Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de Jalisco a abrogar el decreto número 27228/LXII/19, publicado el 31 de enero de 2019, por el cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y lo extingue, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Las que suscriben, Laura Imelda Pérez Segura, Katia Alejandra Castillo Lozano, Lorena del Socorro Jiménez Andrade, María Teresa López Pérez, Verónica Ramos Cruz y María Wendy Briceño Zuloaga, diputadas a la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, 65, 76, 79, 82 y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración del pleno, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes:

Consideraciones

El camino institucional ha sido largo para que la violencia contra las mujeres sea reconocida como una problemática social que conlleva una grave violación a los derechos humanos.

La llegada de una nueva institucionalidad logró colocar en términos positivos a la mujer en la ciudadanía y el desarrollo durante la década de los noventas. A pesar de las licitudes presupuestales, de discriminación y de distinción en las perspectivas de género, fue posible la creación y desarrollo de los Institutos de Mujeres en distintas entidades del país.

El estado de Jalisco no fue la excepción, en 2002 se publicó la Ley para el Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM)1 con el objetivo de:

“Elaborar, promover y ejecutar políticas públicas destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres, basados en los derechos humanos para transversalizar la perspectiva de género contra las mujeres”.

A pesar de los avances institucionales y por parte de organizaciones de la sociedad civil para combatir este flagelo de violencia en Jalisco, la situación contra las mujeres se ha recrudecido en los últimos años. Tan solo de 2011 a 2016, la entidad pasó de ocupar el octavo lugar con mayor violencia contra las mujeres, para situarse en el tercer sitio.2

En febrero de 2016, el gobierno de Jalisco emitió la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) en ocho municipios de la entidad.3

De acuerdo con el estudio del Inegi,4 en Jalisco por lo menos 3 de cada 4 mujeres han sufrido algún tipo o modalidad de violencia a lo largo de su vida. Este escalofriante dato de violencia generalizado nos esboza un panorama de conflicto social que se ratifica con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública:

-En 2017 se registraron 112 homicidios dolosos contra mujeres. En 2018 la cifra, casi se duplicó, pues se elevó a 211 homicidios dolosos de mujeres.

-De los homicidios dolosos registrados, tan solo 27 y 26 se registraron como feminicidios5 respectivamente para cada año.6

-Además, en 2017 en el estado se registraron:7

—5 mil 122 presuntas víctimas de lesiones dolosas contra mujeres.

—26 mil 726 llamadas de emergencia por incidentes de violencia de pareja.

—10 mil 700 llamadas de emergencia relacionadas con violencia contra las mujeres.

—276 llamadas de emergencia por incidentes de violación.

—240 llamadas de emergencia por incidentes de hostigamiento sexual.

—97 llamadas de emergencia por incidentes de abuso sexual.

En este contexto de deterioro de la seguridad de las mujeres, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, envió recientemente un paquete de iniciativas para reestructurar algunas dependencias del gobierno de la entidad. Sin duda uno de los cambios que generó más polémica en la entidad y cuya relevancia trascendió a nivel nacional, fue la desaparición del Instituto Jalisciense de la Mujer (IJM). El argumento central del ejecutivo local es que este instituto no ha cumplido con su misión.

Proceso de aprobación del dictamen

El pasado martes 29 de enero de 2019, el Congreso del estado de Jalisco aprobó el decreto que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de la Mujer, por lo que se extinguió el organismo público descentralizado.

Con la participación de Movimiento Ciudadano, PRD, PVEM y PT se unieron 20 votos a favor de desaparecer el IJM, cuyas funciones pasarán a formar parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres.

De acuerdo con las crónicas periodísticas locales, durante la sesión del pasado 29 de enero, se esperaba que el dictamen se sometiera al día siguiente a votación en sesión ordinaria. Sin embargo, con tres minutos de antelación, se convocó a una sesión extraordinaria para emitir la votación.

La convocatoria para la sesión no cumplió con los requisitos de ley, ni con la pertinente notificación al gobierno de Jalisco de que llevaría a cabo la votación, 8 de acuerdo con los legisladores de la bancada de Morena en Jalisco. Por lo anterior, y una vez aprobada la extinción del instituto, los legisladores locales han solicitado una mesa de diálogo con la Federación para buscar acciones que logren la permanencia de un instituto que ayude y defienda a las mujeres.

El decreto aprobado el martes 29 de enero fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el 31 de enero del presente año.9 Sin embargo, en lo que se refiere al IJM, el artículo segundo transitorio difiere la extinción del Instituto hasta que se modifiquen los reglamentos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres.

Al llamado de dar marcha atrás la desaparición del IJM, se han unido las consejeras nacionales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), quienes señalan que la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Jalisco no debe ser la instancia que diseñe, ni implemente mecanismos para la prevención de la violencia y defensa de las mujeres, dados los limitados alcances y funciones del organismo.

El IJM contaba con autonomía administrativa, presupuestal y operativa, lo que le permitía articular y orientar las políticas públicas de igualdad y respeto a las mujeres. Aunado a esto, las consejeras señalan que al eliminarse el IJM, México estaría incumpliendo tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, suscrita por México en 1980.10

Por lo anterior, solicitamos ante esta soberanía se considere el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de la entidad, exhorta al Congreso del estado libre y soberano de Jalisco, a que, en el ejercicio de sus facultades, abrogue el decreto número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero del presente año, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y extingue a dicho Instituto.

Notas

1 Ver: http://ijm.gob.mx/quienes-somos/

2 Consultar: http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/otros-estudios/ item/995-inegi-resultados-de-la-encuesta-nacional-sobre-la-dinamica-de- las-relaciones-en-los-hogares-2016

3 Ver: https://qmedios.iteso.mx/wp-content/uploads/2017/06/8.-La-alerta-de-vio lencia-contra-las-mujeres-en-Jalisco.pdf

4 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH, 2016).

5 Feminicidio se refiere a la muerte violenta por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la comunidad o por parte de cualquier persona. Consultar: https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/declaracionfemicidio-es.pdf

6 Consultar: https://datos.gob.mx/busca/dataset/victimas-de-incidencia-delictiva-del -fuero-comun

7 Consultar: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/Info_de lict_persp_genero_DIC2017.pdf

8 Ver: https://www.proceso.com.mx/569579/acusan-albazo-tras-desaparicion-del-i nstituto-jalisciense-de-las-mujeres

9 Ver: https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco. gob.mx/files/01-31-19-iv.pdf

10 Ver:http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100039.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputadas: Laura Imelda Pérez Segura, Katia Alejandra Castillo Lozano (rúbrica), Lorena del Socorro Jiménez Andrade, María Teresa López Pérez, Verónica Ramos Cruz y María Wendy Briceño Zuloaga.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a la SHCP a fin de que aumente el periodo de prórroga en el artículo transitorio primero de las reglas generales para la recepción de información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por las instituciones de crédito, publicado en el DOF el 14 de septiembre de 2018, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que, en uso de sus facultades, gire las instrucciones necesarias al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para aumentar el periodo de prórroga en el artículo transitorio primero, párrafo segundo de las “Reglas de carácter general para la recepción de información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones de crédito”, atendiendo a que la infraestructura y desarrollo tecnológico necesario para la implementación del pago electrónico de comercio exterior utilizando línea de captura para la recepción de contribuciones por actividades de comercio exterior, no está disponible y funcional por parte de todas las instituciones bancarias que actualmente participan en el cobro de dichas contribuciones (BBVA Bancomer, HSBC, Citibanamex, Banorte y Santander), al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La necesidad de innovación para generar una recaudación fiscal suficiente, eficiente y ética es un tema de relevancia para el mantenimiento de las arcas públicas, el financiamiento de proyectos sociales y la administración de los recursos nacionales. En el caso de la recaudación tributaria en actividades de comercio exterior, el sistema opera de buena manera y con fluidez en sus procesos desde la implementación del Pago Electrónico Centralizado Aduanero (PECA), satisfaciendo las necesidades de aduaneros, bancos y gobierno al contar con una plataforma confiable para la realización de pagos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Es importante aclarar que el PECA permite que los pagos de comercio exterior se realicen de forma electrónica desde la cuenta de los importadores/exportadores, lo cual brinda adicional transparencia y seguridad.

A pesar de ello, el 22 de diciembre de 2016 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las nuevas “Reglas de carácter general para la recepción de información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones de crédito”, las cuales modificaron la forma de realizar el pago de las contribuciones de comercio exterior, donde una de sus implicaciones, a partir de su ejercicio, es pasar a un esquema que utiliza de forma manual la línea de captura en los portales y ventanillas de los bancos para la recolección de las contribuciones de comercio exterior.

El PECE es equivalente al PECA pero utiliza línea de captura. Es decir, con el PECE la comunidad de comercio exterior continuaría con un proceso eficiente y confiable para el pago de contribuciones de comercio exterior. En este caso, la capacidad de tener injerencia en la elaboración de estos reglamentos es facultad exclusiva del titular y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sustentada en lo dispuesto por los artículos 31, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 2, fracción I, 5, tercer párrafo, fracción I, 7, 23, 25, 53, fracción VI y 54 de la Ley de Tesorería de la Federación; 4o., 6o., 20 y 32-B del Código Fiscal de la Federación; y en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 6o., fracción XXXIV, en relación con los artículos 1o., 2o. y 11, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La aplicación del reglamento, por otra parte, se ha visto pospuesta a través del transitorio primero, párrafo segundo de las “Reglas de carácter general para la recepción de información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones de crédito”, el cual se redactó para que las “operaciones de comercio exterior y demás que deban pagarse conjuntamente con éstas, quedan sujetas a las Reglas y a su Anexo 2, hasta los 540 días naturales siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación” (DOF, 2016), es decir, que la reglamentación entrara en vigor el 15 de junio de 2018 (Reforma, 2018) para actividades referidas al Anexo 2 de las Reglas, conceptualizado como las “contribuciones provenientes de operaciones de comercio exterior y demás que deban pagarse conjuntamente con éstas” (DOF, 2016).

A pesar de los esfuerzos, se han anunciado un par de modificaciones al artículo transitorio en los últimos meses debido a la imposibilidad de implementar los cambios necesarios ante los desarrollos tecnológicos que se han requerido por parte del Servicio de Administración Tributaria y las instituciones bancarias para realizar pagos en el nuevo tipo de esquema propuesto.

El primero de ellos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2018, cambió de 540 días a 634 días el periodo de tiempo para la implementación de la reglamentación (DOF, 2018), es decir, cambió la entrada en vigor de la reglamentación del 15 de junio de 2018 a el día 17 de septiembre de 2018 (CAAAREM, 2018).

Tres días antes de llegar a la segunda fecha propuesta, el 14 de septiembre de 2018, se publicó una segunda modificación en el Diario Oficial de la Federación en la cual se cambió el periodo de tiempo de 634 días a 830 días para la implementación de la reglamentación (DOF, 2018), es decir, cambió la implementación del 17 de septiembre de 2018 al 1 de abril de 2019 (Grupo Galván, 2018). En ambos casos, la argumentación se sostuvo a partir de priorizar el correcto funcionamiento para que el cambio de esquema fuera en beneficio del pago al “eficientar las transacciones y reducir tiempos” (Reforma, 2018).

En la práctica, ambas prórrogas demuestran que la solución informática para la implementación de la línea de captura incluyendo el PECE no están listos. Según el boletín emitido por el SAT el día 21 de agosto de 2018, en ese momento únicamente dos bancos (BBVA y HSBC) de los cinco bancos (BBVA Bancomer, HSBC, Citibanamex, Banorte y Santander) que tenían a su cargo la recaudación de las operaciones de comercio exterior, contaban con el desarrollo tecnológico necesario para la implementación del nuevo esquema y aunque el boletín citado no lo aclaraba, el desarrollo informático logrado no incluía PECE.

Este escenario es problemático para todas las partes debido a que los importadores, exportadores y agentes aduanales requerirían realizar ajustes a su manejo bancario implicando costos operativos y organizativos para realizar el pago de pedimentos y formularios múltiples de pago.

Si el desarrollo informático de la infraestructura no avanza con la suficiente rapidez para llegar a la última prórroga otorgada con la posibilidad de utilizar el PECE, obligaría al contribuyente a realizar el pago en forma manual impactando negativamente en el proceso de pago restando eficiencia al proceso de pago actual que es automático. De igual forma, si la posibilidad de utilizar el PECE estuviera limitada a solo alguna de las instituciones bancarias señaladas, cooptaría al contribuyente a reducir su margen de decisión, contradiciendo la reestructuración que busca, ampliar los canales de pago.

Los problemas aquí expuestos tendrán un efecto directo en la operación aduanera, entorpeciendo los procesos al ser necesario realizar la captura manual y no tener una gama amplia de decisión bancaria que atenta contra los propósitos de “eficientar las transacciones y reducir tiempos”. Los costos económicos y políticos de una decisión apresurada mermarán la normalidad con la cual se efectuaba el pago.

Sobre lo explicitado y dado que no hay certeza de su cumplimiento, debido a sus dos atrasos previos, presentamos ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente titular del Ejecutivo federal para que, en uso de sus facultades, gire las instrucciones necesarias al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, de manera inmediata, aumenté el periodo de prórroga señalado en artículo transitorio Primero, párrafo segundo, de las “Reglas de carácter general para la recepción de información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones de crédito”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 14 de septiembre de 2018 en el “Acuerdo 94/2018”, debido a que la infraestructura y desarrollo tecnológico necesario para la implementación del pago electrónico de comercio exterior (PECE) utilizando línea de captura para la recepción de contribuciones por actividades de comercio exterior no está disponible y funcional por parte de todas las instituciones bancarias que actualmente participan en el cobro de dichas contribuciones (BBVA Bancomer, HSBC, Citibanamex, Banorte y Santander).

Notas

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem). (2018). Boletín: Depósito Referenciado (Línea de Captura), de Caaarem Sitio web:

http://caaarem.mx/2018/08/20/boletin-deposito-referencia do-linea-de-captura/

Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (2018). Información respecto de la implementación del depósito referenciado (Línea de captura), para operaciones de comercio exterior, de Caaarem Sitio web: https://cjaduanero.com/cjablog/wp-content/uploads/2018/06/CAAAREM-1.pdf

Grupo Galván. (2018). Oficialmente, nueva prórroga al nuevo esquema de pago de contribuciones aduanales a través de la línea de captura, de Grupo Galván Sitio web: https://www.galvan.com/boletines/oficialmente-nueva-prorroga-al-nuevo-e squema-de-pago-de-contribuciones-aduanales-a-traves-de-linea-de-captura /

Reforma. (2018). Alista SAT pago para comercio exterior, de Reforma Sitio web: http://claa.org.mx/noticias-de-comercio-exterior/1017-boletin-de-prensa -11-de-mayo-2018.html

Diario Oficial de la Federación (2018). (14/06/2018). Acuerdo que modifica las Reglas de carácter general para la recepción de información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones de crédito. Sitio web: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5526406&fecha=14/06/2 018

Diario Oficial de la Federación (2018). (14/09/2018). Acuerdo que modifica las Reglas de carácter general para la recepción de información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones de crédito. Sitio web: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5537931&fecha=14/09/2018

Dado en el Palacio Legislativo de san Lázaro a los 6 días de febrero de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SHCP que haga pública la información de los procesos de contratación y los acuerdos celebrados con empresas extranjeras sobre la adquisición de 671 unidades de transporte para trasladar combustibles, por un monto de 92 millones de dólares, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haga pública la información de los procesos de contratación y los contratos celebrados con las empresas extranjeras con las que se convino la adquisición de 671 unidades de transporte, por un monto de 92 millones de dólares, para trasladar combustibles y petrolíferos ante el desabasto imperante en una parte de la República Mexicana , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 27 de diciembre de 2018 el presidente de la República anunció que, con la participación de 15 dependencias del gobierno federal, desde el 20 de diciembre de ese mismo año, habían iniciado las acciones que conforman el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex ,1 para combatir el robo de combustibles que genera pérdidas diarias de aproximadamente 200 millones de pesos.

Las dependencias federales que participan con Pemex en el Plan son: las secretarías de Gobernación, Seguridad y Protección Ciudadana, del Trabajo y Previsión Social, Economía, Energía, Marina, de Hacienda y Crédito Público, Función Pública y la Defensa, además de la PGR, el Centro Nacional de Inteligencia, la Profeco, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal.

En México se consume aproximadamente un millón 61.4 mil barriles por día de combustibles, de los cuales 72 por ciento es de gasolinas y el resto de diésel. Al ordenar que se cerraran los principales ductos de abastecimiento y que se trasportaran los combustibles a través de pipas, se generó un gran problema de abastecimiento, porque las pipas, a lo mucho logran transportar apenas 12 por ciento de los petrolíferos necesarios y además, porque este tipo de transporte es 14 veces más caro en comparación al ducto.2

Al 15 de enero se había ya estimado que los problemas de distribución de gasolina habían dejado pérdidas aproximadas por 4 mil 600 millones de pesos en Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, estado de México y la Ciudad de México, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).3

Ante el desabasto y sus consecuencias para la población y para las actividades económicas, el 17 de enero de 2019, el gobierno federal anunció que mantendría vigilancia permanente en todos los ductos del país que suministran combustible. También informó que iniciaría el proceso de adquisición de 500 pipas para garantizar en todo momento el suministro tratando de lograr un acuerdo con la iniciativa privada, a fin de incrementar la producción en 280 mil barriles de petróleo diarios. 4

Para este proceso se informó, que se había designado una comisión conformada por la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Relaciones Exteriores, para adquirir las pipas, y que dicha comisión había viajado a Estados Unidos de América para hacer la compra de los multi mencionados autotanques de trasporte de combustible.

El día 24 de enero de 2019, la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, ante la urgencia y necesidad del gobierno de atender el problema de abasto de combustibles, se había plenamente justificado un proceso de adjudicación directa. La comisión gubernamental se puso en contacto con la Asociación de Fabricantes de Autotanques de Estados Unidos a la que se invitó, vía remota, a la participación de empresas de otros países, y se decidió que la reunión fuera en Nueva York, para realizar una convocatoria más amplia.

Del proceso en general reportó un avance de celebración de memorándums de entendimiento para adquirir 671 auto tanques, equivalentes a 140 mil barriles diarios, por un monto de 92 millones de dólares americanos. Los primeros autotanques que deberían llegar el 1 de febrero de 2019, son 50; el 8 de febrero, otros 50, y progresivamente el resto de los autotanques, a decir de la funcionaria.5

Ante tales circunstancias y hechos conocidos, la Cámara de Diputados no puede renunciar a su función de control hacia el Poder Ejecutivo, ni de Poder revisor del ejercicio del gasto público.

Todo este asunto debe ser revisado y examinado cuidadosamente, porque tanto Pemex, como las secretarías de Economía, Función Pública así como la de Hacienda y Crédito Público, estaban integradas, desde su concepción, al Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, y en tal sentido, el desabasto de combustibles, por el cierre de ductos, no necesariamente es una situación de urgencia, sino inherente a las acciones de dicho plan y como se ha sugerido, de una estrategia fallida. Así que bien puede tratarse de una contingencia causada por fallas en la planeación e instrumentación de las acciones del propio gobierno.

En segundo lugar, gran parte de la información y de los procesos que se desencadenan se ha tratado como de seguridad nacional y de hecho los autotanques en proceso de adquisición, se ha establecido que serán controlados por la Sedena, aun cuando porten los logotipos de Pemex.

Aquí creemos que es donde más se manifiesta una estrategia contradictoria del gobierno. Se trata como de seguridad nacional y de emergencia, la adquisición de pipas para una crisis de abasto de combustible que mal planeó e instrumentó el gobierno, mientras que para la conducción carretera de las unidades de trasporte se realizó una convocatoria abierta a personal civil, en lo cual no cabría una estrategia de seguridad nacional.

Pero aun aceptando, sin conceder, que por las dimensiones del desabasto y la falta de planeación logística del gobierno federal y sus dependencias, se den algunos supuestos de emergencia a los que se refieren las fracciones II y III del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para que amerite excepciones a los procesos obligatorios de licitación pública de las adquisiciones del gobierno federal, no están exentas las dependencias del Ejecutivo Federal del cumplimiento de los procesos de contratación que establece la mencionada ley.

El artículo 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establece que:

“Cuando los bienes, arrendamientos o servicios de procedencia extranjera hubieren de ser utilizados o prestados en el país, su procedimiento de contratación y los contratos deberán realizarse dentro del territorio nacional.”

Y establece también que, cuando se acredite previamente que el procedimiento de contratación y los contratos no pueden realizarse dentro del territorio nacional, conforme a lo dispuesto por la Ley, los bienes, arrendamientos o servicios se podrán contratar en el extranjero, aplicando los principios dispuestos por la Legislación.

Para acreditar la aplicación de los principios dispuestos por la mencionada Ley, tanto la justificación de la selección del proveedor, como de los bienes, a contratar y el precio de los mismos, según las circunstancias que concurran en cada caso, deberá motivarse en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que aseguren las mejores condiciones para el Estado, lo cual constará en un escrito firmado por el titular del área usuaria o requirente, y el dictamen de procedencia de la contratación será autorizado por el titular de la dependencia o entidad, o aquel servidor público en quien éste delegue dicha función.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprueba los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que haga públicos los procesos de contratación y los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que hayan asegurado las mejores condiciones para el Estado mexicano, en la contratación con empresas extranjeras, para la adquisición de 671 autotanques por un monto de 92 millones de dólares americanos.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que haga públicos los nombres de las empresas extranjeras con las que se contrató la adquisición de los autotanques y los montos específicos por unidad y una vez firmados, se hagan públicos los contratos respectivos.

Fuentes Consultadas

1 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-presenta -plan-conjunto-de-atencion-a-instalaciones-estrategicas-de-pemex-no-hab ra-tolerancia-para-nadie

2 https://expansion.mx/economia/2019/01/18/lo-que-sabemos-del-plan-para-c omprar-500-pipas-amlo

3 https://expansion.mx/economia/2019/01/15/el-desabasto-de-gasolina-deja- perdidas-por-4-600-mdp-en-comercios

4 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/vamos-a-resistir-todas-las-presio nes-en-torno-al-robo-de-combustibles-hay-gasolina-suficiente-en-el-pais -afirma-presidente-lopez-obrador?idiom=es

5 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-preside nte-andres-manuel-lopez-obrador-24-de-enero-de-2019?idiom=es

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los seis días de febrero de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a instruir a las dependencias correspondientes a exentar de pago el tramo Playas de Tijuana-Rosarito, en la autopista Tijuana-Ensenada, a cargo del diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I; 62, numeral 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es obligación del Estado proveer a los mexicanos de las herramientas necesarias para poder ejercer nuestros derechos, una de esas herramientas son los caminos y puentes que permitan el libre flujo de personas y mercancías, que conecten las regiones y a sus pobladores pero, sobre todo que impulsen el desarrollo social y económico de los estados y municipios con la finalidad de dar un mejor nivel de vida a sus habitantes.

Las casetas de cobro de autopistas concesionadas trastocan el libre tránsito en nuestro país afectan de manera directa este derecho consagrado en el artículo 11 de nuestra Carta Magna y en el artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si bien es cierto que el derecho de libre tránsito se ha entendido como un derecho individual sin ser extensivo a los medios utilizados para ejercerlo, también lo es que no puede pensarse la posibilidad de circular libremente por el territorio nacional sin el uso de un automóvil que lo haga posible; en este tenor, podemos entender al peaje como derecho de tránsito y cantidad que se paga por ello en determinadas autopistas, túneles, carreteras, etcétera. Lo anterior pone de manifiesto que al no existir vías alternas libres de peaje por las cuales los residentes de las colonias y fraccionamientos aledaños a la autopista Tijuana-Ensenada, en el tramo Playas de Tijuana en su límite con Playas de Rosarito puedan transitar para llegar a sus hogares, escuelas o centros de trabajo, lo que vulnera el derecho fundamental del libre tránsito en detrimento no sólo de la economía de sus pobladores, sino de la interconexión de las regiones para que sea más rápida y efectiva; impactando de manera directa en el desarrollo social del país.

En razón de lo anterior, y como representantes de esta LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, debemos ser en todo momento garantes de lo establecido en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones necesarias en el ámbito legislativo con el objetivo de garantizar el derecho que toda persona tiene para viajar por su territorio, por lo que, en consecuencia, solicito exhortar al Ejecutivo de la Unión a efecto de que instruya a las dependencias correspondientes a proveer un esquema de exención de cobro de peaje a los residentes de diversos fraccionamientos ubicados después de la caseta de Playas de Tijuana en el corredor de la autopista dentro del municipio de la autopista Tijuana-Ensenada.

Cabe mencionar que en el año 2016, residentes de dichos fraccionamientos acudieron a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, señalando como autoridad responsable en calidad de ordenadora a la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; y como acto reclamado la violación en su perjuicio de los derechos humanos y garantías constitucionales previstas en los artículos 1o., 11 y 73, fracciones XVII, XXIX y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, narrando como antecedentes y conceptos de violación los que me permito reproducir en el presente punto de acuerdo, con el objetivo de fortalecer las consideraciones de hecho y de derecho que sustentan lo solicitado por el suscrito en el presente punto de acuerdo, dentro de los que se destacan, los siguientes:

• El artículo 30, primer párrafo, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal resulta insuficiente pues omite legislar sobre el caso de que no existan vías libres de peaje, esquemas de exención de pago para los habitantes residentes de las poblaciones que se localicen dentro de las carreteras concesionadas y, por tanto, con cargo de peaje.

• Que el derecho al libre tránsito debe quedar tutelado por el Poder Legislativo en su acepción más amplia posible, respetando en todo momento tanto el principio pro persona como el de no regresividad de los derechos; considerando las condiciones de quienes por necesidad deben transitar por autopistas concesionadas y pagar derecho de peaje para poder llegar a sus hogares.

• Argumenta que el derecho al libre tránsito se vulnera en el caso, pues existe una restricción para utilizar la carretera ante la necesidad de tener que efectuar un pago por el derecho a transitar en ella.

• Indica que la autoridad no puede válidamente argumentar que se encuentra imposibilitada para realizar una carretera libre de peaje, pues ha tenido muchos años para hacerlo, menos aún puede aducir que no es posible, ante la omisión del Legislativo Federal de reformar el artículo 30, primer párrafo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, exentar o eliminar la cuota o pago a pobladores del Tramo Carretero de Cuota Tijuana-Rosarito, ya que la vía terrestre en mención se encuentra concesionada.

• Al respecto, puntualiza que la autoridad federal –a lo largo de treinta años- no ha realizado proyecto ni desarrollado la infraestructura carretera necesaria.

• Que cuando el Estado modifica concesiones generales regulatorias de los títulos de concesión, derivadas de decisiones que importen el interés público, no se afectan derechos adquiridos del concesionario.

• Razón por la cual, los quejosos sostienen que los argumentos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, acerca de la imposibilidad de eliminar o exentar de cobro de peaje a quienes se ven afectados económicamente a diario, no tienen fundamento, pues la concesionaria nunca sufriría afectación económica relevante por ello que le impida seguir proporcionando el servicio concesionado materia el contrato, pues dicho documento estipula en su clausulado las medidas que el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura debe tomar a efecto de salvaguardar el correcto desempeño objeto de la concesión, sin afectar la esfera jurídica y patrimonial del concesionario.

• No existe servicio de transporte público que permita el desplazamiento a lo largo del trayecto que nos ocupa; lo cual implica un perjuicio para los quejosos pues éstos aseveran que con seguridad, dicho transporte público, implicaría un monto mucho menor a pagar por el mismo trayecto.

• Que con lo expuesto queda probada la violación al derecho humano de libre tránsito por la omisión de adecuar el artículo 30, primer párrafo de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a las necesidades sociales exigidas en la actualidad, ya que es necesario que dicho numeral contemple el esquema de exención de pago de cuota a todos los residentes que no tengan acceso a sus hogares mediante vías libres de peaje.

• Hace mención al caso “La Rumorosa”, en el cual el gobernador del estado de Baja California en funciones (año 1996), habilitó en dicha zona una exención de cobro de peaje en el tramo de afectación, siempre que pudieran acreditar la residencia en el poblado en mención. Homologa este caso con el presente.

• Así, especifica que el tramo carretero que abarca la carretera de cuota Tijuana-Rosarito, conlleva al pago de peaje actualmente de $37.00 (treinta y siete pesos 00/100 moneda nacional), por lo menos en dos ocasiones diarias con motivo de sus actividades básicas.

En este orden de ideas, este tema se vuelve de suma relevancia para los residentes de la frontera; ya que afecta fraccionamientos en los que viven miles de familias del Sexto Distrito que me honro en representar.

Existe un menoscabo en su patrimonio familiar la erogación que tienen que hacer diariamente, ya que no existen vías alternas libres de peaje dentro de esta zona para satisfacer sus necesidades colectivas, económicas, ingresar a sus domicilios y desarrollar sus actividades cotidianas en el municipio que habitan, por lo que se ven forzados a circular por esta única vía de acceso a esta parte de la ciudad donde se encuentran sus hogares.

La concesión otorgada por el poder Ejecutivo federal tiene más de 30 años, lo que permite concluir que las condiciones de inversión y mantenimiento plasmadas en la autorización original otorgada al concesionario fueron superadas, es decir, el concesionario recuperó la inversión que realizó en esta autopista antes del vencimiento de la concesión original, lo que se podrá constatar con los documentos públicos que obran en el poder de las áreas correspondientes.

Esta preocupación tiene el respaldo en diversas propuestas que han emprendido compañeros legisladores de esta y otras legislaturas, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, para eliminar o exentar del pago de peaje a los residentes de la zona donde se ubican las casetas de cobro. En este orden de ideas, el senador por Baja California, ingeniero Jaime Bonilla Valdez, del Grupo Parlamentario Morena, tuvo a bien presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en días pasados de esta misma fecha, que exhorta respetuosamente para que en el contexto de sus atribuciones gire sus amables instrucciones a las dependencias involucradas, a fin de que se haga justicia a los residentes del fraccionamiento “Playas de Tijuana” en Tijuana, Baja California y no se les cobre el peaje por entrar y salir de su entorno para realizar sus actividades cotidianas, mediante el uso de una tarjeta especial que se entregue a los residentes de Playas de Tijuana, que hayan sido debidamente acreditados como tales, el cual fue turnado a la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la Republica, ante la cual se sometió a su análisis y discusión, resultando aprobado dicho dictamen por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, el pasado día cuatro de diciembre del año en curso, en el mismo tenor y bajo las mismas consideraciones expresadas en el presente punto de acuerdo, que hoy tengo a bien presentar a esta honorable asamblea.

Diputadas y diputados:

El gasto ocasionado por el pago del costo del peaje representa una erogación excesiva desde hace más de 40 años.

Por su ubicación, esta autopista es la única vía de entrada y salida de los residentes de los fraccionamientos al transitar a las zonas aledañas, siendo el caso concreto de playas de Rosarito con el que tiene una alta interacción económica, social y cultural.

Ante ese escenario es preciso y urgente que el gobierno federal garantice la existencia de vías alternas libres de peaje, protegiendo a los residentes su garantía constitucional de libre tránsito, ello con el objetivo de facilitar el traslado y recuperar la economía de las familias de la región.

La ciudadanía demanda una solución pronta al problema en vista de que se han visto afectados sus derechos humanos de igualdad y de libre tránsito, como lo marca nuestra Carta Magna”.

La propuesta que someto al análisis, discusión y en su caso aprobación de esta honorable Asamblea consiste en que las casetas de peaje subsistan, como hasta la fecha, pero a los residentes de los fraccionamientos identificados debidamente, se les proporcione un esquema tarifario que bien puede ser establecido mediante el procedimiento de IAVE, usual en otros procedimientos de cobro en el país.

Las dependencias del gobierno federal involucradas en el problema expuesto son la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Capufe, Banobras, principalmente.

Existe en precedente para hacer viable la proposición que se propone.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el día 11 de mayo de 1999 Oficio 320-A-00114, en el que se emiten las políticas de residentes:

I. Disposiciones Generales

1. Serán considerados como residentes a una plaza de cobro, aquellos usuarios que cumplan con las siguientes condiciones:

2. Cuando la construcción de nuevos trazos carretero y/o plazas de cobro afecte el paso de los pobladores aledaños.

3. Cuando por motivo de reubicación de plazas de cobro y/o trazos carreteros se afecte el paso de pobladores que se encontraban asentados en el lugar.

4. El radio de distancia que se debe considerar para los dos casos señalados anteriormente será de 5 (cinco) kilómetros como máximo.

5. Cuando un conjunto de poblaciones hayan sido comunicadas a través de un puente de peaje, se considerarán como residentes de la plaza de cobro a las poblaciones menores que se encuentran obligadas a demandar servicios de las poblaciones mayores.

6. En el caso de los usuarios que por su ubicación no cumplan con el punto 3 (tres) y no cuenten con otra alternativa directa de comunicación, podrán ser considerados como residentes a una plaza de cobro en aquellos casos en que estén obligados a demandar servicios carreteros formales menores a los que cubre la tarifa de peaje correspondiente, para lo cual Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) realizará un estudio técnico-operativo que sustente dicho trato de residente.

II. Lineamientos

1. Para los habitantes de los poblados considerados usuarios residentes conforme a los términos anteriores deberán cubrir los siguientes requisitos:

2. Comprobar legalmente tener su domicilio en la población que se determine como residente a una plaza de cobro, a través de la presentación de la credencial de elector vigente, comprobantes de servicios telefónicos o de suministro de energía eléctrica o agua potable, así como la constancia de residente certificada por el honorable ayuntamiento municipal correspondiente (original y copia).

3. Presentar factura y/o endoso a nombre del titular residente del vehículo que se registrará como residente de la tarifa 1(automóvil, pick-up, panel, y motocicleta) (original y copia).

4. En el caso de usuarios propietarios de vehículos que tengan una tarifa distinta a la mencionada en el punto anterior. Capufe dictaminará mediante estudio técnico-operativo la conveniencia de hacer extensivo el descuento general para residentes a este tipo de usuarios. Lo anterior, deberá ser validado y autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), requiriéndose en su caso los requisitos señalados en los puntos 1 y 2 del presente capítulo, así como los que considere pertinentes Capufe y la SHCP.

III. Padrón de residentes

1. Se deberá levantar un padrón de residentes a una plaza de cobro con el número de usuarios y de vehículos que cumplen con los requisitos señalados.

2. El padrón será revisado y, en su caso, actualizado anualmente.

3. El padrón podrá ser auditado por las autoridades correspondientes.

4. Le corresponderá a la Delegación Regional del Organismo, el levantamiento del padrón de residentes a una Plaza de Cobro, la verificación de la autenticidad de los datos, así como la actualización del mismo. 4. Le corresponderá a la Dirección de Operación y de Planeación y Desarrollo de Capufe, lo siguiente:

5. Vigilar que el padrón sea confiable y sustentado con la información necesaria.

6. Verificar la correcta aplicación de los descuentos a residentes.

7. La celebración de contratos y/o convenios de conformidad con los usuarios residentes a una plaza de cobro.

8. La asignación y control de las tarjetas y/o boletos que se les otorguen a los usuarios residentes.

IV. Operación

1. Los usuarios que obtengan la categoría de residentes a una plaza de cobro, bajo las condiciones señaladas, deberán celebrar un contrato de conformidad con Capufe, en el que se establezcan las condiciones de uso y responsabilidades de los usuarios, periodicidad y forma de pago, casetas de cobro de aplicación, entre otros acuerdos.

2. Los usuarios serán registrados y controlados a través del Sistema de Identificación Automática Vehicular (IAVE) o mediante el esquema de control que determine Capufe, en función de las condiciones operativas de cada caso.

3. En el caso donde se determina aplicar un descuento superior al 50 por ciento sobre la tarifa vigente (validado por las dependencias correspondientes), sólo se reconocerán dos pases por día como máximo.

Las presentes políticas podrían ser una guía que permita garantizar el derecho de peaje de los residentes en estas vías de comunicación.

A lo que de manera respetuosa, solicita a esta honorable LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, apruebe el presente punto de acuerdo para que sea turnado a la comisión o comisiones que esta honorable asamblea considere, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Por lo anteriormente expuesto, el diputado Julián Javier Castañeda Pomposo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo para que en uso de sus atribuciones instruya a las dependencias correspondientes, con la finalidad de que se implemente la exención de pago de la autopista Tijuana-Ensenada en el tramo Playas de Tijuana–Rosarito, mediante un esquema tarifario que bien puede ser establecido mediante el procedimiento de IAVE, usual en otros procedimientos de cobro en el país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputado Javier Julián Castañeda Pomposo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de realizar un censo en las instituciones escolares públicas y privadas y determinar si tienen o no un espacio propicio para desarrollar los programas de activación física de los educandos, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente: uno, a la Secretaría de Educación Pública a realizar un censo en las instituciones escolares públicas y privadas para elaborar un diagnóstico de infraestructuras escolares, detectar y determinar si cuentan o no con un espacio propicio para desarrollar los programas de activación física de los educandos en toda la República Mexicana y dos: a los gobiernos de los estados de la República Mexicana y del gobierno de la Ciudad de México; a los gobiernos municipales de la República Mexicana, las alcaldías de la Ciudad de México, al gobierno federal, a las secretarías del gobierno federal y a los congresos locales de la República Mexicana a considerar, después de un estudio infraestructural propio, a dotar, en calidad de préstamo, de espacio para que las escuelas públicas o privadas aledañas que no cuenten con espacios para el desarrollo adecuado de la activación física; esto una vez concluido el proceso diagnóstico de las escuelas públicas y privadas para contar con su informe de espacios de activación física, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una alta pretensión de salud en todas las generaciones. Una de las vertientes es lograr introducir, cultivar y mantener a millones de infantes, adolescentes, mujeres y hombres, personas de la tercera edad, discapacitados a la activación física. Es conocido por los representantes populares la situación de la obesidad por la que atraviesa nuestra población. Las cifras oficiales dan cuenta de la magnitud del problema: 72.5 por ciento de la población tiene sobrepeso u obesidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), y más de 105 mil personas murieron a causa de la diabetes mellitus en 2016, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Simón Barquera, director del área de investigación en Políticas y Programas de Nutrición del INSP, señala en un artículo para la revista Obesity la necesidad de hacer cambios drásticos en la estrategia sanitaria para atender el problema, ya declarado como emergencia epidemiológica por el gobierno mexicano.

Uno de los impactos de la obesidad, la diabetes, es la segunda causa de muerte en el país. Los decesos por esta enfermedad incrementaron en 20 mil casos de 2012 a 2016, según el Inegi.

La emisión de la emergencia epidemiológica en 2016 se debió, en parte, a que México ocupaba el sexto lugar a nivel internacional con pacientes de diabetes, de acuerdo con la Federación Internacional de la Diabetes. Lejos de mejorar, la situación empeoró.

El año pasado, el país pasó al lugar número cinco –antecedido por China, India, Estados Unidos y Brasil–, con 12 millones de pacientes. Y no se prevé que el panorama mejore en los próximos años, pues para 2045 se proyecta que haya 21.8 millones de personas con esta enfermedad.

Es cierto que la forma de afrontar este problema de primer nivel tiene que ser con la suma de esfuerzos institucionales, es decir, a nivel sistémico. El grado de emergencia nacional de salud por la obesidad se alcanzó por una inmensa falla sistémica que reunió omisiones, corrupción y desatención. Por ello, el sector salud, educativo, legislativo son parte de las instituciones que tienen que entrar en una sinergia de actividad para inhibir el ascenso de obesidad y sus secuelas.

Se han desarrollado los temas, en este sentido, de la calidad de la nutrición, la educación alimentaria y por supuesto la activación física. Todo ello deberá de instalarse institucionalmente por medio de estrategias y procesos administrados que se construirán bajo criterios y condiciones de los entornos financieros y de infraestructura existente.

Nuestra propuesta de exhorto, de convocatoria, se concentra en la activación física de todas las generaciones, particularmente la infantil que es la que se debe introducir a una cultura de cuidado personal con los apoyos institucionales emergentes y adecuados.

Es obvio que cuando los planes de educación pública se apliquen en las instituciones escolares, que es uno de los grupos a formar, se notará que no todas las escuelas cuentan con un espacio propicio. Muchas de ellas, sobre todo las que se encuentran en las áreas urbanas carecen de espacios apropiados para el desarrollo y cumplimiento continuo de los currículos que contienen la activación física. Escuelas particulares y públicas, en un buen número adolecen de ese espacio por ello nuestra propuesta descansa en una solución colaborativa, después de un diagnóstico de espacios para la activación física en centros escolares.

El primer paso consistirá en un censo en todas las escuelas públicas y privadas adscritas a la Secretaría de Educación Pública para detectar la situación infraestructural y espacial de los centros escolares para desarrollar actividades físicas de los educandos. Una vez obtenido ese diagnóstico, se observarán las carencias e impedimentos.

El segundo paso es obtener la información de las instituciones de gobierno, de las empresas y de particulares que puedan dotar en calidad de préstamos espaciales y que se encuentren en circuitos cercanos a los centros escolares. Eminentemente las instituciones de gobierno serán prioritarias en este programa.

Así se puede subsanar el déficit de espacio que seguramente se presentará en el primer diagnóstico.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a realizar un censo en las instituciones escolares públicas y privadas para elaborar un diagnóstico de infraestructuras escolares, detectar y determinar si cuentan o no con un espacio propicio para desarrollar los programas de activación física de los educandos en toda la República Mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 enero de 2019.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a tipificar en su legislación penal el maltrato y la crueldad animales, suscrita por las diputadas Julieta Macías Rábago y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las que suscriben Julieta Macías Rábago y Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, diputadas federales e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; someten a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa, en el ámbito de sus atribuciones, a los Congresos de los estados de la República a incluir en su legislación penal el maltrato y la crueldad animal.

Planteamiento del problema

El maltrato animal es la primera expresión de la violencia social. La violencia hacia los animales es, incluso, una señal de alerta de violencia intrafamiliar. Cuando un animal es maltratado en un hogar, éste hecho es revelador de otro tipo de violencias que eventualmente pudieran estar sufriendo los demás miembros de la familia, perpetrada por los más fuertes hacia los más vulnerables.

La violencia que se ejerce contra los animales ha sido una constante en los diferentes Estados de la República, sin embargo, actualmente, gracias a las redes sociales y diferentes Organizaciones de la Sociedad Civil se ha podido difundir la lamentable situación que viven miles de animales con y sin hogar.

México no cuenta con un censo de mascotas, pero estimaciones de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) estima que existen aproximadamente 28 millones de animales domésticos, de los cuáles el 70 % se encuentran en la calle, y de forma alarmante, ésta cantidad registra un aumento de 20% anual. Además, cifras del Centro de Adopción y Rescate Animal indican que 7 de cada 10 mascotas son víctimas de maltrato y abandono

Es importante mencionar que a finales de 2018 y principios de 2019, diferentes medios de comunicación han evidenciado casos de maltrato y violencia contra animales que como sociedad y legisladores no podemos ser indiferentes, por ello el presente exhorto en atención a nuestra legislación.

Argumentación

Algunos estados de la República como la Ciudad de México, Colima, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Puebla, Nayarit, Yucatán, Quintana Roo y Chihuahua, entre otros, han tipificado e incorporado en sus Códigos Penales el delito de maltrato y crueldad animal, acción que ha permitido observar resultados que favorecen a la eliminación de estas lamentables prácticas.

En otras entidades, las normas jurídicas que se refieren al maltrato animal son únicamente de naturaleza administrativa, pero el maltrato animal es un acto humano tan reprobable que debe constituirse como tipo penal, es decir, establecer como delito el acto u omisión de una persona que lesione a un animal y establecer la sanción correspondiente en el supuesto jurídico.

Es necesario que los Congresos Locales elaboren normas perfectas en éste tema. Éste tipo de normas son aquellas que contienen la sanción procedente para los casos de incumplimiento de lo en ellas ordenado o realización de lo prohibido, es decir, los enunciados normativos que se refieran al maltrato animal deben ser de naturaleza penal y deben de contener, además del supuesto de hecho, la sanción respectiva en caso de que el sujeto encuadre en la conducta de maltrato animal.

Efectivamente, es necesario fortalecer nuestras leyes en esta materia. En el Poder Legislativo Federal ya existen esfuerzos importantes para legislar en éste tema: reformas constitucionales, leyes generales y para incluir el delito de maltrato y crueldad animal en el Código Penal Federal, porque si bien actualmente es un tema del ámbito local, es necesario armonizar con una Ley General incluyendo las concurrencias federal, estatal y municipal que permita atacar de raíz este problema.

Dese la Cámara de Diputados impulsaremos las reformas necesarias y sin duda estaremos a favor de legislar de manera adecuada y contundente en tan importante tema, sin embargo, de manera urgente consideramos pertinente hacer este exhorto con la finalidad de visibilizar y fortalecer las sanciones en los diferentes Estados de la República.

El motivo de la presente Proposición con Punto de Acuerdo es exhortar a los Congresos de los Estados para que fortalezcan sus legislaciones en el tema de maltrato y crueldad animal y para que, aquellas entidades que aún no cuentan con la legislación correspondiente elaboren tipos penales que sancionen conductas y actos crueles hacia los animales.

Puntos de Acuerdo

Primero. Por el que se exhorta de manera respetuosa, en el ámbito de sus atribuciones a los Congresos de los estados de la República a tipificar el maltrato y la crueldad animal en su legislación penal.

Segundo. Por el que se exhorta de manera respetuosa, a los Poderes Ejecutivos de los estados de la República a fortalecer la aplicación de las medidas y sanciones correspondientes para atender la crueldad y el maltrato animal.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputadas: Julieta Macías Rábago, Dulce María Méndez de la Luz Dauzón (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Nayarit a investigar con la Semarnat y la Profepa las causas de los recientes varamientos de especies marinas, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y los diputados Francisco Elizondo Garrido, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Humberto Pedrero Moreno, Ana Patricia Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 65 y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos meses, diversos medios de comunicación nacionales y estatales han reportado distintos casos de varamientos de especies marinas, algunas de ellas perdiendo la vida, lo que aparentemente deja en evidencia la falta de atención por parte de las autoridades locales y federales en la vigilancia de las situaciones que pudieran dar origen a estos acontecimientos.

La más reciente tuvo lugar el 21 de enero de 2019, cuando fue localizada muerta una ballena en la playa de Anclote, en la Punta Mita, Nayarit, sin que al momento haya una manifestación de las autoridades ambientales de la entidad o, en su caso, de la federación sobre las causas.

Ante la aparente omisión de dichas autoridades, durante la reunión de la Comisión de Fomento Agropecuario y Pesca celebrada en Puerto Vallarta, el regidor Saúl López hizo un llamado a mejorar las prácticas de pesca,1 evidenciando una de las primeras vías de investigación sobre las causas de los varamientos.

Durante dicha conferencia se manifestó que el caso pudo deberse a que el mamífero marino habría quedado atrapado entre redes que pescadores furtivos colocan de manera ilegal en esa zona o entre bollas, las cuales se sabe que están a 400 metros de distancia de donde fue encontrada.

En ese sentido, se expresó que apenas unas semanas antes de este acontecimiento, el 2 de enero del presente año fue encontrada también una ballena jorobada en playa El Novillero, Tecuala, Nayarit, que, de acuerdo con Protección Civil del estado, el cadáver del mamífero mide de 8 a 10 metros de largo.2

De igual manera se desconocen las causas del varamiento y posterior fallecimiento; no obstante, también se ha difundido la versión que señala que el mamífero “se enredó en las cuerdas de un arreo de pesca y al tratar de liberarse quedó varado en la superficie” de la playa referida.

Asimismo, se señaló que pescadores llamaron a las autoridades y con la participación de las personas locales intentaron regresar la ballena al mar, sin que los esfuerzos tuvieran éxito.

Pero todo indica que no sólo se trata de casos aislados, pues de la búsqueda en medios se encontró otra situación que tuvo lugar en Punta Mita, Nayarit, varios años atrás, donde autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente hallaron un ballenato muerto en los límites del estado.3

En ese momento, la dependencia precisó en un comunicado que el hallazgo del cetáceo, conocida como ballena jorobada o yubarta, fue posible gracias a una llamada que reportó el cuerpo del animal en la playa, donde fue necesaria la coordinación de diversas autoridades locales y federales para determinar la causa de muerte del ejemplar, concluyendo que se trataba de un ballenato macho de un mes de edad, el cual presentaba ruptura de columna y heridas profundas, al parecer ocasionadas por la propela del motor de una embarcación menor.

De lo anterior se puede inferir que hay un factor externo a la naturaleza, lo que lleva a la constante mortandad de especies marítimas, pues inciden en cada una de las situaciones de varamiento, la existencia de redes de pesca abandonadas por pescadores y en el último caso referido, incluso la embarcación de éstos.

Lamentablemente, nos enfrentamos a la intervención negativa del hombre que de manera negligente o intencional deja de tomar precauciones con sus artes y utensilios de pesca a sabiendas de que la zona es considerada, de diciembre a marzo, como de reproducción, debido a la temperatura del agua que propicia la llegada de cientos de ballenas a las costas de Nayarit.

Tales especies, dada su importancia en el equilibrio ecológico, se encuentran incluidas con algún grado de protección en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, “Protección ambiental. Especies nativas de México de flora y fauna silvestres. Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio. Lista de especies en riesgo”.

No obstante, aun cuando se tratara de especies no incluidas en dicha lista, se debe poner especial atención en la problemática constante de la zona, ya que no se puede permitir seguir perdiendo ejemplares y, sobre todo, por las causas que se han expuesto.

Sabemos que una de las principales actividades económicas de las zonas costeras del país es la pesca. Sin embargo, debemos transitar hacia las prácticas ambientalmente compatibles que permitan el desarrollo de dicha actividad y la subsistencia del mayor número de especies marinas silvestres en su hábitat natural.

El abandono de las redes de pesca en el mar es un reto importante y urgente de atender en el país, pues a diario se suman casos de especies de fauna que quedan atrapadas en éstas.

El problema no es menor. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura refiere que alrededor de 650 mil toneladas de redes de pesca se encuentran en el fondo marino. El Programa de Acción Global del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que además que las causas directas del abandono de dichas redes son resultado de diversos factores.

Destacan la ilegalidad, obligando a sus propietarios a deshacerse de ellas de manera clandestina; la complejidad en su operación y las condiciones meteorológicas, que favorecen su abandono o su descarte; y la presión económica, la cual provoca descargar las redes de pesca no deseadas en el mar en lugar de hacerlo en tierra. Asimismo, se sabe que algunas de las causas indirectas son la falta de disponibilidad de instalaciones para la disposición de los desechos en tierra, así como la accesibilidad a ellas y el costo de su utilización.

Para el Partido Verde, tal problemática resulta de especial relevancia. Estamos convencidos de que no se puede seguir permitiendo que una actividad comercial o aun de subsistencia se haga con efectos tan negativos para el ambiente.

De ahí que desde la pasada legislatura y recientemente en ésta insistamos en la presentación de una reforma de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, cuyo objeto es promover y participar activamente en la implantación de acciones y programas de tratamiento y destino final de las redes de pesca y, en general, de todas las artes de pesca, estableciendo como infracción el abandono en el cuerpo del agua de redes de pesca o cualquier otro instrumento con que se realizan la captura o extracción de especies de flora y fauna acuáticas.

Lo anterior se considera una vía para desincentivar el abandono de las redes de pesca; no obstante, mientras se convierte en ley vigente, seguiremos haciendo un llamado a las autoridades ambientales para que, en coordinación con otras autoridades que consideren necesaria su participación, pongan un alto definitivo a las actividades que representan un peligro para la integridad física e incluso de perder la vida de la flora y fauna marina.

Por lo aquí expuesto someto a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Nayarit para que en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, investiguen las causas que dieron origen a los varamientos de especies marinas en los últimos meses, para que de conformidad a la legislación ambiental vigente se sancione a quien resulte responsable, ante las acusaciones que señalan que dichos acontecimientos derivaron del abandono de redes de pesca en el mar.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Nayarit para que, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con las autoridades que considere pertinentes, refuercen las acciones de vigilancia en el periodo y zonas identificadas de reproducción de las especies de mamíferos marinos.

Notas

1 Santos, Javier. “Aparece una ballena muerta en Punta Mita”, lunes 21 de enero de 2019. Disponible en

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/21/aparece-un a-ballena-muerta-en-punta-de-mita-2028.html

2 “Ballena aparece muerta en Playa Novillero”, en Diario de Nayarit, miércoles 2 de enero de 2019. Disponible en https://diariodenayarit.mx/2019/01/02/ballena-aparece-muerta-en-playa-n ovillero/

3 “Hallan muerta a ballena jorobada en Punta Mita”, en Excélsior. Disponible en

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/12/31/1000324

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Emilio González Martínez, Beatriz Manrique Guevara, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica), Nayeli Arlen Fernández Cruz (rúbrica), Humberto Pedrero Moreno (rúbrica), Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica), Érika Mariana Rosas Uribe (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Guerrero a solucionar la situación de los desplazados que por motivos de inseguridad abandonaron su lugar de origen, propiedades y empleos, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito Víctor Adolfo Mojica Wences, integrante del grupo parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6 y numeral 2, fracción III, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Considerandos

Como sistema económico aplicado en una sociedad humana, el capitalismo genera diversas consecuencias en los seres sociales que integran esa sociedad. Eso es lo que la historia de las sociedades nos ha mostrado durante los más de 400 años que este sistema lleva aplicándose en el mundo como modo de producción y de relación entre los humanos.

La desigualdad económica, la diferenciación en clases o estratos sociales, el poder y dominio de unos hombres sobre los otros, son consecuencias naturales, inherentes a este sistema, sobre todo en su fase neoliberal actual, en donde a la imaginación del capitalista le queda muy poco por crear en materia de crueldad, abuso de poder, abuso laboral, represión social, violencia institucional y criminal, depredación de la naturaleza, criminalidad, corrupción, y destrucción de las instituciones encargadas de mantener vigente a ese sistema, como la familia.

La injusticia y la inequidad son los pilares del sistema capitalista, si bien hay quienes lo ven como el paraíso en donde mediante la fuerza y el poder deciden sobre la vida y el futuro de millones de seres sociales, con la complacencia o la complicidad de aquellos a los que las leyes facultan y obligan a establecer controles contra el abuso, la injusticia y la inequidad.

En nuestro país se abrieron todos los cauces, legales y no legales, para el abuso del poder capitalista. Se han dado todas las facilidades para que los que tienen poder económico e incluso político, lo usen por cualquier medio en contra de los débiles. Así es como han impuesto formas de gobierno, formas de pensar, formas de vida, condiciones de vida y calidad de vida que contravienen cualquier estándar internacional o nacional relacionado con la dignidad del ser humano.

El desplazamiento forzoso es uno de esos abusos producto de la injusticia y la desigualdad social en México.

La violencia criminal aliada a la violencia institucional ejercida en nombre de la ley, ha motivado que contingentes de familias completas abandonen sus pueblos, sus tierras, sus pertenencias, y a veces hasta a sus familiares para poder salvar la vida. Y todo ello porque en nombre del dinero y de ilusiones como el éxito, se han olvidado que todos tenemos derecho a la vida, a la propiedad, y a la libertad.

En su ambición de éxito y de acumulación, los capitalistas en México han sometido a los más débiles al rigor del capitalismo original: el saqueo, la muerte, la destrucción, el despojo, al abandono de sus tierras.

De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH) “las desapariciones, secuestros, reclutamientos forzados, asaltos, robos de bienes materiales, extorsiones, amenazas, desalojos arbitrarios, violaciones graves a los derechos humanos, ejercidas por autoridades municipales, estatales y federales, generalizadas o sistemáticas” en los últimos años “han sentado las bases para una nueva ola de desplazamiento interno forzado en el país”. (Desplazamiento interno forzado en México. 2016. en http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/).

Los registros de la organización defensora de los derechos humanos señalan que “durante el periodo de 2009 a enero de 2017, en México 310 mil 527 personas que tuvieron que desplazarse de manera interna debido a la violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos”.

La CMDPDH registró que en el año 2016 hubo “29 episodios de desplazamiento masivo en el país, impactando al menos 23 mil 169 personas, en 12 entidades del país: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. De estos episodios de desplazamiento 20 fueron causados de manera directa por la violencia. Es decir, en 2016 al menos 21 mil 31 personas tuvieron que abandonar su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida a causa de la violencia”.

La población de Guerrero ha sido especialmente víctima de la violencia criminal y gubernamental. La CMDPDH documentó 121 episodios de desplazamiento por violencia entre 2008 y 2014, como consecuencia de enfrentamientos entre cárteles y fuerzas de seguridad pública, intolerancia religiosa y conflictos políticos. (Animal Político).

La quinta parte de esos desplazamientos ocurrió en Guerrero, que en el último año se convirtió en el líder del desplazamiento forzado por la violencia en México. Según los datos de la CMDPDH, Guerrero concentró 40 por ciento de los 23 desplazamientos masivos que hubo en el país entre enero de 2014 y febrero de 2015 y que implicaron el destierro de más de 9 mil personas.

Los mayores desplazamientos del estado ocurrieron en los municipios de Apaxtla, Teloloapan, San Miguel Totolapan, Chilpancingo, Atoyac, Chilapa y Acapulco.

“Las personas que han sido forzadas a desplazarse internamente no cuentan con mecanismos ni instituciones para su protección o asistencia”, dice el informe que presentó la CMDPDH. (Animal Político).

En 2016, Guerrero registró siete eventos de desplazamientos masivos. Se afectó de esa forma a mil 650 personas, lo que representa el 24 por ciento del total anual de la población afectada en el país.

La misma organización no gubernamental registró al siguiente año, 2017, una cifra de 20 mil 390 personas afectadas a nivel nacional por esa causa. De Guerrero, fueron 5 mil 948 personas en siete eventos de violencia.

En la actualidad, el desplazamiento forzado de familias y personas se ha incrementado notablemente en Guerrero a raíz de los conflictos entre grupos de la delincuencia organizada en regiones como La Montaña, Norte, Centro, Costa Grande, y Tierra Caliente del estado.

La situación que se vive en esta entidad es sumamente grave ante la ausencia de autoridades civiles que enfrenten el problema y que en un marco de cooperación con el gobierno federal le den solución.

En el recuento de daños por estos episodios de violencia cada vez más frecuentes, que afectan a comunidades enteras, apenas el mes pasado se registró un enfrentamiento en el municipio de Leonardo Bravo, en el que según cifras oficiales hubo más de una decena de personas fallecidas.

En Tlacotepec, 450 escuelas del municipio y sus comunidades aledañas, suspendieron clases lo cual afecta a tres mil alumnos (El Sol de Acapulco y AFP, miércoles 14 de noviembre de 2018).

Pobladores de 10 comunidades de Petatlán, Costa Grande, denunciaron desde la semana pasada la irrupción violenta y amenazas de sicarios. La comunidad de El Zapotillal ha sido abandonada por completo, pues en el mes de octubre salieron las últimas 16 familias que quedaban en el pueblo.

13 poblados de municipios como San Miguel Totolapan, General Heliodoro Castillo y Apaxtla de Castrejón, han tenido desplazamientos de más de 2 mil personas por amenazas de muerte. A pesar de eso el gobierno del estado los llamó “emigrantes internos”.

En Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Heliodoro Castillo dan clases de forma escalonada.

Hay 183 escuelas cerradas en el municipios de Leonardo Bravo. En la zona hay 260 planteles. Los médicos y las enfermeras huyeron por la violencia. El transporte público paralizado en ese municipio. Hay 145 escuelas con resguardo militar en Acapulco y Chilapa, dice José Luis González de la Vega Otero, secretario estatal de Educación. De esas, ocho fueron cerradas por la violencia pues los pobladores fueron desplazados de sus pueblos.

En Chilapa 20 escuelas de 60, tienen resguardo militar. Ong piden se declare crisis humanitaria en Guerrero (interacción 15 de noviembre 2018) entre otros datos que muestran la gravedad de la situación en esa materia.

Cómo se llegó a esa situación en Guerrero y en el país, es de sobra conocido. Lo importante ahora es cómo resolver los problemas creados, que muestran todos los indicadores de la desorganización social.

El desplazamiento social, y con mayor razón si es forzado, provoca “el deterioro de los grupos primarios como la familia, la modificación de las relaciones interpersonales que se vuelven superficiales, la perdida de arraigo al lugar de residencia y la crisis de los valores tradicionales y familiares”, procesos sociales que llevan a la vez a la anomia o desprecio a la ley y a la norma, que se constituyen a la vez en factores que son el caldo de cultivo para la violencia.

A ello hay que agregar la incapacidad y evidente desinterés de los gobiernos estatales y municipales para hacerse cargo del problema, así como para atender las diversas necesidades que se generan a raíz del desplazamiento forzado.

Cualquiera puede darse cuenta de las condiciones inhumanas en que viven los desplazados, los que son prácticamente aventados en espacios abiertos, bajo techados sin servicios sanitarios, sin protección ni seguridad.

Los niños pierden sus clases y no pueden reanudarlas por el trasiego permanente a que son sometidos con sus padres, que a la vez pierden sus trabajos y carecen de seguridad social. Los grupos familiares y los grupos de desplazados conviven y se relacionan con grupos sociales de culturas y tradiciones diferentes, con los cuales muchas veces no se identifican, y en los cuales suelen no ser aceptados.

En suma, lejos de resolver las condiciones que generan la violencia, parece que se hace todo por mantenerlas vigentes. En realidad, no hay ni las condiciones legales ni la voluntad política del actual gobierno para reconocer y menos atender la situación de desplazamiento forzado.

Ante esta situación exhorto al gobernador y a los presidentes municipales del estado de Guerrero a elaborar políticas públicas de prevención, contención y atención integral a las víctimas del desplazamiento forzado en el estado de Guerrero.

En virtud de lo anterior, se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado de Guerrero, para que brinde solución de manera urgente a la situación que viven los desplazados que por motivos de inseguridad tuvieron que abandonar su lugar de origen, propiedades y empleos.

Referencias bibliográficas y hemerográficas

Paula Parra, Luz, Estrategias de mediación: familiar, escolar y comunitaria. Segob. Colección Metodologías de acción para los programas de prevención social de estados y municipios, año i, número 6, 2014. pág. 9.

Medina Martín, Ana. Desorganización social (2014), en Crimipediatopics. Centro para el estudio y la prevención de la delincuencia, Universitas Miguel Hernández.

Gabriela. Desplazamiento forzado interno. El Universal. 29, 09, 2016.

CDMDPDH. (2016) Desplazamiento interno forzado en México. En http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/.

El sol de Acapulco y AFP, miércoles 14 de noviembre de 2018.

Revista Interacción, 15 de noviembre 2018.

Animal Político .

Palacio legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a garantizar la protección y el acceso de la “caravana migrante” a servicios básicos, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Abordar el tema del fenómeno migratorio como una cuestión anómala es ignorar las causas por las que ocurre la migración y subestima su relevancia en las dinámicas sociales de las comunidades involucradas, tanto de origen como de recepción. Esta forma de abordar el tema ha llevado a que en la opinión pública se generen posicionamientos exacerbados y la población se polarice respecto a cuáles son las medidas adecuadas que se requiere adoptar para afrontar la situación.

Los medios de comunicación locales e internacionales han prestado especial atención a la presencia de los migrantes en los países de las principales economías del mundo. Las respuestas por parte de la población receptora de esos países, ya sean positivas o negativas, no se han hecho esperar.

En el caso concreto de México, vemos lo anterior con la presencia de las denominadas “caravanas migrantes”, situación que ha despertado el interés de diversos medios de comunicación internacionales y que se ha situado en el centro de la opinión pública de nuestro país.

Nuestra cercanía con Estados Unidos nos convierte en el paso obligado de migrantes provenientes del centro y sur del continente que buscan llegar a aquel país con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida y escapar de la violencia que aqueja a sus países de origen, nos orilla a cuestionarnos acerca de la forma en la cual hemos tratado el tema en los últimos años. El muy prometido muro de Trump existe, pero no a las orillas del río Bravo, sino en nuestra frontera con Guatemala y Belice.

El número de deportaciones de los últimos años son muestra de una política migratoria más hostil y una mayor presencia de migrantes. De 2010 a 2015 la deportación de migrantes centroamericanos por parte de autoridades mexicanas tuvo un aumento de 26.14 por ciento,1 al pasar de 62 mil 788 deportados en el 2010 a 117 mil 990 en el 2016.2 En el periodo de enero a abril de 2018, se presentaron ante el Instituto Nacional de Migración un total de 44 mil 327 personas.3

El motivo para el traslado, principalmente, reside en el crecimiento de la actividad delictiva por parte de las pandillas locales y su catalización mediante a una expansión de sus relaciones comerciales con cárteles mexicanos de la droga, ubicados en sus territorios,4 ha generado un éxodo de individuos y familias centroamericanas que tiene la imposibilidad de generar bienestar en sus naciones de origen.

El nicho que han encontrado las organizaciones criminales en estos territorios, gracias a su posición geográfica, presenta una oportunidad para el mantenimiento y expansión de sus cárteles. Se estima que gran parte de las actividades productivas de las organizaciones criminales mexicanas residen en naciones centroamericanas.5

La responsabilidad de hacer frente a este problema, bilateral en su asignación, corre a cuenta del gobierno mexicano y las naciones centroamericanas involucradas. La falta de cooperación de seguridad regional y la exclusión de nuestras naciones hermanas para la implementación de tecnologías y nuevas estrategias para hacer frente a las organizaciones delictivas únicamente perjudica el alcance de metas comunes para dar solución a los problemas de inseguridad y violencia que nos aquejan como naciones que compartimos fronteras, idioma y elementos culturales.

A la par, tenemos la falta de resolución y clara voluntad política para acoger las demandas de asilo por parte de ciudadanos centroamericanos. De las solicitudes de asilo presentadas en 2017, que resultaron ser de un total de 14 mil 596,6 solamente se aceptaron las solicitudes de 2 mil 825 personas,7 lo que resulta un porcentaje cercano al 20 por ciento, dejando desamparados al resto de solicitantes. Para octubre de 2018, se tenían registradas 23 mil solicitudes de refugio a la espera de resolución.8

Las caravanas migrantes se han organizado como resultado de la situación de violencia e inseguridad tanto en nuestro país como en naciones centroamericanas como Guatemala, Honduras y El Salvador. Estos movimientos migratorios masivos se integran de mujeres y hombres por igual que en muchos casos viajan con sus familias, incluyendo a niños y niñas y que tienen como objetivo principal llegar a Estados Unidos y solicitar asilo político, pero debido a los riesgos que implica atravesar territorio mexicano, deciden hacerlo juntos, en grandes concentraciones de personas.

Recientemente se prestó mucha atención en medios a la llamada caravana migrante, que llegó a territorio mexicano el día 19 de octubre de 20189. Esta, a pesar de no ser la primera ni la última en entrar y recorrer nuestro territorio, se caracterizó por su magnitud, ya que se estima que llegó a contar con 8 mil integrantes.10 Muchos de ellos aún permanecen en Tijuana y siguen a la espera de saber si podrán ingresar a territorio estadounidense.

En su trayecto a Estados Unidos, nada fácil y que implica muchos riesgos al atravesar estados de alto riesgo como lo son Veracruz y Tamaulipas, los migrantes se encuentran con diversos obstáculos como: delincuencia, xenofobia, clasismo y racismo, además de extorciones, secuestros y violaciones, donde el primero es el que nos ha otorgado las peores anécdotas acerca del éxodo.

En el caso de Veracruz, se tienen abiertas 270 investigaciones de secuestro a ciudadanos centroamericanos.11 Por su parte, Tamaulipas tiene un historial negro respecto a este tema. En septiembre pasado salió a relucir en medios nacionales el rescate de 73 migrantes secuestrados en Reynosa, de los cuales 36 eran de origen centroamericano.12 Igualmente, un mes después, en octubre de 2018, se rescató a un grupo de 22 migrantes secuestrados, de los cuales 19 eran de origen centroamericano, de nueva cuenta en Reynosa.13 Atraídos por esta ciudad al ser el punto fronterizo más cercano a la capital mexicana, la recurrencia de este delito muestra los riesgos de la travesía. Levantados en autobuses, centrales camioneras o en la calle,14 son usados por organizaciones criminales como mano de obra barata y para trata de personas.

Así, enunciar los horrores con los que se enfrentan los migrantes centroamericanos en su paso por México para la obtención de una mejor vida, ya sea en México o en los Estados Unidos de América, es sólo una de las partes hostiles con las cuales se han afrontado.

La caravana migrante, al mediatizarse, ha destapado una cloaca de comentarios xenófobos, racistas y clasistas por parte de algunos connacionales y a la desinformación. Este escenario es el que desafortunadamente espera a todas las futuras caravanas que busquen atravesar territorio mexicano y de no hacer lo necesario para garantizar su seguridad e integridad, este problema podría empeorar.

En redes sociales, ya sea mediante publicaciones, memes o noticias falsas, se le han atribuido una serie de crímenes, actitudes y comentarios a los integrantes de la caravana. Mediante el empleo de imágenes descontextualizadas, falsos relatos o la exacerbación de prejuicios, un sector de la población se ha encargado de generar una mala imagen a la población migrante.

Lo anterior ha derivado en movilizaciones y efectos concretos en contra de ellos, donde el pasado noviembre, un contingente de habitantes tijuanenses salió a las calles a protestar en contra de la presencia de los migrantes centroamericanos en Tijuana.15 Apelando al eslogan “Primero México”,16 similar al de “America first ” del presidente estadounidense Donald Trump, los manifestantes tuvieron un encontronazo con las autoridades locales al momento que se dirigían al albergue donde se encontraban situados más de la mitad de los integrantes de la caravana.

La posibilidad de un encontronazo entre cierto sector de la población mexicana y los migrantes centroamericanos es real, por lo que tomar las medidas necesarias por parte de los gobiernos de todos los estados es algo que debe realizarse por una cuestión de principios identitarios con nuestros hermanos latinoamericanos, por un respeto a la ley nacional y en apego a los tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano en materia de migración y refugiados.

Para ello, exhortar a los gobernadores de todos los estados de la República para garantizar el apoyo necesario al éxodo centroamericano es una cuestión de deber moral, legal y político por parte de los mexicanos.

Garantizar la integridad de visitantes y connacionales en nuestro territorio es una labor que se apega a las normatividades actuales, los convenios internacionales y nuestra historia, la cual consta de un grandísimo legado de apoyo a refugiados y migrantes que han afrontado crisis durante el siglo XX y el siglo XXI en sus respectivos lugares de origen.

Para ello, proveer de los servicios requeridos para mantener y garantizar sus derechos humanos, al igual que realizar una estrategia para el procesamiento e integración de los migrantes a la sociedad mexicana, ya sea durante periodos temporales o permanentes, permitirá hacer frente al fenómeno migratorio y canalizar los recursos disponibles.

La planificación es sumamente necesaria ante un escenario tan delicado como lo es la existencia de una franja fronteriza de alto contraste y desigualdad de condiciones como lo es la frontera norte de nuestro país, ya que la concentración de la actividad migratoria proveniente de países latinoamericanos está limitada en sus posibilidades por aspectos físicos y geográficos.

Ante la existencia de una crisis migratoria a nivel global, México debe estar a la altura de la situación y aceptar su papel en el mundo ante un fenómeno que nos compete directamente, nos afecta y que complica el ejercicio político a nivel interno y externo.

Por lo antes expuesto, presentamos ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal a actuar de manera coordinada con los gobiernos estatales y a girar las instrucciones necesarias a las autoridades correspondientes de Migración, Salud y Seguridad para que se garantice la protección y el acceso a servicios básicos de los migrantes que integran la caravana migrante.

Notas

1 Diego Badillo. (2017). Suben las deportaciones de centroamericanos desde México, de El Economista. Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/politica/
Suben-las-deportaciones-de-centroamericanos-desde-Mexico-20170204-0009.html

2 Ibidem

3 Luis Baylón. (2018). Gráfico: México y sus cifras de deportación a centroamericanos, de Huffington Post. Sitio web:

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/06/19/
grafico-mexico-y-sus-cifras-de-deportacion-a-centroamericanos_a_23463184/

4 EFE Redacción. (2017). Los cárteles mexicanos trasladan el 90 por ciento de su actividad a Centroamérica, según un estudio, de Agencia EFE. Sitio web: https://www.efe.com/efe/america/mexico/los-carteles-mexicanos-trasladan -el-90-de-su-actividad-a-centroamerica-segun-un-estudio/50000545-316547 8

5 Ibidem

6 Emir Olivares Alonso . (2018). Solicitudes de asilo a México aumentaron más de mil por ciento en los últimos 5 años, de La Jornada. Sitio web:

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/06/19/solicitude s-de-asilo-a-mexico-aumentaron-mas-de-mil-por-ciento-en-los-ultimos-5-a nos-5644.html

7 Ibidem

8 Forbes Staff. (2018). Crece a 23,000 las solicitudes de refugio de migrantes en México, de Forbes. Sitio web:

https://www.forbes.com.mx/crece-a-23000-las-solicitudes- de-refugio-de-migrantes-en-mexico/

9 Notimex. (2018). Caravana de migrantes hondureños entra a México, de El Economista. Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/
Caravana-de-migrantes-hondurenos-entra-a-Mexico-20181019-0052.html

10 Kirk Semple. (2018). ‘Puedo estar aquí un año, pero mi sueño es americano’, de New York Times. Sitio web: https://www.nytimes.com/es/2018/12/06/caravana-migrante-tijuana-mexico/

11 Alberto Nájar. (2018). ¿Por qué la caravana de migrantes eligió la ruta más larga para cruzar México hacia EU?, de BBC. Sitio web:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-4616678 9

12 Proceso Redacción. (2013). Rescatan en Tamaulipas a 73 migrantes secuestrados, de Proceso. Sitio web: https://www.proceso.com.mx/354168/rescatan-en-tamaulipas-a-73-migrantes -secuestrados

13 Xinhua. (2018). En Reynosa rescatan de grupo criminal a 22 migrantes, de La Jornada. Sitio web:

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/25/en-reynosa -rescatan-de-grupo-criminal-a-22-migrantes-8969.html

14 Ibidem

15 Redacción Animal Político. (2018). Un grupo protesta contra migrantes en Tijuana; se enfrentan con policías al tratar de avanzar hacia un albergue, de Animal Político. Sitio web: https://www.animalpolitico.com/2018/11/protesta-tijuana-migrantes-invas ion/

16 Ibidem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a garantizar con el INE los recursos necesarios para la plena y eficaz participación de las autoridades electorales en los comicios locales de 2019, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscribimos, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones IV, V y VI, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que realice las acciones necesarias en coordinación con el Instituto Nacional Electoral para asegurar los recursos necesarios, que garanticen la plena y eficaz participación de las autoridades electorales en los procesos electorales locales que se realizarán durante 2019, y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que se integre una comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del año 2019, con base en las siguientes

Consideraciones

Que mediante acuerdo aprobado por unanimidad el 6 de agosto de 2018 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el plan integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales 2018-2019.1

Que en los procesos electorales mencionados cinco entidades tendrán elecciones ordinarias para elegir diversos cargos de elección popular; estos son: Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

En el caso de Baja California, se destaca la elección para renovar la titularidad de la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos; para las entidades de Quintana Roo y Tamaulipas, se elegirán diputaciones locales; y, finalmente, en los casos de Aguascalientes y Durango, ayuntamientos. Estos procesos electorales renovarán un total de 142 cargos de elección popular.

Que a partir de la aprobación de la reforma electoral de 2014, la distribución de atribuciones y competencias entre el INE y los Organismos Públicos Locales (OPL) ha cambiado, toda vez que la Constitución General de la República y las leyes en la materia, se han modificado y le han dado al INE responsabilidades para intervenir y coadyuvar en las elecciones locales, entre las que destacan: la capacitación, la definición de la geografía electoral, la ubicación de casillas, el padrón y lista de electores, la preparación de la jornada electoral y todas aquellas que contribuyan a garantizar la correcta aplicación de las normas correspondientes en cada entidad.2

Que de acuerdo con los artículos 29 y 30 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el INE:

“Contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones “, y

Debe: “garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos electorales locales.”

Que tomando en consideración las experiencias anteriores y las atribuciones que la Ley le mandata, el Instituto Nacional Electoral solicitó en su proyecto de presupuesto, aprobado por el Consejo General el 28 de noviembre de 2018: 619 millones de pesos que le permitirían cumplir con sus funciones en los comicios locales mencionados. 3

Entre las actividades presupuestadas destacan de instalación de casi 16 mil casillas e integración de mesas directivas en Baja California, Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo; así como la contratación de capacitadores y asistentes electorales, la visita a 1.1 millones de ciudadanos (casi 13% de los 9 millones de electores inscritos en las Listas Nominales de esos estados) y su capacitación para que funjan como funcionarios de casilla, el 2 de junio, día de las elecciones .

Que, a decir de los Consejeros del INE, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizo sin consultas ni procesos de concertación, el recorte de 950 millones de pesos al presupuesto solicitado por ese Instituto y que ello afecta su operación y pone en riesgo la viabilidad del apoyo del INE para los procesos electorales locales de las entidades mencionadas.4

A todo ello también se adiciona que se deberá realizar una elección extraordinaria en el Estado de Puebla en este año, por la trágica y repentina muerte de la gobernadora y dicha entidad, tiene el quinto padrón más grande del país y representa prácticamente 50 por ciento de lo que las otras elecciones locales suponen, y todo ello, requerirá de apoyo y concurrencia del INE, de acuerdo a las atribuciones que tiene conferidas.

En tal sentido, Consejeros del Instituto han declarado que el INE analiza no instalar casillas en las cinco entidades con elección este año, y dejar a los Organismos Públicos Locales Electorales asumir toda la organización de sus procesos, ante el recorte sustantivo de su presupuesto.

Esto último, es un grave retroceso y un despropósito, que hayamos aprobado en el Congreso y con el concurso de todas las fuerzas políticas representadas y principalmente, las de oposición, una reforma que le da atribuciones al INE para garantizar un mejor funcionamiento de nuestra democracia y mejorar nuestros procesos electorales locales y, sin mediar una negociación o concertación, vulneremos su autonomía y las atribuciones que tiene, recortándole recursos significativamente, lo cual afecta la vida democrática del país y pone en riesgo procesos que ya habían iniciado su programación y calendarización convenida y coordinadamente.

Por lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en coordinación con las autoridades del Instituto Nacional Electoral, lleven a cabo las adecuaciones presupuestales y el apoyo necesario en la calendarización de recursos suficientes, que permitan a dicho Instituto y a los Organismos Públicos Locales Electorales, cumplir con el Plan Integral y los calendarios de coordinación de los procesos electorales locales 2018-2019, así como con las atribuciones que la normatividad electoral les mandata.

Segundo. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que, con base en sus atribuciones, acuerde la creación de una comisión de seguimiento a los procesos electorales locales del año 2019, que con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, entre otras atribuciones, facilite y apoye la coordinación de esfuerzos, para que el INE pueda contar con los recursos que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones.

Fuentes consultadas

1 Acuerdo del Consejo General INE sesiones extraordinarias https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/9 7991/CGex201808-6-ap-6.pdf

2 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014.

3 Acuerdos del Consejo General INE sesiones extraordinarias https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/9 7991/CGex201808-6-ap-6.pdf

4 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/riesgo-de-participacio n-de-ine-en-elecciones-locales-de-2019-por-recortes-2851463.html.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgipe.htm

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 6 días del mes de febrero de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y la SRE a implantar acciones que faciliten la incorporación al sistema educativo nacional de hijos de mexicanos en retorno, y el otorgamiento de la doble nacionalidad, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Libier González Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México ha dejado de ser un país expulsor de migrantes. Cada vez es más evidente observar a poblaciones que están en tránsito o en retorno. En la información que se genera sobre el tema migrante es poco conocido el caso de menores nacidos en Estados Unidos de América (EUA) que se encuentran en México a causa del retorno o deportación de sus padres.

Estimaciones del gobierno de EUA indicaban que en 2015 residían en México 600 mil menores de origen estadounidense. Sin embargo, carecemos de datos exactos en 2018, pues el gobierno mexicano a través de la Encuesta Intercensal realizada por el Inegi en 2015, indicó que había 497 mil 400 menores binacionales nacidos allá.1

De acuerdo con datos obtenidos a través de un requerimiento de acceso a la información interpuesto por el Instituto de la Mujer Migrante, y citado por Jacobo-Suarez (2017),2 en 2010 la cifra de la Secretaría de Educación Pública sobre alumnos nacidos en EUA inscritos en la educación básica fue de 227 mil 328 educandos. Tres años después, en 2013, el número de estudiantes se incrementó a 307 mil 125 y para 2014 había 422 mil.

Los datos más recientes según la Encuesta Intercensal de 2015, los alumnos nacidos en EUA inscritos en escuelas mexicanas fueron 473 mil 582 educandos.3

El mismo estudio señala que los menores estadounidenses que viven en México y que tuvieron alguna experiencia escolar en el país del norte enfrentan obstáculos administrativos y burocráticos en el proceso de incorporarse al sistema educativo nacional. Ello se deriva de que cuentan con documentación de identidad estadounidense y certificados escolares en inglés. Además, la experiencia educativa en México les resulta nueva y comúnmente se asocia a retos lingüísticos y pedagógicos.

La realización de trámites para que los infantes retornados sean inscritos en los diversos centros escolares se torna complicada cuando la autoridad educativa requiere documentos más allá de los necesarios, lo que restringe el acceso a la educación de los niños y jóvenes migrantes en retorno.

Las “Normas específicas de control escolar relativa a la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y certificación de educación básica” establecen en el numeral 3.3 que las autoridades educativas en los planteles escolares inscriban a los educandos aun cuando no cuenten con la documentación requerida.

La mayoría de las madres y los padres de familia desconoce los requisitos para que sus hijos obtengan la nacionalidad mexicana. Por ello es pertinente contar con el personal público debidamente capacitado que oportuna y amablemente otorgue la información que le es solicitada.

Por lo expuesto presento ante esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a flexibilizar los requisitos para la inscripción de los niños y jóvenes mexicanos que se encuentran en retorno en el país, así como llevar a cabo foros y talleres con el magisterio nacional a fin de sensibilizarlo sobre la inclusión de estudiantes binacionales y biculturales en el sistema educativo nacional.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a agilizar y hacer gratuita la certificación de nacionalidad mexicana para niños y jóvenes nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos que se encuentran de retorno en México, implantando adicionalmente capacitación, sensibilización del personal que está a cargo, para orientar y atender oportunamente a padres o tutores de los menores que lo soliciten.

Notas

1 Conapo, 2015, https://www.gob.mx/conapo/articulos/30-de-abril- dia-de-la-niñez-algunos-datos-de-las-niñas-y-niños-migrantes-internacio nales?

2 “De regreso a casa y sin apostilla: estudiantes mexicoamericanos en México”. Jacobo-Suárez, en revista Sinéctica. Consultado en https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/712

3 “Cifras de Meade sobre americanos estudiando en México son imprecisas”, en

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/05/22/
cifras-de-meade-sobre-estadounidenses-estudiando-en-mexico-son-imprecisas_a_23440752/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para intervenir y revisar las condiciones laborales del personal de limpieza del Palacio Legislativo de San Lázaro, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Conforme al artículo 134 constitucional, los contratos y adquisiciones del sector público deben darse “...a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”

Sin embargo, la práctica del outsourcing o subcontratación de servicios, las empresas tienden a mejorar los costos que ofrecen, a cambio de castigar los ingresos y equipo de los trabajadores en detrimento de su salud y calidad de vida.

Ese es el caso del personal de limpieza que labora en la honorable cámara de diputados, dado que enfrenta una problemática laboral que perjudica directamente sus funciones dentro del recinto, pues conforme pasa el tiempo los empleados sufren recorte del material para laborar, cuestión que la empresa argumenta que a cambio se les dará una mejora salarial que resulta insuficiente ya que está sujeta al incremento del salario mínimo.

De acuerdo con diversos testimonios la empresa que las contrata en muchas ocasiones los tiene laborando sin contrato por largos periodos donde al llegar la quincena sí les paga, pero las condiciones para trabajar son poco claras y al momento de pedir explicaciones o acercamientos con alguna autoridad para expresar una opinión o inquietud la empresa no los toma en cuenta y únicamente las mueve de lugar para evitar problemas a futuro sobre posibles inconformidades.

Después de lo anterior resulta inevitable no sensibilizarse con dicha problemática ya que en estos tiempos dónde se busca resaltar cualquier profesión es inadmisible que una de las actividades más antiguas continúe encontrando obstáculos tan absurdos como falta de material para trabajar, abuso de autoridad, salarios bajos y explotación laboral, sin seguridad social ya que para nadie es un secreto que es una de las labores más importantes y honorables que las personas puedan desempeñar, pues son las principales responsables de mantener cualquier espacio o área en perfectas condiciones y que a su vez impacta de manera positiva en el desempeño de otras áreas y actividades que se realizan en los lugares donde trabajan.

Por todo lo anteriormente expreso y fundado, se somete a consideración de esta representación, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a establecer dentro de los lineamientos parta la contratación de servicios de limpieza, el que la empresa o empresas postulantes, cumplan con los derechos laborales y de buen trato a sus trabajadores, conforme a la inspección federal del trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Segundo . Se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a revisar las condiciones laborales del personal de limpieza que actualmente brinda el servicio a esta representación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de enero de 2019.

Diputado Juan Ángel Bautista Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Junta de Coordinación Política a garantizar condiciones laborales justas y en términos de trabajo decente a todo el personal de limpieza que presta servicios en la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, y artículo 62 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a efecto de que se garanticen condiciones laborales justas y en términos de trabajo decente a todas y todos los empleados de limpieza que trabajan en la Cámara de Diputados, conforme a las siguientes

Consideraciones

En México, el derecho al trabajo digno se encuentra establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo una garantía individual de todas y todos los mexicanos, que deberá ser respetada en todo momento.

Asimismo, el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo que conceptualiza trabajo decente señalando que es “aquél en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el derecho de huelga y de contratación colectiva”.

El derecho al trabajo es un derecho fundamental y esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad.

Los derechos humanos en el trabajo tienen su origen como derechos sociales en la Constitución Mexicana de 1917 y en la Constitución Alemana de Weimar de 1919, después de un largo proceso de desarrollo que arranca desde la Revolución Industrial.

El derecho al trabajo tiene tres elementos fundamentales:

1) libertad para ejercer cualquier profesión lícita sin injerencia de alguna autoridad pública;

2) derecho a tener un trabajo, que implica obligaciones positivas para el Estado, a fin de fomentar las circunstancias propicias para generar empleos;

3) dignidad, toda vez que el trabajo debe cumplir con un mínimo de condiciones justas.

El trabajo expande su importancia al ámbito económico, social y político, de ahí la necesidad de que bajo la lupa de los derechos humanos se desenvuelva, pues sólo a través de la observancia de estos derechos humanos laborales se asegura que quienes tengan trabajo gocen de los beneficios de los derechos fundamentales de la persona que labora, para que lo realice con dignidad y que los valores de igualdad de trabajo, de igualdad de salario, de igualdad de género y sin discriminación alguna sean plenamente respetados.

Es importante, que como legisladores busquemos que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores y así mismo se les brinden las prestaciones de ley a que son acreedores, por el solo hecho de tener una relación laboral y la percepción de un salario, así como lo marca el artículo 15-A. de la Ley Federal del trabajo.

Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.

Este tipo de trabajo, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo.

b) Deberá justificarse por su carácter especializado.

c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante.

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social

El objetivo de la presente proposición consiste en exhortar a la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados, a efecto de que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores de limpieza de la Cámara de Diputados, quien desde hace décadas sufren discriminación, injusticias, y no gozan de sus prestaciones de ley como debería de suceder.

Es lamentable ver, como en la propia Cámara de Diputados, no se garantizan los derechos laborales de sus propios empleados, aun y cuando son contratados por empresas que supuestamente les hacen un contrato que al parecer no existe, porque jamás se les ha presentado a ningún empleado un contrato para ser firmado y de esa manera garantizar sus prestaciones conforme a la ley.

Como antecedente, quiero citar que en los últimos años empresas como Claver Servicios, SA de CV; Slaver Servicios; Reisgo; y ahora en 2019 la empresa Joad Limpieza y Servicios, SA de CV, empresa que ha violado los derechos laborales de los empleados de limpieza de la Cámara de Diputados, es inaudito ver como en enero de 2019 quieres reducir su sueldo de 130 pesos a 100 pesos diarios. Esta empresa se dice, son de Gómez Mandujano quien ha ganado concursos millonarios (como la licitación de San Lázaro) en la SEP, la STPS y el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, a pesar de que han sido responsables de múltiples violaciones fiscales y laborales, sancionadas por la Secretaría de la Función Pública.

Es importante mencionar, que el pasado 17 de diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, presentaron la nueva política de salarios mínimos, la cual contempla un incremento fijado en 102.68 pesos y para la Frontera Norte de 176.72. Esto, siendo un acuerdo que “genera confianza por el esfuerzo tripartita”, según lo mencionó Andrés Manuel López Obrador.

Por lo que la secretaria del Trabajo indicó que “el salario mínimo no alcanza para lo mínimo “, por lo que, tras una larga jornada, la nueva política de salarios mínimos fijará dicho aumento. Lo que permite alcanzar la línea de bienestar determinada por el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Citando que llego la hora de romper políticas del pasado, la recuperación gradual del salario mínimo es una medida clave impulsada por el presidente, que en conjunto con otras políticas, permitirá superar la pobreza y avanzar hacia una sociedad más incluyente e igualitaria”.

Asimismo, dentro de las injusticias a que son acreedores dichos empleados, encontramos que no se les concede permiso para ausentarse por ningún motivo, esto es, si llegaran a enfermarse, tener algún problema familiar o un percance, como los que cualquier persona puede llegar a tener, no cuentan con algún tipo de recurso que los respalde para que no les descuenten parte de su ya bajo salario; debido a la falta de estabilidad económica que sufren estos empleados, por lo que se ven en ocasiones en la necesidad de abandonar el trabajo y afectarse no solo ellos sino también a sus familias.

Derivado de esta crítica situación laboral, este grupo de personas que oscila sobre un número de 470 empleados, enfrentan grandes dificultades para satisfacer sus necesidades más básicas y las de sus familias como lo son salud, alimentación, educación y vivienda.

Es por ello, que a través de esta soberanía presento este exhorto a la Junta de Coordinación Política, a fin de que dichos trabajadores en principio firmen un contrato en tiempo y forma y asimismo reciban un pago puntual correspondiente al periodo trabajado, acceso al servicio médico y seguridad social, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y demás prestaciones que marca la ley.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a efecto de que se garanticen condiciones laborales justas y en términos de trabajo decente a todas y todos los empleados de limpieza que trabajan en la Cámara de Diputados.

Segundo: La honorable Cámara de Diputados hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal a través de la secretaria del Trabajo y Previsión Social, para que en el ejercicio de sus atribuciones realice las auditorias o las acciones que correspondan, para verificar que la empresa Joad Limpieza y Servicios, SA de CV, cumplan con sus obligaciones laborales con los trabajadores de limpieza que prestan sus servicios en la Cámara de Diputados.

Notas

1 Derecho humano al trabajo y derechos humanos en el trabajo, CNDH, Primera edición: noviembre, 2016.

3. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lft.htm.

4. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/camara-de-diputados-busca-bajar-1 00-pesos-sueldo-de-personal-de-limpieza

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a crear una comisión especial que dé seguimiento a las pesquisas y recomendaciones sobre el robo de combustible, los planes urgentes de abastecimiento de Pemex y lo acaecido el 18 de enero de 2019 en Tlahuelipan, Hidalgo, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución para crear una Comisión Especial que dé seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el robo de combustible, los planes emergentes de abastecimiento de Pemex y los sucesos acaecidos en la comunidad de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, el 18 de enero de 2019, con base en las siguientes

Consideraciones

El 27 de diciembre de 2018 el presidente de la República anunció que con la participación de 15 dependencias del gobierno federal, desde el 20 de diciembre de ese mismo año, habían iniciado las acciones que conforman el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex .1

Como se trata de actividades y de un plan definidos como de seguridad nacional, más que abundar en detalles, solo se mencionaron las principales líneas de acción y los objetivos.2

El titular del Ejecutivo dio cuenta de la gravedad que ha alcanzado el robo de hidrocarburos al interior de Pemex y señaló que el principal objeto del plan, es combatir el robo de combustible. Se refirió que las pérdidas diarias por este ilícito que ascienden a 200 millones de pesos diarios, lo que equivaldría, por ejemplo, a 40 por ciento del financiamiento total de una refinería nueva, o a 60 por ciento de lo que se destinará a las pensiones a adultos mayores.

Ante las cifras, el titular del Ejecutivo afirmó que existían elementos hipotéticos para establecer que: de todo el robo de combustible, sólo 20 por ciento se daba con la ordeña de ductos, mientras que la mayor parte, tiene que ver con un plan que se opera con la complicidad de las autoridades.3

El titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), el agrónomo Octavio Romero Oropeza, ratificó que el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex dio inicio el 20 de diciembre y que se intervino el sistema de monitoreo y control de los ductos en Pemex; se llevaron a cabo también la remoción de funcionarios y ceses que están puestos a disposición del órgano de control y de las autoridades.

Por su parte, el entonces encargado del despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alejandro Gertz Manero, señaló que los trabajos iniciaron desde el área Pemex Logística, responsable del control de los ductos y precisó que quienes manejaban el control de esos ductos desde Pemex, eran los que estaban permitiendo que el robo de combustible se llevara a cabo.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Luis Cresencio Sandoval, informó que elementos de dicha dependencia, de la Marina y de la Policía Militar, quienes próximamente formarán parte de la Guardia Nacional, resguardarían las instalaciones estratégicas de Pemex, como parte del plan presentado. A esto, el presidente añadió que se desplegarían alrededor de 4 mil efectivos.

Coincidieron los funcionarios y el titular del Ejecutivo en mencionar que el principal problema en el robo de combustibles, no se trata de la simple ordeña de ductos, sino de un sistema de operaciones que involucraba diferentes niveles de saqueo desde las instalaciones de Pemex , centros de distribución, gasolineras y distribuidores en pipas.

Las dependencias federales que participan con Pemex en el Plan son las Secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, del Trabajo y Previsión Social, de Energía, de Marina, de Hacienda y Crédito Público, de Energía, de la Función Pública y la Sedena, además de la PGR, el Centro Nacional de Inteligencia, la Profeco, el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Desde el gobierno federal se hizo un llamado a todos los mexicanos para que apoyaran el plan, y que entre todos su pudiera erradicar el robo de combustibles; se convocó a los trabajadores de Pemex para también apoyaran y se alcanzara el propósito de cero corrupción. Se hizo una convocatoria a los transportistas, concesionarios y dueños de gasolineras, para que no vendieran gasolinas robadas, de procedencia ilícita y también a los compradores de gasolina robada y a los contratistas. Por último, se pidió que se denunciaran las tomas clandestinas y los actos de sabotaje a través de la denuncia ciudadana.

Aquí de entrada, llamó la atención un asunto, con fundamento los artículos 52, 80 y 81 de la Ley de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, es responsable de regular entre otras actividades: el transporte, distribución y almacenamiento de Hidrocarburos y Petrolífero s; y cuando la Secretaría de Energía, en el ámbito de sus atribuciones, deba dictar los planes de emergencia para la continuidad de las actividades en los sistemas integrados de transporte por ducto y almacenamiento de hidrocarburos y petrolíferos , debe considerar las opiniones que emitan tanto la Comisión Reguladora de Energía y los gestores de dichos sistemas.4

En lo que se ha difundido del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex no se ha mencionado a la Comisión Reguladora de Energía.

A partir de los días subsecuentes, los primeros días del mes de enero de 2019, ante el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, se registró un dramático desabasto de gasolina y diésel, en estaciones de servicios y centros de distribución en al menos nueve estados de la República: Hidalgo, estado de México, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Tamaulipas y Coahuila. 5

La causa que las autoridades esgrimieron fue: el cierre total o intermitente de los poliductos que alimentaban estos estados o sus centros de distribución y una logística de abastecimiento con pipas, que a la fecha no es entendible y que solo permitía abastecer, en promedio, el 10 por ciento de las estaciones de servicio.

Ante la falta de combustible y de información, la población de estas entidades comenzó a padecer la falta de combustible y la necesidad de perder entre cuatro y cinco horas formada en las pocas estaciones en servicio para abastecerse. La crisis impactó adicionalmente a la Ciudad de México, ante la crisis que afectó a los municipios conurbados del estado de México y el cierre del ducto Tuxpán-Atzcapozalco.

Asimismo, se detectó que al menos unos 58 buques, estaban fondeados en el Golfo de México en 14 puertos entre los que destacaban, los puertos de Tuxpan y Coatzacoalcos, Veracruz, por no poder entrar al puerto para descargar el producto, debido a que las terminales de almacenamiento se encontraban saturadas, por la estrategia del gobierno federal contra el robo de combustibles. El director de Negocios Downstream Oil & Gas en SGS México, aseguró que esta situación provocaría una carga económica para Pemex, pues mantenerlos en esta situación generará, penalizaciones que van de los 25 mil a 30 mil dólares diarios por cada barco. Tan sólo en Tuxpan estaban fondeados, el jueves 10 de enero de 2019, diez barcos que no eran propiedad de Pemex, sino que habían sido contratados para hacer el flete, mientras en Coatzacoalcos se contabilizaban 14 con destino a Pajaritos. En total, por los 58 buques tanque se tendría que pagar más entre 600 mil y 720 mil dólares diarios.6

Esta información primero fue negada y minimizada por la Secretaría de Energía y luego tuvo que ser aceptada por el titular del Ejecutivo.7

Aun cuando las quejas se reflejaron en ambientes tensos y reclamos de la población afectada por una logística a todas luces insuficiente y mal planeada, para abastecer a los centros de distribución y gasolineras , el gobierno federal afirmó que no daría un paso atrás para reabrir los ductos, hasta llevar acabo mayores pesquisas.

Contrario a lo que se había afirmado con el anuncio del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex, se dio un nuevo comunicado para divulgar: un operativo de fuerzas federales que reforzarían la vigilancia de mil 600 kilómetros de ductos, por donde se transportan hidrocarburos, para evitar el saqueo, porque ese era el principal problema.

Por su parte el Congreso de la Unión , a través de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente , aprobó el 10 de enero de 2019, un Punto de acuerdo para tener una reunión con los titulares de la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza; el titular de Inteligencia financiera de la Secretaria de Hacienda, Santiago Nieto y el titular de la Profeco, Francisco Ricardo Sheffield, para que explicaran la situación de desabasto de combustibles y la falta de planeación logística que acompañara el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex. Dicha reunión se llevaría a cabo el día 16 de enero de 2019 en la sede de la Comisión Permanente.

Horas antes de que se llevara a cabo la reunión de trabajo con integrantes del Congreso, los funcionarios cancelaron su participación aduciendo que estaban atendiendo la emergencia; y los funcionarios que estaban citados a la reunión, estuvieron durante la mañana en la conferencia de prensa con el titular del Poder Ejecutivo, por al menos dos horas, lo cual puso en duda los argumentos esgrimidos para la cancelación de la reunión.

El 16 de enero la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ratificó que la PGR ya procesaba mil 700 carpetas de investigación contra personas relacionadas con el robo de gasolina y que estaban en proceso de fortalecer estas carpetas de investigación. La titular de la política interior Sánchez Cordero, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad, y la titular de Energía, Rocío Nahle, se reunieron con los gobernadores de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez; Querétaro, Francisco Domínguez; Jalisco, Enrique Alfaro; estado de México, Alfredo del Mazo; Hidalgo, Omar Fayad, y de Michoacán, Silvano Aureoles, a quienes les explicaron la estrategia.

Entre los días 15 y 17 de enero de 2019, el presidente de la República anunció la compra de 500 pipas para mejorar el abasto de combustible y lanzó una convocatoria para la contratación de choferes de pipas, con el propósito de mejorar el abasto que aun en esa fecha ha lastimado ya la economía de al menos ocho estados de la república y significa otro viraje en la programación de actividades del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex.8

Este nuevo anuncio que se hace difícil creer porque en el mercado nacional e internacional, no existe tal disponibilidad de vehículos de trasporte y de choferes capacitados, a decir del presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), además, pone en duda la estrategia de seguridad carretera y de seguridad de los trasportistas de combustibles.

En medio de esta crisis de abasto y de la estrategia del gobierno federal contra el robo de combustible, se han dado al menos dos explosiones en ductos de Petróleos Mexicanos; una, la explosión de un ducto, en inmediaciones de la comunidad Paso de Mata cerca de San Juan del Río, Querétaro, de la cual no se ha tenido noticia de víctimas, y la explosión trágica que ocurrió (también al anochecer del viernes 18 de enero de 2019) en el ducto Tuxpan-Tula, a la altura del municipio de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, a 100 kilómetros de la Ciudad de México que dejo a desafortunadamente un centenar de muertos, así como decenas de personas heridas y desaparecidas.

En esta última tragedia, hemos sido testigos a través de imágenes difundidas en televisión y redes sociales, sobre la presencia de policías e integrantes de las fuerzas armadas, que fueron rebasadas por integrantes de la comunidad que saqueaban un ducto perforado. Pero es de llamar la atención, que no se activara ningún protocolo de seguridad para tratar de evitar una tragedia de las dimensiones mencionadas y que lamentamos todos los mexicanos.

El Congreso de la Unión no puede seguir ajeno a estos acontecimientos, ni quedar excluido de la información que el Poder Ejecutivo federal tiene para llevar a cabo su Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex y que a la luz de diferentes hechos, contradicciones y problemas, han afectado a los ciudadanos, la economía de ciertas regiones y están relacionados con una tragedia humanitaria .

Por todo lo anteriormente expuesto, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para crear una Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones y recomendaciones relacionadas con el robo de combustible, los planes emergentes de abastecimiento de Pemex y los sucesos acaecidos en la comunidad de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, el 18 de enero de 2019.

Notas

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-presenta-plan-conjunto-de
-atencion-a-instalaciones-estrategicas-de-pemex-no-habra-tolerancia-para-nadie

2 ibídem.

3 Ibidem.

4 Artículos 52, 80 y 81 de la Ley de Hidrocarburos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LHidro_151116.pdf

5 https://www.razon.com.mx/mexico/pega-desabasto-en-nueve-estados

6 ttps://www.dineroenimagen.com/actualidad/24-buques-con-combustible-llev an-varados-un-mes-en-veracruz/106142

7 http://www.milenio.com/politica/amlo-buques-petroleros-en-puertos-estan -en-espera

8 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1021190.anuncia-amlo-compra -de-500-pipas.html

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 6 de febrero de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob y la SHCP a ampliar los beneficios del programa Somos Mexicanos para que los migrantes en retorno definitivo al país puedan importar sin gravamen alguno sus vehículos, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal migrante María Libier González Anaya, integrante de la LXIV Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La deportación de mexicanos que residen en el extranjero va en aumento cada día, las políticas migratorias del gobierno estadounidense pretenden alcanzar metas más altas de retornados.

De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2017 hubo 151 mil 647 deportados; y el periodo que va de enero a julio de este año se tiene un registro de 123 mil 648 deportados.1

De acuerdo con información proporcionada por la especialista en temas migratorios y ex directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior, Eunice Rendón, “el primer año de Trump ha dejado una disminución en cuanto al número de deportaciones, y “una reducción del 24 por ciento de arrestos fronterizos ”, lo cual pareciera positivo. Pero lo crítico de la situación es el aumento del 30.3 por ciento de los arrestos dentro de Estados Unidos, en comparación con el último año fiscal de Obama, al pasar de 110 mil 104 a 143 mil 470.”i

Lo anterior suscita incertidumbre para nuestros compatriotas que se encuentran en la Unión Americana y que tienen una situación irregular en su estadía, esta incertidumbre se origina básicamente en la manera en que habrán de generar recursos económicos para su manutención y la de sus familias; recordemos que el objeto de su partida es el tener empleos remunerados que les permitan generar mejores condiciones de vida que aquí no encontraron.

Por ello es importante que, desde la concurrencia de poderes, en este caso el Legislativo y el Ejecutivo, se promuevan acciones que beneficien a los migrantes que retornan al país a fin de crear condiciones propicias que generen arraigo en México, como su lugar de origen y el lugar en donde puedan crecer y desarrollarse de manera óptima con su familia.

En marzo de 2014 la Secretaría de Gobernación establece la estrategia Somos mexicanos como un conjunto de acciones dirigido a las personas repatriadas mexicanas con el fin de que su retorno al país sea digno, productivo y apegado a los principios fundamentales en materia de derechos humanos.

En ello se involucran los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil, organismos internacionales y fundaciones, para lograr su reinserción a la vida nacional.

De tal manera que, a través del Instituto Nacional de Migración, se ofrecen los siguientes servicios: alimentación y salud; identidad (se les otorga facilidades para obtener el CURP), se facilitan medios de comunicación para que hablen con sus familiares, traslado y se coordina con organizaciones de la sociedad civil para facilitarles refugios temporales.

Adicionalmente el 2 de marzo de 2017, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundió, a través de la página del Servicio de Administración Tributaria, facilidades para los connacionales que regresen al país en forma permanente provenientes de Estados Unidos y que son brindadas en el marco de la estrategia Somos mexicanos.

Entre los beneficios de quienes se acogen a estas facilidades otorgadas por las autoridades hacendarias se pueden mencionar los siguientes:

-Menaje de Casa. Los mexicanos que vivieron en el extranjero al menos durante seis meses y regresan a México a residir definitivamente, tienen derecho a llevar consigo su menaje de casa sin pagar impuestos de importación.

-También se pueden ingresar sin pago de impuestos artículos que son parte del equipaje personal: bienes de uso personal, ropa, dos cámaras fotográficas, dos equipos deportivos, libros, revistas, entre otros.

-Se aumenta la franquicia a mil dólares, en artículos diferentes a los que traen en su equipaje y es acumulable por cada integrante de su familia.

-Se permite la importación de herramientas de trabajo que fueron indispensables para el oficio o profesión por un valor máximo de 5 mil dólares libre del pago de impuestos. Este beneficio es por única ocasión y por familia, entre otros.

Estos beneficios sin duda alguna conllevan a facilitar las condiciones de bienestar de quienes retornan al país, ya que les permite contar con un pequeño patrimonio para su reinserción en la sociedad mexicana.

Sin embargo, a la fecha se sigue considerando la importación de vehículos dentro del esquema tradicional, en el que se deben pagar los impuestos correspondientes donde las tasas de importación pueden ser de hasta el 50 por ciento del valor del vehículo, lo que ocasiona un detrimento en su muy endeble economía.

Cabe señalar que los migrantes mexicanos que llegan a residir en el país del norte, ante las facilidades que ofrece el mercado automotriz norteamericano buscan adquirir unidades vehiculares a mejores precios que los que pudieran encontrar en el mercado mexicano, pero en el momento de su deportación no tienen más disyuntiva que venderlos ante la suma de impuestos y derechos tiene que pagar.

Al respecto el artículo 137 Bis 3 de la Ley aduanera señala lo siguiente:

“Artículo 137 Bis 3. La importación a que se refiere el artículo anterior podrá efectuarse pagando exclusivamente el 50 por ciento del Impuesto General de Importación que corresponda a los vehículos a importar, conforme a su clasificación arancelaria. Las fracciones arancelarias aplicables según la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, serán las que correspondan al valor de la compra-venta en dólares de los Estados Unidos de América, de los vehículos automotores usados. Asimismo, se exime del requisito de permiso previo, por parte de la Secretaría de Economía, la importación de vehículos automotores usados a que se refieren los artículos anteriores.”2

Como podemos apreciar, el gravar con impuestos de esta índole a los automóviles que ya forman parte del patrimonio de los connacionales que retornan del extranjero, demeritan la calidad de vida que pudiesen tener al encontrarse devuelta en el país, ya que pueden constituir un instrumento que les facilite reinsertarse laboral y socialmente; Por ello mi interés de liberar de cualquier tipo de impuesto, derecho o pago alguno que imposibilite al mexicano retornado, importar su vehículo cuando este sea menor a 12 mil dólares de Estados Unidos de América.

Ante esta situación es que pongo a consideración de este honorable órgano legislativo el que se exhorte a las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para que, de manera coordinada, implementen de forma extraordinaria un programa de regularización de automóviles de procedencia extranjera para migrantes que sean deportados de la Unión Americana, incluyendo a aquellos mexicanos que deseen retornar al país, ya que de esta manera se les estaría proporcionando un instrumento de trabajo que les permitiese utilizarlo para contar con ingresos que sean producto de un trabajo decente para la manutención de sus familias; el programa en comento consistiría en exentar del pago de impuestos y derechos que actualmente realiza la dependencia en mención por concepto de importación definitiva de automóviles al país, lo que constituye un estímulo a la actividad comercial que deseen emprender.

México tiene la obligación moral de propiciar acciones que faciliten la reinserción social de nuestros paisanos a la vida productiva de nuestro país, por ello apelo a la sensibilidad de los integrantes de esta Legislatura, a su calidad humana y a la deuda moral que se tiene para con ellos, para que de esta manera podemos ir sumando acciones que beneficien a los mexicanos que retornan.

En mérito de lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de las secretarías de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para ampliar los beneficios del programa Somos mexicanos, para que los migrantes que retornan al país de manera definitiva puedan importar sus vehículos sin gravamen alguno.

Notas

1 Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, según entidad federativa de origen y sexo, 2018. http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/V_Repatriacion_de_mexi canos_de_EUA

2 Ley aduanera, en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12_250618.pdf, consultado el 17 de septiembre de 2018.

i Con Trump, caen 25 por ciento las deportaciones frente a último año de Obama. En http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-trump-caen-25-las-deportaci ones-frente-a-ultimo-ano-de-obama

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a respetar el Estado laico y abstenerse de organizar, participar o asistir con carácter oficial a un acto religioso de culto público, a cargo del diputado Irán Santiago Manuel, del Grupo Parlamentario de Morena

Irán Santiago Manuel, diputado a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía punto de acuerdo de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 26 de enero del año en curso, en la explanada del Centro Escolar Federal Juchitán, se llevó a cabo la “Jornada de oración y proclamación” organizada y convocada por el presidente municipal constitucional de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, licenciado Emilio Montero Pérez. A dicho evento, mediante documento oficial, convocó a pastores del municipio y de la región del Istmo.

Además, en el referido acto religioso de culto público entregó “las llaves del municipio a Jesucristo”, en franca violación de los artículos 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. y 2o., inciso b), de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, y 25 del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Con esta conducta, el presidente municipal constitucional de Juchitán de Zaragoza contraviene el estado laico, al no separar su creencia religiosa de sus funciones constitucionales, pues asistió con carácter oficial al referido acto religioso de culto público.

Además, la convocatoria al referido acto fue expedida en un documento oficial del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, conteniendo menciones sobre sus creencias religiosas, contraviniendo el artículo 3o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, tal y como se muestra a continuación:

Es preciso señalar que la generación de liberales representada por Benito Juárez García, expidió las Leyes de Reforma y promulgó la Constitución de 1857, con el propósito de cimentar las bases del estado laico que caracteriza a México hasta nuestros días.

Con ello, nuestra nación quedó libre del triple yugo: de la intervención extranjera, de la Iglesia y de las clases privilegiadas. Esta acción es considerada como la segunda Independencia del país, al haber independizado al Estado de la Iglesia.

Así, desde el decreto que reformó el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, dispone que: “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.” A partir de entonces, nuestro país se ostenta explícitamente como un estado laico.

Inclusive, toda la ley fundamental está pensada a partir del principio de separación entre la esfera política y la religiosa.

El carácter laico del Estado mexicano se sustenta en una serie de disposiciones constitucionales que organizan el régimen de separación entre el Estado y las iglesias, y que aseguran las libertades del ser humano en relación con sus convicciones fundamentales. Entre ellas se encuentran los artículos 3o., 24 y 130 de nuestra Carta Magna.

Además de la Constitución existen otras disposiciones normativas cuyo objetivo consiste en garantizar el principio de laicidad. Entre ellas está la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la cual desarrolla y puntualiza las disposiciones constitucionales sobre la fundación, el funcionamiento y, los derechos y obligaciones de las asociaciones religiosas. En ella se mencionan también la regulación de los actos religiosos, las infracciones y sanciones a las disposiciones en materia religiosa, y los mecanismos de resolución de controversias.

También se enfatizan las obligaciones de las autoridades en el marco del estado laico, así como la prohibición a los servidores públicos para asistir con carácter oficial a un acto de culto.

Igualmente existen disposiciones de derechos humanos contenidos en los tratados internacionales firmados por México. Al respecto, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza la libertad de conciencia y de religión. En los mismos términos, aparece también en el artículo 18 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Por otra parte, la mejor manera de garantizar la libertad religiosa, es precisamente a través del estado laico. Éste tiene tres elementos centrales que deben reconocerse, a través de los cuales se garantiza la protección de las libertades de religión, junto con las otras libertades civiles. El estado laico tiene la obligación de garantizar la libertad de conciencia. Eso es central, esa es la principal función, esa es la razón por la que surgió el estado laico; es decir un estado que garantice que las personas puedan pensar de manera distinta, que haya una diversidad en las opiniones. Un estado que garantice esa diversidad y que no todos tengamos que pensar de manera idéntica y que por supuesto podamos actuar en consecuencia a partir de nuestra libertad de conciencia. Y si hablamos de libertad de conciencia y de sus consecuencias, estamos hablando de muchísimas libertades que mencioné al principio.

Históricamente la laicidad supone la autonomía de lo político frente a lo religioso, independientemente de las diversas formas de relación entre el Estado y las iglesias o convicciones religiosas institucionalizadas; en concreto, la laicidad es una realidad cuando se conjugan de manera armoniosa los siguientes elementos o ingredientes: respeto a la libertad de conciencia, creencia, ideología y autonomía de lo político frente a lo religioso, igualdad de los individuos, libertad de asociación y respeto a los derechos humanos de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al presidente municipal constitucional de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, a respetar el estado laico y se abstenga de organizar, participar o asistir con carácter oficial a un acto religioso de culto público.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputado Irán Santiago Manuel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar por las instancias correspondientes una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas locales susceptibles de ser afectadas por la construcción del proyecto Tren Maya, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79 numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes realice una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas locales susceptibles de ser afectadas por la construcción del proyecto denominado “Tren Maya”, tal y como lo mandata la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, de los que el Estado Mexicano es parte; debiendo garantizar requisitos esenciales en la consulta, tales como información suficiente, objetiva y veraz tanto de las bondades como de los impactos ecológicos, culturales y al patrimonio arqueológico de las zonas y localidades donde se pretende realizar dicha obra. Igualmente se solicita se publique de manera transparente y accesible el presupuesto destinado y ejercido por zona geográfica y por rubro, así como la Manifestación de Impacto Ambiental de dicho proyecto, atendiendo lo establecido en la legislación nacional y acuerdos internacionales en cada materia, al tenor de lo siguiente:

Antecedentes

Dentro de los grandes proyectos de desarrollo regional y de inversión en infraestructura del entonces candidato a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, se anunció la construcción del proyecto del “Tren Maya” en 5 estados de la península de Yucatán y que afirmó, busca detonar el desarrollo turístico de la región sureste del país.

Con fecha del 15 de noviembre del 2018, diversos académicos e investigadores, enviaron al entonces Presidente Electo, una carta donde solicitaron que para el Proyecto del Tren Maya se realicen estudios serios y exhaustivos para conocer el impacto social, cultural, y medioambiental en las zonas por donde pasará la ruta ya que algunas de ellas están identificadas como hábitats críticos que abarcan áreas con alto valor de biodiversidad.

También solicitaron que para el proyecto se respetara el principio de la “consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas locales afectadas” a que obliga el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); la cual no puede sustituirse con ninguna “consulta nacional”, y tendría que realizarse de manera trasparente y bajo la observación de una comisión sin conflicto de interés.

Igualmente expusieron los daños que se pueden ocasionar al medio ambiente con la construcción de este gran proyecto de infraestructura ferroviaria. Alertaron que de treinta años a la fecha México, en la región donde correrá el tren, se ha perdido selvas, manglares y bosques de manera alarmante. Esto es preocupante ya que nuestro país es reconocido por estar en el grupo de los doce países megadiversos a nivel mundial, ocupando el cuarto lugar.

Afirman que la construcción del Tren Maya, nos pone en una situación de grave riesgo. También alertan sobre las reservas hídricas ya que es un hecho que el agua, un bien indispensable para la vida, es un recurso limitado que depende en buena medida de la salud de bosques y selvas. Hoy la biodiversidad y el agua son los más importantes recursos con los que puede contar una nación.

Por ello los sitios de alta biodiversidad, como los que se encuentran en la ruta que atravesará el Tren Maya, deben preservarse bajo los más estrictos estándares internacionales y reconociendo los saberes de los pueblos originarios quienes han sido garantes de los territorios y depositarios de la riqueza natural y cultural de nuestro país.

Antonio Benavides Castillo, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Campeche, afirmó que el paso del tren provocará daños en la flora y fauna de la reserva natural de Calakmul.

El 24 y 25 de noviembre del 2018 se realizó la segunda consulta ciudadana, en el cual el equipo de transición del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, preguntó sobre diversos proyectos y programas prometidos a lo largo de su campaña presidencial. Respecto al Proyecto del Tren Maya, un 89.9% se pronunció a favor y un 6.6% votó en contra.

El 16 de diciembre del 2018 iniciaron oficialmente los trabajos para el Tren Maya en el municipio de Palenque, Chiapas, con un ritual de los pueblos originarios a la madre tierra para la anuencia del proyecto ferroviario. En el evento que fue encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador participaron 12 etnias mayas asentadas en la región y se realizará de manera simultánea en Edzna y Becán, Campeche; Chichén Itzá, Yucatán; Tenosique, Tabasco, y Tulum, Quintana Roo.

En lo relacionado al costo del proyecto, el gobierno actual anunció una inversión estimada de la infraestructura de la vía del tren de 120 a 150 mil millones de pesos que se obtendrían a través de un esquema de inversión mixta. Para el Ejercicio Fiscal 2019, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se asignaron 5,220 millones de pesos, para el Tren Maya dentro del rubro de “Provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga”.

Consideraciones

El proyecto del Tren Maya es presentado por el gobierno federal como “el principal proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo sostenible del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El proyecto consiste en un nuevo servicio de transporte férreo que interconecta las principales ciudades y zonas turísticas de la península de Yucatán” en sus regiones de Selva, Golfo y Caribe, y recorrerá los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas.

Los objetivos de dicho megaproyecto turístico son:

• Impulsar el desarrollo socioeconómico de la región y las comunidades locales.

• Fomentar la inclusión social y la creación de empleo.

• Promover y resguardar las culturas indígenas locales.

• Proteger y rehabilitar las Áreas Naturales Protegidas en la Península.

• Fortalecer la industria turística en México.

• Apoyar el ordenamiento territorial de la Península.

En la presentación pública del Proyecto, se mencionan los desafíos y soluciones en los ámbitos social, cultural y medioambiental pero no se presenta ningún documento oficial como la Autorización de Impacto Ambiental, o informes sobre reuniones y consultas con las comunidades indígenas y residentes afectadas con la construcción del proyecto.

Es importante mencionar que nuestra Constitución Política, en el artículo segundo de su apartado B, fracción IX, estipula la obligación del Estado de consultar a la población indígena en el diseño, aprobación y aplicación de las políticas públicas relacionadas con su desarrollo. Igualmente, la Ley de Planeación, en su Capítulo Tercero, denominado: Participación Social en la Planeación, particularmente en sus artículos 20 y 20 Bis, señalan que “las comunidades indígenas deberán ser consultadas y podrán participar en la definición de los programas federales que afecten directamente el desarrollo de sus pueblos y comunidades. Se precisa además que, en los asuntos relacionados con el ámbito indígena, el Ejecutivo Federal consultará, en forma previa, a las comunidades indígenas, para que éstas emitan la opinión correspondiente.

Por otro lado, en materia de impacto al medio ambiente y a la biodiversidad, el Gobierno no ha dado a conocer la Autorización de Impacto Ambiental, requisito obligatorio para todo proyecto de obras en vías generales de comunicación como lo establece el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Por otro lado, como no se ha tenido conocimiento del procedimiento y publicación de dicha autorización, no se ha logrado solicitar legalmente, como lo establece la normatividad en la materia, la consulta pública como lo estipula el artículo 34 de la misma ley y su Reglamento.

Hasta ahora, el proyecto ha incumplido con la legislación nacional y los acuerdos internacionales en materia de consulta previa a las comunidades y localidades indígenas, así como en materia de transparencia y acceso a la información respecto a los recursos destinados y ejercidos.

Igualmente se desconocen las afectaciones que dicho proyecto traerá al medio ambiente ya que como lo expresaron los expertos en dichos temas, el tren generará impactos negativos sobre todo en los frágiles equilibrios ecológicos por donde atravesará, reduciendo la rica biodiversidad de la región.

El Partido Acción Nacional apoya el crecimiento de nuestras regiones a través de obras como las ferroviarias, siempre hemos impulsado la inversión en infraestructura como detonador del desarrollo nacional y local, sin embargo, nos oponemos a que sea sin contar con los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales necesarios y especialmente sin consultar a las comunidades indígenas ya que este proyecto los afecta directamente.

Igualmente reclamamos la transparencia y la rendición de cuentas en todo proyecto, en especial cuando se trata de dinero público. Y finalmente solicitamos se respete la legislación en materia ambiental ya que de no hacerse las consecuencias pueden ser irreversibles.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que través de las instancias correspondientes realice una consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas locales susceptibles de ser afectadas por la construcción del proyecto denominado “Tren Maya”, tal y como lo mandata la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, de los que el Estado mexicano es parte; debiendo garantizar requisitos esenciales en la consulta, tales como información suficiente, objetiva y veraz tanto de las bondades como de los impactos ecológicos, culturales y al patrimonio arqueológico de las zonas y localidades donde se pretende realizar dicha obra.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que publique de manera transparente y accesible el presupuesto destinado y ejercido por zona geográfica y por rubro, así como la manifestación de impacto ambiental del proyecto denominado “Tren Maya”, atendiendo lo establecido en la legislación nacional y acuerdos internacionales en la materia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de enero de 2018.

Diputada Dulce Alejandra García Morlan (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para actualizar y fortalecer los protocolos de actuación y medidas de seguridad, auxilio y protección a las mujeres por el incremento de intentos de secuestro en las instalaciones y los alrededores del Metro de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe Claudia Pastor Badilla, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que, a la brevedad, actualicen y fortalezcan sus protocolos de actuación y medidas de seguridad, auxilio y protección a las mujeres, ante el incremento de presuntos intentos de secuestro en las instalaciones e inmediaciones del metro, situación que vulnera la integridad y seguridad de las usuarias, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante las últimas semanas, se han incrementado las denuncias de diversas mujeres, quienes aseguran ser objeto de agresiones e intentos de secuestro en las instalaciones e inmediaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro en la Ciudad de México, presuntamente por organizaciones del crimen organizado dedicadas a la trata de personas.

De acuerdo con diversos testimonios, en este transporte público operan con impunidad y a lo largo del día diversas bandas delictivas, quienes amedrentan a las mujeres en vagones, andenes y torniquetes, o bien, en sus inmediaciones, intentando subirlas a vehículos particulares contra su voluntad, intimidándolas y amenazándolas de muerte si gritan o piden algún tipo de ayuda.

Pese a que las autoridades capitalinas sostienen que no existen denuncias y por lo cual no pueden investigar, diferentes medios de comunicación han documentado ampliamente más de 150 casos, dejando claro la falta de interés y compromiso por parte del gobierno de la Ciudad de México y sus instituciones de procuración e impartición de justicia para garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público e identificar y sancionar este ilícito que pone en peligro la integridad de niñas, adolescentes y jóvenes, principalmente.

Entre estos acontecimientos se encuentra el denunciado el pasado 15 de enero, cuando aproximadamente a las 22:20 de la noche tres hombres intentaron subir a una mujer de 29 años a un vehículo estacionado afuera de la estación del metro Coyoacán; no obstante, al presentar la denuncia ante el Ministerio Público le indicaron que su caso no procedía por intento de secuestro, sino que se catalogaba sólo por robo.

Estos delitos no sólo acontecen en la noche, muestra de ello es que el 29 de enero se registró otro intento de secuestro cuando una joven se encontraba en la estación de Canal del Norte a las 8:30 de la mañana. Debido a que la víctima forcejeo y pidió ayuda pudo escapar de sus captores.1

Las áreas de transbordo resultan ser de alta vulnerabilidad. El 31 de enero de 2019 una mujer, en el paso a Tacubaya con dirección a la terminal Barranca del Muerto, fue interceptada, y en la estación San Pedro de los Pinos de la Línea 7 solicitó el apoyo de los elementos, ya que dos personas la sujetaron de los brazos y la intimidaron con amenazas de secuestrarla.2

Estos hechos se han denunciado principalmente en estaciones como Martín Carrera, Barranca del Muerto, Mixcoac, San Antonio, Indios Verdes, Coyoacán y Ermita.3 Sin embargo, también se han identificado abusos en la estación Puebla, Eduardo Molina, Tacubaya y transbordos de las líneas 13 y 3 hacia la estación Universidad, entre otras.

Ante el aumento de este tipo de situaciones, diversas organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos y colectivos, han convocado a manifestarse en contra de los actos de violencia contra las mujeres y la inseguridad que se vive diariamente en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, ya que atentan sus libertades, derechos humanos e integridad.

Los intentos de secuestro, robos, asaltos, extorsiones y acoso sexual en el metro, dejan de manifiesto que la actual estrategia de seguridad es fallida, por lo que resulta urgente actualizar los protocolos de actuación, mejorar las medidas de apoyo a las víctimas y desarticular las bandas delictivas.

La disminución de estas violaciones no se dará solo con el incremento de elementos, se requiere el uso de tecnología, herramientas de inteligencia y la sanción del personal que esté involucrado con las organizaciones del crimen organizado. Asimismo, para concretar una estrategia integral, también se requiere una mejor capacitación, adiestramiento y equipamiento para que puedan hacer frente a los criminales.

Muchas de las víctimas, cuando acuden a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, han sido objeto de una revictimización, ya que enfrentan la negativa por parte de las autoridades para levantar su denuncia por el tipo penal correspondiente e iniciar las investigaciones para sancionar conforme a derecho a los responsables.

En la lucha contra la delincuencia es toral la coordinación de los órdenes de gobierno a fin de emprender las acciones necesarias para la eficaz contención, identificación y sanción de los ilícitos. El objetivo gubernamental debe ser garantizar un medio de comunicación seguro, con servicios de calidad en beneficio no sólo de las mujeres, sino de la población en su conjunto.

Estas denuncias evidencian la necesidad de realizar un análisis exhaustivo sobre el funcionamiento del metro y transparentar entre otros aspectos, los montos asignados para el personal de seguridad, los servidores públicos sancionados por su colusión con bandas delictivas y los resultados de las estrategias de protección a los usuarios.

Se debe garantizar el óptimo funcionamiento de los servicios, entre ellos, las cámaras de vigilancia y los botones de pánico, asimismo, acrecentar las medidas para inhibir el comercio ilegal y la operación con impunidad de las bandas delictivas dedicadas al asalto, robo y extorsión.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que, a la brevedad, actualicen y fortalezcan sus protocolos de actuación y medidas de seguridad, auxilio y protección a las mujeres, ante el incremento de presuntos intentos de secuestro en las instalaciones e inmediaciones del metro, situación que vulnera la integridad y seguridad de las usuarias.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México y los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a que informen las acciones emprendidas y sus resultados, a partir de diversas denuncias de personas que presuntamente fueron objeto de un intento de secuestro en las instalaciones e inmediaciones del metro.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para que transparenten los recursos destinados a las estrategias de seguridad, informen las acciones emprendidas para la protección de los usuarios y emprendan mecanismos mantenimiento a las cámaras de vigilancia y los botones de pánico.

Notas

1 Claudia Ramos. (2019). Usuarias del metro denuncian en redes intentos de secuestro; autoridades piden hacer las denuncias de manera oficial. 30/01/2019, de Animal Político Sitio web:

https://www.animalpolitico.com/2019/01/usuarias-metro-de nuncian-intentos-secuestro-autoridades-piden-denuncias/

2 Augusto Atempa. (2019). Denuncian intento de secuestro en L7. 31/01/2019, de El Reforma Sitio web:

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1598007&
urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1598007

3 El Universal. (2019). Lo que sabemos de los presuntos secuestros en el Metro. 30/01/2019. Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/lo-que-sabemos-de-los-pre suntos-secuestros-en-el-metro.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días de febrero de 2019.

Diputada Clara Pastor Badilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a impulsar programas de vivienda a bajo costo para migrantes mexicanos en el extranjero y de retorno, y posibilitarles el bienestar familiar, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Libier González Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las mayores aspiraciones de los mexicanos que se trasladan a trabajar al extranjero, es hacerse de un patrimonio que les permita tener estabilidad económica, así, tener un lugar donde vivir se convierte en una prioridad que les genere mejores condiciones de bienestar para ellos y sus familias, muchas de las cuales se quedan en el país, en espera de las remesas que les permitan subsistir.

El poder contar con una vivienda digna, es una aspiración del migrante que les permitirá consolidar el patrimonio familiar, para de ahí partir a mayores proyectos que les generen prosperidad, esta aspiración no solo está presente en los mexicanos que están en el extranjero, lo es de aquellos que retornan después de un periodo de estadía más o menos largo y que al encontrarse nuevamente en el país carecen de vivienda propia para habitar.

Para los migrantes mexicanos que viven en el extranjero, es paradójico que no obstante contar con un empleo, no existan esquemas de financiamiento más allá de los que ofrecen las instituciones bancarias, los cuales tienen tasas de interés demasiado altas, por lo que corresponde al Estado mexicano quien recibe una muy alta cantidad de dólares por concepto de remesas, producto del trabajo de estos mexicanos, implementar programas que coadyuven a la adquisición de vivienda en México, ya sea para sus familias o cuando ellos deseen retornar.

Si bien es cierto que la Comisión Nacional de Vivienda ha implementado un programa de financiamiento para autoconstrucción, con poco impacto, a partir de la cantidad que ofrece ($66,000.00 pesos mexicanos)1 y los requisitos que establece; por lo que se hace necesario crear esquemas de financiamiento que sean atractivos para el migrante mexicano, que tengan como características principales: montos de crédito que posibiliten realmente la adquisición de vivienda y que se ofrezcan a tasas preferenciales, es decir, a bajo costo, partiendo de las circunstancias laborales de estos trabajadores mexicanos.

El proceso de reinserción social de los migrantes mexicanos en retorno, es difícil cuando después de residir durante un tiempo determinado en la unión americana regresan al país y no tienen un lugar para habitar, habida cuenta de que el tiempo que vivió en el extranjero su finalidad primera era establecerse de manera definitiva en aquel país.

La decisión de regresar a México, que bien puede ser de manera voluntaria o cuando es repatriado, viene acompañada en muchos casos de no tener una vivienda donde alojarse, lo que empeora aún más su precaria y vulnerable situación.

Si bien es cierto que alguno de los migrantes mexicanos regresa con un pequeño capital hecho con el esfuerzo de su trabajo, no todos han tenido esa posibilidad, por lo que es urgente llevar a cabo programas de manera extraordinaria que les permita a todos ellos tener un lugar donde alojarse, atendiendo de esta manera lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. párrafo sexto: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”2

De acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas México 2018, las cifras de migrantes mexicanos en situación de retorno son las siguientes:

“Entre 2009 y 2016, fueron retornados 1.4 millones y removidos 2.2 millones de mexicanos desde Estados Unidos de América (EUA).

En 2017, aumentaron las deportaciones de mexicanos con estancias largas en EUA respecto al año anterior, pasando de 24 a 39 por ciento del total de los eventos contabilizados para cada año.

Jalisco, Michoacán, estado de México, Baja California y Guanajuato fueron las entidades con más retornados entre 2010 y 2015.

Entre 2015 y 2017, 27.1 por ciento de los retornados trabajaba en el sector informal y 77.1 por ciento carecía de prestaciones de salud por su empleo.” 3

En razón de alojamiento, 61.8 por ciento de los retornados viven en casa propia, 21.2 por ciento rentan y 15.0 por ciento viven en una casa prestada. 4

Si bien es cierto, que a los migrantes mexicanos les es difícil obtener créditos hipotecarios, por no aportar cuotas a alguno de los institutos públicos que existen, así como tampoco contar con un patrón, que entere las partes proporcionales que los institutos solicitan para el establecimiento de cuentas de vivienda, o en su defecto, acogerse al programa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para mexicanos que trabajan por su cuenta o en la informalidad, ya que éste establece como condición primordial estar registrado en el régimen de incorporación fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), condición que no aplica para el mexicano retornado por haberse encontrado fuera del país.

En ese sentido, es que se hace un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que dentro de sus atribuciones implemente programas especiales de vivienda, cuyo objetivo sea atender las necesidades de los migrantes en el extranjero y de retorno así como sus familiares que carecen, no sólo de un lugar de destino, sino también de un lugar dónde vivir, para que de esta manera puedan hacerse de una vivienda a bajo costo, que les permita en el mediano y largo plazo cubrir el crédito al que son sujetos, de la misma manera que lo puede hacer un empleado ordinario que cotice al Infonavit o al Fovissste, garantizando la igualdad derechos entre los mexicanos que aquí radican y quienes son retornados; pero aún más, a fin de hacer efectiva la garantía constitucional de tener vivienda digna y decorosa.

Por último, es digno de mencionar que la Ley de Migración en su artículo 2, señala como una de las responsabilidades del Estado mexicano: “Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.”

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que, en el ámbito de sus atribuciones, impulse programas de vivienda a bajo costo para migrantes en el extranjero y de retorno, que les permita hacerse de un patrimonio que posibilite el bienestar familiar.

Notas

1 Apoyos a la vivienda del migrante. https://www.gob.mx/conavi

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm.

3 Anuario de Migración y Remesas. México 2018. Pag.70. En https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/08/1707_AnuarioMig racionRemesas_2018.pdf. Consultado el 12 de noviembre de 2018.

4 Anuario de Migración y Remesas. México 2017. Pag.70. En https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/08/1707_AnuarioMig racionRemesas_2017.pdf. Consultado el 12 de noviembre de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a realizar acciones en materias presupuestaria, jurídica y administrativa a fin de mitigar el efecto negativo en los hijos de madres trabajadores y padres solos derivado de la reducción en el PEF de 2019 del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

Silvia Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral I, fracción 1; 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019 aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, contempló un recorte sustantivo al "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras", que alcanzó casi el 50% del mismo.

En el presupuesto del ejercicio anterior, correspondiente al año 2018, este programa, en el Anexo 13 "Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres", concretamente en el Ramo 20 "Desarrollo Social", ahora llamado "Bienestar", se contempló la cantidad de 4,070 millones de pesos, con los cuales, se proporciona un subsidio federal para el cuidado de 313 mil 450 niñas y niños, en 9,653 estancias infantiles a lo largo y ancho de nuestro país.

Es el caso, que en el mismo anexo y ramo, para este ejercicio 2019, ese monto se redujo para alcanzar solamente los 2,041 millones de pesos, es decir, una reducción de 2,029 millones de pesos, que representa exactamente el 49.8% de recorte.

El 1 de febrero se puso a disposición de la ciudadan ía el proyecto de modificaciones a las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a madres trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019,en la página web de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, el cual contempla, entre otras cosas:

1. La reducción de edad de los niñas(os), hijas(os) de madres beneficiadas, quedando fuera aquellos niños de entre 3 y 4 años de edad.

2. Que los beneficiados no tengan acceso directo o por parentesco a los sistemas de seguridad social, en específico a los servicios de cuidado y atención infantil como prestación laboral.

3. La eliminación del reconocimiento del primer año de preescolar mediante el Reporte de Evaluación.

Estas modificaciones afectan de manera real y directa a las madres y padres quienes quedaran el servicio de cuidado y atención de sus hijas(os) ya sea por contar con prestaciones sociales a las que tienen acceso pero no se les otorga el servicio por parte del IMSS y eI ISSSTE; o porque trabajan en el sector informal de la economía y no cuentan con opciones accesibles para financiar el cuidado y atención de sus hijas(os) como consecuencia de la reducción de la edad.

De la misma manera, se ve afectado el desarrollo de las niñas(os) antes beneficiados por el Programa, quienes por un espacio de hasta 8 horas diarias entre semana recibían un servicio integral, que además, a través de un Modelo de Atención acreditaban el primer año de preescolar, que desde hace años cursarlo es obligatorio. Sin embargo, es de destacar que la Secretaría de Educación Pública ha sido incapaz de proveer la infraestructura, los recursos materiales y los humanos, para dar cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 3ero.

El programa de estancias infantiles atiende un asunto fundamental no solo para el desarrollo integral de las niñas(os) y el profesional de las madres trabajadoras, sino también el desarrollo económico mediante la creación de empleos (tanto de los empleos de las madres de familia, como de los empleos generados en las propias estancias infantiles), pero más importante que nada, atiende al interés superior de la infancia al que nos obligan el artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Convención de Derechos del Niño, de la que México forma parte en sede universal.

Dicho en otros términos, las modificaciones al Programa derivado de la reducción presupuestal al mismo, va en detrimento del interés superior de la niñez, y con ello, estamos, como Estado, violentando nuestra normativa constitucional, legal y convencional, pero más grave aún, estamos violentando los derechos más elementales que le asisten a nuestras niñas y niños, que es el de contar con un espacio seguro, en el que se les provean de la protección y los cuidados que les permitan desarrollarse plenamente.

Por estos motivos, consideramos indispensable la intervención de las instancias gubernamentales vinculadas con este programa a efecto de que tomen las medidas necesarias para corregir este grave error.

Por lo antes expuesto, nos permitimos someter a la consideración del pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los Institutos Mexicano del Seguro Social, y al de Seguridad y Servicio de Social para los Trabajadores del Estado a que cumplan con sus obligaciones como prestaciones laborales de otorgar servicios de cuidado y atención infantil a todos sus derechohabientes de manera eficiente, y equitativa.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a cumplir con su obligación constitucional de impartir la educación inicial, ampliando la cobertura de la infraestructura, así como destinando mayores recursos tanto humanos como materiales.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al gobierno federal en su conjunto, a efecto de que se realicen las reasignaciones presupuestarias necesarias para restituir el presupuesto que se recortó en este ejercicio 2019, al "Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras", dotándole de un monto adicional de al menos 2,029 millones de pesos.

Cuarto. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Bienestar, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el establecimiento de una mesa de diálogo de manera conjunta con responsables de servicio de estancias infantiles, a efecto de revisar reglas de operación para evitar posibles malos usos del programa y coadyuvar en la elaboración de alternativas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Cofepris a hacer del conocimiento público las causas del retraso de entrega de permisos para importar materias primas en la producción de medicamentos, a cargo de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Frinné Azuara Yarzábal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que haga de conocimiento público las causantes que derivaron en el retraso de entrega de permisos para la importación de materias primas en la producción de medicamentos y dé a conocer las acciones emprendidas en coordinación con la Secretaría de Salud para garantizar el abasto de medicamentos en todo el territorio nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), esta industria genera por lo menos .8 por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, y produce más de 96 mil empleos directos y al menos 500 mil indirectos en toda la cadena productiva. Estos indicadores la posicionan como una industria importante para el desarrollo del país.1

No obstante, diversos servidores públicos de la actual administración pública federal y de las dependencias de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), han sostenido que existe la comercialización de medicamentos de manera irregular en el mercado negro.

Entre estas declaraciones, destaca la dada a conocer por el Presidente de México el pasado mes de diciembre en alcaldía de Iztapalapa, ya que durante un acto público aseguró que “El huachicoleo no sólo se daba en Petróleos Mexicanos, sino también en el sector salud donde se robaban las medicinas y el dinero para los medicamentos”.2

Ante estas sospechas, el gobierno federal como en otros casos, decidió cancelar la producción y suministro de medicamentos para evitar su robo. Sólo de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tardó más de 45 días en aprobar y entregar a farmacéuticas y laboratorios permisos de importación y registros sanitarios para la producción de medicamentos.3

Según la propia Cofepris está llevando a cabo un plan para garantizar el desarrollo de las funciones sustantivas, esto deja de manifiesto la falta de experiencia en el sector y la incapacidad para continuar con las tareas y funciones asignadas a este órgano fundamental en la protección y cuidado de la salud de los mexicanos.

Ante la falta de transparencia se debe dar a conocer a la brevedad, el monto de los recursos públicos asignados a este plan, sus objetivos, metas y alcances, así como los resultados alcanzados hasta el momento.

Esta lamentable situación ha derivado en rezagos, principalmente, en la entrega de permisos y en la falta de suministro de medicamentos. De no atender estas aristas con oportunidad, se reflejará en los próximos meses en un desabasto de estos productos que son de primera necesidad.

De continuar con esta media poco transparente y planeada se verán afectados diversos sectores de la ciudadanía, entre ellos, pacientes del IMSS, del ISSSTE y de otras instituciones de salud.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que los mexicanos no tenemos que sufrir los estragos de decisiones ineficaces y poco planeadas para identificar, contener y prevenir supuestamente el robo de medicamentos, por el contrario, se deben tomar las medicinas necesarias para garantizar uno de los derechos humanos, más indispensables consagrados en nuestra Constitución, como es la salud.

Una estrategia integral, lejos de detener los permisos de importación debe procurar la simplificación y homologación de trámites, el impulso de una agenda de mejora regulatoria y la instrumentación de medidas que permitan la creación y ampliación de empresas dedicadas a la producción, distribución y comercialización de medicamentos, con el objetivo de garantizar su acceso.

Contrario a lo que está desarrollando durante los primeros meses de gobierno esta administración federal, en lo sucesivo debe ampliar sus estrategias de política pública que permitan la negociación de compras consolidadas y procure las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en la adquisición de medicamentos.

Estas acciones son contrarias a los compromisos del Presidente de México, relativo a asegurar el abasto de medicamentos y su acceso gratuito en las clínicas y hospitales del sector salud, particularmente en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Sin permisos para importar materias primas para la elaboración de medicamentos o fármacos terminados, en el corto tiempo llegará a impactar de manera negativa el acceso a ellos y su distribución a los centros de salud, afectando a pacientes y población en su conjunto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios para que haga de conocimiento público las causantes que derivaron en el retraso de entrega de permisos para la importación de materias primas en la producción de medicamentos y dé a conocer las acciones emprendidas en coordinación con la Secretaría de Salud para garantizar el abasto de medicamentos en todo el territorio nacional.

Notas

1 Excélsior . (2019). “Hay abasto de medicamentos”: Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. 03/02/2019. Sitio web:

https://www.excelsior.com.mx/nacional/
hay-abasto-de-medicamentos-camara-nacional-de-la-industria-farmaceutica/1293019

2 Sin Embargo . (2019). AMLO: “No sólo huachicoleo en gasolinas, en todo: se robaban las medicinas en los hospitales”. 03/02/2019. Sitio web:

https://www.sinembargo.mx/15-01-2019/3522886

3 Dulce Soto. (2019). Retrasan permisos para fármacos. 03/02/2019, de Reforma sitio web: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.as px?id=1594107&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/arti culo/default.aspx?id=1594107

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a fortalecer el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y permitir su operación eficiente, a cargo de la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Lourdes Celenia Contreras González, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo federal, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las nuevas realidades laborales que viven los hogares familiares en México se caracterizan por manifestar cambios en los roles familiares, las mujeres u hombres que se quedan en casa a cuidar de los hijos o realizar solo responsabilidades del hogar van en disminución o simplemente hay un compartimiento de las actividades del hogar con otros miembros de la familia; por lo que ahora cada día más mujeres forman parte del circuito de desarrollo económico del país. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo1 desde el segundo trimestre de 1995 y primero de 2009 el aumento va de 36.8 por ciento a 40.8 por ciento.

Aunque existe esta tendencia laboral y social en México, la decisión de ingresar al mercado laboral por parte de mujeres y hombres, suelen considerar algunas variables para poder obtener y conversar la oportunidad de empleo, quizás para quienes tiene hijos menores de cinco años de edad, la complejidad de encontrar quien cumpla con la responsabilidad de cuidarlos, alimentarlos y formarlos no es sencillo. Esto genera el fenómeno social de “crisis del cuidado” por lo que las Estancias Infantiles son los espacios más idóneos para los cuidados necesarios de las niñas y niños.

Las Estancias Infantiles aparecen no solo como las instituciones que cubren las necesidades múltiples de las niñas y niños, sino como los entes que apoyan a las madres y padres trabajadores para buscar o conservar un espacio laboral, incluso en algunos casos para concluir sus estudios académicos. De la misma manera, es un apoyo para ciudadanos que cuentan con los espacios adecuados y cumplan las medias de seguridad y buscan emprender su microempresa de servicios de estancias infantiles, por lo que existe en todas las perspectivas una reactivación económica local.

Las Estancias Infantiles coadyuvan con elevar la productiva del país, incrementar el número de oportunidades para ciudadanos con hijos y reducción de la pobreza. Como política pública ha sido exitosa en el entendido que ha conocido y detectado una necesidad social, ha diseñado un sistema interinstitucional para brindar este servicio y de deroguen los recursos necesarios, además de los avances y evaluaciones constantes a los cuales es sometida. Asimismo, ha realizado un segundo efecto positivo en materia de las políticas públicas de igualdad de género, ya que ha elevado la igualdad de oportunidades, sin buscar su superioridad, ya que las reglas de operación invitan también a padres de familia solos.

Por lo tanto, la inoperatividad eficiente o cierre de las Estancias Infantiles se convierte en el perjuicio de uno de los grupos sociales más susceptibles a la vulnerabilidad: niñas y niños; del mismo modo, se crea una “crisis de cuidado” para las madres y padres que cuentan con este vital servicio.

Por los motivos ya expuestos, se solicita al Poder Ejecutivo federal fortalecer el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, ya que de lo contrario miles de niñas y niños podrían quedar sin un espacio seguro, mientras observamos como madres y padres solos abandonan empleos formales por no contar con este apoyo social.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos de urgente u obvia resolución a la consideración de este órgano legislativo la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Poder Ejecutivo federal a que reconsidere fortalecer el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras y pueda operar de manera eficiente, a fin de que continúen siendo beneficiadas las niñas y los niños que lo necesiten.

Nota

1 Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Segundo trimestre de 1995 y primero de 2009.

Salón de sesiones, a 6 de febrero de 2019.

Diputada Lourdes Celenia Contreras González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía condena las amenazas realizadas contra el presidente de la República y respalda sus acciones para combatir el robo de combustible, suscrita por los diputados Jaime Humberto Pérez Bernabe y Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena

Jaime Humberto Pérez Bernabe y Rubén Cayetano García, en nuestra calidad de diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, como de urgente u obvia resolución la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. El día 27 de diciembre de 2018 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la presentación del Plan Conjunto del Gobierno de México para Combatir el Robo de Hidrocarburos, que cuenta con la participación de 15 dependencias del gobierno de México, entre las que destacan las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de la Función Pública, del Trabajo y Previsión Social, de Hacienda y Crédito Público, y de Energía; la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, la Fiscalía General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Federal del Consumidor, puesto en marcha desde el 20 de diciembre y señalo que:

“Se trata de un plan estratégico necesario, urgente, por lo que implica en cuanto a fuga de dinero público. Es un robo a bienes de la nación, a recursos públicos, a dinero de todos los mexicanos. Es un robo que el año pasado significó, en términos generales, una pérdida para Pemex del orden de 60 mil millones de pesos.

Se trata del robo masivo de pipas que opera mediante un esquema interno que se vale de la propia estructura gubernamental:

Estamos hablando de un plan que tiene vinculación al interior del gobierno y se apoya en un sistema de distribución de combustibles.

El jefe del Ejecutivo dio cuenta de la gravedad que ha alcanzado el robo de hidrocarburos al interior de Pemex al señalar que la pérdida equivale al presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o al 60 por ciento del monto total de becas para adultos mayores.

Es importante que se sepa: Está por aprobarse una reforma a la Constitución para que el robo de hidrocarburos sea delito grave, sin derecho a fianza. Y no va a importar la cantidad de lo robado. No queremos que se apruebe esta reforma y que la gente no lo sepa. Queremos que se sepa que no va a haber tolerancia en el robo, que no va a haber corrupción para nadie, ni arriba, ni abajo; que vamos a limpiar de corrupción al gobierno, que ese es el propósito.”

Segundo. El 16 de enero de 2019, el secretario de la Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que 3 mil 200 elementos apoyan en la supervisión de los ductos.

Por su parte, el secretario de la Defensa, el general Crescencio Sandoval, informó que 5 mil 800 elementos y 14 aeronaves vigilan los 11 ductos prioritarios que abastecen a las refinerías o a las terminales de distribución de las principales ciudades.

“La Fuerza Aérea y también la parte de helicópteros de la Armada están haciendo reconocimientos para poder cubrir esos ductos y estén proporcionando la información a las tropas que están en tierra de los lugares donde están localizando algún movimiento extraño, alguna situación donde se identifique que hay una actividad ilícita sobre los ductos”.

Como parte de esta estrategia de combate al robo de hidrocarburos, el 29 de enero de 2019, alrededor de las 14:00 horas del martes, elementos de la Secretaría de Marina detectaron una pipa de doble remolque en un predio de la comunidad de San Salvador Torrecillas, en el municipio de Villagrán. Ahí operaba una estación clandestina de trasvase de combustible.1

Cabe resaltar que el poblado San Salvador Torrecillas se encuentra a solo 3.7 kilómetros de la comunidad de Santa Rosa de Lima, bastión de José Antonio Yépez, alias El Marro , quien dirige un grupo de delincuencia organizada dedicado, entre otras actividades, al robo de combustible.

Pobladores de la zona se movilizaron para evitar el paso de los marinos quienes, a su vez, pidieron refuerzos por aire, también al Ejército, la Gendarmería y Seguridad Pública de Guanajuato. Tras la incursión de los marinos se registraron bloqueos en la carretera Celaya-Irapuato, donde al menos nueve vehículos fueron incendiados.2

El miércoles 30 de enero de 2019, el secretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán, informó que a través de investigación de inteligencia se tuvo conocimiento de que el cártel de Santa Rosa de Lima convocó a sus integrantes para la distribución de hidrocarburo en el predio El Hoyo, ubicado en el poblado de San Salvador Torrecillas, Guanajuato. Personal del Ejército y de la Marina se trasladó al lugar, pero miembros del cártel intentaron impedir su despliegue, a través de bloqueos carreteros, sin lograr su objetivo.3

Informó que cuando arribó el personal castrense fueron encontradas 11 pipas, 14 camiones tipo Torton con caja para combustible, dos cajas de camión, un tracto camión sin caja, 8 vehículos con pipas de combustible abastecidas y una pipa con agua, las cuales quedaron aseguradas.

Y dijo que: “Se sigue todavía la averiguación judicial, vamos a seguir investigando todo ese predio porque lo más seguro es que por ahí haya algunas tomas clandestinas, eso se va a seguir trabajando con personal de Pemex, Ejército, Marina y la Policía Federal”.

Tercero. Como resultado de la lucha que se ha implementado contra el robo de combustible en la República Mexicana, que ha disminuido las ganancias ilícitas a diversos cárteles que disputan el denominado Triángulo Rojo, al día siguiente, el jueves 31 de enero de 2019, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, se encontró una “narcomanta” firmada por el “Cartel Santa Rosa de Lima”, la cual contenía amenazas de muerte contra del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

El mensaje estaba firmado por José Antonio Yépez Ortiz, El Marro , líder del cártel y señalaba:

“Presidente Andrés Manuel López Obrador, te exijo que ya saques a chingar a su madre a la Marina, Sedena, Gendarmería y fuerzas federales del estado, si no te voy a empezar a matar junto con gente inocente para que vea que esto no es un juego y que Guanajuato no los necesitamos. Hay (sic) te dejo un regalito en la refinería para que vayas viendo cómo se van a poner las cosas y si no sueltas a mi gente que se llevaron y haces caso omiso, va a valer madre atente a las consecuencias”.4

En esa misma ciudad, también abandonaron una camioneta con un artefacto explosivo en las afueras de la refinería Antonio M. Amor (RIAMA) de Pemex, movilizando a agentes policiales que realizaron operativos de búsqueda de más explosivos en la zona.5

Ante estos hechos, por separado, las dirigencias de los principales partidos políticos nacionales, reaccionaron de distinta manera:

La dirigencia nacional del PRI reprobó las amenazas de huachicoleros en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y dio su respaldo a las acciones que lleva a cabo para combatir el robo de combustible en el país.

Arturo Zamora Jiménez, secretario general del CEN del PRI dijo que:

“Ante cualquier amenaza, el presidente de la Republica debe tener el respaldo de todos los ciudadanos y se debe perseguir actuar contra quienes cometen delitos, como los huachicoleros.”6

Y señaló que: “Ni el presidente ni ninguna autoridad puede estar sujeto a alguna amenaza o intimidación”.7

A demás añadió: “Reprobamos desde aquí cualquier tipo de amago o de amenaza que se genere al presidente de la República, a cualquier autoridad de cualquier nivel de gobierno, de cualquier partido político. No debemos permitir y no debemos tolerar que se amenace a las autoridades, pero también es importante decirle a las autoridades que inicien ya las carpetas de investigación contra los que sean responsables”.

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, condenó la amenaza contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y señaló que el mensaje referido confirma la necesidad tener una estrategia coordinada con todas las entidades y municipios. En conferencia de prensa

“Toda expresión violenta siempre será condenada por Acción Nacional”.8

También dio a conocer que dialogó con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez, quien le informó que el caso está en investigación.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, a través de su vicecoordinadora, Verónica Juárez Piña, advirtió que: “No hay que desestimar este tipo de incidentes, y en casos como éstos hay que ser solidarios y demandar que se tomen las medidas de seguridad pertinentes para proteger al Ejecutivo federal”.9

Y añadió que: “Las acciones del gobierno encontrarán resistencia porque esta actividad ilícita representa miles de millones de pesos anuales para el crimen organizado”.

A su vez, la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, sostuvo que:

“Ni una manta ni nada va a dar marcha atrás, ni a dejar de hacer lo que se está haciendo para combatir los actos delictivos y la corrupción, para que se sigan robando los combustibles”.10

Es decir, existe un común denominador de las fuerzas políticas para rechazar las amenazas contra el jefe del Estado mexicano o cualquier otra forma de violencia así como los intentos de extorsión política de cualquier grupo criminal que reta la autoridad legítimamente constituida del gobierno para realizar acciones que eviten el crimen y su proliferación.

Asimismo, es de tenerse en cuenta que estas de amenazas y extorsión contra la autoridad realizadas por grupos organizados de la delincuencia, son una muestra del cómo se conciben ellos mismos: Como una suerte de Estado dentro del Estado, tienen territorio y población, una base social que los apoya, y se asumen como gobierno. Incluso cuentan con su propio brazo armado que “defiende” su territorio y siembra el miedo entre la población para que se les deje delinquir.

Cuarto. El crimen organizado es una amenaza contra la seguridad de las personas y sus bienes, además de atentar contra el correcto desarrollo cultural, económico, social, civil y político.

En este orden de ideas, los delitos referidos al robo de hidrocarburos son considerados de especial gravedad, toda vez que por su especial naturaleza, para su ejecución se requiere, en la mayoría de los casos, de la participación de la delincuencia organizada.

Así está señalado en la Constitución, en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 19, párrafo segundo, señala:

“Artículo 19. ...

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.”

Por su parte, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en su artículo 2o., fracción IX, la cual establece:

“Artículo 2o. Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

...

IX. Los previstos en las fracciones I y II del artículo 8; así como las fracciones I, II y III del artículo 9, estas últimas en relación con el inciso d), y el último párrafo de dicho artículo, todas de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos .”

Por otra parte, el día 12 de enero de 2016,11 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la cual, entre otros puntos establece:

“Artículo 8. Se sancionará con pena de 20 a 30 años de prisión y multa de 20,000 a 25,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien:

I. Sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

II. Aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

Artículo 9 . Se sancionará a quien:

I. Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

II. Resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

III. Altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.”

Cabe señalar que durante la aprobación del dictamen correspondiente, el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, del Partido revolucionario Institucional, señaló que “los delitos en contra de la industria petrolera causan pérdidas económicas por más de 40 mil millones de pesos anuales, situándose así en una de las actividades ilícitas más redituables, solamente atrás del narcotráfico y tráfico de armas. Precisó que este delito no sólo causa pérdidas financieras, sino también en vidas humanas, integridad física y daños al medio ambiente.”12

Por su parte, el Partido Acción Nacional, a través del diputado Juan Pablo Piña Kurczyn, refirió que “durante 2015 el robo de gasolina aumentó 57 por ciento respecto del año anterior, lo que es alarmante para la economía de nuestro país. Ante ello, dijo, es necesario y de prioridad nacional tomar acciones inmediatas para combatir este problema que asecha a la industria petrolera”.13

La diputada Elva Lidia Valles Olvera (PAN) afirmó que “el dictamen permite una tipificación más exacta de los delitos que se cometen en contra de la industria de los hidrocarburos; establece sanciones más fuertes en contra de quienes cometen estas conductas ilícitas, y se considera responsables a todos aquellos que participen en la cadena de actos delincuenciales”. 14

Finalmente, debe considerarse que las amenazas contra la población son inaceptables, es una conducta ilícita y puede establecerse incluso como un acto terrorista.

El Código Penal Federal señala en su Libro Segundo, Titulo Primero, los Delitos Contra la Seguridad de la Nación, en sus artículos del 123 al 141, entre los que se encuentran, entre otros ilícitos los de Terrorismo y Conspiración, y a la letra rezan:

“Capítulo VI

Terrorismo

Artículo 139. Se impondrá pena de prisión de quince a cuarenta años y cuatrocientos a mil doscientos días multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten:

I. A quien utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio , inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios , ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.

II. Al que acuerde o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional.

Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán en una mitad, cuando además:

I. El delito sea cometido en contra de un bien inmueble de acceso público;

II. Se genere un daño o perjuicio a la economía nacional, o

III. En la comisión del delito se detenga en calidad de rehén a una persona.”

“Capítulo VII
Sabotaje

Artículo 140. Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos, al que dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos , funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal , órganos constitucionales autónomos o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas ; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa.

Se aplicará pena de seis meses a cinco años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos, al que teniendo conocimiento de las actividades de un saboteador y de su identidad, no lo haga saber a las autoridades.

Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando los actos de sabotaje se realicen en los ductos, equipos, instalaciones o activos, de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores a que se refiere la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.”

Por su parte, el capítulo VIII, artículo 141, del mismo Código Penal Federal, tipifica el delito de conspiración y a la letra reza:

“Capítulo VIII

Conspiración

Artículo 141. Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y multa hasta de diez mil pesos a quienes resuelvan de concierto cometer uno o varios de los delitos del presente Título y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación.”

Por lo expuesto y fundado, sometemos respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena enérgicamente las amenazas realizadas en contra del Presidente de la República, y respalda las acciones que lleva a cabo para combatir el robo de combustible en el país.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la Nación para que considere abrir carpetas de investigación por actos de delincuencia organizada, terrorismo y sabotaje, cometidos por quienes hayan elaborado la narcomanta encontrada el jueves 31 de enero de 2019, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, firmada por el “Cártel Santa Rosa de Lima”, la cual contenía amenazas en contra de la población.

Notas

1 Noticieros Televisa. Televisa. News 30 enero 2019. 9:36 am. Cártel Santa Rosa de Lima, autor de bloqueos en Guanajuato https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/cartel-santa-rosa-lima -autor-bloqueos-guanajuato/

2 Lo mismo.

3 Lo mismo.

4 La Verdad, 1 de febrero de 2019. ‘El Marro’ amenaza de muerte a AMLO presidente por combate al huachicoleo. https://laverdadnoticias.com/crimen/El-Marro-amenaza-de-muerte-a-AMLO-p residente-por-combate-al-huachicoleo-20190201-0051.html

5 Idem.

6 Tv Azteca Noticias. 31 de enero de 2019. Respalda PRI a López Obrador frente a amenazas de huachicoleros http://www.aztecanoticias.com.mx/respalda-pri-a-lopez-obrador-frente-a- amenazas-de-huachicoleros/3311754

7 Ibid.

8 The News México. 31 de enero de 2019. El PAN condena manta con amenazas contra AMLO en Guanajuato y pide no dar marcha atrás. https://www.themexico.news/politica/el-pan-condena-manta-con-amenazas-c ontra-amlo-en-guanajuato-y-pide-no-dar-marcha-atras/

9 Nación 3, 2,1. 31 de enero de 2019. Partidos apoyan a AMLO ante amenazas de presuntos huachicoleros https://www.nacion321.com/partidos/partidos-apoyan-a-amlo-ante-amenazas -de-presuntos-huachicoleros

10 Id.

11 DOF 12-01-2016 Decreto por el que se Expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del Código Fiscal de la Federación y del Código Nacional de Procedimientos Penales.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5422465&fecha=12/01/2016

12 Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Boletín número 068. Aprueban diputados, con cambios, minuta que expide ley para sancionar delitos en materia de hidrocarburos.

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/ Boletines/2015/Diciembre/10/0683-Aprueban-diputados-con-cambios-minuta- que-expide-ley-para-sancionar-delitos-en-materia-de-hidrocarburos

13 Idem.

14 Ibidem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputados Jaime Humberto Pérez Bernabe y Rubén Cayetano García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a instaurar campañas informativas para crear entre niños y adolescentes de educación básica conciencia sobre los principales riesgos del desmedido uso de plásticos, a cargo de la diputada Cynthia Iliana López Castro, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Cynthia Iliana López Castro, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública instrumente campañas informativas para concientizar a las niñas, niños y adolescentes que estudian la educación básica, sobre los principales riesgos del uso desmedido los plásticos, a fin de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 establecen en su meta 14 objetivo 14.1 “Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo”.1

Actualmente, los ríos, lagos, mares y el resto de los entornos naturales se ven afectados por la gran contaminación de los plásticos, siendo una de las amenazas para la salud y los ecosistemas a nivel global.

Los residuos sólidos como bolsas, botellas de plástico, popotes y otros desechos vertidos en los océanos desde tierra terminan siendo con frecuencia alimentos de mamíferos marinos, peces y aves que los confunden con comida.

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) menciona que tan sólo en 1950, el mundo produjo 1.5 millones de toneladas de plástico; y en 2016, aumentó a 300 millones de toneladas, con graves consecuencias para las plantas y los animales marinos. El plástico mata un millón de aves y más de 100 mil especies cada año.2

En este mismo tenor, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) alerta sobre las consecuencias de contaminar nuestros océanos con plásticos y asegura que más de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos cada año.3

Cada año se usan 500 mil millones de bolsas de plástico en el mundo, por lo que el 50 por ciento es desechable de un sólo uso. Cada minuto se compran 1 millón de botellas plásticas.4

De acuerdo con el informe Valoración de los Plásticos, publicado por el PNUMA, el coste de capital natural del uso de plástico en la industria de bienes de consumo es de 75 mil millones de dólares al año.5

Para el caso de México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) plantea que desechar 150 bolsas de plástico al año es algo que en verdad afecta a los recursos económicos y naturales de los mexicanos.6

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), apunta que en nuestro país una persona produce casi un kilo de residuos sólidos al día, por lo que se genera poco más de 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año, cantidad que equivale a 175 veces el volumen de la pirámide del Sol de Teotihuacán o 231 veces el estadio de futbol más grande del territorio nacional.7

Tan sólo en la Ciudad de México habitan casi 9 millones de personas, que en conjunto tiran mil 350 millones de bolsas al año. Además, esta cantidad no considera las bolsas que se utilizan y se desechan en la zona conurbada, en la que habitan más de 12 millones de personas.

Una persona que vive en la Capital del país en promedio tira 1.4 kilogramos de residuos al día, de los cuales 40 por ciento son orgánicos y 60 por ciento son inorgánicos. De los residuos inorgánicos el 80 por ciento son desperdicio que ya no se pueden aprovechar, y por lo tanto, se consideran basura.

La contaminación en los océanos es producto de actividades de la población que se desarrollan alrededor de ríos, mares, lagunas y manantiales. Dichas acciones se traducen en la llegada de diversos materiales nocivos, desde fertilizantes o plaguicidas, residuos sólidos provenientes de actividades industriales y de origen doméstico y agrícola.

Diversos especialistas del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advierten que la presencia de microplásticos en los mares va en acelerado aumento en el mundo y representa un peligro para los organismos marinos que sufren daños por ingestión y atragantamiento.8

De allí la trascendencia del presente Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Educación Pública instrumente campañas informativas para concientizar a las niñas, niños y adolescentes sobre los principales riesgos del uso desmedido los plásticos, a fin de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Es apremiante que el Estado mexicano lleve a acciones orientadas a sensibilizar a las niñas, niños, jóvenes y la población en general sobre la importancia de prevenir y combatir la contaminación de plásticos, la cual atenta contra el medio ambiente y la salud de las personas.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación Pública que instrumente campañas informativas para concientizar a las niñas, niños y adolescentes que estudian la educación básica, sobre los principales riesgos del uso desmedido los plásticos, a fin de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Notas

1 http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/180131_ODS-metas-digit al.pdf

2 https://news.un.org/es/story/2017/05/1378771

3 https://news.un.org/es/story/2017/05/1378771

4 http://www.un.org/es/events/environmentday/index.shtml

5 http://www.atl.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=7610:los-plasticos-provocan-un-dano-financiero-de-13-mil-millones-d e-dolares-a-los-ecosistemas-marinos-al-ano-y-aumenta-la-preocupacion-po r-los-microplasticos&catid=114:contaminacion-del-agua&Itemid=57 6

6 http://www.conacytprensa.mx/index.php/sabias-que/16156-sabias-que-cada- habitante-de-la-ciudad-de-mexico-tira-150-bolsas-de-plastico-al-ano

7 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39412/RESIDUOS_SOLIDOS_U RBANOS-_ENCARTE.pdf

8 http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/libro_25_aniv/capitulo_31.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 6 de febrero de 2019.

Diputada Cynthia Iliana López Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a someter a consideración la cesión de derechos a los 32 estados de la república sobre helicópteros o aviones del gobierno federal, a cargo del diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, artículos 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la aprobación del siguiente punto de acuerdo de conformidad a lo siguiente:

Consideraciones

Con base en la noticia con fecha 2 de diciembre del 2018;

“El secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, afirmó este domingo que Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, le adelantó que muy pronto se venderán 60 aviones y 70 helicópteros que pertenecen al gobierno federal.” (sic)

México, al igual que otros países en vías de desarrollo, enfrenta complejos problemas de salud pública ante la creciente demanda de atención de servicios de urgencias generadas principalmente por lesiones de causa externa, trasplante de órganos o enfermedad repentina o crónica, una vez que ocurre un accidente, las lesiones severas, la discapacidad, o bien la importancia del trasplante de órganos, pueden atenuarse mediante la intervención oportuna y adecuada de personas capacitadas.

La atención inmediata de una emergencia médica es parte importante de los servicios médicos de urgencias, ello se debe a que el tiempo entre un accidente y el tratamiento médico inicial es de vital importancia.

En México 17 mil personas esperan un trasplante, además hay miles con enfermedades crónicas que se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Trasplantes, en espera de un órgano o tejido, mismos que sólo pueden obtenerse mediante una donación, esto de acuerdo con datos de 2016 de la Secretaría de Salud.

Para muchas personas un trasplante representa la única oportunidad de continuar con vida, y considerando que los órganos tienen un tiempo de vida limitado el avión o el helicóptero es el único medio que permite el rápido traslado, resulta necesario contar con una ambulancia aérea que preste un servicio eficiente, oportuno y de calidad para llevar a cabo este tipo de funciones de urgencia en todo el país, es decir, salvaguardar vidas y evitar que se recrudezcan las lesiones minimizando los efectos o secuelas que pudieran resultar.

O bien en la prevención secundaria, en la respuesta médica apropiada a fin de mejorar el tratamiento, después de una lesión, en muchos casos, la rapidez y el traslado de la emergencia de las víctimas para trasplantes de órganos desde el lugar del incidente a un centro de atención médica, reduciendo la incidencia de muerte, discapacidad a corto plazo y mejorar notablemente las consecuencias.

Citando la Ley Orgánica de Administración Pública Federal:

Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

1. XX(...)

XXX. Contribuir en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno;

Objetivos

Ante la perspectiva de ampliar posibilidades al proporcionar atención inmediata y oportuna mediante el traslado a urgencias médicas vía aérea de aquellas personas por cuya condición clínica está en peligro la vida, un órgano o la función de éste, se propone el multicitado modelo (ambulancia aérea), mismo que tiene como fin lograr la limitación del daño reduciendo la mortalidad, la morbilidad y las complicaciones de aquellas personas que requieran de una atención y su estabilización orgánico-funcional, desde el primer contacto hasta la llegada y recepción en un establecimiento para la atención médica de urgencia.

Otro de los objetivos es unificar el sistema de comunicación de las unidades móviles aéreas de atención hospitalarias, reduciendo el tiempo para la correcta atención y admisión del traslado a hospitales receptores, garantizando así la atención médica las 24 horas, de los 365 días del año.

-una ambulancia aérea (llamada también avión ambulancia o avión sanitario) es un avión equipado especialmente para el transporte de enfermos, independientemente de si funciona por turbohélice o motor a reacción.

-La isquemia es el nombre con el que se define el tiempo desde que se extrae un órgano hasta que éste se trasplanta. Revisemos cuánto dura cada órgano fuera del cuerpo: Corazón: Hasta cuatro horas puede funcionar el órgano principal del cuerpo fuera de él. Pulmones: seis horas es el período que permiten estos órganos.

Por lo tanto, dando cumplimiento al artículo 4o., constitucional, en cuyo párrafo tercero se dispuso que: “Toda persona tiene derecho a la protección a la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.”

Que la citada adición constitucional representa además de elevar a la máxima jerarquía el derecho social mencionado, la base conforme a la cual se llevarán a cabo los programas de gobierno en materia de salud. Así como en el:

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, Artículo 3o. La aplicación de este Reglamento compete a la Secretaría y a los gobiernos de las entidades federativas, en los términos de la Ley General de Salud y de los acuerdos de coordinación que suscriban con dicha dependencia, con fundamento en el:

Artículo 10. Serán considerados establecimientos para la atención médica:

I. a IV. (...)

V. Las unidades móviles, ya sean aéreas, marítimas o terrestres, destinadas a las mismas finalidades y que se clasifican en:

A) Ambulancia de cuidados intensivos;

B) Ambulancia de urgencias;

C) Ambulancia de transporte, y

D) Otras que presten servicios de conformidad con lo que establezca la Secretaría.

Las unidades móviles se sujetarán a las Normas Técnicas correspondientes, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones aplicables, y

VI. Los demás análogos a los anteriores que en lo sucesivo señalen como tales las disposiciones generales aplicables o los que, en su caso, determiné la Secretaría.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Gobernación para que, en el marco de sus atribuciones, someta a consideración la cesión de derechos de helicópteros y/o aviones que pertenecen al gobierno federal, a los 32 estados de la República Mexicana, con respecto al Secretario de Comunicaciones y Transportes esto en tenor de considerarlas como ambulancias aéreas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero del 2019.

Diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a garantizar el estado de derecho y, por el diálogo y la conciliación, atender el conflicto laboral suscitado en Tamaulipas y la estabilidad laboral en todo el país, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Mariana Rodríguez Mier y Terán, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que, en el marco de sus atribuciones y como instancia encargada de la vigilancia y promoción de la paz laboral, atienda el conflicto laboral suscitado en el estado de Tamaulipas y la estabilidad laboral en todo el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los empleados de 45 maquiladoras de Matamoros, Tamaulipas, se declararon en huelga en semanas pasadas en demanda de incremento salarial de 20 por ciento y un bono de 32 mil pesos, demandas que tuvieron como sustento la nueva política del salario mínimo que estableció el gobierno mexicano.1

Cabe recordar que el salario mínimo determinado para la frontera norte es de 176.72 pesos diarios, monto que se duplicó respecto al de 2018, lo que generó diferencias de interpretación entre trabajadores y empresas.

Es importante señalar que la mayoría de las empresas corresponden a los sectores eléctrico y al de autopartes.

El impacto económico de esta situación al alto, afectando la economía regional, el empleo y la economía de miles de familias de la entidad.

Según el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y de Exportación (Index), la huelga en las maquiladoras de Tamaulipas ha alcanzado a 45 empresas del sector, poniendo en riesgo la continuidad de proyectos empresariales, la economía y el empleo de más de 40 mil personas de la región, estimando una pérdida de 50 millones de dólares por día.2

Además, 15 empresas del sector automotriz y electrónico han decido salir del país tras la huelga, empresas que generan alrededor de 30 mil empleos para la industria maquiladora y manufacturera.

El estado de Tamaulipas tiene una importancia fundamental en la industria maquiladora y manufacturera del país, así como por su capacidad de exportación. Para poner en su justa dimensión dicho tema, basta señalar que, en 2017, el estado de Tamaulipas ocupó el quinto lugar en el país por el número de establecimientos manufactureros, con 412 plantas que representan el 6 por ciento de todo el territorio nacional, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno estatal.3

De igual manera, Tamaulipas se encuentra en el quinto sitio por ocupación de personal de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con 238 mil 653 trabajadores en el sector. Lo anterior generó una derrama de 34 mil 852 millones de pesos en salarios de la IMMEX.

Matamoros ocupa el segundo lugar en importancia por el número de maquiladoras en el estado, pues agrupa 150 empresas o el 35 por ciento de las compañías de dicho sector, solo por detrás de Reynosa. De ese número de firmas, alrededor de 114 se encuentran agrupadas en el Consejo Nacional de Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) del municipio.4

Estas estadísticas revelan la trascendencia e impacto de esta industria para el desarrollo de la región y la economía de miles de familias.

En este sentido, diversas organizaciones empresariales han mostrado su preocupación por esta situación, ya que deriva en cuantiosas pérdidas económicas. En este sentido, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación, la Confederación de Cámaras Industriales, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz y la Cámara de la Industria de Hierro y el Acero, han solicitado la intervención de las autoridades para una rápida solución a las demandas de los trabajadores.

De acuerdo con estos organismos, para las empresas afectadas les es complicado asumir el monto de las demandas de los trabajadores y se debe a una interpretación errónea del decreto del aumento al salario mínimo para la zona fronteriza dado a conocer recientemente por el Gobierno Federal.5

Cabe destacar que el pasado 29 de diciembre el presidente de México, hizo público una serie de estímulos fiscales para los estados que están ubicados en la frontera con Estados Unidos, entre ellos el aumento salarial en 43 municipios de la zona fronteriza, el cual entró en vigor el 1 de enero.

Desde el 12 de enero diversas organizaciones obreras denunciaron que no se les aplicó el aumento salarial previsto en el decreto presidencial, por lo que decidieron establecer una huelga laboral en por lo menos 43 empresas.

Las huelgas que se han desarrollado en Tamaulipas ya han tenido consecuencias que pueden afectar a la economía y la producción nacional. Las pérdidas estimadas según el Index ascienden a 50 millones de dólares diarios, sin embargo, estas cifras podrían aumentar en los próximos días si se extienden las huelgas, afectando además al empleo y el desarrollo económico de la región y del país.

Los trabajadores tienen derecho a exigir que se mejoren sus condiciones de vida laborales, sin embargo, las peticiones deben ser reales para que puedan cumplimentarse. No podemos permitir que se continúe poniéndose en peligro el sector exportador mexicano, el gobierno debe coadyuvar como mediador en los conflictos y buscar una solución entre las partes, antes de que aumenten los costos y se dañe la economía nacional de forma irreparable.

El gobierno del estado de Tamaulipas, lejos de coadyuvar a la solución o atención de las demandas laborales, desde un inicio se declaró incompetente para resolver la huelga maquiladora.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que, en el marco de sus atribuciones y como instancia encargada de la vigilancia y promoción de la paz laboral, atienda el conflicto laboral suscitado en el estado de Tamaulipas y la estabilidad laboral en todo el país.

Notas

1http://monitoreodenoticias.com.mx/noticias/noticia.php? id=207436#sthash.DErWaUoq.dpbs

2 http://www.index.org.mx/

3 https://www.forbes.com.mx/matamoros-lugar-de-manufactura-que-hoy-esta-e n-problemas/

4 https://www.forbes.com.mx/matamoros-lugar-de-manufactura-que-hoy-esta-e n-problemas/

5 Alejandro Alegría. (2019). Empresarios llaman a resolver huelga en maquiladoras de Tamaulipas. Febrero 5 de 2019, de La Jornada Sitio web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/29/empresarios-llaman-a-reso lver-huelga-en-maquiladoras-de-tamaulipas-7643.html

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales a cumplir los convenios de apoyo financiero para que los recursos propios de las universidades tecnológicas y politécnicas no se consideren aportaciones estatales, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, párrafo 1, fracción II, y párrafo II, 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos estatales a que den cumplimiento a los convenios de apoyo financiero para que los recursos propios de las universidades tecnológicas y politécnicas no se consideren aportaciones estatales, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 1990 la Secretaría de Educación Pública, emprendió un estudio sobre nuevas opciones de educación superior en el cual se analizaron experiencias de algunos países como: Alemania, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Japón. Con base en dicho estudio, se decidió realizar un proyecto específico para desarrollar un modelo pedagógico que permitiera crear una nueva alternativa de educación superior.

Como consecuencia, se concibió un sistema de educación tecnológica superior que prestara servicios al sector productivo de bienes y servicios, así como a la sociedad en general y que, al mismo tiempo, ampliara las expectativas de los jóvenes mexicanos. Este sistema se materializó en lo que hoy se conoce como universidades tecnológicas y politécnicas.

Las universidades tecnológicas (UUTT) y politécnicas (UUPP) contribuyen en forma destacada, no solo en la formación de profesionales especializados, sino de ciudadanos y ciudadanas capaces de analizar, interpretar y aplicar los conocimientos. Uno de los impactos más importantes que ha tenido el desarrollo y creación de las universidades tecnológicas y politécnicas, es el de participar activamente en la vida con su entorno social, mediante un sistema educativo estratégicamente distribuido geográficamente, que responda a las expectativas de la sociedad y coadyuven con oportunidades y calidad a la demanda del desarrollo económico y social del país.

Actualmente este modelo desarrolla nuevas modalidades de organización académica y pedagógica, basadas en competencias profesionales y con enfoques centrados en el aprendizaje, a fin de que el alumno a lo largo de su vida, aplique el análisis, interpretación y buen uso de la información y no solo su acumulación.

Por otro lado, a partir de septiembre de 2009 se incrementó la oferta educativa al incluir programas de continuidad de estudios para obtener el grado de licenciatura. El diseño curricular que se ofrece en los subsistemas está sustentado en la respuesta oportuna al sector productivo, ya que se basa en el análisis de la situación de trabajo (AST), instrumento que permite al mismo sector manifestar sus requerimientos y necesidades respecto a las competencias de trabajo que los egresados deben dominar al momento de su inserción laboral. Dentro de las carreras de mayor demanda se encuentran: Técnico superior universitario (TSU) en TIC área sistemas informáticos, TSU Nanotecnología, TSU Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible, Ingeniería en Nanotecnología, Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería en Energía e Ingeniería en Biotecnología, entre otras.

Para enero de 2019 el Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas se integra por 182 instituciones (120 UUTT y 62 UUPP). Al inicio del cuatrimestre septiembre-diciembre 2018 la población estudiantil de estas instituciones alcanzó un total de 369 mil 393 alumnos, correspondiendo 267 mil 395 a 120 universidades tecnológicas y 101 mil 998 a 62 universidades politécnicas, lo que representa en promedio 7.84 por ciento de los estudiantes de educación superior en el país y el 11.9 por ciento de los que estudian en ese nivel en instituciones públicas de educación superior. El crecimiento de la cobertura en este subsistema ha tenido un comportamiento sostenido en la última década.

Para el financiamiento de las universidades los gobiernos federal y estatal, concurren a partes iguales con recursos presupuestales en forma de subsidio, destinados a la operación del servicio, complementados con recursos propios que generan las casas de estudio, a través de las cuotas que aportan los estudiantes y los servicios técnicos y de formación continua que brindan a las empresas de su entorno.

En este sentido, debe consignarse el hecho de que la variación del subsidio formal antes descrito, ha venido disminuyendo considerablemente al pasar de alrededor de 20 mil pesos anuales por alumno en 2009 a 18 mil pesos en 2016; en 2018 se tuvo un monto del orden de 12 mil pesos por estudiante; ello en detrimento de la calidad educativa de estas instituciones. Si se considera que las necesidades de las universidades han aumentado al incrementar la matrícula atendida; tenemos entonces que el panorama resulta poco alentador al tener que rechazar alumnos por falta de recursos para contratar docentes, equipar talleres y ampliar espacios.

Parte medular son los recursos que vía Subsidio Federal Ordinario (PP U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales) la federación hace llegar de manera directa a las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que por recomendación de la Auditoría Superior de la Federación estos tendrán que ser radicados a las Secretarías de Finanzas de cada uno de los estados para que posteriormente estas lo remitan a las universidades, ya que la ley en materia de ejercicio presupuestal emitida por la Secretaría de Hacienda así lo manifiesta, situación que todavía se complica más cuando los recursos de programas especiales como el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) se deposita vía entidades estatales, en muchos de los casos estos recursos no se aplican en los compromisos establecidos en los convenios para este efecto o bien llegan en fechas posteriores a las comprometidas, y con ello la planeación sobre ampliación de la cobertura de cada una de nuestras instituciones. Por esta razón solicitamos que estos recursos sigan siendo remitidos directamente a las universidades, para que se apliquen a los programas que van etiquetados de origen.

La situación económica del país incide de manera importante en la asignación presupuestal de sectores prioritarios como la educación, situación que se agrava debido al incumplimiento de la mayoría de los estados respecto de los términos de los convenios de apoyo financiero para el sostenimiento de las UUTT y UUPP, al considerar como aportación estatal los ingresos propios de las instituciones de este tipo, propiciando con esto el deterioro de las finanzas de las instituciones al limitarlas en su operación y afectando la calidad de la educación.

En términos prácticos, esto significa una disminución efectiva de los presupuestos de operación, puesto que, del compromiso de los gobiernos estatales, son descontados los montos equivalentes al importe de los ingresos propios de las universidades, convirtiéndose al final, en una merma efectiva de sus ingresos.

Lo anterior, ha traído como consecuencia una serie efectos nocivos, entre las que destaca el desánimo de las comunidades para realizar mayores esfuerzos para autogenerar recursos complementarios, además de la imposibilidad real de ampliar la matrícula, con el consecuente impacto en las posibilidades de los jóvenes para contar con alternativas para realizar estudios superiores.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas a cumplir con los convenios de “Apoyo Financiero” para el sostenimiento de las universidades tecnológicas y politécnicas en sus respectivas jurisdicciones, firmados con el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, de manera tal que los ingresos propios, no se consideren como aportaciones de los gobiernos locales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 6 de febrero de 2019.

Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a efecto de exhortar al gobierno federal a transparentar el origen de los recursos, los montos finales y el proceso de adquisición de los carros tanque por utilizar para distribuir combustible, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al gobierno federal para que transparente el origen de los recursos, montos finales y proceso de adquisición de los carros tanques que supuestamente serán utilizados para la distribución de combustible; asimismo, para dar a conocer los análisis financieros, de impacto económico y evaluaciones en los que se sustentó la convocatoria y contratación de por lo menos 2 mil conductores de pipas, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El gobierno federal instrumentó recientemente el denominado “Plan Conjunto para Combatir el Robo de Combustible”, el cual tiene como una de sus aristas, modificar el sistema de distribución a través de pipas.

Este cambio ha provocado importantes efectos colaterales como el desabasto de gasolinas en diversas entidades federativas, así como cuantiosas pérdidas económicas en diferentes sectores económicos y productivos del país.

De acuerdo con diversas organizaciones empresariales y de la sociedad civil, esta medida se ha caracterizado por la nula planeación estratégica, la falta de experiencia y conocimiento del sector, así como por la poca transparencia en la toma de decisiones y acciones a desarrollar.

El uso de pipas para el transporte de hidrocarburos representa una medida equivocada ya que, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, es 14 veces más caro que movilizarlo a través de la red de ductos de los que dispone el Estado mexicano, además de que es más lento e inseguro para los operadores y la población en general.

A pesar de estas consideraciones, el gobierno federal hizo público el pasado 15 de enero que se adquirirán 500 pipas de 60 litros cada una, a fin de que “nunca falte combustible en ningún lugar del país”.1

Unos días después, la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que la actual administración ha adquirido al menos 671 carros tanques, por un monto superior a los 92 millones 189 mil 597 dólares.

También comunicó que las primeras 50 unidades llegarían al país el primero de febrero y que se habían emitido diversos memorándums de entendiendo para comprar otras pipas.

La Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público afirmó que la necesidad de atender “el problema de abasto de combustible” justificó una “adjudicación directa”.2

No obstante, estos acontecimientos podrían representar una trasgresión a nuestro marco jurídico e institucional, ya que al adquirirse por medio de una licitación directa no se aseguraron condiciones de competencia y los mejores esquemas de precio, calidad, financiamiento y oportunidad, criterios elementales en el uso transparente de recursos públicos.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público es muy clara, al establecer en su artículo 26, que las adquisiciones por regla general se deben realizar por medio de licitaciones públicas, mediante convocatoria abierta para asegurar las mejores condiciones.3

Durante este proceso es posible identificar diversas anomalías producto de la falta de planeación, nula transparencia y seguimiento de los procedimientos institucionales para el gasto de los fondos federales, entre los que destacan los que a continuación se mencionan.

El gobierno federal no ha dado ninguna explicación respecto al cambio del número de pipas a adquirir, ya que inicialmente se dijo que serías 500, pero hasta el pasado 23 de enero ya se habían comprometido presupuestos para la compra de 671 carros tanques por un monto superior a los 92 millones de dólares.

Existe falta de certeza sobre los montos y origen de los recursos para esta adquisición, esto se debe a que inicialmente el presidente de México dijo que esta compra se realizaría a partir de los ahorros del robo de combustible, no obstante, no se ha clarificado de donde provienen estos recursos y las fuentes de financiamiento.4

Fue categórica la administración federal al rechazar la participación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción,5 esto genera falta de certidumbre, abunda a la opacidad del proceso y a la comisión de posibles actos de corrupción.

Lamentablemente, no es el único proceso que genera incertidumbre, ya que en la misma situación se encuentra la convocatoria, admisión y contratación de los operadores para la flotilla de pipas.

En relación con esta medida, diversas personas dijeron desconocer la temporalidad del contrato, las rutas a cubrir, los tiempos de traslado y hasta los días de descanso. Por su parte, el gobierno federal no ha dado a conocer con exactitud el número de personas capacitadas, el sistema de contratación y las maneras de pago por estos servicios.

Bajo estas consideraciones es necesario transparentar tanto el proceso de compra de pipas como la contratación de sus operadores, ello permitirá identificar, sancionar y prevenir con oportunidad actos de corrupción en el uso, destino y comprobación de recursos públicos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que transparente el origen de los recursos, montos finales y proceso de adquisición de los carros tanque que supuestamente serán utilizados para la distribución de combustible; asimismo, para dar a conocer los análisis financieros, de impacto económico y evaluaciones en los que se sustentó la convocatoria y contratación de por lo menos 2 mil conductores de pipas.

Notas

1 Gobierno del México. (2019). Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador 15 de enero 2019. 24/01/2019, de gob.mx Sitio web: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-preside nte-andres-manuel-lopez-obrador-15-de-enero-2019?idiom=es

2 Presidencial de México. (2019). Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador 24 de enero de 2019. 24/01/2019, de Gob. mx Sitio web: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-preside nte-andres-manuel-lopez-obrador-24-de-enero-de-2019

3 Congreso de la Unión. (Última Reforma DOF 10-11-2014). Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 25/01/2019, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

4 Arturo Rodríguez García. (2019). Con ahorros por plan antihuachicol se adquirirán 500 pipas para abastecerse gasolina. 25/01/2019, de Proceso Sitio web:

https://www.proceso.com.mx/567565/con-ahorro-por-plan-an tihuachicol-se-adquiriran-500-pipas-para-abastecer-gasolina

5 Reforma. (2019). Piden vigilar compra de pipas en PEMEX. 25/01/2019. Sitio web: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.as px?id=1589105&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/arti culo/default.aspx?id=1589105

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días de febrero de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de implantar estrategias y políticas públicas para eliminar el uso de bolsas de plástico, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Juan Ángel Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En 2018, una ballena en Tailandia murió debido a la ingesta de más de 80 bolsas de plástico. Más de 100 mil animales marinos y 1 millón de aves mueren debido a los residuos plásticos. Centenares de tortugas marinas y medusas mueren por la misma causa.

Datos abrumantes para graficar y entender la magnitud del problema.

• 8 millones de toneladas de basura al año llegan a los mares y océanos.

• Cerca de 10 por ciento del total de los plásticos en el mundo terminan en los océanos. 70 por ciento de los mismos yacen en el fondo del mar, lugar donde nunca serán degradados.

• Cada segundo más de 200 kilos de basura van a parar a los océanos. Se estima que hay billones de fragmentos de plástico, sin incluir los trozos en el fondo marino o en playas.

• Existen islas basura formadas por microplásticos. Dos de ellas se encuentran en el Océano Pacífico, dos en el Atlántico y una en el Índico.

• Para 2020 se espera que la producción de plásticos aumente en 900 por ciento con respecto a niveles de 1980.

• Más de 500 millones de toneladas anuales y la mitad de este incremento se producirá tan sólo en los últimos diez años.

• 50 por ciento de los plásticos que llegan a los sistemas de gestión de residuos terminan en los vertederos sin ser reciclados.

• A nivel mundial se usan 1 trillón de bolsas de plástico.

• Anualmente se gastan 100 millones de barriles de petróleo, a nivel mundial, para fabricar las bolsas de plástico.

• China consume diariamente 3 mil millones de bolsas al día.

• Cada minuto se usan 1 millón de bolsas.

• Para fabricar 14 bolsas se necesita la suficiente cantidad de combustible para que un automóvil recorra 1.6 kilómetros.

• Se necesitan unos mil años en las peores condiciones para que el plástico sea degradado por la naturaleza y 20 años cuando las condiciones son ideales.

• De la cantidad de petróleo que se extrae en todo el mundo, 5 por ciento se utiliza para la industria del plástico.

• Hacer una bolsa de plástico tarda sólo unos segundos. Luego se usa una o dos veces durante una semana y se tira.

• Menos del uno por ciento de las bolsas se recicla. Es más costoso reciclar una bolsa plástica que producir una nueva.

• Las bolsas de plástico, además de su composición de sustancias derivadas del petróleo, al estar serigrafiadas, contiene residuos tóxicos.

Alrededor de 5 billones de bolsas de plástico son consumidas cada año en el mundo y menos de 1 por ciento es reciclada, según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en su informe divulgado el 5 de junio, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. En dicho informe, afirma el escenario desalentador, al tener 12 mil millones de toneladas de residuos plásticos para el año 2050.

“Nuestros océanos han sido usados como vertederos, lo que produce la asfixia de la vida marina y transforma algunas zonas marítimas en una sopa plástica” declara el director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Erik Solheim. “En algunas ciudades, los desechos plásticos taponan las canalizaciones, lo que provoca enfermedades. Y al ser consumido por el ganado, esos desechos acaban en la cadena alimentaria”. La mayoría de estos residuos son plásticos de un único uso, como las botellas de plástico, los tapones, los envoltorios de alimentos y principalmente las bolsas de plástico de los supermercados”.

Afortunadamente, existen tendencias mundiales a favor del medio ambiente y campañas de concientización sobre el uso de plásticos y la sustitución por fibras naturales y/o materiales orgánicos. Movimientos dirigidos a prohibir o desalentar el uso de este. Sin embargo, la sociedad es altamente adicta a los polímeros, por la sencilla razón, de la facilidad del usa y tira. Es notable la sobreutilización de bolsas de plásticos, en los supermercados, tiendas departamentales y tiendas de convivencia.

Experiencias internacionales

En Australia y Nueva Zelanda, existen acuerdos bilaterales entre el gobierno y negocios minoritarios para desalentar el uso de bolsas de plástico, y se exige a los supermercados, restaurantes y tiendas de convivencia, el cobro a los clientes por cada bolsa de plástico utilizada.

En la Unión Europea, se plantearon diversas medidas para reducir el uso de bolsas de plástico, fijando fechas para que 100 por ciento sean biodegradables. Sin embargo, los resultados han sido lentos y desalentadores, por lo que el Parlamento Europeo planteó un proyecto de ley para eliminar los plásticos de un solo uso e incentivar a las empresas a cambiar al giro biodegradables o amigable con el ambiente.

En América Latina, países como Chile, Colombia y Panamá restringen el uso de bolsas de plásticos, promulgaron leyes alentadoras y estrictas, en cuestión de la prohibición de entrega de bolsas de plástico en los comercios. Costa Rica está por presentar su legislación sobre la prohibición de todos los plásticos de un solo uso para 2021.

El Caribe, Antigua y Bermuda, Bahamas y Belice destacan en las medidas y acuerdos que esta realizando la región para restringir el uso de bolsas de plástico.

En Estados Unidos de América, diversos estados están legislando en materia de la prohibición del uso de plásticos, principalmente California.

Cambiar el rumbo

La bolsa de plástico se convirtió en el ícono y la descripción de la cultura del consumismo, la cultura de usar y tirar, de malgastar cantidades de materiales y energía para fabricar productos innecesarios y superfluos. Que implican grandes afectaciones al medio ambiente por todo el proceso de la cadena, la fabricación, distribución y el poco uso que se les da.

Para poder combatir este escenario tan desalentador, es necesario la eliminación gradual de los plásticos de un solo uso, y la pronta eliminación de las bolsas de plásticos. Es necesario iniciar campañas permanentes para estar conscientes del daño que causan al medio ambiente y a la salud, el uso descontrolado de las bolsas de plástico.

Incentivar el desarrollo de tecnologías para generar nuevos conocimientos que permitan obtener materiales amables con el medio ambiente. En Costa Rica, se utiliza un material hecho de plátano que se desintegra en menos de 2 años. De igual forma en diversas regiones de América Latina y Asia, está el uso de bambú como sustituto del plástico. En México está creciendo la tendencia de materiales hechos con semilla de aguacate.

Parte del proyecto para cumplir los objetivos, es la alianza estratégica entre el sector público y el privado, en búsqueda de alternativas para la sustitución del uso del plástico.

Por lo anteriormente expuesto, y porque es nuestro deber encaminar la prohibición de bolsas de plástico, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a implementar un programa de sustitución de bolsas de plástico por materiales cien por ciento biodegradables.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de Turismo, a realizar campañas publicitarias permanentes sobre el uso responsable y racional de las bolsas de plástico y su impacto en el medio ambiente.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta a las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de Economía a implementar políticas públicas que incentiven fiscalmente a las industrias dedicadas al plástico que permitan la reconversión gradual a materiales biodegradables amables con el ambiente.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales exhorta al gobierno federal para realizar mesas de trabajo con las dependencias involucradas para incentivar el desarrollo de tecnologías para generar nuevos conocimientos que permitan obtener materiales más generosos con el medio ambiente y eliminar el uso de bolsas de plástico.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta a los congresos locales de las entidades federativas a legislar en la materia y eliminar el uso de bolsas de plástico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputado Juan Ángel Bautista Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a atender su obligación de prevenir, proteger y garantizar el derecho a la vida de mujeres y niñas, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia contra las mujeres y las niñas es considerada una epidemia que se encuentra presente en todo el mundo; una de cada tres mujeres es golpeada, violada o abusada sexualmente.1

Se trata de una situación grave que atenta contra los derechos humanos en general y particularmente vulnera la dignidad humana, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, la seguridad, el patrimonio, el derecho a la justicia e incluso la vida.

En México, este es un fenómeno que atenta contra todas las mujeres y niñas del país, fue por ello que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió en 2010 la sentencia “Campo Algodonero” en la que se estableció el incumplimiento del Estado mexicano en su deber de proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres.

Fue precisamente por tales motivos, que en ese entonces el Estado inició importantes esfuerzos por atender el fenómeno feminicida en el país, se creó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia2 y se la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Asimismo, se definió la violencia feminicida como:

Artículo 21. Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Además de lo anterior se comenzó a promocionar la tipificación del delito de feminicidio como homicidio doloso cometido por razones de género y, finalmente, en 2013 se modificó el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el objetivo de comenzar a implementar el mecanismo de la Alerta de Género y establecer una acción coordinada entre la autoridad federal, estatal, académicos y CNDH que atendiera el fenómeno feminicida. Ello permitió comenzar a construir un andamiaje de protección a las mujeres para hacer frente al grave fenómeno.

A pesar de todos los avances y esfuerzos que los sexenios pasados realizaron para atender a las mujeres, tal parece que la actual administración no considera la violencia contra la mujer como una prioridad. Esto, a pesar de que las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en México (ONU Mujeres) registró que en el país nueve mujeres son asesinadas diariamente por razones de género.3

Desde que el ingreso del nuevo gobierno las políticas públicas y las acciones tendientes a responder al fenómeno han sido detenidas. Esto, a pesar de que el fenómeno de discriminación, abuso y violencia feminicida es tan grave que de acuerdo con un monitoreo de 221 países, México ocupa la posición número 23 mundial y primer lugar en Latinoamérica.4

Es importante destacar que en México se observan altos grados de impunidad en esta materia, según datos de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en promedio, solamente dos de cada 100 feminicidas son enjuiciados.5

A decir verdad, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se registra una tasa de 4.4 feminicidios por cada 100 mil habitantes.

Es de destacar que tan sólo en diciembre de 2018, se reportaron 73 casos de feminicidio en México. De la comparación de las cifras por meses, se observa un incremento del 32.73%6 en el número de feminicidios a partir del ingreso de la nueva administración.

A pesar de lo anterior, lejos de implementar una política integral para atender, proteger y garantizar los derechos de las mujeres, la actual administración redujo el presupuesto de egresos de la federación en materia de género, lo que dejó sin presupuesto a las guarderías que atendían a madres solteras, eliminado las políticas públicas de atención y protección de mujeres; eliminó también los recursos para la atención y la procuración de justicia de las víctimas.

Este gobierno desapareció Fiscalía Especial para la Atención Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas dejando a las mujeres en absoluta indefensión ante los actos de violencia y desarticulando una procuración de justicia que se encontraba en proceso de conformación. Por si fuera poco, se eliminaron las unidades de género de la Administración Pública Federal y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la Secretaría de Gobernación ya no ha admitidito solicitudes de Alerta de Género, ni tampoco a ha dado seguimiento a ninguna de las Alertas Declaradas en el país. Como bien advierte la Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio:7

La agenda de las mujeres ha quedado en el desamparo, poniendo en riesgo la vida e integridad de niñas y mujeres, a lo largo y ancho del país. Irresponsablemente, las políticas públicas en la materia, han sido reducidas al discurso y no a la implementación real, que impacte de manera positiva en la vida de las mujeres mexicanas.8

México, como país protector de los derechos humanos tiene una obligación y una responsabilidad con sus mujeres. También tiene una responsabilidad internacional derivada de las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las sentencias de González y otras vs Estado mexicano (Campo Algodonero) y los casos Inés Fernández Ortega 9 y Valentina Rosendo Cantú, 10 establecen la imperante necesidad de proteger los derechos a la vida, la integridad, la libertad y el acceso de la justicia de las mujeres.

Es prioridad del Estado México implementar programas y políticas públicas que permitan promover y proteger los derechos humanos, procurar justicia diligentemente y garantizar la reparación del daño. Las autoridades deben asumir su responsabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, atiendan su obligación de prevenir, proteger y garantizar el derecho a la vida de las mujeres y niñas.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. Violencia contra la Mujer. Sala de Prensa (en línea) Noviembre

de 2017, publicado en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

2 La sentencia campo algodonero se desprende del fenómeno de las muertas de Juárez, y la Ley General si bien se publicó antes de que se emitiera la sentencia, se creó como un compromiso del Estado por atender el fenómeno de las muertes de mujeres en dicha ciudad fronteriza.

3 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/onu-en-mexico-se-comete n-siete-feminicidios-al-dia

4 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/
mexico-ocupa-primer-lugar-en-feminicidios-en-america-latina-2380344.html

5 https://www.eleconomista.com.mx/politica/
14-de-los-25-paises-con-mas-feminicidios-se-ubican-en-America-Latina—20181120-0048.html

6 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información de incidencia delictiva . México: SESNSP, 2018.

7 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/01/15/advierten-desatencion-de- conavim-para-erradicar-violencia-de-genero-9383.html

8 Pronunciamiento del Observatorio Ciudadano de Feminicidios.

9 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega y otros VS. México, Sentencia de 30 de agosto de 2010.

10 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú y otra VS. México , Sentencia de 31 de agosto de 2010

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 06 días del mes de febrero de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a legislar en materia de establecimientos mercantiles, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Juan Ángel Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

Una de las grandes problemáticas que presentan las grandes urbes, es el crecimiento inmobiliario. Cada año se inauguran aproximadamente numerosas plazas, concentrada principalmente en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

El crecimiento exponencial y desordenado ha ocasionado uno de los reclamos sociales – legítimo – sobre el cobro de estacionamientos públicos. Principalmente por los cobros excedidos y la falta de seguridad dentro de los mismos. Ante dicha problemática, diversos congresos locales y ayuntamientos han legislado en materia de establecer la gratuidad del servicio.

El artículo 115 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los municipios son los encargados de ejercer atribuciones en materia de desarrollo urbano y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas correspondientes, además la Ley Orgánica Municipal de cada entidad federativa regula y responsabiliza a los municipios en materia de funcionamiento y servicios de los estacionamientos públicos.

Sin embargo, diversas autoridades, a pesar de la responsabilidad que se les atribuye por ley, no ha establecido las bases generales del procedimiento administrativo para el funcionamiento de dichos establecimientos.

Motivo por el cual, las empresas relacionadas en la materia de establecimientos mercantiles han aprovechado la debilidad o nula normativa y los distintos vacíos legales que existen.

Por consiguiente, es pertinente legislar en materia de establecimientos mercantiles, especificar la infraestructura necesaria, en cuestión de normas de seguridad; responsabilidad ante los daños ocasionados al vehículo y/o personas durante el servicio.

Por lo que la propuesta va enfocada en eliminar el cobro de estacionamiento en clínicas y/o hospitales e instituciones educativas, regular y establecer los cobros máximos en centros y plazas comerciales; estableciendo la gratuidad para la primera hora, a partir de eso, el cobro de las tarifas cada 15 minutos, debiendo ser el mismo precio por fracción.

Además de reforzar con disposiciones legales, para que las empresas que prestan servicios sean responsables por los daños ocasionados durante el servicio. Establecer sobre sus obligaciones y sus responsabilidades.

Las empresas tendrán la obligación de; emitir boletos del vehículo a cada uno de los usuarios: en el que se especifiquen las condiciones del contrato; iluminación suficiente para la operación del estacionamiento; contar con un seguro de responsabilidad civil o fianza que garantice a los usuarios el pago de los daños que pudieran sufrir; en caso de pérdida de boleto: prohibir penalidad por pérdida, corresponderá al establecimiento consultar los registro físicos o electrónicos para establecer el tiempo efectivo de permanencia.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta a los Congresos locales de las entidades federativas, a legislar en materia de establecimientos mercantiles: estacionamientos públicos, a efecto de prohibir el cobro en los estacionamientos de las clínicas, hospitales e instituciones educativas, regular y establecer tarifas máximas en los centros y plazas comerciales, adicionalmente implementar las medidas y normas necesarias para reforzar con disposiciones legales, que las empresas que prestan servicios sean responsables por los daños ocasionados durante el servicio

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputado Juan Ángel Bautista Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Congreso del estado de México a iniciar una investigación objetiva e integral sobre la proliferación irregular de obras y los presuntos beneficios económicos otorgados por el gobierno local a las empresas inmobiliarias, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Juan Ángel Bautista Bravo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

En las últimas semanas de la administración de Eruviel Ávila en el estado de México, otorgo en fast track diversos permisos necesarios para la construcción de un complejo habitacional en el municipio de Jilotzingo, a los hermanos Funtanet Mange, colaboradores cercanos al círculo de Atlacomulco, en el estado de México, además de liderar el desarrollo inmobiliario en la regional durante la ultima década.

La autorización fue publicada en la Gaceta Oficial del Estado de México, el primero de agosto de 2017.

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/fil es/files/pdf/gct/2017/ago011.pdf.

La autorización implica la construcción de 19,985 viviendas en 238 hectáreas de bosque de encino en el municipio de Jilotzingo. El proyecto llamado, Bosque Diamante, tiene contemplado construir vivienda entre 600 mil y casi 2 millones de pesos, además de un centro comercial.

El territorio comprendido por el municipio de Jilotzingo; 82% es área natural protegida, en el cual converge el Parque Estatal Otomí-Mexica y la Reserva Ecológica Estatal Espíritu Santo. La región cuenta con una de las más importantes cuencas hidrológicas, Pánuco y Río Lerma, fundamentales para abastecer la zona conurbada, que implica Estado de México y Ciudad de México. Adicionalmente ser una región esencial para la captación e infiltración de agua, almacén de bióxido de carbono, retención de suelo para evitar erosión, refugio para más de 500 especies de plantas, hongos, animales y microorganismos.

La creación de la nueva empresa inmobiliaria de la familia Funtanet Mange, Bosque Avivia 58, fue a medidos del 2016. Semarnat publicó en julio del mismo año, los proyectos ingresados al PEIA en la DGIRA, otorgando la clave 15EM2016UD105, y los elementos que integran el proyecto:

El proyecto consiste en el desarrollo de un conjunto inmobiliario basado en la urbanización y lotificación para la futura construcción de establecimientos comerciales y de servicios en la zona con uso de suelo como corredor urbano, mientras que en la zona de uso de suelo habitacional se planea la construcción de 20,000 viviendas de tipo residencial medio, en una superficie de 236.84 de una superficie total de 238.05 hectáreas. El proyecto considera la construcción de una planta para el tratamiento de aguas residuales provenientes de los condominios verticales y viviendas unifamiliares y a las que se dará reuso para riego de áreas verdes.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), autorizo afínales del 2016, según reporta Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) con diversas solicitudes de información; los permisos para construir Bosque Diamante, por los cambios al uso de suelo realizado por la presidencia municipal, de forma opaca.

A pesar de que el primer informe de la Semarnat califico el proyecto como inviable por la gran perpetración al ecosistema e ignorar los análisis que se generaron en el Instituto Nacional de Ecología, Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el Estado de México y la Coordinación Nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). Ni de la presidencia de Jilotzingo, se obtuvo el visto bueno, motivo por el cual, se realizó la petición en Change.org para impedir el ecocidio en la región.

Sin embargo, no es el único proyecto cuestionado de los hermanos Funtanet, ya que en 2005, fue autorizado Bosque Esmeralda y Bosque Real, en terrenos de reserva ecológica. Además de obtener diversos permisos para la construcción inmobiliaria en la opacidad, utilizando diversas empresas para expandir su dominio en la región de Estado de México.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta al congreso del Estado de México, inicie una investigación objetiva e integral en relación a los presuntos beneficios económicos otorgados por los gobiernos de la entidad a favor de las empresas inmobiliarias pertenecientes a la familia Funtanet Mange, a fin de que se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Segundo. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, se inicie una investigación objetiva e integral que permita fincar responsabilidades a los servidores públicos que por acción u omisión son corresponsables de la proliferación irregular de obras en la región del Estado de México.

Tercero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto de la soberanía y de sus atribuciones constitucionales, exhorta al Gobierno del Estado de México a hacer pública toda la información sobre el proyecto Bosque Diamante.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputado Juan Ángel Bautista Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a dar de conocer de manera electrónica un informe de evaluación sobre el establecimiento del programa intersecretarial para atender a migrantes en BC, a cargo de la diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El pasado 12 de octubre de 2018, un grupo considerable de personas provenientes de Centroamérica, decidió partir de sus países de origen con destino final a Estados Unidos, como producto de la violencia generalizada y pobreza extrema radicada en sus comunidades.

De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 19 de octubre se identificó la entrada de alrededor de 7 mil personas, el 28 de octubre 2 mil 500, y el 2 de noviembre 2 mil más, conociendo a cada uno de estos grupos migratorios como “caravanas migrantes”.1

Las llamadas “caravanas migrantes”, recorrieron desde el municipio de Tapachula, Chiapas hasta la ciudad de Tijuana, Baja California, en donde existía la presencia y participación de grupos vulnerables, siendo que recorrían por distintas rutas y medios de transporte niñas, niños, adolescentes, adultos mayores e incluso mujeres embarazadas.

Frente a dicho contexto, y con el propósito de cumplir con los principios de la política migratoria del Estado Mexicano, que contempla la hospitalidad y solidaridad internacional con la que el país debe conducirse respecto al trato y asistencia humanitaria brindados a los extranjeros que se encuentren al interior del territorio nacional, el Gobierno de México que inició su administración el pasado 01 de diciembre, tomó la decisión de presentar una política pública que atendiera el respeto a los derechos humanos, seguridad y protección de las personas migrantes integrantes de dichas caravanas.

El 2 de diciembre, con la presencia de los titulares de la Subsecretaría de Gobierno; Subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población; Coordinación Nacional de Protección Civil; Instituto Nacional de Migración; y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, así como del Gobernador Constitucional del estado de Baja California, se dio a conocer la ejecución del Programa Intersecretarial para Atención a Migrantes en dicha entidad.2

Como parte de las acciones contempladas, se consideró realizar un diagnóstico sobre las condiciones en que se encontraban los albergues que permitían la estancia temporal de dichas personas migrantes, pudiendo de esta manera identificar los principales bienes y servicios asistenciales necesarios para su atención. De igual forma, que encaminar esfuerzos conjuntos para garantizar su seguridad, en un esquema de coordinación intergubernamental con el gobierno municipal de Tijuana y el estatal de Baja California.

A dos meses de su implementación, y ante la llegada de un nuevo grupo de caravanas migrantes durante el presente año, resulta de suma importancia conocer las estrategias, líneas de acción y avances que se han tenido como producto de la ejecución de dicho programa anunciado, así como las condiciones y capacidades con las que cuentan los albergues temporales para migrantes, y el número poblacional que actualmente se está atendiendo en cada uno de ellos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobernación dé a conocer de manera electrónica un informe de evaluación sobre la implementación del Programa Intersecretarial para Atención a Migrantes en Baja California, con la finalidad de conocer sus principales acciones, las condiciones y capacidades de albergues temporales, el número poblacional que se está atendiendo, así como los avances en el cumplimiento de sus metas y objetivos.

Notas

1 CNDH. (2018). Participación de la CNDH en la Audiencia Regional: Situación de derechos humanos de las personas que integran la Caravana de Migrantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, México, Informe Especial.

2 Segob. (2018). Presenta Segob nuevo Programa para Atención a Migrantes en Baja California. Consultado en:

https://www.gob.mx/segob/prensa/presenta-segob-nuevo-pro grama-para-atencion-a-migrantes-en-baja-california

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 6 días del mes de febrero del 2019.

Diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir por decreto una estampilla postal conmemorativa de los 100 años de la muerte del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata; y a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, a expedir a más tardar el 10 de abril de 2019 un billete al respecto, a cargo de la diputada Brenda Espinoza López, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Brenda Espinoza López, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal emitir por decreto una estampilla postal conmemorativa de los 100 años de la muerte del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, así como diversas acciones tendientes a dar continuidad a dicha conmemoración, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que la suscrita, con fecha de 11 septiembre de 2018 inscribí el proyecto de decreto por el que el honorable Congreso de la Unión declara el año 2019 como Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, mismo que presentó el 27 del mismo mes y año, al pleno de la Cámara de Diputados, con el fin de que el honorable Congreso de la Unión declare al año 2019 como Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, así como que a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, toda la correspondencia oficial del Estado mexicano tenga inserta al rubro o al calce la siguiente leyenda: 2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata .

Seguidos los trámites parlamentarios, dicha iniciativa se turnó a la Comisión Ordinaria de Gobernación y Población de la honorable Cámara de Diputados, para su dictamen, mismo, que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la comisión en comento el 12 de diciembre del año próximo pasado, siendo aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el 13 del mismo mes y año por unanimidad del pleno de la Cámara de Diputados, en consecuencia, con fecha 18 de diciembre de 2018, fue recibida la minuta respectiva por la colegisladora la cual con fecha 20 de diciembre de 2018, aprobó por unanimidad del pleno del Senado el dictamen emitido por la Comisión de Estudios Legislativos Primera.

Por lo que, con esa misma fecha se turnó al Ejecutivo federal quien con fecha 13 de enero de 2019, publico en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se declara el 2019. Como Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, al tenor de los siguientes artículos:

“Artículo Primero. El honorable Congreso de la Unión declara al 2019 como Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

Artículo Segundo. Durante el año 2019, en toda la documentación oficial de la federación se inscribirá la leyenda: 2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

En estricto apego al principio de distribución de competencias, se invita a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a adherirse a la presente declaratoria.

Artículo Tercero . El Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Poderes Legislativo y Judicial federales y los órganos públicos autónomos, establecerá un programa de actividades para conmemorar el centenario del aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata.

Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.”1

En ese sentido y en estricta concordancia con dicho decreto, y toda vez que no sólo la colegisladora, sino el Poder Ejecutivo federal concuerdan, con el hecho de que efectivamente se reconozca al 2019 como Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, y que esto tenga un impacto favorable en el contexto actual en que nos encontramos, es necesario difundir su obra, su legado, sus principios e ideales a través de las distintas ventanas institucionales.

En ese orden de ideas, debemos recordar que el 10 de abril de 1919, en una emboscada en la hacienda de Chinameca, Morelos, México, a los 39 años, fue asesinado el Caudillo del Sur, el General Emiliano Zapata Salazar, por lo cual resulta pertinente realizar una serie de actividades con motivo de la conmemoración de su muerte.

Del General Emiliano Zapata Salazar, del que mucho se ha dicho y se ha escrito a través de estos casi cien años de su muerte, la historia lo ha puesto en el lugar que merece, como a muchos otros próceres de las libertades que al día de hoy gozamos.

Y como se dijo en la iniciativa mencionada en párrafos anteriores, “sería un despropósito pensar que en unas cuantas líneas se puede hablar de sus logros y de su lucha”, sin embargo, debemos dar continuidad a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación y a su artículo tercero, para que dentro de esa se exhorte respetuosamente al Ejecutivo federal para que mediante decreto emita una estampilla postal conmemorativa relativa al centenario de la muerte del Caudillo del Sur, General Emiliano Zapata.

A su vez y como parte de las acciones encaminadas a la conmemoración del centenario luctuoso del General Emiliano Zapata, se exhorta respetuosamente al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a que, a más tardar el 10 de abril de 2019, expida un billete de lotería conmemorativo del centenario la muerte del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

Por último, esta Cámara de Diputados indiscutiblemente debe ser parte de esta conmemoración, es por ello que resultaría muy pertinente realizar una sesión solemne como parte de las actividades encaminadas a recordar al Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, a cien años de su muerte.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que, mediante decreto y para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el organismo público descentralizado Servicio Postal Mexicano, emita a más tardar el 10 de abril de 2019, una estampilla postal conmemorativa del centenario de la muerte del Caudillo del Sur, General Emiliano Zapata Salazar, lo anterior, en cumplimiento al artículo tercero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de enero de 2019, por el que se declaró al 2019, como Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a que, a más tardar el 10 de abril de 2019, expida un billete de lotería conmemorativo del centenario la muerte del Caudillo del Sur, General Emiliano Zapata, en estricto cumplimiento al artículo tercero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de enero de 2019, por el que se declaró al 2019, como Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

Tercero. A la Cámara de Diputados para que celebre una sesión solemne y un homenaje en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 9 de abril de 2019, con motivo del centenario luctuoso del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, en apego al artículo tercero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de enero de 2019, por el que se declaró al 2019, como Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata.

Nota

1 Visto en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5548022&fecha=13/01/ 2019

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de febrero de 2019.

Diputada Brenda Espinoza López (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El lunes 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, en el que organizaciones y personas alrededor del mundo se unen para hacer conciencia sobre esta terrible enfermedad que destruye y daña gravemente a la sociedad. Donde la mayoría de las víctimas que más son afectadas son las que por falta de recursos no tienen acceso a un tratamiento oportuno y adecuado.

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 70 por ciento de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos, debido a la detección de cáncer en una fase avanzada; la falta de diagnóstico y tratamiento.

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, casi una de cada seis defunciones se debe a esta enfermedad, tan solo en 2015, ocasionó 8.8 millones de defunciones en todo el mundo.

Es de resaltar que alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco principales factores de riesgo conductuales y dietéticos:

1. Índice de masa corporal elevado

2. Ingesta reducida de frutas y verduras

3. Falta de actividad física

4. Consumo de tabaco y

5. Consumo de alcohol.

Siendo tabaquismo el principal factor de riesgo, ya que, ocasiona aproximadamente el 22 por ciento de las muertes por cáncer.

De acuerdo con la Unión Internacional contra El Cáncer (UICC) se estima que 9.5 millones de personas en todo el mundo fallezcan a raíz del cáncer en este año, es decir, alrededor de 26 mil muertes diarias, una cifra que incluso se espera que aumente.

Este año, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) celebra el Día Mundial contra el Cáncer, enfocando la campaña en el cáncer cérvico-uterino, que puede prevenirse mediante vacunación contra el virus del papiloma humano, tamizaje y tratamiento de las lesiones precancerosas.

Esto debido a que el cáncer cérvico-uterino es el tercero más común entre las mujeres de América Latina y el Caribe, donde cada año, más de 72 mil mujeres son diagnosticadas con esta enfermedad y más de 34 mil fallecen por cáncer cérvico-uterino en la región de las Américas.

El cáncer puede ser curado si es detectado a tiempo y tratado adecuadamente. Pues entre el 30 y el 50 por ciento de los cánceres se pueden evitar.

Para ello, es necesario implementar políticas públicas que permitan reducir los factores de riesgo y aplicar estrategias preventivas de base científica.

Para el Partido Verde consideramos que es prioritario generar una cultura de prevención que abarque también la detección precoz de la enfermedad y el tratamiento de los pacientes.

Si se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente, las posibilidades de recuperación para muchos tipos de cáncer son excelentes, además de que se reducen los costos que esta enfermedad tiene en la economía nacional.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 6 de febrero de 2019.

Atentamente

Diputado Arturo Escobar Vega (rúbrica)