Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Poder Judicial Federal y la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a resolver los procesos penales de consigna y el desbloqueo de cuentas bancarias instruidos contra profesores de la sección XXII-SNTE-CNTE, a cargo del diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jorge Ángel Sibaja Mendoza, diputado de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el año 2015 fueron detenidos varios representantes sindicales y profesores de base de la Sección XXII del SNTE-CNTE por oponerse a la mal llamada reforma educativa, ya que esta había sido aprobada sin consulta previa y adecuada con los grupos afectados. Ante estas violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso, el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, los relatores especiales sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación, y sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, del Consejo de Derechos Humanos, emitieron un llamado de atención al gobierno mexicano, a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos y libertades de los profesores presos y lo instan a que tales hechos no se repitan.

Sin embargo, el gobierno mexicano no acató dicho llamado e intensificó la criminalización y judicialización de la protesta magisterial con más las detenciones arbitrarias e ilegales y fabricación de procesos de consigna, como lo fue la detención del entonces secretario general de la representación sindical de la Sección XXII-SNTE-CNTE, maestro Rubén Núñez Ginez.

Estos procesos penales contra los profesores presos políticos de la CNTE, estuvieron llenos de violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso como:

1. La fabricación de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, por delitos de robo de libros de texto gratuitos, entre otros.

2. La omisión de fundamentar y motivar el inicio de la detención e incomunicación, toda vez que los elementos aprehensores no se identificaron, no mostraron orden de aprehensión al momento de la detención y vestían de civiles.

3. La desaparición forzada de persona, ya que después de su detención durante horas fueron ocultados sus paraderos.

4. Violación al principio de inmediatez, al no ser puestos inmediatamente a disposición del juez que libró la orden de aprehensión.

5. La violación al principio de presunción de inocencia, al exhibirlos ante la prensa nacional como delincuentes sin que hubiera una sentencia ejecutoria en su contra.

6. La violación al derecho a una adecuada defensa, al negarles la comunicación con sus abogados e imponerles defensores de oficio.

7. El traslado a Ceferesos de máxima seguridad, como el Altiplano y Hermosillo Sonora, sin mandato de autoridad competente, situación que dificultó y en algunos casos impidió desahogar diversas pruebas en su defensa.

8. La negativa a una tutela judicial efectiva, es decir, a ser juzgados por un representante judicial imparcial y objetivo del lugar en el que se cometieron los supuestos hechos.

9. El estado de terror, hostigamiento, amenazas, tortura física y psicológica, los tratos crueles inhumanos y degradantes de que fueron objeto.

Sumado a lo anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda ordeno el bloqueo de las cuentas bancarias de la secretaría de finanzas de la Sección XXII, y de 24 profesores, mismos que han demostraron que la procedencia del dinero es de su nómina salarial y de las cuotas sindicales que el SNTE reintegra, tal y como lo establece el artículo 24 de los estatutos de dicho sindicato.

A más de 4 años, estos profesores aún se encuentran sujetos a procesos penales de consigna, en algunos casos acuden a firmar cada 14 días y a desahogar audiencias cada 3 días en juzgados de la Ciudad de México; situación que ha deteriorado la salud de algunos de ellos, principalmente del maestro Rubén Núñez, quien actualmente se encuentra hospitalizado.

Compañeras y compañeros, es importante garantizar que el Estado Mexicano sea respetuoso del debido proceso y de los derechos humanos tutelados en nuestra Carta Magna, en estándares y normas internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Poder Judicial, para que otorgue la libertad absoluta a los profesores presos políticos, que siguen sujetos a proceso por oponerse a la punitiva reforma educativa del 2013.

Segundo: La cámara de diputados exhorta de manera respetuosa a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, para que proceda a desbloquear las cuentas de los profesores de la CNTE, ya que han demostrado la procedencia lícita de dichos ingresos.

Notas

1. Resoluciones 24/7, 25/2, 24/5 y 25/18 del Consejo de Derechos Humanos.

2. Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3. Artículos 5.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 11, 13, 15, 16, y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

4. La militarización de Oaxaca es para reprimir al magisterio: Espacio Civil y RedTDT. La jornada. 22 Julio 2015

5. Hoy, el despliegue de contingentes armados en Oaxaca, el sobrevuelo constante de tantos helicópteros, la exhibición amenazante de equipo militar, la manipulación mediática uniformada, la cancelación de cuentas bancarias legítimas de la sección sindical, las órdenes de aprehensión contra líderes y las versiones de un baño de sangre. La jornada. 23 Julio 2015.

6. “Son 118 las órdenes de aprehensión contra líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y normalistas. EXELSIOR Arturo Estrada/Corresponsal 03.11.2015 Última actualización 04.11.2015

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.

Diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la CFE a informar a la opinión pública sobre las causas de cancelación del concurso abierto número CFE-0036-CASOA-0001-2018 para contratar el proyecto 303 LT en corriente dirección Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XX; 6, numeral primero; 62, numeral segundo; 65, numeral cuarto; y 79, numerales primero, fracción II, y segundo, fracción III, así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que informe a la opinión pública sobre las causas de cancelación del “Concurso abierto número CFE-0036-CASOA-0001-2018, para la contratación del Proyecto 303 LT en corriente directa Ixtepec Potencia – Yautepec Potencia”; así como cuáles son las condiciones para continuar con el aludido concurso, y para que informe cuáles son los esquemas que la Comisión a su cargo se encuentra explorando a fin de fortalecer la infraestructura y la capacidad de transmisión y transformación que requiere la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución; así como al titular de la Comisión Reguladora de Energía y al titular del Centro Nacional de Control de Energía, para que informen a la opinión pública sobre los resultados de las Convocatorias de Subastas eléctricas de largo plazo y programación de concursos futuros, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2016-2030, emitido por la Secretaría de Energía, dentro de su apartado 5.1 “Proyectos Programados”, contempló el proyecto de “Líneas de Transmisión en Corriente Directa Istmo de Tehuantepec-Valle de México”.1

El citado proyecto atendía a la problemática relativa a que: “En la región de control Oriental del SEN [Sistema Eléctrico Nacional] se tiene contemplado instalar 15 mil 280 MW de capacidad de generación en los próximos 15 años, en su mayoría energía eléctrica renovable y actualmente no existe una canal de transmisión que permita la incorporación y operabilidad de la intermitencia” .

De igual manera, se pretendía atender el objetivo del propio Prodesen consistente en “Interconectar la RNT con Norteamérica y Centroamérica”, y de manera particular: “Integrar la capacidad de energía renovable de región de control Oriental y transmitirla a las regiones de mayor demanda de energía eléctrica”.

Así, la Secretaría de Energía estimó que se obtendrían los siguientes beneficios:

-Incentivar la integración de generación renovable , integrando al SEN una mayor capacidad de energía eléctrica derivada de fuentes renovables, como sería la eólica e hidroeléctrica.

-Aprovechar la vocación en materia energética, a partir de fuentes renovables , que tiene esa región de control.

-Favorecer el desempeño eficiente del SEN , reduciendo los costos de producción de energía eléctrica, y fomentando el uso de tecnologías de punta en la RNT [Red Nacional de Transmisión] y las RGD [Redes Generales de Distribución].

En vista de lo anterior, en fecha 13 de febrero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la convocatoria al “Concurso Abierto número CFE-0036-CASOA-0001-2018”, ello para la contratación del proyecto “303 LT EN Corriente Directa Ixtepec Potencia – Yautepec Potencia” clave 1218TOQ0034, mismo que comprendía lo siguiente:

“...la prestación de servicios relativos a la presentación del servicio público de transmisión por el Contratista en favor de la Comisión, para lo cual, el Contratista deberá: (a) desarrollar, gestionar, y adquirir las Actividades Previas, construir, realizar Pruebas, Puesta en Servicio y poner en Operación Comercial el Sistema de Transmisión a su sola costa, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Requisitos, a fin de prestar a la Comisión el Servicio Contractual a partir de la Fecha Programada de Operación Comercial; (b) operar, mantener, y modernizar el Sistema de Transmisión de Corriente Directa durante el Periodo Operativo; (c) transferir todos los derechos, licencias, permisos, autorizaciones y la propiedad de las Obras de Refuerzo a la Comisión tan pronto como sea posible, pero en todo caso a más tardar en la fecha de Operación Comercial según se establezca en el Contrato de Fideicomiso del Sistema de Transmisión; (d) transferir todos los derechos, licencias, permisos, autorizaciones y la propiedad del Sistema de Transmisión de Corriente Directa a la Comisión en la fecha de Operación Comercial, según se establezca en el Contrato de Fideicomiso del Sistema de Transmisión y (e) asumir y mantener los Derechos de Fideicomisario que se establezcan en el Contrato de Fideicomiso del Sistema de Transmisión...”2

“El Proyecto ‘303 LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia’, está integrado por: dos obras de estaciones convertidoras, siete obras de subestaciones eléctricas, una obra de líneas de transmisión en corriente directa y cinco obras de líneas de transmisión en corriente alterna, las cuales se localizan en los estados de México, Morelos, Oaxaca, Ciudad de México y Veracruz”3

Con el citado proyecto la línea de transmisión transportaría la energía limpia generada en las centrales eólicas y de cogeneración del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, hacia el centro del país, con lo que se incentivaría la generación de energía renovable e integraría al Sistema Eléctrico Nacional una mayor capacidad de energía eléctrica derivada de fuentes limpias.4

El proyecto a que se hace referencia sería el mayor proyecto de transmisión en la historia del país y ayudaría a desahogar las congestiones de la transmisión eólica en el sureste y permitiría que se incrementara este tipo de generación en uno de los puntos con mayor potencia de vientos en el mundo.5

Hasta donde se tiene conocimiento público, se contaba con la participación de 28 empresas, entre las cuales se encuentran algunas líderes mundiales en tecnología HVDC (siglas en inglés de “Corriente Directa de Alto Voltaje”).

No obstante lo anterior, mediante oficio número SEP/010/2019 signado por el ciudadano Gustavo A. Salvador Danini, en su carácter de subdirector de Estructuración de Proyectos de la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura, dirigido a “Todas las empresas registradas en el micrositio de concursos del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Comisión Federal de Electricidad, concurso abierto número CFE-0036-CASOA-0001-2018 ”, se informó, en síntesis, lo siguiente:6

“... en virtud del análisis de las características de este proyecto en el marco de de las estrategias financiera y de inversión para el fortalecimiento de proyectos prioritarios de gran magnitud, se determina que no existen las condiciones para continuar con el presente concurso. Por tal motivo, la Comisión Federal de Electricidad ha decidido cancelar el concurso abierto número CFE-0036-CASOA-0001-2018 del proyecto “303 LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia – Yautepec Potencia”. En consecuencia, se da por concluido el procedimiento del presente concurso. No obstante, la Comisión Federal de Electricidad continúa explorando esquemas que le permitan fortalecer la infraestructura y la capacidad de transmisión y transformación que requiere la Red Nacional de Transmisión.

...la presente cancelación no implica responsabilidad para la Comisión Federal de Electricidad, la cual no será responsable por los costos asociados con la preparación de las ofertas de los concursantes, por lo que no existe obligación alguna para otorgar compensación alguna.”7

Como se deriva de la lectura del comunicado de cancelación del concurso abierto, si bien se refiere que dicha acción se debe a que “no existen las condiciones para continuar con el presente concurso”, lo cierto es que no se mencionan ni se explica a los concursantes en qué consisten esas “condiciones”.

De igual manera, en el documento de cancelación se lee que la Comisión: “continúa explorando esquemas que le permitan fortalecer la infraestructura y la capacidad de transmisión y transformación que requiere la Red Nacional de Transmisión”, pero no refiere cuáles son esos esquemas.

A efecto de destacar la relevancia del proyecto cancelado por la CFE, cabe destacar que formaba parte de la planeación a largo plazo para la ampliación del sistema eléctrico y para la transmisión de energías limpias, como se indica en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2017-20318 y en el correspondiente al periodo 2018-20329 en los que todavía se mencionaba el proyecto “Ixtepec Potencia- Yautepec Potencia”, como programado y en seguimiento respectivamente. Este Proyecto formaba parte de la Línea de Transmisión en Corriente Directa istmo de Tehuantepec-Valle de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Federal de Electricidad para que informe a la opinión pública sobre las causas de cancelación del “Concurso abierto número CFE-0036-CASOA-0001-2018, para la contratación del Proyecto 303 LT en corriente directa Ixtepec Potencia – Yautepec Potencia”; así como cuáles son las condiciones para continuar con el aludido concurso, y para que informe cuáles son los esquemas que la Comisión a su cargo se encuentra explorando a fin de fortalecer la infraestructura y la capacidad de transmisión y transformación que requiere la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Reguladora de Energía y al titular del Centro Nacional de Control de Energía, para que informen a la opinión pública sobre los resultados de las Convocatorias de Subastas eléctricas de largo plazo y programación de concursos futuros.

Notas

1 Prodesen 2016-2030, p. 117-118.

2 file:///C:/Users/samue/Downloads/PUBLICACION%20CONVOCATORIA%20EN%20DOF. pdf

3https://msc.cfe.mx/Aplicaciones/NCFE/Concursos/Procedur e/Details “Anexo 1 LTCD.zip”

4 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/CFE-lanza-licitacion-de-linea- de-transmision-entre-Oaxaca-y-zona-centro—20180212-0076.html

5 https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
Crece-retraso-del-mayor-proyecto-de-transmision-electrica-del-pais-20171121-0001.html

6 Cabe destacar que la cancelación del Concurso Abierto No. CFE-0036-CASOA-0001-2018 se publicó el 25 de enero 2019.

7 file:///C:/Users/samue/Downloads/CANCELACION%20CONCURSO.pdf

8 Prodesen 2017-2031, pp. 99.

9 Prodesen 2018-2032, pp. 102 a 104, consultados en: https://www.gob.mx/sener/acciones-y-programas/programa-de-desarrollo-de l-sistema-electrico-nacional-33462.

Dado en el salón de sesiones, a 19 de febrero de 2019.

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Mesa Directiva de esta soberanía a realizar gestiones conducentes a instalar un lactario, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Lourdes Érika Sánchez Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La nutrición y los cuidados durante los primeros años de vida son fundamentales para la salud y el bienestar, por ello la práctica de lactancia materna tiene beneficios directos en el desarrollo de los niños. Por un lado, proporciona nutrientes fundamentales para su desarrollo, por el otro, establece lazos efectivos con su madre.

La leche materna es el único alimento que aporta todos los nutrientes necesarios para el sano desarrollo de los recién nacidos porque contiene los anticuerpos que se requieren para protegerlo de las enfermedades comunes de la infancia. Este alimento es fundamental por reduce la mortalidad infantil, previene infecciones gastrointestinales y respiratorias, obesidad, diabetes, leucemia, alergias, cáncer infantil, presión arterial elevada, colesterol alto y enfermedades digestivas.

Es precisamente por ello, que en varios países del mundo se promueve el consumo de la leche materna, su objetivo es consolidar una vida sana en las niñas y los niños. También, se ha comenzado a plantear incremento de la instalación de espacios laborales que faciliten a la mujer trabajadora proporcionar los alimentos requeridos para el pleno desarrollo del infante.

En México tenemos retos formidables al respecto, sólo el 50 por ciento de los recién nacidos reciben leche materna en su primera hora de vida y el 31 por ciento son alimentados con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses.1

El número de niños que muere en nuestro país podría ser hasta 5 veces menor si se amamanta con leche materna al recién nacido durante los primeros 6 meses de vida y se complementa con otros alimentos hasta los 2 años de edad.

Es importante advertir que México adoptó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna emitido en 1981 por la Organización de la Salud, el cual busca contribuir al desarrollo de una nutrición segura para los lactantes, y de ahí que los centros de trabajo deban atender y promover la lactancia materna a través de la incorporación de los espacios físicos adecuados para ello.

Bajo el principio del interés superior del menor previsto en el artículo cuarto de la Constitución Política, el Estado mexicano tiene la obligación de establecer políticas públicas centradas en velar el bienestar fundamental de las niñas, los niños y los adolescentes. En este sentido, los derechos de la maternidad se encuentran directamente relacionados con los del menor, tanto más, si hacemos referencia a la lactancia.

Todas las madres trabajadoras fuera del hogar tienen derecho a contar con un espacio digno, privado e higiénico para que puedan reservar leche que alimente a sus bebés durante el tiempo de su jornada laboral.

Esta acción que abona a los esfuerzos diarios de las madres para conciliar su vida familiar con la laboral, no es un capricho, sino un derecho humano de ambos, madres e infantes. Son millones de mujeres las que requieren de un lactario para atender este aspecto del desarrollo óptimo de sus hijos, tan solo debe recordarse que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, Inegi, reportó al primer trimestre de 2017 que del total de mujeres solteras de 15 años y más con al menos un hijo vivo, el 41.8 por ciento trabaja,2 la mayoría en el sector informal (31.2 por ciento) y más de 30 por ciento son jefas de hogar.

México debe comprometerse a impulsar que un mayor número de madres trabajadoras accedan a lactarios pues apenas el 14.4 por ciento3 de ellas acepta nutrir solamente con este alimento a su bebé frente al casi 38 por ciento de la región latinoamericana.

Las promesas han sido muchas pero los hechos pocos, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México prometió 98 lactarios en el 2018 de los cuales solo logró 28 al 2017, esto evidencia una falta de voluntad con el presupuesto asignado a estos espacios, por ello, Cámara de Diputados no puede quedarse en la retaguardia. Es pertinente convocar a su pronta instalación al igual que lo hizo el Senado.4

México es uno de los países más ampliamente comprometidos en el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible 2030 y la lactancia materna5 es clave para reducir la pobreza y abonar a la salud, bienestar y nutrición de las niñas y niños.

Que sirva esta proposición para hacer un llamado también a las empresas para que emulen la iniciativa de empresas como Nestlé6 y su programa “Comienzo sano” encaminado a atender el compromiso de impulsar la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para alimentar a los bebés de 0 a 6 meses exclusivamente con leche materna y, en consecuencia, adecuar sus instalaciones para contar con lactarios y fuentes accesibles de información sobre como alimentar de manera óptima a los infantes.

El Grupo Parlamentario del PRI comparte el llamado de la Academia Nacional de Medicina7 en el sentido de promover los lactarios laborales e institucionales porque han demostrado ser “...una intervención bioantropológica innovadora de fomento a la lactancia materna que conjuga la productividad y reproductividad de las mujeres.”

El propósito del presente punto de acuerdo es que la Cámara de Diputados se sume a los esfuerzos para lograr generaciones de niñas y niños más sanos y fuertes. El lactario es un espacio de uso exclusivo para la extracción y conservación de la leche materna, deberá ser privado y exclusivo para su fin. Asimismo, debe contarse con elementos mínimos tales como: mesas, sillas y/o sillones con abrazaderas, dispensadores de papel toalla, dispensadores de jabón líquido, depósitos con tapa para desechos, entre otros elementos, que brinden bienestar y comodidad a las usuarias para la extracción y conservación de la leche materna. También, deberá contar con un refrigerador para la conservación de la leche materna.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados para que realice las gestiones necesarias que permitan la instalación de un lactario, a fin de apoyar y garantizar que las madres en periodo de lactancia que visitan o trabajan en este recinto legislativo cuenten con un espacio digno y cómodo que les permita ejercer su derecho a la lactancia materna.

Notas

1 https://www.unicef.org/mexico/spanish/17047_38710.html

2 Inegi. Estadísticas, a propósito del Día de la Madre (10 de Mayo). Comunicado de prensa 201/2018.

Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/ma dre2018_Nal.pdf

3 El Economista. Todos ganan con los lactarios en los centros de trabajo. Blanca Juárez. Publicado el 5 de agosto de 2018 en:
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/
Todos-ganan-con-lactarios-en-los-centros-de-trabajo-20180805-0107.html

4 http://www.senado.gob.mx/comisiones/salud/reu/docs/boletin_270213.pdf

5 Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá. (INCAP) Los objetivos del Desarrollo Sostenible y la Lactancia Materna. Consultado en: http://www.incap.int/index.php/es/noticias/1463-ods-y-lactancia-materna

6 Consultado en: https://www.comienzosano.nestle.com.mx/

7 González de Cossío, Teresita. Et al. Academia Nacional de Medicina-Conacyt. Lactancia materna en México. 2016. Disponible en: http://www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/LACTANCIA_MA TERNA.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.

Diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SSPC a publicar en el sitio de protección civil datos sobre la implantación de las 14 medidas sugeridas por la ASF como resultado de la evaluación número 1647, a cargo de la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Nancy Claudia Reséndiz Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I; 62, numeral 3; y 79, numeral 1 fracción II y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las afectaciones por los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 trajo consigo que el Ejecutivo Federal emitiera por Acuerdo de fecha 4 de octubre de 1985 la Creación de la Comisión Nacional de Reconstrucción, como órgano de consulta y participación en las acciones que los sectores público, privado y social para enfrentar y resolver los problemas causados por los sismos. Días después el Presidente de la República (9 de octubre) publicó el Acuerdo para la creación del Comité de Prevención de Seguridad Civil, para que, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática, auxiliará a la Comisión Nacional de Reconstrucción como órgano encargado de estudiar y proponer todas las acciones relativas a la seguridad, participación y coordinación de la acción ciudadana, en caso de desastre.

El acuerdo estableció como una de las funciones del Comité de Prevención de Seguridad Civil, llevar a cabo estudios, análisis e investigaciones que con base en la tecnología disponible y en las experiencias obtenidas, permitieran planear, organizar y establecer un Sistema Nacional de Protección Civil, que garantizara la adecuada predicción, prevención, protección y auxilio a la población ante situaciones de grave riesgo colectivo o desastre, incorporando la participación de la sociedad civil.

El Comité de Prevención de Seguridad Civil acordó la creación de 9 Subcomités, para abrir la participación de partidos políticos, organismos públicos, sociales y privados; asociaciones, institutos de investigación y docencia; colegios de profesionales, especialistas en las distintas disciplinas relacionadas con la seguridad civil y, en general, a la ciudadanía, para que dieran lo mejor de sus conocimientos y experiencia para sentar las bases sobre las cuales pudiera apoyarse la conformación del Sistema Nacional de Protección Civil.

La creación del Comité de Prevención de Seguridad Civil y de la Comisión Nacional de Reconstrucción, sentaron las bases para que el Presidente de la República publicará en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1986 el Decreto por el que se aprueban bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil.

El numeral 1.3 del Decreto define el Sistema Nacional de Protección Civil como el “conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos sociales y privados y con las autoridades de los Estados y Municipios a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la protección de los ciudadanos contra los peligros y riesgos que se presentan en la eventualidad de un desastre”.1

El numeral 6 del decreto proponía la elaboración de una Ley para establecer “el marco jurídico sobre el cual se apoye el Sistema Nacional de Protección Civil y permitir solicitar la ayuda y colaboración de organismos públicos, sociales y privados y aun de los ciudadanos en situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe extraordinaria”.2

No fue sino 14 años después que esta sugerencia se materializo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2000 de la Ley General de Protección Civil, cuyo artículo 9 establece que “el objetivo del Sistema Nacional es el de proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad, así como el de procurar la recuperación de la población y su entorno a las condiciones de vida que tenían antes del desastre.”3

Esta ley fue abrogada el 6 de junio de 2012 al entrar en vigor en dicha fecha la actual Ley General de Protección Civil.

El artículo 15 del nuevo ordenamiento jurídico determina que el objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil es el “de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos, a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.”4

A partir de la publicación de la primer Ley General de Protección Civil y hasta el 2013 México sufrió diversos fenómenos naturales trayendo consigo pérdidas humanas y económicas, en ese mismo periodo la Auditoria Superior de la Federación practicó nueve auditorías de desempeño en materia de protección civil, de las cuales siete incluyeron resultados sobre el componente de previsión y seis de prevención. En estas últimas, se identificaron debilidades vinculadas con la falta de mecanismos para generar información estratégica que sirviera para mitigar los riesgos asociados a los fenómenos perturbadores; la escasa identificación de asentamientos humanos en zonas de riesgo, y la desactualización del Atlas Nacional de Riesgo como un medio de información suficiente, oportuna y confiable para la operación del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Derivado de lo anterior, el Órgano de Fiscalización determino practicar en la revisión de la Cuenta Pública de 2014 la Evaluación 1647 “Evaluación de la Política Pública de Protección Civil”, la cual propuso la implementación de las siguientes medidas:

1. Que el Sinaproc, por medio de la Coordinación Nacional de Protección Civil, en coordinación con el Cenapred y las instancias que participan en la identificación de las zonas de riesgos y el monitoreo de los fenómenos perturbadores que afectan el territorio nacional, elabore un diagnóstico del estado actual de la vulnerabilidad de la población, sus bienes y la infraestructura pública ante dichos fenómenos, a fin de definir una línea base que sirva para medir el avance en la atención del problema público en términos de la mitigación de dicha vulnerabilidad.

2. Que el Cenapred defina una metodología para medir y evaluar continuamente la vulnerabilidad de la población, en términos de su susceptibilidad a sufrir daños o pérdidas ante la presencia de un fenómeno perturbador, en la que se incluyan los factores físicos, sociales, económicos y ambientales que propician dicha vulnerabilidad y se promueva que sea de aplicación obligatoria.

3. Que la Coordinación Nacional de Protección Civil establezca indicadores estratégicos, en colaboración con las instancias responsables en el ámbito de su competencia, con el apoyo de instancias especializadas, en los que defina la manera de medir el logro de la política pública, en términos de la reducción de la vulnerabilidad y del riesgo de la sociedad ante fenómenos perturbadores.

4. Que la Coordinación Nacional de Protección Civil promueva, en el seno del Consejo Nacional de Protección Civil, que se establezcan compromisos con fechas límite para la homologación de los marcos jurídicos de los órdenes estatal y municipal con la Ley General de Protección Civil, a fin de que se establezcan las obligaciones de: desarrollar los atlas de riesgos estatales y municipales para emplearlos como base para la elaboración de planes y programas de protección civil; ordenar el territorio con base en la identificación de las zonas de riesgo, y establecer sanciones para quienes edifiquen o construyan infraestructura sin contar con un análisis de riesgo, así como para quienes lo autoricen.

5. Que la Coordinación Nacional de Protección Civil promueva, en el seno del Consejo Nacional de Protección Civil, que se armonice el Manual de Organización del Sistema Nacional de Protección Civil con la Ley General de Protección Civil y su Reglamento, a fin de incorporar la gestión integral de riesgos y definir claramente las funciones de cada uno de los integrantes del Sinaproc, para que éste se coordine de manera eficiente en cada uno de los componentes de la política pública.

6. Que la Coordinación Nacional de Protección Civil establezca mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sinaproc que aseguren el uso de la información contenida en el ANR, a fin de que se tome como base para la elaboración de planes, programas y estrategias en cada uno de los componentes de la política pública.

7. Que el Cenapred realice un diagnóstico sobre la pertinencia de monitorear la totalidad de los fenómenos perturbadores definidos en la Ley General de Protección Civil y, con base en éste, diseñe e implemente, en colaboración con las instancias responsables en el ámbito de su competencia, los sistemas de monitoreo necesarios para dar seguimiento a los fenómenos que provocan efectos nocivos en la sociedad, a fin de contar con información útil para incrementar la resiliencia de la población.

8. Que la Coordinación Nacional de Protección Civil evalúe la pertinencia de establecer vínculos para el intercambio de información con los países que posean sistemas de monitoreo y alertamiento avanzados y que apliquen la gestión integral de riesgos, a fin de fortalecer la actuación del Sinaproc en estos aspectos.

9. Que la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Cenapred, en coordinación con los órdenes estatal y municipal, elaboren un diagnóstico basado en los atlas de riesgos para determinar el tipo de planes y programas que requiere cada gobierno local, a fin de atender los fenómenos perturbadores que afectan su territorio, con el propósito de establecer estrategias para fomentar su elaboración.

10. Que la Coordinación Nacional de Protección Civil elabore en colaboración con las instancias responsables en el ámbito de su competencia, un diagnóstico sobre los requerimientos y obstáculos para implementar el Servicio Civil de Carrera en materia de protección civil y, con base en éste, desarrolle una estrategia de profesionalización para asegurar que los servidores públicos responsables de la política pública cuenten con las habilidades, conocimientos y capacidades necesarias para desarrollar sus funciones.

11. Que la Coordinación Nacional de Protección Civil en colaboración con las instancias responsables en el ámbito de su competencia, así como con el apoyo de instancias especializadas, elabore un diagnóstico sobre la situación actual de la cultura de autoprotección en la sociedad, a fin de establecer una estrategia de educación que incremente la preparación de la población ante los fenómenos perturbadores.

12. Que la Coordinación Nacional de Protección Civil, en el seno del Consejo Nacional de Protección Civil, evalúe la pertinencia de establecer una estrategia que permita contar con antelación a la ocurrencia de los fenómenos perturbadores en el marco de sus atribuciones, la adquisición de insumos para la atención de las emergencias, con el propósito de reducir los costos que esto representa.

13. Que la Coordinación Nacional de Protección Civil en colaboración con las instancias responsables en el ámbito de su competencia, realice un diagnóstico sobre la operación de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, a fin de determinar si cumplen, o no, con los plazos de autorización de recursos, y programas de rehabilitación y reconstrucción de infraestructura pública afectada en las zonas declaradas en desastres natural, y con base en este, se identifiquen áreas de oportunidad para definir una estrategia de coordinación eficiente de los procesos de acceso a dichos recursos, a efecto de garantizar el oportuno retorno a la normalidad de las funciones sociales, y el incremento de la resiliencia en materia de emergencias y desastres de origen natural.

14. Que la Coordinación Nacional de Protección Civil promueva, en el seno del Consejo Nacional de Protección Civil, se autorice la revisión del marco regulatorio de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, para, en su caso, llevar a cabo la modificación, reforma o actualización, con una visión transversal de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, a fin de que se autoricen recursos para que la reconstrucción de la infraestructura dañada garantice la reducción de los riesgos preexistentes, a fin de incrementar su resiliencia y evitar daños semejantes en el futuro.

Han pasado tres años de la emisión de estas medidas y poco se sabe del cumplimiento de las mismas, en el caso de la medida quinta que establece que la Coordinación Nacional de Protección Civil promueva, en el seno del Consejo Nacional de Protección Civil, que se armonice el Manual de Organización del Sistema Nacional de Protección Civil con la Ley General de Protección Civil y su Reglamento, a fin de incorporar la gestión integral de riesgos y definir claramente las funciones de cada uno de los integrantes del Sinaproc, para que éste se coordine de manera eficiente en cada uno de los componentes de la política pública, el pasado 17 de julio del presente año, la Secretaría de Gobernación público el Acuerdo por el que se emite el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil, sin embargo en los considerandos del mismo no se hace referencia alguna de la Evaluación número 1647 “Evaluación de la Política Pública de Protección Civil, realizada por la Auditoria Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública de 2014 por lo que la autoridad no reconoce que la emisión del nuevo Manual es derivado de la mencionada Auditoria de Evaluación.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a que publique en el sitio de Protección Civil las acciones sobre la implementación de las 14 medidas que la Auditoría Superior de la Federación recomendó se llevarán a cabo como resultado de la Evaluación número 1647 correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública 2014.

Notas

1 Decreto por el que se aprueban las bases para el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil y el Programa de Protección Civil que las mismas contienen, Diario Oficial de la Federación 6 de mayo de 1986.

2 Ibídem

3 Decreto por el que se promulga la Ley General de Protección Civil, Diario Oficial de la Federación, 12 de mayo de 2000

4 Decreto por el que se expide la Ley General de Protección Civil, Diario Oficial de la Federación 6 junio de 2012

Dado en la Sede de la Cámara de Diputados, a 19 de febrero de 2019

Diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Senado a someter a discusión y votación la minuta con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la CPEUM, en materia de arraigo, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Julieta Macías Rábago, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Senado de la República a someter a discusión y votación la minuta con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la siguiente

Exposición de Motivos

La figura del arraigo a escala federal, como medida cautelar en el ámbito penal, fue establecida en nuestra Constitución a través de la reforma de junio de 2008, como una herramienta en el proceso judicial que pretendía mejorar las circunstancias en que la autoridad enfrenta la delincuencia organizada.

Sin embargo, incluso antes de la mencionada reforma y reiteradamente en forma posterior, dicha figura ha sido objeto de críticas y señalamientos por parte de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil por ser violatoria de derechos humanos y tratados internacionales de los que el país es integrante.

A la luz de dichas consideraciones, durante la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, compañeros legisladores de diversas fuerzas políticas presentaron iniciativas de reforma en el sentido de eliminar la controvertida figura cuya existencia ha probado involucrar más riesgos que ventajas.

Las iniciativas presentadas, que coincidían en la propuesta general, fueron turnadas a la Comisión de Puntos Constitucionales que emitió dictamen en sentido positivo con la aprobación unánime de los integrantes presentes en la sesión.

Posteriormente, en sesión ordinaria de 26 de abril de 2018, el pleno de la Cámara de Diputados sometió a discusión y votación el dictamen referido, mismo que fue aprobado con 327 votos a favor y ninguno en contra, lo cual demuestra el amplio consenso que sobre el tema tuvieron todas las fuerzas políticas en ese momento.

Pese a ello, la minuta permanece en el Senado de la República desde el pasado 27 de abril y apenas el 9 de octubre se determinó turnarla a comisiones como parte de los asuntos pendientes de análisis de la anterior legislatura.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que el respeto irrestricto de las garantías individuales consagradas en la Constitución, así como de los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales de que el país es integrante, es principio fundamental para lograr un sistema de justicia pertinente y eficaz en las tareas de restablecimiento de la paz y orden públicos.

En consideración de ello y del análisis y la discusión que, respecto a las iniciativas para poner las tareas de seguridad pública en manos de una guardia nacional militar, así como de las modificaciones al catálogo de prisión preventiva oficiosa, se están llevando a cabo por el Poder Legislativo, nos parece aún más urgente y necesario concluir la eliminación de esta figura que violenta el principio de presunción de inocencia.

Por lo expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano me permito someter a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Senado de la República a someter a discusión y votación la minuta con proyecto de decreto por el que se deroga el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo, con número CD-LXIII-III-2P-411, aprobada y turnada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 26 de abril de 2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.

Diputada Julieta Macías Rábago (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a implantar acciones encaminadas a reforzar las campañas de vacunación e informar del peligro que implica ceder ante la desinformación propagada por las estrategias antiinmunización, a cargo del diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe; diputado José Ricardo Gallardo Cardona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Según estima la Organización Mundial para la Salud (OMS), los colectivos antivacunas son, junto a la obesidad, la contaminación, el ébola, el dengue y el Sida, las más grandes amenazas a las que la humanidad se enfrentará en 2019.

Un movimiento creciente de oposición a las vacunas, en el que los padres optan por no vacunar a sus hijos, ha llevado a brotes peligrosos de influenza, tosferina, sarampión y otras enfermedades prevenibles.

Académicos de la salud y la medicina han descrito a la vacunación como uno de los diez máximos logros de la salud pública durante el siglo XX. Las vacunas estimulan al sistema inmune y generan anticuerpos que protegen contra virus o bacterias.

Podemos decir que, en general, las vacunas se utilizan para reforzar el sistema inmunológico y prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales, sin embargo, la oposición a la vacunación nace desde que se descubrió la vacunación misma.

En México, los grupos antivacunas han encendido las alarmas en el sector salud, personas que se niegan a vacunar a sus hijos pueden ser un factor de propagación de enfermedades que se presumían controladas en el país.

La vacunación en México es lo que ha permitido que enfermedades como la polio y sarampión no hayan resurgido, manteniendo a toda la población libre de contagios.

La negativa a vacunarse puede resultar peligrosa, pues no sólo se pone en riesgo a los hijos de las personas sino a la comunidad cercana a ellos, los recientes casos de sarampión que se dieron en México en donde en esta temporada invernal 2018-2019 se han detectado 115 casos de influenza en Ciudad de México, esto es 98 por ciento más en comparación con el año pasado.1

Las personas más susceptibles al contagio de influenza durante esta temporada han sido niños de 1 a 9 años, adultos mayores de 60 años y personas de entre 40 y 49 años de edad.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el derecho de las personas a la protección de la salud, así como en apelación al interés superior de la niñez, sobre que los niños y niñas tienen un derecho inherente a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, haciendo énfasis en el tema de la salud el cual por obviedad abarca la vacunación garantía de una buena salud.

Es necesario incentivar a la población brindándoles la información necesaria para que conozcan los beneficios de la vacunación, así como la información del verdadero peligro que representa caer en la desinformación que se encargan de propagar las campañas anti-vacunas sobre un gran avance humano como lo es la medicina y con ello la creación de las vacunas.

Enfermedades que se creían erradicadas en México, como el sarampión, están volviendo a brotar y con ello el peligro de muerte de niños que, como aún no están en edad de recibir vacunas, perecen ante el virus.

Ya que de los 0 a los 12 meses todo infante depende de la “inmunidad de grupo”; es decir, depende de que las personas a su alrededor estén vacunadas para que el virus no los infecte, mientras más personas dejen de vacunarse o vacunar a sus hijos, no solo ellos corren este mortal peligro, sino que siendo un foco de infección, también las personas a su alrededor.

Según el Aviso Epidemiológico hecho por la Conave, la ocurrencia de brotes de sarampión en varias partes del mundo y el alto movimiento de personas infectadas en países con transmisión de este padecimiento hacia nuestro país representa un riesgo latente de introducción del virus en México en áreas con bajas coberturas de vacunación. Es importante conocer la importancia de la vacunación no solo en los niños de cero a seis años, sino también en adultos, jóvenes, hombres, mujeres y personas de la tercera edad.

La OMS calcula que las vacunas salvan a entre 2 y 3 millones de vidas al año, y que, si se universalizaran, lo harían con otro millón y medio. Por ello, la clave está en incentivar a las organizaciones así como a los trabajadores de la salud, quienes desde siempre han sido el asesor más confiable e influyente en las decisiones de vacunación, como el agente clave para generar confianza en los pacientes. Para ello, deben recibir apoyo para proporcionar información fiable y contrarrestar la información engañosa o de plano falsa sobre las vacunas.

Conforme disminuyen los índices de vacunación, enfermedades que estaban casi extintas empiezan a volver. Debemos restaurar la confianza en la información científica y disipar los mitos sobre las vacunas para asegurar la salud de las generaciones futuras. No debemos ser tolerantes ante ideas como la de la anti-vacunación las cuales representan un problema de salud pública nacional y hasta mundial, no solo para infantes, sino para todas las edades.

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Salud para que implemente acciones encaminadas a reforzar las campañas de vacunación, resaltando sus bondades, así como informar del peligro que implica ceder ante la desinformación que propagan las campañas antivacunas.

Nota

1 Cifras de la Secretaría de Salud, dadas a conocer por Excélsior , el número de contagios en la Ciudad de México representa el 7 por ciento de los casos registrados a nivel nacional (mil 662) por lo que es la cuarta entidad con más casos, únicamente detrás de Oaxaca, Veracruz y Guerrero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a 19 de febrero 2019.

Diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a declarar por la Segob la alerta de violencia de género en BC, dado el aumento de feminicidios en la entidad, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracciones II y III, numeral 2, y 113 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaria de Gobernación, a la brevedad posible se declare la alerta de violencia de género, en el estado de Baja California, con motivo de la alza de feminicidios en esta entidad, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los feminicidios en México, han venido siendo un problema creciente que ha marcado con dolor y sentimiento de frustración e impotencia, a miles de familias en diversas zonas de nuestro país, sobre todo por las circunstancias en las que se desarrollan estos crímenes y la sobre victimización que desde las estructuras del estado en sus tres niveles de gobierno, les propinan a los familiares de las víctimas al momento de la clasificación de estos ilícitos con la clara intención de maquillar los datos oficiales para salvaguardar la imagen del gobernante en turno en el ejercicio del cargo público, todo ello, a costa del sufrimiento de la ciudadanía y población en general.

Hoy en día las mujeres en la república mexicana están sufriendo violaciones atroces en contra de sus derechos humanos, en especial, se ha recrudecido una problemática que lamentablemente está al alza y pareciera ser que, sin control, se trata de la violencia de género.

Ante esta situación, encontramos evidencia suficiente para señalar que existe un déficit por parte de las instituciones gubernamentales correspondientes para satisfacer la demanda social y dar solución a esta situación, los asesinatos de miles de niñas y mujeres que tienen lugar en distintas regiones del país, siguen sin resolverse y es ahí, en donde nuestro quehacer como legisladoras y legisladores encuentra una área de oportunidad para incidir de forma positiva y levantar la voz para inducir por el camino institucional, la atención inmediata y eficaz de la problemática referida en este punto de acuerdo.

Desafortunadamente este problema no es nada nuevo y ha trascendido varias administraciones locales y federales, en las que ni la alternancia ha sido factor de mejoría ya que, desde hace varios años, vivimos un contexto en el que las autoridades en México han demostrado su negligencia, falta de voluntad política e incapacidad gubernamental para emprender acciones contundentes, imperando un clima de permisibilidad a la violencia feminicida en el territorio nacional.1

La impunidad, corrupción y omisión de las autoridades municipales y estatales, busca poner bajo la sombra un crimen abominable, que rebasa la violencia familiar y la discriminación y a la que se imponen los grupos delincuenciales, quienes acaban con la vida de las mujeres de las maneras más inhumanas.

Recientemente se han dado a conocer por diversos medios y con información oficial, las penosas estadísticas que prevalecen en nuestro país, dando a conocer que en México se mata entre nueve y 10 mujeres al día y con un total anual de 3 mil 580 muertes violentas de las que sólo 834 son investigadas como feminicidios, el número de asesinatos contra mujeres perpetrados en 2018 subió a nivel nacional 9.41 por ciento, en comparación con 2017, cuando se reportaron 3 mil 272 casos y sólo 735 de estos se indagan como feminicidios, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).2

De esta forma, la cifra de asesinatos de mujeres creció en 16 entidades federativas: el 50 por ciento del país. Guanajuato, Jalisco, Baja California, Campeche y Quintana Roo son los estados donde porcentualmente se disparó este delito.

De acuerdo a comentarios de la experta María Salguero, geofísica y creadora del Mapa de Feminicidios en México , explica en relación a la tasa de asesinatos de mujeres por cada 100 mil habitantes, que las entidades más violentas son Colima, Baja California, Guerrero, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato y Quintana Roo, pues registran un nivel mayor de 10 víctimas por cada cien mil mujeres.

“Esos estados ya tienen una epidemia de violencia, una tasa mayor a diez muertes violentas por cada cien mil habitantes representa para la Organización Mundial de la Salud (OMS) una epidemia de violencia. Los niveles de violencia en México son ya padecimientos”.

Asimismo, María Salguero resaltó que en Baja California el 80 por ciento de los asesinatos de mujeres ocurrieron en Tijuana, el municipio más sangriento de 2018.

María Salguero coincidió que no todos los estados reportan los asesinatos de mujeres como feminicidios, “aunque lo sean. Es una forma de ocultar las cifras por parte de las procuradurías”.

Con lo que se comprueba, que la apreciación generalizada es que los gobiernos prefieren mentir, a atender de forma decidida éste flagelo.

Por su parte, otra experta en el tema: María de la Luz Estrada, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), ha enfatizado que la violencia sistemática que se vive en México, originada por diversas estructuras delincuenciales, bandas criminales, también “está violentando a las mujeres”.3

María de la Luz Estrada ha insistido que hay una negativa de las autoridades por reconocer e investigar los feminicidios como tal y se aferran en señalar que los asesinatos vinculados al crimen son sólo por motivos de delincuencia y los clasifican por homicidios dolosos. Estrada consideró que se niegan a indagar todas las muertes violentas como feminicidio porque “no quieren sus estadísticas o cifras de feminicidios crezcan”.

La importancia que se investiguen como feminicidios, destacó Estrada Mendoza, es para conocer las causas de la problemática y haya una claridad sobre qué política de prevención debe tener el Estado para resolverla.

Por otro lado, éste 6 de febrero se cumple un año que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública con la ahora Fiscalía General de la República y las Fiscalías Generales de Justicia de las 32 entidades del país para iniciar la investigación de “toda muerte violenta de carácter doloso de mujeres bajo protocolos de feminicidio”.

Las especialistas explicaron que desde que se tipificó el delito de feminicidio, todos los homicidios dolosos deben investigarse con perspectiva de género para descartar que se trata de un feminicidio; pero en la práctica no ocurre así.

Otro dato desgarrador, es el que nos demuestra que en nuestro país, por la falta del cumplimiento de los protocolos, acuerdos, tratados y demás normas aplicables por parte de las autoridades correspondientes, si representa un riesgo y peligro latente el ser mujer, pues esta condición ha trascendido las diferentes zonas del territorio de la república, así como la edad de las víctimas ya que durante el año pasado, el más sangriento en la historia moderna del país , se reportaron un total de 86 niñas y adolescentes asesinadas, 21 casos más que en 2017, cuando se registraron 65 casos, de acuerdo con las cifras procesadas por la organización civil Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que también toma datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La brutalidad contra las mujeres, constituye una violación grave en contra de los derechos humanos. Ante esta situación se acordó por parte de los países participantes en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Austria, Viena en 1993, un cambió a la visión con la que se analizaba, sancionaba o se prevenía la violencia contra las mujeres. Es el Estado, por medio de sus instituciones, el responsable de velar por la seguridad de las personas, así como de sancionar toda conducta que constituya violencia, evitando que las normas sociales y jurídicas las coloquen en una situación de indefensión o desigualdad. Cuando el Estado no cumple con ello y es omiso frente a la violencia, también viola los derechos humanos. De ahí que la primera tarea de un Estado democrático que procura el respeto a los derechos y libertades fundamentales, sea la de asumir y aplicar con esta visión las reformas jurídicas y las políticas públicas necesarias, para prevenir y sancionar la violencia en sus diversas expresiones, especialmente contra las mujeres, promoviendo una cultura de respeto a su dignidad e integridad.

De todo lo anterior, un ejemplo muy claro lo encontramos en Baja California, en donde, según datos estadísticos, en este 2018 se cometieron 304 homicidios violentos en contra de mujeres y solo 16 se han considerado feminicidios, siendo a nivel nacional el tercer estado con mayor número de mujeres asesinadas.

En ese mismo orden de ideas, resulta indignante que a pesar de que en el 2015 se solicitó la alerta de Género, el gobierno del estado sólo simuló acciones en beneficio de las mujeres al decir que cumplió con las 14 recomendaciones emitidas por el grupo de Trabajo. Solo por mencionar algunas de ellas: El Centro de Justicia para las Mujeres para lo cual incluso se creó una Ley y se comprometía a iniciar operaciones en el 2018, ni siquiera existe el edificio para tal efecto. El banco de datos sobre la violencia hacia las mujeres no opera, se emitieron protocolos de investigación para los casos de feminicidio sin tener perspectiva de género.

Cabe mencionar, que existen diversas organizaciones de la sociedad civil como la Asociación de Mujeres Unidas Olympia de Gouges, que actualmente están impulsando esfuerzos en este sentido en seguimiento a otras asociaciones como la Red Iberoamerica Proderechos Humanos, AC, quienes promovieron en 2015 la solicitud de Alerta de Violencia de Género en Baja California.

Es importante mencionar que de acuerdo con los Tratados Internaciones de CEDAW y Belem do Pará,4 así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado de Baja California, que buscan garantizar la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida, de igual manera, establecen que cualquier política pública deberá elaborarse y ejecutarse observando los principios rectores para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; entre otros, dichos principios son los siguientes:

• La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre.

• El respeto a la dignidad humana de las mujeres.

• La no discriminación.

• La libertad de las mujeres.

Aunado a lo anterior, tenemos que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en comento, en su artículo 24 establece lo siguiente:

Artículo 24. La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, se emitirá cuando:

I. Los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame;

II. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, y

III. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y/o los organismos internacionales, así lo soliciten.

No hay que olvidar que de conformidad con el acuerdo A/024/08, publicado el 31 de enero de 2008 se crea la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, esta institución tiene como objeto investigar y perseguir los delitos previstos en la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas, con excepción de cuando se cometan por miembros de la delincuencia organizada en los términos de los artículos 2 y 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; así como aquellos hechos de violencia contra las mujeres en el país que sean competencia de la federación, hay avances significativos en la materia pero faltan redoblar esfuerzos para su debido cumplimiento.

Frente a este contexto y con el objeto de que las políticas públicas que se establezcan en el Gobierno Federal, impacten de manera positiva en lo local, el mecanismo de Alerta de Violencia de Género se de trabajar e implementar para que sea entre otras cosas, un eje de coordinación interinstitucional a nivel municipal, regional, estatal y federal.5

Por lo que consideramos que, debido a la situación creciente y alarmante de muertes violentas en contra de las mujeres en el estado de Baja California; que se cuenta con la Ley Reglamentaria para ello y que con todos estos argumentos se confirma que la autoridad estatal en Baja California no se ha decidido a resolver y garantizar la seguridad, libertad y derechos humanos de las mujeres y la paz social en el estado en sus cinco municipios, es que someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se declare la alerta de violencia de género en el estado de Baja California, dado el aumento de feminicidios en la entidad.

Notas

1 Comunicado de prensa. Violencia feminicida en México: ni un paso atrás. OCNF

2 https://www.sinembargo.mx/05-02-2019/3531979

3 https://www.sinembargo.mx/05-02-2019/3531979

4 https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/folleto-belemdopara-es-web.pdf

5 Comunicado de prensa. Violencia feminicida en México: ni un paso atrás. OCNF

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.

Diputada Socorro Irma Andazola Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a fortalecer las acciones encaminadas a mejorar la calidad de la prestación de servicios médicos para la atención de la salud materna y perinatal, a cargo de la diputada Frinne Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Frinne Azuara Yarzabal, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para fortalecer las acciones encaminadas a mejorar la calidad de la prestación de servicios médicos para la atención de la salud materna y perinatal, a efecto de garantizar el derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que cada día mueren aproximadamente casi 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto, el 99 por ciento corresponde a países en desarrollo y se presenta en mayor medida en las zonas rurales y en las comunidades más pobres. En 2015 aproximadamente 303 mil mujeres murieron a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo o el parto. En la mayoría de los casos se pudieron haber evitado.1

Cinco complicaciones directamente relacionadas son responsables de más del 70 por ciento de las muertes maternas: hemorragias, infecciones, abortos peligrosos, eclampsia y parto obstruido.2 Estas problemáticas aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles o tratables; otras pueden estar presentes desde antes del embarazo, especialmente si no se tratan como parte de la asistencia sanitaria a la mujer.

Las principales causantes del 75 por ciento de las muertes maternas en el mundo son las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto); las infecciones (generalmente tras el parto); la hipertensión gestacional (preclamsia y eclampsia); complicaciones en el parto; y los abortos peligrosos.3

En México, ocurren 62 muertes fetales cada día, mientras que más de dos millones de recién nacidos mueren durante el primer mes de vida, lo que se conoce como muerte neonatal.4

De acuerdo con el informe Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos, se registraron 11 mil 808 nacimientos entre niñas de 10 a 14 años de edad durante 2016.5

En promedio, cuando muere una mamá deja tres hijos huérfanos, con todas las carencias educativas, de formación, de cuidados y de atención, que puede tener consecuencias sociales desastrosas.

Dentro de la muerte perinatal, el fenómeno más frecuente es la muerte fetal, luego la neonatal y, por último, la muerte materna. Por un lado, cada día mueren alrededor de casi 830 mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto; mientras que al día suceden 44 decesos neonatales.6

La proporción más alta de nacimientos entre mujeres adolescentes con respecto al total de nacimientos en México ha llegado hasta 19.4 por ciento entre 2012 y 2014. Esto significa que una quinta parte de los nacimientos del país son de adolescentes embarazadas -el doble de la proporción mundial-. Los últimos datos muestran que, a pesar de que esta proporción ha disminuido (17.8% o 74.4 nacimientos por cada mil mujeres entre 15 y 19 años), el cambio no ha sido significativo en términos de la magnitud que representa.

En este mismo sentido, entre 2016 y 2017, la razón de mortalidad materna presentó un descenso de 9.4 por ciento, con 32 defunciones maternas por cada mil nacidos vivos, del año pasado las complicaciones relacionadas con el embarazo, parto y puerperio fueron la sexta causa de muerte en mujeres entre 15 y 24 años de edad.

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, señala que el 40 por ciento de los casos de muerte materna que se reportaron en el año 2015, se debieron a malos diagnósticos médicos y, sobre todo, a que las mujeres no asisten a sus consultas programadas.7

Sin duda, la mortalidad materna es mayor en las zonas rurales y en las comunidades más pobres. En comparación con otras mujeres, las jóvenes adolescentes corren mayor riesgo de complicaciones y muerte a consecuencia del embarazo.

En muchas ocasiones, una inadecuada atención o seguimiento médico puede producir discapacidades permanentes en las mujeres: dolores crónicos, fistulas, inmovilidad, daños en el sistema reproductivo o infertilidad.

Es muy importante el cuidado de la madre y el recién nacido, puesto que el “periodo neonatal” que comprende de 28 días a partir del nacimiento es fundamental para saber si la vida del bebé será viable, tendrá alguna complicación durante su crecimiento o en dado caso fallecer.

Ante esta problemática mundial, se incluyó en los Objetivos de Desarrollo Sostenible una nueva meta para reducir la mortalidad materna, la cual plantea reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100 mil nacidos vivos.8

De allí la trascendencia del presente punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Salud a fortalecer las acciones encaminadas a mejorar la calidad de los servicios para la atención de la salud materna y perinatal en todo el país, en beneficio de la salud de este sector de la población.

Es fundamental garantizar a todas las mujeres el acceso a la atención prenatal durante la gestación, a la atención especializada durante el parto, y a la atención y apoyo en las primeras semanas tras el parto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la exhorta a la Secretaría de Salud, para fortalecer las acciones encaminadas a mejorar la calidad de la prestación de servicios médicos para la atención de la salud materna y perinatal, a efecto de garantizar el derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres.

Notas

1 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

2 https://www.who.int/topics/maternal_health/es/

3 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality

4 http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/21603-muerte-perinatal- mexico

5 https://www.ipasmexico.org/wp-content/uploads/2018/06/
Brochure%20Violencia%20Sexual%20y%20Embarazo%20Infantil%20en%20Me%CC%81xico,
%20un%20problema%20de%20salud%20pu%CC%81blica%20y%20derechos%20humanos.pdf

6 https://datos.gob.mx/busca/dataset/salud-sexual-y-reproductiva/resource /b3c0b959-8943-46af-8c1d-d9b763f3de0d

7 https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/acciones-y-programas/salud-materna-y- perinatal

8 https://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/targets/es/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 19 de febrero de 2019.

Diputada Frinne Azuara Yarzabal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a colaborar en la solución de la controversia entre vecinos y autoridades derivada del cobro de cuotas de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Ana Priscila González García, diputada a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El crecimiento de la población y la constante demanda de vivienda, ha provocado que las familias se desplacen hacia la periferia de las ciudades, creando las llamadas ciudades dormitorio. En ocasiones, estas ciudades dormitorio sólo cuentan con una vía de acceso, que son carreteras federales concesionadas, por lo que los habitantes deben pagar una cuota para transitar y llegar a sus hogares.

El artículo 11 constitucional establece que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.

Es necesario hacer la precisión que los derechos son para las personas, no para los objetos; lo que hace imposible que los automóviles sean sujetos de derecho. Al respecto, el artículo 107 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal es mucho más claro que el 11 constitucional y dispone que los conductores que decidan utilizar las vías federales de acceso controlado deberán cubrir el pago correspondiente en las casetas instaladas para tal efecto.

Es decir, no hay un solo artículo que indique que puedes pasar por una autopista sin pagar peaje en tu coche, pero eres libre de pasar caminando si así lo deseas, pues los automóviles no son sujetos de derecho. Y, por el contrario, sí hay un artículo que indica que, si deseas que tu coche pase, debes pagar.

La colocación de casetas en las autopistas es legal, pero el pago de las cuotas de las casetas se convierte en una carga económica para las familias que diario deben transitar por las autopistas para llegar a sus hogares; y no solamente para las familias, también para quienes desempeñan algún trabajo u oficio en los fraccionamientos, como trabajadores del hogar, personal de vigilancia y administrativos, siendo violatoria de derechos humanos porque limita la libre circulación, discrimina a las personas, dificulta el acceso, provoca fragmentación social, aísla y obstaculiza la movilidad. Además, provoca conflictos entre vecinos y autoridades por la imposición de cuotas o la restricción a la circulación.

Esta es la problemática que enfrentan todos los días los habitantes de las siguientes comunidades: Los Amiales, Colinas de Tonalá, La Aurora, Las Jícamas, el Pedregal de Santa Martha, Vistas del Pedregal, El Moral, Las Cañadas, El Cortijo, Cañada Real, Lagunas de Tonallán, Vistas Tonallán, Las Palmas y El Vado, comunidades pertenecientes al municipio de Tonalá. Aunque esta problemática también afecta a los habitantes de Guadalajara y Zapotlanejo que, por sus actividades laborales o académicas, deben transitar por la autopista.

Diario tienen que cubrir la cuota de 7 casetas, 5 con un costo de 35.00 pesos y los dos restantes de 17.00 pesos, que se ubican en la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, perteneciente al tramo carretero La Joya, operado por la Red de Carreteras Occidente, S de R L de CV, a cargo del Concesionario Banobras-Farac.

Convencida que la transparencia es uno de los mecanismos para fortalecer la confianza de los ciudadanos en los gobiernos, y el acceso a la información pública es la herramienta principal para construir acuerdos entre el gobierno, la iniciativa privada y los ciudadanos para solucionar de manera justa los conflictos que entre ellos se susciten, resulta necesario conocer la siguiente información:

1. Número de licitación pública respecto a la concesión del tramo carretero La Joya, autopista Zapotlanejo-Guadalajara.

2. Soporte de la licitación pública para la concesión del tramo carretero La Joya, autopista Zapotlanejo-Guadalajara.

3. Título o documento que dé constancia de la concesión del tramo carretero en cuestión.

4. Anexos del título o documento que dé constancia de la concesión del tramo carretero.

5. Contrato de servicios de lago plazo del tramo carretero concesionado.

6. Anexos del contrato de servicios de largo plazo del tramo carretero.

En este sentido, resulta necesario instalar mesas de trabajo para llegar acuerdos justos entre los vecinos afectados por el cobro de cuotas en la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, perteneciente al tramo carretero La Joya, ya que el Estado, como ente obligado a proporcionar la infraestructura necesaria para que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a la movilidad, a través de los medios de transportes que consideren más adecuados, no ha construido las vías de acceso libres de peaje.

En el entendido de que el gobierno del municipio de Tonalá y los habitantes de las comunidades que se ven afectadas por el cobro de peaje se encuentran en la mejor disposición para llegar a un acuerdo justo, es necesario que la Secretaría de comunicaciones y Transportes se sume a las mesas de trabajo para que, entre los actores involucrados, lleguen a una resolución favorable para todos.

Considerandos

1. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través del organismo descentralizado Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) tiene como funciones primordiales las siguientes:

a. Conservar, reconstruir, mejorar, administrar y explotar por sí o a través de terceros los caminos y puentes a su cargo.

b. Administrar caminos y puentes federales concesionados mediante la celebración de los convenios correspondientes.

c. Coadyuvar a solicitud de la SCT en la inspección de carreteras y puentes federales concesionados y, en su caso, en la operación de estos últimos, así como en la ejecución y operación del programa de caminos y puentes concesionados.

d. Participar en los proyectos de inversión y coinversión con los particulares, para la construcción y explotación de vías generales de comunicación bajo el régimen de concesión.

2. Que al ser un deber de todos los niveles de gobierno garantizar a sus ciudadanos, en especial a aquellos en situación de vulnerabilidad, el acceso a una vida digna, el Estado como pacto social y depositario de la soberanía popular producto de las urnas, ha impulsado una serie de medidas preventivas orientadas a evitar la descomposición del tejido comunitario producto de la agudización de la desigualdad. Una de esas medidas, ha sido siempre la protección a la economía familiar y la integridad del patrimonio.

3. Que hoy en día, en el municipio de Tonalá, existen urbanizaciones cuyos habitantes enfrentan la progresiva precarización de su economía familiar, causada por el cobro de peaje en la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, y cuyo perímetro está compuesto por las siguientes casetas: Troncal La Joya, y Auxiliares y remotas Arroyo de Enmedio, El Cortijo y El Vado.

4. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 11, consagra la libertad de tránsito como el derecho y la facultad que tiene cualquier ciudadano mexicano de moverse por la geografía del país e incluso de cambiar de residencia si así lo decidiere, sin necesidad de salvoconducto, pasaporte u otros requisitos semejantes. Es un derecho que debe ser tutelado y garantizado por el estado, el que todo individuo elija libremente la ubicación geográfica del territorio nacional en la que desee residir.

5. Bajo el supuesto anterior, los habitantes de Tonalá, residentes de las urbanizaciones aledañas al tramo carretero Zapotlanejo-Guadalajara, han manifestado en múltiples ocasiones que el acceso controlado les coarta su derecho de residencia, toda vez que impone un costo para acceder a sus viviendas.

6. Desde hace casi una década este tema ha tomado los tintes de un conflicto social. Basta con revisar la prensa de la época para percatarse de ello. Como medida de resistencia, los afectados han organizado manifestaciones en los accesos de las casetas. Como consecuencia, estas manifestaciones han derivado en la detención temporal de los involucrados, hasta la ejecución de órdenes de aprehensión en contra de sus principales liderazgos. No es redundante decir que estas medidas judiciales han obrado en contra de personas para las que los accesos controlados representan una desmejora de su calidad de vida.

7. De ninguna manera lo anterior busca relativizar o desconocer la contribución que han traído con sigo los sistemas de peaje en la inversión de infraestructura para el desarrollo, al mismo tiempo que genera empleos y entornos de tránsito amables, al contraer obligaciones con los usuarios y brindarles derechos para realizar sus traslados con calma. Únicamente, buscamos sensibilizar a la autoridad mostrándole las condiciones de afectación a las familias que habitan las zonas afectadas. No sólo se trata del impacto financiero a nivel familiar, sino también la calidad de la convivencia a un nivel intra y extra familiar.

Pongo a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al ingeniero Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que haga pública la siguiente información: número de licitación pública, soporte de la licitación pública, título o documento en el que conste la concesión del tramo carretero, anexos del título o documento en el que conste la concesión, contrato de servicios de largo plazo y anexos del contrato de servicios de largo plazo, todas de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, perteneciente al tramo carretero La Joya.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente al ingeniero Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y al ingeniero Genaro Enrique Utrilla Gutiérrez, titular de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para que en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinen con los gobiernos municipales de Tonalá, Zapotlanejo y Guadalajara, en el estado de Jalisco, a fin de llevar acabo mesas de trabajo para resolver la problemática de los vecinos residentes, derivada del cobro de peaje de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.

Diputada Ana Priscila González García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Morelos a implantar talleres, cursos y conferencias para los integrantes de su gabinete sobre la violencia contra las mujeres y, en particular, la de tipo feminicida, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país, datos de 2014 emitidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía hablan de una población total de 125.386.000 millones de personas en el país, donde la población femenina es mayoría, con 63.017.797 mujeres, lo que supone el 50.26% del total, frente a los 62.368.036 hombres que son el 49.74%.1

Sin embargo y pese a ser mayoría poblacional, aún es común conocer y/o estar cerca de mujeres que son víctimas de violencia de género en cualquiera de sus múltiples manifestaciones.

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como: “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”2

México, no es ajeno a esta práctica brutal de ejercer violencia en sus múltiples formas contra las niñas y mujeres, dado que la violencia es una manifestación de las relaciones de poder desigual entre mujeres y hombres. Relaciones que han causado la dominación del hombre sobre la mujer, la discriminación contra ellas y la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), retomados de los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, la cual mide las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más que residen en el territorio nacional. El 49% de las mujeres sufrió violencia emocional; el 41.3% ha sido víctima de agresiones sexuales: el 29% violencia económica, patrimonial o discriminación; en tanto que el 34%, manifestó haber experimentado agresiones físicas a lo largo de su vida.

La violencia comunitaria contra las mujeres es de 38.7% y las entidades con las prevalencias más altas son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. Esta violencia ejercida en los espacios públicos o comunitarios es sobre todo de índole sexual, que va desde frases ofensivas de tipo sexual, acecho (la han seguido en la calle) y abuso sexual (manoseo, exhibicionismo obsceno).

Las agresiones ocurren principalmente en la calle y parques (65.3%), seguido del autobús y microbús (13.2%), el metro (6.5%). Los principales agresores son personas desconocidas, conocidas, un amigo o vecino, así como el conductor de transporte público.3

Otras cifras sobre el tema proporcionadas por el mismo organismo –Inegi - indican que: cada cuatro horas una niña, joven o mujer adulta es asesinada durante la última década en las 32 entidades federativas, según registros del Instituto.

Especialistas en temas de violencia contra las niñas y mujeres mencionaron que no hay registros que permitan dimensionar los asesinatos que se comenten en el país, ya que las autoridades no reportan los homicidios o, incluso llegan a consignar las muertes como no intencionales o suicidios.

Por lo anterior debe atenderse a la brevedad, los múltiples llamados internacionales para reconocer y aplicar universalmente los derechos humanos de las mujeres en el terreno de la igualdad, la seguridad, la libertad, la integridad y la dignidad como base del derecho al ejercicio y goce de sus garantías incluido el derecho a una vida libre de violencia.

Sin duda, los índices de homicidios generales en México han aumentado, pero los crímenes de género no son una cifra más de la violencia, es una epidemia que no ha dado tregua a la mitad de la población, bajo la mirada cómplice y la inacción de diversas autoridades que deben garantizar la

Por lo que resulta indignante y reprobable las declaraciones hechas por el comisionado estatal de Seguridad Pública de Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros, quien señaló que, las mujeres son asesinadas porque “algunas de ellas sí tenían actividades no muy propias de una dama”.

Al preguntarle cuáles son las actividades “no muy propias de una dama”, insinuó que se trata de la prostitución: “Se dedican al oficio antiguo, al más antiguo”.

Abundo indicando que: “Si se van a relacionar con personas en un antro, pues obvio es que pueden ser susceptibles de ser atacadas cuando ya el alcohol o la droga hacen efecto en las personas. No se justifica, pero es un factor que se suma, un factor de riesgo a que sean violentadas”.4

La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer emitida por la ONU, indica en su inciso c) del artículo 2 que, “se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra.

Cabe señalar que con días de anterioridad – 6 de febrero – El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara, aseguró que la mayoría de las desapariciones “son voluntarias”, indicó “Tenemos muchísimas denuncias de personas desaparecidas. En la gran mayoría de los casos son “ausencias voluntarias”. En su gran mayoría la gente regresa a su casa.

Abundo argumentando que, la gran mayoría, digamos un 80 por ciento, son ausencias voluntarias, son personas que no están desaparecidas o relacionadas con delitos. El menor número sí son temas de delitos y hay temas de delincuencia, pero es un número menor”.5

De estas declaraciones de ambos servidores se desprende el notorio desconocimiento de la situación de violencia que enfrentan las mujeres morelenses, así como las múltiples agresiones que cotidianamente afrontan, también las cifras que sobre el tema tiene el estado de Morelos, a saber:

Existe una alerta de violencia de género en 11 municipios de Morelos desde agosto de 2015, pero el número de feminicidios no se ha reducido.

Durante 2018 se registraron 82 casos, mientras que en lo que va del año han ocurrido 19, según las cifras y clasificación que realiza el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa. Asimismo, en 2019, se han registrado 10 asesinatos de mujeres que se clasificaron como feminicidios.

Por lo anterior, varias organizaciones civiles han pedido al gobierno federal que reconsidere la alerta de violencia de género para todo el estado de Morelos y no sólo para los 11 municipios. Hasta el momento no ha habido respuesta federal al respecto.

Se percibe que para ellos no es claro qué es el feminicidio, su entorno y tampoco el papel que el Estado juega en esta pandemia que vive nuestro país, dejando de lado aspectos como:

• La violencia de género, abarca los daños físicos, sexuales, psicológicos, incluidos la intimidación, el sufrimiento, la coacción, y/o la privación de la libertad dentro de la familia o de la comunidad; y también la violencia tolerada por el Estado.

• La violencia está basada en el sometimiento, discriminación y control que se ejerce sobre las mujeres en todos los ámbitos de su vida, afectando su libertad, dignidad, seguridad e intimidad, violentando así el ejercicio de sus derechos.

• La violencia tiene múltiples manifestaciones y modalidades; no sólo ocurre en el contexto de la pareja o de la familia, sino también se observa en el ámbito educativo, laboral o en el entorno comunitario, como es la violencia psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y particularmente la institucional.

Así entonces, es importante acabar con la dilación en la atención de la violencia hacia las mujeres y la obstaculización de la verdad histórica en los casos de feminicidio y desapariciones forzadas, que hacen inaccesible la procuración de justicia, atentando así contra los derechos humanos de las niñas y mujeres.

De lo anterior se concluye el por qué, las niñas y mujeres morelenses y mexicanas no viven en paz. Por ello, siguen los reclamos, demandas y marchas por todo el país por las hijas y madres jóvenes o menores de edad estranguladas, violadas y asesinadas.

Los reclamos por la insensibilidad y omisión de las autoridades responsables siguen en aumento, dada su incapacidad para garantizar la seguridad de ellas, se recurre a la auto organización y a la mutua protección para enfrentar de manera conjunta esta violencia feminicida que cubre y se expande rápidamente por todo nuestro país.

Es muy importante y de urgente necesidad que las y los servidores públicos del estado de Morelos estén en conocimiento y sensibilidad de este lacerante flagelo que vive no solamente la sociedad morelense, sino también lamentablemente toda la población de nuestro país.

Por ello solicitamos al titular del Ejecutivo del estado de Morelos, impulsar la implementación de talleres, cursos y conferencias a las y los servidores públicos del gobierno estatal, sobre el tema de la violencia particularmente, sobre la violencia feminicida contra las niñas y mujeres morelenses.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del estado de Morelos para que, de acuerdo a sus facultades, impulse la implementación de talleres, cursos y conferencias a las y los integrantes de su gabinete general y ampliado sobre el tema de la violencia feminicida contra las niñas y mujeres morelenses.

Notas

1 Expansión, http://www.datosmacro.com/demografia/poblacion/mexico

2 http://www.un.org/es/events/endviolenceday/

3 Ibídem.

4 Brito, Jaime Luis, Feminicidios, por “actividades no muy propias de una dama”, dice comisionado de seguridad de Morelos, revista Proceso, México, febrero 15 de 2019.

5 Proceso Op. Cit.

Palacio Legislativo de san Lázaro, a 19 de febrero de 2019.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sectur a diseñar e incorporar un plan para crear un buzón de quejas y denuncias de prácticas que limiten, obstaculicen o nieguen el libre acceso, tránsito o disfrute de las playas de México e integrarlo al atlas turístico nacional, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Carmina Yadira Regalado Mardueño, diputada de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. México se encuentra dentro de los primeros lugares con mayor número de litorales, se estima que la longitud de estos se extiende en 7 mil 828 kilómetros en el océano Pacífico, mientras que por la vertiente del océano Atlántico alcanza 3 mil 294 kilómetros, en suma, cuenta con 11 mil 122 kilómetros de litorales, exclusivamente en su parte continental.

2. La variedad y contrastes de los mares y océanos que le circundan, aunados a las bellezas naturales y biodiversidad, más la creciente inversión en instalaciones e infraestructura hotelera y calidad de los servicios, han contribuido a un muy favorable crecimiento en materia de turismo. Estas condiciones han permitido un crecimiento del turismo internacional en nuestro país durante los últimos años, por lo que, la Organización Mundial del Turismo (OMT) determinó que se encuentra en sexto lugar en recepción de turistas internacionales, al registrar 39.3 millones de visitantes extranjeros que arribaron al país el año pasado, con lo que supera a potencias como Reino Unido, Turquía y Alemania.

3. En contraparte, el continuo crecimiento de este sector económico trae aparejado un fenómeno que afecta de manera dramática a un considerable sector de la población mexicana, sobre todo en lo que respecta al uso y disfrute de las playas y zonas marítimas de la nación. Y es que, motivados por la falta de regulaciones, se advierte una cada vez mayor presencia de particulares con pretensiones de atraer visitantes mediante el ofrecimiento de zonas “exclusivas” para personas de muy altos ingresos, a las que se ofertan playas “privadas” en detrimento de los derechos de terceros.

4. El problema de la privatización de las playas marítimas alcanza afectaciones tales como: la población local, los visitantes nacionales y extranjeros y, debemos tenerlo claro, sólo beneficia a un grupo reducido de personas, tendiendo así a la concentración de la riqueza y la desigualdad económica.

En este sentido, al hospedarse en un hotel “exclusivo”, se obtiene el privilegio de poder gozar de manera privada de las playas marítimas que son bienes de uso común. Situación que rompe con los postulados legales contra la discriminación, la exclusión y los privilegios, esta situación no es única de turistas nacionales y extranjeros, ya que alcanza a la población local, pues no sólo impiden el libre tránsito y disfrute de los recursos naturales, sino puede afectarles en la realización de diversas actividades económicas relacionadas con estos espacios. A lo anterior hemos de sumar que los propietarios de terrenos aledaños al mar o concesionarios de zonas marítimas cercan sus espacios sin dejar una vía o derecho de paso a las costas, violando con ello el derecho al libre tránsito que concede la Constitución a todo individuo, que señala en el

Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones.

5. Atento a lo anterior, los que impiden, bloquean, cierran o trastocan los derechos de vía lo hacen por omisión, aún y cuando las leyes y reglamentos de nuestro país si señalan lo relativo al libre tránsito en las playas, como se demuestra en el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, donde se establece que:

Artículo 7o. Las playas y la zona federal marítimo terrestre podrán disfrutarse y gozarse por toda persona sin más limitaciones y restricciones que las siguientes:

I. La secretaría dispondrá las áreas, horarios y condiciones en que no podrán utilizarse vehículos y demás actividades que pongan en peligro la integridad física de los usuarios de las playas, de conformidad con los programas maestros de control;

II. Se prohíbe la construcción e instalación de elementos y obras que impidan el libre tránsito por dichos bienes, con excepción de aquéllas que apruebe la Secretaría atendiendo las normas de desarrollo urbano, arquitectónicas y las previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y

III. Se prohíbe la realización de actos o hechos que contaminen las áreas públicas de que trata el presente capítulo.

Artículo 17. Los propietarios de los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, deberán permitir, cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre acceso a dichos bienes de propiedad nacional, por lugares que para tal efecto convenga la Semarnat con los propietarios, teniendo derecho al pago de la compensación que fije la Semarnat con base en la justipreciación que formule la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.

En caso de negativa por parte del propietario colindante, la Semarnat solicitará la intervención de la Procuraduría General de la República, para que por su conducto, se inicie el juicio respectivo tendiente a obtener la declaratoria de servidumbre de paso.

Artículo 24. Cuando en igualdad de circunstancias existan particulares interesados en usar, aprovechar o explotar la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, la Semarnat a fin de otorgar las concesiones o permisos correspondientes deberá observar el siguiente orden de prelación:

Artículo 34. Los concesionarios o permisionarios podrán solicitar por escrito a la Semarnat, las modificaciones de las bases y condiciones conforme a las cuales se otorgó la concesión o permiso.

En los casos procedentes, la Semarnat aprobará la modificación solicitada aplicando en lo conducente, las disposiciones contenidas en este Reglamento.

Sin embargo, aun existiendo esta regulación se da que en importantes y diversas zonas marítimas mexicanas, de gran importancia para las actividades económicas de las comunidades asentadas o cercanas a esas regiones, caso de: pesca artesanal o comercial, acuicultura, ecoturismo, transporte, restaurantes o establecimientos de comida y otros servicios generadores de empleos honestos que dan sustento a miles de familias, son ofertadas a visitantes nacionales y extranjeros que llegan a los destinos turísticos de playa con fines recreativos y dejan una importante derrama económica a favor de las economías regionales.

Por ejemplo, 156 municipios del país con litoral tienen vetado en muchos casos su derecho de acceder a zonas marítimas, ya sea para uso o disfrute del mar, operaciones pesqueras o para alguna actividad relacionada con la prestación de servicios. Asimismo, los propietarios de terrenos aledaños al mar o concesionarios de zonas marítimas cercan sus espacios sin dejar una vía o derecho de paso a las costas, violando con ello el derecho al libre tránsito que concede la Constitución.

Existen quejas y denuncias documentadas tanto de ciudadanos como de organizaciones civiles, académicas y hasta de representaciones de Poderes Legislativos en prácticamente todos los estados costeros del país. Sin embargo, no existe como tal un registro nacional, donde la Secretaría de Turismo federal pueda llevar un control y seguimiento de las mismas, por lo que considero es necesario se establezcan los mecanismos necesarios para la implementación de un “Buzón de Quejas” para denunciar prácticas que limiten, obstaculicen o nieguen el libre acceso, tránsito o disfrute de las playas de México, con lo cual esta dependencia tendría las herramientas necesarias para dar seguimiento a estas denuncias y por medio de la autoridad competente sancionar a los particulares que violentan la normatividad.

Dicho Buzón de Quejas, sería un mecanismo de participación directa de todas los ciudadanos y turistas, que les permita informar, reportar o denunciar ante la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, aquellas prácticas que limiten, obstaculicen o nieguen el libre acceso, tránsito o disfrute de las playas del país. Y lo más importante es que estas denuncias sean incorporadas en el llamado Atlas Turístico Nacional (Herramienta en línea que integra la información turística de México, organizada geográficamente en mapas digitales, la cual proporciona al turista actual y potencial, toda la información disponible sobre destinos turísticos, oferta turística y los programas de turismo desarrollados por la Secretaría de Turismo; facilitando su localización y acceso).

Además, la creación de este buzón no generaría ningún impacto presupuestal para la Secretaría y tendría como ventajas un buen posicionamiento del sitio web, siendo una plataforma segura y de dominio en la Secretaría, fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana del sector, generaría certidumbre a los procedimientos oficiales y daría garantía en el uso y resguardo de la información.

La Secretaría de Turismo se encuentra facultada para llevar a cabo la creación del Buzón de Quejas y en su caso la instauración de este, en su página oficial, así como la integración de estas quejas en el Atlas Turístico Nacional, mencionado en líneas anteriores, de acuerdo con la Ley General de Turismo y su Reglamento:

• Determinar los mecanismos necesarios para, entre otras cosas, garantizar el aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos del país;

• Establecer bases para orientar y brindar asistencia a todos los turistas sobre sus derechos y obligaciones;

• Coordinarse con la Semarnat para instrumentar programas y/o medidas que permitan la ordenación y limpieza de las playas;

• Establecer los lineamientos y estrategias turísticas para la preservación y el aprovechamiento ordenado y sustentable de los recursos turísticos;

• Garantizar la No Discriminación de ninguna naturaleza en contra de persona alguna por la prestación y uso de productos y servicios turísticos:

• Garantizar el libre acceso y goce del todo el patrimonio turístico.

Sin embargo, considero que por normatividad la aplicación de las sanciones no le corresponde a la Secretaría exhortada por lo que deberá hacer convenios de colaboración con la autoridad correspondiente, en este caso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, por medio de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental y la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, le den el seguimiento correspondiente a las denuncias. De conformidad con el artículo 32 Bis, fracción VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde se faculta a la Semarnat para ejercer la posesión y propiedad de la nación, en las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar. Correspondiendo a esa secretaría, a través de la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre, ejercer las facultades de vigilar, delimitar y concesionar el uso y aprovechamiento de esta zona a terceros.

Por lo anterior, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo federal, para que, por medio de la Subsecretaría de Planeación y Política Turística, se diseñe e implemente un plan, por el que se generé un Buzón de Quejas que reciba las denuncias de prácticas que limiten, obstaculicen o nieguen el libre acceso, tránsito o disfrute de las playas de México

Segundo. Se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Turismo federal, para que dicho buzón, sea incorporado en el Atlas Turístico de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.

Diputada Carmina Regalado Mardueño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a promover mayores niveles de inversión en los estados y los municipios con vocación minera, y generar un espacio de interlocución y diálogo con los gobiernos de las entidades y localidades beneficiadas con el Fondo Minero, a cargo del diputado Carlos Pavón Campos, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Carlos Pavón Campos, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal para que promueva mayores niveles de inversión en los estados y municipios con vocación minera; asimismo, para que abra un espacio de interlocución y diálogo con el gobierno de los estados y municipios beneficiados con el Fondo Minero, a fin de que los cambios en la asignación de recursos no impacten de manera negativa en el desarrollo de obras de infraestructura social, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la nación el dominio directo de los minerales, considerados como recursos naturales de vital importancia para el crecimiento y desarrollo del país.

La Secretaría de Economía del Gobierno Federal, ha señalado en diversas ocasiones, que nuestro país es uno de los principales productores de minerales metálicos, por lo que el sector minero-metalúrgico es estratégico, ya que aporta cada año un poco más del 4% al Producto Interno Bruto.1

Para contar con un panorama más general del sector, basta indicar que México se ubica en el primer lugar en producción de plata en el mundo; el primero en inversión en exploración minera de América Latina; y se encuentra entre los principales productores de minerales como plata, plomo, zinc, sal, barita, grafito, yeso y oro, principalmente.2

Los productos minerales son bienes no renovables, por lo tanto, resulta primordial optimizar los recursos que se encuentran en el subsuelo. Es preciso que los concesionarios que obtienen beneficios derivados de la actividad minera, como justa retribución, cubran un derecho en favor del Estado Mexicano, así como de las propias comunidades en donde se realizan actividades mineras, a través del pago de un porcentaje acorde con la utilidad neta obtenida.

En este sentido, el Ejecutivo Federal envió al Congreso, el 8 de septiembre del año 2013, una Iniciativa para reformar la Ley Federal de Derechos, lo que derivó, tras su aprobación, en el establecimiento del pago de Derechos Especial, Adicional y Extraordinario, por parte de las empresas mineras, así como la creación del “Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Municipios Mineros”.3

El objeto general de dicho Fondo es elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera, mediante tres actividades fundamentalmente:

1. Desarrollo social para mejorar la economía de los municipios mineros e incrementar el bienestar de sus ciudadanos;

2. Promover el desarrollo urbano, a través de planes de ordenamiento territorial y otros proyectos de infraestructura; e

3. Impulsar el desarrollo sustentable para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección del medio ambiente.

El Fondo inicialmente fue operado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), bajo las Reglas Generales de Operación de los Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras.

Estos comités operaban los recursos destinados a las obras de desarrollo y se integraban por el titular de la Sedatu; un representante de la entidad federativa, que sea beneficiaria del Fondo, designado por el Gobernador; un presidente municipal, representante de los municipios en donde se localicen las actividades mineras; un representante de las empresas mineras; un representante de las comunidades indígenas o núcleos agrarios en los casos en donde se realicen actividades de explotación y obtención de sustancias minerales; y un secretario de actas.4

A pesar de su importancia, el actual gobierno federal ha propuesto cambios sustantivos a la administración de este Fondo, entre los cuales se encuentra que será responsabilidad de la Secretaría de Economía, quien desde este año administrará sus recursos y además realizará una reasignación a los proyectos de desarrollo en las comunidades mineras y entidades con esta vocación productiva.

Se ha dado a conocer que, bajo este nuevo diseño, tal dependencia también desarrollará funciones de vinculación con los habitantes de las zonas de producción minera, con el objeto de que pueda identificar sus necesidades de inversión física y de capacidades.

Pero, lo más preocupante es la aprobación de la reducción a su presupuesto, que se traducirá en repercusiones sociales negativas, en detrimento de la economía y calidad de vida de las personas que viven en estas regiones mineras, ya que no contarán con los fondos necesarios para llevar obras de infraestructura básica como acciones de agua potable, drenaje y pavimentación.

En este sentido, el subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, ha dicho que los recursos del Fondo ahora se canalizarán de forma directa, sin intermediarios, y que el gobierno federal decidirá qué proyectos productivos se apoyarán. “Detectamos una mejor manera para que los recursos llegaran más directamente a las comunidades, no venimos a confrontar visiones sino a sumar voluntades.”5

Estos cambios a las reglas de operación del Fondo han sido poco transparentes, en virtud de que no se han dado a conocer los criterios, análisis técnicos y evaluaciones que lo sustentan.

Ante la nula transparencia, es de vital importancia sostener una reunión de trabajo con las autoridades de la Secretaría de Economía para que se clarifiquen los criterios técnicos considerados, ya que repercutirán en las entidades federativas, en particular, las localidades con vocación minera.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que promueva mayores niveles de inversión en los estados y municipios con vocación minera; asimismo, para que abra un espacio de interlocución y diálogo con el gobierno de los estados y municipios beneficiados con el Fondo Minero, a fin de que los cambios en la asignación de recursos no impacten de manera negativa en el desarrollo de obras de infraestructura social.

Notas

1 Secretaría de Economía. (2018). El sector minero-metalúrgico en México contribuye con el 4 por ciento del Producto Interno Bruto nacional. 13/02/2019, de Gobierno Federal Sitio web:

https://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria

2 Ídem

3 Presidente de la República. (2013). Iniciativas de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de Ley Federal de Derechos. 13/02/2019, de Cámara de Diputados Sitio web:

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/sep/20130908- E.pdf

4 Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. (2017). Reglas Generales de Operación de los Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras. 13/02/2019, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5490927&fecha=20/07/2017

5 Héctor Briseño. (2019). Existe incertidumbre en el sector minero por el cambio de gobierno. 13/02/2019, de La Jornada Sitio web: https://www.lajornadaguerrero.com.mx/index.php/sociedadyjusticia/item/5 832-existe-incertidumbre-en-el-sector-minero-por-el-cambio-de-gobierno

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de febrero de 2019.

Diputado Carlos Pavón Campos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SE a hacer pública la información puntual y detallada sobre los programas por implantar en apoyo de los emprendedores y de las micro, pequeñas y medianas empresas, a cargo de la diputada Geraldine Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Geraldina Isabel Herrera Vega, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la titular de la Secretaría de Economía a hacer pública información puntual y detallada sobre los programas a implementarse en apoyo a los emprendedores, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas, con base en la siguientes

Consideraciones

I. En la última década se ha generado todo un ecosistema en diferentes sectores, tanto público como privado, en los cuales se fomenta el emprendimiento en los mexicanos.

II. La baja calidad de los empleos existentes y el desempleo han obligado a muchos a emprender, sin embargo, también la búsqueda de independencia económica, el fomento a la innovación y la creatividad han sido fuertes impulsores para que mexicanos busquen tener sus propios negocios.

III. Del emprendimiento nos beneficiamos todos: los mismos emprendedores con la creación y realización de sus empresas, la población al tener una mayor oferta de empleos, la economía al aumentar la capacidad empresarial del país, entre muchos otros sectores que obtienen ganancias a partir de esta actividad.

IV. Todas las empresas nacieron de una idea y del arduo trabajo de emprendedores. En México, tenemos más de 4.1 millones de negocios en la actualidad, de los cuales más del 98 por ciento son considerados como Mipymes, generando más del 72 por ciento de los empleos y el 52 por ciento del producto interno bruto.

V. No obstante lo anterior, los retos y obstáculos para los emprendedores son mayúsculos en el país. De acuerdo con el documento “México, Políticas prioritarias para fomentar las habilidades y conocimientos de los mexicanos para la productividad y la innovación” elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de los principales obstáculos para emprender es la falta de acceso al crédito y la deficiente infraestructura del país.

VI. Durante el sexenio pasado el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) fue la entidad encargada de crear e impulsar un ecosistema que fomentara el emprendimiento en el país, no solo por otorgarle a los emprendedores el acceso a créditos y financiamiento, sino por su método de selección y acompañamiento de proyectos de alto impacto. Dentro de los logros del Inadem se encuentran el apoyo a más de 100 mil proyectos empresariales y la obtención de la presidencia del Grupo de Pymes y Emprendimiento de la OCDE, distinción obtenida por primera vez por un país latinoamericano.

VII. El pasado 24 de diciembre de 2018, la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, dentro de dicho presupuesto se considera un decremento de más 80 por ciento del presupuesto tanto al Inadem como al Fondo Nacional del Emprendedor, en comparación con el programado para el ejercicio fiscal 2018.

VIII. Tan importante reducción de presupuesto deja prácticamente sin margen de acción a una entidad como el Inadem, lo cual es preocupante al no tener la certeza sobre cuál será el futuro del ecosistema emprendedor creado a lo largo de la última década.

IX. Ante tal reducción es claro que existe inquietud entre los emprendedores por saber cuáles serán los programas y políticas públicas que llevará a cabo el gobierno de la república para continuar fomentando e impulsar esta actividad en el país.

La Cámara de Diputados reconoce los múltiples beneficios que brinda el emprendimiento dentro del país, proyectándonos como un país con visión de futuro y creador de más y mejores empleos para los mexicanos.

Es por lo anterior, que manifestamos nuestra preocupación ante la falta de acciones y programas puntuales relativos al apoyo a los emprendedores.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con el siguiente

Puntos de Acuerdo

Único. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Economía a hacer pública información puntual y detallada sobre los programas a implementarse en apoyo a los emprendedores, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Notas y referencias

Inegi, Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Enaproce)

https://www.inegi.org.mx/programas/enaproce/2015/

https://www.oecd.org/mexico/
mexico-politicas-prioritarias-para-fomentar-las-habilidades-y-conocimientos-de-los-Mexicanos.pdf

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enaproce/2 015/doc/ENAPROCE_15.pdf

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2018.

Diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Infonavit a suspender tanto los desalojos de viviendas como la venta de adjudicadas y la cobranza extrajudicial, y hacer público el procedimiento de cancelación de contrato en favor de la empresa Telra Reality, a la cual se encomendó el control del programa Cambiavit, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, por el cual la Cámara de Diputados exhorta al director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda Para los Trabajadores (Infonavit), maestro Carlos Martínez Velázquez, a fin de que a la brevedad posible suspenda los desalojos de viviendas, la venta de vivienda adjudicada y cobranza extrajudicial; y hacer público el procedimiento de cancelación de contrato en favor de la empresa Telra Reality, a la cual se encomendó el control del programa Cambiavit:

Consideraciones

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho para todas las familias, a disfrutar de vivienda digna y decorosa, bajo los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar dicho objetivo.

El derecho universal a una vivienda, es uno de los derechos humanos, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, apartado 1 y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En ese sentido, desde su creación en el año de 1972, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tiene a su cargo esta importante misión y dentro de su objeto señala que deberá establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas.

Actualmente en distintos estados del país, se están llevando a cabo desalojos por parte del Infonavit, afectando a miles de familias, que han sido víctimas de la pérdida de su patrimonio por parte del instituto,1 que hoy ofrece uno de los créditos más altos del mercado,2 y que ante la inestabilidad en el empleo, aunado a los altos pagos que deben realizarse, inicia procedimientos jurídicos poco claros, en los cuales deja en estado de indefensión a los derechohabientes, hasta llegar al desalojo, abandonando con ello el objeto para el cual fue creado.

Al día 28 de noviembre de 2018, de acuerdo a información obtenida vía transparencia,3 se tienen documentadas 203 mil 85 viviendas adjudicadas a favor del Infonavit, en todo el territorio nacional, lo que implica que estas familias hoy no cuenten con un espacio en el que puedan cohabitar con sus familias, siendo vendidos estos inmuebles a empresas inmobiliarias, desvirtuando con ello el objeto para el que fue creado, y provocando con ello que solo unos cuantos se beneficien, ya que estas ventas se realizan en precios mínimos que, sin lugar a duda, si se ofreciesen al derechohabiente estarían en posibilidad de liquidar sus viviendas.

Misma problemática que ocurre con las empresas y despachos de abogados que subcontrata el Infonavit, para realizar los requerimientos de pago ante atrasos, que ya sea vía telefónica o mediante correo postal, ejercen actos de presión y violencia psicológica a través de llamadas telefónicas y visitas domiciliarias en contra de los titulares de los créditos, rebasando las facultades con las que cuentan, ya que no solo pone en riesgo el patrimonio, sino que trastoca la dignidad de las personas, con estas prácticas fuera de la ley, con simulaciones y engaños, tales como supuestas notificaciones de embargo que llegan a sus domicilio, usando como bandera los programas implementados de cobranza social o las reestructuras, que es importante precisar es el medio más recurrente para que los derechohabientes puedan intentar conservar la propiedad de sus inmuebles, ya que de acuerdo a transparencia,4 al corte de junio de 2018, se han reestructurado 1 millón 270 mil 384 de los 4 millones 805 mil 762 que se reportaron en cartera vigente, y 632 mil 900 han usado alguno de los programas de cobranza social, lo que representa el 40 por ciento de los derechohabientes.

Finalmente, derivado de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit ) gastó 5 mil 88 millones de pesos para cancelar un contrato que, en su momento, fue aprobado a favor de la empresa Telra Reality , empresa contratada para el control del programa Cambiavit, un programa de movilidad hipotecaria que permite que los usuarios del instituto adquieran una segunda vivienda pese a tener un crédito vigente, sin embargo, el consejo de administración del Instituto aprobó pagar la citada cantidad, para evitar “contingencias jurídicas” que pudieran afectar el inicio del programa de segunda vivienda, y así evitar una “práctica monopólica o de concentración” de oferta de vivienda al permitir que Telra mantuviera la propiedad y operara en forma exclusiva y discrecional la plataforma informática”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente, los siguientes

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto al ciudadano director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de que, en cumplimiento a su mandato legal, suspenda los desalojos de vivienda en todo el territorio nacional, hasta en tanto no se revise la política pública en materia de vivienda.

Segundo . Suspenda la venta de vivienda adjudicada a favor de particulares, analizando la prioridad que se tiene de respetar el derecho al acceso a la vivienda a favor de los derechohabientes.

Tercero. Suspenda la cobranza extrajudicial por parte del Instituto, realizada por empresas subcontratadas, salvaguardo en todo momento el respeto a la dignidad de las personas, y en un marco estrictamente apegado a derecho.

Cuarto . Haga público el procedimiento que llevó a cabo para el pago de 5 mil 88 millones de pesos por la cancelación del contrato a la empresa Telra Reality, empresa contratada para el control del programa Cambiavit, y que justifique el motivo de dicho pago, así como el impacto que tuvo este pago en los recursos de la subcuenta de vivienda propiedad de los trabajadores.

Notas

1 Con información de: “Por Amor a mi Casa”, Movimiento Amplio Social Sinaloense, Barzón Mazatlán.

2 Ver cuadro anexo A.

3 Ver cuadro anexo B.

4 Ver cuadro anexo C.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.

Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (rúbrica)


Anexo A

Anexo B

Anexo C

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sener y las empresas productivas del Estado a dar a conocer los proyectos de inversión y las acciones por instaurar para garantizar el abasto de gas natural y prevenir afectaciones en el sistema eléctrico nacional, principalmente en el sureste del país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes consideraciones

Consideraciones

Durante los últimos años ha aumentado de manera progresiva el consumo del gas natural en el país, principalmente para la generación de energía eléctrica, aunque también es utilizado en otras industrias, como la de alimentos, producción de petroquímicos, fundición de metales, entre otros.

Las ventajas en la utilización de este energético son diversas: tiene una combustión muy limpia, por lo que es más sustentable, ya que genera una menor cantidad de emisiones de contaminantes a la atmósfera en comparación con otros combustibles como el carbón y el combustóleo; es más seguro y barato para transportar; es más eficiente para la generación y cogeneración de energía y aproximadamente cuatro veces más barato que el combustóleo y el gas licuado del petróleo (gas LP)1

Otra ventaja importante es que México es una nación que cuenta con importantes reservas de gas natural, cerca de 12.3 billones de pies cúbicos.2

La reforma energética desarrollada en el sexenio pasado impulsó la modernización de la industria de hidrocarburos y de todas las actividades que forman parte de la cadena de valor del sector, el gas natural fue precisamente uno de los recursos que más se impulsaron dadas sus características económicas y prácticas. Incluso, la diversificación de los yacimientos de gas ha impulsado merados regionales más equilibrados que en el caso del petróleo crudo.

En julio de 2016 la Secretaría de Energía (Sener) publicó la “Política Pública para la implementación del mercado de gas natural” la cual sentó las bases para crear un mercado de gas natural eficiente y competitivo que promueva las inversiones y la entrada de nuevos participantes, promoviendo el acceso a la información sobre las transacciones diarias de gas natural que realicen los comercializadores.3

En México, gracias a la apertura hacia el sector privado, la competencia en el mercado de gas natural ha incrementado, así como la expansión de la infraestructura para el transporte mediante la red de ductos hacia los principales centros de consumo del país. De los 24 gasoductos que se promovieron construir en la administración anterior por parte de empresas privadas, 17 ya están operando.

De acuerdo con Sener, en la última década, la demanda nacional de gas natural ha incrementado en más de 34 por ciento.4 El sector petrolero e industrial participan con un considerable porcentaje en la demanda de este recurso, por lo que su abastecimiento es fundamental para el crecimiento, productividad y desarrollo del país. No obstante, el sector residencial, de servicios y de autotransporte también han incrementado su demanda de forma gradual y en sincronía con el desarrollo de la infraestructura nacional de este combustible.

En los últimos diez años, es el sector eléctrico el que más ha aumentado su demanda de gas natural con 62.3 por ciento, debido a que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha implementado una estrategia de reducción de combustibles caros y excesivamente contaminantes por otros de menor costo y más sustentables, para la generación de energía eléctrica.

Por sí solo, México no cuenta con la capacidad en infraestructura para ser autosuficiente en gas natural, por lo que la apertura al sector privado ha sido de gran utilidad para satisfacer la demanda nacional, la cual, tan sólo en 2016, aumentó en 1.5 por ciento respecto del año anterior, siendo el sector eléctrico el mayor consumidor en el país con una participación de 50.9 por ciento.5 Basta señalar que Estados Unidos de América (EUA) es el principal abastecedor de gas natural a nuestro país, con aproximadamente 66 por ciento del total.

Entre septiembre de 2017 y junio de 2018, la producción de gas natural promedió 4 mil 761.8 millones de pies cúbicos diarios, 11.8 por ciento menor al obtenido en el mismo periodo de los años precedentes.6 Más aún, se espera que las importaciones aumenten de 4 mil 700 millones de pies cúbicos diarios en 2018, a 5 mil 700 millones en 2019, según estimaciones de la consultora S&P Global Platts.7

Se estima que en 2032, la demanda de gas natural sea de 9 mil 920.5 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd), lo que representará un incremento de 30.3 por ciento con respecto a 2017, el sector eléctrico consumirá poco más de la mitad (53.3 por ciento).

En este sentido, las licitaciones para la adjudicación de Contratos de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (Rondas México), tienen el objetivo de incrementar la producción de gas natural, aumentar las reservas del país al acceder a yacimientos no convencionales y reducir la fuerte dependencia respecto de EUA.

Si tomamos en cuenta que hay cada vez más demanda de gas natural y menos producción del mismo en el país, esta situación puede representar una crisis en ciernes que podría derivarse en apagones en todo el país, graves afectaciones a los sectores productivos, a la industria y a la economía nacional.

Este tema cobra relevancia en estos momentos en los que el nuevo gobierno ha prometido disminuir la dependencia de gas natural proveniente de EUA y alcanzar la autosuficiencia en México. Asimismo, el gobierno ha abierto un nuevo frente de lucha en el que ha advertido que revisará los contratos de ductos para electricidad en México, lo cual puede ahuyentar la inversión privada y frenar la construcción de proyectos de gasoductos en ciernes.

Las cifras nos dicen que esta situación puede desatar una crisis de enormes proporciones que afectaría gravemente a la economía y el desarrollo nacional, así como la vida diaria de millones de mexicanos.

Especialistas del sector energético advierten que la cancelación de la cuarta subasta eléctrica de largo plazo y de las líneas de transmisión en el sureste del país pone en alerta la generación de energía a partir de 2021.8 Asimismo, la calificadora Moody’s, señaló que la cancelación es un hecho negativo para el perfil crediticio del sector y genera dudas sobre el compromiso del nuevo gobierno sobre facilitar inversiones privadas en los proyectos energéticos.9

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía y a las empresas productivas del estado, para que den a conocer los proyectos de inversión y las acciones que van a instrumentar para garantizar el abasto de gas natural y prevenir afectaciones al sistema eléctrico nacional, principalmente en el sureste del país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía, como instancia coordinadora del sector energético, para que presente los estudios técnicos y financieros que tomaron como base para cancelar la cuarta subasta de energía eléctrica de largo plazo.

Notas

1 Ventajas del gas natural, Pemex, en:

http://www.gas.pemex.com/PGPB/Productos+y+servicios/Gas+ natural/SGN_Que_ventajas_tiene.htm

2 Gas natural, Sener, en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/166646/Gas_Natural.pdf

3 Prospectiva de Gas Natural, Sener, en:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/286233/Pr ospectiva_de_Gas_Natural_2017.pdf

4 Ibídem.

5 Ibídem.

6 6o. Informe de Gobierno, en:

http://www.presidencia.gob.mx/sextoinforme/

7 México dependerá todavía más del gas natural de Estados Unidos en 2019, Expansión, en:

https://expansion.mx/empresas/2018/12/28/mexico-depender a-mas-del-gas-natural-estados-unidos-en-2019

8 https://lasillarota.com/nacion/desabasto-y-apagones-ante-falta-de-subas ta-electrica-cfe-subasta/271817

9 http://energiahoy.com/2019/02/11/cancelacion-de-la-cuarta-subasta-elect rica-afectara-a-la-red-y-cfe-moodys/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para detener la ejecución del proyecto del Metrobús BRT-Laguna hasta que éste se evalúe sustancialmente entre las partes involucradas, concesionarios, usuarios y autoridades, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame, diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, párrafos 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

1. En el año del 2012, previo al inicio de su gestión presidencial, el presidente electo Enrique Peña Nieto estableció 266 compromisos de gobierno a nivel nacional y estatal, de los cuales 90 se relacionaron con la infraestructura para el transporte. En su plataforma electoral, el que fuera, en aquel entonces, candidato del Partido Revolucionario Institucional, consideraba que debían impulsarse, en materia de transporte, la inversión en infraestructura y las políticas de baja generación de carbono.

De los 90 compromisos de movilidad que se mencionan con antelación, 46 fueron proyectos carreteros y 19 de infraestructura vial en ciudades; sólo 9 fueron relacionadas con el transporte de carga: 8 de transporte público, y 1 de movilidad no motorizada. Cabe destacar la tendencia preocupante en el país, relativo a que el 75 por ciento de los fondos federales para movilidad y transporte en zonas metropolitanas están dedicados hoy a la infraestructura vial para vehículos privados, mientras que solo 11 por ciento va para transporte público, no obstante que este último, mueve al doble de personas que el primero. Lo que da de sí, la política aplicada en materia de inversión en el país, por el sexenio que acaba de terminar.

2. Es de reconocer que el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Infraestructura y el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2012-2018 coincidían en la creación de sistemas integrados de transporte que hablaran el mismo idioma, es decir garantizar por encima de inversiones multimillonarias en cemento o en trenes, la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, reconociendo que la inversión en infraestructura de transporte público y ferroviario tiene un costo de oportunidad muy alto para el país, de ahí la necesidad de invertir en el marco de una política integral de planeación y no seguir invirtiendo en proyectos aislados de poco impacto y beneficio para la población.

3. De los 266 compromisos del gobierno anterior, se estableció que cinco de ellos se destinarían para el desarrollo e impulso de la Región Lagunera en el estado de Coahuila, siendo éstos:

a) Impulsar obras de infraestructura que permitan mejorar abasto y calidad del agua en la Región Lagunera.

b) La conclusión y modernización del Segundo Periférico de Gómez Palacio-Torreón.

c) Modernizar el transporte público urbano en la Región Lagunera.

d) Proponer, a la Cámara de Diputados, un incremento en los recursos del Fondo Metropolitano de La Laguna.

e) Crear el programa “Seguro Agropecuario para el Combate a la Sequía”.

4. Con base en el compromiso relativo a “modernizar el transporte público urbano en la Región Lagunera”, el sábado 10 de agosto del 2013, autoridades de la Dirección de Transportes anunciaron la modernización del transporte público en la zona metropolitana de La Laguna, destacando el inicio de los estudios del “BRT Corredor Troncal La Laguna” y del “Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de La Laguna” con una inversión estimada en 20 millones de pesos. El proyecto, según los gobiernos federal y estatal de aquel tiempo, tuvo el propósito de brindar a la región un servicio de transporte público digno, eficiente y seguro.

En rueda de prensa, donde participaron autoridades del transporte de Coahuila, los alcaldes electos de los municipios laguneros, directivos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), del Programa de Transporte Masivo (Protram) de Banobras, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los representantes de los gobiernos estatales de Coahuila y Durango así como de los municipios de la Zona Conurbada de la Laguna: Gómez Palacio, Lerdo, Torreón y Matamoros, se detalló el plan para concretar la modernización del transporte público.

El compromiso del entonces presidente Enrique Peña Nieto se estaría desarrollando en dos etapas: la primera, en realizar, en Durango, los estudios correspondientes al “BRT Corredor Troncal La Laguna”, y la segunda, en los estudios complementarios a los de movilidad, los cuales que se realizaron en Torreón y Matamoros, para integrarlos en uno solo, esto con una inversión de cinco millones de pesos del Fondo Metropolitano.

Esto permitirá, según el gobierno anterior, a que la zona metropolitana de la Laguna obtuviera el registro al “Programa de Transporte Masivo”, para poder acceder a recursos tanto para estudios como para los proyectos ejecutivos de infraestructura, hasta por 15 millones de pesos. Los estudios en mención determinarían el tipo de unidades para el servicio, la cantidad de unidades que deben circular, el tipo de organización de los concesionarios, el aforo de usuarios, etcétera; en fin, todo lo que un proyecto de ordenamiento y reestructuración de rutas debe tener.

5. Conforme al “Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de la Laguna” (PIMUS) elaborado por la empresa Transconsult, SA, de CV, considera los siguientes conceptos de inversión del proyecto Metrobús Laguna:

En este caso, el monto de ejecución con IVA, ascendió a $1, 910, 699,833.00 (mil novecientos diez millones, seiscientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y tres pesos) al 2014.

Contrariamente, el mismo proyecto, pero de 2016, la empresa Logit Logística, Informática y Transporte, SA, de CV, arrojaba el origen de los recurso muy por debajo de los conceptos de inversión, aun cotizados dos años atrás.

6. Al 5 de diciembre del 2014, teniendo como principal razón el desplome de los precios del petróleo que derivan en un alto recorte presupuestal, el presidente manifiesta públicamente que no atendería al 100 por ciento los 266 compromisos presidenciales.

Al respecto, y de acuerdo con la solicitud de transparencia vía el IFAI, con folio 0210000179214, el político mexiquense sólo tenía cumplido a la fecha el 10.52 por ciento de sus promesas, es decir sólo 28 compromisos habían sido satisfechos, los proyectos cancelados de manera definitiva fueron: compromiso 243, tren Transpeninsular que correría de Mérida, Yucatán, hasta Punta Venado, en Quintana Roo, firmado el 25 de junio de 2012 en Yucatán, así como el proyecto del tren rápido de alta velocidad México-Querétaro, promesa firmada el 24 de mayo del 2012.

7. El día 4 de mayo del 2016, se anuncia y se firma, con bombo y platillo por parte del gobierno de Coahuila, de los gobiernos municipales de Torreón y de Matamoros, así como de los funcionarios de Banobras y de la SCT en Coahuila, el convenio de voluntades con el que se dará cumplimiento al compromiso presidencial número 116, señalando que el proyecto Metrobús Laguna, que entraría en operaciones en noviembre del 2017.

La inversión del proyecto es de 1,500 millones de pesos, el cual tuvo el respaldo y firma del Convenio de Apoyo Financiero que significa la autorización de recursos por parte de Banobras para financiar el Nuevo Sistema Metropolitano de Movilidad, para beneficiar a personas que transitan entre las ciudades de Torreón y Matamoros.

Destacan que, en 60 días, se concluiría el proceso de licitación ya con el fallo correspondiente con una duración de los trabajos de año y medio, para que el nuevo sistema de transporte comience a operar en noviembre del año entrante.

Este medio de transporte considera desplazar diariamente en las dos ciudades y a través de rutas alimentadoras y auxiliares, alrededor de 180 mil usuarios, a través de tarjeta de prepago, cuyo traslado de pasajeros bajo confort, seguridad y una importante reducción en tiempo, debido porque se hará una reestructuración de las rutas existentes.

8. El 7 de mayo del 2016, el gobernador de Durango aseguró que se está desarrollando un proyecto para modernizar el sistema de transporte público en la zona metropolitana de La Laguna de Durango, pero que éste deberá tener continuidad en la próxima administración estatal.

El proyecto estará a cargo de expertos en el tema de la conectividad y a su término, indicarán la forma en que se habrá de aplicar, “cuando el proyecto termine se unirá al de Coahuila para generar la conectividad”. En atención al compromiso presidencial y que abarca toda la Comarca Lagunera, indicó.

9. El director de Obras Públicas de Torreón explicó que el proyecto del Metrobús Laguna considera la construcción de un eje troncal de 25.5 kilómetros de longitud, integrado por un par vial de las calles Múzquiz-Ramos Arizpe- boulevard Revolución; 8.3 kilómetros de carriles confinados centrales en el tramo de las dos calles mencionadas, sobre el bulevar Revolución y 16 kilómetros preferentes en la carretera Torreón-Matamoros, hacia el centro de esta última ciudad.

El corredor incluye la instalación de ocho pasos peatonales elevados, flota vehicular integrada por 108 camiones de piso bajo, que funcionarán a base de gas comprimido. Con tres estaciones: la terminal Nazas, la terminal Mieleras y la otra terminal será en el centro de la ciudad de Matamoros.

Habrá en el trayecto 22 estaciones intermedias, sistema de control de semáforos en 39 cruceros y 63 para buses. El municipio de Torreón asumirá el control operativo del transporte al instalar un centro de control automatizado en el edificio del Banco de México desde donde se podrá monitorear la frecuencia de viajes y el estado mecánico de las unidades.

10. La inversión considerada para el Metrobús Laguna implica una estructura presupuestal de 800 millones de pesos por parte de la federación, a través de Banobras, para la infraestructura vial del corredor, una inversión privada por 285.7 millones de pesos en la construcción de terminales, estación de gas, terrenos, para buses, pasos peatonales y por parte de los transportistas arriba de 400 millones de pesos para la compra de los nuevos camiones.

Al respecto, el alcalde de Torreón expresó que este proyecto “no es de a mentiritas”, ya que garantiza la construcción de una nueva infraestructura vial, “un modelo de negocio exitoso rentable para los transportistas y calidad en el servicio para los ciudadanos”.

El entonces presidente municipal, hoy gobernador del estado de Coahuila, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, garantizó los derechos de los transportistas y destacaba: “No hay intromisión de parte de la autoridad en el negocio, yo no quiero concesiones, ni beneficiar a nadie. El gremio transportista también tendrá a la mano la coordinación para que se sumen al proyecto, sus derechos están garantizados, el negocio es de ellos”.

Además, se hizo énfasis en que las autoridades municipales realizarán con las diferentes organizaciones del transporte urbano y suburbano, reuniones técnicas y operativas para explicarles el modelo de negocio en el que confían sea de beneficio colectivo.

11. Simultáneamente Leticia Herrera, candidata a la alcaldía de Gómez Palacio por la coalición PRI-Panal-PVED-PD, dijo estar de acuerdo en que se incluya a este municipio en el proyecto del “Sistema Transporte Colectivo Metrobús o BRT”, una obra que, hasta el momento de su declaración pública, está contemplada para que circule solamente entre Torreón y Matamoros, manifestando que es necesario que los recursos del Fondo Metropolitano no se destinen a obras que le corresponde al estado de Coahuila realizar.

12. Raúl Martínez Caldera, dirigente de concesionarios del transporte público en el estado de Durango, rechazó el proyecto integral para la modernización del transporte público en La Laguna, ya que “con este suman tres los proyectos que les han presentado, el primero por la empresa Transconsult, el segundo a cargo de Guillermo Arce, exdirector de Transporte y ahora el del grupo Sitro, además, dicho dirigente, en su momento, refirió que ninguno de los proyectos cumple con los objetivos requeridos, como son: a) Disminuir el tráfico, dando mayor fluidez vial, y b) Modernizar del transporte sin afectar a los verdaderos concesionarios, manifestando que las propuestas del proyecto carecen de planeación.

El proyecto no cuenta con cifras reales y lo que es prioritario es poner orden en las concesiones porque hay exceso, de ahí que sucedan congestionamientos”. Señaló que buscarán una entrevista con el gobernador del estado de Durango, José Rosas Aispuro Torres, para exponerles los motivos que los llevan a rechazar el proyecto.

13. La prensa regional coincide en que el diagnóstico del proyecto Metrobús Laguna tiene como eje el boulevard Revolución por donde transitan actualmente 55 de las 165 rutas urbanas y suburbanas, es decir, un 66 por ciento de unidades transitan por la rúa más congestionada de la ciudad, el impacto que también provocan los 40 mil vehículos particulares que circulan durante todo el día.

El proyecto inicial se financió con 4 millones del fondo metropolitano 2009, sus principales ramales son Zona Centro, Zona de Hospitales, Corredor Universitario, Plaza Jumbo, Ciudad Universitaria, entre otras.

14. En lo que respecta al Presupuesto de Egresos de la Federación, los recursos asignados al fondo metropolitano Coahuila-Durango, la aportación que les corresponde a los municipios de Coahuila, se canalizó al proyecto Metrobús Laguna. Sin embargo, dada la opacidad del manejo de los recursos, se desconoce realmente a la fecha, cuanto, de lo invertido, corresponde a recursos del Fondo metropolitano, cuanto ha aportado Banobras y cuanto la iniciativa privada y de los concesionarios.

Los recursos aprobados en el PEF 2018, a la zona metropolitana de la Laguna, en los últimos años son los siguientes:

15. En lo que corresponde a la supervisión y revisión de esta obre, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) efectuó dos revisiones. En la primera, de 2015, determinó irregularidades en la revisión de los requisitos de las empresas y determinó una recuperación de 3 millones de pesos, mientras que en el año de 2016 determinó un daño al erario por 26 millones de pesos, por pagos duplicados y errores en los precios unitarios de los materiales.

Además, en la revisión se identificó que 31 obras de las prometidas por Peña Nieto tuvieron retraso en su ejecución. Es decir, se inauguró en una fecha posterior a la prevista. El caso con mayor retraso es la promesa referente a “modernizar el transporte público urbano en la Región Lagunera, primera etapa”, se inició en 2015 y estaba proyectada para concluirse un año después, pero de acuerdo con el reporte de la SCT, hasta julio de 2018, la obra tenía 11 por ciento de avance y no hay fecha de conclusión ni inauguración”.

16. El 17 de noviembre del 2016, en Torreón, Coahuila, concesionarios de transporte de Torreón y Matamoros manifestaron su inconformidad en el evento de inauguración de la obra del Metrobús Laguna, se señaló que no hay transparencia ni información respecto a los aforos del proyecto.

Su queja es que, no obstante, la programación de citas y encuentros con los gobiernos estatal y del municipio de Torreón, los encuentros y citas han sido cancelados de última hora.

Javier Escobedo, concesionario de la ruta Valle Oriente-Monterreal, expuso que desconocen los términos y cifras técnicas del proyecto, mismos que, dijo, no cuadran con las del proyecto.

“El aforo del pasaje no es el mismo que manejamos en Torreón y Matamoros que el que hizo la empresa. Están manejando 137 mil pasajeros y el aforo del proyecto era de 195 mil”, criticó.

Los concesionarios explicaron sobre el alto costo de las unidades proyectadas cuestan 8 millones de pesos, tema que sería incosteable con el aforo de 137 mil pasajeros. “No es viable, no se pagarían porque faltan más de 50 mil pasajeros”, opinó un propietario de ruta.

17. El 3 de noviembre del 2017, el subsecretario de gobierno del estado de Durango, Manuel Ramos, expresó su preocupación, de que los recursos del fondo metro, por parte del estado de Durango están en grave riesgo de perderse porque Durango no ha empezado los trabajos del Metrobús. Si el gobierno de Durango no arranca las obras del Metrobús en Gómez Palacio y Lerdo antes de que termine el año, perderá los recursos federales que se asignaron desde la pasada administración estatal.

Estableció el funcionario que son alrededor de 150 millones de pesos autorizados por la federación, a la fecha ya se han otorgado cinco prórrogas y establecido multas por no haber empezado siquiera a ejercer dichos recursos.

La empresa Transconsult tiene un “plazo prudente” para terminar los ajustes al proyecto ejecutivo del Metrobús en Gómez Palacio y Lerdo, de manera que éste se haga llegar cuanto antes a la Secretaría de Hacienda para su aprobación.

18. El 8 de nov 2018, el secretario de Infraestructura de Coahuila señaló que se realizaron ajustes al proyecto de Metrobús Laguna, como es las fechas de entrega general de los trabajos, tras de una reingeniería administrativa ante la SCT y Banobras para destrabar pagos a la empresa Cemex.

En conferencia de prensa, confirmó que la obra civil lleva actualmente un 85 por ciento de avance.

“Los trabajos físicos correspondientes exclusivamente a obra civil, en realidad deberán terminar en marzo del próximo año, incluyen las dos estaciones principales, instalación de todo el equipamiento necesario para el funcionamiento del también llamado BRT Laguna, cruceros semaforizados, la eliminación de vueltas izquierda, paraderos para los usuarios y el acondicionamiento de las vialidades. “Pese a los ajustes en tiempos de esta obra, el secretario de Infraestructura asegura que la inversión no se ha encarecido y sigue en el orden de los 1 mil 500 millones de pesos, que es inversión tanto pública como privada. Informa que, en obras hasta ahora, se han destinado alrededor de 800 millones de pesos, de los cuales se han ejercido 650 millones”.

Finalmente, el funcionario destaca que se invirtieron 4.5 millones de pesos, aportados por el gobierno del estado, ante la inconformidad de los transportistas por el aforo vehicular reportado en el proyecto, contratándose para ello a la empresa Coxval, asesor del Metrobús de la Ciudad de México.

19. Tres días después, el secretario de Infraestructura Desarrollo Urbano y Movilidad en Coahuila manifestó: “Sigue suspendida la entrega de los recursos del Fondo Metropolitano para La Laguna. Se espera que la SHCP libere los recursos a más tardar en diciembre. Con este recurso se proyecta construir el segundo cuerpo de San Miguel-Esterito, que tendrá una inversión de 100 millones de pesos”.

20. Al respecto y derivado del retraso de las obras en el área comercial de Torreón, los comerciantes del sector Alianza, encabezados por su dirigente Pedro Pasillas Mijares, se manifestaron contra las obras del proyecto Metrobús Laguna, señalando que detendrán las obras durante el mes de diciembre, fechas en que realizan el mayor número de ventas. Por su parte, el estatus de la obra del Metrobús, en la parte poniente sobre el bulevar Revolución de Treviño a Zaragoza en el cuerpo norte, está programado para terminar el 31 de enero.

21. Derivado de todo lo anterior, el 24 de noviembre del 2018, en un foro de trabajo de transportistas locales y la representación social del distrito federal electoral 02, se expuso la necesidad de cancelar la continuación del proyecto Metrobús Laguna, lo anterior ante la problemática presentada en dicho evento y que se relaciona con el citado proyecto; se hizo énfasis en la falta de información, fallas técnica en el proyecto, falta de transparencia en el manejo de los recursos, falta de dialogo entre los responsables y concesionarios, pero sobre todo la violación a sus derechos como concesionarios del autotransporte público urbano que por más de 70 años vienen ostentando los concesionarios laguneros, participantes de este proyecto.

En el referido foro se denunciaron los puntos controvertidos en torno a esta obra, siendo éstos:

-Las instalaciones de resguardo no son las adecuadas.

-La terminal de trasbordo de las rutas alimentadoras a la troncal, por las que se les pretende cobrar alrededor de un millón 800 mil pesos mensuales.

-La licitación de la compresión de gas, donde desconocen a qué precio se les dará.

-El vehículo, que es de 12 metros de entrada baja, que es adecuado para el corredor, pero no para las calles de la ciudad.

-El ancho de la carretera que debe ser de 3.8 metros.

Otro punto que se denunció es el modelo de negocio, pues fuera de lo que se acostumbra hacer para la aprobación de un proyecto de esta envergadura, que es elaborar un modelo y sobre ello hacer la construcción, en el caso que nos ocupa sucede al revés. Los concesionarios se quejaron del coordinador regional del Metrobús, persona que no aclara ni permite se conozca la libre información sobre el proyecto.

José Natividad Román Olvera, presidente del Consejo de Administración de Transportes del Nazas, SA, de CV, José Asunción Núñez Elizalde, presidente del Consejo Autobuses Congregación Hidalgo; Salvador Mauricio Elizalde Ortiz, gerente general de Transportes Moctezuma de la Laguna, SA de CV; José Guadalupe Escobedo López, Ruta Ciudad Nazas y Rutas Valle Oriente Cereso; Jorge Ignacio Cerna Esparza, Ruta Centenario, Ruta Campo Alianza; Ulises Medrano Herrera, Ruta Alianza La Cortina; José Ángel Cuéllar González, Ruta Sur Dalias; Leopoldo Ramos Ponce, Ruta Sur Jardines; Jesús Eduardo Rangel Jaime, Ruta San Joaquín; Baudelio José Cuéllar Villarreal, Ruta Sur Panteones; Javier Escobedo Ávila, Ruta Valle Oriente Monte Real; Amanda Patricia Medina, Ruta Nuevo Mieleras; Jesús Roberto Rodríguez Hernández, Ruta la Joya y Édgar Ulises Delgado Meléndez, de Ruta Dorada, entre otros, son parte de los concesionarios que se manifiestan estar a favor de cancelar la continuación del proyecto Metrobús Laguna, hasta en tanto no se evalué y se analice con transparencia el ejercicio de los recursos, conocimiento pleno del proyecto y se defina el nivel y participación de los concesionarios.

22. Por ello, el que suscribe esta proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución considera que, antes de continuar con los trabajos relativo al proyecto Metrobús Laguna es prioritario un compás de espera, con el propósito de que los responsables del mismo, técnicos especialistas, inversionistas y concesionarios participantes, puedan realizar una evaluación conjunta a profundidad del proyecto, debiéndose corregir lo que haya que corregir y en su defecto hacer pública la información como corresponde, sobre todo por el origen de los recursos públicos federales, que son parte de la estructura financiera del proyecto.

23. Con fecha 21 de enero del 2019, a petición del suscrito, recibí respuesta de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se hace énfasis en que dicho proyecto debe ser revisado y fiscalizado por las autoridades competentes, ya que dicha dependencia no tiene facultades para hacerlo, toda vez que ella sólo forma parte del fideicomiso del Fondo Metropolitano y que el mismo sólo tiene las atribuciones para atender lo relacionado con programas y proyectos de infraestructura como el modelo de transporte público que se desea implementar en la Región de La Laguna, y que dicha entidad es interinstitucional, donde cada participante es responsable de sus acciones.

Es por eso que este punto de acuerdo hará un llamado a la Auditoría Superior de la Federación, para que, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; así como a la Auditoría Superior del estado de Coahuila de Zaragoza y a la entidad de Auditoría Superior del estado de Durango, en el ámbito de sus atribuciones y facultades contenidas en las leyes de sus entidades federativas correspondientes, realicen las investigaciones y auditorias que sean necesarias para darle transparencia y legalidad al proyecto Metrobús Laguna.

24. Según el portal “El Poder del Consumidor”, perteneciente a una organización civil cuyo objeto es la defensa de nuestros derechos como consumidores, y por fomentar la conciencia de las responsabilidades que asumimos al adquirir un servicio o un producto, para determinar el nivel de desempeño intermodal en cada sistema BRT (Bus Rapid Transit ) se realizó un estudio donde consideraron 10 elementos y cada uno se calificó con base en una escala del 1 al 10. Esos elementos son: servicio de bicicleta pública, infraestructura para la movilidad no motorizada, acceso para los usuarios, accesibilidad, experiencia de viaje, información a los usuarios, existencia de conexiones directas, integración con otros modos de transporte, seguridad y presencia de rutas alimentadoras. Dicho ejercicio arrojó que el mejor sistema fue el “Macrobús” con una puntuación de 7.2 de desempeño intermodal, ya que ofrece conexión directa con otras modalidades de transporte público, diversas rutas alimentadoras, servicio de bicicleta pública, seguridad y buena experiencia de viaje, seguido del sistema Metrobús y Optibús con 7.1 puntos y en tercer lugar se ubicó el Vivebús Chihuahua con 6.4 de puntuación.

En el análisis aparece, con un menor porcentaje de eficiencia, el Vivebús en Ciudad Juárez alcanzando únicamente 3.6 puntos, ya que es un sistema que carece de acceso y conexión directa para usuarios hacia otras modalidades de transporte, pocas rutas alimentadoras, ausencia de accesibilidad, infraestructura para la movilidad no-motorizada y servicio de bicicleta pública.

En general, dichos sistemas alcanzaron un promedio nacional de 6.2, con lo cual se demuestra que la planeación y puesta en marcha de los sistemas BRT en el país ha carecido de una visión integral, lo que ha generado vacíos y deficiencias en las cadenas de viaje de los usuarios. Esto demuestra que los corredores troncales de los diferentes sistemas se encuentran aislados, y en algunos casos no existe una red de transporte público en las ciudades.

Dicho portal señala que la intermodalidad de los sistemas BRT en las diferentes ciudades tiene un papel vital para definir el éxito o fracaso de un transporte público con dichas características. A partir del diagnóstico realizado desde “El Poder del Consumidor” se proponen 10 acciones clave que pueden proyectar al sistema BRT como columna vertebral en los sistemas de transporte público de las ciudades mexicanas y que aquí reproduzco para demostrar que el proyecto Metrobús Laguna debe reconsiderarse en beneficio de la gente y no de unos cuantos que se beneficiarían con un proyecto a toda luz hecho en las rodillas:

1. Acelerar la puesta en operación de más kilómetros de corredores BRT sobre las vías con mayor demanda del servicio de transporte público, bajo un esquema intermodal con niveles operativos de calidad hacia el usuario (corto y mediano plazo).

2. Establecer la figura legal de calles exclusivas para transporte público en zonas que tengan las características urbanas necesarias y el potencial social requerido (corto plazo).

3. Priorizar entre las obras públicas para el transporte y la movilidad de las metrópolis al transporte no-motorizado en torno a los centros de transferencia modal, así como las condiciones necesarias de accesibilidad para los usuarios (corto plazo).

4. Poner en operación un sistema integrado de tarifa que permita un cobro más eficiente de la misma, para de esta forma mejorar la calidad y el servicio del transporte público (corto plazo).

5. Establecer la tarjeta de prepago como herramienta que puede ayudar a mejorar el servicio entre el transporte público convencional y los corredores BRT (corto plazo).

6. Adecuar la infraestructura de las calles exclusivas, paraderos, señalamientos, semaforización sincronizada, estacionamientos, nodos y tecnologías (corto y mediano plazo).

7. Impulsar un mayor involucramiento de los actores que intervienen en la planeación y ejecución de los nuevos programas de movilidad: gobiernos, empresas de transporte público, iniciativa privada y sociedad civil (corto y mediano plazo).

8. Promover la modalidad del transporte público para troncales, alimentadores y ramales (mediano y largo plazo).

9. Promover la adquisición de unidades de transporte público con tecnología y características que faciliten la accesibilidad de personas, de manera que sean compatibles con centros de transferencia modal que requieran la utilización de rampas en las unidades y así hacer más eficiente y seguro el abordaje, mientras se reducen riesgos y tiempos (mediano y largo plazo).

10. Generar incentivos fiscales a aquellas ciudades que apuesten y prioricen sus recursos hacia proyectos de movilidad no motorizada y sistemas integrales de transporte público masivo, semi masivo y concesionado (mediano y largo plazo).1

En virtud de lo anterior y con el propósito de brindar la importancia y debida atención a este problema que impacta a más de mil 500 familias del sector del autotransporte público urbano de la región lagunera de Coahuila y Durango, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a los gobiernos de los estados de Coahuila y Durango, así como al gobierno municipal de Torreón, en Coahuila, para que se suspenda la ejecución del proyecto del Metrobús o “Corredor del Transporte Público Intermunicipal Matamoros-Torreón”, hasta en tanto no se evalúe sustancialmente el proyecto entre todas las partes en él involucradas, así como con técnicos especialistas, inversionistas y concesionarios participantes, debido a que existen falta de transparencia en la ejecución de los proyectos, controversias técnicas y ausencia de participación de los concesionarios en el proyecto.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación, así como a las auditorías superiores de los estados de Coahuila de Zaragoza y de Durango, para que, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, realicen investigaciones o auditorías al proyecto Metrobús BRT-Laguna o “Corredor del Transporte Público Intermunicipal Matamoros-Torreón”, a efecto de darle transparencia y legalidad y viabilidad a dicho programa de transporte público en beneficio de la ciudadanía.

Nota

1 Ver la siguiente página de internet, consultada el 16 de febrero del 2019: https://elpoderdelconsumidor.org/2016/08/indispensable-mejorar-intermod alidad-en-los-sistemas-brt-y-el-entorno-urbano-para-lograr-transbordos- rapidos-comodos-y-seguros/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.

Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a hacer pública la estrategia local de sanidad animal y prevención de situación canina de calle, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para hacer pública la estrategia de sanidad animal y prevención de situación de calle de los millones de perros habitantes de la Ciudad de México al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo a los antecedentes descritos en la antigua Norma1 Oficial Mexicana (NOM-042-SSA2-2006) Prevención y Control de Enfermedades: especificaciones sanitarias para los centros de atención canina, desde 1883 se presentó la primer propuesta para regular los establecimientos para confinar y eliminar a los perros que deambulaban en la vía pública de manera corresponsable con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Desde aquel entonces, la visión respecto al cuidado y respeto de los animales de compañía ha cambiado, afortunadamente se abandonaron conceptos como las perreras municipales y los centros antirrábicos con procedimientos de eutanasia terribles como la electrocución.2 Ahora predominan los hospitales y albergues de rescate, para una adopción responsable.

Es oportuno recordar que, en virtud de los avances médicos y de control de zoonosis recientes en el país, se sometió a consulta un nuevo proyecto de Norma3 Oficial Mexicana (PROY-NOM-042-SSA2-2017, Prevención y Control de Enfermedades. Especificaciones Sanitarias para los Centros de Prevención y Control de Zoonosis relativa a Perros y Gatos) con la cual se lograron nuevas reglas.

Estas contemplan obligaciones básicas que deberán tener estos centros de control canino referentes a infraestructura mobiliaria adecuada; vestimenta y equipo de protección; material para las actividades sanitarias; plan de trabajo; sistema de información; bitácoras diarias de actividades; informes diarios de vacunación y esterilización, así como hojas clínicas de los animales ingresados.

Ante una visión más humana en este rubro del cuidado de las personas hacia los animales de compañía “domésticos” y cuya posesión sea ilegal, se ha modificado la postura de las autoridades para atender esta compleja circunstancia de la Ciudad de México, dada la cantidad de perros que existen en situación de calle y al interior de propiedades de diversas características, sin ningún control o cuidado.

Como se ha reconocido en otras ocasiones, no existen cifras oficiales del número de perros en la capital del país, algunas cifras de organizaciones protectoras estiman hasta tres millones de estos animales en esta zona. El entonces secretario de Salud de la Ciudad de México señaló en 2015 que existían cerca de un millón doscientos mil caninos, pero datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2016 reportaban 18 millones4 de perros a nivel nacional, según la entrevista del portal electrónico Animal Político.

La vulnerabilidad en la que se han encontrado lo que algunos llaman “mascotas” o “elementos de trabajo” es tremenda, todos los días enfrentan golpes, abandono, hambre, enfermedades, ataques físicos, exposición a temperaturas extremas, lesiones por atropellamiento, reproducción irresponsable, venta ilegal y en general, un panorama de abusos interminables, por carecer del marco jurídico y cultura de protección a la dignidad de estos animales de compañía, materia del presente punto de acuerdo.

En tal virtud, algunas asociaciones protectoras han planteado incansablemente la necesidad de trabajar en medidas como:

“Prohibir5 la venta de animales; exigir, en caso de la regulación que sean esterilizados; cobrar un impuesto a la posesión; sustituir los centros antirrábicos por hospitales veterinarios públicos, e impulsar políticas públicas para castigar a quien los abandone. Y en general, que el maltrato animal sea castigado como un delito...”

Los avances en hacer visible este fenómeno de maltrato animal e intentar acciones en pro de su dignidad han sido muchos; sin embargo, su control, seguimiento y publicación de resultados ha sido opaco o nulo. Aunque desde el 2017 el gobierno de Ciudad de México creó la Agencia de Atención Animal6 (Agatan), para la coordinación entre los sectores público y privado para crear líneas de acción y vigilancia en contra del maltrato animal y el estricto cumplimiento de la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal, la cultura de respeto y cuidado hacia los animales de compañía tiene un trayecto largo por avanzar.

La Agencia tiene en su portal electrónico un espacio para que juntos -sociedad y gobierno- logren crear un primer dato oficial de estos animales; la lógica es inscribir a la mascota en el Registro7 Único de Animales de Compañía (RUAC) con el cual se logrará tener un primer panorama fidedigno de las condiciones en que se encuentran -con o sin dueños- y aunado a las cifras que recaben los centros antirrábicos de las alcaldías, permitirán crear mejores estrategias para el pleno respeto a su dignidad, a través de la posesión responsable.

Trabajar de manera unida por el bienestar animal es más que una moda o una conducta asociada a un estatus social, son vidas que sienten al igual que otro ser vivo, por ello, debe ponerse especial atención en la satisfacción de sus necesidades de salud, de conducta, fisiológicas y etológicas, que pueden ser alteradas por factores naturales o por los seres humanos.

Esta materia es de atención inaplazable para las diferentes autoridades en los tres órdenes de gobierno, pues es indiscutible el aumento de los animales de compañía en los últimos años -muchos modelos de familia diferentes, los contemplan como un miembro más- de ahí que el mercado de bienes y servicios en este ramo haya alcanzado cifras exorbitantes -cerca de 2 mil 300 millones8 de pesos al año- lo cual fue observado desde 2014 por las autoridades hacendarias en México y se tasaron los productos y servicios de este ramo con el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) del 16 por ciento siendo un golpe a los bolsillos de los dueños que destinan gastos mensuales para alimentos, peluquería y medicina veterinaria.

Desafortunadamente, aunque se obtienen múltiples ingresos asociados a la posesión y cuidado de estos animales de compañía, su condición de dignidad y respeto no es mejor, ni siquiera en el gobierno de la Ciudad de México, autodenominado hoy como la “Ciudad Innovadora y de derechos”.

Apenas el pasado 11 de febrero se dio cuenta que el Hospital9 Veterinario de Especialidades de la Ciudad de México carece de presupuesto para realizar consultas de especialidades, cirugías de alto riesgo, estudios pre y post operatorios como pruebas de sangre completas, estudios radiológicos seguros, farmacia especializada con medicamentos controlados, materiales básicos para cirugía como anestesia, estudios ecográficos y así una larga lista.

Desde luego, esto representa un costo importante, una consulta de especialidad para cualquier mascota en promedio en los hospitales privados especializados reportan un costo promedio de entre 800 y 1500 pesos, sin contar los estudios ni los medicamentos, lo que implica una erogación para los dueños de las mascotas de entre 3 mil y 5 mil pesos por evento.

El mercado es tan grande que cada vez existen más seguros de gastos médicos mayores para mascotas, entre ellos10 Seguros Mapfre, Medipet, Royal Sun Alliance, GMX Seguros y S Seguros, por citar algunos casos, en promedio ofrecen pólizas que cubren gastos médicos por hasta 25 mil pesos anuales y hasta 150 mil pesos por responsabilidad civil. Generar conciencia de que existen estos instrumentos financieros es una acción que debe impulsarse por todo gobierno responsable en sinergia con la sociedad civil.

Es innegable que estos animales cada vez están más presentes en la vida de las personas, encontramos restaurantes, cines, aviones, barcos, hoteles, guarderías y hasta gimnasios que son establecimientos pet friendly (amigables con las mascotas) muchos de ellos cobran tarifas adicionales por permitir la compañía de nuestros animales, la pregunta es ¿Por qué destinamos un presupuesto considerable al cuidado y esparcimiento de nuestras mascotas y no invertimos tiempo y dinero para exigir y crear una cultura de respeto a su dignidad?

Debe tenerse presente que el maltrato a los animales es una agresión en contra de la sociedad misma, es un retrato de los valores que prevalecen en determinada nación. Ya que una gran cantidad de mexicanos cuentan con mascota -se estima que de cada diez habitantes, seis tienen una- es tiempo de poner manos a la obra,11 pues los riesgos que enfrentan cada vez crecen, un ejemplo, son los “paseadores de perros” que lejos de esparcir al perro lo llevan a sufrir largas caminatas en grupos muy grandes de 10 o 15 animales de razas distintas, sin importar que camine a ritmo diferente un Labrador que un Poodle.

Por lo a anteriormente expuesto y fundado, los suscritos sometemos a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que instruya a la secretaria de Salud y la titular de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México a revelar públicamente el plan de acción y las estrategias de sanidad animal y prevención de perros en situación de calle que implementarán en su administración.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que solicite a la Auditoría de la Ciudad de México llevar a cabo una auditoría exhaustiva al Hospital Veterinario de Especialidades de la Ciudad de México desde su creación en el 2016 a la fecha y publique sus resultados.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para que instruya a la secretaria de Salud y la titular de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México a llevar a cabo lo antes posible el conteo oficial del número de perros en situación de calle y en posesión de particulares, a fin de que el Congreso de la Ciudad de México cuente con datos fidedignos y -pueda en caso de que así lo acuerde- emitir nueva legislación acorde a las circunstancias.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los 31 congresos estatales para que consideren en sus agendas de trabajo el estudio y actualización de la legislación que proteja la dignidad de los animales de compañía y promueva su bienestar.

Notas

1 Consultado en:

http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3529/salud/salud.h tm

2 Animal Político. Por fin: electrocutar perros para asesinarlos queda prohibido en México. 06-10-2015. Señala el artículo que con la modificación a la NOM 033 después de 20 años se permitirá únicamente la sobredosis de anestésicos para realizar eutanasias.

Consultado en: https://www.animalpolitico.com/2015/10/electrocutar-perros-para-sacrifi carlos-queda-prohibido-en-mexico/

3 Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5496347&fecha=06/09/2017&print=true

4 Animal Político. Diciembre, la época en la que más perritos son abandonados; la realidad de los canes callejeros en CDMX. Diciembre 25 de 2018. Disponible en:

https://www.animalpolitico.com/2018/12/perros-callejeros -abandonados-cdmx-diciembre/

5 Planteado por la asociación civil Mundo Patitas en entrevista al portal Animal Político. (2018) Ídem.

6 Consultado en: http://agatan.cdmx.gob.mx/

7 Disponible en: http://www.ruac.cdmx.gob.mx/

8 Milenio Diario. Mercado de mascotas vale más de 2300 mdp al año. Consultado en: https://www.milenio.com/opinion/alberto-aguilar/nombres-nombres-nombres /mercado-mascotas-vale-2-300-mdp-ano-74-alimentos-futuro-crecer

9 El Universal. Agoniza Hospital Veterinario de la CDMX por falta de recursos.

Disponible en https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/agoniza-hospital-veterinario-d e-cdmx-por-falta-de-recursos

10 El financiero. Si adoras a tu perro...conoce los seguros para él. 09-02-2015. Consultado en:

https://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/si-adoras-a -tu-perro-conoce-los-seguros-para-el

11 En la actual LXIV Legislatura ya hay pendientes en comisión para su dictamen, tres iniciativas en materia de bienestar animal (dos en la Cámara de diputados y una en el Senado) de estas una fue presentada por la diputada Verónica Martínez García del GP-PRI, otra más por Movimiento Ciudadano y otra por la fracción del Movimiento Regeneración Nacional. En el Senado se impulsó un punto de acuerdo el 29 de noviembre de 2018 para que la Cámara de Diputados considerara una ampliación al presupuesto asignado a la Secretaría de Salud, para el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) en materia de esterilización canina y felina, con el objetivo fortalecer los programas de zoonosis en las entidades federativas. Fuente: Segob. Sistema de Información Legislativa.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 días febrero de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a cumplir la armonización legislativa acorde con la Ley General de Víctimas y la NOM-046-SSA2-2005, sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, a cargo de la diputada Mildred Concepción Ávila Vera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Mildred Concepción Ávila Vera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracciones I y II, y artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a los Congresos de las 32 entidades federativas para que cumplan con la armonización legislativa acorde con la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046- SSA2-2005, sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia contra las mujeres tanto en el ámbito familiar como fuera de éste, ha crecido drásticamente en los últimos años, encontrándose que, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, realizada por el Inegi, de las 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1% (30.7 millones), ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida, entre esta violencia se encuentra la de tipo sexual que presenta un acelerado crecimiento en los últimos años.

Acorde a la información pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017, a nivel nacional, se registraron 36,158 delitos contra la libertad y la seguridad sexual, la mayoría de estos delitos corresponden a abusos sexuales, seguido muy de cerca por violaciones simples.

Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del Inegi, entre 2010 y 2016, la tasa de víctimas de violación aumentó de 15.4 por cada 100 mil mujeres en 2010 a 21.27 por cada 100 mil mujeres en 2016, lo que representa un crecimiento del 38% en este periodo.

Desde otra perspectiva, la impunidad que enfrentan las víctimas de violación se hace palpable cuando al año, por cada mil víctimas que denunciaron el delito de violación, hay procesadas 116 personas acusadas de la comisión de este delito y 34 personas son sentenciadas por el mismo, según datos de INEG (Censo de Procuración de Justicia Estatal 2017 y Censo de Impartición de Justicia Estatal 2017).

Aunado a lo anterior, en las recomendaciones que recientemente hiciera la CEDAW al estado mexicano en Julio de 2018, respecto del noveno informe periódico de México, insta al Estado a que armonice las leyes federales y estatales pertinentes con la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, como a continuación se señala:

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México 25 de julio de 2018

42. En consonancia con su recomendación general núm. 24 (1999) sobre la mujer y la salud, el Comité recomienda al Estado parte que:

a) Ponga mayor empeño en acelerar la armonización de las leyes y los protocolos federales y estatales sobre el aborto para garantizar el acceso al aborto legal y, aunque no haya sido legalizado, a los servicios de atención posterior al aborto;

b) Armonice las leyes federales y estatales pertinentes con la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, e informe y capacite adecuadamente al personal médico para que pueda ofrecer atención especializada a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia sexual, lo que comprende la prestación de servicios esenciales de anticoncepción de emergencia y aborto ;

c) Elabore los protocolos necesarios para poner en práctica las modificaciones de la Ley General de Salud, que permiten la objeción de conciencia mientras no ponga en peligro la vida de la madre y no impida que las mujeres y las niñas accedan al aborto legal, y vele por que, en esos casos, las mujeres y las niñas sean derivadas a un profesional adecuado;

Sumado a lo anterior y conforme a lo establecido en la Ley General de Víctimas en su artículo 35 que señala:

Ley General de Víctimas

Artículo reformado DOF 03-05-2013

Artículo 35. A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales contagios de enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género.

Igualmente, la Ley General de Víctimas, en sus artículos transitorios Séptimo y Décimo, establece que los Congresos locales deberán armonizar todos sus ordenamientos con dicha ley, y que las Procuradurías General de la República y de todas las entidades federativas, deberán generar los protocolos necesarios en materia pericial, tal como se señala a continuación:

Transitorios

Séptimo. En un plazo de 180 días naturales los Congresos Locales deberán armonizar todos los ordenamientos locales relacionados con la presente Ley.

Décimo. Las Procuradurías General de la República y de todas las Entidades Federativas, deberán generar los protocolos necesarios en materia pericial, a que se refiere la presente Ley en un plazo de 180 días naturales.

En consonancia con lo anterior y conforme al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, la atención médica de emergencias, como lo es el delito de violación, no pude ser condicionada a la presentación de la denuncia o querella, según corresponda, sin perjuicio de que con posterioridad se les reconozca tal carácter en términos de las disposiciones aplicables; tal como a continuación lo señala el mencionado reglamento:

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica

Capítulo IX Bis

De la Atención Médica a Víctimas

Artículo 215 Bis 3. Las Víctimas que hayan sufrido lesiones, enfermedades y traumas emocionales provenientes de la comisión de un delito o de la violación a sus derechos humanos, tienen el derecho de que se les restituya su salud física y mental. Para tal efecto, los Establecimientos para la Atención Médica del sector público, se encuentran obligados a brindarles servicios de Atención Médica, incluyendo la atención de Emergencias Médicas, en términos de la Ley, la Ley General de Víctimas, el presente Reglamento, las disposiciones que emita cada institución pública que preste servicios de Atención Médica y demás instrumentos jurídicos aplicables.

Artículo 215 Bis 4. Los Establecimientos para la Atención Médica del sector público que brinden servicios de Atención Médica a Víctimas, incluyendo la atención de Emergencias Médicas, odontológicas, quirúrgicas y hospitalarias, deberán, conforme al modelo de atención integral en salud a que se refiere el artículo 32 de la Ley General de Víctimas, establecer los mecanismos que correspondan para garantizar la atención a aquellas Víctimas que no sean derechohabientes o beneficiarios de la institución a la que pertenezca el Establecimiento para la Atención Médica en la que brinde la Atención Médica, así como para la referencia a otros Establecimientos para la Atención Médica, cuando los servicios especializados que requiere la Víctima no puedan ser brindados por el Establecimiento en el cual se le prestan los servicios.

La Atención Médica que se brinde en términos del párrafo anterior, deberá tomar en cuenta las principales afectaciones y consecuencias del hecho victimizante, respetando siempre los principios generales para la protección de Víctimas establecidos en las disposiciones aplicables y, en particular, el enfoque diferencial para las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y población indígena.

Artículo 215 Bis 6. En caso de Emergencia Médica, los Establecimientos para la Atención Médica del sector público estarán obligados a brindar a la Víctima los servicios a que se refiere el artículo 30 de la Ley General de Víctimas, con independencia de su capacidad socioeconómica o nacionalidad y sin que puedan condicionar su prestación a la presentación de la denuncia o querella, según corresponda, sin perjuicio de que con posterioridad se les reconozca tal carácter en términos de las disposiciones aplicables.

En suma, los anteriores elementos, además de los señalados en la NOM-046-SSA2- 2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, hacen obligatoria la armonización en los marcos normativos, con la finalidad de contribuir en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y los derechos de las víctimas, tal como lo señala la citada Norma que a la letra dice:

NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención.

Fecha de publicación: 16 de abril de 1999

Última modificación: 24 de marzo de 2016

6.4. Para el tratamiento específico de la violación sexual.

6.4.1. Los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención inmediata.

6.4.2.7. En caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica, deberán prestar servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas de protección a los derechos de las víctimas, previa solicitud por escrito bajo protesta de decir verdad de la persona afectada de que dicho embarazo es producto de violación; en caso de ser menor de 12 años de edad, a solicitud de su padre y/o su madre, o a falta de éstos, de su tutor o conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. El personal de salud que participe en el procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante, entendiéndose su actuación, basada en el principio de buena fe a que hace referencia el artículo 5, de la Ley General de Víctimas. En todos los casos se deberá brindar a la víctima, en forma previa a la intervención médica, información completa sobre los posibles riesgos y consecuencias del procedimiento a que se refiere el párrafo anterior, a efecto de garantizar que la decisión de la víctima sea una decisión informada conforme a las disposiciones aplicables. Se deberá respetar la objeción de conciencia del personal médico y de enfermería encargados del procedimiento. Las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica federales deberán sujetarse a las disposiciones federales aplicables

6.4.2.8. Para los efectos establecidos en el numeral 6.4.2.7, las instituciones públicas de atención médica, deberán contar con médicos y enfermeras capacitados no objetores de conciencia. Si en el momento de la solicitud de atención no se pudiera prestar el servicio de manera oportuna y adecuada, se deberá referir de inmediato a la usuaria, a una unidad de salud que cuente con este tipo de personal y con infraestructura de atención con calidad.

Por las razones aquí expuestas, es pertinente hacer un exhorto a los Congresos de las 32 Entidades Federativas, para que cumplan cabalmente con la armonización de sus ordenamientos locales, acorde con la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM- 046-SSA2-2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a los Congresos de las 32 Entidades Federativas, que cumplan cabalmente con la armonización legislativa de sus ordenamientos locales, acorde con lo dispuesto en la Ley General de Víctimas y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, sobre la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, el diecinueve de febrero del dos mil diecinueve.

Diputada Mildred Concepción Ávila Vera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Cofece a realizar un estudio en materia de competencia y libre concurrencia sobre los procedimientos de contratación pública de las pipas para distribuir gasolina y construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco, y la adjudicación directa de las tarjetas para la dispersión de los programas sociales del gobierno federal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La corrupción representa uno de los problemas que más lacera a la sociedad en todos sus ámbitos y dimensiones, en la medida que impacta negativamente la economía nacional, social y familiar, y atenta contra aquellas políticas orientadas a combatir la pobreza y la desigualdad que padece un sector importante de la población mexicana.

De allí la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia, que constituyen componentes sustanciales en los que se funda un gobierno democrático. A través de la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad. Por su parte, la transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar.

En este contexto, el combate a la corrupción y la transparencia han sido una de las principales banderas del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso desde su campaña como candidato a la Presidencia de la República, lo que ha quedado plasmado en los 50 puntos del plan anticorrupción y de austeridad,1 que comprenden medidas de ahorro, transparencia y limitaciones en la administración pública, así como eventuales reformas, algunas de las cuales ya han sido aprobadas por el Congreso de la Unión.

Pese a las buenas intenciones de esta administración en la materia, existen evidencias fehacientes de la falta de transparencia, sobre todo, en diferentes procesos de adquisiciones y obras, ya que no sólo se están tomando decisiones transgrediendo la ley, tampoco se aporta información técnica, legal, financiera necesaria para que los ciudadanos cuenten con datos que posibiliten evaluar su gestión. A esto se le llama falta de transparencia y rendición de cuentas.

Para muestra un botón. El compromiso 45 de los 50 del plan anticorrupción señala que “Los contratos de obra de gobierno se llevarán a cabo mediante licitación pública con la participación de ciudadanos y de observadores de la ONU”.

Sin embargo, en la realidad se está dando precisamente lo contrario. Basta destacar los casos de la compra de pipas, la construcción de refinería de Dos Bocas en Tabasco y la adjudicación directa de las tarjetas para la dispersión de los programas sociales del Gobierno Federal.

Estos casos tienen como común denominador que se llevaron a cabo a través de asignación directa, sin dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones y sin dar explicación alguna, como lo expone Irene Levy en su artículo Comprar en la 4T , publicado en la revista Nexos el 1 de febrero pasado.2

Un primer aspecto a destacar es que Irene Levy, quien es miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y como ciudadana, solicitó a través de una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, permitiera incorporarse en calidad de observadora de manera inmediata a la comisión para la compra de pipas que él integró con las titulares de las secretarías de la Función Pública y de Economía, así como la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda.

Pero, el presidente negó su petición, argumentando que ya estaba la comisión de la función pública y que, además, tenía la conciencia tranquila. ¿Dónde quedó la intención de transparentas las medidas de política que se están implementando? ¿Qué pasó con el compromiso de la participación ciudadana? Pues, simple y sencillamente, no se están cumpliendo.

Respecto al tema de la compra de pipas, cabe cuestionar ¿Por qué no se licitó y se hizo mediante adjudicación directa? El pasado 24 de enero, la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó en una conferencia de prensa que se habían adquirido 671 carros tanques, por un monto superior a los 92 millones 189 mil 597 dólares y que su asignación fue por “adjudicación directa” la cual se justificaba por el “problema de abasto de combustible”.3

La adquisición de estas unidades que se asignarán a la Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dado bajo una serie de irregularidades como falta de transparencia, transgresiones a nuestro marco jurídico y nulas condiciones de competencia, calidad, financiamiento y oportunidad. Tales pipas se adjudicaron contraviniendo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de la construcción de refinería de Dos Bocas en Tabasco, la titular de la Secretaría de Energía, señaló que el gobierno mexicano convocará a una licitación restringida para la construcción de la séptima refinería, para evitar la participación de compañías con antecedentes de actos de corrupción.

La funcionaria comentó que el gobierno lanzará la licitación por conducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), y reveló que la administración federal ha entrevistado a compañías “especialistas” en la construcción de refinerías. Sin embrago, no precisó los nombres de éstas.

Este año el gobierno federal dispondrá de 50 mil millones de pesos para los primeros pasos en la construcción de la refinería, cuyo costo se estima en 8 mil millones de dólares.4

Al respecto, también existe una normatividad aplicable a Petróleos Mexicanos en materia de adquisiciones y contrataciones, se trata de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

Éstas establecen que el concurso abierto será la regla general para las contrataciones y que la invitación restringida, por ser una excepción, debe tener fundamento y motivación concreta en la Ley de Petróleos Mexicanos y, en todo caso, deberse a que el procedimiento de concurso abierto no resulte idóneo para asegurar las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Pero el procedimiento de la asignación directa no se limita al asunto de las pipas y la refinería, sucedió algo similar con la adjudicación directa de tarjetas para la entrega de recursos de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.

Con ello se presume un daño potencial a la competencia en el mercado financiero por no abrir la contratación a concurso. Empero, a la fecha, no se ha hecho de la opinión pública la argumentación y documentación jurídica que justifique la excepción del concurso.

Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establecen que la regla general es la licitación pública, sólo por excepciones establecidas en la misma ley se pueden hacer adjudicaciones directas o invitación a tres personas.

De manera particular, el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicos señala a la letra que “Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza d la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

I. Licitación pública;

II. Invitación a cuando menos tres personas, o

III. Adjudicación directa.

Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.”5

Ahora bien, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, encargado de promover, proteger y garantizar la competencia y libre concurrencia; así como prevenir, investigar y combatir las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.6

Resulta evidente, pues, que debido a la falta de experiencia y conocimiento de los integrantes del gabinete del Gobierno federal, se ha transgredido la ley una y otra vez, lo cual genera incertidumbre, abunda a la opacidad y provoca un clima propicio para el desvío de recursos, el conflicto de interés y la comisión con total impunidad de actos de corrupción, justamente lo que pretende combatir.

Bajo esta óptica, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo tiene por objeto exhortar a la Cofece, a fin de que se pronuncie y realice un estudio en materia de competencia y libre concurrencia respecto a los procesos de adquisición y compras del Gobierno Federal de las pipas para la distribución de gasolina, la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco y la adjudicación directa de las tarjetas de bienestar.

A dos meses y medio de iniciado el actual gobierno, las principales medidas de política instrumentadas permiten aseverar que la llamada “cuarta transformación” no es más que un conjunto de ocurrencias articuladas en torno a un discurso de doble moral. Dicen que van a atacar la corrupción, pero llevan a cabo licitaciones al margen de la ley; dicen que van a considerar la participación ciudadana, pero desdeñan los aportes de la sociedad civil, solo por citar algunos ejemplos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), para que realice un estudio y/o investigación en materia competencia y libre concurrencia sobre los procedimientos de contratación pública de las pipas para la distribución de gasolina, la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco y la adjudicación directa de las tarjetas para la dispersión de los programas sociales del Gobierno Federal.

Notas

1 https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-50-puntos-del-plan-anticorrupci on-y-de-austeridad-de-amlo/

2 https://contralacorrupcion.mx/desarmarlacorrupcion/comprar-en-la-4t/

3 Presidencial de México. (2019). Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador 24 de enero de 2019. 24/01/2019, de Gob. mx Sitio web: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-preside nte-andres-manuel-lopez-obrador-24-de-enero-de-2019

4 https://www.jornada.com.mx/2019/01/30/economia/019n3eco

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

6 https://www.cofece.mx/conocenos/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 19 de febrero de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta de Coordinación Política a garantizar y proporcionar a los trabajadores con funciones de asesoría en esta soberanía el ejercicio del derecho a la salud, a cargo de la diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorto a esta honorable, Cámara de Diputados federal, a que se exhorte a la Junta de Coordinación Política a que garantice y proporcione el ejercicio del derecho a la salud, a las y los trabajadores de la Cámara de Diputados que realizan las funciones de asesoría, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el desarrollo de mis funciones legislativas dentro de esta honorable Cámara de Diputados, he podido tener una visión más amplia de la problemática de los grupos sociales que conforman nuestra sociedad, tal y como lo es el grupo de nuestros trabajadores denominados asesores jurídicos por el reglamento interno de nuestro lugar de trabajo, sin embargo en lo personal son los responsables de que muchas de nuestras ideas se puedan desarrollar de manera técnica, por lo que es menester que los derechos que tienen sean iguales a los que goza cualquier persona que se encuentra dentro del territorio nacional, tal y como lo prevé el artículo 1 párrafo quinto, en el que se establece que nadie puede ser sujeto de discriminación,1 por lo que se estaría violentando el derecho a la igualdad, tal y como se hace referencia en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Época: Décima Época
Registro: 2015680
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Libro 49, diciembre de 2017, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 124/2017 (10a.)
Página: 156

Derecho humano a la igualdad jurídica. Su ámbito material de validez a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011.

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el citado diario, al establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en el propio texto constitucional y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, modificó sustancialmente el contenido de los derechos protegidos constitucionalmente, incluido el de igualdad, el cual es un principio adjetivo que se predica siempre de algo y que, por tanto, se define y actualiza progresivamente a través del tiempo y a la luz de una multiplicidad de factores sociales, culturales, económicos, políticos, entre otros. Consecuentemente, si bien es cierto que el concepto jurídico de igualdad desde un punto de vista abstracto se encontraba presente desde antes de dicha reforma constitucional, también lo es que sus condiciones de aplicación y supuestos de protección se han ampliado significativamente con el contenido de los tratados internacionales; un ejemplo de ello lo constituye la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que establece criterios específicos para verificar si existe o no discriminación, los cuales complementan materialmente a los preceptos constitucionales. De ahí que, a partir de la citada reforma, cuando se alegue una violación al principio de igualdad jurídica, el juzgador no puede desdeñar el texto de los tratados internacionales que hacen referencia a la igualdad y a la prohibición de discriminación, sino que debe efectuar el escrutinio de constitucionalidad correspondiente teniendo como ámbito material de validez a la Constitución y a los diferentes tratados ratificados por México, máxime cuando ese análisis ha sido solicitado por el quejoso.

En relación con lo anterior, enlazo la idea con lo expresado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, si las personas hacen uso de los servicios de salud tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables” 2

En relación con lo anterior, sabemos que el derecho a la salud está reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos;3 artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre;4 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12;5 Protocolo de San Salvador (Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos económicos, sociales y culturales), en su artículo 10;6 y, Artículo 317 del Convenio relativo a la norma mínima de seguridad (CONVENIO OIT 102), siendo referente al ámbito internacional. Sin embargo, de igual manera se encuentra reconocido en nuestra carta magna en su artículo 4 párrafo 4.8

Sin embargo, si bien es cierto que el Estado Mexicano se ha preocupado por otorgar el derecho a la Salud, a la mayoría de los trabajadores mexicanos, este esfuerzo no es suficiente debido a que como lo mencione en un principio no se les otorga dicho derecho a los asesores jurídicos de nuestra Honorable recinto legislativo. Siendo esto contrario a lo previsto en el artículo 15 del Seguro Social, que establece que:

Artículo 15. Los patrones están obligados a:

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no mayores de cinco días hábiles;

II. a IX. ...

...

...

Dejando al descubierto que en el lugar en el que emanan las leyes no se da un adecuado cumplimiento a nuestro marco normativo aplicable. Siendo esto contario con los principios básicos de nuestro presidente.

Ahora bien, es menester señalar que debe de haber una progresividad en los derechos humanos, específicamente el caso de los derechos sociales, tal y como lo señala la siguiente jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Época: Décima Época
Registro: 2015306
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 47, octubre de 2017, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 86/2017 (10a.)
Página: 191

Principio de progresividad. Es aplicable a todos los derechos humanos y no sólo a los llamados económicos, sociales y culturales.

El principio de progresividad estuvo originalmente vinculado a los -así llamados- derechos económicos, sociales y culturales, porque se estimaba que éstos imponían a los Estados, sobre todo, obligaciones positivas de actuación que implicaban el suministro de recursos económicos y que su plena realización estaba condicionada por las circunstancias económicas, políticas y jurídicas de cada país. Así, en los primeros instrumentos internacionales que reconocieron estos derechos, se incluyó el principio de progresividad con la finalidad de hacer patente que esos derechos no constituyen meros “objetivos programáticos”, sino genuinos derechos humanos que imponen obligaciones de cumplimiento inmediato a los Estados, como la de garantizar niveles mínimos en el disfrute de esos derechos, garantizar su ejercicio sin discriminación, y la obligación de tomar medidas deliberadas, concretas y orientadas a su satisfacción; así como obligaciones de cumplimiento mediato que deben ser acometidas progresivamente en función de las circunstancias específicas de cada país. Ahora bien, esta Primera Sala considera que, a pesar de su génesis histórica, el principio de progresividad en nuestro sistema jurídico es aplicable a todos los derechos humanos y no sólo a los económicos, sociales y culturales. En primer lugar, porque el artículo 1o. constitucional no hace distinción alguna al respecto, pues establece, llanamente, que todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a proteger, garantizar, promover y respetar los derechos humanos de conformidad, entre otros, con el principio de progresividad. En segundo lugar, porque ésa fue la intención del Constituyente Permanente, como se advierte del proceso legislativo. Pero además, porque la diferente denominación que tradicionalmente se ha empleado para referirse a los derechos civiles y políticos y distinguirlos de los económicos, sociales y culturales, no implica que exista una diferencia sustancial entre ambos grupos, ni en su máxima relevancia moral, porque todos ellos tutelan bienes básicos derivados de los principios fundamentales de autonomía, igualdad y dignidad; ni en la índole de las obligaciones que imponen, específicamente, al Estado, pues para proteger cualquiera de esos derechos no sólo se requieren abstenciones, sino, en todos los casos, es precisa la provisión de garantías normativas y de garantías institucionales como la existencia de órganos legislativos que dicten normas y de órganos aplicativos e instituciones que aseguren su vigencia, lo que implica, en definitiva, la provisión de recursos económicos por parte del Estado y de la sociedad.

En virtud de todo lo anterior, se razona que se debe de acatar lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que, bajo el principio de progresividad, el Estado, en éste caso nosotros el poder Legislativo, tenemos la obligación de emanar leyes que procuren el máximo disfrute de los derechos humanos, resaltando la efectividad de la gradualidad como del progreso de los mismos para todas las personas que transiten en el territorio mexicano, esto a la luz de lo previsto por la sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.

Época: Décima Época
Registro: 2015305
Instancia: Primera Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 47, octubre de 2017, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: 1a./J. 85/2017 (10a.)
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Principio de progresividad de los derechos humanos. Su concepto y exigencias positivas y negativas.

El principio de progresividad está previsto en el artículo 1o. constitucional y en diversos tratados internacionales ratificados por México. Dicho principio, en términos generales, ordena ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible hasta lograr su plena efectividad, de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas. Es posible diseccionar este principio en varias exigencias de carácter tanto positivo como negativo, dirigidas a los creadores de las normas jurídicas y a sus aplicadores, con independencia del carácter formal de las autoridades respectivas, ya sean legislativas, administrativas o judiciales. En sentido positivo, del principio de progresividad derivan para el legislador (sea formal o material) la obligación de ampliar el alcance y la tutela de los derechos humanos; y para el aplicador, el deber de interpretar las normas de manera que se amplíen, en lo posible jurídicamente, esos aspectos de los derechos. En sentido negativo, impone una prohibición de regresividad: el legislador tiene prohibido, en principio, emitir actos legislativos que limiten, restrinjan, eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos, y el aplicador tiene prohibido interpretar las normas sobre derechos humanos de manera regresiva, esto es, atribuyéndoles un sentido que implique desconocer la extensión de los derechos humanos y su nivel de tutela admitido previamente. En congruencia con este principio, el alcance y nivel de protección reconocidos a los derechos humanos tanto por la Constitución como por los tratados internacionales, deben ser concebidos como un mínimo que el Estado Mexicano tiene la obligación inmediata de respetar (no regresividad) y, a la vez, el punto de partida para su desarrollo gradual (deber positivo de progresar).

Por los argumentos antes expuestos, someto a consideración de soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a que garantice y proporcione el ejercicio del derecho a la salud, a las y los trabajadores de la Cámara de Diputados que realizan las funciones de asesoría.

Notas

1 Véase en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reforma la de 5 de febrero de 1857

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

...

...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

2 Véase: http://www.cndh.org.mx/Derecho_Proteccion_Salud

3 Véase en Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 25 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

4 Véase en: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.

5 Véase en: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Artículo 12 “El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

6 Véase en: Protocolo de San Salvador (Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos económicos, sociales y culturales.)

Artículo 10 “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social; por lo que con el fi n de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados parte se comprometieron a reconocer la salud como un bien público y a adoptar medidas tendientes a garantizar este derecho”.

7 Todo Miembro para el que esté en vigor esta parte del Convenio deberá garantizar a las personas protegidas la concesión de prestaciones en caso de accidente del trabajo y de enfermedad profesional, de conformidad con los artículos siguientes de esta parte.

8 Véase en: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

...

...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

Palacio legislativo de San Lázaro, a 19 febrero de 2018.

Diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al supuesto incumplimiento de obligaciones de funcionarios con cargos desde la anterior administración para presionar al nuevo gobierno y conservar privilegios salariales y prestaciones, a cargo del diputado Felipe Rafael Arvizu de la Luz, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Felipe Rafael Arvizu de la Luz, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. Es del dominio público la corrupción y despilfarro en que la anterior administración del gobierno federal actuó, y que tal nivel de corrupción no pudo realizarse sin la participación directa de los más altos niveles del gobierno hasta los mandos medios y mandos técnicos, creándose sofisticadas formas de robar a la nación como la llamada Estafa Maestra, “los moches” y “el pago del diezmo”.

2. El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido generosamente no realizar persecución contra los miles de funcionarios que recibieron órdenes de desviar recursos públicos para evitar un enfrentamiento entre los mexicanos, esto abrió la posibilidad de que muchos mandos medios y mandos técnicos conserven los cargos que venían desempeñando.

3. Sin embargo, desde diciembre de 2018 hasta la fecha, en la mayoría de las secretarías y dependencias, muchos mandos medios y mandos técnicos están presentando toda clase de excusas para no atender a los beneficiarios de programas sociales y programas productivos causando graves problemas para el buen funcionamiento de las políticas públicas de la actual administración.

4. Los mandos medios y mandos técnicos que se encuentran en este momento laborando en el gobierno federal y que tienen frenadas muchas acciones de gobierno, demandan altos sueldos, prestaciones y privilegios queriendo mantener la inercia de corrupción del anterior gobierno.

5. El daño que hacen al gobierno federal puede ser un claro sabotaje orquestado, cuya finalidad es frenar las acciones a favor de ciudadanos beneficiarios, chantajear para obtener privilegios y como último recurso negociar cuantiosas indemnizaciones.

6. En la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el artículo 7, se obliga a los servidores públicos a actuar con lealtad, profesionalismos, eficacia y eficiencia, siendo claro que así no están actuando porque tienen de rehén los trámites de los ciudadanos beneficiarios de los programas sociales y productivos.

“Artículo 7. Los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servidores públicos observarán las siguientes directrices:...”

7. En ese sentido, en el inciso III, se dice que es obligación de los servidores públicos colocar por encima los intereses colectivos y en el VI se dice que están obligados a preservar los objetivos de los recursos a los que estén destinados.

“III. Satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población;

VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;”

8. Estos servidores públicos podrían estar cometiendo faltas administrativas graves, porque incurrirían en actos u omisiones arbitrarios para obtener beneficios personales en perjuicio del servicio público.

“Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona o al servicio público.”

9. La falta de una cultura de denuncia contra malos servidores públicos ocasiona impunidad por lo que es necesario que esta honorable Cámara de Diputados exhorte a los órganos de control interno de las dependencias federales, así como a la Secretaría de la Función Pública para que realicen una campaña de información para que los ciudadanos se enteren de las facilidades para realizar las denuncias respectivas y así se proceda a las investigaciones necesarias y, en su caso, se proceda a la inhabilitación de estos malos servidores públicos que tienen sus cargos desde la anterior administración y sean sustituidos por servidos públicos honestos.

Por lo anterior expuesto se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los órganos de control interno de las secretarías y dependencias del gobierno federal, así como a la Secretaría de la Función Pública para informar a los ciudadanos beneficiarios de programas gubernamentales de las facilidades para presentar denuncias contra servidores públicos que omitan realizar sus obligaciones en relación a la entrega de los recursos a los que tienen derecho, contraviniendo la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 7, incisos III y VI, por lo que se encontrarían en el supuesto de estar cometiendo faltas administrativas graves enmarcadas en el artículo 57 de dicha ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.

Diputado Felipe Rafael Arvizu de la Luz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a analizar la pertinencia de dragar las bocabarras en las lagunas de la costa sur de Chiapas, a cargo del diputado José Luis Elorza Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, José Luis Elorza Flores, diputado federal a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o., y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El litoral mexicano cuenta con más de 11 mil kilómetros de longitud en los que se presentan diversos ambientes geomorfológicos que exhiben diferencias regionales tanto en su origen como en su longitud y naturaleza, designados con el término común de lagunas costeras, que engloba formaciones como lagunas, estuarios, esteros, marismas y bahías.1

Las lagunas costeras son sitios de gran importancia ambiental, debido a su alta productividad biológica, son hábitat permanente o temporal de diversas especies terrestres o acuáticas. Además, son fuente de nutrientes para los ecosistemas vecinos, ya que una gran cantidad de nutrientes se exportan por las mareas a las aguas marinas cercanas a la costa, donde son aprovechados por arrecifes de coral, pastos marinos, y una variedad de peces que tienen importancia ecológica o comercial.

En el caso de la pesca, tanto la ribereña como la industrial están íntimamente ligadas a la conservación de los ecosistemas costeros, a decir de la FAO, las pesquerías marinas dependen de la zona costera en varios aspectos, ya que la mayor parte de las pesquerías se basan en las poblaciones costeras, otras explotan las poblaciones de altura que pasan parte de su vida en aguas del litoral.2 Por ejemplo, la producción mexicana del camarón, en buena medida depende de esteros y estuarios, ya que varias de las especies de camarón en su etapa de postlarvas migran a estos hábitats, en los que se desarrollan durante varios meses hasta alcanzar sus fases juveniles, momento en el cual migran al mar para completar su ciclo de vida. Otras especies de importancia pesquera para nuestro país y que en alguna fase de su vida dependen de las lagunas costeras son el robalo (Centropomus sp) , la lisa (Mugil sp) , trucha de mar (Cynossion sp), ostión (Crassostrea sp) y (Ostreas sp) , por mencionar tan solo algunas de ellas.

Otros servicios ambientales que se obtienen de estos importantes ecosistemas se presentan cuando éstos actúan como filtros que retienen algunos contaminantes utilizados en la agricultura, o en su contribución al abastecimiento de mantos freáticos. A la vez actúan como barreras naturales de protección contra la erosión causada por vientos y mareas, manteniendo la línea de costa y sosteniendo las arenas sobre las playas. En sitios donde los manglares se han mantenido, el impacto de fenómenos naturales, como ciclones y tsunamis, son menores al de aquellos sitios en donde se destruyeron o no existen estas barreras naturales.

Por otra parte, los ecosistemas no son estáticos, sufren cambios naturales o inducidos por el ser humano, sin que los ecosistemas costeros sean la excepción. La frecuencia de estos cambios ambientales y su amplitud varían mucho, mientras más grandes y frecuentes son, más importantes son sus consecuencias, que pueden llegar a la degradación irreversible del ambiente.

Para las lagunas costeras, el azolvamiento se considera uno de los principales factores de impacto ambiental negativo en estos ecosistemas. Este fenómeno se produce como consecuencia directa de la erosión de los suelos, tanto de la planicie costera como de la cuenca media y alta. La erosión frecuentemente es el producto del uso de técnicas agrícolas o ganaderas inadecuadas y de la deforestación.

En el caso particular de la zona sur de Chipas, el fenómeno de la deforestación para abrir campos de cultivo se presenta desde hace décadas, lo que ha ocasionado la erosión de la tierra, por lo cual, en cada temporada de lluvia la tierra es arrastrada hasta llegar a las costas, provocando el azolvamiento de las ocho lagunas costeras cuyas comunicaciones con el mar se dan a través de bocabarras y que además cuentan con abundantes manglares que son de relevante importancia ambiental.

El azolvamiento en estas lagunas costeras es alarmante, anteriormente en las barras que dan entrada a éstas se tenían profundidades mayores a los 4 metros, actualmente, debido al azolvamiento, tan sólo se presentan profundidades que no sobrepasan el metro y medio.

El que se estén perdiendo estos ecosistemas debido al azolvamiento afecta a toda la sociedad. Debido a los servicios ambientales que estas lagunas proporcionan, las pérdidas ecológicas y económicas son cuantiosas. Si bien, calcular los servicios ambientales en dinero es complejo y a la fecha no se ha logrado un consenso en cuanto al método para cuantificar estos servicios, sí se han desarrollado modelos y se han llevado a cabo ejercicios académicos para medir en términos monetarios estos servicios, así tenemos que para los manglares de Sinaloa y Sonora, en 2008, se estimaba que el costo económico por la pérdida de una hectárea de manglar ascendía a 37 mil 500 dólares, equivalentes en ese momento a 445 mil 875 pesos. En cuanto a Chiapas, científicos del Colegio de la Frontera Sur, en 2011 concluyeron que el costo por la pérdida de una hectárea de manglar en la Reserva de Biosfera La Encrucijada, ascendía a los 87 mil 670 dólares.3

Para la pesca, el azolvamiento conlleva la caída en los volúmenes de captura, a la par, desde hace décadas son conocidos los beneficios que el dragado de esteros y lagunas costeras tienen para las actividades pesqueras. “Un ejemplo exitoso de restauración de venas y esteros se realizó en Huizache-Caimanero en la década de 1960-1970, cuando fueron desazolvados los esteros que comunicaban a los ríos Presidio y Baluarte con la laguna de Huizache-Caimanero, lo que permitió una entrada de mayor volumen de agua dulce, lo cual se reflejó en un aumento significativo en la pesca de camarón en la temporada siguiente ...”.4

Por su parte la FAO señala que: “Realizar el dragado de áreas con problemas de azolvamiento favorece la circulación al interior de los sistemas, incrementa el recambio del agua, intensifica el efecto de la marea, y aumenta la superficie disponible para la captura de especies estuarinas. ...y aumenta la superficie disponible para el cultivo (corrales) de especies estuarinas.”5

Con respecto al caso particular de la pesca en el sur de las costas chiapanecas, las pérdidas ocasionadas por el azolvamiento son cuantiosas. Por ejemplo, en el año de 1979, la laguna Cerritos, contaba con una superficie de 327 hectáreas y las capturas de camarón en ésta ascendía a 609 toneladas al año, para 2011, por efectos del azolvamiento la superficie se había reducido y las capturas de camarón cayeron a 40 toneladas por año.

El grado de asolvamiento de las lagunas de la costa sur de Chiapas provoca que sea urgente el dragado de las bocabarras, lo cual debemos ver como una inversión y no como un gasto, los recursos que el gobierno federal destine a este fin, se retribuirán con creces debido al incremento en las capturas pesquera y los servicios ambientales recuperados.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, analicen la pertinencia de llevar a cabo el dragado de las bocabarras de las lagunas costeras ubicadas en la costa sur del estado de Chiapas, a fin de que se mejore la productividad pesquera y se mantenga el equilibrio ecológico, y en su caso, se realicen las labores necesarias para efectuar estos dragados.

Notas

1 Al respecto consultar: Lanza Espino de la, Guadalupe. Ortiz Pérez, Mario Arturo. Carbajal Pérez, José Luis. “Diferenciación hidrogeomorfológica de los ambientes costeros del Pacífico, del Golfo de México y del Mar Caribe”, Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM, Núm. 81, 2013.

2 FAO. “Integración de la pesca en la ordenación de la zona costera”, FAO Orientaciones Técnicas para la Pesca Responsable, No. 3, Roma, 1998.

3 Al respecto consultar: Tovilla Hernández, Cristian. “Gestión de cuencas costera en Chiapas e impacto sobre los humedales de la Reserva de Biosfera la Encrucijada”, El Colegio de la Frontera Sur, Laboratorio de Ecología de Manglares y Zona Costera, 2001. Disponible en: https://docplayer.es/70343410-Gestion-de-cuencas-costera-en-chiapas-e-i mpacto-sobre-los-humedales-de-la-reserva-de-biosfera-la-encrucijada.htm l

4 Flores Verdugo, Francisco Javier, Agraz Hernández, Claudia. y Benítez Pardo, Daniel. “Ecosistemas acuáticos costeros: importancia, retos y prioridades para su conservación”. Disponible en: https://micrositios.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/533/ecosistemas2. pdf

5 Proyecto utf/mex/035/mex Modernización del sector pesquero, estudios para el mejoramiento productivo de áreas lagunares costeras. Disponible en:

http://www.fao.org/docrep/field/003/ac594s/AC594S00.htm# TOC

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.

Diputado José Luis Elorza Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a temas de orientación y seguimiento a la salud reproductiva de las mujeres, a cargo de la diputada Susana Beatriz Cuaxiola Serrano, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, diputada federal en la LXIV Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes:

Considerandos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estima en el artículo primero la tutela de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.1

La razón de mortalidad materna calculada es de 20.8 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados en 2017... Según reportes de la organización Grupo de Acción Inmediata de Muerte Materna, el 40 por ciento de las muertes maternas en el país se da en centros hospitalarios debido a negligencias durante el parto y la baja calidad de la atención durante emergencias obstétricas.2

La Organización Mundial de la Salud define a la morbilidad materna extrema (MME) como aquellas complicaciones de salud (lesión o incapacidad) que se presentan no solo durante el embarazo y el parto, sino que también pueden ocurrir dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo. Las complicaciones pueden estar relacionadas con o agravadas por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.3

En 2013, la tasa a nivel nacional de mortalidad materna se ubicó en 38.2 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, una reducción de 56 por ciento desde 1990. No obstante, México se suma a los países que presentan rezago, la ONU reconoce que el mundo no logrará cumplir con la meta global de reducir la razón de mortalidad materna en tres cuartas partes.

Siendo uno de los ocho objetivos del milenio que no pudo ser cumplido por el Estado mexicano derivado del atraso en la materia.

De acuerdo con la doctora Raffaela Schiavon, investigadora de IPAS México, las brechas de desigualdad e inequidad en México hacen que la mortalidad materna se agudice en los contextos más pobres del país.

De esta manera, las complicaciones en el parto y las muertes maternas tienen como condicionante común la pobreza.

En este sentido, Rincón Cruz4 encuentra dentro de sus investigaciones coincidencias con los elementos presentados por Schiavon.

Las complicaciones agudas, denominadas también causas obstétricas directas que ocurren en el embarazo, trabajo de parto, nacimiento y postparto inmediato... entre las más comunes se registran: hemorragia, infección, hipertensión inducida por el embarazo, aborto séptico y las secuelas de la violencia sexual.

Las enfermedades [preexistentes al embarazo]... que se complican con éste; causas obstétricas indirectas: anemia, hepatitis, malaria, diabetes, hipertensión y algunas ETS.

Las causas crónicas que se presentan algún tiempo después del embarazo pero que se originaron en alguna de las etapas de la gestación: lumbalgia, prolapso vesicovaginal, prolapso recovaginal, dispareunia (coito doloroso), hemorroides, incontinencia urinaria, esterilidad quirúrgica e insuficiencia renal.

De acuerdo con el artículo 62 de la Ley General de Salud: En los servicios de salud se promoverá la organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e infantil, a efecto de conocer, sistematizar y evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes.

Las investigaciones resaltan que el mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes de menos de 15 años. Las complicaciones del embarazo y el parto son una de las causas de muerte principales de las adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo. Por término medio, las mujeres de los países en desarrollo tienen muchos más embarazos que las de los países desarrollados, por el riesgo de muerte relacionada con el embarazo a lo largo de la vida

De todas las hospitalizaciones en niñas de 10 a 14 años, el 29.7 por ciento (1 de 3) fue por razones maternas. De las hospitalizaciones en adolescentes de 15 a 19 años, el 88.4 por ciento (9 de 10) fue por razones maternas.5

En este sentido, el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (Cedaw, por sus siglas en inglés), en su Observación General número 34 al Estado mexicano, señala en los apartados 38 y 39:

38. La mortalidad y la morbilidad maternas son desproporcionadamente elevadas en muchas zonas rurales. El matrimonio infantil expone a las niñas rurales al riesgo de tener embarazos precoces y contribuye significativamente a la mortalidad materna, en particular en los países en desarrollo. A nivel mundial, la presencia de parteros cualificados y personal médico es más baja en las zonas rurales que en las urbanas, y ello da lugar a una escasa atención prenatal, perinatal y posnatal. Existe una mayor necesidad insatisfecha de servicios de planificación familiar y anticoncepción debido a la pobreza, la falta de información y la limitada disponibilidad y accesibilidad de servicios. Es más probable que recurran al aborto en condiciones de riesgo las mujeres rurales que sus homólogas urbanas, una situación que pone en riesgo su vida y su salud. Incluso en los países en los que el aborto es legal, las condiciones restrictivas, incluidos los períodos de espera irrazonables, a menudo dificultan el acceso de las mujeres rurales. Cuando el aborto es ilegal, la incidencia en la salud es aún mayor.

39. Los Estados parte deberían salvaguardar el derecho de las mujeres y las niñas rurales a una atención sanitaria adecuada y garantizar:

a) La existencia de instalaciones y servicios sanitarios de alta calidad físicamente accesibles y asequibles para las mujeres rurales, incluidas las mujeres de edad, las mujeres cabezas de familia y las mujeres con discapacidad (prestados de forma gratuita cuando sea necesario), culturalmente aceptables para ellas y dotados de personal médico formado. Los servicios deberían ofrecer: atención primaria de la salud, que incluya la planificación familiar; acceso a los anticonceptivos, incluidos los anticonceptivos de emergencia, y al aborto sin riesgo y la atención posterior al aborto de alta calidad, independientemente de que sea legal; servicios prenatales, perinatales, posnatales y obstétricos; servicios de prevención y tratamiento del VIH, que incluyan intervenciones de emergencia tras una violación; servicios de salud mental; asesoramiento sobre nutrición y alimentación de lactantes y niños pequeños; mamografías y otros servicios de examen ginecológico; servicios de prevención y tratamiento de enfermedades no transmisibles como el cáncer; acceso a medicamentos esenciales, incluidos analgésicos; y atención paliativa;

b) La financiación adecuada de los sistemas de atención sanitaria en las zonas rurales, en particular con respecto a la salud y los derechos sexuales y reproductivos;

c) La derogación de las leyes y normativas que dificultan al acceso de las mujeres rurales a la atención sanitaria, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, en particular las leyes que penalizan el aborto o exigen períodos de espera o el consentimiento de terceros para practicarlo;

d) El seguimiento sistemático y regular de la salud y el estado nutricional de las mujeres embarazadas y las madres que acaban de dar a luz, especialmente las madres adolescentes, y sus bebés. En caso de malnutrición o falta de acceso a agua limpia, deben suministrarse sistemáticamente durante todo el embarazo y la lactancia raciones adicionales de alimentos y agua potable;

e) Servicios adecuados de agua y saneamiento en los centros de atención de la salud rurales;

f) La amplia difusión de información sanitaria en los idiomas y dialectos locales a través de diversos medios, entre ellos por escrito, mediante ilustraciones y verbalmente, entre otras cosas sobre la higiene; la prevención de enfermedades transmisibles, no transmisibles y de transmisión sexual; estilos de vida y nutrición saludables; la planificación familiar y las ventajas del retraso del embarazo; la salud durante el embarazo; la lactancia y sus efectos en la salud materno infantil; y la necesidad de eliminar la violencia contra la mujer, incluidas la violencia sexual y doméstica y las prácticas nocivas.6

La mortalidad materna es un indicador claro de injusticia social, inequidad de género y pobreza, el que un embarazo o parto desemboque en la muerte de la mujer refleja problemas estructurales, tanto de acceso como de atención a la salud.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Salud para que el área de Orientación de Consejería proporcione a las mujeres y sus parejas información clara, didáctica y accesible sobre los programas de planificación familiar, nutrición materna, orientación sexual, detección y atención de violencia en el embarazo.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud a realizar campañas de concientización e información dirigidos a mujeres y hombres, que expliquen los posibles riesgos que implica un embarazo, con el objetivo de incentivarlos a asistir a los servicios de salud materna de manera oportuna (durante el embarazo, parto y posparto) y con ello coadyuvar a la reducción de la morbi-mortalidad materna.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud a que establezca estrategias específicas y el desarrollo de programas para el control del embarazo complicado con un enfoque de riesgo; y en el caso de mujeres que presentaron complicaciones obstétricas (tales como hemorragias), acompañarlas de manera puntual, antes de su egreso, a acceder a un método de anticoncepción, ya que el presentar otro embarazo, podría significar un riesgo mayor de muerte materna.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Salud a garantizar que las mujeres tengan, al ser dadas de alta, información y acceso a un buen seguimiento en la consulta de medicina familiar.

Quinto. Se exhorta a la Secretaría de Salud a contar con una base de datos de “códigos rojos” que incluya información completa de los casos, ya que es una herramienta fundamental para identificar los factores de riesgo, y con ello aportar datos que permitan la ejecución de programas que ayuden a la reducción de la tasa de morbilidad materna mediante la atención prenatal oportuna y regular.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2 Información consultada en.

3 http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/programme-report ing-standards/es/

4 Carmen Rincón; Causas, frecuencia y secuelas de la morbilidad materna extrema en mujeres mexicanas: un análisis de los códigos rojos en el IMSS de Hidalgo, 2017.

5 Raffaela Schiavon. Análisis propios de Ipas México, a partir del Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH 2009) de la SS Federal.

6 Observación General (2016) sobre los derechos de las mujeres rurales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de febrero del 2019.

Diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conade, en coordinación con la SEP, y universidades públicas y privadas a generar investigación de las ciencias aplicadas al deporte, a cargo de la diputada Susana Beatriz Cuaxiola Serrano, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79 numerales 1, fracción II, y 2 fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Considerandos

En México de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut, 2016), evaluó la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños, adolescentes y adultos.

De la encuesta se desprende que el sobrepeso y la obesidad en mujeres presentan un aumento respecto a cifras de 2012, en los tres grupos de edad, el cual es mayor en zonas rurales que urbanas.

En la población masculina adulta el sobrepeso y obesidad aumentó en zonas rurales de 61.1 por ciento en 2012 a 67.5 por ciento en 2016, en zonas urbanas se mantiene en 69.9 por ciento.

Las y los niños en edad de 5 a 11 años se registraron que tres de cada 10 menores padecen sobrepeso u obesidad. Además, se observa un incremento progresivo en la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en zonas rurales en ambos sexos.

En adolescentes de 12 a 19 años se observó que casi 4 de cada 10 adolescentes presenta sobrepeso u obesidad, pasando de 34 por ciento en 2012 a 36 por ciento en 2016.

En mujeres adolescentes, se observó un aumento del 2.7 puntos porcentuales en sobrepeso, alcanzando un nivel de 26.4 por ciento. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en mujeres adolescentes fue de 39.2 por ciento

Sobre los adultos mayores de años se identificó que siete de cada 10 adultos continúan padeciendo exceso de peso (sobrepeso u obesidad) respecto a la cifra de 2012 de 71.2 por ciento.

Se observa un aumento en las cifras de sobrepeso y obesidad en mujeres adultas (prevalencia combinada de 75.6 por ciento). Este incremento es mayor en zonas rurales (aumento de 8.4 por ciento) que en zonas urbanas (aumento de 1.6 por ciento).

En hombres adultos (prevalencia combinada de 69.4 por ciento) se observa un incremento continuo en zonas rurales, en el que la prevalencia de sobrepeso y obesidad (67.5 por ciento) aumentó 10.5 por ciento respecto a 2012.1

En este sentido, como lo señala Informe sobre la salud de los mexicanos 2015,2 dentro de las principales causas de muerte de los mexicanos es por las enfermedades metabólicas.

Diez principales causas de muerte por sexo, 20133

En el mismo documento se observa como factores de riesgo, la hipoglucemia, sobre peso y obesidad, los malos hábitos en la dieta, la hipertensión arterial, así como el consumo de alcohol.

Factores que pueden ser prevenidos a través de la actividad física, sin embargo, las condiciones complejas de las sociedades implican entre otros elementos una desvalorización a la cultura física y por lo tanto a la prevención de enfermedades causando una fuerte erogación del presupuesto público en la atención de patologías crónicas.

Al respecto, se requiere de un mayor número de investigaciones que fortalezcan el espacio científico del ejercicio, de acuerdo con Prisciliano Meléndez Añorve, jefe del Departamento de Investigación de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) “en nuestro país, la investigación en el deporte es muy escasa”, refiere también que la cultura del deporte impide que se apoye la investigación científica en esta área. “Ejercitarse no es como una receta de cocina, cada individuo es diferente y autoentrenarse sin bases metodológicas es como autorrecetarse”.4

La escasa participación de profesionistas en las ciencias aplicadas al deporte y la cultura física en el ámbito de la investigación limita los alcances en la prevención y tratamiento de los problemas fundamentales en la salud pública.

El doctor investigador José Enrique Campillo Álvarez señala que “el ejercicio físico practicado con regularidad es un elemento esencial para el mantenimiento de unas condiciones óptimas de salud sin distinción de edad, sexo o características étnicas. Numerosos estudios han demostrado que el ejercicio físico o la actividad deportiva practicados con regularidad ejercen un efecto preventivo sobre diversas enfermedades y es hoy una herramienta terapéutica en el tratamiento de las afecciones más prevalentes en los países desarrollados, como la diabetes tipo 2, el síndrome metabólico o las afecciones cardiovasculares.”5

De igual forma, Gemma Carreras González, de Servicios de Endocrinología y Nutrición y Pediatría, y Carme Comellas Berenguer, especialista en Medicina Deportiva y Traumatología, mencionan que la prescripción de ejercicio físico no es igual en todos los grupos de pacientes, dependerá de la edad, del sexo, de las preferencias y enfermedades de base existentes.

Lo anterior da cuenta del peligro y los riesgos que se tiene al no contar con los conocimientos mínimos para la prescripción deportiva, como es el caso de múltiples gimnasios o los centros de zumba que no son especialistas en el área deportiva y que ponen cargas físicas que podrían no ser adecuados para las y los usuarios poniendo en riesgo su salud.

Por lo cual, adquiere una mayor relevancia generar investigaciones científicas que pongan en el centro de las investigaciones al ejercicio como un elemento de prevención aplicado de forma diferenciado a la población, así como estimule una mayor incorporación de profesionistas en el campo indagatorio.

De acuerdo con el capítulo III, artículo 99

La Conade promoverá, coordinará e impulsará en coordinación con la SEP la enseñanza, investigación, difusión del desarrollo tecnológico, la aplicación de los conocimientos científicos en materia de activación física, cultura física y deporte, así como la construcción de centros de enseñanza y capacitación de estas actividades.6

Por su parte, en México diversas instituciones educativas públicas y privadas de nivel superior imparten dentro sus matrículas programas de ciencias del deporte, cultura física y relacionados que son formadores de especialistas en el área del ejercicio, un espacio propicio para fortalecer la investigación científica de las ciencias aplicadas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputado exhorta respetuosamente a las autoridades correspondientes de Conade en coordinación con la SEP, así como a las autoridades de universidades públicas y privadas que contengan dentro sus programas académicos lo relacionado con la cultura física y el deporte a generar investigación de las ciencias aplicadas al ejercicio.

Notas

1 Datos consultados en http://oment.uanl.mx/cifras-de-sobrepeso-y-obesidad-en-mexico-ensanut-m c-2016/

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64176/INFORME_LA_SALUD_D E_LOS_MEXICANOS_2015_S.pdf

3 Informe la Salud de los mexicanos, 2015. Página 79.

4 Violeta Amapola Nava; Promueven investigación Científica en el deporte, Agencia Informativa Conacyt, Ciudad de México. 27 de abril de 2016.

5 A. Novials, (Coord.) Diabetes y ejercicio, Biblioteca de la Sociedad Española de Diabetes, SA. Página 16.

6 Ley General de Cultura Física y Deporte.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.

Diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Hidalgo a hacer público el estado del proyecto de Ciudad de las Mujeres, inaugurado en Tepeji del Río en 2016, a cargo de la diputada Susana Beatriz Cuaxiola Serrano, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, diputada a la LXIV Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de conformidad con los siguientes

Considerandos

La Declaración y la Plataforma de Beijing de 1995 ha sido la guía conceptual para los modelos de los programas que reúnen en un sólo lugar servicios especializados para las mujeres, (Pignato, 2015). Estos modelos buscan transitar de un enfoque asistencialista a uno de derechos, en el que las personas sean artífices de su propio desarrollo.1

La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), como institución internacional sobre acciones para combatir la discriminación contra las mujeres, establece la obligación de los estados parte a destinar presupuesto a las acciones que favorezcan el desarrollo de las mujeres.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el proyecto de Ciudad de las Mujeres es un nuevo modelo de empoderamiento para las mujeres, basado en tres ejes rectores: perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, que integra la provisión de servicios de calidad bajo un mismo techo.2

Bajo este enfoque se consideró propicio instalar el modelo en Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo, siendo gobernador el licenciado Francisco Olvera Ruiz, mismo que fue inaugurado el 2 de septiembre de 2016, por el presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, con una inversión de 136 millones 470 mil 448 pesos, el cual incluye la adquisición de mobiliario.3

De acuerdo con el decreto emitido en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo4 , con fecha 7 de marzo de 2016, el decreto de creación de la Ciudad de las Mujeres tiene por objeto “brindar a las mujeres, en una misma infraestructura física, una atención integral y especializada con perspectiva de derechos humanos y de género, garantizando el conocimiento de sus derechos, su salud sexual y reproductiva, el acceso a los servicios relacionados con la autonomía económica y la atención oportuna en casos de violencia de género, con el fin de contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, promoviendo su empoderamiento y su plena incorporación a la vida productiva, social, cultural y política en la sociedad, fortaleciendo el desarrollo integral del Estado y la paz social”.

Cabe mencionar que dicho modelo de atención está basado en la política de Ciudad Mujer de El Salvador; cuyo objetivo general del programa es mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad de El Salvador, en términos de empleo, salud sexual y reproductiva, y prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Entre los principales objetivos específicos que se plantean están incrementar el porcentaje de mujeres mayores de 15 años con ingresos laborales propios; reducir la tasa de mortalidad materna y por cáncer (cérvico-uterino y de mama) en mujeres de 15 años o más de edad; reducir la tasa de violencia contra las mujeres (física y sexual ejercida por la pareja u otra persona) de 15 años o más de edad; y reducir la tasa de embarazo en adolescentes de 15 a 19 años.5

En este sentido, el propósito de la instalación del modelo en Tepeji del Río, cubriría las siguientes áreas:

Fuente de elaboración: Merit Olvera: “La ciudad de las mujeres como política pública para avanzar en la igualdad de género en el estado de Hidalgo, México” .

Dentro de las consideraciones del decreto en mención se atiende que de acuerdo con el segundo informe hemisférico del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) 2012, se recomienda a los estados parte, a continuar incrementando el número de refugios, casas de acogida y centros de apoyo integral a mujeres afectadas por la violencia y sus familiares. El Comité de Expertas y Expertos insiste sobre la necesidad de que los estados establezcan servicios especializados gratuitos para las mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, estableciendo mecanismos de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, especialmente organizaciones de mujeres que cuentan con experiencia en la administración de estos centros y en la prestación de servicios a víctimas de violencia contra las mujeres.6

Considerando que la violencia en el estado de Hidalgo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de las Dinámicas en los Hogares (ENDIREH, 2011), mostró que siete de cada diez mujeres en Hidalgo han vivido un episodio de violencia. Asimismo, Hidalgo se encuentra en noveno lugar respecto de mujeres maltratadas a lo largo de su relación de pareja.7 Mientras en 2016, la ENDIREH8 refleja que Hidalgo tiene 63.3 por ciento de violencia contra las mujeres.

Diversos medios de comunicación han expuesto que Ciudad de las Mujeres de Tepeji del Río lleva más de un año de su inauguración y aún no se ha registrado a ninguna usuaria; los altos índices de violencia contra las mujeres requieren que los mecanismos para el adelanto y el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres sea una realidad en toda la República Mexicana.

Por lo anteriormente expuesto ponemos a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de Hidalgo a hacer público el estado en que se encuentra el proyecto denominado “Ciudad de las Mujeres”, del municipio de Tepeji del Río.

Notas

1 Merit Olvera; La ciudad de las mujeres como política pública para avanzar en la igualdad de género en el estado de Hidalgo, México, 2017.

2 https://www.gob.mx/sedatu/articulos/ciudad-de-las-mujeres-un-espacio-de -atencion-a-sus-necesidades, consultado el 09 de diciembre de 2017.

3 https://lasillarota.com/estados/
ciudad-mujeres-costo-100-mdp-inoperante-hidalgo-ciudad-mujeres-omar-fayad-jose-francisco-olvera/183638

4 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/
visualiza.php?doc=2016_mar_07_ord0_10&format=pdf&subfolder=&page= [*,0]

5 Banco Interamericano para el Desarrollo,

http://www.iadb.org/es/proyectos/projectinformation-page ,1303.html?id=es-l1056 Consultado el 09 de diciembre de 2017.

6 http://h-periodico.hidalgo.gob.mx/pod/services/visualiza.php?doc=2016_m ar_07_ord0_10&format=pdf&subfolder=&page= [*,0]

7 Instituto Hidalguense de las Mujeres, 2014.

8http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/end ireh/endireh2017_08.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.

Diputada Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sener a hacer pública la información sobre el ejercicio de los recursos financieros y los resultados del Fondo de Servicio Universal Eléctrico en el periodo 1 de enero de 2017-30 de noviembre de 2018, a cargo de la diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

La política energética en México, debe considerar acciones encaminadas a garantizar el suministro eléctrico como un servicio de interés público, mediante el desarrollo de la cadena de valor de esta industria a partir de los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización del servicio.

De acuerdo con la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, se estableció en su objetivo número siete, el garantizar el servicio a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos, teniendo en consideración el cumplimiento de la meta que plantea un escenario en que todos los habitantes del planeta reciban energía eléctrica para el año 2030.1

En 2016, un boletín de prensa emitido por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), indicaba que en México existía una cobertura eléctrica nacional del 98.56 por ciento. La misma empresa señala que existen un poco más de 192 mil poblaciones en todo el país, de las cuales 41 mil 697 no tienen servicio eléctrico, lo que implica aproximadamente a 440 mil viviendas, que a su vez impactan a más de 1.8 millones de personas. Entre los estados con mayor rezago en electrificación están: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua y Nayarit.2

Como parte de dichos esfuerzos, el Estado Mexicano debe atender a toda la población respecto del servicio de energía eléctrica en viviendas, escuelas, centros de salud, así como en actividades productivas. Es por ello, que la Ley de la Industria Eléctrica consideró desde su creación, la instrumentación de un Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE), cuya vigilancia de su administración recaería en la Secretaría de Energía (Sener).

La implementación de la reforma energética en su primera fase, por parte de la administración federal, que era encabezada por el expresidente Enrique Peña Nieto, tenía como objetivo alcanzar la cobertura eléctrica del 99 por ciento de la población. Para su ejecución, su Comité Técnico emitió las reglas de operación del fondo, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aportó la cantidad de $ 3,000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 moneda nacional) previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014.3

Con base en los objetivos establecidos, para 2018 se lograría cumplir con el 99 por ciento de la cobertura eléctrica nacional y dotar de este servicio al total de las comunidades marginadas, a través de la extensión del servicio de cableado en las zonas que así lo permitan, o la implementación de plantas generadoras de energía que permitan brindar el servicio a las poblaciones con mayores niveles de marginación.

En su Regla 79, inciso d), las Reglas de Operación del Fondo de Servicio Universal Eléctrico, establecen respecto al ejercicio de los recursos presupuestarios federales del fondo que:

“La información del FSUE se dará a conocer semestralmente en la página de Internet de la Sener, por componente de Apoyo, número de Beneficiarios, Localidades atendidas, recursos otorgados y Solicitudes de Apoyo atendidas”.4

No obstante, la pasada administración federal fue omisa en la publicación de cifras, estadísticas o indicadores de cobertura e impacto que permitan verificar y conocer el monto ejercido de dichos recursos, los resultados alcanzados por el Fondo que fue constituido durante la administración anterior, así como un padrón de los municipios y comunidades beneficiarias.

Esto, ya que los datos más recientes publicados en la página electrónica de la Secretaría de Energía, solamente documentan hasta el año 2016 un 98.58 por ciento de cobertura eléctrica nacional.5

Debido a esto, es que, en concordancia con las reglas de operación del Fondo de Servicio Universal Eléctrico, en materia de transparencia y de acceso a la información, la Secretaría de Energía debe hacer pública la información en la que se rindan cuentas sobre el manejo de los recursos presupuestarios federales que se aportaron al Fondo, y sus resultados obtenidos dentro del periodo que comprende del 1 de enero del 2017 al 30 de noviembre de 2018, esto motivado por el cambio de la administración pública federal que tuvo lugar el 1 de diciembre de 2018, proceso en el cual se hizo necesaria la verificación de la información señalada, encontrándose con la inexistencia de dichos datos.

Asimismo, se vulneró el principio de administración de los recursos públicos de manera transparente para satisfacer los objetivos para los que fueron destinados como de una de las directrices fundamentales que deben regir la actuación de los servidores públicos federales, tal y como lo señala la fracción V del artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

A su vez, la Dirección General de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y Vinculación Social de la Sener, era la unidad responsable en la cual recaía la obligación de transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos presupuestarios federales e informes que permitieran su vigilancia y fiscalización, de acuerdo con lo establecido por la Regla 81 del mismo instrumento.

La unidad responsable, al ser sujeto obligado en materia de transparencia, incurrió en la omisión de no atender las disposiciones establecidas en las reglas de operación del Fondo por la dependencia, siendo esta una causa de sanción administrativa referida en la fracción XIV del artículo 186 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Es por ello, que también es necesario que el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Energía, pueda investigar, substanciar y calificar las omisiones y/o faltas administrativas correspondientes, así como determinar la sanción a la cual pueden ser acreedores los servidores públicos que resulten responsables.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de Energía, se haga pública la información sobre el origen y ejercicio de los recursos financieros, así como de los resultados alcanzados por el Fondo de Servicio Universal Eléctrico durante el periodo 2017-2018, con el fin de conocer el cumplimiento de sus objetivos en términos de cobertura e impacto social.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Energía, a que en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo la investigación, substanciación y resolución de la presunta responsabilidad de los funcionarios adscritos a la Dirección General de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y Vinculación Social, por la omisión cometida en la publicación de información oficial, relacionada al ejercicio de los recursos financieros del Fondo de Servicio Universal Eléctrico durante el periodo que comprende del 1 de enero de 2017 al 30 de noviembre de -2018.

Notas

1 ONU. (2016). Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Publicación de las Naciones Unidas, México.

2 CFE. (2016). Boletín De Prensa No. 8148. Consultado en: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Buscador/Resultados.aspx?q=COBERT URA%20ELECTRICA

3 Secretaría de Energía. (2016). Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE). Consultado en: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/content/download/50797/25410 8/file/2.pdf.

4 FSUE. (2017). Reglas de Operación del Fondo de Servicio Universal Eléctrico. Diario Oficial de la Federación, México.

5 Sener. (2016). Porcentaje de la población con servicio eléctrico. Consultado en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/porcentaje-de-la-poblacion-con-servi cio-electrico/resource/c0fb5416-4fdd-4334-be8b-61b295788090

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de febrero de 2019.

Diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos (rúbrica)