Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emprender las acciones necesarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, para atender el daño ambiental de la laguna de Cuyutlán y realizar la rehabilitación de la misma, a cargo de la diputada Rosa María Bayardo Cabrera, del Grupo Parlamentario de Morena.

La que suscribe, Diputada por el Estado de Colima e integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes emprender las acciones necesarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, para atender el daño ambiental de los Vasos 1 y 2 de la Laguna de Cuyutlán y realizar la rehabilitación de la misma, derivado del daño ecológico ocasionado por la construcción del libramiento ferroviario y carretero que atraviesa los vasos de la Laguna, al tenor de las siguientes consideraciones:

Exposición de Motivos

La Laguna de Cuyutlán es el principal ecosistema de humedales del Estado de Colima y uno de los más importantes a nivel nacional. En ella habitan una amplia diversidad de especies marinas y cuenta con una extensa zona de manglares donde también encuentran su hábitat numerosas especies, sin embargo, desde hace varias décadas la Laguna de Cuyutlán ha padecido un constante y acelerado deterioro ambiental que se ha traducido en niveles alarmantes de contaminación de sus aguas, lo que se aprecia en toda su amplitud en los vasos 1 y 2 de la Laguna.

La relevancia ecológica de este ecosistema, en cuanto a sus manglares, consiste en que permite la regulación del clima local y global, además de que regulan la composición química de los océanos y de la atmósfera a la par de contribuir en la recarga de los acuíferos subterráneos, por lo que representa un mecanismo de control biológico y de conservación de la biodiversidad de los humedales. Al respecto, en México la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) identificó desde los años 2007 y 2008 como zonas de manglar de alta relevancia biológica los localizados en la Laguna de Cuyutlán.

Por otra parte, los manzanillenses que históricamente han habitado en la ribera de la Laguna, han practicado durante generaciones la pesca, la cual es una de las principales actividades económicas y de sustento para las familias de la subcuenca.

Desde el siglo XIX Manzanillo se destacó como puerto natural para recibir embarcaciones de gran calado, por lo que en el año de 1824 el entonces Gobierno General de la República decretó la apertura de Manzanillo como puerto del pacífico y desde entonces fue aumentando su importancia hasta la actualidad como el principal puerto marítimo del país.

En las últimas décadas, el crecimiento exponencial de la ciudad derivó en la falta de una planeación urbana que permitiera contar con asentamientos regulares y que los mismos no afectaran los recursos naturales de la zona, sin embargo, al carecer de este plan, muy pronto la Laguna resintió los efectos de esta situación y los vasos 1 y 2 comenzaron a sufrir la contaminación de sus aguas.

El crecimiento de la población en el municipio de Manzanillo, el desarrollo urbano derivado de la importancia portuaria del mismo, la construcción de la Central Termoeléctrica de Manzanillo, entre otros emprendimientos de desarrollo, han significado un brutal impacto ambiental en este ecosistema, alterando su equilibrio y exponiendo a la Laguna a sufrir daños irreversibles.

Este delicado equilibrio ecológico consiste en un sistema natural que conecta a los cuatro vasos que conforman la Laguna, permitiendo el intercambio de agua y de organismos bióticos como parte de un proceso de conservación de este ecosistema de humedales. Sin embargo, la Laguna de Cuyutlán ha resentido de manera grave los procesos de modernización del municipio y padecido el impacto ecológico de la construcción de la infraestructura adyacente a la Laguna, lo cual ha derivado en un terrible daño ecológico a los vasos 1 y 2 principalmente.

Es menester precisar que este problema fue ocasionado por la irresponsabilidad de gobiernos anteriores en sus tres órdenes, mismos que se empeñaron y dedicaron a destruir, con un alto grado de eficiencia y efectividad, este ecosistema, fue por causa de gobiernos del pasado que apostaron a la explotación desmedida de la Laguna sin importarles el daño ecológico ocasionado a la misma.

El 19 de junio de 2010, mediante oficio S.G.P.A./DGIRA.DG.2350.09, la SEMARNAT autorizó la construcción del proyecto denominado “PROYECTO CARRETERO CAMPOS-ALAMEDA-PUNTA GRANDE Y RAMAL FERROVIARIO POR LA MARGEN NORPONIENTE DEL VASO 2 DE LA LAGUNA DE CUYUTLÁN, MANZANILO, COLIMA, MÉX.”, y fue omisa en detectar que el terraplén empleado para el piloteo de los diferentes tramos carreteros que atraviesan la Laguna se convertirían en un tapón para la circulación del agua y de organismos bióticos al interior de la subcuenca respecto de la zona exterior de la Laguna, asimismo, el piloteo provocó la formación de sedimentos en la Laguna que inhibieron la navegación de los pescadores en la zona. La historia del ecocidio de la Laguna de Cuyutlán es una constante de errores y omisiones, pues no se realizaron las diligencias necesarias para determinar si la empresa Compañía Contratista Nacional (COCONAL, S.A.P.I. de C.V), atendió debidamente las acciones de compensación y de mitigación por los trabajos realizados, debido a que la propia PROFEPA verificó semestralmente, durante la ejecución de los trabajos, que el impacto ambiental correspondiera a lo proyectado en el estudio correspondiente, sin embargo, esa instancia fue omisa de esa obligación durante la ejecución de la obra hasta su conclusión, determinando cada semestre que las acciones de mitigación realizadas por la empresa eran suficientes, sin considerar la efectividad de las mismas, sin advertir oportunamente que no se realizaron ni agotaron en su totalidad las acciones necesarias de mitigación, además de los trabajos de retiro de escombros y materiales empleados durante la ejecución de las obras, por lo que la empresa logró importantes ahorros y beneficios económicos en la ejecución de los trabajos, en detrimento del equilibrio ecológico de la Laguna.

En el caso del ferrocarril, anteriormente las vías bordeaban la ribera de la Laguna, pero a partir del 2011 se modificó este trazado y se construyó un terraplén que dividió el vaso 1 y el vaso 2. La construcción de terraplenes en el interior de la Laguna pronto derivó en el azolvamiento de importantes extensiones del vaso interior y las aguas colindantes a la ribera, por lo que se modificó la hidrodinámica de la Laguna dejando de fluir libremente el agua entre los vasos y entre la cuenca y la subcuenca de la Laguna.

Por otra parte, la construcción del libramiento carretero en el vaso 2 agravó el deterioro de la Laguna y de la calidad de vida de sus habitantes, siendo los más afectados los pescadores de la ribera debido a que las obras alteraron el patrón de circulación del agua entre ambos vasos por la ampliación del terraplén que se utilizó para la construcción del libramiento y la gran cantidad de materiales empleados en las obras, ocasionando el azolvamiento de la Laguna y de sus corrientes de intercambio de agua, el deterioro del hábitat de los organismos bióticos que quedaron atrapados en la zona interior del terraplén, así como un fuerte problema de salubridad debido al estancamiento de las corrientes al no haber intercambio de las mismas ha detonado en padecimientos en la salud de los habitantes de la ribera, la gradual desaparición de los organismos bióticos de la Laguna y un severo golpe a la economía de los pescadores.

De conformidad con los términos del estudio de impacto ambiental se especifica que: “el promovente (la empresa) será el único responsable de garantizar la realización de las acciones de mitigación, restauración y control de todos aquellos impactos ambientales atribuibles al desarrollo de las obras y actividades del proyecto, que había sido considerados por la misma, en la descripción contenida en la Manifestación de Impacto Ambiental Regional (MIA-R) e información complementaria”. Por último, aun cuando las obras referidas han concluido, nos encontramos en la etapa de operación del proyecto, el cual en este caso es de 25 años, por lo que resulta procedente imponerle a la empresa realizar las medidas correctivas y de mitigación que en su momento debió de haber ejecutado durante el proceso constructivo.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados, la resolución de los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, investiguen si con motivo del “Proyecto Carretero Campos-Alameda-Punta Grande y Ramal Ferroviario por la Margen Norponiente del Vaso 2 de la Laguna de Cuyutlán, Manzanillo, Colima, Méx.”, se cometieron actos que afectaron al ambiente, contrarios a la normatividad ambiental, y en particular a la dinámica hidráulica de la Laguna de Cuyutlán, y de ser este el caso, actúen conforme a derecho en contra de los responsables, obligándolos a reparar el daño causado al ambiente y a la laguna, sin perjuicio de las demás sanciones a las que se podrían hacerse acreedores, conforme a la normatividad aplicable.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que realice las actividades necesarias para el retiro de escombros y materiales de desperdicio en el total del tramo que comprende el libramiento, así como el dragado de los vasos 1 y 2 de la Laguna de Cuyutlán para restablecer la hidrodinámica de ésta, previendo que dichas actividades resulten eficaces y eficientes, y evitar así la agudización del deterioro ecológico de la misma, y de ser el caso, conforme a las investigaciones realizadas por las autoridades competentes en materia ambiental, y de acuerdo a la normatividad aplicable al caso, se le transfiera el costo de los trabajos realizados por cuenta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a quienes resulten responsables.

Bibliografía:

Conabio (Comisio?n Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). 2009. Manglares de Me?xico: extensio?n y distribucio?n. Segunda edicio?n, Conabio. Me?xico, 99 pp.

Contreras, F. 1985. Las lagunas costeras mexicanas. Centro de Ecodesarrollo. Secretari?a de Pesca. Me?xico, D.F., 253 pp.

Gonza?lez, A. y M. Salgado. 1996. Problema?tica de la laguna de Cuyutla?n, Colima, Me?xico. Resu?menes del X Congreso Nacional de Oceanografi?a. Manzanillo, Colima, Me?xico.

Marti?nez, J. y A. Salamanca. 2008. Dragado en puertos mari?timos. Tesis de licenciatura. Instituto Polite?cnico Nacional. Escuela Superior de Ingenieri?a y Arquitectura. Unidad Zacatenco, Me?xico.

Torres, Judit y Quintanilla-Montoya, Ana Luz. 2014. Alteraciones Antrópicas: historia de la Laguna de Cuyutlán, Colima. En: Investigación Ambiental Ciencia y Política Pública. Publicación semestral. SEMARNAT-INECC. Núm. 6 (1), Centro Universitario de Gestión Ambiental. Universidad de Colima, México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2019.

Diputada Rosa María Bayardo Cabrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP y la UNAM a reforzar en el plan de estudios de las Facultades de Medicina, y de Enfermería la capacitación para la detección oportuna de cáncer infantil y adolescente, y capacitar al personal de salud a través de cursos, diplomados, talleres y pláticas dirigidos a estudiantes, enfermeras y médicos de primer contacto, suscrita por integrantes del Grupos Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4 y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Según la Organización Mundial de la Salud, el término “cáncer infantil” generalmente se utiliza para designar distintos tipos de cáncer que pueden aparecer en los niños antes de cumplir los 15 años y en el adolescente. Asimismo, refiere que la mayoría de los cánceres infantiles inicialmente presentan signos y síntomas inespecíficos, lo que puede hacer que se detecten en fases ya muy avanzadas.

Existen diferentes tipos de cánceres en los niños y adolescentes, siendo los principales:

• Leucemia linfoblástica aguda : Tumor líquido o cáncer en la sangre que comienza en la médula ósea y se disemina por el torrente sanguíneo.

• Tumores del Sistema Nervioso Central : Son la segunda causa más común de cáncer durante la infancia como grupo de tumores, tan solo después de las leucemias.

• Linfoma de Hodgkin y No Hodgkin : Cáncer del sistema inmunitario que se origina de células linfáticas.

• Tumor de Wilms: Cáncer más común del tejido renal de origen embrionario.

• Rabdomiosarcoma : Tumor formado por células cancerosas en el músculo estriado.

• Retinoblastoma : Tumor del globo ocular más común, se origina en la retina.

• Tumores de las células Germinales . Tumores que se forman a partir de células gonadales, seminaomatosas y no seminamatosas.

• Osteosarcoma: Tumor óseo más frecuente en los niños y adolescentes.

• Sarcoma de Ewing: Sarcoma de los adolescentes y adultos jóvenes que a menudo afecta la cadera, los muslos, la parte superior de los brazos y las costillas.

Es de importancia recalcar que el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Desafortunadamente el 75 por ciento de los casos de cáncer en menores de 18 años en México se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad según datos de del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la adolecía (Censia).

En general, entre los niños y adolescentes, los tipos más comunes de cáncer son las leucemias, y del sistema nervioso central y los linfomas.

La referida Organización Mundial de la Salud señala también que a nivel mundial el cáncer infantil es poco frecuente, pues representa entre 0.5 y 4.6 por ciento de la carga total de morbilidad por esta causa, con una incidencia que oscila entre 50 y 200 por cada millón de niños, El Censia reportó una incidencia de 3 mil 419 casos nuevos tan solo en el 2015 en población atendida por el Seguro Popular.

En nuestro país, el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en personas de entre 5 y 14 años, con un promedio anual de 2 mil 150 muertes en la última década y con una incidencia anual de entre 5 mil y 6 mil casos en menores de 18 años según reporta la literatura internacional (Pedatr Hemato Oncol. 2017 Feb,34(1):43-50. La Supervivencia Global en México se calcula alrededor del 52 por ciento, mientas que en países como Chile, Costa Rica y Puerto Rico y la India la posibilidad de curación supera el 60 por ciento según el estudio CONCORD-2 (Lancet 2014 pii:S0140-6736(14)62038-) y la propia Dirección Adjunta de Epidemiologia. Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes. Abril 2015 (DGEA.RCNA 2015).

Mientas que en países con economías de altos ingresos la posibilidad de curación oscila entre el 80 al 90 por ciento.

La propia OMS ha establecido como meta global para el 2030 que la posibilidad de curación de los niños con cáncer en todo el mundo supere el 60 por ciento.

En México esta cifra del 60 por ciento o más en la posibilidad de curación no se ha podido lograr a pesar de los esfuerzos de las autoridades de salud y las instituciones de salud, principalmente por 3 motivos:

1. Diagnóstico y referencia tardía

2. Falta de acceso a la atención de tercer nivel en los lugares de origen de los pacientes lo que incrementa la tasa de abandono.

3. Una inadecuada terapia de soporte para el diagnóstico, tratamiento y prevención de las complicaciones una vez que los niños y adolescentes reciben su tratamiento.

Para su atención integral existen diversos programas a nivel nacional, por un lado están los servicios de seguridad social en las diferentes instituciones siendo las principales el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); mientras que por el otro, se encuentra el sector poblacional que no cuenta con ninguno de estos servicios y que son atendidos en los hospitales, clínicas e institutos dependientes de la Secretaría de Salud, con un presupuesto otorgado por el Seguro Popular.

Las cifras revelan que el cáncer es un problema de salud pública ya que la tasa de incidencia y de mortalidad se ha disparado en forma desproporcional, y al detectarse en etapas avanzadas, incrementa considerablemente el tiempo y costo del tratamiento; por lo que la detección oportuna es un elemento indispensable para el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno, efectivo y de calidad.

Por lo anterior, es necesario realizar mayor difusión y mejor preparación en la capacitación de nuestro personal de salud de primer contacto.

El objetivo de hacer difusión de posibles sospechas de padecer cáncer en esta etapa de la vida es disminuir la mortalidad y mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de sus familiares.

Asimismo, es de vital importancia recordar a los profesionales de la salud de primer contacto la obligatoriedad de realizar una exploración física completa, independiente del motivo por el cual acudió el niño a la consulta, lo anterior con el objetivo de detectar posibles alteraciones como tumoraciones, aumento de ganglios, lesiones dermatológicas, revisión del reflejo de ojo rojo etc., y así poder solicitar los estudios de imagen y laboratorio correspondientes que confirmen o descartan cualquier diagnóstico.

De igual manera la enfermedad debe ser tratada de manera multidisciplinaria e integral, parte fundamental de ello, son los profesionales de la salud de primer contacto: médicos generales y enfermeras, dependiendo de ellos el oportuno diagnóstico y referencia.

Consideramos esta acción de vital importancia, pues gracias a la detección oportuna se puede realizar un adecuado seguimiento, tratamiento y erradicación del tipo de cáncer infantil que presente el niño. Lo anterior se puede traducir en un incremento en la esperanza de vida así como en una mejor calidad de vida de los niños.

En virtud de ello, y atendiendo a la problemática que representa el posible desconocimiento por parte de los profesionales de salud de primer contacto (médicos generales y personal de enfermería) de la sintomatología de los diferentes tipos de cáncer infantil, consideramos oportuno someter a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a coordinarse con la Secretaría de Salud para reforzar en el plan de estudios de las facultades de medicina y de enfermería los conocimientos que faciliten la detección oportuna de sintomatología propia de los diferentes tipos de cáncer infantil, con el objetivo de que el personal médico de primer contacto pueda referir oportunamente a las instituciones correspondientes a menores de edad que presenten síntomas y/o resultados de laboratorios que pudieran ser indicio de algún tipo de cáncer, a fin de confirmar o descartar el padecimiento y estar en posibilidades de atenderlos oportunamente e incrementar su esperanza de vida.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud Federal a coordinarse con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para promover de manera periódica la capacitación del personal de salud a través de diplomados, talleres y pláticas para estudiantes de medicina y enfermería sobre la detección de sintomatología y/o resultados de laboratorios propios de los diferentes tipos de cáncer infantil en dichas instituciones educativas.

Tercero. Se exhorta a la Secretaría de Salud federal a coordinarse con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para difundir en hospitales, centros de salud, centros escolares y oficinas públicas información sobre sintomatología propia del cáncer infantil, y la importancia de un diagnóstico oportuno por medio de trípticos, comerciales, anuncios, etcétera.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2019.

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Emilio González Martínez, Beatriz Manrique Guevara, Carlos Alberto Puente Salas, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche, Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido, Humberto Pedrero Moreno (rúbricas).

Con punto de acuerdo, sobre la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XX; 6, numeral primero; 62, numeral segundo; 65, numeral cuarto; y 79, numeral primero, fracción II, y numeral segundo, fracción III, así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente, a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación a informar a la opinión pública sobre diversos aspectos relativos al proyecto de la refinería Dos Bocas, Tabasco, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Durante la pasada campaña presidencial, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción de una nueva refinería en el Puerto de Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco. En meses recientes el ahora presidente, así como miembros del equipo de transición, han realizado diversas declaraciones que confirman el desarrollo del proyecto, e incluso han realizado visitas al sitio donde se pretende ubicar.

Mediante oficio ASEA/UAJ/0035/2918 de fecha 14 de marzo de 2019, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, comunicó que dicha dependencia realizó visitas de inspección en materias de impacto ambiental y de desarrollo forestal sustentable, en los que recayeron resoluciones sancionadoras para el visitado, derivado de que las actividades de desmonte y despalme se realizaron sin contar con las autorizaciones correspondientes, resultando probado el hecho de que las autorizaciones no fueron sometidas a consideración de esa Agencia, a fin de evaluar las actividades tendientes al cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Asimismo informa que en el procedimiento en materia de impacto ambiental se impuso la medida compensatoria consistente en presentar ante la Dirección de la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla, un programa de reforestación con manglar en una superficie igual o mayor a 82.8 hectáreas dentro de la propia reserva de la biósfera equivalente a 1:3 en relación con el área afectada por las actividades de desmonte y despalme; mientras que en el procedimiento administrativo en materia de desarrollo forestal sustentable impuso la medida correctiva consistente en presentar ante la propia Dirección de la Reserva de la Biósfera Pantanos de Centla, un programa de manejo de preservación de flora y fauna silvestre, con especial énfasis en especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción a realizarse en dicha área natural protegida.

Asimismo en dicho oficio la ASEA informa que en la zona donde se llevaron a cabo las labores de retiro de vegetación, se advirtió que la misma estaba constituida por cocoteros y vegetación transitoria de manglar y remanentes de selva.

Al respecto los artículos 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), 161 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) y 117 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), establecen que se podrán ordenar alguna o algunas medidas de seguridad cuando exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico, o de daño o deterioro grave de los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública.

Asimismo, el artículo 418 del Código Penal Federal establece de 6 meses a 9 años de prisión y de 100 a 3 mil días multa a quien ilícitamente desmonte o destruya vegetación natural o haga un cambio del uso del suelo forestal igualmente de manera ilícita, mientras que el artículo 420 Bis establece de 2 a 10 años de prisión y de trescientos a 3 mil días multa al que, ilícitamente, dañe manglares, y el artículo 421 del citado Código establece la obligación de reparar y compensar el daño al ambiente.

En este tenor, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC (Cemda) señala que la refinería Dos Bocas es el tercer “proyecto estratégico” del gobierno electo que se someterá a consulta ciudadana sin contar con un estudio previo de impacto ambiental, y que de continuar con estas irregularidades se sentará un precedente para que otras iniciativas de la misma naturaleza incumplan con la ley ambiental. Adicionalmente, apostar por la construcción de nuevas refinerías significa seguir dependiendo de los combustibles fósiles y con ello continuar emitiendo dióxido de carbono, precursor del cambio climático global.1

Como diputada federal, coincido con el Cemda en que resulta cuestionable realizar una consulta sobre la viabilidad de la refinería y los demás “proyectos estratégicos”, como la que se realizó el 24 y 25 de noviembre, cuando ya se ha dado anuncio del desarrollo del proyecto, resultando aún más cuestionable que ya se esté realizando el proyecto con irregularidades y omisiones legales por parte de las autoridades tanto federales como locales.

Asimismo la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos publicó en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2016, las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables al Sector Hidrocarburos, que en su artículo 15 establece que los regulados que busquen desarrollar un proyecto del sector deberán contar con la autorización de la Agencia para implementar el sistema de administración, previo al inicio de cualquier actividad de la etapa de construcción.

Este y todos los proyectos a realizarse deben llevarse a cabo con estricto apego a la ley, sin burlas, autoritarismo o retrocesos. En este caso, de acreditarse la realización de obras y actividades sin contar con evaluaciones y las autorizaciones legalmente exigibles, el daño ambiental es evidente, por lo que resulta necesario defender nuestro derecho humano a un medio ambiente sano, consagrado en el artículo 4o. de nuestra Constitución.

En este contexto, en conferencia de prensa, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, junto al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, declararon que se iniciarían procesos de obra y adquisiciones por invitación restringida para la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco. En dicha invitación sólo se contará con la participación de cuatro empresas, a las cuales se les describió como “las mejores del mundo”.

Las cuatro empresas invitadas son, el consorcio Bechtel-Techint, el consorcio Worley Parsons-Jacobs, Technip y KBR.

Por su parte, el Presidente dio a conocer que, entre los motivos para que se eligiera a estas cuatro empresas se encuentra a que, en promedio, cada una ha construido 150 refinerías e hizo mención a la experiencia que tienen en su construcción y a que “cuentan con las mejores prácticas de transparencia y ética”.

Además de las características de las empresas invitadas, el Presidente López Obrador aseguró que “la licitación abierta no es garantía de eficiencia” y que “no quiere casos como los de Odebrecht”.

Resulta extraño que siendo un proyecto de la mayor relevancia para el proyecto sexenal del actual gobierno federal, se trate de una invitación en la que participarán sólo cuatro competidores, cuando justamente lo deseable es contar con procedimientos de concurso abierto que cuenten con la mayor transparencia y con la información disponible para toda la sociedad.

Mucho se ha dicho desde la oficina de Palacio Nacional que este sexenio acabará con la corrupción y en este sentido trascendió que las empresas anunciadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuentan con expedientes de sobornos y subcontrataciones en países como Nigeria, Abu Dhabi, Arabia Saudita, Argentina y Ecuador.

De tal suerte que, ante el escenario de que sólo se hizo la invitación a cuatro empresas y que se puede estar ante un posible conflicto de intereses, es que se presenta esta proposición, con el objetivo de que la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación lleven a cabo una revisión puntual sobre el proceso y que transparente cada uno de los procesos en que se lleva a cabo la licitación para la obra de la refinería de Dos Bocas en Tabasco.

Es preciso comentar que el artículo 78 de la Ley de Petróleos Mexicanos establece las hipótesis legales en que procede una contratación exceptuando del concurso abierto, a través de una invitación restringida o de adjudicación directa, sin que se pueda observar que se actualice ninguna de ellas en el caso que nos ocupa.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía proposición de urgente y obvia resolución con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente a informar a la opinión pública sobre las solicitudes de autorizaciones en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo de terrenos forestales que hubiere recibido de parte de los promoventes del proyecto de refinería Dos Bocas, Tabasco y, en su caso, refiera si es que ha emitido las autorizaciones para tales actividades; a la vez que informen a la opinión pública sobre la visitas de inspección en materia de vida silvestre que haya ordenado derivado del desmonte de vegetación transitoria de manglar y remanentes de selva, así como de las medidas de seguridad impuestas y las denuncias penales derivado de ello y finalmente informe a la opinión pública de la visita en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, con el fin de acreditar el debido cumplimiento del artículo 15 de las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente aplicables al Sector Hidrocarburos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 2016 y, en su caso, las medidas de seguridad y sanciones que correspondan.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación informe a la opinión pública sobre el cumplimiento al artículo 78 de la Ley de Petróleos Mexicanos que establece las hipótesis legales para exceptuar a Petróleos Mexicanos o sus subsidiarias la obligación de llevar a cabo un concurso abierto y, en su lugar, ejecutar un invitación restringida para la adjudicación de la obra y adquisiciones para el desarrollo del proyecto de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y asimismo informen a la opinión pública sobre la revisión que hagan de estos procedimientos de invitación restringida para evitar posibles conflictos de interés en su adjudicación.

Nota

1 Periódico Reforma . Noviembre de 2018. “Acusa ONG ilegalidad de nueva refinería”. Disponible en:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1543963&md5=
1a7b1a28cb30324bd69cd61b3ceb6e1e&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2019.

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa y sus homólogas a realizar acciones para acreditar al menos un hospital por entidad federativa que atienda el virus de la hepatitis C crónica a través del Seguro Popular, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Geraldina Herrera Vega, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, la diputadas Marivel Solís Barrera, Miroslava Sánchez Galván y Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de lo siguiente:

Consideraciones

La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el Virus de la hepatitis C (VHC), que se transmite a través de la sangre. Del 60 al 80% de los pacientes infectados desarrollan una infección crónica, asintomática, que tienen un alto riesgo de generar cirrosis hepática o cáncer de hígado.1 La cirrosis hepática es una enfermedad crónica que tiene un gran impacto en la carga económica de los servicios de salud, debido a costos médicos directos e indirectos relacionados con la reducción en la calidad de vida y pérdida de productividad laboral. Dichos costos se incrementan con la progresión de la enfermedad.2

Alrededor de 150 millones de personas en el mundo padecen hepatitis C y cerca del 50% de éstos no lo saben porque no han sido diagnosticados; además cada año mueren casi 400 mil personas por hepatitis C, principalmente por el desarrollo de cirrosis o carcinoma hepatocelular.

Por otra parte, la Estrategia Mundial del Sector Salud contra las hepatitis Víricas 2016-2021, de la misma OMS, establece que el diagnóstico de las infecciones de hepatitis es necesario para el tratamiento y atención eficaces, para lo cual se considera importante implementar campañas de concienciación, y dotar a las instituciones de salud de medios de diagnóstico fiables, además de vincular los resultados de los análisis con los servicios de tratamiento y atención.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha establecido metas al 2030 para lograr la eliminación en un 90 por ciento. Tal como lo establece la Estrategia de la OMS, es importante canalizar a las personas con un diagnóstico positivo a recibir la atención con oportunidad, calidad y de forma humanizada, garantizando el acceso a los servicios.

México ocupa el segundo lugar en América Latina después de Brasil, con el mayor número de casos diagnosticados con hepatitis C, la prevalencia de la enfermedad oscila entre el 0.4 por ciento y el 0.5 por ciento, por lo que se calcula que debe haber 600 mil personas padeciéndola, aunque de 2000 a 2016 sólo se han diagnosticado 31 mil casos.3

En México, para las personas que no cuentan con seguridad social, la atención de la hepatitis C crónica está cubierta por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, sin embargo, sólo existen 18 hospitales acreditados en trece estados de la República para brindar el servicio, lo que nos refiere a un panorama en el que, muchas veces el paciente no puede realizar los traslados debido a que existe un gran impacto en el gasto de bolsillo en salud, situación que pone en peligro su vida.

Los hospitales acreditados se describen a continuación:

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las 32 entidades federativas a realizar las acciones correspondientes para acreditar al menos un hospital por entidad federativa que atienda el virus de la hepatitis C crónica a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular).

Notas

1 Dirección URL:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/es/

2 Doctor David Kershenobich, director general del INCMNSZ, Conferencia de Prensa: Petición de la Inclusión del Programa Integral de Eliminación de la hepatitis C crónica (PIEHCc), 7 nov 2018.

3 De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

Diputadas: Geraldina Herrera Vega, Marivel Solís Barrera, Miroslava Sánchez Galván y Alejandra Pani Barragán (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos locales y las dependencias federales a cumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia de obras públicas y adquisiciones, con objeto de evitar en la asignación de contratos el uso discrecional de las adjudicaciones directas y las invitaciones restringidas, suscrita por el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta respetuosamente a las entidades y las dependencias del gobierno federal a cumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia de obras públicas y adquisiciones, evitando el uso discrecional de las adjudicaciones directas y las invitaciones restringidas en la asignación de contratos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La asignación de obras públicas y adquisiciones en este gobierno que dio inicio el 1 de diciembre se ha caracterizado por la opacidad y la discrecionalidad; casos como la compra de pipas de Pemex y la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco son ejemplo contrataciones que evaden el marco normativo, muestran indicios de discrecionalidad y falta de transparencia en el manejo del gasto público.

De acuerdo con los datos ingresados a CompraNet durante 2019, se comprueba que las licitaciones públicas no son la vía de contratación en este gobierno. Las adjudicaciones directas son el método preferido para la asignación de contratos, a pesar de que debería ser usado excepcionalmente.

En la administración del presidente López Obrador, 74.3 por ciento de los contratos se hizo por adjudicación directa y 7.4 por invitación restringida. Eso significa que 8 de cada 10 se asignaron eludiendo la licitación (en un total de 28 mil 458 contratos).1

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público establecen que los contratos de obras públicas, materiales, servicios, etc. se adjudicarán por regla general a través de licitaciones públicas: mediante convocatoria pública, con condiciones equitativas para todos los participantes, a fin de evitar favorecer a algún participante.

En la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se establece en su artículo 27, que en los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante. Lo mismo se contempla en materia de adquisiciones.

Sin embargo, contrariamente al discurso del presidente, no queda claro como se está combatiendo la corrupción, los conflictos de interés y el tráfico de influencias, pues el dinero público se usa sin controles adecuados.

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, preocupa este patrón de comportamiento no sólo porque se aleja de la legalidad vigente, sino porque las compras y contrataciones que realiza el gobierno son de los principales espacios para la creación de relaciones de corrupción.

Más de 20 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación se utiliza en contrataciones gubernamentales. La posibilidad de incidir discrecionalmente en la decisión de quién puede o no ser proveedor de un bien o servicio, abre la puerta a negociaciones que dejan en segundo plano el beneficio social, para privilegiar el beneficio propio.

Casos relevantes de asignaciones de contratos sin licitar

• El 19 de marzo se adjudicaron directamente los primeros contratos para el Tren Maya por un total de 90 millones de pesos; se trata de tres contratos para la realización de los estudios de costo-beneficio, de asesoría jurídica y desarrollo de plan maestro para la construcción.

• El 24 de enero de 2019 se informó de la compra por una filial de Pemex de 671 pipas para transporte de combustible por mil 765 millones de pesos, mediante asignación directa a 4 empresas extranjeras y 2 mexicanas.

• Pemex ha adjudicado por invitación restringida al menos 7 contratos por alrededor de 44 mil millones de pesos, según datos del portal de Pemex Exploración y Producción.

• Todo ello se ha justificado con base en argumentos superficiales de “emergencia nacional” o “capacidad profesional de las empresas”.

Obras públicas sin licitar

En el caso de las carreteras a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), delegaciones estatales de esta dependencia encabezaron procesos de contratación en los que, eludiendo la licitación, se invitó sólo a un grupo de empresas. Se trata principalmente de obras de conservación rutinaria y de reconstrucciones en buena parte del territorio nacional, lo que incluye carreteras y caminos secundarios.

En la mayoría de los casos el método de asignación ha sido el de invitación a cuando menos tres personas, previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, mismo, en el que al igual que la adjudicación directa, se elige directamente a una empresa para realizar la obra.

De acuerdo con el periódico La Crónica, la única justificación gubernamental, “extraoficial”, es que se intenta dotar de contratos a un mayor número de empresas locales y regionales, en lugar de que los grandes constructores del país o las trasnacionales los acaparen.2

Al respecto, Francisco Gallo, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, ha advertido que se está materializando un temor que comenzó a hacerse presente el año pasado: las invitaciones están llegando sólo a miembros de la Cámara de la Industria de la Construcción, la que en la práctica está funcionando como instancia de certificación. “Los empresarios tenemos derechos constitucionales para agremiarnos con las organizaciones que mejor nos parezca, no existe una sola organización, existimos otras”, señaló.

Según diversos reportes, como el dado a conocer por el diario El Siglo de Durango, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en su dirección estatal ha licitado este año 16 tramos carreteros para mantenimiento, pero han sido licitaciones por invitación, sin tomar en cuenta al Colegio de Ingenieros Civiles ni al de Arquitectos. De acuerdo con este reporte, Felipe Contreras Salinas, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles Independientes, comentó que en lo que va del año la dirección local de la SCT ya licitó estos 16 tramos por un monto de aproximadamente 101 millones de pesos beneficiándose cerca de 800 kilómetros de carreteras primarias y secundarias.3

En el caso de Jalisco, se ha documentado que en las 18 contrataciones entre diciembre y febrero, todos los contratos se han entregado sin licitar. Por esta vía, la SCT ha destinado 119 millones 404 mil 935 pesos para obras en las carreteras de Guadalajara a Zacatecas, a Tepic, a Morelia, así como tramos de carreteras costeras y en puentes.4

En Sonora, 99.9 por ciento del gasto público federal destinado durante el primer bimestre al mantenimiento caminero, es decir, 92.6 millones de pesos, no se adjudicarán por licitación, ni concurso o convocatoria pública como marca la ley en su procedimiento ordinario, sino por invitación a cuando menos tres personas.5

El artículo 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas dispone que las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

No obstante, la selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado. La acreditación del criterio o los criterios en que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos.

De ello no se ha informado.

Invitación restringida para la construcción de la refinería

En el caso de la obra de la refinería Dos Bocas en Tabasco el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Energía Rocío Nahle anunciaron que se realizaría mediante invitación restringida, sin embargo, al igual que en los procesos de contratación de obra pública, debió realizarse mediante concurso abierto, pues las contrataciones por invitación restringida deberían ser excepcionales.

El 18 de marzo se entregaron las invitaciones a participar en el proyecto de construcción a las cuatro empresas Consorcio Bechtel-Techint; Consorcio WorleyParsons-Jacobs; la empresa Technip; y la empresa KBR, todas extranjeras.6

No obstante, el artículo 77 de la Ley de Petróleos Mexicanos señala que, las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y obras se efectuarán, por regla general, por concurso abierto, previa convocatoria pública. Y cuando, por excepción, el concurso abierto no sea idóneo para asegurar las mejores condiciones, se podrán emplear los demás procedimientos que determine el consejo de administración.

El artículo 78 de la misma ley dispone que en los casos en que el procedimiento de concurso abierto no resulte el idóneo para asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo con la naturaleza de la contratación, previa determinación de la instancia responsable de dictaminar la excepción al concurso abierto, la empresa podrá optar por emplear otros procedimientos que podrán ser, entre otros, de invitación restringida o de adjudicación directa, siempre y cuando se actualice sobre los supuestos que marca la ley, todo lo cual tampoco fue explicado.

De acuerdo con reportes como los documentados por los periódicos Forbes, 7 Animal Político, 8 Excélsior, 9 y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad AC,10 se expone que estas empresas tienen señalamientos de corrupción:

Por ejemplo, en junio de 2010, la firma francesa Technip acordó pagar 338 millones de dólares (mdd) y resolver las acusaciones en Estados Unidos por sobornos a funcionarios del gobierno de Nigeria, con el fin de obtener contratos de construcción de instalaciones de gas natural licuado. El caso involucró a otra de las empresas invitadas, la estadounidense KBR (anteriormente Kellogg Brown & Root).

De acuerdo con una investigación de Raúl Olmos, periodista de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad A.C., la empresa Techint “ha estado investigada por casos de corrupción en Italia, Argentina, Brasil y Estados Unidos; todo ligado con casos profundos y probados. Esta empresa incluso ha sido llamada la Odebrecht de Argentina porque seguía un procedimiento muy similar de crear empresas offshore en paraísos fiscales para ocultar el pago de sobornos a políticos en Latinoamérica, no sólo en Argentina, también operaron en Brasil a través de sobornos”.

La firma constructora estadounidense Bechtel, con ingresos por 25,900 mdd anuales, fue vinculada en un caso de corrupción en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

La estadounidense KBR también fue involucrado en actos de corrupción con Unaoil. Documentos filtrados revelaron que las empresas Borghi y Unaoil podrían ganar cientos de miles de dólares si ayudaban al consorcio encabezado por WorleyParsons a ganar un contrato en el campo petrolero Kashagan, ubicado en Kazajstán, de acuerdo con el diario australiano The Sydney Morning Herald.

Por último, en 2016 la filial china de la empresa estadounidense Jacobs fue vetada para participar en contratos de consultoría para el gobierno de Hong Kong durante un año. La razón fue la falsificación de pruebas de calidad en los materiales de un puente entre Hong Kong y Zhuhai y Macau, por las que arrestaron a 21 empleados de Jacobs China.

Manejo irregular del dinero público

El gobierno federal actúa con parcialidad en la asignación de contratos millonarios, dejando indicios de intereses particulares que buscan beneficiarse del dinero público.

Ante los casos ocurridos durante la presente administración, es necesario que los procesos de contratación de obras y adquisiciones sean congruentes con el discurso utilizado por el titular del gobierno federal y se expliquen las irregularidades acontecidas, puesto que no se ha dado una respuesta convincente del uso de criterios excepcionales para la asignación de contratos a particulares.

La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, está facultada para aplicar las sanciones que procedan a quienes infrinjan las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público. Por lo que es de su competencia investigar las posibles violaciones a la normatividad en materia de contrataciones de obras públicas que se hubieren realizado desde inicios de 2019.

Exhortamos a la secretaria de Energía del gobierno federal, Rocío Nahle García, a explicar a la sociedad, cuáles fueron los motivos y criterios por los cuales se optó seleccionar el procedimiento de invitación restringida para adjudicar los contratos de construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, a empresas señaladas con antecedentes de corrupción.

Solicitamos también a las entidades y dependencias de la administración pública federal que cumplan las disposiciones constitucionales y legales en materia de obras públicas y adquisiciones, garantizando que los contratos se adjudiquen mediante convocatoria pública, con condiciones iguales para todos los participantes, asegurando las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad y financiamiento.

No hay garantía de que se combate la corrupción, como el presidente señala todos los días.

La secretaria de la Función Pública debe revisar los procesos de contratación que se han realizado sin licitación pública, y asegurar que no existen conflictos de interés o tráfico de influencias.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la secretaria de Energía del gobierno federal, Rocío Nahle García, a explicar e informar a la opinión pública los motivos y criterios por los cuales se optó por seleccionar el procedimiento de invitación restringida para adjudicar los contratos de construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, a empresas señaladas con antecedentes de corrupción.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a las entidades y dependencias de la administración pública federal a cumplir las disposiciones constitucionales y legales en materia de obras públicas y adquisiciones, garantizando que los contratos se adjudiquen a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, con condiciones iguales para todos los participantes, asegurando las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, a vigilar y revisar los procesos de contratación de obras públicas que se han realizado sin licitación pública, ya que no existe garantía de que se hayan seleccionado aquellas empresas que garanticen las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado.

Notas

1 https://contralacorrupcion.mx/compras-contrataciones
https://contralacorrupcion.mx/asignacion-obra-publica

2 http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1110972.html

3 https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1030321.sct-licito-101-mdp- para-carreteras.html

4 http://www.cronicajalisco.com/notas/2019/92229.html

5 http://dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=215563&relacion=do ssierpolitico&categoria=1

6 https://www.gob.mx/sener/articulos/anuncia-la-secretaria-de-energia
-rocio-nahle-el-inicio-de-la-licitacion-para-la-construccion-de-la-nueva-refineria?idiom=es

7 https://www.forbes.com.mx/empresas-que-pemex-quiere-que-construyan-refineria-ha-sido-acusadas-por-corrupcion/

8 https://www.animalpolitico.com/elsabueso/acusaciones-empresas-dos-bocas /

9 https://www.excelsior.com.mx/nacional/
las-4-empresas-acusadas-de-soborno-han-tenido-que-pagar-multas-millonarias/1302795

10 https://contralacorrupcion.mx/gobierno-de-amlo-invita-a-4-grupos-para-l a-refineria-en-dos-bocas/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2019.

Diputados: Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica), Iván Arturo Rodríguez Rivera (rúbrica), Josefina Salazar Báez, Martha Elisa González Estrada (rúbrica), María Marcela Torres Peimbert (rúbrica), Gloria Romero León (rúbrica), Ricardo García Escalante (rúbrica), Marco Antonio Adame Castillo, Laura Angélica Rojas Hernández, Óscar Daniel Martínez Terrazas.

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Bienestar a esclarecer los criterios de selección de las zonas prioritarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras de 2019 en Sonora, a cargo de la diputada Irma María Terán Villalobos, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Irma María Terán Villalobos , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Bienestar a esclarecer los criterios de selección para las zonas prioritarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019 en el estado de Sonora.

Consideraciones

El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha del 28 de febrero del 20191 que establece las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal del año en curso, manifiesta en su contenido que dichos apoyos serán entregados exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de rezago y de marginación definidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; en el oficio número VQZ.SE.115/18 emitido por Coneval2 se manifiesta que, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley General de Desarrollo Social, el Ejecutivo federal revisará anualmente las zonas de atención prioritarias y tendrá como referencia los estudios de medición de pobreza emitidas por dicho Consejo.

En el Anexo 1 de dicho documento se manifiesta que, a nivel municipal, se tomarán en cuenta las Estimaciones de Pobreza 2010 y 2015, los Indicadores de Pobreza 2010 y 2015, así como los Indicadores e Índice de Rezago Social 2010 y 2015, recomendando dar prioridad a por lo menos uno de los mencionados indicadores para declarar a dichos municipios como zonas prioritarias.

En la estimación del cambio en el porcentaje de la población en situación de pobreza de 5 o más puntos porcentuales por municipio/México, 2010-2015,3 se puede observar que los municipios de Quiriego y Bavispe reflejan un aumento en el porcentaje mencionado y no son tomados en cuenta dentro de los municipios prioritarios reflejados en las Reglas de Operación plasmadas en el presente punto de acuerdo, observando una discrepancia en los métodos de selección referidos en las reglas de operación; de igual manera se puede observar que según los datos de Coneval4 referentes a la pobreza a nivel municipio 2010 y 2015, los municipios con porcentajes de personas en situación de pobreza en 2015 fueron Huépac, Sonora (2.7 por ciento); Atil, Sonora (4.1 por ciento); San Felipe de Jesús, Sonora (4.2 por ciento); Oquitoa, Sonora (4.6 por ciento); Onavas, Sonora (5.6 por ciento); San Javier, Sonora (5.8 por ciento); Granados, Sonora (8.7 por ciento).

Es importante destacar que en los documentos publicados en el DOF5 por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2019 se manifiesta los siguientes criterios de selección:

Zonas de Atención Prioritaria Rurales (Anexo A): mil 115 municipios que se encuentran en 24 entidades federativas y que cumplen con alguna de las siguientes condiciones: son de Muy Alta o Alta Marginación o tienen Muy Alto o Alto Grado de Rezago Social o el porcentaje de personas en pobreza extrema es mayor o igual al 50 por ciento; los municipios mencionados del estado de Sonora son: Quiriego, San Miguel de Horcasitas.

Zonas de Atención Prioritaria Urbanas (Anexo B): 22 mil 621 Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) urbanas en 4 mil 22 localidades urbanas de 2 mil 331 municipios y que cumplen las siguientes condiciones: AGEBS urbanas con Muy Alto o Alto Grado de Marginación o Grado de Rezago Social Alto o AGEBS urbanas ubicadas en Zonas de Atención Prioritaria Rurales; los municipios mencionados del estado de Sonora son: Agua Prieta, Álamos, Altar, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacoachi, Bácum, Bavispe, Caborca, Cajeme, Cananea, Carbó, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, Fronteras, Guaymas, Hermosillo, Huachinera, Huatabampo, Huepac, Imuris, Magdalena, Naco, Nacozari, Navojoa, Nogales, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Quiriego, Rayón, Rosario, Sahuaripa, San Javier, San Luis Río Colorado, Santa Ana, San Miguel de Horcasitas, Tepache, Trincheras, Yécora, General Plutarco Elías Calles, Benito Juárez y San Ignacio Río Muerto.

Con todos los datos antes mencionados, se puede observar la discrepancia entre la selección de zonas prioritarias referidas en dichos documentos, ya que si se consideran las zonas de atención prioritaria bajo los mismos lineamientos establecidos por Coneval, los municipios antes mencionados deberían ser tomados en cuenta para ser parte de las zonas prioritarias establecidas en las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal del año en curso .

Finalmente, cabe destacar que la inclusión de los municipios del estado de Sonora a este importante programa de apoyo sería de fundamental importancia para la economía del estado ya que el índice de hogares con jefaturas femeninas en Sonora es del 37 por ciento, ocupando el segundo lugar a nivel nacional. De continuar con esta tendencia se dejarían en estado de indefensión a miles de madres de familia que día a día hacen su mejor esfuerzo siendo el pilar de la economía de las familias sonorenses y que cuentan con dicho recurso para sacar adelante a su familia, afectando de manera directa su economía y dejando en estado de vulnerabilidad a miles de niños y niñas sonorenses.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Bienestar a esclarecer los criterios de selección para las Zonas Prioritarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019 en el estado de Sonora.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/442992/
ROP2019_Programa_de_Apoyo_para_el_Bienestar_de_las_Ni_as_y_Ni_os__Hijos_de_Madres_Trabajadoras.pdf

2 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/Criterios-ZAP-2019.pdf.pd f

3 https://www.coneval.org.mx/Medicion/PublishingImages/Pobreza_municipal/ cambios_pobreza_10-15municipalAA.jpg

4 https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipal.aspx

5 https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547481&fecha=28/12/2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2019.

Diputada Irma María Terán Villalobos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Cofece a investigar sobre presuntas prácticas monopólicas de los distribuidores de gasolina para determinar el precio de éstas, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado José Luis Montalvo Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días recientes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el estímulo fiscal en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas correspondientes al período del 30 de marzo al 5 de abril de 2019.

Resulta relevante que dicho estímulo fue de poco más del 32%, equivalente a 1.50 pesos por litro de gasolina menor a 92 octanos y para el caso de la gasolina mayor a este octanaje el subsidio fue 16.82, que equivale a un monto de 0.683 pesos por litro.1

Esta acción representa un esfuerzo notable del Gobierno de la República para proteger el poder adquisitivo de los usuarios que, ante los cambios del precio de la gasolina, son susceptibles de afectaciones que trascienden en diversos ámbitos de su vida cotidiana. Las afectaciones repercuten no sólo a los automovilistas sino también a sectores como del transporte público, así como al transporte de mercancías y de servicios.

No obstante, en diversos medios de comunicación se ha señalado que a pesar del incremento del subsidio, los consumidores no han percibido una reducción equivalente al apoyo otorgado, por lo que lejos de que este último beneficie a los ciudadanos se ha traducido en un aumento en los márgenes de ganancia de los distribuidores de gasolinas.

En este sentido, resulta necesario que la Comisión Federal de Competencia Económica investigue las causas por las que los distribuidores de las gasolinas no presentan una competencia efectiva en la fijación de los precios.

Cabe recordar que, a partir de finales del año 2017, se concluyó con el proceso para la liberalización del precio de las gasolinas con lo que éste ya no es determinado por el gobierno.

La Secretaría de Energía ha señalado que la fijación del precio de la gasolina se consideran los siguientes criterios: el precio de referencia internacional, el transporte, internación, flete y distribución por región; el margen comercial de menudeo y las cuotas de Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este sentido, el incremento en el subsidio del IEPS tendría que traducirse en una reducción del precio de la gasolina.2

La necesidad de investigar la presencia de presuntas prácticas monopólicas de los distribuidores de gasolinas para determinar el precio de este combustible en nuestro país, así como el hecho de que eventualmente se impulsen las acciones que conforme a derecho procedan, emanan de un compromiso que se anunció desde campaña por parte de la Coalición Juntos Haremos Historia; pero también tiene un soporte legal que establece su pertinencia y viabilidad.

Sobre el particular, expresamente el artículo 52 de la Ley Federal de Competencia Económica establece la prohibición de cualquier tipo de monopolio, de prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras que, en términos de esta Ley, disminuyan, dañen, impidan o condicionen de cualquier forma la libre concurrencia o la competencia económica en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes o servicios.3

Es preocupante que en México 7 empresas concentran casi la totalidad del abasto de gasolina, lo cual sin duda es un factor que facilita que se presenten prácticas contrarias a los consumidores.

Las empresas en comento son: Oxxo Gas, con 519 estaciones de servicio siendo la corporación con mayor incremento desde la apertura del mercado; British Petroleum (BP) es la segunda marca con 400 establecimientos en todo México; seguido de Total- Gasored con un total de 250 gasolineras en el mercado; Petro-seven con 233 estaciones de servicio; Hidrosina Soriana con 200 establecimientos; G500 que en este año considera operar 500 gasolineras; y ExxonMovil empresa estadounidense que opera con 100 estaciones de servicio.4

A partir de las consideraciones vertidas, pongo a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados, exhorta a la Comisión Federal de Competencia Económica para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo una investigación en relación a presuntas prácticas monopólicas de los distribuidores de gasolinas para determinar el precio de este combustible. Asimismo, para que, en su caso, inicie las acciones que conforme a derecho procedan.

Notas

1 “Hacienda anuncia nuevo monto de estímulo fiscal para gasolinas”, Excélsior, <https://www.excelsior.com.mx/nacional/hacienda-anuncia-nuevo-mo nto-de-estimulo-fiscal-para-gasolinas/1304614> Consultado el 2 de abril de 2019.

2 “¿Cómo se calculará el precio de la gasolina en este sexenio?”, Dinero en Imagen,
https://www.dineroenimagen.com/economia/
como-se-calculara-el-precio-de-la-gasolina-este-sexenio/105914& Consultado el 02 de abril de 2019.

3 “ Ley Federal de Competencia Económica”
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFCE_270117.pdf, Consultado el 02 de abril de 2019.

4 “Top 7: Las marcas con más gasolineras en México además de Pemex, ” Dinero en Imagen

https://www.dineroenimagen.com/economia/
top-7-las-marcas-con-mas-gasolineras-en-mexico-ademas-de-pemex/105485#view-1 , Consultado el: 02 de abril de 2019

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de abril de dos mil diecinueve.

Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a investigar los sucesos violentos ocurridos en el puerto de San Felipe, BC, y deslindar responsabilidades, a cargo del diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado Jorge Alcibíades García Lara, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que de manera inmediata ordene una investigación de los sucesos de violencia ocurridos en el puerto de San Felipe, Baja California, y se deslinden responsabilidades; y para que se analice la viabilidad de impulsar las propuestas contenidas en los proyectos productivos estratégicos que han elaborado y presentado diversas organizaciones de pescadores y de especialistas, ante las autoridades federales, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Para Movimiento Ciudadano es inaceptable la escalada de violencia que se vive en el puerto de San Felipe. Es inadmisible que en los hechos ocurridos esta semana se registren víctimas a manos de efectivos de la Marina.

Movimiento Ciudadano expresa una firme y enérgica protesta por el uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos de la Marina, al tiempo que hacemos un llamado a la comunidad pesquera del puerto para contener las muestras de inconformidad que puedan derivar en más actos de violencia.

Entendemos lo complejo de la situación que se vive en San Felipe, en donde convergen temas relacionados con la preservación de especies en peligro de extinción, como es la vaquita marina, así como una grave situación que tiene que ver con la delincuencia organizada, por la pesca ilegal y el contrabando de totoaba, también en peligro de extinción.

Sin restar importancia al tema de la posible extinción de estas especies marinas, para Movimiento Ciudadano resulta prioritario atender a la población de San Felipe que ha aceptado, e incluso ha participado, en las acciones instrumentadas por el gobierno federal, como la veda que fue decretada en 2015.

En efecto, en abril de 2015, el entonces presidente Enrique Peña Nieto, en un evento en el puerto de San Felipe, puso en marcha la veda de la pesca comercial. La parte sustantiva del acuerdo presidencial mediante el cual e establecía la veda, comprometía, por una parte, al gobierno federal a otorgar mensualmente una compensación económica a los pescadores y a los prestadores de servicios, comerciantes y todo aquel que formara parte de la cadena productiva de la pesca en San Felipe, mientras que la comunidad pesquera hacía el compromiso de no realizar ninguna actividad de pesca comercial en el alto golfo de California.

Sin embargo, surgieron irregularidades de forma inmediata, en virtud de que se detectó que en el padrón de beneficiarios de dicho programa de compensación estaban registradas personas de otros estados del país y personas que no tenían relación con la pesca. Aunado a esta irregularidad, se registraron retrasos en el pago de los apoyos, lo que derivó en manifestaciones de inconformidad por parte de los pescadores. Además de esto, el gobierno federal incumplió el plazo de dos años que se acordó tendría vigencia la veda, decidiendo, de manera unilateral, aplazar la veda por tiempo indefinido.

La situación se agravó al inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que anunció la cancelación oficial del programa de compensación, no así el término de la veda, la cual continua vigente. Es decir, se les prohíbe a los pescadores ejercer la actividad con la que llevan el sustento a sus familias, sin que el gobierno de la República les brinde ningún apoyo compensatorio por la imposición de esta veda pesquera.

El sector pesquero y la cadena productiva en San Felipe, por el lapso de cuatro meses, ha dejado de recibir compensación sin tener alternativas de empleo, situación que ha propiciado que, durante la segunda semana de marzo de 2019, en un acto de desesperación por la falta de sustento para satisfacer las necesidades básicas, los pescadores regresaran al mar a pescar, pese a la veda y a la vigilancia que se ha asignado en esa zona del golfo de California.

El 28 de marzo 2019 se suscitaron actos de violencia, en los que elementos de la Secretaría de Marina detonaron sus armas contra un grupo de pescadores desarmados. El argumento de los marinos es que los inconformes se resistieron a la realización de una inspección.1

Durante los hechos, los pescadores realizaron video grabaciones que fueron difundidas inmediatamente en las redes sociales, por lo que en cuestión de minutos cientos de personas se presentaron en las instalaciones del sector naval, exigiendo el esclarecimiento de los hechos.

Ante la indiferencia y la actitud desafiante de los elementos de la Secretaría de Marina, los pecadores enardecidos por los sucesos, en efecto, lanzaron piedras a los marinos, quienes respondieron disparando sus armas de fuego en contra de la gente desarmada, causando heridas a un menor de edad y a una señora de 63 años.

Como respuesta ante el uso excesivo de la fuerza que ejercieron los marinos, en ese mismo lugar, los pescadores incendiaron vehículos y causaron daños materiales. Posteriormente, los pescadores se trasladaron al muelle de San Felipe donde exigían justicia por los hechos ocurridos. En dicho lugar también hubo disparos de armas de fuego por parte de los elementos de la marina, quienes buscaban controlar la situación y proteger las instalaciones. Sin embargo, aquello era ya un caos, se intensificó el nivel de la violencia, resultando el incendio de las instalaciones de Profepa.2

Es prioritario que se tome en cuenta que con la veda se ha generado un severo daño económico no sólo a las familias de los pescadores, sino a quienes, directa o indirectamente, dependen de la actividad pesquera, personas que participan en la cadena productivas de la pesca, como son prestadores de servicios, auxiliares en la actividad pesquera, comerciantes, empleados de empresas, transportistas, etcétera.

Es apremiante que el gobierno federal asegure la asignación permanente de apoyos económicos y de implementación de proyectos productivos a los pescadores y a toda la población de San Felipe, toda vez que directa o indirectamente dependen de la actividad pesquera. Asimismo, se requiere que se lleven a cabo acciones que contribuyan a impulsar la economía de la población del puerto de San Felipe.

Es importante mencionar que existen proyectos elaborados técnicamente viables que han sido presentados a las autoridades competentes, como propuestas para generar nuevas oportunidades de desarrollo económico en San Felipe y todos en su totalidad no han sido respaldados por el gobierno. La problemática se genera a razón de las políticas públicas aplicadas que no dan una certeza al derecho laboral del sector pesquero y la cadena productiva y a la falta de recursos para el sustento familiar de miles de personas en el alto golfo de California.

Pero lo más importante es que, independientemente del curso que tomen las protestas por parte de la comunidad pesquera, las autoridades de seguridad pública y de las fuerzas armadas garanticen el respeto irrestricto a los derechos humanos de toda la población.

Por ello, de manera respetuosa pero enérgica, hacemos un llamado al Ejecutivo federal, al gobierno del estado y al ayuntamiento de Mexicali para que, cada uno dentro de su esfera de competencias, se avoque a dar respuesta a los pescadores y a todo el pueblo de San Felipe, que se encuentra en una situación crítica por estar impedidos a desempeñar abierta y libremente la actividad productiva que da sustento a las familias sanfelipenses.

El gobierno federal debe impulsar una mayor asignación de apoyos económicos que impulsen la pesca en el puerto, en términos de lo que establecía el Programa de Compensación Social por la Suspensión Temporal de Pesca para Contribuir a la Conservación de la Vaquita Marina, de 2017.

El gobierno del estado, de fortalecer y ampliar los programas de desarrollo económico y social, que realizan las dependencias la administración estatal, encaminados a fomentar y diversificar la economía local, y asegurar el bienestar de la población del puerto de San Felipe.

Otro tema relacionado con la problemática que se está viviendo en San Felipe es el de la injerencia de organizaciones ecologistas internacionales, como Greenpeace y Sea Shepard, entre otras. Esta última involucrada directamente en los sucesos del pasado 28 de marzo.

Sin demeritar el trabajo que realizan estas y otras organizaciones no gubernamentales en beneficio del medio ambiente a nivel mundial, habrá que apuntar que no siempre se conducen dentro del marco de la prudencia y, en no pocas ocasiones, se han visto en medio de enfrentamientos con las comunidades que, desde su perspectiva, dañan el medio ambiente.

Particularmente, la organización Sea Shepard señala en su portal de internet que su misión es proteger la vida marina y poner fin a la destrucción su hábitat en los océanos del mundo. Desde 1977, Sea Shepherd ha utilizado "tácticas innovadoras de acción directa" para defender, conservar y proteger el delicado equilibrio marino y la biodiversidad de nuestros mares y hacer cumplir las leyes internacionales de conservación. Habría que cuestionar acerca de lo que significan las "tácticas innovadoras de acción directa". Asimismo, bajo qué marco legal operan, en este caso, en aguas del golfo de California. A qué autoridades responden por sus actos. En fin, estas son preguntas que, si se contestaran, contribuirían a la distensión en San Felipe.

Pero lo verdaderamente importante es que las fuerzas del orden, ya sean policías o militares, respeten irrestrictamente la integridad de la población. Ninguna acción que viole los derechos humanos de quienes expresen su inconformidad debe ser tolerada. Cualquier tipo de abuso por parte de las fuerzas del orden debe ser sancionada. Exigimos total transparencia en las investigaciones de los lamentables hechos protagonizados por elementos de la Marina en contra de la población de San Felipe. No aceptaremos carpetazo, ni impunidad.

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, de manera inmediata, ordene una investigación de los sucesos de violencia ocurridos el pasado 28 de marzo en el puerto de San Felipe, Baja California, en el que se enfrentaron pescadores y elementos de la Secretaría de Marina, y se deslinden responsabilidades, y que se esclarezca el papel que tuvo en estos hechos la organización internacional de protección del medio ambiente Sea Shepard.

Segundo. Se solicita al Ejecutivo federal se analice la viabilidad de impulsar las propuestas contenidas en los proyectos productivos estratégicos que, por lo menos desde la administración federal 2006-2012, se han presentado ante diversas autoridades federales, por parte de organizaciones y especialistas en materia de acuacultura, maricultura, ganadería, pesca deportiva, turismo, entre otras, de los cuales se tienen las copias y los acuses de recibo correspondientes.

Notas

1 https://www.telemundo20.com/noticias/destacados/
Violencia-en-San-Felipe-por-la-pesca-ilicita-del-totoaba-507848561.html

2 https://www.elmanana.com/queman-pescadores-lanchas-en-baja-california-v iolencia-enfrentamiento-semar/4788047

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días de abril de 2019.

Diputado Jorge Alcibíades García Lara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Puebla a legislar para garantizar la protección y los derechos de los animales conforme a la declaración universal respectiva, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Nayeli Salvatori Bojalil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, en esta LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Cámara de Diputados en su LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El desconocimiento y desprecio hacia los derechos de seres vivos indefensos han conducido a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales.

Por ello, ha sido una preocupación de la comunidad internacional proteger a los animales de actos de barbarie. En ese marco se expidió la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y posteriormente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual establece que todo animal nace igual ante la vida y posee derechos de existencia.

Este ordenamiento internacional establece lo siguiente:

“Artículo 3o.

a) Ningún animal será sometido a malos tratos ni a actos crueles,

b) Si la muerte de un animal es necesaria, debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia.

Artículo 6o.

a) Todo animal escogido por el hombre como compañero tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural.

b) El abandono de un animal es un acto cruel y degradante.

Artículo 11o.

Todo acto que implique la muerte innecesaria de un animal es un biocidio, es decir, un crimen contra la vida.

Artículo 14o.

a) Los organismos de protección y salvaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental.

b) Los derechos del animal deben ser defendidos por la ley, al igual que los derechos del hombre.”

No obstante lo anterior, en nuestra sociedad continúa existiendo la idea de que los animales carecen de derechos y que su existencia depende de nosotros.

En México, 70 por ciento de los perros se encuentran en condición de calle, lo cual lo ubica como el primer lugar en América Latina con caninos en dicha condición, de acuerdo con reportes de Boehringer Ingelheim Animal Health.1 Esta población callejera crece alrededor de 20 por ciento anualmente.

Por otra parte, el mismo reporte señala que México ocupa el tercer lugar en maltrato animal. La mayoría de estos caninos sufren de hambre, frío, golpes, enfermedades y discriminación.

Está claro que requerimos una cultura de protección a los animales, pues gran parte de los perros abandonados en algún momento tuvieron un dueño que no se hizo responsable de ellos.

Por otra parte, es cotidiano encontrar casos de maltrato en redes sociales que en muchos casos terminan con en la muerte del animalito.

Requerimos que las instituciones públicas se sumen a los esfuerzos que se realizan en pro de los derechos de todos los seres vivos. Puesto que se tiene la falsa idea de que podemos disponer de la vida de las otras especies.

Prueba de ello, es el punto de acuerdo presentado en la sesión de la Comisión Permanente del 1 de abril en el Congreso de Puebla, por la diputada Cristina Tello Rosas, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quien planteó lo siguiente:

“Punto de acuerdo que presenta la diputada Cristina Tello Rosas, integrante del Grupo Legislativo del Morena de la Sexagésima Legislatura del honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar al gobierno del estado de Puebla y a la Secretaría de Salud del estado, a coadyuvar, orientar y establecer en diferentes municipios, para que instalen centros de atención animal o antirrábicos para su atención, esterilización o, en su caso, eliminación de perros callejeros por existir sobrepoblación y que han ocasionado enfermedades en la comunidad.”

Bajo esta tesitura, debemos rechazar el lamentable punto de acuerdo de la diputada Cristina Tello en el Congreso del Estado de Puebla, no debemos permitir el asesinato de un animal callejero o abandonado.

Todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección. Apostemos por una educación que enseñe, desde la infancia, a observar, comprender, respetar y amar a los animales.

Todo lo contrario, el respeto hacia los animales está ligado al respeto entre nosotros los humanos. El reconocimiento de los derechos de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo.

Ningún animal debe ser sometido a malos tratos ni a actos crueles. El abandono de un animal es un acto cruel y degradante. Los animales no son cosas de las que podamos decidir, son seres vivos con sentimientos, alma y sienten dolor.

Todo acto que implique la muerte de un gran número de animales es un genocidio. No debemos permitir que la muerte sea un remedio para resolver el problema de los animales callejeros; es una responsabilidad de la comunidad y de los gobiernos encontrar soluciones para lograr que sean rescatados e integrados en una familia o centro de atención.

Lo planteado por la diputada Cristina Tello es indignante y no plantea una solución real a la problemática del abandono animal, por el contrario, sólo aumenta el sufrimiento de los inocentes y provocará que más gente utilice métodos crueles para deshacerse de sus mascotas.

Debemos trabajar en la creación leyes federales y locales en materia de protección animal, que impidan este tipo de actos criminales, que sancionen a quienes abandonen a los animales en la vía pública o pongan en riesgo su bienestar al desatenderlos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al honorable Congreso del Estado de Puebla a legislar para garantizar la protección y derechos de los animales conforme a la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, y se abstenga aprobar el punto de acuerdo presentado por la diputada local Cristina Tello Rosas, que incita al uso de violencia y la muerte en contra de seres vivos.

Nota

1 https://www.boehringeringelheim.mx/sites/mx/files/docum ents/inografia_perrito_callejero.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2019.

Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo federal a armonizar el PND del lapso 2019-2024 con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la ONU, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esa honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nuestro país ha participado históricamente en la Agenda de Desarrollo Global a través de su participación en el Sistema de Naciones Unidas y su adhesión a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos han sido elementos centrales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, localización de recursos y atención de áreas prioritarias, el desarrollo de sistemas de medición multidimensional y el mejoramiento de la coordinación interinstitucional e intersectorial de las políticas de desarrollo del país.i

De esta forma, después de un proceso de negociaciones intergubernamentales con aporte de una amplia variedad de actores, se presenta la llamada Agenda 2030, con el objeto de actualizar la agenda presentada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM por sus siglas en español) y la Declaración del Milenio de Naciones Unidas.ii Esta Agenda presenta 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS por sus siglas en español), basados en los tres pilares del desarrollo sostenible: económico, social y medioambiental, con prioridad en la erradicación de la pobreza y la reducción de desigualdades.iii

Estos 17 objetivos se desglosan asimismo en 169 metas, que combaten directamente las causas estructurales de la pobreza y desigualdad en la población mundial. Estas 169 metas asimismo presentan las siguientes prioridades: inclusión social y económica de todas las personas, derechos humanos, interrelación de las tres dimensiones del desarrollo, pobreza como un fenómeno multidimensional, igualdad de género, protección del medio ambiente y gestión sostenible de los recursos materiales, fortalecimiento de capacidades de medición, migración y estado de derecho y gobernanza.

Esta Agenda fue aprobada el 25 de septiembre del año 2015 por nuestro país, junto con 150 más, en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York . Aunado a ello es menester resaltar que México fue uno de los actores claves en la conformación de esta agenda toda vez que participó en las consultas y negociaciones realizadas en el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (GTA-ODS por sus siglas en español) en 2013 y 2014. Esto incluyo la organización de una consulta regional, que desembocó en la Declaración de Guadalajara, donde se destaca la necesidad de que los grupos vulnerables sean considerados de forma transversal en políticas públicas; patrocinó, junto con Tanzania y Noruega, la consulta temática sobre energía y escaló compromisos durante consultas regionales y foros en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres.

Como actor global, México participó activamente en la definición de la Agenda. El país fue uno de los más activos en los foros de consulta, participando y liderando el proceso de negociación. No solo presentó propuestas puntuales para incorporar los principios de igualdad, inclusión social y económica, e impulsó que la universalidad, sustentabilidad y los derechos humanos fuesen los ejes rectores de la Agenda 2030. También abogó por la adopción de un enfoque multidimensional de la pobreza que, además de considerar el ingreso de las personas, tomara en cuenta su acceso efectivo a otros derechos básicos como la alimentación, educación, salud, seguridad social y servicios básicos en la vivienda.iv

México ha mantenido su participación activa en la implementación de la Agenda 2030, algunos de los avances son:

• México fue uno de los dos países voluntarios en la región para presentar avances sobre los ODS ante el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo Sostenible.

• Instalación del Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible (Presidencia de la República-INEGI), con la participación de las dependencias de la Administración Pública Federal.

• El Senado de la República instaló el Grupo de trabajo sobre la Agenda 2030, el cual dará seguimiento y respaldo desde el poder legislativo al cumplimiento de los ODS.

• Desarrollo del Plan de implementación de los ODS por parte de la Presidencia de la República y la AMEXCID con apoyo del PNUD.

• Instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La Agenda 2030 contempla una compleja combinación de metas temáticas bastante detalladas, mediante un enfoque integral que requiere abordar el desarrollo sostenible como una necesaria integración de los ejes social, económico y medio ambiental. Asimismo, al ser una agenda de derechos, erige elementos transversales a su implementación, que implican en particular, asegurar el fortalecimiento de los derechos humanos mediante cualquier iniciativa de política pública, considerar en primer lugar a las poblaciones más vulnerables y asociar a los diferentes sectores de la población a su desarrollo.

El desarrollo sostenible se refiere a mejorar las condiciones de vida presentes sin comprometer los recursos disponibles para las generaciones futuras. La situación actual, en el ámbito global, requiere una agenda ambiciosa en la que se planteen acciones para prevenir el cambio climático y otros desafíos complejos como la pobreza y las desigualdades, los cuales ponen en riesgo los activos y el potencial de generaciones futuras.v

El inicio de los foros para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 constituye una gran oportunidad para que el instrumento más importante de políticas públicas considere la instrumentación de los esfuerzos gubernamentales para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Es importante mencionar que la última reforma a la Ley de Planeación, en sus transitorios, se faculta a la presente administración federal la posibilidad de que se considere alinear el Plan con la Agenda 2030.

Además del logro en sí mismo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la incorporación del Enfoque de Agenda 2030 a la planeación de las políticas públicas también aporta ventajas específicas:vi

• Presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un plan o programa y las relaciones de causalidad con los problemas que se busca atender, en particular aquellos aspectos que causan o reproducen las problemáticas que la Agenda 2030 busca atender.

• Construir un sistema de indicadores que permita dar seguimiento y evaluar el avance en la consecución de los objetivos, de manera diferenciada entre las personas, revisando los diferentes factores de vulnerabilidad, así como examinar el desempeño de los planes y programas en todas sus etapas y aspectos para cada sector de la población objetivo.

• Propicia una expresión clara y sencilla de la lógica interna de los planes y programas, y de los resultados esperados con su ejercicio.

• Permite transparentar el destino del gasto público asignado a los programas públicos.

• Favorece que las personas involucradas en el diseño y la implementación del programa trabajen de manera coordinada para establecer el Enfoque de Agenda 2030 tanto en los objetivos e indicadores, como en las metas y riesgos del programa.

• Facilita la alineación de los objetivos de los programas entre sí, con la planeación nacional, estatal y municipal.

• Estandariza el diseño y sistematización de los programas presupuestarios; por ejemplo, una terminología homogénea que facilita la comunicación, o la existencia de indicadores específicos en cada programa.

• Posibilita generar información necesaria para la implementación, monitoreo y evaluación del programa presupuestario, así como para la rendición de cuentas de acuerdo con los compromisos adquiridos con esta Agenda.

En virtud de lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal para que se incorpore el enfoque de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Notas

i SRE, “Hacia la Agenda de Desarrollo Post-2015”, consultada en: http://agendapost2015.sre.gob.mx/es/inicio/

ii CEPAL, “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Procesos Relacionados”, consultado en
http://www.cepal.org/es/actividades-preparatorias-para-la-agenda-para-el-desarrollo-post-2015

iii ONU México, “Agenda 2030”, consultada en:
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/

iv ONU México, “Objetivos del Desarrollo Sostenible”, consultada en:
http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/

v The Global Network of Cities, Local and Regional Governments, “The 2030 Agenda for Sustainable Development” consultado en
https://www.uclg.org/en/issues/2030-agenda-sustainable-development

vi El Enfoque de la Agenda 2030 en planes y programas públicos en México. PNUD México. Consultado en

https://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/
PublicacionesGobernabilidadDemocratica/190305Gu%C3%ADaPlanear.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2019.

Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla a crear el primer museo-biblioteca de la capital del estado, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona

Quien suscribe; diputado Emmanuel Reyes Carmona, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la presente proposición con base en las siguientes

Consideraciones

Las bibliotecas y museos son las puertas de acceso a los conocimientos y a la cultura, desempeñan funciones fundamentales en la sociedad. Los recursos y los servicios que ofrecen dan la oportunidad de aprender, sirven como apoyo a la alfabetización y a la educación, y ayudan a dar forma a las nuevas ideas y perspectivas que son vitales dentro de una sociedad creativa e innovadora. Asimismo, garantizan la existencia de un registro auténtico de los conocimientos creados y acumulados por las generaciones pasadas. Si no existieran las bibliotecas, sería difícil avanzar en la investigación y los conocimientos humanos y preservar los conocimientos acumulados y el patrimonio cultural para las generaciones futuras.1

Es por ello, que la cultura es un derecho humano fundamental para la detonación y el ejercicio de otros derechos, como la salud, la alimentación y un ambiente sano.

La cultura es la formación en muchos casos formal o no formal que permite desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas, de acuerdo a las normas de convivencia –establecidas a lo largo de la historia humana– de la sociedad a la que pertenecen.

Es indudable que la cultura promueve la libertad, la autonomía personal y la iniciativa innovadora, lo que conlleva relevantes beneficios para el desarrollo económico y social. Sin embrago, miles de niños y adultos en nuestro país y en especial en el Municipio de Puebla ven obstaculizadas sus oportunidades para tener acceso a una cultura de calidad, que los proyecte a un mejor nivel de vida.

De acuerdo con las Naciones Unidas y la UNESCO señalan en sus documentos normativos las obligaciones jurídicas de los Estados miembros a considerar en sus legislaciones internas este derecho humano; incluyendo a los Municipios, acorde al artículo 115 constitucional.

En cuanto a los convenios internacionales de los que México es Estado Parte, acorde con el control de convencionalidad establecido en el artículo primero constitucional, como es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas establece en el artículo 6 numeral 2, este derecho:

Artículo 6

1...

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para lograr la plena efectividad de este derecho, deberá figurar orientación y formación técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.

Del mismo modo, el artículo 15 del citado pacto, hace referencia a:

Artículo 15

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:

a) Participar en la vida cultural;

b) Gozar de los beneficios del progreso científico de sus aplicaciones;

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los Estados Partes en el Presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.

Dado lo anterior, resulta claro la importancia que los Estados miembros y la comunidad internacional le asignan a la acción normativa con miras a hacer realidad el derecho a la cultura. Corresponde a los gobiernos de cada Estado el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole jurídica como política, relativas a la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a garantizar el desarrollo cultural de la sociedad para su sano desarrollo integral como un derecho al pleno desarrollo de la personalidad.

Pues es a través de cultura donde se arraigan los valores de un pueblo o de una nación, se explota la imaginación, se facilita la enseñanza y se fortalecen los conocimientos de niños y adultos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado Libre y Soberano de Puebla, a efectos de crear el primer museo-biblioteca del municipio de Puebla.

Nota

1 Ben White, Jefe de Propiedad Intelectual, British Library.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de abril de 2019.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE, la Semar y la Semarnat a generar medidas de prevención y protección de las especies marinas afectadas por las embarcaciones cubanas, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya , diputada federal de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente u obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, Marina y Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias para generar medidas de prevención y protección de las especies marinas afectadas por las embarcaciones cubanas , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el año 1976 se firmó el Acuerdo de Pesca entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cuba, cuyo acuerdo no fue publicado por el Diario Oficial de la Federación ni fue enviado al Senado para su aprobación, en el cual acordaron que se permitía la pesca por embarcaciones cubanas, pero solo de especies que excedan la capacidad de captura de las embarcaciones mexicanas, como se observa:

“Artículo I

El gobierno de México dará acceso a su Zona Económica Exclusiva a las embarcaciones de la República de Cuba para que, según los términos y las condiciones que se establecen en este Acuerdo, pesquen la parte que determine el gobierno de México de la captura permisible de especies que excedan la capacidad de captura de las embarcaciones mexicanas .

Artículo II

1. En el ejercicio de sus derechos soberanos sobre los recursos vivos en su Zona Económica Exclusiva, el gobierno de México determinará anualmente, sujeto a aquellos ajustes que se puedan efectuar por circunstancias imprevistas que afecten substancialmente las especies en cuestión:

...

...

c) El excedente de esas especies , así como una vez realizadas las consultas a que se refiere el artículo XII de este Acuerdo, la proporción que se permitirá capturar a las embarcaciones de la República de Cuba .

2. A más tardar el 15 de mayo de cada año, el gobierno de México notificará al gobierno de la República de Cuba las decisiones a que se refiere el párrafo anterior.”

De lo cual se concluye que México solo le permite a pescadores de la República de Cuba pescar sobre los excedentes de pescadores nacionales y que dichos excedentes se darán a conocer por el gobierno mexicano.

Lo mismo viene estipulado en la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables:

“Artículo 41. Requieren permiso las siguientes actividades:

IX. Pesca por extranjeros cuando se declaren excedentes en la zona económica exclusiva;

X. Pesca en altamar o en aguas de jurisdicción extranjera por embarcaciones de matrícula y bandera mexicana, de conformidad con los Convenios Internacionales de los que México sea parte;

XIV. La descarga en puertos extranjeros o el trasbordo de especies capturadas por embarcaciones pesqueras de bandera mexicana, y

XV. El desembarque de productos pesqueros comerciales en cualquier presentación en puertos mexicanos, por embarcaciones pesqueras extranjeras.

Artículo 62. La Secretaría, de conformidad con el interés nacional y de acuerdo con los Tratados y Acuerdos Internacionales de los que México sea parte, determinará y en su caso, declarará si existen excedentes por especie; en tal circunstancia permitirá, con carácter de excepción, que embarcaciones extranjeras participen de dichos excedentes , en la Zona Económica Exclusiva y mediante el cumplimiento de los requisitos y condiciones que para cada caso establezca la propia dependencia. En todo caso, se estará siempre a la más rigurosa reciprocidad.

La declaración de excedentes a que se refiere el párrafo anterior, se establecerá exclusivamente mediante acuerdo del titular de la Secretaría, basado en un dictamen elaborado por el Inapesca y con la opinión del Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, el cual se publicará en el Diario Oficial de la Federación. ....

En la lista de excedentes, con base al Acuerdo de la actualización de la Carta Nacional Pesquera,1 publicado el 11 de junio del año pasado por el Diario Oficial de la Federación, donde se menciona que los peces excedentes permitidos por la flota cubana son el “mero” y el “negrillo”, que de igual forma en el acuerdo por el que se da a conocer el Plan de Manejo Pesquero de Mero y especies asociadas en la Península de Yucatán, publicado el 2 de octubre del 2014 en el Diario Oficial de la Federación, menciona que:

“La flota cubana de mediana altura: Desde 1976 México autorizó la pesca de mero en su zona económica exclusiva a Cuba. Actualmente, el convenio de pesca México-Cuba ampara 6 embarcaciones pesqueras tipo Lambda de 22 metros de eslora, con casco de acero. La capacidad de bodega es de 25 toneladas y cada barco funciona como nodriza de seis ‘lanchas cherneras’ (de cuatro metros de eslora con motor fuera de borda, en la que dos pescadores se encargan de operar un palangre de fondo, con 350 anzuelos tipo huachinanguero del número 6). Estas embarcaciones realizan viajes de 30 días en promedio.”2

Sin embargo, las embarcaciones cubanas no están siguiendo dicho acuerdo dado que, por una nota periodística del Diario de Yucatán del 18 de julio del año pasado, donde mencionan que barcos originarios de Cuba realizan actividades de pesca y comercialización desmedida de “bonito” una especie de pez parecida al atún, que sirve de carnada y de alimento principal de la mantarraya y el tiburón ballena, cuya especie no está dentro del acuerdo donde se mencionan las especies excedentes publicado en el Diario Oficial de la Federación.

La pesca del pez “bonito” está afectando no solo al 50 por ciento de las cinco cooperativas de Isla Mujeres, que utilizan al “bonito” como carnada para pescar entre otro tipo de peces, sino que ponen en riesgo al tiburón ballena y a las mantarrayas que se alimentan de la hueva de ese tipo de atún.

La captura de “bonito” se da en la zona llamada “Los Calderos” de Isla Mujeres, “el bonito” se localiza en estas áreas y viene a desovar, este desove es importante porque debido a ello se da la incorporación de tiburones ballena y mantarrayas, permitiendo así la industria turística en observación y nado con estos peces.

En medida que la población de “bonito” disminuya, la presencia de tiburones ballena y mantarrayas será más baja, y con ello la actividad turística y económica de igual forma disminuirá.

Cabe mencionar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 30 de agosto del 2016, dio un informe donde se declaraba el “Día Internacional del Tiburón Ballena”; y donde se menciona que el Caribe mexicano es el sitio de agregación del tiburón ballena más importante a nivel mundial, cada año cientos de ellos nadan hasta las costas de Quintana Roo para alimentarse.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, Marina y Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias para generar medidas de prevención y protección de las especies marinas afectadas por la pesca de embarcaciones cubanas.

Fuentes

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525712&fe cha=11/06/2018&print=true

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5371 525

https://www.yucatan.com.mx/mexico/acusan-a-cubanos-de-pe sca-ilegal-en-quintana-roo

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/tiburon-ballena?id iom=es

Notas

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525712&fecha=11/06/2018&print=true

2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5371525

Palacio Legislativo, a 4 de abril de 2019.

Diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a considerar en el PND del lapso 2019-2024 una política nacional contra el cáncer, suscrita por el diputado Hernán Salinas Wolberg e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Hernán Salinas Wolberg, Isabel Margarita Guerra Villarreal, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, Raúl Gracia Guzmán, Víctor Manuel Pérez Díaz, Ernesto Alfonso Robledo Leal, Éctor Jaime Ramirez Barba, José Martin López Cisneros y Ricardo Flores Suarez en su carácter de diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta al Poder Ejecutivo a considerar una política nacional contra el cáncer dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, al tenor de lo siguientes

Exposición de Motivos

En septiembre de 2015 más de 150 jefes de Estado se reunieron en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que aprobaron una agenda con 17 objetivos de aplicación universal para lograr un modelo de desarrollo económico, social y político de carácter sostenible para 20301 .

El objetivo 3 establece la necesidad de: “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”. Entre los ejes de acción se destacan:

• ODS 3.4. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.

• ODS 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad.

• ODS 3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Aunado a ello, en 2010 la Organización Mundial de la Salud (OMS) en coordinación con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), declararon el 4 de febrero como el Día Mundial contra el Cáncer, con la finalidad de reconocer la labor de aquellos médicos e investigadores que dedican su vida para combatir esta enfermedad, así como a pacientes y familiares de quienes luchan contra este padecimiento.

Por último, aunado a estos esfuerzos de cooperación internacional para hacer frente a las principales problemáticas de salud, y en particular el cáncer, la UICC a través de la campaña “Tratamiento para Todos”, hace un llamamiento a la comunidad internacional de lucha contra el cáncer a abordar la desigualdad de acceso a los servicios para cáncer a nivel global mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud y alentando a los gobiernos a mejorar la disponibilidad y el acceso al tratamiento y a la atención, así como el suministro de información2 .

La importancia de atender de manera oportuna y eficiente las enfermedades no transmisibles, y en particular el cáncer, es que dichas enfermedades representan un alto impacto psicológico, social y económico en todas las naciones. Acorde a estimaciones presentadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2015 se registraron 8.8 millones de muertes a causa del cáncer, es decir, una de cada seis muertes a nivel global fue atribuida a dicha enfermedad. Aunado a ello, la estimación del costo total atribuible a la enfermedad para 2010 fue de 1.16 billones de dólares estadounidenses. Por último, se prevé que los casos anuales de cáncer aumenten de 14 millones en 2012, a 22 millones en las próximas dos décadas3.

En el caso de México, en el periodo comprendido entre 2000 y 2010 ocurrieron en promedio 66 mil muertes anuales por esta causa, lo equivalente a 13 por ciento de la mortalidad nacional anual. Del total de defunciones por cáncer, las de mujeres representan, cerca de 51 por ciento anual; las de población económicamente activa (de 15 a 64 años), 43 por ciento, y las de población de 65 años o más, por ciento . Durante este periodo, el cáncer pulmonar fue el de mayor mortalidad (6 mil 701), seguido de las neoplasias malignas de estómago, (5 mil 298) e hígado (4 mil 819). Entre los cánceres de los órganos reproductivos, el de próstata generó el mayor número de defunciones (4 mil 690), seguido del de mama (4 mil 321) y el de cérvix (4 mil 236). Estos seis tumores ocasionaron 46 por ciento del total de defunciones por cáncer4 .

Para el 2018, el Global Cancer Observatori (Globocan) registró un total de 83 mil 479 muertes por cáncer en todo el país y aunado a casi 200 mil casos nuevos, de los cuales más de 85 mil fueron hombres y poco más de 105 mil 51, mujeres5 .

El cáncer se produce a partir de la transformación de células normales en células tumorales, lo cual es provocado por diversos factores genéticos propios del paciente, aunado a agentes externos, tales como:

• carcinógenos físicos, como las radiaciones ultravioletas.

• carcinógenos químicos, como componentes del humo de tabaco o los contaminantes de los alimentos (aflatoxinas), entre otros.

• carcinógenos biológicos, como algunos virus, bacterias y parásitos.

Por ende, la propensión a padecer la enfermedad por parte de la población puede disminuir considerablemente si controlamos ciertos factores de riesgo. Acorde a la OMS, entre 30 y 50 por ciento de los cánceres pueden ser prevenibles.

La inversión en la prevención de la enfermedad conlleva a un doble beneficio, pues además de reducir el número de muertes e impactar positivamente en la salud de los pacientes, también se abonaría a la mejora de las condiciones sociales y económicas del país. Social, porque una persona con cáncer sufre una tremenda desigualdad, pues el sistema de salud fragmentado, dificulta el acceso de pacientes a los médicos o a la tecnología de los sistemas mejor equipados. Económico, porque según una proyección de The Economist, en la región de América Latina, habrá un aumento de los casos entre 2012 y 2035 de un 91 por ciento, en tanto que los casos de muerte aumentarán en 106 por cinto6 . Esto implica que, al año, la atención al cáncer cuesta a las economías de la región un total de 4 mil 200 millones de dólares, incluidos los costos médicos y la pérdida de productividad laboral.

Lo anterior confirma que la atención a dicho padecimiento requiere de un compromiso firme por parte del gobierno federal para contar con una estrategia integral con ayuda del sector empresarial, organizaciones de la sociedad civil, que coadyuve a una contención de la enfermedad en el país. Si bien se presentaron avances en el sexenio pasado, como las reformas necesarias a la Ley General de Salud para la implementación del Registro Nacional del Cáncer, aún falta mucho por hacer y el momento político que vivimos representa una oportunidad del gobierno entrante para atender dichas necesidades de una vez por todas.

La actual administración tiene la responsabilidad de preservar el derecho de toda persona a la protección de la salud establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política y para cumplir con la promesa que hizo el Presidente Andrés Manuel López Obrador de contar con un nuevo sistema de salud pública con una cobertura universal de atención médica y medicamentos gratuitos para toda la población7 , vemos necesario que se considere en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-20248 el acceso universal a información referente al cáncer, prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento en tiempo y forma de la enfermedad, cuidados paliativos, rehabilitación para cáncer, sin discriminación por género, edad, situación socioeconómica o tipo de protección social en salud, tal y como lo han señalado organizaciones de la sociedad civil, pacientes con cáncer y familiares a través del movimiento con representación nacional “Juntos Contra el Cáncer”.

La importancia de esto radica en que, una vez contemplados estos objetivos en el PND y aprobados por la Cámara de Diputados, podrán sentarse las bases en el Programa Sectorial de Salud 2019-2024, donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Salud, podrán establecer de manera puntual las acciones a seguir para el fortalecimiento de la educación, prevención, detección y diagnóstico oportuno, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos de la población con cáncer.

En pasadas administraciones públicas, se ha reconocido al cáncer como un problema de salud pública, sin embargo, las líneas de acción se han definido sólo para algunos tipos de cáncer, generando inequidad en el acceso a los servicios de salud para la población con diversos tipos de neoplasias malignas.

Ahora corresponde al gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud, para que sumen e integren estas ideas propuestas para que el país cuente con una Política Nacional Contra el Cáncer que contemple los pilares de atención integral para todos los tipos de cáncer y que, junto con el Poder Legislativo se puedan hacer que todos los mexicanos contemos con una atención digna para dicho padecimiento, plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, garantizando su correcta implementación.

Por lo expuesto, ponemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Por los que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a considerar una política nacional contra el cáncer dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías se incluya como un objetivo dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, una Política Nacional de Control de Cáncer.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, a que con fundamento en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se abran espacios de diálogo con la ciudadanía, grupos de pacientes con cáncer, expertos y autoridades en la materia para que sean escuchadas e integradas las propuestas para que juntos podamos construir los cimientos de una Política Nacional Contra el Cáncer dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Notas

1 Objetivos de Desarrollo Sostenible, disponibles en:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

2 El documento “Tratamiento para todos” de la UICC se puede consultar en:
https://www.uicc.org/sites/main/.../Onepager_TFA_V4_31August_FA_ESP_Final.pdf

3 Para mayor información, consultar el sitio web de la OMS en: https://www.who.int/topics/cancer/es/

4 Reynoso-Noverón, Nancy; Mohar, Alejandro (2014). “El cáncer en México: propuesta para su control”, Revista de Salud Pública de México , volumen 56, número 5, septiembre-octubre de 2014.

5 World Health Organization. Internacional Agency for Reseach of Cancer. Globocan 2018. Disponible en: www.gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/484-mexico-fact-sheet s.pdf

6 The Economist “Control del cáncer, acceso y desigualdad en América Latina. Una historia de luces y sombras” Página 53.

7 López Obrador presenta un nuevo sistema de salud pública

https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-pres enta-nuevo-sistema-de-salud-publica/1284904

8 Que deberá ser enviado a la Cámara de Diputados a más tardar el último día de abril para su estudio y aprobación.

Dado en Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 4 de abril de 2019.

Diputados: Hernán Salinas Wolberg (rúbrica), Isabel Margarita Guerra Villarreal (rúbrica), Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica), Raúl Gracia Guzmán (rúbrica), Víctor Manuel Pérez Díaz (rúbrica), Ernesto Alfonso Robledo Leal (rúbrica), Jesús Martin López Cisneros (rúbrica), Éctor Jaime Ramírez Barba y Ricardo Flores Suarez (rúbrica).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a garantizar que todas las entidades federativas sean beneficiadas con el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras en 2019, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal Lourdes Erika Sánchez Martínez y las diputadas y los diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracciones II y III, numeral 2, y 113 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que garantice que todas las entidades federativas sean beneficiadas con el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras en el ejercicio fiscal 2019, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 28 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación las Reglas de Operación (ROP) del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio fiscal 2019.

Se define a la población objetivo1 como “La población susceptible de ser Beneficiaria son las madres, padres solos o tutores que trabajan, buscan empleo o estudian, no tienen acceso al cuidado y atención infantil y que tienen bajo su cuidado al menos a una niña o niño de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años de edad o entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad, en casos de niñas o niños con alguna discapacidad”.

En las ROP se establece que el Programa tendrá como prioridad para ser Beneficiarias(os) a las personas que habiten en zonas de población mayoritariamente indígena, zonas con mayor grado de marginación o zonas con altos índices de violencia.

De acuerdo con los especialistas, la educación temprana de las niñas y los niños constituye una etapa crucial, en donde aprenden la mayoría de las destrezas que necesitarán para su desenvolverse en la vida. Es precisamente en esta etapa donde deben desarrollar, sobre todo, sus capacidades motoras y sensoriales.

De allí la trascendencia del Programa de Estancias Infantiles, cuyo objetivo es garantizar el cuidado de calidad de las niñas y los niños a los que brinda servicios, a la vez que permite que las madres puedan incorporarse al mercado laboral con la seguridad de que sus hijos están bien cuidados.

Las experiencias internacionales han demostrado que las estancias infantiles juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de las niñas y niños, al proveerles de alimentación apropiada, servicio de salud materno-infantil, actividades de desarrollo psicosocial y recreación.

En el caso mexicano, el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras implementado por el anterior Gobierno federal, posibilitó ampliar los esquemas de seguridad social para las madres que trabajan, buscan empleo o estudian, mediante apoyos para hacer accesibles los servicios de cuidado y de atención infantil.

Los resultados son evidentes y no los podemos soslayar. Gracias a los importantes esfuerzos realizados, en 9 mil 354 Estancias Infantiles se brindaron servicios de cuidado y atención infantil a 310,628 niños, en beneficio de casi 300 mil madres trabajadoras que habían declarado no tener acceso a servicios de cuidado y atención infantil en instituciones públicas de seguridad social u otros medios.2

En esta tesitura, nos preocupa que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2019, fue aprobado apenas la mitad de los recursos que se requiere para la operación de las estancias infantiles a nivel nacional, el cual se redujo de 4 mil 70 en 2018 a poco más de 2 mil millones de pesos en este año.3 Es importante destacar que, desde la creación del programa, los recursos destinados al mismo habían venido aumentando sistemáticamente hasta el año pasado.

Con el recorte del presupuesto al programa por el actual gobierno, se impacta negativamente en la operación de las estancias infantiles, en perjuicio del desarrollo integral de niñas y niños, así como de la economía y el bienestar de madres y padres de familia en todo el país.

A 12 años de su puesta en marcha, se ha consolidado como un programa exitoso en el ámbito nacional, contribuyendo al desarrollo integral de la niñez mexicana y a la protección de la economía de miles de familias en todo el país.

En esta perspectiva, en el Grupo Parlamentario del PRI, estamos a favor de aquellas políticas públicas que garanticen el interés superior de la niñez y, con el ello, el cumplimiento de sus derechos fundamentales.

Los recortes presupuestales y modificaciones a las reglas de operación, están afectando las actividades diarias de miles de mujeres trabajadoras e impactará negativamente los servicios educativos prestados en las estancias infantiles.

Esta propuesta, es contraria a los avances que nuestro país ha consolidado en los últimos años en favor de las madres trabajadoras. Muchas de ellas, encuentran en estos espacios la atención adecuada para sus hijos, permitiéndoles desarrollarse no sólo personal, sino que además profesionalmente.

En el año 2012, la Organización de las Naciones Unidas reconoció este modelo, como uno de los principales casos de éxito en el servicio público, con beneficios directos a los niños y apoyo efectivo a sus madres, padres o tutores.

De manera particular, cabe señalar que, entre otras entidades, Sinaloa quedó fuera de la población objetivo y preferencial en las Reglas de Operación del programa de Apoyo a Hijos de Mujeres Trabajadoras, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el último día de febrero.

De acuerdo con el documento que establece la operatividad del programa, que se supone sustituye al de Estancias Infantiles, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Taxcala y Zacatecas no están consideradas como zonas de beneficiarios preferenciales, pues considera a los municipios clasificados por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.4

Sin embargo, es necesario resaltar que la población objetivo no se encuentra bien definida ni aclarada ya que según el índice de marginación por entidad federativa y municipio 2015 del Consejo Nacional de Población5 son 1100 municipios los que se encuentran clasificados a nivel nacional en grados de marginación alto (817 municipios) y muy alto (283 municipios) números que no corresponden con los Municipios A y B clasificación del Instituto nacional de los Pueblos Indígenas.

Ante este panorama, se exhorta al titular del Ejecutivo Federal con el objeto de que garantice que en todas las entidades federativas con zonas indígenas, rurales y urbanas que se encuentren en el supuesto de marginación alta y muy alta según el índice de marginación por entidad federativa y municipio 2015 del Consejo Nacional de Población sean beneficiadas con el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras en el ejercicio fiscal 2019.

Se trata de una medida de primera relevancia toda vez que contribuye al desarrollo integral y pleno de las niñas y niños, a la vez que apoya a miles de madres trabajadoras a continuar con sus actividades y seguir aportando a la economía familiar.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal, para que garantice que todas las entidades federativas sean beneficiadas con el Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras en el ejercicio fiscal 2019.

Notas

1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/
442992/ROP2019_Programa_de_Apoyo_para_el_Bienestar_de_las_Ni_as_y_Ni_os__Hijos_de_Madres_Trabajadoras.pdf

2 http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_INFORME_COMPLET O.pdf

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2019_281218.pdf

4 https://www.debate.com.mx/sinaloa/sinaloa/Sinaloa-queda-fuera-del-nuevo -programa-de-estancias-20190303-0027.html

5 Consejo Nacional de Población. (2015). Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2015. Colección Índices Demográficos, Capítulo 3, 28-33. 2019, abril 4, De Cuadro 3.3 Municipios por entidad federativa según grado de marginación, 2015 Base de datos.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 4 de abril de 2019.

Diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a reconsiderar los lineamientos sobre la operación del programa Producción para el Bienestar de 2019 e instaurar un programa de apoyo dirigido a los productores de cítricos y cultivos anuales del país, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a reconsiderar los lineamientos para la operación del programa Producción para el Bienestar 2019, así como a instrumentar un programa de apoyo dirigido a los productores de cítricos y cultivos anuales del país, con base en las siguientes

Consideraciones

La agricultura es una de las actividades prioritarias de nuestro país, el campo mexicano se ubica entre las 12 economías de mayor producción en el mundo, según datos de la Sader (anteriormente Sagarpa) esta actividad se desarrolla en las 32 entidades de país en donde se cultivan 21.9 millones de hectáreas.1

México produce cerca de 750 cultivos a nivel nacional, entre los que destacan el maíz, frijol, trigo, café, caña de azúcar, avena forrajera, cacao, oleaginosas, manzanas, sorgo, aguacate, jitomate, limón italiano, naranja, pastos, entre otros.2

En las últimas semanas, diversos medios de comunicación han brindado cobertura a varias manifestaciones organizadas por productores agrícolas de todo el país en virtud del cambio de lineamientos y reglas de operación de los programas de bienestar implementados por la Sader.

En el caso específico de Tamaulipas, derivado de los nuevos lineamientos del Programa Producción para el Bienestar, un gran número de productores del sector social no podrán aplicar este ejercicio a convocatoria del programa ya que el programa beneficia a aquellos propietarios de hasta 20 hectáreas de cultivo de temporal y 5 de riego, pero no se toma en cuenta que en el estado de Tamaulipas la mayoría del sector social cuenta con una extensión superior, por lo que ya no son sujetos al apoyo federal.3

Aunado a lo anterior, los citricultores tamaulipecos también han manifestado su inconformidad por no haber sido considerados para aplicar en ningún programa federal y porque en las últimas semanas han detectado la compra de naranja a otros estados sin los controles fitosanitarios suficientes, con lo cual no sólo se está debilitando el mercado local, sino se pone en riesgo la producción que sí cuenta con los controles de calidad requeridos para su consumo nacional y para importaciones.

Es por ello que de manera respetuosa solicitamos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), aplique la Norma Oficial Mexicana (con carácter de emergencia) NOM-EM-004 FITO-1994, Requisitos fitosanitarios y procedimientos para la movilización de frutos cítricos para exportación y mercado nacional”,4 así como destine recursos económicos específicos para apoyar a los productores del ramo de la citricultura, que les permita competir en el mercado nacional e internacional.

Fortalecer el campo mexicano es una tarea primordial, ello en virtud de alcanzar la soberanía alimentaria que tanto hemos perseguido por décadas, en este sentido considero importante exhortar a la Sader a reconsiderar los lineamientos para la operación del programa Producción para el Bienestar 2019, para que sean incluidos los productores del sector social que quedaron fuera de los mismos por tener una extensión mayor de terreno de cultivo, pero que requieren el apoyo federal para poder cultivar sus productos.

En el mismo sentido también propongo exhortar a la Sader para instrumentar un programa de apoyo dirigido a los productores de cítricos y cultivos anuales o cíclicos principalmente en materia de comercialización de sus cosechas, ya que ninguno de los programas federales a implementarse por el gobierno federal contempla destinar algún tipo de recursos para este sector, siendo que es una de las actividades frutícolas de mayor importancia en nuestro país, mismo que enfrenta grandes retos como la aparición de enfermedades como el “dragón amarillo” (HLB) y el virus de la tristeza de los cítricos (VTC) y la ocurrencia de fenómenos naturales que afectan su productividad.

Finalmente propongo exhortar a la Sader, para que, por conducto de las autoridades competentes de la Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) en el estado de Tamaulipas, refuercen el control y vigilancia de la movilización de frutos cítricos dentro del estado, con la finalidad de proteger la producción local y evitar la proliferación de plagas y enfermedades.

Por todo lo anterior, propongo los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a reconsiderar los lineamientos para la operación del programa Producción para el Bienestar 2019, para que sean incluidos los productores del sector social que quedaron fuera de los mismos por tener una extensión mayor de terreno de cultivo, pero que requieren el apoyo federal para poder cultivar sus productos.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para instrumentar un programa de apoyo dirigido a los productores de cítricos y cultivos anuales del país, principalmente en materia de comercialización de sus cosechas.

Tercero. Se exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, por conducto de las autoridades competentes del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en el estado de Tamaulipas, refuercen el control y vigilancia de la movilización de frutos cítricos dentro del estado, con la finalidad de proteger la producción local y evitar la proliferación de plagas y enfermedades.

Notas

1 “El gran potencial de la industria agrícola mexicana” Estudio elaborado por SEMINIS, publicado el 13 de septiembre de 2018, mismo que puede ser consultado en la siguiente página electrónica http://www.seminis.mx/el-gran-potencial-de-la-industria-agricola-mexica na/

2 “Planeación Agrícola Nacional 2017-2030”, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que puede ser consultado en la siguiente página electrónica: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255627/Planeaci_n_Agr_co la_Nacional_2017-2030-_parte_uno.pdf

3 Lineamientos para la Operación del Programa Producción para el Bienestar 2019, que puede ser consultado en la siguiente página electrónica: https://www.gob.mx/sader/produccionparaelbienestar/articulos/lineamient os-para-la-operacion-del-programa-produccion-para-el-bienestar-2019

4 Norma Oficial Mexicana (con carácter de emergencia) NOM-EM-004 FITO-1994, Requisitos fitosanitarios y procedimientos para la movilización de frutos cítricos para exportación y mercado nacional, consultada el 11 de marzo de 2019, en la siguiente página electrónica http://faolex.fao.org/docs/texts/mex13046.doc

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2019.

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a establecer una página de internet donde se almacenen y consulten los documentos derivados de la planeación, la contratación y la ejecución del proyecto integral Morelos, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada Frida Alejandra Esparza Márquez , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados; somete a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a habilitar una página de internet en donde se almacenen y puedan consultarse todos los documentos derivados de la planeación, la contratación y la ejecución del Proyecto Integral Morelos

Consideraciones

El Proyecto Integral Morelos (PIM) consta de cuatro componentes: una central termoeléctrica de ciclo combinado, un acueducto subterráneo para la Planta Tratadora de Aguas Residuales (PTAR) de Cuautla, Morelos, un gasoducto y un centro de distribución de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).1 Este es un proyecto de la CFE iniciado en 2010.

La planta termoeléctrica de ciclo combinado es parte del Proyecto Integral Morelos y se encuentra en la comunidad de Huexca, en Yecapixtla. El proyecto propone además un gasoducto que atraviesa parte de Tlaxcala y Puebla, además de la construcción de un acueducto.

El acueducto transportaría aproximadamente 2 mil 500 litros de agua por segundo para enfriar las turbinas de la planta, esa agua pretende tomarse de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Cuautla, este líquido es parte del río Cuautla y es el que abastece la agricultura de ejidos en Cuautla, Tlalquitenango, Ayala, Tlaltizapán de Zapata, entre otros municipios.

De acuerdo con varias organizaciones que se han manifestado en contra del proyecto “la principal afectación que prevén que exista en la región es la contaminación del río Cuautla, mismo con el que los campesinos de la zona riegan sus cultivos; así como daños a la salud como rinitis, conjuntivitis e incluso auditivos por el ruido que genera la planta.”2

Esto contradice lo planteado por el Ejecutivo que, además de denotar una renuencia una puerta de diálogo con los posibles afectados, evidencia la falta de apego técnico que se tiene para tomar decisiones de gran calado, especialmente para el impulso de proyectos de infraestructura.

Un proyecto de esta magnitud no puede ser evaluado hasta que la etapa de puesta en operación y marcha, pues esto no sólo significa que se iniciaría con una carencia de análisis de impactos ambiental, social, económico y jurídico, sino que pone en riesgo la misma viabilidad del proyecto.

Cabe destacar que durante la investigación hecha para la realización de este texto no se encontró una página oficial que agrupe todos los documentos derivados de este proyecto: estudios de preinversión, contratos, convenios, auditorías, consultas, etcétera.

De acuerdo con la página del proyecto, la parte correspondiente al gasoducto contará“con una capacidad total de 337 mmpcd, 30 pulgadas de diámetro y longitud total de 171 kilómetros, está construido en dos fases:

Fase I: con una longitud de ducto de 123 km, inicia con la interconexión de la CCC de CFE en Cuautla, Morelos, y concluye Huejotzingo, Puebla, interconectándose con el gasoducto de 30” Minatitlán–Venta de Carpio (propiedad de Cenagas).

Fase II: con una longitud de ducto de 48 kilómetros, va de la interconexión de 30” ubicada en Huejotzingo hasta Tlaxcala para interconectarse con el Gasoducto de 48” de Zempoala – Santa Ana (propiedad de Cenegas).”3

A pesar del peligro que representa por su cercanía con los volcanes, 15 municipios del estado de Puebla fueron considerados por el gobierno federal para participar en la consulta ciudadana sobre el Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye una termoeléctrica en Huexca, Morelos; un gasoducto que atraviesa los estados de Puebla y Tlaxcala, y un acueducto también en Morelos.

Los municipios de Puebla por los que pasaría el gasoducto son Atlixco, San Pedro Cholula, Huejotzingo, Santa Clara Ocoyucan, Huaquechula, Juan C. Bonilla, Tochimilco, Calpan, Atzitzihuacan, Nealtican, Santa Isabel Cholula, Tlaltenango, San Jerónimo Tecuanipan, Cohuecan y Acteopan.

Actualmente no se cuenta con información oficial suficiente sobre las medidas que el gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad han implementado en conjunto con los gobiernos locales y las comunidades que se verían afectadas por la ejecución de las obras del proyecto. Es de suma importancia que la administración actual se apegue a lo mandatado en términos de transparencia y acceso a la información. Además de estar estipulado constitucionalmente, en el año 2015 entró en vigor la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual tiene por objeto:

“... establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios.”4

A pesar de ser un mandato constitucional, la evidencia demuestra que el empleo de recursos públicos y las decisiones no siempre se apegan a la ley, y, en este sentido, que se estén administrando con “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez” y que los procedimientos representen al Estado los mejores precios, calidad, financiamiento, oportunidades, etcétera.

Así pues, en apego a lo establecido por el artículo 6o. constitucional y a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, exhortamos a la Comisión Federal de Electricidad y a las entidades públicas involucradas en la ejecución del Proyecto Integral Morelos a habilitar una página de internet en donde se alberguen y puedan consultarse todos los documentos derivados de la planeación, la contratación y la ejecución del proyecto.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la discusión y, en su caso, aprobación del siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Federal de Electricidad a habilitar, en un plazo no mayor a 30 días, una página de internet en donde se almacenen y puedan consultarse todos los documentos derivados de la planeación, la contratación y la ejecución del Proyecto Integral Morelos.

Notas

1 Miranda, Justino, Gobierno de Morelos presenta PIM a presidentes municipales y alcaldes, El Universal, 15 de febrero de 2019. Disponible en https://www.eluniversal.com.mx/estados/gobierno-de-morelos-presenta-pim -presidentes-municipales-y-alcaldes. Consultado el 8 de marzo de 2019.

2 Termoeléctrica en Morelos, sólo tras consulta y certificación internacional: AMLO, El Financiero, 10 de febrero de 2019. Disponible en https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/termoelectrica-en-morelos-solo -tras-consulta-y-certificacion-internacional-amlo. Consultado el 13 de febrero de 2019.

3 Gasoducto de Morelos. Disponible en https://www.gasoductomorelos.enagas.mx/SitePages/Inicio.aspx. Consultado el 8 de marzo de 2019.

4 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 1, párrafo 2.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de abril de 2019.

Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de implantar programas integrales y campañas para prevenir, diagnosticar y tratar la hepatitis C crónica, suscrita por diputadas de los Grupos Parlamentarios de Morena y Movimiento Ciudadano

Las suscritas, diputadas María Marivel Solís Barrera, Miroslava Sánchez Galván, Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario de Morena, y la diputada Geraldina Herrera Vega, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis C (VHC), que se transmite a través de la sangre y genera infección aguda y crónica. Dado que la enfermedad es asintomática, pocos son los casos diagnosticados en la fase aguda y, a menudo, la infección crónica también queda sin diagnosticar por el mismo motivo. No es sino hasta décadas después que se detectan síntomas secundarios al daño hepático, como cirrosis o cáncer.1 Cabe resaltar que la cirrosis hepática es una enfermedad crónica que tiene un gran impacto en la carga económica de los servicios de salud, debido a costos médicos directos e indirectos relacionados con la reducción en la calidad de vida y pérdida de productividad laboral. Dichos costos se incrementan con la progresión de la enfermedad.2

A nivel mundial, se estima que alrededor de 150 millones de personas padecen hepatitis C y cerca del 50 por ciento de éstas no lo saben porque no han sido diagnosticadas; además, cada año mueren 399 mil personas por hepatitis C, principalmente por el desarrollo de cirrosis o carcinoma hepatocelular.3

Ante tal situación, la Estrategia Mundial del Sector Salud contra las hepatitis víricas 2016-2021, de la Organización Mundial de la Salud, establece que el diagnóstico de las infecciones de hepatitis es necesario para el tratamiento y atención eficaces, para lo cual se considera importante implementar campañas de concientización y dotar a las instituciones de salud de medios de diagnóstico fiables, además de vincular los resultados de los análisis con los servicios de tratamiento y atención.

Entre los grupos de población con alto riesgo de padecer la enfermedad se encuentran:

• Pacientes con VIH/sida;

• Mujeres en proceso de gestación hepatitis C;

• Personas consumidoras de drogas inyectables e inhaladas;

• Personas que hayan recibido trasfusión sanguínea o trasplante de órganos;

• Personas en tratamiento de diálisis;

• Personas en tratamiento dental;

• Personas con tatuajes y perforaciones corporales;

• Personas que tienen relaciones sexuales con múltiples parejas y sin protección; y

• Personas que hayan tenido contacto con la sangre de una persona infectada.

México ocupa el segundo lugar en América Latina, después de Brasil, con el mayor número de casos diagnosticados con hepatitis C. La prevalencia de la enfermedad oscila entre el 0.4 por ciento y el 0.5 por ciento, por lo que se calcula que debe haber 600 mil personas padeciéndola, aunque de 2000 a 2016 sólo se han diagnosticado 31 mil casos,4 lo que significa que el 95 por ciento de los pacientes no han sido identificados debido a las condiciones asintomáticas de la enfermedad.

Por este motivo, la OMS, con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha establecido metas al 2030 para lograr la eliminación en un 90 por ciento.

México, al ser un Estado comprometido con los ODS, debe considerar estas metas como parte de sus prioridades para el sexenio 2018-2024. Por ende, las organizaciones de la sociedad civil de pacientes que viven con hepatitis C han solicitado que el Plan Nacional de Desarrollo integre las acciones necesarias para fortalecer el sistema de salud en su conjunto, en un marco de desarrollo sostenible, cobertura y acceso universal, en donde todas las personas sean atendidas desde su necesidad, con infraestructura digna, recursos humanos, tecnologías de la salud, recursos financieros, así como con servicio de salud integral, apropiado y de buena calidad, sin barreras geográficas, económicas, socioculturales institucionales y de género.

Para ello, es fundamental incluir un Programa Integral de Eliminación de la hepatitis C crónica (PIEHCc) en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 ya que, desafortunadamente, aún no existe un plan con visión a largo plazo en nuestro sistema de salud que considere la prevención, detección oportuna y tratamiento de dicha enfermedad ante este escenario. Sin este último, difícilmente se podrá eliminar la hepatitis C crónica en México y, por el contrario, sólo incrementará la mortalidad por esta causa.

Como lo muestran los datos, la mayoría de las personas desconoce su situación con respecto a la hepatitis. Por esta razón, implementar campañas de diagnóstico es fundamental ya que, a partir de éstas, se podrá determinar la existencia de hepatopatías y orientar las decisiones terapéuticas. Con ello, al mismo tiempo, se contribuiría al avance de los ODS, logrando la eliminación de una infección viral crónica para la que existe cura.5

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud federal para que en coordinación con sus homologas estatales, implemente un programa integral de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno de hepatitis C en nuestro país.

Notas

1 Dirección URL:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/es/

2 Doctor David Kershenobich, director general del INCMNSZ, conferencia de prensa: Petición de la inclusión del programa integral de eliminación de la hepatitis C crónica (PIEHCc), 7 de noviembre de 2018.

3 Íbid.

4 De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

5 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2019.

Diputadas: María Marivel Solís Barrera, Miroslava Sánchez Galván, Alejandra Pani Barragán, Geraldina Herrera Vega (rúbricas).

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a instruir y destinar recursos para indemnizar y apoyar a los ganaderos que lo requieran con el sacrificio de sus animales enfermos de tuberculosis bovina, a cargo del diputado Miguel Alonso Riggs Baeza, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Miguel Alonso Riggs Baeza, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral I, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La tuberculosis bovina es una enfermedad crónica de los animales provocada por la bacteria Mycobacterium bovis (M. bovis), un bacilo perteneciente al género Mycobacterium, que guarda una estrecha relación con las bacterias causantes de la tuberculosis humana y aviar. El nombre de “tuberculosis” proviene de los nódulos, llamados “tubérculos”, que se forman en los ganglios linfáticos del animal afectado. Es una importante zoonosis (puede transmitirse al ser humano) y es una enfermedad de declaración obligatoria.

La tuberculosis suele ser de curso crónico, y los síntomas pueden tardar meses o años en aparecer. Generalmente, se manifiestan signos inespecíficos (caída de la producción lechera y deterioro del estado general de salud). Los signos clínicos que pueden manifestarse durante la enfermedad son muy variados, al igual que la gran variedad de lesiones, pudiendo observarse:

• debilidad progresiva.
• pérdida de apetito.

• pérdida de peso.
• fiebre fluctuante.

• tos seca intermitente y dolorosa.
• aceleración de la respiración, dificultad de respirar.

• sonidos anormales en la auscultación y percusión.
• diarrea.

• ganglios linfáticos grandes y prominentes.
• muerte.

La tuberculosis tiene importantes repercusiones económicas, debido a las pérdidas en la producción de leche, los decomisos de animales en mataderos, la prohibición del movimiento de los animales y por las campañas de control y erradicación. Hoy en día, en muchos países desarrollados se ha reducido o eliminado la tuberculosis bovina, pero en países subdesarrollados sigue siendo una importante enfermedad del ganado vacuno y la fauna salvaje. Rara vez se trata a los animales infectados, porque además del peligro de contagio, resulta muy caro y prolongado, y porque el gran objetivo último es erradicar la enfermedad por lo que los animales infectados se sacrifican.

En México el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, mejor conocido como Senasica, cuenta con la Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina, a través de la cual se capacita al personal involucrado en las distintas actividades, se realiza diagnóstico de campo (en el 100 por ciento de los hatos), aplicación de cuarentenas en hatos infectados, eliminación e indemnización de animales reactores a las pruebas diagnósticas, inspección en rastros para confirmar y detectar nuevos casos, control de la movilización, reconocimiento y protección de regiones de baja prevalencia, certificación de hatos libres de la enfermedad, seguimiento epidemiológico y se aplican diferentes estrategias de difusión y promoción, entre otras acciones.

La situación actual de la tuberculosis bovina al 17 de enero de 2019, y de acuerdo a los datos de Senasica, se ha reconocido el 85.77 por ciento del territorio nacional en fase de erradicación, por lo que es necesario que todos aquellos hatos ganaderos que muestren actividad de tuberculina se les apoye con el sacrificio de sus cabezas, pues como ya quedó establecido líneas atrás, esa es una de las tantas mermas económicas que sufre el ganadero por razón de esta enfermedad.

Ahora bien, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-031-ZOO-1995, Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina Mycobacterium bovis, y a su modificación de 1998, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural está obligada a implementar esta campaña de manera permanente en todo el territorio nacional y reglamenta, en su numeral 10, lo relativo al sacrificio del animal. Es necesario pues que se apoye al ganadero ya que sufre una triple pérdida económica, pues pierde al animal en sí mismo, además deja de percibir las ganancias que éste le habría de producir y pierde lo relativo al traslado y coste del sacrificio del animal ya mencionado, por tanto, proponemos se indemnice a cada ganadero con la cantidad de 18 mil pesos por cabeza sacrificada, para que esté en condiciones de hacer frente a esta triple perdida ya descrita y pueda repoblar su hato ganadero.

Compañeros diputados y diputadas, la ganadería es una industria nacional que ha crecido principalmente a base del esfuerzo de los ganaderos y que, como industria nacional, debe ser apoyada decididamente. Apoyar a los ganaderos de México con el barrido nacional de tuberculina y posterior sacrificio de los animales enfermos e indemnización es un beneficio directo para ellos y para todos, pues tendremos la certeza de la sanidad de lo productos que llegan a nuestra mesa y, quizá lo mejor, erradiquemos de una vez por todas de esta enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me sirvo a someter a esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Víctor Villalobos Arámbula, para que gire las instrucciones pertinentes y destine los recursos necesarios para indemnizar y apoyar a los ganaderos que así lo requieran con el sacrificio de sus animales enfermos de tuberculosis bovina.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2019.

Diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal y las Secretarías de Bienestar, y de Salud a realizar adecuaciones presupuestarias para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios de salud pública, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos diputados federales de la LXIV Legislatura de esta Cámara de Diputados, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y Emmanuel Reyes Carmona, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, así como el artículo 79, numeral 1, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 8 de marzo se informó en medios de comunicación que un estimado de 300 mil familias de 121 unidades médicas en el estado de Puebla dejarían de disfrutar atención médica.1

Simultáneamente, se expuso que aproximadamente 700 médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos y promotores de salud fueron despedidos por los recortes presupuestales que el gobierno federal realizó al programa Prospera-Cessa. La delegada sindical del Centro de Salud, Catarina Severiano Figueroa, explicó:

(...) que la contratación del personal se hacía a través de la SESA, la cual manejaba los recursos federales por un monto superior a los 48 mil 243 millones de pesos solo por Prospera, mientras que del Ramo 12 variaba la cifra, aunque en 2018 recibió más de 9 mil 394 mil millones de pesos para los servicios de atención médica. Por ello, solicitaron al coordinador de delegados del gobierno federal en Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues, la realización de una mesa de trabajo para tratar la recontratación del personal. (...)

Esta situación no es propia de Puebla, también ha afectado a población de otras entidades federativas, por ejemplo, en Tamaulipas,2 aproximadamente 25 mil familias se verán afectadas en los mismos términos, además de que 328 personas que laboraban en el sector se los servicios públicos de salud perderán su empleo por las mismas razones ya expuestas.

Ahora bien, la protección de la salud es una obligación del Estado reconocida en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.3

Esta acción consiste en afrontar los problemas de salud que generan un perjuicio a todos los mexicanos, y ello comprende indiscutiblemente garantizar que todas las personas tengan acceso a los servicios médicos suficientes y de calidad.

En tal virtud, esa obligación exige al gobierno emprender todo tipo de acciones necesarias para garantizar una vida digna y saludable de todo mexicano, y pueden ser, por ejemplo, el desarrollo de políticas públicas idóneas, controles de calidad de los servicios de salud, entre otras.

Atendiendo a ello, es inconcuso que la reducción presupuestal de Prospera contraviene estas obligaciones carácter positivo y, a la vez, las de carácter negativo consistentes en abstenerse de negar el acceso o de dar el tratamiento médico solicitado a quien cuenta con ese derecho; el derecho a la salud de un derecho de naturaleza prestacional, y el Estado debe realizar una adecuada prestación y supervisión de la asistencia médica bajo los principios de universalidad y progresividad.4

En el mismo sentido, restringir a la población el acceso a los servicios de salud resulta contrario al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del cual México es parte, y que nos exige proteger, respetar y cumplir progresivamente el derecho a la salud de todo mexicano así como no admitir medidas regresivas en su perjuicio, absteniéndose de denegar su acceso, garantizándolo en igualdad de condiciones y sin condicionamiento alguno, debiendo reconocer en nuestras políticas y planes detallados para su ejercicio medidas que faciliten el acceso de la población a los servicios de salud.

Refuerza lo anterior la tesis número 1.40.A.86A publicada por Tribunales Colegiados de Circuito en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXV, Pág. 1759, en octubre de 2013, que señala:5

(...)

Derecho a la salud. Forma de cumplir con la observación general número 14 del Comité de los Derechos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, para garantizar su disfrute.

El Estado mexicano suscribió convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar, al más alto nivel, ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute del derecho a la salud, y existen documentos que las desarrollan en términos de su contenido y alcance. Uno de los más importantes es la observación general número 14 del Comité de los Derechos Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, organismo encargado de monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados firmantes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual México es parte y el que, esencialmente, Consagra la obligación de proteger, respetar y cumplir progresivamente el derecho a la salud y no admitir medidas regresivas en su perjuicio, absteniéndose de denegar su acceso, garantizándolo en igualdad de condiciones y sin condicionamiento alguno, debiendo reconocer en sus ordenamientos jurídicos, políticas y planes detallados para su ejercicio, tomando, al mismo tiempo, medidas que faciliten el acceso de la población a los servicios de salud, es decir, este ordenamiento incluye no solamente la obligación estatal de respetar, sino también la de proteger y cumplir o favorecer este derecho. ( ... )

Por ello, si la prestación de servicios médicos es incompatible con las políticas públicas implementadas por una autoridad, como hoy lo es la reducción presupuestaria en Prospera destinada al fin médico, el Estado deberá realizar las gestiones pertinentes para que el beneficiario pueda ser atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento,6 ya que no se le puede quitar ese derecho.

Hoy en día, justo desconocemos cuáles son esas adecuaciones a los planes, criterios o estrategias gubernamentales para continuar garantizando el derecho a la protección de la salud de todos los mexicanos derivado de la reducción presupuestal en Prospera, y por ello ponemos a su consideración una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud, como integrante de los órganos de dirección del programa,7 nos informe en su totalidad en qué consistirán dichas garantías.

Por lo anteriormente manifestado, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud a que en el ámbito de su competencia haga públicas las acciones implementadas para garantizar la prestación adecuada de los servicios de salud en todo el país, atendiendo a la reducción presupuestal en materia de salud en el programa Prospera para el ejercicio fiscal 2019.

Notas

1 González, Rafael. (8 de marzo de 2019). Sin atención médica, 300 mil familias de Prospera. Milenio. Recuperado de: http://municipiospuebla.mx/nota/2019-03-07/puebla/despidos-dejan-sin-at enci%C3% B3n-300-mil-familias-en-puebla

2 Vid. Esquivel, Marco. (04 de marzo de 2019). Cancelación de Prospera afectará a 25 mil familias en Tamaulipas. Hoy Tamaulipas. Recuperado de: http://www.hoytamaulipas.net/notas/374243/Cancelacion-de-Prospera-afect ara-a-25-mil-familias-en-Tamaulipas.html

3 Vid. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Décima Época. Registro: 2019358. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publicación: viernes 22 de febrero de 201910:24 h. Materia(s): (Constitucional). Tesis: 1a./J. 812019 (10a.)

4 Vid. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Décima Época. Registro: 2014025. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, marzo de 2017, Tomo IV. Materia(s): Común. Tesis: (VIII) Región) 2a. 16 L (10a.). Página 2660

5 Resaltado propio. Vid. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Décima Época. Registro: 2004683. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 3. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1.40.A.86 A (10a.). Página: 1759

6 Vid. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Época: Décima Época. Registro: 2009802. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 21, agosto de 2015, Tomo III. Materia(s): Constitucional. Tesis: VI1.20.P.3 P (10a.). Página: 2171

7 A modo de precisión, es importante resaltar que el apartado 9.a. Integración, atribuciones y funciones de los órganos colegiados de la Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social de los lineamientos operativos aprobados en la 210 sesión ordinaria del Comité Técnico de la Coordinación Nacional de Prospera, se definió que el funcionamiento y operación del programa, así como el fomento a la salud dirigida a la población, quedará a cargo de distintos órganos colegiados, dentro de los cuales se prevé un consejo de la coordinación nacional como rector de la política pública en mención, y que es presidida por el Secretario de Desarrollo Social, ahora de Bienestar, y con auxilio de distintas secretarías de estado, dentro de las cuales está prevista la propia de Salud, y al no haber lineamientos propios previstos para el ejercicio fiscal 2019, se estima conducente exigir el cumplimiento de la obligación multicitada tanto al titular del Ejecutivo Federal, como a las dos secretarias de estado citadas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de marzo de 2019.

Diputados: Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbrica) y Emmanuel Reyes Carmona

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SE y la SRE a implantar acciones para equilibrar el mercado azucarero, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea el presente punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores a implementar acciones para lograr un equilibrio en el mercado azucarero, bajo las siguientes

Consideraciones

El tema de la importación y exportación referente a la caña de azúcar viene desde el año 2014, momento en que se firmó el acuerdo de suspensión , en el que a México se le comienza a restringir la exportación de azúcar a Estados Unidos, limitándolo a una cantidad equivalente a las necesidades de ese país.

En el año 2015, azucareras estadounidenses acusaron de realizar dumping en la importación de azúcar proveniente de México, lo que desato un conflicto entre ambos países, culminando en el cese de negociaciones respecto del conflicto azucarero entre México y Estados Unidos, provocando que el gobierno mexicano cancelara en el 2017, los permisos vigentes de exportación del edulcorante a Estados Unidos, evitando así sanciones ante una errónea interpretación del convenio que regula dicho mercado.

En el mismo año, Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo respecto a las exportaciones de azúcar mexicana, entre el entonces Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo Villareal y el Secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, las cuales impactaron de forma negativa alrededor de 930,000 empleos directos en México, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura.

Al cierre de diciembre de 2018, según información de Sader-Conadesuca, la oferta total de azúcar proveniente de la zafra 2018-2019 es de un millón cuatro mil toneladas, mientras que la demanda (que incluye exportaciones) suma 522 mil 400 toneladas, lo que arroja un excedente de 877 mil 600 toneladas del edulcorante.

De acuerdo con Azúcar Edulcorantes Etanol Sustentabilidad ZAFRANET, empresa independiente de indicadores de mercados nacionales e internacionales de edulcorantes señala la necesidad de aplicar salvaguarda o detener las importaciones de fructosa que llegan de Estados Unidos para equilibrar los precios y exportar de manera más ágil azúcar a ese país; Jorge Alfredo Pacheco, director del organismo, señaló que se importa un millón de toneladas de fructosa, a un precio, de hasta 30 por ciento más bajo al del azúcar que se comercia en México.

De todo ello se concluye que la entrada de fructosa procedente de Estados Unidos afecta el equilibrio del mercado mexicano, como ya se hizo mención, debido que estas, aumentan los excedentes de azúcar que existen en el país, mismas que deben exportarse, lo que significa que deberán salir alrededor de 290 mil toneladas mensuales de azúcar, con precios muy castigados.

En ese sentido, las importaciones han generado pérdidas importantes al sector, mismas que terminan afectando considerablemente los intereses económicos de los cañeros y sus familias.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a implementar acciones que logren un equilibrio en el mercado azucarero, de igual forma, la vigilancia estricta en el cumplimiento de los acuerdos en la exportación de azúcar por parte de los industriales, con el fin de apoyar a los productores de caña de azúcar en todo el país, que se vieron afectados por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Fuentes

Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar

https://www.zafranet.com/

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/
12-claves-sobre-el-conflicto-del-azucar-entre-Mexico-y-Estados-Unidos-20170610-0018.html

https://www.dineroenimagen.com/alicia-salgado/azucar-ama rgo-otro-conflicto-en-puerta/106437

https://www.milenio.com/negocios/precio-azucar-equilibra ra-detener-importacion-fructuosa

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2019.

Diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Salud de Tamaulipas a implantar con los centros de control animal un programa de manejo integral para capturar, registrar, vacunar, esterilizar y, en su caso, adoptar perros callejeros en los 43 municipios del estado, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados, exhorta al Titular de la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas a implementar un plan integral para la captura, vacunación, esterilización y en su caso adopción de perros callejeros en los 43 municipios del estado, con base en las siguientes:

Consideraciones

En nuestro país, 57 de cada 100 personas tiene una mascota en el hogar, de estas, 89 por ciento tiene perros.1

Se estima que existen alrededor de 19.5 millones de especies caninas en todo el país, de las cuales solo 5.4 millones tienen dueño, los demás se encuentran en situación de abandono.

Aunado a lo anterior, la asociación civil Animal Naturalis estima que, en México, alrededor de 60 mil animales mueren al año a causa del maltrato, principalmente especies caninas.2

En la actualidad los perros callejeros representan un grave problema respecto a la salud de las personas, de acuerdo al Departamento de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, hay más de 140 enfermedades que los humanos pueden contraer a través del contacto con perros.

Por ejemplo, se detectó que “cuando las heces se secan y se pulverizan viajan en el aire y pueden ocasionar enfermedades como conjuntivitis (inflamación de la conjuntiva del ojo), también se pueden adherir fácilmente a la comida que se consume en los puestos ambulantes y así ocasionar enfermedades bacterianas como salmonelosis o parasitarias”.3

También cabe destacar la sarna y por supuesto la rabia, que es muy peligrosa y que de no atenderse puede ocasionar la muerte.

Además de lo anterior, la gran sobrepoblación de perros callejeros no solo daña la imagen urbana de las ciudades, también expone a los pobladores a agresiones por parte de los canes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que cada año mueren aproximadamente 59 000 mil personas por rabia, siendo las principales víctimas niños pequeños.4

En Tamaulipas, esta situación se ha convertido en un problema de salud pública, de acuerdo a crónicas periodistas se han informado acerca de un aumento en el reporte de agresiones de animales, principalmente de perros callejeros dentro del territorio estatal.

A pesar del esfuerzo realizado por diversas asociaciones protectoras de animales, en el manejo humanitario de la población canina en diversos municipios del estado, estas se han visto rebasadas y actualmente se encuentran saturadas y sin los recursos económicos necesarios para poder ampliar su capacidad de atención.

Aunado a ello, se ha detectado un aumento en el maltrato hacia estos perros abandonados como los golpes, los atropellos intencionales, los abusos, incluso de tipo sexual, y la muerte de manera cruel y desmedida por parte de la sociedad que los ve como un estorbo porque son causantes de muchos inconvenientes, pero que no justifica de ningún punto de vista el maltrato hacia ellos.

En este sentido, se ha optado por sacrificar a los perros callejeros por ser una forma rápida y barata, pero muchas veces se emplean métodos inhumanos que ocasionan grandes sufrimientos a dichos animales, por lo que derivado de lo anterior y ante exigencia de diversas organizaciones protectoras de animales, desde mayo de 2017 se prohibió en el estado de Tamaulipas el sacrificio de animales callejeros.

Por lo que en consecuencia se ha disparado la sobrepoblación de perros callejeros, por lo que distintas asociaciones protectoras de animales, entre ellas la “Coalición de Asociaciones Ambientalistas en Tamaulipas”, han propuesto se lleven a cabo por los Centros de Control Animal, campañas de captura, registro y esterilización masiva de perros callejeros con el objetivo de brindar una solución a la contingencia de salud que actualmente se vive en el estado.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos es que no se cuenta con Centros de Control Canino en todos los municipios de la entidad y por ello no se pueden brindar la atención requerida, por lo que considero además pertinente, que como lo establece el artículo 11 de la Ley de Protección Animal de Tamaulipas, los ayuntamientos y la Secretaría de Salud estatal celebren convenios de concertación con las Asociaciones Protectoras de Animales legalmente constituidas y con las universidades públicas y privadas que cuenten con las carreras de Medicina Veterinaria y Zootecnia, para brindar asesoramiento a las autoridades competentes en la instalación de dichos centros, así como en la implementación de las campañas de vacunación, esterilización y adopción.

Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud del estado de Tamaulipas a implementar un plan integral para la captura, vacunación, esterilización y en su caso adopción de perros callejeros en los 43 municipios del estado.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas para que en coordinación con las jurisdicciones sanitarias a su cargo implementen e instalen en los 43 municipios del estado, centros de control animal, tal y como lo establece Ley de Protección a los Animales del Estado de Tamaulipas.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas a que en coordinación con los 43 ayuntamientos de la entidad celebren convenios de concertación con las asociaciones protectoras de animales legalmente constituidas y con las universidades públicas y privadas que cuenten con las carreras de medicina veterinaria y zootecnia, para brindar asesoramiento a las autoridades competentes en la instalación de dichos centros, así como en la implementación de las campañas de vacunación, esterilización y adopción.

Notas

1 “Encuesta de Bienestar Subjetivo-BAIRE Ampliado”, Instituto Nacional de Estadística y Geografía

https://www.inegi.org.mx/proyectos/investigacion/bienest ar/ampliado/default.html

2 En México 60 mil animales mueren al año por maltrato, Animal Político, Nota publicada el 15 de mayo de 2014, la publicación puede ser consultada en la siguiente página electrónica

https://www.animalpolitico.com/2014/05/en-mexico-60-mil- animales-mueren-al-ano-por-maltrato/

3 “Infecciones por excremento y exposición a la rabia obligan al control de los perros en la vía pública”, Ciencia UNAM,

http://ciencia.unam.mx/leer/109/proponen_solucion_al_pro blema_de_los_perros_callejeros

4 “Mordeduras de animales”, Nota de Prensa de la Organización Mundial de la Salud de fecha 5 de febrero de 2018, misma que puede ser consultada en la siguiente página electrónica

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/anim al-bites

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2019.

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Profepa a implantar acciones destinadas a proteger las playas mexicanas, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya , diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a implementar acciones con el fin de proteger las playas mexicanas y el libre tránsito en ellas, así como vigilar que el uso, aprovechamiento o explotación de las playas otorgadas en concesiones de la administración pasada, no afecte ni altere el equilibrio ecológico , bajo las siguientes:

Consideraciones

En enero de 2016, en Quintana Roo , ciudadanos y activistas denunciaron que, de madrugada, un grupo de trabajadores escoltado por policías había empezado a realizar trabajos con maquinaria pesada para construir el proyecto inmobiliario llamado Malecón Tajamar. A la zona arribó maquinaria escoltada por policías estatales, del gobierno, en ese entonces, de Roberto Borge Angulo, ahora preso por diversos delitos ligados a la corrupción. La excavación afectaba a un manglar y la vida de especies como el cangrejo azul, la rana leopardo, varias aves, iguanas rayadas, garzas, pelícanos cafés y cocodrilos Moreletti. La defensa de la zona escaló al grado de solicitar en la plataforma change.org que se le retirara a México la sede de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad Biológica (COP13).1 Así, Tajamar se volvió emblema de la lucha activista del medio ambiente. Sin embargo, el reclamo generado por Tajamar no detuvo al gobierno de Enrique Peña Nieto de concesionar miles de metros de playas quintanarroenses.

En el caso de La Lancha, la única playa que queda con acceso al público en la comunidad de Punta de Mita, en Bahía de Banderas, Nayarit, donde pobladores han denunciado que, desde el 21 de noviembre del año pasado, personal de seguridad privada acompañados de trabajadores, comenzaron a colocar una malla ciclónica y carteles de cerrado, en los accesos públicos a la playa y el acceso al estero que conduce hacia la playa, argumentando estar facultados para hacerlo. Al ser increpados por los pobladores, algunos guardias rociaron con gas lacrimógeno a las personas y agredieron a otras físicamente.

Todo esto fue provocado por la desarrolladora turística DINE, quien pretende un proyecto de construcción de un complejo habitacional y turístico en la franja de playa que corresponde desde Punta de Mita hasta Destiladeras, cabe mencionar que existe una concesión que, de acuerdo con Semarnat, impide cualquier construcción que afecte el ecosistema.

Dado que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente , a la letra, dice:

Artículo 11. La Federación, por conducto de la Secretaría, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, con el objeto de que los gobiernos de las entidades federativas, con la participación, en su caso, de sus Municipios o demarcación territorial de la Ciudad de México, asuman las siguientes facultades, en el ámbito de su jurisdicción territorial:

III. La evaluación del impacto ambiental de las obras o actividades a que se refiere el artículo 28 de esta Ley y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes, con excepción de las obras o actividades siguientes:

g) Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros ,

Evaluación del Impacto Ambiental

Artículo 28. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Para ello, en los casos en que determine el Reglamento que al efecto se expida, quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría:

IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros ;

X. Obras y actividades en humedales, ecosistemas costeros, lagunas, ríos, lagos y esteros conectados con el mar, así como en sus litorales o zonas federales. En el caso de actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias se estará a lo dispuesto por la fracción XII de este artículo;

Y el Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vías navegables, playas, zona federal marítima terrestre y terrenos ganados al mar.

Artículo 7o. Las playas y la zona federal marítimo terrestre podrán disfrutarse y gozarse por toda persona sin más limitaciones y restricciones que las siguientes:

I. La Secretaría dispondrá las áreas, horarios y condiciones en que no podrán utilizarse vehículos y demás actividades que pongan en peligro la integridad física de los usuarios de las playas, de conformidad con los programas maestros de control;

II. Se prohíbe la construcción e instalación de elementos y obras que impidan el libre tránsito por dichos bienes , con excepción de aquéllas que apruebe la Secretaría atendiendo las normas de desarrollo urbano, arquitectónicas y las previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y

III. Se prohíbe la realización de actos o hechos que contaminen las áreas públicas de que trata el presente capítulo.

Artículo 47. Son causas de revocación de las concesiones o permisos otorgados, las siguientes:

VII. Impedir el concesionario o permisionario, sus familiares o empleados, el libre acceso a las playas marítimas , por lugares que para tal efecto señale la Secretaría en los términos del artículo 17 de este Reglamento;

Artículo 17. Los propietarios de los terrenos colindantes con la zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, deberán permitir, cuando no existan vías públicas u otros accesos para ello, el libre acceso a dichos bienes de propiedad nacional, por lugares que para tal efecto convenga la Secretaría con los propietarios, teniendo derecho al pago de la compensación que fije la Secretaría con base en la justipreciación que formule la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.

En caso de negativa por parte del propietario colindante, la Secretaría solicitará la intervención de la Procuraduría General de la República, para que, por su conducto, se inicie el juicio respectivo tendiente a obtener la declaratoria de servidumbre de paso.

A pesar de lo que marca la ley y de estos antecedentes, Quintana Roo es la entidad donde se otorgó el mayor número de concesiones durante el 2018; dado que para dicha entidad fueron 56 títulos, de los cuales 35 fueron otorgadas a las inmobiliarias Papaya Playa (14 mil metros cuadrados), Riberas de Cancún (uno de 13 mil y otro de 14 mil), Magogon (13 mil), Mx Riusa II (14 mil), Inmobiliaria Puerto Bonito (13 mil) y Deutsche Bank México (11 mil). De esta manera Quintana Roo se posiciona como el estado con el mayor número de concesiones.2

En el reparto de estas concesiones, Nayarit aparece en segundo sitio. En 2007, los gobiernos del estado y federal lanzaron la marca turística Riviera Nayarit. Desde entonces, a través del Fideicomiso Bahía de Banderas (Fibba), empezó la concesión y venta de predios con frente de playa expropiados a ejidatarios, un proceso en el que los municipios Bahía de Banderas y Compostela resultaron claves.

Para los habitantes de la costa de Nayarit, debido a este desarrollo, las comunidades han caído presa del desalojo.

Ante esto, se han manifestado cerrando los caminos, lo que ha derivado en que sean perseguidos, encarcelados e incluso torturados por los policías de su estado. Uno de los casos más sonados al respecto, es el de El Monteón, donde, en 2009, policías antimotines y judiciales de la procuraduría nayarita golpearon y sometieron a pobladores de la costa del estado.

En total, el gobierno de Peña Nieto concesionó 32 mil metros cuadrados en el municipio de Bahía de Banderas y 36 mil en el de Compostela.

Por lo expuesto y fundado sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a implementar acciones con el fin de proteger las playas mexicanas y el libre tránsito en ellas, así como vigilar que el uso, aprovechamiento o explotación de las playas otorgadas en concesiones de la administración pasada no afecte ni altere el equilibrio ecológico.

Fuentes

http://www.4vientos.net/2017/05/24/sancionar-a-quien-pro hibe-el-libre-acceso-de-la-gente-a-las-playas-demanda-claudia-agaton/

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/28/cierran-pl aya-en-nayarit-con-apoyo-de-militares-6657.html

https://breaking.com.mx/2019/01/pena-nieto-remato-playas -de-mexico/

Notas

1 Revista Vice México, publicado el 23 de enero del 2019.

2 https://www.vice.com/es_latam/article/xwb8kq/gangas-de-arena-y-sal-asi- remato-pena-nieto-las-playas-mexicanas

Palacio Legislativo, a 4 de abril de 2019.

Diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para reconocer a la UNAM por incorporar en el Estatuto General la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas; y exhortarla a brindar reconocimiento al fundador del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y designar un espacio emblemático de la institución con el nombre Manuel González Casanova, a cargo del diputado Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Sergio Mayer Breton, diputado a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En fechas recientes, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) , realizó una modificación a su estatuto general, para crear la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) y de esta forma transformar al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), mismo que abrió sus puertas en 1963.

Este reconocimiento le permitirá a la ENAC llevar a cabo el diseño institucional, académico y profesional de la máxima casa de estudios, tal como sucede con otras entidades académicas, que se encuentran actualmente incluidas en el estatuto general, tales como la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción y la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. Cabe mencionar que tanto la Facultad de Música, como la de Artes y Diseño, eran consideradas hasta hace unos años escuelas nacionales, pero derivado de su desarrollo institucional y académico se han transformado en facultades, con las prerrogativas que la propia legislación universitaria provee.

La importancia de la transformación del CUEC en la ENAC, tendrá como primer avance que este espacio académico pueda participar con voz y voto en el Consejo Universitario , incluyendo docentes y alumnos ya que, como centro universitario, el CUEC era considerado un centro de extensión y no una escuela con planes y programas con validez oficial.

Otra de las atribuciones que adquiere la nueva institución académica es tener la posibilidad de desarrollar programas de investigación en su área, así como programas de maestría, diplomados y convenios de colaboración con otras áreas de la UNAM para realizar por ejemplo seminarios y programas de estudio en conjunto.

Dada la naturaleza de la cinematografía, que no sólo abarca el estudio para la producción y difusión fílmica, incluyendo su preservación, recopilación, crítica y análisis. Esta área del conocimiento y el arte tendrá nuevas posibilidades para explorar, en conjunto con otras áreas académicas, la industria y el arte cinematográfico por la importancia que tienen en la vida económica, política, social y cultural de nuestro país.

Con igual capacidad para realizar estudios e investigaciones, considerando la influencia de la cinematografía en áreas como historia, tecnología, ingeniería, música, estética, física, entre muchas otras ramas del conocimiento, que también están al alcance dentro de la UNAM y ahora podrán enriquecerse con los mismos canales de comunicación entre las comunidades académicas nacionales e internacionales.

Más aún, la nueva ENAC podrá desarrollar planes de estudio y ampliar su oferta académica, lo que sin duda la conducirá a innovar en su campo, prosperando los programas de los cursos que impartía, ahora ya se ofrecerá la licenciatura en cinematografía con especialidades en dirección, ficción, guion y producción, cinematografía entre otros. Además, se ofrecerán los programas de maestría y doctorado en cine documental únicos en México, además de conducirse bajo los siguientes objetivos:

• Desarrollar y ejecutar planes y programas de formación de cineastas y técnicos del más alto nivel incorporando las nuevas tecnologías como parte integral de la enseñanza.

• Profundización de la enseñanza y el saber cinematográficos a través de la ampliación de los posgrados.

• Configuración de espacios de investigación y difusión de la cultura cinematográfica, particularmente de la mexicana y la universitaria.

• Consolidación de los programas de ópera prima con un amplio sentido de compromiso y responsabilidad social para con la UNAM y la sociedad.

• Organizar e impartir conferencias, seminarios y cursos de actualización, como complemento a la formación de cineastas y técnicos.

• Difundir el arte cinematográfico y audiovisual nacional, con especial énfasis en el producido por la UNAM.

• Propiciar un espacio de confluencia entre especialistas en los diferentes aspectos técnicos y artísticos del cine, la televisión, las artes visuales y el audiovisual que coadyuven en el cumplimiento de los fines del centro.

• Promover la vinculación académica y funcional con las demás facultades e institutos de la UNAM buscando la ampliación de la base cultural y docente para beneficio de los universitarios en su conjunto y de los alumnos del CUEC en particular.

Indudablemente uno de los espacios que desarrollará una mejor gestión de sus funciones, será la Filmoteca de la UNAM, cuyos objetivos son recopilar, preservar, catalogar y restaurar el acervo cinematográfico del país, a partir de los archivos actuales, que resguardan los primeros filmes realizados en México, muchos de ellos ejemplares únicos. También se enriquecerá el espacio museístico, que resguarda y exhibe una serie de aparatos y cámaras relacionadas con la industria que muestran la evolución de la tecnología y la ingeniería cinematográfica en áreas de audio e imagen.

Dada la importancia de este logro por parte de su comunidad que cumple 56 años de vocación académica y social, tanto en la formación de profesionales como su influencia en la preservación del acervo nacional, a través de la Filmoteca, es para la Comisión de Cultura y Cinematografía de esta Cámara de Diputados reconocer públicamente a la Universidad Nacional Autónoma de México, por incorporar a la nueva Escuela Nacional de Artes Cinematográficas dentro de su estatuto general, consolidando la evolución académica y social del Centro de Estudios Cinematográficos.

Sirva también este espacio para reconocer a sus formadores y egresados, quienes han dejado huella en la cinematografía nacional e internacional, porque gracias a ellos México es ya un referente internacional. No sólo por los reconocimientos que a nivel mundial se han obtenido, sino por la trascendencia de sus trabajos que hoy indudablemente son referente y acervo de la cultura universal.

La Comisión de Cultura también extiende un reconocimiento a la memoria de Manuel González Casanova, académico, crítico, recopilador, promotor y divulgador del patrimonio fílmico nacional e internacional. Fundador, tanto de la Filmoteca de la UNAM como del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, en donde se desempeñó como profesor de tiempo completo desde 1970. El estudio del séptimo arte lo llevó a desarrollar una serie de textos invaluables como son los Cuadernos de Cine y la Antología del Cine Mexicano de los años 30. Su tesis doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras está dedicada al estudio de la cinematografía en México en el periodo revolucionario, de 1910 a 1918.

La Universidad Nacional Autónoma de México y el país le deben un reconocimiento nacional a Manuel González Casanova como el promotor y el fundador de las instituciones que hoy se transforman para seguir sirviendo a la comunidad académica y al desarrollo cultural de México. Manuel González Casanova falleció el 6 de marzo de 2012, en la Ciudad de México, pero su legado es pilar y trascendencia de la cultura nacional. Por ello, solicitamos respetuosamente que al interior de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas se destine un espacio que lleve su nombre como un justo homenaje por su trayectoria.

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a lo enunciado en el proemio que se presenta ante el pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados extiende su más amplio reconocimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México por incorporar en su estatuto general la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, sustituyendo al actual Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.

Segundo. La Cámara de Diputados reconoce la trayectoria y la obra del doctor Manuel González Casanova, fundador del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y de la Filmoteca de la UNAM, a siete años de su fallecimiento, como un pilar para el desarrollo de la educación, la investigación y la conservación de la cultura cinematográfica nacional.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la hoy Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, tenga a bien designar un espacio emblemático de la institución académica con el nombre Manuel González Casanova , como un homenaje a su trayectoria y legado, así como un reconocimiento al fundador de las instituciones académicas denominadas Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México y Centro Universitario de Estudios Cinematográficos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de 2019.

Diputado Sergio Mayer Bretón (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 6 de abril, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo conmemoramos el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz . Se aprobó por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 23 de agosto de 2013 con motivo de la importancia de los beneficios que se generan a través de la práctica del deporte, asimismo para “concienciar acerca del papel que el deporte puede desempeñar en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico y social”.1

La UNESCO en 1978 reconoció el deporte y la educación física como un “derecho fundamental para todo el mundo”.2 México firmó ante la ONU en 2015 la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible donde destaca la necesidad de implementar estrategias para el acceso al deporte. Por su parte el derecho a la práctica del deporte se encuentra establecido en el último párrafo del Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Hablando de inclusión, estamos convencidos de que una mejor política social sólo es posible con una participación más efectiva, dinámica, armónica e incluyente. En esta tesitura, la inclusión y participación de las personas con alguna discapacidad en igualdad de condiciones, es fundamental.

Sabemos que el deporte es una de las herramientas de empoderamiento. Moldea el carácter y para las personas con discapacidad fortalece su autoestima, el reconocimiento a su identidad. La disciplina y la constancia les permite avanzar de manera acelerada en el proceso de formación, pasando de ser personas dependientes y temerosas, a habilidosas y deportistas, campeones y con proyección Olímpica.

El tema que hoy nos congrega tiene que ver con la política pública donde los beneficios sociales que se ofrecen les garanticen a las personas con alguna discapacidad un desarrollo acompañado de una actividad tan importante como el deporte.

¡En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pugnamos para que más personas con alguna discapacidad estén incluidos en programas deportivos de los tres órdenes de gobierno!

Notas

1 https://www.un.org/es/events/sportday/background.shtml, consultado el 3 de abril de 2019

2 https://www.un.org/es/events/sportday/, consultado el 1 de abril de 2019

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de dos mil diecinueve.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con motivo del 7 de abril, Día Internacional de la Salud, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo conmemoramos el Día Mundial de la Salud. Desde 1950, el Día Mundial de la Salud se viene celebrando cada 7 de abril1 con el objetivo de que todas las personas puedan tener la atención que necesitan, cuando quiera que la necesiten, en el seno mismo de la comunidad.2

Para este año la temática para esta conmemoración mundial tiene que ver con la necesidad de que la cobertura sanitaria, sea de carácter universal.3 En esta tesitura, en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagra el derecho a la protección, el bienestar físico del individuo, la prolongación de la vida, así como la protección y acrecentamiento de valores que contribuyen a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud.4

El papel de los tres órdenes de gobierno es fundamental para la coordinación con organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general para la realización de campañas de salud pública.

Con la construcción de la cuarta transformación de la República se deberá tener la premisa fundamental de mejorar la calidad de los servicios de salud para toda la comunidad, ya que el sistema de salud requiere de establecimientos y servicios de la más alta calidad técnica. Todo ello, con el noble propósito de mejorar la calidad de vida de la población a través de la coordinación sectorial e institucional, lo que permite articular acciones conjuntas para la planificación de los servicios de salud.

Tengan por seguro que desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se contribuirá a las nuevas estrategias y programas de salud con el propósito de promover acciones de prevención para poder incidir en el mejoramiento de la salud en favor de los más de 129 millones de habitantes de nuestro país.

Asimismo, hacemos un exhorto al gobierno de la República para adoptar las medidas necesarias para subsanar las posibles deficiencias en materia de cobertura sanitaria universal.

Notas

1 https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Mundial_de_la_Salud, consultado el 3 de abril de 2019

2 https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019 , consultado el 3 de abril de 2019

3 https://www.who.int/es/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019 , consultado el 3 de abril de 2019

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_260319.pdf, consultado el 3 de abril de 2019

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de abril de dos mil diecinueve.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)