Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversos gobiernos locales a hacer pública con los ayuntamientos de los municipios donde se ha declarado alerta de género la información sobre las acciones preventivas de seguridad y justicia implantadas a fin de atender, prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

Silvia Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Actualmente, en México mujeres jóvenes y adultas viven en riesgo constante de sufrir algún tipo de violencia, y prácticamente todas, en algún momento de su vida, han sido víctimas de violencia o han experimentado su amenaza por el simple hecho de ser mujeres.

Las modalidades y expresiones de la violencia impiden el desarrollo de las mujeres, menoscaban su libertad y derechos, limitan el pleno desarrollo de sus capacidades y minan su participación política, económica y social en nuestras sociedades.

La violencia de género que puede llegar hasta la muerte es cometida, la mayoría de las veces, para conservar y reproducir el sometimiento y la subordinación de éstas derivados de relaciones de poder.

Los asesinatos de mujeres y niñas perpetrados por razones de género, es decir, aquellos que se realizan con dolo misógino, son la expresión extrema de la violencia que se comete contra ellas por el hecho de ser mujeres. Una constante de estos asesinatos es la brutalidad y la impunidad que los acompañan. Estos crímenes constituyen la negación del derecho a la vida y de la integridad de las mujeres.

Segunda. Datos de cierto reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que en 2018 (http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx) se presentaron 845 feminicidio. Asimismo, dicho informe demuestra que desde el año de 2015 los delitos tipificados como feminicidio a nivel nacional se han venido incrementando de manera grave, dado que en 2015 se configuraron 407 casos; en 2016, 585; en 2017, 689 y en 2018 se presentaron 845 feminicidios. Es decir, las cifras de 2017 se incrementaron de manera alarmante en 169 por ciento.

El citado reporte determina que en el primer semestre de 2018 el Estado de México, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, Ciudad de México, son los seis estados concentran 45 por ciento de los feminicidios del país, con 177 decesos de los 387 casos que se registraron a nivel nacional hasta junio de 2018.

A efecto de dimensionar adecuadamente el fenómeno delictivo asociado al feminicidio a nivel nacional, es importante señalar que dicho delito de feminicidio representa 0.04 por ciento en la incidencia delictiva total en el período enero-junio 2018.

Tercera. Por otra parte, hay que tomar en cuenta que existen miles de casos de homicidios dolosos en contra de mujeres que por diversas causas no fueron tipificados como feminicidios, pero que son casos que también deben ser considerados como violencia de género.

El referido informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que en 2015 se registraron mil 737 homicidios dolosos contra mujeres; en 2016, 2 mil 204; en 2017, 2 mil 553; y hasta junio de 2018, mil 299 homicidios. Guanajuato, Baja California, estado de México y Guerrero rebasan los 100 homicidios dolosos contra mujeres: registran 551 homicidios en total.

Si bien los instrumentos normativos han tenido un avance significativo para tipificar y sancionar el delito de feminicidio en México, la dinámica, evolución e incremento de este delito requiere de acciones contundentes por parte de las autoridades locales y federales.

Cuarta. Uno de los mecanismos de protección es la alerta de violencia de género contra las mujeres, un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el Reglamento de dicha ley.

Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad (artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

El objetivo de este mecanismo es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y/o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravia sus derechos humanos (artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia).

Quinta. Las entidades federativas y sus municipios donde se ha declarado alerta de violencia de género contra las mujeres son los siguientes:

1. Estado de México : Se declaró el 31 de julio de 2015 en 11 municipios: Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca de Lerdo, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.

2. Morelos : Se declaró el 10 de agosto de 2015 para ocho municipios: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

3. Michoacán : Se declaró el 27 de junio de 2016 para 14 municipios: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Tacámbaro, Hidalgo, Huetamo, La Piedad, Sahuayo y Maravatío.

4. Chiapas : Se declaró el 18 de noviembre en 7 municipios del estado: Comitán de Domínguez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. Asimismo, requiere acciones específicas para la región de los Altos de Chiapas, la cual incluye los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chamula, Shanal, Chenalhó, Huiztán, Larráinzar, Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, San Cristóbal de las Casas, San Juan Cancuc, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca y Zinacantán.

5. Nuevo León: Se declaró el 18 de noviembre en 5 municipios del estado: Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey.

6. Veracruz : Se declaró el 23 de noviembre de 2016 en 11 municipios: Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.

7. Sinaloa : Se declaró el 31 de marzo de 2017 en 5 municipios: Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato.

8. Colima : Se declaró el 20 de junio de 2017 en 5 municipios: Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez.

9. San Luis Potosí : Se declaró el 21 de junio de 2017 en 6 municipios: Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín.

10. Guerrero : Se declaró el 22 de junio de 2017 en 8 municipios: Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.

11. Quintana Roo : Se declaró el 7 de julio de 2017 en tres municipios: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad. Asimismo, requiere acciones específicas para Lázaro Cárdenas, de población indígena.

12. Nayarit : Se declaró el 4 de agosto de 2017 en siete municipios: Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic. Asimismo, establece acciones específicas para los municipios con predominante población indígena: Del Nayar, La Yesca y Huajicori.

13. Veracruz: Se declaró el 13 de diciembre de 2017 por agravio comparado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Sexta. Las causas de los feminicidios son multifactoriales, sin embargo, uno de los factores claves que señalan asociaciones civiles y luchadores sociales es la falta de reconocimiento de la problemática de la violencia contra las mujeres en términos generales, algo que impacte en la política pública federal. La falta de reconocimiento propicia la generalización de la violencia contra las mujeres, y ésta, a su vez, siembra la semilla de los feminicidios. Además, esto también se ve reflejado en la ausencia de datos claros y certeros que creen una visión real de la situación de los feminicidios en el país.

Conforme a los citados antecedentes y consideraciones y ante el grave incremento de violencia contra las mujeres, es necesario conocer las acciones preventivas de seguridad y de justicia que se han concretado y efectuado para atender, prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres por parte de los gobiernos de las entidades donde se han declarado dichas alertas de género.

Lo anterior tiene como objetivo primordial de conocer tales acciones y desde el poder legislativo fortalecer los mecanismos normativos para prevenir, combatir y sancionar de manera más eficaz y con mayor severidad el creciente fenómeno de homicidios en contra de las mujeres por razones de género.

Conforme a lo anterior, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados solicita respetuosamente a los gobiernos de Colima, Chiapas, estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Guerrero, Veracruz, Zacatecas, Oaxaca, Durango, Campeche y Jalisco a hacer pública con los ayuntamientos de los municipios donde se haya declarado alerta de género la información respecto a las acciones preventivas de seguridad y de justicia concretado y efectuado para atender, prevenir y combatir la violencia en contra de las mujeres.

Ciudad de México, a 8 de abril de 2019.

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a publicar el programa de atención de los cementerios locales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar de manera respetuosa a la jefa de gobierno de la Ciudad de México a hacer público el programa para atender conjuntamente con los titulares de las dieciséis alcaldías, la situación de los cementerios en la Ciudad de México, asimismo detallar el estatus que guardan ya sea como oficiales o concesionados y la cantidad de hectáreas que ocupan actualmente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los cementerios públicos son uno de los aspectos olvidados de las administraciones recientes de la Ciudad de México, inclusive un diario1 de carácter nacional publicó la situación en la que se encuentran abandonados.

Una congresista de la Ciudad de México expuso recientemente que se estima solo quedan 77 mil fosas disponibles, destacó que aun cuando desde 1975 ya no se expidieron títulos a perpetuidad, persistieron llevándose a cabo trámites en ese rubro, lo cual ha provocado un desaseo en el manejo de la administración de este importante servicio a la comunidad.

Se describe en la nota periodística que existen 118 panteones de los cuales 5 son civiles generales, 14 civiles delegacionales, 83 vecinales o comunitarios, otros 14 concesionados y 2 históricos.

Ante este razonamiento es que se necesita revisar a profundidad lo que está ocurriendo después del decreto de 2004 para regularizar los títulos de fosas a perpetuidad de los cementerios públicos.

Es oportuno recordar que con la reforma política de la Ciudad de México se facultó a las alcaldías para atender en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, la verificación, vigilancia, cumplimiento de las disposiciones y sanciones respectivas en materia de cementerios.2

Asimismo, el texto constitucional de la capital del país prevé en el inciso F) del artículo 59 respetar la administración3 y cuidado de los panteones comunitarios como facultad y responsabilidad de los pueblos y barrios originarios.

No obstante lo anterior, corresponde a la Dirección Jurídica y de Estudios Legislativos4 del gobierno de la Ciudad de México aplicar las disposiciones jurídicas en materia de trámites funerarios y cementerios en la ciudad y vigilar su cumplimiento.

En virtud de lo anterior, es necesario conocer el estatus que guardan los cementerios de la capital del país, saber si siguen en carácter de concesionados y oficiales; así como la superficie que ocupan actualmente en hectáreas, puesto que el último dato registraba que eran 828 has.

Esta es una legítima preocupación que debería unir a todas las fuerzas políticas puesto que conocemos de la problemática hace tiempo pero no se le da la debida importancia.

A nadie sorprende las condiciones insalubres y de abandono en que se encuentran los cementerios; existen montañas de grava, basura orgánica e inorgánica, restos de los ataúdes y cuerpos expuestos al aire libre, representando un alto riesgo de contaminación en perjuicio de la salud humana.

Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de ésta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México a hacer público el programa para atender conjuntamente con los titulares de las dieciséis alcaldías, la situación de los cementerios en la Ciudad de México, asimismo detallar el estatus que guardan, ya sea como oficiales o concesionados, y la cantidad de hectáreas que ocupan actualmente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la jefa de gobierno de la Ciudad de México a hacer público los recursos financieros que se obtienen derivado del pago de derechos asociado a los cementerios.

Notas

1 El Universal. Villavicencio Diana. En 10 años los panteones de la CDMX se sobresaturaron, advierte congresista. Enero 11, 2018. Disponible en:

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/en-10-anos -panteones-de-la-cdmx-se-sobresaturaron-advierte-congresista

2 Constitución de la Ciudad de México. Estipulado en la fracción XXII del artículo 53. Consultado en:

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3 Ídem

4 Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. Consultado en:

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/20ed82f3b67a6f9aaca19 4107eed4440d3506335%20(1).pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Inmujeres y sus homólogos locales a generar en la próxima conmemoración del Día de las Madres actividades que reconozcan la participación social de éstas, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La conmemoración del Día de la Madre se remonta a la antigua Grecia, donde se realizaba en honor de ‘Rhea’, quien era conocida como la madre de dioses. Para el siglo XIX existieron opiniones para dedicar un día a rendir homenaje a las madres, y fue en Estado Unidos de América, en 1907, cuando se reforzaron los trabajos y se realizaron campañas para que el gobierno atendiera la celebración.

Para el 10 de mayo de 1908, se realizó una ceremonia no oficial para conmemorar a las madres, en una iglesia de Grafton, Virginia, Estados Unidos, y en 1914, el presidente Woodrow Wilson emitió un decreto para el segundo domingo del mes de mayo.

En nuestro país, el inicio del festejo se remonta al 13 de abril de 1922, día en que el periodista Rafael Alducín, fundador del periódico Excélsior, lanzó una convocaría nacional para elegir una fecha especial para rendir homenaje de afecto y respeto a las madres mexicanas.

Hoy, la fecha goza de gran importancia entre las familias nucleares y verticales mexicanas, quienes compran en mercados o tiendas departamentales, el regalo para las madres.

En todo el mundo la maternidad es primordial y en la actualidad se reconoce que existen muchos tipos de familias. La actual celebración fue adecuada para las familias de mediados del siglo XX, que impulsaba estereotipos de mujer sumisa, abnegada, callada, de costumbres, lo que en este momento no es vigente.

Las madres solteras y monoparentales, en muchas ocasiones y en el marco de la celebración del Día de las Madres, los rechazos de las familias verticales y nucleares, además, son objeto de señalamientos, de acoso e incluso de daño físico o psicológico.

Es necesario concientizar sobre una maternidad actual, vinculado con fenómenos existentes en nuestra sociedad mexicana.

Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2017 muestran que tres cuartas partes (73.3 por ciento) de los 48 millones de mujeres de 15 años y más han sido madres, esto es 35.2 millones. De ellas, siete de cada diez están casadas o unidas (52.4 por ciento y 18.8 por ciento, respectivamente). Aproximadamente la quinta parte es viuda, separada o divorciada (10.2 por ciento, 6.6 por ciento y 2.5 por ciento, respectivamente); en tanto que 9.6 por ciento son madres solteras.

Para las mujeres de 30 años y más, la proporción de quienes han tenido al menos un hijo nacido es de 90.2 por ciento, lo que nos indica que el ser madres es un hecho que forma parte de la gran mayoría de las mujeres en nuestro país. De ellas, 38.0 por ciento tienen de uno a dos hijos e hijas; casi la mitad (47.1 por ciento) entre tres y cinco hijas e hijos, y 14.9 por ciento de ellas tienen seis o más.

Las madres monoparentales y solteras, tiene dificultades en el mercado laboral, con condiciones adversas, combinando los gastos, quehaceres domésticos y crianza de los hijos, aunado a que con la llegada de más hijos disminuye la posibilidad de continuar formalmente laborando.

Conforme a datos de la ENDIREH 2016, el 30.8 por ciento de las madres de 15 años y más casadas o unidas, declaró haber padecido al menos un incidente de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses; el 27.8 por ciento ha sufrido violencia emocional, 14.1 por ciento económica, 8.5 por ciento física y 2.5 por ciento sexual.

Es necesario que el Estado genere canales de comunicación adecuada con este importante sector de la sociedad mexicana, las madres monoparentales y solteras coadyuvan al fortalecimiento del tejido social, son cabeza de familia, cuidadoras, trabajadoras, en sí todos los conceptos positivos que puede tener tan noble y responsable ser humano.

Para efectos de la próxima conmemoración del día de las madres; es urgente que el Instituto Nacional de la Mujer y sus símiles en los Estados de la República; promuevan acciones que fortalezcan el reconocimiento de las madres monoparentales y solteras.

En razón de lo anteriormente expuesto, someto a consideración de la honorable soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional de las Mujeres, así como a sus símiles en las entidades federativas, para que, en la próxima conmemoración del Día de la Madres, se generen actividades que reconozcan la participación social de las madres solteras y monoparentales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ifetel y la Profeco a vigilar, verificar y regular los lineamientos de las tarifas, los planes y los costos ofrecidos por los concesionarios de telefonía celular, a cargo del diputado José Luis García Duque, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, José Luis García Duque, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, 100 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El uso del teléfono celular como medio de comunicación en México ha crecido enormemente en los últimos 20 años. Con los avances tecnológicos, hoy podemos contar con una conectividad telefónica y a internet desde el mismo celular, así como tener a la mano un sinfín de aplicaciones móviles que nos facilitan nuestras actividades cotidianas y que muchas de éstas necesitan una conexión a internet (ya sea mediante wifi o datos móviles) para su buen funcionamiento, lo que resulta indispensable para muchas personas este tipo de conexiones para desarrollar de forma eficiente su trabajo, comunicaciones (redes sociales), operaciones bancarias en línea, conectividad para GPS, compras en plataformas virtuales, tareas, investigaciones, ocio y demás funciones que una persona pueda realizar con los datos móviles (3G, 4G, 5G) desde su celular (smartphone) o bien con una conectividad tipo wifi.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía brinda los siguientes datos en cuanto el uso del celular:

• 72.2 por ciento de la población de 6 años o más utiliza el teléfono celular.

• De cada 10 de ellos, 8 disponen de celular inteligente, con lo cual tienen la posibilidad de conectarse a internet.

• El total de usuarios que sólo disponen de un celular inteligente creció de 60.6 millones a 64.7 millones de 2016 a 2017.

• También se incrementó de 89.0 por ciento en 2016 a 92.0 en 2017 el número de usuarios que se conectan a internet desde un celular inteligente.1

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio referente al uso que suelen dar las personas en México a un teléfono celular: 32.6 por ciento lo utiliza para navegar por internet, correo electrónico, chats, redes sociales, etcétera; y cerca de 27.6, para realizar llamadas:2

Para obtener una conexión a internet tipo móvil (3G, 4G, 5G) desde un celular inteligente, es forzoso ser usuario de alguna compañía móvil. La reciente reforma en materia de telecomunicaciones dio origen a nuevas compañías en el mercado de telefonía móvil para generar mayor competencia y brindar así mejores servicios y ofertas a los usuarios.

Al respecto, la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-184-SCFI-2017 3 establece elementos normativos y obligaciones que deben observar los prestadores de servicios de telecomunicaciones (compañías móviles). Asimismo, indica cómo serán las contrataciones y los pagos para el servicio de telefonía y así para obtener datos móviles, llamadas y mensajes de texto.

Los tipos de pago a las compañías móviles que señala son éstos:

Pospago

• Esquema de contratación mediante el cual el consumidor paga servicios de telecomunicaciones de manera posterior a la utilización de éstos, conforme a lo establecido en las reglas de portabilidad numérica emitidas por el instituto o las que las sustituyan.

Pospago libre

• Es la modalidad de contratación a través de la cual el consumidor accede a pagar mensualmente i) una renta fija mensual o cargo fijo por tener a su disposición un servicio o paquete integrado de servicios; y ii) cualquier otro cargo correspondiente a las unidades consumidas adicionales a las contenidas en el plan o paquete contratados, contratación de servicios adicionales o la utilización de otros servicios que se encuentren disponibles, los cuales le serán facturados en la siguiente fecha de corte.

Prepago

• Esquema de contratación mediante el cual el consumidor paga servicios de telecomunicaciones de manera anticipada a la utilización de éstos, conforme a lo establecido en las reglas de portabilidad numérica emitidas por el instituto o las que las sustituyan.

De acuerdo con distintas fuentes en medios electrónicos, más de 80 por ciento de los usuarios de telefonía móvil en México utilizan un plan de prepago para contratar los servicios de telefonía. En México hay distintas compañías móviles (Telcel, AT&T, Movistar, Unefon, Virgin Mobile, Simplii, Freedompop, Flash Mobile, Weex, etcétera) y ofertan distintos tipos de servicios de telefonía en distintos precios y modalidades, según las necesidades del usuario. No obstante, aun con variedad en cuanto a la competencia de las compañías móviles, empresas como Telcel, AT&T y Movistar son las que proporcionan la cobertura red a estas compañías.

De acuerdo con the Competitive Intelligente Unit, de los usuarios registrados en México, Telcel tiene 61.9 por ciento; Telefónica Movistar, 21.6; y AT&T, 15.

Por citar un ejemplo actual, la compañía Movistar ofrece promociones que abarcan redes sociales ilimitadas, internet, minutos y SMS ilimitados a cualquier compañía esto por distintos precios y duración de acuerdo con las necesidades del usuario, y las tarifas son similares en las otras compañías.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el ámbito de sus atribuciones, es el ente encargado de vigilar el buen funcionamiento de estas compañías móviles, y año tras año ha recibido gran cantidad de inconformidades por los servicios telefónicos que ofrecen estas compañías móviles. Mediante la plataforma virtual Soy Usuario4 tan sólo en 2018 se recibieron 16 mil 889 quejas correspondientes a las compañías móviles, y de acuerdo con la Profeco las principales causas por las que se inconforman los usuarios corresponden a las fallas y mala calidad de servicio que se ofertó, cobros indebidos, y la negativa a hacer efectiva la garantía y a rescindir el contrato debido a que no se proporcionó lo previamente contratado.5

Justamente, las quejas que reciben el IFT y la Profeco por el mal servicio que brindan las compañías móviles son de alarmarse; eso, sin contar a las personas que no presentan formalmente su queja ante estas instancias.

Gran parte de la indignación que tienen los usuarios es relativa a que en muchas ocasiones los servicios que ofertan las compañías móviles no suelen ser los que el usuario contrató en un inicio, debido a que a la mala información proporcionada por las empresas al momento de ofertar su servicio telefónico o la mala interpretación que le dio el usuario por la cuestión de la publicidad engañosa.

De acuerdo con la ley Federal de Protección al Consumidor, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva la que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta. 6

Las compañías móviles y los usuarios celebran contratos de adhesión donde son por un plazo determinado según el tipo de servicio que requieran. Este tipo de actos vulnera los derechos de los usuarios como consumidores, debido a que no son bien informados sobre las futuras modificaciones o alteraciones que pudiere tener su contratación por la compañía y que no es necesario su consentimiento para hacer dicho cambio a su servicio. Ésta es una práctica recurrente de las compañías móviles y en diversas ocasiones acostumbran hacer las mismas alteraciones sin notificar previamente por algún medio al usuario, causándole una incertidumbre jurídica sobre su tipo de contrato por el que está obligado a pagar por el plazo acordado, y se encuentra en un estado de indefensión debido a que si no paga le es cortada la línea telefónica y reportado como un deudor ante el buró de crédito.

Por esa razón se hace el debido exhorto a estas instituciones, por una parte, al IFT debido a que en su legislación (Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión) entre muchas atribuciones se destaca lo siguiente:

• Autorizar, registrar y publicar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones.

• Regular, monitorear y vigilar la calidad de los servicios de telecomunicaciones.

• Informar a la Profeco sobre los precios que establecen las compañías.

• Vigilar lo dispuesto en los títulos de concesión otorgados en materia de telecomunicaciones.

• Ejercer facultades de supervisión y verificación a fin de garantizar la prestación de los servicios para que se realicen ajustados a la ley.

Asimismo, se exhorta a la Profeco debido a que entre las atribuciones que la Ley Federal de Protección al Consumidor le confiere figuran las siguientes:

• Promover y proteger los derechos del consumidor.

• Propiciar seguridad jurídica entre proveedor y consumidor.

• Divulgar información objetiva para que al consumidor se facilite la contratación de bienes y servicios ofertados en el mercado.

• Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la autoridad competente.

• En materia de telecomunicaciones, llevar un registro de los contratos de adhesión que los proveedores realicen para con los usuarios.

Por estas atribuciones que la ley confiere a esas dos instituciones, y que además deben trabajar de forma conjunta para mantener un control sobre los proveedores concesionarios, es pertinente que de manera contigua vigilen, verifiquen y regulen los costos de los servicios que las compañías móviles realicen, protegiendo y salvaguardando los derechos de los usuarios-consumidores; asimismo, vigilar que el servicio sea de calidad y el que fue contratado tal cual y como se ofertó, eliminando toda publicidad engañosa que provoque el error del usuario.

Por lo fundado y expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal de Telecomunicación a vigilar y verificar en el ámbito de sus atribuciones el cumplimiento de los lineamientos de las tarifas, los planes y los costos que ofertan los proveedores concesionarios de telefonía celular, a fin de que los servicios adquiridos por los usuarios correspondan a los que ofertó el proveedor de telefonía celular en su contratación.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor a verificar de manera coordinada con el Instituto Federal de Comunicaciones el cumplimiento de precios y tarifas que ofertan los proveedores concesionarios de telefonía celular, así como verificar que la promoción de sus servicios no sea engañosa.

Notas

1 Encuesta Nacional sobre el Uso de las TIC en México, disponible en http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/Otr TemEcon/ENDUTIH2018_02.pdf

2 Resultados de la Encuesta sobre Satisfacción del Servicio de Telefonía Móvil, Profeco, 2015.

3 Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-184-SCFI-2017, “Elementos normativos y obligaciones específicas que deben observar los proveedores para la comercialización o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen una red pública de telecomunicaciones” (cancelará la NOM-184-SCFI-2012).

4 Soy Usuario, la plataforma virtual del IFT, es un medio de preconciliación donde puede enviarse alguna inconformidad sobre los servicios de telefonía móvil.

5 Quejas por servicio de telecomunicaciones Profeco

https://www.gob.mx/profeco/prensa/boletin-de-prensa-041-profeco-recibio
-7-373-quejas-por-servicios-de-telecomunicaciones-durante-el-primer-trimestre-del-2017

6 Artículo 32, párrafo segundo, de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 8 de abril de 2019.

Diputado José Luis García Duque (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía de Xochimilco, la Semarnat y la Came a instaurar acciones relativas a la quema de pastizales y zonas forestales en la localidad, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

La presente, diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las principales causas de deforestación en México son los incendios forestales. La semana pasada se reportaron incendios en pastizales de Plan de Muyuguarda y Río San Buenaventura en la Colonia San Lorenzo la Cebada de la alcaldía de Xochimilco. Este es la tercera ocasión en las últimas semanas que se presenta una situación similar.

El pasado 20 de febrero de este año se registró un fuerte incendio a interior del Parque Ecológico Xochimilco (PEX) que derivó en una contingencia de más de 12 horas y que provocó afectaciones ambientales a la calidad del aire en al menos cuatro delegaciones y siete días más tarde, ocurrió un nuevo incendio forestal sobre el Anillo Periférico y Canal Cuemanco.

Cada año se registran una decena de incendios en esta misma zona ecológica y no hay ningún tipo de vigilancia por parte de la alcaldía Xochimilco para prevenirlos. Incluso, muchas veces se utiliza el predio para tirar basura y cascajo, lo cual ha provocado afectaciones a la flora y fauna del lugar.

El año pasado, en la primera quincena de abril, la “Ciénega Chica” o también conocida como Laguna de Regulación Ciénega Chica, sufrió una serie de incendios que provocaron la quema de pastizales y árboles en 50 de las 72 hectáreas con las que cuenta, donde al igual que ahora, ésta se encontraba sin ningún tipo de vigilancia por parte de autoridades de todos los niveles a pesar de que es considerada una zona de gran valor ecológico e histórico, así como área natural protegida.

Una de las grandes problemáticas es que no hay personal de Comisión de Recursos Naturales, correspondiente al gobierno capitalino, ni mucho menos de la alcaldía Xochimilco, ni tampoco de Semarnat o de la CAME que vigilen esta zona.

Así como existe un programa muy severo contra la contaminación que emiten los automóviles en la Ciudad de México, con medidas de verificación, patrullas ecológicas, multas y restricción para la circulación, es urgente que con este tipo de incendios que provocan graves daños ecológicos y la salud, se tomen acciones contundentes.

Es necesario que el gobierno de la Ciudad de México, junto con la alcaldía de Xochimilco y la Semarnat, establezcan con urgencia acciones que eviten estos incendios que son altamente dañinos para los habitantes de la ciudad y ponen en riesgo la fauna y flora del lugar, así como cientos de viviendas de colonias aledañas como Barrio 18 y La Cebada, en Xochimilco, además de programas de vigilancia en estas zonas ecológicas y forestales, con el fin de detener a los responsables de la quema y se establezcan sanciones ejemplares.

Asimismo, a la par esto se debe establecer con claridad la grave situación en el deterioro, desecamiento de lagunas y abandono del PEX que fue entregado a un patronato desde hace años.

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al titular de la alcaldía de Xochimilco, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Ambiental de la Megalópolis a instrumentar acciones contra la constante quema de pastizales y zonas forestales en la capital del país.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a realizar una investigación exhaustiva de los incendios que han sido provocados en la ciudad, con el fin de que se establezcan sanciones ejemplares para los responsables.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural a intensificar las campañas de capacitación y adiestramiento para el combate a incendios forestales.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 8 días del mes de abril de 2019.

Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que en el Complejo Cultural de Los Pinos se implante el Centro Cultural de Legalidad, Civismo y Moralidad Ciudad de las Constituciones, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

Silvia Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

La residencia oficial de Los Pinos fue la casa del presidente de los Estados Unidos Mexicanos desde 1934 hasta el 30 de noviembre de 2018, y a partir del 1 de diciembre es un espacio cultural abierto al público. A partir de marzo de 1935 Los Pinos como coloquialmente se le conoce, ha albergado a 14 presidentes de la república.

Sin embargo, en la toma de protesta del señor presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador, expreso que:

...También transitaremos hacia una verdadera democracia, se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente o el que utilice el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza.

Es pertinente, pues, exponer con toda claridad que vamos a atender y a respetar a todos. Que vamos a gobernar para todos, pero que le vamos a dar preferencia a los vulnerables y a los desposeídos. Por el bien de todos, primero los pobres.

Como se comprenderá la necesidad de emprender estas y otras acciones explica y justifica el plan de austeridad republicana al que nos hemos comprometido, y que, dicho sea de paso, no significa, como se piensa en otros países, un mero conjunto de ajustes en el gasto productivo y social del presupuesto. Aquí lo entendemos no sólo como un asunto administrativo, sino como una política de principios, toda vez que implica terminar con los privilegios de la alta burocracia. Juárez decía que los funcionarios debían aprender a vivir en la justa medianía, y nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre.

No viviré en Los Pinos y esa residencia oficial ya se abrió, desde hoy, al público y se integrará al bosque de Chapultepec para convertirse en uno de los espacios más grandes e interesantes del mundo para el arte y la cultura.

Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos, y el desafío que significa enfrentar los grandes y graves problemas nacionales, pero soy optimista y creo que vamos a salir bien, vamos a enfrentar bien los grandes y graves problemas nacionales porque creo en el pueblo y en su cultura, la cultura del pueblo, de nuestro pueblo, las culturas de México que siempre han sido nuestras salvadoras.

Con nuestras culturas hemos enfrentado epidemias, terremotos, inundaciones, hambrunas, invasiones, guerras civiles, crisis económicas, epidemias, malos gobiernos y otras calamidades, y siempre hemos resurgido con dignidad y con orgullo.

La herencia de civilizaciones nos ha forjado como un pueblo tenaz, combativo, luchón, emprendedor, honesto, con una excepcional idiosincrasia de fraternidad, de amor al prójimo, de verdadera solidaridad.

Por eso estoy optimista, creo que ya estamos logrando, se está iniciando y ya vamos en el camino de lograr el renacimiento de México, que nos vamos a convertir en una potencia económica y, sobre todo, en un país modelo que habrá de demostrar al mundo que acabar con la corrupción es posible, y así lo haremos, porque de esa manera construiremos una sociedad más justa, democrática, fraterna y siempre alegre. Acepto el reto y les invito a participar para celebrar juntas y juntos, el esplendor y la grandeza futura de nuestro querido México.

Ha prometido también que en nuestro país habrá un auténtico estado de derecho y que nadie le estará permitido violar la Constitución y las leyes y no habrá impunidad, fueros y privilegios y que el presidente en funciones podrá ser juzgado por cualquier delito que cometa, así también que se convertirá en delito grave y de prisión preventiva oficiosa entre otros, la corrupción y el fraude electoral.

Un buen juez por la casa empieza. Pondremos orden en la cúpula del poder, porque la corrupción se promueve y se practica fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles inferiores. Es decir, vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras.

El otro distintivo del nuevo gobierno será la separación del poder económico del poder político. El gobierno ya no será un simple facilitador para el saqueo, como ha venido sucediendo. Ya el gobierno no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz. Representará a ricos y pobres, creyentes y libres pensadores, y a todas las mexicanas y mexicanos, al margen de ideologías, orientación sexual, cultura, idioma, lugar de origen, nivel educativo, o posición socioeconómica. Habrá un auténtico Estado de derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales del siglo XIX, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie.

También transitaremos hacia una verdadera democracia, se acabará la vergonzosa tradición de fraudes electorales. Las elecciones serán limpias y libres y quien utilice recursos públicos o privados para comprar votos y traficar con la pobreza de la gente o el que utilice el presupuesto para favorecer a candidatos o partidos, irá a la cárcel sin derecho a fianza.

Habrá libertad empresarial; libertad de expresión, de asociación y de creencias; se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos, consagrados en nuestra Constitución.

Cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia. Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy convencido de que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige, necesariamente, del combate a la desigualdad y a la pobreza. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

Basado en lo anterior y en el ideal de austeridad republicana el actual presiente de la República renuncio a vivir en la anterior residencia oficial y convertirla en un complejo cultural a cargo de la secretaria de cultura, dando cumplimiento con ello a una de sus propuestas de la cuarta transformación.

Por cuarta transformación, debemos de entender un cambio profundo para el país que en su devenir histórico ha pasado por tres momentos claves de su historia. La Independencia, la Reforma y la Revolución.

Reconocerse como sujeto histórico capaz de reformar y transformar las circunstancias del tiempo en el que se vive. El que cambia la política, para hacerla verdadera en donde se haga posible el entendimiento como la negociación, que sea la suma para defender nuestra democracia.

La cuarta transformación significa dar un rumbo distintivo a la nación afianzados en la honestidad, y en la legalidad, en donde la cultura tome un papel importante y sumarla a una manera viviente como sustancia concreta del conocer las aspiraciones y necesidades de todos, pero en especial de los más pobres.

La cuarta transformación implica el reconocer a los héroes que nos dieron independencia, derechos, libertades, y democracia.

México es un país que tiene un gran pasado desde el valle de la Anáhuac, hasta la actualidad.

Y es esta actualidad la que nos hace reflexionar.

Como lo ha dicho el presidente López Obrador la política económica aplicada durante el periodo neoliberal, de 1983 a la fecha, ha sido la mas ineficiente en la historia moderna de México, ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país, pero también agrego que la corrupción es el principal problema del país.

Según la última medición de transparencia internacional ocupamos el lugar 135 en comparación de 176 países evaluados. Ocupamos el lugar 135 en corrupción, entre 176 países evaluados y pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 159 en 2000, subir l70 en 2006, escalar al 106 en 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos.

Por eso insistió. El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción.

Desgraciadamente casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente en estos tiempos que es sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación.

No se trata, como antes, de actos delictivos individuales, o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del gobierno.

En el periodo neoliberal la corrupción se convirtió en la principal función del poder político, por eso si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y la impunidad.

Por ello es necesario que la cuarta transformación se fundamente haciendo realidad el progreso con justicia y una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. Hay que promover el bienestar material pero también el bienestar del alma.

En estos momentos se está elaborando una constitución moral para el pueblo de México que ayude a fortalecer los valores nacionales, culturales y espirituales. Hay una tendencia humana a innovar, pero para ello hay que poner nuestra voluntad para la acción, acción que debe de sustentarse en la educación y en la conciencia de los valores, que enriquezca nuestro legado histórico y que fomenten nuestra identidad; para ello tenemos las instituciones y la constitución que nos rige que es un pacto para salir adelante.

El Supremo Poder de la Federación se deposita en tres instituciones con igualdad de jerarquía y autonomía en sus actividades, hoy el Poder Legislativo debe de sumarse a un proyecto de transformación nacional poniendo por camino los intereses que compartimos con los otros dos poderes que es el servir a la patria, y al pueblo ante todo porque de él fuimos nombrados y a él nos debemos.

La Cartilla Moral de Alfonso Reyes y su difusión es solo un primer paso sobre los principios y valores que pueden contribuir al renacimiento de México. Sin embargo, una vez que se elabore la constitución moral debe de ser difundida por todos los medios. México debe de ser una potencia económica, pero también un país con solidos principios morales en el que destaquen la honestidad, la solidaridad, la tolerancia, entre otros.

Consideraciones

La globalización económica, la homogeneización cultural, el avance tecnológico y científico, los riesgos medioambientales tienen consecuencias sociales, políticas y económicas tanto a nivel mundial como nacional. Nos plantean nuevas necesidades y dilemas que debemos resolver como sociedad, transformaciones que no sólo afectan la organización de los países y el establecimiento de reglas internacionales, sino también, el modo en el que las personas nos relacionamos y pensamos.

México enfrenta problemas muy diversos, inflación, bajo crecimiento, y desaceleración económica, fenómenos reflejo de la economía mundial y de la condición de un país en desarrollo, esto afecta directamente el ingreso per cápita y de las empresas, incrementa constantemente el desempleo, al interior de las familias se vive desintegración y violencia intrafamiliar, aunado a mayores problemas de seguridad, secuestros, violaciones, homicidios y corrupción, se van perdiendo los valores y la confianza en las instituciones, el resultado es que vivimos una profunda crisis cuya solución depende de todos.

Sin lugar a duda, todos los fenómenos sociales, políticos y económicos; enunciados, conforman una realidad amenazante para los niños y jóvenes. De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población, en México suman más de 31.7 millones, es decir, el 30 por ciento de la población total de nuestro país.

La población infantil es especialmente vulnerable, su presente en muchos de los casos es resultado de crecer siendo testigo de prácticas sociales nocivas en un entorno donde prevalece la ilegalidad, pobreza, marginación, inseguridad y destrucción del ecosistema, sus efectos se reflejan en una descomposición social que incrementa y pone en vilo el futuro de nuestro país.

El bienestar social es un anhelo de gobernantes y gobernados, para que la salud, la libertad y el futuro de nuestros niños no se vean más amenazados, hay que tomar medidas de fondo en el corto, mediano y largo plazos. Se debe hacer frente a este reto aportando herramientas para la comprensión de los problemas y generando instrumentos para la búsqueda creativa de soluciones.

Esto sólo será posible, a partir de una nueva concepción de ciudadanía, donde trascienda la perspectiva cívica y se viva realmente el ejercicio y garantía de los derechos y responsabilidades cívicas y morales ciudadanas en un marco global y colectivo.

Es imperante la necesidad de crear un espacio libre e innovador donde se trasmita y motive el desarrollo de valores, que forme ciudadanos que se desenvuelvan en un marco de una nueva cultura de valores democráticos legalidad, transparencia y que combata de fondo los problemas que nos aquejan como sociedad.

Creemos posible provocar un cambio real en el comportamiento de los ciudadanos presentes y futuros. Creemos que el imperativo debe ser el desarrollo mental y psico-social de los componentes vitales y capacidades de desarrollo de cada individuo.

México se encuentra inmerso en una crisis económica, política y social dramática (más allá de los escenarios artificiales narrados por los medios, los hechos hablan por sí solos). Enfrentamos el siglo XXI con problemas desde varias aristas: en la economía bajó la demanda de productos nacionales, hay un menor flujo en el volumen de remesas; en la salud pública, la drogadicción y el alcoholismo. Respecto al medio ambiente, enfrentamos la sequía más difícil de los últimos 70 años, el agotamiento acelerado de recursos naturales no renovables; de seguridad, delincuencia, violencia y sociopolíticos derivando en la pérdida de credibilidad en las instituciones y corrupción, todo ello nos ha llevado a un relajamiento del tejido social y una crisis de valores cada vez más profunda.

La ilegalidad provoca una serie de costos sociales excesivamente elevados que ahora el país debe subsanar. Un estudio elaborado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) de la Confederación Patronal Mexicana, estimó que el costo de los crímenes y la violencia en México es equivalente a 15 por ciento del producto interno bruto (PIB), más de 108 millones de dólares anuales.

Los costos directos, es decir, el valor de los bienes y servicios utilizados en la prevención de la violencia y el tratamiento a víctimas, la captura de delincuentes y su castigo concentran 5.8 por ciento del PIB. Por su parte, los costos indirectos, por ejemplo, los impactos en salud (tasa de mortalidad y la atención por uso de drogas), representan 9.2 por ciento del PIB.

Los efectos de la ilegalidad ha obliga al sector público a destinar cantidades crecientes de recursos para resolver de manera parcial problemas ocasionados por la falta de conciencia ciudadana, impidiendo destinar recursos a actividades prioritarias en pro de la justicia social y de mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos.

La sociedad está necesitada de respuestas que abriguen esperanzas de vivir en un pleno Estado de derecho, de participar directamente en la lucha contra la inseguridad, la impunidad, la corrupción y la injusticia.

Hoy es necesario inculcar y motivar a la población a vivir en el ejercicio de los valores democráticos que promueven el respeto a las instituciones gubernamentales y una cultura de legalidad. La sociedad requiere de motivación para participar activamente, de lo contrario seremos únicamente testigos en una comunidad global, habremos perdido nuestra identidad como personas, como ciudadanos y como mexicanos.

La corresponsabilidad entre sociedad y gobierno es esencial para poder disminuir la violencia e inseguridad, para enfrentar la problemática social, política y económica. Hay que fomentar el desarrollo de proyectos integrales que promuevan la práctica de valores morales y sociales, y aseguren una convivencia democrática con una verdadera cultura de la legalidad.

México se encuentra ante la necesidad y la enorme oportunidad de cambiar. México puede y debe implementar reformas necesarias para una diversificación económica, también un excelente potencial humano para crecer interna y externamente. Estas potencialidades pueden transformarse en una realidad con un adecuado desarrollo social y un elemento de atracción para los inversionistas.

En congruencia con lo anterior, planteamos la creación de la Ciudad de las Constituciones, como un espacio lúdico-educativo que promueva y fomente los valores y el aprecio por vivir en un ambiente democrático de legalidad y paz.

La Ciudad de las Constituciones se propone como un espacio pensado para el sector más vulnerable de la sociedad: los niños. En este parque lúdico los menores formaran parte de una pequeña ciudad con ambiente democrático, donde podrán divertirse, aprender, asumir responsabilidades y tomar decisiones a través del juego y su propia experiencia, con el fin de que comprendan la importancia de vivir en un Estado de derecho y perciban las ventajas para la convivencia al actuar conforme la ley, el funcionamiento de las instituciones y la democracia como pilares del bienestar común.

Se trata de un proyecto de presencia de proyección nacional, de carácter cultural, educativo, moral, ético, recreativo y turístico, que aporta a la construcción de ciudadanía basada en el conocimiento de valores democráticos y de legalidad, en la participación, planeación y desarrollo de acciones en el cuidado del medio ambiente. Esto se logrará a través de múltiples estrategias y actividades lúdicas vivenciales.

Las niñas, niños y adolescentes mexicanos, son ciudadanos del presente, pen más importante, son los trabajadores, padres de familia y líderes del futuro. Las acciones que hoy se ejecuten para su educación y desarrollo, asegurarán el día de mañana, el desarrollo económico y social de nuestro país.

La Ciudad de las Constituciones, es un espacio que se compromete a respetar y luchar por los derechos de los menores, los adolescentes y jóvenes. Es un espacio en donde las voces, las necesidades, las prioridades y los derechos de los niños forman parte integral de las políticas, los programas y las decisiones públicas de la misma.

Es imperante entonces, la necesidad de reconocer los valores y principios compartidos globalmente para promover un mundo justo, sostenible y pacífico, para lo cual se debe no solo educar, sino inculcar, fomentar y motivar a las niñas, niños y jóvenes mexicanos a amar a su país y a su comunidad, a su prójimo y al mismo tiempo, a hacer conciencia sobre el mundo que los rodea y responsabilizarse así del papel que desempeñan en su futuro.

Los visitantes de la Ciudad de las Constituciones son niños y jóvenes curiosos e inquietos, que ingresan a sus instalaciones para aprender y divertirse.

La metodología del parque está orientada a fomentar, difundir y hacer vivos los valores democráticos que en el futuro conllevaran a mejorar las condiciones de vida de los menores y la sociedad en general.

Dentro de sus instalaciones los visitantes son un elemento activo en el proceso de descubrimiento y aprendizaje, se desarrolla en el marco de la comente educativa constructivista.

Esto se logra desarrollando, por medio de módulos de actividades, retos para los menores con mensajes claros, concisos y entendibles para la comprensión de los temas expuestos al público.

Formarán parte de las actividades personal que motive y estimule la participación de los visitantes, que promueva el uso del lenguaje y el pensamiento crítico y que invite a la interacción y al diálogo entre los participantes.

La Ciudad de las Constituciones, es un desafío único, novedoso y emprendedor en México, en el que se pretende involucrar a diversos actores e instituciones sociales y educativas, en un proyecto colectivo que favorezca el enriquecimiento personal y colectivo, así como que conduzca hacia la construcción de una verdadera ciudadanía, responsable y democrática.

Construir una sociedad inclusiva, justa y mejor para todos, de manera que los niños y jóvenes puedan experimentar a través del juego, una experiencia autónoma y participativa que los motive a hacer parte de su vida cotidiana los valores democráticos y la cultura de la legalidad.

Política. Promover una nueva filosofía de gobierno, considerando los valores democráticos y cívicos como base de la satisfacción de necesidades, de la convivencia pacífica y armónica de la sociedad, en un marco de aprecio.

La Ciudad de las Constituciones tiene como ejes temáticos centrales, los pilares de la educación propuestos por la UNESCO en el informe La educación encierra un tesoro, el cual considera que la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares que inciden en el desarrollo de competencias. Otro elemento fundamental utilizado en la concepción de la Ciudad de las Constituciones es el documento promovido en el entorno de las Naciones Unidas denominado: “Carta de la tierra”, el cual enuncia principios éticos fundamentales para una vivencia sostenible, que complementa los cuatro pilares anteriores y que de igual manera plantea la importancia de los valores democráticos, morales, éticos y cívicos, la cultura de la legalidad y el desarrollo sostenible.

La ONU declara que el bienestar de la niñez es el indicador más seguro de un hábitat sano, una sociedad democrática y un buen gobierno. La Ciudad de las Constituciones plantea una filosofía de vida democrática y de gestión urbana participativa, capaz de colaborar con una educación transformadora e inclusiva que garantice a los menores el pleno goce de sus derechos en su vida actual y futura.

La formación en valores es un ejercicio permanente de concreción en la cotidianeidad de la sociedad que se quiere. Educar en valores es un tipo de aprendizaje humano que permite apreciar los valores, incorporar prácticas y actitudes para el cumplimiento de derechos y responsabilidades de las personas, que favorezcan la construcción y profundización en la democracia.

La preocupación por la educación en un mundo globalizado ha creado gran expectativa en la UNESCO, quien considera que hay que afrontar y superar tensiones que aquejan el centro de la problemática del siglo XXI, tales como:

La tensión entre lo mundial y lo local, entre la tradición y la modernidad, entre el largo y corto plazo, entre la indispensable competencia y la preocupación por la igualdad de oportunidades, entre el extraordinario desarrollo de los conocimientos y las capacidades de asimilación del ser humano... añade nuevas disciplinas como el conocimiento de sí mismo y los medios de mantener la salud física y psicológicas, o el aprendizaje para conocer mejor el medio ambiente y preservarlo, sin embargo, debido a que los programas escolares están cada vez más recargados, considera necesario elaborar estrategias que enseñen a vivir mejor mediante el conocimiento, la experimentación y la formación de una cultura personal.

Es momento de que el poder legislativo asuma una responsabilidad histórica en el nuevo México que todos queremos, el que los niños y jóvenes puedan tener una experiencia vivencial que les permita conocer la Constitución que estructura a las instituciones y delimita sus atribuciones a través de la observancia de los derechos humanos; somos una federación de estados iguales, desde el más pequeño hasta el más grande, forma parte del territorio que es parte del Estado mexicano, hoy los héroes que consolidaron nuestra libertad, nuestros derechos y nuestra democracia, nos exigen que en una colaboración de Poderes consolidemos el nuevo México que el pueblo reclama.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa, al titular del Poder Ejecuto federal, a la Secretaría de Cultura y al Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal para que el complejo cultural de Los Pinos anteriormente residencia oficial del presidente de la república, y actualmente complejo cultural de Los Pinos, implemente un centro cultural de legalidad, civismo, moralidad denominado Ciudad de las Constituciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a realizar por la Ssa acciones dirigidas a subsanar el desabasto y garantizar la disposición de antirretrovirales para atender padecimientos como el VIH/sida, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Salud, lleve a cabo las acciones necesarias a fin de subsanar el desabasto y garantizar la disposición de antirretrovirales para atender padecimientos como el VIH/sida; asimismo, fortalezca sus programas y políticas en el sector salud para asegurar el acceso oportuno y de calidad a tratamientos para la atención eficiente de los pacientes con esta enfermedad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Diversos medios de información han documentado el desabasto de antirretrovirales, los cuales son medicamentos utilizados en la atención de padecimientos como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH/sida).

Esta situación de escases no sólo vulnera el acceso a tratamientos adecuados, sino también, inhibe el pleno ejercicio uno de los derechos humanos fundamentales como es el de la salud.

El uso de estos medicamentos para el tratamiento del VIH/sida es vital, esto se debe principalmente a que están diseñados para impedir la replicación del VIH dentro del organismo, y evita que disminuya el número de células CD4, las cuales son atacadas por el virus.

Con la ingesta de los antirretrovirales, los pacientes previenen la infección de nuevas células, lo que permite mejorar su salud y su calidad de vida; asimismo, le permite al sistema inmunitario continuar ejerciendo su función de defensa del organismo y de los órganos vitales.

Su uso es determinante para descender los índices de mortalidad, por tal motivo la Organización Mundial de la Salud (OMS), en diversos momentos ha sostenido que el tratamiento antirretroviral para los pacientes de VIH es positivo y, además, es toral para erradicar la epidemia en el mundo.

A pesar de su relevancia, lamentablemente, en nuestro país, durante los próximos meses se agotará el inventario de la mayoría de medicamentos antirretrovirales que son atendidas por el denominado Seguro Popular y, en general, por el sector salud.

Según medio informativos, hasta el día 25 de marzo de 2019, de una lista de 38 moléculas, se tiene previsto que al menos 21 se terminarían en un lapso de 8 semanas, mientras que sólo existe abastecimiento de otras 10 claves para los próximos 3 meses.

Ante esta grave situación, múltiples organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos y grupos de activistas como la “Organización Derechohabientes viviendo con VIH del IMSS”, han reportado el desabasto en los servicios de salud pública de al menos cinco medicamentos utilizados en el tratamiento contra el VIH en diferentes entidades.

Por su parte, la organización civil VIHVE Morelos, manifestaron que han identificado una situación de desabasto de medicamentos antirretrovirales, en estados del norte y del sur como Tabasco, en donde a los pacientes se les ha negado estos medicamentos cuando reciben revisión médica.1

La respuesta del Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dista mucho a la esperada, debido a que se tiene planeado que las primeras adquisiciones de compra consolidada, se concluya en junio.

No obstante, las autoridades federales no han dado a conocer las medidas que se implementarán para hacer frente a la crisis y principalmente, asegurar el abasto y acceso a estos medicamentos a la población mexicana.2

Se han conducido con poca transparencia, debido a que hasta este momento no se han dado a conocer, entre otros aspectos, los recursos aprobados, el origen de los fondos, las licitaciones realizadas, los cronogramas de entrega y las empresas beneficiadas.

Es importante destacar que, desde hace 15 años, en el país los medicamentos antirretrovirales presentaban cobertura universal, situación que está en riesgo durante esta administración federal.

Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, es prioritario evitar el desabasto, ya que cualquier interrupción pone en riesgo la salud de los pacientes y vulnera la calidad de vida de las personas que viven con VIH/sida.

Bajo estas consideraciones, es necesario que el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud emprendan acciones para subsanar el desabasto y garantizar la disposición de estos medicamentos a los pacientes con VIH/sida y, sobre todo, transparente los mecanismos de disposición y adjudicación para prevenir la comisión de delitos como desvío de recursos públicos, malversación de fondos y otros actos de corrupción.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno federal para que, a través de la Secretaría de Salud, lleve a cabo las acciones necesarias a fin de subsanar el desabasto y garantizar la disposición de antirretrovirales para atender padecimientos como el VIH/sida; asimismo, fortalezca sus programas y políticas en el sector salud para asegurar el acceso oportuno y de calidad a tratamientos para la atención eficiente de los pacientes con esta enfermedad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que transparente el estado que guarda las convocatorias de licitación para la adquisición de antirretrovirales usados para la atención de padecimientos como el VIH/sida, ante su desabasto en los centros y hospitales del país, en particular, los montos aprobados, las licitaciones realizadas y las empresas beneficiadas.

Notas

1 Emmanuel Ruiz. (2019). Garantizan el acceso a los antirretrovirales. 03/04/2019, de El Sol de Cuernavaca Sitio web:

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/garantizan-el -acceso-a-los-antirretrovirales-3256979.html

2 Ángeles Cruz Martínez. (2019). En ciernes, desabasto de fármacos para el VIH/sida. 03/04/2019, de La Jornada Sitio web: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/01/en-ciernes-desabasto-de-f armacos-para-el-vih-sida-9838.html

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la División Científica de la PF a reforzar la vigilancia de la web para detener a quienes generan contenido antisocial, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Es de conocimiento público que recientemente personas que permanecen en el anonimato, han fortalecido y diversificado las formas de hacer daño, para ahora usar la web e incorporar juegos, retos o videos en los que se presiona a niños a realizarse daño o incluso quitarse la vida.

Conforme a datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 800 mil personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. Ello sitúa el suicidio como la segunda causa principal de defunción en el grupo de edad de entre 15 y 29 años.

La Organización Mundial de la Salud reconoce que el suicidio es una prioridad de salud pública, procurando aumentar la sensibilización respecto de la importancia del suicidio y los intentos de suicidio para la salud pública, otorgando a la prevención del suicidio, la alta prioridad en la agenda mundial de salud pública, apoyando a los países para que desarrollen o fortalezcan estrategias integrales de prevención del suicidio en el marco de un enfoque multisectorial de la salud pública.

Innumerables grupos y personas, escudados en la Word Wide Web, crean factores de riesgo a los infantes; es así que, retos como el de la ballena azul o el momo challenge, que no son más que provocaciones al suicidio.

Además, se suman los mensajes por SMS, WhatsApp, Facebook u otra red social que han logrado el cometido final de los creadores de dichos mensajes negativos; del resultado fatal se da cuenta de que en Rusia, Estados Unidos, Brasil y Colombia, entre otros países, se han tenido efectos.

Comenzaron como invitaciones aisladas o de grupos cerrados en la red y, actualmente se encuentran dentro de videos infantiles en YouTube Kids, lo que eleva el daño potencial que ejercen en los niños, quienes además son altamente influenciables, debido a que comienzan por su temprana edad, a realizar distinciones, conceptos, valoraciones, emociones, estima y pensamientos lógicos.

La labor contra los enemigos de la infancia no es fácil, tan sólo en el caso de Momo, ya son dos las apariciones mundiales, una en 2018 y otra recientemente en febrero del 2019; para todos los casos ha faltado la conexidad entre los juegos, retos o videos que instigan al suicidio y los hechos consumados.

Es destacable la inteligencia artificial que posee Google, ya que con ello han dado de baja contenidos inadecuados o inapropiados; para abril de 2018, en un trimestre se habían borrado más de 8 millones de vídeos y se habían detectado numerosos canales que promocionan estos contenidos terroríficos para los niños, pero el problema persiste.

La colaboración de padres, maestros, la información veraz, la vigilancia de la web por medio de los desarrolladores y la intervención puntual de la Policía Federal, debe lograr contener y eliminar estas prácticas nocivas recurrentes.

No es posible que continúe esta exposición a los menores; los contenidos deben ser sanos y adecuados para su edad. Ante cualquier cambio en la conducta, de señales de depresión, se debe fomentar la comunicación para que se conozca el origen del problema, para poder tratarlo.

El 25 de marzo del presente año en Morelia, se suicidaron tres jóvenes supuestamente por el reto viral en redes sociales, denominado “El ahorcado”, como fue publicado en un medio de comunicación:

Autoridades de Michoacán investigan si tres suicidios ocurridos en Morelia durante el domingo 24 de marzo están relacionados con el reto viral en redes sociales conocido como “El ahorcado”, donde se exhorta a los jóvenes a atentar contra su vida.

“Lo estamos revisando, hay conocimiento de hechos lamentables, pero es importante trabajar con padres de familia, trabajar en el ámbito de prevención”, comentó Juan Bernardo Corona Martínez, secretario de Seguridad Pública. El funcionario indicó que se lanzó una alerta por parte de las autoridades estatales a los padres de familia para conocer qué hacen sus hijos en redes sociales, las campañas para prevenir delitos como este son permanentes, afirmó. Estamos en espera de mayor información por parte de la Fiscalía, pero la parte que nos toca y que nos corresponde hay que hacer mucho énfasis en temas de prevención del delito, no nada más es una campaña, llegar a fondo, profundizar sobre todo con acciones, que no nos genere estos hechos tan lamentables”, dijo.

El primero de los casos se reportó alrededor de las 6:50 horas, cuando localizaron el cuerpo sin vida de un joven suspendido con una cuerda en el interior de su vivienda en la calle Bolivia, número 141, de la colonia Trincheras de Morelos. En el lugar los familiares de la víctima lo identificaron como Bryan Alexis “T”, de 20 años de edad.

Mientras que a las 18:27 horas, los vecinos de la calle Venustiano Carranza en la colonia Obrera, reportaron que en un árbol cerca de las vías del ferrocarril, en el lugar conocido como “El Plan de los Olivos”, estaba una persona suspendida de un árbol.

Algunos familiares de la víctima lo identificaron como Alejandro “G”. El tercer caso se conoció a las 21:45, cuando fue encontrado un joven en un inmueble de la calle Oriente 22 de la colonia Nueva Aldea. Hasta el momento no ha sido identificado.1

Deben terminarse en las redes sociales o páginas web los tutoriales para fomentar formas de hacerse daño, con supuestos juegos o en forma de dibujos animados, con el único fin de lesionar física o psicológicamente a los niños.

Conforme a la estructura orgánica de la Policía Federal, se cuenta con la División Científica y el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (cert.mx), por medio de ellas, la Institución realiza acciones de prevención e investigación de conductas ilícitas a través de medios informáticos, monitorea la red pública de Internet para identificar conductas constitutivas de delito, efectuando actividades de ciberinvestigaciones, así como de ciberseguridad en la reducción, mitigación de riesgos de amenazas y ataques cibernéticos.

El cert.mx opera áreas especializadas en temas de prevención e investigación de este tipo de ilícitos y es la única autoridad acreditada a nivel federal para realizar intercambio de información con policías cibernéticas nacionales y organismos policiales internacionales, con el objetivo de identificar y atender posibles ataques en agravio de infraestructuras informáticas gubernamentales en contra de la ciudadanía.2

La seguridad y supervisión de los contenidos que ven nuestros hijos, es una responsabilidad compartida; sin embargo, desde la Policía Federal deben ejecutarse acciones de investigación que contengan y eliminen las prácticas de fomento a la depresión inducida o el suicidio; también para que bajo su dirección se realicen campañas de concientización para adoptar una cultura de prevención de este tipo de agresión cibernética.

En las tareas de investigación, es menester que la Policía Federal logre la captura de los responsables, si se encuentran en territorio nacional; y con ello, generar certidumbre para los padres y otorgue tranquilidad; es urgente eliminar toda clase de contenidos en la internet, que incite a provocarse daño.

La responsabilidad es de todos, en casa, en la escuela, en la comunicación con las hijas e hijos; pero sobretodo de las compañías que tienen grandes motores de búsqueda y ofrecen servicios de almacenamiento de texto y videos, aunado a la investigación que debe realizar la policía federal; es con la suma de esfuerzos que, podemos lograr erradicar los actos negativos que tienen como objetivo el lastimar a los niños y jóvenes.

Por lo fundado y motivado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la División Científica de la Policía Federal a reforzar la vigilancia de la web a fin de detener a los responsables que generan contenidos antisociales, provocando flagelos a la comunidad infantil y juvenil.

Notas

1 Tomado de
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-suicidan-3-jovenes-en-morelia-investigan-si-fue
-por-reto-el-ahorcado/1303706 el 25 de marzo de 2019.

2 Tomado de

<https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/centro-n acional-de-respuesta-a-incidentes-ciberneticos-de-la-policia-federal?id iom=es> el 19 de marzo de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las legislaturas locales a reformar su normativa y establecer como tipos penales sancionables las conductas relativas a la publicación de material audiovisual de contenido sexual sin consentimiento y en perjuicio de la privacidad, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

La presente, diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El denominado “sexting” consiste en el envío de fotos o vídeos con contenido sexual explícito. El fenómeno, que comenzó con la aparición de los mensajes de texto se ha ido incrementando no sólo entre adolescentes, sino también entre adultos, convirtiéndose en una práctica tan habitual como delicada, por el riesgo que existe de pérdida de control de esas imágenes que afectan de una manera directa a la intimidad, y que una vez en poder de un tercero pueden ser difundidas con la rapidez.

En los últimos años y gracias a la evolución de la tecnología que permite hoy día el intercambio de datos, voz, video y fotografías en buena medida gracias a la utilización masiva de dispositivos móviles multimedia, la manera de relacionarnos con otras personas ha cambiado drásticamente. Vivimos una era en que los gestos, sentimientos o miradas se presencian de inmediato a través de un video o de una fotografía.

Acorde con cifras de la empresa informática Google México, en 2015 30.5 millones de personas cuentan con un teléfono de los llamados inteligentes, (Smartphone), y pasan tres horas del día conectados a través de estos dispositivos, y estos teléfonos son la pantalla donde más interactúan las personas con 40 por ciento, seguido por las computadoras con 29 por ciento, la televisión con 23 por ciento y tableta con 8 por ciento.

Con el uso de estas herramientas de comunicación, han nacido fenómenos como el ciberbullying, la difusión de peleas a través de las redes sociales, el sexting y la porno venganza.

“Sexting” es un término inglés que se usa para referirse al acto de enviar mensajes explícitos de contenido erótico o sexual desde un dispositivo móvil.

La porno venganza, consiste en la difusión de imágenes o grabaciones de carácter sexual de una persona que se compartieron en el marco de la intimidad de una relación y que una vez terminada ésta, se difunden a través del internet sin consentimiento de ninguna de las partes con el fin de exponerla y humillarla ante el público.

Posteriormente la víctima es coaccionada para tener relaciones sexuales con el chantajista, producir pornografía, reiniciar una relación, etcétera.

En 2013 la Alianza por la Seguridad en Internet, realizó una encuesta a 10 mil estudiantes universitarios, detalló que el 36.7 por ciento admitió conocer a alguien que ha enviado imágenes de personas desnudas o semidesnudas por Internet. El contexto está dado para que el sexting y la porno venganza se extiendan. Aunque no existen estadísticas específicas sobre el número de víctimas afectadas por la porno venganza, es conocido públicamente que la mayoría de ellas han sido mujeres, dado que en países como Estados Unidos, España y Brasil existen sitios de internet administrados por hombres donde se publicaban fotos, imágenes y videos de mujeres realizando prácticas sexuales con sus ex parejas. Tan sólo en la Unión Americana, Kevin Christopher Boallert, administrador de un sitio de porno venganza publicó entre 2012 y 2013 más de 10,000 fotos de mujeres y llegó a cobrar entre $200 y $300 dólares por quitarlas de su página de internet.

Según el Módulo sobre Ciber Acoso 2015, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la violencia en espacios digitales ha afectado más a mujeres que a hombres, pues al menos 9 millones de mujeres han experimentado algún tipo de violencia digital, las afectaciones de esta violencia van desde lo físico hasta la afectación a su vida emocional. Por ello la importancia de que exista un tipo penal integral que garantice el acceso a la justicia de las personas que utilizan internet.

Se estima que la comisión del delito se realiza desde dos vertientes más comunes, una mediante el jaqueo de cuentas de correo electrónico, robo de dispositivos móviles, de información en computadoras o de algún medio de almacenamiento de información, que se extrae para obtener la información personal de sus víctimas y otra más, mediante la aportación voluntaria de las víctimas en razón del vínculo emocional que mantiene con el sujeto activo del delito, hecho que se conoce como “sexting”, pero sin que ello signifique la autorización para su difusión, que gene- realmente se da en la ruptura de la relación sentimental, y que se utiliza para atentar contra la privacidad sexual de su víctima, hecho conocido como “porno- grafía de venganza”.

Ante este problema, consideramos que nuestro país debe contar con un marco jurídico integral en el orden tanto federal como local, que establezcan tipos penales específicos que sean sancionables, considerando estos hechos como una conducta dolosa de tal manera que el bien jurídico tutelado que se proteja sea el de la privacidad sexual, sobre todo de las mujeres.

Estos delitos además deben ser perseguibles por querella en personas mayores de edad y con derecho de las víctimas a la reparación del daño, para evitar la impunidad y evitar que las víctimas sean expuestas o exhibidas en internet y redes sociales sin autorización o consentimiento.

En México se encuentra legislado en materia penal federal y en algunas entidades federativas.

En el estado de San Luis Potosí en 2015 realizó una reforma al Artículo 187 del Código Penal del Estado que a la letra dice:

“Comete el delito de difusión ilícita de imágenes intimas, quien transmita, publique o difunda imágenes, sonidos o grabaciones de contenido sexual obtenidas con o sin el consentimiento de la víctima, sin autorización para su difusión.

Este delito se sancionará con una pena de uno a tres años de prisión y multa de ciento cincuenta a doscientos salarios mínimos.”

Asimismo, en el Estado de México, a partir del 2014, está penalizado como delito la porno venganza, como modalidad de acoso sexual.

En el artículo 269 Bis del Código Penal del Estado de México, se señala:

“Artículo 269 Bis. - Comete el delito de acoso sexual, quien con fines de lujuria asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, aprovechándose de cualquier circunstancia que produzca desventaja, indefensión o riesgo inminente, para la víctima.

De igual forma incurre en acoso sexual quien, sin consentimiento del sujeto pasivo y con propósitos de lujuria o erótico sexual, grabe, reproduzca, fije, publique, ofrezca, almacene, exponga, envíe, transmita, importe o exporte de cualquier forma, imágenes, texto, sonidos o la voz, de una persona, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio.

Si la imagen obtenida, sin consentimiento, muestra al sujeto pasivo desnudo o semidesnudo, se acredita por ese sólo hecho, los propósitos señalados en el párrafo anterior.

En el estado de Yucatán se reformó el Código Penal para tipificar la conducta de difundir imágenes, texto y grabaciones de contenido erótico o sexual sin consentimiento, de tal manera que quien divulgue o amenace difundir imágenes eróticas, sexuales o pornográficas obtenidas con o sin el consentimiento de otra persona será castigado conforme a dicha ley.

Las modificaciones al Código Penal del Estado de Yucatán, establecen sanciones de hasta uno o cinco años de prisión a quien revele, publique, difunda o exhiba contenido erótico, sexual o pornográfico obtenido con el consentimiento de otra persona, a través de mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o cualquier otro medio.

Además, se penaliza desde seis meses a cuatro años de prisión a quien coaccione, hostigue o exija a otra persona, con la amenaza de revelar, difundir o exhibir sin su consentimiento contenido erótico que previamente le hayan proporcionado, con el agravante de que la víctima sea menor de edad.

Por otro lado, en el estado de Puebla también en 2018 se reformó la denominación de la Sección Tercera del Capítulo Séptimo, del Libro Segundo del Código Penal del Estado, para llamarse Delitos contra la Intimidad Sexual.

De esta manera en Puebla se tipifican los delitos de violación contra la privacidad sexual y el ciber acoso, castigando el envío de fotos o videos son el consentimiento de la víctima, con el fin de causar daño o con la intención de tener alguna ganancia ilegítima.

Sin embargo, el resto de legislaturas no cuentan con legislación en esta materia, por lo que consideramos importante que tengamos un marco jurídico integral en materia de protección de la privacidad sexual como bien jurídico tutelado de las y los ciudadanos, así como de las víctimas indirectas como son sus familiares, que conocen de manera personal a las víctimas del delito, que la sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano, por lo que proteger su privacidad debe favorecer al ejercicio de una vida íntima plena.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las legislaturas de las entidades federativas a que consideren reformar la legislación local que corresponda, en caso de no existir, a efecto de que se establezcan como tipos penales sancionables las conductas relacionadas con la publicación de material audiovisual con contenido sexual que se realice sin el consentimiento de la víctima y en perjuicio de su privacidad sexual.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos de Puebla, estado de México, Morelos y Tlaxcala a garantizar las condiciones adecuadas de las rutas de evacuación y prevenir así contingencias por la creciente actividad del volcán Popocatépetl, a cargo de la diputada Graciela Sánchez Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Graciela Sánchez Ortiz, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el país hay 48 volcanes activos, entre los que se encuentran el Popocatépetl, considerado el segundo más activo de México y el de mayor riesgo, derivado del gran historial de erupciones sumamente explosivas y el importante número de personas que pueden ser afectadas por la actividad volcánica, ya que se estima que 360 mil 151 personas habitan en 105 mil 305 viviendas asentadas en los 25 kilómetros alrededor del volcán.

Uno de los fenómenos más comunes durante la actividad volcánica es la emisión de cenizas, las cuales afectarían a Puebla, Morelos, estado de México y Ciudad de México, lo que podría convertirse en un problema de salud pública. Por otra parte, debido a la gran altitud del Popocatépetl, las emisiones de gas y ceniza volcánicas han afectado una región y espacio aéreo más amplios. En consecuencia, las problemáticas que resulten de la actividad volcánica pueden considerarse de seguridad nacional.

Entre las afectaciones que puede ocasionar la caída de ceniza deben considerarse los problemas para la salud, como dificultad para respirar e irritaciones en piel y ojos, la reducción de la visibilidad para la circulación vial, la contaminación de fuentes de agua y diversos daños de los cultivos. En grandes cantidades, la ceniza puede provocar el colapso de los techos de viviendas, especialmente si está húmeda.

El 28 de marzo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres determinó elevar el semáforo de alerta volcánica de amarillo fase 2 a fase 3 ante la reciente actividad del volcán Popocatépetl. La fase 3 se clasifica como actividad intermedia a alta; entre sus características encontramos las siguientes:

• Crecimiento rápido de domos de grandes dimensiones y su destrucción en explosiones fuertes.

• Persistencia de fumarolas, gas y caída leve de cenizas en áreas cercanas.

• Explosiones de intensidad creciente con lanzamiento de fragmentos incandescentes.

• Posibles flujos piroclásticos de mediano alcance.

Para dimensionar las probables consecuencias, observemos las zonas de riesgo existentes, divididas en tres: la primera se da en un radio de 15 kilómetros y es denominada “zona de alto riesgo”, la cual comprende 16 municipios en Puebla, entre los que se encuentran Tochimilco, Atlixco, Tianguismanalco y San Nicolás de los Ranchos, 6 Morelos, por ejemplo, Tetela del Volcán, Ocultuco, Yecapixtla y Tepoztlán, y 8 en el estado de México, como Ecatzingo, Atlautla, Ozumba, Amecameca y Juchitepec. La segunda zona, en un radio de 30-60 kilómetros, se denomina “de riesgo medio” y abarca 22 municipios en Puebla, 9 en Morelos, 6 en el estado de México y 18 en Tlaxcala.

Finalmente, en un radio mayor de 60-90 kilómetros observamos la tercera zona, señalada como de bajo riesgo, que comprende el resto de las poblaciones cercanas al volcán en dichos estados.

Considerándose evacuar en caso de erupción del volcán 30 municipios en la zona de alto riesgo y 56 en la de riesgo medio, la población que se encuentra expuesta sería aproximadamente de 3 millones 562 mil 596 personas.

Derivado de la creciente actividad del volcán Popocatépetl y con el objetivo de impulsar una cultura de prevención y fortalecer las capacidades de respuesta de la población de los estados que pueden ser afectados, deben adecuarse los procedimientos y las rutas de evacuación para lograr un desalojo adecuado en caso necesario. Además, se tienen que inspeccionar la calidad de los refugios temporales y las estrategias de difusión.

En estos días de zozobra debemos atender de inmediato la necesidad de la sociedad que se encuentra en riesgo de perder no sólo sus propiedades sino hasta la vida. Aunque se han hecho algunos esfuerzos para mitigar la problemática de la creciente actividad volcánica, sabemos que no es suficiente: debemos garantizar de manera adecuada la protección y seguridad de la sociedad ante cualquier desastre natural y reducir lo más posible cualquier lamentable catástrofe.

Por lo expuesto, con carácter de urgente y obvia resolución someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de Puebla, estado de México, Morelos y Tlaxcala a garantizar por las instancias correspondientes el adecuado estado de las rutas de evacuación, a fin de prevenir cualquier contingencia por la creciente actividad del volcán Popocatépetl.

Dado en el Palacio Legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 8 de abril de 2019.

Diputada Graciela Sánchez Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal y Pemex a reformular su estrategia contra el robo de combustibles por el aumento de este delito en el país durante el primer bimestre de 2019, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y a Petróleos Mexicanos a reformular su estrategia de combate del robo de combustibles, ante el aumento sostenido en diferentes entidades federativas del país durante el primer bimestre de este año, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Pemex. “Se trata de un plan estratégico necesario y urgente, por lo que implica en cuanto a fuga de dinero público. Es un robo de bienes de la nación, a recursos públicos, a dinero de todos los mexicanos. Es un robo que el año pasado significó, en términos generales, una pérdida para Pemex del orden de 60 mil millones de pesos”.1

La estrategia de combate del robo de combustibles incluyó, entre otras líneas de acción, cierres programados y supervisados de la distribución de gasolina, mediante el sistema de ductos.

Para no comprometer el abasto de combustibles, se planteó la necesidad de completar el transporte de gasolinas mediante vehículos autotanque, mejor conocidos como pipas.

La eficacia de una estrategia se mide por sus resultados y, en este caso, en particular, los costos económicos y sociales son altos. Para efectuar la compra de pipas, una comisión intersecretarial, integrada por el secretario de Relaciones Exteriores, las secretarias de Economía y de la Función Pública, así como la oficial mayor de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, acudió a Nueva York.

Tal comisión determinó “llevar a cabo el proceso de adjudicaciones competitiva mediante una convocatoria a fabricantes nacionales y extranjeros de tanques y tractocamiones y así lograr la participación de una mayor cantidad de empresas”.

Son del conocimiento público el objeto y alcance de la adquisición, así como el mecanismo de selección. Se han suscrito cinco Memoranda de Entendimiento entre III Servicios, SA de CV, empresa filial de Pemex, y los fabricantes, para contar con 671 autotanques, con capacidad equivalente a 140 mil barriles diarios. El monto total es de 92 millones de dólares.2

Para poner dicha cifra en perspectiva, basta señalar que es similar al presupuesto destinado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para este año, sólo por mencionar un ejemplo.

¿De dónde salieron los recursos para el pago de la compra de las pipas? ¿En qué partida de presupuesto 2019 está etiquetado? Son incógnitas que, de entrada, se deben despejar en aras de contribuir a la transparencia y combate a la corrupción que tanto que pregonado el presidente de México.

También se informó que los primeros autotanques llegarán el 1 de febrero, son 50; el 8 de febrero, otros 50, y progresivamente el resto de los autotanques.3

Sin embargo, a la fecha tampoco se ha cumplido cabalmente con este propósito. De acuerdo con diferentes medios de comunicación, del total de pipas compradas en Estados Unidos para resolver el abasto por tierra, sólo 69 están en circulación.4

Según un reporte de Presidencia, 280 pipas ya se encuentran en México, pero 211 están en procesos de verificación, calibración, rotulación y emplacamiento; es resto, es decir 69, están circulando y operando. Las demás pipas (382) aún no arriban a México.

¿Acaso no eran para atender un problema urgente de abasto de combustibles que estaba afectando a millones de mexicanos en diferentes estados del territorio nacional? ¿Dónde está el compromiso con el pueblo?

A poco más de 3 meses de la implantación de la estrategia, los resultados no son halagüeños. Según medios periodísticos, al cierre del primer bimestre del año, Petróleos Mexicanos (Pemex) registró 2 mil 907 tomas clandestinas, que representan un aumento de 28 por ciento en comparación con las 2 mil 274 detectadas en el mismo periodo del año pasado.5

Lo anterior, pese a que –como se expuso– fue puesta en marcha una estrategia contra el robo de hidrocarburos, con la cual se pretende desincentivar los ataques a la red de ductos, así como la ordeña de petrolíferos, que ha representado pérdidas económicas millonarias para la empresa.

El gobierno federal tiene como uno de sus objetivos centrales ahorrar hasta 50 mil millones de pesos por el combate de dicho delito durante el presente año. Al respecto, ha asegurado reiteradamente que desde diciembre ha logrado disminuir el volumen de combustible robado.

No obstante, los resultados están a la vista. Además de los datos mencionados anteriormente, se detectaron y sellaron 633 tomas clandestinas más, hechas por la delincuencia organizada.

Entonces ¿dónde están los buenos resultados de la estrategia contra el robo de combustibles? ¿Cuántas vidas humanas y recursos financieros significará más esta fallida estrategia? Son otras interrogantes para las que la sociedad mexicana necesita respuestas puntuales.

Debido a la ineficacia de la estrategia impulsada desde diciembre pasado, es urgente que el Gobierno Federal y Pemex fortalezcan las acciones con la finalidad de combatir el delito de robo de combustible, el cual afecta la economía nacional y pone en riesgo la integridad y la vida de cientos de familias en diferentes entidades federativas del país.

El combate de la corrupción y la transparencia representan una de las principales banderas del presidente de país Andrés Manuel López Obrador, lo que ha quedado plasmado en los 50 puntos del plan anticorrupción y de austeridad.6

La rendición de cuentas y la transparencia constituyen elementos sustanciales en los que se funda un gobierno democrático. Mediante la rendición de cuentas, el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad. Por su parte, la transparencia abre la información al escrutinio público para que los interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar.

El párrafo primero del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal y Petróleos Mexicanos a reformular su estrategia de combate del robo de combustibles, ante el aumento sostenido en diferentes entidades federativas del país durante el primer bimestre del presente año.

Notas

1 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidente-lopez-obrador-presenta -plan-conjunto-de-atencion-a-instalaciones-estrategicas-de-pemex-no-hab ra-tolerancia-para-nadie

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/431424/Comunicado_SHCP_0 08_2019.pdf

3 https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-preside nte-andres-manuel-lopez-obrador-24-de-enero-de-2019?idiom=es

4 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/solo-69-pipas-compradas- por-el-gobierno-de-amlo-abastecen-combustible

5 https://www.excelsior.com.mx/nacional/aumentan-28-las-tomas-de-huachico l-en-el-primer-bimestre-hubo-2907/1305037

6 https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-50-puntos-del-plan-anticorrupci on-y-de-austeridad-de-amlo/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 8 de abril de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para que se verifiquen y agilicen la compra y distribución de medicamentos destinados al tratamiento de cáncer en el país, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, diputada Clementina Marta Dekker Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Instituto Nacional de Cancerología1 establece que el cáncer es un término genérico que designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del organismo, una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido como metástasis (células malignas que penetran en el sistema circulatorio y establecen colonias en otras partes del cuerpo)

En un cuerpo saludable una célula crece, muere y se remplaza de una manera muy controlada, un daño o cambio en el material genético de las células por factores ambientales o internas a veces resulta en células que no mueren y continúan multiplicándose hasta que forman una masa de células de cáncer o un tumor desarrollado.

Los signos y síntomas dependerán de la localización del cáncer, cuán grande es, así como de qué tanto afecta a los órganos o los tejidos. Si un cáncer se propaga (hace metástasis), entonces los signos o síntomas pudieran aparecer en diferentes partes del cuerpo. A medida que el cáncer crece, éste comienza a ejercer presión en los órganos cercanos, vasos sanguíneos y los nervios. Esta presión ocasiona algunos de los signos y síntomas del cáncer. Si el cáncer se encuentra en un área crítica, como en ciertas partes del cerebro, aun el tumor más pequeño puede causar síntomas de la enfermedad. Pero en ocasiones el cáncer surge en lugares donde no causará ningún signo o síntoma hasta que ha crecido en gran tamaño.

Los síntomas de cáncer podrían ser: pérdida de peso inexplicable, fiebre, cansancio, dolor, un cambio en el hábito de evacuación o en la función de la vejiga, sangrado o secreción inusual, endurecimiento o una masa en la mano o cualquier parte del cuerpo, indigestión o dificultad para tragar, tos persistente o ronquera.

Dentro de las causas que ocasionan el cáncer, encontramos desde factores hereditarios hasta por productos químicos o por condiciones ambientales.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud:2

• El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo; en 2015, ocasionó 8,8 millones de defunciones. Casi una de cada seis defunciones en el mundo se debe a esta enfermedad.

• Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos medios y bajos.

• Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco principales factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol.

• Las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas por virus de las hepatitis o por papiloma virus humanos, ocasionan el 25% de los casos de cáncer en los países de ingresos medios y bajos.

• La detección de cáncer en una fase avanzada y la falta de diagnóstico y tratamiento son problemas frecuentes. En 2017, solo el 26% de los países de ingresos bajos informaron de que la sanidad pública contaba con servicios de patología para atender a la población en general. Más del 90% de los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos oncológicos, mientras que en los países de ingresos bajos este porcentaje es inferior al 30%.

• El impacto económico del cáncer es sustancial y va en aumento. Según las estimaciones, el costo total atribuible a la enfermedad en 2010 ascendió a 1.16 billones de dólares.

• Solo uno de cada cinco países de ingresos medianos o bajos dispone de los datos necesarios para impulsar políticas de lucha contra la enfermedad.

Una vez detectado el cáncer, los tratamientos son variados y dependiendo del avance que se tenga en la enfermedad, dentro de los diferentes tipos de tratamientos encontraos cirugías, radioterapia, quimioterapia,3 inmunoterapia, terapia hormonal, trasplante de células madre y medicina de precisión.

La interrupción de estos tratamientos tiene implicación directa en el deterioro de la salud de los pacientes, una recaída mucho más severa o incluso la muerte. En el caso del Estado de Chiapas diversos pacientes que reciben tratamiento de cáncer se han acercado a una servidora para expresarnos su preocupación por la falta de medicamento. Desde noviembre del 2018 las instituciones de públicas de salud, ISSSTE e IMSS no han surtido uno de los principales medicamentos para su tratamiento, Zytiga. Además, se argumenta que esta falta de medicamento importado se debe a que el laboratorio no ha podido surtirlo ya que han existido impedimentos en las aduanas para su paso.

Como hemos señalado, el cáncer es una enfermedad que representa una alta tasa de mortalidad a nivel mundial y su detección temprana o el tratamiento adecuado hacen una gran diferencia en el resultado final. Es por ello, que resulta preocupante el desabasto de medicamento que tratan a pacientes diagnosticados con cáncer en el Estado de Chiapas. Resulta indispensable unir esfuerzos para que la distribución de estos medicamentos se realice de forma inmediata y sin ningún fin de lucro.

La Ciudad de México también sufre de este problema, el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, desde hace un par de semanas da terapias incompletas a causa del desabasto de medicamentos, por ello, el pasado 27 de marzo, un grupo de 30 padres y madres de familia del Hospital Infantil de México, ubicado en la colonia doctores en la Ciudad de México, cerraron dos vialidades aledañas al Zócalo capitalino.

En la mayoría de los casos se denuncia la falta de mercaptopurina, refiriendo que el personal del seguro popular señala que el laboratorio no ha podido suministrar el medicamento. A este se suma la ciclofosfamida, el filgastrim, la vincristina, el temozolomide y el purinethol, este último con escasez en diferentes estados de la república.4

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en ámbito de sus atribuciones y por medio del Instituto Mexicanos del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) verifique y agilice tanto la compra como la distribución de medicamentos destinados al tratamiento de cáncer en las 32 Entidades Federativas de la República Mexicana.

Notas

1 http://cancerdepulmon.com.mx/seccion-educativa

2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer

3 American Cancer Society

4 https://www.sinembargo.mx/29-03-2019/3558270

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputada Clementina Marta Dekker Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a recategorizar como parque nacional el Nevado de Toluca, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79 numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta al titular del Ejecutivo federal a realizar la recategorización del Nevado de Toluca como “Parque Nacional”, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Nevado de Toluca o Xinantécatl se localiza en el estado de México, el cual ocupa el cuarto lugar entre las cumbres más altas del país con una elevación de 4 mil 680 metros sobre el nivel del mar, cuenta con 53 mil 912 hectáreas, se extiende sobre 10 municipios del estado de México: Zinacantepec, Toluca, Temascaltepec, Tenango del Valle, Almoloya de Juárez, Amanalco, Calimaya, Coatepec, Harinas, Villa Guerrero y Villa Victoria.

El Nevado de Toluca, fue establecido mediante decreto presidencial expedido el 15 de enero de 1936 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1936 como Parque Nacional, con el objetivo fundamental de proteger su belleza escénica y su importancia hidrológica y destinarlo a la conservación perenne de la flora y fauna comarcanas.

Asimismo, el 19 de febrero de 1937 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el cual se modifica el del 15 de enero de 1936 que declara parque nacional al Nevado de Toluca, para incluir en éste una porción de terrenos destinada a constituir la reserva forestal nacional.

Los ecosistemas presentes en el Nevado de Toluca son de vital importancia para el desarrollo de las poblaciones que habitan en la misma o en la zona de influencia, esto derivado de los diversos servicios ambientales que ofrecen, tal es el caso de los escurrimientos que nacen en las laderas que aportan a dos de las cuencas hidrológicas más importantes del país: las de los ríos Lerma y Balsas.

Debido a su enorme capacidad de captación de agua, el Nevado de Toluca es estratégico para el abasto de agua al Sistema Cutzamala que abastece a la Ciudad de Toluca, su zona metropolitana y parte del Valle de México en la Ciudad de México. Asimismo, hacia el sur, su influencia hidrológica se extiende hasta el Estado de Guerrero. El aporte de agua, depende en gran medida de la conservación de los ecosistemas forestales, desde el zacatonal alpino hasta los bosques de coníferas y los bosques templados de hojas anchas. La presencia de la vegetación arbórea, arbustiva y herbácea permite la captación del agua pluvial, la cual, a través del follaje, hojarasca y raíces posibilita la infiltración del agua al suelo y subsuelo, evitando al mismo tiempo la erosión de los suelos y generando valiosos servicios ambientales de influencia regional.

El nombramiento de Parque Nacional a la montaña denominada Nevado de Toluca, que le diera el entonces presidente de la República Lázaro Cárdenas, fue degradado por el presidente Enrique Peña Nieto a área natural protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna, mediante decreto de fecha 1 de octubre de 2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Un estudio efectuado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sirvió como base para degradar (recategorización) el parque nacional del Nevado de Toluca a área natural protegida, bajo el falso argumento de ofrecer a los habitantes opciones productivas extractivas como cultivar el bosque, reproducir fauna silvestre nativa bajo unidades de manejo de conservación de la vida silvestre, para repoblar con especies nativas y brindar alternativas productivas a los pobladores, lo que se reflejaría en ingresos, otros argumentos fueron utilizar elementos técnicos, aplicando herramientas tecnológicas de medición actuales con el fin de precisar la descripción analítica topográfica y con vértices georreferenciados, coordenadas otorgándoles, rumbos y distancias, que no estaban disponibles en la época en que se expidieron los decretos antes señalados, es decir, para delimitarlo.

La recategorización ha generado críticas en diversos sectores, entre ellos, el ambientalista y el académico puesto que en realidad dicha figura permite la entrada de las empresas privadas a la explotación de los recursos naturales, la recategorización del Nevado de Toluca no es un asunto menor , implica un nuevo orden jurídico sobre el territorio, un nuevo orden de apropiación de los recursos naturales, nuevos actores han entrado en escena con capacidad para realizar actividades económicas depredadoras.

La realidad es que con la recategorización que realizó la administración pasada del Presidente Enrique Peña Nieto, con el plan de manejo forestal se aprueba y permite la tala, disfrazada de aprovechamiento sustentable, el turismo de bajo impacto, otra falacia; porque basta asistir un fin de semana al Xinantécatl para comprobar el altísimo impacto que genera los miles de turistas en este sistema ecológico tan delicado (contaminación biológica de los cuerpos de agua del cráter, toneladas de basura e incontenibles vehículos automotores), y comprobar la tala desmedida a la que han sido sometidos sus bosques; y esto consecuentemente, ha arrojado repercusiones ambientales y ecológicas en una escala ecocida; situación que ya ha puesto en riesgo a las especies endémicas como el “teporingo” (declarado en extinción por biólogos de la Uaemex.

Cabe señalar que sobre la presente problemática ya se han expresado voces de legisladores:

El 28 se noviembre de 2013, la entonces senadora Luz María Beristaín Navarrete del Grupo Parlamentario del PRD, presentó punto de acuerdo precisamente para reconsiderar el estatus del Nevado de Toluca con la finalidad de regresar la calidad de Parque Nacional.

El 22 de noviembre de 2016 el entonces diputado Macedonio Tamez Guajardo, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó punto de acuerdo con la finalidad de que el ejecutivo federal abrogue el decreto del 1 de octubre de 2013, solicitando la recategorización del Nevado de Toluca.

Sin embargo, a la fecha sigue vigente el mencionado decreto. A raíz del multicitado decreto, surgió una resistencia y organización social de parte de los pueblos que están dentro del Parque Nacional o poseen territorio en el mismo, junto con ellos: personas de la sociedad civil de la Ciudad de Toluca, Ciudad de México y en general de gran parte del país y el extranjero se han sumado a esta causa justa, apoyando y manifestando su rechazo pleno al decreto del 1 de octubre del año 2013.

La diferencia e importancia entre denominarlo “parque nacional” a “área natural protegida”, radica en que la primera es restrictiva, sólo permite actividades relacionadas con la conservación de los recursos naturales y de los ecosistemas, incremento de flora y fauna, la segunda implica permitir actividades económicas resultando más conveniente para los capitales privados.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 62, numeral 3, 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ese honorable pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal a realizar la recategorización del Nevado de Toluca como “Parque Nacional”.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal derogue el decreto de fecha 26 de septiembre de 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2013, por el que se declara área natural protegida, con el carácter de área de protección de flora y fauna al Nevado de Toluca.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a elaborar el Programa de Manejo del “Parque Nacional” del Nevado de Toluca.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conagua a garantizar el abastecimiento y el derecho humano al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en Iztapalapa durante el estiaje, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

Quien suscribe, Ana Karina Rojo Pimentel, integrante del Grupo Parlamentario Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones I y II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, mediante el cual se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Agua, al tenor de los siguientes

Considerandos

El agua es vida y no existiría la vida sin el agua, de acuerdo al último informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos, titulado “No dejar atrás a nadie”, en dicho documento se analizan las causas de exclusión y se exploran alternativas para reducir las desigualdades.

En 2015 tres de cada diez personas en el mundo carecían de servicios de agua potable. Actualmente la falta de agua potable en la ciudad de México, es muy recurrente ya que el sistema de abasto no entrega en su totalidad la demanda de agua potable, faltando el Estado mexicano a un derecho inalienable de acceso al agua.

Por tratarse de un asunto estratégico y de seguridad nacional este tema debe tratarse con la mayor seriedad. El artículo 4 párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, en la alcaldía de Iztapalapa particularmente el agua, es un recurso necesario para el desarrollo de la comunidad.

Ya que sin dicho recurso no se pueden llevar a cabo las tareas más indispensables de la población, que serían la de consumo humano, la elaboración de alimentos, la higiene personal y la limpieza del hogar, así como las de uso industrial.

En dicha Alcaldía se cuenta con el mayor número de población dentro de la Ciudad de México, la cual día con día crece por el número de nacimientos que se registran a diario, aunado a ello hay que tomar el número de ciudadanos que emigran y se reintegran a dicha demarcación y que vienen de otras comunidades del interior de la Republica.

En los días pasados la alcaldía ha padecido de manera más recurrente, la falta de este vital líquido. Por ello el abasto de agua potable es insuficiente, aunado a lo anterior se le suma el factor de época de sequias o de estiaje, donde comúnmente baja aún más la dotación de agua potable, haciendo para los ciudadanos más complicado el abastecerse del vital líquido, por ello se le hace un llamado a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para que implemente un programa de tandeo en las zonas de la alcaldía Iztapalapa, donde no llega con regularidad el recurso hídrico.

El Sistema de Aguas de la Ciudad debe implementar medidas prevención, así como también es urgente que se desarrollaren proyectos innovadores que puedan solucionar y aminorar esta problemática, que año con año se viene presentando, que la entrega del vital líquido se lleve a cabo mediante tandeo de pipas para que se le haga entrega a la población del vital líquido y con ello exista el apoyo hacia la ciudadanía.

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua para que se tomen las medidas urgentes y necesarias para el tandeo y distribución del vital líquido en esta época de estiaje, en la alcaldía de Iztapalapa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP y el IMSS a hacer público por qué la asignación presupuestada en el PEF de 2015, ramo 19, “Aportaciones a seguridad social”, no se aplicó al pago de 38 días faltantes por año de servicio prestado a mil 707 jubilados de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados, AC, Siglo XXI, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PT

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Desde el inicio de la presente legislatura nos comprometimos hacerle frente a las problemáticas y situaciones relacionadas con los asuntos y demandas ciudadanas en materia de transparencia, de acceso a la información, de rendición de cuentas y del destino y aprovechamiento de los recursos públicos federales.

Nuestro esfuerzo siempre ha y seguirá tenido como finalidad, brindarle a las ciudadanas y los ciudadanos información precisa, clara y veraz acerca de la situación y aplicación efectiva del gasto público federalizado.

Por ello, hacemos del conocimiento de todas y todos ustedes el reclamo de compañeras y compañeros trabajadores jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes a través de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados, AC, “Siglo XXI (veintiuno)”, acudieron desde el 2014 a ésta Cámara de Diputados a solicitar la intervención de los diputados para que se les reconociera y aplicará la diferencia del pago de la prima de antigüedad que se les adeuda por una diferencia de 38 días por cada año de servicio prestado y que a finales del año 2018, representaba la cantidad de 1 mil 328 millones 721 pesos, que corresponde al pago a 1,707 (mil setecientos siete) jubilados de diversas categorías a quienes de manera errónea, por no decir que de forma ventajosa, se les privó de este beneficio económico.

Al respecto, está establecido que el retiro de cualquier trabajador jubilado es condicionado e imputable al patrón, en términos de lo que establece el primer párrafo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, que a su vez reglamenta los incisos g) y h) de la fracción XXVII (vigésima séptima) del artículo 123 constitucional, contrario a lo que durante estos años les han hecho creer al manifestarles en el Seguro Social que el retiro de un trabajador es voluntario.

Lo anterior cuenta con el sustento en lo dispuesto en el artículo 162 y transitorio tercero de la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre los trabajadores y la Institución, que ordena que: al retirarse el trabajador, ya sea voluntaria o involuntariamente, se le debe pagar una “prima de antigüedad” debido al desgaste orgánico sufrido, esto es, al término de sus 30 años de servicio se les debió pagar por desgaste orgánico el equivalente a 50 días de salario por año; sin embargo, únicamente se les pagaron 12 días y se retuvieron los restantes 38 días ya mencionados.

Derivado que esto, al ser detectado a partir del año 2009 por los hoy integrantes de la Asociación Civil Siglo XXI (veintiuno), emprendieron marchas y plantones para solicitar al personal del Seguro Social el pago retenido sin haber contado con la intervención o apoyo de la Junta Federal y el Poder Judicial; asimismo, en reiteradas reuniones sostenidas entre los trabajadores jubilados y la Institución, les fue reiterado como justificación la existencia de un convenio laboral en el cual de manera voluntaria dichos trabajadores aceptaron los 12 días de pago en lugar de los 50 días que por derecho les correspondía, y que claramente es violatorio.

Aunado a lo ya mencionado, hicieron de nuestro conocimiento que en una de las reuniones sostenidas con personal del área jurídica del Seguro Social; se les informó que dicho faltante de pago se debió a un error del área administrativa, quienes calcularon erróneamente los finiquitos de pago, pero que debían acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para litigar el asunto y que esta autoridad mandatará la realización del pago adeudo a más tardar en el mes de marzo de 2016, ya que por mandato de ley, fenecería la obligación del pago en comento.

Las acciones emprendidas por nuestros compañeros trabajadores obligaron al Instituto Mexicano del Seguro Social a buscar un nuevo acercamiento, y tras 7 años de exigencias, reconoció el adeudo de Un mil 328 millones 721 pesos, pero solicitó tiempo para buscar el mecanismo presupuestario con el cual se les resarciera el daño económico generado.

En el ánimo de coadyuvar en la búsqueda del mecanismo de pago, los integrantes de la Asociación Civil Siglo XXI (veintiuno) acudieron con los diputados miembros de la LXII (Sexagésima Segunda) Legislatura, quienes en el Presupuesto de Egresos para 2015 etiquetaron al Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social, la cantidad de 1 mil 65 millones de pesos, misma que puede ser consultada en el Cuadro 34 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 aprobado por esta soberanía.

Sin embargo, hacemos de su conocimiento, que dicho recurso nunca les fue entregado y que, ante la falta de respuesta precisa sobre el destino de dichos recursos, los integrantes de la Asociación Civil se vieron obligados a realizar la consulta a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que la Dirección General de Programación y Presupuesto A, de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se manifestará en torno al uso, destino y aplicación de los recursos asignados en el presupuesto 2015.

Al respecto, dicha unidad administrativa responsable de la aplicación de los recursos competencia del Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social, contestó con fecha 22 de diciembre de 2015 que:

De conformidad a la autorización de la Cámara de Diputados por 1 mil 65 millones de pesos en el Programa Presupuestario R015 del Ramo 19 “apoyo a jubilados y pensionados del IMSS e ISSSTE” indicará a través de que medio se ejecutó la transferencia al IMSS; por lo que dicha unidad administrativa a través de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifestó que del total de los recursos mencionados, 59.5 millones de pesos fueron transferidos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el pago a los jubilados antes de 1982 de Ferrocarriles Nacionales de México y que los Un mil cinco punto cinco millones restantes se transfirieron al Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas.

El derecho al trabajo es un conjunto de principios, instituciones y normas para hacer posible la realización de la justicia social dentro del equilibrio y con la finalidad de mantener condiciones equitativas entre los factores de producción, para que después de una vida productiva al trabajador le sea reconocido su esfuerzo, mediante el otorgamiento de seguros como la pensión por jubilación.

Para acceder a la pensión es menester contar con un seguro de pensión, que es aquel derivado de las leyes de seguridad social, que tenga por objeto, el pago de las rentas periódicas durante la vida del pensionado o el que corresponda a sus familiares derechohabientes.1

Conviene recordar que por pensión vamos a entender el pago temporal o de por vida recibe un trabajador (a) por ministerio de ley, que lo hace acreedor (a), a una cantidad o pago económico. Con ello se da cumplimiento al derecho humano que predica que toda persona tiene derecho a un nivel de vida digna que le garantice, igual a su familia, bienestar que se traduce; en tener acceso a los servicios de salud, a contar con una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, a una vivienda decorosa; a un medio ambiente sano,2 asimismo tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de perdida de sus medios de subsistencia por causas independientes de su voluntad.3

Pensión garantizada es aquélla que el Estado asegura a quienes reúnan los requisitos para obtener una Pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, cuyo monto mensual será la cantidad de tres mil treinta y cuatro pesos con veinte centavos, moneda nacional, misma que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor.4

Establecido lo anterior es oportuno reseñar que las políticas públicas implementadas por la actual administración están orientadas a instrumentar los programas sociales, como el aumento a la pensión para adultos mayores, mismo que entró en vigor a partir del primero de enero del presente año, y consiste en que dicho sector recibirá, de acuerdo a la presidencia de la república, el doble de lo que actualmente obtienen cada dos meses, además será universal es decir, incluirá a las personas de la tercera edad a las jubiladas del ISSSTE y el IMSS.

Como es del dominio público el derecho a una pensión es un reconocimiento que el Estado aplica a las personas que han entregado la plenitud de su vida al trabajo productivo; de tal manera que llegado el momento en que las fuerzas físicas o facultades del operario concluyen o disminuyen destacadamente, el momento de retiro ha llegado, consecuentemente, adquiere vigencia o se activa el pago por concepto de esa prestación.

No se omite mencionar que el seguro por pensión se otorga atendiendo al salario básico del trabajador o, en su caso, al salario promedio que percibió el trabajador, durante los últimos cinco años. Sin embargo, en ambos supuestos el ingreso del pensionado disminuye drásticamente resultando ser muy inferior al que se obtiene en servicio activo, es decir el fondo a recibir resulta ser bastante insuficiente para aspirar a una vida digna.

El fundamento de la garantía se encuentra en el principio constitucional de suficiencia. Es decir, en la obligación de los poderes públicos de asegurar que todos los ciudadanos reciban una prestación suficiente para atender sus necesidades económicas vitales.

Como podemos apreciar de lo antes precisado, existe obligación expresa del Estado para procurar condiciones de bienestar social para las personas cuya edad reclama el retiro laboral, en consecuencia, nunca ni por motivo alguno la autoridad responsable de tutelar el derecho a la seguridad social no puede ni debe asumir un papel contrario a los derechos de los operarios, pues de ser así ese comportamiento seria reprobable, pues resulta aberrante que el ente benefactor se convierta en el opresor o represor de aquellos que asumieron un compromiso leal mediante la prestación de su mano de obra en la cadena productiva.

La posición negativa que mostraron los servidores públicos del IMSS en la pasada administración para cumplir con la entrega de lo reclamado por los jubilados y pensionados contrasta y riñe con las actuales políticas públicas implementadas por el Presidente de la Republica, pues mientras éste ha expresado e instrumentado actos que reflejan total apoyo a este sector de trabajadores lo construido es desechado por las autoridades del Seguro Social, faltando y renegando con ello al Estado de Derecho. Por ello y por justicia social esta Soberanía emite el presente exhorto a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Mexicano del Seguro Social para que de manera coordinada procedan a la entrega de lo reclamado por la Asociación referida.

Se puntualiza que el recurso requerido fue aprobado por medio de las denominadas “Adefas” (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores), concretamente se autorizó en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2015, por la cantidad de $ 1, 065 millones y en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016, por la cantidad de $ 1, 318 millones de pesos donde se ordenó pagar a los jubilados que forman parte de la asociación precitada.

Como puede apreciarse en el documento anexo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 se asignaron recursos presupuestales para la atención a pensionados y jubilados del IMSS y del ISSSTE, incluso para el 2019 se tiene considerado un incremento presupuestario en el Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social cercano al 100 por ciento respecto del año 2018, por lo que estimamos existen la condiciones para resolver en definitiva esta justa petición.

En mérito de lo expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Que está Sexagésima Cuarta Legislatura exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que haga público a la sociedad , las razones por las cuales la asignación de 1 mil 65 millones de pesos en el Programa Presupuestario R015 del Ramo 19 “Apoyo a jubilados y pensionados del IMSS e ISSSTE” no fue aplicado para el pago de 38 días faltantes por cada año de servicio prestado a 1,707 (mil setecientos siete) jubilados de diversas categorías, así como las razones por las cuales no se aplicaron los recursos del Programa Presupuestario R023 del Ramo 19 “Adeudos con el IMSS e ISSSTE” para el cumplimiento de las obligaciones contraídas a partir del ejercicio fiscal de 2016.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que procedan al cumplimiento de los pagos adeudados a los integrantes de la Asociación Nacional de Trabajadores Jubilados y Pensionados, AC, respecto al pago de 38 días de diferencia, que por concepto de prima de antigüedad se le adeuda a dicho sector social y se dé a conocer públicamente la calendarización y aplicación de los pagos correspondientes.

Notas

1 Fracción XXV del artículo 6o. de la Ley del Instituto de Seguridad para los Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado.

2 Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Y artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

4 Fracción XIX del artículo 6o. de la Ley del Instituto de Seguridad para los Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputados: Ana Laura Bernal Camarena, Mary Carmen Bernal Martínez, Clementina Marta Dekker Gómez (rúbrica), Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica), Francisco Favela Peñuñuri (rúbrica), Alfredo Femat Bañuelos (rúbrica), Gerardo Fernández Noroña, Silvano Garay Ulloa (rúbrica), Margarita García García (rúbrica), Ana Ruth García Grande (rúbrica), Hildelisa González Morales (rúbrica), Santiago González Soto (rúbrica), Óscar González Yáñez (rúbrica), Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica), María Roselia Jiménez Pérez (rúbrica), Claudia Elena Lastra Muñoz (rúbrica), Emilio Manzanilla Téllez (rúbrica), Maribel Martínez Ruiz (rúbrica), María Teresa Marú Mejía (rúbrica), José Luis Montalvo Luna (rúbrica), Alfredo Porras Domínguez (rúbrica), Armando Reyes Ledesma (rúbrica), Maricruz Roblero Gordillo (rúbrica), Benjamín Robles Montoya (rúbrica), Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica), Lizeth Sánchez García (rúbrica), Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica), Dionicia Vázquez García (rúbrica).

Con punto de acuerdo, para exhortar a distintas procuradurías y fiscalías generales de justicia locales a aplicar el criterio jurisdiccional de investigar con perspectiva de género la muerte violenta de mujeres, a cargo de la diputada Merary Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Merary Villegas Sánchez, diputada a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del honorable pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Considerando

Como legisladora federal quiero solicitarle a cada uno de mis compañeros y compañeras diputadas que seamos la punta de lanza para que no sólo en mi estado, sino en cada uno de las entidades de nuestro país, se respeten los derechos humanos de las personas más vulnerables y se combata a fondo la violencia contra las mujeres.

Debemos estar conscientes que la violencia contra las mujeres es un problema de desigualdades y discriminación; no de hoy sino de antaño, por eso la lucha constante. Tanto las mujeres como los hombres tenemos los mismos derechos, no se trata de un problema estadístico. Es la violencia la que impide a las mujeres disfrutar sus libertades y sus derechos como todo ser humano.

Considero que la violencia contra las mujeres es producto de una discriminación derivada de una cultura patriarcal añeja y arraigada, que debemos cambiar de una vez por todas, porque se suscribe en el marco de las violaciones a los derechos humanos, lo cual nos obliga a abordar esta problemática desde las instituciones establecidas de modo que la podamos prevenir y afrontar, como una obligación jurídica que exige medidas y reformas legislativas.

Por lo anterior no concibo que, en muchos estados de nuestro país, el agredir a una mujer no esté considerado como un hecho grave; y que en muchos de ellos no se sanciona a quienes cometen actos violentos contra las mujeres, tampoco se les brinda una atención o compensación a las víctimas de la violencia, mucho menos las protegen, conduciendo así a formas extremas de violencia que culminan en muerte violenta y/o en feminicidios.

El arduo transitar de las víctimas para enfrentar la violencia de género no termina con la muerte de la mujer, al contrario, a éste se suman sus familiares, hijos, hijas y todas aquellas personas que formaron parte de su entorno social, aunada a la necesidad y reclamo de recibir justicia.

El clamor de justicia está estrechamente vinculado al actuar de las procuradurías y fiscalías generales en las entidades federativas, toda vez que al Ministerio Público le corresponde llevar a cabo todos aquellos actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos1 que permitan la integración de la carpeta de investigación, el señalamiento de un presunto responsable, y todos aquellos procedimientos que concluyan con la valoración de un juez para emitir un fallo en los casos.

Es imprescindible que en todas las etapas del procedimiento penal el Ministerio Público cuente con todos aquellos datos que le permitan al juez vincular un presunto responsable a proceso, asimismo aquellos medios de prueba y pruebas para la valoración desde el órgano jurisdiccional que finalmente recaiga en una sentencia razonada que brinde certeza jurídica a la sociedad y a las víctimas.

Tratándose de víctimas de violencia de género es necesario aplicar en todas las etapas de la investigación, desde el primer respondiente, los protocolos de actuación tales como el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio 2 o los protocolos creados por los institutos de la mujer estatales, por ejemplo, el Protocolo de Investigación Criminalística del Feminicidio 3 y el Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Homicidio desde la Perspectiva del Feminicidio. 4

La responsabilidad de investigar cualquier muerte violenta de mujeres recae en las fiscalías y/o procuradurías generales de los estados, específicamente en el Ministerio Público a quien le compete conducir la investigación, coordinar a las policías y a los servicios periciales, resolver sobre el ejercicio de la acción penal, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión,4 conforme los protocolos antes señalados y aplicar el criterio jurisdiccional de la tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia publicada el 5 de mayo de 20155 , que a la letra dice:

Feminicidio. Las autoridades encargadas de la investigación de muertes violentas de mujeres tienen la obligación de realizar las diligencias correspondientes con base en una perspectiva de género . De la cual se interpreta que toda muerte violenta de mujer debe ser investigada de inicio como feminicidio para después descartar sus características si en la investigación no se encontró alguna de las causales del tipo penal existente en las 32 entidades de la República.

A continuación, se cita un extracto de la tesis señalada:

Con base en los derechos humanos de igualdad y no discriminación por razones de género, cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben realizar su investigación con perspectiva de género , para lo cual, debe implementarse un método para verificar si existió una situación de violencia o vulnerabilidad en la víctima por cuestiones de género. Así pues, en el caso de muertes violentas de mujeres, las autoridades deben explorar todas las líneas de investigación posibles, incluyendo el hecho de que la mujer muerta haya sido víctima de violencia de género a fin de determinar la verdad histórica de lo sucedido [...]

Esta tesis es resultado de la lucha de Irinea Buendía que perdió a su hija debido a la violencia de género reiterada que padecía por parte de su esposo, y que al ser encontrada muerta, su caso fue investigado como suicido, por lo que la señora Irinea Buendía comenzó un largo proceso ante los órganos jurisdiccionales donde arribaron al criterio jurisdiccional antes mencionado, concluyendo que no fue un suicidio sino feminicidio.

Cualquiera que sea el espacio donde las mujeres se encuentren, ya sea dentro o fuera de un hogar, éstas son violentadas por extraños y conocidos, al intentar cumplir un papel sociocultural de hija, hermana, novia, esposa, o madre, dedicada al hogar, así como al intentar romper con él en la búsqueda de crecimiento educativo, profesional, laboral, económico, y político.

De acuerdo a información delictiva y de emergencias con perspectiva de género en el país 2 mil 952 mujeres y niñas perdieron la vida ante un presunto feminicidio u homicidio doloso durante el periodo comprendido de enero a noviembre de 2018, es decir, al menos 8 mujeres morían diariamente de forma violenta.

Vale la pena resaltar que de los 2 mil 952 casos ocurridos en 2018, sólo 706 serán investigados con perspectiva de género, pues estos fueron clasificados en la carpeta de investigación como feminicidios.

Con base en el análisis de los datos señalados se infiere que en 75 por ciento de los casos de muertes violentas de mujeres las fiscalías de los estados y/o procuradurías generales dejarán de investigar posibles signos de violencia sexual de la víctima, lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes infligidas, antecedentes o datos de alguno o varios de tipos de violencia en el ámbito familiar, laboral, o docente, asimismo de amenazas, acoso, el vínculo entre el sujeto activo o la víctima, o si la víctima fue incomunicada o privada de su libertad, entre otras.

Las diez entidades que ocupan los primeros lugares de muertes violentas de mujeres y que no investigan con perspectiva de género son: estado de México con 319 muertes violentas de mujeres y niñas, Guanajuato con 279, Baja California Norte con 248, Guerrero, con 232, Chihuahua con 186, Jalisco con 182, Veracruz con 167 (entidad que cuenta con dos alertas), Michoacán con 147, Puebla con 118 y Oaxaca con 106.7

En estas entidades sucedieron 1981 muertes violentas de mujeres, pero solo en 14 por ciento de ellas fueron clasificadas como feminicidio en la carpeta de investigación, en las cuales se deberá averiguar si hubo o no razones de género.

A pesar de los altos índices de violencia contra las mujeres que se presentan en estas entidades sólo seis de estas cuentan con Alerta de Violencia de Género (estado de México, Guerrero, Jalisco, Veracruz, Michoacán, y Oaxaca), sin embargo, aquellas que cuentan con alerta y las de mayor índice de muertes violentas de mujeres no observan o cumplen con la aplicación del criterio jurisdiccional mencionado líneas arriba.

No se trata solo de los diez primeros lugares de entidades con mayor registro de muertes violentas de mujeres que están incumpliendo con el criterio jurisdiccional, sino de la mayor parte del territorio mexicano, e inclusive en aquellos estados que están declarados con Alerta de Violencia de Género, como Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Jalisco, México, estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. Estas características de acuerdo a la tesis citada deberán ser descartadas durante la investigación y cuando estás no existan o no se encuentre, será entonces que la carpeta de investigación se reclasificará por homicidio doloso o culposo.

La excepción es la Fiscalía General del Estado de Sinaloa que ha cumplido con el criterio jurisdiccional de investigar toda muerte violenta de mujer como feminicidio desde el año 2017, de acuerdo a los resultados de información delictiva y con perspectiva de género 2017 y 2018 respectivamente.8

Ante la resistencia de gobernantes y autoridades de incorporar la perspectiva de género en sus funciones en forma transversal, las tareas de prevención, atención y sanción de la violencia hacia las mujeres se ven obstaculizadas permitiendo y fomentando la impunidad, pues hay información relevante que está dejando de sistematizarse, la cual en todo momento es imperante analizar para determinar de qué manera y en qué medida las instituciones involucradas actuaron conforme los protocolos y criterios jurisdiccionales establecidos en la materia.

En tal virtud, y con sustento en la fundamentación y consideraciones anteriores, es por lo que someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Procuradurías Generales de Justicia de Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, y a las Fiscalías Generales de los estados de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Zacatecas a la aplicación del criterio jurisdiccional de investigar con perspectiva de género todas las muertes violentas de mujeres.

Notas

1 Artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

2 Puede ser consultado en
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/253267/Protocolo_Feminicidio.pdf

3 Puede ser consultado en
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/Chihuahua/Ch_Meta_A2_1_1_protocolo_feminicidio.pdf

4 Puede ser consultado en
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/ftpg/EdoMex/edomex_meta4_1_2011.pdf

5 Artículo 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

6 Puede ser consultada en http://sjf.scjn.gob.mx/SJFSist/Paginas/
DetalleGeneralV2.aspx?ID=2009087&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0

7 De acuerdo a información delictiva y con perspectiva de género del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, durante el periodo enero a octubre de 2018. Puede ser consultada en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/415019/Info_delict_persp _g_nero_OCT_231118.pdf

8 Pueden ser consultados en
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/
Info_delict_persp_genero_DIC2017.pdfhttps://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/415019/Info_delict_persp_g_nero_OCT_231118.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputada Merary Villegas Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los órganos jurisdiccionales a impulsar de oficio los procesos legales que tengan bajo su competencia en trámite a partir de la admisión de la demanda, el proceso, la sentencia y la ejecución respectivos para garantizar una justicia expedita, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Rubén Cayetano García, diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración el siguiente punto de acuerdo por el cual se exhorta a los órganos jurisdiccionales a que en el uso de sus facultades impulsen de oficio todos los procesos legales que tengan bajo su competencia en trámite a partir de la admisión de la demanda, el proceso, la sentencia y ejecución de las mismas, con el objeto de garantizar el principio de constitucionalidad de conceder una justicia pronta y expedita, con base en lo siguiente

Exposición de Motivos

Una de las recurrentes y sistemáticas preocupaciones de la sociedad los justiciables y la comunidad jurídica respecto al funcionamiento del Poder Judicial federal, de los poderes judiciales estatales y tribunales en materia laboral, agraria y administrativos, es la lentitud de los procesos que ante éstos se tramitan o de plano la falta de acceso a la impartición de justicia.

Los principios o sus garantías de prontitud y eficacia contenidas en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución federal, resultan afectados por la dilación procesal en la mayoría de los asuntos con trámite jurisdiccional, muchas veces por la falta de interés u obstaculización de una de las partes, lo que se conoce en la jerga o argot judicial como “chicana jurídica”, y otras por la falta de servidores públicos diligentes que actúen con el noble compromiso de dar a quien corresponde lo de su derecho.

El artículo 1o., tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la obligación a todas las autoridades, que en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Lo anterior implica el alto compromiso ético y de servicio público para que verdaderamente se garantice la tutela del Estado mexicano y sus instituciones a la protección de sus derechos, máxime cuando son reclamados en las instancias jurisdiccionales.

El común denominador del malestar de los justiciables y de la sociedad en general, es la escasez de servidores públicos diligentes en las instancias jurisdiccionales en cualquier materia del derecho, la prolongada calendarización de fechas que muchas veces, aun cuando son consentidas por las partes, rebasan los propios plazos previstos por la ley, bajo el argumento infundado de que “hasta entonces lo permiten las labores” de los órganos de justicia.

En México hay una sistemática violación al artículo 17 de la Constitución de la República, es falso que tengamos una justicia pronta y expedita, no hay tal, lo que tenemos es la saturación de trámites administrativos y procesales que impiden la agilidad y eficiencia de los procesos en perjuicio de quienes litigan sus derechos en los tribunales.

Estoy seguro que a la gran mayoría, si no es que a todos los diputados y diputadas, nos han planteado un caso similar y nos han mostrado un expediente que contiene dilaciones procesales que vienen posponiendo etapas, sentencias, laudos o ejecuciones de las mismas. En materia agraria, no obstante, de existir una resolución en grado de cosa juzgada y en vía de ejecución, simplemente se pospone, día a día, año con año y en lugar de resolver un conflicto lo perpetúa generando en muchos casos un problema social que rebasa a los tribunales. Con ello se genera la percepción social de que no se imparte ni se administra justicia.

Considerandos

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga:

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.

...”

Como se lee en antelación, la Carta Marga establece la imperiosa necesidad de que cualquier sujeto de derecho en México le sea administrada justicia, se concedan sus derechos frente a otros, dentro de los plazos preinscritos en la ley, como decía el Siervo de la Nación José María Morelos y Pavón:

“Que haya un tribunal para que todo aquel que se queje con justicia, que lo defienda y ampare frente al fuerte y el arbitrario”.

Todo tribunal de instancia aplica normas de carácter sustantivo y adjetivo, derechos de los individuos y procedimientos, para ejercerlos se encuentran vigentes las leyes procesales que mediante demanda, es decir a petición de parte u oficiosamente accionan la maquinaria jurisdiccional para arribar a la justicia. Dichas normas procesales facultan a todos los tribunales del país, en unos casos menos, y en otros casos más para que en las distintas etapas del proceso dichos órganos actúen de manera diligente y de oficio para excitar los procesos legales, obtener una sentencia y ejecutarla. Ésta es la parte que el Poder Legislativo federal, como soberanía popular debe expresar su preocupación por la excesiva dilación en el trámite de procedimientos y juicios que se siguen ante tribunales de instancia, no es menor cada caso, todos son importantes, pero cuando ya existe una percepción generalizada en la sociedad respecto a un estancamiento del sistema de impartición de justicia, es dable conceder a favor de la sociedad, los justiciables, víctimas de delitos y comunidad jurídica en general, un exhorto como éste.

Sin que éste Poder Legislativo asuma suplencia alguna de lo que en términos de ley compete a los tribunales de México, resulta consecuente e idóneo señalar que el espíritu del artículo 17 constitucional, constituye una auténtica garantía de acceso a la justicia pronta y diligente, comprometida con la verdad e imparcial, cuyos principios es dictar el derecho a quien corresponde, pero hacerla eficiente es alcanzar la máxima satisfacción que cada individuo busca en el estado mexicano. Este exhorto más allá de ser considerado un llamado de atención a los distintos tribunales del país, que respetamos, lo que busca esencialmente es fortalecer el estado de derecho.

Por otra parte, debo añadir que para estructurar este exhorto me di a la tarea de hacer una búsqueda exhaustiva y minuciosa para saber cuántos tribunales u órganos jurisdiccionales hacen pública la información que ante ellos se tramita, información que es prácticamente nula.

Así no podemos saber cuántos juicios registran los tribunales en un mes, un trimestre, semestre o en un año, hay opacidad respecto a la carga laboral y en consecuencia en relación a la capacidad y eficiencia para resolver por parte de los funcionarios judiciales, con lo que considero se viola lo dispuesto por los artículos 1o., 2o. y 9o. de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, puesto que los ciudadanos, justiciables y comunidad jurídica en general están imposibilitados para conocer y de alguna manera evaluar la función pública de nuestros tribunales, juzgados e instancias que administran la justicia.

Por lo antes descrito, someto a consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los órganos jurisdiccionales siguientes:

Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, salas y juzgados de distritos, con las facultades establecidas en la ley para que impulsen de oficio, cuando la ley los faculte, todos los procesos legales que tengan bajo su competencia en trámite, a partir de la admisión de la demanda, el proceso, la sentencia y ejecución de las mismas, así como los trámites de revisión, queja y reclamación, con el objeto de garantizar el principio constitucional de conceder una justicia pronta y expedita.

Segundo. Se exhorta a los tribunales siguientes:

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, Tribunal Superior de Justicia de Baja California, H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, Honorable Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa, Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sonora, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco, Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas para que, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, instruyan a los juzgados de primera instancia, salas de revisión o segunda instancia y jueces menores, de paz o municipales o según la denominación que en cada entidad federativa corresponda, para que impulsen de oficio, cuando la ley los faculte, todos los procesos legales que tengan bajo su competencia en trámite, a partir de la admisión de la demanda, el proceso, la sentencia y ejecución de las mismas, así como los trámites de apelación, con el objeto de garantizar el principio constitucional de conceder una justicia pronta y expedita.

Tercero. Se exhorta a los órganos jurisdiccionales siguientes:

Tribunales de conciliación y arbitraje:

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Tribunal de Arbitraje de Aguascalientes, Tribunal Arbitraje del Estado de Baja California, Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja California Sur, Tribunal Laboral Burocrático del Estado de Chiapas, Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Chihuahua, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima, Tribunal Laboral Burocrático del Estado de Durango, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado Guanajuato, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Estado de Hidalgo, Tribunal de Arbitraje y Escalafón de Jalisco, Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Nayarit, Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León, Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Querétaro, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de San Luis Potosí, Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, Tribunal de Conciliación Arbitraje del Estado Tamaulipas, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán y Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje de Zacatecas, para que impulsen de oficio, cuando la ley los faculte, todos los procesos legales que tengan bajo su competencia en trámite, a partir de la admisión de la demanda, el proceso, los laudos y ejecuciones de los mismos, con el objeto de garantizar el principio constitucional de conceder una justicia pronta y expedita.

Cuarto. Se exhorta a los tribunales de lo contencioso administrativo siguientes:

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Tribunal Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado de Durango, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, Tribunal Fiscal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de México, Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, Tribunal Superior de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de San Luis Potosí, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Veracruz, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Zacatecas, para que impulsen de oficio, cuando la ley los faculte, todos los procesos legales que tengan bajo su competencia en trámite, a partir de la admisión de la demanda, el proceso, la sentencia y ejecución de las mismas, así como los trámites de Revisión o Segunda Instancia, con el objeto de garantizar el principio constitucional de conceder una justicia pronta y expedita.

Quinto. Se exhorta a los tribunales agrarios, siguientes:

Tribunal Unitario Distrito 08 Agrario de la Ciudad de México, Tribunal Unitario Agrario Distrito 01ª de Aguascalientes, Tribunal Unitario Agrario Distrito 2 Baja California, Tribunal Unitario Agrario Distrito 45 Ensenada, Baja California, Tribunal Unitario Agrario Distrito 48 La Paz, Baja California Sur, Tribunal Unitario Agrario Distrito 50 Campeche, Campeche, Tribunal Unitario Agrario Distrito 03 Chiapas, Tribunal Unitario Agrario Distrito 54 Comitán de Domínguez, Chiapas, Tribunal Unitario Agrario Distrito 05 Chihuahua, Tribunal Unitario Agrario Distrito 06 Coahuila, Tribunal Unitario Agrario Distrito 38 Colima, Colima, Tribunal Unitario Distrito 07 Durango, Tribunal Unitario Agrario Distrito 11 Guanajuato, Tribunal Unitario Agrario Distrito 12 Chilpancingo, Guerrero, Tribunal Unitario Agrario Distrito 41 Acapulco, Guerrero, Tribunal Unitario Agrario Distrito 51 Iguala, Guerrero, Tribunal Unitario Agrario Distrito 52 Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, Tribunal Unitario Agrario Distrito 14 Hidalgo, Tribunal Unitario Agrario Distrito 55 Pachuca, Hidalgo, Tribunal Unitario Agrario Distrito 13 Jalisco, Tribunal Unitario Agrario Distrito 15 Guadalajara, Jalisco, Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 Guadalajara, Jalisco, Tribunal Unitario Agrario Distrito 53 Ciudad Guzmán, Jalisco, Tribunal Unitario Agrario Distrito 09 Toluca, Estado de México, Tribunal Unitario Agrario Distrito 10 Tlalnepantla, Estado de México, Tribunal Unitario Agrario Distrito 23 Texcoco, Estado de México, Tribunal Unitario Agrario Distrito 24 Toluca, Estado de México, Tribunal Unitario Agrario Distrito 17 Michoacán, Tribunal Unitario Agrario Distrito 36 Morelia, Michoacán, Tribunal Unitario Agrario Distrito 18 Cuernavaca, Morelos, Tribunal Unitario Distrito 49 Cuautla, Morelos, Tribunal Unitario Agrario Distrito 19 Tepic, Nayarit, Tribunal Unitario Agrario Distrito 56 Tepic, Nayarit, Tribunal Unitario Agrario Distrito 20 Monterrey, Nuevo León, Tribunal Unitario Agrario Distrito 21 Oaxaca, Oaxaca, Tribunal Unitario Agrario Distrito 22 Tuxtepec, Oaxaca, Tribunal Unitario Agrario Distrito 46 Huajuapan de León, Oaxaca, Tribunal Unitario Agrario Distrito 37 Puebla, Puebla, Tribunal Unitario Agrario Distrito 47 Puebla, Puebla, Tribunal Unitario Agrario Distrito 42 Querétaro, Querétaro, Tribunal Unitario Agrario Distrito 44 Chetumal, Quintana Roo, Tribunal Unitario Agrario Distrito 25 San Luis Potosí, San Luis Potosí, Tribunal Unitario Agrario Distrito 26 Culiacán, Sinaloa, Tribunal Unitario Agrario Distrito 27 Guasave, Sinaloa, Tribunal Unitario Agrario Distrito 39 Mazatlán, Sinaloa, Tribunal Unitario Agrario Distrito 28 Hermosillo, Sonora, Tribunal Unitario Agrario Distrito 35 Ciudad Obregón Sonora, Tribunal Unitario Agrario Distrito 29 Villahermosa, Tabasco, Tribunal Unitario Distrito 30 Ciudad Victoria, Tamaulipas, Tribunal Unitario Agrario Distrito 43 Tampico, Tamaulipas, Tribunal Unitario Distrito 33 Tlaxcala, Tlaxcala, Tribunal Unitario Agrario Distrito 31 Xalapa, Veracruz, Tribunal Unitario Agrario Distrito 32 Tuxpan, Veracruz, Tribunal Unitario Agrario Distrito 40 San Andrés Tuxpan, Veracruz, Tribunal Unitario Agrario Distrito 34 Mérida, Yucatán y el Tribunal Unitario Agrario Distrito 1 Guadalupe, Zacatecas, para que impulsen de oficio, cuando la ley los faculte, todos los procesos legales que tengan bajo su competencia en trámite, a partir de la admisión de la demanda, el proceso, la sentencia y ejecución de las mismas, con el objeto de garantizar el principio constitucional de conceder una justicia pronta y expedita.

Sexto. Se exhorta todas las autoridades jurisdiccionales referidas en los puntos que anteceden, para que en sus portales y sitios oficiales de consulta, hagan pública la información, mes con mes, de todos los números de expedientes, civiles y familiares, laborales, administrativos, agrarios, causas penales o de cualquier otra materia de derecho que les sea competente, por materia, cuantía, por inhibitoria y/o declinatoria, ilustrando la etapa procesal y estado que guardan, así como también de tocas, salvaguardando el nombre de las partes y cosa litigiosa, para efecto de que cualquier ciudadano, barra, colegio o comunidad jurídica pueda verificar la carga laboral, así como la eficiencia del quehacer jurisdiccional en cada ámbito del derecho.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputado Rubén Cayetano García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura de Guerrero a abstenerse de nombrar jueces a quienes no cumplen los requerimientos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado y calificarlos como inelegibles, a cargo de la diputada Araceli Ocampo Manzanares, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Araceli Ocampo Manzanares , diputada integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 8 de enero de 2019, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero lanzó una convocatoria interna para someter a concurso 12 plazas de juez de Control y Enjuiciamiento Penal, y 8 para juez de Ejecución Penal. Luego de las evaluaciones correspondientes, el 15 y 20 de marzo del 2019, el referido Tribunal publicó la lista de las 13 personas que resultaron ganadoras. En ese tenor, el Consejo de la Judicatura y el pleno del Tribunal Superior de Justicia, de manera pronta y expedita, emitieron los acuerdos mediante los cuales avalaron tales resultados, es decir, quedaron sentadas las bases para que, en cualquier momento, se pudieran nombrar como jueces de Control y Enjuiciamiento Penal, o de Ejecución respectivamente, a los ganadores de ese concurso.

No obstante, aunque se trató de una convocatoria interna, en dicho proceso se permitió concursar a personas que no integran la carrera judicial, situación que propicia actos de corrupción y que, es violatoria del artículo 67 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 129, además de contravenir con lo establecido en el Reglamento del Sistema de Carrera Judicial de la misma entidad.

Por lo tanto, la mayoría de las personas seleccionadas, no detentan ninguna plaza de las contempladas en los artículos 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Guerrero y 15 del Reglamento del Sistema de Carrera Judicial.

El artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 129, dispone:

“Artículo 67. Las designaciones para cubrir las plazas vacantes de jueces de Primera Instancia, jueces de Control, de Ejecución y de Justicia Integral para Adolescentes, jueces de Paz, secretarios de Acuerdos, proyectistas y actuarios de Primera Instancia, ya sean definitivas o de carácter interino, deberán realizarse en la forma y bajo las condiciones establecidas en la presente Ley y en el Reglamento correspondiente ”.

En ese sentido, emitir los nombramientos de juez de Control y Enjuiciamiento Penal, y de Ejecución Penal, de personas que, sin formar parte de la carrera judicial, pero habiendo participado y resultado ganadoras del concurso en comento, sería inobservar lo dispuesto en los artículos 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero número; y los artículos 129, 11, 12 y 15 del Reglamento del Sistema de Carrera Judicial del Poder Judicial del Estado de Guerrero.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero para que se abstenga de nombrar como jueces, a personas que no reúnen los requisitos de ley para ello, específicamente, a quienes no integren la carrera judicial.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero para que cumpla y haga cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado libre y soberano de Guerrero número 129, y el Reglamento del Sistema de Carrera Judicial, y en consecuencia califique de inelegibles para ocupar el cargo de juez de Control, Enjuiciamiento y Ejecución, a las personas que, aun cuando resultaron ganadoras del concurso interno de oposición, hayan participado sin pertenecer a la carrera judicial.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 8 de abril de 2019.

Diputada Araceli Ocampo Manzanares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de adecuar las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro y hacerlas del todo accesibles para personas ciegas y débiles visuales, a cargo de la diputada Miroslava Sánchez Galván, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Miroslava Sánchez Galván, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numerales 1, fracción I, y 2, y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política que instruya a las autoridades administrativas de la Cámara de Diputados a fin de implantar acciones para adecuar las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a efecto de que sean totalmente accesibles para las personas ciegas y débiles visuales y que les permitan conducirse de forma independiente en su interior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el país, de acuerdo con los resultados de las Encuestas Nacionales de la Dinámica Demográfica; de Ingresos y Gastos de los Hogares; y de los Hogares, todas ellas de 2014, elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se desprende que había cerca de 120 millones de personas. De ellas, 6 por ciento presentaban algún problema de discapacidad y 13.2 por ciento se encontraban en riesgo de experimentar restricciones o limitaciones en sus actividades. En cifras absolutas el total de población que sufre de algún tipo de discapacidad alcanzó los 7 millones 184 mil personas y alrededor de 15 millones 886 mil registraron dificultades leves o moderadas para realizar actividades básicas.

En el documento La discapacidad en México, datos a 2014, publicado por el Inegi,1 se refieren algunas de las condiciones que enfrentan en el país las personas con alguna discapacidad; en el caso de la discapacidad visual los resultados difundidos por el Instituto señalan que 1 millón 561 mil personas tienen algún tipo de esta discapacidad (moderada, grave o ceguera),2 y enfrentan diversos obstáculos que les impiden llevar a cabo actividades básicas, en especial podemos señalar lo relativo a la accesibilidad a edificios e instalaciones públicas y privadas.

El concepto accesibilidad se utiliza para nombrar el grado o nivel en que cualquier ser humano, más allá de su condición física o de sus facultades cognitivas, puede usar una cosa, disfrutar de un servicio o usar una infraestructura.

La accesibilidad supone un derecho que otorga a un individuo la posibilidad concreta y real de entrar, permanecer y recorrer un lugar con seguridad, comodidad y la mayor autonomía posible.

Hay diversas “ayudas técnicas” para impulsar la accesibilidad y equiparar las posibilidades de todas las personas, ello supone que un espacio que presenta buenas condiciones de accesibilidad puede recibir a toda clase de gente sin que exista un perjuicio o una complicación para nadie, las rampas para discapacitados, el alfabeto braille y las señales auditivas son algunas de estas ayudas técnicas.

Interesados en garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en el interior de la Cámara de Diputados, se han llevado a cabo acciones tendentes a adecuar y acondicionar sus instalaciones para asegurar a las personas con discapacidad que acuden al Palacio Legislativo de San Lázaro la accesibilidad necesaria para llevar a cabo las actividades que realicen en su interior. Con ese fin, entre otras acciones, se adecuaron rampas para el uso de sillas de ruedas, se acondicionaron instalaciones especiales en los sanitarios, los elevadores cuentan con platillas braille en los tableros de control y en diversas actividades desarrolladas en el marco de los trabajos parlamentarios intérpretes de la lengua de señas mexicana participan en ellas en beneficio de quienes usan ésta.

No obstante esas relevantes acciones, debemos reconocer que falta mucho por hacer para lograr que el Palacio Legislativo de San Lázaro sea totalmente accesible para las personas con discapacidad, en especial las personas ciegas y débiles visuales.

Actualmente, cuando una persona ciega o débil visual accede a estas instalaciones se enfrenta a la falta de ayudas técnicas que le permitan ubicarse y desplazarse de forma autónoma o independiente dentro del Palacio Legislativo y se encuentra en la necesidad de solicitar la orientación o ayuda del personal que presta sus servicios en la Cámara de Diputados o, en su defecto, a quien se preste a auxiliarlo, situación que limita su desplazamiento y lo hace depender de terceras personas.

En efecto, resulta necesario, por una parte, la colocación de “guías podotáctiles” o “guías táctiles” para ayudar y facilitar el desplazamiento de las personas ciegas y débiles visuales dentro de las instalaciones de la Cámara de Diputados, en especial pasillos y explanadas; y por otro lado la instalación de “planos de planta” o “planos de conjunto” que permitan a una persona ciega o débil visual la ubicación de las instalaciones internas (auditorios, salones, edificios, grupos parlamentarios, entre otros) y le facilite la movilidad dentro del conjunto arquitectónico del Palacio Legislativo.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política que instruya a las autoridades administrativas de la Cámara de Diputados para que implanten acciones para adecuar las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro a efecto de que sean totalmente accesibles para las personas ciegas y débiles visuales y que les permitan conducirse de forma independiente en su interior.

Notas

1 Fuente: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/
espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf> Consultado el 28 de febrero de 2019.

2 Fuente: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/es/ Consultado el 28 de febrero de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputada Miroslava Sánchez Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Cultura a gestionar para que se considere patrimonio de la humanidad la locomotora 279, localizada en Cuautla, Morelos, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6o., numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Cultura, se hagan las gestiones necesarias a fin de que la locomotora 279 ubicada en el municipio de Cuautla, Morelos, sea considerada patrimonio de la humanidad, con base en las siguientes

Consideraciones

El uso del vapor representó el inicio de uno de los más importantes acontecimientos a nivel mundial y significó el momento en el que sus habitantes ingresaron a una nueva era: la revolución industrial.

Con la revolución industrial, los motores y máquinas de vapor se utilizaron de manera extensa, su aplicación en distintas ramas y actividades del ser humano permitió el avance tecnológico a niveles hasta entonces poco imaginados; ya que se pudieron sustituir elementos peligrosos y contaminantes como el carbón en las fábricas y se aplicó dicha tecnología en aspectos como el transporte de personas, bienes y servicios, en un momento y devenir de la historia donde se generó la producción en masa y en donde el capital humano pasó a formar parte de una gran fuerza laboral.

De esta manera, la máquina de vapor se convirtió en el elemento más importante de la Revolución Industrial ya que se utilizó en motores de barcos, en bielas y de manera especial, en locomotoras.

Se denomina locomotora al material rodante con motor que se utiliza para dar tracción a los trenes, siendo, por tanto, una parte fundamental de éstos.

La palabra “locomotora” proviene del latín “loco”, ablativo de “locus”, que significa lugar, y del latín medieval “motivus”, que significa provocar movimiento.

Desde sus inicios a principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, las locomotoras fueron el principal medio de transporte de masas y de insumos de consumo para las grandes ciudades nacientes. La primera locomotora fue construida por Richard Trevithick en 1804, 10 años antes de la máquina de George Stephenson. Esta máquina no dio resultado porque circulaba por rieles de hierro fundido inapropiados para su peso. Hasta 1825, la utilización de locomotoras de vapor fue exclusiva de líneas férreas en minas de carbón.

Algunas locomotoras estaban diseñadas para rodar sin necesidad de rieles, por caminos y carreteras, se denominaban locomóviles, estaban dotadas de ruedas de tractor y eran empleadas para encarrilar los vagones que se salían de las vías en accidentes, arrastre de maquinaria pesada, etcétera.

Por su parte, una locomotora de vapor es una máquina que, mediante la combustión de un combustible en una caldera, calienta agua, el vapor resultante de la ebullición de ésta genera presión y mueve pistones que impulsan las ruedas mediante un juego de bielas. Las locomotoras de vapor tienen que ser reabastecidas de agua cada cierto tiempo, ya que sin ella no funcionaría el sistema.

En México, la historia ferroviaria data del 22 de agosto de 1837, durante la gestión del presidente Anastasio Bustamante cuando se dio la primera concesión ferrocarrilera del país a Francisco de Arrillaga para construir y explotar por 30 años una vía doble de trenes que transitara desde la Ciudad de México hasta Veracruz, a cambio de un millón de pesos. La segunda concesión llegó en 1842, sin embargo la lentitud en el avance del proyecto de construcción generó que éste pasara a manos del Estado.

Hasta el periodo de 1863-1873, México contaba con 228 kilómetros de vía férrea.

La historia del ferrocarril mexicano es la historia del progreso, del avance tecnológico y de la modernidad pero también del abandono y de la sustitución de este importante medio de transporte por otros que, con el paso de los años han venido a generar, que el uso de trenes en nuestro país ya no sea una alternativa real de transporte inmediato y por ende, sea preciso preservar la memoria ferroviaria de nuestro país como parte del patrimonio histórico y cultural, para las próximas generaciones.

En la época dorada del vapor muchas líneas de ferrocarril fueron construidas en todo México. El tren se convirtió rápidamente en la manera de viajar. La era del ferrocarril marcó el comienzo de un nuevo género entero de la literatura de viajes, lo que culminó en las primeras guías de viajes, que describen las rutas y lugares para que otros viajeros puedan visitar con relativa facilidad.

La línea México-Puebla se completó en 1886 y cruzaba la ciudad de Cuautla, en el estado de Morelos.

Vale recordar que Cuautla es llamada la Heroica e Histórica, ya que en este lugar acontecieron dos sucesos importantes en la historia de nuestro país: el Sitio de Cuautla de 1812 y la Revolución Mexicana en 1910.

Cuautla fue escenario de una de las batallas más feroces de la Guerra de Independencia, el Sitio de Cuautla que comenzó el 19 de febrero y terminó el 2 de mayo de 1812. La ciudad fue tomada por las fuerzas del sacerdote y general José María Morelos y Pavón, quien defendió la ciudad contra el general español Félix María Calleja. Los insurgentes resistieron 72 días el sitio impuesto por los realistas, y en más de una ocasión intentaron romper el cerco. La madrugada del 2 de mayo, cierta tropa de realistas avanzaba hacia una trinchera en donde había un cañón abandonado; repentinamente, un niño de 12 años, Narciso Mendoza, corrió hacia el arma y la disparó. La tropa realista retrocedió en medio de la humareda, y varios soldados cayeron muertos o heridos a consecuencia de la descarga. El “Niño Artillero” resultó herido de cuidado, pero gracias a su arrojo las tropas insurgentes volvieron a tomar las riendas de la situación. Tras ocho horas de batalla, los realistas se retiraron, derrotados.

Recorrer las calles históricas de Cuautla, es recordar la valentía de los Insurgentes que pelearon al lado del General José María Morelos y Pavón para evitar que los Realistas entraran a Cuautla y detuvieran el movimiento emprendido por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, la Independencia de México.

Por su parte, durante la Revolución Mexicana, Cuautla fue la primera ciudad conquistada por las fuerzas del General Emiliano Zapata. El movimiento revolucionario Maderista de 1910 llegó a la región encabezado por el profesor Pablo Torres Burgos, quien lo inició en marzo de 1911. Ante su temprana muerte, las tropas eligieron al General Emiliano Zapata, quien peleó con la idea de que el gobierno les devolviera las tierras que les pertenecían. Su general, el profesor Otilio Montaño, redactó y manuscribió el Plan de Ayala, según las ideas de Zapata y se promulgó en Ayoxuxtla, Puebla, el 28 de noviembre de 1911. Este movimiento revolucionario del General Zapata terminaría con la traición del coronel Guajardo en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919, cuando fue asesinado.

En Cuautla, los constructores del ferrocarril encontraron un lugar perfecto para la nueva estación de la ciudad, muy cerca del centro. Ellos modelaron la estación alrededor de los claustros de un edificio abandonado, el antiguo convento dominico de San Diego, que databa de 1657. La vida eclesiástica terminó algunos años antes de que se incorporara la estación de ferrocarril en 1881.

La guía completa más antigua sobre viajar por México es la Guía Appletons de 1883; pronto fue seguida por otras, incluyendo la guía completa de Campbell y el libro descriptivo de México, publicado por primera vez en 1895.

La edición de 1899 de la Guía de viajes de Campbell da una idea de lo que los visitantes de Cuautla podían esperar cuando el tren estaba en su apogeo:

“El tren pasa por una hacienda y después de una Y, cruza un acueducto, donde se ve a los locales bañarse y lavar la ropa, llegando a la estación que fue una iglesia. El tren se detiene unos minutos en Cuautla y da tiempo para un paseo por la pequeña alameda, a las afueras de la estación, donde hay árboles y flores además de un hotel donde hay buenos vinos, café y comidas.”

Es aquí donde se encuentra la legendaria locomotora 279, única locomotora de vapor que todavía tiene las posibilidades de ser puesta en marcha.

Esta locomotora data en su construcción de 1904; se le denomina del tipo de Máquina de Vapor de Vía Angosta y fue construida por la Baldwin Locomotive Works, de Filadelfia, para la concesión de Ferrocarriles Nacionales de México y puesta en servicio en ese mismo año; por su parte fue comprada por el gobierno mexicano en el año de 1921 para reemplazar aquellas perdidas como consecuencia de la Revolución Mexicana de 1910; es la única sobreviviente de un lote de 27 máquinas que sobrevivió al paso del tiempo, a la modernidad, al descuido, al olvido y a diversas crisis del sector ferroviario del país. La locomotora 279 es el único testigo que permanece en pie de una serie innumerable de pasajes, hechos y momentos históricos y trascendentes para la región y para México.

La estación de Cuautla en donde se encuentra actualmente, fue puesta en servicio desde el año de 1881 y era un sitio de importancia determinante para la vida económica, social y política de la región pues es ahí donde se ubicaron los ejes de los ferrocarriles que transitaban por las regiones que hoy corresponden a los estados de Morelos, Puebla y estado de México. Fue en ese sitio donde el General Emiliano Zapata y Francisco I. Madero tuvieron su histórico diálogo en el que el Caudillo del Sur planteaba la búsqueda de un “pedacito de felicidad” en contraparte al deseo de paz incondicional que planteaba Madero.

La línea ferroviaria de Cuautla quedó fuera de operación en el mes de octubre del año de 1973 y desde entonces la locomotora 279 ha sufrido de la ineficiencia, la falta de sensibilidad por preservar la memoria histórica y el abandono pues en cuanto la línea del ferrocarril dejó de prestar servicios, la locomotora fue a dar a un depósito de chatarra. Así lo confirma el oficio enviado por el Club Amigos del Ferrocarril a Luis Gómez, director general de Ferrocarriles Nacionales de México en 1980, a quien se le solicitó ayuda para recuperar la máquina del Campo de Concentración de Chatarra de Huehuetoca, estado de México, así como sus coches de vía angosta.

En aquel entonces, el objetivo era “que puedan ser reparadas y se les entreguen en condiciones de servicio para operar un tren turístico”, según se lee en el documento fechado el 20 de junio de aquel año.

El proyecto del tren turístico inició en una primera etapa, pero la falta de interés de las autoridades municipales devino en su extinción. Eventualmente, la máquina de vapor volvió a funcionar para dar pequeños recorridos turísticos, cada vez más cortos y con menor frecuencia, hasta que fue recluida en el taller de reparación, hoy adaptado como museo vivencial.

Esta locomotora 279 fue parcialmente restaurada en el año 2014 conservando sus piezas originales y remodelados sus vagones para dejarlos en el mismo estado que tenían hace más de cien años, sin embargo, en el mes de noviembre de 2016, el entonces presidente municipal de Cuautla solicitó al señor Enrique López Márquez, en su calidad de secretario de Elecciones y Remociones de la Coalición de Socios Ferrocarrileros Jubilados, AC que inspeccionara la máquina a fin de dictaminar las condiciones operativas en las que se encuentra, y de ser posible, el funcionamiento de la caldera, según el oficio/PM/863 enviado por la Oficina de la Presidencia y firmado por el alcalde.

Como resultado de la revisión, el equipo de López Márquez conformado por personal jubilado de diferentes especialidades de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, encontró que a la máquina le faltaban piezas, entre las que destacan cinco tapones Flus en bronce de su caldera, necesarios para su encendido y chequeo de piezas internas; zapata y contrazapata del sistema de freno en la rueda número 3 del lado izquierdo, con faltantes; mangueras desconectadas; un compresor de aire para su encendido que ya no funciona; un cuarto de herramientas cerrado, así como falta de combustible, mantenimiento, conservación y limpieza de todas las partes.

Un diagnóstico desgarrador, tratándose de una pieza histórica y uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, que fue entregado al presidente en junio de 2017 y que cuenta con vigilancia permanente.

Esta locomotora, con más de 130 años de historia, es testigo de importantes momentos del México que hace su arribo a la modernidad y es uno de los pocos elementos que conjunta la llegada de la Revolución Industrial a nuestro país, al tiempo que es emblema de la lucha armada de 1910, de la historia ferroviaria nacional y dadas las condiciones y el desinterés por parte de pasadas administraciones por preservar la memoria histórica local, resulta valioso que a pesar de los elementos materiales que le han sido sustraídos, la locomotora 279 todavía se encuentre en posibilidades de ser rehabilitada y puesta en marcha.

La locomotora 279 es una joya del pasado que representa un conglomerado importante de la historia de México en distintos momentos y decisiones cruciales, cabe señalar que hace apenas unos años todavía era encendida para eventos especiales, sin embargo, lo costoso de su mantenimiento y la falta de refacciones la tiene condenada a la inmovilidad, a pesar de que existen las condiciones y los medios para poderla rehabilitar y a pesar de ser un objeto que tiene sobradas razones para ser preservado.

Para la memoria histórica de los morelenses y la dignidad de las y los mexicanos, es preciso que las autoridades federales tomen cartas en el asunto y se realicen las gestiones por parte de la Secretaría de Cultura, a efecto de realizar una profunda valoración por parte de expertos en la materia, para diagnosticar su estado y se proceda de inmediato a su total reparación y puesta en funcionamiento, considerando para ello, la suficiencia presupuestal con que cuenta la política cultural a nivel nacional.

Asimismo, como parte de la preservación de la historia para las siguientes generaciones, es preciso que la Secretaría de Cultura dé inicio a los trámites correspondientes para que la locomotora 279 sea considerada patrimonio cultural de la humanidad, ya que se trata de una de las últimas locomotoras de vapor en el mundo que se encuentra en condiciones de funcionar y además de ser testigo de la historia nacional, es un digno elemento que representa el avance y progreso de la humanidad en una etapa tan determinante para el mundo moderno como es la Revolución Industrial.

Por tal motivo, las y los diputados de esta LXIV Legislatura, conscientes de que la preservación de la historia es la preservación de la identidad nacional y los elementos visuales que se conserven de las distintas épocas de la nación son parte de su patrimonio histórico y que sirven para las próximas generaciones de mexicanas y mexicanos que, a través de estos insumos pueden conocer su origen, dar testimonio de los momentos y decisiones trascendentes que forjaron el México que hoy conocemos y valorar el esfuerzo de esos héroes que nos dieron libertad, leyes y patria.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado se propone la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta honorable Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Cultura federal, que realice una profunda valoración del estado que guarda la locomotora 279, que se ubica en el Museo Vivencial de Cuautla, Morelos, a fin de que se destinen los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para realizarle una intervención total que le permita su total reparación y puesta en funcionamiento, en beneficio de la historia de México.

Segundo. Esta honorable Cámara de Diputados solicita respetuosamente a la Secretaría de Cultura federal, a que inicie de manera formal los trámites correspondientes a fin de que la locomotora 279 sea considerada patrimonio cultural de la humanidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputada Juanita Guerra Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para implantar programas o acciones inmediatos de restauración ecológica por el grave desequilibrio del río Papaloapan dados sus altos niveles de contaminación, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Irineo Molina Espinoza , integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esa honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional del Agua, y a los gobernadores de los estados de Oaxaca y Veracruz, para que, de forma coordinada, implementen programas o acciones inmediatas de restauración ecológica ante el grave desequilibrio del río Papaloapan por los altos niveles de contaminación que presenta , de acuerdo a las siguientes:

Consideraciones

El río Papaloapan es uno de los más importantes que tenemos en el país, desemboca en el golfo de México pasando principalmente por las ciudades de San Juan Bautista Tuxtepec, en Oaxaca; Otatitlán, Tlacojalpan, Cosamaloapan, Tlacotalpan y Alvarado, en Veracruz, es decir que su longitud va desde los límites de los estados de Puebla y Oaxaca hasta su desembocadura en Veracruz.

Su nombre proviene del náhuatl “papalotl” que significa mariposa, y “apan” que significa “lugar de” o Río de las Mariposas. El río Papaloapan forma la segunda cuenca hidrográfica del país, en cuanto a su caudal, ya que tiene una longitud de 354 kilómetros, pero, si se considera como parte del sistema Papaloapan-Santo Domingo-Grande-Tehuacán, llega hasta los 900 kilómetros.

En las orillas de este río habitan más de tres millones de personas de las entidades federativas de Puebla, Oaxaca y Veracruz, con una extensión de 51,025,52 kilómetros cuadrados.

Las fuentes más lejanas del río Papaloapan son el río Tehuacán, que nace en la sierra de Puebla, y el río Quiotepec, que pasa la Mixteca oaxaqueña, que al unirse adquieren el nombre de río Grande. Y más adelante se les une el río Salado, al juntarse estos tres cuerpos de agua se llaman río Santo Domingo, y cuando se les une el río Valle Nacional, todo el caudal se denomina río Papaloapan.

Este río tenía mucha importancia desde antes de la Conquista, ya que era una vía de comunicación importante en la región, pero en los últimos años, derivado de los cambios ecológicos de la deforestación que provocaron que el río se ensanchara y su fondo se elevara, ha ocasionado que el mismo deje de ser navegable, sumado a que la zona está densamente poblada, su principal problema es la contaminación, tanto urbana como industrial que es producida por empresas como la compañía Cervecera del Trópico, el ingenio Adolfo López Mateos y la fábrica de papel, así como por los usos agrícolas que involucran el exceso de uso de agroquímicos, lo que ha generado que poco a poco este perdiendo su caudal medio de 5 mil 683 metros cúbicos por segundo.

Es triste ver como a un gran número de pobladores que habita en las cercanías del río Papaloapan no les interesa que el mismo algún día se seque o, peor aún, que este se encuentre sumamente contaminado a causa de animales muertos como cerdos, perros o de todo tipo, que se encuentran flotando en el mismo, por los desperdicios humanos, restos de comida, envases de plástico, pañales, químicos, bolsas de plástico, latas de aluminio que van a la deriva en el río o que al acumularse generan áreas donde se concentra la basura que está matando a las especies de peces, reptiles y aves del lugar.

Sumado a toda la basura y restos de animales, se arrojan al Papaloapan sin consideración restos y sustancias industriales provenientes de las fábricas establecidas en su margen que desde hace muchos años han vertido en él aguas negras y todo tipo de contaminantes industriales.

En febrero de 2018, la Comisión Nacional del Agua realizó un estudio técnico de las aguas nacionales superficiales en 16 cuencas hidrológicas que comprenden la región número 28, y encontró que el río Papaloapan tiene un problema serio de contaminación generalizado en todas sus aguas y que las mismas registran presencia de agroquímicos, metales pesados y coliformes, destacando que uno de los factores centrales de esta alta contaminación es por la falta de plantas de tratamientos de aguas residuales y por la inexistencia de buenas prácticas ambientales, lo que genera que la calidad del agua que corre por el Papaloapan se vea gravemente afectada.

Tanto pobladores que habitan en las cercanías del Papaloapan y autoridades han sido omisos en evitar esta grave contaminación, no siendo entendible que contaminemos de manera indiscriminada un río que es fuente de vida y con dichas acciones estamos privando a las futuras generaciones de que cuenten con recursos naturales tan importantes como lo son los ríos, además de que la contaminación de estos ocasiona graves daños a la salud de las personas, ya que el agua contaminada cuenta con microorganismos, virus y bacterias que generan enfermedades como cólera, diarrea, disentería, hepatitis A, fiebre tifoidea, poliomielitis, enfermedades de la piel, entre otras.

En los últimos diez años, el río Papaloapan descendió 40 metros su nivel, y es sólo un ejemplo de cómo los mexicanos estamos acabando con nuestro entorno, con los ecosistemas y el medio ambiente, con los mares, ríos y lagos, y que si no hacemos algo pronto para revertir estos graves daños ecológicos y ambientales, estaremos condenando a las futuras generaciones a la extinción, ya que enfrentaremos efectos devastadores como son la escasez del agua a causa de contaminación, la superpoblación y el cambio climático, que afectan a las fuentes de este recurso esencial.

El agua es necesaria para el consumo humano, para cultivar y procesar alimentos, también brinda energía a la industria con el objeto de satisfacer a una población en constante crecimiento, por ello, la gestión inadecuada de las aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas, conlleva a que el agua que beben cientos de millones de personas se vea peligrosamente contaminada o polucionada químicamente.

La contaminación del agua también provoca que parte de los ecosistemas acuáticos terminen desapareciendo por la rápida proliferación de algas invasoras que se alimentan de todos los elementos que les proporcionan los residuos.

Es importante que la sociedad civil, la industria, pero sobre todo las autoridades, tomemos acciones inmediatas para revertir la contaminación de nuestros mares, ríos y lagos, reduciendo el uso de productos químicos para la limpieza en el hogar y desechar correctamente productos con pintura, aceite de motor, amoníacos y cloro, así como evitar desechar objetos como pañales, toallas húmedas y plásticos en cualquier fuente de agua, ya que dichos materiales ponen en peligro la vida de la fauna marina e incluso, la de los humanos.

Ante la grave contaminación que afecta al río Papaloapan, resulta necesario solicitar a las autoridades federales y al gobernador de Oaxaca que ejecuten acciones inmediatas para evitar que la contaminación, residuos y basura que se encuentran en sus aguas, sigan disminuyendo su caudal, ya que su grado de contaminación representa un peligro para la salud de las personas que consumen agua del mismo y sobre todo, para que se apliquen sanciones a todo aquel que vierta o tire en el río cualquier tipo de material, desperdicio, basura o contaminante.i

Derivado de los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, y a los gobernadores de los estados de Oaxaca y Veracruz, para que, de forma coordinada, implementen programas o acciones inmediatas de restauración ecológica ante el grave desequilibrio del río Papaloapan por los altos niveles de contaminación que presenta, formulando y ejecutando los mecanismos necesarios para la recuperación y restablecimiento de las condiciones del proceso natural que en dicho río deben desarrollarse.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Comisión Nacional del Agua, y a los gobernadores de los estados de Oaxaca y Veracruz, para que, en el ámbito de sus atribuciones, apliquen sanciones administrativas y, en su caso, penales, dependiendo del tipo de afectación, a todo aquel que vierta cualquier tipo de material contaminante en las aguas que conforman el río Papaloapan, y para que exijan con mayor rigor a la empresas e industrias que por sus actividades vierten directa o indirectamente en las aguas del río Papaloapan cualquier tipo de residuos contaminantes, a que instalen plantas de tratamiento de aguas residuales eficientes y para que desarrollen sus actividades bajo un esquema de observancia y cumplimiento de buenas prácticas ambientales.

Fuentes

i Nota periodística “Contaminación y Sequía Acaban con el río Papaloapan; 40 metros descendió su nivel en los últimos 10 años”, de Carlos Abad, publicada en “El Piñero de la Cuenca” y que puede consultarse en el siguiente link:

https://www.elpinerodelacuenca.com.mx/contaminacion-y-se quia-acaban-con-el-rio-papaloapan-40-metros-descendio-su-nivel-en-los-u ltimos-10-anos/

Nota periodística “Río Papaloapan ¨contaminación generalizada¨, dice Conagua”, de Virgilio Sánchez, publicada en el portal NVI Noticias, el 22 de febrero de 2018 y que puede consultarse en el siguiente link: https://www.nvinoticias.com/nota/85572/rio-papaloapan-contaminacion-gen eralizada-dice-conagua

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el ocho de abril del dos mil diecinueve.

Diputado Irineo Molina Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sader a ampliar el número de productores que serán sujetos de apoyos del sector agropecuario en sus convocatorias, en especial de los programas de concurrencia con las entidades federativas, a cargo del diputado Jesús Salvador Minor Mora, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Jesús Salvador Minor Mora, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 28 de febrero de 2019, la Sader publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa de Concurrencia con las entidades federativas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio de 2019. Las cuales establecen lo siguiente:

Artículo 5 . La población objetivo del programa está compuesta por las unidades de producción agrícola, pecuaria, de pesca y acuícolas, y las de nueva creación en las entidades federativas, preferentemente de los estratos E2 (tiene ingresos por ventas anuales máximo de $55,200 m.n.), E3 (tiene ingresos por ventas anuales máximo de $97,600 m.n.) y E4 (tiene ingresos por ventas anuales máximo de $228,858 m.n.); dichos estratos de acuerdo al diagnóstico, FAO/Sader.

Artículo 6 . La cobertura del presente programa es nacional de aplicación en las 32 entidades federativas, y se atenderá prioritariamente a las localidades de media, alta y muy alta marginación, conforme a la clasificación de Conapo.

En el valle de Mexicali, Baja California, por la naturaleza de los tipos de cultivo y superficie que se siembra por cada unidad de producción, cerca del 90 por ciento de los productores se encuentran en un estrato distinto a los mencionados, esto es el estrato 5; que son aquellos productores que rebasan los $228,858 pesos por ventas anuales; por lo que con la actual interpretación de las reglas de operación, no son sujetos de participar en esta convocatoria.

Claramente en las reglas de operación se indica que los estratos de productores 2, 3 y 4 serán atendidos preferentemente, pero no indica que serán atendidos ellos exclusivamente , por lo que hay lugar para que el resto de los productores también sean atendidos y no sean excluidos de las convocatorias en este caso de concurrencia con las entidades federativas.

Por lo anteriormente expuesto se solicita al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Víctor Villalobos Arámbula, que realice las gestiones necesarias para que aún y cuando se dé prioridad en las convocatorias a productores de los estratos 2,3 4, con lo cual estamos de acuerdo; también se incluya en las convocatorias de concurrencia para este año 2019 y en el resto de las convocatorias de la Sader a los productores del estrato 5.

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para que se incluya a los productores agropecuarios correspondientes al estrato 5 (productores con ingresos superiores a los $228,858 m.n. anuales) en las convocatorias de apoyo al sector agropecuario, toda vez que las reglas de operación no los excluyen.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputado Jesús Salvador Minor Mora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Sonora a instaurar de manera pronta y eficaz la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado, a cargo del diputado Manuel López Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

Que suscribe, Manuel López Castillo, diputado federal por Sonora en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea legislativa de lo federal, la siguiente proposición con punto de acuerdo , al tenor de las ulteriores

Consideraciones

En fecha 9 de enero del año 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Victimas, dicha legislación tiene por objeto el crear los mecanismos, así como las instituciones que garanticen los derechos sustantivos y adjetivos penales de las víctimas de los delitos.

De igual manera, esta ley contempla la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la cual y atendiendo lo esgrimido en el artículo 84 de la legislación en comento tendrá por finalidad lo siguiente:

...garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la debida diligencia.

Como se pude vislumbrar, la creación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es de gran impacto social y menester del Estado para dar cumplimiento, al apartado C, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos de las víctimas.

El decreto de la Ley General de Victimas, en su régimen transitorio, específicamente en el noveno y décimo, obliga primeramente a las legislaturas de las entidades federativas a realizar las modificaciones en sus ordenamientos ex lege con la finalidad de que dichas disposiciones sean congruentes al decreto en mención, posteriormente se obliga a los estados a crear sus propias comisiones de atención a víctimas.

Noveno. En un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones legislativas y presupuestales conforme a lo dispuesto en el presente decreto.

Décimo. Las entidades federativas en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán integrar su Comisión de Atención a Víctimas.

Si bien es cierto que, en el ámbito estatal la obligación planteada líneas arriba ha sido cumplida parcialmente (modificación y armonización de las leyes locales), en sentido material aún carecemos de eficacia, tal es el caso del Estado de Sonora, en donde han pasado ya 4 años desde las reformas locales a la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora, y las autoridades del Poder Ejecutivo local no han tomado las medidas necesarias para dar por cumplidas las disposiciones establecidas en el ordenamiento.

El porqué de lo anterior, se debe a que la gobernadora del estado de Sonora, la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano no ha hecho las labores que, por mandato legal, se le interpusieron para crear la Comisión de Atención a Víctimas del estado de Sonora, cuestión que trae aparejado diversas omisiones graves a las leyes federales y locales, de las cuales podemos mencionar las siguientes:

a) La Comisión Ejecutiva y el Sistema Estatal de Atención a Víctimas son los órganos que dan voz a las víctimas de delitos o de violaciones a los derechos humanos, así como también son los envestidos para brindar diversos servicios de asesoría, protección, ayuda, atención, acceso a la justicia, acceso a la verdad y reparación integral que se soliciten ante las instancias competentes; y al no existir dicha comisión no se pueden llevar a cabo estos principios señalados.

b) Atendiendo lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Sonora, en donde se dispone que, el Estado garantizara en todo momento los recursos necesarios para la implementación de la Comisión Ejecutiva y del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, es fecha que no se ha velado por el presupuesto para poner en marcha las atribuciones antes mencionadas, así mismo, al no existir Fideicomiso para el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, no se pueden otorgar las prerrogativas en materia de acceso y otorgamiento de justicia para las víctimas.

c) Conforme a lo dispuesto por la fracción III y VII del artículo 12 de la legislación enunciada, la Comisión Ejecutiva está facultada a tener una participación activa en la elaboración del Plan y del Programa Estatal de Atención a Víctimas del Sistema Estatal, hecho que no puede ser dilucidado de manera formal, puesto que estos dos ejes son necesarios para la efectiva dirección de la política pública del Estado respecto de la diligente atención a víctimas.

d) El artículo tercero transitorio de la Ley de Atención a Víctimas de Sonora, dispone que, dentro de un plazo de noventa días naturales se deberán emitir las disposiciones reglamentarias de esta ley, sin embargo, la fracción XVII, del articulo 16 contempla como atribución de la Comisión Ejecutiva, el proponer al Sistema Estatal el proyecto de Reglamento de la Ley de Atención a Víctimas, es el caso que al no estar instaurada la Comisión por ende no se ha emitido Reglamento alguno.

Son diversas las omisiones en las que ha recaído el poder ejecutivo local de Sonora, respecto al funcionamiento eficaz de la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Sonora, haciendo hincapié en la no instauración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ante esto, ¿Quién ha brindado los servicios legales a los sonorenses que han sido víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos, durante estos casi cuatro años de indiferencia por parte de la gobernadora de Sonora?

La falta de eficacia jurídica, así como la inobservancia de lo establecido en la ley, son causas de responsabilidades administrativas, pues está en presencia de incumplimiento a los debes señalados en la Ley General de Victimas y su homóloga a nivel local.

En Morena estamos a favor de dotar a las víctimas del estado de Sonora de un órgano que les dé una debida representación, que vele por sus derechos y brinde todos los servicios a que tienen derecho por ley, evitando una revictimización por parte del Estado.

Por los argumentos esgrimidos, someto a consideración de las legisladoras y los legisladores que integran esta Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta de manera respetuosa a la titular del Poder Ejecutivo del estado Sonora, la ciudadana Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, a instaurar de manera pronta y eficaz la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Sonora, con la finalidad de garantizar la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas.

Dado en la Ciudad de México, alcaldía Venustiano Carranza, dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputado Manuel López Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y la Ssa a crear entre la sociedad en general conciencia sobre los niños y los adolescentes con espectro autista, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez, diputado integrante de la LXIV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El 18 de diciembre de 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril de cada año como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, esto a razón de que dicho trastorno se ha vuelto a lo largo de los años un motivo más de discriminación, el cual impide la realización de un diagnóstico adecuado, así como su tratamiento para sobrellevarlo. La finalidad de conmemorarlo es lograr la inclusión de estas personas y garantizar que lleven una vida digna, plena, gratificante y libre de toda discriminación.

Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de complejos trastornos del desarrollo cerebral. Este término genérico abarca afecciones tales como el autismo, el trastorno desintegrador infantil y el síndrome de Asperger.

La fracción XII del artículo 3o. de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, las personas con la condición del espectro autista son “todas aquellas que presentan una condición caracterizada en diferentes grados por dificultades en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal, y en comportamientos repetitivos.”

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que uno de cada 160 niños padece autismo, y que este trastorno comienza desde su infancia prolongándose hasta la adolescencia y vida adulta, igualmente se maneja que algunas personas con este padecimiento pueden vivir de forma independiente, pero que existen otras que padecen un mayor número de discapacidades lo que ocasiona que requieran de una constante atención.

Datos del Autism Speaks señalan que, en 2018, uno de cada 59 niños es diagnosticado con autismo, de esto se expresa que en niños se da 1 por cada 37, y en niñas 1 por cada 151, concluyendo así que los niños tienen más probabilidades de padecer autismo que las niñas.

Igualmente se tiene la cifra que un tercio de las personas con autismo no se comunican de manera verbal, es decir no hablan, y que 31 por ciento de los niños con este trastorno poseen una discapacidad intelectual que les dificulta la vida cotidiana. También aproximadamente 28 por ciento de los niños con 8 años de edad que padecen autismo registran un comportamiento de autolesión. En general aproximadamente 7 por ciento de niños con este trastorno suelen ser afectados por depresión, y en los adultos en un 26 por ciento.

Según estadísticas de la Secretaría de Salud del Estado de México por cada mil niños de 3 a 6 padecen autismo a nivel mundial, mientras que en México en el año 2016 se manejó la cifra que de cada 115 niños 1 padece autismo, teniendo así que 1 por ciento del total de los niños en nuestro país padecen este trastorno, lo cual equivale a 400 mil niños.

Entre los síntomas o señales que nos pueden permitir detectar una persona con autismo se encuentran el repetir ciertas conductas, tener demasiado interés en ciertas cosas u objetos, poco contacto visual, no escuchar a las personas, interés prolongado en ciertos temas o detalles, demora al responder cuestionamientos, dificultad para seguir una conversación, reacción inusual ante un comportamiento de ira en otras personas, repetir constantemente las mismas palabras, problemas para comprender el punto de vista de los demás, entre otras.

Por lo anterior, es que se dificulta la interacción social, la comunicación, el aprendizaje, la realización de determinadas actividades y, sobre todo, aquello que tenga que tenga relación con el procesamiento de información sensorial.

Quienes viven con un espectro autista no tienen una enfermedad sino una condición y la única diferencia es que ellos procesan la información que reciben de una forma distinta pues sus sentidos son mayores a los de una persona regular.

Las familias de niñas, niños o adolescentes con esta condición se enfrentan ante situaciones difíciles ante la sociedad, pues la mayoría de estos niños no tiene rasgos físicos respecto de esta condición, lo que hace que la gente no se pueda percatar a simple vista de su condición y mucho menos sabe cómo interactuar o ayudarles ante una posible crisis. Esto sucede debido a la poca información que existe sobre este tema, que en algunas ocasiones hace que estos niños sean blanco de bullyng por parte de otros niños e incluso hasta de adultos.

Por lo anteriormente expuesto, mediante el presente exhorto soy portavoz de las necesidades de las familias con hijos que padecen esta condición quienes argumentan que no hay escuelas públicas que incluyan o tengan medidas y estrategias para educar a este tipo de niños, ya que las escuelas regulares y su personal no están capacitados para atenderlos y en caso de recibirlos no les instruyen y/o los tienen aislados. Por otro lado, para el caso de las escuelas privadas, en ellas les piden a los papás que los niños asistan con una maestra “sombra” lo cual hace que los costos aún se multipliquen más o incluso que no puedan ser costeables para las mamás de niñas, niños o adolescentes de escasos recursos.

Cabe mencionar que las familias afectadas refieren que hacen falta instituciones públicas en materia de salud que brinden apoyo a los niños que viven con esta condición, ya que todo se ha concentrado en capacidades diferentes o especiales pero a la hora de buscar específicamente este espectro no hay personal capacitado que pueda brindar apoyo para que estos niños sean incluidos a la sociedad de una forma asertiva, siendo esto por lo que solicito que se implementen campañas de concienciación social sobre el autismo y se promueva su conocimiento.

Resulta importante tener presente que los niños con condiciones diferentes deben contar con alternativas que les permitan ejercer los derechos humanos a la salud y a la educación y que puedan tener oportunidades en igualdad de condiciones que una persona regular, como asistir a una escuela pública con inclusión social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal para que se establezcan programas de capacitación para el personal docente y administrativo de cada unidad escolar, a efecto de que se pueda atender y brindar educación integral tendiente a incluir a las niñas, niños y adolescentes con condición de espectro autista dentro del sistema educativo regular; asimismo se implementen campañas inclusivas y de concienciación hacia los padres de familia y alumnado para que se erradique la estigmatización hacia las niñas, niños y adolescentes con el espectro autista.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que se implementen campañas de concienciación social sobre el autismo y se promueva un mejor conocimiento que contribuya a la inclusión social de las niñas, niños y adolescentes con trastorno del espectro autista.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno del estado de México a dar seguimiento a la construcción, el equipamiento y la conclusión de los hospitales localizados en Acolman, Coacalco, Aculco, Zumpango, Tepotzotlán, Zinacantepec, Chicoloapan y Cuautitlán Izcalli, a cargo del diputado César Agustín Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, César Agustín Hernández Pérez, diputado federal integrante de la LXIV Legislatura, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El derecho a la protección de la salud es un derecho humano reconocido por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. que a la letra señala:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud, OMS, define la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades,” concepto que también es reconocido por la Ley General de Salud en el artículo 1º Bis.

Además, el artículo 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, señala:

“Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.”

A pesar de lo anterior, en fechas recientes algunos medios de comunicación han documentado que “en el Estado de México existen ocho hospitales inconclusos que actualmente requieren una inversión superior a los 1,207 millones de pesos, toda vez que la construcción de cada uno registra avances de entre 20 y 78 por ciento.

En los ocho casos, la administración anterior (2011-2017 del Gobierno del Estado de México) autorizó contratos e inversiones iniciales con empresas constructoras. Luego avaló segundos contratos con nuevos montos, pero las obras nunca se hicieron.

Por ejemplo, el Hospital municipal de Acolman, comenzó a edificarse el 9 de junio de 2014 con la empresa Ten Infraestructura México, con la que se firmó un contrato por 20.7 millones de pesos, pero en 2017 se contrató a Grupo Marebb, por 29.9 millones de pesos adicionales. El gobierno estatal sólo pagó a ambas empresas 25.5 millones y ahora, para terminar la obra, que daría a 49 mil habitantes, faltan 110 millones, más 46 para equipamiento.

En situación similar se encuentra Coacalco, que comenzó su construcción en mayo de 2013, con un contrato por 25 millones con Constructora de Infraestructura de Durango, y dos años después por 66 millones con Dycmacos. A la primera se le pagaron 10, y a la segunda 58, sin embargo, la obra tiene un avance del 78% y está suspendida. Se requieren 40 millones para dejarla útil.

El resto de los hospitales que se encuentran en obra abandonada, están ubicados en Aculco, Zumpango, Tepotzotlán, Zinacantepec, Chicoloapan (al que me referiré en lo particular más adelante) y Cuautitlán Izcalli, con un avance de 47 por ciento. En ellos se darían servicios básicos a 878 mil mexiquenses. Pero también se requieren 960 millones de pesos anuales para su operación.”1

En especial, como representante distrital federal por el distrito 30 por el estado de México, y como portavoz de mis representados solicito la atención respecto de la construcción, equipamiento y conclusión del “Hospital Comunitario de 18 camas (Hospital Municipal)”; ubicado en Avenida México, esquina Avenida Monterrey, S/N Unidad Habitacional -Bonito San Vicente-, Municipio de Chicoloapan, Estado de México. Esta obra se encuentra dentro del Programa de Fortalecimiento a la Calidad en los Servicios de Salud 2013, como fuente de financiamiento y a la fecha sigue sin ser terminada, a pesar de ser una demanda muy sentida para la comunidad Chicoloapense.

El hospital en comento una vez en función, será de gran utilidad para los habitantes de dicho municipio, toda vez que entre sus servicios se planea que contará con servicio médico de consulta externa, laboratorio de análisis clínicos, rayos “x”, sala de expulsión, área de recuperación post-parto, quirófano, área de recuperación post-quirúrgica, central de enfermeras, Central de Equipos y Esterilización, área de hospitalización, triage (clasificación de urgencias), observación de adultos, curaciones, sala de choque, centro de desinfección, cuarto de Residuos Peligrosos Biológico-Infeccioso y área de gobierno, todos ellos indispensables para atender la demanda en salud de los Chicoloapenses.

Para brindar los servicios en materia de salud, se requieren hospitales destinados para la atención y asistencia a enfermos por medio de personal facultativo, enfermería, personal auxiliar y de servicios técnicos durante 24 horas, todos los días del año, por lo cual, haciendo eco de las voces más sentidas de los miles de mexiquenses que esperan verse beneficiados con la total conclusión de los hospitales citados y, ante la imperiosa necesidad de generar una mejor calidad de vida a la sociedad, fortaleciendo su bienestar y garantizándole el Derecho Humano a la salud, en cumplimiento al Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento exhorto dirigido al Titular del Gobierno del Estado de México para que instruya a las áreas que correspondan, se dé seguimiento a la construcción, equipamiento y conclusión de los ocho hospitales que se encuentran pendientes en los municipios mencionados, en el Estado de México; así como el que se efectúen sendas auditorias que en derecho corresponda derivado de los contratos celebrados para la edificación y operatividad de los mismos, y de ser el caso se sancione a quien o quienes resulten responsables de una conducta ilícita por la presunta malversación del erario o de posibles desvío de recursos asignados.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, para que instruya a las áreas que correspondan, se dé seguimiento a la construcción, equipamiento y conclusión de cada uno de los hospitales que se encuentran en los municipios de Acolman, Coacalco, Aculco, Zumpango, Tepotzotlán, Zinacantepec, Chicoloapan y Cuautitlán Izcalli.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del gobierno del estado de México, para que instruya a las áreas que correspondan, para que se efectúen sendas auditorías que en derecho procedan derivado de los contratos celebrados para la edificación y operatividad de los hospitales que se encuentran en los municipios de Acolman, Coacalco, Aculco, Zumpango, Tepotzotlán, Zinacantepec, Chicoloapan y Cuautitlán Izcalli, y de ser el caso, se inicien los procedimientos sancionatorios en contra de quien o quienes resulten responsables de una posible conducta ilícita.

Nota

1 El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín, con fecha 24 de marzo 2019, en la siguiente dirección:

https://edomex.quadratin.com.mx/el-cochinero-de-eruviel-en-salud-de-edomex/
?fbclid=IwAR0Vj9ytmd6pl0Hu2qK9pqNUOoCuaJbYJwj6G4aPWuNh7cKjmpwKAi3GCFY

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputado César Agustín Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Fonart a implantar acciones que beneficien la promoción y venta de artesanías mexicanas indígenas en el extranjero y el país, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

A nivel internacional las artesanías mexicanas cuentan con un gran reconocimiento y valoración, por ser productos que manifiestan la diversidad cultural de una sociedad, lo que ha permitido al sector convertirse en un atractivo mercado con potencial de crecimiento.

Algunos datos muestran que los principales destinos de exportación de las artesanías mexicanas son Australia, Alemania, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos e Italia.

Por rubro, las mercancías hechas a base de plata, ónix, barro, madera, cerámicas y los cuadros prehispánicos, así como las telas hechas a mano, son las que tienen mayor participación en el comercio internacional.

México tiene 62 etnias y cada una de ellas cuenta con sus características de arte popular, que representan a los diversos estados.

El origen de las artesanías mexicanas proviene de las zonas rurales, gracias a que los artesanos se han valido de los recursos naturales de su región, como el barro, madera, textiles, talavera, cobre, entre otros para crear sus diseños.

El comercio de las artesanías mexicanas es privilegiado, debido a que cuenta con texturas y patrones tradicionales que han sido bien recibidos en zonas turísticas nacionales e internacionales.

En la ciudad de Oaxaca existe una gran diversidad de artesanías realizados por manos indígenas, su riqueza artística; es una herencia milenaria. En Oaxaca, la artesanía es toda una tradición y ofrece una diversidad que denota la riqueza artística e imaginación de sus gentes.

Los textiles que identifican a la ciudad de Oaxaca son, en especial, los productos de mantelería, característicos por sus inigualables diseños de reminiscencia prehispánica y colonial, así como sus vestidos y huipiles que en cada diseño tienen una historia de vida por la quien la porta.

De Teotitlán del Valle, Mitla y Tlacolula, provienen las cobijas, jorongos, alfombras y tapetes, elaborados en telar de pedal, con hilo de lana, al natural y teñida con tintes naturales. Los diseños de éstos, van desde códices y personajes zapotecas, hasta reproducciones pictóricas de Tamayo, Toledo y Picasso. De Mitla y Santo Tomás Jalieza se tienen: rebozos, vestidos, huipiles, blusas, gabanes, chales, bolsas, fajas, tapetes, servilletas y manteles, elaborados con hilo de algodón, lana y estambre. De San Antonino Castillo Velasco, vestidos y blusas bordadas con hilo seda.

De Tlaxiaco, Tuxtepec y Huautla de Jiménez son los famosos trajes regionales, de origen prehispánico, que incluyen: huipiles, enredos y quexquémitls, inigualables por sus vistosos diseños, elaborados en telar de cintura.

La alfarería oaxaqueña ocupa un lugar importante en la producción artesanal del estado. La loza vidriada, de fondo blanco y café, con diseños floreados, es muy común en la capital del estado y los pueblos de los valles centrales. Se producen: platos, tazas, fruteros, jarrones, jarras, floreros, juegos de té y juguetes.

La alfarería de Atzompa, comunidad próxima a la ciudad, es muy famosa por su loza vidriada, de color verde. Se caracteriza por sus diseños elaborados con la técnica de pastillaje y calado, Otro tipo de alfarería importante en la ciudad es el barro negro de San Bartolo Coyotepec, inconfundible por su coloración, completamente negra, con acabados brilloso y opaco.

La joyería oaxaqueña, de oro y plata, es de gran prestigio a nivel internacional. Los diseños combinan el metal con las piedras preciosas como la turquesa, obsidiana, amatista, ámbar, coral y ónix.

Existen diversas artesanías de madera tallada: máscaras, guitarras, artículos de cocina, alebrijes, peines de naranjo, muebles y juguetes. La artesanía de palma es característica de la región Mixteca. En la ciudad se expenden: bolsas, tapetes, sombreros, tenates, petates, floreros, portafolios, canastas y artículos decorativos.

Por lo anterior y con el propósito de promover el trabajo del artesano en México, así como de contribuir a la generación de un mayor ingreso, el 28 de mayo de 1974 la Secretaría de Desarrollo Social creó el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart).

Desde hace 45 años, el Fonart ha coordinado de forma dinámica y efectiva las distintas políticas y recursos entre los organismos públicos, privados y gubernamentales fomentando la actividad artesanal.

La exportación de las artesanías mexicanas en los diversos mercados internacionales ayuda a incrementar la utilidad, además de fortalecer la economía de los artesanos.

Aunque aún existen diversas limitantes para las exportaciones de las artesanías mexicanas, que van desde la logística, la calidad que tengan los productos, así como las restricciones arancelarias del comercio exterior, las mercancías fabricadas por manos mexicanas representan una aportación valiosa en los mercados extranjeros.

Por ello es importante que nuestras instituciones de Fomento Artesanal, la Secretaría de Turismo y Cultura, sean los principales promotores de preservar la cultura artesanal ancestral de cada comunidad indígena, otorgándoles beneficios a dichas comunidades promocionando sus productos artesanales en eventos culturales, foros turísticos internacionales invitando a que participen las comunidades artesanales en dichos foros y expos, donde es invitado el Gobierno Mexicano, y con ello sea un escaparate ante el extranjero, así como fomentar Foros y exposiciones Artesanales en los distintas Capitales del País para promocionar las artesanías de las comunidades indígenas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Exhortar al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart).para implementar acciones que beneficien a la promoción y venta de artesanías mexicanas indígenas ante el extranjero y a nivel nacional.

Segundo. Exhortar a las Secretarías de Cultura y Turismo con la finalidad de extender sus invitaciones de los gobiernos extranjeros, a los artesanos indígenas; para participar en foros y exposiciones a nivel nacional e internacional con la finalidad de una debida promoción y venta de las artesanías mexicanas.

Palacio Legislativo, a 8 de abril de 2019.

Diputado Armando Contreras Castillo (rubrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas dependencias a invertir en la construcción de infraestructura del Sistema 1 de Ferrocarriles Suburbanos los recursos del Fondo Metropolitano correspondientes a la ZMVM, y elaborar los estudios y el proyecto ejecutivo para ampliar aquél hasta Huehuetoca, México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Que el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 establece que los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán a programas y proyectos de infraestructura; que demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, el transporte público y la movilidad no motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas;

2. Que los programas y proyectos de infraestructura a los que se destinen los recursos federales del Fondo Metropolitano deberán guardar congruencia con los programas en materia de desarrollo regional y urbano correspondientes;

3. Que el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá las disposiciones específicas que establecerán los criterios, requisitos y procedimientos para el otorgamiento de los recursos del Fondo Metropolitano;

4. Que con base en los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano para el Ejercicio Fiscal 2019, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de febrero de 2019, los recursos con cargo al Fondo Metropolitano se pueden destinar a proyectos de infraestructura pública y su equipamiento en materia de servicios básicos, infraestructura vial, movilidad urbana, espacios públicos, entre otros rubros prioritarios de interés metropolitano, para contribuir al ordenamiento territorial;

5. Que para la determinación de los programas y proyectos de infraestructura que se someterán a consideración del Fondo Metropolitano, los gobiernos de las entidades federativas, deberán observar criterios objetivos de evaluación de costo y beneficio, así como de impacto metropolitano, económico, social y ambiental, de acuerdo con lo previsto en los Lineamientos del Fondo Metropolitano y demás normativa aplicable, tomando en cuenta la movilidad no motorizada considerada en estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos o en proceso.

6. Que por la posición estratégica en la que se encuentra la terminal Buenavista del Sistema 1 de Ferrocarriles Suburbanos y por la gran interconectividad con la que cuenta (Línea B del Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, Metro, así como con la Línea 1, 3 y 4 del Metrobús), es de vital importancia aprovechar y fomentar la intermodalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México.1

7. Que con la ampliación del Sistema 1 del Tren Suburbano, se cubrirán 50 kilómetros, siete municipios del Estado de México (Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán, Teoloyucan, Coyotepec, Huehuetoca y Cuautitlán Izcalli) y de dos alcaldías de la Ciudad de México (Cuauhtémoc y Azcapotzalco) con beneficios directos para más de 15 millones de habitantes.

8. Que la primera ruta del Suburbano tiene la capacidad para atender cómodamente a 320 mil pasajeros por día, con un estimado de 100 millones de pasajeros al año, en una zona de alta y creciente densidad demográfica (cuatro millones de habitantes) y de importante actividad económica para la región al disminuir el tráfico, los congestionamientos vehiculares y los accidentes viales.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Que a fin de que se cumpla cabalmente con lo que marca el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019 y los Lineamientos del Fondo Metropolitano, se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a los gobiernos estatales del Estado de México, Ciudad de México e Hidalgo, a invertir los recursos del Fondo Metropolitano que correspondan a la Zona Metropolitana del Valle de México, aprobados para el ejercicio fiscal 2019, en la construcción de infraestructura que le brinde al Sistema 1 de Ferrocarriles Suburbanos, en todas sus estaciones, interconectividad peatonal , especialmente para personas con discapacidad y movilidad limitada; interconectividad ciclista , a través de ciclo vías y biciestacionamientos; e interconectividad con el resto de sistemas de transporte público , así como en la elaboración de los estudios y del proyecto ejecutivo para su ampliación hasta el municipio de Huehuetoca, Estado de México, beneficiando y garantizando el interés de las y los Ciudadanos de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Nota

1 Presentación Suburbano

http://www.fsuburbanos.com/pdf/la_empresa/presentacion_s uburbano.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputados: Juana Carrillo Luna, Alma Delia Navarrete Rivera, Javier Ariel Hidalgo Ponce, María de los Ángeles Huerta del Río, Gustavo Contreras Montes, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, Francisco Javier Saldívar Camacho, María Rosete Sánchez, Nelly Minerva Carrasco Godínez, Graciela Sánchez Ortiz, Lucio Ernesto Palacios Cordero, Sergio Pérez Hernández, María Eugenia Hernández Pérez, Socorro Bahena Jiménez, María Guadalupe Román Ávila, Marco Antonio González Reyes, María Beatriz López Chávez, Lucía Flores Olivo, Rocío Barrera Badillo, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, Rocío del Pilar Villarauz Martínez, Víctor Gabriel Varela López, Ana María Rodríguez Ruiz, Erika Vanessa del Castillo Ibarra, Beatriz Rojas Martínez, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, Pablo Gómez Álvarez, Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, Leticia Díaz Aguilar, Laura Martínez González, Claudia López Rayón (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar al Congreso de NL a abstenerse de intervenir en el proceso judicial referente al amparo promovido contra el nombramiento de integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de la entidad, a cargo de la diputada Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena

Tatiana Clouthier Carrillo, integrante de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 3, fracción XX, y 6, numeral primero, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León ha desempeñado un papel fundamental para garantizar el derecho a la información de los neoleoneses. Por esta razón es imperativo asegurar la independencia de sus comisionados. El 26 de diciembre de 2018 se realizó la votación para nombrar a tres nuevos comisionados. De esta manera se dictó el acuerdo legislativo número 059 en el que se eligieron a los ciudadanos María de los Ángeles Guzmán García, Francisco Reynaldo Guajardo Martínez y María Teresa Treviño.

El veintinueve de enero del año en curso diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo en contra de la decisión de la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes del Congreso local de aprobar el dictamen en el que se establecía la elegibilidad de varios de los nuevos comisionados. El amparo fue acepto el dos de febrero por el juez segundo de distrito en materia administrativa.

Sin prejuzgar si los motivos que los ciudadanos argumentan en su demanda son verídicos, el asunto es de vital importancia tanto para el estado de Nuevo León como para la política nacional. La resolución de este asunto podría clarificar los alcances del amparo en decisiones de ciertos órganos legislativos. También, podría suponer un importante precedente sobre la responsabilidad de los poderes legislativos estatales sobre cumplimiento de los criterios de idoneidad para la nominación de funcionarios públicos. Por estas razones es imperativo garantizar la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial Federal.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Congreso del estado de Nuevo León a garantizar la independencia del Poder Judicial federal y no intervenir en el transcurso de la resolución del amparo con número de expediente 58/2019 interpuesto contra la designación de los comisionados María de los Ángeles Guzmán García, Francisco Reynaldo Guajardo Martínez y María Teresa Treviño Fernández, integrantes de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información y los asuntos relacionados con este proceso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de abril de 2019.

Diputada Tatiana Clouthier Carrillo (rúbrica)