primera vez de la propaganda electoral, el artículo 40, que señalaba lo siguiente:

“La propaganda electoral está sujeta a las siguientes reglas:

III. No se permite la fijación e inscripción de propaganda:

1. En los pavimentos de las calles, calzadas, carreteras, aceras y cordones respectivos;

2. En las obras de arte y monumentos públicos;

3. En los edificios o locales de la Federación, de los Estados o de los municipios;

Actualmente, el artículo 134 Constitucional establece:

La propaganda , bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres , imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Explorando el ámbito mundial, en Colombia,3 la Ley 130, del 23 de marzo de 1994 relacionada con los Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, en su artículo 5 se establece que:

Artículo 5o. Denominación símbolos. Los partidos y los movimientos políticos son propietarios de su nombre y del símbolo que hayan registrado en el Consejo Nacional Electoral.

Estos no podrán ser usados por ningún otro partido u organización política reconocida o no. La denominación de un partido o movimiento deberá distinguirse claramente de la de cualquier otro ya existente.

El nombre del partido o movimiento no podrá en forma alguna parecerse o tener relación gráfica o fonética con los símbolos de la patria o con emblemas estatales.

La Ley de Partidos Políticos de El Salvador4 en su artículo 8 prevé:

Prohibiciones sobre Denominación, Colores, Símbolo, Siglas y Lema

Artículo 8. En relación a la denominación, colores, símbolo, siglas y lema partidario, se prohíbe el uso de :

e. Símbolos nacionales y marcas registradas, símbolos o figuras reñidas con la moral o las buenas costumbres.

El artículo 5 de la Ley de Partidos Políticos de Ecuador5 prevé que:

Los símbolos, emblemas o distintivos de los partidos políticos no serán el escudo, la bandera del Ecuador ni sus colores.

En el ámbito subnacional, tenemos el antecedente de la reforma a la Ley Estatal de Obras Públicas de Coahuila, a cargo de la diputada Azucena Ramos,6 mediante la cual se impediría la utilización de los colores de los diferentes partidos políticos, para pintar los bienes públicos. La diputada Ramos, señaló:

“En todo caso, la administración estatal y las administraciones municipales deberán abstenerse de autorizar, ejecutar o aprobar el uso de colores, escudos, símbolos, signos o frases que directa o indirectamente puedan vincularse con el o los partidos políticos que hubieren postulado al titular del Ejecutivo o al presidente municipal, en la adquisición, adecuación, mantenimiento y uso de bienes muebles e inmuebles de carácter público”.

Otro caso es en Tlaxcala,7 en marzo de 2014, la entonces diputada Eréndira Jiménez Montiel, presentó una propuesta para que exista una ley sobre el uso de colores, símbolos y siglas en edificios e instalaciones de patrimonio o en uso de poderes públicos, organismos autónomos, municipios y escuelas de la entidad . Señaló la legisladora que debe haber una norma que prohíba el uso de colores partidistas en las diversas dependencias de la entidad, así como en escuelas en aras de que no se promueva cualquier plataforma partidista sobre todo en tiempos político-electorales. Agregó que el uso de la imagen debe ser únicamente de carácter institucional, para evitar la promoción de las personas, grupos o institutos políticos en todo momento.

Al igual que esta iniciativa, la legisladora estatal propone que en caso de infringir la misma los funcionarios se harán acreedores a una sanción y procedimiento administrativo y hasta de tipo legal.

El Instituto Nacional Electoral (INE)8 en febrero de 2019 emitió una tutela preventiva para que todas las dependencias federales se abstengan de producir y difundir videos de propaganda gubernamental que incluyan logotipos o hagan alusión a partidos políticos y a la imagen personal de funcionarios.

Lo anterior fue en relación a la emisión de un promocional en redes sociales de la Secretaría de Turismo, en el cual aparecía la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y del partido Morena.

La consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, apuntó que las acciones de gobierno no pueden vincularse con los partidos políticos . La consejera Claudia Zavala destacó la importancia de aclarar que emblemas de partidos no pueden aparecer en propaganda gubernamental.

Con esta iniciativa se propiciará equidad en la vida política de México; ya que los partidos en el gobierno –federal, estatal o municipal– hacen uso de los resultados para apuntalar sus actividades partidarias. Además, se precisará el tema de la inclusión de los programas en la propaganda de los partidos políticos.

Bajo la vigencia del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativa a la propaganda electoral de los Recurso de apelación9 : SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-21/2009 y SUP-RAP-22/2009:

Propaganda política electoral. La inclusión de programas de gobierno en los mensajes de los partidos políticos, no transgrede la normativa electoral. De la interpretación sistemática de los artículos 41, párrafo 2, base III, apartado C, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 2, inciso h), del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, se colige que la utilización y difusión de los programas de gobierno con fines electorales se encuentra prohibida a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debido a que son quienes tienen a su cargo la implementación, ejecución y vigilancia de su desarrollo. Por tanto, los partidos políticos pueden utilizar la información que deriva de tales programas, en ejercicio del derecho que les concede la legislación para realizar propaganda política electoral, como parte del debate público que sostienen a efecto de conseguir en el electorado un mayor número de adeptos y votos. Ello, en tanto que dichos programas resultan del ejercicio de las políticas públicas, cuyo contraste puede formularse por los demás partidos que expresen su desacuerdo, lo que fomenta el debate político.

Prosiguiendo con la actividad del Instituto Nacional Electoral, en la materia que se pretende legislar, publicó en el Diario Oficial de la Federación del 17 de marzo de 2017 el ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se establece el plazo de presentación de solicitudes sobre la propaganda gubernamental a que se refiere el Artículo 41, Base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos10 , en el punto 13, se señala:

13. De conformidad con lo establecido en los artículos 134, párrafos séptimo y octavo de la Constitución, así como 7, numeral 7 del Reglamento de la Materia la propaganda que, bajo cualquier modalidad de comunicación social, difundan los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

En consecuencia, la propaganda que se transmita deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral , o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno.

Es decir, no podrá difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía.

Su contenido se limitará a identificar el nombre de la institución de que se trata sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral.

La propaganda podrá incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial como medio identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de manera directa con la gestión de algún gobierno o administración federal, local o municipal.

La propaganda no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o administración, o a sus campañas institucionales, ni incluir elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno.

En su caso, la propaganda exceptuada, deberá tener fines informativos sobre la prestación de un servicio, alguna campaña de educación o de orientación social, por lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos municipal, local o federal o de alguna administración específica.

La iniciativa atiende lo mencionado en el acuerdo del Instituto Nacional Electoral en referencia a:

• En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

• La propaganda que se transmita deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral.

• No podrá difundir logros de gobierno, obra pública, ni emitir información sobre programas y acciones.

• Su contenido, sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política.

• La propaganda no podrá contener logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal.

Finalmente, y con la finalidad de esclarecer la propuesta, se adjunta el siguiente cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II; 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes Generales de Comunicación Social; de Instituciones y Procedimientos Electorales; y de Partidos Políticos, en materia de propaganda

Artículo Primero. Se reforman el artículo 9 en su fracción IV y el 11 en su tercer párrafo; así como se adiciona el artículo 5 en su inciso k) de la Ley General de Comunicación Social, para quedar como sigue:

Artículo 5. ...

a) a h). ...

i) La congruencia, entre el contenido del mensaje, el objetivo de comunicación y la población objetivo;

j) La veracidad de la información que se difunde; y

k) La neutralidad, se dice la que es la información o propaganda que está libre de relacionarse o vincularse con el partido del gobernante, ya sea escrita o gráfica u alguna otra.

...

...

Artículo 9. ...

I. a III. ...

IV. Induzcan a la confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes que identifiquen al partido político gobernante u organización social. En caso de la propaganda, está se difundirá en colores negro, gris o blanco.

Artículo 11. ...

...

En ningún caso los partidos políticos podrán emplear o referir estos programas, acciones, beneficios, obras en su propaganda o comunicación social. Su violación se sancionará en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Artículo Segundo. Se adiciona el inciso ñ) al numeral 1 del artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 443.

1. ...

a) a l). ...

m) La omisión o el incumplimiento de la obligación de proporcionar en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos del Instituto;

n) La comisión de cualquier otra falta de las previstas en esta Ley; y

ñ) Emplear o referir programas, acciones, beneficios, obras en su propaganda o Comunicación Social en proceso electoral.

Artículo Tercero. Se reforma el inciso o) del numeral 1 del artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos, para quedar como sigue:

Artículo 25.

1. ...

a) a n). ...

o) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas; así como emplear o referir programas, acciones, beneficios, obras en su propaganda o comunicación social en el proceso electoral.

p) a u). ...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 González Llaca, Edmundo. Teoría y Práctica de la Propaganda . Editorial Grijalbo, 1981, p. 35.

2 Herreros Arconada, Mario. Teoría y Técnica de la Propaganda Electoral . Editorial Promociones y Publicaciones Universitarias, Barcelona, 1994, p. 195.

3 http://pdba.georgetown.edu/Electoral/Colombia/ley130-94.html

4 https://www.tse.gob.sv/documentos/normativa-electoral/Ley-de-Partidos-P oliticos-de-El-Salvador.pdf

5 http://pdba.georgetown.edu/Parties/Ecuador/Leyes/LeyPartidos.pdf

6 https://www.noticiasdelsoldelalaguna.com.mx/local/que-no-se-usen-colore s-partidistas-en-bienes-publicos-2528993.html

7 https://www.milenio.com/politica/propone-prd-prohibir-colores-partidist as-edificios-publicos

8 https://aristeguinoticias.com/2802/mexico/gobierno-federal-debe-evitar- logos-de-partidos-en-su-propaganda-ine/

9 http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Documentos/Tesis/1000/1000896.pdf

10 dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5476888

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 5 de junio de 2019.

Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Gobernación. Junio 5 de 2019.)

Que adiciona la fracción XIII del artículo 10 y un segundo párrafo al artículo 18 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, recibida del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

Carlos Humberto Castaños Valenzuela quien se suscribe diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa por la que se adiciona la fracción XIII al artículo 10 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con la finalidad de atender el grave problema de la contaminación por residuos electrónicos , al tenor del siguiente

Planteamiento del Problema

“Todo el mundo trata de realizar algo grande, sin darse cuenta de que la vida se compone de cosas pequeñas.” Frank Clark

En este trabajo parlamentario se analizará y discutirá el caso de los desperdicios y sobrantes electrónicos. El contenido de esta propuesta es una pequeña acción que puede traer grandes beneficios para el medio ambiente.

En este trabajo haremos hincapié en la constante violación de normas de seguridad, riesgos y amenazas que representan para la salud el mal manejo de los residuos electrónicos y la preponderancia que se le da al sector económico frente al factor ecológico-ambiental.

Los innovadores avances en materia de información han establecido nuevas pautas para el uso de los dispositivos electrónicos. Las redes sociales1 brindan aspectos fundamentales a la vida del ser humano, inicialmente hay conexión lo que implica la interacción entre individuos. De este modo se constituyen grupos formando vínculos que conectan a sus miembros, lo que determina la vitalidad de la red.

Conforme a esta educación implementada desde el consumo en materia de recursos electrónicos o inteligentes, se derivan políticas públicas para la sociedad. Los diferentes contextos socio-políticos muestran un desarrollo de concientización desigual basado en la estratificación social y acceso a una calidad de vida deseable.

Los dispositivos electrónicos que son utilizados en el día a día de las personas poseen una fecha de vencimiento. Conforme al desgaste que se le da a la herramienta, situaciones accidentales que afecten la operatividad del aparato y su inevitable destino al ser un objeto de consumo en el ciclo de producción. Las tres variables anteriormente mencionadas corresponden al proceso de tiraje electrónico. México produce un total de 300 mil toneladas de residuos electrónicos al año. Del total, solo un 10 por ciento2 se logran reciclar y la cantidad de residuos electrónicos que produce el país crecerá, esto lo reporto “El Monitor global de la basura electrónica 2017” (elaborado conjuntamente por la Universidad de las Naciones Unidas, la Unión Internacional de Comunicaciones y la Asociación Internacional de Residuos Sólidos). A esto se suma el hecho de que la infraestructura urbana no permite que los ciudadanos conozcan las opciones que tienen al momento de deshacerse de sus aparatos, así que simplemente los tiran a la basura. En México ocho de cada nueve equipos electrónicos se convierten en basura que llega a rellenos sanitarios, barrancas o tiraderos clandestinos, o bien acaban arrumbados en casa, y solo uno se recicla.3

Esta iniciativa se apoya en la siguiente:

Exposición de Motivos

El excedente de residuos electrónicos a nivel global representa un problema para la sustentabilidad. El panorama de reciclaje sobre este aspecto resulta tener una connotación lucrativa, ya que el desmantelamiento de los aparatos en busca de hacerse con los metales preciosos que contienen, es dispuesto para generarse un mercado particular.

Los factores sanitarios y ecológicos son de priorización en disponer de manera adecuada con los materiales que resultan vital contaminantes y/o tóxicos. Sean agentes defoliantes o metales pesados están presentes en la labor. Cadmio, mercurio, retardantes de fuego bromados (RFB), tubos de rayos catódicos, compuestos de cromo hexavalente, níquel, policloruro de vinilo (PVC), plomo y litio son algunos agentes de los residuos electrónicos.4

Entorno a la trascendencia estructural del problema, Uca denota que los países desarrollados han llevado a cabo una serie de acciones, que tienen como objetivo proteger el medio ambiente y recuperar los materiales de valor de los RE (residuos electrónicos). Latinoamérica recién está asumiendo estas responsabilidades y desde hace unos pocos años surgen iniciativas, donde participan sectores públicos y privados, con la intención de desarrollar estrategias para el tratamiento de estos aparatos al final de su vida útil.5

La línea del progreso del desarrollo ha sido acotada como la referencia de dar dirección al futuro de los países. La puesta en escena sobre el baluarte de la información entre el hemisferio norte y sur corresponde a una cooperación para la forma de disponer de los desechos.

Sin embargo, la construcción de ese futuro presenta relaciones desiguales y se coloca una instrumentación guía a los países vistos desde esta perspectiva no desarrollados. Se estructura así un paradigma del desarrollo económico y social sin un camino viable por la no prosperidad de acciones bajo el régimen de dependencia.

El alto consumo de nuevas tecnologías por parte de los países desarrollados se eslabona frente a un PPA (paridad de poder de adquisitivo), y un índice de PEA (personas económicamente activas) aceptables para satisfacer las necesidades básicas en su totalidad.

Los países subdesarrollados o en vías de serlo, conservan el rumbo de poder aspirar a convertirse en potencias, cabe destacar que se encuentran atados a la dependencia política por parte de los detentores de los medios de producción. Haciendo uso de controles económicos y sociales respecto a los intereses de agenda que se mantengan para el desarrollo de políticas públicas favorables al desempeño capital de los procesos urbanizadores frente a los atrasos y desigualdades sociales.

Prince establece que la dinámica del trabajo semiformal sobre los residuos electrónicos deja a la deriva el tratamiento y/o asilamiento de los residuos contaminantes.6 La materialización del riesgo es percibida en diferentes posiciones por el esquema de desarrollo o subdesarrollo que tenga un país. El cálculo y susceptibilidad de daños en estos casos influye de manera exponencial por el avance tecnológico, políticas públicas eficaces y reducción del impacto ambiental a tener.

Se debe determinar de manera realista los focos de riesgo y vulnerabilidad que representa para la población ciertos aspectos. El potencial de crisis se incrementa paulatinamente al establecer nuevas relaciones de producción, urbanización inexorable y medidas para solventar las fragilidades sociales que arraigan la desigualdad de posibilidades de acceso y participación en la toma de decisiones por su entorno.

De mantenerse la situación actual sobre la no concientización en el uso y desuso de dispositivos electrónicos los riesgos se transformarán en amenazas para la población. Prince remarca que la informalidad de ciertos mercados responde tanto a normas voluntaristas, pero poco inteligentes, engorrosas y complejas, como a la falta de las leyes. Como todo es un proceso sistémico y complejo que no responde a una reducción a pocas variables controlables.7

La idea del progreso queda impregnada en el peso político con la toma de decisiones en donde se invisibiliza la naturaleza por estar categorizada a obedecer las reglas del mercado. Por lo tanto, los factores de las instituciones inclusivas y extractivas desempeñan la viabilidad en cuanto a un movimiento puede trasladar sus propósitos a la agenda pública.

El paradigma del bienestar sobre el peso del empleo en las nuevas tecnologías se desvanece ante las consecuencias del capitalismo y el costo social y ecológico de la modernidad. Alier defiende la postura de que las innovaciones en el ámbito tecnológico no representan una solución al conflicto entre la economía y medio ambiente. Por el contrario, los peligros desconocidos de las nuevas tecnologías muchas veces incrementan los conflictos de justicia ambiental.8

Se relucen en este ámbito los cuestionamientos a la operación de flujos económicos centro-periferia. La redefinición del desarrollo es lo que está en juego para la vida de los cúmulos poblacionales. Acosta explica que el desarrollo puede incluso no tener contenido, pero justifica los medios y hasta los fracasos. Hemos aceptado las reglas del todo vale. Todo se tolera en nombre de la salida del subdesarrollo.9 En el escenario de realizar cualquier tipo de actividad económica-extractiva se establecen rupturas en la regulación jurídica y política para hacerse valer de acciones que eviten el detrimento del medio ambiente en pos del denominado “progreso” y “buen vivir”.

La pregunta que debemos hacernos sobre el buen vivir de las sociedades infiere a una constante reconstrucción por la dirección que se desea alcanzar. ¿Llegar para qué? Corresponde a la utopía con nuestro proyecto de vida en el modo de construir nuestro futuro basado en posibilidades viables de hechos a ser materializados. No debe quedarse solamente en una entelequia, en un mero intento. La ilusión se esfuma al hacer una profunda lectura de la realidad sobre la apropiación sostenible de los recursos y la ocupación que les damos.

Considero que la información y el acceso a ella es un factor vital para que el proyecto de concientización sobre los residuos tecnológicos tenga efecto. El fortalecimiento de una comunicación certera y articuladora entre los tres sectores (público, privado, y sociedad civil organizada), haría posible estructurar un futuro digno para las sociedades actuales.

La situación de los residuos tecnológicos en México es muy preocupante, pues 8 de cada 9 equipos electrónicos se convierten en basura y solo uno se recicla. Si planteáramos al público las siguientes:

1. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste tu celular o pantalla de televisión?

2. ¿Qué hiciste con tus dispositivos viejos?

Debemos generar acciones enfocadas en promover el reciclaje de este tipo de desechos, ya que es una de las principales medidas para reducir la contaminación electrónica, por ejemplo, un equipo celular smartphone se puede reciclar hasta un 90 por ciento, pues sus componentes pueden ser útiles para otros dispositivos.

También se debe impulsar campañas que orienten a los ciudadanos para generar acciones de forma individual para reducir este tipo de desechos con los siguientes mensajes:

I. Aprovechar al máximo la vida útil de todos dispositivos: algunas personas prefieren renovar electrodomésticos, smartphones o cualquier artefacto electrónico cada año, sin embargo para minimizar la huella, se deben generar la cultura para darles uso hasta el tiempo máximo de vida.

II. Realizar adquisiciones de los nuevos equipos pensando en la sustentabilidad: Los avances tecnológicos permiten que cada día se desarrollen dispositivos más inteligentes y amigables con el medio ambiente.

III. Depositarlos en el lugar correcto una vez que concluya la vida útil: Una vez que se termine la vida útil de los dispositivos, es necesario llevarlos a centros de acopio especializados en este tipo de residuos, de esta forma será más fácil identificar y separar las piezas que aún son útiles.

Con este tipo de acciones sencillas es como se puede lograr la reducción de desechos electrónicos.

Tener la maximización de beneficios por parte de un agente respecto a una relación de ganancia total destruye el panorama anterior. Si el mercado no garantiza que encaje la ecología en su campo, debe hacerse labor por concretar acciones que lo hagan en el campo político. No deben infravalorarse las necesidades futuras por vivir el instante del presente.

En nuestro país, los programas de recolección y reciclaje de los residuos electrónicos están a cargo de gobiernos municipales o estatales, así como de empresas privadas de reciclaje.

Las empresas dedicadas a la recuperación y valorización de materiales realizan su acopio a través de programas públicos. Las compañías pequeñas solo recuperan algunos componentes para su venta.

En el sector informal este proceso corre a cargo de pepenadores y acopiadores de residuos. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el sector informal puede desarrollar actividades legales, como el manejo de residuos electrónicos. La diferencia entre el sector formal y el informal es que este último no paga impuestos ni contribuye al sistema de protección social de la nación.

Algunos de los métodos utilizados por el sector informal para el reciclaje son los siguientes:

-Baños de ácido en áreas abiertas para recobrar oro, cobre, plata y otros metales valiosos.

-Usar bloques de carbón como parrillas para calentar tarjetas de circuitos impresos y remover componentes electrónicos.

-Calentar y derretir los plásticos sin una ventilación adecuada.

-Incinerar cables y materiales no deseados a cielo abierto para recobrar metales.

-Extraer el tóner, abriendo los cartuchos de impresión y cepillando el polvo fino.

-Desmantelar los aparatos mediante procesos rudimentarios.

Todos estos procedimientos liberan compuestos tóxicos al medio ambiente y son un riesgo para la salud humana.

Así es como vemos que estas actividades que generan trabajo e ingreso pueden ser una gran alternativa si se afina el proceso del manejo de los residuos electrónicos.

La tasa de empleo en México no luce de manera favorable tanto para los recién graduados con matricula de licenciatura como para las planillas de empleo con salario mínimo. El Inegi sacó su análisis sobre el índice de desempleo colocándolo en el segundo trimestre de 2016 en 9.93 por ciento.10 Cabe destacar, que los criterios de evaluación que realiza el instituto poseen un sesgo en la manera de categorizar el empleo. Esto se debe a las particularidades con las que una persona es capaz de generar ingresos por su cuenta.

Tamez señala lo siguiente: para muchos analistas esta tasa refleja mejor la situación laboral (desempleo) de nuestro país ya que se debe tener en mente que para el Inegi una persona deja de estar desempleada con que trabaje una hora a la semana, aunque sea lavando carros en la calle.11 Bajo las regulaciones licitas o no licitas, las personas buscarán satisfacer sus necesidades, aunque eso implique no tener seguridad social o ignorando el riesgo laboral donde presiden.

Las condiciones estructurales han mantenido un marco de realización de acciones sin tener una adecuada comunicación los tres sectores. Lo que permite que en el desempeño político permeen desligamientos y responsabilidades con gobierno y empresas sobre los residuos electrónicos. Se ejecutan exenciones o caso omiso de las extensiones de responsabilidad por parte de los productores sobre el material (EPR).12

El mercado encuentra salidas para el beneficio de acumulación de capital. Tiene la capacidad de influir en los Estados, ya que no valora los costos ecológicos que no son únicamente endémicos, sino globales. Al mismo tiempo, la quiebra organizacional, y la marginación social alimentan el ciclo de dependencia sobre los residuos electrónicos.

México produce más de 358 mil toneladas de basura electrónica en forma de aparatos y electrodomésticos, lo equivalente a 3.2 kilogramos de residuos por cada mexicano, según estimaciones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc).13

Tan solo en la zona metropolitana del valle de México, donde se encuentra la capital del país, se generan anualmente más de 13 millones de aparatos considerados como basura: televisores, aparatos de sonido, de telefonía, computadoras y electrodomésticos.14 El 90 por ciento de estos desechos electrónicos no tienen un final de vida adecuado,15 lo que representa un riesgo para la salud humana y ambiental, reconoce el Inecc.16 *

Se calcula que solo el 10 por ciento de los residuos se recicla, mientras que el 40 por ciento permanece almacenado en los hogares y el otro 50 por ciento se deshecha en estaciones de transferencia, chatarreros, rellenos sanitarios o tiraderos de basura no controlados.17

Se concluye a la luz de estos razonamientos que no debe reducirse el análisis a factores económicos sin tomar en cuenta el detrimento del medio y ambiente.

Se impregna el ideal de meta por conseguir un statu quo aceptable bajo la lógica de apropiación de identidad de la modernización, y circunscribiendo la dinámica de sacrificios sociales, ambientales y culturales por la valoración de un modelo dominante.

Enfatizando el papel que reside en el mercado como mecanismo articulador y racional en la asignación de recursos y la problemática que plantea sobre su ausencia en la vida diaria, lleva a cuestionar su modelo. Los ciudadanos tienen el derecho a llevar una vida digna que debe ser instrumentada a través una articulación inclusiva por parte de su gobierno y traducida en políticas públicas favorables.

La organización y la movilización social, considero, deben tomar un rumbo que permita mejorar las condiciones de vida que tienen las personas, al igual que el impacto ambiental. El dinero no resolverá los costos del futuro, será la educación y la cultura de respeto al medio ambiente lo que lograra cambiar esta terrible tendencia a destruir nuestro medio.

El dilema humano sobre el progreso, avanzar en lo económico primero, resulta en la promesa de un mañana sin saber lo que es el presente, por ello es necesario que se realice esta reforma. Esta iniciativa es de origen ciudadano, por lo que damos agradecimientos en la elaboración de esta exposición de motivos al profesor Rodrigo Alonso Estrada Rodríguez, por sus aportaciones.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

Único. Se adiciona la fracción XIII al artículo 10 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 18 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para quedar como sigue:

Artículo 10. Los municipios tienen a su cargo las funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, traslado, tratamiento, y su disposición final, conforme a las siguientes facultades:

I. a XII ...

XIII. Participar en colaboración con la Federación y los gobiernos de las entidades federativas en el control y gestión de los residuos de manejo especial sujetos a planes de manejo para facilitar el acopio y recolección de los mismos.

Artículo 18. Los residuos sólidos urbanos podrán subclasificarse en orgánicos e inorgánicos con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria, de conformidad con los programas estatales y municipales para la prevención y la gestión integral de los residuos, así como con los ordenamientos legales aplicables.

Los criterios para la separación, clasificación, recolección selectiva y almacenamiento para el aprovechamiento y valorización de los residuos plásticos y voluminosos se apegarán a lo establecido en las normas oficiales mexicanas y reglamentos correspondientes.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán adecuar su legislación en un plazo no mayor a 360 días siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para dar cumplimiento al presente Decreto.

Bibliografía

-Acosta, Alberto (2015). “El buen vivir, más allá del desarrollo”, en Delgado GianCarlo (coord.), Buena vida, buen vivir. Imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad. Colección debate y reflexión, UNAM, CIICH.

-Gómez, T. A. (8 de agosto de 2016). La realidad del empleo y desempleo en México. Periódico El Financiero, sección opinión. En

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-realidad-del-e mpleo-y-desempleo-en-mexico.html, consultado el día 20 de noviembre de 2016.

* Martínez Alier J. (2005). El Ecologismo de los Pobres. Icaria Ed., pp. 15-26.

-Prince, A. (2010). “Residuos Electrónicos en LAC: Tamaño del problema y oportunidades para una gestión más eficiente. El mercado de los residuos electrónicos en LAC”. En: Los Residuos Electrónicos: Un desafío para la sociedad del conocimiento en América Latina y el Caribe. Uruguay: Editorial UNESCO y Plataforma RELAC SUR/ IDRC.

-Smith, M. y Cota, I. (16 de noviembre de 2016). Esta colonia de Iztapalapa compra las computadoras que en EU ya no quieren. Periódico El Financiero, sección tecnología, en http://www.elfinanciero.com.mx/tech/esta-colonia-de-iztapalapa-compra-l as-computadoras-que-en-eu-ya-no-quieren.html, consultado el día 20 de noviembre de 2016.

-Toledo, Víctor (2013). “El metabolismo social: una nueva teoría socio ecológica”, en Relaciones Núm. 136, Otoño, pp. 41-71, ISSN 0885-3929.

-Uca, S. (2010). “Los residuos electrónicos en la sociedad de la información en Latinoamérica”. En: Los Residuos Electrónicos: Un desafío para la sociedad del conocimiento en América Latina y el Caribe. Uruguay: Editorial UNESCO y Plataforma RELAC SUR/ IDRC.

-Christakis, N. y Fowler, J. (2014). Conectados. México: Editorial Taurus.

-Greenpeace Argentina (25 de noviembre de 2010), Componentes Tóxicos. Portal Greenpeace Argentina, en http://www.greenpeace.org/argentina/es/campanas/contaminacion/basura-el ectronica/Componentes-Toxicos/, consultado el día 20 de noviembre de 2016.

-INEGI (14 de noviembre de 2016), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores Estratégicos, en

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=e st&c=25433&t=1, consultado el día 20 de noviembre de 2016.

Fuentes adicionales utilizadas y consultadas:

-Aguayo Olivia. Lucha la ONU contra e-basura. Reforma (México D.F., México). Marzo 12, 2007.

-Angela Cassia Rodrigues. El Crecimiento de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos fuera de uso: El Impacto Ambiental que presentan. http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico2005/cassia.pdf

-Castellanos Néstor Alonso. La chatarra electrónica, la contaminación ambiental y su efecto económico. XVI

-Forum de Ciencia y Tecnología. La Habana Cuba. 2005

-Daniel Santiago. El camino que sigue tu basura electrónica. El Norte (México D.F., México). Enero 23, 2008.

-Duery A. Lilian. La basura electrónica crece el triple que la domiciliaria. El Mercurio de Chile. Marzo12, 2007

-Martínez Rivera Carlos. A China la basura electrónica. El Nuevo Día de Puerto Rico. Julio 20,2008.

-Prince Alejandro. Presentación en el primer Taller de Reciclaje SUR-IDRC, Brasilia 2006.

-Olukoya Sam. Ambiente- Nigeria: Bajo la Basura Electrónica. Noticias en Español. Enero28, 2008.

-Román Moguer Guillermo. Diagnóstico sobre la generación de basura electrónica en México. Julio del 2007.

http://www.uacj.mx/SGC/RSU/presentacion%20%20final.pdf

-Magliani F, Huehr R, y Bladé CP. eWaste en América Latina Análisis estadístico y recomendaciones de política pública. United Nations University; 2015. Disponible en: http://www.gsma.com/latinamerica/ewaste2015

-Rojas BL, Gavilán GA, Alántara CV, Cano RF. Los Residuos Electrónicos en México y el Mundo. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos

-Naturales, Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; 2010.

-Khaliq A, Akbar RM, Brooks G, Masood S. Resources. 2014; 3, 152-179.

-Kidde P, Naidu R, Wong MH. Waste Management. 2013; 33, 1237-1250.

-Robinson BH. Sci. Total Environ. 2009; 408: 183-191.

-United Nations University. Guidance Principles to Develop E-waste

-Management System and Legislation. Step Initiative; 2016.

-Wang F, Huisman J, Meskers CEM. Waste Management. 2012.

-World Health Organization, Children´s Health and the Environment,

-WHO Training Package for the Health Sector [Presentación]. Disponible en: http://www.who.int/ceh/capacity/eWaste_and_children_health_DRAFT.pdf

-Frazzoli C, Mantovani A, Orisakwe OE. Encyclopedia of Environment Health. Elsevier Science. 2011; 269-281.

-Guo Y, Huo X, Wu K, et al. Sci. Total Environ. 2012; 427-428: 35-40.

-Cetin SH, Bir F, Akbulut M, et al. Toxicology. 2007; 238: 15-22.

-Agency for Toxic Substances and Disease Registry. [internet] [actualizado 2016 Jan 15] [Consultado: 2019 abril 18] Disponible:

http://www.atsdr.cdc.gov/toxfaq.htm

-Zhuang W-Q, Fitts PJ, Ajo-Franklin MC, et al. Opin Biotechnol. 2015;

-Cui J, Zhang L. J. Haz. Mat. 2008; 158(2-3): 228-256.

-Umicore Precious Metals Refining, Metals Recovery from e-scrap in a global environment. Geneva; 2007. [internet] [Consultado el 2017 Abril 20] Disponible en: http://archive.basel.int/industry/sideevent030907/umicore.pdf

-Hagelüken C. Proceedings of the 2006 IEEE International Symposium on Electronics and the Environment. 2006; 218-223.

-European Commission – DG Environment. Development of Guidance on Extended Producer Responsibility (EPR); 2014.

-Moraga P. Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Chile: Ley Marco para la Gestión de Residuos y Reciclaje. [internet] [Consultado el: 2019 Abril 20] Disponible en: https://www.residuosprofesional.com/chile-ley-marco-residuos-reciclaje/

-Chile: La nueva Ley de Reciclaje Podría Generar Hasta 30.000 Nuevos Empleos. [internet] [Consultado el: 2019 Abril 21] Disponible en: https://www.residuosprofesional.com/chile-ley-de-reciclaje-nuevos-emple os/

-Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 2003. (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) Estados Unidos Mexicanos.

-Secretaría del Convenio de Estocolmo. Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP); 2009. Disponible en: http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/TextoftheConvention/tabid/22 32/Default.aspx

-Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. [internet] [Consultado el: 2019 Abril 21] Disponible en:

https://www.gob.mx/semarnat/documentos/documento-oficial -del-convenio-de-estocolmo

-Román MGJ. Instituto Nacional de Ecología, Instituto Politécnico Nacional. Diagnóstico sobre la Generación de Residuos Electrónicos en México; 2007.

-Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Documento Oficial del Convenio de Basilea. [Consultado el: 2019 abril 21] Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/documentos/documento-oficialdel-conveniode- basilea

-Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Documento Oficial del Convenio de Rotterdam. [Consultado el: 2019 Abril 21] Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/documentos/documento-oficial-del-convenio-d e-rotterdam

-Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. El convenio de Minamata entrará en vigor en agosto del 2017. [Consultado el: 2019 Abril 30] Disponible en:

https://www.gob.mx/inecc/prensa/el-convenio-de-minamata- entrara-en-vigor-en-agosto-de-2017-108220

Notas

1 Christakis, N. y Fowler, J. (2014). Conectados. México: Editorial Taurus, pág. 27.

El autor la define a la red social como “un conjunto organizado de personas formado por dos tipos de elementos: seres humanos y conexiones entre ellos. Las redes sociales reales y cotidianas evolucionan orgánicamente a partir de la tendencia natural de toda persona a establecer relaciones y a hacer pocos o muchos amigos, a tener una familia grande o pequeña y a trabajar en lugares donde se establecen relaciones anodinas o acogedoras”.

2 http://iofacturo.mx/ecologia/mexico-solo-recicla-el-10-de-los-residuos- electronicos-que-se-producen

3 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/436693/Panorama_de_los_r esiduos_en_M_xico_DIC_2018.pdf

4 Greenpeace Argentina (25 de noviembre de 2010), Componentes Tóxicos. Portal Greenpeace Argentina, en http://www.greenpeace.org/argentina/es/campanas/contaminacion/basura-el ectronica/Componentes-Toxicos/, consultado el día 20 de noviembre de 2016.

5 Uca, S. (2010). “Los residuos electrónicos en la sociedad de la información en Latinoamérica”. En: Los Residuos Electrónicos: Un desafío para la sociedad del conocimiento en América Latina y el Caribe. Uruguay: Editorial UNESCO y Plataforma RELAC SUR/ IDRC, pág. 20.

6 Prince, A. (2010). “Residuos Electrónicos en LAC: Tamaño del problema y oportunidades para una gestión más eficiente. El mercado de los residuos electrónicos en LAC”. En: Los Residuos Electrónicos: Un desafío para la sociedad del conocimiento en América Latina y el Caribe. Uruguay: Editorial UNESCO y Plataforma RELAC SUR/ IDRC, pág. 84.

7 Prince, A., ibídem, pág. 94.

8 Martínez Alier J. (2005). El Ecologismo de los Pobres. Icaria Ed., pp. 29.

9 Acosta, Alberto (2015). “El buen vivir, más allá del desarrollo”, en Delgado GianCarlo (coord.), Buena vida, buen vivir. Imaginarios alternativos para el bien común de la humanidad. Colección debate y reflexión, UNAM, CIICH, Pág. 26.

10 Inegi (14 de noviembre de 2016), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Indicadores Estratégicos, en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1, consultado el día 20 de noviembre de 2016.

11 Gómez, T. A. (8 de agosto de 2016). La realidad del empleo y desempleo en México. Periódico El Financiero, sección opinión. En http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-realidad-del-empleo-y-desempl eo-en-mexico.html, consultado el día 20 de noviembre de 2016.

12 Smith, M. y Cota, I. (16 de noviembre de 2016). Esta colonia de Iztapalapa compra las computadoras que en EU ya no quieren. Periódico El Financiero, sección tecnología, en http://www.elfinanciero.com.mx/tech/esta-colonia-de-iztapalapa-compra-l as-computadoras-que-en-eu-ya-no-quieren.html, consultado el día 20 de noviembre de 2016.

13 https://www.gob.mx/inecc

14 http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/700/tecnologias.pdf

15 https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/permite-reciclatron-el-cor recto-manejo-de-mas-de-267-toneladas-de-residuos-electricos-y-electroni cos-durante-2017

16http://www2.inecc.gob.mx/descargas/sqre/res_electronic os_borrador_final.pdf

17https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/190023/ Plan_de_Manejo_de_Residuos_de_Aparatos_electronicos_y_electricos_RAEE.p df

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, el 5 de junio del 2019.

Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica)

(Turnado a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales. Junio 5 de 2019).

Que reforma el artículo 7o. de la Ley General de Educación, recibida de diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

Quienes suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I, 77 y 78, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción VI del artículo 7 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El maltrato infantil es un problema mundial que acarrea graves consecuencias, las cuales pueden persistir durante toda la vida. El maltrato infantil es complejo y las estimaciones actuales sobre su incidencia son muy variables, dependiendo del país y del método de investigación utilizado.

No obstante, estudios internacionales revelan que una cuarta parte de todos los adultos en el mundo manifiestan haber sufrido maltratos físicos de niños. Una de cada cinco mujeres y uno de cada trece hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Además, muchos niños son objeto de maltrato psicológico (también llamado maltrato emocional) y víctimas de desatención.1

Con base en dichos estudios, se sabe que la población infantil que ha experimentado hechos de violencia tiene una serie de reacciones que afectan su salud física y emocional; los daños a corto y largo plazo pueden ser físicos, psicológicos, patrimoniales y de afectación de derechos, lo cual genera un impacto en distintas esferas de la vida del infante. Las secuelas derivadas de la exposición a la violencia son graves y, lamentablemente, sólo una pequeña proporción de estos actos contra las niñas, niños y adolescentes son denunciados e investigados, además de que son realmente pocos los responsables que llegan a ser procesados.2

En situaciones de conflicto armado y entre los refugiados, las niñas son especialmente vulnerables a la violencia, explotación y abusos sexuales por parte de los combatientes, fuerzas de seguridad, miembros de su comunidad e incluso trabajadores de la asistencia humanitaria.

En México el problema del maltrato infantil no es nuevo, ya que históricamente este fenómeno ha estado vinculado al grado de pobreza que se vive en el país, sin embargo, con el aumento en los índices de delincuencia que hemos padecido desde hace décadas, la violencia en los niños también ha crecido desmesuradamente.

En abril de 2017, con motivo del Día del Niño, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred-2014), que midió los factores de riesgo y exposición a situaciones de violencia y delincuencia en la población de 12 a 29 años en 47 ciudades del país.

Dicha medición permite describir y cuantificar las experiencias de victimización personal (delitos o maltratos) que afectan de manera directa a los niños y niñas de 12 a 17 años residentes en las ciudades consideradas por la encuesta.

La Ecopred captó información de más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes. Se identificó que 47.8 por ciento de los menores (2, 321,216) fueron víctimas de al menos un delito o acto de maltrato en 2014. En 49.9 por ciento de los casos se trató de un niño y en 50.1 por ciento de una niña. El total de delitos o actos de maltrato contra las niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años estimados por la encuesta supera los 10 millones (10, 220,265), lo cual representa un promedio de cinco delitos o actos de maltrato por cada niña, niño o adolescente victimizado y 2.4 en promedio respecto del total de niñas, niños y adolescentes residentes de las ciudades objeto de la muestra.3

El estudio descrito detalla el tipo de delito o maltrato infantil: la prevalencia más alta se registró en acoso por los atributos, pues 24,459 de cada 100,000 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de burlas, apodos hirientes, rumores o mentiras sobre su persona, así como exclusión con base en sus gustos, físico o ropa. Le sigue la tasa de robo sin violencia, la cual ascendió a 23 mil 659 personas victimizadas por cada 100 mil individuos del grupo poblacional considerado. El acoso a través de las pertenencias, como dañar o esconder intencionalmente objetos personales, herramientas de trabajo, etcétera, con la intención de molestar, registró una tasa de 17,385 víctimas. De cada 100 mil niñas, niños y adolescentes, 9 mil 980 fueron violentados por maltrato físico; 6,015 por amenazas; 5,679 sufrió al menos un evento de robo con violencia; 5,089 de cada 100,000 niñas, niños y adolescentes fue víctima de tocamientos ofensivos. Otros delitos o actos de maltrato como la difamación por medios electrónicos (2,403 víctimas por cada 100,000 menores) y la extorsión (2 mil 67 por cada 100 mil) son delitos o actos de maltrato de menor incidencia.

Aunque debemos señalar que el Inegi no ha repetido este ejercicio estadístico, el precedente establecido por la encuesta de 2014 es catastrófico, por decir lo menos, pues no es desconocido que la huella dejada por la violencia experimentada a una edad tan corta determina la actitud que como adulto tendrá un niño que ha padecido maltrato.

Al respecto, el estudio denominado Inspire ha catalogado la forma de maltrato de un niño de acuerdo a su edad y cómo dicho agravio permanece en la edad adulta. El cuadro siguiente es revelador de las consecuencias de este fenómeno:

Who Library Cataloguing-in-Publication Data: Inspire: seven strategies for ending violence against children. Development.4

No obstante, la violencia infantil no es exclusiva de un país o una región, es un problema mundial con graves consecuencias que, como se observa arriba, prevalecen a lo largo de la vida. Sin embargo, en varios países de ingresos bajos y medianos, faltan datos acerca de la situación actual de este fenómeno. Por ejemplo, se calcula que cada año mueren por homicidio 41 mil menores de 15 años, cifra que subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una importante proporción de las muertes debidas al maltrato infantil se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas.

En cuanto a la salud, el maltrato infantil no sólo causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano, en casos extremos puede alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, como ya lo hemos señalado, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como: actos de violencia (como víctimas o perpetradores), depresión, obesidad embarazos no deseados, comportamientos sexuales de alto riesgo, así como consumo indebido consumo de tabaco, alcohol y drogas.

En consecuencia, la violencia infantil genera un impacto económico que abarca los costos de la hospitalización, de los tratamientos por motivos de salud mental, de los servicios sociales para la infancia y los costos sanitarios a largo plazo.

A nivel social, existen algunas características de las comunidades que determinan el riesgo de maltrato infantil, entre ellas:

• Las desigualdades sociales y de género;

• La falta de vivienda adecuada o de servicios;

• Niveles elevados de desempleo o pobreza;

• Fácil disponibilidad del alcohol y las drogas;

• Insuficientes medidas para de prevenir la pornografía, la prostitución y el trabajo infantiles;

• Castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada género; entre otras.

Sabemos que la violencia en general no conoce de género, edad o nivel socioeconómico, pero a la violencia infantil, en particular, es necesario darle la relevancia que tiene y buscar, como sociedad en conjunto, soluciones que permitan no sólo en el corto y mediano plazo, la reducción de su prevalencia y atención integral de las consecuencias que produce en las distintas esferas de la vida de las personas afectadas y, en el largo plazo, eliminarla como forma de relación social entre los ciudadanos.

En México, sin duda, hemos avanzado al reconocer en nuestra Carta Magna que el Estado velará por el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena los derechos de los menores. De igual manera, un avance significativo fue la publicación en diciembre de 2014 de la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dicha ley representa un avance legislativo significativo en la materia y sienta las bases para consolidar un Sistema Nacional para la Protección delos Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a través de mecanismos específicos.

Entre las innovaciones de la ley general hay que destacar las siguientes:

• Contempla disposiciones aplicables para todo el país.

• Obligatoriedad directa para todas las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de los órdenes de gobierno municipal, estatal y federal.

• Reconoce a los niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos (enfoque garantista de derechos).

De igual manera, es significativo el esfuerzo de coordinación que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (Segob) han realizado para enfrentar el problema de la violencia en las escuelas mediante la concurrencia de autoridades, docentes, alumnos, padres de familia y sociedad en general, con el fin de atender en forma integral y oportuna los factores sociales, familiares y emocionales que puedan afectar las conductas de los alumnos.

Con ese fin, ambas instancias gubernamentales implementaron en febrero de 2017 el Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar. Dicho Plan contempla una estrategia de prevención social en tres ámbitos: primero, dirigido a toda la comunidad escolar con enfoque de convivencia; segundo, detección de grupos de riesgo; y tercero, atención de quienes ejercen la violencia y las víctimas directas e indirectas, mediante las siguientes ocho líneas de acción:

1. Fortalecer el Programa Nacional de Convivencia Escolar y Construye–T,

2. Evitar el ingreso de armas a los planteles,

3. Construir redes interinstitucionales para la canalización de conductas de riesgo,

4. Vinculación al servicio telefónico de emergencia 911,

5. Coordinación con sistemas educativos y de seguridad pública locales,

6. Fomentar el manejo adecuado de las redes sociales,

7. Campaña que evite la apología de la violencia y el delito, y

8. Fomentar acciones de proximidad social en las comunidades.5

En nuestro país se han registrado hechos de violencia infantil y juvenil que han consternado a la sociedad. Uno de ellos tuvo lugar en febrero de 2017, cuando un alumno de 15 años de edad del Colegio Americano del Noreste, en Monterrey, Nuevo León, abrió fuego contra tres de sus compañeros y contra una profesora, antes de dispararse a sí mismo. Otro caso, igualmente, preocupante fue el ocurrido en junio del mismo año, cuando sucedió un enfrentamiento en el que alumnos del Colegio Irlandés propinaron una golpiza a un grupo de ocho estudiantes del Colegio Cumbres quienes se encontraban en su fiesta de graduación y que ameritó la hospitalización de varios de ellos. Estos casos de violencia entre menores de edad no son los únicos, pero sí reflejan la magnitud a la cual ha llegado el grave problema del que hablamos.

Por lo anterior, en el Partido Verde consideramos que para seguir avanzando en el objetivo de velar por “el interés superior de la niñez” se debe incluir en los planes de estudio una materia cuyo propósito específico sea combatir todo tipo de violencia; una materia que promueva e inculque conocimientos, capacidades, actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a los niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia, tanto la violencia evidente como la estructural. Nuestra propuesta es que dicha asignatura acompañe la formación de nuestros niños y jóvenes desde preescolar hasta secundaria, incluida la educación para adultos, para que los mexicanos aprendamos a resolver conflictos de manera pacífica y así poder crear condiciones que conduzcan a la armonía, tanto a escala interpersonal, como intergrupal y social.

Es decir, se trata de fortalecer la capacidad de socialización del individuo, la cual supone capacidad de relacionarse con los demás en un clima de respeto y tolerancia, de conceptualizar a la escuela como el agente de socialización que siempre ha sido. Dicha socialización significa una adaptación a las instituciones, pues introduce al individuo en el grupo social y le convierte en un miembro del colectivo, en tanto que su conducta no violenta el proceso de interacción entre la sociedad y el individuo, proceso por el que se interiorizan las pautas, costumbres y valores compartidos por la mayoría de los integrantes de la comunidad.6

Estamos convencidos de que la prevención de la violencia infantil y sus consecuencias en la persona adulta requieren un enfoque multisectorial. Los programas eficaces son los que incluyen a los padres y les aportan conocimientos y técnicas positivas para criar a sus hijos.

Nuestra propuesta se enmarca entre los objetivos del Nuevo Modelo Educativo, implementado por la actual administración, cuando señala que “la educación debe buscar la formación integral de todas las niñas, niños y jóvenes, al mismo tiempo que cultiva la convicción y la capacidad necesarias para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e incluyente. El propósito de la educación básica y la media superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que concurran activamente en la vida social, económica y política de México y el mundo. En otras palabras, el Modelo Educativo busca educar a personas que tengan la motivación y la capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así como continuar con su formación académica y profesional”.7

En coincidencia, el subsecretario de Educación Básica, Alberto Curi Naime, ha señalado que “la educación y la ética son el mejor escudo contra la violencia que se puede brindar a los niños de México, a fin de que puedan aprender, crecer y desarrollarse sin limitación alguna, y participar a lo largo de toda su vida en la consolidación de una sociedad más libre, pacífica y por supuesto democrática”.8

El Partido Verde Ecologista de México ratifica su compromiso de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, con una mirada integral de lo humano, ya que desde la infancia se inculca el respeto y la tolerancia, fomentando a su vez una cultura de respeto para así evitar todo tipo de violencia, incluyendo la violencia interfamiliar.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se adicionan dos párrafos a la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación

Único. Se adicionan dos párrafos a la fracción VI del artículo 7o. de la Ley General de Educación, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. a V. (...)

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos.

Para cumplir con los fines que señala el párrafo anterior, la autoridad educativa federal establecerá en el programa educativo de cada ciclo escolar una materia específica que inculque a los niños, jóvenes y adultos valores éticos y sociales que permitan prevenir la violencia y erradicar cualquiera de sus manifestaciones.

La Secretaría de Educación Pública elaborará y llevará a cabo anualmente, en coordinación con las autoridades competentes, programas o campañas permanentes de difusión a nivel nacional, que vayan acompañadas de acciones concretas que promuevan el valor de la justicia, el respeto a la Ley, propicien la cultura de la inclusión, de la paz y la no violencia en cualquiera de sus manifestaciones;

VII. a XVI. (...)

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_37381.html

2 UNICEF 2006; 2007; 2010, UNICEF/Derechos Infancia México AC, 2010

3 La cobertura geográfica de la Encuesta corresponde al planteamiento del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, implementado por el Gobierno Federal. Se aplicó en 47 ciudades de interés, de las cuales siete son zonas metropolitanas. Para información más detallada consultar: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/ecopred/20 14/3

4 Organización Mundial de la Salud, 2016.

5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/192963/PLAN_DE_ACCION_SE GOBSEP_

para_firma_VF_1470_.pdf

6 http://dspace.ucuenca.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/2349/1/tps647.pd f

7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/198738/Modelo_Educativo_ para_la_Educacio_n_

Obligatoria.pdf

8 Al participar en la ronda de audiencias públicas “El derecho a una escuela libre de violencia”, en el

Senado de la República. http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/etica-y-educacion-escudo-paranin os-contra-violencia-sep-228

Senado de la República, sede de la Comisión Permanente, a 5 de junio de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Jorge Francisco Corona Méndez, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Beatriz Manrique Guevara, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Humberto Pedrero Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Verónica Noemí Camino Farjat (Rúbrica).

(Turnada a la Comisión de Educación. Junio 5 de 2019.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, recibida de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

Quien suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Pesca deportiva en México

En nuestro país la pesca deportiva es denominada por las disposiciones legales regulatorias, como “pesca deportivo-recreativa” y se define como la práctica del arte de la pesca con fines recreativos y de esparcimiento, es decir, es el conjunto de saberes y técnicas que se usan para pescar a modo de entretenimiento y diversión. En este caso, se trata de una actividad realizada en aguas dentro del territorio mexicano la cual se lleva a cabo de acuerdo a las leyes, reglamentos y todas las disposiciones legales vigentes en la República1 , con la finalidad de proteger y salvaguardar los recursos naturales y económicos de México.

El impacto de la pesca deportiva en la economía mexicana

La pesca deportivo-recreativa es una actividad de interés de la Administración Pública Federal debido a los beneficios y contribuciones económicas que produce, por lo que es considerada como una importante fuente de ingresos, que en mayor medida es gracias al turismo que atrae al país.

Esto principalmente en las playas y costas, por ello devienen ingresos y beneficios económicos que se ven reflejados en diversos ámbitos del comercio e industria, captando divisas y permitiendo el desarrollo económico regional en las zonas donde se practica la pesca deportiva2 .

Lo anterior se debe a que los turistas nacionales o extranjeros recurren frecuentemente a estas prácticas (pesca deportivo-recreativa) he invierten importantes sumas de dinero, lo cual beneficia a la economía mexicana toda vez que, en los lugares turísticos en los que se realiza este tipo de pesca, se genera un considerable número de empleos de manera directa e indirecta los cuales se relacionan con otros servicios como lo es el transporte público o privado, el hospedaje (hoteles), los alimentos (restaurantes), la renta de embarcaciones y la taxidermia, entre otras; que por consiguiente provoca una considerable derrama económica y de ingresos, así como un importante número de divisas3

“La pesca deportiva genera ingresos en rubros variados. Se estima que en su estancia promedio, cada pescador deportivo gasta alrededor de $1,785 dólares, entre alojamiento, alquiler de embarcaciones, transporte, equipos de pesca, combustible y más.”4

La República Mexicana brinda una extensa variedad de recursos naturales entre ellos especies acuáticas y sitios naturales que permiten que la pesca deportivo-recreativa sea algo habitual entre la población y los extranjeros toda vez que, existen los medios idóneos y necesarios para que los pescadores deportivos disfruten de sus actividades.

En México existen aguas dulces y saladas con diversas variedades de peces para la práctica de la pesca deportivo-recreativa en sus litorales, por lo que cabe destacar que los lugares nacionales preferidos por los turistas para realizar sus prácticas son:

• La Paz (Baja California Sur).

• Los Cabos (Baja California Sur).

• Acapulco (Guerrero).

• Zihuatanejo (Guerrero).

• Isla Espíritu Santo (Baja California Sur).

• Manzanillo (Colima).

• Mazatlán (Sinaloa).

• Puerto Vallarta (Jalisco)

• Barra de Navidad (Oaxaca).

• Puerto Escondido (Oaxaca).

• Cancún (Quintana Roo).

“Por lo anterior, cabe señalar que en varios de estos sitios el turismo representa la actividad económica, productiva y social de mayor importancia, por lo que se puede considerar como la principal actividad productiva que sostiene y representa una participación sustantiva en su economía, ya que por las características geográficas y otros aspectos, no es posible que se lleve a cabo la práctica de otras actividades, lo cual limita el desarrollo local y regional de estas zonas.”5

Para favorecer la economía y aprovechar los recursos nacionales de manera sustentable la Administración Pública Federal por medio de sus Secretarías y dependencias ha promovido la debida regulación de la pesca deportivo-recreativa para efectos de tener mayor control sobre la explotación de la fauna acuática.

Por esta razón, se limita esta práctica en diversos aspectos atendiendo a la conservación de las especies reservadas para las artes de la pesca deportiva, los lugares y el tiempo en el que pueden ser capturados, los requisitos y permisos esenciales para realizar la pesca.6

Especies protegidas y destinadas a la pesca deportiva

En México la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la cual entró en vigor el 22 de octubre del 2007 y es la ley vigente encargada de regular el sector pesquero en términos generales, contemplando en sus disposiciones la pesca deportivo-recreativa, así como la Norma Oficial Mexicana-017-1994 que atiende específicamente a las prácticas y procedimientos relativos a dicha actividad, las cuales para efectos de salvaguardar la fauna acuática, en sus diversos artículos señalan cuales son las especies de peces que deben de ser protegidas en todas sus variedades biológicas para quienes realizan la práctica con ciertas excepciones, siendo estas las siguientes:

• Marlín (Istiophoridae)

• Pez vela (Istiophorus)

• Pez espada (Xiphias gladius)

• Sábalo o chiro (Prochilodus lineatus)

• Pez gallo (Callorhinchus callorynchus)

• Pez dorado (Coryphaena hippurus)

Dichas especies, se reservaron desde 1972 de manera exclusiva a esta actividad, por lo tanto, únicamente pueden ser pescados dentro de un parámetro de cincuenta millas náuticas que serán contadas a partir de la línea base del mar territorial, y de igual manera, con esto queda prohibido para los pescadores deportivos realizar actividades contrarias a la investigación de dichas especies para su conservación7 .

En este sentido, resulta de vital importancia que se regule la captura y liberación de los peces en posibilidades de sobrevivir, esto para una mejor regulación y conservación de las especies destinadas a este estilo pesca y su hábitat, así como para conservar una tasa baja de mortalidad en las poblaciones de los peces permitiendo que una persona o grupo distinto los pesque en otro momento permitiendo el óptimo desarrollo de las especies8 .

Irregularidades en la pesca deportiva

Como se menciona en líneas anteriores, la pesca deportivo-recreativa es una actividad que depende de la explotación de la fauna acuática del país, por lo que se ha vuelto eminente la necesidad de proteger aquellos recursos que de ser explotados de manera descontrolada pueden provocar la extinción de las especies protegidas y problemas en los ecosistemas.

En este sentido resulta importante la debida protección de los peces referidos mencionados anteriormente, en atención a su preservación toda vez que, se ven amenazados debido a los cambios climáticos, dificultades reproductivas o la pesca ilegal (captura de especies protegidas o contraria a las disposiciones legales) las cuales son situaciones que alteran el ecosistema y disminuyen la tasa de peces existentes. La pesca ilegal referida es un problema que aqueja al sector pesquero, puesto que se realizan actos contrarios a las leyes que protegen a los peces destinados para la pesca deportiva, ya sea porque se capturan sin permiso o el destino de ella es contrario a los propósitos y finalidades de la pesca deportivo recreativa.9

“Históricamente, la pesca deportiva ha sufrido con la pesca comercial ilegal que, no obstante el reordenamiento de las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno, no ha logrado ser erradicada, pues los esfuerzos de inspección generalmente son insuficientes. Asimismo, la regulación administrativa vigente contiene espacios que disfrazan de legalidad la captura de especies destinadas a la pesca deportiva y que ponen en riesgo una actividad que pone a México en escenarios internacionales10 .

Los peces protegidos y cuya captura es exclusiva para la pesca deportivo-recreativa son comúnmente capturados de forma ilegal por pescadores que no cuentan con los permisos requeridos por la autoridad para los pescadores deportivos u empresas que prestan esos servicios, destinándolos al comercio, lo que genera irregularidades en el control sobre los recursos naturales y económicos que benefician al país debido a que existen límites de captura que señalan cuantos ejemplares de cada especie pueden ser capturados para su conservación, además de que su destino únicamente puede ser la taxidermia o el consumo personal de quien lo captura como deporte como se indica a continuación:

El límite de captura por día es de diez ejemplares, con el límite de cinco ejemplares de una misma especie y cuando se captura marlín, pez vela, pez espada y tiburón el límite es de un ejemplar, el cual equivale a cinco ejemplares de otras especies, mientras que, en caso del pez dorado, pez gallo o sábalo el límite es de dos ejemplares, los cuales equivalen a cinco ejemplares de otras especies por ser peces protegidos por la ley.11 Sin embargo, cuando no se respetan los límites de captura es difícil garantizar la existencia, la calidad y el control de las especies, además de que se constituye un delito federal y afecta a las personas que se dedican y viven de esta importante actividad, afectando a las especies marinas toda vez que las flotas de pesca comercial ribereñas, saquean de manera ilegal y clandestina el pez dorado, en el Pacifico norte mexicano, en los litorales del Noroeste, como Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, así como de la zona de la Costa Occidental y en los litorales ubicados en las entidades de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.12

Existe un problema de venta ilegal de especies como el Pez Dorado y el Marlín en México, especies que son comercializadas de manera ilegal por tratarse de animales protegidos por la legislación mexicana y que afectan consecuentemente a los sectores que se benefician por la pesca deportivo-recreativa por el desequilibrio que se genera por la pesca de un pez cuya cantidad de ejemplares no puede satisfacer la demanda del mercado y la de la pesca deportiva; pero se prefiere destinar su pesca a las prácticas deportivas porque excepcionalmente es una activad con mayor productividad en la economía por turismo que genera13 .

Las irregularidades que afectan comúnmente a la pesca deportiva es debido a la falsificación de documentos respecto del traslado y acuerdos comerciales para la pesca, así como falsificar y engañar a las autoridades usando nombres distintos a los de las especies capturadas ilegalmente que posteriormente son comercializadas o amparándose para practicar la pesca deportiva-recreativa a fin de poder capturar y vender los ejemplares capturados14 .

El siguiente comparativo resume los alcances de la propuesta en materia de protección y sanción de la pesca y comercio de especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la presente iniciativa, al tenor del siguiente

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en materia de protección y sanción de la pesca y comercio de especies destinadas a la pesca deportivo-recreativa

Artículo Único . Se reforman los artículos 68, 138 y 142, y se adiciona una fracción XXXI, al artículo 132 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, para quedar como sigue:

Artículo 68. Las especies denominadas marlín, pez vela, pez espada, sábalo o chiro, pez gallo y dorado, en todas sus variedades biológicas, quedan destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, dentro de una franja de cincuenta millas náuticas, contadas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. Quedando prohibida su comercialización en territorio nacional, así como su exportación.

[...]

Artículo 132. ...

I. a XXX. [...]

XXXI. La pesca y comercialización de las especies destinadas de manera exclusiva para la pesca deportivo-recreativa, que no sea exclusivamente para consumo doméstico o de fomento, y

XXXII. Cualquier otra contravención a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 138. ...

I. [...]

II. Con el equivalente de 101 a 1,000 días de salario mínimo vigente a quien cometa las infracciones señaladas en las fracciones: I, II, V, VII, IX, XV, XVII, XVIII, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVIII, XXXI, XXXII del artículo 132;

III. a IV. [...]

Artículo 142. El decomiso de artes de pesca y productos obtenidos de la pesca, se realizará cuando se actualice el supuesto de las fracciones I, V, VII, X, XIII, XVII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXVII, XXX y XXXI del artículo 132, independientemente de la multa correspondiente.

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1. Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (México: Congreso de la Unión, 2007) artículo 4, fracción XXIX.

2. TuryDes; Ivonne Dalila Gómez Cabrera y Antonina Ivanova Boncheva: Valor económico de la pesca deportiva como fuente principal de atracción turística en Los Cabos, Baja California Sur, México; http://www.eumed.net/rev/turydes/15/pesca-deportiva-mexico.html. Consultada el 16 de mayo de 2019)

3. Turydes; Ivonne Dalila Gómez Cabrera y Antonina Ivanova Boncheva: Valor económico de la pesca deportiva como fuente principal de atracción turística en Los Cabos, Baja California Sur, México;

http://www.eumed.net/rev/turydes/15/pesca-deportiva-mexi co.html. (Consultada el 16 de mayo de 2019).

4. Gaceta Parlamentaria, Número 3641-II, del jueves 8 de noviembre de 2012; Cámara de Diputados;

http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/6 2/2012/nov/20121108-II/Iniciativa-2.html (Consultado el 17 de mayo de 2019)

5. Gaceta del Senado; Luis Alberto Cóppola Joffroy; Senado de la República http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/19044 (Consultada el 15 de mayo de 2019)

6. Programa Nacional de Pesca deportiva 2008-2012; Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca;

pescadeportiva.conapesca.gob.mx:82/work/sites/pesca/docu mentos/acciones/Programa_Nacional_de_Pesca_Deportiva.pdf (Consultada 16 de mayo de 2019)

7. Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (México: Congreso de la Unión, 2007) artículo 68.

8. Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (México: Congreso de la Unión, 2007) artículo 25.

9. Gaceta del Senado; Luis Alberto Cóppola Joffroy; Senado de la República http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/19044 (Consultada el 16 de mayo de 19)

10. Gaceta Parlamentaria, Número 3641-II, del jueves 8 de noviembre de 2012; Cámara de Diputados;

http://gaceta.diputados.gob.mx/Black/Gaceta/Anteriores/6 2/2012/nov/20121108-II/Iniciativa-2.html (Consultado el 17 de mayo de 2019)

11. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; Reglas; Violaciones; http://www.sportfishinginmexico.com/reglas-para-la-pesca-deportiva-en-m exico/ (Consultado 16 de mayo de 2019).

12. Gaceta del Senado; Luis Alberto Cóppola Joffroy; Senado de la República
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/19044 (Consultada el 15 de mayo de 2019).

13. Gaceta del Senado; Luis Alberto Cóppola Joffroy; Senado de la República
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/19044 (Consultada el 15 de mayo de 2019)

14. Gaceta del Senado; Luis Alberto Cóppola Joffroy; Senado de la República
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/19044 (Consultada el 15 de mayo de 2019)

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 5 de junio de 2019.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Pesca. Junio 5 de 2018.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones a los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de los diputados Javier Ariel Hidalgo Ponce y Lucio Ernesto Palacios Cordero, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

Los diputados federales suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un sexto párrafo al artículo 4o., así como una fracción al artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El reconocimiento y la protección de los derechos humanos son una materia que se encuentra en constante consolidación dentro del orden jurídico mexicano pues son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada.1

Es en los derechos humanos donde se expresa el compromiso para garantizar que todas las personas puedan disfrutar de las condiciones, bienes y libertades necesarios para una vida digna ya que son universales, inalienables e indivisibles. Así, la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2011 destacó la importancia de los derechos y la responsabilidad del Estado para promover, respetar, proteger y garantizarlos.

No obstante, cada día se avanza en el reconocimiento de nuevos derechos, como producto de la evolución y la dinámica social, donde van identificando nuevas dimensiones de la dignidad humana, considerando a las personas en lo individual y en lo colectivo. Este es el caso del derecho a la movilidad, que no sólo se relaciona con el traslado de personas de un lugar a otro, sino que implica entornos y condiciones imprescindibles para el ejercicio de otros derechos, en la cotidianidad. Por ejemplo, los derechos ambientales, el derecho a la salud, la educación, al trabajo, el derecho a la ciudad. La movilidad es un factor que inherente al desarrollo, el bienestar y la vida productiva.

El derecho a la movilidad, valora a la sociedad en su conjunto y reconoce la necesidad de proveer elementos e infraestructura que permita vivir con seguridad, tranquilidad, transitar en entornos libres de violencia y discriminación, es decir, donde respete y garantice hasta el nivel máximo posible la dignidad humana.

Por ello, la presente iniciativa apunta en el sentido poner especial atención a los problemas a los que se enfrentan día a día las personas de nuestro país, como resultan los presentados en el ámbito de la movilidad.

Todos los días, para casi cualquier actividad que decidan desarrollar, deseada o no, las personas deben desplazarse de un lugar a otro, así como a sus bienes y mercancías. Lo anterior, resume todos los componentes que conlleva el amplio concepto de movilidad que engloba el del transporte y tránsito, como componentes muy importantes que inciden directamente en la calidad de vida de las personas.

Por ejemplo, al privilegiar un modelo de movilidad basado en el individualismo y en la preferencia jerárquica del vehículo automotor individual sobre alternativas más sostenibles, como son el transporte público y el de tracción humana, se ha constituido como uno de los principales responsables del deterioro ambiental y humano que actualmente vive el país; manifestado principalmente en los más de 16 mil fallecimientos anuales relacionados con accidentes viales.

Es necesario replantear y garantizar las necesidades básicas humanas, relacionadas con el aspecto de la movilidad, considerando la mayor cantidad de factores que se relacionan, para constituirlo como un derecho que se sume al desarrollo humano en todos sus aspectos.

Dado que el concepto de la movilidad es multidisciplinario pues de manera enunciativa, y no limitativa, implica entre otras cuestiones la adopción de criterios como el de la accesibilidad, el espacio público, la estructura vial, los medios y sistemas de transporte, la circulación peatonal y los planes de ordenamiento territorial, es necesario considerar en todo momento la satisfacción adecuada de los requerimientos sociales que tienen externalidades positivas.

Ciertamente, los desplazamientos no deberían repercutir negativamente en la calidad de vida ni en las posibilidades de desarrollo económico, cultural, educativo y demás aspectos indispensables para las personas; por el contrario, debe asegurar la protección del medio ambiente, mantener la cohesión social, favorecer el desarrollo y la protección de los derechos de todas y de todos.

Por ello, como una necesidad básica y social, la movilidad es también un derecho fundamental que debe estar garantizado, en igualdad de condiciones a toda la población, sin diferencias derivadas del poder adquisitivo, condición física o psíquica, género o edad o cualquier otra causa. Es un derecho equiparable a los ya consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el de la educación, vivienda, salud, salario digno, seguridad social y medio ambiente. Es un fenómeno que merece una visión integral ya que guarda una estrecha relación entre el entorno determinado en el que viven las personas, las alternativas con las que cuentan para llevar a cabo sus desplazamientos, así como con la planeación de los asentamientos humanos y el desarrollo. La movilidad debe ser abordada también desde el punto de vista de su función en el combate de la desigualdad social y en la generación de inclusión y equidad social.

Un ejemplo de reconocimiento del derecho a la movilidad es la Constitución de la Ciudad de México, la cual ha marcado avances significativos en esta materia debido a la propuesta de adecuación de los servicios básicos urbanos, obligando a que el Estado aborde este tema desde el ámbito de la igualdad en el acceso a las oportunidades, el mejoramiento de los espacios de vivienda y el ofrecimiento de espacios públicos y de convivencia. Es así que se entiende como urgente y necesario que el mayor ordenamiento jurídico de la nación contemple dicho derecho para todas las personas y no quede limitado solamente al ámbito local a partir de las legislaturas estatales.

Por lo anterior, la presente iniciativa tiene por objeto impulsar un cambio sustancial, que permitiría reconocer el derecho a la movilidad como un derecho humano, el cual quedaría definido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en un nuevo sexto párrafo. Ello, tendría implicaciones en los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas facultades, para la adopción de nuevos esquemas de urbanización, leyes, reglamentos, programas y políticas públicas, tendiente a garantizar el ejercicio de dicho derecho.

Lo anterior considera, como ya se dijo, que la movilidad se relaciona con el ejercicio pleno de diversos derechos, pues es un derecho integral que vincula y complementa los demás derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales que México ha firmado y ratificado.

Cabe resaltar que la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal emitió el Informe Especial sobre el derecho a la movilidad,2 del cual se desprenden diversos elementos y conclusiones muy importantes, que permitieron en su momento constatar la existencia de diversas áreas de oportunidad que requieren ser atendidas para permitir que las personas puedan realizar sus actividades en un marco de seguridad y tranquilidad. Dicho informe, define al derecho a la movilidad como aquel que tiene “...toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.”

En el informe antes referido, se señala que, si bien la movilidad se incrementa y dificulta en un contexto urbano, ésta constituye una necesidad básica inherente a todo ser humano, colocándose como un elemento esencial para la cohesión de toda sociedad, independientemente del lugar donde se vive. Por lo que es necesario vincular a este derecho con los aspectos del transporte, medio ambiente, seguridad vial, el espacio público, infraestructura, seguridad y movilidad peatonal. Definiendo al derecho a la movilidad como “...el derecho de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.”

Por otro lado, los elementos que conforman el derecho a la movilidad a nivel internacional, tales como el reconocimiento explícito de este derecho en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, se pueden encontrar en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, artículo XIII.1; la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, párrafo 3.2; la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 7.8; la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 4o, 9o. y 20; las Observaciones generales del Comité DESC8 , número 5 y 6; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 14; la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, artículo 4o y el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, artículos 2.1 y 10, Programa 21.3

Por otro lado, un aspecto relevante a considerar se refiere al de las dimensiones del derecho a la movilidad, en donde se encuentra la dimensión individual que abarca el derecho de cada persona a decidir libremente tanto su movimiento como la manera de desarrollarlo en un lugar determinado; así como la dimensión colectiva, la cual consiste en el derecho de todas las personas y de la sociedad a la coexistencia de una gran variedad de formas de movilidad que respondan a los diversos modos de vida y actividades que la conforman, las cuales deben permitir la satisfacción de necesidades y el desarrollo de la población en su conjunto, tomando en consideración las externalidades positivas y las condiciones más amplias de inclusión para todas las personas sin excepción.

En ese orden de ideas es fundamental el establecimiento de una jerarquía de personas usuarias de los distintos esquemas de movilidad para la prioridad en el uso de la vía pública, que deberá ser respetada en las políticas, planes y programas en la materia, y que obedece al nivel de vulnerabilidad de los usuarios de la vía, siendo esta: peatones, personas conductoras de vehículos impulsados por tracción humana y personas usuarias del transporte público. Lo anterior debido a que representan una solución a los problemas generados en gran medida por las externalidades negativas del uso excesivo del automóvil particular, así como de la prioridad que se le ha dado a la inversión principalmente en infraestructura para éste. Ejemplos de estos problemas son el congestionamiento vial, la contaminación y la inseguridad vial, mismos que impactan negativamente en el funcionamiento de toda ciudad, así como en la salud, economía y calidad de vida de las personas.4 Con las actuales condiciones de desarrollo que tienen las ciudades y zonas metropolitanas en el país, incluidas la expansión territorial y la concentración de empleos en zonas con baja densidad poblacional, se padece de una tendencia a la alza en el tiempo que le dedica una persona a sus traslados, teniendo como ejemplo a la Ciudad de México donde se tiene registrado un promedio de 3.5 horas por día,5 afectando directamente la calidad de vida de cualquiera que sufra esta situación.

Por lo cual, para efecto de garantizar y salvaguardar este derecho humano, resulta imprescindible facultar al Congreso de la Unión para legislar no sólo en materia de movilidad sino también en aquellos temas relacionados con la seguridad vial, basándose en la jerarquía de prioridad antes mencionada. Lo anterior, dado que actualmente carecemos de una legislación que establezca un proyecto sustentable y definido para el país en materia de movilidad, como una base mínima con criterios sociales, económicos y técnicos que permitan garantizar este derecho humano.

Por tanto, la presente iniciativa propone establecer la obligación para las autoridades de todos los órdenes de gobierno del país, en implementar acciones encaminadas a garantizar que las personas realicen, en condiciones de seguridad vial, cada una de las actividades que decidan realizar, así como para que tengan acceso a los servicios básicos que el mismo Estado está obligado a proporcionar. Siendo todo esto coherente con los eventos que se han celebrado en nuestro país en la materia, como la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes; en la cual se reconoce expresamente el derecho a la movilidad como aquel que tiene “...toda persona a un tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana. Toda persona discapacitada tiene derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas.”

En este sentido, y toda vez que los derechos humanos son considerados como aquellos derechos inherentes a nuestra naturaleza sin los que no podemos vivir como seres humanos, que nos permitan desarrollarnos plenamente y consecuentemente hacer uso de nuestras cualidades humanas, nuestra inteligencia, nuestras aptitudes y nuestra conciencia, resulta imperante que desde este Congreso de la Unión propiciemos su estricta y correcta observancia. Por todo lo anterior, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un nuevo párrafo sexto al artículo 4o., así como una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adicionan un nuevo párrafo sexto al artículo 4o., recorriéndose los subsecuentes, y la fracción XXIX-X al artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 4o. [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones, personas conductoras de vehículos impulsados por tracción humana y personas usuarias del transporte público, fomentando una cultura de movilidad sustentable y sostenible.

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX-W. [...]

XXIX-X. Para expedir las leyes generales en materia de movilidad y seguridad vial, en los términos que establece esta Constitución.

XXX. [...]

Transitorio

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial en un plazo no mayor a un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

Tercero. Las legislaturas de las entidades federativas, adecuarán la legislación correspondiente conforme a lo dispuesto en el presente Decreto y a la Ley General que apruebe el Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 120 días a partir de la entrada en vigor de dicha Ley General.

Cuarto. Se deroga toda aquella disposición que contravenga el presente Decreto.

Notas

1. http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos

2. https://directorio.cdhdf.org.mx/libros/2013/movilidad_2013.pdf

3. Cuadro II.1 del Informe Especial sobre el derecho a la movilidad en el entonces Distrito Federal, página 39.

4. Más ciclistas, más seguros. Guía de intervenciones para la prevención de lesiones en ciclistas urbanos. Secretaría de Salud/STCONAPRA/ITDP. México, Distrito Federal. 2016.

5. Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México 2014-1015, ONU-Hábitat Oficina de Coordinación Nacional de Programa en México, pág. 20 www.onuhabitat.org

6. https://www.idhc.org/arxius/recerca/1416309302-DUDHE.pdf

Ciudad de México, Cámara de Diputados, a los 5 días del mes de junio de 2019.

Diputados: Javier Ariel Hidalgo Ponce y Lucio Ernesto Palacios Cordero (rúbricas).

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Junio 5 de 2019.)

Que reforma la Ley del Seguro Social, en materia de sujetos de aseguramiento de régimen obligatorio, recibida de la diputada Josefina Salazar Báez, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

Josefina Salazar Báez, diputada por el V distrito federal de San Luis Potosí, integrante de esta Sexagésima Cuarta Legislatura y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo que disponen la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 77, numeral 1, y artículo 78, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, elevo a la digna consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona fracción IV y último párrafo al artículo 12; adiciona artículo 26 Bis; adiciona segundo y tercer párrafo al artículo 105; y reforma el primer párrafo del artículo 201; todos de la Ley del Seguro Social; con el objeto de incorporar a dicha Ley a los estudiantes de nivel medio superior y superior en calidad de sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, dándole una base legal y certeza jurídica definitiva al llamado Seguro Facultativo para Estudiantes; y, en segundo lugar, adicionar a los sujetos beneficiaros del servicio de guardería, a las mujeres universitarias que sean madres, durante el tiempo que cursen sus estudios y de acuerdo con la Ley, prestación no contemplada por el seguro estudiantil actual. Lo anterior con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

El Seguro de Salud para estudiantes, también conocido comúnmente como Seguro Facultativo, es un esquema de aseguramiento médico que otorga el IMSS, de forma gratuita, a los estudiantes de las instituciones públicas de los niveles medio superior y superior; concediéndoles las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad. Puesto que la Ley del Seguro Social no incluye a los estudiantes dentro de los sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, su inclusión se hizo posible mediante decretos ejecutivos: el primero publicado el 10 de junio de 1987, y el segundo, que está vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 1998.

El citado decreto incorpora al régimen obligatorio del seguro social a las personas que cursen estudios en los niveles medio y medio superior en instituciones educativas del Estado, y que no cuenten con otra protección. Con lo cual este grupo poblacional obtuvo acceso a varias prestaciones en especie, mientras que el gobierno federal asimilaba los costos, según se aprecia en los siguientes fragmentos del decreto:

Artículo 1. Se incorporan al régimen obligatorio del seguro social, por lo que corresponden a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad, a las personas que cursen estudios de los tipos medio superior y superior en instituciones educativas del Estado y que no cuenten con la misma o similar protección por parte del propio Instituto o cualquier otra institución de seguridad social. (...)

Artículo 3. El gobierno federal cubrirá en forma integral, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de las cuotas para sufragar los gastos originados por el aseguramiento de los estudiantes. (...)

Las cuotas se determinarán tomando como base el monto del salario mínimo vigente en el Distrito Federal en el momento de la inscripción, elevado al año y, aplicando a éste factor del 1.723 por ciento multiplicado por el número de estudiantes asegurados.

Asimismo, el decreto contiene también disposiciones de orden operativo en sus artículos 4 a 6, como el establecimiento de convenios con las instituciones educativas, la provisión de datos para dar de alta a los asegurados, y los informes y documentos necesarios para el IMSS.

Sin embargo, ante los retos que la población enfrenta y con una perspectiva a futuro, es necesario afianzar la seguridad social de los estudiantes del sistema público mexicano. Por eso, y con ese fin, esta iniciativa comprende dos objetivos: el primero consiste en incorporar a la Ley del Seguro Social a los estudiantes de nivel medio superior y superior en calidad de sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, dándole una base legal y certeza jurídica definitiva al seguro para estudiantes. Y en segundo orden, adicionar a los sujetos beneficiaros del servicio de guardería, a las estudiantes de nivel superior que sean madres, durante el tiempo que cursen sus estudios y de acuerdo a la Ley, prestación no contemplada por el seguro estudiantil actual.

En lo tocante al primer punto, resulta vital darle certeza jurídica a un mecanismo que ha existido durante más de 30 años y que ha traído beneficios a la población asegurada, como por ejemplo: apoyo a la economía familiar, que en muchos casos se traduce en facilidades para la conclusión de los estudios, ya que como las estadísticas educativas lo señalan, la deserción es uno de los más grandes problemas que enfrenta el nivel medio superior y superior. Por ejemplo, se estima que entre 600 mil y 700 mil jóvenes abandonan los estudios de nivel medio superior anualmente, es decir alrededor del 15 por ciento de quienes ingresan.1 Respecto al nivel superior, de acuerdo con el Inegi, únicamente 8 de cada 100 alumnos que inician una carrera universitaria la terminan,2 por lo que es muy probable que, sin la disponibilidad del seguro, los índices de deserción pudieran ser todavía más altos.

Por lo tanto, esta propuesta busca adicionar a la Ley las disposiciones contenidas en el citado decreto publicado el 14 de septiembre de 1998; con ello se aseguraría la inclusión del seguro para estudiantes en la ley, aumentando la certidumbre sobre este mecanismo, y sin cambiar su operación en general; por lo que el financiamiento, cubierto por el gobierno federal quedaría fundamentado en los mismos términos en que el decreto vigente lo dispone. También se incorporan las disposiciones que indican que serían beneficiarios los estudiantes de nivel medio superior y superior de escuelas públicas, que no cuenten con la misma o similar protección por parte del propio Instituto o cualquier otra institución de seguridad social; se prevé de igual forma que el Instituto pueda celebrar convenios con las Instituciones educativas para facilitar el acceso de los estudiantes a esa prestación, para lo cual tendrán que proporcionar al Instituto la información requerida.

Por tanto, la continuidad del aseguramiento en los mismos términos sería posible integrando las disposiciones del decreto antes citado al cuerpo de la Ley del Seguro Social, en materia de beneficiarios, convenios, delimitaciones y financiamiento. Igualmente, tampoco podemos pasar por alto la relevancia del tema en lo legislativo; ya que como antecedente, debemos mencionar que en el año 2013, fue promovida una iniciativa con objetivos generales similares ante el Legislativo federal.

Respecto al segundo objetivo, se plantea extender las prestaciones en especie del seguro mencionado para que incluir, en el caso de maternidad, el servicio de guardería para las estudiantes de nivel superior que sean madres.

El embarazo a temprana edad es una tendencia marcada en México, que ocupa el primer lugar en el indicador, entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad. Asimismo, en México, 23 por ciento de las y los adolescentes inician su vida sexual entre los 12 y los 19 años. Es así que de acuerdo con estos datos, aproximadamente ocurren al año 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.3

Es notorio que estos embarazos ocurren en la etapa de vida escolar de las adolescentes y jóvenes en cuestión, lo que hace que tengan el doble rol de estudiantes y madres. Las mujeres en esas condiciones están prácticamente invisibilizadas en nuestro país, ya que no hay cifras precisas sobre su cantidad y edad, incluso no hay muchos estudios que se centren en ellas, de acuerdo a la investigadora Rosa María Huerta:

“(Se piensa que) no conforman una cifra representativa. Postura que puede implicar la invisibilización de estas mujeres, sobre todo si esto se plantea desde una perspectiva general sobre las dinámicas de la población estudiantil universitaria, sin considerar que muchas de las estudiantes que son madres no pueden cumplir en tiempo y forma la currícula escolar. (...) en muchos casos no se generan estadísticas.”4

Se cuenta con datos de algunos centros educativos, que arrojan algún atisbo de su porcentaje, aunque éste es pequeño, según las investigadoras Dinorah Miller y Vanessa Arvizu:

“En la institución que nos sirve de referencia, la UAM Azcapotzalco, el porcentaje de madres estudiantes en las generaciones estudiadas no sobrepasó el 6 por ciento. Otra evidencia de lo excepcional que resulta esta doble condición (...) no sólo es la baja proporción de estudiantes que son madres, sino también la escasa información y los pocos estudios al respecto.”5

Como los estudios lo señalan, las estudiantes que son madres resultan invisibles en muchos casos, aun para algunas políticas públicas que las han excluido en perjuicio de su bienestar y de sus hijos; como por ejemplo en el caso de “el decreto presidencial que obliga la creación de lactarios en las instituciones públicas y privadas, para que las mujeres puedan amamantar a sus hijos y/o extraer la leche de forma aséptica, se contempla como un derecho para las madres trabajadoras y no se incluye a las estudiantes como sujetas de derecho.”6 Lo anterior señala las condiciones de esta población femenina y la necesidad de incluirlas dentro de las acciones que apoyen su bienestar y el de sus hijos.

Ahora bien, la posibilidad de proveer de cuidados a sus hijos, sea por medio de redes de apoyo como la familia, o utilizando recursos económicos autogenerados, es un factor determinante en los casos de deserción, la que alcanza cifras de 280 mil casos al año, atribuibles a embarazo y maternidad de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaria de Educación Pública.7

El mismo organismo señala que:

“Entre las primeras tres razones que arguyen las mujeres para abandonar sus estudios están, sólo después de las razones económicas, el embarazo y las uniones conyugales en respectivo orden; esto resulta preocupante porque refleja la ocurrencia anticipada de los eventos, más aún por las pocas posibilidades que estas mujeres tienen de regresar a terminar su educación media, una limitante para continuar con la educación superior.”8

Los estudios que se han realizado son concluyentes en cuanto a que el embarazo, así como la disponibilidad de apoyo para el cuidado de sus hijos es un determinante de la permanencia en la escuela. Además de que una vez que se efectúa la deserción es difícil que la estudiante regrese a concluir sus estudios, por lo que existen grandes posibilidades de interrupción definitiva de los estudios.

A pesar de la invisibilidad general de estos casos, existen algunos programas que se han implementado para apoyar al cuidado de los hijos. Huerta Mata señala el programa de estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social, que cuenta con un subsidio para madres estudiantes, y varias universidades públicas en entidades como Zacatecas, Quintana Roo, Tamaulipas y Nayarit entre otras, que han hecho uso de estos esquemas para tratar de abatir el problema de la deserción.

No obstante la misma autora señala que es necesario un consenso general que asegure que programas de este tipo sean aplicados de manera efectiva y homogénea, en todos los centros educativos.9

Por principio de derechos, y para brindar atención a un problema público, hace falta un verdadero esquema universal, no importa el número de casos, que no está cuantificado a detalle, sino la observación de los derechos de una población específica y la realización de acciones afirmativas, de tipo compensatorias, tendientes al fortalecimiento de las garantías y las oportunidades reales dentro de un marco común.

Hasta ahora, esta problemática se ha considerado un asunto pertinente a la esfera de lo privado, sin embargo, la deserción escolar, resulta relevante como un problema público y uno de los más graves para la educación en México.

El abandono de estudios evita el acceso a mejores posibilidades laborales y socioeconómicas, formando parte de círculo vicioso que afecta en este caso a muchas mujeres y familias, y da continuidad a las condiciones de vulnerabilidad, que a su vez son un factor determinante de la pobreza.

Además, desde una perspectiva jurídica, primeramente resulta necesario salvaguardar los derechos reproductivos, reconocidos en el párrafo segundo del artículo 4o. de la Constitución, que afirma que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos; por lo que se aduce que las decisiones reproductivas recaen en lo individual. Y aunque se podría argumentar que en muchos casos los embarazos tempranos no ocurrieron de forma informada, no es justificación para que se produzca una limitación real, efectuada mediante actos y omisiones, de las oportunidades a las que estas personas como sujetos de derechos puedan acceder, mucho menos en casos que forman parte de un problema público reconocido como es la deserción escolar.

Por lo tanto, se requiere acción pública efectiva emprendida desde el Estado. Las madres estudiantes deben dejar de ser vistas como posibles beneficiarias de asistencialismo, y contemplarse como titulares de derechos,10 como el acceso a la educación y como objetivo de acciones afirmativas, encaminadas a compensar su igualdad en el ejercicio de tal derecho. También, tales acciones deben contemplarse dentro de aquellas encaminadas a “favorecer la permanencia escolar y reducir el rezago educativo en adolescentes con y sin hijos”, que resultan del todo necesarias en las condiciones actuales.11

De manera que lo que se pretende es que las estudiantes que sean madres puedan acceder al servicio de guarderías en términos de la cobertura para ellas que la ley otorgaría al incluir a los estudiantes de nivel medio superior y superior como beneficiarios. Esto en virtud de que la Ley del Seguro Social, en su artículo 11, fracción V, establece que el régimen obligatorio comprende el seguro de guarderías y prestaciones sociales; por lo que, al considerar a dichas estudiantes dentro del régimen obligatorio, acceden a esa prestación.

Sin embargo, para otorgar mayor certeza jurídica, se propone que la mención expresa de las madres estudiantes beneficiarias sea adicionada al primer párrafo del artículo 201, que enumera los sujetos específicos cuyo riesgo de no poder proporcionar cuidados a sus hijos queda cubierto y que pueden acceder al servicio de guardería. El servicio se otorgaría en términos de la propia Ley: es decir aplicaría a menores de 46 días a 4 años de edad, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 206, y siempre y cuando la madre beneficiaria tenga la calidad de estudiante universitaria.

Finalmente, leamos con atención lo que al respecto dice el connotado experto en el tema de la pobreza Amartya Sen, quien: “establece que las políticas públicas deben ser el medio para que las personas desarrollen sus capacidades,”12 y en este caso, al fundamentar en la Ley el seguro estudiantil y al mismo tiempo extender las prestaciones para las madres que estudian, se estará proveyendo el marco para políticas la continuidad y el crecimiento de políticas que apoyarán a nuestros adolescentes y jóvenes en el desarrollo de sus capacidades, sobre todo a quienes hasta ahora han sido invisibles y cuyos derechos deben fortalecerse.

Fundamento Legal

Con base en los motivos expuestos, en mi calidad de diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta Sexagésima Cuarta Legislatura, y con fundamento en lo que disponen la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 77, numeral 1, y artículo 78 todos del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presento a consideración de este honorable pleno, el siguiente proyecto de

Decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social en materia de sujetos de aseguramiento de régimen obligatorio

Único. Se adiciona la fracción IV y último párrafo al artículo 12; se adiciona artículo 26 Bis; se adiciona segundo y tercer párrafo al artículo 105; y se reforma el primer párrafo del artículo 201; todos de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:

Ley del Seguro Social

Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio:

I. a III. ... .

IV. Las personas que cursen estudios de los tipos medio superior y superior en instituciones educativas del Estado y que no cuenten con la misma o similar protección por parte del propio Instituto o cualquier otra institución de seguridad social, en lo que corresponde a las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad.

El Instituto Mexicano del Seguro Social promoverá la celebración de convenios con las instituciones de educación media superior y superior, con objeto de facilitar el acceso a las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad según lo descrito en esta Ley.

Artículo 26 Bis. Los estudiantes beneficiarios en términos del artículo 12, deberán proporcionar la información que el Instituto Mexicano del Seguro Social les requiera para el disfrute de las prestaciones, sea en forma directa, o a través de las instituciones educativas donde realicen sus estudios. Las instituciones públicas de educación media superior y superior proporcionarán al Instituto Mexicano del Seguro Social, los informes y documentos que les requiera para el cumplimiento de los fines señalados en esta Ley.

Artículo 105. Los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en dinero, las prestaciones en especie y los gastos administrativos del seguro de enfermedades y maternidad, se obtendrán de las cuotas que están obligados a cubrir los patrones y los trabajadores o demás sujetos y de la contribución que corresponda al Estado.

El gobierno federal cubrirá en forma integral, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de las cuotas para sufragar los gastos originados por el aseguramiento de los estudiantes. Para tal efecto enterará al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de los primeros diecisiete días de cada uno de los meses del año, las cantidades proporcionales respecto de la estimada como costo de operación anual. Dentro de los tres primeros meses de cada año se realizarán los ajustes que procedan, cubriéndose en su caso, las diferencias.

Las cuotas se determinarán tomando como base el monto de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la inscripción, elevado al año y, aplicando a éste el factor del 1.723 por ciento multiplicado por el número de estudiantes asegurados.

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, de la mujer beneficiaria estudiante de nivel superior, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/eduardo-backhoff-escudero/nacio n/el-abandono-escolar-en-educacion-media-superior Consultado el 7 de diciembre 2018.

2 http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/235446 Consultado el 8 de diciembre 2018.

3 https://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_34505.html Consultado el 2 de diciembre 2018.

Prevención del embarazo y de enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. En:

http://tese.edu.mx/documentos2004/5780_SACNFGU.pdf Consultados el 5 de diciembre 2018.

4 Rosa María Huerta Mata. Joven, mamá y estudiante: Identidad materna universitaria de la “madre soltera”. El Colegio de San Luis. Tesis Doctoral. P. 138.

5 Dinorah Miller, Vanessa Arvizu. Ser madre y estudiante. Una exploración de las características de las universitarias con hijos y breves notas para su estudio. En: Revista de la Educación Superior

Volume 45, Issue 177, January–March 2016, Pages 17-42. En: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276016300085 Consultado el 5 de diciembre 2018.

6 Rosa María Huerta Mata Op. Cit. P. 346.

7 http://www.milenio.com/estados/ano-280-mil-adolescentes-dejan-estudios- embarazo Consultado el 7 de diciembre 2018.

8 Miller, Arvizu. Op. Cit.

9 Rosa María Huerta Mata Op. Cit. Pp. 142-143, 348.

10 Rosa María Huerta Mata Op. Cit. P. 148.

11 Aremis Villalobos-Hernández. Lourdes Campero. Et. Al. Embarazo adolescente y rezago educativo: análisis de una encuesta nacional en México. En Salud pública Méx vol.57 no.2 Cuernavaca mar/abr. 2015. En:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342015000200008 Consultado el 4 de diciembre 2018.

12 Citado por Rosa María Huerta Mata Op. Cit. P. 349.

Dado en el salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de junio de 2019.

Diputada Josefina Salazar Báez (rúbrica)

(Turnado a la Comisión de Seguridad Social. Junio 5 de 2019)

Que adiciona un párrafo al artículo 48 de la Ley General de Turismo, recibida de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

Quien suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En la actualidad vivimos cambios tecnológicos que han permitido alcanzar mejoras en la calidad de vida; aumentos en la productividad; y, por supuesto, cambios en los modelos tradicionales de la economía. Hoy en día, gracias a las diferentes plataformas de internet se tienen más modelos de economía colaborativa en el mundo.

Según la especialista en economía colaborativa Nelly Ramírez Moncada, en su trabajo sobre la economía colaborativa en México, está la define como:

La inmensa cantidad de personas que están compartiendo oficinas, equipos de trabajo, herramientas, automóviles, bicicletas o espacios de estacionamiento; alojando a extraños en su casa; haciendo préstamos o financiando proyectos de emprendimiento de desconocidos; recibiendo comida casera preparada por extraños; intercambiando habilidades y conocimiento, o acompañándose en viajes largos para compartir gastos.1

En este sentido podemos encontrar muchas plataformas que se dedican a este tipo de comercio o economía, en el caso de transporte: Uber, Cabify, Beat, Didi, Easytaxi, Avant, Yaxi, City Drive, entre otras.

Asimismo, podemos encontrar plataformas que permiten rentar espacios como cuartos, departamentos completos o casas, ya sea, por día, semana o mes. Dentro de estas plataformas podemos encontrar: Airbnb, Homeaway, Booking, Expedia, TripAdvisor Rentals, Flipkey, Homestay, Kid&Coe, Housetrip, Couchsurfing, entre otras.

En ocasiones, la legislación y la realidad tienen un desfase, es por esto el legislador debe buscar alinear estos dos elementos desde sus facultades. Este es el caso de la economía colaborativa en México, esta actividad llegó a integrarse en la realidad de muchos nacionales, por esta razón corresponde al Estado plantear las condiciones normativas para que la economía colaborativa funcione en armonía con el Estado mexicano.

Uno de los primeros ámbitos en los que se tiene que trabajar cuando se aborda un tema nuevo en el sistema jurídico y en las políticas públicas es la generación de datos sobre la materia. En el caso de negocios ordinarios se cuenta ya con datos que permiten tomar mejores decisiones de política pública, y política fiscal.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) desarrolla los Censos Económicos cada 5 años con el propósito de “obtener información estadística básica, sobre todos los establecimientos productores de bienes, comercializadores de mercancías y prestadores de servicios, para generar

indicadores económicos de México a un gran nivel de detalle geográfico, sectorial y temático.”2

De la misma forma, el Inegi construye el Registro Estadístico de Negocios de México (RENEM) y el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). En primera instancia, el RENEM se define como “la columna vertebral de los procesos de generación de estadísticas económicas. Contiene información de las características de las unidades económicas ubicadas en el país y se actualiza periódicamente.”3 En segunda instancia el DENUE se define como “un directorio público que ofrece la información de identificación, ubicación geográfica, tamaño según estrato de personal ocupado, clase de actividad económica y contacto de 5’078,737 establecimientos activos en el país, y los refiere en la cartografía digital.”4

Ya expuesta la importancia sobre los registros de las unidades económicas del país, consecuentemente, el objetivo de la iniciativa es generar una herramienta de registro como las anteriormente citadas, pero, sobre las plataformas de renta de espacios inmuebles como Airbnb, Homeaway, Booking, Expedia, TripAdvisor Rentals, Flipkey, Homestay, Kid&Coe, Housetrip, Couchsurfing, y las demás aplicables. Lo anterior, con el propósito de mejorar las políticas públicas y fiscales en la materia, así como para fomentar el principio de certeza jurídica .

Argumentos Estadísticos

El principal uso de estas plataformas tiene como fin el turismo. Ahora, según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, (World Travel & Tourism Council) en su reporte acerca del impacto económico de los viajes y el turismo en México, el impacto anual y global del turismo y los viajes es de alrededor del 10.4 por ciento de PIB mundial, esta industria genera alrededor de 313 millones de trabajos, esto representó cerca del 9.9 por ciento de los empleos en el año 2017. 5

Ahora, la situación en México es la siguiente: la contribución total de los viajes y del turismo al PIB

nacional fue de aproximadamente 3,506 miles de millones de pesos, es decir aproximadamente el 16 por ciento del PIB en 2017, esperando que el aumento para la medición de 2018 fuese del 17.9 por ciento en el PIB. 6 En el mismo sentido, la contribución al empleo de este sector, incluyendo trabajos directos e indirectos, fue del 16.4 por ciento del total de empleos , lo que es aproximadamente 8,569,500 trabajos. Asimismo, con una esperanza de aumento de trabajos para el año de 2018 de aproximadamente un 2.6 por ciento, o sea 8,788,500 trabajos.7

De la misma forma, el reporte muestra el porcentaje de inversión directa sobre el sector antes mencionado, en este caso fue de 229 mil millones de pesos, esto representa aproximadamente el 4.6 por ciento de toda la inversión en 2017 .8

Esta recopilación y exposición de datos es relevante ya que como se puede observar en la gráfica 1, aproximadamente el 88 por ciento del gasto en turismo y viajes en México es para ocio, y apenas un 12 por ciento es para negocios . Vale la pena mencionar la magnitud del tamaño y la importancia del sector ya que el Estado mexicano debe buscar las mejores herramientas jurídicas para esta materia tan importante para la economía nacional.

Gráfica 1. Contribución del turismo y viajes al PIB, en perspectiva comparada ocio y negocios. 9

Gráfica 2. Contribución del turismo y viajes al PIB, en perspectiva comparada turismo doméstico y extranjero. 10

Como se puede observar en la gráfica 2, la relación de gasto de visitantes domésticos y extranjeros es similar a la anterior. Sin embargo, estos datos nos permiten agregar énfasis en la importancia de la mejora regulatoria en la materia, ya que, como más adelante se expondrá, han existido accidentes y delitos relacionados con los usuarios de las plataformas de renta de bienes inmuebles cuyo uso, en la mayoría de los casos, es la sustitución de servicios hoteleros del sector turístico. En consecuencia, y con justificación en la gráfica anterior, se debe buscar la seguridad tanto de los usuarios de la infraestructura turística; tanto de los nacionales como de los extranjeros.

Como podemos observar en la tabla 1, la cual resume todos los indicadores medidos en el reporte citado con anterioridad, la relevancia que tiene el sector turístico y de viajes en México es destacable. La inversión que se ha hecho es significativa. Además, como sabemos, México cuenta con una cantidad importante de recursos turísticos como playas, sitios arqueológicos, ciudades, pueblos mágicos, desiertos, cascadas, entre otros bienes. Es por esto, que se invita a aprovechar la coyuntura expuesta para seguir generando bienestar a las familias mexicanas y turistas extranjeros.

Tabla 1. Resumen de indicadores y datos estimados para el año 2028. 11

Expuesta la perspectiva económica y de participación del turismo en la economía colaborativa, vale mencionar un estudio que generó Nacional Financiera para conocer el estado del conocimiento sobre la economía colaborativa.

En dicho estudio se explica lo siguiente: “[...] se encontró que, a nivel nacional, 15 por ciento de la población de los niveles socioeconómicos A, B, C+ y C es entusiasta del fondeo colectivo. En el caso del intercambio entre pares de bienes subutilizados en el ámbito de movilidad, alojamiento y servicios, 25.8 por ciento de la población indica ser entusiasta de utilizar este tipo de plataformas y 23.6 por ciento indica tener un entusiasmo moderado . Es claro que no estamos ante una moda pasajera sino, más bien, ante un cambio real en los patrones de consumo en la clase media mexicana.” 13

De lo anterior se puede concluir que México se encuentra ya en este tipo de economía y que no pareciera ser solo una tendencia. Vale la pena resaltar el dato de que al menos 1 de cada 2 personas se encuentran entusiasmadas en algún grado sobre las plataformas de la economía colaborativa como la renta de inmuebles . Esto revela el potencial que tiene sobre el impacto en nuestra economía. En este sentido, el Estado mexicano debe tomar acciones en la materia para armonizar el desempeño de estas plataformas.

Conflictos con las plataformas

Más allá de la importancia que tienen las plataformas para la economía nacional, esta exposición de motivos tiene una inspiración más trágica, desafortunadamente. Con la entrada de las plataformas de renta de inmuebles, como en cualquier otro negocio, los riesgos y accidentes surgieron. Existen casos documentados periodísticamente que confirman el riesgo potencial al que los usuarios están expuestos. A continuación, se hará una presentación de los casos, tanto nacionales como extranjeros, en los que se han presentado problemas de carácter grave.

“Familia encuentra cámara oculta transmitiendo en vivo desde su Airbnb en Irlanda ”,14 es el título que encabeza este reporte de la cadena CNN en español. Según el reporte periodístico, una familia de origen neozelandés utilizó la plataforma de Airbnb para rentar una casa en el pueblo de Cork en Irlanda. Una vez instalados en la casa, el señor Andrew Barker, analista de seguridad informática, analizó la red wifi de su casa cuando encontró en la red una transmisión de video en vivo. Procedió a revisar la casa hasta encontrar la cámara escondida en un dispositivo de detección de humo. El usuario reportó el problema con la plataforma Airbnb sin que tuviera una respuesta adecuada, únicamente se le informó que si cancelaba el servicio el costo sería cubierto por él.

Esto por supuesto es un problema, ya que la plataforma no cuenta con los medios para brindar seguridad y privacidad en las propiedades. Cuando el usuario reportó al dueño del inmueble este aceptó la existencia de la cámara. Sin embargo, las quejas sobre Airbnb nunca resultaron exitosas, se seguían tratando como una reserva cancelada. No fue hasta que la familia publicó este caso en las redes sociales cuando la plataforma reaccionó de manera adecuada cancelando la cuenta del propietario del inmueble.

Este caso muestra una debilidad de la plataforma, no existe forma de asegurar la integridad y privacidad de los usuarios. Existen huecos en las regulaciones alrededor del mundo que no permiten tener un control adecuado sobre los bienes y servicios que ofrecen estas plataformas.

“Muere joven por explosión en casa rentada por Airbnb en Guanajuato ”.15 Este es el caso de un grupo de 4 estudiantes de Guanajuato que decidieron rentar una casa en la plataforma de Airbnb en la cual se registró una explosión que terminó con la vida de Fernanda Meneses de 21 años. Según la nota periodística se dice que la casa no contaba con registro, ni permiso oficial, ni la factibilidad para ser rentado como punto de hospedaje, así lo expuso la autoridad municipal. La plataforma después informó que esta casa si estaba registrada en su plataforma y que los usuarios estaban cubiertos por un seguro de responsabilidades gratuito que cubre hasta por 1 millón de dólares de protección por lesiones personales o daños a la propiedad.16

El problema en este caso parece ser en el ámbito de protección civil. Dentro de las obligaciones que debe revisar Airbnb tendrían que ser las condiciones del inmueble a rentar. Este tipo de obligaciones ya las tienen los hoteles y hostales; tanto un protocolo de protección civil como revisiones periódicas, todo con el propósito de evitar estas tragedias.

Como se ha mencionado a lo largo de la presente exposición de motivos, el sector económico que representan las plataformas electrónicas y los cuartos en renta ha ido en constante aumento y no resulta un fenómeno que vaya a desaparecer.

Por lo tanto, resulta necesario analizar las herramientas con las cuales ya cuenta el sector turístico, como es el Registro Nacional de Turismo, el cual está conformado como un catálogo público de prestadores de servicios turísticos en el país, el cual constituye el mecanismo por el que el Ejecutivo Federal, los Estados, Municipios y la Ciudad de México, podrán contar con información a nivel nacional, con objeto de conocer mejor el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas cuando se requiera.

Dicho registro conlleva la presentación y validación de diversos documentos oficiales que brindan mayor certeza y seguridad sobre los prestadores de servicios turísticos, tanto a las autoridades en la materia, a las Entidades Federativas y Municipios, pero sobre todo a los turistas nacionales e internacionales.

El siguiente comparativo resume los alcances de la propuesta:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Comisión Permanente, la presente iniciativa, al tenor del siguiente:

Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 48 de la Ley General de Turismo

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 48 de la Ley General de Turismo, para quedar como sigue:

Artículo 48. [...]

Los prestadores de servicios turísticos obligados serán los siguientes:

I. Agencia de Viajes

II. Agencia Integradora de Servicios

III. Alimentos y Bebidas

IV. Arrendadora de Autos

V. Balneario y Parque Acuático

VI. Campo de Golf

VII. Cuartos de Renta

VIII. Guardavida o Salvavida

IX. Guía de Turistas

X. Hospedaje

XI. Operadora de Aventura o Naturaleza

XII. Operadora de Buceo

XIII. Operadora de Marina Turística

XIV. Parque Temático

XV. Spa

XVI. Tiempos Compartidos XVII. Tour Operador Receptivo XVIII. Transportadora Turística XIX. Vuelo en Globo Aerostático

[...]

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Ramírez Moncada, Nelly, “Economía Colaborativa y México”, México, Nacional Financiera Banca de Desarrollo, sin fecha, día de consulta: 17 de mayo de 2019, enlace:

https://www.nafin.com/portalnf/content/economia-colabora tiva/ecolab_mexico.html

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Panorama General de los Censos Económicos 2019 ”, Aguascalientes, Ags., junio de 2018, fecha de consulta: 17 de mayo de 2019, enlace:

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2019/do c/pan_gral_2019.pdf

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Registro Estadístico de Negocios de México (RENEM) y el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) ”, México, octubre de 2018, p. 10., fecha de consulta: 17 de mayo de 2019, enlace:

https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/ presentacion-registro-estadistico-negocios-mexico-renem-directorio-esta distico-nacional-unidades-economicas-denue- inegi.pdf

4 Ibídem . p. 20.

5 World Travel & Tourism Council, “Travel & Tourism Economic Impact 2018 Mexico”, traducción propia, sin fecha, fecha de consulta: 19 de mayo de 2019, enlace: file:///C:/Users/Gerry/Downloads/Mexico2018.pdf

6 Ibídem. p. 5.

7 Ídem.

8 Ídem.

9 Réplica de gráfica basada en, World Travel & Tourism Council, “Travel & Tourism Economic Impact 2018

Mexico”, traducción propia, sin fecha, p. 10; fecha de consulta: 19 de mayo de 2019, enlace:

file:///C:/Users/Gerry/Downloads/Mexico2018.pdf

10 Réplica de gráfica basada en, World Travel & Tourism Council, “Travel & Tourism Economic Impact 2018 Mexico ”, traducción propia, sin fecha, p. 10., fecha de consulta: 19 de mayo de 2019, enlace:

file:///C:/Users/Gerry/Downloads/Mexico2018.pdf

11 Réplica de tabla basada en, World Travel & Tourism Council, “Travel & Tourism Economic Impact 2018

Mexico”, traducción propia, sin fecha, p. 15., fecha de consulta: 19 de mayo de 2019, enlace:

file:///C:/Users/Gerry/Downloads/Mexico2018.pdf

12 Calculado con precios constantes de 2017.

13 Ídem. Ramírez Moncada, Nelly.

14 Emily Dixon, “Familia encuentra cámara oculta transmitiendo en vivo desde su Airbnb en Irlanda”, 5 de abril de 2019, CNN en español, fecha de consulta: 20 de mayo de 2019, enlace: https://cnnespanol.cnn.com/2019/04/05/familia-encuentra-camara-oculta-t ransmitiendo-en-vivo-desde-en-su-airbnb-en-irlanda

15 Ramón Caballero, “Muere joven por explosión en casa rentada por Airbnb en Guanajuato”, Periódico el Financiero, 23 de marzo de 2019, fecha de consulta: 20 de mayo de 2019, enlace: https://www.elfinanciero.com.mx/bajio/muere-joven-por-explosion-en-casa -rentada-por-airbnb-en-guanajuato

16 Alberto Martínez, “Confirma Airbnb; víctimas de explosión de Guanajuato son usuarios de su plataforma”, periódico Zona Franca, 20 de marzo de 2019, fecha de consulta: 20 de mayo de 2019, enlace: https://zonafranca.mx/politica-sociedad/confirma-airbnb-victimas-de-exp losion-en-guanajuato-son-usuarios-de- su-plataforma

Dado en la Sede de la Comisión Permanente, a 5 de junio de 2019.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Turismo. Junio 5 de 2019.)

Que modifica el artículo 7o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, recibida del diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

El suscrito diputado, Francisco Javier Ramírez Navarrete, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica el artículo 7o., de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con el fin de estipular el horario de apertura y cierre de lugares donde se realizan apuestas (casinos), en beneficio de salvaguardar la integridad de la sociedad.

Antecedentes

La historia del juego en México hay que mirarla en el tiempo. Se tiene constancia de la existencia de juegos de entretenimiento, además de los juegos de pelota, desde la época prehispánica. Después, fue con la presencia española como llegaron los juegos de naipes y las peleas de gallos, por citar dos de los juegos más populares en aquella época.

Además, rifas y sorteos se celebraban en parroquias e instituciones con el fin de recaudar fondos para llevar a cabo inversiones necesarias para la sociedad. A través de los españoles llegó también de Italia la lotería, que tanta popularidad alcanzó. Recordarás, sin duda, el juego compuesto por estampas populares y que se juega con frijoles.

Pero la relación de las autoridades con el juego ha sido complicada en nuestro país.

En México los primeros antecedentes que se tienen de los casinos son de la época del presidente Plutarco Elías Calles. En 1924 fueron construidos para satisfacer a los estadounidenses.

En 1935 se declaró ilegal el juego y se cerraron los casinos en México. Esa decisión fue tomada por el presidente Lázaro Cárdenas debido a que éstos llamados casinos propiciaban la decadencia moral, atraían un vicio y representaban un peligro ante la mafia norteamericana y explotación por parte de apostadores profesionales.

Después, se desarrolló, se redactó y aprobó en 1947 la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Pero en el caso de México, dicha ley no prohíbe explícitamente los casinos, porque es una figura que nunca se menciona. Únicamente se prohíben los juegos de apuesta y de azar.

Para captar el espíritu de esa ley basta con leer su primer capítulo:

Artículo 1o. Quedan prohibidos en todo el territorio nacional, en los términos de esta ley, los juegos de azar y los juegos con apuestas.

Esto a pesar de saber que dentro de los casinos se cruzan un conjunto de juegos de apuestas y de azar. Con la intención de justificar lo antes posible la situación legal del juego y los casinos, se promulgó en 2004 el Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos.

Un reglamento que llega con la esperanza de aliviar la situación pero que llevaba en su propia naturaleza su imposibilidad de modificar sustancialmente el panorama. Y es que un reglamento puede desarrollar una ley, pero no ir en su contra, ni modificarla.

En 2013 se modificó el texto del reglamento para impedir que aquellos que ostentasen un permiso para tener un local donde se jugara o apostara pudieran arrendar o transmitir el permiso.

Posteriormente en el 2014, en este honorable Congreso se aprobó la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos. La mala noticia es que sigue pendiente de aprobación por parte del Senado. En el nuevo texto ya se regula la modalidad del juego en línea y, además, trata de encontrar una solución para la gran cantidad de máquinas tragamonedas existente en situación irregular.

Con todo esto existen posiciones en contra para la instalación y operación de los casinos en México. La Confederación Patronal Mexicana, representantes de la iglesia, la Asociación de Padres de Familia, AC, la Unión Nacional de Padres de Familia, AC, son organismos que se oponen a la instalación y operación de los casinos en México.

La iglesia católica mexicana, representada por el Episcopado Mexicano, afirma que los casinos representan males morales perniciosos, como la prostitución, la drogadicción y en general, el crimen, pues los valores morales señalan que una persona debe trabajar duro, de esta manera, el juego se opone a esta filosofía ya que se supone que todo el que juega lo hace mediante trampas o de manera deshonesta.

Objetivo

En todo caso, la instalación y operación de casinos (establecimientos en los que se practican juegos de azar, apostando dinero y donde, en ocasiones, se ofrecen espectáculos, bailes u otras diversiones) en nuestro país debería cumplir algunos puntos, tales como:

• Que aplique estricto cumplimiento a su reglamento.

• Que existan restricciones de horario haciendo alusión al concepto de casino y el fin para su creación, de manera que se proteja a los jóvenes o personas vulnerables a la tentación de vicios.

• Que exista mayor información y publicidad para los sectores de la sociedad, con el fin de informar el principal objetivo de este ser recreativo y renumerado, así como para fomentar el turismo.

• Que la seguridad y la eficiencia judicial y gubernamental sean una realidad, para prevenir y salvaguardar la integridad de los usuarios ante el crimen organizado.

Esto debido a que se tienen los siguientes riesgos:

1. Lavado de dinero. Práctica que consiste en invertir dinero de procedencia ilícita (narcotráfico, evasión de impuestos, recompensas por secuestro, entre otras actividades) en el sector formal de la economía; surge por una ineficaz regulación de la autoridad financiera del país.

Los casinos pueden ser una fuente de lavado de dinero: por un lado, los inversionistas podrían instalar y operar estos centros de apuestas con dinero de procedencia ilícita; por otro lado, los jugadores podrían manejar dinero en efectivo en cuantiosas transacciones, que sería difícil de detectar por parte de las autoridades financieras del país.

Podríamos compararnos con países de influencias en cuestiones de juegos como argumento y sustento de lo dicho, por ejemplo: Un estudio de la Universidad Estatal de Iowa señala que el 94% de los jugadores en Prairie Meadows y en Des Moines son residentes del estado y casi dos terceras partes de ellos eran vecinos del lugar.

En Kansas City, una encuesta entre los jugadores señaló que el 88% de ellos viven dentro de una distancia de 45 minutos del casino. Lo mismo sucede con los demás destinos en que hay casinos, donde la media de turistas es únicamente del 15%.

Su naturaleza es estéril por ser una actividad diseñada para extraer recursos de la economía a través de las apuestas y no para producir bienes y servicios. Como consecuencia, generan empleos en el corto plazo y de baja calidad: meseros, cocineros y personal de servicio. Además, los dueños de los casinos necesitan operadores expertos, estos empleos de alta gerencia son mínimos y muchos de ellos se prestan para estar en contacto con mafias. Por lo cual no promueven la actividad económica ni beneficia a los ciudadanos donde se instalan los casinos.

Existen diferentes perfiles de jugadores y tres de ellos representan problemas.

a) El primero es aquel que presenta todos los síntomas y el potencial para convertirse en un jugador compulsivo.

b) El segundo se refiere al jugador como individuo que se involucra en problemas económicos a causa del juego.

c) El tercero corresponde al jugador patológico, generalmente llamado “jugador compulsivo”, el cual presenta una obsesión por el juego como parte de su vida diaria. Los jugadores compulsivos presentan una incontrolable preocupación y urgencia por el juego. Puede decirse que son adictos al juego, esto les genera graves problemas financieros debido a que ocurren a créditos que luego no pueden pagar y se declaran en bancarrota, lo que los lleva muchas veces a cometer ilícitos como el fraude y la falsificación.

En Estados Unidos, en la actualidad, existen 2.5 millones de apostadores patológicos, tres millones de apostadores problemáticos y otros 15 millones de personas que están en riesgo de convertirse ya sea en apostadores problemáticos o patológicos. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Illinois, se calcula que 52 por ciento de los ingresos en los casinos son producidos por los apostadores problemáticos y patológicos, sin los cuales, los casinos no podrían sobrevivir.

En los últimos años se ha incrementado la cantidad de jugadores compulsivos menores de 20 años. En algunas ciudades de Estados Unidos, la edad legal para el juego varía de 18 a 21 años de acuerdo con las legislaciones propias de cada estado. En otras partes del mundo, el rango de la mayoría de edad legal es similar.

Los problemas fundamentales que genera el juego en los menores de edad, con cierta adicción al juego, se derivan de la necesidad que se les crea de conseguir dinero con el propósito de jugar y consumir alcohol y drogas.

En una noticia de Nuevo León se captó lo siguiente:

Hasta 2013, en México había alrededor de 4 millones de ludópatas, según datos del Centro de Atención de Ludopatía y Crecimiento Integral.

Los casos de ludopatía y/o de jugadores van en aumento en la República Mexicana y esto se debe en gran medida a que las personas no necesariamente tienen que acudir a un casino o centro de apuestas para hacerlo, pues solamente tienen que bajar una aplicación en su celular para jugar.

De acuerdo a los resultados de la Encuesta Estatal de Salud y Nutrición 2015, el 23.8 por ciento de la población en Nuevo León –un millón 30 mil 093 de los 5 millones 285 mil 848 de habitantes– aceptó jugar juegos de azar y videojuegos, en casinos y por computadora.

El 35.7 por ciento de los principales juegos que prefiere la población es aquel al que se puede acceder a través del celular, el 21.6 por ciento corresponde a la lotería popular y el 14.6 por ciento a videojuegos.

Tan sólo 13 por ciento representa a las personas que acuden a jugar y o apostar en los casinos.

No sólo eso, la Encuesta Estatal de Salud y Nutrición 2015 también reveló que 58.9 por ciento de los jugadores corresponde a mujeres, mientras que el 41.1 por ciento a hombres.

Para la mayoría, jugar es un “pasatiempo”, por lo tanto, el 65 por ciento considera que puede jugar y dejar de hacerlo cuando lo desee (es decir, que no se trata de una adicción).

Y es que el 19.3 por ciento juega para olvidar –problemas y dificultades– y el 15 por ciento lo hace porque se siente solo.

Jesús Zacarías Villarreal Pérez, secretario de Salud, señaló que “estos datos que son los primeros en Nuevo León, dan una idea del tamaño, de la dimensión del problema (...) es la primera vez que logramos tener una fuente de información que nos mida, antes de esta encuesta no la teníamos, fueron más de 20, 22 reactivos los que se incluyeron en la encuesta”. (sic)

En los estados donde más se apuesta también se puede observar el mayor índice de ciudadanos que se declaran en bancarrota.

Por ejemplo, en México operan actualmente 409 casinos, pero sólo cinco de las 32 entidades federativas concentran 48 por ciento de esos establecimientos: Nuevo León (45), Baja California (41), Ciudad de México (39), Jalisco (37) y el estado de México (35).

Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas son, en contraste, los únicos tres estados sin actividad de casas de juego autorizadas por la Secretaría de Gobernación.

Por décadas, Las Vegas se ha establecido como el destino del juego por excelencia; fue un destino edificado primordialmente para esa actividad.

Sin embargo, los años de experiencia y de estricta implementación de reglamentos y medidas de seguridad, han hecho que esta ciudad sea actualmente un destino al que la gente puede ir a jugar o simplemente a pasar un buen tiempo con la familia sin jamás entrar a un casino.

Esto no sería el caso para nuestro país, porque se está pensando en instalar y operar casinos en zonas de alta concurrencia del turismo nacional, tales como la Ciudad de México, Acapulco, Cancún, Huatulco, Mazatlán, entre otros. Existen dos problemas adicionales que se exacerbarían con la instalación y la operación de los casinos: la seguridad y la salud pública.

Respecto a la seguridad pública, los estudios científicos más recientes indican que la tasa de criminalidad en los condados de Estados Unidos que tienen casinos es 8% más alta que en los condados sin casinos.

2. Ludopatía. Para muchos países la ludopatía es un problema epidemiológico, entendiendo por esta enfermedad todo aquel fracaso crónico y progresivo que tiene un sujeto para resistir los impulsos a jugar y en la aparición de una conducta de juego que compromete, rompe o lesiona los objetivos personales, familiares o profesionales del jugador. El ludópata será entonces aquella persona que sufre ludopatía.

Una de las consecuencias más curiosas que sufren los ludópatas cuando no pueden jugar es un síndrome de abstinencia, sufriendo distintos trastornos psicosomáticos, trastornos del aparato digestivo y alteraciones del ciclo vigilia-sueño, con un mayor predominio en mujeres que hombres. Los trastornos físicos que puede producir el síndrome de abstinencia al juego son los siguientes:

• Cefaleas
• Migrañas

• Trastornos digestivos
• Alteraciones del sueño

• Pérdida del apetito
• Debilidad

• Sudoración
• Fiebre

• Palpitaciones
• Dolores musculares

• Temblores
• Calambres
• Dificultad para respirar

Para enfrentar este problema de la ludopatía, se debería argumentar que los dueños de los casinos abran instituciones para tratar a quienes se convierten en adictos al juego, o bien que se regulen horarios para romper con estos paradigmas de fomentan vicios.

3. Los problemas de la delincuencia organizada por el arribo de los casinos en México y la ludopatía podrían generar un aumento considerable en el gasto público federal en materia de seguridad y salud pública.

En cuanto al ambiente en torno a los casinos, y a manera de ejemplo, se dice que “si en Las Vegas se ha logrado un dominio aceptable de las conductas delictivas inherentes al funcionamiento de casinos, la situación de México es muy diferente, ya que ‘pareciera’ muy difícil el control de problemas intrínsecos a los casinos ya que estos establecimientos pueden:

• Ser atracción del crimen organizado y actos delictivos, mafias y bandas de narco-apostadores.

• Conllevar delito, tráfico de drogas, lavado de dinero, incremento de explotación sexual a mujeres e infantes y, en general, degradación moral. Otros ejemplos de conductas delictivas son que: Dentro del proceso de lavado de dinero, en la reconversión o integración a la economía formal, los prestanombres realizan operaciones de venta de bienes muebles o inmuebles. El lavado de dinero acarrearía a la larga más trabajo para las instituciones de justicia, así como diversos problemas para la sociedad. Cuando el individuo afectado de juegos patológicos se queda sin dinero y sin crédito, pueden recurrir a la falsificación, fraude, robo o abuso de confianza para obtener dinero.

Es por ello que la presente iniciativa busca aplicar el reglamento como se estableció inicialmente aplicando el concepto real de casino, y no como un efecto nocivo existente y que, además, está asociado con la falta de generación de riqueza nacional, ya que son incapaces de producir bienes y servicios, por el contrario, le restarían recursos monetarios a la economía; fomentan la cultura del ocio, debido a que los apostadores tienen la posibilidad de enriquecerse fácilmente a través del juego; ponen en riesgo económico a las familias de los apostadores; reducen la capacidad de ahorro de las familias que tienen algún miembro que gusta de apostar; no generan beneficios sociales en los lugares donde se instalan u operan; además, generan problemas sociales como la inseguridad pública, la drogadicción, la prostitución y la ludopatía, entre otros.

Por lo expuesto y fundado, se propone ante esta honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 7o., de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, con el fin de establecer horario de apertura y cierre de lugares donde se realizan apuestas (casinos), en beneficio de salvaguardar la integridad de la sociedad, por lo cual se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto que modifica el artículo 7o., de la Ley Federal de Juegos y Sorteos

Artículo Único. Se modifica y adiciona al primer párrafo del artículo 7o., de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, para quedar como sigue:

Artículo 7o. La Secretaría de Gobernación ejercerá la vigilancia y control de los juegos con apuestas y sorteos, podrá establecer y estipular un horario de apertura y cierre, regulando así la operación adecuada de lugares donde se realizan apuestas, juegos y sorteos en cumplimiento de esta ley.

Con el mismo fin podrá integrar los organismos o comisiones que estime convenientes, y los que funcionarán de acuerdo con las atribuciones que les señalen las disposiciones reglamentarias de esta Ley, así como las que dicte la citada Secretaría.

Transitorio

Único: su entrada en vigor será el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de junio de 2019

Diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Gobernación y Población. Junio 5 de 2019.)

Que reforma el artículo 162 del Código Penal Federal, recibida de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

La que suscribe, María de los Ángeles Gutiérrez Valdez diputada federal, y suscrita por las y los diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 73, fracción XXXI y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 76, numeral 1, fracción I, 77, numeral 1, y 78, somete a consideración de este Honorable Pleno la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 162 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Las armas de fuego son el instrumento más influyente de las invenciones del hombre que ha transformado su forma de vivir y actuar en sociedad. La certeza de su invención en su poder parte de las ideologías sobre su uso, sobre si se emplean tanto para hacer el bien, como un medio de protección, o, para hacer el mal, al conceder un poder para la vida o para la muerte.

El uso y posesión de las armas de fuego tiene un beneficio, al ser utilizadas por las corporaciones policiacas como un medio de defensa, seguridad y protección a favor de la población; y, para los ciudadanos que disponen de ellas, como parte de su seguridad personal, siempre que cuenten con la autorización y el registro correspondiente.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha estimado que América Latina en 66 por ciento es la región del mundo en donde más se utilizan armas de fuego para cometer homicidios, en África y Asia en 28 por ciento, en Europa 13 por ciento y en Oceanía solo 10 por ciento.1

México supera la tasa de homicidios con armas frente a Estados Unidos de América (EUA), al considerarse que, tiene una tasa de homicidios cometidos con armas de fuego dos veces mayor que la del estado del norte.

Por otro lado, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, informó sobre el nivel de victimización, delincuencia, denuncia del delito y características de las víctimas de delito, así como, los delitos y los daños causados.

La principal aportación de la Encuesta radicó en generar estimaciones estadísticas sobre los delitos que afectan de manera directa a las víctimas o a los hogares, tales como: robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público, robo en forma distinta a las anteriores, fraude, extorsión, amenazas verbales y lesiones, mencionando que los delitos principales delitos se cometieron con la portación de armas exclusivas del Ejército, entre otros.

También, se destaca la estimación durante 2016, donde se generaron 31.1 millones de delitos asociados a 24.4 millones de víctimas. Esto representa una tasa de 1.3 delitos por víctima. Dentro de lo que es el delito de robo o asalto en la calle o en transporte público hay 25 por ciento que por el tipo de delito son 9 mil 599; robo total o parcial de vehículo 11.3 por ciento de 4 mil 200; robo en casa habitación 6.6 por ciento de 2 mil 437; robo en forma distinta a las anteriores 5.1 por ciento de mil 882; y lesiones 3.1 por ciento de 1 mil 154. Datos de se contabilizaron a partir 37 mil 17 delitos para cada de cien mil habitantes durante este año.2

Al ser la Secretaría de la Defensa Nacional la instancia encargada de conceder la autorización para poseer y portar armas de fuego siempre y cuando se cuente con los requisitos y limitantes que establece la Ley de Armas de Fuegos y Explosivos, al ser restrictiva su aplicación, ésta queda fuera del alcance del comercio ilícito.

Derivado de la obtención de armas fuera de un régimen legal, muchas de las consecuencias derivan en violencia existiendo costos humanos y materiales. La proliferación del uso de armas de fuego en México no ha sido atendida de manera integral, teniendo como eje a las víctimas.

Tratándose de las armas de menor calibre, el capítulo III del Código Penal Federal, establece que se necesita licencia especial para la portación, venta, fabricación, importación o acopio de pistolas o revólveres. Fuera de este contexto, si son utilizadas sin un fin lícito y para agredir, la sanción será prisión de tres meses a tres años o de 180 a 360 días multa y decomiso, y exceptúa a los funcionarios y agentes de la autoridad a portar las armas necesarias para el ejercicio de su cargo.

Los retos que presentan artículo 162 de Código Penal Federal, son las nuevas formas en que los delincuentes o grupos delincuenciales organizados actúan con la menor facilidad en la obtención y venta de armas de fuego, lo que ha llevado a este precepto del Código Penal Federal a estar fuera de la realidad sobre la obtención de estas y de cómo debe ser sancionado este tipo penal.

El uso del celular y el internet como medios de comunicación han sido precisos para conectar a los interesados en el acopio y adquisición de armas acortando los tiempos de una transacción que se pude dar en cualquier momento y lugar, sobre todo cuando se pretende disimular la compraventa de estas, o bien, para aquellos que se encuentran distanciados geográficamente.

La venta y obtención de armas de fuego se ha hecho más ágil en virtud del uso de la tecnología lo que genera nuevas oportunidades para aquellos que desean adquirirlas de manera ilícita, la compraventa que antes se satisfacía con mostrar físicamente el arma a adquirir hoy se hace a través de imágenes digitales de un simple celular o a través de las redes sociales en internet, medios por los que se contiene y por los cuales se tiene la facilidad de ofrecer un catálogo completo de los tipos de armas a los interesados.

La proliferación del uso de armas de fuego tiene una única y simple explicación, que es el resultado de un complejo panorama en el que la impunidad, la violencia generalizada, la falta de voluntad política se entremezclan y fomentan su uso.

La perspectiva de atender esta problemática desde el Código Penal Federal es porque la parte de los delitos que se comenten se presentan frecuentemente con pistolas o revólveres de bajo calibre, pero que su simple uso pone en riesgo la vida y la integridad de las personas.

Esta propuesta de reforma hará posible tener un estricto control de las armas de fuego en el país, sobre todo la forma de obtención, adquisición y venta de estas. Todo esto enmarcado en una agenda de seguridad pública, de derechos humanos y como parte integral de la prevención de violencia.

Dicha iniciativa fue presentada en la legislatura pasada, por su relevancia se retoma, se aclara que la misma contiene modificaciones y la actualización correspondiente a efecto de que la vertiente se entrar al estudio por parte de esta legisladora para sancionar a quien obtenga armas de fuego fuera de lo que establece el Código Penal Federal.

Lo anterior, permitirá que a la luz de una propuesta en materia de seguridad pública se perfeccione el Código Penal Federal acorde a las necesidades de los nuevos tipos penales que actualmente se están suscitando ante la sociedad, como es la obtención, compra y venta a través de medios electrónicos a fin de ser sancionados de acuerdo con las normas penales de la materia que para tal efecto deben de reformarse.

El reforzamiento en todo el marco normativo y legislativo, sobre la posesión y portación de armas, y por supuesto de las consecuencias jurídicas sobre la existencia de una sanción conforme a derecho que garantice seguridad a los ciudadanos, será de beneficio sobre en el marco normativo penal sustantivo en México.

Por lo expuesto, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforma el artículo 162 del Código Penal Federal.

Artículo Único. Se reforma el artículo 162 en su primer párrafo y en la fracción II del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 162. Se aplicará de ocho meses a cuatro años de prisión o de 200 a 500 días multa y decomiso:

I. ...

II. Al que ponga a la venta pistolas o revólveres de cualquier forma, inclusive a través de medios digitales y tecnológicos, careciendo del permiso necesario;

III. a V. ...

...

...

Artículo Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/GLOBAL_HOMICIDE_Report_ExSum_s panish.pdf

2 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_0 9.pdf

http://indicedepazmexico.org/wp-content/uploads/2018/04/ Indice-de-Paz-Mexico-2018.pdf

http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh_abusos_co ntra_los_derechos_humanos-espanol.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de junio de 2019.

Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Justicia. Junio 5 de 2019.)

Que modifica el artículo 206 de la Ley del Seguro Social, recibida del diputado Marco Antonio Medina Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

Quien subscribe, diputado Marco Antonio Medina Pérez, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 206 de la Ley del Seguro Social, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En 2016, bajo la dirección del titular de la Dirección General del IMSS, en coordinación con el titular de la SEP, se hizo entrega pública de los folios de autorización referente a los convenios de coordinación por entidad federativa, donde se acordó formalmente reconocer, de manera oficial, a los centros de desarrollo infantil, así como a las guarderías subrogadas al IMSS, como centros educativos para proporcionar el primer año de preescolar a los niños inscritos en el periodo de 2 años 8 meses a 4 años de edad.

Sin embargo, lo anterior no impidió que las niñas y niños fueran dados de baja de las guarderías al cumplir los cuatro años de edad, como lo marca el artículo 206 de la Ley Federal del Seguro Social vigente que a la letra dice: “Los servicios de guarderías se proporcionarán a los menores a que se refiere el artículo 201 desde la edad de cuarenta y tres días hasta que cumplan cuatro años”.

En noviembre del año pasado, el IMSS emitió el documento Lineamientos para realizar actividades fuera del horario de atención convenido con el IMSS y para la conclusión del primer grado de preescolar, referente a las actividades fuera del horario de atención convenido con el instituto y a la conclusión del primer grado de preescolar en el que cita en su numeral 5.21 de la página 7 de 27 (http://siag.imss.gob.mx/instalacionsiag/Guarderias/Normas/Archivos/201 8/Indirecta/Lineamientos-HorExt/Lineamientos-HorExt.pdf) lo siguiente: “El instituto no tendrá injerencia alguna en las actividades que realice el prestador de servicio en la unidad, con los niños inscritos que cumplan 4 años entre el primero de enero del año que termine el ciclo escolar y la fecha que establezca la autoridad educativa local para concluirlo. El instituto no estará relacionado con cualquier acuerdo realizado entre el prestador de servicio y el trabajador usuario para este fin”.

Exposición de Motivos

La presente iniciativa tiene como motivación el que una gran cantidad de niños inscritos que están a punto de egresar del sistema de guarderías del Seguro Social puedan permanecer en dicho sistema para concluir el primer año de su ciclo de preescolar. Actualmente, está permitido por las autoridades educativas que a las guarderías se les reconozca como centros educativos. No obstante, esta autorización se contrapone a la norma del instituto que establece que los niños tendrán que ser dados de baja al cumplir los cuatro años de edad, por lo que en esa fecha queda trunco el proceso educativo.

Para situarse en el contexto, se presentan a continuación los datos a febrero de 2019, en torno al sistema de guarderías del IMSS.

Número de guarderías, según el esquema, a nivel nacional.

Fuente: Boletín número 052018 de la delegación del IMSS.

Indicadores de operación a escala nacional

Fuente: Boletín número 052018 de la delegación del IMSS.

Sabiendo que el esquema ordinario y el esquema de madres IMSS son los que corresponden a las guarderías de prestación directa, los datos nos muestran entonces que mil 218 de las mil 360 guarderías en el país siguen el modelo de prestación indirecto o subrogado. Asimismo, sabiendo que las 142 guarderías de prestación directa reúnen a 19 mil 662 niños inscritos, se calcula que las guarderías de prestación indirecta representan a 176 mil 721 menores inscritos; es decir, 89.5 por ciento del total.

Esta iniciativa, como se mostrará más abajo, no tendrá necesidad de una erogación adicional por el IMSS, puesto que se cuenta con infraestructura y personal suficiente. En ese sentido, con esta iniciativa se buscará hacer más eficiente el sistema de guarderías enfocado a la educación de los menores. Todo lo anterior se expone más detalladamente a continuación:

Punto 1. Contradicción legal: El lineamiento normativo, emitido por el IMSS en noviembre de 2018, es totalmente incongruente con la esencia que motivó al propio IMSS a elaborar el convenio de coordinación con la SEP, donde se obliga al prestador de servicio de guarderías a obtener registro de validez oficial ante al SEP para ser reconocidos como instituciones educativas para que los niños inscritos en ellas de 2 años 8 meses a 4 años de edad cursen automáticamente su primer año de preescolar. Sin embargo, lo anterior se frustra porque el límite de edad no permite culminar satisfactoriamente el primer ciclo. En efecto, los convenios que se firmaron en los 32 estados de la república no previeron que la Ley Federal del Seguro Social, en el artículo 206, no permite que los niños inscritos -y ya registrados ante la SEP de los estados- culminen su primer año de preescolar de acuerdo al calendario escolar oficial que emite la SEP anualmente.

Incluso hay una violación de los derechos de la niñez consagrados en la Constitución, como establece el artículo 4o., párrafo noveno:

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez , garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Punto 2. Afectaciones al sistema educativo: Se trunca el proceso educativo y, por ende, el desarrollo psicomotriz y psicosocial de los niños que son dados de baja por el límite de edad en las guarderías del país. Asimismo, se otorgan diplomas reconociendo el primer año de preescolar a los niños que son dados de baja desde el mes de noviembre -apenas dos meses después de haber iniciado el primer grado de preescolar-, dejando inconcluso el programa educativo y en total desventaja a los pequeños cuando ingresan al segundo grado de preescolar y se enfrentan a niños que sí realizaron todo el primer ciclo. Por último, definir en cuatro años la edad límite para ingresar en el sistema de guarderías no tiene concordancia alguna con los procesos y tiempos educativos del país, avalados en los calendarios oficiales de las instituciones correspondientes.

Punto 3. Afectaciones sociales: Los padres de las niñas y niños usuarios de guarderías se ven obligados a buscar transitoriamente albergues dentro de la familia o con amistades, puesto que por situaciones de sobrepoblación no pueden ingresar a los preescolares públicos o por cuestiones económicas no pueden trasladar a sus pequeños a un preescolar privado para que culminen su primer ciclo escolar. Aunado a ello, existen casos de jurisprudencias –como por ejemplo el incidente de suspensión 381/2015 derivado del juicio de amparo 381/2015 en el juzgado decimoséptimo en el distrito de Tuxpan, Veracruz- que favorecen a los padres que demandaron el servicio de guarderías por haberlos dado de baja intempestivamente por término de derecho a causa del límite de edad de sus hijos, argumentando justificadamente su permanencia dentro de la guardería hasta que culmine su primer año de preescolar. Lo anterior se traduce en afectaciones a la economía de estas guarderías, puesto que el IMSS no paga el costo mensual del niño que fue favorecido por dicha jurisprudencia.

Punto 4. Beneficios

a) Beneficios para el Estado. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios– impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

Fracción IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

Con base en lo anterior, por un lado, esta iniciativa solo pretende que exista congruencia entre los lineamientos normativos con lo que cita la Carta Magna, así como con la obligación que tiene el Estado y los municipios de asegurar que se cumpla dicho precepto de ley.

Por otro lado, es fundamental que el Estado aproveche la infraestructura física y el personal docente de las guarderías subrogadas al IMSS, además de las áreas adicionales con que cuentan estos servicios (fomento a la salud, nutrición, seguridad, protección civil, etc.), para que se formalice dicho compromiso con los niños en edad de cursar el primer año de preescolar y así evitar que se queden truncos sus estudios una vez que cumplan los 4 años de edad. Por lo anterior, cabe destacar que la SEP cuenta entonces con alrededor de 1,360 guarderías que fungen también como centros educativos de nivel preescolar e inclusive como centros capacitadores, por lo que deben ser aprovechadas al máximo dado que cuentan con la infraestructura, personal capacitado y presupuesto como se verá a continuación.

b) Subejercicio en el gasto de guarderías

b) 1 Capacidad instalada. El porcentaje de inscripción en 2018 con relación a la capacidad instalada con el que cuenta el sistema de guarderías a escala nacional fue en promedio de 85, con una variación aproximada de entre 70 y 90 por ciento, según el estado y con un porcentaje de inscripción de hasta 50 por ciento en algunas guarderías. Dicho porcentaje precisamente se ve afectado por el número de niños que se dan de baja por el límite de edad, habiendo disponibilidad de lugares en la mayor parte de las guarderías del país por lo que no habría erogación presupuestaria adicional.

A continuación se muestran los indicadores a mayo de 2018:

Cabe recordar que hablamos de datos muy dinámicos, los cuales varían según las etapas de expansión de las nuevas guarderías que se van abriendo durante todo el ejercicio anual de tal manera que los datos sobre porcentaje de inscripción y capacidad instalada no pueden ser los mismos mes con mes. Asimismo, a lo anterior se suma que el porcentaje de inscripción baja los meses de julio y agosto, cuando los niños se incorporan al segundo año de preescolar, por lo que históricamente en estos meses hay un descenso brusco de dicho indicador.

El promedio nacional de niños inscritos en las guarderías existentes, al mes de mayo, fue de 84 por ciento. Los porcentajes de inscripción más bajos se observaron en Chiapas, 72; Distrito Federal noreste y sureste, 74; Hidalgo, 75; y Morelos, 76. En cambio, ningún estado alcanzó 100 por ciento de ocupación. Entre los porcentajes más altos estaban estados como Colima (93), Oaxaca (93) y Durango (91). Si se compara la capacidad instalada con el porcentaje de inscripción, se observa que existe infraestructura y personal para atender, hoy por hoy, a 40 mil 228 niños más. Ahora, como se verá más adelante, se estima que, en promedio aproximado, más de 20 mil niños serán dados de baja antes de que culmine su primer ciclo de preescolar en las guarderías que conforman el sistema a escala nacional. Por ende, el sistema de guarderías del IMSS posee la capacidad, desde el punto de vista de la capacidad instalada, para absorber el número de niños que ingresarían de forma automática al sistema, de aprobarse esta iniciativa.

Elaborado por el propio instituto, el segundo gráfico que se presenta es muy sugestivo al mostrar cómo existió un decremento en el indicador de porcentaje de inscripción, en torno a 1-2 por ciento, en alrededor dos tercios de las delegaciones del país, al comparar 2016 con 2017, lo cual demuestra que se dio una disminución en el uso del servicio de guardería a escala nacional.

b) 2 Subejercicio presupuestario. A continuación, se presenta el programa presupuestario de control directo del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Cuenta Pública 2017, en el rubro de servicios de guardería de prestación indirecta a nivel nacional:

Como se observar hubo un reajuste a la baja del presupuesto para guarderías, respecto a lo aprobado en la Ley de Egresos de la Federación por 478 millones 267 mil pesos a escala nacional, lo cual demuestra un sub ejercicio presupuestal en el rubro. Lo anterior muestra que, de aprobarse la presente iniciativa, no sería necesario modificar el presupuesto anual asignado al instituto.

c) Beneficio para los padres usuarios. Se reconoce que el nivel socioeconómico de los padres de niños usuarios de guardería es medio-bajo y bajo. Asimismo, en muchas de las guarderías, sobre todo en las ubicadas en áreas sub-urbanas, el porcentaje de madres solteras es superior a 60 por ciento. Por ello no es factible que los padres asuman la carga económica por su cuenta que corresponde a un estimado promedio de 3 mil 770 pesos al mes (que es la cuota asignada por cada niño a la guardería subrogada) y que tendrían que pagar para los meses que los niños debieran estar en las guarderías para concluir su primer año de preescolar. Cabe señalar que esta cuota de 3 mil 770 pesos cubre el horario de permanencia del niño, el desayuno, la comida y la enseñanza que recibe.

Asimismo, con los nuevos lineamientos ya mencionados, la institución se deslinda de toda responsabilidad administrativa y financiera y faculta a los prestadores de servicio a negociar con los padres para la nueva cuota que habrán de pagar los papás en caso de que requieran continuar con el servicio de guardería hasta que culminen el primer año de preescolar.

Por lo anterior, y de aprobarse esta iniciativa, se evitaría que los padres o las propias guarderías desembolsaran dinero extra para cubrir el servicio por los meses faltantes y al mismo tiempo no habría una repercusión presupuestal para el IMSS dado que con esta propuesta se utilizaría realmente 1 por ciento de la cuota obrero-patronal que está destinado para el servicio de guarderías y que se cobra mensualmente a todas las empresas y que se descuenta a ambos géneros (hombres y mujeres con derecho a esta prestación de Ley) tengan o no tengan hijos y disfruten o no disfruten del servicio de guarderías, de conformidad con la normatividad vigente:

Ley del Seguro Social

Artículo 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo.

[...]

[...]

Artículo 211. El monto de la prima para este seguro será del uno por ciento sobre el salario base de cotización. Para prestaciones sociales solamente se podrá destinar hasta el veinte por ciento de dicho monto.

Artículo 212. Los patrones cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de las prestaciones de este capítulo, esto independientemente que tengan o no trabajadores de los señalados en el artículo 201 a su servicio.

Lo anterior implica, a su vez, un excedente presupuestal que puede ser usado para absorber el número de menores que serán reintegrados al sistema de guarderías del IMSS.

d) Beneficio para los niños y niñas inscritos. Por último, como ya se hizo mención, se estima que, en promedio aproximado, más de 20,000 niños serán dados de baja antes de que culmine su primer ciclo de preescolar en las más de 1,360 guarderías que conforman el sistema a escala nacional.

Por ello, de autorizarse la modificación al artículo 206, dichos niños podrán seguir adscritos al servicio de guarderías hasta que culmine su primer ciclo de preescolar. Aunado a ello, los padres de familia gozarán de tranquilidad, al saber que sus hijos disfrutarán del periodo vacacional establecido en el calendario escolar para iniciar su segundo año de preescolar en la escuela en la que los hayan inscritos sin ningún tipo de contratiempo.

Para presentar con mayor claridad la propuesta de modificación, se añade un cuadro comparativo a continuación:

Texto vigente

Artículo 206. Los servicios de guarderías se proporcionarán a los menores a que se refiere el artículo 201 desde la edad de cuarenta y tres días hasta que cumplan cuatro años.

Texto propuesto

Artículo 206. Los servicios de guarderías se proporcionarán a los menores a que se refiere el artículo 201 desde la edad de cuarenta y tres días hasta los cuatro años de edad o hasta que culminen el primer año de preescolar, en apego a las disposiciones del instituto.

Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución de la República, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el artículo 206 de la Ley del Seguro Social

Único. Se reforma el párrafo único del artículo 206 de la Ley del Seguro Social, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 206. Los servicios de guarderías se proporcionarán a los menores a que se refiere el artículo 201 desde la edad de cuarenta y tres días hasta los cuatro años de edad o hasta que culminen el primer año de preescolar, en apego a las disposiciones del instituto.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Todas las niñas y niños de los trabajadores del instituto que sean susceptibles de esta disposición, gozarán automáticamente de los beneficios del presente decreto, incluido las niñas y niños que hayan sido dados de baja de las guarderías por haber cumplido los cuatro años.

Sede de la Comisión Permanente, a 5 de junio de 2019.

Diputado Marco Antonio Medina Pérez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Seguridad Social. Junio 5 de 2019.)

Que reforma y adiciona la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, recibida del diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

El que suscribe, diputado federal Mario Mata Carrasco y las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y el inciso h del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

I. Planteamiento del problema a resolver con la propuesta

La importancia de la educación inicial, radica en que es un factor fundamental y uno de los pilares del desarrollo integral de las niñas y de los niños, porque se constituye como su primera aproximación al aprendizaje, a la creación de buenos hábitos y a la formación de valores; así como les ayuda a convertirse en mejores ciudadanos, toda vez que desarrolla su capacidad de diálogo y mejora sus habilidades para relacionarse interpersonalmente.

Sin embargo, estos factores de relevancia -que dicho sea de paso inciden de manera positiva en las condiciones humanas de los distintos entornos socioeconómicos1 pueden verse soslayados en el sentido de que el rol de la vida familiar ha cambiado. Sobre todo, en el aspecto de que los padres se han visto en la necesidad de trabajar, para mejorar y sumar sus ingresos y al no poder atender a los niños de forma personal durante el tiempo que permanecen en sus empleos u ocupaciones, ha ido surgiendo la imperiosa necesidad de encontrar soluciones efectivas para su cuidado y para que estos puedan seguir desarrollándose adecuadamente.

Esto es, que aun cuando el padre o la madre no estén todo el tiempo que se requiere en casa, precisan de un lugar o de un espacio que esté bien habilitado para que los niños reciban las atenciones que requieren y también para que disfruten de un ambiente sano y armónico, instrumentado de forma pertinente por personas capacitadas para lograrlo.2

En este contexto, la iniciativa que ahora se presenta, pretende poner a consideración del pleno, algunas alternativas para abonar en el mejoramiento del marco de la normatividad en materia de atención, cuidado y desarrollo integral de los niños, al crearse una serie de medidas de carácter público, encaminadas a generar espacios de protección, oportunidad y confianza en los Centros de Atención Infantil.

Así, los objetivos del proyecto, son los de introducir a la legislación la figura de bono educativo dentro de las modalidades de financiamiento con las que pueden contar los Centros de Atención Infantil; por otro lado, se adicionan atribuciones al Poder Ejecutivo en la materia y se integra el supuesto de dispensa de trámite para que se pueda realizar convocatoria de extrema urgencia dentro de las facultades del Consejo Nacional, así como se detallan las instancias que recibirán su informe semestral de actividades; mismas que podrán citar a comparecer al presidente del propio Consejo. Y finalmente se determina la necesidad de contar con la aprobación previa y los permisos expedidos por la autoridad competente, para llevar a cabo cualquier modificación o reparación estructural de los inmuebles donde estén ubicados los Centros de Atención.

Cabe destacar que todos los objetivos anteriores, fueron integrados con la finalidad de asegurar su buen funcionamiento y sobre todo para garantizar el derecho que tienen las niñas y los niños a formarse física, psíquica, emocional y socialmente en condiciones de igualdad y seguridad.3

II. Antecedentes internacionales

Uno de los aspectos que resulta ineludible resaltar en este apartado, es el que se refiere a detallar en este ocurso, los instrumentos internacionales más importantes, porque dentro de su contenido se respeta la característica fundamental de abundar en la necesidad de proporcionar al niño una protección especial.

Tan es así, que esta premisa se refiere de forma relevante en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que difunde ampliamente la organización denomina “Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia”, conocida como UNICEF, como parte de sus actividades tendientes a garantizar el cumplimiento de los derechos de la infancia.

De manera paralela, encontramos este tipo de principios y postulados en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de forma aún más detallada en sus artículos 23 y 24; así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo que se refiere a su artículo 10.4

Así pues, debe tenerse siempre presente que el niño por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de su nacimiento. Todo esto de acuerdo con lo indicado en los referentes anteriores y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño.

De esta forma resulta entendible, la necesidad de revisar con mayor profundidad lo que dicta preponderantemente la Convención sobre los Derechos del Niño; teniendo debidamente en cuenta que respeta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo, orientados hacia la protección y el desarrollo armonioso del mismo; puesto que reconoce lo relevante de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países.

En este contexto, a continuación se refieren algunas disposiciones obligatorias para todos aquellos países que la suscriben; mismas que resultan de gran interés para lograr un mayor entendimiento de la propuesta que hoy nos ocupa, a saber:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños, cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Artículo 18

1. Los Estados parte pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados parte prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños.

3. Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños, para los que reúnan las condiciones requeridas.

III. Antecedentes nacionales

México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, el 21 de septiembre de 1990 y la firmó en 1989. Con este hecho, quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole plasmadas en el documento de referencia, tendientes a dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes.

Bajo esta obligatoriedad, quedó clara la indicación de que los Estados firmantes, tomarían debidamente en cuenta la consideración del interés superior de la niñez en todas las medidas dirigidas a este grupo en instituciones públicas y privadas, a fin de garantizar su desarrollo integral y el disfrute efectivo de sus derechos.5

En este orden de ideas, el principio del interés superior de la niñez, lo encontramos indudablemente determinado en La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera específica en su artículo 4o., toda vez que en el artículo de referencia se establece de manera puntual que el Estado en todas las decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando plenamente sus derechos a la educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, principio que deberá guiar el diseño ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En este sentido y con base en ese mandato de carácter constitucional, resulta inminente la necesidad de proyectar dicho interés hacia las políticas públicas y la práctica administrativa y judicial. Esto significa que la satisfacción de los derechos del niño no puede quedar limitada por ningún tipo de consideración utilitarista sobre el interés colectivo.6

Otro ordenamiento que está direccionado hacia la protección y desarrollo de la niñez en México, es el que se encuentra plasmado en el artículo 172 de la Ley General de Salud; mismo que establece la obligatoriedad de que el gobierno federal, cuente con un organismo que integre de entre sus objetivos, la promoción de la asistencia social, así como la prestación de los servicios orientados hacia la niñez de nuestro país.

Como complemento de lo anterior, resulta pertinente destacar que algunos de los antecedentes de mayor relevancia en cuanto a los Centros de atención, denominados guarderías y estancias infantiles, se tiene que fue el 10 de mayo del 2007, cuando oportunamente y totalmente direccionado a la celebración del Día de las Madres, se creó el Sistema Nacional para este tipo de organismos, enfocado como una instancia de coordinación a través de la cual se daría seguimiento continuo a las acciones que tuvieran por objeto, la promoción de los mecanismos interinstitucionales tendientes a permitir la ampliación de la cobertura a la demanda de los servicios de atención y cuidado infantil, todo esto en concordancia con el marco de operación de cada programa.

Otro referente o antecedente importante, es el que tuvo verificativo el 24 de octubre del 2011, fecha en que fue publicada en el diario Oficial de la Federación, la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; ordenamiento que integra convenientemente los características bajo las cuales deberán operar todo este tipo de Centros de atención de México; independientemente de su forma de financiamiento, ya sean de origen público, de carácter privado o social o los conocidos como mixtos.

De manera subsecuente y natural, fue el 16 de mayo de 2013, cuando finalmente se logró la instalación del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil; cuya principal característica y orientación, es la de ser visualizado como una instancia de carácter normativo, de consulta y de coordinación que tiene por objeto promover los mecanismos interinstitucionales que permitan establecer políticas públicas y estrategias de atención a la niñez en México.

IV. Aspectos conceptuales relevantes

Desarrollo Infantil. Tanto las niñas como los niños deben comenzar la escuela a una edad apropiada, considerando que para ese momento ya deben haber adquirido habilidades cognitivas y lingüísticas básicas, suficientes destrezas sociales y un nivel de desarrollo emocional que les permita disfrutar del aprendizaje.

En este contexto, los primeros años de vida, pero especialmente los tres primeros, son de suma importancia para el desarrollo del cerebro, sobre todo si se toma debidamente en cuenta que todo lo que el niño ve, toca, saborea, oye o huele, moldea su cerebro para permitirle pensar, sentir, moverse y aprender.7

Así destaca que con las características de esta etapa, su mundo se convierte en un vaivén de rápido desarrollo, porque refiere cambios biológicos y psicológicos que ocurren en los seres humanos desde que inician su vida; avanzando paulatinamente hacia lo que será su independencia y autonomía.

Promover la continuidad. El principio de continuidad se corresponde de manera directa con dos aspectos de capital relevancia. Primero con el que se relaciona con la evaluación durante todo el proceso educativo y después con la permanente reorientación de éste, quedando plenamente justificado mediante la meta de la educación, que no es más que la formación y desarrollo del ser humano en sus dimensiones de individuo y de ente social.8

Convocatoria urgente. Para comprender este concepto, debemos saber que el verbo convocar se refiere a citar o llamar a una o más personas para que asistan a un determinado acto o lugar. Y la urgencia es una cualidad asociada al tiempo, es decir que el realizar una convocatoria urgente tiene que ver con la necesidad de reunir a un determinado número de personas para revisar un asunto de manera inmediata.

Comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia, del honorable Congreso de la Unión. Las Comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia son los órganos constituidos por el pleno de cada una de las legislaturas de las Cámaras de Diputados y la de Senadores, que atienden algunas tareas específicas en la materia, como lo es la elaboración de dictámenes y opiniones, la presentación de informes o resoluciones, el brindar información adecuada y oportuna de las distintas actividades de consulta y difusión que se llevan a cabo, mismas que contribuyen a que el órgano legislativo cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.

Bono Educativo . Se considera como el padre del bono educativo al economista estadounidense Milton Friedman, mismo que realizó una serie de diligencias que finalmente lo llevaron a plantear el concepto de manera directa en su ensayo de 1955 denominado “El papel del gobierno en la educación”.

Con esta atribución y muchas otras de carácter similar, se reconoce a Friedman como un estudioso de la estadística, así como un aclamado académico e intelectual; cualidades que lo llevaron a resultar ganador del Premio Nobel de Economía en 1976. Este reconocimiento se significó en su vida profesional como un gran logro, puesto que dedicó buena parte de su carrera al estudio de este tipo de fenómenos.

Así destaca, que una de sus casas de estudio, como lo es la Universidad de Chicago, le ha reconocido como uno de los fundadores de la Escuela de Economía de la propia Universidad.

Decía Friedman -entre muchas otras cosas- que los gobiernos podrían demandar un nivel mínimo de educación y que podrían financiar a los padres mediante el otorgamiento de “bonos educativos”, siendo estos intercambiables por una suma determinada de dinero al año para ser aplicada a servicios escolares “aprobados”, así los padres estarían en libertad de gastar esos recursos y otros adicionales, en la compra de servicios educativos orientada a la institución de su preferencia que para este fin hubiera sido “aprobada”.9

Los servicios educativos podrían ser ofertados en un momento determinado, por instituciones con y sin fines de lucro de varios tipos. En el planteamiento inicial El papel del gobierno debería limitarse en este caso a asegurar que las escuelas satisficieran determinados estándares mínimos, para estar en posibilidades de ser aprobadas para la puesta en marcha de un bono de esta naturaleza.

Por lo que hace a experiencias en la utilización de este tipo de bonos en otros países, que han hecho uso de el con base en diferentes modalidades de atención, se localiza su puesta en marcha por supuesto en algunos condados de Estados Unidos de América, en Suecia y Finlandia que compiten constantemente por obtener el primer lugar en educación, Singapur, Corea del Sur, Valencia España, Chile, Colombia, en Italia, entre otros.

Por otro lado y con base en las experiencias revisadas por los académicos en algunos de los países que han apostado por su implementación, se puede concluir que la puesta en marcha del bono educativo, confirma un incremento en la calidad del aprendizaje de los alumnos, con repercusiones en las comunidades donde se aplica; sin embargo los procedimiento de estudio de campo siguen en evolución y seguramente vendrán nuevos resultados que nos muestren de forma definitiva cual ha sido su curva de evolución a lo largo de estos últimos años.

No puede dejar de mencionarse que, como toda innovación en el fundamental rubro educativo, el modelo que nos ocupa no ha estado exento de críticas y de distintas problemáticas en su aplicación, sobre todo por cuestiones ideológicas, políticas y de carácter económico. Sin embargo, sigue aplicándose y adoptándose por diferentes sociedades, mismas que están a la vanguardia en la búsqueda de instrumentos y herramientas que brinden resultados de mayor eficiencia, enfocándose ésta, como una cultura que se direcciona cada vez más hacia la consecución de la calidad en el servicio; todo esto en relación directa con los niveles de la competencia.

Centros de Atención. Espacios, cualquiera que sea su denominación de modalidad pública, privada o mixta, donde se prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil en un marco de ejercicio pleno de los derechos de niñas y niños desde los cuarenta y tres días de nacido.

Desarrollo Integral Infantil. Es el derecho que tienen niñas y niños a formarse física, mental, emocional y socialmente en condiciones de igualdad.

V. Objetivos de la propuesta

1. Se adicionan atribuciones al Poder Ejecutivo en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil. Esto quiere decir que aparte de las funciones con las que ya cuenta, como son las de elaborar, aplicar y evaluar el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, el Poder Ejecutivo Federal también deberá promover su continuidad, conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Esta modificación tiene que ver con la necesidad de sentar las bases para la continuidad de todas aquellas acciones que han resultado exitosas en el rubro que nos ocupa, dejando para otra oportunidad aquellas actividades que no hayan contado con resultados satisfactorios.

2. Se adiciona el supuesto de dispensa de trámites para convocatoria de urgencia dentro de las facultades del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. En este orden de ideas, este supuesto se direcciona al hecho de que cuando resulte algún caso que amerite atención urgente e inmediata por parte del Consejo, se está planteando la posibilidad de que se realicen las convocatorias con la anticipación que las circunstancias lo permitan; pero quedando sujetas de cualquier manera a las disposiciones del marco jurídico de referencia, en los rubros que puedan respetarse.

3. Se detalla la instancia que recibirá del Consejo el informe semestral de actividades . Adicionalmente se prevé que el propio Consejo entregue su informe semestral de actividades ante al honorable Congreso de la Unión, a través de las Comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia de ambas Cámaras, esto para el mejor cumplimiento de sus obligaciones.

Los órganos de referencia, se consideran como las instancias ideales para recibir la información, considerando que cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar un adecuado análisis del mismo; así como para procesar la información. De esta forma podrán también utilizarla como documentación de consulta y soporte en los turnos legislativos que le hagan llegar sus respectivas Mesas Directivas, dentro del marco del proceso legislativo habitual.

4. Las Comisiones de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de ambas Cámaras podrán citar a comparecer al Presidente del Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Esto quiere decir, que si una vez que se han desarrollado las actividades necesarias para analizar el informe que envíe el propio Consejo, o si se recibe información respecto de alguna situación en particular que requiera de una explicación más amplia, las Comisiones de referencia de ambas Cámaras, podrán llamar a comparecer al Presidente del mismo Consejo.

5. Se introduce la figura de Bono Educativo dentro de las modalidades con las que pueden contar los Centros de Atención. Bajo esta modalidad, resultará factible la realización de convenios tendientes a facilitar la puesta en marcha de la figura del bono educativo, entendiendo a ésta como la posibilidad de que el gobierno brinde financiamiento público entregándolo directamente a las familias, para que éstas puedan elegir el Centro de Atención de su preferencia, ya sea de carácter público, privado o social.

No se omite destacar, que de acuerdo con los actuales parámetros de transparencia y rendición de cuentas, dicho bono solo podrá ser utilizado para que los niños reciban servicios de atención, cuidado y desarrollo integral.

4. Se determina la necesidad de contar con la aprobación previa y los permisos necesarios expedidos por la autoridad competente para llevar a cabo cualquier modificación o reparación estructural del Inmueble donde esté ubicado el Centro de Atención. Esto tiene que ver con que para llevar a cabo de manera segura las actividades de cuidado de los niños, deberán tramitarse con toda oportunidad, los permisos necesarios para este efecto, mismos que deberán cumplir los requisitos de manera rigurosa y expedidos por la autoridad competente.

Y esto se plantea así, porque desafortunadamente se han suscitado algunos lamentables accidentes en el pasado, como en el caso del incendio en la guardería ABC, Centro de atención infantil subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS en Hermosillo, Sonora ocurrido en Junio del 2009, tragedia que dejó 49 niñas y niños fallecidos, así como 106 lesionados. Lo que es incuestionable es que el fuego inició en una bodega continua a la estancia infantil, propiedad de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal, al parecer por un aparato de enfriamiento que lo provocó, propagándose de manera inmediata hacia la guardería probablemente porque la estructura de ambos inmuebles no fue diseñada para contener este tipo de desastres.

Otro triste suceso aún más reciente es el del Colegio Rebsamen del sur de la Ciudad de México, que durante los sismos ocurridos en el 2017, sufrió el colapso de parte de su estructura, ocasionando la pérdida de la vida de 26 personas, siete adultos y 19 niños, aparentemente por irregularidades en la construcción del Colegio y por ende la inherente deficiencia en la obtención de los permisos.

En este contexto y de muchos incidentes más, resulta necesario que en la actualidad se brinde una mayor atención al marco jurídico y las políticas públicas que tienen que ver con las instalaciones e infraestructura de los Centros de Atención Infantil, donde pasan tantas horas los niños y las niñas en su primera infancia.

Por otro lado, sobresale el hecho de que dichas actividades de ampliación y de remodelación deberán realizarse por personal de la construcción debidamente capacitado y especializado y además estando fuera del horario en el que se prestan los servicios educativos.

VI. Cuadro comparativo

VII. Reforma propuesta

Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito se privilegie la presentación de esta iniciativa ante esta honorable asamblea, de manera tal que sea este Poder Legislativo, el conducto para el fortalecimiento de la misma; de acuerdo con el siguiente:

Decreto que Reforma y Adiciona la Ley General de Prestación de Servicios para la atención, cuidado y desarrollo Integral Infantil

Artículo Único. Se reforman los artículos 21 en su primer párrafo; 33, en su fracción cuarta; y 39, en su primer párrafo; se adicionan los artículos 21, en su primera y octava fracciones; el 33, en su fracción segunda, adicionando un segundo párrafo, el 39, en su fracción tercera adicionando un segundo y tercer párrafos y el 46, en su primer párrafo, todos de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para quedar como sigue:

Artículo 21. ...

I. Elaborar, aplicar y evaluar el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, promoviendo su continuidad institucional conforme a las directrices señaladas en el Plan Nacional de Desarrollo, atendiendo el objeto de la presente ley, así como a los fines del Consejo;

II. al VII. ...

VIII. Promover y celebrar convenios de concertación de carácter multianual con los sectores privado y social, para el impulso, fomento y desarrollo de los fines de la presente Ley;

IX. al XI. ...

Artículo 33. El Consejo para el cumplimiento de sus fines atenderá a lo siguiente:

I.

II. Los integrantes del Consejo podrán reunirse en sesiones extraordinarias para atender asuntos que merezcan atención inmediata, las cuales serán convocadas por su Presidente a propuesta de cualquiera de los integrantes;

En caso de resultar necesaria la dispensa de trámites para revisar algún asunto de extrema urgencia, como el envío de documentación de soporte o reuniones de consulta, se realizarán las convocatorias con la anticipación que las circunstancias lo permitan.

III. ...

IV. Deberá entregar un informe semestral de actividades ante al H. Congreso de la Unión, a través de las Comisiones de Derechos de la Niñez y Adolescencia de ambas Cámaras, mismas que en todo momento y, si así lo consideran necesario, podrán llamar a comparecer al Presidente del mismo.

Artículo 39. Los Centros de Atención pueden presentar alguna de las siguientes modalidades:

I. y II. ...

III. Mixta: Aquélla en que la Federación o los Estados o los Municipios o la Ciudad de México y las alcaldías de sus demarcaciones territoriales o en su conjunto, participan en el financiamiento, instalación o administración con instituciones sociales o privadas.

En todas las modalidades detalladas con anterioridad, resultará factible la realización de convenios, tendientes a facilitar la puesta en marcha de la figura del bono educativo, entendiéndose a ésta como la posibilidad de que se brinde financiamiento público entregándolo directamente a las familias, para que éstas puedan elegir el Centro de Atención de su preferencia, ya sea de carácter público, privado o social.

Dicho bono solo podrá ser utilizado para canjearse por la prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

Artículo 46. Cualquier modificación o reparación estructural del Inmueble, deberá llevarse a cabo con la aprobación previa y los permisos necesarios expedidos por la autoridad competente y deberán realizarse por personal capacitado y especializado fuera del horario en el que se prestan los servicios.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Poder Ejecutivo Federal contará con 180 días hábiles para la elaboración de las reglas con las que habrá de operar el bono educativo en los Centros de Atención para el Cuidado, Atención y Desarrollo Integral Infantil; mismas que deberán incluir las medidas específicas para su constante evaluación mediante las metas e indicadores conducentes, así como los lineamientos específicos para cumplir puntualmente con la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados deberá integrar en el Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos económicos necesarios para la puesta en marcha de la figura del bono educativo para los Centros de Atención Infantil.

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Notas

1 Cfr. Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 30 de abril del 2014.

2 Ídem.

3 Ibídem.

4 Para mayor información se puede consultar la Convención sobre los Derechos del Niño en

https://www.unicef.org/mexico/spanish/mx_resources_texto cdn.pdf, revisada el 7 de marzo de 2019.

5 Ídem

6 Cillero, Miguel, El interés superior del Niño en el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Organización de los Estados Americanos, Washington D.C, sa.

7 Cfr. Unicef Colombia, El Desarrollo Infantil y el aprendizaje temprano https://www.unicef.org.co/desarrollo-infantil

8 Hernández Alfonso, Principios en la Evaluación Educativa, Escuela de Posgrado Univ. De O, España, 2013.

9 Anuies, Los bonos educativos en contexto, otro debate sobre la educación, Anuies, Revista 119, México, sa.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de junio de 2019.

Diputado Mario Mata Carrasco (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Junio 5 de 2019.)

Que modifica el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida del diputado Marco Antonio Medina Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

Quien subscribe, diputado Marco Antonio Medina Pérez, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 55, fracción II, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de dicha asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La presente propuesta de proyecto de reforma constitucional pretende dotar de certeza y certidumbre constitucional a los servidores públicos que integran el cuarto nivel de gobierno en la administración pública municipal y, por ende, hacerlos acreedores a una remuneración y a las prestaciones de ley que correspondan.

Exposición de Motivos

En las diferentes entidades federativas que conforman nuestro país, la administración pública local ha utilizado diversas formas de organización para cumplir con las funciones de gobierno. A la organización y autonomía de los ayuntamientos se les ha adherido la capacidad de nombrar personal de apoyo en las comunidades más alejadas de la cabecera municipal. Dicho personal es electo por la propia comunidad para ejercer labores administrativas e incluso dar fe pública, cumpliendo así con las atribuciones de un servidor público o representante de gobierno. Estos funcionarios son conocidos comúnmente como “agentes”, “subagentes”, “comisarios” o “delegados” municipales y forman parte regular de la administración pública municipal.

Derivado de la falta de un apartado constitucional que dote de personalidad jurídica a estos funcionarios municipales, diversos ayuntamientos han utilizado el argumento de la autonomía constitucional y de la falta presupuestal para evadir la responsabilidad de dotar a dichos servidores públicos de una remuneración que retribuya las funciones que desempeñan. Sin embargo, en diferentes estados de la República existen iniciativas de ley que han intentado legislar sobre los derechos y obligaciones administrativas de los ciudadanos electos por sus comunidades. A pesar de ello, no existe un cuerpo legal a nivel nacional que dote de certidumbre jurídica a esta figura, primer contacto entre gobierno y sociedad en las comunidades.

En lo que corresponde a la razón jurídica sobre la institucionalización del agente municipal como servidor público, existen diversas sentencias y resoluciones jurisdiccionales que han establecido la obligación por parte del ayuntamiento de dotar de una remuneración adecuada a estos funcionarios. Tan sólo en Veracruz existen, por ejemplo, dos casos de jurisprudencias recientes a favor de la figura del agente municipal, bajo el expediente TEV-JDC-262/2018 -el cual se confirma con la sentencia emitida bajo el expediente SX-JDC-926/2018- y bajo el expediente SUP-REC-1485/2017, los cuales fungen como antecedentes directos al reconocer el derecho de dichos servidores públicos a tener una remuneración económica.

Analicemos un caso en concreto. El expediente TEV-JDC-262/2018 refiere a un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, mediante impugnación por parte de un agente municipal de la Congregación de Pacho Nuevo, correspondiente al municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, en 2018, por la omisión del ayuntamiento a otorgarle una remuneración por el ejercicio de su cargo como servidor público. El caso se resuelve ordenando al ayuntamiento de Emiliano Zapata que modifique el Presupuesto de Egresos de 2019 para fijar una remuneración, bajo los siguientes considerandos:

• El Tribunal Electoral determinó que, de conformidad con la Constitución Federal y local, todo servidor público tiene derecho a recibir una remuneración irrenunciable por el desempeño de su función, empleo cargo o comisión. Así, del estudio de la normativa municipal se puede concluir que los agentes municipales son servidores públicos auxiliares de los ayuntamientos, a los mismos, les corresponde el pago de remuneración por el desempeño de su cargo.

• Ante la situación mencionada y para no seguir generando situaciones contrarias al derecho mencionado, se dio vista al Congreso del estado para que tome las medidas que considere pertinentes, para garantizar el derecho de los agentes y subagentes municipales de recibir una remuneración y haga de conocimiento la presente sentencia a los ayuntamientos para el efecto de que prevean, en sus respectivos Presupuestos de Egresos, las remuneraciones que por derecho deben recibir.

Aunado a lo anterior, cabe hacer hincapié en el siguiente argumento del Tribunal para emitir la sentencia. Es inconstitucional la omisión de la responsable de otorgarle una remuneración económica por sus funciones como servidor público en el cargo de agente municipal, pues dicha omisión violenta el siguiente marco jurídico: lo señalado por los artículos 36, fracción IV, 115, párrafo primero, Base I y IV, y el artículo 127, de la Constitución Federal; el artículo 82 de la Constitución local, como ha sido objeto de estudio por parte de la Sala Superior del TEPJF en el Recurso de Reconsideración SUP-REC-14851/2017; la Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz: artículos 1, 19, 22, 61, 62, 171-185; y el Código Hacendario para el municipio de Emiliano Zapata, estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: artículos 5, 275, 277, 300, 306, 308, 309, 312, 325.

Tomando en cuenta lo anterior, queda claro que existe un marco jurídico nacional que ya dota de certidumbre como servidor público a los trabajadores del municipio. Sin embargo, hace falta especificar que son servidores públicos los miembros que desempeñan algún empleo, cargo o comisión en las demarcaciones territoriales que integran el municipio, y por lo tanto deben recibir una remuneración adecuada por sus servicios.

Por ende, se pretende que el municipio, en pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la Tesorería Municipal, emprenda un análisis de la disposición presupuestal que permita formular ante el Cabildo una propuesta de reorientación del gasto en el Presupuesto de Egresos programado para el ejercicio del año correspondiente, lo cual no implicaría una erogación adicional en los municipios y permitiría que se contemple el pago de una remuneración para los servidores públicos que funcionan como auxiliares del municipio.

De esta forma, la presente propuesta busca modificar el artículo 115, fracción 1, del texto constitucional para dar certeza a estos funcionarios de gobierno como parte oficial de la administración pública municipal del país. La modificación anterior obliga a que se cumpla lo establecido en los artículos constitucionales 36, fracción IV; 108, párrafo primero; y 127, párrafo 1, fracciones III y VI, a fin de reconocer estas figuras municipales:

El artículo 36, fracción IV, establece lo siguiente:

“Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de las entidades federativas, que en ningún caso serán gratuitos; y ”

De acuerdo al artículo 108, párrafo primero:

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la administración pública federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.”

Del mismo modo el artículo 127, párrafo 1, y fracciones III y VI, mencionan que:

“Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

VI. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.”

En resumen, se propone reconocer jurídicamente la figura los servidores públicos auxiliares de los Ayuntamientos, dotándolos de certeza y certidumbre constitucional, para que sean acreedores a una remuneración adecuada e irrenunciable. Asimismo, cabe mencionar una vez más que lo anterior implicaría una reasignación y no una erogación presupuestal adicional, respetando en todo momento la autonomía administrativa del municipio.

Para mayor claridad, se anexa un cuadro comparativo:

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se modifica el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción I y se recorre el orden de los párrafos subsecuentes del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 115. ...

I. ...

Cada municipio podrá contar con servidores públicos que funcionarán como auxiliares de los Ayuntamientos en las respectivas áreas territoriales que se establezcan y que serán electos conforme a lo establecido en la legislación local, observando en todo momento el cumplimiento de las responsabilidades de ley adquiridas como servidor público y el otorgamiento de una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función.

...

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se establece un plazo de hasta 180 días para que las legislaturas locales y el Congreso de la Ciudad de México lleven a cabo las modificaciones a sus ordenamientos constitucionales, a fin de atender lo establecido en el presente decreto.

Tercero. Las erogaciones que deben realizarse a servidores públicos auxiliares de los Ayuntamientos correrán a cargo del presupuesto municipal, por lo que los cabildos, en el ámbito de su competencia y autonomía, deberán hacer las adecuaciones y reorientación del gasto que corresponda.

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 5 de junio de 2019.

Diputado Marco Antonio Medina Pérez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Junio 5 de 2019.)

De decreto, para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Amado Nervo, recibida de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

La suscrita, Martha Elena García Gómez, y las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción 1; artículos 77 y 78 Y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Amado Nervo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Como es de conocimiento general las inscripciones en el Muro de Honor del Salón de sesiones de este recinto legislativo tienen como fin rendir homenaje a personajes, instituciones o sucesos históricos que han dejado una huella indeleble para el país.

En estas circunstancias, en mayo se cumple el centenario de la muerte del poeta, prosista y diplomático nayarita Amado Nervo.

De su origen y nombre escribió de sí mismo:

Nací en Tepic, pequeña ciudad de la costa del Pacífico, el 27 de agosto de 1870. Mi apellido es Ruiz de Nervo: mi padre lo modificó, encogiéndolo. Se llamaba Amado y me dio su nombre. Resulté, pues, Amado Nervo, y esto que parecía seudónimo –así lo creyeron muchos en América– y que en todo caso era raro, me valió quizá no poco para mi fortuna literaria (....)

El periodista Héctor de Mauleón1 cuenta que a la muerte de Rubén Darío –en 1916–, Amado Nervo fue calificado el poeta mayor del mundo hispanoamericano.

Nervo falleció en mayo de 1919 en Montevideo, siendo el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante Argentina y Uruguay.

Al considerarse que su fallecimiento constituía un duelo nacional, no solo por su investidura sino por ser una de las más elevadas expresiones de la intelectualidad de la América Latina, mediante decreto del Poder Ejecutivo de la República Oriental del Uruguay, del 24 de mayo de 1919, se acordó tributarle honores militares de Ministro Secretario de Estado al cadáver del Excelentísimo Señor don Amado Nervo (...). Asimismo, se determinó que en todos los edificios públicos de la Capital se izase el Pabellón Nacional a media asta (...). Así lo dispondría la Asamblea General, al autorizar rendición de los honores correspondientes.

El periodista citado narra que durante la travesía del crucero Uruguay que repatrió sus restos mortales, el poeta fue homenajeado una y otra vez en los distintos puertos en que atracaron. Ya en México, acota también, su cuerpo fue velado en Relaciones Exteriores, siendo inhumado en la Rotonda de las Personas Ilustres.

Los conocedores de su obra lo ubican como un personaje poliédrico, modernista por su afinidad a esa corriente literaria.

Se le reconoce por su obra poética y cuentista, sus varias novelas, y también por su labor periodística y diplomática que lo llevó a distintas ciudades europeas, al formar parte del servicio exterior mexicano.

Se conocen sus contribuciones para los diarios El Universal, El Nacional y El Mundo, el cual dirigió. De igual manera, colaboró para las revistas Azul, Moderna y El Ateneo de Madrid, por citar algunas de las publicaciones que mostraron al mundo su trabajo.

Entre 1895 y 1922 fueron publicadas entre otras obras El bachiller, Perlas negras, Místicas, El éxodo y las flores del camino, Los jardines interiores, En voz baja, Mis filosofías, Serenidad, El diablo desinteresado, El estanque de lotos y La amada inmóvil.

Sus biógrafos ubican que durante su estancia en Europa como delegado del Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes se le habría encomendado el estudio los métodos, programas de enseñanza, textos, innovaciones y adelantos relativos a las clases de lengua nacional de cada uno de esos países y de su literatura, sugiriendo –aducen– las bases educativas que posteriormente desarrollarían personajes como Vasconcelos o Alfonso Reyes. Ello ocurrió después de 1905, año en que logró su adscripción en el servicio exterior mexicano. Tales reportes quedarían plasmados en la obra La lengua y la literatura.

En el viejo continente, a la par que atendía las tareas propias de sus cargos diplomáticos dio vida a buena parte de la obra literaria ya aludida estableciendo contacto con diversos autores

Carlos Monsiváis,2 en su momento señaló acerca del pensamiento y obra de Nervo: “el poeta es un vidente y un eco de la trascendencia/ el amor es la justificación de la vida porque debido a él arribamos a las experiencias culminantes/ la religión es el trámite que concede la esperanza y anima las sensaciones de pertenencia”.

En conclusión, al proponer inscribir con letras doradas el nombre de Amado Nervo se tiene por objetivo reivindicar la figura de un hombre, un personaje que sirvió con denuedo a su país desde el exterior, durante los años de gran efervescencia político social que acabaría transformando el rostro de la sociedad mexicana.

Se trata entonces de una presencia viva que engalanara recientemente el Festival de Letras de Tepic 2019 donde se le rindió sentido homenaje y se examinaron las vertientes de su obra.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de

Decreto por el que se inscribe con Letras de Oro en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Amado Nervo

Único. Inscríbase con letras de oro en el en el Muro de Honor del salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el nombre de Amado Nervo.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1 Véase https.//www.eluniversal.com.mx/columna/hector-de-mauleon/nacion/la-ciud ad-que-perdio-amado-nervo

2 Véase Monsiváis, Carlos. Yo te bendigo, vida. Amado Nervo: crónica de vida y obra (Nayarit, 2002); página 93.

Sede de la Comisión Permanente, a 5 de junio de 2019.

Diputada Martha Elena Gómez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. junio 5 de 2019.)

Que adiciona los artículos 54 y 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibida de la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

Los que suscribimos, diputada federal Verónica María Sobrado Rodríguez y las y los diputados, pertenecientes a esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, así como en los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un segundo, tercero y cuarto párrafo a la fracción III del artículo 54 y un párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 56, recorriéndose subsecuentemente el actual párrafo tercero, ambos de la Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El gobierno como parte del Estado debe realizar acciones encaminadas al bien común de la población, para lograr este objetivo los ciudadanos son los encargados de elegir a sus gobernantes, de ahí la característica de la democracia. El gobierno para cumplir su función se divide en Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Específicamente el Poder Legislativo es un ente democrático porque se conforma por los representantes del pueblo que son los encargados de crear leyes en beneficio de la población. En México el poder legislativo se integra por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

La democracia es entendida como el poder que tiene el pueblo para seleccionar a sus gobernantes, de ahí que cada 3 años se celebren elecciones con el fin de que los propios ciudadanos elijan a los diputados que los representen en el Poder Legislativo. Actualmente, en el Congreso no sólo hay diputados que son votados por los ciudadanos, sino que al mismo tiempo existen diputados que son propuestos por los partidos políticos llamados diputados de “representación proporcional” o “plurinominales”.1

No obstante lo anterior, no siempre fue así, con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se introdujo, en 1963-1964, la figura de los diputados de partido, y se asignaban 5 diputados a los partidos políticos que obtuvieran el 2.5% de la votación emitida y cuyo tope máximo al que podían aspirar era el de obtener hasta 20 diputados, con lo que podemos afirmar que comenzó la transformación de la integración de los órganos de representación popular. No es hasta 1977 cuando el sistema de representación proporcional se introdujo en México con las reformas constitucionales y con la expedición de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, con las que la Cámara de Diputados quedaba conformada, además de los diputados de mayoría relativa, con 100 diputados de representación proporcional; misma que ha experimentado diversas y substanciales modificaciones y reformas, destacándose las de 1986, 1990, 1993 y 1996.2

En cuanto, a las reformas del 22 de agosto de 1996 y la última del 10 de febrero de 2014, a nuestra Carta Magna, es importante señalar que sirvieron para establecer la fórmula actual de la representación proporcional; tal y como a continuación se transcriben de manera textual:

“Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas Regionales, votadas en circunscripcionales (sic DOF 15-12-1986) plurinominales.

Artículo 53. (...)

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país. La Ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones.

Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales;

II. Todo partido político que alcance por lo menos el tres por ciento del total de la votación válida emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes.

(...)”

De lo mencionado, se establece que todo partido político que alcance el porcentaje del total de la votación tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional.

En esa tesitura, respecto a la Cámara de Senadores, la siguiente disposición Constitucional sienta las bases para esta última, tal y como a continuación se señala:

“Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán elegidos según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

...”

Así las cosas, es importante tener en cuenta la definición y el objetivo de la “representación proporcional”, ya que, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, es el procedimiento electoral que establece una proporción entre el número de votos obtenidos por cada partido y el número de sus representantes elegidos.3

Al respecto, Héctor Solorio Almazán, considera que con la llegada del sufragio directo, el establecimiento del sistema representativo y el principio de decisión de mayoría relativa, se observó que una parte de los electores o instituciones políticas no quedaban representadas en el órgano legislativo. Por tanto, se buscaron mecanismos que trataran de ajustar las diferentes posiciones políticas del cuerpo electoral a la integración del poder legislativo, lo que origina la representación proporcional. De hecho, la doctrina moderna lo ha asociado con la protección constitucional de las minorías parlamentarias.4

La representación proporcional procura la participación de todos los grupos sociales aún de los pequeños para que exista un gobierno democrático en donde participen todos los partidos promoviendo el consenso. El economista John Stuart Mill señalaba la desigualdad que surge cuando gobiernan sólo partidos mayoritarios: “Una democracia es el gobierno de todo el pueblo por todo el pueblo igualmente representado.” Por otro lado, la democracia tal como se concibe y practica en los sistemas mayoritarios, es el gobierno de todo el pueblo por una simple mayoría del pueblo, exclusivamente representada”. Es por eso que la esencia de la democracia se encuentra no sólo meramente en el derecho de voto del ciudadano, sino principalmente en el derecho de este a la representatividad, en otras palabras, el voto en sí no es un fin sino un medio.5

En México la representación proporcional está presente en la Cámara de Diputados, tanto en el ámbito federal como local, en el Senado de la República y en la integración de los ayuntamientos por lo que hace a los regidores.

En ese sentido, respecto de las disposiciones legales, tenemos que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), Título Segundo “De la Elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y de los Integrantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados”, en el Capítulo II “De la Representación Proporcional para la Integración de las Cámaras de Diputados y Senadores y de las Fórmulas de Asignación”; abunda más puntualmente en la representación proporcional, en la integración al respecto de ambas Cámaras y en las fórmulas de asignación; asimismo, señala cómo se entenderán estos y el procedimiento que seguirán.

En esa tesitura, para la Cámara de Diputados, señala que para la asignación de diputados de representación proporcional conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 54 de la Constitución, se procederá a la aplicación de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por el Cociente natural, que es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los 200 diputados de representación proporcional; y, por el Resto mayor , que es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político, una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural.

Así también, establece que una vez desarrollada la fórmula prevista en el párrafo anterior, se observará el procedimiento siguiente:

“Artículo 17.

1...

a) Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político , conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural, y

b) Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente natural quedaren diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asignación de curules.

2. Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político el o los límites establecidos en las fracciones IV y V del artículo 54 de la Constitución, para lo cual al partido político cuyo número de diputados por ambos principios exceda de 300, o su porcentaje de curules del total de la Cámara exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, le serán deducidos el número de diputados de representación proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones excedentes a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos.

...”

En lo tocante a la Cámara de Senadores, el procedimiento que seguirán para la asignación de senadores por el principio de representación proporcional, será el que señala la LGIPE , tal y como se muestra a continuación:

“Artículo 21.

1. Para la asignación de senadores por el principio de representación proporcional a que se refiere el segundo párrafo del artículo 56 de la Constitución, se utilizará la fórmula de proporcionalidad pura y se atenderán las siguientes reglas:

a) Se entiende por votación total emitida para los efectos de la elección de senadores por el principio de representación proporcional, la suma de todos los votos depositados en las urnas para la lista de circunscripción plurinominal nacional, y

b) La asignación de senadores por el principio de representación proporcional se hará considerando como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el tres por ciento de la votación emitida para la lista correspondiente, los votos nulos, los votos por candidatos no registrados y los votos por Candidatos Independientes.”

En esa tesitura, el artículo 21 -antes referido-, establece la fórmula de proporcionalidad pura que también consta del cociente natural , que es el resultado de dividir la votación nacional emitida, entre el número por repartir de senadores electos por el principio de representación proporcional; y el resto mayor, que es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político después de haber participado en la distribución de senadores mediante el cociente natural. Además, en su numeral 5, señala:

“ Para la aplicación de la fórmula, se observará el procedimiento siguiente:

a) Por el cociente natural se distribuirán a cada partido político tantos senadores como número de veces contenga su votación dicho cociente, y

b) Después de aplicarse el cociente natural, si aún quedasen senadores por repartir, éstos se asignarán por el método de resto mayor, siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos .

6. En todo caso, en la asignación de senadores por el principio de representación proporcional se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista nacional.”

Es importante, recalcar que a todas luces y sin ninguna duda la representación popular, se asigna a favor de los partidos políticos. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción de inconstitucionalidad 6/98, en la que determinó:

“..que el principio de representación proporcional como garante del pluralismo político, persigue como objetivos primordiales: la participación de todos los partidos políticos en la integración del órgano legislativo, según su representatividad; una representación aproximada al porcentaje de votación total de cada partido; evitar un alto grado de sobrerrepresentación de los partidos dominantes; garantizar en forma efectiva el derecho de participación de las minorías, y evitar los efectos extremos de la voluntad popular derivados del sistema de mayoría simple.”6

En ese sentido, en nuestra Carta Magna, en el párrafo segundo de la fracción I, del artículo 41, señala sobre los partidos políticos, lo siguiente:

“ Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.”

Respecto del Procedimiento de Registro de Candidatos, la citada LGIPE, establece:

“Artículo 232.

1. Corresponde a los partidos políticos nacionales el derecho de solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes en los términos de esta Ley.

(...)”

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos , misma que tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, señala que los partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público; y, a la letra establece lo siguiente:

“Artículo 23.

1. Son derechos de los partidos políticos:

a) Participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes aplicables, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

b) Participar en las elecciones conforme a lo dispuesto en la Base I del artículo 41 de la Constitución, así como en esta Ley, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y demás disposiciones en la materia;

c) a d) ...

e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidatos en las elecciones, en los términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables;”

Como observamos, el sistema de representación proporcional ha permitido que en la toma de decisiones se refleje la negociación de diferentes puntos de vista hasta moldear una ley que beneficie a la mayoría de la población para que esta sea respetada y aceptada por todos los ciudadanos. El rumbo del Estado Mexicano depende de la necesidad de diversificar las opiniones y ampliar la participación de todas las corrientes del pensamiento para que progrese la legislación que da como resultado la implementación de políticas públicas. Los diputados plurinominales han permitido que exista un debate amplio de ideas lo cual supone un perfeccionamiento de la democracia. Dentro del concepto de la política se encuentra el convencimiento de las ideologías que componen una nación promoviendo el diálogo y compromiso que permite lograr legislaciones aceptables... es por eso que la participación de diferentes partidos mediante la ocupación de curules de representación proporcional ha generado que se aprueben mayor número de reformas constitucionales y de leyes secundarias.7

Es por ello, que el espíritu de esta iniciativa es que en la Constitución quede establecido, para no dejar lugar a dudas o incluso interpretación discrecional, que los espacios que obtengan los partidos políticos por el principio de representación proporcional, le pertenecen a éstos, no así a los candidatos, de manera que quiénes ocupen dichos cargos podrán solicitar licencia -como actualmente la Ley lo permite-, pero en ningún caso podrán cambiarse del partido político que los haya postulado, ni independizarse del mismo. Puesto que estas candidaturas obtenidas por el principio antes referido, son lugares que le han sido asignados a los partidos políticos.

En ese sentido, el principio de representación proporcional, es el mecanismo que permite ajustar las diferentes posiciones políticas del cuerpo electoral a la integración del poder legislativo. Es decir, es la protección constitucional de las minorías parlamentarias, que a través de las fórmulas antes señaladas, permite que los partidos políticos que cumplen con el porcentaje de votación puedan tener una representación política y que su voz pueda ser escuchada y representada en el colectivo legislativo.

De no respetarse el objetivo de la representación proporcional, no sólo se viola el espíritu de este principio, sino que se violentan los derechos de los partidos políticos, que han ganado los espacios que la propia Constitución y las disposiciones legales le han otorgado.

Por las consideraciones expuestas y fundadas, en nuestro carácter de integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona un segundo, tercero y cuarto párrafo a la fracción III del artículo 54 y un párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 56, recorriéndose subsecuentemente el actual párrafo tercero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo Único. Se adiciona un segundo, tercero y cuarto párrafo a la fracción III del artículo 54 y un párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 56, recorriéndose subsecuentemente el actual párrafo tercero, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 54. ...

I. a la II. ...

III. ...

Los espacios asignados a los partidos políticos por el principio de representación proporcional y en términos de la legislación aplicable, les corresponderán a estos. Los diputados de representación proporcional no podrán dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Político que los haya postulado, de lo contrario procederá la separación definitiva de su encargo.

Los espacios que resulten por la separación del encargo de los diputados, serán asignados a los candidatos que estén en las listas correspondientes y de acuerdo al orden en que se encuentren registrados ante la autoridad electoral.

Cualquier controversia que resulte del supuesto de los párrafos anteriores será dirimida, por el Tribunal previsto en el artículo 99 de esta Constitución.

IV. a la VI. ...

Artículo 56. ...

...

Los espacios asignados a los partidos políticos por el principio de representación proporcional y en términos de la legislación aplicable, les corresponderán a estos. Los senadores de representación proporcional no podrán dejar de pertenecer al Grupo Parlamentario del Partido Político que los haya postulado, de lo contrario procederá la separación definitiva de su encargo.

Los espacios que resulten por la separación del encargo de los senadores, serán asignados a los candidatos que estén en las listas correspondientes y de acuerdo al orden en que se encuentren registrados ante la autoridad electoral.

Cualquier controversia que resulte del supuesto de los párrafos anteriores será dirimida, por el Tribunal previsto en el artículo 99 de esta Constitución.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Notas

1. Díaz Axtle, Roberto. “Análisis del sistema de representación proporcional en la Cámara de Diputados de México.”, Revista In Jure Anáhuac Mayab [http://anahuacmayab.mx/injure], 2017, año 6, núm. 11, ISSN 2007-6045. Pág. 86-88.

2. García Jiménez, Arturo. “Hacia una nueva perspectiva de la representación proporcional en México”, Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv] [Libro completo en: https://goo.gl/6Ka1Wd]

3. Definición de la Real Academia Española, “Diccionario de la lengua española”, recoge las modificaciones aprobadas por todas las Academias en 2018 [https://dle.rae.es/?id=W4VMjJb]

4. Héctor Solorio Almazán, “La representación proporcional”, Temas Selectos de Derecho Electoral 2, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, 2008, pág. 11-12

5. Díaz Axtle, Roberto. OP CIT pág. 108.

6. Héctor Solorio Almazán, OP CIT pág. 29-31

7. Díaz Axtle, Roberto. OP CIT pág. 123-124.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de junio de 2019.

Diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (rúbrica)

(Turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Junio 5 de 2019.)

Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de derecho a la información alimentaria, recibida de la diputada Carmen Medel Palma, del Grupo Parlamentario de Morena, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 5 de junio de 2019

Planteamiento del problema

La transformación de la dieta y el ecosistema alimentario de México es una de las consecuencias de la política de eliminación de aranceles para fomentar una mayor inversión extranjera con vistas a la firma del 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)1 . Así, el abandono de nuestra dieta tradicional –basada en el sistema de la milpa y en el consumo de alimentos según la región y la temporada– trajo como consecuencia la exposición masiva de alimentos, productos alimenticios y bebidas con alto contenido de azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas trans y sodio en exceso2 . Lo que es la principal causa de la peor crisis epidemiológica que el país ha vivido en los últimos veinte años: el sobrepeso, la obesidad3 y las enfermedades crónicas no transmisibles4 .

Los datos no mienten: actualmente México es el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil5 y el segundo lugar en obesidad adulta con 32.4 por ciento, sólo antecedido por Estados Unidos por seis puntos porcentuales6 . Esto resulta sumamente grave considerando que México es un país con una desigualdad considerable, en la que factores económicos, sociales y culturales influyen de manera determinante en la salud de las personas.

De acuerdo con los estudios realizados por el Instituto Nacional de Salud Pública, 34 por ciento de la población infantil (entre 5 y 11 años), 35 por ciento de los adolescentes (entre 12 y 19 años) y 71 por ciento de la población adulta (mayores de 20 años) es afectada por el sobrepeso y la obesidad. Esto implica que 1 de cada 3 niños mexicanos tenga sobrepeso u obesidad. Además, existen estimaciones de que, de seguir esta tendencia, uno de cada dos niños desarrollará diabetes a lo largo de su vida7 . Por lo tanto, podríamos decir que la obesidad y sobrepeso sería el principal problema de salud pública que ataca a la infancia. Si se compara con la desnutrición crónica, sólo 13 por ciento de la población infantil es afectada por estos acontecimientos.

Este hecho llevó a la Secretaría de Salud a emitir en 2016 una declaratoria de emergencia epidemiológica que alerta a todas las autoridades, locales y federales, a tomar acciones inmediatas.8 De igual manera, a finales del mismo año, la Secretaría de Salud publicó otra declaratoria de emergencia epidemiológica por la magnitud y trascendencia de los casos de diabetes mellitus en nuestro país.9

Dicha crisis de salud pública no es fortuita, es el resultado de una serie acciones negligentes y, en algunos casos, corruptas por parte del actuar del gobierno de los últimos treinta años; periodo en el que se privilegiaron los intereses comerciales de la industria por encima de los derechos humanos a la salud, a la alimentación y al acceso a la información de los consumidores, permitiéndoles la interferencia de actores con evidentes conflictos de interés en la promoción de su autorregulación.

Evidencia de lo anterior es que “durante el período en que se negoció, firmó y puso en vigor el TLCAN (1988-1999), el porcentaje nacional promedio de las calorías totales de las grasas en México aumentaron 28.9 por ciento”10 . Además, el porcentaje de obesidad en México se triplicó en el periodo de 1980 a 201611 . Otro dato relevante es que antes del TLCAN, no existía población infantil con obesidad y el porcentaje de las mujeres con obesidad aumentó significativamente de 10 a 30 por ciento (ver Gráfica 1).

Es decir, el TLCAN contribuyó a cambiar las tendencias alimentarias y al consumo patrones en México, en beneficio de la inversión de cuatro tipos de empresas extranjeras que fabrican productos como12 :

1. Refrescos y bebidas azucaradas

2. Botanas o snacks ultraprocesadas

3. Productos lácteos

4. Carne

A pesar de la situación de la población con sobrepeso y obesidad en México es significativamente mayor que en el resto del mundo, no es un problema exclusivamente nacional, actualmente estas enfermedades se sitúan como el quinto riesgo de mortalidad a nivel mundial13 . Las ECNT causan la mayor causa de muertes a nivel mundial, representan alrededor de 60 por ciento de todas las causas de muerte y son responsables de 44 por ciento de las muertes prematuras en el mundo.

Contrario a la tendencia del siglo pasado, en donde la obesidad y sobrepeso representaban un problema de salud pública en los países de altos ingresos, actualmente las muertes por ECNT ocurren en países de ingresos bajos y medios14 . La mortalidad ECNT es mayor en los países de ingresos bajos y medianos: 80 por ciento de las muertes imputables a estas enfermedades tienen lugar en esos países.15 La mala alimentación influye en las altas tasas de obesidad, epidemia mundial que va en aumento, la cual causa la muerte de unos 2.8 millones de personas al año y es un conocido factor de riesgo de las enfermedades no transmisibles.16

Desde 1975, se ha casi triplicado en todo el mundo la obesidad, por ello la Organización Mundial para la Salud (OMS) consideró que en 2016 más de 1900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales, más de 650 millones eran obesos. Pese al gran desarrollo de esta epidemia, la obesidad y el sobrepeso son enfermedades prevenibles.17

La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas de personas que la desnutrición. Se estima que para este año habrá 41 millones de infantes menores de cinco años con sobrepeso o con obesidad, además de 340 millones de infantes y adolescentes (5 a 19 años) con sobrepeso u obesidad.18

Desde el 2010, la OMS denominó a la obesidad como una epidemia y, con base en varios estudios, ha identificado al exceso de oferta de productos densamente calóricos como la principal causa del consumo excesivo de esas calorías19 .En 2013, hizo un llamado a los gobiernos de los estados miembros para implantar políticas que logren un suministro de comida más saludable y, a su vez, reduzcan la obesidad, que es un reconocido factor de riesgo para muchos problemas de salud como la diabetes, los problemas del corazón, los infartos y algunos tipos de cáncer.

El Plan de Acción Mundial para la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles (Plan de Acción de ECNT) fue acordado por los 194 estados miembros de la OMS en mayo de 2013. Dicho Plan propone 4 líneas estratégicas para reducir la mortalidad y las complicaciones de las ECNT, dentro de las que destaca la línea estratégica 2 “Factores de riesgo y factores protectores de las ECNT”, ya que se reconoce que uno de los factores de riesgo más importante es la mala alimentación20 . Consecuentemente, en 2015, la Agenda 2030 considera en uno de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) el problema de malnutrición, específicamente en el número dos “Cero Hambre” en el que se propone “terminar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible”, mientras que en el ODS 3, “Salud y Bienestar”, se propone como una de las metas “reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles”21 .

Debido a la presión internacional y ante las declaratorias de epidemia de sobrepeso y la obesidad infantil ya mencionadas22 , los gobiernos de los sexenios anteriores pretendieron implementar algunas propuestas, entre las que destacan: el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria (ANSA), la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD); el sistema de Guías Diarias de Alimentación (GDA), el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles (OMENT) y, recientemente, algunos lineamientos y normas oficiales mexicanas (NOM).

Sin embargo, estas propuestas carecieron de solidez académica y evidencia de su efectividad, convirtiéndose en una simulación ante el problema de salud pública que mata a más mexicanos: el sobrepeso, obesidad y las ECNT en virtud de que dichas acciones no fueron efectivas para frenar la carga de la enfermedad.

Resulta paradójico que la prevención y el tratamiento de la obesidad, el sobrepeso sean, por una parte, fácilmente prevenibles, ya que se encuentran directamente relacionadas con la alimentación, que es un factor modificable; y por otra, difíciles de implantar puesto que requieren de un esfuerzo serio y comprometido con la sociedad, específicamente con la población vulnerables, en donde se fomente hábitos de consumo alimenticio que no favorecen los intereses económicos de las empresas que forman parte de la industria alimenticia.

Evidentemente estamos ante un problema que se puede prevenir y, por lo tanto, controlar. Sin embargo, también estamos ante un problema que requiere acciones integrales de política pública sostenidas a lo largo del tiempo para obtener resultados positivos en el largo plazo, pues se trata de enfermedades crónicas que requieren de cambios en los hábitos, así como en los entornos.

Por lo anterior, es necesario fortalecer y actualizar el actual marco legal e institucional en materia de salud alimentaria e información alimentaria mediante las reformas que se proponen a la Ley General Salud con el objetivo de que se incluyan disposiciones de etiquetado de alimentos y bebidas.

Argumentos que sustentan la presente iniciativa

Ante esta crisis de salud pública, así como de la falta de acciones eficientes, responsables y transparentes de administraciones anteriores, desde el 2012 las organizaciones de la sociedad civil y expertos comprometidos con la nutrición, encabezadas por la Alianza por la Salud Alimentaria (ASA)23 y la Plataforma Estratégica Contra el Sobrepeso y la Obesidad (ContraPESO)24 han denunciado las prácticas negligentes y corruptas durante todos estos años, con el objetivo de implementar acciones que realmente solucionen el problema de obesidad y sobrepeso en México. Al mismo tiempo que, han propuesto medidas legislativas y de política pública para implementar una política pública integral y libre de conflicto de intereses; la defensa del derecho a la salud, el interés superior de la infancia y el derecho a la transparencia; así como el uso transparente y eficiente de los recursos públicos.

Por ello, como integrante del Grupo Parlamentario de Morena y asumiendo el papel del Poder Legislativo de brindar el marco normativo que verdaderamente salvaguarde el derecho a la salud y a la información alimentaria de los mexicanos, y en conjunto con la sociedad civil organizada con el apoyo de expertos independientes, elaboramos la presente iniciativa que recoge la experiencia, el trabajo y la lucha que se ha tenido por más de diez años. En la que además, se integraron las recomendaciones de investigaciones como el “Reporte Sombra de la Sociedad Civil para México”25 , que brinda información para no cometer los mismos errores del pasado; el estudio “Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para la toma de decisiones saludables” elaborado por un comité de expertos académicos nacionales independientes en el que se recomendó cambiar el actual sistema de etiquetado; entre otros.

Asimismo, esta propuesta retoma las 56 propuestas de las iniciativas sobre prevención y combate al sobrepeso y la obesidad que se presentaron en la LXII y la LXIII Legislaturas y mismas que, como lo denunció El Poder del Consumidor, no culminaron su proceso legislativo para convertirse en Ley y, en la mayoría de los casos quedaron como pendientes en comisiones o fueron desechadas por acuerdo26 . Lo anterior, sin dejar de lado las mejores prácticas internacionales de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF, el World Cancer Research Fund International, entre otros, que también formaron parte fundamental de la presente iniciativa.

Bajo este contexto y como parte de la ruta legislativa que he marcado desde el inicio de la LXIV legislatura en el tema de prevención y específicamente el de la obesidad, el sobrepeso y la diabetes, en esta propuesta también se reflejan los resultados y las recomendaciones obtenidas en los distintos eventos que he realizado en la materia, como:

La Mesa de diálogo “La Política contra la obesidad en Chile: el mejor ejemplo para el Legislativo Mexicano” en la que, con el apoyo de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en octubre del 2018, se hizo un análisis pormenorizado de la experiencia y resultados de la implementación de la Ley de Alimentos y Etiquetados de Chile. Ello, con el objetivo de estudiar la implantación de un modelo similar pero adecuado a las necesidades de nuestro país, en la búsqueda de la reducción de los índices de obesidad principalmente en la población infantil y adolescente.

Así como la Mesa de diálogo “La obesidad en México: una política sólida para combatir la epidemia”, llevada a cabo el pasado 13 de febrero del presente año, en la que con la participación del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud; del Dr. Juan Rivera Dommarco, Director del Instituto Nacional de Salud Pública; del doctor Simón Barquera, Director del Centro de Investigación y Nutrición; de la Dra. Mishel Unar, jefa de Departamento de Nutrición Materna del Niño y del Adolescente del INSP; la Dra. Arantxa Colchero del Centro de Investigación en Sistemas de Salud; de la Directora de la Organización Salud Crítica y Coordinadora de la Coalición contraPeso, así como del doctor Miguel Malo Serrano, Asesor en enfermedades crónicas de la Organización Panamericana de la Salud de la Organización Mundial de la salud, se presentaron las propuestas transversales del libro publicado por el INSP, la UNAM y la Academia Nacional de Medicina como parte del llamado al Legislativo Federal para atender la emergencia epidemiológica que enfrenta el país por sobrepeso y obesidad.

De esta manera el objeto de la presente propuesta se enfoca en proveer un marco legal claro y efectivo primordialmente del etiquetado frontal, ya que “entre las políticas y acciones reconocidas como costo-efectivas para el control de la obesidad y las ECNT en la población, se encuentra la orientación sobre la elección de alimentos saludables27 .

Empero, como se explicará más adelante, actualmente dicho etiquetado frontal es un ejemplo del tipo de regulaciones que no sólo no han fomentado una alimentación correcta, sino que conducen al error a los consumidores y obstaculizan acceder a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad como lo dicta la Constitución.

Para ello, es importante hacer hincapié que la relación del derecho a la salud, a la alimentación y a la información forman parte de nuestro marco legal han sido reconocidos en los precedentes del Poder Judicial. El derecho a la salud se relaciona con la alimentación de las personas y la información que estos reciben, pues con estas pueden realizar decisiones para proteger la salud y su alimentación. Por otro lado, los consumidores también tienen el derecho a tener información para proteger su salud, de acuerdo con los precedentes judiciales.

En otras palabras, la naturaleza normativa del derecho a la salud ha cambiado conforme al paso del tiempo, aunque el texto constitucional no ha sido modificado, la forma en que se entiende este derecho, sus alcances, sus límites y, sobre todo, la comprensión de este derecho ha sido interpretado con un mayor alcance tanto por los tratados internacionales como por la jurisprudencia de nuestros tribunales. Cada uno de estos le ha otorgado a la naturaleza del derecho dimensiones importantes, por lo cual, ya no puede entenderse como una simple prestación del gobierno mexicano, sino como un verdadero derecho exigible por los ciudadanos.

El derecho a la salud tiene implicaciones, positivas y negativas28 , tanto para particulares como para entes privados29 De esta manera, para entender en su totalidad al derecho a la salud no basta con entender las acciones programáticas del gobierno, como lo sería proporcionar sistemas de atención de salud pública, sino que éstas deben ser complementadas con todas aquellas actividades que impliquen el respeto, garantía, protección y promoción de la salud, cuya definición también es amplia.30

En la misma línea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha reconocido que el derecho a la salud es un derecho vinculante,31 y que la naturaleza y la intensidad de las obligaciones32 imponen a los poderes públicos o a los particulares mantener, preservar, restablecer o promover la salud, son directamente relevantes desde la perspectiva del contenido garantizado por el derecho a la salud.33

La salud, el máximo grado de bienestar físico, moral, espiritual y social del individuo, de acuerdo con la OMS, es un bien que ha sido protegido no solo por el artículo cuarto constitucional, sino por diversos tratados internacionales.34 El más importante, para la presente iniciativa, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC), el cual busca garantizar el “el mayor goce posible de salud física y mental por parte de los individuos”.35 Sin embargo, para interpretar en su totalidad al derecho a la salud, se debe incluir a la “Observacio?n General 14” del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ya que es donde se definen las principales estrategias, acciones y actores que permiten garantizar la protección del derecho a la salud, así como la forma en que este derecho debe ser entendido y delimitado.

La Observación General 14 establece que el derecho a la salud no puede entenderse únicamente como una cualidad física de los individuos de “estar sanos”, sino que implica mayores libertades y derechos36 . El “más alto nivel posible de salud” tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado. La relación que desde esta directriz se mantiene con el derecho a la alimentación es indiscutible37 :

El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación.

Ahora bien, un elemento esencial de este derecho es la accesibilidad a la información, la cual implica “el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud”. Dicha observación ha sido incluida por nuestros tribunales para entender el derecho a la salud en tu tesis: Derecho a la salud. Forma de cumplir con la observación general número 14 del Comité

De los derechos sociales y culturales de la Organización de las Naciones Unidas, para garantizar su disfrute.

Las obligaciones que contempla el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC), la observación y los precedentes mencionados, para el caso específico, se relacionan con dos acciones en específico: i. el derecho a la salud y ii. el derecho a la alimentación. Estas disposiciones han sido aceptadas desde nuestros tribunales como parte del derecho a la salud. La interrelación que guardan estos derechos ha sido recalcada en diversos precedentes, así como en diversos ordenamientos. En el caso específico de la Observación general, la cual dota de contenido al PDESC, el cual es vinculante para el Estado mexicano, menciona:

La estrategia (de alimentación) se ocupará de todas las cuestiones y medidas críticas relativas a todos los aspectos del sistema alimentario, en particular la producción, elaboración, distribución, comercialización y consumo de alimentos sanos, así como las medidas paralelas en materia de salud.

El derecho a la salud en relación con la información implica “el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud”.38 En una democracia se entiende que los derechos a la alimentación adecuada, a la salud y a la información trabajan de manera coadyuvante.39 Así, la información hacia las personas resulta fundamental para entender y cumplimentar estos derechos. No podría entenderse completo y cabalmente cumplido el derecho a la alimentación y a la salud si es necesario el ejercicio del derecho a la información. La prevención es la acción principal correlaciona los derechos a la salud y a la información.40 Los precedentes han mencionado que las campañas preventivas forman parte de las acciones positivas y negativas que los Estados deben adoptar si se quiere tutelar el derecho a la salud.41

Por lo que, esta iniciativa tiene también como objetivo incorporar en la Ley General de Salud las obligaciones específicas respecto a la protección del derecho a la salud, a la información y a la alimentación principalmente en relación con el interés superior del menor a las que se ha comprometido México. En este sentido, es fundamental recordar que el artículo 1 de la Constitución tiene dos obligaciones que ayudan a fundamentar la presente iniciativa. La primera es que expresamente otorga un nivel jerárquico a los tratados internacionales de derechos humanos dentro del marco legal mexicano. Por otro lado, la interpretación de la SCJN de este artículo establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de respetar, promover y proteger los derechos humanos.

Los instrumentos internacionales en los que México es parte tienen fuerza de ley dentro de la nación y obligan al gobierno mexicano a cumplir sus obligaciones para la realización progresiva del derecho a la salud y el derecho a la alimentación. Dichos acuerdos internacionales incluyen: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC); Convención de los Derechos de los Niño (CRC) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Pacto de San José); la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); el Pacto de los Derechos del Niño (artículo 19); y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 5). Cada uno de estos instrumentos ha sido interpretado mediante recomendaciones generales.

Los mecanismos de derechos humanos contemplan tanto el derecho a la protección de la niñez y mantienen una estrecha relación con el derecho a la salud. La DUDH establece la protección de todos los infantes, tanto a su derecho a la salud como a la alimentación en su artículo 25. Por su parte el PDESC habla, en sus artículos 10, 12 y 24, la protección del derecho a la salud y el suministro de alimentos nutritivos adecuados. Por último, el CRC hace hincapié, en su artículo 24, en la necesidad del acceso al máximo disfrute al más alto nivel posible de salud, así como en la necesidad del suministro de alimentos saludables en relación con los infantes. Al respecto, es importante señalar que esta propuesta, al igual que la evidencia técnica y científica empleada para su elaboración, está libre de intereses comerciales que entren en conflicto con el objetivo de proteger la salud de los mexicanos, y que quienes que formamos parte de dicho trabajo legislativo no tenemos ningún otro interés que el de preservar la salud de los mexicanos.

Por otro lado, la Iniciativa propone una serie de reformas a la Ley General de Salud que van desde la actualización e incorporación de definiciones y términos técnicos en materia de nutrición; hasta la propuesta de una Sección específica dentro del Capítulo II “Alimentos y Bebidas no Alcoho?licas” del Título Décimo Segundo de la citada ley , toda vez que actualmente el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no se encuentra regulado en la Ley General de Salud sino en disposiciones reglamentarias, lineamientos y NOM, mismos que no fueron elaborados por el Poder Legislativo, sino por la administración pública federal de los gobiernos anteriores. Situación que cobra relevancia por dos razones: i. por la naturaleza jurídica de la ley en mención y ii. por la forma en la que las regulaciones administrativas han abordado el tema.

En relación con la naturaleza jurídica de la ley, publicada hace más de treinta años42, no es una ley general en el sentido moderno de interpretación del artículo 133 Constitucional porque no distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno43 , es decir, responde más a un esquema de codificación en donde se abordan diversos temas relacionados con el derecho a la salud.

Respecto a las disposiciones relativas a la alimentación y otras cuestiones de nutrición en la Ley General de Salud, no responden a la situación actual del país, puesto que los problemas que aquejaban al país ya no son los mismos. Es decir, actualmente no basta con atacar la desnutrición, sino que también debemos atender sobrepeso y obesidad. Este fenómeno es conocido como “la doble carga de malnutricio?n”.

Asimismo, no existe un apartado específico que relacione el derecho a la alimentación con los problemas de salud como las ECNT y el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Por el contrario, las pocas disposiciones nutricionales en la LGS se encuentran en el Título Décimo Segundo, que regula el control sanitario de los alimentos y bebidas no alcohólicas, y que no se relacionan explícitamente con las ECNT, la publicidad y otras medidas necesarias para proveer a la población de herramientas de información que les permita tomar una mejor decisión sobre su dieta.

Respecto a la forma en la que las autoridades de salud han abordado la emergencia de salud por la obesidad y el sobrepeso, actualmente el etiquetado frontal adoptado por México se encuentra regulado en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 (NOM-051)44 , basada un sistema conocido como “Guías diarias de alimentación “ (GDA), mismo que se muestra en la Figura 1. No obstante, se ha probado que dicho sistema de etiquetado frontal nutrimental es de difícil comprensión para la población mexicana45 y, por lo tanto, no cumple con su objetivo de informar e influir en las decisiones de consumo de alimentos industrializados hacia alternativas más sanas para mejorar la dieta de una población con creciente sobrepeso y obesidad46 .

Por lo que, con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSANUT)47 y el grupo de expertos en etiquetado, independientes y libres de conflictos de interés convocados por la Secretaría de Salud, la principal deficiencia del actual etiquetado señalado en la NOM-051 es que incumple con la función de informar de manera rápida y fácil a la población para la toma de decisiones que favorezcan la salud a través de una alimentación balanceada, evitando productos altos en sodio, azúcares, y grasas (denominados nutrimentos críticos), así como el total de calorías que los productos industrializados contienen por porción.

Siendo las principales carencias documentadas del etiquetado frontal de las Guías

Diarias de Alimentación, las siguientes48:

1. Requiere de conocimiento matemático.

La evidencia ha comprobado que se necesitan operaciones matemáticas para reconocer las calorías por empaque, cantidades adecuadas para su consumo y, por ende, evaluar la calidad del producto. Por tanto, la interpretación del etiquetado se vuelve más compleja en población vulnerable (población con menores recursos, que vive en zonas rurales, niños, adolescentes y población que no sabe leer ni escribir).

2. Tiempo para la interpretación.

En un estudio que llevaron a cabo investigadores del INSP de México a estudiantes de nutrición, se observó que les tomó 3.34 minutos leer e interpretar el sistema GDA, sin garantizar una comprensión apropiada. Tomando en cuenta que los consumidores ocupan entre 4 y 13 segundos para ver los diferentes productos en los puntos de venta, utilizar más de un minuto para interpretar una etiqueta resulta ineficiente para catalogar la calidad del producto.

3. Contiene términos no específicos.

Utiliza “azúcares totales” y “otras grasas”, sin hacer diferencia entre si son azúcares “añadidos” o “grasas totales”. Los “azúcares añadidos” son nutrimentos críticos asociados al sobrepeso, obesidad y sus ECNT. Además, el valor de referencia para azúcares totales (azúcares añadidos + azúcares naturales) no sigue la recomendación de la OMS, que es de 25 gr (cantidad máxima recomendada de azúcares añadidos en una dieta de 2000 kcal en promedio para un adulto).

4. No toma en cuenta a población vulnerable.

Según el Inegi, en México, 21.5 por ciento de la población se considera de origen indígena, 22 por ciento vive en zonas rurales, 32.8 por ciento son niños y adolescentes y 5.5 por ciento no sabe leer ni escribir. Dado que se ha demostrado que el sistema Guías Diarias de Alimentación es confuso para una población con alto nivel educativo, se entiende que su interpretación es aún más compleja en estos grupos poblacionales.

5. No fue diseñado por expertos.

El GDA señalado en la NOM-051, se creó sin tomar en cuenta recomendaciones internacionales, ni el conocimiento de expertos en salud pública y nutrición, y sin el apoyo de los Institutos Nacionales de Salud, Hospitales de Alta Especialidad e instituciones académicas libres de conflicto de interés.

Por otro lado, en el estudio reciente realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública “Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para la toma de decisiones saludables”, el cual reunió a diversos investigadores, nacionales e internacionales, para que emitieran una postura sobre el actual etiquetado de alimento, se demostró todas las deficiencias del actual etiquetado. La Secretaría de Salud solicitó a un grupo de expertos académicos en etiquetado, independientes y libres de conflicto de interés que emitiera una postura sobre el desarrollo de un sistema de etiquetado nutrimental frontal en alimentos y bebidas que ayude a la población mexicana a realizar mejores decisiones de compra. Del cual, concluyeron que el etiquetado actual, conocido como Guías Diarias de Alimentación, utiliza valores de referencia incorrectos, no tuvo la participación de expertos en nutrición sin conflictos de interés y, hasta el momento, no se ha demostrado que sea comprendido por la población de nuestro país.

Otro problema sustancial del etiquetado actual y que debe ser abordado por los tomadores de decisión es el ajuste a los criterios nutrimentales, específicamente en los azúcares. Así lo han señalado diferentes grupos de la sociedad civil y organismos internacionales como la Coalición ContraPeso, la Alianza por la Salud Alimentaria, diversas publicaciones académicas y la OPS. Esto se debe a que, la regulación vigente establece el consumo de 90 gramos de azúcar por día como un límite seguro, a pesar de que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud solicitan que los países consuman menos de 50 gramos por día para prevenir enfermedades, y la Academia Nacional de Medicina ha emitido recomendaciones ante el contexto epidemiológico mexicano estableciendo como límite 30 gramos. Esto significa que el límite de azúcar que observamos en el etiquetado frontal GDA rebasa por mucho las recomendaciones de los expertos nacionales e internacionales en salud. Este hecho no es un error, pues dicho criterio fue establecido por las propias industrias para dar mayor permisividad a sus productos altos en azúcar sin alertar a la población sobre el consumo en exceso que este engañoso criterio puede causar.

Criterio GDA (elaborado por la industria) Criterio OPS/OMS (libre de conflicto de interés) Criterio Academia Nacional de Medicina (libre de conflicto de interés) 90 gramos / día 50 gramos / día 30 gramos / día Motivo por el cual, se emitieron 6 recomendaciones puntuales para que este etiquetado fuera una herramienta eficiente para la población mexicana:

1. El etiquetado debe estar sustentado en recomendaciones internacionales y nacionales de salud como la OMS y la Academia Nacional de Medicina.

2. El etiquetado debe ser diseñado por un grupo libre de conflictos de interés, con criterios de transparencia.

3. Se deberá considerar el uso de un perfil nutrimental único a todas las políticas regulatorias en materia de salud alimentaria.

4. Se debe enfatizar que la función principal del etiquetado es proporcionar información fácil de comprender sobre ingredientes cuyo alto consumo es nocivo para la salud.

5. Los estudios disponibles indican que el etiquetado GDA obligatorio en México no funciona y debe ser reemplazado por un sistema efectivo, de fácil comprensión y con criterios correctos.

6. Se requiere de un etiquetado de advertencia como el que ya se implementa o se diseñó en otros países.

Estas deficiencias no sólo son negligencias de la formulación de una política pública, sino que se traducen en verdaderas violaciones constitucionales, pues, la población mexicana se ve completamente afectada con esta política. La desinformación que genera, la conducción al error que genera a los consumidores, así como la falta de sustento científico.

Es tiempo de que México tenga un sistema de etiquetado que claro, rápido y simple en beneficio de la salud de toda la población, pero en especial de las generaciones futuras. Asimismo, torna lamentable que, para las administraciones y legislaturas anteriores, el marco regulatorio de este tema no fuese prioridad, siendo la sociedad civil y algunos expertos independientes los únicos en denunciar y realizar acciones institucionales para cambiar el sistema de etiquetado GDA por un etiquetado frontal que cumpla con las siguientes características49 :

• Permitir que todos los consumidores, incluyendo a los grupos vulnerables como los niños o las personas con dificultades socioeconómicas, accedan a la información de las características de los alimentos y bebidas industrializados de manera fácil y rápida.

• Facilitar a la toma de decisiones saludables entre los consumidores

• Promover a la reformulación de productos industrializados, mejorando la calidad nutrimental de los mismos al reducir el contenido de energía, grasas, sodio y azúcares añadidos.

Así, tomando como base el sistema de etiquetado señalado en las leyes y reglamentos de Chile, Perú y Brasil (ver Figura 2), el día de hoy es nuestra tarea promover que dicho etiquetado frontal tome como base un etiquetado de advertencia, ya que se ha comprobado que impacta en los patrones de compra de los consumidores, e informa de una forma simple y clara el contenido excesivo de azúcares, calorías grasas saturadas y sodio en los alimentos cuyo consumo excesivo son la causa de la obesidad y el sobrepeso y sus ECNT relacionadas. Asimismo, organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha adoptado este tipo de sistema como mejor práctica y propone su adopción en toda la región.

En ese sentido es menester destacar que, a pesar de que existe otro sistema de etiquetado como es el caso del sistema de “semáforo” (ver Figura 3) implementado por otros países y que puede parecer sencillo de comprender y rápido de interpretar, es menester destacar que la propia Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud pidieron al congreso de Perú, no aprobar este tipo de etiquetado ya que la combinación de colores y frases “alto en”, en combinación con otras que indican “bajo en” puede confundir a los consumidores o hacerlos creer que un producto no causa daños significativos, por lo tanto su moderación resulta difícil.

Por el contrario, estos organismos pidieron de manera explícita considerar en la implementación de sellos de advertencia. Ello, bajo el argumento de que en el sistema de semáforo los colores pueden mezclarse con los colores propios del empaque y no resaltar a la vista del consumidor como es debido en un etiquetado claro50 . Hecho que resulta relevante porque incluso en países pioneros en este tipo de etiquetado como Ecuador que lo implementó en 2014, migraron hacia un etiquetado de sellos de advertencia en menos de cuatro años tras darse cuenta de su impacto limitado.

De las propuestas de reforma específicas de la presente iniciativa busca añadir una Sección Única dentro del Capítulo II “Alimentos y Bebidas no Alcoho?licas” del Título Décimo Segundo de la LGS con el objetivo de que se regule la etiqueta de los alimentos envasados y el etiquetado frontal que debe tener la misma.

Para ello, se propone reformar los artículos 210 y 212 de la LGS que señalan la información que debe de tener los envases o empaques de los productos. Esto con el objetivo de que se aclare que las disposiciones de alimentos y bebidas no alcohólicas se regularán con base en la Sección específica y delimitando la obligación de que las autoridades de salud elaboren las disposiciones normativas correspondientes (lineamientos o NOM) para informar a los consumidores y proteger su derecho a la salud y preservando el interés superior de la niñez. Asimismo, el artículo 212 especifica la información mínima que deben de tener todos los productos con el objetivo de eliminar las ambigüedades y vaguedades sobre este tema en la ley en mención.

La propuesta de reforma del artículo 215 tiene como objetivo reforzar y modernizar dicho ordenamiento para que sea un instrumento legal que responda a las necesidades de política pública de salud actuales. Dentro de los cambios sugeridos en dicho artículo se encuentran: i. incorporación de nuevas definiciones, ii. Armonización de definiciones dentro de nuestro marco legal y, iii. Inclusión de definiciones relacionadas con el etiquetado frontal.

Dentro de las nuevas definiciones propuestas, destacan las de alimentos, azúcares, malnutrición y productos alimenticios. Estas son definiciones necesarias que permitirán implementar los compromisos internacionales de México ante organismos como OMS, OPS y UNICEF. Un ejemplo es la adición del término “malnutricio?n”, del cual se habla actualmente para abarcar la coexistencia de la desnutrición y la obesidad a nivel poblacional.

Respecto a las definiciones de alimentos y azúcares propuestas, éstas buscan dar una respuesta a las ambigüedades y antinomias de la Ley General de Salud.

De la propuesta de definición de productos alimenticios, fue basada en el Sistema Nova51 de clasificación de alimentos, mismo que ha sido reconocido por la Organización Panamericana de la Salud y que ha moldeado las guías alimentarias en países como Brasil. Esto en virtud de que se debe promover primeramente el consumo de los alimentos frescos (no procesados) y las preparaciones caseras con alimentos mínimamente procesados y desincentivar la ingesta de los alimentos ultraprocesados debido al impacto negativo que se ha comprobado, tienen en la salud de la población.

En el caso de los azúcares, la definición propuesta distingue claramente entre los que están presentes de manera natural en los alimentos o bebidas, tales como las que se encuentran en frutas o leche, cuyo consumo no se ha demostrado dañino para la salud de acuerdo con lineamientos de la propia OMS, de los azúcares añadidos a los alimentos y bebidas por fabricantes o productores52 .

Se armonizan definiciones en la Ley General de Salud que corresponden a otros instrumentos normativos con el objetivo de dar certeza jurídica.

También, la Iniciativa recoge definiciones de otros instrumentos normativos como la NOM-043-SSA2-201253, que han sido útiles en temas de política pública y eliminan juicios de valor señalados en la LGS como el tema de la alimentación correcta.

Asimismo, la definición propuesta de nutrimentos críticos se basa en el reconocido internacionalmente como “Modelo de Perfil de Nutrientes de la OPS”, aportando al marco legal mexicano una definición moderna y la posibilidad de establecer criterios máximos en los nutrimentos críticos (sodio, grasas saturadas y/o trans, azúcares) con el objetivo de disminuir los daños en la salud.

Las definiciones referentes al etiquetado frontal propuestas, específicamente las definiciones de etiqueta y etiquetado que se relacionan con la Sección única propuesta dentro del Capítulo II del Título Décimo Segundo de la LGS.

Respecto a los artículos propuestos en la Sección Única “Sobre el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas” (artículo 216 Bis al artículo 216 Quinquies), estas disposiciones proponen de una forma integral y novedosa las bases de la política pública de etiquetado y orientan a las secretarías para que, a diferencia del pasado, se adopten políticas públicas que velen por el interés público y estén libres de conflicto de intereses. Así, el artículo 216 Bis propuesto, señala los principios para la para la formulación y conducción de la política de salud alimentaria

En el artículo 216 Ter se hace referencia a la obligación de los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos y bebidas no alcohólicas de señalar en las etiquetas de los alimentos y bebidas no alcohólicas información específica de una forma clara, completa, íntegra y veraz:

Facultando a su vez, al Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán para que puedan opinar en la creación de la normatividad que regule los elementos de las etiquetas señalados en las fracciones anteriores en armonía con lo enmarcado en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud (LINS), en la que se establece la facultad de dichos institutos para opinar en los temas en los que son especializados al ser organismos descentralizados de la administración pública federal que desarrollan investigación básica y aplicada, cuyo propósito es contribuir al avance del conocimiento científico, así como a la satisfacción de las necesidades de salud del país.54

En cuanto al artículo 216 Quáter la adición tiene que ver específicamente con la regulación del etiquetado frontal de los alimentos y bebidas no alcohólicas, haciendo hincapié en que el diseño del etiquetado frontal garantizará que la información sea visible, de fácil comprensión y que contenga al menos lo siguiente: la forma, tamaño, colores, proporción, características y contenido del etiquetado frontal.

Cobrando relevancia, ya que las fracciones señaladas en el artículo 216 Quáter son los nutrimentos críticos que dañan a la salud y da las bases para que SS, cuyas disposiciones administrativas han sido reguladas a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y, como se ha explicado, han favorecido los intereses de la industria y no han proveído de un etiquetado claro, eficiente y sencillo.

Por otro lado, la adición del artículo 216 Quinquies señala la forma en la que la Secretaría de Salud determinará aquellos alimentos y bebidas no alcohólicas que, por unidad de peso o volumen o porción de consumo, presenten en su composición nutricional elevados contenidos de calorías, grasas saturadas y trans, y azúcares.

Además de establecer que en el etiquetado de alimentos y bebidas azucaradas con esta característica, se incluirá: la información, contenidos, forma, tamaño, mensajes, dibujos, señalización, proporciones, entre otros. Aunado a, los límites máximos del contenido de calorías y nutrimentos críticos. Esto resulta relevante porque por primera vez en una ley general se establecen las bases para un etiquetado frontal de advertencia según el caso concreto, tomando como ejemplo las advertencias de los cigarros u otros productos que son dañinos a la salud. Además, establecer los límites máximos es fundamental para que el etiquetado sea efectivo.

De los artículos transitorios, resulta necesario hacer una mención especial al segundo y al tercero ya que señalan la ruta crítica necesaria para que logre un etiquetado frontal a la medida de las necesidades de México y que cumpla con las buenas prácticas internacionales y vele por los derechos humanos de alimentación y transparencia.

Por lo anterior, se propone también que los institutos de salud como el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán puedan tener injerencia en la materia a fin de dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 216 Quarter y 216 Quinquies. Asimismo, se otorga a la administración pública facultades para armonizar el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, las normas oficiales en la materia y las demás disposiciones administrativas con el objetivo de homologar las disposiciones a las establecidas en la presente iniciativa.

Sabemos que el origen de la epidemia de obesidad es sistémico, pues la alimentación inadecuada, el sedentarismo, la falta de entornos saludables, la alta producción y oferta de comida chatarra en detrimento de alimentos saludables, la publicidad y la intervención de la industria en las políticas públicas de salud han incidido negativamente. Sin embargo, estamos convencidos de que este es el primer paso para poder combatir de forma eficiente y responsable la epidemia de obesidad que aqueja a nuestro país, ya que, únicamente dotando a la nueva administración pública de un marco legal claro y sólido, podremos trabajar en conjunto para mejorar la salud de nuestra población.

Fundamento legal

La suscrita, diputada Carmen Medel Palma, integrante del Grupo Parlamentario de Mo- rena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia derecho a la información alimentaria

Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 66, la fracción II del artículo 111, la fracción VII del artículo 115, la fracción V del artículo 159 y el artículo 210; se adicionan una fracción VIII al artículo 2o., la fracción V al artículo 65, un párrafo al artículo 114, una Sección Única “Etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas” al capítulo II del Título Décimo Segundo que incluye los artículos 216 Bis, 216 Ter y 2016 Quáter; y las fracciones VI, VII, VIII, XIX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV al artículo 215, todos de la Ley General de Salud, quedar como sigue:

Artículo 2o. ...

I. a V. ...

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud;

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud, y

VIII. La prevención o mitigación de los factores que pongan en riesgo salud pública.

Artículo 65. ...

I. ...

II. ...

III. La vigilancia de actividades ocupacionales que puedan poner en peligro la salud física y mental de los menores y de las mujeres embarazadas;

IV. Acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de adultos, acceso al agua potable y medios sanitarios de eliminación de excreta, y

V. Acciones que promuevan entre la población, la adopción de una alimentación correcta y la actividad física permanente para la prevención de la salud y la prevención de enfermedades.

Artículo 66. En materia de higiene escolar, corresponde a las autoridades sanitarias establecer las normas oficiales mexicanas para proteger la salud del educando y de la comunidad escolar, así como las acciones que promuevan una alimentación correcta y la actividad física. Las autoridades educativas y sanitarias se coordinarán para la aplicación de las mismas.

...

...

Artículo 111. ...

I. ...

II. Alimentación correcta, nutrición y actividad física;

III. a V. ...

Artículo 114. ...

...

Los programas de nutrición promoverán la alimentación correcta y deberán considerar las necesidades nutricionales de la población. Asimismo, señalarán acciones que reduzcan la malnutrición y mitiguen el consumo de azúcares, grasas saturadas y trans y/o sodio añadidos y otros elementos que representen un riesgo potencial para la salud.

Artículo 115. ...

I a VI. ...

VII. Establecer las necesidades nutrimentales que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos evitando los altos contenidos en azúcares, grasas saturadas y trans y/o sodio añadidos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrimentos y las cantidades que deberán incluirse.

VIII. a XI. ...

Artículo 159. ...

I. al IV. ...

V. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y procedimientos que con- duzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población general y los límites máximos de azúcares, grasas saturadas y trans y/o sodio añadidos con base en lo establecido en las normas oficiales mexicanas de la materia, y

VI. ...

Artículo 210. Los productos que deben expenderse empacados o envasados lleva- rán etiquetas que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones aplicables.

En el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, las Secretarías en la materia, con la opinión técnica en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, expedirán la normatividad correspondiente que regulen los componentes de sus empaques o envases.

Artículo 215. ...

I. Alimento: partes de plantas, animales o sus secreciones inocuas, sin procesa- miento industrial, mínimamente procesados, o que sean ingredientes culinarios procesados.

Para efectos de esta ley y sus reglamentos, se consideran alimentos también a los productos alimenticios.

II. Bebida no alcohólica: cualquier líquido, natural o producto alimenticio líquido para consumo humano.

III. Materia prima: Substancia o producto, de cualquier origen, que se use en la elaboración de alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas.

IV. ...

V. ...

VI. Alimentación correcta: hábitos alimentarios que cumplen con las necesidades específicas de cada etapa de la vida.

VII. Azucares: monosacáridos o disacáridos, que:

a) Están presentes de manera natural en los alimentos o bebidas, o

b) Son añadidos a los alimentos y bebidas por fabricantes y productores, incluyendo los azúcares presentes en la miel, jarabes, zumos de frutas y concentrados de zumos de frutas.

VIII. Dieta: al conjunto de alimentos y platillos que se consumen cada día, y constituye la unidad de la alimentación.

IX. Etiqueta: Cualquier marbete, rótulo, marca, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, que se haya escrito, impreso, estarcido, marcado, en relieve o en hueco, grabado o adherido, precintado o anexado al empaque o envase de un alimento o bebida no alcohólica. La contraetiqueta forma parte de la etiqueta.

No se considerarán parte de la etiqueta aquellos elementos publicitarios de los alimentos y bebidas no alcohólicas.

X. Etiquetado frontal: Cualquier material escrito, impreso o gráfico que se encuentra en la parte frontal de la etiqueta, el cual debe expresar al consumidor, de manera clara, rápida y simple, la información nutrimental, principalmente relacionada con los nutrimentos críticos y demás elementos de relevancia para el consumidor.

XI. Grasas saturadas: aquellas compuestas por ácidos grasos saturados de cadena larga que carecen de dobles en sus ligaduras.

XII. Grasas trans: aceites vegetales insaturados que han sido hidrogenados.

XIII. Leyenda: afirmación explícita o implícita de nutrición, salud o relacionada que pueda comunicarse a través de todos los medios, incluyendo expresiones verba- les, símbolos, viñetas, medios impresos o electrónicos, u otras formas de comunicación y/o publicidad.

XIV. Malnutrición: enfermedad detonada por carencias, excesos o desequilibrios de la ingesta de calorías y/o nutrimentos de una persona. Abarca la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y otras enfermedades relacionadas con la dieta.

XV. Nutrimentos críticos: aquellos componentes de la alimentación que pueden ser un factor de riesgo de las enfermedades crónicas no trasmisibles.

XVI. Producto alimenticio: producto para consumo humano, sólido o líquido que incluye, entre otros:

a) Alimentos procesados: aquellos que se elaboran al agregar grasas, aceites, azúcares, sal y otros ingredientes culinarios a los alimentos mínimamente procesados. b) Productos ultraprocesadas: aquellos que se elaboran a partir de sustancias derivadas del procesamiento de alimentos o sintetizadas químicamente y que en su mayoría no conservan la estructura original del alimento no procesado.

Sección Única. Etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Artículo 216 Bis. Para la formulación y conducción de la política de salud alimentaria y la expedición de la normatividad en la materia sin menos cabo de las atribuciones de las dependencias competentes, además de los instrumentos previstos en esta Ley se observarán los siguientes principios:

I. Se elaborarán con base en evidencia científica generada por instituciones que no tengan conflicto de interés.

II. Orientarán a los consumidores a elegir alimentos y bebidas no alcohólicas más saludables de una manera sencilla y rápida.

III. Garantizarán los derechos a la información de los consumidores y a la salud de las personas.

IV. El etiquetado frontal será un elemento para la promoción de salud pública y la defensa y protección de los derechos a la información.

Artículo 216 Ter.- El etiquetado frontal de advertencia de los alimentos y bebidas no alcohólicas deberá informar de forma clara lo siguiente:

I. El alto contenido energético que aporta el producto; II. El alto contenido de azúcares añadidos;

III. El alto contenido de grasas saturadas y grasas trans, sodio, aditivos y cualquier otro elemento que sea de utilidad y relevancia para los consumidores; y

IV. Cualquier otro elemento que determine la Secretaría de Salud.

El diseño del etiquetado frontal de advertencia garantizará que la información sea visible, de fácil comprensión y que contenga al menos lo siguiente: la forma, tamaño, colores, proporción, características y contenido del etiquetado frontal.

Artículo 216 Quarter. La Secretaría de Salud sin menoscabo a las facultades de otras dependencias, determinará aquellos alimentos y bebidas no alcohólicas que, por unidad de peso o volumen o porción de consumo, presenten en su composición nutricional elevados contenidos de calorías, grasas saturadas y trans, azúcares que han sido añadidos por los fabricantes con base en la definición de esta Ley; sodio u otros elementos que las disposiciones aplicables determinen.

Este tipo de alimentos y bebidas no alcohólicas deberán especificar en su etiquetado frontal si se trata de productos altos en azúcar o altos en sodio, o con otra leyenda/denominación equivalente, según sea el caso. Además podrá estar acompañado de elementos pictográficos, tales como imágenes y colores, que puedan advertir a la población sobre el consumo de estos productos.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión, contará con 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar las reformas a la legislación correspon- diente o derogar toda aquella que vaya en contra del presente decreto.

Tercero. Las Secretarías de Estado competentes en la materia, contarán con un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para emitir la normatividad correspondiente y realizar los ajustes a las de- más disposiciones administrativas a fin de homologar sus disposiciones a las es- tablecidas en el presente decreto.

Notas

1 Andrew Jacobs y Matt Richtel (11 de diciembre de 2017). A Nasty, Nafta-Related Surprise: Mexico’s Soaring Obesity. The New York Times. Ver:

https://www.nytimes.com/2017/12/11/health/obesity-mexico -nafta.html (traducción propia)

2 Para más información, ver: Amanda Gálvez Mariscal (2013). La dieta tradicional mexicana, elemento clave en la lucha contra la mala nutrición. Boletín UNAM-DGCS-284.

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2013_284.html

3 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Ambos se calculan con base en el índice de masa corporal (IMC) que es un indicador de la relación entre el peso y la talla y se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). En el caso de los adultos, el sobrepeso y la obesidad como se indica a continuación: sobrepeso: IMC igual o superior a 25 y obesidad: IMC igual o superior a 30. Para más información, ver: OMS (16 de febrero de 2018). Obesidad y sobrepeso.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/obes ity-and-overweight

4 Las ECNT son las enfermedades de larga duración cuya evolución es generalmente lenta y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Ver: OMS (1 de junio de 2018). Enfermedades no transmisibles. Ver: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-dis eases

5 UNICEF. El doble reto de la malnutrición y la obesidad. https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_17494.html

6 OCDE (2018), Panorama de la Salud 2017: Indicadores de la OCDE, OECD Publishing, Paris,

https://doi.org/10.1787/9789264306035-es

7 El Poder del Consumidor (2018). Lanza la Alianza por la Salud Alimentaria la campaña “Que este no sea su futuro”, un llamado urgente y verdadero de atención a la obesidad. https://elpoderdelconsumidor.org/2018/03/lanza-la-alianza-la-salud-alim entaria-la-campana-este-no-sea-futuro-llamado-urgente-verdadero-atencio n-la-obesidad/

8 CENAPRECE DG_12057-2016. Declaratoria de emergencia epidemiológica EE-3-2016. Véase: http://www.cenaprece.sa- lud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/EE_3.pdf

9 CENAPRECE DG_12057-2016. Declaratoria de emergencia epidemiológica Ee-4-2016. Véase: http://www.cenaprece.sa- lud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/DeclaratoriaEme rgenciaEpidemiologicaEE-4-16.pdf

10 Sarah E. Clark, y otros. (2012). Exporting obesity: US farm and trade policy and the transformation of the Mexican consumer food environment. International Journal of Occupational and Environmental Health. (Traducción propia.)

11 Andrew Jacobs y Matt Richtel (11 de diciembre de 2017). A Nasty, Nafta-Related Surprise: Mexico’s Soaring Obesity. The New York Times. Ver: https://www.nytimes.com/2017/12/11/health/obesity-mexico-nafta.html (traducción propia)

12 Sarah E. Clark, et. al. (2012). Op. Cit.

13 OMS (2015). Ingesta de azúcares para adultos y niños. http://apps.who.int/iris/bitstream/han-dle/10665/154587/WHO_NMH_NHD_15. 2_spa.pdf?sequence=2

14 OMS (2015). Idem.

15 OMS, Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles 2010 (Ginebra, 2010, reimpreso en 2011), pág. 9.

16 OMS, “10 datos sobre la obesidad”, se puede consultar en: http://www.who.int/features/factfiles/obesity/es/.

17 OMS, Obesidad y sobrepeso, Nota descriptiva, Octubre de 2017.

18 OMS, Obesidad y sobrepeso, Nota descriptiva, Octubre de 2017.

19 OMS (2015). Increased food energy supply as a major driver of the obesity epidemic: a global analysis. Bull World Health Organ. https://www.who.int/bulletin/volumes/93/7/14-150565.pdf?ua=1 (traducción propia)

20 Organización Panamericana de la Salud (OPS) 2014. Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en las Américas 2013–2019.

https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/NCD-SP-low.pdf

21 PNUD. Objetivo 2: Hambre Cero. http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/ goal-2-zero-hunger.html#targets

22 En 2006, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) mostró el crecimiento más acelerado en el índice de sobrepeso y obesidad infantil con un crecimiento de casi 40% en solamente 7 años (1999-2006).

23 La Alianza por la Salud Alimentaria, coordinada por El Poder del Consumidor (EPC), agrupa un conjunto de asociaciones civiles, organizaciones sociales y profesionistas preocupados por la epidemia de sobrepeso y obesidad en México, que afecta a la mayor parte de la población, y la desnutrición, que impacta a un alto porcentaje de las familias más pobres, así como los riesgos que presentan estas realidades para la población y la viabilidad sanitaria y financiera de nuestro país. Ver:

https://alianzasalud.org.mx/quie- nes-somos/

24 ContraPESO, coordinada por Salud Crítica, une los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil para incidir en políticas públicas que den solución a los altos índices de sobrepeso y obesidad registrados en México. Ver: http://coalicioncontrapeso.org

25 Coalición ContraPESO y Salud Crítica (2017). https://drive.google.com/file/d/1-UWD-IgqOo6KkSp0y8CaSQPjqDJoAuGO/view

26 EPC y ProbatioMx (2017). La ¿(O)posición? Legislativa frente a la salud pública y la influencia de la industria de alimentos y bebidas.

https://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2019 /01/d-la-o-posicion-legislativa-salud-2019-resumen.pdf

27 Kaufer-Horwitz M, et. al. (2018) Sistema de etiquetado frontal de alimentos y bebidas para México: una estrategia para la toma de decisiones saludables. http://dx.doi.org/10.21149/9615

28 Pleno, Novena Época, SJF y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero 2010, 19. “EXCUSA ABSOLUTORIA. EL ARTÍCULO 199, PÁ- RRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, AL ESTABLECERLA PARA LOS FARMACODEPENDIENTES, VIOLA EL DERECHO A LA SALUD (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2009)”. En este caso, el supuesto era el de un farmacodependiente condenado a compurgar una pena en prisión. Se dijo que el Estado debe crear un sistema de atención médica e implementar estrategias de lucha contra las enfermedades infecciosas, pero también debe abstenerse de obstaculizar la rehabilita- ción. Dado que la reclusión obstaculizaba el tratamiento del quejoso, el legislador violaba el contenido básico del propio derecho a la salud. El carácter multidimensional de las obligaciones del Estado, ha sido reconocido también en la jurisprudencia “Derecho a la salud. Su protección en el artículo 271, segundo párrafo, de la Ley General de Salud” , [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Pág. 164. 1a./J. 50/2009 (para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado se consideró obligado a emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin; una de las cuales era el desarrollo de políticas públicas y otra, el establecimiento de controles legales).

29 En la tesis de rubro “Derecho a la salud. Impone al Estado las obligaciones de garantizar que sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización” , la Suprema Corte de Jus- ticia apunta que refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con el derecho a la salud ([TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 29. P. XVI/2011).

30 Fact Sheet No.16 (Rev.1), The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, “Generating interpretative clarity (a) General comments”.

31 Amparo en Revisión 315/2010, SCJN SJF y su Gaceta, XXXIV 31.

32 En la tesis de rubro “DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJER- CIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN”, la Suprema Corte de Jus- ticia apunta que refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con el derecho a la salud ([TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 29. P. XVI/2011).

33 Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud; y Observación general 14 El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud en la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), (22º período de sesiones, 2000), U.N. Doc. E/C.12/2000/4(2000).

34 Preámbulo de la Constitución de la OMS, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100),

35 Artículo 12, inciso 1 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

36 Época: Novena Época Registro: 165826 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Constitucional Tesis: P. LXVIII/2009 Página: 6 Derecho a la salud. No se limita al aspecto físico, sino que se traduce en la obtención de un determinado bienestar general.

37 Artículo 3 del Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), (22 período de sesiones, 2000), U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (2000).

38 Observación General 14 relativa al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.

39 Número de Registro: 2002874 Radiodifusoras. Corresponde a los tribunales federales conocer de las controversias sobre el cumplimiento, rescisión, nulidad o cualquier otra prestación que derive de un contrato que tenga por objeto la transmisión de alguno de los derechos que proporcione su concesión. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, febrero de 2013, Tomo 2; Pág. 1435. XVI.3o.C.T.6 C (10a.). DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA. ESTÁ RECONOCIDO CONSTITUCIONAL Y CONVENCIO- NALMENTE TANTO PARA EL CONSUMO PERSONAL Y DOMÉSTICO, COMO PARA EL USO AGRÍCOLA O PARA EL FUNCIO- NAMIENTO DE OTRAS ÁREAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR PRIMARIO.

40Tesis: I.7o.A.620 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 167543 9 de 9 Tribunales Colegiados de Circuito

Tomo XXIX, abril de 2009 Pág. 1873 Tesis Aislada (Administrativa) Control del tabaco. La prueba pericial médica es un medio de convicción conducente en el juicio de amparo indirecto en que se controvierta la constitucionalidad de ordenamientos que regulan dicha materia, si su finalidad es demostrar cuestiones relacionadas con la ciencia médica sobre temas relativos a las consecuencias en el ser humano por el consumo directo e indirecto del mencionado producto, así como la efectividad de las políticas públicas para la salvaguarda del derecho a la protección de la salud.

41 Época: Novena Época Registro: 165258 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, febrero de 2010 Materia(s): Constitucional, Penal.

Tesis: P. VII/2010 Página: 19 Excusa Absolutoria. El artículo 199, Párrafo Primero, del Código Penal Federal, al establecerla para los farmacodependientes, viola el derecho a la salud (Legislación VI-gente hasta el 20 de agosto de 2009).

42 Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984.

43 Ver: SCJN. Leyes generales. Interpretación del artículo 133 constitucional. http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/172/172739.pdf

44 NORMA Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria. (modificada en 2014)

45 Stern D, Tolentino L, et. al. (2011) Revisión del etiquetado frontal: análisis de las Guías Diarias de Alimentación (GDA) y su comprensión por estudiantes de nutrición en México.

46 INSP (2018). El etiquetado de alimentos y bebidas: la experiencia en México. https://www.insp.mx/epppo/blog/4680-etiquetado.html

47 Shamah T, Cuevas L, Gaona E, et al. (2016) Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016: Informe final de resultados.

48 INSP (2018). El etiquetado de alimentos y bebidas: la experiencia en México. https://www.insp.mx/epppo/blog/4680-etiquetado.html

49 Lizbeth Tolentino-Mayo, et. al. (2017) Conocimiento y uso del etiquetado nutrimental de alimentos y bebidas industrializados en México.

http://www.saludpublica.mx/index.php/spm/article/view/88 25/11588

50 OMS rechaza etiquetado de semáforo aprobado en el congreso “Hace imposible tomar una decisión adecuada”. Gestión. Perú (2018). Disponible en: https://gestion.pe/economia/oms-rechaza-etiquetado-semaforo-aprobado-co n- greso-imposible-decision-adecuada-228323

51 OPS. Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas.

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/76 98/9789275318645_esp.pdf

52 Ver: Directriz OMS: Ingesta de azúcares para adultos y niños.

53 NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.

54 Artículo 2, fracción II.

Dado en Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, a los 4 días del mes de junio de 2019.

Diputada Carmen Medel Palma (rúbrica)


Actas

De la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, referente a la sexta reunión ordinaria, efectuada el lunes 29 de abril de 2019

A las 12:15 horas del día lunes 29 de abril de 2019, en el salón 3 del edificio I, situado en avenida Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, se reunieron legisladores integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación para proceder al desahogo de los siguientes puntos del orden del día:

1. Registro de asistencia y verificación de quórum

Encontrándose registrados los diputados y diputadas cuyos nombres se citan a continuación:

María Marivel Solís Barrera (presidenta), José Guillermo Aréchiga Santamaría (secretario), María Eugenia Hernández Pérez (secretaria), Alejandra Pani Barragán (secretaria), Alberto Villa Villegas (secretario), Ricardo García Escalante (secretario), Brasil Alberto Acosta Peña (secretario), Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (secretaria), y los integrantes: Abril Alcalá Padilla, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Ana Laura Bernal Camarena, María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Geraldina Isabel Herrera Vega, María de los Ángeles Huerta del Río, Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos, Hirepan Maya Martínez, Sergio Mayer Bretón, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Mario Alberto Rodríguez Carrillo y Patricia Terrazas Baca.

Se registró la inasistencia de los diputados y diputadas Julio Carranza Aréas, Delfino López Aparicio, Irasema del Carmen Buenfil Díaz y Jorge Romero Herrera (justificada).

En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, la presidenta de la comisión diputada María Marivel Solís Barrera, dio por iniciada la sexta reunión ordinaria.

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día

A continuación, la diputada presidenta de la comisión, María Marivel Solís Barrera, solicitó a la diputada secretaria, María Eugenia Hernández Pérez; sometiera a consideración de los integrantes la aprobación del orden del día.

Los diputados y diputadas aprobaron por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Registro de asistencia y verificación del quórum.

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión anterior.

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia, presentada durante la LXII Legislatura.

5. Asuntos turnados.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

3. Lectura y aprobación; en su caso, del acta de la reunión anterior

En virtud de que el proyecto de acta de la reunión anterior fue distribuido con anterioridad, se dispensó su lectura, y la diputada presidenta de la comisión, María Marivel Solís Barrera, sometió a consideración de los integrantes su aprobación.

Los diputados aprobaron por unanimidad el acta de la reunión anterior.

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen de la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia, presentada durante la LXII Legislatura

En este punto del orden del día se explicó que ésta minuta que remitió el Senado a esta soberanía, tiene por objeto que los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina participen en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, y de igual forma, dicha minuta establece la posibilidad de que el presidente de la República participe en al menos una de las sesiones de dicho consejo al año.

El Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación es la máxima instancia que define la política nacional de ciencia, tecnología e innovación.

En ese Consejo participan, además del presidente de la República, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Academia Mexicana de Ciencias, Representantes del Sector Productivo, del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, un representante del Sistema de Centros Públicos de Investigación, además del representante de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.

Entre sus facultades, el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación aprueba el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, le da seguimiento y define los lineamientos programáticos y presupuesta les para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de ciencia y tecnología.

Se señaló que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, la Marina ejercerá a través de la Dirección General de Investigación y Desarrollo, 14.7 millones de pesos.

Y que con lo anterior demuestra que, si bien dichas instituciones participan en actividades científicas y tecnológicas, no tienen representación en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, sin embargo, es importante señalar que, en ese Consejo, tampoco participan los titulares del ISSSTE, del IMSS o de la Secretaría de Cultura.

Como lo señala el dictamen, de ese Consejo General depende la definición de los grandes objetivos nacionales de ciencia y tecnología.

Se informó que, derivado del análisis jurídico y presupuestal, el sentido del proyecto no encuentra impedimento para que esta comisión proceda a su discusión y votación.

Sin embargo, después de recabar las observaciones al proyecto que previamente fue distribuido a todos los integrantes de esta comisión, considero pertinente señalar que, con la finalidad de contar con mayores elementos de valoración para el sentido del dictamen, se proponía a los integrantes de esta comisión ampliar el proceso de análisis en donde se contemple una reunión de trabajo con los titulares de los ramos implicados en la minuta y realizar las consultas especializadas que se consideren necesarias a través de la secretaría técnica.

Por lo anterior, se puso a consideración de los presentes, acuerdo por el que se amplía el proceso de estudio de la minuta remitida por el Senado de la República durante la LXIII Legislatura, mismo que se aprobó por unanimidad.

Se aprobó por unanimidad con los votos a favor de:

Diputada María Marivel Solís Barrera (presidenta).

Diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría (secretario).
Diputada María Eugenia Hernández Pérez (secretaria).

Diputada Alejandra Pani Barragán (secretaria).
Diputado Alberto Villa Villegas (secretario).

Diputado Ricardo García Escalante (secretario).
Diputado Brasil Alberto Acosta Peña (secretario).
Diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (secretaria).

Y los integrantes:

Diputada Abril Alcalá Padilla.
Diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas.

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega.
Diputada Ana Laura Bernal Camarena.

Diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz.
Diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas.

Diputada Geraldina Isabel Herrera Vega.
Diputada María de los Ángeles Huerta del Río.

Diputado Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos.
Diputado Hirepan Maya Martínez.

Diputado Sergio Mayer Bretón.
Diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez.

Diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo.
Diputada Patricia Terrazas Baca.

5. Asuntos generales

En asuntos generales se presentó el programa Incytu (Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión). Al respecto, la doctora Julia Tagüeña, coordinadora general del Fccyt, comentó que deben establecerse los mecanismos de colaboración y un plan de trabajo que permitan mejorar la comunicación entre ambas organizaciones, para que Incytu sea de mayor utilidad al Congreso: “Esperamos que Incytu se vuelva tan importante para México como lo es Post para el Reino Unido.”

En este sentido, la diputada Ángeles Huerta mencionó que se tienen que analizar las maneras de interacción y que debe existir claridad sobre las necesidades de información en el Congreso para que se homologuen éstas con la generación de información.

Incytu basó su metodología de trabajo en el modelo de Post y el objetivo principal de esta oficina es proveer de asesoría científica a los tomadores de decisiones sobre temas que requieren de un profundo análisis para generar más discusión.

La maestra Liliana Estrada, directora de esta oficina, explicó: “hacemos investigaciones de diferente tipo y el punto de coincidencia entre nuestros productos es que hay una investigación profunda detrás, una consulta a expertos de diferentes áreas entre sector productivo, sector académico, gobierno y la sociedad para incluir en los documentos la visión completa y ser lo más neutrales que se pueda”.

Como parte de la colaboración entre el Congreso de la Unión e Incytu, la maestra Estrada presentó algunas propuestas de trabajo, entre las que se destacan: definir con la comisión una agenda de trabajo de temas de interés, contribuir con investigación sobre leyes de ciencia y tecnología en México y el mundo para apoyar a la formulación de la ley general en la materia, así como generar información y análisis para la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y organizar talleres sobre la importancia del uso de la evidencia científica.

Por otra parte, el Diputado Brasil Acosta, expresó la pertinencia de los temas que ha desarrollado Incytu y mencionó que debe analizarse y discutirse la necesidad de presupuesto para esta organización.

Finalmente, la doctora Tagüeña invitó a los presentes y a las y los integrantes de ambas cámaras no solo a apoyarse en el foro consultivo sino en las grandes academias mexicanas, la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia de Ingeniería y la Academia Nacional de Medicina, para la toma de decisiones y la generación de un debate profundo en el ámbito de CTI.

6. Clausura

Una vez desahogados los puntos del orden del día, la diputada presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, María Marivel Solís Barrera, agradeció la participación de los diputados y diputadas asistentes y dio por concluida la Sexta Reunión Ordinaria, a las 13:55 horas del mismo día de su inicio.

Aprobada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 05 de junio de 2019.

La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación

Diputados: María Marivel Solís Barrera (rúbrica), presidenta, José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica), María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica), Alejandra Pani Barragán (rúbrica), Alberto Villa Villegas (rúbrica), Ricardo García Escalante (rúbrica), Brasil Alberto Acosta Peña, Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica), secretarios; Abril Alcalá Padilla (rúbrica), Justino Eugenio Arriaga Rojas (rúbrica), Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica), Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica), Irasema del Carmen Buenfil Díaz (rúbrica), Julio Carranza Aréas (rúbrica), María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbrica), María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica), María de los Ángeles Huerta del Río (rúbrica), Limbert Iván de Jesús Interian Gallegos, Delfino López Aparicio (rúbrica), Hirepan Maya Martínez (rúbrica), Sergio Mayer Bretón (rúbrica), Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, Mario Alberto Rodríguez Carrillo (rúbrica), Jorge Romero Herrera, Patricia Terrazas Baca.

De la Comisión de Derechos Humanos, correspondiente a la segunda reunión ordinaria, efectuada el viernes 21 de diciembre de 2018

Presidente diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre: Solicito a la secretaría haga del conocimiento, el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Humanos.

Lista de asistencia inicial y final y declaratoria de quórum

Secretaria diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez. Se informa a la presidencia que hay un registro previo de 18 firmas de diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum. Presidente.

1. Presidente Hugo Rafael Ruiz Lustre

2. Secretaria Nelly Minerva Carrasco Godínez
3. Secretaria Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano

4. Secretaria Erika Vanessa Del Castillo Ibarra
5. Secretaria Laura Martínez González

6. Secretaria Graciela Zavaleta Sánchez
7. Secretaria Madeleine Bonnafoux Alcaraz

8. Secretaria Sylvia Violeta Garfias Cedillo
9. Secretaria María Lucero Saldaña Pérez

10. Secretaria Mary Carmen Bernal Martínez
11. Secretaria Kehila Abigail Ku Escalante

12. Integrante Adriana Aguilar Vázquez
13. Integrante Sebastián Aguilera Brenes

14. Integrante Socorro Bahena Jiménez
15. Integrante Samuel Calderón Medina

16. Integrante Susana Cano González
17. Integrante Rubén Cayetano García

18. Integrante Luis Eleusis Leónidas Córdoba Morán
19. Integrante Ricardo DE la Peña Marshall

20. Integrante Adriana Dávila Fernández
21. Integrante Dorheny García Cayetano

22. Integrante Geraldina Isabel Herrera Vega
23. Integrante Maribel Martínez Ruiz

24. Integrante Miguel Ángel Márquez González
25. Integrante Jorge Luis Preciado Domínguez

26. Integrante Ana Lucía Riojas Martínez
27. Integrante Josefina Salazar Báez

28. Integrante Jannet Téllez Infante
29. Integrante Claudia Tello Espinoza

30. Integrante Elva Lorena Torrez Díaz
31. Integrante Lorena Villavicencio Ayala

Presidente diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre: A sugerencia de tres o cuatro compañeros de esta comisión, el tema de la licenciada Silvia Lorena Villavicencio va a ser un poquito difícil de desahogarlo en este momento, la propuesta es que en reunión permanente para poder declarar el punto y volverlo a retomar en otra sesión porque el tiempo se nos va a ir agotando y tenemos que entrar a sesión a las once de la mañana.

Entonces en el punto del orden del día podemos tocar el tema para poder hacer esta función, porque si está un poquito álgido y luego los compañeros, coordinadores o asesores más bien los asesores que ustedes tienen hemos tenido dificultad para poder crear un vínculo directo para que le llegue la información en tiempo para que les llegue en el momento, entonces antes de empezar yo si quisiera dejar bien claro que por parte de nosotros hemos manejado la información y tenemos los acuses, aquí los tenemos y se me hace muy problemático el que cuando tengamos una reunión como esta que es nuestra sesión oficial si no en el momento estudiar los temas consultarlos los compañeros asesores digan que no les llego la información.

Hemos podido hablar con todos y cada uno de ellos y les hemos mostrado que por vía electrónica por economía de documentación de parte hemos ocupado este sistema y lo han reconocido entonces yo pregunto en esta ocasión.

Aquí yo tengo los acuses previos porque no quiero que se preste a que estamos o no ocultado manejando haciendo dilaciones de la información, creo que de los puntos torales de esta reunión todos han tenido, uno, la convocatoria creo que conforme a los acuses todos han tenido en sus manos el análisis y la opinión al respecto del presupuesto que vamos a tocar y que también tiene el tema de nuestra opinión respecto del tema a tratar con la licenciada Villavicencio creo que es el momento porque si no vamos a caer en una discusión bizarra en donde digan los compañeros unos a otros que no les llego.

Yo aquí tengo los acuses, pero si alguien propone un sistema diferente para que le llegue en el momento la información como considere que puede tener más acceso inmediato o que no se pierda en el camino pues que me lo diga en este momento, yo aquí tengo los acuses y los electrónicos, ¿todos lo tienen?

Pregunto si ya lo tenemos; sí, muy bien entonces pasemos a este punto yo pienso de aquí en adelante creo que todos tenemos confianza en la gente que los apoya si no los estaríamos proponiendo y contratando yo lo que creo que es oportuno cuando se lo mandemos por vía electrónica voy a tener que utilizar una hoja de acuse de caratula para que me firme el enlace de ustedes el coordinador o el propio diputado para que tengan constancia de que si les llego yo me voy a encargar de buscarlos nos vamos a ver seguido y los busca a ustedes para que sepan que si les llegó.

Porque si no nos vemos en este problema y hay que rediscutir el tema a mí no me llego entonces ya es una sesión de trabajo ya debemos de traer nuestras anotaciones y estudiados los puntos, hay compañeros aquí me doy cuenta con la experiencia que cuentan de una legislatura anterior o de dos han estado en diferentes lugares y traen muy muy muy buen time, muy puntual tienen un buen ritmo saben el proceso y, créanme he recibido los consejos de ellos y son verdaderamente oportunos como el que se discutió hace dos días, antier y el día de hoy con la propuesta respecto del punto de la licenciada Villavicencio que podríamos declarar permanente esta sesión para posteriormente poderlo discutir.

Porque si nos va a llevar un poquito de puntos dado que tenemos que seguir el reglamento y que tendríamos que tener opiniones de los diputados a favor y en contra todo esto en función de dar cumplimiento a la normatividad aplicable y entonces como se nos acerca mucho el tiempo por los problemas del presupuesto considero que esta mesa debe de sacar este punto.

Nuestra opinión el día de ayer, nos volvimos a encontrar y tuvimos un encuentro con gente de programación y presupuesto y me decía es urgente que me hagan llegar su opinión respecto del presupuesto con el tema que les corresponde a ustedes para que lo podamos pasar yo le pregunto esta puede ser modificado está considerado hay cosas que todavía estamos afinando, si ustedes me mandan la opinión si ya la tienen y ustedes sesionan que mejor que lo puedan hacer.

Muchos compañeros ahorita, incluso están suspendiendo su sesión la están trasladando no sé cómo le vayan a hacer para mañana o pasado, pero se esperar unas sesiones maratónicas el día de hoy mañana y pasado entonces vamos a tratar de aportar en lo que más podemos.

Hoy recibí una llamada muy álgida de los señores que están haya fuera de los que uno recibe les da audiencia y etcétera, diciendo que yo no le he querido recibir o que es mi obligación recibirlo y que es la obligación de todos nosotros como diputados recibirlos, y si es verdad, declaramos que somos una legislatura abierta de puertas abiertas.

Pero no por el hecho de ser una legislatura de puertas abiertas se permite que las personas puedan decidir y manejar nuestra agenda y nuestro tiempo, pues tenemos compromisos. Él es un individuo, si representante, si como lo tendrán ustedes y básicamente vienen a pelear el presupuesto y bueno le digo ¿qué pelean? que tenemos que tener más presupuesto para cultura, bueno ese es un egreso ¿y tú sabes de donde se va a sacar el dinero? No, bueno, es como tu si llegaras y le digieras a tu mujer que le das los mil pesos de gasto a la semana, para poner un ejemplo verdad.

A lo mejor le da más o le da menos pero hay que suponer que le das mil pesos a la semana para que gaste y cinco mil con los excelentes que pueden ser al mes y tu mujer ahora dice yo quiero diez mil porque les estás dando muy poco, oye pero si el mes pasado te di cuatro mil quinientos y ahorita te estoy dando cinco mil, ha pues que perfecto entonces finalmente dice espérate una manifestación de todas la vecinas porque tu no le estas dando dinero a tu mujer pero ese es tu capacidad de crear ese fondo. Okey.

Entonces primero hay que verificar de donde nos llega el fondo y después hacer el manifiesto, y me dice el eso yo no lo sabía que de donde va a salir el dinero para poderlo dar. Entonces yo creo que son manifestaciones acarreadas que nosotros nos hemos y tenemos que dedicar. Bien, me parece que ya tenemos quorum, entonces después de esta breve reseña vamos a dar inicio con quien solicitamos la secretaria entonces por favor e solicito a la secretaria que dé cuenta del registro previo de los diputados para conocer si tenemos quorum para dar inicio.

Secretaría: Se le informa a la presidencia que hay un registro previo de firmas de 17 diputadas y diputados, por lo tanto, hay cuórum

Presidente diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre: Habiendo cuórum suficiente, se habré la sesión.

Como siguiente punto solicito a la secretaria se dispense la lectura del orden del día y que someto a la consideración de la propia asamblea

Secretaría: Por instrucciones de la presidencia doy lectura a la orden del día: 1. lista de asistencia y declaración de quórum. 2. lectura y aprobación del orden del día. 3. lectura y en su caso aprobación del acta correspondiente a la primera reunión ordinaria. 4. lecturas discusión y en su caso aprobación de la de la opinión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 5. lectura discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Proponente diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala. 6. comunicaciones. 7. asuntos generales. 8. clausura. Está a discusión el orden del día.

Diputada: Gracias. Buen día. Presidente, solicitarle ahorita que estamos en el tema del orden del día se retire el punto donde estaríamos discutiendo y en su caso aprobando la opinión, en virtud de que como han podido darse cuenta a muchos o a muchas o algunos o algunas o a mí en particular no me llego a tiempo, no recibí la opinión a tiempo y la verdad es que considero que dos horas es muy poco el lapso para poder analizar a fondo esta opinión.

Entiendo que usted estaba comendando que se puede enriquecer, entonces mi sugerencia seria retíralo del orden del día que nos diera estas 24 horas y mañana volver a convocar para atender este punto también entiendo la premura del tiempo en virtud de que se tiene que remitir a la comisión de presupuesto, pero dos horas es muy poco tiempo para poder hacer el análisis y para poder aquí discutirlo esa sería mi petición presidente abonando a la recepción y a la actitud que usted ha mostrado de sumar y de tomar la opiniones en cuenta de todos y todas, es cuánto.

Diputada Lorena Villavicencio: Yo pediría justamente lo contrario que se mantenga en el orden del día. También ya estamos en un plazo donde esta vencida prácticamente el tiempo para omitir la opinión y en todo caso lo que podemos hacer en virtud de que tenemos sesión es de que se pudiera declarar en sesión permanente hasta que se desahogue el punto

Y quiero añadir, además, y aprovechar que aquí nos acompañan algunos medios de comunicación que de ninguna manera podemos posponer este debate porque por ya lo estamos viendo en la comisión de justicia, ha habido retrasos evidentes en la dictaminación de la misma que es a la que se le turno principalmente la iniciativa.

Hasta el momento no tenemos ninguna incorporación a ningún orden del día para la discusión de la propia iniciativa, desde luego que vamos a solicitar la prórroga por que nos parece que estamos defendiendo derechos fundamentales para las mujeres y estaremos aquí presidente en el momento que nos convoque si no logramos sacar en este tiempo la primera opinión que es sobre el tema del presupuesto, los comentarios que sí podremos regresar el día de hoy y discutir a plenitud un tema que involucra la salud de muchísimas mujeres en este país, entre otros derechos.

Diputada Josefina Salazar Báez : Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas, antes que nada. Para sumarme también presidente a la petición que hace nuestra compañera Silvia con respecto a quitar del orden del día el quinto punto derivado de que efectivamente no teníamos conocimiento de lo que es la propuesta que se está presentando para aprobación.

Yo pediría que precisamente como bien lo comenta la licenciada la diputada Villavicencio es un tema delicado, es un tema que incluye muchas mujeres y que por supuesto que estamos hablando de vidas y que necesitamos conocer un poco más el tema yo pediría que de esta se quitara del orden del día para nosotros tener más tiempo para poderla checar y, pues que se esté convocando para el día de mañana para poderle dar seguimiento.

Secretaría: Se otorga la palabra a la diputada Claudia Tello.

Diputada Claudia Tello Espinoza: Gracias, buenos días. Mi propuesta es que iniciemos la sesión, que pudiéramos escuchar a nuestro asesor técnico para aquellos que no conocen la propuesta y que si fuera necesario diéramos un tiempo para revisarla bien y continuar más adelante.

Secretario Técnico Alan Domínguez Muñoz: Tenemos que aprobar el orden del día antes de poder continuar, entonces si se va a retirar del orden del día debemos votarlo en este momento.

Secretaría: Se otorga la palabra a la diputada Dávila.

Diputada Dávila Fernández Adriana: Si, nada más, a ver, con todo gusto escuchamos al técnico, pero ese no es el caso, nosotros tenemos que hacer una revisión concreta de los documentos porque finalmente es un asunto que tendríamos que revisar.

Hay que cumplir los tiempos reglamentarios, los tiempos que establece la norma, por supuesto que aquí hay una mayoría que puede votar como considere, pero para nosotros es importante, tratándose de temas tan delicados como lo dice la diputada Villavicencio.

Me parece que no puede ser un proceso así, a vapor, y entonces ahorita lo apruebo porque bueno, si empezáramos a discutir sobre la propuesta respecto de la opinión de presupuesto hay muchísimos temas que no están incluidos en esta opinión, que bueno que incluyeron el tema que pareciera acá es más importante, pero hay muchos temas que se quedan fuera de esta opinión que se da.

Yo solo solicito que, si se puede aclarar en sesión permanente, pues podamos tener por lo menos la posibilidad de revisar qué es exactamente lo que plantearon, ayer mí técnico tuvo que ir a la oficina del presidente de la comisión para recibir los documentos que no recibimos en tiempo, y me parece que eso no es correcto.

Secretaría: ¿Algún diputado o diputada que guste?

Diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo: Sí, insistir que si necesitamos tiempo para revisar la opinión que están proponiendo hagamos como comisión sobre el tema del presupuesto. De manera que si se declara en sesión permanente y que podamos acordar hoy por la noche acabando la sesión en el pleno mañana por la mañana.

Nada más lo que si pediría es que transcurran unas horas porque a mí me la hicieron llegar hace dos horas, y en dos horas es muy complicado poder hacer una revisión de una opinión sobre temas que además son tan importantes y que concierne a muchos otros que se están ahorita planteando. Sería insistir, y me refiero al tema de la opinión sobre el presupuesto.

Secretaría: ¿Alguien más?

Presidente diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre: Yo con esto creo que tenemos suficiente para poder tomar una opinión. Diputada Garfias, acabo de mencionar que tengo los acuses de a quienes les fue entregado el análisis, el proyecto y también la opinión que hicimos.

El proyecto fue retomado por nosotros el 23 de noviembre, del 23 de noviembre a la fecha, en sesiones que hemos solicitado a los asesores de ustedes, no ha habido tanta concurrencia, y la opinión se les hizo llegar a ustedes desde el sábado.

Si hace dos horas dice que a usted le llegó, supongo que debe tener su acuse de recibo de hace dos horas. Si su asesor o su personal se lo hizo llegar hace dos horas, por parte de esta comisión se les envió el sábado pasado.

Yo pediría nuevamente por favor que, si tienen nuevamente ese problema, con su gene nos digan no me ha llegado. En la sesión pasada, en el pleno visitamos uno a uno a sus asesores para que nos hicieran de manifiesto y, si tenían de conocimiento, con prueba en mano, de que les hicimos llegar la información.

1. Para evitar esto aquí tengo los acuses de recibo, ahorita le obsequio una copia para que usted tenga certeza de que nosotros estamos cumpliendo con los tiempos.

2. Es muy importante diputada Villavicencio, el tema es muy importante y como la comisión de justicia pide igualdad, no han externado, no han revisado el dictamen a quien fue turnado en principio, nosotros generamos la opinión por parte de la comisión, y el análisis que hicimos, lo tenemos, habrá que ponerse a discusión siguiendo los formatos adecuados y lo que nos obliga la norma.

Yo considero que tenemos dos opiniones, una: que comentaba la diputada Silvia, que se retirara del orden del día, y la propuesta de la diputada Villavicencio es de que en reunión permanente y ya ha habido dos opiniones más que la podamos retomar para discutirla el día de hoy.

Tenemos muy poco tiempo para el día de hoy y para nuestra gestión ya vamos a cumplir cuatro meses. Hay que avanzar más, considero que estas son las dos propuestas y las podemos poner al tesón, podemos ponerlos a votación si así lo consideran, ya está inserto en el orden del día. Tenemos esta opción, una propuesta, retirarlo del orden del día y dos declarar la reunión permanente para poderlo discutir y desahogarlo si se puede el día de hoy. Si, adelante, ¿tiene alguien la palabra?

Secretaría: La diputada Garfias pide la palabra.

Diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo: Gracias. A ver, presidente, dos cosas: Los acuses que tenemos es de la convocatoria, no así de la opinión, tal vez no le acaba de informar su secretario técnico hace cinco minutos estuvo aquí a mi lado para señalarme que todavía la noche de anoche estuvo haciendo adecuaciones y, hace dos horas vía WhatsApp manda la opinión final.

A eso me refiera a que hay que respetar los procedimientos, no estoy en contra de que se declare en sesión permanente y que nos dé tiempo, lo único que le estoy pidiendo es un tiempo coherente, razonable, para poder analizar porque todavía anoche se hicieron adecuaciones de la opinión final y no estoy segura que todos y todas las integrantes de esta comisión tengamos el mismo documento.

Entonces lo único que nosotros tenemos que garantizar es la certeza de que es el mismo documento que vamos a venir a discutir aquí, porque me lo mandó de manera privada.

Ustedes observaron que yo en el chat solicité de nueva cuenta la opinión de la comisión que crearon y no me respondieron, eso lo hice ayer, hoy por la mañana lo volví a solicitar, tampoco me respondieron, pero de manera privada, ya aquí lo tengo, me manda la información.

Yo no sé si a todas y a todos los demás lo hicieron, entonces nada más para que quede claro como estamos actuando y que le hablen con la verdad, y respetar el procedimiento. Insisto, no estoy en contra de que se declare en receso permanente, lo único que le pido es tiempo para actuar de manera responsable y para poder analizar de manera responsable esta opinión, que no va a ser la opinión de unos o dos sino la opinión de la comisión, es cuánto.

Diputado Presidente Hugo Rafael Ruiz Lustre: Sí, haciendo hincapié en esto que usted comenta, hoy por la mañana recibimos la opinión todavía enriqueciendo el documento de la diputada Geraldine y de Keyla, es por eso que se le renovó la información el tiempo que usted comenta, pero si podemos seguir con el tema, digo buscar la manera de enriquecer la información, no podemos nosotros, esto se va a poner a discusión, cada quien tiene que conocer lo más que se pueda el documento, es algo muy importante y que impacta de manera toral al género. Entonces por favor si seguimos licenciada Villavicencio por favor.

Diputada Lorena Villavicencio Ayala: Sí, es que no me quedó claro que la diputada Silvia Violeta lo que está solicitando es que se retire el punto de presupuesto, ok, así lo señaló ella. No, es que la que acaba de llegar es de presupuesto, entonces yo quiero hacer una aclaración.

La aclaración sobre la interrupción del embarazo, para decirlo con todas sus letras, se entregó desde el sábado, lo que se entregó recientemente es la opinión sobre el tema del presupuesto, entonces yo lo que creo es que si tenemos una entrega de la opinión que se realizó el sábado tenemos condiciones para opinar sobre este tema.

En lo que puedo entender y compartir lo que usted está expresando, es que si se acaba de entregar la opinión sobre el tema de presupuesto entonces declaramos en comisión permanente, podemos hacer una evaluación de los criterios y de lo que está contenido y en el momento en que se reinstale la sesión, en ese momento todos podremos contribuir a mejorar o hacer nuestras observaciones correspondientes.

Me parece que debería así estar, incluso el orden del día en razón justamente de los tiempos que tuvimos para analizar uno y otro tema, es cuánto.

Secretaría: ¿Alguien más?

Diputado Presidente Hugo Rafael Ruiz Lustre: Nos queda claro entonces que tenemos esta opción conforme ya también lo comenta la diputada Villavicencio. Podemos someter el punto de le tema de ella declararlo en sesión permanente, si, preguntaríamos entonces, secretaria someterlo a votación si se declara en sesión permanente el orden del día.

Secretaria. Hay otra diputada que quiera hablar... La diputada Geraldine pide la palabra.

Diputada Geraldine Isabel Herrera Vega: Sí, buenos días. Yo siento una sobresaturación de temas, igual los vamos a tener en el pleno, igual viene todo el tema del presupuesto. Yo siento como que nos estamos saturando, no sé cuál sea la urgencia, pero creo que ahorita lo urgente sería el presupuesto.

No sé si habría manera de posponer el otro tema de la diputada Villavicencio, se me hace importante pero no sé cuál sea la urgencia, porque se me hace un tema muy relevante de mucho análisis que no debe de tomarse a alas carreras y creo que si se va a sesión permanente tenemos pues tanto también en el pleno, óseas cosas de que resolver y otras comisiones que siento que nos estamos sobrepasando.

No sé, para mí yo me siento saturada, para mí es un tema muy delicado, entonces a me gustaría analizarlo muy bien, yo recibí la opinión, pero no la iniciativa. Entonces a mí me gustaría analizarlo bien y que se discuta bien, entonces yo siento que ahorita hay demasiados temas en la mesa en el momento que estamos viviendo previo a la salida de vacaciones y todo que yo la verdad creo que no pasa nada si esto se pospone. Digo, no sé cuál sea la opinión de las demás.

Secretaría: ¿Nadie más? La diputada Keyla.

Diputada Keyla Abigail Ku Escalante: Sí, gracias, presidente, quisiera hacer una observación y propuesta al mismo tiempo escuchando a las demás compañeras y en el interés también de analizar también los temas pendientes.

Me parece y coincido con la mayoría que el tema urgente a aprobar el día de hoy es el de presupuesto, no tenía claridad de la solicitud de la diputada Silvia si era analizar el documento del presupuesto que tuviéramos horas para ese tema. Bien, yo solamente igual comento de mí parte que si me parece importante aclararlo.

En el caso del presupuesto de la comisión legislativa, a nosotros nos llegó un documento vía WhatsApp en el grupo el día de ayer 16, que si no me equivoco fue el domingo. Vía WhatsApp nos llegó también la opinión de la iniciativa de la diputada Lorena el día 18 como tal, hablo de esta vía como tal de comunicación porque no tengo certeza si en el correo electrónico lo tenemos y en qué fecha, si fue previa.

A mí lo que me parece importante y lo propuse el día de ayer en la junta directiva, es que hubiera un esquema de confirmación y de acuse con caratula o como lo definiera el enlace técnico junto con presidencia, para que todos tengamos la firma de acuse porque a unos nos llega por correo, a otra vía WhatsApp, a otros de manera personal, yo entiendo la saturación de trabajo que pudiéramos tener pero si también es correcto que nos llegó el documento de la opinión respecto a la iniciativa de la diputada Lorena , más no la iniciativa.

Probablemente también ahí es responsabilidad nuestra ir revisando los temas, sin embargo, también aprovecho hacer la propuesta de que, en el caso, que ayer lo decía también en la creación de las sub-comisiones que quitamos el día de hoy es importante tener presente cuales son los plazos que tenemos, porque si el plazo era el día de hoy creo que si debimos de adelantarnos a discutir esta opinión con anticipación o de redactar o de hacer llegar nuestras aportaciones, entonces ahorita si estamos presionados porque hoy se vence ya el plazo para que la comisión emita la opinión respecto de la iniciativa, independientemente de cuando dictaminen las comisiones.

En ese sentido yo propondría que podamos avanzar en aprobar el orden del día incluyendo el tema, o ambos temas, pero declarando la comisión permanente porque ya casi nos tenemos que ir a pleno y yo si tengo muchas observaciones respecto al tema de presupuesto. Dejo la solicitud de que aprobemos ya el orden del día y declarar la permanente para la revisión de presupuesto y también el de la opinión como tal, gracias.

Diputado Presidente Hugo Rafael Ruiz Lustre: Tal cual es el mismo punto en el que estamos en discusión y en análisis, gracias.

Por cuestiones de tiempo yo pediría a la secretaria la votación del orden del día.

Secretaría: No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica, se pregunta si se aprueba el orden del día.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Diputado Presidente Hugo Rafael Ruiz Lustre: Se aprueba el orden del día. Por favor pido a la secretaría el siguiente punto del orden del día.

Secretaría: El siguiente punto del orden del día es la lectura correspondiente de la primera reunión ordinaria.

Solicito a la secretaría consulte si es de omitirse la lectura tomando en consideración que ha sido previamente distribuida.

Los legisladores que estén por la afirmativa de omitir la lectura, sírvanse manifestarlo.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa señor presidente.

Diputado Presidente Hugo Rafael Ruiz Lustre: Se omite la lectura.

Siguiente punto del orden del día dentro del desahogo de ese mismo punto, pregunte a la secretaría si se aprueba el acta anterior.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría señor presidente por la afirmativa.

Diputado Presidente Hugo Rafael Ruiz Lustre: Aprobada.

Por favor pido a la secretaría me auxilie en la lectura del siguiente punto del orden del día.

Secretaría: Por instrucciones de la presidencia se consulta en votación económica si se omite la lectura al asunto anunciado por la presidencia.

Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión sobre el presupuesto de egresos de la federación 2019.

Diputado Presidente Hugo Rafael Ruiz Lustre: Pido el desahogo de este punto del orden del día, punto número 4. Por favor la intervención del coordinador técnico Alan, si por favor le puedes dar lectura.

Secretario Técnico Alan Domínguez Muñoz: Sí, aquí solicitaría se someta a votación si consideramos en reunión permanente por favor.

Habíamos discutido esto y entonces declararíamos permanente la sesión para poderla retomar.

Bien, siendo las 10:51 declararíamos en sesión permanente la presente y haríamos un receso para retomarla por la tarde y les haríamos el avisa ya sea en el pleno para que pudiéramos retomarla y para que pudiéramos desahogar sus actividades, ¿les parece?

Diputado: Yo pediría aquí a la presidencia que por favor la reunión continuara algo más cerca de donde está el recinto por si acaso se alarga y correr a votar y no tener que estar tanto tiempo aquí declarando sesión y recesos.

Entonces algo más cercano a nuestros recintos, yo creo que se puede, hay varios espacios, la mayoría de las comisiones ya emitieron sus opiniones, los únicos que faltamos entre las pocas somos nosotras las de derechos humanos. Ahorita cultura ya va emitir su opinión para votar, etcétera. Yo le pediría por favor al presidente si pudiera hacer esa petición, gracias.

Diputado Presidente Hugo Rafael Ruiz Lustre: Estamos sujetos a los espacios que se nos pueda dar los más cercanos. Les estaríamos avisando, tendríamos que buscar los espacios ahorita todos están teniendo reunión, nos tendríamos que ajustarnos al espacio lamentablemente, vamos a buscar la opción que nos favorezca más y les hacemos de conocimiento.

Entonces se declara permanente la sesión y entonces hasta el aviso próximo para que nos podamos reunir nuevamente.

Secretaría: Gracias.

De la Comisión de Desarrollo Social, relativa a la sexta reunión de junta directiva, celebrada el miércoles 22 de mayo de 2019

A las nueve horas con cuarenta minutos del miércoles veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en la sala de juntas de la Comisión de Desarrollo Social, situada en el segundo piso del edificio D, se reunieron las legisladoras y legisladores integrantes de la junta directiva de esta comisión, registrándose nueve firmas de asistencia. Con fundamento en artículo 167, numeral 5 y 151, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la secretaria en funciones de presidente, María Beatriz López Chávez, agradeció a los presentes. Consecutivamente se sometió a votación el acta de la segunda reunión extraordinaria de junta directiva de fecha 11 de abril de 2019, aprobándose por mayoría.

Posteriormente se discutió el proyecto de dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, en sentido negativo, sobre la iniciativa con proyecto de decreto, presentada por la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

No habiendo desacuerdo sobre el sentido del mismo, se acordó que se votaría en esos términos en la siguiente reunión ordinaria. En cuanto a los asuntos generales, y en uso de la palabra el biólogo Rafael de la Torre, enlace técnico de esta comisión, informó que se tenía previsto realizar dos foros de parlamento abierto para la discusión y análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024 sobre política social; uno el 27 de mayo en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en coordinación con las Comisiones de Salud, de Deporte, de Protección Civil y Prevención de Desastres, de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social, de Vivienda, y de Educación.

Informó que el segundo foro se realizaría el 31 de mayo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Posteriormente indicó que se tenían previstas las reuniones de la comisión para aprobar entre otros temas, la opinión de esta comisión respecto al Plan Nacional de Desarrollo, 2019-2024 para el próximo 5 de junio.

Agregó que el mismo 5 de junio se proponía realizar una reunión de trabajo con la subsecretaria de Desarrollo Social y Humano, Ariadna Montiel Reyes.

Finalmente, y no habiendo quien más hiciera el uso de la palabra, se dio por concluida la presente reunión de junta directiva, a las diez horas con cinco minutos de dos mil diecinueve, citándose para la siguiente reunión con previa convocatoria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a veintidós días de mayo de dos mil diecinueve.

La Junta Directiva de la Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Miguel Prado de los Santos (rúbrica), presidente; Mildred Concepción Ávila Vera (rúbrica), Olegaria Carrazco Macías (rúbrica), Lucio de Jesús Jiménez (rúbrica), María Beatriz López Chávez, María Esther Mejía Cruz, Lucio Ernesto Palacios Cordero (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), José Ramón Cambero Pérez, Janet Melanie Murillo Chávez, Ernesto Javier Nemer Álvarez (rúbrica), Carolina García Aguilar (rúbrica), Ana Karina Rojo Pimentel, Lourdes Celenia Contreras González (rúbrica), Leticia Mariana Gómez Ordaz, secretarios.

De la Comisión de Desarrollo Social, correspondiente a la tercera reunión extraordinaria, llevada a cabo el viernes 24 de mayo de 2019

A las 10:30 horas del viernes 24 de mayo de 2019, en los salones C y D del edificio G, en la Cámara de Diputados, con domicilio en avenida Congreso de la Unión, número 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, se reunieron las legisladoras y los legisladores integrantes de la Comisión de Desarrollo Social. El diputado Miguel Prado de los Santos, presidente de la comisión, solicitó a la secretaría informara sobre el cómputo de asistencia. La diputada Mildred Concepción Ávila Vera, secretaria, informó de la asistencia total de 17 integrantes de la comisión presentes. En consecuencia, el diputado Miguel Prado de los Santos declaró el quórum correspondiente. Acto seguido, se dio lectura al orden del día, se sometió a votación económica y fue aprobada por unanimidad. Posteriormente la diputada secretaria puso a consideración la omisión de la lectura del acta de la quinta reunión ordinaria de fecha 30 de abril de 2019, siendo aprobada por la mayoría. Consecutivamente y tomando en cuenta que previamente se envió a cada diputada y diputado integrante, fue sometida a votación económica, siendo aprobada por unanimidad.

Como siguiente punto del orden del día correspondiente a la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, en sentido negativo, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para evitar el Desperdicio Alimentario, presentada por la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado presidente informó que considerando que fue cargado al micrositio de esta comisión y por medio de oficio se solicitó previamente a cada uno de los integrantes hicieran llegar sus comentarios y observaciones al respecto, no se había recibido ninguno al respecto. En ese sentido, indicó que si adicionalmente algún legislador quisiera hacer algún comentario tomara el uso de la palabra.

En respuesta y en uso de la misma, el diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero mencionó que estaba de acuerdo con el sentido del proyecto de dictamen. Señaló que la propuesta de la promovente sobre la cuestión alimentaria es de suma importancia debido a que es un tema que preocupa a la sociedad, sin embargo, el Congreso de la Unión no tiene las facultades para legislar en dicha materia de desperdicio de alimentos. Agregó que en ese sentido ya existe en la actual administración un órgano llamado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), quien promueve el desarrollo de pequeños y medianos productores para buscar la autosuficiencia alimentaria.

En uso de la palabra, el diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez indicó que el sentido negativo del proyecto de dictamen estaba aceptado debido a que la propuesta de la ex diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza no está fundamentada ya que genera un impacto presupuestal de millones de pesos. Añadió que la propuesta es buena y que el estado debe retomar el tema ya que es de suma importancia a fin de que los bancos de alimentos empiecen a operar de manera más ordenada. La diputada Carolina García Aguilar en uso de la palabra afirmó estar de acuerdo con el sentido del proyecto de dictamen. Indicó que hacer una modificación a la ley como lo solicita la proponente es complicado. Informó que en la Secretaría de Bienestar se han presentado proyectos importantes para apoyar a grupos vulnerables en cuanto al desperdicio alimentario. Informó que posteriormente se presentará un proyecto donde la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento (Flama), las centrales de abasto a nivel nacional y junto con la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) firmó acuerdos para contrarrestar el hambre y la desnutrición de los niños. Afirmó que las centrales de abasto desperdician cuarenta por ciento de alimentos debido a que los excedentes se hacen merma y se van a la basura. Señaló que dichas agrupaciones buscan aprovechar éstos excedentes para llevarlos de manera eficaz a las comunidades más marginadas. Agregó que con dicha medida se busca hacer un programa que la Secretaría de Bienestar adopte para que se convierta en un programa de gobierno que encause el beneficio a los más necesitados. En uso de la palabra el diputado Miguel Prado de los Santos, manifestó que el proyecto de dictamen en comento tiene buena voluntad pese a que no es un tema donde el Congreso tenga facultad por ser de índole estatal. Señaló que el proyecto tiene un impacto presupuestal de varios millones de pesos de los cuales no se menciona de dónde saldrían dichos recursos. Indicó que buscaría una reunión de trabajo con el titular de Segalmex, con bancos de alimentos, centra de abastos y representantes de la FAO, para realizar una propuesta sobre el tema del desperdicio de alimentos.

No habiendo quién más hiciera uso de la palabra, la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, secretaria, sometió a votación el siguiente proyecto de dictamen: 1) Proyecto de dictamen de la Comisión de Desarrollo Social, en sentido negativo, sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para evitar el Desperdicio Alimentario, presentada por la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, siendo aprobado con 18 votos a favor. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, el presidente sostuvo que existían varios temas que comunicar.

Como primer punto en los asuntos generales, informó que el lunes 27 de mayo del presente año a las 10:00 horas en el salón de protocolo del edificio C, se realizaría el Foro de Parlamento Abierto para la discusión y análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Política Social, en coordinación con las Comisiones de Desarrollo Social, de Salud, de Deporte, de Protección Civil y Prevención de Desastres, de Seguridad Social, de Trabajo y Previsión Social, de Vivienda y de Educación. En un segundo punto informó que, con el mismo objetivo, el 31 de mayo del presente año, se celebrará otro foro para la discusión y análisis del Plan Nacional de Desarrollo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En un tercer punto mencionó que el 5 de junio de 2019, se llevarían a cabo las próximas reuniones tanto ordinaria como de junta directiva a fin de aprobar entre otros temas, la opinión de esta comisión respecto al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

En ese sentido señaló que se había solicitado a cada integrante sus comentarios y observaciones hacia el Plan Nacional de Desarrollo y agradeció a las y los diputados que el 23 de mayo habían enviado las correspondientes. En un último punto de asuntos generales, mencionó que el mismo 5 de junio del presente año, la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, Ariadna Montiel Reyes, había extendido la invitación a toda la comisión para que se realizara una reunión de trabajo en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar. Finalmente, y no habiendo quién más hiciera uso de la palabra, el diputado Miguel Prado de los Santos dio por concluida esta tercera reunión extraordinaria, a las 11:10 horas, citando para la siguiente reunión con previa convocatoria.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de mayo de 2019

La Junta Directiva de la Comisión de Desarrollo Social

Diputados: Miguel Prado de los Santos (rúbrica), presidente; Mildred Concepción Ávila Vera (rúbrica), Olegaria Carrazco Macías (rúbrica), Lucio de Jesús Jiménez (rúbrica), María Beatriz López Chávez, María Esther Mejía Cruz, Lucio Ernesto Palacios Cordero (rúbrica), Víctor Gabriel Varela López (rúbrica), José Ramón Cambero Pérez, Janet Melanie Murillo Chávez, Ernesto Javier Nemer Álvarez (rúbrica), Carolina García Aguilar (rúbrica), Ana Karina Rojo Pimentel, Lourdes Celenia Contreras González (rúbrica), Leticia Mariana Gómez Ordaz (rúbrica), secretarios.

De la Comisión de Pesca, relativa a la sexta reunión de junta directiva, celebrada el miércoles 24 de abril de 2019

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con treinta minutos del día veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve y de conformidad con lo establecido’ en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso General de. los Estados Unidos Mexicanos; 157, 158, 160 y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se hace constar que se encuentran reunidos en el salón 3, ubicado en el edificio 1, planta baja, los diputados y diputadas integrantes de la junta directiva de esta Comisión, con el objeto de dar inicio a la sexta reunión de la junta directiva de la Comisión de Pesca de la Sexagésima Cuarta Legislatura, misma que se convocó previamente en la Gaceta Parlamentaria conforme al siquiente:

Orden del día

1. Registro de Asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

3. Lectura, modificación y aprobación del acta de la quinta reunión de junta directiva.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen:

-Punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de diversas autoridades para establecer las medidas y acciones necesarias para regular la captura, protección y conservación de las poblaciones de cangrejo azul.

Proponente : Ediltrudis Rodríguez Arellano (Morena).

5. Discusión y aprobación del Primer Informe Semestral de Actividades de la Comisión.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

El diputado presidente Maximillano Ruiz Arias dio la bienvenida a los diputados y diputadas que asistieron a la sexta reunión de la junta directiva de la Comisión de Pesca; se informó a los diputados y diputadas asistentes, que se encontraban presentes siete de siete diputados que conforman la junta directiva, por lo que se declaró quórum legal.

Por. lo que respecta al orden del día, se sometió a consideración de los integrantes de la junta directiva la lectura, discusión y aprobación del orden del día, misma que en este acto es votado y aprobado por unanimidad de los presentes.

Como tercer punto del orden del día, se puso a consideración de los diputados y diputadas, la lectura, discusión y en su caso la aprobación del acta de la quinta reunión de junta directiva de la Comisión de Pesca , celebrada el pasado veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, la cual es del conocimiento de los diputados y diputadas asistentes. Al respecto, se sometió a votación de los integrantes de esta junta directiva aprobándose por unanimidad de los presentes.

En el siguiente punto del orden del día se discutió y analizó el dictamen del punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de diversas autoridades para establecer: las medidas y acciones necesarias para regular la captura, protección y conservación de poblaciones de cangrejo azul, presentada por la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena, aprobándose en sentido positivo, con votación económica, por unanimidad de los presentes.

Para darle seguimiento al funcionamiento de esta Comisión y a lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Diputados, el siguiente punto del orden del día, fue el análisis, discusión y aprobación económica del Primer Informe Semestral de Actividades de la Comisión, correspondiente a los meses de octubre 2018 a febrero 2019, el cual se sometió a votación económica y fue aprobado por unanimidad de los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas con diez minutos, se dio como clausurada la sexta reunión de junta directiva.

La junta directiva de la Comisión de Pesca

Diputados: Maximiliano Ruiz Arias (rúbrica), presidente; Ernesto Ruffo Appel, Lucinda Sandoval Soberanes (rúbrica), Heriberto Marcelo Aguilar Castillo (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Patricia del Carmen de la Cruz Delucio (rúbrica) y Eulalio Juan Ríos Fararoni (rúbrica), secretarios.

De la Comisión de Pesca, relativa a la sexta reunión ordinaria, celebrada el miércoles 24 de abril de 2019

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con veinte minutos del día veinticuatro de abril del año dos mil diecinueve y de conformidad con lo establecido en los artículos 39 y 45 numeral 6, incisos e) y f), de la Ley Orgánica del Congreso, General de los Estados Unidos Mexicanos; 157, 158, 160 y 167 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se hace constar que se encuentran reunidos en el salón 3, ubicado en el edificio 1, planta baja, los diputados y diputadas integrantes de esta Comisión, con el objeto de dar inicio a la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Pesca de la Sexagésima Cuarta Legislatura, misma que se convocó previamente en la Gaceta Parlamentaria conforme al siguiente:

Orden del día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.

3. Lectura, modificación y aprobación del acta de la quinta reunión ordinaria.

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen:

-Punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de diversas autoridades para establecer las medidas y acciones necesarias para regular la captura, protección y conservación de las poblaciones del cangrejo azul.

Proponente: Ediltrudis Rodríguez Arellano (Morena).

5. Discusión y aprobación del Primer Informe Semestral de Actividades de la Comisión.

6. Asuntos generales.

7. Clausura.

El diputado presidente Maximiliano Ruiz Arias dio la bienvenida a los diputados y diputadas que asistieron a la sexta reunión ordinaria de la Comisión de Pesca; se informó a los diputados y diputadas asistentes,·que se encontraban presentes diecinueve de veintisiete diputados que conforman esta Comisión, más un justificante del diputado José Ramón Cambero Pérez; por lo tanto, se declaró quórum legal.

Por lo que respecta al orden del día, se sometió a consideración de los integrantes de esta Comisión la lectura, discusión y aprobación del orden del día , misma que en este acto es aprobado por unanimidad de los presentes.

Como tercer punto del orden del día se puso a consideración de los diputados y diputadas, la modificación y, en su caso, aprobación del acta de la quinta reunión ordinaria de la Comisión de Pesca , celebrada el pasado veintisiete de marzo del año dos mil diecinueve, la cual es del conocimiento de los diputados y diputadas asistentes. Al respecto, se sometió a votación de los integrantes de esta Comisión, aprobándose por unanimidad de los presentes.

Llegados al punto número cuatro del orden del día, se discutió y analizó el dictamen del punto de acuerdo por el que se solicita la intervención de diversas autoridades para establecer las medidas y acciones necesarias para regular la captura, protección y conservación de las poblaciones de cangrejo azul; presentada por la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano, del Grupo Parlamentario de Morena; aprobándose en sentido positivo, por unanimidad de los presentes.

Para darle seguimiento al funcionamiento de esta Comisión y a lo establecido por el Reglamento de la Cámara de Diputados, el siguiente punto del orden del día fue el análisis, discusión y aprobación económica del Primer Informe Semestral de Actividades de la Comisión, perteneciente a los meses de octubre de 2018 a febrero de 2019; el cual se sometió a votación y fue aprobado por unanimidad de los presentes.

No habiendo más asuntos generales ni comentarios, siendo las once horas, se dio como clausurada la sexta reunión ordinaria.

La junta directiva de la Comisión de Pesca

Diputados: Maximiliano Ruiz Arias (rúbrica), presidente; Ernesto Ruffo Appel, Lucinda Sandoval Soberanes (rúbrica), Heriberto Marcelo Aguilar Castillo (rúbrica), Alfredo Villegas Arreola (rúbrica), Patricia del Carmen de la Cruz Delucio (rúbrica) y Eulalio Juan Ríos Fararoni (rúbrica), secretarios.

De la Comisión de Puntos Constitucionales, relativa a la octava reunión plenaria, efectuada el martes 23 de abril de 2019

A las nueve horas con cuarenta minutos del martes veintitrés de abril de dos mil diecinueve, en el mezanine, lado sur, edificio A, primer piso, se reunieron los legisladores integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, de conformidad con la convocatoria de fecha del 12 de abril 2019.

La presidenta de la comisión pasó lista de asistencia y declaratoria de quórum. Encontrándose presentes los siguientes diputados: presidenta Miroslava Carrillo Martínez. Secretarios Gustavo Contreras Montes, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Héctor Jiménez y Meneses, Esteban Barajas Barajas, Javier Salinas Narváez, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Elías Lixa Abimerhi, María Alemán Muñoz Castillo, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Silvano Garay Ulloa, Adriana Gabriela Medina Ortiz. Integrantes Lidia García Anaya, Pablo Gómez Álvarez, Erasmo González Robledo, Flor Ivone Morales Miranda, David Orihuela Nava, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Paola Tenorio Adame, Rosalba Valencia Cruz, Alejandro Viedma Velázquez, Édgar Guzmán Valdéz, Marcos Aguilar Vega, Ricardo Villareal García, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Claudia Pastor Badilla, Verónica Beatriz Juárez Piña, Martha Angélica Tagle Martínez y Marco Antonio Gómez Alcantar. Se acreditó la presencia de 29 integrantes.

De igual forma asistió la diputada Dulce Mauria Sauri Riancho.

En virtud de que se contó con el quórum reglamentario, la presidenta de la comisión, diputada Miroslava Carrillo Martínez, dio por iniciada la reunión. Solicitó se diera cuenta del punto 2 del orden del día.

El secretario, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, dio lectura al orden del día.

1.- Registro de asistencia y declaración de quórum.

2.- Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.

3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión plenaria del 26 de febrero de 2019.

4.- Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen que se enlistan a continuación:

a. Por el que se reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones de investigación. Positivo.

b. Por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de partida secreta. Positivo.

c. Por el que se reforma y adiciona el artículo 4 y 123 de la Constitución Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud preventiva. Positivo.

d. Por el que se reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de empleados superiores de hacienda. Positivo.

e. Por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de modificación de nombre a la parte integrante de la Federación Veracruz de Ignacio de la Llave. Positivo.

f. Por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa. Negativo.

g. Por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio. Negativo.

h. Por el que se reforman los artículos 21, 115, 116, 123 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública. Negativo.

i. Por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cambio de nombre a la parte integrante de la Federación Michoacán de Ocampo. Positivo.

j. Por el que se reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero. Positivo.

5.- Asuntos generales.

6.- Clausura y cita, para la próxima reunión.

Presidenta: preguntó si alguien deseaba hacer uso de la palabra con relación al orden del día. Concede el uso de la palabra.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: solicitó que se retire el inciso g) del punto 4 del orden del día, consistente en “por el que se reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio. Negativo”. Ya que fue una minuta del Senado y no se desahogó en su momento en virtud de que la Comisión de Puntos Constitucionales no fue enterada en su oportunidad.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada Dulce Mauria Sauri Riancho: manifestó que como integrante de la Mesa Directiva, hará notar tal situación y para que se lleve a cabo la notificación respectiva.

Presidenta: consultó si había más intervenciones. Al no haber intervenciones, solicitó al secretario que consultara, en votación económica, si era de aprobarse el orden del día.

Secretario: consultó a la asamblea, en votación económica, si era de aprobarse el orden del día con el retiro del inciso g) del punto 4. Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes.

Presidenta: solicitó al secretario que en el punto 3.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión plenaria del 26 de febrero de 2019, someta, en votación económica, si es de omitirse la lectura del acta de la reunión señalada.

Secretario: consultó a la asamblea, en votación económica, si se dispensaba la lectura del acta de la reunión plenaria del 26 de febrero 2019. Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes.

Presidenta: solicitó al secretario someter, en votación económica, si era de aprobarse el contenido del acta de la reunión plenaria del 26 de febrero 2019.

Secretario: consultó a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta de la reunión plenaria del 26 de febrero de 2019. Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes.

Presidenta: procedió a analizar el punto 4.- Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen que se enlistan a continuación: a) por el que se reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones de investigación. Positivo. Solicitó al secretario que sometiera, en votación económica, si era de dispensarse la lectura del dictamen antes mencionado.

Secretario: sometió, en votación económica, si era de dispensarse la lectura del dictamen mencionado. Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes.

Presidenta: informó que de acuerdo al artículo 188 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se abre la ronda de oradores tanto en pro como en contra del proyecto de dictamen por el que se reforma y adiciona el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones de investigación. Positivo. Para manifestarse a favor, se inscribieron la diputada y el diputado Flor Ivone Morales Miranda y Pablo Gómez Álvarez. Para manifestarse en contra, se inscribió la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña.

Concedió el uso de la palabra.

Diputada Flor Ivone Morales Miranda: manifestó que las comisiones de investigación no tenían relevancia y las comparecencias de los funcionarios eran en formato cerrado las cuales no eran útiles para realizar labores de vigilancia.

Con las reformas que se estudian, se dan facultades de investigación sin un formato establecido. Se otorgan facultades a las comisiones para realizar con efectividad su trabajo. Por ultimo felicita a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: comentó que en términos generales se encuentra de acuerdo con el dictamen; sin embargo, consideró que hay una transgresión a los órganos autónomos, consideró que debe excluirse a todos los órganos autónomos y solamente se de vista al Sistema Nacional Anticorrupción, ya que se viola el artículo 61 constitucional.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Pablo Gómez Álvarez: comentó que la primera comisión se realizó en el año 1979 y se demostró que estas comisiones fueron nulas. El principio de máxima transparencia implica que todo debe ser investigado, no debe haber límites.

Respecto a órganos autónomos, como es el caso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Congreso de la Unión es objeto de recomendaciones, por lo que la CNDH quedaría fuera de estas comisiones de investigación, así como el Poder Judicial. Continuó diciendo que las comisiones no investigan personas, investigan entes públicos. No es una persecución penal.

Por último, manifestó que el Poder Ejecutivo puede integrar comisiones y eso no está justificado si el Congreso no puede hacerlo. Consideró que es mejor que el Congreso investigue entes públicos a que lo haga el propio gobierno.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez: manifestó que cuando una investigación se hace con parámetros técnicos es una investigación objetiva y cuando el Congreso realiza investigaciones por medio de comisiones, el asunto se politiza. De igual manera, manifestó que las comisiones investigadoras son instrumento de las minorías. Las comisiones trastocan los objetivos de otros entes creados que realizan investigaciones, por ejemplo, de corrupción.

Los órganos constitucionales autónomos, fueron creados para no estar subordinados al gobierno, lo que se pretende aprobar violentaría la autonomía de estos órganos autónomos.

El tema da mucho para hablar ya que es un terreno para erradicar la corrupción. En consecuencia, Movimiento Ciudadano no aprueba la reforma que se propone.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada María Alemán Muñoz Castillo: manifestó que los diputados del Partido Revolucionario Institucional presentan una reserva, lo anterior de acuerdo al artículo 189, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, en el siguiente sentido:

“Articulo 93. ...

...

Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, y sin que medie más trámite, tienen la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de cualquier ente público, con excepción del Poder Judicial y los órganos con autonomía constitucional. Los resultados de las investigaciones...”.

Continuó diciendo que, la reserva consiste en la frase “... y sin que medie más trámite...” Con lo cual se le da fortaleza a lo dispuesto por el precepto constitucional

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Ricardo Villareal García: presentó una reserva manifestando que para el Partido Acción Nacional esta es una iniciativa que ayuda a transparentar a la opinión pública, lo que pasa en el gobierno. La reserva es en el sentido de que no haya excepción alguna sin que medie mayor trámite, eliminando la excepción del Poder Judicial y de la CNDH, es decir, que se pueda investigar cualquier ente público.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: manifestó que el Partido Verde Ecologista de México votará a favor de lo que se encuentra en el dictamen, en el sentido de darle poder a las comisiones. Resalta que las comisiones investigarán, no sancionarán. Concluyó diciendo que la autonomía de los órganos autónomos no se violenta, al contrario, se fortalecen las dinámicas internas de estos órganos.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Silvano Garay Ulloa: Propuso que se cambie la redacción al artículo 93 señalado en el dictamen, el cambio consiste en sustituir la frase “... Ejecutivo de la Unión...” por “... Poder Ejecutivo...”.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Pablo Gómez Álvarez: manifestó que lo propuesto es solamente un cambio de forma no de fondo. Continuó diciendo que las comisiones ya existen. Las comisiones no castigan ni judicializan, lo que hacen es investigar.

La CNDH tiene una situación de encapsulamiento en la Constitución y consideró que se mantenga de esa forma. Todos los demás entes no se encuentran en esta situación y se trata de investigar y de ahí podría salir cualquier otro asunto, las comisiones no son auxiliares de Ministerio Público.

Presidenta: informó que se agotaron las intervenciones. Solicitó al secretario que sometiera a consideración de los presentes, en votación económica, si se admitía a discusión la reserva realizada por la diputada María Alemán Muñoz Castillo.

Secretario: sometió, en votación económica, si se admite a discusión la reserva realizada por la diputada María Alemán Muñoz Castillo. Se aprobó por mayoría de votos y se presentaron tres abstenciones. Se admitió a discusión.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Pablo Gómez Álvarez: manifestó que con la reforma que se propone se ubicarían en igualdad de condiciones a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Advirtió que las comisiones son un instrumento para las minorías, pero que eso no significa que la mayoría no pudieran hacer uso de ese instrumento. De igual manera estuvo de acuerdo con la propuesta realizada por la diputada María Alemán Muñoz Castillo.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada Claudia Pastor Badilla: Coincidió con la propuesta realizadas por la diputada María Alemán Muñoz Castillo y del diputado Pablo Gómez Álvarez. Por último, preguntó ¿cuáles serían los requisitos para generar una comisión?

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Pablo Gómez Álvarez: manifestó que en la ley hay que colocar las características y número de las comisiones, asimismo, manifestó que deben existir una cantidad máxima de comisiones.

Presidenta: informó que se agotaron las intervenciones. Solicitó al secretario que sometiera a consideración de los presentes, en votación económica, si se admite a discusión la reserva realizada por el diputado Ricardo Villareal García.

Secretario: sometió, en votación económica, si se admite a discusión la reserva realizada por el diputado Ricardo Villareal García. Se aprobó por unanimidad de votos. Se admitió a discusión. Para manifestarse a favor, se inscribió el diputado Ricardo Villareal García. Para manifestarse en contra, se inscribió el diputado Pablo Gómez Álvarez.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Pablo Gómez Álvarez: solicitó que no se modificara la excepción de ser investigado el Poder Judicial.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Ricardo Villareal García: manifestó que contrario a lo planteado por el diputado Pablo Gómez Álvarez, el Poder Judicial debe ser investigado. Solamente mantener la excepción al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Continuó diciendo que en la justicia penal hay exámenes de control para todos, excepto al Poder Judicial. Sin embargo, hay corrupción en el Poder Judicial, concluyó diciendo que si existe preocupación por la materia electoral, que esta se deje en un estado de excepción.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada Claudia Pastor Badilla: expresó que todos quieren transparencia y eliminar la corrupción, el problema es cuando se generaliza. El Poder Judicial tiene sus propios órganos de vigilancia.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez: declaró que en el Partido Movimiento Ciudadano está preocupado por la revisión que se pretende hacer a la actuación de los órganos autónomos, ya que estos actualmente cuentan con mecanismos de investigación.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: manifestó que coincide con lo dicho por el diputado Pablo Gómez Álvarez, ya que existe un respeto entre poderes. El TEPJF es un tribunal sui generis y no estaría de más investigar diversos actos realizados por ese tribunal.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada Claudia Pastor Badilla: enunció que el Consejo de la Judicatura lleva el control del Poder Judicial y tiene un origen diferente al del Poder Legislativo.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Ricardo Villareal García: consideró que se debe construir una modificación que satisfaga a todos y se de en consenso y apruebe el dictamen que se discute en lo general y en el pleno llevaran esta reserva.

Presidenta: solicitó al secretario que consultara si el tema estaba suficientemente discutido.

Secretario: consultó, en votación económica, a la asamblea si el tema se encontraba suficientemente discutido en lo general. Se aprobó que el tema estaba suficientemente discutido en lo general por unanimidad de votos de los presentes.

Presidenta: solicitó al secretario que tomara la votación económica, de la reserva propuesta por la diputada María Alemán Muñoz Castillo.

Secretario: Consulta, en votación económica la reserva propuesta por la diputada María Alemán Muñoz Castillo. Se aprueba por unanimidad de votos de los presentes y se incorpora al dictamen.

Presidenta: Solicitó al secretario que consultara, en votación económica, a la asamblea respecto a la reserva propuesta por el diputado Ricardo Villareal García.

Secretario: Consultó, en votación económica, a la asamblea respecto a la reserva propuesta por el diputado Ricardo Villareal García. Por mayoría de votos no se aprobó la reserva respectiva.

Presidenta: Solicitó al Secretario que consultara, en votación económica, a la asamblea respecto a la reserva propuesta por el diputado Silvano Garay Ulloa.

Secretario: Consultó, en votación económica, a la asamblea respecto a la reserva propuesta por el diputado Silvano Garay Ulloa. Por mayoría de votos se aprobó la reserva respectiva, se agrega al dictamen.

Presidenta: solicitó al secretario que tomara la votación nominal, en lo general respecto al dictamen que se presenta.

Secretario: Consulta, en votación nominal, si era de aprobarse el dictamen que estuvo a discusión. A favor, diputados Miroslava Carrillo Martínez, Gustavo Contreras Montes, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Héctor Jiménez y Meneses, Esteban Barajas Barajas, Javier Salinas Narváez, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Elías Lixa Abimerhi, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Silvano Garay Ulloa, Lidia García Anaya, Pablo Gómez Álvarez, Flor Ivone Morales Miranda, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Paola Tenorio Adame, Rosalba Valencia Cruz, Alejandro Viedma Velázquez, Édgar Guzmán Valdez, Marcos Aguilar Vega, Ricardo Villareal García y Marco Antonio Gómez Alcantar.

Abstención: Diputados María Alemán Muñoz Castillo, Adriana Gabriela Medina Ortiz y Cruz Juvenal Roa Sánchez, Verónica Beatriz Juárez Piña y Martha Angélica Tagle Martínez.

Presidenta: solicitó al secretario que tomara la votación nominal, en lo particular respecto al dictamen que se presenta.

Secretario: consulta, en votación nominal, si es de aprobarse el dictamen que estuvo a discusión. A favor, diputados Miroslava Carrillo Martínez, Gustavo Contreras Montes, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Héctor Jiménez y Meneses, Esteban Barajas Barajas, Javier Salinas Narváez, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Elías Lixa Abimerhi, Iván Arturo Pérez Negrón Ruíz, Silvano Garay Ulloa, Lidia García Anaya, Pablo Gómez Álvarez, Flor Ivone Morales Miranda, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Paola Tenorio Adame, Rosalba Valencia Cruz, Alejandro Viedma Velázquez, Édgar Guzmán Valdez, Marcos Aguilar Vega, Ricardo Villareal García y Marco Antonio Gómez Alcantar.

Abstención: Diputados María Alemán Muñoz Castillo, Adriana Gabriela Medina Ortiz y Cruz Juvenal Roa Sánchez, Verónica Beatriz Juárez Piña y Martha Angélica Tagle Martínez.

Presidenta: solicitó al secretario que diera lectura a los artículos 150; 171; 177, párrafo IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Secretario: dio lectura a los preceptos solicitados.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez: manifestó que es importante que la reunión no se posponga ya que son reformas constitucionales.

Presidenta: comentó que se debe hacer un receso para desahogar los asuntos del pleno.

Presidenta: procedió a analizar el punto cuatro, b) por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de partida secreta. Positivo. Del orden del día.

Solicitó al secretario consultara, en votación económica, si se omite la lectura.

Secretario: consultó en votación económica si era de omitirse la lectura del asunto enunciado. Por unanimidad de votos de los presente se omitió la lectura.

Presidenta: anunció que se abriría la discusión en lo particular y en lo general del asunto citado, lo anterior, de acuerdo al artículo 188 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Solicitó al secretario que consultara si había oradores en favor y en contra.

Secretario: consultó si hay oradores. No se presentan oradores.

Presidenta: solicitó al secretario que sometiera en votación nominal, en lo general y en lo particular, si es de aprobarse el asunto en estudio.

Secretario: sometió a votación nominal, en lo general y en lo particular el punto del orden del día en estudio. A favor: diputados Miroslava Carrillo Martínez, Gustavo Contreras Montes, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Héctor Jiménez y Meneses, Esteban Barajas Barajas, Javier Salinas Narváez, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Elías Lixa Abimerhi, María Alemán Muñoz Castillo, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Silvano Garay Ulloa, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Lidia García Anaya, Pablo Gómez Álvarez, Flor Ivone Morales Miranda, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Paola Tenorio Adame, Rosalba Valencia Cruz, Alejandro Viedma Velázquez, Édgar Guzmán Valdez, Marcos Aguilar Vega, Ricardo Villareal García, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Martha Angélica Tagle Martínez y Marco Antonio Gómez Alcantar.

Presidenta: procedió a analizar el punto cuatro, c) por el que se reforma y adiciona el artículo 4 y 123 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud preventiva. Positivo, del orden del día.

Solicitó al secretario consultara, en votación económica, si se omite la lectura.

Secretario: Consultó en votación económica si era de omitirse la lectura del asunto enunciado. Por unanimidad de votos de los presente se omitió la lectura.

Presidenta: anunció que se abre la discusión en lo particular y en lo general del asunto citado, lo anterior de acuerdo al artículo 188 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Solicitó al secretario que consultara si había oradores en favor y en contra.

Secretario: consultó si hay oradores. A favor: diputados Elías Lixa Abimerhi, Martha Angélica Tagle Martínez y Lucio Ernesto Palacios Cordero. En contra: diputada Lidia García Anaya.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Elías Lixa Abimerhi: manifestó que presentará una reserva, asimismo, comentó que la mejor política de salud es la prevención. Todos los trabajadores por decreto constitucional deben tener un día con goce de sueldo para realizarse estudios médicos. Deben existir reglas para este derecho. Por último, solicitó se añada un transitorio cuarto y se recorran los subsecuentes, para que la Cámara de Diputados regule este derecho ya que hay que transitar a una cultura de la prevención.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada Lidia García Anaya: se manifestó en contra, pero no en contra del derecho a la salud. Solicitó que esta reforma se refleje en la Ley Federal del Trabajo y en la ley de la materia. Ya que la modificación de las leyes es más rápida que esperar a que se modifique la Constitución y en caso de que se modifiquen las leyes la Comisión de Puntos Constitucionales no es competente para conocer del asunto.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Héctor Jiménez y Meneses: cuestionó si era posible colocar la frase “todas las enfermedades”, aprovechado que hay modificaciones a la legislación laboral.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: preguntó que cuáles eran las enfermedades profesionales, ya que no están reconocidas estas enfermedades y solicita que el derecho a la salud sea total.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Pablo Gómez Álvarez: propone cambiar la palabra “asueto” por otro vocablo para que no se entienda que es un día de descanso. Comentó que los estudios médicos solamente se hagan en instituciones de salud públicas.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Elías Lixa Abimerhi: manifestó que la redacción al artículo constitucional tiene como origen tratados internacionales signados por México. Lo que puede hacer el Estado mexicano es garantizar la salud de todos y así estandarizar la Constitución con estos tratados internacionales.

La causa por lo que no está en la Ley Federal del Trabajo, es porque no se encuentra como un derecho constitucional.

Lo que busca la iniciativa es que el trabajador se atienda en la institución de salud que él decida sea pública o privada.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez: manifestó que apoya la iniciativa, ya que el país ha quedado rezagado con los tratados internacionales ratificados. Solicitó que también se incluyan las enfermedades epidémicas.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero: externó que está de acuerdo en que se dé un tránsito de este tipo en la Constitución, ya que la salud es una responsabilidad del Estado.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada Lidia García Anaya: comentó que las enfermedades profesionales si están reguladas en el artículo 123 de la Constitución y en los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo. El día que se concede para hacerse estudios médicos no será obligatorio para los trabajadores hasta que este incorporado en las leyes reglamentarias.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Pablo Gómez Álvarez: propuso que se diga “todas las enfermedades”. Se debe prever a las instituciones de salud pública para que tengan la capacidad de atender a todo usuario.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Elías Lixa Abimerhi: comentó que la redacción fue tomada de los documentos internacionales ratificados por México.

Presidenta: solicitó al secretario, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Secretario: consultó, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general. Se aprueba por mayoría que el asunto se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Presidenta: solicitó al secretario consultara en votación nominal, si el asunto era de aprobarse en lo general.

Secretario: consultó, en votación nominal, si era de aprobarse el asunto en estudio en lo general. A favor: diputados Miroslava Carrillo Martínez, Gustavo Contreras Montes, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Héctor Jiménez y Meneses, Esteban Barajas Barajas, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Elías Lixa Abimerhi, María Alemán Muñoz Castillo, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Silvano Garay Ulloa, Pablo Gómez Álvarez, Flor Ivone Morales Miranda, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Paola Tenorio Adame, Rosalba Valencia Cruz, Alejandro Viedma Velázquez, Édgar Guzmán Valdez, Ricardo Villareal García, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Martha Angélica Tagle Martínez y Marco Antonio Gómez Alcantar. En abstención: diputada Lidia García Anaya.

Presidenta: dio cuenta de las reservas presentadas por el diputado Elías Lixa Abimerhi y la diputada Martha Angélica Tagle Martínez. Solicito al secretario que consultara en votación económica si se admitían a discusión.

Secretario: consultó, en votación económica, si era de aprobarse la reserva propuesta por el diputado Elías Lixa Abimerhi. Por mayoría de votos se aprueba la reserva y pasa a discusión.

Presidenta: solicitó al secretario que consultara si hay oradores a favor y en contra.

Secretario: consultó si hay oradores a favor o en contra de la reserva. No se presentan oradores.

Presidenta: solicitó al secretario que consultara, en votación económica, si es de aprobarse la reserva propuesta.

Secretario: consultó, en votación nominal, si era de aprobarse la reserva propuesta. Por mayoría de votos se aprueba.

Presidenta: solicitó al secretario que consultara en votación económica si era de aprobarse la reserva propuesta por la diputada Martha Angélica Tagle Martínez.

Secretario: consultó, en votación económica, si era de aprobarse la reserva propuesta por la diputada Martha Angélica Tagle Martínez. Por mayoría de votos se aprueba la reserva y pasa a discusión.

Presidenta: solicitó al secretario que consultara si hay oradores a favor y en contra.

Secretario: consultó si había oradores a favor o en contra de la reserva. No se presentan oradores.

Presidenta: solicitó al secretario que consultara, en votación económica, si era de aprobarse la reserva propuesta.

Secretario: consultó, en votación económica, si era de aprobarse la reserva propuesta. Se aprueba por unanimidad.

Presidenta: solicitó al secretario consultara en votación nominal, si el asunto es de aprobarse en lo particular.

Secretario: consultó, en votación nominal, si es de aprobarse el asunto en estudio en lo particular. A favor: diputados Miroslava Carrillo Martínez, Gustavo Contreras Montes, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Héctor Jiménez y Meneses, Esteban Barajas Barajas, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Elías Lixa Abimerhi, María Alemán Muñoz Castillo, Iván Arturo Pérez Negrón Ruíz, Silvano Garay Ulloa, Pablo Gómez Álvarez, Flor Ivone Morales Miranda, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Paola Tenorio Adame, Rosalba Valencia Cruz, Alejandro Viedma Velázquez, Édgar Guzmán Valdez, Ricardo Villareal García, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Martha Angélica Tagle Martínez y Marco Antonio Gómez Alcantar.

En abstención: diputada Lidia García Anaya.

Presidenta: informó que el dictamen se remitirá la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. El siguiente punto del orden del día es el cuatro, d) por el que se reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de ratificación de empleados superiores de hacienda. Positivo.

Solicitó al secretario consultara en votación económica si se omite la lectura del mismo.

Secretario: consultó a la asamblea, en votación económica si se omitía la lectura del punto del orden del día en cuestión. Se aprobó la omisión de la lectura de por unanimidad de votos de los presentes.

Presidenta: informó que se abre la ronda de intervenciones a favor o en contra y solicitó al Secretario inscribiera a los oradores.

Secretario: consultó si había oradores a favor o en contra. No se registraron oradores.

Presidenta: solicitó al secretario tomara la votación nominal en lo general y en lo particular del asunto que se discute.

Secretario: sometió en votación nominal, en lo general y en lo particular, el asunto del orden del día que se discutía. A favor: diputados Miroslava Carrillo Martínez, Gustavo Contreras Montes, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Héctor Jiménez y Meneses, Esteban Barajas Barajas, Iván Arturo Rodríguez Rivera, Elías Lixa Abimerhi, María Alemán Muñoz Castillo, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Silvano Garay Ulloa, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Lidia García Anaya, Pablo Gómez Álvarez, Flor Ivone Morales Miranda, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Paola Tenorio Adame, Rosalba Valencia Cruz, Alejandro Viedma Velázquez, Édgar Guzmán Valdez, Ricardo Villareal García, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Verónica Beatriz Juárez Piña y Martha Angélica Tagle Martínez.

Presidenta: manifestó que el dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular, remitiéndose a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. El siguiente punto del orden del día es el cuatro e) por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de modificación de nombre a la parte integrante de la Federación Veracruz de Ignacio de la Llave. Positivo.

Solicitó al Secretario que consultara en votación económica si se omite la lectura del mismo.

Secretario: consultó a la asamblea, en votación económica si se omite la lectura del punto del orden del día en cuestión. Se aprobó la omisión de la lectura de por unanimidad de votos de los presentes.

Presidenta: informó que se abre la ronda de intervenciones a favor o en contra y solicitó al secretario inscribiera a los oradores.

Secretario: consultó si había oradores a favor o en contra. Se inscribió para hablar a favor la diputada Rosalba Valencia Cruz.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada Rosalba Valencia Cruz: manifestó que se encuentra a favor del cambio solicitado a Veracruz de Ignacio de la Llave.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Héctor Jiménez y Meneses: consideró que es justo que se llame a Veracruz de Ignacio de la Llave.

Presidenta: manifestó que de acuerdo al artículo 189 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte el secretario si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

Secretario: consultó, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Se aprobó por unanimidad de votos.

Presidenta: solicitó al secretario que tomara la votación nominal en lo general y en lo particular del asunto que se discute.

Secretario: sometió en votación nominal, en lo general y en lo particular el asunto del orden del día que se discute. A favor: diputados Miroslava Carrillo Martínez, Gustavo Contreras Montes, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Héctor Jiménez y Meneses, Esteban Barajas Barajas, Iván Arturo Rodríguez Rivera, María Alemán Muñoz Castillo, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Silvano Garay Ulloa, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Lidia García Anaya, Pablo Gómez Álvarez, Flor Ivone Morales Miranda, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Paola Tenorio Adame, Rosalba Valencia Cruz, Alejandro Viedma Velázquez, Édgar Guzmán Valdez, Ricardo Villareal García, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Verónica Beatriz Juárez Piña, Martha Angélica Tagle Martínez y Marco Antonio Gómez Alcantar.

Presidenta: manifestó que el dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular, remitiéndose la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. El siguiente punto del orden del día es el cuatro f) por el que se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa. Negativo.

Solicitó al secretario que consultara en votación económica si se omitía la lectura del mismo.

Secretario: consultó a la asamblea, en votación económica, si se omitía la lectura del punto del orden del día en cuestión. Se aprobó la omisión de la lectura por unanimidad de votos de los presentes.

Presidenta: informó que se abría la ronda de intervenciones a favor o en contra y solicitó al secretario que inscribiera a los oradores.

Secretario: consultó que si había oradores a favor o en contra. No se registraron oradores.

Presidenta: solicitó al secretario que tomara la votación nominal en lo general y en lo particular del asunto que se discute.

Secretario: sometió en votación nominal, en lo general y en lo particular el asunto del orden del día que se discute. A favor: diputados Miroslava Carrillo Martínez, Gustavo Contreras Montes, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Héctor Jiménez y Meneses, Esteban Barajas Barajas, Iván Arturo Rodríguez Rivera, María Alemán Muñoz Castillo, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Silvano Garay Ulloa, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Lidia García Anaya, Pablo Gómez Álvarez, Flor Ivone Morales Miranda, David Orihuela Nava, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Paola Tenorio Adame, Rosalba Valencia Cruz, Alejandro Viedma Velázquez, Édgar Guzmán Valdez, Ricardo Villareal García, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Verónica Beatriz Juárez Piña y Martha Angélica Tagle Martínez.

Presidenta: manifestó que el dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular, remitiéndose a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. El siguiente punto del orden del día es el cuatro h) por el que se reforman los artículos 21, 115, 116, 123 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública. Negativo.

Solicitó al secretario que consultara en votación económica si se omitía la lectura del mismo.

Secretario: consultó a la asamblea, en votación económica, si se omitía la lectura del punto del orden del día en cuestión. Se aprobó la omisión de la lectura por unanimidad de votos de los presentes.

Presidenta: informó que se abría la ronda de intervenciones a favor o en contra y solicitó al Secretario inscribiera a los oradores.

Secretario: consultó si había oradores a favor o en contra. No se registraron oradores.

Presidenta: solicitó al secretario que tomara la votación nominal en lo general y en lo particular del asunto que se discute.

Secretario: sometió en votación nominal, en lo general y en lo particular, el asunto del orden del día que se discutía. A favor: diputados Miroslava Carrillo Martínez, Gustavo Contreras Montes, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Héctor Jiménez y Meneses, Esteban Barajas Barajas, Iván Arturo Rodríguez Rivera, María Alemán Muñoz Castillo, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Silvano Garay Ulloa, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Lidia García Anaya, Pablo Gómez Álvarez, Flor Ivone Morales Miranda, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Paola Tenorio Adame, Rosalba Valencia Cruz, Alejandro Viedma Velázquez, Édgar Guzmán Valdez, Ricardo Villareal García, Cruz Juvenal Roa Sánchez, Verónica Beatriz Juárez Piña y Martha Angélica Tagle Martínez.

Presidenta: manifestó que el dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular, remitiéndose a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. El siguiente punto del orden del día es el cuatro i) por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de cambio de nombre a la parte integrante de la federación Michoacán de Ocampo. Positivo.

Solicitó al secretario que consultara en votación económica si se omitía la lectura del mismo.

Secretario: consultó a la asamblea, en votación económica, si se omitía la lectura del punto del orden del día en cuestión. Se aprobó la omisión de la lectura por unanimidad de votos de los presentes.

Presidenta: informó que se abría la ronda de intervenciones a favor o en contra y solicitó al secretario que inscribiera a los oradores.

Secretario: consultó si había oradores a favor o en contra. A favor se registran los diputados Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz y Esteban Barajas Barajas.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: reconoció el sentido del dictamen, ya que a Michoacán se le conoce como Michoacán de Ocampo, lo que consolida el desarrollo de las entidades federativas.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Esteban Barajas Barajas: consideró que era acertado que Michoacán lleve el apellido de un prócer de la patria.

Presidenta: solicitó al secretario que solicitara a la asamblea, en votación económica, si el asunto se encontraba suficientemente discutido.

Secretario: consultó a la asamblea, en votación económica si el asunto se encontraba suficientemente discutido. Se aprobó por unanimidad de votos.

Presidenta: solicitó al secretario que tomara la votación nominal en lo general y en lo particular del asunto que se discutía.

Secretario: sometió en votación nominal, en lo general y en lo particular, el asunto del orden del día que se discute. A favor: diputados Miroslava Carrillo Martínez, Gustavo Contreras Montes, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Héctor Jiménez y Meneses, Esteban Barajas Barajas, Iván Arturo Rodríguez Rivera, María Alemán Muñoz Castillo, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Silvano Garay Ulloa, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Lidia García Anaya, Pablo Gómez Álvarez, Flor Ivone Morales Miranda, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Paola Tenorio Adame, Rosalba Valencia Cruz, Alejandro Viedma Velázquez, Édgar Guzmán Valdez, Ricardo Villareal García y Cruz Juvenal Roa Sánchez.

Presidenta: remitió el dictamen aprobado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. A las catorce horas declaró un en sesión permanente para el reanudar el 24 de abril de 2019 a las ocho horas con treinta minutos.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez: manifestó que hay interés de que se discuta y que se apruebe el dictamen de fuero. Movimiento Ciudadano solicitó que se continuara con la reunión ya que no hay motivo para suspenderla.

Presidenta: solicitó al secretario que consultara a la asamblea, en votación económica, si era de aprobarse que la Comisión de Puntos Constitucionales se instalará en reunión permanente.

Secretario: consultó en votación económica lo solicitado por la presidenta. Se aprobó por mayoría de votos de los presentes.

Presidenta: siendo las catorce horas con cinco minutos, declaró en reunión permanente a la Comisión de Puntos Constitucionales.

A las diecisiete horas se reanudó la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Comentó que se analizara el punto cuatro j) por el que se reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fuero. Positivo, del orden del día.

Solicitó al secretario que consultara en votación económica si se omitía la lectura del mismo.

Secretario: consultó a la asamblea, en votación económica, si se omitía la lectura del punto del orden del día en cuestión. Se aprobó la omisión de la lectura por unanimidad de votos de los presentes.

Presidenta: informó que se abría la ronda de intervenciones a favor o en contra y solicitó al secretario que inscribiera a los oradores.

Secretario: consultó si había oradores a favor o en contra. A favor se registra el diputado Elías Lixa Abimerhi y las diputadas Adriana Gabriela Medina Ortiz y María Alemán Muñoz Castillo.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Elías Lixa Abimerhi: consideró que hay que ser transparentes: el presente dictamen no es la eliminación del fuero es la ampliación de motivos por los que el presidente de la República puede ser acusado.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: manifestó que Movimiento Ciudadano ha impulsado la eliminación del fuero y apoya el tema por congruencia. Hace constar que no se elimina el fuero como tal.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada María Alemán Muñoz Castillo: afirmó que no se trata de eliminar el fuero, lo que está aconteciendo con el presente dictamen es ampliar el catálogo de delitos por los que el presidente de la república puede ser procesado.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruíz: comentó que nunca se había dado una iniciativa de este tipo y en efecto se amplía el catálogo de delitos por los que se puede acusar al presidente de la Republica. Este dictamen es la base del nuevo régimen entre el gobierno y los ciudadanos.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez: consideró que, en términos de la minuta enviada por el Senado, parece que hay una ampliación del fuero a los diputados ya que solamente pueden ser acusados por los delitos descritos en el artículo 19 de la Constitución. Respecto al artículo 111 de la Constitución este no se modifica.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Pablo Gómez Álvarez: expuso que es inadecuado el cambio que hizo la Cámara de Senadores por lo que toca a los diputados hacer su tarea. Los diputados y senadores son impunes en el 99 por ciento de los delitos. Manifiesta que presentó una nueva iniciativa para eliminar el fuero y mantener la inmunidad del ejercicio.

Presidenta: manifestó que de acuerdo al artículo 189 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte el secretario si el asunto se encuentra suficientemente discutido.

Secretario: consultó si, en votación económica, si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Se aprobó por unanimidad de votos.

Presidenta: solicitó al secretario que sometería en votación nominal si era de aprobarse en lo general el presente dictamen.

Secretario: consultó si, en votación nominal, si era de aprobarse el presente asunto. A favor: diputados Miroslava Carrillo Martínez, Gustavo Contreras Montes, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Héctor Jiménez y Meneses, Esteban Barajas Barajas, Elías Lixa Abimerhi, María Alemán Muñoz Castillo, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Silvano Garay Ulloa, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Pablo Gómez Álvarez, Erasmo González Robledo, Flor Ivone Morales Miranda, David Orihuela Nava, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Paola Tenorio Adame, Rosalba Valencia Cruz, Alejandro Viedma Velázquez, Édgar Guzmán Valdez, Marcos Aguilar Vega y Martha Angélica Tagle Martínez.

En abstención: diputada Lidia García Anaya.

Presidenta: mencionó que se presentaron reservas por parte del diputado Elías Lixa Abimerhi y de la diputada María Alemán Muñoz Castillo. Solicitó al secretario que consultara en votación económica si era de abrirse la discusión.

Secretario: sometió a votación económica lo solicitado por la presidenta. Fue aprobado por unanimidad de votos la discusión de las reservas.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Elías Lixa Abimerhi: manifestó que no era la eliminación del fuero. Es incorporar los delitos del artículo 19 constitucional para que el presidente de la Republica sea acusado. No se amplían los privilegios de los diputados y senadores.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputado Pablo Gómez Álvarez: externó que la frase de delitos graves genera confusión ya que los delitos graves eran a consideración de la Cámara de Diputados.

Presidenta: concedió el uso de la palabra.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez: consideró que la presente reforma era clara por cuales delitos se puede acusar al presidente de la República, manifestó que no era necesario mencionarlos, recordó que los delitos graves ya no existen.

Presidenta: solicitó al secretario que sometiera en votación económica si era de aprobarse la reserva presentada.

Secretario: sometió en votación económica la reserva presentada. Se aprobó por unanimidad de votos.

Presidenta: solicitó al Secretario en votación nominal si era de aprobarse en lo particular el presente dictamen.

Secretario: sometió en votación nominal la aprobación del dictamen mencionado. A favor: diputados Miroslava Carrillo Martínez, Gustavo Contreras Montes, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, Héctor Jiménez y Meneses, Esteban Barajas Barajas, Elías Lixa Abimerhi, María Alemán Muñoz Castillo, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Silvano Garay Ulloa, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Pablo Gómez Álvarez, Erasmo González Robledo, Flor Ivone Morales Miranda, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Paola Tenorio Adame, Rosalba Valencia Cruz, Alejandro Viedma Velázquez, Édgar Guzmán Valdez, Marcos Aguilar Vega y Martha Angélica Tagle Martínez.

Presidenta: manifestó que el dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular, remitiéndose la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El siguiente punto del Orden del Día es el cinco: asuntos generales.

No se presentaron asuntos generales.

El siguiente punto del orden del día es el seis del orden del día: clausura y cita, para la próxima reunión. Se da por concluida la reunión siendo las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos del día que se actúa se da por terminada la presente reunión.

La Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales

Diputados: Miroslava Carrillo Martínez (rúbrica), presidenta; Gustavo Contreras Montes (rúbrica), Sergio Carlos Gutiérrez Luna (rúbrica), Héctor Jiménez y Meneses (rúbrica), Esteban Barajas Barajas (rúbrica), Javier Salinas Narváez (rúbrica), Iván Arturo Rodríguez Rivera, José Elías Lixa Abimerhi (rúbrica), María Alemán Muñoz Castillo (rúbrica), Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica), secretarios.


Informes

De la Comisión de Igualdad de Género, primero semestral de actividades, correspondiente al periodo de septiembre de 2018 a febrero de 2019

I. Introducción

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y diputadas presenta su informe de actividades semestrales, el cual representa un resumen de los esfuerzos legislativos para generar acuerdos que, por una parte, velen porque el ejercicio fiscal y el presupuesto etiquetado cubran los acuerdos derivados de las leyes y tratados internacionales, buscando siempre mejorar la vida y condiciones de las niñas, adolescentes y mujeres mexicanas; y que por otro, garanticen el andamiaje jurídico para el respeto y la protección de los derechos de las mujeres, la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación contra nosotras en los ámbitos público y privado; así como impulsar la armonización de la legislación nacional, tratados y convenciones internacionales, eliminando asimetrías y disposiciones discriminatorias en contra de las mujeres. Todo esto entendiendo la progresividad de nuestros derechos.

El presente informe contiene las líneas de acción y la ruta legislativa de las iniciativas, minutas, y proposiciones turnadas por la Mesa Directiva, así como las actividades desarrolladas para efecto de su dictamen, como foros, audiencias, consultas, conferencias; y el trabajo efectuado por las Subcomisiones, para el cumplimiento de sus tareas, y para colaborar con el estudio, análisis y propuestas que ayuden a consolidar el principio de igualdad sustantiva y efectiva entre mujeres y hombres.

A continuación, se presenta de manera sucinta el informe de actividades semestrales de la Comisión de Igualdad de Género, para el conocimiento de la sociedad mexicana, cumpliendo así con los principios de acceso a la información pública y rendición de cuentas.

II. Marco Legal

Con fundamento en los artículos 45, numeral 6, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 150, numeral 1, fracción X, 165 y 213, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, las Comisiones ordinarias de esta honorable Cámara de Diputados y diputadas tienen el deber de rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.

III. Instalación e integración de la Comisión de Igualdad de Género

De conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se constituyen las comisiones ordinarias de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados y diputadas del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2018, la Comisión de Igualdad de Género se integró por 32 diputadas, propuestas por la Junta de Coordinación Política y con base en criterios de proporcionalidad y pluralidad.

La Comisión de Igualdad de Género se integra por un total de 32 legisladoras, de las cuales diez conforman la junta directiva y veintidós legisladoras tienen calidad de integrantes.

Diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga, presidenta; Socorro Bahena Jiménez, María Elizabeth Díaz García, Dorheny García Cayetano, Beatriz Rojas Martínez, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Verónica María Sobrado Rodríguez, María Ester Alonzo Morales, Clementina Marta Dekker Gómez y María Guadalupe Almaguer Pardo, secretarias; Socorro Irma Andazola Gómez, Laura Patricia Ávalos Magaña, Mildred Concepción Ávila Vera, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Katia Alejandra Castillo Lozano, Lourdes Celenia Contreras González, Melba Nelia Farías Zambrano, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, María Eugenia Hernández Pérez, Cynthia Iliana López Castro, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Laura Martínez González, Jacquelina Martínez Juárez, Maribel Martínez Ruiz, Carmen Patricia Palma Olvera, Ana Patricia Peralta de la Peña, Ximena Puente de la Mora, Ana Lucía Riojas Martínez, Nayeli Salvatori Bojalil, María Liduvina Sandoval Mendoza, Olga Patricia Sosa Ruiz y Julieta Kristal Vences Valencia, integrantes.

IV. Asuntos turnados a la Comisión de Igualdad de Género

En cumplimiento al artículo 157 del Reglamento de la Cámara de Diputados y diputadas, son tareas de las comisiones realizar los proyectos de dictamen y opiniones de los diversos asuntos turnados por la Mesa Directiva. A continuación, se enlistan los asuntos que se han turnado a esta Comisión, desde su instalación hasta la primera semana del mes de marzo, y se informa del status que guardan.

V. Síntesis de las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de Igualdad de Género

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y diputadas, hasta la entrega del presente informe, ha efectuado 6 sesiones ordinarias, 1 extraordinaria, 9 reuniones de trabajo; con el objetivo de acordar la aprobación de dictámenes, y trazar las directrices para llevar a cabo las tareas de la Comisión.

A continuación, se enlista una síntesis de las sesiones más relevantes que se han efectuado, haciendo mención que en el micrositio de la Comisión1 de la página oficial www.diputados.gob.mx se encuentran las versiones estenográficas.

Reunión de instalación

Celebrada el 10 de octubre de 2018, con un registro de asistencias de las diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga, presidenta; María Elizabeth Díaz García, Dorheny García Cayetano, Beatriz Rojas Martínez, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Verónica María Sobrado Rodríguez, María Ester Alonzo Morales, Clementina Marta Dekker Gómez, María Guadalupe Almaguer Pardo, secretarias; Socorro Irma Andazola Gómez, Mildred Concepción Ávila Vera, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Katia Alejandra Castillo Lozano, Lourdes Celenia Contreras González, Melba Nelia Farías Zambrano, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Laura Martínez González, Jacquelina Martínez Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, Ximena Puente de la Mora, Ana Lucía Riojas Martínez, María Liduvina Sandoval Mendoza, Olga Patricia Sosa Ruiz y Julieta Kristal Vences Valencia, integrantes.

La reunión consistió en la presentación de cada una de las diputadas secretarias e integrantes y en la programación de las próximas reuniones ordinarias y de trabajo que se llevarían a cabo.

Se votó la propuesta para la creación de la sesión solemne en conmemoración al 65 Aniversario del Sufragio de las Mujeres en México, la cual obtuvo unanimidad por la afirmativa.

Asimismo, hubo una presentación de las herramientas para prevenir, atender, investigar y sancionar el acoso y hostigamiento sexual en la Cámara de Diputados, además de las herramientas para legislar con perspectiva de género.

Se presentó el programa Jornadas de Formación “Las violencias de género, herramientas para la prevención y atención”.

Orden del día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Presentación de las integrantes.

3. Lecturas, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

4. Intervención y declaración formal de la instalación, a cargo de la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión.

5. Intervención de las integrantes de la Comisión (en su caso).

6. Asuntos generales.

a) Programación de reuniones.

b) Solicitud de información de datos personales de las integrantes.

c) Propuesta para la creación de la sesión solemne en conmemoración al 65 Aniversario del Sufragio de las Mujeres en México.

d) Presentación de las herramientas para prevenir, atender, investigar y sancionar el acoso y hostigamiento sexual en la Cámara de Diputados y legislar con perspectiva de género.

e) Presentación del Programa: Jornadas de Formación “Las violencias de género, herramientas para la prevención y atención” Septiembre- Octubre, Ciudad de México, 2018.

7. Clausura y cita, para la próxima reunión

Primera sesión ordinaria

Celebrada 23 de octubre de 2018, con el registro de las diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga, presidenta; Socorro Bahena Jiménez, María Elizabeth Díaz García, Dorheny García Cayetano, Beatriz Rojas Martínez, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Verónica María Sobrado Rodríguez, María Ester Alonzo Morales, Clementina Marta Dekker Gómez y María Guadalupe Almaguer Pardo, secretarias; Socorro Irma Andazola Gómez, Laura Patricia Ávalos Magaña, Mildred Concepción Ávila Vera, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Katia Alejandra Castillo Lozano, Lourdes Celenia Contreras González, Melba Nelia Farías Sambrano, Sylvia Violeta Garfías Cedillo, María Eugenia Hernández Pérez, Cynthia Iliana López Castro, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Laura Martínez González, Jacquelina Martínez Juárez, Carmen Patricia Palma Olvera, Ana Patricia Peralta de la Peña, Ximena Puente de la Mora, Ana Lucía Riojas Martínez, Nayeli Salvatori Bajalil, María Liduvina Sandoval Mendoza, Olga Patricia Sosa Ruiz, Maribel Martínez Ruiz y Julieta Kristal Vences Valencia, integrantes.

Y de acuerdo al orden del día:

-Inició con el diálogo sobre el acuerdo por el que se le extendía una invitación al titular del Ejecutivo del estado de México, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, para que acudiera a la reunión de trabajo en el marco de la segunda sesión ordinaria de la Comisión.

-De igual forma se dialogó sobre el acuerdo en el que se le extendía una cordial invitación a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la doctora Ángela Quiroga Quiroga, para que acudiera a la reunión de trabajo en el marco de la segunda sesión ordinaria de la Comisión.

-Se expuso un plan de trabajo y una propuesta de instalación de diversas subcomisiones.

-Se socializaron los dictámenes remitidos a la Comisión y hubo propuestas para la agenda de los 15 días de activismo, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Niñas y Mujeres y el Día Internacional de los Derechos Humanos, mismos que se iban a celebrar el 25 de noviembre y 10 de diciembre de ese año.

-Se hizo, de igual forma, una socialización de invitaciones y convocatorias a eventos en general, mismos que fueron recibidos de manera directa en las instalaciones de la Comisión.

Segunda sesión ordinaria

Celebrada 15 de noviembre de 2018, con el registro de las diputadas presentes: María Wendy Briceño Zuloaga, presidenta; Socorro Bahena Jiménez, María Elizabeth Díaz García, Beatriz Rojas Martínez, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Verónica María Sobrado Rodríguez, María Ester Alonzo Morales, Clementina Marta Dekker Gómez y María Guadalupe Almaguer Pardo, secretarias; Laura Patricia Ávalos Magaña, Mildred Concepción Ávila Vera, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Katia Alejandra Castillo Lozano, Lourdes Celenia Contreras González, Melba Nelia Farías Sambrano, Sylvia Violeta Garfías Cedillo, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Laura Martínez González, Jacquelina Martínez Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, Ximena Puente de la Mora, Ana Lucía Riojas Martínez, María Liduvina Sandoval Mendoza, Olga Patricia Sosa Ruíz, Maribel Martínez Ruiz y Julieta Kristal Vences Valencia, integrantes.

Y de acuerdo con el orden del día:

-Se inició con la votación del acta de la primera sesión ordinaria, de la cual hubo una unanimidad por la afirmativa.

-Se llevó a cabo la presentación y la aprobación del Plan de Trabajo anual de la Comisión.

-Presentación y la aprobación de la instalación de las subcomisiones.

-Presentación y aprobación de la agenda para los 15 días de activismo, en el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Niñas y Mujeres y el Día Internacional de los Derechos Humanos, mismos que se celebrarían el día 25 de noviembre y 10 de diciembre.

-Después de las presentaciones, se dio lectura al resumen quincenal de actividades efectuadas por la Comisión.

-Por último, se socializaron invitaciones y convocatorias a eventos en general, mismos que fueron recibidos de manera directa por la Comisión.

-En cuanto a los asuntos generales, se exhortó al titular del Poder Ejecutivo federal para que, en el marco de sus facultades y en coordinación con el equipo de transición en materia presupuestal del próximo gobierno federal, considere en el Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, la asignación de mayores recursos destinados a lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; y de igual forma se etiqueten recursos, y se promueva la creación y operación de unidades para la igualdad de género en todas las instituciones de la administración pública de todos los órdenes de gobierno.

-De la misma forma, se exhortó respetuosamente a los titulares de las 32 entidades federativas para que, en el marco de sus facultades, se considere en el Presupuesto de Egresos Estatal para el Ejercicio Fiscal 2019, según corresponda, la asignación de mayores recursos destinados a lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, y que de la misma manera se destinen recursos y se promueva la creación de unidades para que opere la igualdad de género en todas las instancias de la administración estatal y municipal.

Orden del día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior.

4. Asuntos específicos.

I. Presentación y, en su caso, aprobación del plan de trabajo anual de esta comisión.

II. Presentación y, en su caso, aprobación de la instalación de las subcomisiones.

III. Presentación y, en su caso, aprobación de la agenda para los días de activismo en el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Niñas y Mujeres y el Día Internacional de los Derechos Humanos, mismos que tienen a bien celebrarse el 25 de noviembre y 10 de diciembre, respectivamente.

IV. Lectura del resumen quincenal de actividades efectuadas por esta Comisión.

V. Propuesta de la estrategia de comunicación participativa para la difusión mediática de las actividades de esta Comisión.

VI. Socialización de invitaciones y convocatorias a eventos en general, mismos que son recibidos de manera directa en las instalaciones de la Comisión de Igualdad de Género, ubicada en el edificio D, piso 2.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Tercera sesión ordinaria

Celebrada 7 de febrero de 2019, con el registro de las diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga, presidenta; Socorro Bahena Jiménez, María Elizabeth Díaz García, Dorheny García Cayetano, Beatriz Rojas Martínez, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Verónica María Sobrado Rodríguez, María Ester Alonzo Morales, Clementina Marta Dekker Gómez y María Guadalupe Almaguer Pardo, secretarias; Socorro Irma Andazola Gómez, Laura Patricia Ávalos Magaña, Mildred Concepción Ávila Vera, Katia Alejandra Castillo Lozano, Melba Nelia Farías Zambrano, Cynthia Iliana López Castro, Laura Martínez González, Carmen Patricia Palma Olvera, Ximena Puente de la Mora, Ana Lucía Riojas Martínez, María Liduvina Sandoval Mendoza, Maribel Martínez Ruiz y Julieta Kristal Vences Valencia, integrantes.

-Se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, en el mezanine ala norte, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

-Se llevó a cabo la discusión y aprobación del acta de la reunión extraordinaria, en la cual hubo unanimidad por la afirmativa.

-Se presentaron los avances para la agenda legislativa y de actividades de la Comisión para el periodo ordinario y se hizo un análisis del Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019”.

-Se llevó a cabo la lectura, discusión del dictamen correspondiente a diversas iniciativas referentes al capítulo V de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de alerta de género (se propuso mesa de trabajo para la debida dictaminación).

-Lectura, discusión y aprobación del dictamen correspondiente a la minuta de violencia política presentada por la LXII legislatura (se aprobó para desecharse).

-Presentación de la convocatoria Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”. Así como la presentación del programa de capacitación y especialización de la Unidad de Género de la Cámara de Diputados.

Orden del día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión extraordinaria.

4. Asuntos específicos:

I. Avances de la agenda legislativa y de actividades de la Comisión para el actual periodo ordinario.

II. Análisis y seguimiento del “Anexo 13 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2019.”

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen correspondiente a diversas iniciativas referentes al Capítulo V de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, en materia de Alerta de Género.

IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen correspondiente a la minuta de violencia política presentada por la LXII Legislatura.

V. Presentación de la convocatoria Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”.

VI. Presentación del Programa de capacitación y especialización de la Unidad de Género de la Cámara de Diputados.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Cuarta sesión ordinaria

Celebrada 21 de febrero de 2019, con el registro de las diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga, presidenta; Socorro Bahena Jiménez, María Elizabeth Díaz García, Dorheny García Cayetano, Beatriz Rojas Martínez, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Verónica María Sobrado Rodríguez, María Ester Alonzo Morales y María Guadalupe Almaguer Pardo, secretarias; Socorro Irma Andazola Gómez, Laura Patricia Ávalos Magaña, Mildred Concepción Ávila Vera, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Katia Alejandra Castillo Lozano, Melba Nelia Farías Zambrano, María Eugenia Hernández Pérez, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Laura Martínez González, Ximena Puente de la Mora, Ana Lucía Riojas Martínez, Nayeli Salvatori Bojalil, Liduvina Sandoval Mendoza, Olga Patricia Sosa Ruiz, Maribel Martínez Ruiz, Silvia Violeta Garfias Cedillo y Julieta Kristal Vences Valencia, integrantes.

-Se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, en el mezanine ala norte, edificio A, en el Palacio Legislativo de San Lázaro:

-Se procedió a votar el acta de la tercera sesión ordinaria; en la votación hubo una unanimidad por la afirmativa.

-Se dialogó sobre la iniciativa plasmada en el expediente número 247 que modifica el artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y la del expediente número 248, que modifica el artículo 48 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (iniciativas expedientes 247 y 248, fueron retiradas por la promovente, diputada Josefina Salazar Báez).

-Se dio lectura, se discutió y se aprobó el dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de fortalecimiento del mecanismo de alerta por violencia de género. (Iniciativa expediente 249, fue retirada por la promovente diputada Josefina Salazar Báez)

-De la misma manera, se dio lectura, se discutió y aprobó la propuesta para el desarrollo del dictamen en comisiones unidas, sobre la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de atención especializada a mujeres embarazadas (se aprobó el dictamen para ser desechado).

-Entre otros temas, también se discutió y aprobó la propuesta para el desarrollo del dictamen en Comisiones Unidas sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 36 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. (La iniciativa fue retirada por la promovente).

-En asuntos generales, la diputada Laura Martínez González invitó a todas y todos a la presentación de la agenda metropolitana para frenar la violencia contra las mujeres que sería llevada a cabo el 28 de febrero.

Orden del día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la tercera sesión ordinaria.

4. Asuntos específicos:

I. Exposición del estado actual de las iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia:

-Expediente 247, iniciativa que modifica el artículo 23 de la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

-Expediente 248, iniciativa que modifica el artículo 48 de la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de fortalecimiento del mecanismo de alerta por violencia de género.

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para el desarrollo del dictamen en Comisiones Unidas sobre la iniciativa que reforma y adiciona, diversas disposiciones de la Ley General de Salud, y Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de atención especializada a mujeres embarazadas.

IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para el desarrollo del dictamen en comisiones unidas sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 36 de la Ley General para la Igualdad Entre Hombres y Mujeres.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Quinta sesión ordinaria

Celebrada el 27 de febrero de 2019, con el registro de las diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga, presidenta; Socorro Bahena Jiménez, María Elizabeth Díaz García, Dorheny García Cayetano, Beatriz Rojas Martínez, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Verónica María Sobrado Rodríguez, María Ester Alonzo Morales, Clementina Marta Dekker Gómez y María Guadalupe Almaguer Pardo, secretarias; Socorro Irma Andazola Gómez, Mildred Concepción Ávila Vera, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Melba Nelia Farías Sambrano, Laura Martínez González, Ximena Puente de la Mora, Ana Lucía Riojas Martínez y Maribel Martínez Ruiz, integrantes.

-Se llevó a cabo la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, en el mezanine norte del edificio A, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Entre los asuntos específicos que se trataron de acuerdo con el orden del día:

-La lectura, discusión y aprobación del dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, expediente 866 (se aprobó de forma parcial).

-Dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, expediente 262 (retirada por la promovente).

-La lectura, la discusión y la aprobación del dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se declarare la alerta de violencia de género en el estado de Baja California (retirada por la promovente).

Orden del día

Registro de asistencia y declaratoria de quórum;

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día;

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria;

Asuntos específicos.

1. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen correspondiente a la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen correspondiente a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Gobernación se declare la alerta de violencia de género en el estado de Baja California.

4. Asuntos generales.

5. Clausura y cita para la próxima sesión.

Sexta sesión ordinaria

Celebrada 3 de abril de 2019, se inició la reunión con un registro de las diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga, presidenta; Socorro Bahena Jiménez, María Elizabeth Díaz García, Dorheny García Cayetano, Beatriz Rojas Martínez, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Verónica María Sobrado Rodríguez, María Ester Alonzo Morales, Clementina Marta Dekker Gómez y María Guadalupe Almaguer Pardo, secretarias; Socorro Irma Andaloza Gómez, Laura Patricia Ávalos Magaña, Mildred Concepción Ávila Vera, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Katia Alejandra Castillo Lozano, Melba Nelia Farías Zambrano, María Eugenia Hernández Pérez, Laura Martínez González, Jacquelina Martínez Juárez, Ximena Puente de la Mora, Ana Lucía Riojas Martínez, María Liduvina Sandoval Mendoza, Maribel Martínez Ruiz y Julieta Kristal Vences Valencia.

-Se llevó a cabo la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Igualdad de Género, en la sala 3 de la biblioteca, edificio C, segundo piso, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Entre los asuntos específicos, de acuerdo con el orden del día:

-Se llevó a cabo la lectura, discusión y aprobación del dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de atribuciones de la Secretaría de Gobernación, referentes al mecanismo de alerta por violencia de género, con expediente 1364 (se aprobó para desechar).

-Se le dio lectura, se discutió y se aprobó el dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 21 y 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de declaración regional del mecanismo de alerta por violencia de género, con expediente 1363 (se aprobó para desechar).

-Se dio lectura y se discutió la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 51 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, asentada en el expediente 1418 (retirada por la promovente).

-Se dio lectura, se discutió y se aprobó la opinión sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con expediente 475 (votada y aprobada por la Comisión de Igualdad de Género).

-Se realizó la lectura, discusión y aprobación del dictamen conjunto sobre los puntos de acuerdo correspondientes a los expedientes 1817, 1897, 1901, 1985, 2048, 2024, 2153 y 2214 (votada y aprobada por la Comisión de Igualdad de Género).

-Se realizó la lectura, discusión y aprobación de la opinión de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reformaron los artículos 17 y 78 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, asentada en el expediente 2244 (votada y aprobada por la Comisión de Igualdad de Género).

Orden del día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la quinta sesión ordinaria.

4. Asuntos específicos.

I. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de atribuciones de la Secretaría de Gobernación, referentes al mecanismo de alerta por violencia de género, expediente 1364

II. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 21 y 22 de la Ley General se Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de declaración regional del mecanismo de alerta por violencia de género, expediente 1363.

III. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 51 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, expediente 1418.

IV. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Opinión sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expediente 475.

V. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen conjunto sobre los puntos de acuerdo correspondientes a los expedientes 1817, 1897, 1901, 1985, 2048, 2024, 2153 y 2214.

5. Asuntos generales.

6. Clausura y cita para la próxima reunión.

Primera sesión extraordinaria

Celebrada el 4 de diciembre de 2018, con el registro de las diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga, presidenta; Socorro Bahena Jiménez, María Elizabeth Díaz García, Dorheny García Cayetano, Beatriz Rojas Martínez, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Verónica María Sobrado Rodríguez, María Ester Alonzo Morales, Clementina Marta Dekker Gómez y María Guadalupe Almaguer Pardo, secretarias; Socorro Irma Andazola Gómez, Laura Patricia Ávalos Magaña, Mildred Concepción Ávila Vera, Madeleine Bonnafoux Alcaraz, Katia Alejandra Castillo Lozano, Lourdes Celenia Contreras González, Melba Nelia Farías Sambrano, Sylvia Violeta Garfías Cedillo, María Eugenia Hernández Pérez, Cynthia Iliana López Castro, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Laura Martínez González, Jacquelina Martínez Juárez, Carmen Patricia Palma Olvera, Ana Patricia Peralta de la Peña, Ximena Puente de la Mora, Ana Lucía Riojas Martínez, Nayeli Salvatori Bajalil, María Liduvina Sandoval Mendoza, Olga Patricia Sosa Ruiz, Maribel Martínez Ruiz y Julieta Kristal Vences Valencia, integrantes.

Entre los asuntos, de acuerdo con el orden del día:

-Lectura, discusión y aprobación del acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura, por el que se establecen los lineamientos de recepción de proyectos para el Anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

-Hubo una asignación de iniciativas, minutas, puntos de acuerdo y exhortos, que se turnaron a cada una de las subcomisiones para su predictamen.

-Se realizó la presentación y aprobación de la propuesta del nuevo logotipo institucional de la Comisión para la LXIV Legislatura.

-Se llevó a cabo la socialización de invitaciones y convocatorias a eventos en general, mismos que fueron recibidos de manera directa en las instalaciones de la Comisión.

-Se declaró sesión permanente por el tema presupuestal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 171 del Reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas del honorable Congreso de la Unión.

Orden del día

1. Registro de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día,

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria de esta Comisión.

4. Asuntos específicos.

I. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura por el que se establecen los lineamientos de recepción de proyectos para el anexo 13 “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres” del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

II. Asignación de iniciativas, minutas, puntos de acuerdo y exhortos que se turnarán a cada Subcomisión para su predictamen.

III. Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta del nuevo logotipo institucional de la Comisión de Igualdad de Género para la LXIV Legislatura.

IV. Socialización de invitaciones y convocatoria a eventos en general, mismos que son recibidos de manera directa en las instalaciones de la Comisión de Igualdad de Género, ubicada en el edificio D, piso 2.

5. Asuntos generales.

6. Declaración de sesión permanente.

7. Clausura y cita para la próxima reunión.

VII. Subcomisiones

En el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género, publicado el 5 de diciembre de 2018, se acordó la creación de las subcomisiones que fungirán como órganos auxiliares para el desarrollo de las tareas que la Comisión tiene encomendadas.

Con fundamento en el artículo 152, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, a efecto de lograr un mejor desempeño y agilidad en el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de sus tareas, la Comisión de Igualdad de Género conforma cuatro subcomisiones:

1) Subcomisión Igualdad Sustantiva y Garantías del Estado.

2) Subcomisión Autonomía Económica y Brecha Laboral.

3) Subcomisión Presupuesto con Perspectiva de Género.

4) Subcomisión Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

A continuación, se presentan los informes que rinden las subcomisiones para el cumplimiento de sus tareas.

1) Subcomisión Igualdad Sustantiva y Garantías del Estado.

Está conformada por las siguientes diputadas: Guadalupe Almaguer Pardo, como coordinadora. Integrantes: Beatriz Rojas Martínez, Sylvia Violeta Garfias Cedillo, Cynthia López Castro, Laura Martínez González y Olga Patricia Sosa Ruiz.

Dentro de la creación de las subcomisiones nace la Subcomisión Igualdad Sustantiva y Garantías del Estado, que tiene como objetivos los siguientes:

-Generar las modificaciones legislativas.

-Lograr la paridad en los tres poderes, en sentido vertical y horizontal.

-Impulsar la Agenda del Cuidado.

-Plantear las reformas educativas y/o formativas necesarias para la implementación de la perspectiva de género (en su sentido más amplio) y el reconocimiento de los derechos humanos en las primeras etapas educativas de las y los individuos.

-Llamar al fortalecimiento de las responsabilidades administrativas, por medio de reuniones de trabajo interinstitucionales entre cualquier autoridad que haya sido o se encuentre siendo omisa con respecto a sus facultades garantistas.

Durante el primer semestre del año 2019, se recibieron por parte de la Comisión de Igualdad de Género 12 expedientes de iniciativas y puntos de acuerdo para que la subcomisión realice los predictámenes y opiniones correspondientes contribuyendo al trabajo legislativo encomendado, los expedientes a trabajar son:

Los expedientes mencionados se trabajaron con las diputadas integrantes de la subcomisión y el cuerpo técnico que las acompaña, elaborando así 10 predictámenes de los 12 turnados, quedando dos pendientes para su dictaminación, los diez dictámenes y opiniones fueron entregados a la Comisión de Igualdad de Género, los cuales se encuentran en revisión para su discusión y aprobación de próxima sesión ordinaria.

Es preciso mencionar que los trabajos de la subcomisión no se limitan tan sólo a la elaboración de predictámenes y opiniones, también colaboramos en coordinación con la Comisión de Igualdad de Género en la realización de foros, conferencias o seminarios con la finalidad de enriquecer el trabajo legislativo y la discusión de temas en particular, que incluya la opinión de expertos e involucrados para seguir trabajando como un parlamento abierto.

2) Subcomisión Autonomía Económica y Brecha Laboral

La Subcomisión de Autonomía Económica y Brecha Laboral está conformada por las siguientes diputadas: Clementina Marta Dekker Gómez, coordinadora. Integrantes: Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Irma Socorro Andazola Gómez, Ana Patricia Peralta de la Peña, María Esther Alonzo Morales, Jacquelina Martínez Juárez y Lourdes Celenia Contreras González.

En este tenor, es el compromiso de la subcomisión crear, mejorar y atender las leyes que fomenten la incorporación de las mujeres a un trabajo con un salario digno, de derechos, y libre de discriminación, donde puedan hacer uso de sus capacidades en armonía, coadyuvando al mejoramiento e independencia económica de sus vidas, y al desarrollo económico del país.

Por lo tanto, el objeto principal de la Subcomisión es el estudio, conocimiento, análisis y elaboración de propuestas de legislación más adecuadas en materia de salarios, altas direcciones, gerencias, accesibilidad de horarios y políticas de cuidados; así como, todos los otros factores que involucran a las mujeres en las esferas económicas y laborales, para el cumplimiento de una mejor calidad de vida y disminución de la brecha de desigualdades entre hombres y mujeres.

Para llevar a cabo este objetivo tenemos cuatro líneas de acción en las cuales trabajaremos conjuntamente con todas las integrantes de la subcomisión y de la Comisión de Igualdad de Género. Las líneas de acción son las siguientes:

1. Promover la inclusión financiera y/o conformadas por mujeres para financiar proyectos de inversión y adquisición de bienes de capital.

a) Créditos y financiamientos a las mujeres.

b) Créditos a las mujeres que trabajan en la agricultura y en el sector turístico.

2. Promover la eliminación de la discriminación laboral de las mujeres.

a) Elaborar e implementar un sistema de diagnóstico, planificación y certificación para que las empresas eliminen prácticas discriminatorias.

b) Fomento de la coerción de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.

3. Corresponsabilidad parental

a) Políticas públicas de corresponsabilidad parental, aumento de licencias por paternidad, profesionalización de cuidadores/as en la primera infancia, de adultas/os mayores y personas con discapacidad.

b) Aumento de licencias por paternidad.

4. Políticas de cuidados

a) Profesionalización de cuidadores/as en la primera infancia, de adultas/os mayores y personas con discapacidad.

Durante el primer semestre del año 2019 de la Comisión de Igualdad de Género se han recibido dos expedientes de iniciativas para que la subcomisión realice los predictámenes correspondientes y contribuya con eso al trabajo legislativo encomendados, los expedientes a trabajar son:

Los expedientes mencionados se trabajaron con las diputadas integrantes de la subcomisión y el cuerpo técnico que las acompaña, elaborando así dos predictámenes que fueron entregados a la Comisión de Igualdad de Género y los cuales se encuentran en análisis para su discusión y aprobación de próxima reunión ordinaria.

3) Subcomisión de Presupuesto con Perspectiva de Género

Dentro de los objetivos de esta subcomisión se establecen los siguientes:

-Analizar el Anexo 13. “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”.

-Analizar las Reglas de operación de los Programas del Anexo 13.

-Análisis de los informes trimestrales que presente el Ejecutivo federal.

-Análisis y opinión del Proyecto de Presupuesto de Egresos.

Conformada por las siguientes diputadas: Coordinada por la diputada María Verónica Sobrado Rodríguez; Integrantes: Ximena Puente de la Mora, Liduvina Sandoval Mendoza, Mildred Concepción Ávila Vera, Julieta Kristal Vences Valencia, Katia Alejandra Castillo Lozano, Laura Patricia Ávalos Magaña, Olga Patricia Sosa Ruiz y Cynthia López Castro.

En el siguiente cuadro se enlistan los resultados y trabajos que esta subcomisión ha cumplido en este primer semestre.

4) Subcomisión Derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres

La subcomisión tiene como principal objetivo generar las modificaciones respectivas a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, para:

i. Dotar de facultades vinculatorias a los órganos encargados de prevenir, sancionar y erradicar los feminicidios y el resto de tipologías de violencia contra las mujeres.

ii. Generar planes estratégicos de seguimiento y acompañamiento a las víctimas de feminicidio, en el caso específicos de los hijos huérfanos de las mujeres asesinadas.

iii. Garantizar la accesibilidad, la atención integral y el seguimiento de casos dentro de los centros de justicia para las mujeres.

iv. Fortalecimiento de las alertas de género.

Conformada por las siguientes diputadas: Coordinada por Elizabeth Díaz García. Integrantes: Melba Nelia Farías Zambrano, Laura Patricia Ávalos Magaña, Maribel Martínez Ruiz, Socorro Bahena Jiménez, Madeleine Bonnafoux Alcázar, Ana Lucía Riojas Martínez y Dorheny García Cayetano.

La Subcomisión Derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres surge como un mecanismo interno para el trabajo que se realiza en la Comisión de Igualdad de Género.

En ese sentido, la Subcomisión Derecho a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres tiene como propósito central la creación y promoción de leyes e iniciativas de reforma que busquen prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres en nuestro país.

Es concordancia con lo anterior, la Subcomisión tiene como objeto seguir las premisas establecidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de nuestro país. Dicho ordenamiento busca garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático.

Para cumplir con los propósitos expuestos, la subcomisión se encarga de analizar, conocer y elaborar las propuestas en materia legislativa que den cumplimiento a la razón de su creación.

Durante el último trimestre del año 2018 se recibieron 7 iniciativas y 10 proposiciones con punto de acuerdo y durante el primer trimestre del año 2019 una iniciativa y 4 proposiciones con punto de acuerdo. Todo lo anterior, conlleva la realización de predictámenes que coadyuvan al trabajo legislativo que se realiza desde la Comisión de Igualdad de Género.

Mecanismo de seguimiento Cedaw

En la sexta sesión ordinaria, llevada a cabo el 2 de abril de 2019, la Comisión de Igualdad de Género acordó instalar las mesas de trabajo de seguimiento del Mecanismo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, coordinadas por la diputada Beatriz Rojas Martínez, con la finalidad de dar puntual atención a las 48 recomendaciones que aún continúan pendientes por parte del Estado mexicano, mismas que versan sobre las múltiples modificaciones y adaptaciones legislativas que deben llevarse a cabo para lograr prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

En sesión extraordinaria llevada a cabo el jueves 25 de abril, fue votada la opinión favorable de la minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de personas trabajadoras del hogar, misma que abonó al cumplimiento de diversas recomendaciones de carácter vinculante:

La Cedaw, en 2012, emitió dos recomendaciones al Estado mexicano, que hasta antes de las modificaciones que plantea esta minuta que se tendrá a bien aprobar, se tenían por incumplidas, estamos hablando de la recomendación 29d y 29e, mismas que indican:

29d. Se deberá revisar el marco jurídico de protección social para formular una política integral que asegure a los trabajadores domésticos acceso en pie de igualdad a una remuneración y tratamiento iguales por trabajo de igual valor, con inclusión de prestaciones, así como acceso en pie de igualdad a la seguridad social y a condiciones de trabajo seguras.

29e. Ratifique el Convenio número 156 de la OIT sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, y el Convenio número 189 sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Asimismo, en 2018 el Comité recomendó:

Empleo 39. El Comité considera positivos los esfuerzos en curso para promover la integración de mujeres en el mercado de trabajo, incluso mediante reformas a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, observa con preocupación:

a) Baja participación económica de la mujer en el Estado (44 por ciento en comparación con 78 por ciento de hombres);

b) La persistente brecha salarial de género (5,8 por ciento en 2017) tanto en el sector público como en el privado;

c) La distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidado entre mujeres y hombres y los cortos períodos de licencia por paternidad, que obligan a muchas mujeres a trabajar tiempo parcial con bajos ingresos en el sector informal;

d) La situación precaria de las trabajadoras domésticas que, en promedio, ganan menos de la mitad del salario mínimo; no pueden acceder a la seguridad social o beneficios de salud; y no tienen protección legal de acuerdo al Código Federal de Trabajo;

e) El acceso limitado de mujeres migrantes, mujeres indígenas, afro mexicanas y mujeres con discapacidad al mercado laboral formal.

VIII. Reuniones, eventos, sesiones solemnes, foros, coloquios, de la Comisión de Igualdad de Género

Dentro de las acciones enunciadas en nuestro Plan Anual de Trabajo 2018-2019, se encuentran la de organizar eventos que propicien el encuentro y trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada, así como las comisiones del Congreso de la Unión, siempre que tengan que ver con el tema de perspectiva de género. Hasta el momento se ha cumplido con éxito, llevándose a cabo diversos foros, presentaciones, coloquio, reuniones de trabajo, que nos han permitido tener un amplio panorama frente a la problemática que aqueja a la sociedad actual, en un formato de parlamento abierto.

En cada evento realizado por esta Comisión se ha buscado contribuir a la creación y gestión de espacios de expresión, diálogo, difusión y debate; que contribuyan a la divulgación de la importante progresividad de los derechos de las mujeres. A manera de resumen, se enlistan los eventos que se han realizado por esta Comisión, anexando al presente una ficha técnica que incluye los detalles de cada evento.

Evento: Sesión solemne del 65 Aniversario del Voto de las Mujeres

Se llevó a cabo el 18 de octubre de 2018, en el salón de sesiones, la sesión solemne para conmemorar el 65 Aniversario del Voto de las Mujeres. Se pronunciaron por emprender acciones para combatir estereotipos, discriminación y violencia contra las mujeres; reducir la brecha salarial e incrementar su presencia en los trabajos; así como identificar casos en donde se presente violencia política, para combatirlos y eliminarlos.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga, relató que, como primera legislatura de la paridad, se tiene el compromiso de marcar un punto y coma en la ampliación y garantía de los derechos de las mexicanas. “Este Congreso construirá nuevas formas de relacionarse. Los 20 años del reconocimiento constitucional de las cuotas de género y cuatro de paridad, no han sido suficientes para garantizar una igualdad sustantiva”.

Dicho evento cumple la acción 5 y 9 del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género:

-Organizar eventos en los cuales exista trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada y las comisiones que tengan que ver con el tema de perspectiva de Género (5).

-Presentar los informes y declaraciones sobre las actividades de la Comisión, las cuales permiten fortalecer la transparencia pública, así como mantener actualizado el micrositio a efecto de promover la transparencia y el acceso a la información pública (9).

Evento: Campaña “Únete para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres”

Se llevó a cabo del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2018, diversas acciones como:

-Se solicitó instalar alumbrado naranja en los alrededores de los edificios del Palacio Legislativo de San Lázaro, para apoyar la campaña “Únete para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres”, y recordarle a la sociedad la importancia de la erradicación de todo tipo de violencias hacia las mujeres, adolescentes y niñas.

-Se grabaron videos referentes a la importancia de denunciar la violencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas, las diputadas integrantes de esta Comisión, enviaron diversos mensajes hacia la sociedad, para visibilizar esta grave problemática que se vive en nuestro país, los videos fueron difundidos por el Canal del Congreso.

Foro “Guardia Nacional, Mujeres, Paz y Seguridad”

Con el fin de construir una verdadera transformación con perspectiva de género y dar voz a mujeres violentadas en sus derechos humanos, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y la Red de Seguridad y Justicia para las Mujeres acudieron a una mesa de diálogo respecto a temas de “Guardia Nacional, Mujeres, Paz y Seguridad, el 15 de enero de 2019, en el auditorio sur, edificio A, del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Con la finalidad de buscar una estrategia de seguridad que impacte la violencia de forma distinta a mujeres y hombres, poniendo al centro del camino para recuperar la paz la consideración de los aspectos fundamentales como derechos humanos y perspectiva de género.

Se dio lectura al manifiesto de las mujeres por la seguridad y paz, en el que pidieron analizar nuevamente las reformas propuestas a 13 artículos de la Constitución, con el fin de asegurar el carácter civil de la Guardia Nacional, previendo la participación de las Fuerzas Armadas en casos extraordinarios y sustituirlas en el menor tiempo posible.

Dicho foro cumple con las acciones 5, 6 y 9 del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género, al apoyar eventos en los cuales exista trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada y las comisiones que tengan que ver con el tema de perspectiva de género (5); así como la creación y gestión de espacios de expresión, diálogo y difusión, conferencias, mesas redondas, cursos, talleres, paneles y debates (6); y presentar los informes y declaraciones sobre las actividades de la Comisión, las cuales permiten fortalecer la transparencia pública, así como mantener actualizado el micrositio (9).

Foro “Feminicidio y Prisión Preventiva Oficiosa”

Se llevó a cabo el foro “Feminicidio y Prisión Preventiva oficiosa”, el 29 de enero de 2019 en el mezanine sur, edificio A, del Palacio Legislativo de San Lázaro, en el contexto de parlamento abierto. Fue para recolectar y sistematizar las diversas experiencias y conocimientos sobre la preocupante emergencia nacional que vivimos en el tema de feminicidios en México.

Se generó un debate profundo sobre la necesidad, pertinencia y legitimidad de la medida cautelar del artículo 19 constitucional, que prioriza los derechos de las víctimas que están en riesgo, ante las deficiencias estructurales del sistema de justicia.

La no inclusión de ese delito representaría para las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de feminicidio y sus familias, una violación al derecho humano a la igualdad y a una vida libre de violencia, fomentando prácticas discriminatorias y reforzando los obstáculos para el acceso a la justicia que puede tener como efecto que califiquen las muertes violentas de mujeres solo como homicidios dolosos.

Los y las ponentes del foro “Feminicidio y Prisión Preventiva Oficiosa” fueron:

-Licenciada Ana Yeli Pérez Garrido, abogada de la Asociación Justicia Pro Persona, AC, y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF.

-Maestra Katherine Mendoza, abogada de la Asociación Justicia Pro Persona, AC.

-Licenciado Carlos Olvera, asesor jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF.

-Maestra Estefanía Vela Barba, responsable del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derecho a la Salud del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Dicho foro cumple con las acciones 5, 6, 8 y 9 del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género 2018-2019, al organizar eventos en los cuales exista trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada, y las comisiones que tengan que ver con el tema de perspectiva de género (5); así como la creación y gestión de espacios de expresión, diálogo y difusión, conferencias, mesas redondas, cursos, talleres, paneles y debates (6); también al emitir opiniones y atender las consultas hechas a la Comisión por los órganos facultados para ello, procurando priorizar criterios de bienestar y de justicia a través del fomento y la instrumentación del desarrollo de la igualdad sustantiva (8); y presentar los informes y declaraciones sobre las actividades de la Comisión, las cuales permiten fortalecer la transparencia pública, así como mantener actualizado el micrositio (9).

Parlamentos Abiertos sobre Violencia Política de Género

Los Parlamentos Abiertos sobre Violencia Política de Género se realizaron los días 18 de febrero de 2019 y 4 de marzo del 2019, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con el objetivo de amalgamar esfuerzos sin distingos de partidos políticos o ideologías para erradicar esta práctica, y que con el conocimiento compartido de expertas, investigadoras en el tema y víctimas que han sufrido esta terrible práctica, para fortalezca una propuesta legislativa, y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de todas las violencias.

Se subrayó que las mujeres han vivido una exclusión sistemática en los ámbitos de poder, por lo que es urgente tipificar la violencia política, para que la administración pública capacite a todo el personal en temas de derechos humanos, perspectiva de género y violencia política de género, a fin de prevenirla y conocer las sanciones por incurrir en ella.

Los Parlamentos Abiertos de Violencia Política de Género fueron un marco referente para la presentación por parte de las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, a cargo de las diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados y diputadas , el día 24 de abril de 2019.

En el parlamento abierto del día 18 de febrero participaron como ponentes:

La primera mesa tuvo el tema: “Violencia Política contra las mujeres en razón de género desde la perspectiva académica”, en ella participaron como ponentes 1) la maestra Mónica Rosado Toledo, egresada de la maestría en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde actualmente realiza el doctorado en Antropología Física con la investigación: “Violencia, cuerpo y salud en alcaldesas de Oaxaca”; 2) la maestra Lizeth Pérez Cárdenas, que realiza su doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde investiga la participación y la ciudadanía de las mujeres indígenas, así como los efectos de la violencia política en ellas; 3) La licenciada Gloria Alcocer Olmos, es directora ejecutiva de la organización Fuerza Ciudadana, AC. Directora de la revista Voz y Voto , desde donde aborda temas como la observación electoral, la participación política de las juventudes y las mujeres así como la violencia política contra las mujeres. 4) La doctora María del Carmen Alanís, investigadora invitada en la Escuela de Derecho en la Universidad de Harvard e integrante de la iniciativa de la integridad electoral de la Fundación Kofi Annan y presidenta de la Subcomisión para América Latina de la Comisión Europea para la Democracia; y la 5) Doctora Georgina Cárdenas Acosta, investigadora posdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, donde investiga los gobiernos locales, la participación política de las mujeres y la violencia política en razón de género. Y cerró con conclusiones la diputada Rocío Villarauz Martínez.

El día 18 de febrero se llevó a cabo el segundo parlamento abierto, se desarrolló desde la perspectiva de los institutos electorales y organismos internacionales, en ella participaron con un primer momento de resolutivos la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, y participaron las ponentes:

1) Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), quien compartió su experiencia institucional a partir de los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

2) La maestra Belén Sanz Duque, representante de ONU Mujeres México, quien habló sobre los aportes de la ONU en materia de participación política de las mujeres.

3) La doctora Flavia Freidenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien hizo una serie de recomendaciones en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

4) La licenciada Rita Bell López Vences, consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, quien habló sobre la violencia política contra las mujeres en razón de género en sistemas normativos indígenas y régimen de partidos políticos,

5) La doctora Alma Delia Eugenio, quien, a partir de su experiencia como consejera electoral, señaló casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y la maestra Marta Martínez Gómez, asesora de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, quien habló de la experiencia de construcción de la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política y,

6) Participó con conclusiones, la diputada Guadalupe Almaguer Pardo.

Dichos foros cumplen con las acciones 5, 6 y 9 del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género, al organizar eventos en los cuales exista trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada y las comisiones que tengan que ver con el tema de perspectiva de género (5); así como la creación y gestión de espacios de expresión, diálogo y difusión, conferencias, mesas redondas, cursos, talleres, paneles y debates (6); y presentar los informes y declaraciones sobre las actividades de la Comisión, las cuales permiten fortalecer la transparencia pública; así como mantener actualizado el micrositio (9).

Evento: Presentación del libro Señales ciudadanas, medios de comunicación con igualdad

La presentación se llevó a cabo el 27 de febrero de 2019, en la zona C, edifico G, del Palacio Legislativo de San Lázaro. Para la Comisión de Igualdad de Género es muy importante difundir y promover información que explique temas con perspectiva de género, en el que no se invisibilicen los logros de las mujeres, o se les culpe por los feminicidios, o persistan estereotipos impuestos bajo complicidad de medios de comunicación.

El libro Señales ciudadanas, medios de comunicación con igualdad es un recuento del trabajo de 13 organizaciones civiles; pero también un discurso político que sirve para comprender y visibilizar la lucha feminista y cómo a través de este arduo trabajo se han impulsado políticas públicas a favor de las mujeres y de una mayor equidad en los medios de comunicación.

Es un libro encaminado a investigar la incidencia que ha tenido la sociedad civil en el derecho a la información de las mujeres; un derecho poco estudiado, pero muy valioso, pues tiene que ver con la libertad de expresión, la necesidad de informarse y estar informadas; todo lo cual lo convierte en algo fundamental para conocer otros derechos humanos. El libro fue realizado gracias al programa de Coinversión Social 2018 con Indesol.

Participaron en el presídium:

1. Doctora Layla Sánchez Kuri. Investigadora del libro y Académica de la UNAM.

2. Maestra Irina Vázquez Zurita. Coordinadora de la Asociación Mundial de Radio Comunitarias, sección México.

3. Licenciada María Silvia Solís Hernández. “Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, AC”.

4. Diputada Wendy Briceño Zuloaga. Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.

5. Diputada Guadalupe Almaguer Pardo. Secretaria de la Comisión de Igualdad de Género.

Al llevar a cabo este evento se cumplen con las acciones 5, 6, 7 y 9 del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género. Al organizar eventos en los cuales exista trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada y las comisiones que tengan que ver con el tema de perspectiva de Género (5); así como la creación y gestión de espacios de expresión, diálogo y difusión, conferencias, mesas redondas, cursos, talleres, paneles y debates (6); pues fomenta y apoya mediante la elaboración de trabajos editoriales, la divulgación de estudios, análisis, ideas, propuestas, investigaciones y trabajos relacionados con el tema de perspectiva de género, con el fin de contribuir a la divulgación de la importancia de la progresividad de los derechos de las mujeres (7); y presentar los informes y declaraciones sobre las actividades de la Comisión, las cuales permiten fortalecer la transparencia pública; así como mantener actualizado el micrositio (9).

Sesión solemne en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres

La relevancia de conmemorar año con año el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, deviene de recordar el genocidio cometido en contra de mujeres textileras por exigir sus derechos laborales en 1908, ejemplo claro de lo que acontece en nuestra realidad actual, donde las mujeres siguen siendo asesinadas por alzar la voz y buscar el impulso de la progresividad de sus derechos.

En su intervención en tribuna, la diputada Wendy Briceño, como presidenta de la Comisión, se manifestó por responder con alto compromiso y visión crítica la conducción de nuestra sociedad.

“[...] Nadie nos ha regalado nada, hemos luchado por todos y cada uno de nuestros derechos, hemos resistido y vamos a continuar con firmeza y congruencia hasta donde sea necesario por ello.

En el mismo sentido, me siento confiada de que podemos articular un trabajo importante con la sociedad y con los tres órdenes de gobierno.

Desde el gabinete federal paritario con mujeres en las más altas responsabilidades; con mujeres destacadas y comprometidas con los derechos de todas, se está haciendo una diferencia, y en ese sentido, como legisladoras nos toca estar pendiente con la rendición de cuentas.

En el Poder Judicial, se tiene la oportunidad de actuar con progresividad en los derechos, por lo que es sustancial que no se retroceda en la impartición de justicia, ni en los derechos ya adquiridos.

Desde el Legislativo debemos ser capaces de mostrar que el esfuerzo de los últimos siglos ha valido cada paso, cada lucha, cada batalla.

Paridad no significa un número, constituye actuar en consecuencia para representar dignamente a la mitad de la población nacional, para crear mejores condiciones de vida para las mujeres, niñas y sociedad en su conjunto, eliminando las barreras jurídicas que impiden el desarrollo de la sociedad en igualdad de condiciones.

Necesitamos rebasar dogmas, actuar con responsabilidad y suscribir el deber de impulsar legislativamente rubros indispensables para el bienestar de la sociedad, como la igualdad salarial y laboral, la no criminalización de las mujeres por decidir sobre su cuerpo, el matrimonio infantil, el reconocimiento de los cuidados, el trabajo infantil, la violencia feminicida y la violencia política en razón de género.

Sabemos que uno de los más altos valores del Poder Legislativo es la conformación de acuerdos, de escuchar a todas las voces, de ser un auténtico parlamento abierto.”

Dicha sesión cumple con las acciones 5, 6 y 9 del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género, al organizar eventos en los cuales exista trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada y las comisiones que tengan que ver con el tema de perspectiva de género (5); así como la creación y gestión de espacios de expresión, diálogo y difusión, conferencias, mesas redondas, cursos, talleres, paneles y debates (6); y presentar los informes y declaraciones sobre las actividades de la Comisión, las cuales permiten fortalecer la transparencia pública; además de mantener actualizado el micrositio (9).

Evento: Presentación de libros de poesía lésbica: Árboles y tierra , Póstuma, regálame una canción y Corramos libres ahora.

La presentación de libros de poesía se llevó a cabo el 13 de marzo de 2019, en el salón C y D, edificio G, del Palacio Legislativo de San Lázaro, dicho evento dio visibilidad y avanzó en una agenda que revindique los derechos de todas las mujeres y de las lesbianas, que han sido tan invisibilizados.

Mariana Pérez Ocaña, de la prensa editorial LeSVOZ , AC, comentó que este año su organización cumple 25 años y es de las más antiguas del movimiento de mujeres lesbianas en el país.

Comentó que la obra Póstuma, regálame una canción, es un homenaje a Tatiana de la Tierra, quien falleció en 2012 y se dedicaba a hacer mucha poesía erótica-lésbica.

La autora del libro Árboles y tierra , Reyna Barrera, manifestó que al escribir esta obra se inspiró en sus alumnas y alumnos para que lo leyeran en clase. “Yo quería saber que ellos aman a los árboles y la vida; me sentí muy ecológica”.

Rosa María Roffiel, escritora del libro Corramos libres ahora , explicó que su poemario lésbico nació de sus experiencias, así como de observar a las personas. “En una ocasión me quedé mirándolos y mirándolas, y dije, si la vida es difícil o encierra muchos retos para las mujeres, para las lesbianas mucho más; en primer lugar, cuando descubres tu sexualidad porque ésta tú no la decides, sino la descubres”.

En el presídium de la presentación estuvieron presentes:

Diputada Wendy Briceño Zuloaga

Conducción del evento, licenciada Mariana Pérez Ocaña.

-Introducción a la colección de poemas y presentación de video homenaje a Tatiana de la Tierra.

-Presentación de performance a cargo de la artista visual Sandra Ponce.

-Maestra Alma Rosa González, sobre el libro de Reyna Barrera.

-Doctora Reyna Barrera, sobre su libro.

-Licenciada Juana Guzmán Lisea.

-Rosa María Roffiel, sobre su libro.

-Diputada Wendy Briceño. Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género

Dichas presentaciones de libros cumplen con las acciones 5, 6, 7 y 9 del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género, al organizar eventos en los cuales exista trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada, y las comisiones que tengan que ver con el tema de perspectiva de género (5); así como la creación y gestión de espacios de expresión, diálogo y difusión, conferencias, mesas redondas, cursos, talleres, paneles y debates (6). Pues fomenta y apoya mediante la elaboración de trabajos editoriales, la divulgación de estudios, análisis, ideas, propuestas, investigaciones y trabajos relacionados con el tema de perspectiva de género, con el fin de contribuir a la divulgación de la importancia de la progresividad de los derechos de las mujeres (7); y presentar los informes y declaraciones sobre las actividades de la Comisión, las cuales permiten fortalecer la transparencia pública; así como mantener actualizado el micrositio (9).

Primer coloquio “Reformas constitucionales con perspectiva de género”

El coloquio se llevó a cabo el 15 de marzo de 2019, en el auditorio norte, edificio A, del Palacio Legislativo de San Lázaro, con la finalidad de que diputadas y diputados, especialistas y sociedad civil, intercambiaran puntos de vista con la intención de la formulación de la opinión con respecto al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentado el 23 de octubre de 2018 por el diputado Porfirio Muñoz Ledo; iniciativa que promueve temas como la no discriminación por motivos de identidad y expresión de género, economía de cuidados, igualdad sustantiva y paridad, libre desarrollo de la personalidad, autonomía reproductiva y el ejercicio libre de la sexualidad, entre otros.

México, como un Estado regido por su Constitución, requiere cambios sustantivos conforme a los tiempos y en el ejercicio de libertades individuales, por supuesto, susceptible de ser perfeccionado, siendo la obligación y la responsabilidad de todas y todos los legisladores, como servidores de la nación.

En el primer coloquio sobre reformas constitucionales con perspectiva de género participaron como ponentes:

Mesa 1: “Artículo 1o. constitucional”

-Hana Aoi, representante del Colectivo Brújula Intersexual.

-Doctor Ignacio Lozano, Universidad Pedagógica Nacional.

-Moderadora: Diputada Lucía Riojas.

Mesa 2: “Artículo 4o. constitucional”

-Licenciada Alma Cecilia Guerrero Zapata. Mexfam

-Licenciada Corina Martínez Sánchez. Fondo María.

-Licenciada María Guadalupe Ruiz Coutiño. UAM Xochimilco

-Maestro Francisco Cué Martínez. GIRE

-Diputada Paola González Castañeda. Cámara de Diputados

Mesa 3 : “Artículo 123 constitucional”

-Blanca Juárez, periódico El Economista .

-Dalia Berenice Fuentes, representante de X Justicia.

-Moderador: Diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero.

Dicho coloquio cumple con las acciones 5, 6, 8 y 9 del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género, al organizar eventos en los cuales exista trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada y las comisiones que tengan que ver con el tema de perspectiva de género (5); así como la creación y gestión de espacios de expresión, diálogo y difusión, conferencias, mesas redondas, cursos, talleres, paneles y debates (6); también al emitir opiniones y atender las consultas hechas a la Comisión por los órganos facultados para ello, procurando priorizar criterios de bienestar y de justicia a través del fomento y la instrumentación del desarrollo de la igualdad sustantiva (8); y presentar los informes y declaraciones sobre las actividades de la Comisión, las cuales permiten fortalecer la transparencia pública; así como mantener actualizado el micrositio (9).

Foro “Diálogos hacia la Igualdad y Seguridad de Todas”

El foro se llevó el 5 de abril de 2019 en el salón Legisladores del Palacio Legislativo de San Lázaro, con el objetivo de abordar la problemática que viven las mujeres, al ser diariamente asesinadas más de nueve mujeres, víctimas de feminicidios; y la mayoría son menores de edad.

Se destacó que se estima que al menos una niña es asesinada cada cuatro días por el simple hecho de haber nacido mujer, situación que demuestra la urgencia de construir un país en paz; las mujeres deben estar en el centro de las estrategias de seguridad.

Se generó el compromiso de crear las condiciones para que todas las y los mexicanos puedan vivir en un entorno seguro. Acabar con la violencia que existe en muchas regiones es una de las principales demandas justificadas de nuestra sociedad al nuevo gobierno.

Se destacó que el objetivo es que las mexicanas confíen en los integrantes de la corporación policiaca, porque estarán enteramente dedicados a garantizar su seguridad y por ningún motivo a amenazarla, garantizando el proceso de capacitación y de sensibilización a la Guardia Nacional para que, en todo momento, actúe con perspectiva de género en la seguridad de las mujeres.

En este foro, se contó con la participación de las siguientes ponentes:

Bienvenida por parte de la diputada Wendy Briceño Zuloaga.

Mensaje Inaugural. Doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación.

Colaboración entre Poderes de la Unión para eficientar el trabajo en materia de seguridad con perspectiva de género.

Doctora Candelaria Ochoa Ávalos, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)

Doctora Nadine Gasman Zylbermann, presidenta de Inmujeres.

Retos en la implementación de políticas públicas por una estrategia integral en materia de seguridad nacional.

Maestra Belén Sanz Luque. Representante ONU Mujeres México.

Doctor Hugo López-Gatell. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Secretaría de Salud del gobierno de México.

Maestra Bertha María Alcalde Luján. Directora general de Apoyo Jurídico. Secretaría de Seguridad Pública. Gobierno de México.

Ruta legislativa para la discusión de las leyes secundarias sobre guardia nacional y su impacto en materia de seguridad con perspectiva de género.

Diputada Rocío Barrera Badillo. Presidenta de la Comisión de Gobernación y Población, Cámara de Diputados y diputadas.

Diputada Wendy Briceño Zuloaga. Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Cámara de Diputados y diputadas.

La realización del foro “Diálogos hacia la igualdad y seguridad de todas” cumple con las acciones 5, 6, 8 y 9 del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Igualdad de Género, al organizar eventos en los cuales exista trabajo conjunto entre la sociedad civil organizada y las comisiones que tengan que ver con el tema de perspectiva de género (5); así como la creación y gestión de espacios de expresión, diálogo y difusión, conferencias, mesas redondas, cursos, talleres, paneles y debates (6); también al emitir opiniones y atender las consultas hechas a la Comisión por los órganos facultados para ello, procurando priorizar criterios de bienestar y de justicia a través del fomento y la instrumentación del desarrollo de la igualdad sustantiva (8); y presentar los informes y declaraciones sobre las actividades de la Comisión, las cuales permiten fortalecer la transparencia pública; así como mantener actualizado el micrositio (9).

Primer foro nacional “Las mujeres del sgave. Retos de sus destilados”.

Desde la Comisión de Igualdad de Género se llevó a cabo dicho foro el 10 de abril de 2019, en el mezanine sur, edificio A, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para visibilizar historias de mujeres, de su trabajo que, ante la necesidad de sacar a su familia avante, no solo aprendieron el arte del destilado, sino incluso han sido pioneras de avances para mantener en el mercado sus productos.

Las mujeres del agave hacen mucho más por todas nosotras. Rompen techos de cristal, estas barreras invisibles a las que nos exponemos las mujeres en actividad laboral, que impiden alcanzar los niveles jerárquicos más altos, independientemente de nuestros logros laborales.

En este foro se contó con la participación de las y los siguientes ponentes y mesas de análisis:

Mesa 1: Producción y cuidado del medio ambiente del agave

-Moderadora: Maestra Martha Natalia Pérez Reynosa.

-María Guadalupe Amavizca Moreno. Presidenta municipal de Granados, Sonora. Tema: Producción de la planta angustifolia hall .

-Doctora Gloria Isabel León Rojas. Especialista en recursos naturales renovables y no renovables. Consultora en la reserva de la biosfera en Tehuacán. Tema: Manejo de las plagas desde la agroecología

-Doctor Rodolfo Quintero y Ramírez. Profesor de la UNAM, UAM y UAEM. Fundador y director general de la compañía Biofer. Tema: Manejo de los recursos naturales para su conservación.

-Doctor Eduardo Sánchez Jiménez. Especialista en sistemas productivos de mezcal. Consultor en sistemas de producción maguey mezcal en Michoacán y del área natural protegida de Tehuacán. Tema: Agro residuos y subproductos del agave.

Mesa 2: Financiamiento y comercialización

-Moderadora: Maestra Tania Parada

-Licenciada Margarita Gallardo Cruz. Directora ejecutiva de Enlace y Evaluación de Coordinaciones Regionales en Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Tema: Financiamiento

-Doctor Ariel Vázquez Elorza. Investigador del Sistema Nacional de Investigadores adscritos al Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Tema: Los retos fiscales y de comercialización en la cadena de valor

-Diputado Francisco Javier Guzmán de la Torre. Secretario en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad Tema: Financiamiento y comercialización

-Ingeniera Laura Noguera Barranco. Directora de Impulso Sostenible Agavería, AC. Tema: Los retos de la comercialización

-Ingeniera Martha Mejía Luna. Directora técnica de la Entidad Mexicana de Acreditación, AC. Tema: la importancia de la certificación.

Mesa 3: Retos legislativos de las políticas públicas de los destilados

-Maestra: Yolanda Ruiz Sánchez

-Diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz. Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales. Tema: Análisis de la comisión de SHCP sobre del IEPS

-Diputada Paola González Castañeda. Secretaria de la Comisión de Gobernación y Población. Tema: Presupuesto con perspectiva de género.

-Diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo. Secretario de la Comisión de Pesca.

IX. Conclusiones

En el presente documento se han plasmado las acciones realizadas por esta Comisión en el periodo de septiembre de 2018 a febrero de 2019, para el logro de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres; en la búsqueda constante de la aplicación de la perspectiva de género y la progresividad de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres mexicanas.

La lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres no ha resultado fácil y ha requerido de años de activismo en diferentes frentes; sin embargo, estas luchas han significado grandes avances que se ven transformados en la legislación, en la implementación de las políticas públicas, y en la creación de instancias para la defensa e institucionalización de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida pública.

Es el comienzo de un trabajo arduo, que se genera en el marco de la primera Legislatura de la paridad de género, lo cual establece un compromiso mayor por parte de esta Comisión con las niñas, adolescentes y mujeres mexicanas, para atender los retos que la igualdad de género plantea, ya que su reconocimiento es una condición esencial para lograr el desarrollo, la justicia y la paz que nuestro país requiere.

Nota

1 http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-de-Igualdad-de-G enero2

La junta directiva de la Comisión de Igualdad de Género

Diputadas: María Wendy Briceño Zuloaga (rúbrica), presidenta; Socorro Bahena Jiménez, María Elizabeth Díaz García, Dorheny García Cayetano, Beatriz Rojas Martínez, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Verónica María Sobrado Rodríguez, María Ester Alonzo Morales (rúbrica), Clementina Marta Dekker Gómez y María Guadalupe Almaguer Pardo (rúbricas), secretarias.


Convocatorias

De la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias

A la tercera reunión ordinaria –declarada permanente–, que tendrá lugar el miércoles 12 de junio, a las 12:00 horas, en el salón C del edificio G, primer piso.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quórum.

2. Propuesta de modificación del orden del día, aprobado el 24 de abril de 2019.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del predictamen con proyecto de decreto por el que se ordena inscribir en letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados la leyenda “Al Exilio Republicano Español”.

4. Avance de los trabajos del proyecto para expedir la nueva Ley del Congreso.

5. Receso.

Atentamente

Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez

Presidente

Del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública

A investigadores y estudiosos de la realidad mexicana, al Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública, novena edición, cuya convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 30 de agosto de 2019.

Bases completas: www.diputados.gob.mx/cesop

Atentamente

Maestro Ernesto Cavero Pérez

Subdirector de Opinión Pública

Del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2019, cuyas bases y convocatoria completa se pueden consultar en la página web del centro de estudios

www.cefp.gob.mx

Atentamente

Licenciado Hugo Christian Rosas de León

Secretario de Servicios Parlamentarios


Invitaciones

De la Comisión de Cultura y Cinematografía

Al diplomado Hacia la construcción de políticas públicas en materia cultural: gestión y desarrollo integral , que en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, se llevará a cabo los jueves y viernes comprendidos del 4 de julio al 13 de septiembre, de las 16:00 a las 21:00 horas, en instalaciones de este Palacio Legislativo.

El diplomado será presencial u online. Informes e inscripciones del lunes 6 de mayo al viernes 28 de junio, de 10:00 a 14:00 horas, en los teléfonos 50360000 extensiones 57040 y 57054; 0445523094730, 55519851 49 y 5584498561. En el e-m@il: diplomado.camara@outlook.com en http://www.diplomadocamara. com así como en la oficina de la convocante, ubicada en el tercer piso del edificio D.

Cupo limitado. Se otorgará constancia con valor curricular.

Dirigido a legisladores, asesores parlamentarios y políticos, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía, relaciones internacionales, artes, cultura, cinematografía), funcionarios públicos de los tres niveles, académicos y personas relacionadas con la investigación, el servicio público, la organización, la participación ciudadana y en general, el estudio, diseño, operación, gestión y evaluación de todos los elementos de las políticas públicas y las actividades dirigidas a la producción, fomento y creación cultural.

Objetivo general

Analizar y proponer una política integral eficaz en la amplia y estratégica temática del desarrollo de la producción, distribución, marco jurídico, presupuesto y políticas públicas dirigidas al sector cultural, en el contexto de las transformaciones nacionales y globales que ocurren en el siglo XXI y que obligan a replantear y repensar las políticas y estrategias necesaria para darle viabilidad al desarrollo del país, mediante la adecuada planeación, sistematización y rediseño de sus políticas públicas.

Metodología

Se desarrollarán 6 módulos, con 120 horas de trabajo en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Los ponentes que participarán en el diplomado serán investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas antes descritos.

Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.

* Modalidad online: estará disponible la plataforma los 7 días de la semana, las 24 horas del día, consultará el material didáctico, videos por modulo, así como las presentaciones en power point o PDF de los ponentes, más interacción permanente para consultas y orientación docente con tutores especialistas. El participante deberá ingresar mínimo 2 veces a la semana, el sistema estará abierto los 7 días de la semana, las 24 horas del día, a efecto de computar su asistencia.

En cuanto a las evaluaciones, se indicará con anticipación las características de éstas y el tiempo límite para su entrega, cuyo promedio mínimo de aprobación es 8.0, al ser clasificado como un diplomado de excelencia por la UNAM.

Programa

Ceremonia inaugural

4 de julio

Módulo I. Formulación de las políticas públicas. Análisis de su diseño y aplicación viable en el sector social y cultural.

4, 5, 11 y 12 de julio.

• Fundamentos y teorías de las políticas públicas en el desarrollo social y cultural

• Análisis causa-efecto, métodos y aplicaciones

• Identificación y selección de alternativas viables

• Desarrollo de estrategias

• Monitoreo y evaluación de impacto

• Análisis de riesgos y aspectos clave para una adecuada implementación de las políticas públicas.

• Taller: Diseño de una política pública estratégica sectorial

Módulo II. Siglo XXI. Un mundo pluricultural

18, 19, 25 y 26 de julio.

1. Cultura e identidad

2. Migraciones e hibridación cultural

3. Globalidad y mexicanidad

4. Marco jurídico internacional cultural suscrito por México

5. Las nuevas culturas urbanas

6. Medios digitales y transformación cultural

7. Pueblos indígenas y fortalecimiento cultural

8. El patrimonio cultural (tangible e intangible)

Módulo III. Análisis del sector institucional cultural en México

1, 2 y 8 de agosto.

1. El marco jurídico de la política cultural

2. Patentes y derechos de autor

3. La estructura sectorial y paraestatal de la cultura

4. El régimen de estímulos fiscales a la creación artística y cultural

5. Presupuesto y apoyo a los creadores culturales

6. Estímulos fiscales a los privados para inversión cultural (Ley de Mecenazgo)

7. Infraestructura y acceso a la cultura

8. Educación artística y diversidad cultural

9. El Plan Nacional de Desarrollo y la perspectiva cultural

Módulo IV. Retos del desarrollo cultural

9, 15 y 16 de agosto.

1. Actualización del marco jurídico. Armonización legislativa y derechos culturales

2. La Economía Creativa (Ley de Economía Creativa)

3. Coordinación entre niveles de gobierno

4. Participación social y cultura

5. Asociaciones público-privadas para la cultura

6. Financiamiento, difusión y apoyo para una nueva era cultural

7. Industrias culturales en las redes digitales

8. La tasa cero a librerías

9. Parlamento Abierto, legislación y políticas públicas

Módulo V. Cinematografía: actualidad y perspectivas

22, 23, 29 y 30 de agosto.

a. El cine y su crecimiento competitivo

b. Cultura y presencia cinematográfica en el mundo

c. Fiscalidad y apoyo económico al cine mexicano

d. Formación de recursos humanos de alto nivel para la cinematografía

e. Piratería y estrategias legales

f. Emprendedurismo y desarrollo del cine

Módulo VI (taller)

5, 6 y 12 de septiembre.

- Taller de casos prácticos

- Integración de propuestas de rediseño de las políticas públicas

- Gestión cultural: marketing y comunicación

- Mesas de discusión académica

Clausura

13 de septiembre.

Programación sujeta a cambios

Atentamente

Diputado Sergio Mayer Bretón

Presidente

De la Comisión de Pesca

Al diplomado, presencial y en línea, Análisis y rediseño de las políticas públicas para la soberanía alimentaria y la pesca en México frente a la globalización, que se llevará a cabo los jueves y los viernes comprendidos hasta el 2 de agosto, de las 16:00 a las 21:00 horas, en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

Con la participación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y la División de Educación Continua y Vinculación de la Universidad Nacional Autónoma de México, el diplomado está dirigido a legisladores, asesores parlamentarios y políticos, estudiantes e investigadores (de ciencia política, administración pública, derecho, sociología, economía, relaciones internacionales, desarrollo rural, planificación agropecuaria, antropología), funcionarios públicos de los tres niveles, académicos y personas relacionadas con la investigación, el servicio público, la organización, la participación ciudadana y, en general, el estudio, diseño, operación, gestión y evaluación de todos los elementos de las políticas públicas y las actividades socioeconómicas dirigidas a la producción de alimentos agropecuarios y pesqueros, en cualquiera de sus ámbitos.

Sede : Palacio Legislativo de San Lázaro.

Fechas: del 23 de mayo al 2 de agosto de 2019.

Sesiones: jueves y viernes de 16:00 a 21:00 horas.

Informes e inscripciones : del 25 de marzo al 17 de mayo, de 10:00 a 14:00 horas, a los teléfonos 50360000, extensiones 57187 y 57186, celulares 0445529212480, 0445551985149 y 0445525460221, correo electrónico diplomado.camara@gmail.com, página web http:// www.diplomadocamara.com, así como en las oficinas de la comisión, situadas en el cuarto piso del edificio D del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Cupo limitado. Se otorgará constancia con valor curricular.

Objetivo general:

Analizar y proponer una política integral eficaz en la amplia y estratégica temática del desarrollo de la producción, distribución, abasto, marco jurídico, presupuesto y políticas públicas dirigidas al sector agroalimentario y pesquero mexicano, en el contexto de las transformaciones nacionales y globales que ocurren en el siglo XXI y que obligan a replantear y repensar las políticas y estrategias necesaria para darle viabilidad a la economía, la salud, la alimentación y el desarrollo del país, mediante la adecuada planeación, sistematización y rediseño de sus políticas públicas.

Metodología

Se desarrollarán 6 módulos, con sesiones de trabajo los días jueves y viernes, de 16:00 a 21:00 horas.

* Modalidad en línea (on line): estará disponible la plataforma los 7 días de la semana, las 24 horas del día, consultará el material didáctico, videos por módulo, así como las presentaciones en Power Point o PDF de los ponentes, más interacción permanente para consultas y orientación docente con tutores especialistas.

Los ponentes que participarán en el diplomado serán investigadores, profesores de educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los temas antes descritos.

Evaluación: 80 por ciento de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en cada módulo.

* Modalidad en línea (on line): deberá ingresar mínimo 2 veces a la semana, el sistema estará abierto los 7 días de la semana, las 24 horas del día, a efecto de computar su asistencia.

En cuanto a las evaluaciones, se indicará con anticipación las características de las mismas y el tiempo límite para su entrega, cuyo promedio mínimo de aprobación es 8.0, al ser clasificado como un diplomado de excelencia por la UNAM.

Módulos y temario

Módulo II. Políticas públicas para la competitividad y la soberanía alimentaria. Tecnología, inversiones y productividad.

6, 7, 13 y 14 de junio

• Análisis de la situación y perspectivas de la competitividad y soberanía alimentaria nacional.

• Factores estratégicos para la implementación de políticas públicas para la productividad y la sustentabilidad del sector alimentario y pesquero.

• Avances de América Latina y el Caribe para la realización del derecho humano a una alimentación adecuada.

• Una tendencia emergente: la soberanía alimentaria.

• Inversión, tecnología y productividad alimentaria y pesquera en México.

• Diagnóstico de los efectos de los Tratados de Libre Comercio en materia alimentaria.

• Apertura e integración económica. Retos para construir un comercio alimentario internacional justo, equitativo y sustentable.

Módulo III. La organización productiva nacional. Evaluación del contenido y alcances de las políticas nacionales dirigidas a la alimentación y la pesca.

20, 21, 27 y 28 de junio

• El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y los programas sectoriales, regionales e institucionales.

• Marco jurídico, presupuesto, reglas de operación y ejercicio de los programas dirigidos al campo y la pesca.

• Desempeño de las instituciones gubernamentales y organización productiva.

• Federalización y transferencia de atribuciones a los estados y municipios.

• Sanidad e inocuidad alimentaria.

• Infraestructura de cuencas e hidroagrícola.

• El deterioro ambiental.

• Financiamiento e infraestructura.

• Fortalezas y debilidades de las grandes empresas.

• Fortalezas y debilidades de las pequeñas y medianas empresas y las cooperativas.

Módulo IV. Análisis y propuestas de rediseño del marco jurídico, presupuestal e institucional.

4, 5, 11 de julio

• El principio de la libertad de los mares.

• Convención del derecho del mar.

• Las organizaciones internacionales que regulan los sistemas alimentarios y pesqueros.

• El papel de la FAO, la OCDE, OMC, FMI y BM.

• El derecho pesquero: marco jurídico y derecho consuetudinario.

• El derecho que regula la producción de alimentos.

• Alcance y reforma de las instituciones para el desarrollo agropecuario y pesquero.

Módulo V. ¿México, país pesquero? Realidad y perspectiva de la pesca y la acuacultura sustentables.

12, 18, 19 de julio

• Los fundamentos teóricos de la economía pública en la pesca y la acuicultura.

• La comunidad pesquera: realidad y expresión asociativa.

• Los recursos pesqueros: tipología y naturaleza económica.

• La demanda de los productos pesqueros: recurso alimentario y mercancía.

• La evolución de las capturas mundiales: distribución, cambio técnico y estado de los recursos.

• La acuicultura: técnicas, posibilidades y límites.

Módulo VI. Taller: Evaluación y diseño de proyectos en materia de políticas públicas para la soberanía, la competitividad agropecuaria, pesquera, el desarrollo y el bienestar colectivo. Marco lógico y PbR.

25, 26 de julio y 1 de agosto

• Taller de casos prácticos.

• Integración de propuestas de rediseño de las políticas públicas.

• Mesas de discusión académica.

Clausura: 2 de agosto

Programación sujeta a cambios

Atentamente

Diputado Maximiliano Ruiz Arias

Presidente