Intervenciones
Comunicaciones oficiales


Intervenciones

Desde la tribuna, del ciudadano Abel Altamirano Ramírez, en el marco de la celebración de 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas

Agradezco a la Secretaría de Cultura, a la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas y al Centro Estatal para las Culturas Populares e Indígenas de Nayarit.

Mi nombre es Abel Altamirano Ramírez, hablante de la lengua Náayeri (cora) de la comunidad indígena de Jesús María, municipio del Nayar, estado de Nayarit (Tierra del Rey Nayar).

Me es grato y un honor expresar aquí, en esta tribuna, lo importante que es la lengua Náayeri, la lengua que se habla en mi entidad, que orgullosamente lleva el nombre de Nayarit, cuyo significado es ‘estar bien’: náayer+. Para mí es muy importante hablar de mi identidad, para fortalecer el desarrollo de las comunidades, la socialización y la conservación de nuestras lenguas indígenas y culturas propias de las familias.

Hoy en día habitamos en la Sierra Madre Occidental, en la parte norte del estado de Nayarit, prácticamente colindando con Durango, Zacatecas y Jalisco, con cerca de 10 mil habitantes, con más o menos cuatro variantes dialectales, según las estadísticas: chuisetyaaka, de quienes habitan en Jesús María; kuáaxataka, de los de San Francisco; yaujkaka, en Mesa del Nayar, y kuaimuarusaaka, en Santa Teresa, que está en la parte más alta de esta región. De las 10 mil familias indígenas originarias de la lengua Náayeri, únicamente 50 por ciento se comunica en su lengua y 50 por ciento habla más el español.

Es muy triste que en la actualidad seamos muy pocos los hablantes de la lengua. Yo me pregunto: ¿por qué se está acabando nuestra lengua, la cultura, la identidad como Náayeri que somos?, y la respuesta que encuentro es que está en peligro de extinción porque ya no se practica en las familias, porque no se le da continuidad en la educación, porque muchos de los hermanos náayeri emigran a Estados Unidos o a las ciudades en busca de empleos y mejora económica para sus familias.

Los padres de familia no les hablan a sus hijos en nuestra lengua materna, porque quieren que en la escuela entiendan a los maestros y puedan comprender mejor el español en niveles superiores. En su mayoría, las escuelas de nivel secundaria y preparatoria no cuentan con maestros hablantes de la lengua Náayeri, no realizan actividades referentes a la lengua ni prácticas relacionadas con nuestra cultura.

Además, la tecnología interviene mucho en la pérdida de la lengua, pues bombardea a la sociedad, en general, introduciendo culturas de otros países, ajenas a la nuestra; los jóvenes náayeri, en su mayoría, ya cuentan con un dispositivo móvil, celulares o tabletas; ven constantemente la televisión y adoptan nuevas maneras de comunicación. Internet sería provechoso si los dispositivos se adaptaran a las culturas y las lenguas de cada pueblo originario, si hubiera programas didácticos en las computadoras en lengua Náayeri que se aprovecharan al máximo.

Mi propuesta es que las instituciones federales, estatales y municipales promuevan acciones de concientización y valoración que ayuden a incentivar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la práctica de su lengua materna en sus hogares con los padres de familia, a través de programas y proyectos que revitalicen la cultura y la lengua, principalmente en los pueblos originarios, porque hay localidades que han perdido la esencia de ser un pueblo originario, ya no se visten como indígenas, no llevan a cabo sus rituales, y esto sólo sucede en las zonas donde hay personas mayores que todavía hablan su lengua. Si en los planteles educativos de secundaria y preparatoria hubiera docentes bilingües hablantes de la lengua Náayeri, se le daría continuidad a su uso.

Por ello, en cuanto al progreso y desarrollo de los pueblos indígenas, hago la petición a las autoridades de que se lleven a cabo acciones que fortalezcan las lenguas y culturas, para que se aprovechen, respeten y conserven los recursos naturales y que se refuerce la economía a través de pequeñas empresas de elaboración de juguetes, llaveros, materiales que se utilizan en las fiestas tradicionales y que se puedan comercializar en la región y fuera de ella, para que así los jóvenes permanezcan en sus localidades y no tengan que emigrar a otros lugares en el país o fuera de él en busca de trabajo.



Comunicaciones oficiales

De la Mesa Directiva

Honorable Asamblea:

La Presidencia de la Mesa Directiva, de conformidad con lo que establecen los artículos 73 y 74, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, comunica que se realizó modificación de turno del siguiente asunto:

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, presentada por el Ejecutivo federal, el 26 de noviembre de 2019.

“Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Salud, para dictamen.”

Ciudad de México, a 5 de diciembre de 2019.

Atentamente

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

Presidenta

De los diputados Brasil Alberto Acosta Peña, Guillermina Alvarado Moreno, José Ángel Pérez Hernández, Carmen Patricia Palma Olvera, Gloria Romero León, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Martha Elena García Gómez, Ana Laura Bernal Camarena, Carmen Mora García, Mary Carmen Bernal Pérez y Emmanuel Reyes Carmona, por las que solicitan el retiro de iniciativas y de proposición con punto de acuerdo

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre del 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva

Honorable Cámara de Diputados

Presente

Por este medio y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito solicitar a usted el retiro de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se inscribe con letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Mariano Otero, publicada en la Gaceta Parlamentaria el miércoles 18 de septiembre de 2019.

Asimismo le solicito, se realicen las acciones conducentes y se actualicen los registros parlamentarios.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para mandarle un cordial saludo.

Diputado Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica)


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura
Honorable Cámara de Diputados

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito solicitar su gentil intervención, a fin de que sea retirada de los registros parlamentarios la siguiente iniciativa:

• Proyecto de decreto que reforma el artículo 251 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Dicha iniciativa tiene publicación en la Gaceta Parlamentaria el día 30 de abril de 2019 y fue turnada para el trámite legislativo correspondiente a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta soberanía.

Agradezco con antelación que se realicen las acciones conducentes y que se actualicen los registros parlamentarios.

Sin otro particular me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente

Diputada Guillermina Alvarado Moreno (rúbrica)


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre del 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

Por medio del presente y con fundamento en el artículo 77, numeral, 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; solicito a usted, de la manera más atenta, sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a cargo de un servidor.

Dicha iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, ésta que fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su dictamen.

Derivado de lo anterior solicito se haga del conocimiento de la Comisión de Seguridad Pública; para los efectos a que haya lugar.

Diputado José Ángel Pérez Hernández (rúbrica)


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 3 de diciembre de 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados

Presente

Por este medio reciba un cordial saludo, al mismo tiempo le solicito de la manera más atenta, y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Turismo, a cargo de la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena , de mi autoría, misma que fue presentada el pasado 29 de octubre del año en curso.

Agradeciendo de antemano las atenciones brindadas, reciba mis más sinceras consideraciones.

Atentamente

Diputada Carmen Patricia Palma Olvera (rúbrica)


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de diciembre 2019.

Diputada Laura Rojas Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados

Presente

Por medio del presente le envío un cordial saludo y me permito solicitar a usted que con fundamento en el artículo 79, apartado 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sea retirado el punto de acuerdo presentado y publicado con número 563-V, 1368, en la Gaceta Parlamentaria el pasado martes 10 de septiembre del presente año, con punto de acuerdo, para realizar una consulta pública en el Valle del Mezquital, Hidalgo, sobre el proyecto “Construcción de un aeropuerto mixto civil/militar con capacidad internacional, en la Base Aérea Militar Número 1, de Santa Lucía, México, su interconexión con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y reubicación de instalaciones militares”, presentado por la diputada Gloria Romero León, PAN; y suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, turnado a la Comisión de Infraestructura.

Sin más por el momento agradezco la atención prestada a la presente y me reitero a sus órdenes.

Atentamente

Diputada Gloria Romero León (rúbrica)


Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de diciembre de 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados

Presente

Por medio de este conducto, el que suscribe, diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; solicito sea retirada la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 12, fracción IV; 40-A; 77, 88, 149 y 186 de la Ley del Seguro Social, con e1 objetivo de establecer que serán sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio las personas físicas que presten servicios profesionales y/o de subcontratación.

Diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz (rúbrica)


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Presente

Por medio de la presente con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción VII, del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito atentamente tenga a bien girar sus apreciables instrucciones para hacer efectivo el derecho del retiro de la siguiente proposición con punto de acuerdo:

• Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda a instruir la ejecución de los recursos etiquetados para la atención de niñas, niños y adolescentes, previstos en el anexo 18 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, turnado a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia el 6 de septiembre de 2019.

Sin otro particular, quedo de usted, reiterándole mi respeto y consideración.

Atentamente

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)


Palacio legislativo de San lázaro, a 4 de diciembre de 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados

Presente

Por medio de este conducto, la que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a efecto de que sea retirada la proposición con punto de acuerdo de mi autoría, con el siguiente resolutivo:

Único. Se exhorta a los titulares de los poderes ejecutivos de los estados fronterizos de la zona norte del país; para que analicen y, en su caso, suscriban convenios con el sector privado, que son dueños de las industrias maquiladoras, con el fin de establecer estancias infantiles dentro de los centros de trabajo, para que puedan cubrir sus jornadas laborales, beneficiando a las madres trabajadoras.

Agradeciendo de antemano sus atenciones, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
de la Cámara de Diputados

Presente

Estimada diputada presidenta:

Que mediante et presente ocurso, con fundamento en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicito a usted retirar el “punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Rural de Puebla a llevar a cabo las acciones conducentes para verificar que el ganado enajenado en el centro comercializador de Tepeaca, durante el ingreso y la salida, cuente con todos los antecedentes de origen y destino”, mismo que fue turnado a la Comisión de Ganadería para el Dictamen respectivo.

Sin otro particular le reitero mis amplias consideraciones.

Atentamente

Diputada Carmen Mora García (rúbrica)


Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Muy estimada diputada presidenta:

Con fundamento en lo establecido en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por mi propio derecho solicito, se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que sea retirada la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, misma que fue presentada por una servidora el pasado 30 de abril y que fuera turnada para dictaminación a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y opinión a la Comisión de Vivienda.

Sin otro particular, agradezco las finezas de su atención reiterándole mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Diputada Mary Carmen Bernal Martínez


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Por este conducto me dirijo a usted para solicitar el retiro de la iniciativa que reforma el artículo 2o. de la Ley General de Salud, con el fin de incluir en el derecho a la protección a la salud, el libre desarrollo de la personalidad, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 3 de abril de 2019.

Lo anterior con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)


Palacio Legislativo de San Lázaro a 4 de diciembre del 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Por este conducto me dirijo a usted para solicitar el retiro de la iniciativa que reforma los artículos 23 y 450, fracción II, del Código Civil Federal, publicada en la Gaceta Parlamentaria el martes 23 de julio de 2019, que se refiere a establecer que las personas incapaces podrán tener una participación o plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones de los demás-

Lo anterior con fundamento en el artículo 77, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para reconocer el desplazamiento forzado que ocurre en las entidades federativas

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2019.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 64-II-4-1072, signado por la diputada María Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número CEAV/DGAJ/2233/2019, suscrito por la licenciada María del Carmen Peñalva Aguilar, titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a atender los casos de desplazamiento forzado que les sean canalizados por los titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica)

Titular de la Unidad


Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2019.

Maestro Emilio de Jesús Saldaña Hernández

Titular de la Unidad de Enlace de la Subsecretaria de Gobernación de la Secretaria de Gobernación

Presente

Hago referencia al contenido del oficio SG/UE/311/1848/19, recibido en esta Comisión Ejecutiva con fecha once (11) de octubre del dos mil diecinueve (2019). mediante el cual hace del conocimiento que mediante oficio D.G.P-L-64-II-4-1072, la diputada María Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que hace del conocimiento que se resolvió aprobar el punto de acuerdo del primero (1) de octubre del presente año, que en lo conducente señala:

Primero: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, para que reconozcan el desplazamiento forzado que ocurre en las entidades federativas, así como los riesgos a los que se encuentran expuestos los habitantes que en ellas residen. Asimismo, consideren el riesgo de las víctimas de desplazamiento forzado a fin de que éstas puedan acceder a la reparación integral del daño que contempla la Ley General de Víctimas. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Ejecutiva de Atención Victimas, para que atiendan los casos de desplazamiento forzado que les sean canalizados por los titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México.”

Con fundamento en los artículos 32, fracciones I y V del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se le remite la información enviada por la siguiente área competente de esta comisión:

En el Registro Nacional de Víctimas se cuenta con el registro de 13 víctimas inscritas por desplazamiento forzado del orden federal, como se acredita en el oficio número CEAV/RENAVI/4785/2019, suscrito por el ingeniero Mario Federico Herrera Montalvo, director general del Registro Nacional de Víctimas de esta Comisión Ejecutiva, documentó que se acompaña en copia simple como anexo único.

Cabe mencionar que se hizo del conocimiento a las unidades administrativas que integran esta Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas mediante oficio CEAV/DGGAJ/1584/2019, de fecha veintiuno (21) de octubre de dos mil diecinueve (2019), asimismo le informó que en el ámbito de su competencia proporcionan una atención con un enfoque de respeto a los derechos humanos, de género, diferencial, especializado y transformador, en términos de la Ley General de Víctimas.

Sin más por el momento, quedo de usted, para cualquier aclaración sobre el trámite del asunto en cuestión, sin prescindir enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciada María del Carmen Peñalva Aguilar (rúbrica)

Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

(Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento. )

De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a dar certeza jurídica sobre la situación laboral de los docentes adscritos a los centros de atención a estudiantes con discapacidad y su participación en el sistema educativo nacional

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2019.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 64-II-3-986, signado por la diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes, copia del similar número UR 120 JOS/CECU/1988/19, suscrito por la ciudadana Maricela Contreras Julián, coordinadora de Enlace con el honorable Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a proporcionar la atención a la problemática laboral del personal docente adscrito a los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED) y continúen con el impulso de su participación dentro del Sistema Educativo Nacional.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica)

Titular de la Unidad


Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2019.

Maestro Emilio de Jesús Saldaña Hernández

Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación

Presente

En atención al oficio número SG/UE/311/1821/19, del 3 de octubre del presente año, mediante el cual la Unidad de Enlace de Gobierno informó al maestro Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, el punto de acuerdo aprobado el 1 de octubre del presente año, que refiere al exhorto sobre la problemática laboral del personal docente adscrita a los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED).

Sobre el particular, remito copia del oficio número 2722, del 15 de noviembre de 2019, signado por la licenciada Liliana Concepción Vélez Juárez, coordinadora sectorial de Normatividad de la Subsecretaría de Educación Media Superior, a través del cual da respuesta al resolutivo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Coordinadora de Enlace


Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2019.

Maricela Contreras Julián

Coordinadora de Enlace con el Honorable Congreso de la Unión en la Secretaría de Educación Pública

Presente

Me refiero al volante con número de referencia DG-OS-2019-008695-1-1-2, mediante el cual se turnó a esta subsecretaría copia del oficio número SG/UE/311/1821/19, por el que el titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, comunicó al titular de esta dependencia, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su sesión celebrada el 1 de octubre de 2019, en cuyo resolutivo único establece lo siguiente:

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto o la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativos, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a su homóloga en el estado de Veracruz, para que, en el ámbito de sus competencias, proporcionen la atención a la problemática laboral del personal docente adscrito a los Centros de Atención a Estudiantes con Discapacidad (CAED) y continúen con el impulso de su participación dentro del Sistema Educativo Nocional.”

Al respecto, por considerarse un asunto de la competencia de esa coordinación a su cargo y por instrucciones de Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior, me permito hacerle llegar copia del oficio número CSPA/1330/2019, mediante el cual la Coordinación Sectorial de Planeación y Administración informa las acciones realizadas en la materia a que alude el punto de acuerdo de mérito.

Mucho le agradeceré hacer del conocimiento de la instancia legislativa lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Liliana Concepción Vélez Juárez (rúbrica)

Coordinadora Sectorial de Normatividad


Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2019.

Liliana Concepción Vélez Juárez

Coordinadora Sectorial de Normatividad de la SEMS

Presente

En respuesta al oficio número 2629, referente al volante con número DG-OS-2019-008695-1-1-2, mediante el cual se turnó a esta subsecretaría copia del oficio número SG/UE/311/l821/l9, por el que el titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, comunicó al titular de esta dependencia, el punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en su sesión celebrada el 1 de octubre de 2019, cuyo resolutivo único establece lo siguiente: “La Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a la Secretaría de Educación Pública y a su homóloga en el estado de Veracruz para que, en el ámbito de sus competencias, proporcionen la atención a la problemática laboral del personal docente adscrito a los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) y continúen con el impulso de su participación dentro del Sistema Educativo Nacional.”

Al respecto, se adjunta el proyecto de respuesta con atención a dicho punto de acuerdo, para las gestiones procedentes.

Atentamente

Silvia Aguilar Martínez (rúbrica)

Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración

(Se turna a la Comisión de Educación, para su conocimiento. )

De la Secretaría de Gobernación, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a impulsar un programa urgente de desarrollo de infraestructura educativa en comunidades con ductos de Pemex

Ciudad de México, a 27 de noviembre de 2019.

Integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Presentes

En respuesta del oficio número DGPL 64-II-1-1153, signado por el diputado Marco Antonio Adame Castillo, vicepresidente de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo, me permito remitir para los fines procedentes copia del similar UR 120 JOS/ CECU/ 1995/ 19, suscrito por la ciudadana Maricela Contreras Julián, coordinadora de Enlace con el Congreso de la Unión de la Secretaría de Educación Pública, así como de sus anexos, mediante los cuales responde el punto de acuerdo relativo a impulsar un programa de mejoramiento de la infraestructura física educativa en las comunidades por donde cruzan los ductos de Petróleos Mexicanos, como medida adicional a fin de fortalecer el Plan de Desarrollo para el Bienestar.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente

Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica)

Titular de la Unidad de Enlace


Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2019.

Maestro Emilio de Jesús Saldaña Hernández

Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación

Presente

En atención del oficio número SG/ UE/ 311/ 1797/ 19, del 3 de octubre del presente año, mediante el cual la Unidad de Enlace de Gobierno informó al maestro Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, el punto de acuerdo, aprobado el l de octubre del presente año, que refiere al exhorto para impulsar un programa de mejoramiento de la infraestructura física educativa en las comunidades por donde cruzan los ductos de Petróleos Mexicanos, con medida adicional a fin de fortalecer el Plan de Desarrollo para el Bienestar.

Sobre el particular, remito copia del correo electrónico del 20 de noviembre de 2019, signado por el maestro Juan Marcos Fierro Correa, jefe de oficina del director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, a través del cual da respuesta al resolutivo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Maricela Contreras Julián (rúbrica)

Coordinadora de Enlace con el Congreso de la Unión


De: Juan Marcos Fierro Correa
<jfierro@inifed.gob.mx>
Enviado el miércoles, 20 de noviembre de 2019, 18:47 horas.

Para: Enlace Congreso de la Unión.
CC: Carlos Cárdenas González, Míriam Hernández Robles.

Asunto: Opinión del INIFED al punto de acuerdo del diputado Azael Santiago Chepi, apoyo a municipios “huachicoleros”.

Datos adjuntos: Opinión respecto al punto de acuerdo del diputado Azael Santiago Chepi.pdf

Licenciada Maricela Contreras Julián

Coordinadora de Enlace con el Congreso de la Unión

Presente

Por instrucciones del maestro Carlos Cárdenas González, jefe de la oficina del director general del INIFED, y en atención de la solicitud de opinión realizada por la Oficina de Control de Gestiones de esa dependencia, envío por este medio la opinión correspondiente al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados en sesión del 1 de octubre del presente año.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Juan Marcos Fierro Correa

INIFED

(Se turna a la Comisión de Educación, para su conocimiento.)

De la Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a realizar una consulta a las comunidades indígenas del sur-sureste por la construcción del Tren Maya, según lo dispuesto en el Convenio 169, sobre pueblos indígenas y tribales, de la OIT; y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la ONU

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

En atención al oficio número D.G.P.L. 64-II-6-1096, de fecha 1 de octubre de 2019, suscrito por la diputada Dulce María Sauri Riancho, quien en su carácter de vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, comunica el punto de acuerdo aprobado por el pleno de ese órgano legislativo, en sesión celebrada en esa misma fecha, cuyos resolutivos refieren textualmente lo siguiente:

Primero. - La Cámara de Diputados hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que realice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente apropiada, a las comunidades indígenas de la región sur-sureste por la construcción del proyecto denominado Tren Maya, debiendo cumplir para ello con lo dispuesto en el Convenio 769 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo. La Cámara de Diputados hoce un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que haga del conocimiento público el proyecto de la obra denominada Tren Maya; con la finalidad de conocer lo referente al presupuesto destinado, así como lo relacionado a los aspectos ambientales que pudieran presentarse por la realización de dicho proyecto.

Al respecto, de conformidad con los artículos 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 10, fracciones I, V, LII, XXV, LVIII; 79, fracciones XIII, XVI y XXII del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, me permito remitir copia del Oficio número 400.1.41 0:19.763, de la Unidad de Inversiones de la Subsecretaría de Egresos, que contiene la respuesta de esta dependencia a los exhortos de referencia.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta distinguida consideración.

Atentamente

Hugo Sebastián Gutiérrez Hernández Rojas (rúbrica)

Subprocurador Fiscal Federal de Asuntos Financieros


Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2019.

Licenciado Roberto Carlos Blum Cassereau

Director General Jurídico de Egresos

Presente

En relación al volante número 192816-1, con fecha 16 de octubre del presente año, en el que se hace referencia al oficio SG/UE/311/1756/19, con fecha 3 de octubre de 2019, en el que se comunica el siguiente acuerdo aprobado por el pleno del honorable Congreso de la Unión el 1 de octubre de 2019:

Primero. - La Cámara de Diputados hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que realice una consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente apropiada, a las comunidades indígenas de la región sur-sureste por la construcción del proyecto denominado Tren Maya, debiendo cumplir para ello con lo dispuesto en el Convenio 769 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo. La Cámara de Diputados hoce un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal para que haga del conocimiento público el proyecto de la obra denominada Tren Maya; con la finalidad de conocer lo referente al presupuesto destinado, así como lo relacionado a los aspectos ambientales que pudieran presentarse por la realización de dicho proyecto.

En relación al primer acuerdo, referente a la solicitud del exhorto de consulta, la Unidad de Inversiones carece de atribuciones para llevar a cabo la citada consulta. Lo anterior con fundamento en el artículo 61 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Asimismo, referente al segundo acuerdo, en particular al exhorto de hacer de conocimiento público el proyecto de la obra denominada “Tren Maya” con la finalidad de conocer lo referente al presupuesto destinado. Se hace del conocimiento, que la información con la que cuenta esta Unidad Administrativa consiste en los estudios de preinversión necesarios para analizar la construcción del Tren Maya. Al respecto, se han identificado los programas de inversión siguientes:

(Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas, para su conocimiento.)

Del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los conflictos limítrofes, territoriales y ejidales de municipios chiapanecos

Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2019.

Diputado Marco Antonio Adame Castillo

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Diputado Adame Castillo:

Con relación al oficio DGPL 64-II-7-1059, emitido el 1 de octubre de 2019, por el cual comunica que en dicha fecha la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo cuyo contenido es el siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, como cabeza de sector, a realizar los trámites conducentes para convocar a una mesa intersecretarial permanente para dar solución al conflicto limítrofe, territorial y ejidal existentes entre dos entidades federativas y que involucra a los municipios de Cintalapa, en Chiapas, y San Miguel y Santa María Chimalapas, en Oaxaca.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a llevar a cabo las acciones conducentes para la creación de una Base de Operaciones Mixtas conformada por la Secretaria de la Defensa Nacional, Policía Federal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca (Oaxaca), Policía Especializada de la Fiscalía General Estatal de Oaxaca e Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a fin de garantizar el estado de derecho, la estabilidad y paz social de la región.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional Forestal, a impulsar programas productivos especiales en todas las actividades productivas agrícolas y silvícolas, tendentes a mejorar el bienestar de la región y reactivar su economía, especialmente con proyectos agroindustriales como recolección e industrialización de la resina de pino y de forma especial la higuerilla, considerando que es la base de la materia prima para la producción de biocombustibles.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a dar seguimiento a los trabajos para la posible solución del conflicto en las localidades del noroeste de Cintalapa, para que resuelta la controversia se lleve a cabo el proceso de asignación de Claves a las localidades que actualmente no cuentan con ellas o que por error u omisión fueron adjudicadas al Estado de Oaxaca, esto con el fin de cumplir con los requisitos de susceptibilidad de recursos federales en los diferentes programas sociales.

En el punto cuarto del acuerdo en mención, se exhorta a este Instituto a dar seguimiento a los trabajos para la posible solución del conflicto en las localidades del noroeste de Cintalapa, para que resuelta la controversia se lleve a cabo el proceso de asignación de Claves a las localidades que actualmente no cuentan con ellas o que por error u omisión fueron adjudicadas al estado de Oaxaca, esto con el fin de cumplir con los requisitos de susceptibilidad de recursos federales en los diferentes programas sociales.

En el referido punto cuarto del acuerdo se advierte que para la actividad a la que se le exhorta a este instituto existe una condición, consistente en la resolución del conflicto limítrofe, territorial y ejidal existente entre las entidades federativas y que involucra a los municipios de Cintalapa, en Chiapas, y San Miguel y Santa María Chimalapas, en Oaxaca.

Sin perjuicio de la señalada condición para que este Instituto realice la actividad a la que esa Soberanía se permite comunicar el exhorto, es pertinente recordar que para la resolución de conflicto de límites entre entidades federativas (como sucede en el caso concreto), en términos del artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deben arreglar por convenios amistosos celebrados entre las entidades en conflicto, los cuales se deben aprobar por el Senado; el mismo numeral constitucional establece que de no existir el mencionado convenio, y a instancia de alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, sustanciará y resolverá con carácter de inatacable, las controversias sobre límites territoriales que se susciten entre las entidades federativas.

En ese sentido, nos permitimos comunicarle que respecto al conflicto limítrofe-territorial que nos ocupa, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra sustanciándose y está pendiente de resolución la Controversia Constitucional 121/2012.

Con la información pública que se obtiene del sitio de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (www.scjn.gob.mx)se advierte que en la Controversia Constitucional 121/2012, con fecha 20 de diciembre de 2012 se dictaron acuerdos de admisión y de concesión de suspensión, con fecha 26 de junio de 2013 se resolvió el Recurso de Reclamación 71/2012-CA, confirmando el acuerdo de 20 de diciembre de 2012 de concesión de suspensión, y con fecha 2 de marzo de 2016 se resolvió el Recurso de Queja 12/2015-CC, derivado del incidente de suspensión.

Este instituto dará seguimiento a la controversia constitucional 121/2012, a fin de conocer en su momento la sentencia que en ella dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en resolución al conflicto limítrofe-territorial, ello conforme al artículo 46 constitucional, a fin de proceder a realizar los eventuales ajustes al Marco Geoestadístico, así como la asignación de Claves Geoestadísticas que corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, este Instituto se permite comentar que con fundamento en los artículos 20, 23 y 28 Ter de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG), este Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cuenta con el Marco Geoestadístico (MG) que es un sistema único y de carácter nacional, diseñado y creado con el propósito de referir geográficamente la información y resultados de los diversos proyectos y programas estadísticos; asimismo, con fundamento en los artículos 92 y 93, se menciona que el Inegi deberá establecer, operar y normar el Registro Nacional de Información Geográfica.

Para la organización y estructuración del MG, se integra por Áreas Geoestadísticas con 3 niveles de desagregación: Estatal (AGEE), municipal o delegacional (AGEM) y Básica (AGEB), la cual puede ser urbana o rural, lo cual servirá para determinar la ubicación geográfica de las localidades y poder asignarles sus claves.

Toda vez que este Instituto carece de atribuciones en materia de definición de límites político-administrativos, será hasta que la autoridad competente en la definición de los mismos los proporcione al Inegi, cuando éste pueda proceder a la asignación de Claves.

En ese sentido, será hasta que se resuelva la Controversia Constitucional 121/2012 o las autoridades competentes resuelvan el conflicto limítrofe, que este Instituto estará en posibilidad jurídica y material de proceder a la asignación de Claves a las localidades que se encuentran en la zona de conflicto en los municipios de Cintalapa, en Chiapas, y San Miguel y Santa María Chimalapas, en Oaxaca.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Gualberto José Garza Cantú (rúbrica)

Director General Adjunto

(Se turna a la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, para su conocimiento.)

De la Secretaría General de Gobierno de Aguascalientes, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a fortalecer los programas destinados a la detección y el tratamiento tempranos de cáncer en niños y adolescentes

Aguascalientes, Aguascalientes, a 31 de octubre de 2019.

Diputado Marco Antonio Adame Castillo

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

Me es grato dirigirme a usted para enviarle un cordial saludo y a su vez aprovecho este medio refiriéndome al oficio D.G.P.L. 64-II-7-1077 que contiene un punto de acuerdo, dirigido al gobierno del estado de Aguascalientes, el cual exhorta a fortalecer los programas destinados a la detección y el tratamiento oportuno de cáncer en niñas, niños y adolescentes.

En atención a lo anterior, le anexo copia simple del oficio con número de folio 5000/012408, de fecha 29 de octubre en curso, suscrito por el doctor Miguel Ángel Piza Jiménez, secretario de Salud y director general del Instituto de Servicios de Salud del estado de Aguascalientes, en donde se desprende la información que da cumplimiento al pronunciamiento de cuenta. Sin otro particular por el momento, quedo de usted.

Atentamente

Licenciado Ricardo Enrique Morán Faz (rúbrica)

Secretario general de Gobierno de Aguascalientes


Aguascalientes, Aguascalientes, a 29 de octubre de 2019.

Licenciado Ricardo Enrique Morán Faz

Secretario general de Gobierno de Aguascalientes

Presente

En seguimiento a oficio número SGG/1110/2019, en el cual se informa del punto de acuerdo 1077, emitido por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a través de la Comisión de-Salud; por este medio informó a usted las actividades que se realizan por parte del Programa de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, conforme al punto de acuerdo: “Fortalecer los programas destinados a la detección y el tratamiento oportuno de cáncer en niñas, niños y adolescentes”.

Se impulsan estrategias, particularmente en población económicamente vulnerable y que habita en zonas de difícil acceso a los servidos de salud, para el diagnóstico oportuno, el acceso a la cobertura de tratamiento y el seguimiento del cáncer y el fortalecimiento de las acciones de promoción de salud, vinculadas a prevención del cáncer.

En el estado de Aguascalientes, en el año se ha capacitado a 27 promotores de salud de las unidades de primer nivel de atención, los cuales realizan sesiones educativas, en las que informan a padres, madres y tutores de menores de 18 años sobre los principales signos y síntomas del cáncer, para favorecer la detección oportuna, además de promover estilos de vida saludable que impacten en la prevención del cáncer, se realiza la difusión de mensajes a través de medios impresos, medios de transporte público, spots de radio y publicaciones en redes sociales Facebook y Twitter; así mismo en el 100 por ciento de los centros de salud, se aplica la cédula de sospecha de cáncer en menores de 18 años que acuden a los servicios de salud como estrategia de búsqueda intencionada que permita detectar el cáncer en la infancia y la adolescencia en fases iniciales y de forma inmediata ser referidos al Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, siendo valorados de forma inmediata por los oncólogos pediatras. Se asignó 100 mil pesos en la partida 33901 al Programa de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia para la subcontratación de servicios con terceros encaminado al diagnóstico oportuno por laboratorio y gabinete que permita el inicio del tratamiento de forma oportuna, siendo este un apoyo a las familias de escasos recursos del estado.

Los menores de 18 años de edad que son diagnosticados con cáncer, su tratamiento es cubierto por el Fondo Para Gastos Catastróficos del Seguro Popular, siguiendo las reglas de operación propias.

De igual forma se han fortalecido las acciones de capacitación para la detección oportuna del cáncer a personal de salud de primer contacto con el paciente.

En 2019, el Programa de Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, en conjunto con el personal de Oncología Pediátrica del CHMH, ha realizado la capacitación de 90 médicos de primer contacto, 96 enfermeras y 70 médicos pasantes en servicio social en contacto directo con pacientes en las unidades médicas de primer nivel de atención, sobre la detección oportuna de signos y síntomas de sospecha de cáncer en menores de 18, años de edad; asimismo se realizó la capacitación de 31 enfermeras del CHMH sobre atención de pacientes oncológicos pediátricos.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Miguel Ángel Piza Jiménez (rúbrica)

Secretario de Salud y director general del Instituto de Servicios de Salud de Aguascalientes

(Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.)

De la Fiscalía General del Estado de Chiapas, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a combatir el rezago en la investigación de los delitos cometidos contra periodistas y la libertad de expresión

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 23 de octubre de 2019.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura

Presente

Distinguida diputada

Por instrucciones del maestro Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal General del Estado de Chiapas, y en atención a su oficio número DGPL 64-II-5-1198, mediante el cual solicita se informe a esa Soberanía el avance para combatir el rezago en la investigación de los delitos cometidos contra periodistas, de conformidad con el protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, así como señalar cuáles son los mecanismos que se han implementado y/o diseñado para garantizar las medidas de protección a favor de las víctimas directas e indirectas en esos delitos; me permito expresar lo siguiente:

La Fiscalía General del Estado de Chiapas, es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía financiera, presupuestal, técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, en términos de lo establecido en los artículos 92 de la de la Constitución Política del Estado de Chiapas, y 3 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

La Institución del Ministerio Público se encuentra organizada en una Fiscalía General del Estado y entre las funciones que desempeña se encuentran las de ejercer la representación de la sociedad, velar por la exacta observancia de las leyes de interés general, investigar y perseguir los delitos del orden común, así corno colaborar con otras autoridades en los términos de los convenios, bases y demás instrumentos de colaboración celebrados.

En términos de los artículos 7, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, y 40, 41, 42 y 43 de su Reglamento, la Fiscalía de Periodistas es un órgano sustantivo ministerial, encargado de la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Código Nacional de Procedimientos Penales, Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Código Penal para el Estado de Chiapas, Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y su Reglamento y las demás legislaciones que resulten aplicables.

La Fiscalía de Periodistas a la presente fecha ha abatido en su totalidad el rezago, aplicando los principios de actuación con perspectiva de género, interculturalidad y un enfoque diferenciado fundamentando la estrategia de investigación desde el conocimiento de los hechos hasta la determinación o judicialización, en estricto apego, utilización y aplicación práctica del protocolo homologado de investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otros ordenamientos aplicables en cada uno de sus apartados tanto en conformación de áreas como en distribución y asignación de actividades.

Es importante mencionar que, en lo que va del año, la Fiscalía de Periodistas ha logrado la firma de 14 acuerdos reparatorios, consiguiendo justicia alternativa para quienes han sido víctimas de algún delito cometido en razón del trabajo periodístico y/o el ejercicio de la libertad de expresión.

Respecto a las medidas de protección implementadas, a partir de enero de 2019, la Fiscalía de Periodistas en estricto apego al protocolo homologado y a lo solicitado por el periodista en riesgo, se emiten medias de protección conforme al numeral 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, brindándose el acompañamiento al periodista, así como la supervisión eficiente y eficaz de cumplimiento de las medidas emitidas a través del seguimiento diario, dotación de formatos simplificados de reporte, junta del personal ministerial con el personal policial que cumplirá la medida buscando el fortalecimiento de la comunicación entre policía-fiscal del Ministerio Público y supervisor del área de medidas de protección, quien mantiene comunicación diaria con el periodista y el policía que brinda la medida obteniendo con esto información de primera mano y seguimiento puntual a la medida emitida por el Fiscal del Ministerio Público.

En ese sentido, se han emitido un total de 476 medidas de protección a través de las corporaciones policiales de la Policía Federal, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Policías Municipales, incluyendo las emitidas a favor de los periodistas que brindan cobertura al cruce masivo migrante en el estado. Actualmente existen giradas 50 medidas de protección vigentes.

De igual forma, se ha acercado de forma eficaz la procuración de justicia a los periodistas, a través de visitas del personal de la Fiscalía a Periodistas en cada municipio donde habita el comunicador, víctima de algún delito en razón de su labor periodística o con motivo del ejercicio de la libertad de expresión, generando y fortaleciendo tres aspectos principales:

1. Conocimiento del Mecanismo de Protección de Segob al periodista, conducción al contacto del Mecanismo y acompañamiento en caso de requerirlo.

2. Acercamiento de! personal ministerial al periodista y a la policía que brinda de forma directa las medidas (aliado, obligación, confianza, sensibilidad, atención, seguimiento y evaluación de riesgo) y

3. Visita del personal ministerial a las autoridades locales brindando una explicación directa al personal policial de la medida emitida y de su actuar para su eficaz aplicación y dotándole de un numero de contacto único para reporte en tiempo real y envío de reportes vía electrónica aprovechando las aplicaciones móviles (aliado, seguridad, facilidad y fiabilidad),

Por otro lado, la Fiscalía de Periodista ha impulsado acciones de prevención para combatir los delitos contra la libertad de expresión, implementando capacitaciones y pláticas dirigidas a. periodistas, funcionarios municipales, policías municipales y a la comunidad estudiantil, por lo que se ha logrado un total de 334 beneficiarios.

Asimismo, en el mes de junio se llevó a cabo el programa de capacitación “Investigación de delitos cometidos contra la libertad de expresión”, dirigido a personal de las áreas sustantivas de las Fiscalías de Distritos y de Materia, con la colaboración de expertos de USAID, a través de su proyecto Pro-Voces, i

Finalmente, la Fiscalía de Periodista, a través de su titular, ha participado en las Mesas Técnicas de Parlamento Abierto con relación a la legislación en materia de protección de personas defensoras de derechos humanos y personas periodistas, que encabezó la Comisión de Gobernación y población de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mismas que se realizaron el 16 de julio y el 4 de septiembre del año en curso en la Ciudad de México, en las que se planteó la necesidad de renovar el marco jurídico relativo a prevenir, proteger, investigar, reparar y sancionar los delitos contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

En ese orden de ideas, la Fiscalía General del Estado de Chiapas refrenda el compromiso de tutelar el respeto a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la actividad profesional del periodismo, a través de mecanismos eficientes para garantizar el acceso a la justicia, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, la convivencia y la cohesión social.

Atentamente

Alberto López Rojas

Fiscal Jurídico

(Se turna a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Salud de Chiapas, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a fortalecer las estrategias encaminadas a erradicar la violencia, incluida la autoinfligida, en las escuelas de educación básica y media superior

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 5 de noviembre de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Vicepresidenta de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

En atención a su oficio número DGPL 64-II-3-974; en el cual comunica que “exhorta al impulso y fortalecimiento de estrategias para prevenir y erradicar los diferentes tipos de violencia, incluida la auto infligida, que se ejerce en el ámbito escolar” .

Al respecto me permito hacer de su conocimiento que esta Secretaría de Salud a mi cargo que la mayoría de los casos las acciones violentas en sus diferentes manifestaciones y ámbitos, como el escolar, son resultado de imitaciones de conductas adultas que niñas, niños y adolescentes viven al interior de su familia y de la consecuente pérdida de salud emocional, la estrategia preventiva a realizar a través de la Dirección de Salud Pública, es la realización de sesiones informativas en prevención de maltrato infantil familiar, las cuales se efectúan en las unidades médicas de primer nivel de atención de las 10 jurisdicciones sanitarias y son dirigidas a madres, padres y tutores del menor de 10 años.

En esas sesiones, se tiene como objetivo llevar a cabo acciones formativas dirigidas a los tutores, basadas en una vinculación afectiva sana y en una comunicación asertiva, aspectos que fomentan la autovaloración sana de los infantes y las conductas autoprotectoras.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Doctor José Manuel Cruz Castellanos (rúbrica)

Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud

(Se turna a la Comisión de Educación, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Salud de Chiapas, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la expansión del mosco portador del virus del dengue, la atención urgente y oportuna de los casos detectados como probables y confirmados portadores, y la continuidad en 2020 de las estructuras programáticas para fortalecer las acciones de atención clínica y control del virus

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 5 de noviembre del 2019.

Diputado Marco Antonio Adame Castillo

Vicepresidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

En atención a su oficio número D.G.P.L. 64-II-8-2169, en el cual comunica que “se aprobó punto de acuerdo, exhortando en sus puntos segundo, tercero y cuarto, a los gobiernos de los estados, principalmente de Chiapas y otros, a ampliar y profundizar acciones de coordinación con el objeto de contener la expansión del mosco portador del virus del dengue, y se atienda de manera urgente y oportuna los casos que se han detectado como probables y confirmados portadores del virus, así como valorar de forma urgente la pertinencia de declarar alertas epidemiológicas con el objeto de fortalecer las acciones de atención y manejo clínico de prevención, promoción y control a fin de reducir el impacto de la enfermedad del virus del dengue; asimismo mantengan en el año 2020 las estructuras programáticas para fortalecer las acciones de atención clínica y control del virus del dengue”.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que esta Secretaría de Salud a mi cargo, por parte del Programa de Prevención y Control de Dengue y otras Arbovirosis en el estado de Chiapas, en relación al punto segundo, le informo que se han realizado acciones focalizadas de manera constante en las 10 jurisdicciones sanitarias, sin embargo estas acciones e llevan a cabo de acuerdo a estudios entomológicos que nos ha permitido dirigir las acciones en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Las Rosas, Trinitaria, Villaflores, Reforma, Palenque, Tapachula, Tonalá, Ocosingo y Motozintla; dicho esto, puedo informar que se han realizado las acciones pertinentes, arrojando los siguientes datos: millón 62 mil 701 viviendas visitadas por el personal de control larvario, se fumigaron con insecticida espacial un total de 102 mil 743 hectáreas, se termonebulizaron 17 mil 24 hectáreas, se rociaron intradomiciliarmente 63 mil 86 viviendas y se instalaron 10 mil 378 ovitrampas.

De acuerdo al punto tercero, se menciona que la declaración de alerta epidemiológica debe ser generada por la Dirección General de Epidemiología, por lo que el estado no emite ninguna alerta, pero sí define áreas de riesgo para su abordaje oportuno.

En relación al punto cuarto, se mantendrán las estructuras programáticas para fortalecer las acciones y dar cumplimiento oportuno para 2020, sin omitir que existe una amplia variedad de moscos que no generan peligro en materia de salud pública, pero sí generan una molestia sanitaria, por lo que las actividades que se realizan van con el propósito de evitar la presencia domiciliar del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, visitando viviendas para realizar actividades de promoción, trabajar y asegurar espacios limpios y libres de criaderos de mosquitos. Siempre invitando a la población a realizar acciones en materia de autocuidado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Doctor José Manuel Castellanos (rúbrica)

Secretario de Salud y director general del Instituto de Salud de Chiapas

(Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.)

De la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para reconocer el desplazamiento forzado que ocurre en las entidades federativas

Chihuahua, Chihuahua, a 5 de noviembre de 2019.

Diputada María Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Poder Legislativo Federal

Ciudad de México

Presente

Distinguida vicepresidenta:

Por medio del presente me comunico en atención al oficio SP 0519/2019 signado por el maestro Roberto Fuentes Rascón, secretario particular del gobernador, en relación al oficio número D.G.P.L -64-II-4-1073, signado en su calidad de vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, relacionado con acuerdo aprobado en sesión de fecha 1 de octubre del año en curso, mediante el cual se aprobaron el siguiente punto de acuerdo:

“Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, para que reconozcan el desplazamiento forzado que ocurre en las entidades federativas, así como los riesgos a los que se encuentran expuestos los habitantes que en ella residen. Asimismo consideren el registro de víctimas de desplazamiento forzado a fin de que estas puedan acceder a la reparación del daño que contempla la LGV.”

“Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que atiendan los casos de desplazamientos forzados que le sean canalizados por los titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México.”

En relación con los acuerdos referidos con antelación aprobados en sesión de fecha 1 de octubre de 2019, mediante el cual se exhorta a las autoridades en el ámbito de sus competencias se incorpore acciones y medidas atención sobre el desplazamiento forzado interno, y con fundamento en lo establecido en los artículos 1, 17, 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, 14 y 16 de la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua, así como lo establecido por los principios rectores de desplazamientos internos aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 11 de febrero de 1998, por me permito hacer del conocimiento las acciones implementadas y propuestas relacionadas con la atención sobre el desplazamiento forzado interno, por parte del gobierno del estado de Chihuahua a través de esta Comisión Ejecutiva, con base en los siguientes rubros:

I) Acciones implementadas para atender la problemática del grupo de familias desplazadas por parte del gobierno del estado de Chihuahua a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado

1. Impulso de políticas públicas

a) Invitación al Equipo del Consejo Noruego para Refugiados

Ante la necesidad de crear una mayor conciencia entre los servidores públicos, para que pueda imperar un cambio verdadero, fue primordial para la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales del gobernador en colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, invitar al Equipo del Consejo Noruego para Refugiados, a impartir un taller sobre el desplazamiento interno forzado, al que se convocó a los tres poderes de gobierno, funcionarios de primer nivel, y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de generar sinergias de trabajo entre todas las dependencias, logrando como resultado gestiones interinstitucionales más efectivas en la instrumentación de las medidas de ayuda, asistencia y atención para personas en situación de desplazamiento.

b) Propuesta de protocolo de actuación en materia de desplazamiento interno forzado

Finalizando el taller con el equipo del Consejo Noruego para Refugiados Forzado, se realizó una minuta en la que se acordó entre todas los presentes realizar un protocolo de actuación en materia de desplazamiento interno forzado, para lo cual, se creó una comisión especial encargada de coordinar los trabajos para la realización del mismo, se han llevado a cabo diversas reuniones de trabajo, y ello ha permitido que se cuente con una coordinación interinstitucional a fin de atender el tema de desplazamiento.

Los integrantes de dicha Comisión son la Dirección de Normatividad, la Coordinación de Asesores y Proyectos Especiales, la Fiscalía General del Estado, organizaciones de sociedad civil y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

e) Foro internacional sobre principios rectores de desplazamiento forzado con presencia de la Relatora Especial de los Derechos Humanos de las personas desplazadas internas de Naciones Unidas

Adicionalmente y a fin de sensibilizar a las instancias gubernamentales en el tema el gobierno del estado de Chihuahua, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas, en el marco del XX aniversario de los principios rectores de desplazamiento interno con fecha 3 de septiembre de 2018, en la ciudad de Chihuahua, se llevó a cabo el Foro internacional sobre el desplazamiento forzado interno, estando presente la relatora especial de los derechos humanos de las personas desplazadas internas de Naciones Unidas, Cecilia Jiménez Damary.

d) Diagnóstico sobre el desplazamiento forzado interno

Con este diagnóstico esta comisión ejecutiva pretendemos, a priori, expresar nuestra determinación de combatir las circunstancias que generan el desplazamiento interno forzado, sensibilizar y hacer visible el desplazamiento interno forzado a efecto de que más servidores y servidoras públicas, logren identificar cuando se encuentren a una persona que está en dicha situación y tengan un conocimiento más amplio sobre los efectos devastadores que el desplazamiento forzado tiene, en aras de fortalecer el trabajo emprendido en conjunto para una pronta y efectiva solución.

La Comisión Ejecutiva, a fin de fortalecer dicho diagnóstico, ha realizado entrevistas de manera personal con los integrantes de las familias desplazadas que atienden actualmente.

II) Proyectos pendientes de implementar

a) Plan Estatal de Trabajo para la Atención de Personas en Situación de Desplazamiento Forzado Interno, Víctimas del delito o de Violación a Derechos Humanos.

Dicho plan tiene como objetivo establecer los mecanismos necesarios y suficientes para la atención a personas que se encuentran en calidad de desplazamiento forzado en virtud de la comisión de delitos o bien de violaciones a los derechos humanos, mediante la coordinación y colaboración de las autoridades e instituciones pertenecientes al Sistema Estatal de Atención a Víctimas, involucrando activamente a organismos de la sociedad civil.

Se plantean las estrategias generales para el desarrollo del trabajo multisectorial en las que se atenderá de manera puntual las obligaciones de los entes o autoridades responsables, partiendo de los derechos de las víctimas establecidos en la normatividad aplicable, particularmente la Ley General de Víctimas.

• Implementar y operar programas de colaboración y coordinación interinstitucionales e intersectoriales para la debida atención al desplazamiento forzado interno en el estado de Chihuahua.

• Instrumenta una comisión especializada para la atención del desplazamiento forzado interno a partir del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, así como, derivados de dicha comisión, comités de trabajo por rubro de atención y/o servicio.

b) Presentación del Diagnóstico y Plan Estatal para la Atención de Personas en Situación de Desplazamiento Forzado Interno ante la sesión del Sistema Estatal de Víctimas del Estado de Chihuahua a efecto de generar las acciones necesarias para atender el tema.

c) Creación de un fondo especial para atención a víctimas en situación de desplazamiento dentro de los proyectos para atención a la situación de desplazamiento, dentro del Fideicomiso FAAR, Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación a Víctimas del Delito del Estado de Chihuahua, se ha considerado en la proyección 2019 presentar ante el Comité Técnico de dicho fideicomiso solicitar un fondo especial para atender a víctimas en situación de desplazamiento.

Por otra parte, es importante señalar que el gobierno del estado de Chihuahua a través de esta Comisión Ejecutiva ha atendido puntualmente los casos de personas en situación de desplazamiento forzado interno, activando las medidas de ayuda humanitaria necesarias para su debida atención de los casos canalizados y/o de personas que han acudido directamente a esta Comisión Ejecutiva.

Ahora bien a efecto de que el tema sea abordado de forma integral exhortamos respetuosamente a las autoridades del Poder Legislativo a realizar los cambios legislativos necesarios a efecto de brindar mayor certeza jurídica a las personas que viven en situación de desplazamiento forzado interno.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo, esperando que la información remitida sea de utilidad.

Atentamente

Licenciada Irma Antonia Villanueva Nájera (rúbrica)

Comisionada de Atención a Víctimas en el Estado de Chihuahua

(Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.)

De la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a implantar acciones encaminadas a erradicar el ciberacoso en las escuelas públicas y las privadas

Chihuahua, Chihuahua, a 31 de octubre de 2019.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta

Presente

Por medio del presente, en atención a su oficio SP 0534/2019, donde se da a conocer el oficio número D.G.P.L. 64-II-5-1196, por medio del cual informa que, en sesión celebrada el día 1 de octubre de 2019, se aprobó el dictamen con el acuerdo para que se implementen y fortalezcan campañas preventivas entre las comunidades escolares a fin de prevenir el acoso cibernético. Por lo que se hace de su conocimiento las acciones que se implementaran dentro de esta honorable Comisión Estatal de Seguridad, siendo las siguientes:

Se brindarán pláticas preventivas en los planteles educativos del estado, a través de la División de Seguridad Bancaria y Comercial de esta honorable Comisión Estatal de Seguridad, implementando el denominado programa (D.AR.E.) Educación sobre Resistencia al Abuso de las Drogas, consistente en pláticas y rondines de vigilancia, sobre temas como el abuso de drogas y sus efectos, el alcoholismo, acoso sexual y acoso cibernético. Asimismo, se trabaja en conjunto a la Unidad de Delitos Cibernéticos de la Fiscalía General del Estado para combatir dichos delitos.

Sin más por el momento, quedo de usted, reiterando mi más atenta y distinguida consideración, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio efectivo. No reelección.

Maestro Óscar Alberto Aparicio Avendaño

Comisionado Estatal de Seguridad y Representante Legal de la LOC 192

(Se turna a la Comisión de Educación, para su conocimiento.)

De la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a combatir el rezago en la investigación de los delitos cometidos contra periodistas y la libertad de expresión

Hidalgo del Parral, Chihuahua, a 7 de noviembre de 2019.

Diputada María Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

Por este conducto y de conformidad con el numeral 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales de vigente aplicación, y en atención al oficio número DGPL 64-II-5-1198, signado por usted, mediante el cual solicita que se haga de su conocimiento diversos puntos relativos a los delitos cometidos contra periodistas, me permito informarle que:

1. En la zona a mi cargo, no se cuenta con rezago en relación con carpetas de investigación iniciadas por delitos cometidos contra periodistas, y las investigaciones con las que se cuenta, se les está dando el trámite correspondiente.

2. En cuanto a los mecanismos que se han implementado y/o diseñado para garantizar las medidas de protección idóneas durante la investigación, cuando las víctimas directas e indirectas se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión, se han aplicado las medidas de protección que se señalan en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sin otro asunto de momento, reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Maestra Lilia Ivonne Maldonado Nieves (rúbrica)

Agente del Ministerio Público, adscrita a la General del Estado
y por Acuerdo Delegatorio de Facultades en Funciones de Fiscal de Distrito, Zona Sur

(Se turna a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Salud de Chihuahua, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a fortalecer los programas destinados a la detección y el tratamiento tempranos de cáncer en niños y adolescentes

Chihuahua, Chihuahua, a 6 de noviembre del 2019.

Diputado Marco Antonio Adame Castillo

Vicepresidente de la Mesa Directiva

LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Por este conducto, y en respuesta al oficio número D.G.P.L. 64-II-7-1077, con fecha del 1 de octubre de 2019, hago de su conocimiento que la Secretaría de Salud del estado de Chihuahua continúa desarrollando acciones para fortalecer la detección temprana y tratamiento oportuno de cáncer en menores de 18 años.

Actualmente, y derivado de la concertación entre la Secretaría de Educación y Deporte, la Secretaría de Salud, por conducto de Servicios de Salud de Chihuahua y Fundación CIMA, AC, se está llevando a cabo el Programa de Tamizaje para la Detección Oportuna de Cáncer Infantil, en las niñas y niños de primer grado de primaria y preescolar en el estado de Chihuahua, acudiendo brigadas médicas (conformadas por un médico, un odontólogo y un enfermero), a cada una de las escuelas para evaluar a los alumnos, refiriéndose a las unidades de salud a todo aquel en el que se encuentren signos o síntomas de sospecha de cáncer, para su valoración médica completa. También se evalúa la salud bucal y estado nutricional de los menores, refiriéndose a quienes lo necesiten.

Asimismo, el Programa Estatal para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en la Infancia y Adolescencia, continúa capacitando al personal de salud con el fin de mejorar las habilidades y competencias para la detección y atención del cáncer en menores de 18 años; verifica la aplicación de cédulas de detección oportuna de cáncer en menores de 18 años, en la unidades médicas de primer nivel de atención; difunde mensajes de detección oportuna, signos y síntomas de sospecha de cáncer en la infancia y adolescencia, realiza supervisiones a las Unidades Médicas Acreditadas en la atención de niños y adolescentes con cáncer, con el fin de detectar debilidades en la infraestructura, atención y manejo. Cuenta con un Registro Estatal el cual coadyuva en el fortalecimiento de los sistemas de información en salud relacionados al cáncer en la infancia y adolescencia, para la elaboración y difusión de reportes epidemiológicos relevantes, y en el análisis del contenido para la toma de decisiones. Se cuenta con un Consejo Estatal para la Prevención y Tratamiento del Cáncer en Infancia y Adolescencia, el cual es un órgano consultivo e instancia permanente de coordinación y concertación de acciones de los sectores público, privado y social en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento integral del cáncer en los menores de 18 años de edad en nuestro país.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio efectivo. No reelección.

Doctor Jesús Enrique Grajeda Herrera (rúbrica)

Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud de Chihuahua

(Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.)

Del Congreso de Chihuahua, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para que las legislaturas locales armonicen su marco legal de acuerdo con la atención, el cuidado y el desarrollo integral infantiles

Chihuahua, Chihuahua, a 10 de octubre de 2019.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

En sesión de esta fecha, informé al honorable Congreso de su oficio número DGPL 64-II-4-1076, por medio del cual nos comunica el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, en el que exhorta a los Congresos locales que aún no han dado cumplimiento a lo establecido en el artículo quinto transitorio de la Ley General de Prestación de los Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, para que a la brevedad posible, realicen un proceso de armonización en su marco legal relacionadas con las disposiciones contenidas.

Asimismo, me permito manifestarle que, precisamente, en relación con el tema de referencia, esta honorable representación popular, en la sesión celebrada el día de hoy, aprobó mediante decreto número LXVI/EXLEY/0395/2019 I P.O., expedir la nueva Ley que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Chihuahua.

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Diputado René Frías Bencomo (rúbrica)

Presidente del Honorable Congreso del Estado

(Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios de México

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

Por instrucciones del licenciado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador constitucional del estado de Guanajuato y en atención a su oficio número DGPL 64-II-6-1101, por el cual hace de conocimiento la aprobación del acuerdo que a la letra señala:

Primero. ...

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de los entidades federativos, para que en el marco de sus atribuciones y facultades emprendan todas los medidas que garanticen el respeto irrestricto de los derechos humanos de los mujeres privados de su libertad en los distintos centros penitenciarios del país, para lograr una reinserción social eficaz y prevenir la desintegración familiar.”

Con base en lo anterior me permito manifestar lo siguiente:

Los derechos humanos de las personas privadas de la libertad es una premisa importante en el Sistema Penitenciario del Estado de Guanajuato. Como resultado de nuestros procesos y actividades somos reconocidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el primer lugar nacional por cuarto año consecutivo, al cumplir favorablemente los rubros del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Estos rubros son: condiciones de gobernabilidad; reinserción social; atención a grupos de internos con requerimientos específicos y aspectos que garantizan la integridad física y moral; así como una estancia digna de la persona privada de la libertad.

Certificamos los diez centros penitenciarios del estado, así como las oficinas centrales de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Obtuvimos el Premio Internacional Águila Dorada, otorgado por la American Correctional Association (ACA, por su sigla en inglés), presea concedida a las instituciones penitenciarias que logran mejorar las operaciones de todos sus centros penitenciarios. Con ello, proporcionamos mayor seguridad al personal que labora en ellos, a los visitantes y a las personas privadas de la libertad bajo el cumplimiento de estándares internacionales. Logramos así ser el segundo estado en el país que cuenta con este reconocimiento. El sistema penitenciario tiene como objetivo lograr la reinserción social, el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte. Todos estos son elementos esenciales del plan de actividades diseñados para las personas privadas de la libertad.

Cabe señalar que en los centros penitenciarios ubicados en los municipios de Guanajuato, León y Valle de Santiago, contamos con secciones, módulos o dormitorios exclusivos para mujeres, donde se les otorga y garantiza, programas encaminados a su atención, conforme a las necesidades propias de su género, tales como:

• Programas de atención médica;

• Programas de educación;

• Programas de deporte; y

• Programas de capacitación para el trabajo.

Asimismo, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, estructuramos apoyos que se brindan a las mujeres privadas de su libertad, a efecto de fortalecer su reinserción a la sociedad, consistentes en ofrecer una serie de actividades debidamente planeadas, a través del Programo Anual de Reinserción Social, las cuales son implementadas por las coordinaciones técnicas de cada uno de los centros estatales de prevención y reinserción social.

Igualmente, brindamos el servicio de salud de primer nivel de atención, con el personal médico de los centros de prevención y reinserción social; y respecto al segundo y tercer nivel el servicio se brinda a través de los hospitales de la Secretaría de Salud estatal, así como del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (a cargo del gobierno federal); todo con estricto apego a la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-20 16, punto 5, para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, criterios y procedimientos para la prestación del servicio.

En los casos de mujeres embarazadas privadas de su libertad en los centros penitenciarios, se brinda servicio médico y se garantiza la supervisión de un especialista en obstetricia, mediante el siguiente proceso:

• Se confirma diagnóstico de embarazo en caso de sospecha;

• Se inicia el control y supervisión del embarazo de manera mensual;

• Se gestionan las citas con especialistas en atención de segundo nivel; y

• Se determina la resolución obstétrica que amerite el caso.

Una vez nacido el menor, se pone a disposición de la madre y se le brindan las atenciones necesarias para su cuidado integral, incluyendo la atención médica pertinente.

Las acciones dirigidas a las niñas y niños que viven con sus madres privadas de la libertad, es el control de niño sano, tales como:

• Control sobre crecimiento de desarrollo;

• Patologías, esquemas de vacunación de acuerdo a su edad; y

• Alimentación balanceada.

Por último, los Centros Estatales de Prevención y Reinserción Social de Guanajuato, cuentan con un procedimiento establecido para la imposición de medidas disciplinarias, atendiendo el debido proceso, tal y como lo dispone la Ley Nacional de Ejecución Penal, respetando en todo momento los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad y las restricciones que la misma ley establece; además, de manera constante capacitamos al personal de las áreas técnica, jurídica y de seguridad penitenciaria, en temas relacionados con derechos humanos, así como sobre el tratado internacional denominado Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes, “Reglas Bangkok”, como instrumento necesario para dar puntual atención a las necesidades propias de la mujer que se encuentra en reclusión.

La Administración Pública Estatal 2018-2024, refrenda su compromiso en garantizar el respeto irrestricto de los derechos humemos de las mujeres privadas de su libertad en los centros estatales de prevención y reinserción social.

Reciba un cordial saludo y a la vez encomiamos la labor de ese órgano legislativo al que representa.

Respetuosamente

Guanajuato, Guanajuato, a 23 de octubre de 2019.

Licenciado Luis Ernesto Ayala Torres (rúbrica)

Secretario de Gobierno

(Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.)

De la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la aplicación del criterio jurisdiccional de investigar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres

Diputado Marco Antonio Adame Castillo

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal

Presente

Anteponiendo un cordial saludo, aprovecho la ocasión para referirme al oficio número DGPL 64-II-7-1074, por virtud del cual se hace del conocimiento del titular de esta institución que en sesión de fecha 1 de octubre del año en curso se aprobó dictamen con punto de acuerdo de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados que integra tres exhortos, de los cuales únicamente el primero se encuentra dirigido, entre otras fiscalías, a esta representación social, de cuyo contenido se desprende que “la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las procuradurías y fiscalías generales de justicia de los estados de [...] Guanajuato[...] a aplicar el criterio jurisdiccional de investigar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres” (lo subrayado es nuestro). Desde nuestro ámbito competencial, por instrucciones del fiscal general del Estado de Guanajuato, maestro Carlos Zamarripa Aguirre, al tiempo de acusar recibo del ocurso en cita, se hace extensivo lo siguiente:

Los principios de igualdad y no discriminación por razones de género constituyen pilares fundamentales para la protección de las mujeres, adolescentes y niñas, correspondiendo al Estado velar por su irrestricta tutela y salvaguarda, a través, entre otras acciones, de la implantación de políticas públicas que contribuyan a erradicar conductas que atenten contra su vida, libertad, desarrollo personal y seguridad, principalmente.

De conformidad con el particular ámbito de actuación de la fiscalía general, vinculado por antonomasia con la investigación y persecución de los delitos que corresponde al Ministerio Público del fuero local, y convencidos de su ejercicio en un marco de arreglo a la legalidad, así como de manera específica, en el supuesto de ilícitos penales cometidos contra mujeres, adolescentes y niñas, dicha actuación, además, se ajusta a los principios, criterios y políticas públicas con perspectiva de género instauradas en el ámbito estatal.

Respecto al exhorto identificado como primero, se hace patente que desde esta representación social, en el ejercicio de sus atribuciones de procuración de justicia, se observan en lo conducente los criterios jurisdiccionales orientadores en nuestra actuación, a fin de encauzar nuestras investigaciones vinculadas con delitos cometidos contra mujeres, adolescentes y niñas, específicamente en los casos que se abordan en el exhorto de mérito, desde un enfoque de perspectiva de género.

En esta institución hemos implantado esquemas de atención y servicio, la configuración de instancias especializadas, instrumentos normativos en tal asignatura, capacitación continua en perspectiva de género y derechos humanos, así como diversos mecanismos que nos han permitido coadyuvar en garantizar, desde la esfera de nuestras atribuciones, el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia y de acceso a la justicia, así como para atender y erradicar la violencia contra ellas, que garanticen la observancia irrestricta de sus prerrogativas fundamentales, entre las cuales destacan las siguientes acciones:

Políticas y acciones en el rubro de investigación y servicio

1. Se cuenta con unidades de atención integral a las mujeres, las cuales tienen por objeto investigar, a través de un enfoque multidisciplinario e integral, sustentado en la perspectiva de género, los delitos contra mujeres cometidos por su condición o por razones de género.

2. Operación del Centro de Justicia para las Mujeres, donde se prestan servicios especializados e integrales a través de diversas instancias, en cuatro ejes fundamentales: prevención, atención, acceso a la justicia y empoderamiento. Dicho centro obtuvo en noviembre del año próximo pasado la certificación en el Sistema de Integridad Institucional de 2018, otorgada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

3. Se cuenta con protocolos de investigación con perspectiva de género, particularmente para la investigación del delito de feminicidio, de violación, de violencia familiar cometido en agravio de mujeres, y sobre no localización de mujeres.

En dichos protocolos se establecen procesos homologados de actuación, se precisan las directrices generales para la estandarización de la función investigadora en el marco irrestricto de la legalidad y el respeto de los derechos humanos, a fin de proveer al esclarecimiento de los hechos con un enfoque de género.

Las directrices establecidas en tales protocolos son aplicables y utilizadas como orientación en la investigación de los delitos relacionados con violencia contra las mujeres por razones de género.

4. Operación del Programa Alerta Amber en Guanajuato, el cual concentra esfuerzos en la recuperación de menores sustraídos o no localizados, mediante el desarrollo y la coordinación de acciones conjuntas entre autoridades y sociedad civil para su búsqueda.

5. Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores, instancia ministerial que tiene a su cargo la investigación, la persecución y el combate de los delitos de trata de personas y corrupción de menores, y delitos conexos.

6. Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares, encargada en el estado de iniciar, dirigir, coordinar y supervisar la investigación y persecución de los delitos considerados en la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en el ámbito competencial correspondiente.

Normativa interna con perspectiva de género

1. Acuerdo por el que se establecen políticas de atención al público, especialmente en favor de los grupos vulnerables.

2. Acuerdo mediante el cual se emiten los Lineamientos para la Atención Integral y Acceso a la Justicia a las Mujeres Víctimas del Delito, cuyo objeto es establecer disposiciones para que todas las mujeres y niñas víctimas u ofendidas de una conducta constitutiva de delito reciban atención adecuada en el ámbito competencial de esta institución, así como las políticas en materia de procuración de justicia contra la violencia hacia las mujeres.

3. Acuerdo por el que se adoptan formalmente los protocolos de investigación con perspectiva de género actualizados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (ahora Fiscalía General).

4. Circular mediante la cual se instruye a los agentes y delegados del Ministerio Público a “brindar atención y apoyo a las víctimas del delito con estricto arreglo a sus derechos y, en su caso, canalizarlas de manera inmediata a las instancias competentes”.

5. Circular mediante la cual se instruye al personal ministerial y sus órganos auxiliares para instaurar políticas de atención con perspectiva de género. En ella se privilegia la atención a las mujeres, con el propósito de liberar de todo tipo de estereotipos las actuaciones en su favor y brindarles una protección de sus derechos más oportuna.

6. Circular mediante la cual se dictan instrucciones a los servidores públicos de esta representación social para atender sus obligaciones en el trato de las víctimas y ofendidas del delito, y respetar sus derechos humanos.

7. Principios Básicos de Atención Ministerial con Perspectiva de Género a favor de las Mujeres Víctimas de Violencia y Decálogo de Derechos a favor de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género.

Acciones en materia de atención a víctimas

1. Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, área especializada en otorgar atención a las personas víctimas y ofendidas del delito, como parte de la reparación integral del daño.

2. Brindamos apoyo a través del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas y Ofendidos del Delito, cuyos recursos se aplican para otorgar bienes o servicios a la persona víctima u ofendida, conforme al marco jurídico aplicable.

3. Refugio temporal, espacio y entorno de protección donde se otorga atención especializada e integral a favor de las mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos menores de edad.

4. Coordinación de Evaluación Psicológica Forense, opera en apoyo de las fiscalías regionales y especializadas de esta fiscalía general, a fin de determinar el estado emocional de las víctimas, tras haber sufrido las consecuencias lesivas de la comisión de una conducta delictiva.

5. Unidades de asesoría jurídica y consulta penal, destinadas a la asesoría y representación jurídica en favor de la personas víctimas u ofendidas del delito, en los términos de la legislación conducente.

6. Emisión de órdenes de protección a fin de proteger la vida, integridad física y psicológica, así como el patrimonio de las víctimas.

Capacitación y profesionalización con perspectiva de género

1. Seguimiento al Programa Estatal de Capacitación con Enfoque de Derechos Humanos y Perspectiva de Género para Servidoras y Servidores Públicos 2015-2018.

2. Capacitación y especialización permanente en materia de derechos humanos y perspectiva de género a las servidoras y los servidores públicos, a fin de otorgar servicios de calidad, empáticos y profesionales a quienes lo requieren.

3. Obtuvimos la certificación de la Competencia Laboral EC0497, “Orientación telefónica a mujeres y víctimas de la violencia basada en el género”, para las llamadas recibidas a través de la línea telefónica 01800 dnuncia, a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales.

4. Con objeto de brindar formación integral a las mujeres y los hombres que ingresan en la institución como agentes de investigación criminal, fue incorporada a la currícula de la Academia de Investigación Criminal la asignatura “Perspectiva de género y actuación policial”.

5. Ejecutamos de manera coordinada con el Instituto Nacional de Ciencias Penales el diplomado en centros de justicia para las mujeres.

Difusión, información y transparencia

1. Se cuenta con el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, el cual se erige como la red estatal de información sobre casos de violencia contra las mujeres.

2. Diseño y ejecución de estrategias de comunicación en la materia, y esquemas de difusión, como promocionales en temas relacionados con el Centro de Justicia para las Mujeres; No caigas en el grooming con el hashtag #NoEsTuAmigoEsTu, como acción contra el delito de corrupción de menores, pornografía infantil, trata de personas y violación, y difusión de talleres relacionados con la erradicación de la violencia contra las mujeres.

3. Conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y de los “16 días de activismo contra la violencia de género”. En tal perspectiva, por ejemplo, del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2018, a través del Centro de Justicia para las Mujeres, realizamos diversas actividades encaminadas a prevenir y atender dicha violencia.

4. En el portal de internet de esta representación social se tiene disponible el enlace “Procuración de justicia con perspectiva de género”, en el cual, entre otros rubros, se difunden para conocimiento y consulta diversos criterios jurisprudenciales con perspectiva de género, entre ellos el referido en el exhorto en cita.

5. Entre otras acciones de análoga naturaleza y fines.

En aras de hacer visible el cúmulo de acciones implantadas a escala institucional en la materia, así como el compromiso asumido para hacer asequible el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de las mujeres, adolescentes y niñas, nos permitimos señalar la adopción, instauración y actualización de los protocolos de investigación con perspectiva de género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, formalizados desde 2013 y que se estructuraron con base en los “Lineamientos generales para la estandarización de investigaciones de los delitos relacionados con desapariciones de mujeres, del delito de violación de mujeres y del delito de homicidio de mujeres por razones de género”,2 pasando por su actualización en el primer semestre de 2014.

Adicionalmente, durante el segundo semestre de 2014, dichos instrumentos nuevamente se sometieron a un proceso de revisión, donde se contó con aportaciones de instituciones públicas y privadas, nacionales, estatales e internacionales, especializadas en perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres, derivando en la publicación el 29 de diciembre de 2014, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 207, sexta parte, del acuerdo número 7/2014, por el que se adoptan formalmente los protocolos de investigación con perspectiva de género actualizados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (ahora Fiscalía General), en cuya versión se cuenta con actualizaciones y ajustes relativos al fortalecimiento del uso de lenguaje incluyente, la adición de principios, la variación de la estructura formal para identificar disposiciones comunes y potenciar las disposiciones específicas, así como la profundización en los esquemas de evaluación y seguimiento, entre otras cuestiones de análoga envergadura.

El documento referido, como se indicó ad supra, 2 se integra por los siguientes protocolos específicos: I. Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género del Delito de Feminicidio; II. Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género del Delito de Violación cometido en Agravio de Mujeres; III. Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género del Delito de Violencia Familiar cometido en Agravio de Mujeres; y IV. Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género sobre no Localización de Mujeres.

Con motivo de la materia del exhorto que nos ocupa, consideramos pertinente mencionar que el Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género del Delito de Feminicidio precisa el contexto histórico y social de dicho tipo penal, y se erige como un instrumento orientador de las diligencias ministeriales, policiales y periciales para su investigación. Prevé directrices y una metodología sistemática para desarrollar una investigación estandarizada, conforme a líneas de investigación atinentes y puntuales, a partir de acciones de carácter interdisciplinario a cargo del Ministerio Público y sus órganos auxiliares.

Entre las cuestiones relevantes que establece el instrumento protocolario en cita destacan las siguientes:

• Se aplica de manera sistemática frente a todos los casos de muertes violentas de mujeres, así como en los casos de suicidio de mujeres, muerte de mujeres aparentemente accidentales y casos de muerte más remota, entre otros.

• Una vez que se tiene conocimiento de un hecho delictivo como la muerte violenta de una mujer, las autoridades estatales tienen la obligación de iniciar ex officio y sin dilación la investigación respectiva.

• Las y los agentes del Ministerio Público tienen el deber de aplicar la perspectiva de género en cada una de las diligencias ministeriales, así como observar los principios rectores que deben considerar en una investigación del delito de feminicidio.3

• Asimismo, destaca la pertinencia para que las y los operadores de dicho protocolo, en los casos conducentes y según las circunstancias concretas, implanten las disposiciones establecidas en el “Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”.

Así pues, de la suma de acciones, estrategias, políticas y demás actividades descritas se desprenden la visión e interés de esta institución de procuración de justicia en el tema de mérito, desde cuyo enfoque continuaremos con el firme propósito de abonar desde nuestra esfera de atribuciones a la consolidación de ambientes libres de violencia, proseguir el desarrollo de nuestras funciones de investigación y persecución del delito con una perspectiva de género en los casos que así lo ameriten, que coadyuven en todo momento al acceso a la justicia de las mujeres y el respecto del derecho a una vida libre de violencia.

Sin más por el momento, patentizando el compromiso de proseguir la instauración y ejecución de acciones en favor de las mujeres, adolescentes y niñas, hago propicia la ocasión para patentizar mi consideración atenta y distinguida.

Notas

1 Elaborados por la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

2 Número 3 del apartado “Políticas y acciones en el rubro de investigación y servicio”.

3 Entre ellos se encuentran i) Recuperar y preservar el material probatorio relacionado con el feminicidio; ii. Preservar el sitio del suceso; iii. Determinar la identidad de la víctima; iv. Determinar fehacientemente las causas de su muerte; v. Identificar a posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con el delito que se investiga; y vi. Determinar la causa, la forma, el lugar y el momento del delito, así como cualquier patrón o práctica que puedas haber causado su comisión.

Atentamente

Guanajuato, Guanajuato, a 17 de octubre de 2019.

Maestra Bernardina Elizabeth Durán Isaís (rúbrica)

Directora General Jurídica

(Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento. )

De la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a combatir el rezago en la investigación de los delitos cometidos contra periodistas y la libertad de expresión

Diputada Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

Al tiempo de acusar recibo de su oficio número DGPL 64-II-5-1198, por medio del cual hace extensivo a la Fiscalía General del Estado el acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que a la letra dice:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Fiscalía General de la República, y a las fiscalías generales o procuradurías generales de las entidades federativas que informen a esta soberanía respecto al avance para combatir el rezago en la investigación de los delitos cometidos contra periodistas de conformidad con el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República, y a las fiscalías generales de los estados o procuradurías generales a hacer público con la mayor brevedad cuáles son los mecanismos implantados o diseñados para garantizar las medidas de protección idóneas durante la investigación cuando las víctimas directas e indirectas se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión (lo subrayado en nuestro).

Enmarcados en ese contexto, desde nuestro ámbito competencial, por instrucciones del fiscal general del Estado de Guanajuato, maestro Carlos Zamarripa Aguirre, respecto a los exhortos de mérito, a través de las presentes líneas nos permitimos señalar lo siguiente:

La libertad de expresión es un derecho fundamental, consagrado en los artículos 6o. y 7o. de la Carta Magna, que coadyuva al ejercicio de otras prerrogativas sociales y humanas de similar envergadura, como la libertad de prensa, y los derechos de reunión y asociación, de petición y de participación política-ciudadana, que conjuntamente se erigen como elementos esenciales para la democracia, el desarrollo comunitario y el diálogo con la sociedad civil y, por ende, constituyen piedras angulares para la consolidación de un auténtico estado constitucional y democrático de derecho.

De conformidad con el exhorto primero del punto de acuerdo que nos ocupa, al tiempo destacar que las conductas delictivas perpetradas contra personas pertenecientes a los medios de comunicación por razón de su función son actos intolerables, esta fiscalía general patentiza su compromiso desde su ámbito de competencia a efecto de continuar avanzando y consolidando escenarios pertinentes para el ejercicio de dicha profesión y, particularmente, del derecho a la libre expresión de las ideas.

Es de refrendar la convicción de servir a la sociedad, desempeñando las atribuciones que por antonomasia nos competen, particularmente en la investigación y persecución de los delitos del fuero común, atendiendo al principio de legalidad, así como a los derechos humanos de las personas, con el objetivo permanente de procurar justicia de forma oportuna.

Es de señalar que nuestra entidad federativa, derivado del trabajo conjunto y coordinado que las autoridades en materia de procuración de justicia y seguridad pública realizan en el marco de sus respectivas atribuciones, se mantiene dentro de estándares positivos tratándose de delitos cometidos contra la libertad de expresión o periodistas, puntualizando que de las bases de datos con que cuenta esta representación social se desprende que no representa una situación de incidencia focalizable, sin que haya algún rezago en su atención conforme al marco jurídico en la materia.

Sin demérito de lo anterior, y en el entendido de que un solo caso de violencia contra periodistas es relevante dada su alta sensibilidad y trascendencia social, frente a este tipo de situaciones nuestra representación social actúa en observancia irrestricta del ámbito de atribuciones que le ha sido conferido, respetando los principios de legalidad y pro personae.

Ahora bien, en relación con el contenido del numeral segundo del punto de acuerdo en cita, es de referir que contamos con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, instancia encargada de coordinar y llevar a cabo la investigación y persecución especializada de los hechos relativos a la probable comisión de delitos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Guanajuato. Ésta actúa con particular responsabilidad en el desempeño de dicha tarea, con arreglo a derecho, y de conformidad con los principios constitucionales y legales que sustentan nuestra función, observando y aplicando en lo conducente los tratados internacionales de que el Estado mexicano es parte y han sido ratificados conforme al procedimiento legislativo conducente.

A escala local, en el marco de un procedimiento penal, el Ministerio Público adopta las medidas urgentes de protección procedentes a favor de las víctimas y ofendidos del delito que resulten necesarias para salvaguardar sus derechos y prerrogativas, desde un enfoque profesional y libre de estereotipos, así como considerando las condiciones particulares y el grado de vulnerabilidad de las personas víctimas y ofendidas.

En la entidad se cuenta con la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 2 que tiene por objeto promover y proteger el derecho al ejercicio periodístico, así como la defensa de los derechos humanos para garantizar la seguridad y la libertad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y salvaguardar su vida e integridad física, psicológica y económica cuando se encuentren en riesgo con motivo de su actividad.

En relación con lo señalado en el punto segundo del acuerdo de referencia, de parte de la Fiscalía General del Estado se destacan las siguientes acciones mayormente significativas:

• Participación en el Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato.3

• Permanente y continua capacitación de las y los servidores públicos de esta institución.

• Difusión entre las y los servidores públicos de la Fiscalía General de la normativa en la materia y del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, para debido conocimiento y aplicación.

• Entre otras acciones de análoga naturaleza,

Convencidos de nuestra responsabilidad con la sociedad guanajuatense, específicamente en el ámbito de esta instancia de procuración de justicia, de forma permanente emprendemos estrategias de mejora institucional a fin de consolidar los esquemas de investigación y persecución del delito, así como de atención y recepción de denuncias o querellas, con lo cual se contribuye a evitar la impunidad y a desincentivar la comisión de actos de violencia, particularmente aquellos cuyos efectos son resentidos por los profesionales del periodismo en razón de su ejercicio. Por ello, en el supuesto de que se presente una situación vinculada con el ejercicio de la labor periodística, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato actúa en observancia irrestricta desde el ámbito de atribuciones que nos ha sido conferido, siempre con la visión de respeto de la legalidad y de una actuación objetiva e imparcial, a efecto de garantizar el estado de derecho y evitar impunidad.4

Como corolario y en razón de las acciones y políticas que se han venido enumerando, es de señalar que la consolidación de un auténtico estado constitucional y democrático de derecho reside, entre otros elementos, en el reconocimiento de las prerrogativas inherentes a la dignidad de la persona, así como en el respeto y protección de sus derechos humanos por las autoridades y, desde luego, en la instauración de mecanismos eficaces para su adecuado ejercicio.

Para la Fiscalía General del Estado, la libertad de expresión reviste importancia significativa, en tanto representa la potestad de allegarse, procesar y difundir información, con lo cual se promueve el fortalecimiento de una ciudadanía crítica e informada.

Sin más por el momento, al tiempo de refrendar nuestra vocación y compromiso institucional por continuar trabajando activamente en favor de los derechos humanos, en especial el derecho a la libertad de expresión, aprovecho la ocasión para enviarle un respetuoso saludo.

Notas

2 Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 185, segunda parte, del 26 de octubre de 2017.

3 Dicho consejo estatal, en atención de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato, se forma por la Secretaria de Gobierno, que lo presidirá, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Consejo del Poder Judicial, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, tres representantes de las personas defensoras de derechos humanos y tres representantes de los periodistas, y tiene por objeto emprender acciones y promover políticas públicas que garanticen los derechos y las medidas contenidas en tal legislación.

4 La Fiscalía General del Estado de Guanajuato cuenta con total cobertura en los 46 municipios del estado, brindando atención y servicio los 365 días del año, 24 horas al día, a través de un diseño organizacional que nos permite atender con oportunidad las necesidades de servicio de la población, destacando diversos mecanismos para tal efecto, como los módulos de atención primaria, las unidades de investigación especializadas y la Agencia de Investigación Criminal.

Atentamente

Guanajuato, Guanajuato, a 21 de octubre de 2019.

Maestra Bernardina Elizabeth Durán Isaís (rúbrica)

Directora General Jurídica

(Se turna a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Gobierno de Guerrero, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios de México

Chilpancingo, Guerrero, a 25 octubre de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Por instrucciones del licenciado Florencio Salazar Adame , secretario general de Gobierno, en alcance a mi oficio SAJyDH/1632/2019 de fecha 9 de octubre del año en curso y en tención a su oficio número DGPL-1P3A.-5751.11, envío a usted el informe realizado para atender y proteger los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad, signado por la licenciada Maira Gloribel Martínez Pineda, secretaria de la Mujer en el estado de Guerrero.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado Rogelio Parra Silva (rúbrica)

Subsecretario de Gobierno

(Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Gobierno de Guerrero, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, donde se exhorta a los Congresos y Poderes Ejecutivos de BCS, Campeche, Chiapas, Hidalgo y Morelos a armonizar la legislación local con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos

Chilpancingo, Guerrero, a 25 octubre de 2019.

Diputado Marco Antonio Adame Castillo

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Por instrucciones del licenciado Florencio Salazar Adame , secretario general de Gobierno y en atención a su oficio número DGPL 64-II-1-1195, por medio del cual hace del conocimiento al ciudadano gobernador constitucional del estado, de la aprobación del acuerdo por el que se exhorta entre otros al Congreso y Poder Ejecutivo del estado para que realice las acciones conducentes a efecto de emitir el reglamento correspondiente a su ley en materia de trata de personas.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley número 417 para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección, Atención y Asistencia de las Victimas, Ofendidos y Testigos de estos Delitos en el Estado de Guerrero, en relación con el quinto transitorio de la citada ley que establece la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación, Protección y Asistencia a las Victimas, Ofendidos y Testigos de Trata de Personas en el estado de Guerrero, al respecto le informo a usted que se tomó debida nota del acuerdo de mérito y se encuentran realizando las acciones correspondientes para la emisión de Reglamento en materia de Trata de Personas.

Atentamente

Licenciado Rogelio Parra Silva (rúbrica)

Subsecretario de Gobierno

(Se turna a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.)

De la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a cumplir la ley estatal de víctimas, y reconocer y garantizar los derechos de éstas según la Constitución federal y los tratados internacionales sobre derechos humanos de que México es parte

21 de octubre de 2019.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

En atención al oficio número DGPL 64-II-4-1073, que fue remitido a esta Comisión Ejecutiva bajo el turno 4653, me permito informar lo siguiente:

Uno de los objetivos principales de esta Comisión Ejecutiva estatal, es velar por el cumplimiento de la Ley de Víctimas para el Estado de Morelos y es precisamente esta legislación la que observa reconocer y garantizar los derechos de las víctimas de conformidad con la Constitución federal y con los tratado internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte, así como la Ley General de Víctimas, favoreciendo en todo momento la protección más amplia de los derechos de las personas en situación de víctimas.

Es por ello que, si bien dentro del marco normativo del estado de Morelos no se cuenta con una legislación que reconozca formalmente que una persona es víctima de desplazamiento forzado interno, también lo es que esta situación puede ser identificada, a través de tratados internacionales como violación a derechos humanos.

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Ejecutiva estatal, sí reconoce el desplazamiento forzado interno, siendo identificado desde la atención de primer contacto a través del equipo multidisciplinario, ya que al realizar preguntas a las víctimas directas o indirectas por delito o por violación a derechos humanos se está en condiciones de identificar, si la persona es desplazada y cuáles son las razones que lo generaron.

Es importante señalar que dentro del Formato Único de Declaración para la Incorporación al Registro (FUDI) en la hoja denominada de Información complementaria de la persona víctima, en el numeral 11, se le pregunta a la persona en situación de víctima sobre el tema, situación que se ha venido realizando desde la publicación del FUDI en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, de fecha 14 de septiembre de 2016, bajo el número 5435.

Ahora bien, de conformidad con la Ley de Víctimas vigente para el estado de Morelos, nos fue posible otorgar medidas de ayuda y asistencia a favor de las víctimas por delito o por violación a derechos humanos que además tienen la condición de desplazados, a partir del mes de agosto de 2017, ante el ausente marco jurídico que reconozca al desplazamiento interno forzado.

Lo anterior, de conformidad con lo que establecen los artículos 10, 11, 14, 23, 24, 25, 32, 33 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 164 de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos y demás legislaciones relativas y aplicables.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

Licenciada Nadxieelii Carranco Lechuga (rúbrica)

Comisionada Ejecutiva

(Se turna a la Comisión de Derechos Humanos, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a implantar acciones encaminadas a erradicar el ciberacoso en las escuelas públicas y las privadas

Monterrey, Nuevo León, a 5 de noviembre de 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

En cumplimiento a las instrucciones giradas por el secretario general Gobierno del Estado y en respuesta al oficio número DGPL64-II-5-1196, con el que informa al ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, gobernador constitucional de Nuevo León, el punto de acuerdo de la sesión celebrada en fecha 1 de octubre de 2019, que, en lo que compete a esta entidad federativa, contiene atento exhorto al tenor siguiente:

...exhorta a las autoridades educativas y de seguridad pública, federales y locales, para que en el ámbito de sus atribuciones, y de manera coordinada, implementen y fortalezcan campañas preventivas entre las comunidades escolares a fin de prevenir el acoso cibernético.

El titular del Poder Ejecutivo ha instruido a esta Secretaría de Seguridad Pública establecer de manera oportuna acciones permanentes destinadas a la prevención del acoso cibernético entre las comunidades escolares, de conformidad con las atribuciones que le confieren los artículos 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 4, 18, fracción VI, y 25, fracciones II, IV y XX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el estado de Nuevo León y las demás disposiciones jurídicas en materia de seguridad pública.

Derivado de lo anterior es que se creó la Unidad de Policía Cibernética de la Institución Policial Estatal Fuerza Civil, mediante acuerdo de fecha 7 de mayo de 2017, en cumplimiento a los Acuerdos 123/XLl16 del Consejo Nacional de Seguridad Pública y 7 de la XVI sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad, basada en el Modelo Homologado de Unidades de la Policía Cibernética, formulada dentro del marco de actuación institucional y regida por los principios de efectividad, colaboración, objetividad, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, en la prevención y atención de delitos cibernéticos, teniendo como principal atribución la atención y canalización de manera oportuna de las denuncias del acoso cibernético a niñas, niños y adolescentes, y en general a la sociedad neolonesa.

Además, aprovecho la ocasión para informarle que esta Secretaría de Seguridad Pública se encuentra realizando acciones en coordinación con la Secretaría de Educación en diversos programas de Prevención y Servicios de Atención dirigidos a las niñas, niños y adolescentes a fin de evitar el acoso cibernético.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Aldo Fasci Zuazua (rúbrica)

Secretario de Seguridad Pública

(Se turna a la Comisión de Educación, para su conocimiento. )

De la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a impulsar un programa de realización de prácticas profesionales y servicio social de estudiantes de medicina, enfermería y trabajo social dirigido a comunidades con vulnerabilidad social

Monterrey, Nuevo León, a 21 de noviembre del 2019.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Por medio del presente y por instrucciones del doctor Manuel Enrique de la O Cavazos, secretario de Salud y director general de Servicios de Salud de Nuevo León Organismo Público Descentralizado, emito contestación a su oficio número DGPL 64-II-7-1075 con acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; que a la letra dice:

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes a la soberanía de las entidades federativas, y a la autonomía universitaria, exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, a los gobiernos locales y a las universidades públicas de los Estados para que, en el ámbito de sus competencias, impulsen un programa de realización de prácticas profesionales y servicio social de estudiantes de medicina, enfermería y de trabajo social dirigido a comunidades con vulnerabilidad social.

Me permito comunicar que se giró oficio de instrucción al área responsable a fin de impulsar un programa de realización de prácticas profesionales y servicio social de estudiantes de medicina, enfermería y de trabajo social dirigido a comunidades con vulnerabilidad social.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente

Licenciado Enrique Carranza Gómez (rúbrica)

Director Jurídico de la Oficina del Secretario de Salud y Servicios de Salud

(Se turna a la Comisión de Educación, para su conocimiento. )

De la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios de México

Monterrey, Nuevo León, a 5 de noviembre de 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Presente

En cumplimiento de las instrucciones dictadas por el secretario general de Gobierno del estado y en respuesta del oficio número DGPL 64-II-6-1101, con el que informa al ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, gobernador constitucional de Nuevo León, sobre el punto de acuerdo de la sesión celebrada en fecha 1 de octubre de 2019 que, por lo que compete a esta entidad federativa, contiene atento exhorto al tenor siguiente:

... exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a emprender en el marco de sus atribuciones y facultades las medidas que garanticen el respeto irrestricto de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país, para lograr una reinserción social eficaz y prevenir la desintegración familiar.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado, como dependencia del Poder Ejecutivo, tiene a su cargo en el ejercicio de sus atribuciones y del despacho de los asuntos que le confieren la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otros ordenamientos, la administración y operación de los centros de reclusión, así como lograr la plena reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Por ello, esta secretaría, de conformidad con la Ley Nacional de Ejecución Penal, realiza las acciones correspondientes a efecto de mejorar los servicios en los centros penitenciarios del estado, con estricto respeto de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, quienes deben permanecer en instalaciones penitenciarias funcionales donde se garantice y salvaguarde su integridad física y psicológica con las medidas de seguridad y supervisión, espacios dignos, servicios de asistencia médica, alimentación e higiene.

Para el caso que nos ocupa, en fecha 13 de diciembre de 2018 se ejecutaron el traslado y la reubicación de 418 mujeres privadas de la libertad y sus menores hijos e hijas al centro de reinserción social femenil, a fin de que las mujeres privadas de la libertad cuenten con infraestructuras amplias y remodeladas que les garantizan el acceso en igualdad de condiciones a instalaciones específicas para ellas en buen estado, con espacios suficientes para alojarlas en condiciones de estancia digna y segura, con la infraestructura que permite una estricta separación por categorías jurídicas, así como para ofrecerles el acceso a los servicios y las actividades necesarios para lograr el objetivo de reinserción social.

Asimismo, me permito informarle que el gobierno de Nuevo León ha impulsado por esta secretaría la profesionalización del personal penitenciario, en un esquema de respeto de los derechos humanos, alineación a la reforma penal y con perspectiva de género, buscando con ello generar políticas institucionales de respeto de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Aldo Fasci Zuazua (rúbrica)

Secretario de Seguridad Pública

(Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento. )

De la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, donde se exhorta a los Congresos y Poderes Ejecutivos de BCS, Campeche, Chiapas, Hidalgo y Morelos a armonizar la legislación local con la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos

Monterrey, Nuevo León, a 5 de noviembre de 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

En cumplimiento a las instrucciones giradas por el secretario general Gobierno del estado y en respuesta al oficio número DGPL 64-II-1-1195, con el que informa al ciudadano ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, gobernador constitucional del estado de Nuevo León, el punto de acuerdo de la sesión celebrada en fecha 1 de octubre de 2019, que, en lo que compete a esta entidad federativa, contiene atento exhorto al tenor siguiente:

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los Congresos y Poderes Ejecutivos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, para que realicen las acciones conducentes a efecto de emitir el reglamento correspondiente a su ley en materia de trata de personas.

Por lo que me permito informar que dicha solicitud se analizará y se revisará en coordinación con las dependencias y entidades que integran el gobierno del estado, que tengan injerencia en la realización del proyecto de Reglamento de la Ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la Trata de Personas en el estado de Nuevo León.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Aldo Fasci Zuazua (rúbrica)

Secretario de Seguridad Pública

(Se turna a la Comisión de Justicia, para su conocimiento. )

De la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a desarrollar programas y acciones encaminados a garantizar la seguridad de niños y jóvenes de todos los planteles educativos

Monterrey, Nuevo León, a 5 de noviembre de 2019.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández

Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

En cumplimiento a las instrucciones giradas por el secretario general Gobierno del estado y en respuesta al oficio número DGPL 64-II-6-1099, con el que informa al ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del estado de Nuevo león, el punto de acuerdo de la sesión celebrada en fecha 1 de octubre de 2019, que, en lo que compete a esta entidad federativa, contiene atento exhorto al tenor siguiente:

...exhorta respetuosamente a los gobernadores de las 32 entidades federativas para que, a través de sus secretarios de Seguridad Pública y dentro del marco de sus atribuciones, desarrollen los programas y acciones necesarias para garantizar la seguridad de las niñas, niños y jóvenes de todos los planteles educativos de sus estados.

Esta Secretaría de Seguridad Pública, por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo y de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la Ley Orgánica de la Administración Pública para el estado de Nuevo León y lo previsto en la normatividad en materia de seguridad pública, de manera permanente lleva a cabo acciones encaminadas a garantizar la seguridad de niñas, niños y jóvenes en los planteles educativos del estado.

En este sentido, y con el fin de fortalecer la seguridad escolar, la Institución Policial Estatal Fuerza Civil cuenta con oficiales especializados, los cuales acuden a los planteles educativos de distintos niveles (básica, media, superior) para llevar a cabo diversas actividades entre las que se encuentran pláticas de prevención del delito, actos cívicos y exposición del programa DARE, con lo cual se otorga orientación a las y los estudiantes y se busca reforzar los valores y autoestima de las niñas, niños y adolescentes con el fin de crear una resistencia a la violencia y a las drogas, así como prevenir los comportamientos violentos en las escuelas y lograr la disminución de incidencia de conductas ilícitas.

Aprovecho la ocasión para reiterar el compromiso del gobierno del estado a través de esta Secretaría de Seguridad Pública, para contribuir al fortalecimiento de la seguridad en los planteles educativos y evitar que la violencia y la delincuencia afecten el derecho que tienen los niños, niñas y jóvenes de nuestra entidad federativa a vivir una vida libre de violencia y a la integridad personal indispensable para su sano desarrollo integral.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Alfredo Fasci Zuazua (rúbrica)

Secretario de Seguridad Pública

(Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para su conocimiento.)

De la Consejería Jurídica de Oaxaca, mediante la cual remite dos contestaciones al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a fortalecer las estrategias encaminadas a erradicar la violencia, incluida la autoinfligida, en las escuelas de educación básica y media superior

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, octubre 30 de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

Distinguida diputada:

Por instrucciones del maestro José Octavio Tinajero Zenil, consejero jurídico del gobierno del estado , con fundamento en lo dispuesto por los artículos 98 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 49, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se da respuesta al oficio DGPL 64-II-3-974, de fecha 1 de octubre de 2019, mediante el cual se comunica al titular del Poder Ejecutivo del estado, punto de acuerdo.

Sobre el particular, adjunto copia del SSP/DGAJ/DLCC/S128 y anexos , signado por la licenciada María Judith Cruz Chávez, directora de Legislación, Consulta y de lo Contencioso, en ausencia del director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, en términos del Reglamento Interno, en el cual expone: “...me permito remitir a usted una copia certificada, que consiste en lo siguiente:

• Copia certificada del oficio SSP/DGPDyPC/1037/2019, suscrito por el director general de Prevención del Delito y Participación Ciudadana...”

Por lo que se solicita se tenga al titular del Poder Ejecutivo del estado, cumpliendo con lo exhortado en el diverso de cuenta.

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Licenciada Maricarmen Cejudo Gallardo (rúbrica)

Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado


Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 24 de octubre de 2019.

Licenciada Maricarmen Cejudo Gallardo

Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional
de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado

Presente

En atención a su similar CJGEO/DGSDI/540-10/2019, por el que remite copia del diverso DGPL 64-II-3-974, signado por la diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el que expone lo siguiente:

Único. La Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de Poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a las autoridades educativas, sanitarias y de seguridad pública, federales y locales para que, en el ámbito de sus atribuciones, impulsen y fortalezcan de manera coordinada, estrategias para prevenir y erradicar los diferentes tipos de violencia, incluida la auto infligida, que se ejercen en el ámbito escolar.”

Por tal motivo, a efecto de informar las acciones implementadas por parte de esta institución para atender el exhorto en mención, me permito remitir a usted una copia certificada, que consiste en lo siguiente:

• Copia certificada del oficio SSP/DGPDyPC/1037/2019, suscrito por el director general de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.

Lo que se informa en cumplimiento a lo solicitado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; de conformidad con los artículos 27, fracción II, y 35, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 46, apartado A, fracción V, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca y artículo 111, fracción III del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente

Licenciado Jorge Alberto Guillén Alcalá (rúbrica)

Director General de Asuntos Jurídicos


Oaxaca de Juárez, Oaxaca, octubre 14 de 2019.

Licenciado Jorge Alberto Guillén Alcalá

Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca

Presente

Con relación al oficio SSP/DGAJ/DPCDH/4982/2019, signado por usted, por el que hace de conocimiento que se recibió el oficio GU/SPRPEEO/STTPE/G1/2019/1969, suscrito por el maestro Carlos Melgoza Martín del Campo, secretario técnico del titular del Poder Ejecutivo, quien su vez anexa el oficio DGPL/64-II-3-974 de la diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Diputados, mediante el cual da a conocer el punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a las autoridades educativas, sanitarias y de seguridad pública federal y locales para que, en el ámbito de sus atribuciones, impulsen, y fortalezcan de manera coordinada, estrategias para prevenir y erradicar los diferentes tipos de violencia, incluida la auto infligida, que se ejercen en el ámbito escolar, me permito comunicarle lo siguiente:

Esta autoridad de acuerdo al Programa Integral para la Prevención Social del Delito, de la Violencia y la Delincuencia y de conformidad a Ley General para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, tiene como objetivo promover acciones efectivas para la prevención de la delincuencia, de las conductas de riesgo, conductas antisociales, infracciones y delitos, así como evitar ser víctima propiciatoria de algún delito, trabajando el Programa Escuela Segura dirigido a todas las instituciones educativas de los diferentes niveles atendiendo a niñas, niños, adolescentes, padres y madres de familia, y docentes, así también el subprograma Policía Infantil, generando el desarrollo de los niños y niñas a través del juego y practica de valores.

Lo anterior con fundamento en los artículos 35, fracciones I y XIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 1o., 5o., 8o., fracción V, VI, XVIII; 46, apartado A, fracción III, inciso a, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, 5o., 10, fracción XXI, 28 fracción XVIII y 61 del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Maestro Héctor Quiroz (rúbrica)

Director General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana

(Se turna a la Comisión de Educación, para su conocimiento.)


Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, noviembre 6 de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Palacio Legislativo de San Lázaro

Presente

Distinguida diputada:

Por instrucciones del maestro José Octavio Tinajero Zenil, consejero jurídico del gobierno del estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 98 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 49, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se da respuesta al oficio D.G.P.L. 64-II-3-974, de fecha 1 de octubre de 2019, mediante el cual se comunica al titular del Poder Ejecutivo del estado punto de acuerdo.

En seguimiento al oficio CJGEO/DGSDI/618-10/2019, adjunto copia del 35/35.2.1/0- 6149/2019 y anexos, signado por el director de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Servicios de Salud de Oaxaca, en el cual expone: “...me permito informar a usted que en cumplimiento de estas medidas el Programa Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género ha implementado de manera coordinada con instituciones educativas la Intervención de Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia y Juventud, el cual consta de 12 sesiones, 2 horas, una vez a la semana en edad de 12 a 21 años. De igual forma se han realizado, de manera coordinada con las instituciones educativas, municipios y otros programas, campañas de promoción y sensibilización en las escuelas...”, por lo que se solicita se tenga al titular del Poder Ejecutivo del estado, cumpliendo con lo exhortado en el diverso de cuenta.

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

“El respeto al derecho ajeno es la paz”

Licenciada Maricarmen Cejudo Gallardo (rúbrica)

Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado


Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 29 de octubre de 2019.

Licenciada Maricarmen Cejudo Gallardo

Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional
de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado

Presente

En atención al oficio DGEO/DGSDI/541-10/2019 en el cual solicita que se impulsen y fortalezcan de manera coordinada estrategias para prevenir y erradicar los diferentes tipos de violencia, incluida la autoinflingida, que se ejercen en el ámbito escolar, me permito informar a usted que en cumplimiento de estas medidas, el Programa Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género ha implementado de manera coordinada con instituciones educativas la Intervención de Prevención de la Violencia de Género en la Adolescencia y Juventud el cual consta de 12 sesiones, 2 horas, una vez a la semana en edad de 12 a 21 años.

De igual forma se han realizado de manera coordinada con las instituciones educativas, municipios y otros programas campañas de promoción y sensibilización en las escuelas.

Esperando cumplir con lo solicitado, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

“El respeto al derecho ajeno es la paz”

Doctor José Ramón Pintor Sill (rúbrica)

Director de Prevención y Promoción de la Salud

(Se turna a la Comisión de Educación, para su conocimiento.)

De la Consejería Jurídica de Oaxaca, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a desarrollar programas y acciones encaminados a garantizar la seguridad de niños y jóvenes de todos los planteles educativos

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, octubre 30 de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Distinguida diputada:

Por instrucciones del maestro José Octavio Tinajero Zenil, consejero jurídico del gobierno del estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 98 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 49, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se da respuesta al oficio D.G.P.L. 64-II-6-1099, de fecha 1 de octubre de 2019, mediante el cual se comunica al titular del Poder Ejecutivo del estado, punto de acuerdo.

Sobre el particular, adjunto copia del SSP/DGAJ/DLCC/5174/2019 y anexos, signado por la licenciada María Judith Cruz Chávez, directora de Legislación, Consulta y de lo Contencioso, en ausencia del director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, en términos del Reglamento Interno, en el cual expone: “...me permito remitir a usted un cuadernillo de copias certificadas compuesto de ocho fojas útiles, que consiste en lo siguiente:

Oficio SSP /PE/DJ/3828/2019.A T, suscrito por el director jurídico de la Policía Estatal.

Oficio SSP/PE/DDFEA/0429/2019, signado por el director de la División de Fuerzas Estatales de Apoyo de la Policía Estatal.

Oficio SSP/JEM-T/l078/2019, suscrito por el jefe de Estado Mayor de la Policía Estatal.

Oficio SSP/PE/DDFEA/DFR/3913/2019, signado por el director de Fuerzas de Reacción de la Policía Estatal.

Oficio SSP/PE/DI/DIC/1981//2019, suscrito por el coordinador Regional Operativo de Despliegue:

Oficio SSP/DGPVE/DJ/2361/2019, signado por el encargado del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial Estatal.

Oficio SSP/DGPVE/DJ/2359/2019, suscrito por el encargado del Departamento Jurídico de la Dirección General de la Policía Vial Estatal.

Oficio SSP/DGPDyPC/l038/2019, signado por el director general de Prevención del Delito y Participación Ciudadana ...,”; por lo que se solicita se tenga al titular del Poder Ejecutivo del estado cumpliendo con lo exhorta en el diverso de cuenta.

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio efectivo. No reelección.

“El respeto al derecho ajeno es la paz.”

Licenciada Maricarmen Cejudo Gallardo (rúbrica)

Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado

(Se turna a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, para su conocimiento.)

De la Consejería Jurídica de Oaxaca, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios de México

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, octubre 30 de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Palacio Legislativo de San Lázaro

Distinguida diputada:

Por instrucciones del maestro José Octavio Tinajero Zenil, consejero jurídico del Gobierno del estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 98 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 49, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se da respuesta al oficio DGPL 64-II-6-1101, de fecha 1 de octubre de 2019, mediante el cual se comunica al titular del Poder Ejecutivo del estado, punto de acuerdo.

Sobre el particular, adjunto copia del SSP/DGAJ/DLCC/S130/2019 y anexos, signado licenciada María Judith Cruz Chávez, Directora de Legislación, Consulta y de lo Contencioso, en Ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, en términos del Reglamento Interno, en el cual expone: “...Por tal motivo, a efecto de informar las acciones implementadas por parte de esta institución para atender el exhorto en mención, me permito remitir a usted un cuadernillo de copia certificada compuesto por una foja útil, que consiste en lo siguiente:

- Oficio SSP/SPRS/ DGRS/I/ 27552019. CVY, suscrito por el director general de Reinserción Social.

Copia simple del oficio SSP/SPRS/DGRS/CPF/1851/2019, signado por el director del Centro Penitenciario Femenil. Copia simple del memorándum de notificación al personal administrativo y de seguridad y custodia, de fecha 16 de octubre de 2019...”: por lo que se solicita se tenga al titular del Poder Ejecutivo del estado, cumpliendo con lo exhortado en el diverso de cuenta.

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección

“El respeto al derecho ajeno es la paz.”

Licenciada Maricarmen Cejudo Gallardo (rúbrica)

Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.


Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 22 de octubre de 2019.

Licenciada Maricarmen Cejudo Gallardo

Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional
de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado

Presente

En atención a su similar CJGEO/DGSDI/536-10/2019, por el que remite copia del diverso D.G.P.L. 64-11-6-1101, signado por la diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en el que expone lo siguiente

Primero. La Cámara de Diputados respetuosamente exhorta al órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, para que en el marco de sus atribuciones y facultades emprenda todas las medidas que garanticen el respeto irrestricto de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en los distintos centros penitenciarios del país, para lograr un reinserción social eficaz y prevenir la desintegración familiar. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que en el marco de sus atribuciones y facultades emprendan todas la medidas que garanticen el respeto irrestricto de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en los distintos centros penitenciarios del país, para lograr una reinserción social eficaz y prevenir la desintegración familiar.

Por tal motivo, a efecto de informar las acciones implantadas por parte de esta institución para atender el exhorto en mención, me permito remitir a usted un cuadernillo de copia certificada compuesto de una foja útil, que consiste en lo siguiente:

Oficio SSP/SPRS/DGRS/1/27552019.CVY, suscrito por el director general de Reinserción Social.

Copia simple del oficio SSP/SPRS/DGRS/CPF/1851/2019, signado por el director del Centro Penitenciario Femenil.

Copia simple del memorándum de notificación al personal administrativo y de seguridad y custodia, de fecha 16 de octubre de 2019.

Lo que se informa en cumplimiento a lo solicitado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; de conformidad con los artículos 27, fracción II, y 35, .de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del estado de Oaxaca; 46, Apartado A, fracción V, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca y artículo 111, fracción III, del Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Respetuosamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

“El respeto al derecho ajeno es la paz.”

Licenciado Jorge Alberto Guillén Alcalá (rúbrica)

Director General de Asuntos Jurídicos

(Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento. )

De la Consejería Jurídica de Oaxaca, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para implantar programas o acciones inmediatos de restauración ecológica ante el grave desequilibrio del río Papaloapan por los altos niveles de contaminación

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, noviembre 5 de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Distinguida diputada:

Por instrucciones del maestro José Octavio Tinajero Zenil, consejero jurídico del gobierno del estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 98 Bis, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 49, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se da respuesta al oficio D.G.P.L. 64-II-6-1089, de fecha 1 de octubre de 2019, mediante el cual se comunica al titular del Poder Ejecutivo del estado punto de acuerdo.

En seguimiento al diverso CJGEO/DGSDI/596-10/2019, adjunto copia del SEMAEDESO/UJ/114/2019 y anexos, signado por el Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, en el cual expone: “...esta secretaría realizó un recorrido en el río Papaloapan los días 22, 23 y 24 de octubre de 2019, derivado del cual, la Subsecretaría de Normatividad Ecológica y Gestión Ambiental, emitió vía informe el resultado del recorrido mencionado...”; solicitando se tenga al titular del Poder Ejecutivo del estado cumpliendo con lo exhortado en el diverso de cuenta.

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio efectivo. No reelección.

“El respeto al derecho ajeno es la paz.”

Licenciada Maricarmen Cejudo Gallardo (rúbrica)

Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado


Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a 28 de octubre de 2019.

Licenciada Maricarmen Cejudo Gallardo

Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional
de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado

Licenciado José Daniel Avendaño Hernández, con el carácter de jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, y por instrucciones del titular de la misma, ante usted con el debido respeto comparezco y expongo lo siguiente:

En atención al oficio GU/SPRPEEO/STTPE/G1/2019/1967, de fecha ocho de octubre del año en curso, suscrito por el Maestro Carlos Melgoza Martín del Campo, secretario técnico del titular del Poder Ejecutivo, mediante el cual remite el exhorto realizado por la cámara de diputados de la honorable LXIV Legislatura al titular del Poden Ejecutivo del gobierno del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, a fin de implementar programas y acciones inmediatas de restauración ecológica ante el desequilibrio del río Papaloapan por 105 altos niveles de contaminación que presenta.

En atención al oficio y exhorto, esta secretaría realizó un recorrido en el río Papaloapan los días 22, 23 y 24 de octubre de 2019, derivado del cual, la Subsecretaría de Normatividad Ecológica y Gestión Ambiental emitió, vía informe, el resultado del recorrido mencionado del cual anexo copia, para los efectos correspondientes.

Atentamente

Sufragio efectivo. No reelección.

“El respeto al derecho ajeno es la paz.”

Licenciado José Daniel Avendaño Hernández

Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable

(Se turna a la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, para su conocimiento. )

De la Consejería Jurídica de Oaxaca, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la situación de personas tzotziles originarias de Chiapas víctimas de trata en Oaxaca

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, noviembre 6 de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Palacio Legislativo de San Lázaro

Presente

Distinguida diputada:

Por instrucciones del maestro José Octavio Tinajero Zenil, consejero jurídico del gobierno del estado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 98 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y 49, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, se da respuesta al oficio número D.G.P.L. 64-II-6-1072, de fecha 1 de octubre de 2019, mediante el cual se comunica al titular del Poder Ejecutivo del estado punto de acuerdo.

Sobre el particular, adjunto copia del oficio número DIF/PRODENNAO/783/2019, signado por el secretario de Acuerdos de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, en el cual expone:

“Primero. Al día de la fecha ninguna de las víctimas permanece a cargo del estado de Oaxaca, pues en fecha 10 de noviembre del 2018, fueron trasladados a su estado natal por personal de esta procuraduría, de acuerdo al protocolo de actuación en los casos en que alguna Procuraduría de Protección deba trasladar a una niña, niño o adolescente a otra Procuraduría de Protección, lo anterior previa coordinación con la Procuraduría de Protección del Estado de Chiapas...”, solicitando que se tenga al titular del Poder Ejecutivo del estado, cumpliendo con lo exhortado en el diverso de cuenta.

Sin otro particular, le reitero mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

“El respeto al derecho ajeno es la paz”

Licenciada Maricarmen Cejudo Gallardo (rúbrica)

Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado


Licenciada Maricarmen Cejudo Gallardo

Directora General de Supervisión y Desarrollo Institucional
de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca

Presente

En atención al oficio número CJGEO/DGSDI/537-10/2019, mediante el cual adjunta copia del oficio número D.G.P.L. 64-II-6-1072, signado por la diputada Dulce María Sauri Riancho, vicepresidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el que hace del conocimiento al titular del Poder Ejecutivo del estado, el contenido del dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas respecto de proposición con punto de acuerdo relativo a la situación de personas tzotziles originarias de Chiapas, víctimas de trata en Oaxaca, por lo que respecta a los puntos de acuerdo, se expone lo siguiente:

“Primero. Al día de la fecha, ninguna de las víctimas permanece a cargo del estado de Oaxaca, pues en fecha 10 de noviembre del 2018, fueron trasladados a su estado natal por personal de esta procuraduría, de acuerdo al protocolo de actuación en los casos en que alguna Procuraduría de Protección deba trasladar a una niña, niño o adolescente a otra Procuraduría de Protección, lo anterior previa coordinación con la Procuraduría de Protección del estado de Chiapas.”

“Segundo. La Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Oaxaca (Prodennao), es una institución que brinda protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de garantizar, proteger y restituir sus derechos en caso de ser víctimas de vulneración de derechos humanos, en razón de lo anterior, me permito manifestarle que, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105, 106, 127, 128 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales; 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2, 106, 122 y 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; diversos artículos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 4, 88 y 104 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Oaxaca; 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Oaxaca, así como en los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas y diversos artículos de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Oaxaca; esta procuraduría se encuentra imposibilitada por disposición de ley, para proporcionar la información requerida, en atención a los considerandos siguientes:

Primero: Mediante quinta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado de Oaxaca, número DIFOOAXACA/CT/S.E./2018, de fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, los integrantes del Comité de Transparencia del referido organismo después de la revisión y análisis de la prueba de daño que esta procuraduría presentó ante la Unidad de Transparencia, por el que se solicitó la clasificación de la información con carácter de reservada por un periodo de 5 años; por lo que el referido comité por unanimidad de votos aprobó la reserva de la información por un periodo de 5 años.

Segundo: Mediante resolución de fecha 30 de enero de enero de 2019, relativo al expediente R.R.A.I 0024/2018, los ciudadanos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Oaxaca, confirman la determinación del sujeto obligado, es decir la reserva de la información del caso Chiapas por un periodo de 5 años.

Derivado de lo anterior, esta autoridad administrativa ha reservado toda la información relacionada con el caso que nos ocupa, sin que se permita de ninguna manera divulgarlos en etapa de investigación a terceras personas ajenas al procedimiento, como así lo señala el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el que precisa quienes son sujetos del procedimiento penal y de violar la reserva de la identidad, por parte esta Procuraduría de Protección, al hacer referencia o comunicar a terceros no legitimados, la información confidencial relativa a los datos personales de los sujetos del procedimiento penal o de cualquier persona relacionada o mencionada en éste, será sancionada por la legislación aplicable, como así lo establece el artículo 106 del Código en cita.

Actualizando, por ende, la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que es reservada la información, cuando pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; en este caso de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Finalmente, puede concluirse que la información solicitada, por disposición expresa de la propia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es considerada como reservada, por ello la imposibilidad de acordar favorablemente lo peticionado.

Sin otro particular, hago propia la ocasión para saludarle cordialmente.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

“El respeto al derecho ajeno es la paz”

Juan de Dios Ramírez Cruz (rúbrica)

Secretario de Acuerdos

Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes del Estado de Oaxaca

(Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de cumplir los convenios de apoyo financiero para las universidades tecnológicas y politécnicas

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

Por medio del presente y en atención a su similar número D.G.P.L. 64-II-2-998, dirigido al gobernador del estado de Puebla, mediante el cual se informa la aprobación del punto de acuerdo que en lo conducente señala: “Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a las autoridades de los gobiernos locales correspondientes para que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen medidas tendientes a cumplir con los Convenios de Apoyo Financiero para el Sostenimiento de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas en sus respectivas jurisdicciones”; al respecto:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 83 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, párrafo segundo, 3, 13, párrafo primero, 31, fracción II, 33, sexto, séptimo y décimo transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; 1, 2, 4 y 26 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla; 6, fracción XXXVI de la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019; 10, fracción IX, 11, fracción X, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración; previo análisis del citado documento realizado por las áreas competentes de esta secretaría, se hace de su conocimiento que en la Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019 aprobada y publicada en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 2018, se dio a conocer el monto de los recursos asignados de acuerdo a la clasificación administrativa, para las instituciones de educación superior y que dichas previsiones presupuestales atiendan los compromisos derivados de los convenios y anexos de ejecución que las diversas instituciones de educación superior suscriben con la federación, por lo que la Dirección de Presupuesto y Política Presupuestal, dentro de las atribuciones que tiene conferidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, continuará dando cabal cumplimiento a los programas presupuestarios para la atención de educación superior, al mantener la directrices que a la fecha se han establecido para mejorar las necesidades de las universidades tecnológicas y politécnicas del estado, en congruencia con las estipuladas a nivel federal, destinando los recursos necesarios para la ejecución de dichos Programas.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio efectivo. No reelección.

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de octubre de 2019.

María Cristina Cruz Fuentes (rúbrica)

Coordinadora General Jurídica de la Secretaría de Planeación y Finanzas

(Se turna a la Comisión de Educación, para su conocimiento.)

De la Dirección de Derechos Humanos de Quintana Roo, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a la investigación de los delitos cometidos contra la libertad de expresión

Chetumal, Quintana Roo, noviembre 21 de 2019.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados

Del Poder Legislativo federal

Presente

Me dirijo a usted, en atención a su oficio DGPL 64-II-5-1198 de fecha 1 de octubre del presente año, por el cual solicita a esta Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, los puntos de acuerdo aprobados por la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Poder Legislativo federal.

Al respecto, con las facultades conferidas en los artículos 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, tengo a bien informarle lo siguiente:

Por lo que hace al primero de los puntos de acuerdo, consistente en se informe a esa soberanía el avance para combatir el rezago en la investigación de los delitos cometidos contra libertad de expresión, me permito informarle que en fecha 13 de septiembre del año en curso, mediante decreto número 357 publicado en el Periódico Oficial del estado de Quintana Roo, se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, por la cual se creó la Coordinación de Atención de Delitos Cometidos en contra de la Libertad de Expresión a fin de que dicha Coordinación se avoque de manera exclusiva a la integración de las carpetas de investigación de delitos cometidos en agravio de periodistas.

Por lo que hace al segundo de los acuerdos consistente en hacer público, a 13 brevedad posible, cuáles son los mecanismos que se han implementado y/o diseñado para garantizar las medidas de protección idóneas durante la investigación cuando las víctimas directas e indirectas se encuentren en situación de riesgo corno consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión, al respecto debe señalarse que las medidas de protección que en esta Fiscalía se han emitido con mayor frecuencia en favor de periodistas, son las establecidas en las fracciones VI, VII y VIII del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en: 1. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido. 2. Protección policial de la víctima u ofendido, y 3. Auxilio inmediato por integrantes de las instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido al momento de solicitarlo; medidas que la Secretaría de Seguridad Pública lleva a cabo, debiendo informar sobre su cumplimiento al fiscal del Ministerio Público que las haya emitido.

Por otra parte, desde el mes mayo del presente año, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo forma parte de la Unidad Estatal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, dando seguimiento, a través de reuniones mensuales, a los expedientes de 39 periodistas y defensores de derechos humanos incorporados al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, ente este último con el que se está en constante colaboración, por así requerirlo los asuntos relacionados con periodistas.

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi atenta consideración.

Atentamente

Licenciada María Teresa Paredes Hernández (rúbrica)

Directora de Derechos Humanos de Quintana Roo

(Se turna a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Educación de San Luis Potosí, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de atender la situación de los profesores jubilados o pensionados afectados debido a la utilización de la UMA como referente para determinar sus pagos

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4 de noviembre de 2019.

Diputado Marco Antonio Adame Castillo

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso la Unión

Presente

En relación con su oficio número DGPL64-II-8-0674, dirigido al doctor Juan Manuel Carreras López, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, que a su vez fue remitido a esta Secretaría de Educación, a través del cual le comunica del siguiente acuerdo tomado en la Cámara de Diputados, en sesión del 6 de diciembre de 2018:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), al Instituto Nacional de Estadística y Geografía y a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a que atiendan de manera pronta, eficaz y expedita, la situación de todos los maestros jubilados o pensionados que se han visto afectados debido a la utilización de la unidad de medida y actualización como referente para determinar sus pagos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste) y al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), a que se realicen las adecuaciones reglamentarias conducentes, que establezcan el pago de pensiones a todos los maestros jubilados conforme a veces salarios mínimos y no por unidad de medida y actualización.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de los Estados Unidos Mexicanos exhorta de manera respetuosa a todas las instituciones públicas de seguridad social tanto federales como de las entidades federativas, a realizar las adecuaciones reglamentarias para establecer el pago de pensiones por veces salario mínimo y no por unidad de medida y actualización en todos los sectores laborales de pensionados y jubilados, siempre y cuando dicha adecuación resulte favorable a los derechos de los derechohabientes.

Al respecto por su conducto, me permito informar lo siguiente:

Con fecha 27 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estableció la figura jurídico-económica de la unidad de medida y actualización, mejor conocida como UMA. El artículo Quinto transitorio de dicho Decreto, facultó al Congreso de la Unión a expedir la legislación reglamentaria, que determinará el valor de la unidad de medida y actualización, por lo que en fecha 30 de diciembre del mismo año se publicó la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, legislación que autoriza al Inegi a publicar el valor de dicha referencia al principio de cada año fiscal; la cual así ha sido emitida cada año.

Por lo anterior y por la relación que guarda el valor de la UMA para la determinación del tope salarial en cuanto a las pensiones que otorga el Issste, así como de conformidad con el oficio DAPE.24.5.5.AP.E.0170/17, emitido por el Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabadores del Estado, del cual se anexa copia simple, para pronta referencia, en el cual solicita a esta Secretaría se modifique conforme a la UMA el tope salarial de los movimientos afiliatorios del personal de esta dependencia; es de considerarse que no se está en condiciones actuales de atender el punto tercero del exhorto de mérito, por parte de esta Secretaría: en tanto la normatividad federal correspondiente fuere, en su caso, modificada.

Se informa lo anterior en atención al fortalecimiento de la colaboración que existe entre los distintos poderes y órdenes de gobierno, para el bienestar ciudadano.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ingeniero Joel Ramírez Díaz (rúbrica)

Secretario de Educación de San Luis Potosí

(Se turna a la Comisión de Seguridad Social, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Educación de San Luis Potosí, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para exhortar a redoblar esfuerzos en el fortalecimiento, la preservación y el desarrollo del conocimiento y disfrute de la riqueza cultural inherente a las lenguas indígenas de México

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 4 de noviembre de 2019.

Diputado Marco Antonio Adame Castillo

Vicepresidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión

Presente

En relación con sus oficios D.G.P.L 64-II-3-692 y D.G.P.L 64-II-3-694, dirigidos al doctor Juan Manuel Carreras López, gobernador constitucional del estado de San Luis Potosí, y a la doctora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, secretaría de Gobernación, respectivamente, mismos que a través de las instancias correspondientes fueron remitidos a esta dependencia estatal, y mediante los cuales comunica que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, aprobó el acuerdo que a continuación se transcribe:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Cultura, así como al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, para que redoblen esfuerzos en las acciones en materia de fortalecimiento, preservación y revitalización de la riqueza cultural inherente las lenguas indígenas de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal y a los titulares de los poderes ejecutivos de las 32 entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones legales y constitucionales, diseñen e instrumenten políticas públicas dirigidas a promover, preservar y revitalizar las lenguas originarias de nuestro país.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en el ámbito de sus atribuciones, amplíe las acciones en materia de preservación, difusión y revitalización de las lenguas originarias de nuestro país.

Cuarto. Deberá darse prioridad en la atención a las entidades federativas en las cuales haya mayor población indígena.”

Al respecto, me permito informarle que la Ley de Educación del estado de San Luis Potosí, en su artículo 9o., dispone:

Artículo 9o. La educación que el gobierno del estado y los municipios imparten; los organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el párrafo segundo y tercero del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

IV. Promover mediante la enseñanza de la lengua nacional -el español-, un idioma común para todos los mexicanos, así como proteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas. A través de la educación bilingüe e intercultural. Los hablantes de lenguas indígenas tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua, y el español;

En este sentido, me permito informar a esa soberanía, que esta secretaría realiza acciones permanentes dirigidas a promover, preservar y revitalizar las lenguas originarias en nuestro estado. En San Luis Potosí existen etnias indígenas en las que destacan la tének, nahuas y xi’io que se concentran principalmente en 23 municipios del Estado; donde las niñas, niños y jóvenes son atendidos en su propia lengua, y el español en 763 planteles de preescolar y primaria en la modalidad indígena; asimismo, esta entidad cuenta con el Instituto de Lenguas Indígenas, una radiodifusora en el estado y se les brinda asistencia a través de 24 albergues.

En el nivel de Educación Preescolar, se realizan eventos al interior de los jardines de niños, involucrando a padres de familia, privilegiando la participación de las familias hablantes del náhuatl propiciando el fortalecimiento de la lengua materna, así como actividades para concientizar a alumnos, padres de familia y comunidad en general para el respeto, cuidado y práctica de la diversidad lingüística.

Por su parte, en las telesecundarias del estado se utiliza el Espacio Portátil de Aprendizaje, Inclusión e Interculturalidad “EPAII”; que es un modelo con materiales educativos multimedia, bilingüe con traducción en las lenguas originarias, y se realiza la difusión de ligas de interés sobre el tema, referentes a:

-Feria de la Lengua Indígena Nacional.

-Prontuario de frases de cortesía de la lengua indígena.

-2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

-Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas.

En Educación Superior, esta entidad cuenta con la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, que forma a los nuevos docentes bilingües en lenguas originarias y la Universidad Intercultural en cinco municipios de alta densidad de población indígena.

No omito señalar, que esta secretaría continuará pendiente de acciones que puedan desarrollarse, a efecto de continuar implementando los temas señalados en el exhorto de mérito.

Se informa lo anterior, en atención al fortalecimiento de la colaboración que existe entre los distintos poderes y niveles de gobierno, para el bienestar ciudadano

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Ingeniero Joel Ramírez Díaz (rúbrica)

Secretario de Educación de San Luis Potosí

(Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Educación de San Luis Potosí, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, donde se exhorta a identificar el número de estudiantes que no han comenzado el ciclo escolar 2018-2019 por las afectaciones de los respectivos planteles e implantar acciones urgentes para que puedan continuar su formación

San Luis Potosí, SLP, a 4 de noviembre de 2019.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión

Presente

En relación con su oficio No. D.G.P.L.64-II-6-0433, dirigido a la doctora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, secretaria de Gobernación, mismo que, a través de las instancias correspondientes, fue remitido a esta dependencia estatal, y mediante el cual comunica que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprobó el acuerdo que a continuación se transcribe:

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación de las entidades federativas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 para que, de manera coordinada, identifiquen el número de estudiantes que no han comenzado el ciclo escolar 2018-2019 debido a las afectaciones que presentan los planteles educativos e implementen acciones urgentes, para que dichos alumnos puedan continuar sus estudios.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa y a los organismos responsables de las Entidades Federativas afectadas por los sismos de septiembre de 2017, a dar celeridad a la rehabilitación y/o reconstrucción de la infraestructura física educativa.

Al respecto, me permito informar a esa Soberanía, que como resultado de los requerimientos de información correspondientes a las áreas de Planeación y a los niveles educativos de educación básica, media superior y superior en esta secretaría a mi cargo, no se identificaron planteles que hubiesen tenido afectaciones en su infraestructura por los sismos de septiembre de 2017; por lo que durante el ciclo escolar 2018-2019 se atendió de manera regular a los alumnos de los niveles educativos antes mencionados.

No omito señalar que esta secretaría continuará al pendiente de otras acciones que puedan desarrollarse, derivadas del seguimiento a la implementación de los temas señalados en el exhorto de mérito.

Se informa lo anterior, en atención al fortalecimiento de la colaboración que existe entre los distintos poderes y niveles de gobierno, para el bienestar ciudadano.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Sufragio efectivo. No reelección.

Ingeniero Joel Ramírez Díaz (rúbrica)

Secretario de Educación

(Se turna a la Comisión de Educación, para su conocimiento.)

Del gobierno de Sonora, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de implantar acciones para erradicar el ciberacoso en las escuelas públicas y las privadas

Hermosillo, Sonora, a 7 de noviembre de 2019.

Diputada María de los Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva

LXIV Legislatura

Cámara de Diputados

Presente

En atención al oficio número D.G.P.L. 64-II-5-1196, enviado a la gobernadora del estado de Sonora, licenciada Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, donde plantea lo siguiente:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, en ámbito de sus competencias y conforme a la normatividad aplicable, analice emitir lineamientos para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo, en los que se establezcan mecanismos de control en el uso de internet, cuando se otorgue dicho servicio al interior de las escuela. Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a las autoridades educativas y de seguridad pública, federales y locales para que, en el ámbito de sus atribuciones, y de manera coordinada, implementen y fortalezcan campañas preventivas entre las comunidades escolares a fin de prevenir el acoso cibernético”.

Al respecto, me permito informarle que, con el fin de cumplir con las obligaciones encomendadas en el artículo Tercero de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Seguridad Pública, a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, mediante el Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, ha realizado las siguientes acciones:

1. Semana de la Ciberseguridad. Se llevó acabo en marzo de 2018, impartida a escuelas secundarias, empresarios y medios de comunicación.

2. Dentro del Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, uno de los componentes principales fue Entornos Tranquilos , que tiene como objetivo fomentar la convivencia pacífica, generando un desarrollo del individuo en la familia, escuela y su vecindario; la Secretaría de Seguridad Pública, a través del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, lleva a cabo trabajo de intervención en escuelas y comunidades directamente con la prevención de temas como lo son el bullying , ciberbullying , cutting , acoso escolar, violencia escolar, entre otros.

3. Implementamos las campañas federales en Facebook y Twitter, #AquiEstoy, #CanYouSeeMe #PuedesVerme? contra la trata de personas y campaña de prevención en materia de secuestro y extorsión con el fin de comunicar a la población las modalidades o tipo de explotación derivadas de estos delitos.

4. Campaña preventiva Ciberprotegidos , la cual es permanente y va dirigida a escuelas de educación básica, impartida por coordinadores regionales, quienes fueron capacitados para multiplicar el tema con sus implicaciones.

Con estas acciones se ha informado sobre los factores de riesgo identificados como temas más comunes en adolescentes y jóvenes, tales como sexting , grooming , packs , entre otros.

Con ello hemos impactado a 5 mil 9 adolescentes y jóvenes con 58 pláticas impartidas en 38 escuelas de educación básica en 15 municipios del estado.

Sin otro particular, agradezco la atención al presente escrito, y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Licenciado José David Anaya Cooley (rúbrica)

Secretario de Seguridad Pública de Sonora

(Se turna a la Comisión de Educación, para su conocimiento.)

Del gobierno de Sonora, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para exhortar a los gobernadores y los congresos locales a promover la creación de ordenamientos protectores de los usuarios de medios de transporte no motorizados

Hermosillo, Sonora, a 25 de octubre de 2019 2019.

Diputado Marco Antonio Adame Castillo

Vicepresidente de la Mesa Directiva

LXIV Legislatura del Honorable

Congreso de la Unión

Presente

En atención al escrito dirigido a la ciudadana Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora del estado de Sonora, oficio número D.G.P.L. 64-II-7-1078, expediente 2625, y turnado a esta Dirección General de Transporte mediante Oficio 03.01-1225/19, donde el honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno de esta entidad federativa para que promueva la creación de ordenamiento y normativos, o en su caso, que se revisen los vigentes con el objeto de promover y reforzar la protección de los usuarios de vehículos no motorizados en el estado.

En relación a lo anterior me permito informarle que, con las facultades, atribuciones y en el ámbito de competencia que le confieren los artículos 7, 9, 10, 11, de la Ley de Transporte para el Estado de Sonora en vigor, el servicio público de transporte es fundamental para el desarrollo del estado y prestarlo de una manera eficiente, ya que es el medio de traslado de personas y cosas, con motivo de sus actividades económicas, productivas y de servicios, en vehículos motorizados.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

Sufragio efectivo. No reelección.

Licenciado Carlos Oswaldo Morales Buelna (rúbrica)

Director General de Transporte

(Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su conocimiento.)

Del gobierno de Tamaulipas, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de que se realicen las acciones pertinentes y de coordinación para contener la expansión del mosco portador del virus del dengue y atender de manera urgente y oportuna los casos detectados como probables portadores

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 12 de noviembre del 2019.

Diputado Marco Antonio Adame Castillo

Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

LXIV Legislatura

En respuesta al oficio número D.G.P.L. 64-II-8-2169, que dirige al gobernador de Tamaulipas, licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, sobre el Programa de Prevención y Control del Dengue, le comento sobre las acciones y actividades que desarrollamos por parte de nuestro estado:

-Se emitió el “Aviso Epidemiológico de Dengue” el día 11 de abril, el cual fue compartido a las 12 jurisdicciones sanitarias, con la finalidad de generar acciones de prevención y control de parte de todos los integrantes del sector salud, así como autoridades municipales. Dentro de estas acciones se menciona de manera anticipada el posible incremento de casos de dengue en meses subsecuentes.

-Se envió el oficio número SPPS/DE/101/2019, en el cual se plasmaron las “Acciones Municipales de Prevención y Control del Dengue”, enviado a los 43 ayuntamientos. En él se mencionan las principales acciones a realizar en las cuales interviene el municipio, fortaleciendo además la participación comunitaria.

-Se han realizado, en lo que va del presente año, 20 reuniones de coordinación con diversas autoridades municipales, en las cuales son considerados municipios prioritarios en base a datos históricos de incidencia de dengue; esto con la finalidad de pactar acciones conjuntas de Prevención y Control.

Se han realizado acciones coordinadas entre los diversos componentes relacionados en la Prevención y Control del Dengue, como son:

-Epidemiología: Se han notificado mil 629 casos probables de Dengue y 189 confirmados, con una positividad del 14.3 por ciento. Sin defunciones.

-Promoción de la Salud: Ha desarrollado acciones de autocuidado personal y fomento de medidas de protección en la vivienda para evitar la exposición a la presencia del vector. Han capacitado 4 mil 214 personas en población escolar, activando 290 Comités de Salud, desarrollando acciones preventivas a nivel comunitario, incluyendo a sus labores a mil 474 promotores voluntarios. Se realizaron 86 campañas de eliminaciones masivas de criaderos con mil 557 toneladas eliminadas en 361 colonias de alto riesgo.

-Vectores: Se han desarrollado acciones de Control larvario con un millón 127 mil 987 viviendas visitadas, monitoreo de 28 mil 919 ovitrampas, nebulización de 136 mil 62 hectáreas y rociado intradomiciliariamente 28 mil 113 casas. Estas acciones se realizaron con una inversión de 25 millones de pesos, 29 vehículos, así como la puesta en marca de la Unidad de Investigación Entomovirológica.

-Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios: Se realizaron 6 mil 225 verificaciones en giros de alto riesgo, 6 mil 183 dictámenes emitidos, 45 sanciones, 24 mil 850 personas, en las cuales se realizaron acciones de fomento sanitario, 672 verificaciones a escuelas y 153 verificaciones en hospitales.

-Actualmente no se ha emitido una “Alerta Epidemiológica” debido a que nuestro estado no presenta un incremento de casos el cual nos indique que estamos en epidemia. Solamente se emitió el “Aviso Epidemiológico por Dengue” en abril de este año. A la fecha Tamaulipas ha confirmado 181 casos de dengue, ubicándose en el lugar 16 a nivel nacional en cuanto a la tasa de incidencia de este padecimiento, sin defunciones.

-Durante el año 2020, nuestra entidad continuará con el mismo esquema de trabajo el cual ha brindado buenos resultados, optimizando los recursos disponibles por nuestra institución; así, la importante suma de acciones y recursos de diversas instituciones, sociedad civil y autoridades municipales.

Sin otro asunto aprovecho el conducto para saludarle.

Atentamente

Doctora Gloria de Jesús Molina Gamboa (rúbrica)

Secretaria de Salud y directora general del OPD

Servicios de Salud de Tamaulipas

(Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.)

Del gobierno de Tamaulipas, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, para exhortar a investigar los asesinatos ocurridos en Reynosa

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 30 de octubre de 2019.

Diputada Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

Presente

Hago referencia a su atento oficio número D.G.P.L.64-II-4-1086, mediante el cual comunica que se aprobó el acuerdo siguiente:

Segundo. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, haga públicos los resultados sobre los avances que guarda la investigación de los hechos ocurridos en septiembre de 2018, en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, mismos que terminaron en el asesinato de cinco personas; y se le exhorta para que, en el ámbito de su competencia, agote todos los recursos necesarios para dar con los responsables.

En ese contexto, me permito comunicarle que, de conformidad con la información proporcionada a esta Dirección Jurídica, se ti ene conocimiento que, en los hechos referidos en el citado acuerdo, intervino la Fiscalía General de la República.

Por otro lado, en fecha 30 de septiembre de 2018, la Dirección General de Operación del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral de esta Procuraduría General de Justicia, únicamente tuvo conocimiento de los hechos acontecidos en las calles Pekín y 20 de noviembre, colonia Cañada, del municipio de Reynosa, Tamaulipas, en donde perdieran la vida tres personas con motivo de la agresión y persecución con elementos de la Policía estatal acreditable, realizando la detención de Fabián Reyes Peña, a quien se le dictó sentencia condenatoria por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Craig López Olguín (rúbrica)

Director Jurídico

(Se turna a la Comisión de Justicia, para su conocimiento.)

De la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios de México

Tlaxcala, Tlaxcala, a 6 de noviembre de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho

Vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura de la Paridad de Género

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5, fracción I, 10, 14, 15, fracciones I y XVI, de la Ley Nacional de Ejecución Penal y dando seguimiento a su oficio número D.G.P.L. 64-II-6-1101, de fecha uno de octubre de dos mil diecinueve, tengo el gusto de informar a Usted las acciones realizadas en pro de garantizar los derechos humanos y sus garantías individuales de las mujeres privadas de la libertad recluidas en el Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Tlaxcala:

En cumplimiento a las observaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria dos mil dieciocho, así como la última visita de supervisión que tuvo efecto el día doce de septiembre de la presente anualidad en los centros penitenciarios del estado de Tlaxcala, se realizó el cambio de razón social del anexo femenil, dependiente del Centro de Reinserción Social Regional de Apizaco, Tlaxcala, por el de “Centro de Reinserción Social Femenil del Estado de Tlaxcala”, dependiente de la dirección a mi cargo, a efecto de armonizar las leves nacionales con las leves locales; trabajos normativos que está realizando la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Consejería Jurídica de la Secretaría de Gobierno, a efecto de llevar la propuesta del Reglamento Interior de los Centros Penitenciarios del Estado de Tlaxcala, para su aprobación y publicación.

Asimismo le informo que en dicho centro penitenciario se continúan realizando los trabajos de remodelación correspondientes para dar estricto cumplimiento a lo señalado por la Ley Nacional de Ejecución Penal, respecto a los derechos humanos con los que cuentan las mujeres privadas de la libertad y de igual manera realizar el proceso de acreditación a través de la Asociación Americana de Prisiones (ACA), el cual se tiene contemplado para el primer semestre del año dos mil veinte, toda vez que con fecha veintiséis de septiembre del año en curso, se llevó a cabo la visita de pre evaluación en la que personal de la Embajada de los Estados Unidos de América califico como viable la acreditación en el mes señalado.

No omito mencionar que dicho centro penitenciario cuenta con la infraestructura necesaria, así como con el personal técnico, administrativo y de custodia penitenciaria necesario y capacitado para cumplir con las necesidades con las que cuenta la población penitenciaria femenil y que se encuentran establecidas en el artículo 18 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable, respetando en todo momento los derechos humanos las garantías individuales de las personas privadas de la libertad.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente

Licenciado Jesús Herrera Moreno (rúbrica)

Director de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

(Se turna a la Comisión de Igualdad de Género, para su conocimiento.)

Del gobierno de Yucatán, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a fortalecer los programas destinados a la detección y el tratamiento tempranos de cáncer en niños y adolescentes

Mérida, Yucatán, a 8 de noviembre de 2019.

Diputado Marco Antonio Adame Castillo

Vicepresidente del Honorable Congreso de la Unión

Presente

En atención al oficio DG/SPDG/OFO1126/2019, recibido por parte del despacho del gobernador sobre la sesión celebrada en esa Cámara de Diputados de la Unión sobre los programas destinados a la detección y el tratamiento oportuno de cáncer en niñas y adolescentes, informo a usted que dicha solicitud fue turnada a la Dirección de Prevención y Protección de la Salud para su atención. Se anexa oficio DPPS/SSP/EPI/0801/2019 con la respuesta correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Mauricio Sauri Vivas (rúbrica)

Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán


Mérida, Yucatán, a 31 de octubre de 2019

Doctor Mauricio Sauri Vivas

Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud de Yucatán

Presente

En seguimiento al oficio número DG/SPDG/OF01292/2019, de fecha 18 de octubre de 2019, informo lo siguiente:

A partir del año 2015 se implementó en los centros de salud la cédula de “Búsqueda intencionada de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años”, cuestionario de 30 reactivos a través del cuales se busca identificar de manera oportuna signos y síntomas de sospecha de cáncer en menores de 18 años y referirlos para recibir atención especializada en la Unidad Médica Acreditada Hospital General Doctor Agustín O’Horán.

Anualmente se realizan cursos de capacitación en las jurisdicciones sanitarias Mérida, Valladolid y Ticul en “Signos y síntomas de sospecha de cáncer en niñas, niños y adolescentes”, dirigidos a personal médico, de enfermería y promoción de la salud de las unidades médicas del primer nivel de atención. Así mismo se realiza un curso de actualización dirigido al personal de enfermería en contacto con el paciente oncológico pediátrico de la unidad médica acreditada.

Se ha establecido coordinación con la Secretaría de Educación del gobierno del estado, para realizar la búsqueda de casos sospechosos en las escuelas de los niveles preescolar y primaria. a través de la aplicación de la cédula de “Búsqueda intencionada de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años”, por personal de salud de las unidades médicas. Dicha estrategia se implementó en las escuelas a partir del mes de marzo del presente año.

Como parte de las estrategias de difusión, se emiten mensualmente 10 mensajes digitales de signos y síntomas de sospecha de cáncer en niñas, niños y adolescentes, a través de las redes sociales Twitter y Facebook de los Servicios de Salud de Yucatán.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo

Atentamente

Doctor Ildefonso Machado Domínguez (rúbrica)

Director de Prevención de la Salud de los Servicios de Salud de Yucatán

(Se turna a la Comisión de Salud, para su conocimiento.)

Del gobierno de Yucatán, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, a fin de exhortar a las universidades públicas estatales a suscribir acuerdos de colaboración para realizar prácticas profesionales y servicio social de estudiantes de medicina, enfermería y trabajo social dirigidos a comunidades con vulnerabilidad social

Mérida, Yucatán, a 4 de noviembre de 2019.

Diputada Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

LXIV Legislatura

Presente

Por instrucción del gobernador constitucional de Yucatán, licenciado Mauricio Vila Dosal, y en atención de su oficio número DGPL 64-II-7-1075, expediente 2279, acerca del exhorto a la realización de prácticas profesionales y servicio social de estudiantes de medicina, enfermería y trabajo social en comunidades con vulnerabilidad social, me permito informarle que las bases para implantar el servicio social de las carreras del área de la salud se encuentran reguladas por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, de acuerdo con la NOM 009-SSA3_2013, “Educación en salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para la prestación del servicio social de medicina y estomatología”, cuyo numeral 7 señala: “Disposiciones para los servicios estatales de salud 7.1.1. estar ubicados en áreas rurales o urbanas prioritariamente con menor desarrollo”. Por tal motivo, las plazas en el estado se distribuyen con estricto arreglo a la normativa establecida desde el nivel federal, colocando a los pasantes en unidades que se encuentran en la zona rural con menor desarrollo, dándose ya en los hechos cumplimiento al exhorto a que hace referencia.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención, me despido con un cordial saludo.

Atentamente

Doctor Mauricio Sauri Vivas (rúbrica)

Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud

(Se turna a la Comisión de Educación, para su conocimiento. )

Del gobierno de Yucatán, mediante la cual remite contestación al punto de acuerdo, aprobado por la Cámara de Diputados, relativo a resolver la problemática que ha causado el desplazamiento forzado interno de personas pertenecientes a diversos pueblos indígenas de México

Mérida, Yucatán, a 22 de octubre de 2019.

Diputada Dolores Padierna Luna

Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión

Presente

En ejercicio de las atribuciones que como representante del Poder Ejecutivo del gobierno del estado y de su titular me confieren los artículos 32, fracción XII, del Código de la Administración Pública de Yucatán y 11, Apartado A, fracción I, de su reglamento, le manifiesto lo siguiente:

Que en diversas fechas se recibieron los oficios números. DGPL 64-II-2-410, expediente 1507, de fecha 14 de febrero de 2019; y DGPL 64-II-4-1073, expediente 1795, de fecha 1 de octubre de 2019. En el primero se informa que en sesión celebrada en la fecha de emisión del oficio, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el acuerdo “Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas que enfrentan una situación de desplazamiento forzado interno, así como a los respectivos congresos, a efecto de que en el ámbito de sus competencias den cumplimiento a lo indicado en los puntos 10 y 11 del apartado ‘Propuestas’ del Informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México, publicado en mayo de 2016 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

En el segundo oficio se establece que el 1 de octubre de 2019 se aprobó el acuerdo “Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las y los titulares del Poder Ejecutivo de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México a reconocer el desplazamiento forzado que ocurre en las entidades federativas, así como los riesgos a que se encuentran expuestos las y los habitantes que en ellas residen. Asimismo, consideren el registro de las víctimas de desplazamiento forzado a fin de que éstas puedan tener acceso a la reparación integral del daño que considera la Ley General de Víctimas”.

En relación con los citados oficios, le manifiesto lo siguiente:

Toda vez que en el Informe especial sobre desplazamiento forzado interno en México (http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/15008/2016_IE_DesplazadosD.pdf ), emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en mayo de año 2016, no se advierte que Yucatán enfrente una situación de desplazamiento forzado interno ni hay información de alguna conducta relativa en los municipios de esta entidad federativa, no es posible informar sobre el cumplimiento de lo indicado en los puntos 10 y 11 del apartado “Propuestas” del referido informe ni hacer reconocimiento de desplazamientos forzado en la entidad.

Lo anterior se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

Agradeciendo la atención que se sirva prestar al presente oficio, y esperando haber cumplido lo solicitado, me despido enviándole un cordial saludo.

Atentamente

Licenciado en Derecho Mauricio Tappan Silveira (rúbrica)

Consejero Jurídico, en su Carácter de Representante del Gobernador

(Se turna a la Comisión de Pueblos Indígenas, para su conocimiento.)