Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a emitir una declaratoria de contingencia para el rescate del Valle de Mexicali y San Felipe, BC, a cargo del diputado Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Jesús Salvador Minor Mora, integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el noreste de la península de Baja California, el valle de Mexicali colinda con Sonora y, al norte, con California, de Estados Unidos; este valle se formó con las tierras del delta del río Colorado que, durante miles de años, depositó en este lugar el material que acarreaba en su prolongada travesía lo que explica la fertilidad de estas tierras.

El delta mexicano del río Colorado se extiende hasta Sonora, ahí tiene el nombre de San Luis Río Colorado, sin embargo, forma parte del valle de Mexicali y, junto con el californiano valle Imperial, forma una unidad geográfica. Son el mismo delta, separados solo por divisiones políticas.

Al paso del tiempo, con base en Grijalba A. (2014), esta tierra mexicana se mantuvo prospera por las aguas, primero directamente por el río Colorado y después a través del cauce del canal del Álamo, cuyo propósito inicial fue beneficiar el valle Imperial o el sureste de California, Estados Unidos.

Desde principios del siglo XX y hasta 1946, la porción territorial bajacaliforniana del delta del Colorado fue objeto de especulación y grandes beneficios de inversionistas estadounidenses, quienes adquirieron más de 350 mil hectáreas que conformaban esa región.

En 1937, el entonces presidente de México Lázaro Cárdenas, en un hecho conocido como el “Asalto a las Tierras”, expropió cerca de 102 mil hectáreas de tierra abiertas al cultivo; y en el año de 1946, los entonces inversionistas estadounidenses tuvieron que vender al gobierno mexicano del orden de 200 mil hectáreas que aún poseían del valle Mexicali.

Se destaca que las tierras en el delta mexicano, bajo la propiedad de los estadounidenses, iniciaron con gran auge en el cultivo del algodón, tal como ya se hacía en el vecino valle Imperial y a pesar de todos los eventos históricos ocurridos, se mantuvo con el paso del tiempo, con prosperidad, aun en la fase más caótica de la Revolución Mexicana.

En producción de algodón:

-Año 1912, se tuvo la primera cosecha de este producto, con 12 hectáreas sembradas y cosechadas 15 pacas.

-Año 1919, la superficie cosechada llegó a las 42 mil 483 hectáreas.

-Periodo 1920-1921, se obtuvieron 79 mil 200 pacas en 50 mil hectáreas irrigadas.

Los pioneros en el despepite de algodón fueron los inversionistas de la empresa La Colorado, que arrendaba las tierras a agricultores, la mayoría extranjeros (chinos y japoneses) y excepcionalmente a mexicanos.

Después los inversionistas de La Colorado incluyeron en 1925 a una empresa jabonera para diversificarse en la industrialización de la semilla de algodón, que se relocalizó en el valle de Mexicali para producir nitroglicerina y todo tipo de jabones.

En 1925, la fábrica jabonera se conformó como la Compañía Industrial Jabonera del Pacífico como una sociedad de cooperación limitada (SCL) y operó durante cinco años.

En 1930, La Jabonera traspasó dos terceras partes de sus intereses a la inversionista norteamericana Anderson, Clayton, lo que la volvió prácticamente dueña de La Jabonera, lo cual sin duda llevó a reconocer a la empresa agroindustrial algodonera, como una de las más importantes en el control del proceso productivo agrícola en el valle de Mexicali, desde la década de 1940 y hasta principios de 1970.

En todo momento histórico, el capital extranjero prevaleció en intereses, utilizando nuevas formas para continuar manteniendo su dominio, interviniendo en todo el proceso productivo de algodón, desde el financiamiento a los agricultores para que cultivaran la malvácea, mecanismo eficaz para asegurarse la materia prima, hasta el establecimiento de una infraestructura adecuada para la industrialización de la semilla del algodón y la comercialización de la fibra para el mercado textilero foráneo.

Se vigilaban cuidadosamente las distintas etapas de la producción del algodón, reproduciendo mecanismos que la propia corporación La Clayton, llevando sus prácticas empresariales, a otras partes de México y de América Latina.

A partir de 1970, la situación en La Jabonera se hizo crítica. La producción algodonera del valle de Mexicali había bajado drásticamente y, peor aún, el porcentaje que La Jabonera manejaba, era cada vez menor y ello se registraba en una disminución considerable del volumen de producción de las despepitadoras, que a su vez, se reflejaba en un decremento económico en las otras áreas y procesos productivos y logísticos: menos pacas que almacenar y que embarcar, menos semillas para procesar en el molino y menos aceite para refinar en la planta de productos terminados.

En las siguientes décadas el patrón de cultivos del valle de Mexicali transitó del monocultivo del algodón al cultivo de otras variedades para:

-Exportación trigo, alfalfa, forrajes, hortalizas cebada, avena, ajonjolí, cártamo, sorgo forrajero, “rye grass”, hortalizas.

-Consumo regional; chile, cebolla, col, rabanito, cilantro, lechuga, brócoli, betabel, coliflor, jitomate, tomatillo, pepino, calabaza, quelite y espárrago.

Según el Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario 2015-2019 del estado de Baja California, en el valle de Mexicali se destinan 172 mil 798.45 hectáreas para la agricultura (considerando también la zona de Arenitas, Zona de Compactación, Laguna Salada y Urderal), las cuales en 2014 aportaron el 49.85 por ciento del valor de la producción total del estado, con 6 mil 150 millones 223 mil 866.56 de pesos, y según se mantienen como principales cultivos destaca el trigo, el algodón y la alfalfa.

Luego entonces, que explica en la realidad que hoy:

-Los agro-productores de algodón que sobreviven en la región son cada vez menos y a la par se observa, un decremento en su aportación de cultivo y producción que va de entre 25 mil y 30 mil hectáreas, arrastrando depreciaciones del equipamiento agrícola y deudas económicas por más de 300 millones de pesos, en el ciclo productivo 2018.

-Los agro-productores de algodón, este año 2019, estiman pérdidas de 9 mil pesos por hectárea, que representa una suma similar de pérdidas del anterior ciclo por 300 millones de pesos.

-En el caso de los agro-productores de trigo, se mantiene igualmente un rendimiento por hectárea sembrada que va en caída libre desde hace una década, de acuerdo con los propios registros de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Baja California (Sader), están arrastrando una cartera vencida de 600 millones de pesos.

-El riesgo que se está corriendo es que se dejaron de cultivar volúmenes muy representativos en este ciclo de cultivo de trigo y algodón, estimándose que se deja de dispersar del orden de 2 mil millones de pesos en el valle de Mexicali y una alta descapitalización de la actividad.

-Las empresas agroindustriales estiman una pérdida de 4 mil empleos, en particular de las empacadoras han disminuido en forma representativa con más de 3 mil empleos promedio y;

-Se tiene la duda del productor respecto a los precios y costos de los cultivos del trigo del ciclo agrícola 2020-2021, limita su decisión de incursionar en la siembra de este cultivo, tanto así que de las 45 mil hectáreas programadas para sembrar trigo este ciclo, únicamente se tiene solicitado permisos para siembra por 17 mil hectáreas.

-La incertidumbre que tiene el productor en general es sustantiva por el desconocimiento del Presupuesto federal de 2020, que, que incide directamente en el sector agropecuario es de amplia preocupación para la toma de decisión.

Es un hecho que el valle de Mexicali hoy se observa como un terreno agrícola pobre, en dificultades, con problemas de comercialización de los cultivos tradicionales, con desempleo que repercute fundamentalmente en el sector ejidal y de la pequeña propiedad y en el otro lado de la otra frontera, se tiene un valle agrícola rico, especializado en cultivos hortícolas que tienen gran demanda en los mercados internacionales, y que beneficia a unos cuantos productores.

Es una verdad que el cambio en el patrón de cultivos se vincula directamente con la participación de la inversión extranjera en el sector como medio de financiamiento y en consecuencia los productores deciden rentar o vender sus propiedades ante la poca o nula rentabilidad de los cultivos, y esto derivado a que el gobierno los metió a competir contra productores norteamericanos altamente subsidiados por su gobierno, de tal manera que la cancha nunca se niveló.

Sin duda, los agro-productores mexicanos del valle de Mexicali son superados en conocimientos, herramientas y tecnologías, en desventaja competitiva con los productores de Estados Unidos y, bajo un contexto global económico complejo, se enfrentan en realidad con productores de todo el mundo que ya trabajan orientados a lograr suficiencia y seguridad alimentaria. De no encontrase alguna solución a estos productores, más de 17 mil hectáreas están en riesgo de no sembrarse en el ciclo 2020-2021.

Se requiere una orientación de recursos económicos, para el rescate del valle de Mexicali para los agro-productores que necesitan infraestructura y tecnología, dotándolos de tractores y aditamentos agrícolas nuevos y mejores créditos de la banca nacional, así como de todo el apoyo técnico.

Además de que se sabe del difícil proceso económico que está soportando el sector agrario del valle de Mexicali, surgen externalidades que vinculan otras necesidades de obras y servicios que requiere el área urbana, a la par de las propias necesidades urbanas de la de la ciudad de Mexicali (al menos debería ser el 20 por ciento de la inversión en la ciudad), son muchos años que al igual que la actividad agrícola, que se encuentra abandonada. Por lo mismo, se requiere una orientación de recursos económicos fortalecida para el área rural.

Así también, es de la más alta consideración atender los efectos colaterales de quienes dependen de estos agro-productores que aun en contra de la adversidad, apuestan a producir alimentos, y que son sus familias, por quienes deben decidir en posibilidades reales su sobrevivencia y sustento.

A pesar de la caída de más de 30 años de las condiciones estructurales económicas en el valle de Mexicali, se debe aún evitar una crisis humanitaria y alimenticia, aún se puede cambiar la historia del valle de Mexicali, que puede y debe volver a ser lo que alguna vez, como la tierra más fértil y altamente productiva, aprovechando su condición fronteriza y la importancia que tuvo para su desarrollo por la cercanía geográfica con la avanzada economía de Estados Unidos. Es una tierra productiva, con una frontera agrícola y de oportunidades para el desarrollo de infraestructura hidráulica, con el fin de satisfacer las exigencias del mercado interno y global.

La llegada de diferentes modelos de agroproducción en diferentes momentos y circunstancias históricas, políticas, económicas, sociales o hasta culturales, pueden llevar a buenas alternativas para suplir fuentes de trabajo y más, pero hay que analizarlas y enfrentarlas para que ningún agroproductor en el valle de Mexicali y de cualquier parte del país quede al desamparo.

Adicional a los problemas del valle de Mexicali, es necesario hacer mención de lo que ocurre en San Felipe, Baja California, en donde hay tensión y conflicto por una realidad de crisis económica que vive esa comunidad, con muchos problemas que en común se han generado por la veda pesquera y los intereses de actores que quieren avasallar a cualquier precio para avanzar cada vez más, con el desarrollo inmobiliario orientado al turismo residencial

San Felipe es un tema prioritario y que pesa mucho socialmente en la región, por el abandono y falta de recursos económicos dedicados a la localidad, hay un fuerte desempleo en la pesca y se observan otros problemas como carencia de infraestructura hídrica básica, restricciones del uso de suelo, no hay hospitales, la vivienda no es digna, es insuficiente la promoción turística, escasa obra pública, falta de modernización del aeropuerto y existe una fuerte centralización de la administración municipal, que hace difícil valorar la grave problemática en su debida dimensión.

Se necesita rescatar y diversificar las actividades productivas del campo y las pesqueras y otras más vinculadas a estos sectores para no solamente mejorar las condiciones de vida de su población, en todo caso se debe decir para también rescatar propiamente la vida humana y conservar la especie en este territorio, antes que el destino los alcance.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que emita una Declaratoria de Emergencia o Contingencia para el rescate de tierras de cultivo en el valle de Mexicali y en San Felipe, con objeto de orientar recursos económicos que permitan la reactivación de actividades productivas del campo; la diversificación de los cultivos tradicionales y demás ramas productivas de esos medios rurales; el fomento para el desarrollo del sector agroindustrial y pesquero así como para la gestión eficiente y sustentable del agua, que antes fue un recurso abundante y ahora es un bien restringido.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Banca de Desarrollo) a que oriente recursos del Programa especial de Apoyo Finayuda para el rescate de tierras de cultivo en el valle de Mexicali y en San Felipe, y que igualmente se apliquen garantías del Fondo Nacional de Garantía de los Sectores Agropecuario, Forestal, Pesquero y Rural (Fonaga), Garantías Líquidas de la Financiera Nacional o de gobiernos estatales y/o municipales, así como del Programa para la Profundización del Financiamiento Rural (Profin).

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estatal de Baja California para que oriente recursos económicos que ayuden al rescate de los valles de Mexicali y San Felipe, dada la situación de emergencia que enfrentan los habitantes de estas zonas.

Bibliografía y Referencias

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Grijalva, A. (2014). Agroindustria y algodón en el valle de Mexicali. La Compañía Industrial Jabonera del Pacífico. Mexicali: Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de Baja California. México.

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DOF (2019). Plan Nacional de Desarrollo 2019_2024. Publicado en Diario Oficial de la Federación el 12 de julio 2019. México. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

Programa Especial de Desarrollo Rural para la Región del Valle de Mexicali 2015-2019. Gobierno de Baja California. México.
http://www.copladebc.gob.mx/programas/especiales/Programa%20Especial%20del%20Valle%20de%20Mexicali.pdf

Programa Estatal de Desarrollo Agropecuario 2015-2019. Gobierno de Baja California. México.
http://www.copladebc.gob.mx/programas/sectoriales/
Programa%Estatal%20de%20Desarrollo%20Agropecuarioporciento202015-2019.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 10 días de diciembre de 2019.

Diputado Jesús Salvador Minor Mora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversas autoridades y al gobierno chiapanecos a proseguir los trabajos de la mesa interinstitucional dirigida a resolver la problemática de los bienes comunales de la Lacandona, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrantes de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía las siguientes

Consideraciones

Los Bienes Comunales Zona Lacandona (BCZL) se constituyen bajo resolución presidencial del 26 de noviembre de 1971 con una dotación de 614 mil 321 hectáreas, y la resolución trajo consigo un fuerte conflicto agrario ya que, en la dotación otorgada, existían 22 ejidos con resoluciones presidenciales emitidas entre 1961 y 1971, con una extensión total de 32 mil 77 hectáreas.

Entre los años 1975 y 1978 se dan eventos importantes dentro de los BCZL:

– El primero fue la creación de la primera organización social en la selva lacandona: la Kip tic ta lecub tesel (llamada también, la madre de todas las organizaciones) cuyo objetivo principal fue la lucha por la tenencia de la tierra;

– La segunda fue la expedición del decreto de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules (Rebima), el 8 de diciembre de 1977, con una extensión total de 331 mil 200 hectáreas, y

– El tercero fue el decreto de reconocimiento de tzeltales y choles como nuevos comuneros dentro de los BCZL, el 18 de diciembre de 1978. Aunque las pláticas y levantamiento de censos iniciaron desde 1974 en 26 comunidades, es hasta después del acuerdo de Guadalupe, en febrero de 1976, cuando se empezaron a reubicar en dos centros de población: los tzeltales en el que llamaron Manuel Velasco Suárez, hoy Nueva Palestina y los Choles en los márgenes del rio Usumacinta y le llamaron Frontera Echeverría, hoy Frontera Corozal.

La nueva composición indígena en los BCZL (lacandones, choles y tzeltales) obligó a nuevas formas de organización, siendo acompañados por el Instituto Nacional Indigenista (INI), cuyo objetivo principal fue la defensa de las 614,321 hectáreas de la dotación de los BCZL y hacerle frente al avance de la Kip tic ta lecub tesel en la ocupación de tierras definidas en los polígonos de la dotación.

La formación de nuevos poblados dentro del polígono de los BCZL hizo que los comuneros exigieran al gobierno federal y estatal su intervención para frenar las nuevas posesiones y que se les entregara el polígono con las hectáreas indicadas en la resolución presidencial. Ante esta posición de los BCZL, el sector agrario intento hacer la ejecución correspondiente, resultando que:

– El cuerpo consultivo agrario realizo la primera ejecución virtual el 14 de noviembre de 1982, reafirmando la superficie de 614,321 hectáreas sin importarle las resoluciones presidenciales que ya existían antes de noviembre de 1971, más las seis que se entregaron entre 1973 y 1981, sobrepuestas a la dotación de los BCZL, sin conocimiento de los comuneros, que con el tiempo provocó fuertes conflictos sociales.

– La segunda ejecución se da entre el 23 de noviembre de 1982 y el 23 de marzo de 1985, y el cuerpo consultivo agrario solo entrega a los BCZL 584 mil 37 hectáreas, rectificando los errores de 1971 y 1982, sin mencionar que para estas fechas ya se habían emitido 10 nuevas resoluciones presidenciales sobre los BCZL y únicamente logro medir 558,052-04-74. Se retiraron las brigadas por los intensos conflictos agrario en la zona.

– La tercera ejecución se realiza entre el 30 de abril y el 9 de julio de 1988, y el cuerpo consultivo agrario entrega únicamente 501 mil 106 hectáreas a los BCZL; con esta cantidad se elabora el plano definitivo de los BCZL.

En 1991 se entregaron 47 nuevas resoluciones presidenciales sobre los BCZL perdiéndose más de 113 mil hectáreas, pero los conflictos agrarios no terminaron, se agravaron más con el conflicto armado de 1994, que originó la creación de nuevos asentamientos humanos.

A pesar del reclamo de los comuneros a los gobiernos en turno, con relación a la solución de los conflictos agrarios, ya que estos crecían dándose confrontaciones por la defensa del territorio, las autoridades hicieron oídos sordos, dosificando el tiempo y las soluciones.

Cansados de la omisión gubernamental, a principios del año del 2003, los comuneros de los BCZL ejercieron presión bloqueando la carretera fronteriza sur; su pliego de peticiones contemplaba dos puntos esenciales: (1) el arreglo agrario definitivo de los BCZL y terminar con las invasiones y (2) si no tenían respuesta repartirían a sus hijos la tierras del polígono mayor de los BCZL.

La respuesta del gobierno federal y estatal fue informar que ya había una propuesta de arreglo para los BCZL en el problema agrario, ambiental y social. El comunero Pedro Díaz Solís, entonces Subcomisariado de Frontera Corozal, propuso la realización del diagnóstico agrario para conocer la magnitud del problema, la propuesta fue tomada como acuerdo. Para el 3 de junio del 2003 los gobiernos estatal y federal tomaron la determinación de dar inicio con el Programa de Atención Integral a los Bienes Comunales Zona Lacandona y Reserva de la Biosfera de Montes Azules, iniciando el 5 de junio del mismo año con una reunión de autoridades de los BCZL en Frontera Corozal: el diagnóstico agrario arrojo 196 casos agrarios para su atención.

Este programa logró atender 176 casos agrarios, entre resoluciones presidenciales, reubicaciones e indemnizaciones, quedando pendientes 20 casos.

Dentro del mismo programa, el 22 de diciembre de 2005 comuneros de los BCZL, en asamblea general, aceptan y firman la anuencia para ingresar al Procede, con la promesa de que con la certificación se terminarían los problemas agrarios, pero esto nunca sucedió. A los BCZL se le entrego el plano certificado con 501 mil 106 hectáreas sin descontar las 43,878-64-52 que se expropiaron dentro del Programa de Atención Integral a los Bienes Comunales Zona Lacandona y Reserva de la Biosfera de Montes Azules (junio del 2003 a diciembre del 2006).

Con esta certificación prácticamente se daba la cuarta ejecución cuya característica es que nunca se ha medido físicamente el total del perímetro del polígono mayor de los BCZL; lo cierto es que, durante estos procesos de 1971 a la fecha, se han perdido 161 mil 10 hectáreas.

Antes de finalizar el sexenio de Vicente Fox Quezada, se publicó que el problema agrario en los BCZL y la Rebima había terminado, ante lo cual manifestamos nuestro reclamo, pues aún quedaban más de 20 casos sin atención. A pesar de nuestros reclamos, la Secretaría de la Reforma Agraria dio por concluido el programa y el problema agrario en los BCZL y la Rebima.

Esta declaración presidencial propició que, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, no se le diera continuidad a la solución pacífica de los grupos ubicados dentro del polígono de los BCZL.

La acción institucional fue desalojar a los poblados irregulares que se encontraban dentro de la Rebima, ante lo cual, los BCZL argumentaron que existían poblados con más de 35 años habitando dentro del territorio de BCZL y desalojarlos generaría de nueva cuenta conflictos sociales para los BCZL y que era mejor buscar el dialogo para encontrar soluciones pacíficas, sin alterar la armonía con los poblados bases del EZLN.

A pesar de estos argumentos, la SRA, Conanp, Semarnat, Profepa, CBM y gobierno de Chiapas continuaron con la iniciativa de desalojo de los poblados. Los BCZL se negaron a interponer las demandas penales correspondientes ante la PGR y la PGJE de Chiapas, para que pudieran hacer viable la ejecución de los desalojos. Esta negativa fue utilizada por el sector agrario y ambiental para culpar a los BCZL de ser responsables de la existencia de invasiones dentro de la Rebima, con el interés de recibir más dinero por indemnizaciones al legalizarse estos poblados. Acusaciones totalmente falsas.

Ante estas acusaciones los BCZL fijaron su postura: es responsabilidad del gobierno federal y estatal cualquier confrontación que se dé dentro del territorio de los BCZL por desalojos y/o entre grupos de choque financiados por instituciones del gobierno.

En oposición a la propuesta de la solución violenta impulsada por el gobierno federal y estatal, los BCZL proponen buscar la solución por la vía pacífica.

En este sentido, en abril de 2008, los comuneros de los BCZL decidieron en su asamblea general buscar por sus propios medios la reconciliación entre los pueblos de las regiones Desempeño, Zona Norte, Cañada Agua Azul, Cañada Amador Hernández, Cuenca del Rio Negro, Cordón del Chaquistero y Zona Sur , donde también tienen presencia organizaciones sociales como la XINICH UCISECH CDLI, UGOCP, CCC, UNORCA, CIOAC, ARIC UU ID AC, ARIC COCISEL, Unión de ejidos rio Perlas, SOCAMA, UNTA, OPDIC, CREPDIC, ORCAO, YOMBLEJ y desde luego el EZLN.

En la lucha por la tenencia de la tierra perdimos la convivencia, la capacidad de impulsar acuerdos políticos, culturales, sociales, religiosos, de desarrollo, respeto mutuo y la defensa del territorio, por tal razón, después del análisis correspondiente, concluímos que las propuestas del gobierno federal y estatal era continuar con el conflicto regional, impulsando el desalojo de los grupos irregulares, sin ofrecer alternativas de desarrollo que permitiera a los pueblos cambiar de actividad y actitud, para privilegiar la conservación de la selva y sobre todo de la Rebima.

Desafortunadamente, ante el trabajo iniciado para la reconstrucción del tejido social con base a acuerdos de respeto mutuo con los pueblos vecinos, en el gobierno federal y estatal recriminaron los trabajos, argumentando que los BCZL no podían hacer acuerdos con sus enemigos invasores por que se fomentarían nuevas tomas de tierras.

Como autoridades comunales manifestamos que son las instituciones gubernamentales las que nos han distanciado de otros pueblos, ejidos y comunidades, con el objetivo de evitar acuerdos entre pueblos hermanos, además, las instituciones agrarias y ambientales, tuvieron más de cuatro décadas para resolver este problema y nunca lo hicieron, por el contrario, con sus propuestas agravaron los conflictos sociales.

Esta postura de los BCZL, de continuar con los trabajos de reconciliación y acuerdos en las zonas colindantes a su polígono para evitar nuevos asentamientos humanos, ha sido criminalizada por las instituciones federales y estatales, agrarias y ambientales, y se ha generado una persecución contra las autoridades de los BCZL, acusándolos de ser responsables de las pérdidas de tierra en las reservas, sobre todo en la Rebima. Esta criminalización ha sido avalada por la maestra Julia Carabias Lillo, quien se autonombra protectora de la selva lacandona, pero que en realidad está ligada a fuertes intereses nacionales y trasnacionales en negocios de bonos de carbono, acaparamiento de cuerpos de agua, proyectos turísticos con disfraz de investigación, acaparamiento de regiones de la selva a través de convenios hasta por 20 años, a través de presiones de instituciones del gobierno estatal y federal, ejemplos lagunas de Miramar, Metzabok, Naha, Lacanja.

La criminalización desatada se ha traducido en persecución y encarcelamiento de comuneros, autoridades y colaboradores de los BCZL, tambièn contra directivos de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos.

Es de llamar la atención lo que sucedió con el profesor Fernando Gabriel Montolla Oseguera, asesor de los BCZL, que a petición de Julia Carabias Lillo al gobernador Juan Sabines Guerrero fue detenido y encarcelado el 30 de septiembre del 2008, acusado falsamente de homicidio calificado, según hecho dado en Benemérito de las Américas, Chiapas, contra un guatemalteco alcohólico que pasaba a este municipio mexicano a ingerir alcohol; los testigos fueron dos personas, originarias de Túmbala, que estuvieron presas en el penal de Yajalón por problemas de transporte. Por presiones de los BCZL y organizaciones sociales hermanas fue liberado el 9 de octubre del mismo año.

En 2009, los BCZL notifican a Javier de la Maza y Julia Carabias: (1) el vencimiento del convenio de arrendamiento de 80 hectáreas de los BCZL para la operación de las estaciones biológicas de chajul y tzendales, (2) que los BCZL se harían cargo de las instalaciones y operación de las estaciones y (3), que no se firmarían nuevos convenios.

Al saber de la decisión de la asamblea, nuevamente Javier y Julia ponen en marcha sus métodos divisionistas, con el apoyo incondicional del gobierno de Chiapas e instituciones ambientales. Inicialmente se amenazó a la comunidad de suspenderle todos los apoyos institucionales si las autoridades no firmaban el convenio. Las comunidades de Nueva Palestina y Frontera Corozal mantuvieron su postura de no firmar el nuevo convenio.

Con el apoyo de la Secretaría de Gobierno de Chiapas, que presidia el doctor Noé Castañón León y las delegaciones federales del sector ambiental en Chiapas, prepararon una reunión en Lacanja Chansayab, en la cual Julia Carabias y lacandones acordaron la firma de un nuevo convenio para las estaciones chajul y tzendales. En la firma de este acuerdo no se permitió la entrada de tzeltales y choles, pasando por alto el mandato de la Asamblea General de Comuneros.

El comisariado y consejo de vigilancia, ambos del pueblo indígena lacandón, firman el convenio, acompañándose de 225 firmas de comuneros lacandones, para un nuevo periodo de diez años (2009-2019), dejando fuera de la decisión a mil 452 comuneros tzeltales y choles. En este documento firma como testigo de honor Noé Castañón León, en su calidad de secretario de Gobierno del estado de Chiapas.

Para el año 2011, con la misma estrategia de amenazas, se firma el convenio de Metzabok, para un periodo de 20 años.

En abril del 2011, los BCZL celebran su asamblea general para el cambio de los órganos de representación comunal. Las mismas personas aludidas intentaron manipular a las autoridades de las subcomunidades, para elegir personas de confianza y manipulables por Julia Carabias, con el objetivo de facilitar la firma de convenios en otras zonas estratégicas de la Rebima e interrumpir los diálogos que los BCZL mantienen con ejidos y organizaciones sociales colindantes al polígono mayor.

Por fortuna, la asamblea nombra a Chankin Kinbor Chambor como nuevo comisariado, quien con una visión conciliadora tomó los acuerdos necesarios con los subcomisariados y continuó con los diálogos pacíficos, con el objetivo de continuar con la delimitación del polígono mayor para proteger a la Rebima; buscar acuerdos armoniosos con los pueblos de la región y poner fin a las invasiones, como sucede hasta hoy.

Para el año 2012, Javier de la Maza y Julia Carabias buscan convencer a las autoridades de los BCZL para firmar un acuerdo para privilegiar lo ambiental, sin considerar lo agrario y se firmaría ante la presencia del secretario de Gobierno de Chiapas, doctor Noé Castañón, acompañado de los delegados federales del sector ambiental, productivo y social. Las autoridades comunales no lo firman.

Ante la negativa de la firma se desató una campaña de desprestigio en contra del comisariado de los BCZL para desconocerlo como lacandón, así mismo Noé Castañón instruyo al personal de las instituciones estatales a no brindar ninguna atención al comisariado. También instruyo a la procuraduría de justicia de Chiapas, agilizar una nueva orden de aprehensión contra Fernando Gabriel Montolla, quien fue detenido en Ocosingo el 13 de febrero del 2012, cuando cumplía una comisión al poblado Amador Hernández, para participar en las pláticas conciliatorias con pobladores de esa cañada. El profesor Fernando Gabriel fue recluido en el penal del amate, acusado de peculado y otros daños al estado. Los BCZL, aliados y defensores de derechos humanos independientes, entre ellos Serapaz, se movilizan y logran la liberación de Fernando Gabriel el 27 de octubre de 2012, saliendo absuelto de los delitos que se le acusaban.

Al término del sexenio de Juan Sabines Guerrero y tomar el mando del estado Manuel Velasco Coello, las cosas se agravaron. El sector ambiental federal y estatal iniciaron un proceso de división y desestabilización dentro de los BCZL financiando grupos con proyectos productivos con la encomienda de realizar acciones en contra del comisariado, por otro lado, los pagos de servicios ambientales fueron diferenciados sin el aval del comisariado general de los BCZL y se realizaban eventos en Nueva Palestina y Frontera Corozal para entregar recursos a grupos pequeños, excluyendo a la mayoría de la población y sin participación de las autoridades generales.

El 29 de abril del 2014 se celebra Asamblea General de Comuneros, con la finalidad de elegir a los nuevos órganos de representación comunal. En esta asamblea un grupo de lacandones que trabajan directamente con Julia Carabias trataron de imponer a los integrantes de la mesa de los debates y como no les fue favorable, violentaron las acciones queriendo confrontar a tzeltales y choles, por lo cual, los subcomisariados ordenaron el retiro de los comuneros para evitar problemas.

En este evento se pretendía fomentar y magnificar una confrontación para que los lacandones pasaran como víctimas y con ello motivar la represión del gobierno en contra del comisariado y sub-comisariados, creando las condiciones para imponer a una persona afín a Julia Carabias, quien ya estaba seleccionado: Hugo Chambor Chanabor.

Los BCZL se reorganizan y se toma la decisión de lanzar una nueva convocatoria, a través del consejo de vigilancia, para realizar la asamblea general y nombrar sus órganos de representación comunal, para el 16 de mayo del 2014 en la plaza central de Nueva Palestina. El consejo de vigilancia invito oficialmente a la Procuraduría Agraria en Chiapas, para que asistiera al cambio de autoridades, quien se negó categóricamente e instruyó a su residencia en Ocosingo, para no asistir a la asamblea ni relacionarse con los hechos de cambio de las autoridades de los BCZL.

Por esas mismas fechas sucedió el autosecuestro de Julia Carabias, y la parte oficial del pueblo indígena lacandón intento culpar a los BCZL. El presidente municipal de Ocosingo Octavio Albores Cruz, presiono al sub-comisariado de Nueva Palestina con la intención de que aceptara la culpa del auto-secuestro; desde luego que no acepto y convoco a reunión general de los comuneros de Nueva Palestina para informales de las presiones oficiales. También lo informo con las autoridades de Frontera Corozal, para que se tomarán las precauciones necesarias.

El 14 de mayo del 2014, a las 11 horas, dos días antes de la celebración de la Asamblea General de Comuneros para el nombramiento de las nuevas autoridades generales, nuevamente es aprehendido por el gobierno de Chiapas Fernando Gabriel Montolla y trasladado a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a las instalaciones de la Fecdo, donde fue torturado con la intención de que se culpara del secuestro de Julia Carabias, lo vergonzoso es que la Procuraduría General de Justicia de Chiapas utilizó un expediente de una toma de la presidencia de Altamirano, Chiapas, de donde es originario Gabriel Montolla. Este hecho fue fabricado con la intención de boicotear la Asamblea General de Comuneros, pero no les resulto.

La asamblea general realizó el nombramiento del comisariado de los BCZL, recayendo en la persona de Emilio Bolom Gómez de origen tzeltal, y la Asamblea le encomienda trabajar para la liberación del asesor y también, continuar con la delimitación del polígono mayor, bajo la premisa del diálogo y concertación con pueblos y organizaciones vecinas, que se establecieron desde 2008.

Este nombramiento trajo consigo la detención de las autoridades lacandonas el 29 de mayo del 2014, junto con dirigentes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, quienes fueron aprehendidos por las corporaciones policiacas del gobierno de Chiapas (22 personas), cuando asistían a una reunión acordada con funcionarios del gobierno de Chiapas para promover la liberación del asesor Gabriel Montolla.

El hecho causó molestia en los habitantes de los BCZL acordando movilizarse junto con sus aliados regionales, estatales y nacionales, lográndose la libertad de las 22 autoridades, no así del asesor, quien continuó con las diligencias de su defensa con el acompañamiento de Servicios de Apoyo para la Paz (Serapaz). El 13 de septiembre de 2014 fue liberado del penal del amate y exiliado por 3 meses a la Ciudad de México, instruida por el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, complaciendo así las peticiones de Julia Carabias Lillo. Serapaz acepto cobijar a Gabriel Montolla en su seguridad y estancia en la Ciudad de México por 3 meses, lapso acordado también con el secretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda. Cumplidos los 3 meses, Gabriel Montolla regresó a Chiapas a continuar sus trabajos con los BCZL.

En la historia de los BCZL, la mayor presión institucional que se ha ejercido sobre los BCZL, ha sido sobre los comisariados Chankin Kinbor Chambor y Emilio Bolom por impulsar el cumplimiento del mandato de la Asamblea General de Comuneros, cuyo objetivo principal fue y sigue siendo: la delimitación del polígono mayor de los BCZL y el dialogo con ejidos colindantes, que es la premisa básica para la conservación de la Rebima en lo particular y de la selva lacandona en lo general.

Estos objetivos no han sido del agrado del sector ambiental y han convencido al sector agrario y al gobierno de Chiapas, para que actúen en contra de los acuerdos de la Asamblea General de los BCZL. El argumento principal que ha dado el sector ambiental es que se estaban repartiendo tierras de las reservas, principalmente de la Rebima.

Los informes falsos difundidos por el sector ambiental, crearon el ambiente propicio para reprimir a las autoridades de los BCZL y cerrarles las puertas a sus gestiones. Las autoridades lograron pláticas con los secretarios de la Sedatu, Jorge Marín y Jesús Murillo Karam, para exponer el caso de los BCZL sin tener respuesta, más bien suspendieron la entrega de los recursos depositados en el Fifonafe para no continuar con la delimitación; por último, Rosario Robles Berlanga les negó rotundamente la audiencia a las autoridades, siendo recibidos por funcionarios menores.

Las actividades para la delimitación del polígono continuaron, según lo acordado en la Asamblea General de Comuneros, mientras que los ambientalistas continuaron difundiendo información falsa, provocando que la Secretaría de Gobernación conjuntara 14 secretarias de estado, a la par con el gobierno de Chiapas, para diseñar un plan de distensión porque ya lo consideraban un foco rojo. La propuesta fue que cada secretaria aportaría recursos económicos de su presupuesto para crear un programa de proyectos productivos y de reorganización al interior de los BCZL, atediendo a los ejidos colindantes. Con base a lo anterior, se hizo el anuncio de 92 millones de pesos para las 52 comunidades colindantes al polígono mayor de la comunidad lacandona.

Al interior de las comunidades que forman los BCZL se empezaron a privilegiar grupos afines al sector ambiental financiándoles proyectos productivos y/o de conservación, con la encomienda de ampliar los grupos y convertirlos en grupos de choque en contra de las autoridades; como ejemplo tenemos el asesoramiento permanente a un grupo de lacandones para desconocer la autoridad general de los BCZL; la delimitación de las reservas Chankin y Lacantun por un grupo de comuneros sin el aval de la asamblea comunal de Frontera Corozal con la probable afectación de trabajaderos, estos comuneros e hijos de comuneros se agrupan en una asociación civil. De la misma manera sucedió en Nueva Palestina, con la delimitación de la Rebima.

Estos actos crearon descontento en la población y en ocasiones agresiones verbales entre comuneros. Las personas visibles en el fomento de conflictos en los BCZL, fueron Julio Romaní Cortez, Director de la Rebima y Joaquín Zebadua Alba, gerente regional de la Conanp, también participaron Carlos Morales Vázquez y Ricardo Hernández de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del gobierno de Chiapas, quienes también financiaron a un grupo de lacandones para que contrataran los servicios jurídicos para impugnar el acta de Asamblea General de Comuneros del 16 de mayo del 2014 para desconocer las autoridades generales de los BCZL.

La impugnación fue interpuesta ante el tribunal unitario agrario del distrito 54, ubicado en Comitán, Chiapas, bajo el juicio agrario 125/2015, acción que lograron 8 días después de haber finalizado el periodo del comunero Emilio Bolom, pero limito que el consejo de vigilancia emitiera la convocatoria para el nombramiento de las nuevas autoridades. Las autoridades salientes no se inconformaron ante la sentencia emitida por el tribunal unitario agrario del distrito 54, quedando el proceso de nombramiento de las autoridades de los BCZL en la Procuraduría Agraria.

En agosto del año 2017 la Procuraduría Agraria emitió convocatoria de Asamblea General de Comuneros para la elección de las nuevas autoridades en ese mismo mes y fue electo comisariado Enrique Chankin, comunero de confianza del sector agrario y ambiental; por primera vez no asisten más de 600 comuneros a la elección por considerar que todo estaba manipulado.

Al nuevo comisariado le asignan las mismas tareas generales acordadas por la Asamblea General de Comuneros: la delimitación del polígono mayor y construcción de acuerdos pacíficos con los ejidos colindantes. De inicio operó los diálogos, pero poco a poco se fueron diluyendo, pues su discurso no era de conciliación, su intención era promover los desalojos. Siempre estuvo acompañado de su asesor el antropólogo Roger Elí, y se empezó a correr la versión de que se preparaba una demanda para desconocer a choles y tzeltales, y de esa manera, reconocer únicamente a los 66 lacandones considerados en la resolución presidencial del 26 de noviembre de 1971. Esta demanda, de ejecutarse, afectaría también a los nuevos comuneros lacandones.

Los pocos avances en el mandato de Enrique Chankin y el estar en contra de los acuerdos de la Asamblea General de Comuneros, motivó la celebración de una nueva Asamblea General de Comuneros el 10 de enero de 2019, donde se desconoció a Enrique Chankin y Moisés Chankin comisariado y consejo de vigilancia respectivamente, con todos sus colaboradores, solicitándole publicara a la brevedad posible la convocatoria para el nombramiento de nuevas autoridades; el comisariado se resistió y no publico la convocatoria. Se pidió la intervención de la Procuraduría Agraria sin tener mucho éxito y los trámites se alargaron.

Fue hasta el 13 de junio que se publicó la convocatoria llamando a los comuneros a Asamblea General de Comuneros el 25 de junio de 2019 para el nombramiento de las nuevas autoridades, recayendo la responsabilidad en los comuneros Pepe Chambor Yuk y Marcelino Chambor Chanaj, comisariado y consejo de vigilancia respectivamente.

Las acciones de los funcionarios federales y estatales del sector agrario y ambiental, dejan al descubierto los intereses de grupos empresariales dentro del territorio de los BCZL, que lejos de promover la conservación en armonía con las comunidades, buscan comercializar los bienes ambientales, utilizando como estrategia la división de los pueblos y comuneros.

Otra acción que promovieron fue desconocer los acuerdos comunitarios firmados entre los BCZL y los ejidos vecinos, acuerdos que hemos construido pacíficamente para delimitar nuestro polígono y crear las condiciones necesarias de respeto territorial que nos dé la oportunidad de una verdadera conservación de nuestros recursos naturales, con hechos verdaderos, no en papel ni estadísticas falsas.

Las desestabilizaciones que se ha dado en nuestra comunidad, propiciada por sectores del gobierno federal y estatal, especialmente del sector ambiental, quien se ha manifestado en contra de las autoridades generales y de los subcomisariados que no se han prestado a sus pretensiones o formas de trabajo, limita las estrategias de conservación.

Como ejemplo tenemos que, en el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas, prácticamente desconocieron a las autoridades generales de los BCZL; los pagos de servicios ambientales se realizaban con los subcomisariados o algún representante afín a ellos o con presencia en las comunidades; el Registro Agrario Nacional otorgó registro a los subcomisariados, fuera de la ley, pues dentro de los BCZL existe un comisariado, no seis como se manejó en los pagos de servicios ambientales.

En vísperas de la 16 Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP 16), celebrada en Cancún Quintana Roo, en diciembre de 2010, el presidente Peña Nieto visito la estación Chajul en el municipio de Ocosingo Chiapas, lugar de operaciones de Julia Carabias y Javier de la Maza, donde firmaron un acuerdo de conservación de la selva lacandona con los presidentes municipales de Maravilla Tenejapa, Ocosingo y Marqués de Comillas, asistiendo comisariados y agrupaciones de conservación de la región selva; lo curioso es que ninguna autoridad de los BCZL legalmente nombrada fue invitada, solo llevaron personas afines al sector ambiental de Palestina, Frontera Corozal, Lacanja Chansayab para firmar este acuerdo, sin conocimiento de la Asamblea General de Comuneros y pobladores. Posteriormente, el presidente Peña emitió un decreto de protección de 1.8 millones de hectáreas, que abarca la selva lacandona y desde luego, las 7 reservas dentro de los BCZL.

Dentro de esta estrategia convertida en programa se presiona a los BCZL a firmar 10 puntos que se pondrían en marcha gradualmente dentro del polígono mayor, donde se contemplaba que los comuneros perderían capacidad de decisión dentro de sus tierras, violentando sus garantías constitucionales.

Firmados los 10 puntos, las instituciones aceleraron la instrumentación de políticas públicas ambientales configurando a la selva lacandona como una región de conservación, especialmente dentro de las 7 áreas naturales protegidas que se encuentran dentro del territorio de los BCZL, inscritas en el Sinap y en la red mundial de reservas de biosfera de la UNESCO sin que la población tenga el mínimo conocimiento de la aplicación de estos instrumentos: (a) las áreas naturales son objetivos de conservación de la biodiversidad y la clasificación que marca varios artículos de la LGEEPA; (b) ordenamiento ecológico del territorio (OET): planeación ambiental y desarrollo sustentable; (c) programas sectoriales de medio ambiente y recursos naturales (Promarnat) que contemplaba para el periodo 2013-2018 la creación de 14 corredores biológicos en la lacandona; (d) programas de medio ambiente (programa de áreas naturales protegidas); (e) programas Semarnat-Conanp, desarrollo comunitario sostenible (PET, PNUD-Semarnat, Procodes) y (f) Cooperación internacional para el financiamiento de programas para el manejo de áreas naturales protegidas.

La protesta a las acciones institucionales que promueven conflictos internos para el control político, social y económico en los BCZL; la aplicación selectiva de la normativa institucional; las fallas en la aplicación de programas; las fallas en el combate a la pobreza en educación, salud; la falta de atención a las presión social que ejercen grupos organizados para apoderarse de fracciones de tierra para crear centros turísticos y de otros que la utilizan para la producción de alimentos de autoconsumo dentro del polígono mayor de los BCZL, las instituciones federales y estatales la han tomado como capricho o rebeldía de las autoridades comunales, pero nunca han atendido el problema de fondo, únicamente lo han administrado. Esta falta de interés institucional se ha traducido en la pérdida de miles de hectáreas de tierra y, por consiguiente, en miles de hectáreas de selvas que ponen en peligro la estabilidad del equilibrio ecológico y humano en la zona.

La responsabilidad que se finca a los indígenas por el deterioro de la selva lacandona es injusta y racista por parte de funcionarios y comerciantes ambientales, pues muchos de estos deterioros han sido ocasionados por la comercialización y sobre explotación de los recursos naturales, como sucedió en los años 80 del siglo pasado, donde se explotaron miles de metros cúbicos de maderas preciosas dejando la selva con un gran deterioro ambiental; la empresa Cofolasa desapareció y no pasó nada. Actualmente el deterioro ambiental es más evidente con el corte de miles de árboles de pino en los municipios de Ocosingo, Altamirano y Las Margaritas, que después son llevados a los aserraderos particulares para maquila y venta en complicidad con la Semarnat y Profepa.

Otro caso son las plantaciones de palma de aceite que se están realizando en los municipios de Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas, donde se han derribado miles de hectáreas de selva tropical. Por el lado de Marqués de Comillas se está afectando la cuenca de río Lacantun, que también es zona de amortiguamiento de la Rebima y por Benemérito de las Américas se afectó la cuenca del rio Salinas, ambos afluentes del río Usumacinta.

Estas grandes devastaciones forestales que son utilizadas para las plantaciones de palma de aceite, son de pleno conocimiento de los encargados del cuidado ambiental, sabedores son también que están en manos del sector privado. Entonces, ¿por qué solo se culpa a los indígenas?, la diferencia es que mientras los indígenas siembran para su sobrevivencia, las empresas lo hacen para la explotación y comercialización de los recursos naturales, sin importarles el deterioro ambiental que causan.

Lic. Andrés Manuel López Obrador: los comuneros de los BCZL en su Asamblea General del 20 septiembre de 2019, decidieron dar por terminado el convenio que los BCZL tienen, hasta el 31 de octubre de 2019, con Natura y Ecosistemas Mexicanos, AC, cuyo director general es Javier de la Maza Elvira, en coparticipación con Julia Carabias Lillo.

La decisión de los comuneros fue tomada después de analizar que la firma de este convenio ha generado conflictos de manera recurrente dentro de los BCZL, como es la creación y financiamiento de grupos de choque en contra de las autoridades comunales a través de proyectos de ecoturismo; el encarcelamiento de comuneros de Palestina que realizaban una inspección en la zona del rio Lacantun cerca de la estación Chajul donde se estaban extrayendo maderas preciosas y compradas por orientales (nuestros compañeros fueron detenidos por militares, judiciales del estado y seguridad pública y recluidos en el penal del amate); por su intención de terminar con los acuerdos comunitarios que los BCZL han logrado con ejidos colindantes al polígono mayor para trazar los límites y monumentales; las constantes denuncias en los medios masivos de comunicación, argumentando que los choles y tzeltales son los responsables de la destrucción de la selva, así como su intención de separar a Nueva Palestina y Frontera Corozal de los BCZL, es con más detalle y por supuesto argumentos que hemos manifestado en este documento, las razones por los que la Asamblea General de Comuneros determino no firmar más contratos con Natura y Ecosistemas Mexicanos AC.

Con las mismas estrategias que utilizaron en 2009, Julia Carabias y Javier de la Maza y lacandones afines acuden a los medios de comunicación para hacerse pasar por víctimas y culpar a los choles y tzeltales de todas las desgracias de la selva lacandona.

Le reiteramos, no existe ningún divisionismo dentro de los BCZL, estamos unidos y trabajando en la delimitación final de nuestros límites, con el objetivo de conservar la Rebima. Así también, afirmamos que los pueblos choles y tzeltales somos respetuosos de los compañeros lacandones y nadie los invade. La muestra más visible es que la representación del comisariado y consejo de vigilancia de los BCZL son lacandones, la molestia de Julia Carabias y Javier de la Maza es porque las autoridades actuales continúan trabajando en la delimitación del polígono mayor. Estos dos biólogos siempre han buscado la interrupción de estos trabajos, pues saben que, pacificada la zona, ellos no tendrán bandera, ni argumentos para decir que están defendiendo la selva.

Los BCZL responsabilizan directamente a Javier de la Maza y Julia Carabias de los conflictos que se suciten en las zonas de las cañadas, así como de cualquier intento de agresión a las autoridades de los BCZL y sus colaboradores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y al gobierno del estado de Chiapas para que continúen los trabajos de la mesa interinstitucional que tiene como propósito resolver la problemática de los bienes comunales de la zona Lacandona derivada a la resolución presidencial publica en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1971, asimismo que se dé a conocer a la sociedad los resultados de los futuros acuerdos tomados, en dicha mesa interinstitucional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre del 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sedatu a llevar a cabo acciones para solucionar la problemática de acceso a una vivienda digna, adecuada y habitable, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado David Bautista Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

El concepto de vivienda digna y decorosa se menciona en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo” 1

La Constitución nos otorga el derecho a la vivienda como una de las garantías individuales a los derechos humanos, pero no indica las características que deben cumplirse para que sea digna y decorosa.

Según la Real Academia de la Lengua Española, digno es aquello que puede aceptarse o usarse sin menoscabo, mientras que decoroso es aquello que brinda la calidad de vida necesaria para que la dignidad no sufra menoscabo.

La vivienda digna y decorosa en México es un tema por demás tratado, pero aún no solucionado.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica en sus Principios de Higiene de la Vivienda, que una vivienda adecuada es aquella que provee protección contra enfermedades transmisibles, traumatismos, intoxicaciones y enfermedades crónicas, por lo tanto, debe contar con materiales no tóxicos, una correcta impermeabilización y protección del clima.2

Asimismo, indica que debe contar con espacios que reduzcan al mínimo el estrés psicológico y social, debe contemplar una mejora del entorno habitacional y debe proteger especialmente a las poblaciones expuestas o en condiciones de vulnerabilidad.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece, como parte del derecho universal a una vivienda adecuada, el derecho a la seguridad de la tenencia, a la disponibilidad de servicios, de materiales, instalaciones e infraestructura adecuados, a la accesibilidad y a la adecuación cultural, en la consideración de que cada grupo social cuenta con sus propios hábitos y costumbres para habitar en comunidad.3

Existen los grandes desarrollos urbanos cuyo diseño es la réplica de un modelo de vivienda con medidas mínimas, pero a muy bajo costo constructivo, y que muchas de las veces no cumplen con los requerimientos que exige la Ley Federal de Vivienda, mucho menos la OMS o la ONU, pero que son las únicas opciones a las que tienen acceso millones de mexicanos trabajadores.

Instrumentos internacionales como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales han reconocido que sería impensable contar con educación, salud y empleo si no se tiene un espacio digno y decoroso donde vivir.

Es a partir de la Ley Nacional de Vivienda y en los reglamentos de edificaciones, de urbanización y de construcción municipales y locales, en donde se fijan las características para cumplir con una vivienda de calidad.

Como podemos observar, las leyes y reglamentos nos indican lo mínimo con que debe contar una vivienda. En ciertos reglamentos municipales se indica que la vivienda debe contar con un cuarto de baño, una cocina y una pieza habitable o de descanso, la cual debe medir, como mínimo, 2.70 metros por lado y 2.40 metros de altura, llegando a resultar en viviendas de tan sólo 28 metros cuadrados en terrenos de hasta 75 metros cuadrados.

Sin embargo, algunas normas establecen un mínimo de 16 metros cuadrados por habitante de la vivienda, mientras que otras establecen el doble. Sin embargo, la realidad nos muestra algo totalmente distinto en algunos casos, en donde familias de más de cuatro integrantes conviven en una vivienda de apenas 34 metros cuadrados y sólo un dormitorio.

Es decir, que contamos con 7 millones y medio de viviendas en México, de 34 millones que hay, están construidas con materiales precarios; además, casi 6.4 millones requieren mejoras o una ampliación.4

La falta de acceso a una vivienda digna y adecuada tiene una serie de efectos negativos que impactan en la calidad de vida de los hogares; los espacios para comer, para la intimidad, para descansar, son tan reducidos que es una vida de casi estar encimados, esto genera dinámicas de conflicto.5

En el caso de las viviendas de interés social, cuyo desarrollo se contempla en grandes conjuntos habitacionales que abarcan enormes superficies en las periferias de las ciudades, se llegan a ofrecer terrenos de apenas 75 metros cuadrados con viviendas de 40, incluso de 34 metros cuadrados, con frentes de 5 metros por 15 de profundidad.

Además de estas condiciones, existe infinidad de vicios ocultos, las zonas se encuentran muy alejadas del centro de las ciudades, de los trabajos, de las áreas comerciales, de las escuelas y de los centros de salud, convirtiéndose en la práctica, en un lugar solo para ir a dormir, al que se sale y se llega después de largos trayectos de transporte.

Respecto a la relación que mantienen las prácticas constructivas y de diseño con lo que se considera vivienda digna, el modelo actual de vivienda en México parece ser anticonstitucional. La construcción se ha dejado en manos de grandes empresas que en la práctica actúan como un oligopolio que ha acaparado las reservas de tierras, impuestos a los precios de la vivienda, la calidad y el tamaño de las mismas, así como el emplazamiento de los hogares para los sectores con menores recursos del país.

Se deben buscar sistemas de diseño y construcción que permitan ofrecer soluciones a estas particularidades, sistemas incluyentes y flexibles. La vivienda digna es un derecho de las personas que solamente puede garantizarse si se construye un número determinado de inmuebles, de alta calidad con espacios adecuados.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo las acciones necesarias para solucionar la problemática de acceso a una vivienda digna, adecuada y habitable.

Notas

1 Constitución de los Estados Unidos Mexicanos

2 Periódico Excélsior , “Las condiciones óptimas de la vivienda”, [En Línea] [Fecha de consulta 25 de noviembre 2019] Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/05/1132258

3 Vivienda digna en México, visto desde la Constitución Mexicana [En Línea][Fecha de consulta 26 de noviembre 2019] disponible en https://www.homify.com.mx/libros_de_ideas/5118177/vivienda-digna-en-mex ico-visto-desde-la-constitucion-mexicana

4 Forbes México, “En México, 7.4 millones viviendas están construidas con materiales precarios”, [En Línea] [Fecha de consulta 27 de noviembre 2019] Disponible en:

https://www.forbes.com.mx/en-mexico-7-4-millones-de-vivi endas-estan-construidas-con-materiales-precarios/

5 El País , “La vida en un cuarto de 12 metros cuadrados en México”, [En Línea] [Fecha de consulta 30 de noviembre 2019] Disponible en:

https://elpais.com/internacional/2018/02/07/mexico/15180 43461_378474.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2019.

Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a concluir los trabajos del túnel emisor Oriente y evitar así las graves inundaciones que se presentan en la zona, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada federal Ana Karina Rojo Pimentel integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

La zona Metropolitana del Valle de México está construida sobre una cuenca cerrada, que originalmente formaba un sistema lacustre integrado por cinco grandes lagos: Texcoco, Xaltocan, Zumpango, Xochimilco y Chalco.

En época de lluvias, estos lagos se convertían en uno solo de dos mil kilómetros cuadrados de superficie. Esta condición explica las periódicas inundaciones que desde la fundación de Tenochtitlan han enfrentado sus habitantes, así como la necesidad de construir importantes obras de drenaje para el control y desalojo de las aguas residuales y pluviales del valle.1

La solución de fondo a esta problemática del sistema de drenaje, fue construir un nuevo drenaje profundo, el Túnel Emisor Oriente, calificado como uno de los mayores drenajes del mundo y orgullo de la ingeniería nacional con 62 kilómetros de longitud y siete metros de diámetro, la Ciudad de México, cuenta con tres grandes sistemas de expulsión de aguas negras; el emisor central, emisor poniente y gran canal de desagüe, así como 25 vasos reguladores, poco más de 12 mil 500 kilómetros de tuberías de drenaje primario y secundario y 165 kilómetros de túneles del drenaje profundo que desemboca en el estado de Hidalgo.

La insuficiencia del sistema de drenaje de la zona metropolitana y el riesgo de inundaciones, dieron pie al proyecto del Túnel Emisor Oriente, que se planea ante “la urgente necesidad de disponer de un emisor alterno” al Emisor Central, que es el ducto principal del desalojo de las aguas residuales y pluviales de la zona hasta 2019.2

La Ciudad de México contempla más de cuarenta puntos de inundación a lo largo de sus 16 alcaldías, resultando las más afectadas en las últimas precipitaciones que han afectado de manera considerable las situadas en la zona oriente de la Ciudad de México, principalmente las alcaldías de Iztapalapa, Venustiano Carranza, Xochimilco y municipios colindantes con la ciudad, como lo es Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chalco y Valle de Chalco.

Un objetivo prioritario de este nuevo Túnel Emisor Oriente, permitiría contar con una salida complementaria con una capacidad de 180 m3 por segundo, y de manera alterna con el Emisor Central, abatiría el riesgo de inundaciones en la Ciudad de México y su zona conurbada, así también suministraría seguridad a más de 22 millones de habitantes.

Con un retraso de más de diez años, se contemplaba la puesta en funcionamiento del Túnel Emisor Oriente para el mes de agosto de este año, del cual, por problemas técnicos y operativos, la puesta en marcha ha sido postergada, lo cual repercute a miles de personas en las alcaldías y municipios citadas, cabe señalar que en temporada de lluvias, las zonas afectadas por las inundaciones provocan múltiples caos viales, los cuales no permiten a la ciudadanía llegar a tiempo a sus destinos, así como cortes viales que afectan las salidas de la Ciudad de México a distintas entidades Federativas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional del Agua, a que concluya los trabajos e implemente la puesta en marcha del túnel emisor oriente con el propósito de evitar las severas inundaciones que se presentan al oriente de la Ciudad de México y áreas conurbadas.

Notas

1 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Publicaciones/Folleter%C3%ADa/Tunel EmisorOriente.pdf

2 https://obrasweb.mx/infraestructura/2019/09/06/
el-tunel-emisor-oriente-vale-oro-por-su-sobrecosto-y-su-relevancia-mundial

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 10 de diciembre de 2019.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al DIF y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a adoptar medidas especiales concernientes a ese sector poblacional en desamparo familiar, a cargo de la diputada Leticia Díaz Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Leticia Díaz Aguilar, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El reconocimiento por parte del Estado mexicano de que todos los niños y niñas, independiente de su raza, religión, de su clase social, tienen derechos, hace que dichos derechos sean justiciables, utilizando los mismos como su escudo protector y por lo tanto deberían defenderles de las injusticias, de los abusos, del maltrato, del hambre, del abandono, en diferentes circunstancias.

En el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que sus condiciones de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. De forma similar se pronuncia la Declaración Americana en su artículo VII el cual reconoce que “Toda mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales.”

Aunado a lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus informes especiales y sentencias han sido claras en señalar que los niños y las niñas “poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado”. Por consiguiente, el artículo 19 de la Convención Americana debe entenderse como un derecho adicional y complementario de la Convención sobre los Derechos del Niño establece para los niños, quienes por su estado de desarrollo necesitan de protección especial. Esta protección especial que reconoce el derecho internacional de los derechos humanos a los niños se fundamenta en su condición de personas en crecimiento y se justifica en base a las diferencias, respecto de las personas adultas, en cuanto a las posibilidades y los desafíos para el efectivo ejercicio y la plena vigencia de sus derechos. En palabras de la Corte Interamericana:

42. El deber de protección especial se fundamenta en el reconocimiento de las condiciones especiales del niño quien, debido a su desarrollo progresivo en todas sus facetas - a nivel físico, cognitivo, emotivo, psicológico y social -, depende de los adultos para el efectivo acceso y disfrute de todos sus derechos, así como para el ejercicio de las acciones jurídicas tendientes a exigir los mismos. Esta dependencia de los adultos, y su intensidad, se ve modificada de acuerdo con la evolución de las capacidades del niño y grado de madurez. Así, para asegurar sus derechos más fundamentales los niños dependen directamente de los adultos para recibir la atención y los cuidados necesarios, en particular en las primeras etapas de su vida. Es debido a esta especial situación en la cual se encuentran los niños en el ejercicio de sus derechos, que el derecho internacional de los derechos humanos ubica a los Estados en una posición de garante de carácter reforzado, lo cual implica la adopción de una serie de medidas de distinto tipo y contenido dirigidas a la niñez.

Por otra parte, la Convención sobre los Derechos del Niño realiza un reconocimiento similar al indicar en su preámbulo a la familia como el medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños. Adicionalmente, la Convención declara en diversas de sus disposiciones el derecho del niño a vivir con sus padres y a ser cuidado por ellos, así como el deber de los Estados de apoyar a la familia para que ésta pueda cumplir cabalmente con sus funciones. El reconocimiento del derecho a la familia y a desarrollar una vida familiar libre de injerencias ilegítimas se encuentra también reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos en los artículos 15 del Protocolo de Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Otros instrumentos internacionales de derechos humanos de carácter específico, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reconocen asimismo el derecho a la familia, y en particular este instrumento citado subraya que debe garantizarse que todos los niños con discapacidad 41 tengan la oportunidad de vivir y crecer con una familia, reconociendo los particulares desafíos que este grupo puede enfrentar para ver realizado este derecho.

Mientras que, en la legislación nacional, en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 22 y 26 se establece que:

Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad.

Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o de sus tutores y, en términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine la procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por necesidad de ganarse el sustento lejos del lugar de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y adolescentes de manera permanente, no serán considerados como supuestos de exposición o estado de abandono, siempre que los mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean su subsistencia.

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar y para que, en su caso, sean atendidos a través de las medidas especiales de protección que dispone el artículo 26.

Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, en coordinación con las Procuradurías de Protección, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en desamparo familiar.

Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran por su situación de desamparo familiar. En estos casos, el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, así como las autoridades involucradas, según sea el caso, se asegurarán de que niñas, niños y adolescentes:

I. Sean ubicados con su familia de origen, extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior, y tengan con prontitud resuelta su situación jurídica para acceder a un proceso de adopción expedito, ágil, simple y guiado por su interés superior, aplicándose dicho proceso incluso cuando los adoptantes sean miembros de la familia de origen, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior;

II. Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de carácter temporal, en los casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia extensa de niñas, niños y adolescentes pudieran hacerse cargo;

III. Sean sujetos del acogimiento pre-adoptivo como una fase dentro del procedimiento de adopción, que supone la vinculación de niñas, niños y adolescentes, respecto del cual ya se ha declarado la condición de adoptabilidad, con su nuevo entorno y determinar la idoneidad de la familia para convertirse en familia adoptiva;

IV. En el Sistema Nacional DIF, así como los Sistemas de las Entidades y Sistemas Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento pre-adoptivo, o

V. Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en acogimiento residencial brindado por centros de asistencia social el menor tiempo posible.

Estas medidas especiales de protección tendrán carácter subsidiario, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar definitivo.

Los sistemas DIF y las Procuradurías de Protección deberán mantener estrecha comunicación entre sí, intercambiando información, a efecto de garantizar adecuadamente el interés superior de la niñez y el desarrollo evolutivo de formación de su personalidad, así como materializar su derecho a vivir en familia.

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales a nivel nacional y estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, dispondrán lo conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes vean restituido su derecho a vivir en familia y su derecho a recibir formación y protección de quien ejerce la patria potestad, la tutela, guardia o custodia, interpretando de manera sistemática y funcional la normatividad correspondiente, conforme al principio del interés superior de la niñez.

Los certificados de idoneidad podrán ser expedidos, previa valoración técnica, por el Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las Entidades o las Procuradurías de Protección, y serán válidos para iniciar el proceso de adopción en cualquier entidad federativa, independientemente de dónde hayan sido expedidos.

El proceso administrativo y jurisdiccional de adopción podrá realizarse en cualquier entidad federativa, con independencia de la ubicación física de la niña, niño o adolescente susceptible de ser adoptado.

Las autoridades competentes deberán tener en consideración el interés superior de la niñez al determinar la opción que sea más adecuada para restituirle su derecho a vivir en familia.

El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, en coordinación con las Procuradurías de Protección, serán responsables del seguimiento de la situación en la que se encuentren niñas, niños y adolescentes una vez que haya concluido el acogimiento y, en su caso, la adopción.

Entre las medidas de seguimiento deberán estar los reportes realizados por los profesionales de trabajo social donde se aprecie la convivencia familiar y el desarrollo cotidiano de niñas, niños y adolescentes, en su entorno, con una periodicidad de seis meses durante tres años contados a partir de que la sentencia judicial de adopción quede firme, pudiendo ampliar el plazo excepcionalmente en caso de ser necesario, con base en el interés superior de la niñez. La intervención que represente el seguimiento será lo menos invasiva posible a efecto de no afectar el entorno familiar.

Sin embargo, en la realidad mexicana dichos derechos no han sido respetados, protegidos, promovidos ni garantizados, muestra de ello los siguientes casos: (i) La Ciudad de los Niños en Salamanca, Guanajuato dirigida por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, en sus albergues se han denunciado abusos contra niños, niñas y adolescentes, que han ocurrido con complicidades de autoridades e instancias oficiales como los sistemas DIF estatal y municipal y el Registro Civil;1 (ii) En octubre de 2019, cinco menores de edad escaparon del Centro de Asistencia e Integración Social “Coruña Jóvenes”, de la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México por supuestos actos de violencia contra los menores;2 (iii) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó violaciones a los derechos fundamentales de 559 niñas, niños y adolescentes en casas y comedores del Programa de Apoyo a la Educación Indígena en el estado de Oaxaca;3 (iv) En julio de 2014 la entonces Procuraduría General de la República, anunció del rescate de 462 niños que vivían en condiciones de maltrato en una casa hogar de la ciudad de Zamora, Michoacán;4 (v) La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ha rescatado desde su creación en 2016 a 292 niños de cinco albergues en la Zona Metropolitana de Guadalajara en los que, en seis ocasiones, se han encontrado indicios de abusos o de vulneración de sus derechos;5 y (vi) Vecinos de un orfanato de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México denunciaron ante la policía que los niños que se encuentran en ese lugar son contantemente maltratados por las monjas.6

En las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño,7 de fecha de 08 de junio de 2015, se ha establecido que no existen políticas públicas suficientes para apoyar a las familias en cumplimiento con sus deberes parentales, la falta de supervisión en las instituciones de cuidado alternativo, así como el número total de niños y niñas privados de un entorno familiar, como a continuación se señala:

31. Aunque el Comité acoge con satisfacción los contenidos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en relación con la aprobación de legislación y políticas en los niveles federal y estatal para prevenir, atender y sancionar todo tipo de violencia contra niñas y niños, le preocupa la efectiva implementación de estos contenidos y la prevalencia de la impunidad frente a casos de violencia contra niñas y niños en el país.

39. El Comité acoge con satisfacción que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes incluya la prohibición de la separación de niñas y niños de sus familias por situación de pobreza y que ordene el establecimiento de Procuradurías de Protección a nivel federal y local para, entre otras cosas, proteger a niñas y niños privados de un entorno familiar. Le preocupa sin embargo que:

(a) No existen políticas suficientes para apoyar a las familias en el cumplimiento de sus responsabilidades parentales;

(b) El número total de niñas y niños privados de un entorno familiar es desconocido;

(c) La institucionalización continúa siendo la opción priorizada sobre el cuidado temporal en familias de acogida;

(d) Existe una supervisión inadecuada en las instituciones de cuidado alternativo, lo cual resulta en casos notorios de abuso y negligencia, como lo son “Casitas del Sur” y “La Gran Familia” (Mamá Rosa).

En dichas observaciones del Comité de los Derechos del Niño, se recomienda al Estado Mexicano tomar en cuenta a las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, como se menciona a continuación:

40. El Comité recomienda al Estado parte tomar en cuenta las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños (Resolución 64/142 de la Asamblea General, anexo) y, en particular:

(a) Adoptar nuevas políticas para dar apoyo a las familias en el cumplimiento de sus responsabilidades parentales, con el fin de asegurar de manera efectiva que niñas y niños no sean separados de sus familias por razones de pobreza o financieras;

(b) Adoptar una estrategia para la desinstitucionalización de niñas y niños y establecer un sistema de cuidado para la infancia en todos los estados que dé preferencia al cuidado a cargo de familiares;

(c) Proveer a las familias de acogida y al personal que trabajen en instituciones de cuidado, capacitación sobre derechos de la infancia, y en especial sobre las necesidades particulares de las niñas y niños privados de un entorno familiar;

(d) Recopilar datos sobre y garantizar la revisión periódica de la colocación de niñas y niños en hogares e instituciones de acogida, supervisar la calidad de la atención, incluyendo la asignación de recursos suficientes a las Procuradurías de Protección a nivel federal y estatal y la creación del Registro Nacional de Instituciones de Cuidado Alternativo conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la LGDNNA;

(e) Investigar y procesar a los presuntos autores de actos de violencia contra niñas y niños en las instituciones de cuidado alternativo y compensar a niñas y niños víctimas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el 04 de noviembre del presente año, el Informe Especial sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en centros de asistencia social y albergues públicos y privados de la República Mexicana, en el que se mencionó que en diversos lugares de acogida se presentan habitualmente lesiones, maltratos, abuso sexual y hasta desaparición de personas. De dicho Informe se desprende la siguiente información:8

• De enero de 2014 a febrero de 2016, 27, 372 niñas, niños y adolescentes estuvieron internados en centros de atención social y albergues, pero en 42.7 por ciento de los casos se desconocía si se encontraban en un albergue público o privado.

• Se detectó que sólo 1959 chicos tienen posibilidades de reintegración familiar, 627 son candidatos a adopción, 1858 presentan necesidad de regularización de su situación jurídica y había cero candidatos de acogimiento familiar. En tanto que las autoridades carecen de información sobre la situación jurídica de 19, 126.

• Sólo 15 de las 32 entidades federativas proporcionaron información sobre los motivos de ingreso de los menores de edad a los albergues o centros de atención social: protección o resguardo es la causa más frecuente, con 2451 casos; migración1837, víctima de violencia, abandonó, abuso sexual o violación 1699; por omisión de cuidados 1673, e ingreso voluntario 792 personas.

Es por lo anteriormente mencionado que resulta necesario y de urgencia que se realice una revisión periódica a los Centros de Asistencia Social y la calidad de los mismos en los que se encuentren niñas, niños y adolescentes, ya que le corresponde al Estado Mexicano la protección de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en desamparo familiar.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que, adopte las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños y garantice la revisión periódica en centros de asistencia social y supervise la calidad de la atención que se les otorga a las niñas, niños y adolescentes privados de su entorno familiar.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Titular del Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en desamparo familiar.

Notas

1 Consultado en: https://www.animalpolitico.com/2017/07/ninos-albergues-abuso-sexual/, fecha de consulta 15 de noviembre de 2019.

2 Consultado en: https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/coruna-jovenes-albergue-victimas -violencia-maltrato-iztacalco-cdmx.html, fecha de consulta 06 de noviembre de 2019.

3 Consultado en: https://diazdejuarez.com/ninos-indigenas-son-maltratados-en-albergues-d e-oaxaca-cndh/, fecha de consulta 06 de noviembre de 2019.

4 Consultado en: https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/07/
140716_ultnot_michoacan_rescate_ninos_maltratados_an, fecha de consulta 06 de noviembre de 2019.

5 Consultado en:
https://vallartaindependiente.com/2018/03/25/en-dos-anos-rescatan-a-292-ninos-maltratados-de-albergues-en-zmg/, fecha de consulta 07 de noviembre de 2019.

6 Consultado en: https://lineadirectaportal.com/mexico/
video-denuncian-a-monjas-por-maltrato-a-ninos-en-un-orfanato_20191115-868928/, fecha de consulta 15 de noviembre de 2019.

7 Consultado en:
https://sgg.jalisco.gob.mx/sites/sgg.jalisco.gob.mx/files/
observaciones_finales_sobre_los_informes_periodicos_cuarto_y_quinto_consolidados_en_mexico.pdf, fecha de consulta 01 de noviembre de 2019.

8 Consultado en: https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/11/04/maltrato-y-abuso -son-habituales-en-albergues-infantiles-cndh-1809.html, fecha de consulta 10 de noviembre de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2019.

Diputada Leticia Díaz Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a establecer mecanismos para asegurar las condiciones de vida, mediante el fomento de la educación de las niñas y los niños que viven con sus madres reclusas en los centros de readaptación social, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; por la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter el presente punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos años el número de mujeres en prisión se ha incrementado, sin que exista un cambio sustancial en las políticas públicas en la materia a efecto de proporcionar mejores medios para garantizarles condiciones de estancia digna.

Resultado de lo anterior, son los niños que despiertan junto a sus madres, separados de la sociedad, y, en consecuencia, derivado de este aumento sustancial en la población femenil, se observa un incremento de menores viviendo con sus madres en los diferentes reclusorios del país, se ha dejado a un lado la protección a los derechos de éste sector, ya que la obligación no solo corresponde a la madre, sino también al Estado y la sociedad civil de brindar atención desde los diversos ámbitos de desarrollo, razón por la cual, resulta indispensable que este aislamiento no provoque una afectación a los derechos de estas niñas y niños, ya que en este momento se encuentren en un estado de indefensión derivado de una falta grave, al no garantizar su educación en centros de atención y desarrollo infantiles en estas instituciones de readaptación social.

1

Por lo anterior, es de gran importancia señalar el siguiente dato, el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) Amalia Solórzano de Cárdenas, ubicado en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, atiende a 61 menores de seis años, 27 niñas y 34 niños, de los niveles lactante, maternal y preescolar, que viven con sus madres al interior del centro y pueden ser atendidos desde los cuarenta días de nacidos hasta los cinco años con once meses.

“Hazael Ruíz, subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, mencionó que además el centro escolar cuenta con las instalaciones y programas que fijan las autoridades educativas de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública” (SEP).2

Esta tarea se encuentra a cargo del personal de la Subsecretaría, pues los infantes cuentan con atención profesional de educadoras, pedagogas y psicólogas, así también con organizaciones no gubernamentales que contribuyen al desarrollo de los menores que viven en el centro penitenciario con sus madres en reclusión.

Es responsabilidad del Estado la rectoría e impartición de la educación, además los principios rectores establecidos señalan la obligatoriedad, universalidad, que sea inclusiva, pública, gratuita y laica, en este caso entendiéndose como educación básica a la educación inicial y preescolar para los menores que se encuentran internos con sus madres, así entonces, la obligación de garantizar este derecho a estas niñas y niños que viven en reclusión junto a sus madres.

Es imperativa la existencia de un modelo de educación accesible que prevea el desarrollo de un sistema de educación inclusiva que satisfaga las necesidades de niños y niñas que se encuentran en desventaja con los demás menores.

Lo anterior, derivado de la última reforma al artículo tercero de nuestra constitución en mayo de este año, que establece: “El Estado-Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria conforman la educación básica. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia”. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizado de manera plena sus derechos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017, en el año 2016 había 542 menores de 6 años viviendo con su madre en los centros penitenciarios en el país, de los cuales 275 son niños y 267 niñas.3

Así también, el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana, señala la falta de apoyo para que los menores de edad accedan a los servicios de guardería y educación básica mientras permanecen con sus madres, estudio que señala un total de cincuenta y tres establecimientos que permiten la estancia de menores de edad con sus madres y no ofrecen este derecho de acceso a los servicios educativos.

Al respecto, las Reglas de Bangkok, en los numerales 42, párrafo 2, y 51, párrafo 2, recomiendan que en las prisiones se habiliten servicios o se adopten disposiciones para el cuidado del niño. “Es por ello que los establecimientos penitenciarios que alojen menores de edad, deben garantizarles el acceso a guarderías, centros de desarrollo infantil (CENDI) y los servicios de educación básica, los cuales son fundamentales para su desarrollo integral”.4

Que, al Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, le preocupa la adopción oportuna de los lineamientos que pueden revisar la situación de cada madre reclusa en lo que se refiere a la situación emocional de sus hijos, la satisfacción de sus necesidades de alimentación salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral es el principio que deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Como parte de los compromisos adquiridos al ratificar la Convención de los derechos de las niñas y niños, El Estado Mexicano adquirió el compromiso de adoptar oportunamente los lineamientos y observaciones sobre sus derechos para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicho tratado internacional.

El Estado mexicano se comprometió a presentar informes ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, por lo anterior; en su observación número cuarenta y cuatro, de fecha ocho de julio del dos mil quince, refiere que las niñas y niños que viven con sus madres en prisión.

“El comité recomienda al estado parte a que... También debe de contemplar la revisión de los lineamientos relacionados con niñas y niños que viven con sus madres en prisión y que los implemente de manera efectiva para asegurar que sus condiciones de vida, incluyendo el acceso a alimentos, salud, higiene y educación, sean los adecuados para el desarrollo físico, mental, moral y social de niñas y niños, y que sean protegidos de todo tipo de violencia”.5

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la Secretaria de Educación Pública y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a establecer mecanismos para asegurar las condiciones de vida, fomentando la educación, de las niñas y niños que viven con sus madres reclusas en los centros de readaptación social, encaminadas a implementar centros de desarrollo infantiles adecuados para el desarrollo físico, mental y social de los menores, salvaguardando el interés superior de las niñas y niños.

Notas

1 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/InformeEspeci al_20161125.pdf

2 https://www.secgob.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/cendi-del-penal-de-san ta-martha-acatitla-concluye-ciclo-escolar

3 https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/
general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy=cngspspe2017_pobcentpenit;p=cngspspe2017

4 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2015_IE_Mujer esInternas.pdf

5 http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CRC_C_MEX_CO_4-5.pdf

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 10 de diciembre de 2019.

Diputada Ana Karina Rojo Pimente (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Consejo de la Judicatura Federal y la FGR a investigar y sancionar el actuar de los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito en el juicio de amparo números 06/2017 y 939/2019, y determinar de esa manera si dicho procedimiento en perjuicio de ex trabajadores de Compañía Azucarera de Los Mochis, Sinaloa, estuvo ajustado a derecho, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Merary Villegas Sánchez, diputada federal en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

1 . El 17 de diciembre de 2009, la sociedad mercantil “Compañía Azucarera de Los Mochis, SA de CV”, despidió a 150 trabajadores, los cuales, el 15 de enero de 2010, presentaron una demanda laboral por despido injustificado ante la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Culiacán, Sinaloa, asignándose el número de expediente 85/2010.

Entre las prestaciones demandadas se encuentran las siguientes: salarios, aguinaldo, prima vacacional, tiempo extra, salarios caídos, utilidades, actualización y regularización de cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el Sistema del Ahorro para el Retiro y ante el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como la devolución de montos descontados, retenidos y no enterados al Infonavit.

2. El 24 de enero de 2013, la compañía azucarera dio contestación a la demanda objetando lo manifestado por sus ex trabajadores.

Es importante señalar que durante el proceso laboral se desistieron de la demanda 140 ex trabajadores mediante un arreglo conciliatorio con la compañía azucarera, por lo que sólo 10 de los 150 continuaron con el proceso legal.

3. El 19 de octubre de 2016, la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Culiacán, Sinaloa, dictó laudo o sentencia a favor de los 10 ex trabajadores, condenando a la sociedad mercantil al pago de las prestaciones reclamadas.i

4. El 2 de enero de 2017, la Compañía Azucarera de Los Mochis presentó demanda de amparo directo ante el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito con sede en Mazatlán, Sinaloa; en contra de dicho laudo, generándose el expediente de Juicio de Amparo número 06/2017.

Sentencia por la cual se ordenó a la Junta Especial Número Treinta y Cinco, restablecer el procedimiento del Juicio Laboral 85/2010 y dictar un nuevo fallo, esto toda vez que, de acuerdo con los magistrados al emitirse el primer laudo se cometieron violaciones al procedimiento en perjuicio de la sociedad mercantil, consistentes medularmente en:

– Se desechó la prueba confesional ofrecida; no fue congruente porque que tomó en cuenta prestaciones no reclamadas por los ex trabajadores en su demanda y en que no consideró la prescripción expuesta por la empresa en su contestación de demanda. (fojas 53 y 54 de la citada sentencia)

5. Del 4 de octubre de 2017 al 24 de enero de 2019, el presidente de la Junta Especial informó a los tres magistrados que se realizaron gestiones para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de amparo, a fin de restablecer el procedimiento del juicio laboral y dictar un nuevo laudo.

6. El 16 de abril de 2019, el presidente de la Junta Especial, después de un año seis meses contados a partir del 4 de octubre de 2017, remitió a los tres magistrados del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo con sede en Mazatlán, Sinaloa, copia certificada del nuevo laudo dictado el 13 de marzo de 2019, en el cual se absolvió a la Compañía Azucarera de Los Mochis, del pago de las prestaciones reclamadas por los ex trabajadores, consistentes en: salarios, aguinaldo, prima vacacional, tiempo extra, salarios caídos, utilidades, actualización y regularización de cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el Sistema del Ahorro para el Retiro y ante el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como la devolución de montos descontados, retenidos y, no enterados al Infonavit.

7. El 10 de julio de 2019 el Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y en fecha 22 de agosto de 2019, los magistrados del Tribunal Colegiado declararon el asunto como totalmente concluido y ordenaron su archivo.

8. Que en virtud de que se dictó nuevo laudo por parte de la Junta Especial Número 35 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, y que el mismo les fue notificado a los ex trabajadores en fecha 6 de mayo de 2019, a través del actuario adscrito de aquella Junta Especial. Por lo cual los ex trabajadores interpusieron demanda de amparo la cual fue presentada en fecha 24 de mayo de 2019 ante la autoridad responsable, que a dicha demanda de amparo se le asignó el número de expediente 939/2019.

9. El 9 de octubre de 2019 el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito dictó acuerdo sobre la demanda de amparo 939/2019 donde inconstitucional e irregularmente desechó por extemporánea la demanda promovida por los ex trabajadores, ello a pesar que conforme lo marca la Ley de Amparo la demanda de amparo fue promovida dentro del plazo legal de 15 días hábiles que exige dicha ley y ante la autoridad responsable, y ni siquiera se estudió el amparo de los ex trabajadores, no se entró al análisis de los conceptos de violación, desechando la demanda de amparo bajo el ilegal e irregular argumento que se les dio vista en la pared de las instalaciones en las listas del Tribunal Colegiado con sede en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo que los ex trabajadores y la empresa tienen su domicilio en la Ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y el trámite del juicio laboral se lleva a cabo en la Junta Especial Número 35 con sede en la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, y por ello los ex trabajadores conocieron del nuevo laudo hasta la fecha en que se les notificó por parte de la Junta laboral.

De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”.

Lo anterior, implica que los órganos de administración de justicia, además de emitir sus resoluciones de manera pronta, éstas deben de ser completas e imparciales.

Por ello, se propone exhortar al Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República para que, con base en sus atribuciones, lleven a cabo las investigaciones sobre el actuar de los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito con Sede en Mazatlán, Sinaloa, en el juicio de amparo número 06/2017 y 939/2019, por la cual se ordenó a la Junta Especial Número Treinta y Cinco, restablecer el procedimiento del Juicio Laboral 85/2010 entre ex trabajadores y la sociedad mercantil Compañía Azucarera de Los Mochis, SA de CV, a fin de determinar si dicho procedimiento estuvo apegado a derecho, y en su caso formulen las denuncias y apliquen las sanciones correspondientes.

Propuesta que tiene sustento, toda vez que se debe garantizar que el actuar de los juzgadores, el procedimiento y las sentencias se lleven a cabo apegados a derecho.

El artículo 225, fracción VI, en su parte conducente, del Código Penal Federal, establece que es delito cometido por servidores públicos en contra de la administración de justicia: dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley.

Asimismo, el artículo 81, fracción XXXVI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que, es facultad del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación: investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los servidores públicos y empleados del propio Consejo; de los tribunales de circuito, que para el caso de que se trate de tribunales colegiados, deberá considerar las grabaciones que se encuentren documentadas de las sesiones en que resuelvan los juicios o recursos promovidos ante ellos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República, para que, en el ámbito de sus atribuciones, investiguen y sancionen el actuar de los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito en materia del Trabajo del Décimo Segundo Circuito en el juicio de amparo 06/2017 y el 939/2019, a fin de determinar si dicho procedimiento en perjuicio de los ex trabajadores de la Compañía Azucarera de los Mochis, Sinaloa, estuvo apegado a derecho.

Nota

i Lo anteriormente expuesto se deriva de la sentencia dictada en el marco del Juicio de Amparo 06/2017 el 17 de agosto de 2017 por los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Segundo Circuito con sede en Mazatlán, Sinaloa; de la página del Consejo de la Judicatura Federal, así como del Reglamento de la Cámara de Diputados, de la Constitución Federal, del Código Penal Federal, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que pueden ser consultadas en

https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.h tm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2019.

Diputada Merary Villegas Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SRE, la Secretaría de Cultura y el INAH a hacer valer los instrumentos internacionales de protección de que México es parte para combatir la venta de piezas arqueológicas en el extranjero, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada federal Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El saqueo es, desafortunadamente, uno de los principales enemigos del patrimonio cultural de los pueblos, ya que impide la investigación para conocer el contexto real de los materiales culturales, desgraciadamente, estos tesoros y en especial los constituidos por metales preciosos, jade y porcelana, ocasionaron dejar como mudos testigos los magníficos frescos de sus paredes.

Sin embargo, el afán por coleccionar sigue causando grandes daños al patrimonio arqueológico, personas ambiciosas sin escrúpulos estafan con falsificaciones o fomentan el saqueo de sitios arqueológicos por campesinos pobres, que en esa actividad encuentran un complemento a su precaria economía.1

Con el paso del tiempo, estos vestigios llegaron a consolidarse como magníficas colecciones privadas, que llegaron a ser parte de grandes museos para disfrute de todo público visitante o que acudía, convirtiéndose en patrimonio para toda la humanidad.

Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos vigente, refiere que es de utilidad pública, la investigación, protección, conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos y de las zonas de monumentos, además de que la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las autoridades estatales, municipales y particulares, realizarán campañas permanentes para fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos.

Así también, el tercer párrafo del artículo 16 del mismo ordenamiento refiere que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, promoverá la recuperación de los monumentos arqueológicos de especial valor para la nación mexicana, que se encuentran en el extranjero, aplicando de manera supletoria los tratados internacionales y las leyes federales.

En este contexto y para responder a tales situaciones, en 1970 se estableció la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales.2

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su decimosexta reunión, celebrada en París, del 12 de octubre al 14 de noviembre de 1970, menciona la importancia que tiene la cooperación cultural a nivel internacional entre los países.

Los bienes culturales son uno de los elementos fundamentales de la civilización y de la cultura de los pueblos, y que sólo adquieren su verdadero valor cuando se conocen con la mayor precisión su origen, su historia y su medio, ya que el intercambio de bienes culturales entre las naciones con fines científicos, culturales y educativos, aumenta los conocimientos sobre la civilización humana, enriquece la vida cultural de todos los pueblos e inspira el respeto mutuo y la estima entre las naciones.

Así también, menciona que todo Estado tiene el deber de proteger el patrimonio constituido por los bienes culturales existentes en su territorio contra los peligros de robo, excavación clandestina y exportación ilícita, para evitar esto, es necesario evitar esos peligros, es indispensable que todo Estado tenga cada vez más conciencia de las obligaciones morales inherentes al respeto de su patrimonio cultural y del de todas las naciones.

La importación, exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales, dificultan la comprensión mutua de las naciones, que la UNESCO tiene el deber de favorecer, entre otras formas, recomendando a los Estados interesados que pacten convenciones internacionales con ese objeto, que, para ser eficaz, la protección del patrimonio cultural debe organizarse tanto en el plano nacional como en el internacional, y que exige una estrecha colaboración entre los Estados.

Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia en vigor señala los objetivos generales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la investigación científica sobre antropología e historia relacionada principalmente con la población del país y con la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y difusión de las materias y actividades que son de la competencia del instituto.

En los últimos cinco años el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ha presentado 21 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la venta ilegal de piezas arqueológicas que se ofertan y subastan en páginas de internet o incluso en redes sociales, donde se ofertan las piezas arqueológicas sin ninguna restricción.

Por mencionar algunos, en Jalisco la página de subastas www.ebay.com por la venta en subasta de 41 objetos arqueológicos en dicho portal, en Facebook “Bazar Pulga” el INAH detectó una venta ilegal de una figura antropomorfa en Colima, así como en varios estados de la república.

El pasado 18 de septiembre, la casa de subastas francesa Millon puso en venta 95 piezas arqueológicas pertenecientes a las culturas teotihuacana, olmeca y maya, así como de los estados de Guerrero y Oaxaca, colección que superó el millón 200 mil euros, es decir, alrededor de 25.6 millones de pesos.3

De ahí la importancia para que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, establezca de inmediato comunicación con los órganos internacionales correspondientes para hacer valer los instrumentos en los cuales México es parte, señalando además que Francia es parte de los países que signan esta convención, ratificándolo en enero de 1997.

Por lo anterior, el artículo segundo, fracción primera del instrumento citado, refiere: Los Estados parte en la presente Convención reconocen que la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de los bienes culturales constituyen una de las causas principales del empobrecimiento del patrimonio cultural de los países de origen de dichos bienes, y que una colaboración internacional constituye uno de los medios más eficaces para proteger sus bienes culturales respectivos contra todos los peligros que entrañan aquellos actos.4

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a la Secretaría de Cultura y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, refuercen y hagan valer los instrumentos internacionales de protección de los que México es parte, para combatir la venta de piezas arqueológicas en el extranjero.

Notas

1 https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-saqueo-arqueologico

2 http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/illicit-trafficking-of-cult ural-property/1970-convention/

3 https://almomento.mx/denuncias-del-inah-por-venta-ilegal-de-piezas-arqu eologicas/

4 http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 10 de diciembre 2019.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión Estatal del Agua de Sonora a analizar y efectuar con los organismos operadores municipales de agua, alcantarillado y saneamiento trabajos de corto, mediano y largo plazos para resolver el problema de mantenimiento e instalación de drenaje en la entidad, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Ante las constantes lluvias generadas por el cambio climático que afecta no sólo a México sino a todo el mundo, es necesario cambiar las estrategias de atención y prevención de daños a la infraestructura pública y privada de las urbes más grandes del estado de Sonora.

Dicha falta de mantenimiento provoca incluso accidentes fatales o con consecuencias graves con riesgo latente para todos los sonorenses. Las recientes inundaciones dan muestra de lo frágil y desatendido que se encuentra el sistema de drenaje en varios municipios.

Tan sólo en Hermosillo, el drenaje es un problema recurrente de cada temporada de lluvias, además de que toda la red es muy antigua e insuficiente, resultado de la falta de planeación urbana de una ciudad que paso de ser una comunidad rural a una gran urbe.

“El drenaje pluvial es para Hermosillo un problema antiguo pero recurrente cada año con las lluvias de verano, y también es, según los especialistas, el resultado de la falta de planeación y del crecimiento desordenado de la ciudad.

“‘Es básico aquí en Hermosillo, no puede ser que estemos en el siglo XXI con problemas del siglo XV, eso es inaceptable’, opina Roberto Pérez Salman, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora.

“Arturo Ojeda de la Cruz, profesor investigador del Departamento de Ingeniería Civil de la Unison, señala que parte del problema tiene que ver con los desarrolladores de vivienda, a quienes no siempre se les exige contemplar proyectos de drenaje pluvial acordes a la planeación del municipio.

“Además, agrega, tanto las autoridades como los desarrolladores deben tener en cuenta que, por lo menos una vez en el año, en la ciudad se registra una lluvia superior a los 40 milímetros, como la de hace una semana y la del pasado sábado.

“‘Cada año se está presentando una precipitación de entre 40 y 50 milímetros, y causa un caos tremendo, inundación y daños a las personas’”, resalta.

“El pasado jueves, el ayuntamiento presentó la actualización del Programa Estratégico de Drenaje Pluvial e Infraestructura Verde para Hermosillo, que plantea la necesidad de realizar 140 obras, con una inversión cercana a los dos mil millones de pesos, para dar solución al problema”.1

El tema fundamental es que no existen reparaciones de fondo; más bien, se da solución tardía al drenaje roto, que arroja como resultado baches, mal olor y por ende probabilidad de enfermedades gastrointestinales.

Son constantes las quejas de ciudadanos contra la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Hermosillo y Nogales, quienes ya no tienen certeza de cuándo arreglarán los drenajes en la ciudad.

En Nogales se han encontrado pozos de agua negra que conectan directamente a ríos limpios que cruzan aguas internacionales y que en simple solución del organismo, se le aplicó directamente cloro para declarar la limpieza de las aguas.

“Desde un pozo de visita ubicado entre el parque industrial San Carlos y los patios de Ferromex, miles de litros de drenaje eran liberados desde un pozo de visita al Arroyo Los Nogales, que conduce sus aguas hacia Estados Unidos.

“En la base del pozo se observaba una ruptura, por donde se liberaban miles de litros de aguas negras que por gravedad avanzaban al norte por el cauce del arroyo pasando por colonias como Lomas de Nogales I y 11 para posteriormente introducirse al embovedado.

“Personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Nogales (Oomapas) informó que el drenaje correría únicamente durante este martes y le aplicaban cloro.

“Expusieron que el problema se derivó por ‘taponeamiento’ en un colector de drenaje, ya que han encontrado cobijas, trapos e incluso barrotes en la tubería, lo que ocasiona que colapse el flujo de aguas negras.

“Mientras reparaban este ‘taponeamiento’ en la zona del puente Caribbean, frente a la avenida Jesús García, tuvieron que liberar la presión en la tubería del colector colocando dos ‘tapones’ al sur.

“Pero ante la acumulación de aguas negras, el drenaje empezó a brotar por el pozo de visita del Arroyo Los Nogales.

“Personal de Oomapas aseguró que aplicaban cloro para evitar contaminación y la posibilidad de algún brote de enfermedades por el derramamiento de drenaje sobre el cauce del arroyo.”2

Este tema añejo debe tener solución presupuestal e integral en cada disposición de egresos, no pueden continuar los organismos administradores de agua municipales, arreglando emergencias cuando se pueden prevenir con mantenimiento. Siempre ocupará más gasto la improvisación que la planeación.

Además, debemos vigilar que las y los sonorenses estén libres de bacterias y virus que pueden brotar y esparcirse gracias a las alcantarillas abiertas o rotas; así como, entubar los lugares donde existe drenaje a cielo abierto por ser insano y no cumplir con las mínimas obligaciones que tiene el ayuntamiento para con sus ciudadanos y que consagra la constitución.

Las fugas son constantes, el ambiente contaminado y el brote de aguas negras está descontrolado, actualmente es un problema de todas las colonias en Hermosillo, con incluso 15 días de fugas permanentes, con una evidente atención tardía de los organismos municipales del agua.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de la honorable asamblea la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Estatal del Agua de Sonora para que, conjuntamente con los Organismos Operadores Municipales de Agua, Alcantarillado y Saneamiento, especialmente el de la Ciudad de Hermosillo, analice y efectúe trabajos de corto, mediano y largo plazo para resolver el problema de mantenimiento e instalación de drenaje en la entidad.

Segundo. Se solicita a la Secretaría de Salud del estado de Sonora realizar una campaña conjunta con sus símiles municipales, para prevenir y en su caso, atender enfermedades gastrointestinales en la población, derivado de la saturación de drenajes y de los que existen a cielo abierto.

Notas

1 Tomado de https://www.elimparcial.com/sonora/hermosillo/Debe-atenderse-falta-de-drenaje-pluvial-apesar-de-poca-lIuvia-Especialistas-20180820-0149.html el 05 de diciembre del 2019.

2 Tomado de https://www.elimparcial.com/sonora/nogales/Reportan-derramamiento-de-drenaje-sobrearroyo-en-Nogales-20190326-0034.html el 05 de diciembre del 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2019.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a realizar por la Secretaría de Cultura los trámites necesarios para la inclusión de la Feria Nacional de la Pirotecnia, en Tultepec, México, en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a que instruya a la titular de la Secretaría de Cultura a que realice los trámites necesarios para la inclusión de la Feria Nacional de la Pirotecnia realizada en el municipio de Tultepec, estado de México, los primeros días de marzo de cada año, en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, que lleva el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), bajo las siguientes

Consideraciones

En nuestros días, ante el incremento de los niveles de violencia e inseguridad es cada vez más necesario buscar las alternativas que permitan fortalecer el tejido social. Una de estas alternativas lo viene a representar los mecanismos que permiten consolidar los espacios culturales y de convivencia comunitaria, como es el caso del instrumento internacional denominado Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, del cual México es estado parte. El 17 de octubre de 2003 se celebró en París esta convención que tiene por finalidad, según se establece en su artículo 1: “la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial; el respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos de que se trate; la sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco; y, la cooperación y asistencia internacionales.”1 Fue ratificada por México en 2005 y entró en vigor el 20 de abril de 2006. En la actualidad tiene 178 estados miembros.

En México se cuenta con 10 expresiones culturales inscritas en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO:

Tabla 1 .2

Cabe destacar que el patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general.3

Asimismo, la determinación para integrar las declaraciones depende de aquéllos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades, así como su reconocimiento como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten.4

La Convención afirma en el numeral 2 del artículo 2, que el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta, en particular, en los siguientes ámbitos: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial; artes del espectáculo; usos sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo; y, técnicas artesanales tradicionales.

Así como se destaca la relevancia cultural y social de cada una de las actividades reconocidas por la convención, su desenvolvimiento conlleva importantes flujos de actividad económica.

Tan es así que el Banco Mundial en el estudio Where is the wealth of nations? 5 se informa que muchos países tienen más riqueza de lo que sugieren los indicadores económicos, entre los que destaca el producto interno bruto (PIB). En este estudio, se señala que en el año 2000, 78 por ciento de la riqueza mundial está constituida por el capital intangible , compuesto este por capital humano y social.

En la Feria Nacional de la Pirotecnia, que se realiza en el municipio de Tultepec, estado de México, desde 1989 se incluyen diversas actividades artísticas y artesanales, entre las que destacan espectáculos musicales, globos gigantes de Cantoya, elaboración de papalotes, papiroflexia, alebrijes, cartonería. No pueden faltar en estos festejos los tradicionales fuegos artificiales que son representativos de este pueblo, entre los que destacan en esta festividad el concurso de castillos de torre, cohetes, bombas de luz, desfile de toritos así como el concurso nacional e internacional de piromusicales.

Esta celebración que tuvo su origen a mediados del siglo XIX pero que se constituyó en feria nacional a partir de finales de los años 80 se ha tornado no sólo nacional sino con concurrencia internacional.

Esta feria nacional es para los habitantes de Tultepec una vía para reafirmar la identidad cultural, la convivencia y una manera de sustento económico de las familias de los más de 150 mil habitantes que tiene el municipio,6 así como de los municipios con población de artesanos pirotécnicos que participan en la misma festividad. Más de 60 por ciento de los habitantes de Tultepec se dedican directa o indirectamente a la pirotecnia.

Los fuegos artificiales en Tultepec, el pilar de esta Feria Nacional de la Pirotecnia, tienen alrededor de dos siglos de origen, cuando aún se fabricaba la pólvora con carbón de jara y tequesquite, que los extraían de los volcanes y del lago de Texcoco. En un principio para fabricar los cohetes se utilizaban el carrizo, luego la piel y por último el papel, que se sigue utilizando.7 Los conocimientos de esta tradición artesanal se han transmitido de generación en generación al grado de ser referente internacional en la producción de fuegos artificiales.

Durante la Feria Nacional de la Pirotecnia que se realiza los primeros días del mes de marzo de cada año, “es cuando Tultepec se fusiona, se vuelve uno y está listo para vivir lo que año con año espera fervientemente, la tradición que ya conocen. Comienza el recorrido en el barrio pirotécnico de la piedad, de la capilla que se encuentra en la parte alta del pueblo, de ahí bajan a recorrer las principales calles al ritmo de la música de banda que estarán tocando en la fiesta. En el trayecto se van mostrando los toritos que incitan a la población a unirse hasta llegar al centro del pueblo, donde está el kiosco. Cerrando a la llegada de los toritos con su entrada a la plaza junto con la gran muñeca de cartón, mejor conocida como la mojiganga, la cual baila burlonamente gastando sus últimos minutos de vida porque al final terminará quemada. Se encuentra el pueblo presente en todas sus edades. Sale el primer toro desde la presidencia municipal expulsando buscapiés por todos lados, comienza a correr la gente que valerosamente se puso cerca del torito para apreciarlo más, huyen para no ser alcanzados por los cohetes que salen disparados como si los persiguieran”.8

El 8 de marzo, muerte de “San Juan de Dios”, quien es el patrono del gremio pirotécnico y en conmemoración de éste se comienza lo que hoy se conoce como la Feria Nacional de la Pirotecnia en Tultepec.

Como lo señala la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida.9

Es por ello relevante que los artesanos pirotécnicos del municipio de Tultepec tengan incentivos para conservar estas tradiciones y modos de vida ante la avasallante cultura individualista que nos caracteriza en la sociedad moderna de hoy en día y de la tendencia a la uniformidad de las costumbres que vienen aparejadas de la globalización. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos impostergable la realización de la solicitud por parte del Estado mexicano para obtener la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Feria Nacional de la Pirotecnia, la cual tiene profundas implicaciones no sólo económicas sino sociales, psicológicas y culturales para el desarrollo de los pueblos que se benefician de ella.

El no renunciar a estas tradiciones que engloba esta festividad implica también realizarlas con base en los mejores estándares de protocolos de seguridad y de prevención de desastres en cuanto a la fabricación, almacenamiento y comercialización de los fuegos artificiales, en donde la declaración por parte de la UNESCO de la Feria Nacional de la Pirotecnia en Tultepec como Patrimonio Cultural Inmaterial, tendería a fortalecer el marco normativo vigente en la materia, más aún en donde la criminalización de la que son sujetos los artesanos dedicados a este arte y a estas festividades han sido, por parte de las autoridades de anteriores administraciones del viejo régimen político, orillados al clandestinaje, con las consecuencias y multiplicación de accidentes que conlleva este modelo de exclusión. Asimismo, esta declaración por parte de la UNESCO contribuiría a que el Estado mexicano aborde el tema de la pirotecnia, con inteligencia y conocimientos científicos y ya no con base en el miedo y las ocurrencias como ha ocurrido en el pasado.

Finalmente, la Feria Nacional de la Pirotecnia de Tultepec funciona como el imán para unir familias, ya que por la modernidad hay pocas familias que están unidas por una actividad en común.10

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a que instruya a la titular de la Secretaría de Cultura, a que realice los trámites necesarios para la inclusión de la Feria Nacional de la Pirotecnia, realizada en el municipio de Tultepec, estado de México, los primeros días de marzo de cada año, en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que lleva el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.

Notas

1 El texto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en:
https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n#art4, Consultado el 8 de diciembre de 2019

2 México y la Convención de 2003, en:
https://ich.unesco.org/es/estado/mexico-MX, Consultado el 8 de diciembre de 2019.

3 https://ich.unesco.org/es/convenci%C3%B3n, Consultado el 8 de diciembre de 2019

4 Ibíd.

5 Banco Mundial, “Where is the wealth of nations, Measuring Capital for the 21st Century”, en: http://bit.ly/36iYK1q, consultado el 8 de diciembre de 2019

6 Inegi, en: http://bit.ly/2P5pigY, consultado el 8 de diciembre de 2019

7 Carla Itzel González Prado. “Tultepec, La Feria Nacional de la Pirotecnia. La tradición sobrevive peso la industrialización”, en:

http://bit.ly/2DZve4N, Consultado el 8 de diciembre de 2019.

8 Ibíd.

9 UNESCO, ¿Qué es el patrimonio cultural inmaterial?, en: http://bit.ly/2YulY27, Consultado el 9 de diciembre de 2019.

10 Carla Itzel González Prado. “Tultepec, La Feria Nacional de la Pirotecnia. La tradición sobrevive peso la industrialización”, en: http://bit.ly/2DZve4N, Consultado el 8 de diciembre de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2019.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), considerando un acuerdo del Consejo Económico y Social, declaró el día 18 de diciembre como el Día Internacional del Migrante, en donde se proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad, derechos y libertades proclamadas en ella, sin distinción de ningún tipo de raza, color u origen nacional.

Teniendo en cuenta que el número de migrantes va en aumento a nivel mundial, se considera mayor interés por parte de la comunidad internacional para proteger los derechos humanos de todos los migrantes, asegurando el respeto pleno de sus libertades fundamentales de todos los migrantes, invitando a todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales a que conmemoren el Día Internacional del Migrante y difundan información sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes, intercambien experiencias y formulen medidas para su protección.

La migración ha sido parte de la historia de la humanidad con el propósito de buscar el bienestar en su vida y la de su familia; en la actualidad, debido al gran avance que existe con los medios de transporte y de comunicación, ha incrementado el deseo y la capacidad de vivir en otros lugares, fuera de sus países de origen, en otros casos se ven obligados a abandonar sus países debido a persecuciones políticas, culturales, religiosas, bélicas, conflictos internacionales, socioeconómicas, familiares o de violencia.

La migración también puede ayudar a transformar países de adopción y nativos, ya que las ganancias de estos migrantes como trabajadores son para el país en el que laboran, así como su país de origen cuando mandan dinero a sus familias.

Cifras de la ONU registra un total de 173 millones de migrantes para el año 2000 y un total de 258 millones de migrantes registrados para el año 2017, de esta cifra 68 millones de personas son desplazadas por la fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos; de estos más de 124 millones son mujeres y más de 36 millones son niños.

Los retos y las dificultades de la migración internacional requieren una mayor cooperación entre países; debemos tomar en cuenta que dentro de estos migrantes hay mujeres, niñas, niños y adultos mayores, tenemos que crear diálogos e interacciones entre las naciones, no crear muros entre ellos; debe existir un intercambio de experiencias y oportunidades de colaboración; debemos tratar a los migrantes con respeto y dignidad; por lo que el trabajo que hagamos en los Grupos de Amistad que estamos conformando en esta Cámara de Diputados deben servir también como puentes de conciliación para lograr estos objetivos.

Por lo anteriormente dicho, hago un llamado a los gobiernos miembros de las Naciones Unidas para que supervisen y cuiden que la migración sea segura, regular y digna para todos.

Bibliografía

-Forjando nuestro futuro juntos, Migración (ONU, 2018)

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2019.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con motivo del 29 aniversario del Partido del Trabajo, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

En la actualidad, el Partido del Trabajo sigue siendo referente en México de la ideología de izquierda a escala mundial. Es el único partido político del país que se mantiene presente en debates internacionales sobre los grandes pendientes para alcanzar la igualdad plena, donde el pueblo es el protagonista para hacer frente a la trama del neoliberalismo, que ha dejado en su camino grandes injusticias y ahondado las brechas de desigualdad.

Hace 29 años, el 8 de diciembre de 1990, en el auditorio del Plan Sexenal de la Ciudad de México se fundó el Partido del Trabajo, con el objetivo de ser un instrumento político a favor de los campesinos, de la clase trabajadora y del magisterio, pero también de profesionistas, amas de casa y jóvenes, así como pequeños y medianos empresarios, teniendo como principio la línea de masas, en hacer “hincapié en la necesidad de desarrollar la capacidad de las masas para decidir organizada y democráticamente la solución de sus problemas concretos y la conducción de sus luchas sociales”.1

Fundadores del partido como Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, María Guadalupe Rodríguez, Pedro Vázquez González y Ricardo Cantú Garza forjaron la ideología que da vida a la organización política, la cual se rige por la reivindicación de una sociedad sin clases y la filosofía basada en la honradez, la verdad, la solidaridad, la justicia, la libertad y la democracia.2

Movimientos sociales como el Frente Popular Tierra y Libertad, de Monterrey, los Comités de Defensa Popular de Chihuahua y Durango, y el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, así como personas procedentes del movimiento magisterial independiente, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, Uniones de Colonos e Inquilinos Solicitantes de Vivienda de Veracruz y del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), se fusionaron con el objetivo de servirle al pueblo de México, teniendo distintas finalidades, entre las que se encontraban las siguientes:

• Lograr una nación humanista que entre sus actividades busque permanentemente el bien común.

• Una nación trabajadora que supere la explotación del hombre por el hombre y que erradique la pobreza y la pereza.

• Una patria libre y liberadora que nos haga forjadores de nuestro propio cambio.

• Un país democrático, sin demagogia, que propicie la participación ciudadana en los asuntos públicos que definen el rumbo del país.3

Para lograr el registro, este instituto político realizó asambleas en más de la mitad de las entidades federativas, obteniendo el mismo definitivamente el 13 de enero de 1992, lo que permitió que el Partido del Trabajo participara en las elecciones presidenciales de 1994.

En 1994, el Partido del Trabajo dio un gran salto en la esfera política de México, al convertirse en la cuarta fuerza política a escala nacional, después de haber logrado 970 mil 121 votos para la Presidencia, 896 mil 426 en la elección de diputados federales y 977 mil 724 para la Cámara alta. Con estas cifras, obtuvo 9 curules en la Cámara de Diputados, 1 escaño en el Senado y espacios en congresos locales.5

En la actualidad, en el Congreso de la Unión los Grupos Parlamentarios del Partido del Trabajo lo formamos 34 diputadas y diputados, así como 6 senadoras y senadores. Somos aliados de la cuarta transformación de la república, no sin antes señalar que el Partido del Trabajo ha sido el único instituto político que ha manifestado su alianza permanente por la transformación política de México, muestra de ello es que en 2006 formamos parte de la coalición Por el Bien de Todos, que postuló a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República.

El Partido del Trabajo forma parte del proyecto de nación del pueblo mexicano que encabeza el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, quien ha manifestado en múltiples ocasiones su convicción de que se debe empoderar al pueblo para transformar de raíz el sistema que por más de 70 años ha lacerado a la sociedad mexicana y privilegiado sólo a los poderosos. En consecuencia, desde el Partido del Trabajo, ahora más que nunca estamos convencidos de que en la lucha que empezamos hace 29 años, se deben cumplir estos propósitos.

El principio ético y político, motor del Partido del Trabajo, radica en la idea de que sin las masas no se puede dar un desarrollo gradual en la sociedad mexicana. Por ello, obreros, campesinos, mujeres, jóvenes, profesionistas, intelectuales, empleados, jornaleros, pequeños comerciantes, empresarios medios y pequeños, indígenas, estudiantes y demás sectores populares,6 son los engranes de nuestro partido.

En el décimo congreso nacional ordinario del Partido del Trabajo, celebrado el 24 de junio de 2017, se reafirmó nuestra declaración de principios, donde se enarbola la participación del pueblo mexicano en una democracia participativa directa dándole “Todo el poder al pueblo”7 –lema principal del congreso celebrado.

En el marco del 29 aniversario de nuestro instituto político, los integrantes del Partido del Trabajo refrendamos nuestro compromiso con las causas sociales más justas, sentidas y legítimas del pueblo de México. Nuestra afinidad con el proyecto de la cuarta transformación de la república no es coyuntural; por el contrario, está sustentada en una compatibilidad de ideologías auténtica que coloca la búsqueda de la igualdad y el desarrollo social como principales ejes de nuestros esfuerzos.

Finalmente, es indispensable desde el Partido del Trabajo seguir manteniéndonos presentes en el debate sobre las mejores alternativas que se disertan a nivel internacional para hacer frente, desde la Izquierda, a la desigualdad y a los estragos causados por la ideología de mercado, de la competencia, de la privatización como solución a todos los males.

Por ejemplo, podemos disertar sobre la viabilidad de propuestas de autores revolucionarios como el economista Thomas Piketty, quien expone en El capital en el siglo XXI , la necesidad de impulsar un sistema fiscal más justo, pidiendo menos a los impuestos sobre el consumo y más a los impuestos sobre las grandes fortunas, así como analizar el programa de “socialismo participativo” para “superar el capitalismo y la propiedad privada” que expone ese autor en su más reciente libro, Capital e ideología.

En cualquier caso, se deberán impulsar éstos u otros cambios con la lucha contra la corrupción que impulsa el presidente de la República, en virtud de mecanismos más transparentes, generando mayor confianza en el gobierno, así como el incremento del porcentaje de inversión en servicios públicos de calidad, en el estado de bienestar, en las instituciones sociales, educativas, que son indispensables para el desarrollo. Que esto permita la renovación y la movilidad social, asimismo, una eficiencia en la recaudación fiscal.

No sin antes oponernos a las “recetas” dictadas desde el exterior, como recomendó en su momento el economista mexicano Juan F. Noyola Velázquez, donde era medular impulsar antes que cualquier otra cosa un desarrollo propio.

¡Todo el poder al pueblo!

En la cuarta transformación construyamos un mejor país. ¡Hagámoslo juntos!

Notas

1 Partido del Trabajo, “Declaración de principios”. Disponible en

http://www.partidodeltrabajo.org.mx/principios.php Consultado el 9 de diciembre de 2019.

2 La conformación del Partido del Trabajo (PT) en México. Disponible en

http://www.fcoc.org.mx/Documentos/FlashPapers/HistoriadelPT.pdf Consultado el 9 de diciembre de 2019.

3 Ibídem.

4 Cuna Pérez, Enrique; y González Madrid, Miguel. México entre siglos. Contexto, balance y agenda, UAM, México, 2014. Consultado el 9 de diciembre de 2019.

5 Historia del Partido del Trabajo. Consultado el 9 de diciembre de 2019. Disponible en http://www.partidodeltrabajo.org.mx/historia.php

6 Ibídem.

7 Partido del Trabajo. Consultado el 9 de diciembre de 2019. Disponible en
http://www.partidodeltrabajo.org.mx/principios.php

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de diciembre de 2019.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)