Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a diversas autoridades a explicar la operatividad de la entrega de apoyos económicos directos a los padres de familia y tomar medidas para que no dejen de prestar servicios las estancias infantiles en Sinaloa, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado federal Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para que se explique la puesta en operación de la entrega de apoyos económicos directos a los padres de familia y de la misma forma, se tomen las medidas necesarias para que no dejen de operar las estancias infantiles en el Estado de Sinaloa., al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo noveno establece la obligación del Estado de que en todas sus decisiones y actuaciones se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, este concepto fue eliminado de la esfera legal de nuestro país cuando el pasado 23 de diciembre de 2018, en ejercicio de sus facultades, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión emitió el decreto en el que se contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019.

Así este decreto fue promulgado por el presidente de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, y en el contenido del referido Presupuesto de Egresos encontramos que se encuentran etiquetados recursos públicos al “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”.

El monto autorizado en el Presupuesto fue muy inferior al que para ese programa se aprobó para el ejercicio inmediato anterior, este recorte si justificación alguna trajo como consecuencia una profunda afectación, iniciando por las beneficiarias directas de ese programa, y de forma directa también impacto en la actividad económica y laboral de forma general en todas las entidades federativas de nuestro país.

De forma sorprendente, el titular del Poder Ejecutivo en una conferencia de prensa matutina, declaro que se entregaría un apoyo directo a los padres y a las madres, no a las estancias infantiles debido a presuntas irregularidades en el manejo de éstas. Este acto de autoridad se tradujo en una crisis que derivó en una afectación del programa de estancias infantiles todavía peor.

Esta ocurrencia, trajo consecuencias en contra de la población y puso en jaque a los gobiernos estatales y municipales, los cuales no están preparados para atender esta necesidad de la población, pues el programa de estancias infantiles venía operando de manera regular con recursos federales.

En el caso particular de Sinaloa, quiero exponer que, en las reglas de operación para 2019, de un plumazo desaparecen las estancias infantiles, esto afecta gravemente al sector productivo del Estado, al no tener una opción y poner en riesgo de desaparecer a las estancias infantiles se ha provocado un grave conflicto laboral.

Es muy preocupante para todas las partes, por un lado, las madres y padres tienen la imperiosa necesidad de dejar a sus niños en una estancia, y el quitarles esta facilidad será sin duda un grave problema para el sector productivo, y ni los municipios ni el estado de Sinaloa, tienen en este momento el recurso suficiente para solventar y hacerle frente a una necesidad emergente como esta, aquí tiene que haber reconsideraciones del gobierno federal.

Por lo expuesto en este trabajo legislativo, a manera de conclusión quiero señalar que es necesario dejar muy en claro que al derribar el “Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras” condena a la falta de actividad laboral y económica de las localidades y causa un efecto domino que también impacta en los empleos y por supuesto que afecta a los más indefensos, pues limita completamente el cuidado de nuestras niñas y niños, y las consecuencias palpables en materia económica, social y por supuesto familiar.

Basado en lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo por los que se exhorta a diversas autoridades para que se explique la operativización de la entrega de apoyos económicos directos a los padres de familia y de la misma forma, se tomen las medidas necesarias para que no dejen de operar las estancias infantiles en el estado de Sinaloa

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que tome acciones concretas para que se sancione administrativa y o penalmente a los presuntos responsables las irregularidades detectadas para suspender el programa de estancias infantiles.

Segundo. Se exhorta a la titular de la Secretaría de Bienestar para realice de forma inmediata las acciones, acuerdos y convenios entre los tres niveles de gobierno que sean necesarias para cumplir con todos los objetivos del Programa de Estancias Infantiles en nuestro país.

Tercero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Sinaloa, para que desde el alcance de su esfera de acción se generen los acuerdos necesarios entre los 3 niveles de gobierno y se destinen recursos suficientes para que no dejen de funcionar las estancias infantiles en la entidad.

Cuarto. Se exhorta al Congreso de Sinaloa para que en ejercicio de sus facultades, realice los trabajos legislativos necesarios para garantizar la existencia y tener los recursos necesarios para garantizar la operación de estancias infantiles en la entidad.

Quinto. Se exhorta, respetuosamente, al titular del Poder Ejecutivo y al secretario de Hacienda y Crédito Público para que, en el ejercicio del gasto público, se observe en todo momento el contenido del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2019.

Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a instaurar políticas y apoyos que fomenten el desarrollo de la industria nacional y la modernización de la planta productiva, a cargo del diputado Lenin Nelson Campos Córdova, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Lenin Nelson Campos Córdova, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que instrumente políticas públicas y apoyos institucionales que fomenten el desarrollo de la industria nacional y promuevan la modernización de la planta productiva, a efecto de impulsar la competitividad de la economía y la generación de empleos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Históricamente, la industria ha jugado un papel fundamental en el desarrollo económico del país, al ser una importante fuente generadora de empleos, ingresos y progreso regional.

A la luz de las experiencias internacionales exitosas, una economía competitiva que tiene como base una industria sólida, se traduce en crecimiento económico y en la generación de empleos bien remunerados.

En este mismo orden de ideas, conforme a los especialistas el incremento de la participación de la industria en el PIB se correlaciona positivamente con el crecimiento económico siempre y cuando, claro está, no se encuentren limitantes en el mercado externo y la industria no se vea relegada al mercado interno, de lo contrario, perdería su capacidad de expansión y arrastre del sistema económico.1

El sector industrial es pieza medular en el desarrollo económico de nuestro país. Para poner en perspectiva este asunto, basta señalar que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las actividades secundarias en conjunto, representan una tercera parte del PIB total (31.4 por ciento).2 De manera específica, tan solo la industria manufacturera significó 17 por ciento del PIB.

Por otra parte, cabe destacar que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) son la columna vertebral del crecimiento de la economía mexicana, por su aporte a la producción y a la generación empleos.

De acuerdo con cifras del Inegi, existen poco más de 4.1 millones de unidades empresariales, de las cuales 99.8 por ciento son Mipyme, que generan 52 por ciento del producto interno bruto y 72 por ciento del empleo total del país.

Es importante señalar que estas empresas se concentran en actividades como el comercio, los servicios y la industria artesanal, al igual que en los trabajos independientes.3

Pese a la relevancia de este sector para la economía mexicana, ha registrado una desaceleración en años recientes, lo que afecta las metas de crecimiento económico, la generación de empleos y los ingresos de las familias mexicanas.

Durante el cuarto trimestre de 2018, las actividades secundarias fueron las únicas que decrecieron: en 1.2 por ciento respecto al trimestre anterior y en 0.8 por ciento por ciento con relación a igual trimestre del año de 2017.

Se trata de señales negativas para la economía del país que sistemáticamente pueden arrastrar a la baja el crecimiento económico, la generación de empleos y la competitividad.

Ante este panorama, es fundamental la implementación de políticas públicas que generen condiciones propicias para el fortalecimiento de la planta industrial nacional, así como apoyos institucionales que fomenten el desarrollo de la industria y promuevan la modernización de la planta productiva, con el propósito de impulsar la competitividad de la economía y la generación de empleos, en beneficio del bienestar de las familias mexicanas.

Este fortalecimiento de la planta industrial es indispensable para consolidar al sector como detonante del crecimiento y genere un efecto multiplicador en la economía en su conjunto.

Nuestra Constitución Política señala en su artículo 25 que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una mejor distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Establece, también, que el Estado planeará, coordinará, conducirá y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para que instrumente políticas públicas y apoyos institucionales que fomenten el desarrollo de la industria nacional y promuevan la modernización de la planta productiva, a efecto de impulsar la competitividad de la economía y la generación de empleos.

Notas

1 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ImportanciaDelSectorIndustri alEnElDesarrolloEconom-6067337.pdf

2 https://www.inegi.org.mx/temas/pib/

3 https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educa cion-financiera/492-pymes

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 20 de marzo de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a remitir al Senado, para ratificación, el Convenio 183 de la OIT sobre la protección de la maternidad, suscrita por los diputados Maribel Martínez Ruiz y Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del PT

Los que suscriben, Maribel Martínez Ruiz y Benjamín Robles Montoya, diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispuso, en el artículo 123, fracción V, que las mujeres gozarían de un mes de descanso posterior al parto. Es importante destacar que en ese momento, la norma fundamental sólo regulaba las relaciones de trabajo entre particulares, sin contemplar a los empleados al servicio del Estado.

A partir de las reformas laborales de 1960 y 1974, la duración de la licencia de maternidad quedó establecida con una duración de 12 semanas.

Han transcurrido 59 y 45 años, respectivamente, desde que se establecieron las últimas normas que regulan el derecho de las madres trabajadoras a un descanso por maternidad, sin que se hayan actualizado y ajustado a las nuevas necesidades de las madres trabajadoras.

En 1921, se suscribió el Convenio 003 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el cual se estableció que las mujeres no deberían trabajar en un periodo de seis semanas después del parto. México ingresó a dicha organización hasta el año de 1931.

En 1952, la OIT adoptó el acuerdo C103, relativo a la protección de la maternidad, en el cual se estableció que las mujeres tendrían el derecho a un descanso por maternidad por lo menos de 12 semanas y una parte sería tomada obligatoriamente después del parto; esta última, en ningún caso sería inferior a seis semanas. Lamentablemente, nuestro país no ratificó este importante instrumento internacional.

Ese mismo año, la OIT adoptó la recomendación 95 en la cual se instaba a los estados parte a incrementar el descanso de maternidad a un periodo de catorce semanas.

En 2000, la OIT aprobó el convenio 183, relativo a la revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad, en el cual se estableció la obligación de los estados de reconocer el derecho a una licencia de maternidad con un mínimo de catorce semanas. A la fecha México no ha ratificado este importante instrumento de protección a las mujeres.

En lo que respecta al tema, el Convenio en cuestión señala lo siguiente:

• Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la fecha presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas.

• Todo miembro deberá indicar en una declaración anexa a su ratificación del presente Convenio la duración de la licencia antes mencionada.

• Mediante otra declaración se podrá extender la duración de la licencia de maternidad.

• La licencia de maternidad incluirá un periodo de seis semanas de licencia obligatoria posterior al parto.

A la fecha, el Convenio ha sido adoptado por los siguientes países: Albania, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Belice, Benin, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Chipre, Cuba, República Dominicana, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Italia, Kazajstán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malí, Marruecos, Moldova, República de Montenegro, Noruega, Países Bajos, Perú, Portugal, Rumania, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Serbia y Suiza.

En ese mismo año, la OIT adoptó la recomendación 191, por la que promueve entre los estados contrayentes que la licencia de maternidad se fije en un mínimo de 18 semanas.

De acuerdo con los datos que aporta la OIT al año 20131 , la duración de la licencia de maternidad entre 183 países se distribuye de la siguiente forma:

De acuerdo con lo señalado en los artículos 76, fracción I, párrafo segundo y 89, fracción X, de la Constitución General de la República, la celebración de tratados corresponde al Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores.

Han transcurrido 19 años desde que la OIT adoptó el acuerdo 183 y la recomendación 191, sin que los mismos hayan sido ratificados por el Estado mexicano.

La licencia de maternidad es un derecho fundamental de toda madre trabajadora, no sólo por la necesaria recuperación física que se requiere después del nacimiento de los hijos, sino por el cuidado y la cercanía que las hijas e hijos requieren desde su nacimiento, por ello, consideramos que la duración actual de 12 semanas de la licencia de maternidad prevista en los apartados A y B del artículo 123 de la norma fundamental, son insuficientes para garantizar una adecuada tutela de los derechos de las madres trabajadoras y de sus hijos.

Tomando en cuenta el carácter progresista y con una mirada claramente social, tuteladora de los derechos de las clases mayoritarias, consideramos necesario y urgente la implementación de nuevas políticas acerca de la protección de las madres trabajadoras; por ello, la ratificación del Convenio 183 daría un nuevo impulso al derecho social del trabajo, en lo que respecta a la protección de la maternidad.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a la brevedad, suscriba el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo y lo remita al Senado de la República para su aprobación.

Nota

1 Organización Internacional del Trabajo. La maternidad y la paternidad en el trabajo. La legislación y la práctica en el mundo, Informe de Política. p. 3

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2019.

Diputados: Maribel Martínez Ruiz, Benjamín Robles Montoya (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la SHCP a fortalecer y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de los niños con cáncer, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con puntos de acuerdo, mediante los cuales se exhorta a las Secretarías de Salud, y de Hacienda y Crédito Público a fortalecer y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud de los niños con cáncer, con base en las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud señala que el cáncer es una de las principales causas de mortalidad entre niños y adolescentes en todo el mundo; cada año se diagnostica cáncer a aproximadamente 300 mil niños de entre 0 y 29 años.

En México hay cada año cerca de 5 mil o 6 mil casos nuevos, con una prevalencia de 20 mil al año, y 65 por ciento es diagnosticado en etapas avanzadas.1

El mismo organismo internacional señala que el cáncer infantil comprende numerosos tipos de tumores diferentes que se desarrollan en niños, los más comunes son el cáncer cerebral, el linfoma, leucemias y los tumores sólidos como el neublastoma y el tumor de Wilms.

Muchos estudios han tratado de identificar las causas del cáncer infantil, pero son muy pocos los cánceres causados por factores ambientales o relacionados con su modo de vida.2

En el periodo 2006-2015, esta enfermedad se situó como una de las principales causas de fallecimiento, pues 9 mil 437 niños con cáncer tuvieron progresión en ella.3

De acuerdo con declaraciones de Farina Arreguín González, jefa de Servicios de Oncología Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, entre 80 y 90 por ciento de los cánceres en menores de edad son curables y la detección temprana4 es vital para lograr el éxito en los tratamientos y contener el crecimiento del cáncer en México, además del costo de la atención pues se incrementa cuando es diagnosticado en etapa avanzada.

El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia en México menciona que de 65 a 90 por ciento de las familias no cuentan con seguridad social ni con recursos económicos para su atención, lo cual dificulta enfrentar la enfermedad.5

Además, señala que hay un déficit en capital humano para atender el cáncer pediátrico. La Secretaria de Salud cuenta con sólo 180 oncólogos pediatras; el ISSSTE, con 30 cirujanos oncólogos pediatras; la Semar, con 10 radioterapeutas; Pemex, con 5 psicooncólogos pediatras y sólo 4 en organizaciones de la sociedad civil.6

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos que alivian los síntomas provocados por el cáncer mejoran la calidad de vida de los pacientes y sus familias, estos cuidados se consideran un componente central del tratamiento integral que se inicia al diagnosticarse la enfermedad y se dispensa independientemente si el niño o la niña reciben o no un tratamiento con finalidad curativa.7

En diversos foros, los padres de familia de niños con cáncer han señalado la falta de medicamentos como el purinethol o ciclofosfamida, que deben suministrarse con la quimioterapia en el sector salud; en el sector privado estos medicamentos llegan a costar más de 2 mil pesos, y hay niños que requieren al menos 3 dosis en un periodo de 20 días.8

Podrían utilizarse los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos que es parte del Sistema de Protección Social en Salud, el cual busca servicios médicos de alta especialidad para las personas que no cuentan con seguridad social y que padecen enfermedades de alto costo y que pueden poner en riesgo su vida y patrimonio familiar mediante la gestión de los servicios de salud a través de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud; para los efectos de este fondo se consideran enfermedades de gasto catastrófico las que requieren tratamientos y medicamentos muy costosos debido a su grado de complejidad o especialidad.

A través de este fondo se proporcionan recursos monetarios por medio de un fideicomiso a los prestadores de servicios acreditados y con convenios firmados de las 32 entidades federativas, para atender 49 enfermedades, entre las cuales se encuentran:

• Cáncer de mama;

• Cáncer cervicouterino; y

• Cáncer infantil.

Por ello urge fortalecer el presupuesto que garantice la atención infantil, así como implantar diversas medidas que incrementen los recursos para este fin. El Reporte del comportamiento epidemiológico del cáncer en menores de 18 años, México 2008-2014, señala: “La Secretaria de Hacienda y Crédito Público podrá implementar alicientes fiscales que hagan donaciones más atractivas para la industria, además de contar con un modelo de compras consolidadas a nivel central para medicamentos y consumibles que permita disminuir los costos mediante compras de mayor volumen y distribución nacional, homogenizar la calidad de los medicamentos que se administraciones, controlar las entregas a los establecimientos para evitar el desabasto y contar con los estudios de farmacoeconomía y farmacovigilancia den casos de lotes con reacciones adversas inesperadas”.9 Esto refleja las posibilidades para poder incrementar la atención de este padecimiento y la falta de medidas que se han tomado al respecto en la actualidad.

En México no se contaba con un registro oficial sobre el número de pacientes y defunciones por este padecimiento hasta 2017, cuando se aprobó el Registro Nacional de Cáncer, iniciando así los datos en Mérida, posteriormente en Acapulco, Campeche, Guadalajara y Toluca. Esto permitirá obtener una muestra del panorama nacional e integrar una base de datos que permita desarrollar investigación y sea un referente en el desarrollo y en la evaluación de políticas públicas en la materia. Así pues, la estadística procedente que se obtenga a partir de este registro se daría a conocer de manera semestral en los medios que así determine la Secretaria de Salud.

Toda política pública requiere de presupuesto público que contemple no sólo los principios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad transparencia, control y rendición de cuentas, sino que además el gasto garantice el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano.

No olvidemos que el artículo 4o. constitucional señala que en todas las decisiones del Estado se velará y cumplirá el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Este principio deberá guiar el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

En el marco de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, así como los programas sectoriales de la administración 2018-2024, se debe implantar una estrategia o programa nacional que atienda a niños y adolescentes con cáncer, con los indicadores que permitan evaluar el desempeño del mecanismo que se implante, así como el monitoreo de los casos e incidencias en cada una de las entidades federativas.

Las políticas que se emprendan deberán garantizar el ejercicio de niños y adolescentes, por lo cual se comprometerán a observar el interés superior de la niñez y asegurar la asignación prioritaria de recursos.

Como representantes federales, estamos obligados a procurar que en la agenda pública se gestionen los temas que afectan directamente a la población y representan un problema de salud pública nacional, debemos redoblar los esfuerzos institucionales, de procuración de recursos presupuestales, alianzas con los gobiernos de las entidades en donde se encuentran las unidades médicas acreditadas que atienden el cáncer pediátrico, así como fomentar el mayor número de convenios de colaboración para incrementar los recursos humanos a nivel internacional que permitan que la infancia mexicana reciba una mejor atención.

Es indispensable reflejar una programación y presupuesto acorde a la vinculación con los objetivos del gasto y que los indicadores nos permitan dar seguimiento a los programas presupuestales pero sobre todo al cumplimiento de los derechos más básicos de la niñez y adolescencia.

La Cámara de Diputados tiene una gran responsabilidad en el estudio de las asignaciones de recursos y principalmente en su efecto, por lo cual someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a fortalecer la atención de los programas de Atención de Cáncer en la Infancia y Adolescencia en nuestro país y se establezca prioritariamente el tema en la conformación de los programas sectoriales 2018-2024. Asimismo, fomente la colaboración internacional que permitan mejorar los protocolos de detección, atención y calidad en el tratamiento de los menores con este padecimiento.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a través de Sistema Nacional Básica en Salud, a realizar las acciones necesarias para integrar o actualizar el Registro Nacional de Cáncer.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reconsiderar la asignación presupuestaria en el sector salud, con objeto de fortalecer su viabilidad y estudio en el ejercicio fiscal de 2019 a la partida E023 y etiquetado como prestación de servicios públicos, la cual permitiría atender a los menores con cáncer en México, así como a garantizar que en los ejercicios fiscales subsecuentes se cuente con el presupuesto necesario para la operación de las políticas públicas relacionadas con la prevención y atención oportuna de este padecimiento que causa un incremento de la mortalidad en el país.

Notas

1 Doctor Jaime Shalkow Fac, febrero de 2017, consultado en
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/Cancer-infantil-en-MEXICO.pdf

2 OMS, 2018, consultado en https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children

3 Doctor. Jaime Shalkow Fac, febrero de 2017, consultado en
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2017/Cancer-infantil-en-MEXICO.pdf

4 Once Noticias, 15 de febrero de 2019, disponible en
https://www.oncenoticias.tv/nota/son-curables-entre-80-y-90-de-los-casos-de-cancer-infantil-issste

5 Dirección General de Información en Salud, Estimaciones de población no derechohabiente, 2000-2018.

6 Programa de Acción Específico: Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, Programa Sectorial, 2013-2018.

7 OMS, febrero de 2018.

8 Fundación Cáncer Warriors, octubre de 2017.

9 Boletín número 214, disponible en
http://censia.salud.gob.mx/contenidos/descargas/cancer/20160601_Boletin-2014_SEDP12sep16_4.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2019.

Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión de Gobernación del Senado a instalar una comisión conjunta con la de Protección Civil y Prevención de Desastres de esta soberanía, a efecto de elaborar la iniciativa de Ley General para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y de Protección Civil, a cargo de la diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández, del Grupo Parlamentario del PES

Los que suscriben, integrantes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 88 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición de punto de acuerdo, por el que se convoca a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de Cámara de Diputados a la instalación de una Comisión Conjunta de Trabajo a fin de elaborar la iniciativa de Ley General para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y de Protección Civil , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las afectaciones causadas (10 mil muertos, 40 mil lesionados, 5 mil desaparecidos, 70 mil edificios dañados, 150 mil damnificados y pérdidas materiales por más de 4 mil millones de dólares) por los sismos de 1985 trajo consigo que la protección civil en nuestro país, se convirtiera en un tema de agenda nacional. A lo largo de tres décadas se han logrado importantes avances en la materia, sin embargo falta mucho por hacer.

Nuestro país ha transitado de tener una legislación dispersa en materia de protección civil en 1985 a contar con un Sistema Nacional de Protección Civil que se encuentra contemplado en la Ley General de Protección Civil que data de 2012.

En este lapso de tiempo el marco jurídico en materia de derechos humanos evolucionó en nuestro país. En junio de 2011 se publicó la reforma constitucional determinando en su artículo primero que: “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”,1 de igual forma determinó que “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.2

Dentro de los Tratados Internacionales que México ha suscrito en la materia tenemos el:

a. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus Observaciones Generales 4, 5, 13, 14, 15 y 18 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

En materia de Acuerdos internacionales, México ha suscrito los siguientes instrumentos que generan un compromiso con la comunidad internacional:

a. Marco de Sendai para la Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030;

b. Acuerdo de Paris;

c. Agenda 2030, Objetivos del Desarrollo Sostenible; y

d. La Nueva Agenda Urbana.

El artículo 2o. del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) determina que los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en el PIDESC.

El numeral 1 del artículo 11 del PIDESC determina que los Estados reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y una mejora continua de las condiciones de existencia, en este sentido el Comité de Derechos Económicos, Sociales de Naciones Unidas aprobó en 1991 la observación general no. 4 a fin de identificar 7 aspectos que deben ser observados para garantizar plenamente el ejercicio del derecho humano a una vivienda adecuada.

Dentro de estos siete aspectos, el referente a la habitabilidad “una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes ”.3

El artículo primero de nuestra Constitución Política, obliga al Estado mexicano a garantizar la seguridad física de las personas que habitan en una vivienda, para garantizar este derecho humano las autoridades de nuestro país deben de implementar acciones que reduzcan los riesgos de desastres.

En concordancia con lo establecido en el mencionado artículo, México adopto en 2015 el Marco de Sendaí para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el cual contiene las siguientes prioridades:

a. Comprender el riesgo de desastres

b. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo

c. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia

d. Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.4

Asimismo este acuerdo internacional se encuentra sustentado en los siguientes principios:

1) “Cada Estado tiene la responsabilidad primordial de prevenir y reducir el riesgo de desastres, incluso mediante la cooperación internacional, regional, subregional, transfronteriza y bilateral. La reducción del riesgo de desastres es un problema común de todos los Estados y la medida en que los países en desarrollo puedan mejorar y aplicar eficazmente las políticas y medidas nacionales de reducción del riesgo de desastres, en el contexto de sus respectivas circunstancias y capacidades, puede mejorar aún más por medio de la cooperación internacional sostenible;

2) Para la reducción del riesgo de desastres es necesario que las responsabilidades sean compartidas por los gobiernos centrales y las autoridades, los sectores y los actores nacionales pertinentes, como corresponda según sus circunstancias y sistemas de gobernanza nacionales;

3) La gestión del riesgo de desastres está orientada a la protección de las personas y sus bienes, salud, medios de vida y bienes de producción, así como los activos culturales y ambientales, al tiempo que se respetan todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, y se promueve su aplicación;

4) La reducción del riesgo de desastres requiere la implicación y colaboración de toda la sociedad. Requiere también empoderamiento y una participación inclusiva, accesible y no discriminatoria, prestando especial atención a las personas afectadas desproporcionadamente por los desastres, en particular las más pobres. Deberían integrarse perspectivas de género, edad, discapacidad y cultura en todas las políticas y prácticas, y debería promoverse el liderazgo de las mujeres y los jóvenes. En este contexto, debería prestarse especial atención a la mejora del trabajo voluntario organizado de los ciudadanos;

5) La reducción y la gestión del riesgo de desastres dependen de los mecanismos de coordinación en todos los sectores y entre un sector y otro y con los actores pertinentes a todos los niveles, y requiere la plena participación de todas las instituciones ejecutivas y legislativas del Estado a nivel nacional y local y una articulación clara de las responsabilidades de los actores públicos y privados, incluidas las empresas y el sector académico, para asegurar la comunicación mutua, la cooperación, la complementariedad en funciones y rendición de cuentas y el seguimiento;

6) Si bien la función propiciadora, de orientación y de coordinación de los gobiernos nacionales y federales sigue siendo esencial, es necesario empoderar a las autoridades y las comunidades locales para reducir el riesgo de desastres, incluso mediante recursos, incentivos y responsabilidades por la toma de decisiones, como corresponda;

7) La reducción del riesgo de desastres requiere un enfoque basado en múltiples amenazas y la toma de decisiones inclusiva fundamentada en la determinación de los riesgos y basada en el intercambio abierto y la divulgación de datos desglosados, incluso por sexo, edad y discapacidad, así como de la información sobre los riesgos fácilmente accesible, actualizada, comprensible, con base científica y no confidencial, complementada con los conocimientos tradicionales;

8) La elaboración, el fortalecimiento y la aplicación de las políticas, planes, prácticas y mecanismos pertinentes deben buscar que exista coherencia, como corresponda, entre las agendas para el desarrollo y el crecimiento sostenibles, la seguridad alimentaria, la salud y la seguridad, la variabilidad y el cambio climático, la gestión ambiental y la reducción del riesgo de desastres. La reducción del riesgo de desastres es esencial para lograr el desarrollo sostenible;

9) Si bien los factores que pueden aumentar el riesgo de desastres pueden ser de alcance local, nacional, regional o mundial, los riesgos de desastres tienen características locales y específicas que deben comprenderse para determinar las medidas de reducción del riesgo de desastres;

10) Enfrentar los factores subyacentes al riesgo de desastres mediante inversiones públicas y privadas basadas en información sobre estos riesgos es más rentable que depender principalmente de la respuesta y la recuperación después de los desastres, y contribuye al desarrollo sostenible;

11) En la fase de recuperación, rehabilitación y reconstrucción después de los desastres, es fundamental prevenir nuevos desastres y reducir el riesgo de desastres mediante el principio de “reconstruir mejor” e incrementar la educación y la sensibilización públicas sobre el riesgo de desastres”.5

Para lograr lo que antecede, los diputados que suscribimos el presente Punto de Acuerdo, hemos considerado pertinente y de conformidad con el capítulo V de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos, cuyo artículo 88 establece lo siguiente: “Se podrán crear también comisiones conjuntas con participación de las dos cámaras del Congreso de la Unión para atender asuntos de interés común” , presentar el presente Punto de Acuerdo a fin de que la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados y la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, constituyan una Comisión Conjunta de Trabajo que tenga como finalidad la redacción de la Iniciativa de Ley General para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y de Protección Civil, la cual deberá estar armonizada bajo los principios de los acuerdos internacionales en materia de gestión de riesgos y cambio climático, así como los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.

Es importante señalar que aun cuando en la Cámara de Senadores no existe la Comisión de Protección Civil, la Mesa Directiva de la Cámara Alta, ha turnado a la Comisión de Gobernación las siguientes iniciativas, para su dictaminación:

1. Proyecto de decreto que adiciona la fracción VI del artículo 2º de la Ley General de Protección Civil;

2. Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (en Comisiones Unidas con Desarrollo Urbano, Territorial y Vivienda); y

3. Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Protección Civil.6

La situación que en materia de riesgos vive nuestro país, debe traer consigo que el Honorable Congreso de la Unión, apruebe un marco jurídico que le permita al Estado Mexicano garantizar la integridad física de sus habitantes y de sus bienes.

Por lo anteriormente expuesto, los abajo suscritos diputados integrantes de diversos Grupos Parlamentarios, sometemos a consideración de esta Soberanía, los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace una atenta invitación a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión LXIV Legislatura, a participar en la integración de la Comisión Conjunta de Trabajo para la Redacción de la Iniciativa de Ley General para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y de Protección Civil.

Segundo. La Comisión Conjunta de Trabajo para la Redacción de la Iniciativa de Ley para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y de Protección Civil estará conformada por la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres de la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura y la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores LXIV Legislatura.

Tercero. La Comisión Conjunta de Trabajo para la Redacción de la Iniciativa de Ley General para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres y de Protección Civil entregará la iniciativa de referencia en un plazo no mayor a ocho meses a partir de su creación. La iniciativa será presentada ante el Pleno de la Cámara de Diputados para su trámite constitucional correspondiente.

Cuarto. La Comisión Conjunta de Trabajo se instalará a más tardar el 15 de abril de 2019.

Notas

1 Párrafo primero, artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

2 Párrafo tercero, ibídem

3 https://conf-dts1.unog.ch/1%20spa/tradutek/derechos_hum_base/cescr/
00_1_obs_grales_cte%20dchos%20ec%20soc%20cult.html#GEN4

4 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, INISDR, pp. 14-21

5 Ibídem, páginas 13-14

6 http://infosen.senado.gob.mx/infosen64/index.php?c=Legislatura64&a= iniciativas

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2019.

Diputados: Nancy Claudia Reséndiz Hernández, Dionicia Vázquez García, Margarita García García, Luis Enrique Martínez Ventura, Julieta Kristal Vences Valencia, Lidia Vargas Hernández, Sonia Rocha Acosta, Liduvina Sandoval Mendoza, Luis Mendoza Acevedo, Guadalupe Romo Romo, Azael Santiago Chepi, Laura Érika de la J. Garza Gutiérrez, Adriana Lozano Rodríguez, Olga Patricia Sosa Ruiz, Olga Juliana Elizondo Guerra, Francisco Saldívar Camacho, José Ángel Pérez Hernández, José Luis García Duque, Elba Lorena Torres Díaz, Ricardo de la Peña Marshall, Héctor Joel Villegas González, Ernesto Vargas Contreras, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Jorge Arturo Argüelles Victorero, Eudoxio Morales Flores, Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, Nayeli Salvatori Bojalil, María del Carmen Cabrera Lagunas, Adriana Paulina Teissier Zavala, María Rosete (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a implantar acciones encaminadas a reforzar las campañas de vacunación y dar cuenta del peligro de ceder ante la desinformación propagada por las campañas antiinmunización, suscrita por los diputados José Ricardo Gallardo Cardona y Emmanuel Reyes Carmona

Quienes suscriben; diputados José Ricardo Gallardo Cardona y Emmanuel Reyes Carmona , integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con base en las siguientes:

Consideraciones

Según estima la Organización Mundial para la Salud (OMS), los colectivos “antivacunas” son, junto a la obesidad, la contaminación, el ébola, el dengue y el sida, las más grandes amenazas a las que la humanidad se enfrentará en 2019. Un movimiento creciente de oposición a las vacunas, en el que los padres optan por no vacunar a sus hijos ha llevado a brotes peligrosos de influenza, tos ferina, sarampión y otras enfermedades prevenibles.

Académicos de la salud y la medicina han descrito a la vacunación como uno de los diez máximos logros de la salud pública durante el siglo XX. Las vacunas estimulan al sistema inmune y generan anticuerpos que protegen contra virus o bacterias.

Podemos decir que, en general, las vacunas se utilizan para reforzar el sistema inmunológico y prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales, sin embargo, la oposición a la vacunación nace desde que se descubrió la vacunación misma. En México, los grupos “antivacunas” han encendido las alarmas en el sector salud, personas que se niegan a vacunar a sus hijos pueden ser un factor de propagación de enfermedades que se presumían controladas en el país.

La vacunación en México es lo que ha permitido que enfermedades como la polio y sarampión no hayan resurgido, manteniendo a toda la población libre de contagios. La negativa a vacunarse puede resultar peligrosa, pues no sólo se pone en riesgo a los hijos de las personas sino a la comunidad cercana a ellos, los recientes casos de sarampión que se dieron en México en donde en esta temporada invernal 2018-2019 se han detectado 115 casos de influenza en Ciudad de México, esto es 98 por ciento más en comparación con el año pasado.1

Las personas más susceptibles al contagio de influenza durante esta temporada han sido niños de 1 a 9 años, adultos mayores de 60 años y personas de entre 40 y 49 años de edad.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el derecho de las personas a la protección de la salud, así como en apelación al interés superior de la niñez, sobre que los niños y niñas tienen un derecho inherente a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, haciendo énfasis en el tema de la salud el cual por obviedad abarca la vacunación garantía de una buena salud.

Es necesario incentivar a la población brindándoles la información necesaria para que conozcan los beneficios de la vacunación, así como la información del verdadero peligro que representa caer en la desinformación que se encargan de propagar las campañas antivacunas sobre un gran avance humano como lo es la medicina y con ello la creación de las vacunas.

Enfermedades que se creían erradicadas en México, como lo es el sarampión, están volviendo a brotar y con ello el peligro de muerte de niños que como aún no están en edad de recibir vacunas, perecen ante el virus. Ya que de los 0 a los 12 meses todo infante depende de la “inmunidad de grupo”; es decir, depende de que las personas a su alrededor estén vacunadas para que el virus no los infecte, mientras más personas dejen de vacunarse o vacunar a sus hijos, no solo ellos corren este mortal peligro, siendo un foco de infección, también las personas a su alrededor.

Según el Aviso Epidemiológico hecho por la Conave, la ocurrencia de brotes de sarampión en varias partes del mundo y el alto movimiento de personas infectadas en países con transmisión de este padecimiento hacia nuestro país representa un riesgo latente de introducción del virus en México en áreas con bajas coberturas de vacunación. Es importante conocer la importancia de la vacunación no solo en los niños de cero a seis años, sino también en adultos, jóvenes, hombres, mujeres y personas de la tercera edad.

La OMS calcula que las vacunas salvan entre 2 y 3 millones de vidas al año, y que si se universalizaran lo harían con otro millón y medio.

Por ello, la clave está en incentivar a las organizaciones así como a los trabajadores de la salud, quienes desde siempre han sido el asesor más confiable e influyente en las decisiones de vacunación, como el agente clave para generar confianza en los pacientes. Para ello, deben recibir apoyo para proporcionar información fiable y contrarrestar la información engañosa o de plano falsa sobre las vacunas.

Conforme disminuyen los índices de vacunación, enfermedades que estaban casi extintas empiezan a volver. Debemos restaurar la confianza en la información científica y disipar los mitos sobre las vacunas para asegurar la salud de las generaciones futuras. No debemos ser tolerantes ante ideas como la de la anti-vacunación las cuales representan un problema de salud pública nacional y hasta mundial, no solo para infantes, sino para todas las edades.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud para que implemente acciones encaminadas a reforzar las campañas de vacunación, resaltando sus bondades, así como informar del peligro que implica ceder ante la desinformación que propagan las campañas antivacunas.

Nota

1 Cifras de la Secretaría de Salud, dadas a conocer por Excélsior, el número de contagios en Ciudad de México representa el 7 por ciento de los casos registrados a nivel nacional (mil 662) por lo que es la cuarta entidad con más casos, únicamente detrás de Oaxaca, Veracruz y Guerrero.

Dado Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días de marzo de 2019.

Diputados: José Ricardo Gallardo Cardona y Emmanuel Reyes Carmona (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat y la Conagua a implantar con los 32 gobiernos locales acciones orientadas a preservar y cuidar el agua en todo el país, así como erradicar cualquier práctica que sólo contribuya a contaminarla, a cargo del diputado Juan José Canul Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Juan José Canul Pérez, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, implementen acciones orientadas a preservar y cuidar el agua en todo el país, así como erradicar cualquier práctica que sólo contribuya a contaminarla, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El agua representa uno de los elementos vitales para la humanidad, para el progreso y el desarrollo, razón por la cual es indispensable contar con información actualizada, que permita al gobierno federal y a los gobiernos locales tomar decisiones en la planeación de mediano y largo plazos.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eventos como el crecimiento de la población, la urbanización y la polución son factores que aumentan la presión que existe sobre los recursos hídricos, mientras el cambio climático favorece los fenómenos extremos y el retroceso de los glaciares. Por lo tanto, resulta imprescindible que exista una buena gestión del agua para fomentar el desarrollo sostenible y la prevención de desastres.1

A nivel mundial se estima que la disponibilidad de agua promedio anual es de mil 386 billones de hectómetros cúbicos (hm3). De este total, 35 billones de hm3 son agua dulce (2.5 por ciento). Del agua dulce, 70 por ciento no están disponibles para un consumo directo ya que se encuentran en glaciares, nieve o hielo; 10.5 millones de hm3 se encuentran como agua subterránea y se estima que solamente 0.14 billones de hm3 se encuentran en lagos, ríos, humedad en suelo y aire, humedales y plantas.2

Durante el siglo pasado la población mundial se multiplicó tres veces, en tanto que las extracciones de agua crecieron seis veces, situación que ha derivado también en el incremento en el grado de demanda sobre los recursos hídricos del mundo. El principal uso del recurso hídrico a nivel mundial, conforme a estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2011), es el agrícola con 70 por ciento de la extracción total.

La ONU indica que para 2015, alrededor de 71 por ciento de la población mundial utilizaba un servicio de suministro de agua potable gestionado de forma segura, es decir, que su acceso se encontraba ubicado en el lugar de uso, disponible cuando se necesita y no se encontraba contaminado.

No obstante, cerca de 844 millones de personas carecen al menos de un servicio básico de suministro de agua potable, cifra que incluye a 159 millones de personas que dependen de aguas superficiales. Se estima que en todo el mundo, al menos 2 mil millones de personas se abastecen de una fuente de agua potable que está contaminada por heces.

La contaminación de agua se genera por diferentes tipos de vertidos: aguas de proceso, aguas fecales y aguas blancas. El primero es un vertido del proceso productivo, con lo que su carga contaminante va a depender de la actividad industrial. El segundo es generado en los aseos y asimilables a aguas residuales domésticas. Y el último, se les suele llamar “aguas crudas” por su carácter previo a la potabilización. Su importancia está en que son la base de la producción de agua para el consumo humano masivo.

Ante este panorama, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) de 1992 en Río de Janeiro fue instaurado el 22 de marzo como El Día Mundial del Agua, a efecto de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce.3

En México, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua, se pierde entre 30 y 50 por ciento del líquido por fugas en las redes de distribución y de los 13.9 miles de hm3 de aguas residuales que se generan al año, sólo se trata 37.8 por ciento.

Según estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), menciona que nueve ciudades mexicanas desperdician el agua. Una de ellas es la Ciudad de México, que pierde más de 40 por ciento por fugas abandonadas e infraestructura.

El cuidado y preservación del agua se encuentra en las manos de toda la población, por lo que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en conjunto con la Comisión Nacional del Agua deben intensificar acciones tendientes a evitar hacer mal uso del líquido vital, en vista de que el agua potable de consumo diario puede llegar a agotarse en cuestión de muy poco tiempo, situación que debe atenderse principalmente en las grandes ciudades, en el sector industrial y agrícola.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional del Agua para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, implementen acciones orientadas a preservar y cuidar el agua en todo el país, así como erradicar cualquier práctica que sólo contribuya a contaminarla.

Notas

1 https://news.un.org/es/story/2018/05/1432982

2 https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/agua-en-el-mundo

3 http://www.un.org/es/events/waterday/background.shtml

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo a aplicar el artículo sexto transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para el ingreso, la promoción y la permanencia de los profesores de todo el país, a cargo del diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del PT

El suscrito, diputado federal a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo que se establece en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Artículo 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de honorable pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión para que lleven a cabo la aplicación del artículo sexto transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes de todo el país, bajo las siguientes consideraciones:

Planteamiento del problema

La reforma educativa con efectos laborales tiene sustento en el artículo 3o. fracción III y IX, así como en el artículo 73, fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada y en las leyes reglamentarias como son la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, normas generales que regulan la parte administrativa y laboral de la reforma educativa, cuyos efectos laborales generaron la inconformidad de los maestros y maestras del país, principalmente por la regulación del ingreso, la promoción, la permanencia y el reconocimiento, mediante una evaluación.

La inconformidad de los docentes sobre la legislación de la reforma educativa, estriba centralmente en las leyes que regularon su contratación al momento de ingresar al servicio educativo, ya que la reforma educativa en materia constitucional fue publicada el 26 de febrero de 2013, vigencia constitucional que tiene efectos para las futuras relaciones laborales, sin embrago la reforma educativa se aplicó a los maestros contratados antes de 2013 de manera retroactiva, sin importar que dichos contratos se realizaron en términos del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, de las cuales se aplicó de manera primordial la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que reconoce el derecho al escalafón para los ingresos y los ascensos de los docentes mediante la evaluación y dictaminación que realiza una Comisión Mixta compuesta por el patrón y el trabajador, el cual constituye un sistema de justicia laboral que cumple con el sentido histórico del artículo 123 constitucional, el cual tiene por objeto el equilibro entre los medios de producción y los trabajadores sobre la materia del trabajo.

Esta inconformidad se agudizó debido a la aplicación de las leyes secundarias de los artículos constitucionales 3o. y 73, al convocar para la evaluación del ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento; mismas que muestran en su aplicación, vicios de inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, que tiene como consecuencia jurídica la falta de fundamentación y motivación de diversos actos dentro de la evaluación y su proceso, que vulneran de manera directa el principio de legalidad, esto se afirma por las siguientes consideraciones:

La única ley que reglamentará todo lo relativo a la evaluación para el ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento es la Ley General del Servicio Profesional Docente, así lo dispone la fracción III del artículo tercero constitucional, que a continuación se transcribe:

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República... Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación...

Esta fracción de la Constitución Política Mexicana, señala de manera clara el principio de reserva de ley, al determinar de forma literal que la ley reglamentaria de esta fracción fijara los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el Ingreso, Promoción, Reconocimiento y la Permanencia del Servicio Profesional Docente, como se observa de la redacción del artículo 1º de la Ley General del Servicio Profesional Docente, a saber:

Artículo 1. La presente Ley es Reglamentaria de la fracción III del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rige el Servicio Profesional Docente y establece los criterios, los términos y condiciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio.

Bajo dichas consideraciones, es importante resaltar la problemática de omisión legislativa relativa, por tipo de evaluación obligatoria, para arribar a una clara observancia de los vicios de constitucionalidad de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que vulnera de manera clara el derecho humano a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia como se detalla a continuación.

La evaluación para la permanencia en el servicio se encuentra regulada en los artículos 52, 53 y 54 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, los cuales señalan todo lo relativo al proceso de evaluación de la permanencia, incluso el numeral 54 traslada la obligación de legislar los criterios, términos y condiciones al Ejecutivo mediante una facultad reglamentaria de manera expresa, como se ilustra en el siguiente:

Artículo 54. Para la educación básica, los programas de regularización serán definidos de conformidad con los lineamientos generales que la Secretaría expida. En el caso de educación media superior los programas de regularización serán determinados por las autoridades educativas y organismos descentralizados, según corresponda.

Por esta razón, se entiende que el legislador secundario cumplió con la facultad que le confirió el Constituyente Reformador de la Constitución Política Mexicana, de reglamentar mediante ley secundaria todo lo relativo a la Ley General del Servicio Profesional Docente, tan es así que el legislador secundario delegó la facultad al Ejecutivo federal y estatal para reglamentar los programas de regularización, como se observó anteriormente.

El análisis de esta norma reglamentaria, no sólo permite advertir la reglamentación de la fracción III del artículo 3o. constitucional, sino que también permite observar la delegación de la Facultad Legislativa de manera expresa, en esta ley secundaria al Ejecutivo federal y estatal para normar los cursos de regularización en el caso de la Permanencia.

Por otra parte, también es evidente la existencia del vicio de constitucionalidad por omisión legislativa relativa, pues si bien es cierto que el legislador secundario cumplió con reglamentar la fracción III del artículo 3o. de la Carta Magna, también es claro que lo hizo de manera deficiente e incompleta. Lo anterior se afirma debido a que efectivamente no existen parámetros o procedimientos que la Ley General del Servicio Profesional Docente señale para regular o establecer los criterios de la selección de los docentes que presentarían la evaluación de la permanencia en el servicio, pues por una parte la ley sólo señala las consecuencias de la evaluación y el proceso, pero no establece el mecanismo ni los criterios para la selección de los docentes y mucho menos, existe un artículo que señale que esta facultad legislativa se la delega al Ejecutivo federal o estatal, situación que implica la inconstitucionalidad por omisión legislativa relativa, como ya había sido señalado.

Si bien por una parte el legislativo realiza una norma general reglamentaria de la Constitución Política mexicana, también es claro que lo hace de manera incompleta, por lo que la evaluación de la Permanencia en cuanto a su implementación es inconstitucional hasta que se legislen los procesos o parámetros para la selección de los docentes que debían presentar la evaluación de la permanencia, única y exclusivamente en la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Por lo que respecta a las evaluaciones para el ingreso y promoción, éstas tienen como sustento legal en la Ley General del Servicio Profesional Docente los artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, y 34 para el caso de la promoción y en lo que respecta al ingreso tienen su fundamento en los artículos 21, 22, 23, 24 y 25, numerales de los cuales no se advierte el derecho del sustentante a solicitar la revisión del resultado de la evaluación en caso de ser calificado como no idóneo o bien insuficiente, debido a que del contenido íntegro de los artículos transcritos anteriormente, no se desprende el mecanismo por el cual los sustentantes, tanto para el ingreso, como para los ascensos, pueden refutar los resultados de las evaluaciones, esto se afirma, sin pasar por apercibido que la Ley del Servicio Profesional Docente, reconoce en sus numerales 80, 81, 82 y 83 el recurso de revisión, el cual puede interponerse única y exclusivamente en lo que respecta a la aplicación correcta del proceso de evaluación, más no así sobre los resultados y el contenido de la mismas, lo cual denota la vulneración directa del derecho humano de acceso a la justicia de los sustentantes, quienes realizan la evaluación para el ingreso o bien para la promoción; por lo que es dable señalar que, de igual manera, en los lineamientos que emite el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se reconoce el mismo derecho a ejercer el recurso de revisión que señala la Ley General del Servicio Profesional Docente, en los dispositivos legales ya descritos, pero de igual manera este recurso de revisión es única y exclusivamente, para observar la correcta aplicación del proceso de evaluación, más no para revisar el contenido o bien refutar el resultado de la evaluación, ya sea ésta para el ingreso o para la promoción; por lo que es evidente que la autoridad educativa federal y estatal, ostenta de manera arbitraria la facultad de determinar si el sustentante es idóneo o bien insuficiente sin que éste pueda oponerse a este resultado, situación que vulnera el derecho humano de los sustentantes de acceso a la justicia y a tener un recurso fácil y efectivo para tutelar su derecho a la certeza y seguridad jurídica de los resultados de la evaluación aludida.

Por las razones expresadas, de nueva cuenta, presenciamos el margen de discrecionalidad que el legislador secundario otorgó a las autoridades educativas federales y estatales en los diversos tipos de evaluación, pues por una parte señala en esta legislación que existe un recurso de revisión y por el otro sus causales de procedencia los acota única y exclusivamente para revisar el proceso de evaluación, advirtiendo como consecuencia directa la presencia de una omisión legislativa relativa, que se traduce en la falta de fundamentación y motivación de los actos de autoridad. Por lo que es necesario reformar la Ley General del Servicio Profesional Docente, e ingresar a las causales de procedencia del recurso de revisión, contra los resultados de las evaluaciones, lo que permitirá darle certeza jurídica a los justiciables o bien sustentantes de las evaluaciones multicitadas.

Ante la descripción de los vicios de constitucionalidad por omisión legislativa, que se aprecia de manera clara en cada una de las evaluaciones del ingreso, la promoción y la permanencia en el servicio de manera primordial, cuyas consecuencias son la ilegalidad del proceso y los resultados de las evaluaciones, así como la aplicación de actos evaluatorios de autoridad que carecen de certeza jurídica y seguridad jurídica para los sustentantes, permitiendo la arbitrariedad de las autoridades educativas federales y estatales, vulnerando con esto el principio de legalidad y el tan invocado estado de derecho al no tener las autoridades un marco jurídico sobre el cual basar sus actuaciones; por lo que se considera necesario realizar una interpretación constitucional de la Ley General del Servicio Profesional Docente, no con el objeto de derogarla o bien abrogarla, sino más bien para darle sentido y dotar de marco normativo a la autoridad educativa federal y local con la finalidad de que los sujetos a quienes esté dirigida la norma jurídica tengan la seguridad y certeza jurídica de la actuación de dichas autoridades.

Con la presencia de esta problemática planteada, es necesario que este honorable pleno de la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus facultades, de solución al conflicto de inconstitucionalidad por omisión legislativa que no es imputable a esta legislatura, pero que sin duda, nos corresponde resolverla ante la gravedad de la problemática en materia educativa de carácter nacional, por lo que se propone la siguiente solución con la finalidad de dar sentido a la Ley General del Servicio Profesional Docente y como consecuencia, que las autoridades educativas tengan un marco legal, que consecuentemente observe el principio de seguridad jurídica y legalidad ante los sujetos a los que va dirigida la norma jurídica.

Este honorable pleno de la Cámara de Diputados debe hacer efectiva la facultad que le confiere el artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, la cual consiste en la facultad de interpretar las leyes que emite este órgano legislativo, no para derogar o abrogarlas, si no con la finalidad de darle sentido a las mismas, tal como se advierte de la trascripción literal del numeral en comento con la finalidad de poder ilustrar la facultad de la cual debemos hacer uso a efecto de dar solución al problema planteado anteriormente en materia educativa con efectos a nivel nacional.

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:

...

F. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación.

Por otra parte, es dable señalar con la finalidad de solucionar la problemática de la omisión legislativa relativa que se encuentra al estudiar la Ley General del Servicio Profesional Docente, con consecuencias de inconstitucionalidad de la actuación de las autoridades educativas Estatales y Federales, manifestar que el uso de la facultad anterior es procedente en el caso que nos ocupa, pues bien por un lado, nos encontramos actualmente en proceso legislativo para reformar la Constitución Política Mexicana en lo relativo a los artículos 3o. y 73, como sus leyes reglamentarias las cuales serán abrogadas; por lo que es necesario dotar de sustento legal o bien marco de actuación legal a las Autoridades Educativas, esto implica que este órgano legislativo, sin la necesidad de reformar las leyes secundarias que serán abrogadas, éstas deban ser interpretadas para darles sentido, por lo que de acuerdo a la facultad de interpretación aludida, basándose en el siguiente criterio del Poder Judicial de la Federación, en el cual señala el objeto de dicha facultad, el cual es necesario observar con la finalidad de no caer en problemas de constitucionalidad al hacer uso de la misma, pues este criterio señala de manera clara que esta facultad es para interpretar leyes y darle sentido a las mismas como se desprende de la siguiente transcripción del mismo:

1011615. 323. Pleno. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte-SCJN Décima Cuarta Sección-Seguridad jurídica, página 1314

Interpretación auténtica de la ley. Sus límites. La interpretación auténtica de las normas legales no es una facultad de modificación o derogación de aquéllas, aunque siga el mismo trámite legislativo que para la norma inicial, sino que establece su sentido acorde con la intención de su creador. La naturaleza del proceso interpretativo exige que el resultado sea la elección de una de las alternativas interpretativas jurídicamente viables del texto que se analiza, pues en cualquier otro caso se estaría frente al desbordamiento y consecuente negación del sentido del texto original. Además, las posibilidades de interpretación de la norma original no pueden elaborarse tomando en cuenta solamente el texto aislado del artículo que se interpreta, pues éste es parte de un conjunto de normas que adquiere un sentido sistémico en el momento en que los operadores realizan una aplicación. Así, la interpretación auténtica tiene dos limitaciones: a) Las posibilidades semánticas del texto tomado de manera aislada, elaborando una serie de alternativas jurídicamente viables para el texto a interpretar; y, b) Esas posibilidades iniciales, pero contrastadas con el sentido sistémico del orden jurídico a aplicar para el caso concreto, tomando en cuenta no sólo las normas que se encuentran en una posición horizontal a la interpretada –artículos del mismo ordenamiento en el cual se encuentra el que se interpreta– sino también aquellas normas relevantes de jerarquía superior o vertical –Constituciones federal y local–, y los principios y valores en ellas expresados, establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acción de inconstitucionalidad 26/2004 y sus acumuladas 27/2004 y 28/2004. Diputados integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del estado de Veracruz, y los partidos políticos Convergencia y Acción Nacional. –30 de noviembre de 2004. Once votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón, Laura García Velasco, Raúl Mejía Garza y Roberto Lara Chagoyán. El Tribunal Pleno, el cinco de julio en curso, aprobó, con el número 87/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a cinco de julio de dos mil cinco. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, página 789, Pleno, tesis P./J. 87/2005; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, página 1103.

En atención a lo anterior, es evidente que esta Honorable Cámara de Diputados está facultada para interpretar la Ley General del Servicio Profesional Docente, frente a los parámetros y obligaciones que el Poder Reformador de la Constitución General de los artículos 3º y 73º le impuso y si esta Legislación cumplió de manera cabal con dicho mandato constitucional, pues como ha sido señalado anteriormente, esta Ley del Servicio Profesional Docente está plagada de omisiones legislativas que tienen como consecuencia la falta de fundamentación y motivación de los actos que emite la Autoridad Educativa en lo que respecta a la evaluación del Ingreso, la Promoción y la Permanencia en el servicio; situación que no hace viable la continuación de la aplicación de la legislación, dado que ésta, ante los litigios constitucionales que emprendan los personas, es seguro que se paralizará la actividad educativa para los rubros ya señalados, lo que impediría la continuidad del Ingreso y la Promoción de los docentes de todo el país, lo que hoy denota la necesidad del uso de la facultad interpretativa de este Órgano Legislativo Federal, con la finalidad de que esta Ley no sea derogada o reformada, pues insistimos, estamos en el proceso de reforma constitucional a los numerales ya señalados.

Por lo que en uso de la facultad de interpretación de la norma general aludida, es clara la existencia de la omisión legislativa relativa, que impide a las autoridades educativas federal y estatal la observancia eficaz de las leyes secundarias de los artículos 3o. y 73 de la Carta Magna, por lo que al realizar esta interpretación constitucional y observar los vicios de constitucionalidad, procedemos a realizar un análisis sistemático de las normas superiores, actividad interpretativa que decanta el criterio del Poder Judicial ya descrito, por lo que es necesario trascribir lo relativo a la fracción III del numeral tres de la Constitución federal, con el objeto de observar los mandatos que este artículo constitucional contiene y que sin duda la autoridad legislativa secundaria debe observar para no vulnerar dichos mandamientos:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

...

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II...

Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo;

Hecha la transcripción del numeral constitucional, es evidente hacer el análisis de estas tres obligaciones que dejo el Constituyente Reformador de la Constitución Política Mexicana, por un lado estableció la obligatoriedad de observar el principio de reserva de ley, es decir que el legislador secundario para el efecto de regular todo lo relativo a la evaluación obligatoria para el ingreso, promoción y permanencia de manera primordial, deberá realizarlo por medio de una ley reglamentaria de ese dispositivo constitucional, lo cual constituye una restricción al Ejecutivo Federal para reglamentar dicho artículo, por lo que todo lo relativo a los criterios, términos y condiciones de la evaluación obligatoria, deberán ser establecidos de manera exclusiva en la ley reglamentaria, por lo cual el legislador secundario creo la Ley General del Servicio Profesional Docente para regular esta fracción y cumplir con esta obligación constitucional.

Por otra parte es importante resaltar la segunda obligación constitucional que debe observar el legislador secundario, quien señaló el artículo tercero, el cual consiste en dar pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación, los cuales se encuentran reconocidos de manera mínima en el artículo 123 de la Constitución Política Mexicana, ya que este artículo reconoce el derecho a la sindicalización de los trabajadores como de los patrones, como el derecho humano al escalafón de los trabajadores y en particular de los trabajadores de la educación en el cual se regula todo lo relativo a los Ingresos, Promociones, así como la Permanencia, por lo que al legislar de manera secundaria debe preservar dichos derechos constitucionales.

Por último, es necesario analizar la obligación que impuso el constituyente reformador de nuestra Carta Magna, consistente en no otorgar nombramientos relativos a los Ingresos y las promociones que no sean de acuerdo a la ley secundaria, los cuales de otorgarse de forma contraria a la ley serán declarados nulos, por lo que esto constituye una restricción a la actuación del Ejecutivo federal y Estatal, ya que única y exclusivamente deberán ceñirse a la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

En cuanto al seguimiento de la temática consistente en hacer uso de la facultad de interpretación de las leyes secundarias de manera sistemática, con las normas de mayor jerarquía como las de igual jerarquía con el objeto de darle sentido a dicha ley, lo cual estimamos procedente continuar con el mismo análisis, frente a los artículos transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en especial en relación armónica con los artículos 6o. y 7o. transitorios de dicha ley, los cuales señalan la posibilidad jurídica y material de aplicar la legislación vigente que se aplicaba hasta antes de la entrada en vigor de esta norma general y la reforma constitucional, por lo tanto, los mandatos de estos dos artículos ya comentados, nos remiten a la aplicación de la legislación relativa al artículo 123 de la Constitución Política Mexicana y sus leyes secundarias, dado que así fue establecido por el constituyente secundario.

En consecuencia, a todo lo anterior es pertinente determinar, previo ejercicio de la facultad de interpretación que la Constitución General de la República reconoce a esta honorable Cámara de Diputados federal, con la finalidad de dar sentido y legalidad a la ley que se somete a escrutinio constitucional, sin caer en el abuso de la reforma o derogación de la norma, por lo que se resuelve ante esta problemática educativa frente a los vicios de omisión legislativa que impiden a la autoridad educativa estatal y federal, realizar las evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia en el servicio de manera legal y en observancia al derecho a la seguridad jurídica de las personas. Por lo que es necesario arribar a la declaratoria de este órgano legislativo federal y para darle marco normativo a las autoridades educativas, la aplicación del artículo 6o. transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para regular todo lo relativo a los Ingresos, Promociones y Permanencia en el servicio educativo.

Por lo que se realiza la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el carácter de urgente y obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión para que lleven a cabo la aplicación del artículo sexto transitorio de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes de todo el país.

Transitorios

Primero. El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Segundo. Envíese al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo del 2019.

Diputado Reginaldo Sandoval Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a emitir un acuerdo mediante el cual quede sin efecto la obligatoriedad de apostillar documentos en los trámites por realizar ante ella, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Libier González Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El trámite de apostilla de documentos, es definido como la certificación de las firmas de los servidores públicos facultados para hacer constar la validez y legitimidad de los documentos públicos emitidos en el territorio de un país.

Este trámite se viene llevando a cabo en el nuestro, después de suscribir el Convenio de la Haya, mediante el cual se suprime el requisito de legalización de los documentos públicos extranjeros (Convención de la Haya), el cual fue emitido el 5 de octubre de 1961; convirtiéndose en un avance frente al burocratismo que representaba de la legalización de documentos extranjeros.

Al respecto el artículo 1 del convenio en mención señala:

El presente convenio se aplicará a los documentos públicos que hayan sido autorizados en el territorio de un Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante.

Se considerarán como documentos públicos en el sentido del presente convenio:

a) los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del ministerio público, o de un secretario, oficial o agente judicial;

b) los documentos administrativos;

c) los documentos notariales;

d) las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas.

Sin embargo, el presente convenio no se aplicará:

a) a los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares;

b) a los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera.”1

Si bien es cierto, que, en su tiempo, el apostillamiento de documentos se convirtió en una acción conjunta por parte de las naciones para avanzar en cuanto a la agilización de trámites en los que se requerían documentos expedidos en el extranjero, actualmente podemos darnos cuenta que de igual manera se ha convertido en un trámite burocrático que hace difícil la realización de múltiples trámites para los migrantes mexicanos que se encuentran de retorno en nuestro país e incluso para quienes se encuentran radicando en los Estados Unidos de América.

Entre los tramites que requieren del apostillamiento de documentos, se encuentra, por ejemplo, el que se lleva a cabo para el traslado a nuestro país de los restos de mexicanos que fallecen en el extranjero, lo que sumado al difícil momento que viven los familiares le vuelve más complicado, ya que el gobierno mexicano a través de los consulados requiere la autentificación de documentos tal como se señala en la página de internet del Consulado General de México en Atlanta https://consulmex.sre.gob.mx/atlanta/index.php/2016-03-23-02-24-18/tras lado-de-restos, en la que se especifica que el acta de defunción debe estar apostillada, además de traducir al español este documento.

El objeto de este exhorto que hoy dirigimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, es en el sentido de que el titular de la dependencia emita el acuerdo correspondiente para que se deje de requerir el apostillamiento de documentos en la realización de trámites que están a su cargo, con el propósito de agilizar la gestión administrativa que los migrantes mexicanos.

Los inconvenientes del apostillamiento de documentos emitidos por autoridades no nacionales en el extranjero, son dos esencialmente, primero porque no simplifican el trámite a realizar, y segundo, porque el migrante debe desembolsar una cantidad adicional de dinero que afecta sus bolsillos, además de que no beneficia a las arcas nacionales sino a las del gobierno norteamericano.

Consideramos que es posible la dispensa del trámite de apostillamiento de documentos que requiere la Secretaria de Relaciones Exteriores, teniendo como antecedente que mediante Acuerdo número 07/06/15, publicado por la Secretaria de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de junio de 2015, dejó de ser requisito el apostillamiento de documentos para la revalidación de estudios, en los niveles básico, medio y medio superior a efecto de garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo nacional de los niños y jóvenes migrantes en retorno. Este es un ejemplo de que cuando se quiere ayudar a los migrantes mexicanos, es posible hacerlo.

Estamos conscientes de la necesidad de cambio de mentalidad a la que alude el decálogo que publico el gobierno de México, para apoyar a los más de 11.3 millones de emigrantes mexicanos residentes en Estados Unidos, por ello considero que esta es una valiosa oportunidad que permitirá beneficiar a los migrantes mexicanos mediante la simplificación de los tramites que se realizan ante esta dependencia mediante la dispensa del trámite de apostillamiento.

Por lo expuesto presento ante esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que emita un acuerdo mediante el cual quede sin efecto la obligatoriedad de apostillamiento de documentos en los trámites a realizar en la dependencia a su cargo.

Nota

1 12: Convenio de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, En: https://www.hcch.net/es/instruments/conventions/full-text/?cid=41. Consultado el 11 de marzo de 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2019.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conade y la Ssa a implantar acciones dirigidas a retomar y reincorporar un programa nacional de activación física en las instalaciones de esta soberanía, en aras de educar a los trabajadores sobre régimen alimentario, actividad física y salud, a cargo del diputado José Ricardo Gallardo Cardona

Quien suscribe; diputado José Ricardo Gallardo Cardona , en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1 y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

De acuerdo con informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicado en octubre del 2017, México cuenta con la mayor tasa de adultos con obesidad en América Latina y ocupa el sexto lugar en los índices de obesidad de niños y adolescentes, dato alarmante ya que los índices aumentan año con año en lugar de disminuir.

El Programa Nacional de Activación Física, mejor conocido como programa “Ponte AL 100”, el cual fue implementado en septiembre de 2013, tenía como objetivo la masificación de la cultura física en la población mexicana, aspirando a su vez a erradicar la obesidad y sobrepeso en el país, pero poco después de su incorporación y aun no habiéndose concretado su fase piloto fue excluido de los proyectos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en septiembre del 2015, por no haberse implementado correctamente.

Como objetivos principales del programa (hoy extinto), en primer lugar estaba la obtención de una evaluación para que formular una adecuada prescripción, con esto se buscaría transformar el hábito de ejercicio de los mexicanos, con evaluación y la posibilidad de monitorear vía internet el estado de bienestar físico de la población, pero aún más importante sería re-educar a la población con el objeto de que sean más responsables con su salud.

Dicho programa fue impulsado paradójicamente por Coca-Cola,1 no cumplió con las expectativas que se tenían del mismo y posteriormente fue desincorporado de los programas de gobierno, ya que según la Conade, las distintas entidades federativas no se adhirieron al plan como estaba planteado en un principio.

Con el objetivo de no dejar morir un programa con un gran potencial en beneficio de la salud en la población mexicana y consientes de la situación relacionada con la salud en la que se encuentra un elevado porcentaje de personas en todo el país, es necesario retomar y reincorporar estos proyectos que contrarresten problemas de salud tan graves como los es el de la obesidad en el caso mexicano. La estrategia de este programa tiene como objetivo contribuir a disminuir los índices de sobrepeso y obesidad a través de:

- Mediciones

- Evaluaciones

- Prescripción de ejercicios y dietas personalizadas

En este sentido, se estaría logrando que la población participe activamente en el mejoramiento de su salud. La meta de este programa sería la de educar a la población para que sean más responsables de sus hábitos, para alimentarse bien y para realizar ejercicio físico.

Dicho lo anterior, para la realización de las pruebas es necesario contar con espacios en donde puedan aplicarse. Por esto es importante exhortar a las dependencias encargadas en beneficiar la salud de la población (SSa) con ayuda del deporte (Conade), así como a la honorable Cámara de Diputados a que retomando el proyecto desde su fase piloto, sea organizado dentro de este congreso con el objetivo de hacer las cosas bien desde un principio para que, a mediano plazo, se abra paso a los diferentes estados del país.

Con anterioridad, la Cámara de Diputados ya ha sido partícipe como sede de la aplicación de estas pruebas en donde se tenía como objetivo que legisladores y empleados del recinto de San Lázaro realicen las evaluaciones a lo largo de una semana en patio sur, edificio A.

La correcta implementación del Programa Nacional de Activación Física dentro de este honorable recinto con una duración de dos semanas, dos veces al año, contribuirá a concientizar tanto al personal como al público en general de su actual estado de salud y los cuidados que deben tener para mejorar la misma, reduciéndose así los problemas de enfermedades como diabetes e hipertensión, que en gran medida son causadas por el sobrepeso.

Dentro del Sistema de Capacidad Funcional es fundamental: hacer ejercicio adecuado, comer bien y ser responsables de nuestro cuerpo, ya que es parte de la formación educativa del individuo, el sobre peso y obesidad son sin duda y principalmente un problema de educación.

“Estar bien” debe ser un bien cultural.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Que la honorable Cámara de Diputados exhorta a la Conade y a la Secretaría de Salud para que, de manera coordinada, implementen acciones encaminadas a retomar y reincorporar un Programa Nacional de Activación Física dentro de las instalaciones de la Cámara de Diputados, en beneficio de educar a la población trabajadora en materia de régimen alimentario, actividad física y salud, con el fin de combatir el sobrepeso y la obesidad.

Nota

1 El consumo de refrescos es causante de diferentes enfermedades, que van desde el sobrepeso y la obesidad, diabetes, depresión e incluso alzheimer, así lo explicó Laura Moreno Altamirano, investigadora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados, a los 20 días de marzo de 2019.

Diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de Morelos a emprender estrategias para garantizar la seguridad de las mujeres debido al incremento de feminicidios, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Morelos, para que emprenda las estrategias necesarias a fin de garantizar la seguridad de las mujeres, debido al incremento de feminicidios en la demarcación, situación que pone en riesgo su integridad y vida , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El estado de Morelos no sólo presenta una crisis de seguridad, provocada por el incremento de las bandas delictivas que operan con impunidad en la demarcación; también, se ha denunciado el aumento de ilícitos como asaltos carreteros, extorsiones, hurto a comercios y a casas habitación, esta situación pone riesgo la integridad y patrimonio de la ciudadanía.

Lamentablemente, en la actual administración del estado de Morelos, el incremento de la incidencia delictiva ha sido una constante en estos primeros meses, sin que las autoridades lleven a cabo acciones de política pública para contenerlos, sancionarlos y más importante aún, prevenirlos.

Uno de los sectores más afectados ha sido el de las mujeres, debido a que no sólo son víctimas de los delitos antes mencionados, sino que además, son objeto de muchos otros como agresiones sexuales, hostigamiento laboral, discriminación y homicidios por razones de género.

Para contar con un panorama integral de la situación imperante, basta indicar lo siguiente:

1. De acuerdo con estadísticas de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, en los primeros 100 días de la actual administración federal se han registrado 44 feminicidios en Morelos, de los cuales, 30 corresponden a la actual administración estatal, datos que son superiores a los años inmediatos registrados.1

2. El 6 de diciembre, una mujer de 32 años fue asesinada al interior de su hogar en Jiutepec. Por sus características se trató de un feminicidio debido a que tenía atados los tobillos con un cable, además una bolsa de plástico enredada en la mano izquierda y además presentaba una lesión producida por un arma punzo cortante en la espalda.

3. El 11 de febrero se ubicó a una mujer asesinada de aproximadamente 40 años en el puente denominado La Esperanza, en el municipio de Cuautla, Morelos. La fémina presentaba golpes en el cráneo y fue encontrada atada de manos con cinta canela.2

4. El pasado 5 de marzo se localizaron dos cuerpos de mujeres mutiladas y con signos de violencia, ya que estaban atadas de pies y manos, además de cubiertas de la cabeza. Los cuerpos se encontraban en estado avanzado de descomposición en la carretera Jiutepec-Yautepec a la altura del paraje denominado Cañón de Lobos.3

5. El 11 de marzo, se localizó una mujer sin vida abandona en calles de la colonia Lomas de Chapultepec, en Jiutepec. Según los primeros reportes de la Fiscalía General, se encontraba degollada y con signos de tortura, así como heridas de arma blanca en diversas partes del cuerpo.

6. En diversos municipios se ha identificado que durante esta administración se han elevado delitos tales como trata de personas y violación a los derechos humanos, sin tener una respuesta por parte de las autoridades federal y estatal.

Las autoridades estatales no sólo han sido omisas ante esta problemática, sino que han mostrado su falta de experiencia y conocimiento acerca del tema, ejemplo de ello es que el Comisionado Estatal de Seguridad Pública aseguró que “las mujeres víctimas del delito de feminicidio realizaban actividades no propias de una dama”.4

El gobierno del estado ha actuado con poca transparencia, por tal motivo, la titular del Instituto de la Mujer para el estado de Morelos denunció que el fiscal de la entidad se ha negado permanentemente a proporcionar datos estadísticos sobre la incidencia de feminicidios.

Este contexto no sólo vulnera derechos humanos fundamentales, sino que además esta información es de vital importancia para el desarrollo de acciones gubernamentales para disminuir estos índices delictivos que vulneran la integridad de las mujeres.

Ante este contexto, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos realizó un llamado enérgico a las autoridades para prevenir el feminicidio y erradicar en general la violencia contra las mujeres, debido a que las acciones hasta ahora desarrolladas no han sido efectivas.

Este panorama de alta vulnerabilidad, exige la atención inmediata y coordinada de los órdenes de gobierno, a fin de asegurar un clima de seguridad y pleno respeto a sus derechos humanos.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional condenamos todo tipo de violencia contra la mujer, práctica injustificada que lacera a las víctimas, a sus familias y a la sociedad en general.

Frente a este panorama poco alentador, consideramos que es indispensable la instrumentación de políticas públicas que contribuyan a erradicar conductas que dañen la dignidad humana, vulneren la integridad de las mujeres y las libertades de la sociedad en su conjunto.

Es necesario que el gobierno del estado de Morelos, las autoridades municipales y las instituciones de procuración y administración de justicia, de manera integral y coordinada, fortalezcan sus acciones a fin de prevenir con oportunidad las agresiones sexuales, hostigamiento, discriminación y feminicidios, ante el incremento de estos ilícitos.

Una política integral debe tomar en cuenta la implementación de políticas de asistencia a las víctimas y la ampliación de mecanismos de vigilancia y supervisión a los polígonos de alta peligrosidad; asimismo, la ampliación de sistemas de capacitación, actualización y certificación de los elementos de la policía, a fin de garantizar el apoyo a la sociedad ante una incidencia de esta naturaleza.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Morelos para que emprenda las estrategias necesarias a fin de garantizar la seguridad de las mujeres, debido al incremento de feminicidios en la demarcación, situación que pone en riesgo su integridad y vida.

Notas

1 Jessica Arellano. (2019). Alarma incremento de feminicidios; van 30 en esta administración. 19/03/2019, de El Sol de Cuautla Sitio web: https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/alarma-incremento-de-feminicidi os-van-30-en-esta-administracion-3185975.html

2 Pedro Tonantzin. (2019). Hallan muerta a mujer en puente de Morelos. 19/03/2019, de Excélsior Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/hallan-muerta-a-mujer-en-puente-d e-morelos/1295842

3 Justino Miranda. (2019). Localizan los cuerpos de dos mujeres en carretera de Morelos. 19/03/2019, de El Universal Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/estados/localizan-los-cuerpos-de-dos-muj eres-en-carretera-de-morelos

4 Justino Miranda. (2019). Víctimas de feminicidio tenían actividades “no propias de una dama”: comisionado de Morelos. 19/03/2019, de El Universal Sitio web:

https://www.eluniversal.com.mx/estados/victimas-de-femin icidio-tenian-actividades-no-propias-de-una-dama-comisionado-de-morelos

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2019.

Rúbrica

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Fepade a conducirse en la investigación que presente el Ejecutivo federal sobre las campañas negras organizadas en el proceso electoral federal de 2017-2018 en un marco de objetividad, profesionalismo y sujeción irrestricta a la ley, a fin de fincar las responsabilidades y sancionar a los responsables, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución a fin de exhorta respetuosamente a la Fiscalía de Especializada de Delitos Electorales a que, en la investigación de los hechos relacionados por posible violación al artículo 15 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, que presente el Ejecutivo federal en relación a las campañas negras orquestadas en el proceso electoral federal 2017-2018, conduzca las investigaciones en un marco de objetividad, profesionalismo y cumplimiento irrestricto a la ley, a fin de fincar las responsabilidades y sanciones correspondientes a quienes resulten responsables derivado de dicha investigación al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La operación destinada a afectar la candidatura presidencial del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, con herramientas de guerra sucia, fue revelada en días recientes por medios de comunicación1 La participación de destacados empresarios e intelectuales, se conoce ya como la Operación Berlín, por el nombre de la calle en la alcaldía de Coyoacán.

Una de las aristas de la trama fue la difusión de un documental titulado “El populismo en América Latina”, material en el que se tilda de populista y dictador al actual presidente Andrés Manuel López Obrador.2

Algunos de los supuestos involucrados en la campaña negra, han emprendido una campaña de supuesta defensa de la libertad de expresión. Sin embargo, en realidad, estamos ante posibles delitos de lavado de dinero y el uso de dinero privado que viola las leyes electorales.3

Los detalles de la Operación Berlín han sido dados a conocer por investigaciones periodísticas y por una de las personas que trabajó en la producción masiva de notas negativas, memes y videos.4 Los creadores de esta campaña negra colaboraron, además, en la realización de foros organizados por diversos organismos civiles para debatir el futuro del país en plena contienda por la presidencia.

En ese entramado destaca la figura del panista Ricardo Martín Rojo, quien lo mismo operó la campaña negra en la calle de Berlín 245, que organizó foros por encargo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y otras asociaciones.5

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, ha anunciado una demanda contra los autores de la campaña sucia y también en contra de quienes la financiaron. Entre estos últimos estarían, según las revelaciones periodísticas, los empresarios Agustín Coppel, Alejandro Ramírez y Germán Larrea.

El escritor Ricardo Sevilla, quien trabajó en la calle Berlín, ha ofrecido detalles de la trama, como el pago que recibían de una fundación de Coppel y la instrucción de producir materiales para hacer parecer a López Obrador como un político “zafio, intolerante y, sobre todo, como un dictador”.

Una buena parte de los señalados como partícipes en la Operación Berlín han rechazado su intervención. En la arena pública, las baterías se han dirigido sobre todo al escritor Enrique Krauze.6

El presidente López Obrador se refirió a Krauze en una de sus conferencias matutinas. Dijo: “He tenido algunas diferencias, pero tiene toda la libertad para expresarse, para manifestarse. Nosotros no vamos a perseguir a nadie por sus ideas. No vamos a utilizar mucho menos al Estado para cuestionar a escritores, a críticos...”.7

Tras las elecciones fraudulentas de 2006, se aprobó una reforma electoral que estableció que partidos y candidatos debían “abstenerse de expresiones que calumnien a las personas” en la propaganda electoral. Igualmente, el artículo 41 prohibió expresamente a las fuerzas políticas “contratar por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión”. Tal prohibición tuvo su origen en el hecho de que la mayoría de los spots de la guerra sucia fueron contratados por agrupaciones empresariales u organismos de fachada vinculados al PAN y al PRI.

La campaña electoral de 2018 no estuvo exenta de guerra sucia. Como muestra el caso de la Operación Berlín nuevamente asistimos a la creación de plataformas en internet y el manejo de ejércitos en las redes sociales para difundir rumores y noticias falsas.

Inventaron fantasmas y recurrieron de nuevo al expediente de 2006: la intervención rusa, la conexión venezolana o rusa, e incluso monstruos propios de la Guerra Fría.

La campaña a la que aludimos y otras acciones, no funcionaron frente a una sociedad más informada y participativa. Incluso podemos decir que esas campañas tuvieron efectos contraproducentes hacia sus artífices. La autoridad electoral fue omisa, pues se limitó a mirar o proponer medidas tímidas como un acuerdo con Facebook para frenar las fake news, y no así los mensajes de odio ni las campañas de miedo.

La guerra sucia no informa ni documenta ni contrasta versiones. Su objetivo es denostar, criminalizar e inducir al miedo. Los creadores de estas campañas son los que ahora se quejan de una sociedad polarizada y advierten riesgos en el ejercicio de la libertad de expresión.

La consolidación de la democracia exige que todos los actores políticos se conduzcan con apego a la legalidad. Desterrar los efectos perniciosos de ilegales prácticas añejas precisa que los presuntos delitos sean investigados y los presuntos responsables castigados, puesto que la impunidad alienta la repetición de hechos que dañan nuestra democracia.

Por lo expuesto y fundado pongo a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía de Especializada de Delitos Electorales a que, en la investigación de los hechos relacionados por posible violación al artículo 15 de Ley General en Materia de Delitos Electorales, que presente el Ejecutivo Federal en relación a las campañas negras orquestadas en el proceso electoral federal 2017-2018, conduzca las investigaciones en un marco de objetividad, profesionalismo y apego irrestricto a la ley, a fin de fincar las responsabilidades y sanciones correspondientes a quienes resulten responsables derivado de dicha investigación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Instituto Nacional Electoral a que en ejercicio de sus facultades de fiscalización determine lo que conforme a derecho corresponda respecto de los hechos relacionados con las campañas sucias en el proceso electoral 2017-2018.

Notas

1 Rodríguez, Juan Carlos. “Operación Berlín: Conjura Anti AMLO”. En Eje Central, 14 de marzo de 2019. Disponible en: http://www.ejecentral.com.mx/operacion-berlin-conjura-antiamlo/. Consultado el 21 de marzo de 2019.

2 Olmos Gil, José. “Operación Berlín”. En Proceso 20 de marzo de 2019. Disponible en:

https://www.proceso.com.mx/576034/operacion-berlin. Consultado el 21 de marzo de 2019

3 Ídem.

4 Rodríguez, Juan Carlos. “Operación Berlín: Conjura Anti AMLO”. Publicación citada.

5 Rodríguez, Juan Carlos. “Ricardo Rojo, pieza clave en la Operación Berlín”. En Eje Central 21 de marzo de 2019. Disponible en: http://www.ejecentral.com.mx/ricardo-rojo-pieza-clave-en-la-operacion-b erlin/. Consultado

6 Rodríguez, Juan Carlos. “Operación Berlín: Conjura Anti AMLO”. Publicación citada.

7 Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 18 de marzo de 2019. Disponible en:

https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-presidente
-andres-manuel-lopez-obrador-del-18-de-marzo-de-2019?idiom=es. Consultado el 21 de marzo de 2019.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión, a 26 de marzo de 2019.

Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a garantizar por la Sectur y la SHCP la reasignación de presupuesto y la operatividad integral del Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del PAN

Dulce Alejandra García Morlan, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a garantizar por las Secretarías de Turismo, y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, la reasignación de presupuesto y la operatividad integral al programa S248, “Programa de desarrollo regional turístico sustentable y pueblos mágicos”, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El turismo representa una de las actividades económicas más importantes con las que puede contar un país para generar crecimiento económico. El impulso de este sector ha sido prioridad en casi todas las naciones.

En México se entiende y reconoce que el turismo es un sector estratégico de desarrollo, porque tiene una alta capacidad para generar empleos, diversificar la productividad entre sectores económicos y regiones geográficas, y generar alto valor a través de su integración con cadenas productivas locales.

En los últimos años, el país se ha posicionado de forma considerable en materia de turismo: del décimo lugar que ocupábamos en 2010, ahora ocupamos el sexto en la clasificación1 de turismo, sólo por debajo de Francia (1), España (2), Estados Unidos (3), China (4) e Italia (5).2

Hoy, México figura entre los 10 destinos más importantes en recepción de turistas internacionales, y es uno de los 15 países con mayores ingresos por este concepto. Eso habla de la importante labor que se ha realizado en materia de turismo en el país y que, sin duda alguna, es fundamental que sigamos por ese camino.

Actualmente, el sector turístico contribuye con 8.7 por ciento en el producto interno bruto. Es una actividad de la que dependen directamente más de 4 millones de ciudadanos y entre 25 y 28 millones de forma indirecta. Además, es el sector que se encuentra entre los tres primeros lugares en la generación de divisas para México, de modo que es determinante para la economía del país.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, los ingresos de divisas por turismo registraron en 2017 un total de 21 mil 336.2 millones de dólares, cifra mayor que la de 2016 en mil 686.5 millones de dólares, mostrando un crecimiento de 8.6 por ciento.3

El país tiene una diversidad turística que la hace ser de las más ricas en el mundo, por toda la extensión del territorio nacional se puede apreciar y disfrutar la belleza de nuestras regiones turísticas. Contamos con cientos de pueblos que guardan la enorme riqueza patrimonial, material e inmaterial del país.

Para impulsar el sector turístico en estos pueblos, se crea en México el distintivo de “pueblo mágico” en 2001, este programa nace como una estrategia para impulsar el desarrollo turístico, orientada a estructurar una oferta turística complementaria, competitiva y diversificada hacia el interior del país.

La denominación de “pueblo mágico” la otorga la Secretaría de Turismo a las localidades que cuentan con atributos turísticos únicos y que, a través del tiempo, hayan conservado y valorado su herencia histórica, cultural y natural.

El programa Pueblos Mágicos busca aprovechar el potencial turístico de México para generar una mayor derrama económica en las regiones del país, lo busca hacer a través del fortalecimiento de infraestructura, mejoramiento de la calidad de los servicios y la diversificación de los productos turísticos de los pueblos que cuenten con el distintivo.

Desde la denominación de los 2 primeros pueblos mágicos, en 2001, cuando fueron Huasca de Ocampo (Hidalgo) y Real del Catorce (San Luís Potosí), la Secretaría de Turismo ha otorgado hasta el presente año la distinción de “pueblo mágico” a 121 localidades del país, en 31 entidades.

El programa ha sido fundamental para incentivar el desarrollo de estos pueblos, porque aprovecha la singularidad de las localidades para la generación de productos turísticos basados en las diferentes expresiones de su cultura local, como lo son las artesanías, festividades, gastronomía, y tradiciones, entre otras.

Durante los 17 años de existencia del distintivo de “pueblo mágico” se han logrado avances importantes en las localidades que cuentan con esta denominación; como lo son la construcción, conservación y remodelación de espacios públicos, el impulso de las rutas, circuitos y corredores turísticos, la movilidad universal y accesibilidad de los turistas a estos destinos.

El último censo económico, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2014, señala que 7.8 por ciento de las unidades económicas con actividades turísticas (38 mil 693 unidades) se concentraron en los pueblos mágicos del país y 2.4 del valor agregado censal bruto turístico (10 mil 292 millones de pesos) fue generado en los pueblos mágicos. Adicionalmente, dichos pueblos mágicos generaron 117 mil 972 ocupaciones hoteleras, equivalentes a 4.3 por ciento de las generadas en el país.

Pese a que el programa ha demostrado año con año ser exitoso y necesario, para el presente ejercicio fiscal no se aprobaron recursos para su continuidad, ni un solo peso fue asignado a tan noble programa presupuestario, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación aparece en el ramo 21, con la denominación “Programa de desarrollo regional turístico sustentable y pueblos mágicos”.

Durante la discusión del paquete económico de 2019 en la Cámara de Diputados se alertó del lamentable retroceso que significaba dejar sin recursos al programa y de las complicaciones a las que se tendrían que enfrentar las 121 autoridades municipales que en todos los casos han tenido que invertir recursos para poder alcanzar la denominación de “pueblo mágico”.

El recorte del presupuesto del programa en términos reales es de 586 millones de pesos, los recursos ejercidos en 2018, ante la realidad de seguir invirtiendo en promoción turística y adecuación de sus destinos turísticos, los municipios han exigido de manera unánime un mecanismo que permita la reasignación de recursos económicos para los 121 pueblos mágicos del país.

Después de aprobado el Presupuesto, en diciembre pasado, se han desarrollado reuniones locales, regionales y nacionales para conseguir que se garantice de una u otra manera la operatividad integral del programa.

El pasado 27 de febrero se llevó a cabo una reunión de trabajo en el Senado de la República, donde participaron la Red de Alcaldes de Pueblos Mágicos, los Comités Ciudadanos de Pueblos Mágicos de todo el país, la Asociación Nacional de Pueblos Mágicos y los integrantes de las Comisiones de Turismo de la Cámara de Diputados y del Senado.

En la reunión, los alcaldes expresaron su preocupación de que el programa haya tenido un recorte presupuestal de 100 por ciento en el presente ejercicio fiscal, comentaron también la necesidad de encontrar los acuerdos necesarios que les permitan acceder a recursos públicos con el objetivo de seguir construyendo desarrollo turístico en sus pueblos.

Se habló de la urgencia de garantizar, bajo el mecanismo adecuado, una reasignación de presupuesto al programa, se dijo que, en todo caso, el presupuesto debería aumentar año tras año, puesto que además de los 121 pueblos mágicos existentes, hay muchos más que están compitiendo por conseguir el distintivo y tener acceso así a los recursos que el programa operaba.

Además de lo señalado, se mostraron durante las participaciones en el encentro los beneficios puntuales que el programa ha generado para las comunidades y cómo a raíz de éste se ha aprovechado de mejor manera los atractivos turísticos que poseen.

La nueva realidad en que se encuentran los 121 pueblos mágicos del país hace necesariamente que esta soberanía no pueda quedarse sin actuar y sin dar una respuesta adecuada a sus necesidades.

Tenemos la responsabilidad de generar herramientas que eleven la competitividad del sector turístico de todas las regiones de nuestro país, para poder consolidarlas y generar desarrollo económico a beneficio de los mexicanos.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal a garantizar por las Secretarías de Turismo, y de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus respectivas competencias, la reasignación de presupuesto y la operatividad integral al programa S248, “Programa de desarrollo regional turístico sustentable y pueblos mágicos”, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2019.

Notas

1 Barómetro del turismo mundial de octubre de 2018.

2 http://siimt.com/es/basico/Ranking_Mundial

3 Anexo estadístico del sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2019.

Diputada Dulce Alejandra García Morlan (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP, la Ssa y el Injuve a realizar una campaña sobre una vida sana y armoniosa en pareja que fomente una cultura de paz, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Ana Laura Bernal Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 33 y 34, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Recientemente hemos dado constancia de lo narrado en los medios de comunicación, en torno al aumento de nivel de violencia en pareja. Dejando de lado el respeto, la armonía, la tolerancia, el cariño e innumerables aspectos que forman la relación de los seres humanos.

Históricamente, las relaciones situaban a los hombres como jefes de familia, para imponer la verticalidad de las decisiones familiares y eran los encargados de vigilar por el bienestar de su familia, eran la guía e imponían la toma de decisiones; a través del sostén económico de sus miembros. Situación que, aunque ha cambiado, en muchas regiones del país prevalece.

Las mujeres por otro lado, asumían y aún asumen los roles relacionados con la maternidad, el cuidado del hogar, de los hijos, en consecuencia, a costumbres culturales, psicológicas o económicas.

Los elementos que inciden en la violencia en la pareja, pueden de muchos tipos y orígenes; en muchos países se encuentra considerado como un problema de salud pública.

Investigaciones señalan que la baja autoestima, en muchas ocasiones es derivada de la violencia a la que están expuestas desde pequeñas las mujeres. La misoginia, el machismo coadyuvan en la situación de vulnerabilidad que sufren.

Considerando que las identidades femeninas y masculinas se construyen social y culturalmente como complementarias, excluyentes y desiguales. Complementarias, ya que las funciones de cada uno requieren de la otra mitad, son excluyentes porque los tributos esperados en uno, no son deseables en el otro, finalmente son desiguales porque se les otorga la superioridad a las características masculinas sobre las femeninas.1

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, definió la violencia contra las mujeres como “...todo acto de violencia basada en la pertinencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada...” (ONU, 1993) posteriormente, en la convención de Belem Do Pará (1994) se reconoció como “...cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado...”

Algunos registros administrativos en México que recogen información sobre el tema de nuestro interés son:

• Estadísticas de las entonces llamadas Procuradurías, tanto federal y estatales, señalaban que: el problema particular en este caso es que el porcentaje de casos que se denuncia es muy bajo, por ejemplo, se ha estimado que en México sólo el 26% de las mujeres que han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja acude a la policía o con alguna autoridad pública; este porcentaje varía, a su vez, por el tipo de violencia recibida: sólo el 4% de las mujeres víctimas de violencia sexual acude con las autoridades.

• Estadísticas judiciales (referidas sólo a aquellos casos que han entrado al sistema judicial) estadísticas del Sistema Nacional de Salud (SINAIS), con información sobre abuso sexual y violencia familiar.

• A partir de la implementación de la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, se establece la creación del Banco Nacional de datos sobre información sobre casos de violencia contra las mujeres (BANAVIM). Hasta ahora, sin embrago, esta base no se ha configurado ni ha funcionado en realidad;2

Como se denota, se ha dado cuenta de la violencia contra la mujer; en 2018, en un medio de comunicación de circulación nacional resaltó que el Centro de Estudios para el logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados (CELIG), sostuvo que la violencia contra las mujeres, es un fenómeno persistente, cultural y creciente, por lo que concluyó que “México es un país violento para las mujeres”, además de ser socialmente aceptado.3

La violencia en una relación se entiende por cualquier agresión psicológica, física o sexual para mantener el empoderamiento sobre la pareja. Puede comenzar con comentarios incómodos, empujones, jaloneos que pueden tornarse en lesiones y homicidio.

En 2015 el Inegi registró 20 mil 762 muertes por homicidio en el País, de las cuales 18 mil 293 fueron de hombres y dos mil 383 de mujeres.4

En el caso de hombres violentados tiene un tratamiento distinto, ya que a nivel social se ve como un asunto normal y no se acepta que la mujer pueda lastimar a un hombre.

Estas situaciones nos han llevado a distintas comisiones de delitos, que han aumentado en los últimos años. En medios de comunicación, ha quedado constancia del nivel de violencia con que se tratan las parejas; por un lado, lesiones u homicidio que comete un hombre contra una mujer y viceversa.

Sobran los ejemplos de actos violentos en las parejas, el 22 de agosto del 2018, el sol de México, publicó la siguiente nota;

Acusan de feminicidio al sujeto que mató a su novia

Durante la audiencia inicial del sujeto que agredió a balazos a su expareja sentimental y a aun varón que la acompañaba-causándole la muerte- en la delegación Benito Juárez; su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por lo que será hasta el 24 de agosto, que un Juez de control buscará vincularlo a proceso.

El sujeto acusado de feminicidio en agravio de su expareja, y homicidio en contra de otro individuo, fue capturado momentos después de arremeter contra la joven pareja, mientras se encontraban en un puesto de alimentos en la colonia Zacahuitzco.

Familiares de la mujer señalaron que el inculpado y la víctima sostuvieron una relación sentimental durante 10 años, aunque no detallaron las razones por las que terminaron o por el repentino ataque.

En casos de agresiones u homicidio cometidos por mujeres contra hombres, también van en crecimiento, como ejemplo el siguiente caso:

Ciudad de México, 11 de marzo. - una mujer fue aprehendida por asfixiar a su pareja y después realizarle varios cortes en las muñecas con una navaja para simular que se había suicidado en su departamento, ubicado en la colonia noche buena, delegación Benito Juárez, informó este día la PGJ de la CDMX.

El fiscal central de investigación para la atención del delito de homicidio, Roberto Aguas Becerra, dio a conocer que a las 19:40 horas del pasado 20 de enero, el hombre y la mujer llegaron al inmueble e ingirieron bebidas alcohólicas hasta las 22:50 horas, cuando ella abandonó el lugar en el mismo vehículo que llegaron: un Mazda 3.

Dos días después, el sujeto fue encontrado sin vida. La presunta asesina se presentó ese mismo día en la escena del crimen para reclamar departamento y el automóvil, porque supuestamente “su novio” se los vendió antes de morir.

Luego de las investigaciones, se estableció que la acusada asfixió al agraviado y después le provocó lesiones en la muñeca con una navaja”.5

Lo preocupante, consiste en los actos de violencia que no llegan a ser carpetas de investigación. El grado de aprehensión o de imposición, que ejercen alguna de las partes, puede derivar en actos violentos, resultado probable de la falta de valores, de la inseguridad personal. En este aspecto, la educación inicial ayuda considerablemente, fomentada primero en los hogares y después en las escuelas públicas o privadas de nivel básico.

Considero, que la unión de esfuerzos de la Secretaría de Educación Pública, al tener el control de las escuelas de educación inicial y con ello, generar las reuniones informativas con los padres de familia; de la Secretaría de Salud para brindar apoyo en materia de salud sexual; del Instituto Mexicano de la Juventud para impactar positivamente con esta campaña coordinada en los centros de atención a jóvenes del país, será de suma importancia para reducir los niveles de violencia que se están presentando.

Por lo anteriormente fundado y motivado, someto a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a las Secretarías de Educación Pública, de Salud y al Instituto Mexicano de la Juventud; para que coordinadamente, realicen una campaña sobre la vida sana y armoniosa en pareja que fomente una cultura de paz.

Notas

1 Tomado de https://www.capi.com.mx/blog/2016/06/roles-en-la-pareja-destino/ el 14 de marzo del 2019.

2 Tomado de
https://www.inegi.org.mx/rde/rde_20/doctos/rde_art1.pdf el 14 de marzo del 2019

3 Tomado de
https://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/07/04/mexico-pais-violento.para-las-mujeres-estudio-6682.html el 14 de marzo del 2019

4 Tomado de https://www.gob.mx/imjuve/articulos/violencia-contra-hombres-una-violen cia-mas-silenciosa el 14 de marzo del 2019.

5 Tomado de https://www.sinembargo.mx/11-03-2018/3395945 el 14 de marzo del 2019.

Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los gobiernos de la Ciudad de México y del estado de México a promover por las respectivas instituciones una red de vigilancia formada por autoridades y sociedad civil para combatir la inseguridad en el transporte público de la zona metropolitana, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado federal Higinio del Toro Pérez , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, así como del 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a los gobiernos de Ciudad de México y del estado de México para que, a través de sus respectivas instituciones, promuevan una red de vigilancia conformada por autoridades y sociedad civil para combatir la inseguridad presente en el transporte público de la zona metropolitana del valle de México (ZMVM) , al tenor de los siguientes considerandos:

Considerandos

Las recientes denuncias sobre los intentos de secuestro a mujeres en el Sistema de Transporte Colectivo Metro han puesto de manifiesto el gran problema de inseguridad que se vive en la zona metropolitana del valle de México. Diversas organizaciones civiles, así como diferentes medios de comunicación, han presentado cifras que sustentan que los recientes acontecimientos en contra de las mujeres no son hechos aislados.

Ejemplo de esto son las cifras que presentó la Procuraduría de Justicia capitalina en las que se señala que en 2018 hubo un aumento de denuncias por robos en diferentes medios de transporte de uso masivo en la Ciudad de México.

De acuerdo con el informe, en el primer semestre del año pasado se registraron 525 denuncias por robos dentro de las unidades del metrobús , lo cual se traduce en un aumento del 78.5 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2017, cuando se registraron 294 denuncias.

En ese mismo sentido, el informe establece que aumentaron significativamente las denuncias por robo en el tren ligero, el trolebús, y los autobuses de la Red de Transporte Público (RTP), ahora Sistema de Movilidad Uno, en el año 2018. Aunque no se especifica el dato para cada uno de los medios de transporte, el informe establece que se registraron mil 289 robos en total.

La comparación entre las denuncias de 2017 y 2018 destaca que hubo un aumento del 43 por ciento y que incluso en 2018 se ha registrado el pico más alto en el índice delictivo al interior de las unidades de transporte.

Aunado a estas cifras alarmantes, los habitantes del valle de México no tienen más opciones para transportarse debido a que las denuncias por robos a usuarios de taxis también registraron un alza debido a que en 2018 se contabilizaron aproximadamente 294 denuncias por robo, lo cual significa 19 por ciento más que en 2017.

Un dato que llama la atención es la contradicción entre las cifras de robos al interior del transporte público, debido a que, de acuerdo con la Procuraduría de Justicia capitalina, en 2018 hubo un importante descenso en denuncias por robo al interior del metro, incluso se señala que se registró un 62 por ciento menos en comparación con 2017.

La magnitud del problema en la capital mexicana demanda soluciones en los que se promueva la participación ciudadana, por lo que una red de vigilancia ciudadana significa una opción que colabore con las autoridades para identificar los puntos rojos en los que se presenta el mayor número de casos de delincuencia y de esta forma, las denuncias tengan un sustento y un camino por el cual se dé seguimiento a un evento violento, de intento de secuestro o un delito al interior de la red de transporte colectivo de la ciudad. Esta opción permite a los ciudadanos coadyuvar con el gobierno para generar información útil que contribuya en sus estrategias y operaciones.

Es decir, el objetivo de la red de vigilancia conformada por la ciudadanía y las autoridades competentes permite prevenir y combatir aquellos delitos que han aumentado en el transporte público en contra de los propios ciudadanos e incluso contribuir a la disminución de los actos violentos que se cometen en contra de los usuarios, especialmente de las mujeres.

La organización de la sociedad civil en conjunto con las respectivas instituciones de procuración de justicia de Ciudad de México y el estado de México podrán diseñar mecanismos de denuncia y protección de testigos a fin de que se combata a la delincuencia de forma eficaz y segura para los habitantes de la metrópoli del valle de México.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la valiosa consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Dde Urgente y Obvia Resolución

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a los gobiernos de Ciudad de México y del estado de México para que, a través de sus respectivas instituciones, promuevan una red de vigilancia conformada por autoridades y sociedad civil para combatir la inseguridad presente en el transporte público de la zona metropolitana del valle de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de febrero de 2019.

Diputado Higinio del Toro Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Sader a realizar por el Senasica acciones para regular la entrada de ganado bovino infectado proveniente de Centroamérica, a cargo del diputado Roque Luis Rabelo Velasco, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Roque Luis Rabelo Velasco, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), realice acciones para regular la entrada de ganado bovino infectado proveniente de Centroamérica, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 19 de la Ley de Sanidad Animal establece que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es la encargada de realizar acciones para vigilar la sanidad animal:

Artículo 19. La Secretaría establecerá mediante disposiciones de sanidad animal, las características y especificaciones que deberán observarse para procurar el bienestar que todo propietario o poseedor de animales debe proporcionarles, a fin de que los inmunice contra las enfermedades y plagas transmisibles que los afecten y les proporcione la alimentación, higiene, transporte y albergue y en su caso entrenamiento apropiados conforme a las características de cada especie animal, con el objeto de evitar su estrés y asegurar su vida y su salud.

No obstante, la entrada de ganado proveniente de Centroamérica ha significado un verdadero reto para garantizar las condiciones mínimas de sanidad animal, lo cual ha impactado negativamente en la actividad ganadera de nuestro país.

La Sader cuenta con un órgano descentralizado que se encarga de la vigilancia de la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria denominado Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la cual está encargada de diseñar e implementar programas en favor del cuidado de las condiciones para que la ganadería mexicana se desarrolle en los términos señalados por la Ley de Sanidad Animal.

El problema de la entrada del ganado proveniente de Centroamérica es que los programas de vigilancia no han sido suficientes y el gran número de animales que ingresa a nuestro país, del cual no se tiene certeza sobre sus condiciones zoosanitarias, son regularizados para su comercialización al interior del país.

El desconocimiento sobre las condiciones del ganado no solo afecta a los ganaderos que compran a dicho ganado y lo trasladan por el país llevando las posibles enfermedades que porten los animales, sino que significa un verdadero riesgo para la salud de los mexicanos quienes consumen la carne con la idea de que ha sido revisada de acuerdo con las condiciones legales que se establecen en nuestro país.

Entre los riesgos sanitarios que puede tener el ganado proveniente de Centroamérica se encuentra la zoonosis, la cual se define como aquellas enfermedades que se transmiten, en forma natural, entre animales vertebrados y el hombre. Las zoonosis son de especial importancia en nuestro continente, donde más del 50 por ciento de la población vive aún en áreas rurales y, por consiguiente, en contacto más frecuente con animales domésticos y mayor proximidad de animales silvestres.

El impacto de la zoonosis es particularmente sensible en los países latinoamericanos en vías de desarrollo. Las zoonosis de interés inmediato representan una repercusión muy drástica en la economía y en la salud pública de los seres humanos. Ejemplos de estas enfermedades son la tuberculosis, la brucelosis, la cisticercosis, fiebre aftosa, etcétera.

Por lo que respecta a la brucelosis, esta enfermedad de transmisión directa e indirecta de animales infectados a seres humanos, ocasiona graves pérdidas económicas, incapacidades físicas y pérdida de mano de obra. La brucelosis bovina es una enfermedad que se puede erradicar con los procedimientos técnicos necesarios, prueba y sacrificio, vacuna eficaz y combinación de ambos métodos. Sin embargo, estos programas de control en Centroamérica se desarrollan por lo general en forma esporádica.

La tuberculosis bovina es una de las enfermedades que causan preocupación por las pérdidas económicas que origina en las ganaderías y el peligro en la transmisión al hombre. Aparentemente la incidencia es baja en todo el itsmo centroamericano y lo único que se recomienda es la erradicación, sin políticas de sanidad.

La cisticercosis es muy frecuente en los países consumidores de carne de puerco en grandes cantidades como México y se considera de gran importancia para la salud pública, pero desafortunadamente los datos existentes sobre la incidencia son escasos.

Por lo que respecta a la fiebre aftosa, hace dos años el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) detectó un brote de aftosa en el territorio nacional, situación que cerró el mercado cárnico colombiano en Perú, Chile, Curazao y Rusia. Pero a estas restricciones se sumó México, país que decidió frenar las exportaciones de derivados lácteos con Colombia por tener seis plantas procesadoras de este tipo de productos ubicadas en Cundinamarca, donde estuvo el segundo foco detectado de la enfermedad.

De acuerdo con el entonces comunicado del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), se “decidió tomar estas medidas de acuerdo con las regulaciones nacionales e internacionales, orientadas a proteger al patrimonio agroalimentario de plagas y enfermedades exóticas (que no existen en el territorio nacional) que pudieran poner en riesgo la producción de alimentos en México”.

Los problemas de la ganadería en México, en lo económico es producto de la indiscriminada entrada de ganado bovino de Centroamérica por varios puntos de Chiapas y Tabasco, siendo los puntos esenciales; Benemérito de las Américas y el Ceibo, en Chiapas y Tabasco respectivamente, amen que existen diferentes puntos con menor movilidad, pero se suman al ganado bovino proveniente de Centroamérica, como referencia en Benemérito de la Américas la cantidad de jaulas (panzonas) que se mueven diariamente son de 40 a 75 panzonas por día, lo que hace una inmensa entrada por este punto, a eso la suma del Ceibo otra importante entrada, además de la región de Talismán, Frontera Comalapa y el Rio Suchiate, del estado de Chiapas.

El gobierno de México tiene el control de la entrada de ganado bovino únicamente de su movilidad a través de un sistema de movimiento creado para éste llamado Arete, sin embargo, es nulo el control sanitario de estos animales lo que se supone un alto riesgo a la ganadería nacional.

Este ganado, al entrar a nuestro territorio, no es sujeto a ninguna inspección de fitosanitario, incuestionablemente la entrada de animales enfermos de tuberculosis y brucelosis es permanente lo que, a muchas zonas de la región de Chiapas y Tabasco, se le hace imposible aspirar a ser zonas limpias, nos condenan a permanecer como zonas sucias, a este problema sanitario se le agrega uno que es una verdadera bomba, el posible ingreso a nuestro territorio de animales contaminados con fiebre aftosa .

En los países sudamericanos, la fiebre aftosa es una enfermedad endémica, Centroamérica y Norteamérica se han librado de esta pandemia en gran parte por la existencia de cerca de 20 mil kilómetros cuadrados de selva pantanosa que es la frontera de Centroamérica con Sudamérica, el famoso Tapón de la región del Darién en Panamá, que ha imposibilitado la entrada del ganado bovino de Sudamérica a Centroamérica, pero da el caso que ya en la zona en comento, se está criando ganado bovino, sin que esté definido si es ganado bovino de Sudamérica o Centroamérica.

Actualmente existe la movilidad de ganado bovino de Panamá hacia México, lo que aumenta muchísimo la posibilidad de la entrada de la fiebre aftosa a nuestro territorio. Lo cual sería catastrófico para la ganadería nacional de nuestro país, por lo que es de suma urgencia habilitar zonas de cuarentena en varios puntos de la frontera sur de nuestro país.

La planificación e implementación de un conjunto de acciones operacionales cuyo objetivo principal es la de la protección de los hatos ganaderos contra la entrada de cualquier animal enfermo, proveniente de Centroamérica, en la actualidad no existe ningún programa de prevención de enfermedades que funcione para frenar esta práctica.

Por mencionar, el 70 por ciento de los productores en Centroamérica son pequeños o medianos, y el 60 por ciento de estos se encuentran en el área rurales con difícil forma de cuantificar las enfermedades que padecen en esa región, además no cuentan con las medidas de salud requeridas para una sana alimentación de los animales.

Las enfermedades en los animales que pueden transmitirse a los humanos es a través del consumo; a esto se suma a que el comercio internacional de animales y sus productos es cada vez más intenso, las enfermedades de estos animales no reconocen fronteras y cualquier problema de salud se propaga rápidamente. Es por ello que las buenas prácticas pecuarias son fundamentales.

Con lo expuesto se reconoce de vital importancia aplicar las técnicas de prevención y control de las enfermedades que afectan al ganado vacuno en especial las que entran por el sur de nuestro territorio mexicano, muy en especial en los estados de Chiapas y Tabasco, la detección de las enfermedades en los animales es de gran importancia de la sanidad animal frente a la salud pública, es especialmente significativa en el ámbito del diagnóstico y de la prevención de enfermedades en el ganado vacuno.

La planificación e implementación de un conjunto de normas operacionales cuyo objetivo principal es la de la protección de los hatos ganaderos contra la entrada de cualquier animal enfermo, proveniente del país vecino de Guatemala, en la actualidad no existe ningún programa de prevención de enfermedades que funcione para frenar esta práctica.

Se debe crear un equipo encargado de la elaboración de una serie de guías con el propósito de ampliar los conocimientos a técnicos extensionistas y equipo que atienden directamente a los animales que entran a nuestro territorio, para dar un dictamen puntual de la sanidad del animal.

El propósito de este punto de acuerdo es para que los técnicos, promotores y productores cuenten con una información que les permita conocer los principales errores que se cometen durante el manejo sanitario, principalmente al importar animales enfermos de Guatemala.

Pueden tardar meses o años en aparecer, ya que a veces la bacteria permanece en estado latente en el animal sin desencadenar la enfermedad. Los signos pueden ser debilidad, pérdida de apetito, pérdida de peso, reducción de producción de leche, fiebre intermitente, tos seca, diarrea, ganglios linfáticos agrandados. La vía de transmisión principalmente por medio del aire (vía respiratoria) y digestiva. Las personas pueden infectarse a través del consumo de alimentos lácteos provenientes de animales enfermos

Impulsar acciones de carácter de seguridad para controlar el movimiento de animales enfermos para que garanticen en un futuro un mejor control zoosanitario del hato nacional que pone en riesgo la salud de la población y del hato nacional, es una competencia del Ejecutivo federal, por tratarse de un problema de carácter nacional,

El presente tiene el firme propósito de que la Secretaría, a través de la instancia correspondiente Senasica, pueda mejorar las técnicas de prevención para una mejor calificación sanitaria a fin de que se cumpla con las condiciones establecidas en la Ley de Sanidad Animal para garantizar la sanidad agroalimentaria en favor de la salud de los mexicanos y se mejoren las prácticas comerciales para los ganaderos mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), realice acciones para regular la entrada de ganado bovino infectado proveniente de Centroamérica.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2019.

Diputado Roque Luis Rabelo Velasco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y el SAT a reforzar las políticas de actualización aduanera mediante el diseño de una estrategia elaborada con el sector privado, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, a Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria y a Ricardo Peralta Saucedo, titular de la Administración General de Aduanas, en el uso de sus facultades para reforzar las políticas de actualización aduanera mediante el diseño de un estrategia elaborada en colaboración con el sector privado, en favor de reconocer cuál es el estado operativo de las aduanas y compaginarlas con las necesidades de los actores cotidianos del comercio exterior, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El trabajo aduanero en México se encuentra en una situación preocupante ante la incapacidad de reducir los riesgos que implica el crecimiento del comercio exterior en últimas décadas. La relevancia de la actividad, atrayendo la atención de personas ajenas al respeto de la ley, es un problema común que afronta el trabajo aduanero alrededor del mundo, pero en el caso mexicano cuenta con una característica que lo torna en un objetivo atractivo: tiene algunos de los principales accesos aduaneros del comercio internacional, donde la relación mercantil con los Estados Unidos de América (EUA) genera una gran actividad de intercambio económico, político y cultural. En el plano de la recaudación fiscal, genera un total de 845 mil millones de pesos solamente por pago de derecho e impuesto al valor agregado.1 Los estados con mayor recaudación por IVA en aduanas son: Tamaulipas, Veracruz, Colima, Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, Baja California, y Chihuahua,2 lo que denota la importancia que tiene para nuestro país, el papel en los estados con mayor actividad comercial y la producción de empleos derivada de la existencia de este sector.

Los delitos, por desgracia, tienden a presentarse en lugares como estos debido a la valía comercial que se transporta al interior de las aduanas. La actividad se desarrolla de manera tan usual, que datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) apuntan a que cada integrante de la organización pierde alrededor de 2 mil millones de dólares debido a actos de corrupción en sus respectivas aduanas.+ 3 Esto, en el caso mexicano, tiende a tener repercusiones de gran impacto en cuestiones de seguridad nacional. La facilitación para el tráfico de mercancías ilegales como armas por parte de actores corruptos,4 tiene costos sobre la vida de otras personas ante el nocivo papel que hoy en día juega el crimen organizado. Por otro lado, actos de evasión fiscal, sin importar montos, merman las arcas de la nación y reducen el potencial financiamiento de las diversas labores del estado. Evitar poner en peligro la capacidad de acción y la salvaguarda de los ciudadanos es contraproducente a mediano y largo plazo.

Para hacer frente a esta problemática, la actual administración ha explicitado un deseo de transformación del trabajo y organización aduanero. Dicho esfuerzo, pienso, debe de ser respaldado por nosotros los legisladores y el resto de representantes públicos, pero aclarando que la única manera de desarrollar una estrategia pertinente y eficaz es por medio de apertura, discusión e integración de los diversos actores partícipes del comercio exterior y con una relación estrecha con las operaciones aduaneras.

Por ello, recalco la inclusión del sector privado, el cual se muestra dispuesto a colaborar y hacer explícitas las necesidades del sector para orientar la implementación de ideas, métodos y tecnologías pertinentes para las exigencias actuales de la labor aduanera internacional. Sobre esto, la estrategia igualmente debe de contemplar la relevancia de un criterio como la eficiencia. La falta de apego a normatividades internacionales homologadas, como el Convenio de Kyoto, han orillado a Ricardo Peralta Saucedo, titular de la Administración General de Aduanas, a exhortar la adhesión de México a esta clase de convenios como uno de los propósitos urgentes en esta materia. Esto último complementa los requisitos para poder impulsar un correcto trabajo en las aduanas nacionales.

Actualizar las normatividades, dotar de las herramientas tecnológicas y laborales necesarias para el trabajo y orientar la implementación de ambas a las necesidades de los actores involucrados en el comercio exterior, es la perspectiva integral que sentará las bases para el éxito de políticas públicas enfocadas a este rubro.

La voluntad por parte de las autoridades, como ya he explicitado, no pareciera faltar. Los episodios de corrupción reportados, como los siete divulgados por parte del administrador general de Aduanas,5 en enero de 2019, al igual que el exhorto al apego de normatividades internacionales, muestran que hay una disposición por mejorar la labor realizada en estos espacios, por lo que plantear posteriores esfuerzos para acoplar la norma a la realidad cotidiana serán necesarios si se pretende una política pública eficiente y comprometida con el respeto a los aspectos éticos, operativos y de calidad que la labor aduanera conlleva.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en el uso de sus facultades a coordinarse con Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria y con Ricardo Peralta Saucedo, titular de la Administración General de Aduanas, para reforzar las políticas de actualización aduanera mediante el diseño de un estrategia elaborada en colaboración con el sector privado, en favor de reconocer cuál es el estado operativo de las aduanas y compaginarlas con las necesidades de los actores cotidianos del comercio exterior.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en el uso de sus facultades a coordinarse con Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria y con Ricardo Peralta Saucedo, titular de la Administración General de Aduanas, para realizar una convocatoria para un foro de discusión sobre las necesidades contemporáneas del sector aduanero, el papel de los agentes particulares y su posición al interior del mercado global.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en el uso de sus facultades, a coordinarse con Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria y con Ricardo Peralta Saucedo, titular de la Administración General de Aduanas, para realizar campañas informativas para la actualización de servicios aduaneros, al igual que la difusión de los mecanismos indispensables para acceder a la participación en este sector.

Notas

1 https://www.jornada.com.mx/2018/12/24/politica/009n1pol

2 https://www.eleconomista.com.mx/estados/IP-proyecta-fortalecer-aduanas- 20190215-0004.html

3 https://m.excelsior.com.mx/opinion/ricardo-peralta-saucedo/las-aduanas- de-mexico-y-su-cuarta-transformacion/1295739

4 https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/aduanas-permitieron-trafico-d e-armas-cartuchos-y-dinero-sat-inicia-limpia-2968578.html

5 https://noticieros.televisa.com/videos/sat-detecta-seis-casos-de-corrup cion-en-aduanas-del-norte-del-pais/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Conade y todas las federaciones deportivas a llevar a cabo un programa preventivo para detectar conmociones cerebrales en atletas, a cargo del diputado Alán Jesús Falomir Sáenz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Alan Jesús Falomir Sáenz, diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 fracción I, 79, numeral 2, fracción III,113 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y a todas las federaciones deportivas para llevar a cabo un programa de prevención para detectar conmociones cerebrales en deportistas al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

Como es sabido, el deporte es una actividad física reglamentada, normalmente de carácter competitivo, que puede mejorar la condición física de quien lo practica, y tiene propiedades que lo diferencian del juego.

En México existen alrededor de 1.4 millones de mexicanos considerados deportistas, de diversas disciplinas, por lo que es nuestro deber como sociedad y representantes populares cuidar a quienes compiten a nombre de nuestros municipios, estados y país.

A nivel profesional, el deporte ha tenido un crecimiento sostenido en México durante la última década. La llegada de una mayor cantidad de ligas de Estados Unidos de América (EUA) y el mundo ha atraído la atención de las nuevas generaciones. Entre los deportes más practicados a nivel profesional en México se encuentran: El futbol soccer, boxeo, la lucha libre, el futbol americano, basquetbol y beisbol.1

Pero la práctica de estos deportes de contacto traen consigo diversas lesiones físicas, una de ellas son las conmociones cerebrales las cuales son un tipo común de lesión deportiva.

En México es escasa la información e investigación al respecto, y es que no existen programas académicos ni de evaluación sobre el tema, ya sea en instancias públicas o privadas.

Un estudio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) reveló que 5.4 por ciento de 407 futbolistas evaluados tuvo síntomas de conmoción cerebral durante los 12 meses previos a la investigación; de ellos, 9.1 por ciento (es decir, dos jugadores) reportó señales consideradas graves.

El objetivo final de la investigación es diseñar programas de prevención para ser aplicados en el deporte amateur, escolar y profesional, debido a que las conmociones cerebrales en los deportistas son un problema que no ha sido investigado en México.2

Como ejemplo en México tenemos el caso de Yasser Corona, quien durante un encuentro de futbol entre los Correcaminos y los Xolos de Tijuana, sufrió un golpe que le provocó una contusión cerebral, impacto que le hizo perder el conocimiento de manera momentánea, cayendo sin control contra el pasto sintético con el cuello híper extendido, por lo que en el segundo impacto sufre una fractura cervical. Por fortuna, tuvo una atención eficiente y una recuperación exitosa, pero no fue suficiente pues acabó con su creciente carrera de futbolista y hoy ve a sus compañeros desde el área técnica. Sin embargo, el riesgo sigue latente y es ahí donde recae nuestra responsabilidad como Poder Legislativo para generar apoyos y políticas púbicas que abonen a nuestros deportistas.

De acuerdo con el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos de América, del 2001 al 2005 los departamentos de emergencias recibieron cerca de 208 mil pacientes con lesión traumática cerebral, incluyendo conmoción cerebral, relacionada con deportes y actividades de recreación. La incidencia es tan alta, que uno de cada 10 deportistas ha sufrido un traumatismo de importancia, lo que se da principalmente por falta de conocimiento de las repercusiones del problema, por la presión social y del mismo deportista por seguir practicando determinada disciplina, o bien, por las probables repercusiones económicas.

En el caso de la National Football League (NFL) pese a las diversas medidas que se han instaurado en la liga, los problemas continúan e inclusive han ido en aumento, dicha situación quedó de manifiesto con el trabajo más reciente de IQVIA, empresa especializada en salud humana, la cual dio a conocer que durante la temporada regular 2017-2018 se registraron 281 jugadores que sufrieron de una conmoción cerebral , lo que representa un aumento del 13.5 por ciento con respecto a la temporada anterior.

Por su parte, representantes de la NFL se mostraron sorprendidos por las cifras y afirmaron que tomarán nuevas medidas de precaución para combatir el problema y prevenir cualquier tipo de daño a la salud que los jugadores puedan llegar a enfrentar.3

Por otra parte, de acuerdo con un estudio realizado por científicos de la Facultad de Medicina Icahn del Mount Sinai en Nueva York, las conmociones cerebrales con pérdida de conocimiento están directamente relacionadas con el Parkinson, lo que vuelve a los pacientes susceptibles de desarrollar esta enfermedad neurodegenerativa, finalmente cabe mencionar como ejemplo a Muhammad Ali, el más grande boxeador de todos los tiempos, que a raíz de las diversas conmociones cerebrales sufridas a lo largo de su carrera ahora sufre de Parkinson.

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. Se exhorta al titular de la Comisión Nacional del Deporte y a todas las federaciones deportivas para llevar a cabo un programa de prevención para detectar conmociones cerebrales en deportistas.

Notas

1 Julio Sánchez “Los seis deportes más populares en México” sexenio 5 de abril de 2018. Consultado el 13 de febrero de 2019 en http://www.sexenio.com.mx/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=25834

2 Para más información véase Beatriz Pereyra “En lucha contra las conmociones de futbolistas” Proceso 7 de enero de 2018. Consultado el 19 de febrero de 2019 en

https://www.proceso.com.mx/517443/en-lucha-contra-las-co nmociones-de-futbolistas

3 Rodrigo Rojas “Conmociones cerebrales en jugadores de la NFL aumentaron 13.5 por ciento durante 2017” Saludario 30 de enero de 2018. Consultado el 13 de febrero de 2018 en https://www.saludiario.com/durante-2017-aumentaron-13-5-por-ciento-las- conmociones-cerebrales-en-jugadores-de-la-nfl/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de febrero de 2019.

Diputado Alan Jesús Falomir Sáenz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud de Puebla a realizar investigaciones con base en los nuevos factores de riesgo que han generado el aumento acelerado del cáncer en la entidad de 2018 a la fecha, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado David Bautista Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Consideraciones

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolado de las células y puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo formándose un tumor. Al cáncer también se le conoce como “tumores malignos” o “neoplasias malignas”.1

Una característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá? de sus límites habituales e invaden otras paredes del cuerpo u órganos, lo que se le conoce como “metástasis”. Las metástasis son la principal causa de muerte por cáncer.

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, y el director del Patronato del Instituto Nacional de Cancerología, Alfredo Cantú Villanueva, informó que el cáncer en sus diversas modalidades es la tercera causa de muerte en México.

En Puebla es la quinta causa de muerte, 14 de cada 100 fallecimientos son por cáncer. Cada año hay más de 2 mil casos aproximadamente, los tipos más frecuentes, en orden de importancia, son de mama, próstata, dermatológicos, cérvico uterino, colon y estómago.

Cada semana en Puebla, en lo que va de este año, se diagnosticaron en promedio seis casos de cáncer de mama, lo que representa un incremento del 150 por ciento, en comparación con el año pasado, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología (DGE).2

En México, cada cuatro horas muere un niño por cáncer y se estima que anualmente se registran más de cinco mil nuevos casos. El cáncer es la segunda causa de mortalidad infantil en el país, según cifras de la Secretaría de Salud.

Los Tumores malignos son la segunda causa de muerte entre niños en Puebla.3

Los tres tipos de cáncer infantil más comunes son: leucemia con 31 por ciento de los casos, con una tasa de supervivencia de 80 por ciento; tumores cerebrales, con 16 por ciento de la carga, y una tasa de supervivencia de 67 por ciento; así como linfoma con 15 por ciento de los casos y una supervivencia de 91 por ciento en Linfoma de Hodkin, y 72 por ciento en Linfoma No Hodkin.4

La mortalidad por tumores malignos presenta un comportamiento ascendente lo que conlleva una carga económico-social para el sistema de salud, para los pacientes y sus familias.

Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes. Además, un porcentaje importante de canceres pueden curarse, especialmente si se detectan en una fase temprana.

Entre el 30 por ciento y el 50 por ciento de los cánceres se pueden evitar y para ello, es necesario reducir los factores de riesgo y aplicar estrategias preventivas con base científica.

La prevención abarca también la detección oportuna de la enfermedad y el tratamiento de los pacientes. Si se detectan a tiempo y se tratan adecuadamente, las posibilidades de recuperación para muchos tipos de cáncer son excelentes. Las estrategias de prevención de cáncer en las poblaciones deben ir enfocadas en evitar lo más que se pueda los factores de riesgo.

Existen diferentes factores de riesgo como: la mala alimentación y la inactividad física, el consumo de tabaco y de alcohol, y la presencia de algunas enfermedades no transmisibles, sin embargo, no se ha comprobado que estos factores sean determinantes para provocar un cáncer, ya que existe otros factores (muchos de ellos incluso desconocidos) que lo pueden detonar.

En el estado de Puebla se está generando una alerta entre los médicos oncólogos (Especialistas en cáncer), debido a que los factores de riesgo son desconocidos con la etiología que está originando el cáncer, porque ha incrementado el número de casos en pacientes con cáncer en niños, adolescentes y adultos, por lo que es necesario investigar, ¿Cuáles son los nuevos factores de riesgo que están generando aumento en los casos de cáncer?, para así poder evitar nuevos casos de cáncer , mejorar los tratamientos de este padecimiento y optimizar la calidad de vida, disminuyendo la tasa de mortalidad en Puebla.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Salud Pública, así como a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, a realizar una investigación en base a los nuevos factores de riesgo que han generado el aumento acelerado del cáncer en el estado de Puebla del 2018 a la actualidad, para disminuir la tasa de mortalidad en materia de cáncer en el Estado de Puebla.

Notas

1 ¿Qué es el cáncer? [en línea] [fecha de consulta 14 de marzo 2019] Disponible en: http://juntoscontraelcancer.mx/panorama-del-cancer-en-mexico/

2 Periódico El Sol de Puebla, “Aumenta el 150% el cáncer de mama en Puebla” [en línea] [fecha de consulta 15 de marzo 2019] Disponible en: https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/aumenta-150-el-cancer-de-mama-en -puebla-3135282.htm

3 Periódico El Sol de Puebla, “Tumores malignos, segunda causa de muerte entre niños de Puebla” [en línea] [fecha de consulta 15 de marzo 2019] Disponible en:

https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/tumores-malignos- segunda-causa-de-muerte-entre-ninos-de-puebla-951043.html

4 Periódico El Sol de Puebla “Cada cuatro horas muere un niño por cáncer en México” [en línea] [fecha de consulta 15 de marzo 2019] Disponible en: https://www.elsoldepuebla.com.mx/mexico/sociedad/nino-cancer-mexico-sal ud-dia-internacional-del-cancer-infantil-3066511.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2019.

Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y el SAE a realizar un recuento general de los bienes almacenados, desincorporados o incautados por el gobierno federal que se encuentren en desuso, desecho o dados de baja, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a ?Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y a Ricardo Rodríguez Vargas, titular de la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para realizar un recuento general de todos los bienes almacenados, desincorporados o incautados por el gobierno federal en favor de la realización de ventas o subastas de bienes desincorporados los cuales carezcan de un propósito futuro para su implementación y uso en favor de aminorar los gastos que representan por motivos de su almacenaje y mantenimiento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Toda dependencia gubernamental cuenta con unas serie de actividades las cuales se apegan a necesidades de operación, organización o, simplemente, a los tiempos en los cuales se encuentran inmersas. Esta diversidad, en muchos casos, implica costos referidos a la adquisición de bienes, los cuales únicamente cuentan con propósitos específicos a tiempos y formas, es decir, son de un uso breve o único.

En el caso de las dependencias federales, situaciones de esta clase son comunes, ya que se tienen que apegar al calendario festivo, las variaciones de los programas federales implementados por las diferentes administraciones públicas o a la realización de eventos esporádicos o seriados, como foros, campañas informativas o eventos culturales. De ellos, una serie de bienes son obtenidos para su realización y, en muchos casos, son dejados en el olvido, donde se podría hablar de dos posibles escenarios en el futuro de dichos bienes: se relegan a bodegas propias o rentadas por parte de entidades gubernamentales, o “desaparecen” sin dejar mayor rastro que el registro de que fueron adquiridos.

Ambas situaciones tienen como consecuencia una pérdida en términos económicos para nuestro país. En el primer caso, el uso de espacios con un mayor potencial que el de ser meramente “garajes” públicos es un tema sumamente importante por considerar. La realización de eventos o la implementación de programas temporales han dejado en el olvido una parafernalia que podría encontrar una mejor utilidad en manos de la ciudadanía y los privados. Por otra parte, los costos espaciales y monetarios que implica el cuidado de bienes arrumbados es algo que la actual administración no debería de tolerar en favor de una lógica de austeridad pública.

En el segundo caso, la falta de atención sobre bienes de este tipo deriva en situaciones donde hurtos de diversas magnitudes se realizan de manera común. La falta de atención derivada de la ausencia de relevancia que se les otorga, hace difícil que los chequeos se realicen de manera constante más allá de un primer vistazo. Este escenario está especialmente ligado a bienes y objetos que carecen de alta atención mediática.

Un caso excepcional es el de bienes como vehículos o inmuebles. Mientras el resto de productos tiende a ser poco o nulamente considerado por parte de medios de comunicación públicos o privados, las subastas y ventas que se realizan acerca de esta clase de objetos es de gran escala. Tan sólo recordar la reciente subasta de vehículos realizada el fin de semana del 23 y 24 de febrero de 2019+ 1 , y la cual generó cerca de 62 millones de pesos en ganancias2 , es un claro ejemplo de que esta clase de prácticas son consideradas a partir del tipo de bienes que se comercializan y no necesariamente por el ejercicio general de esta práctica.

Esto, a nivel de transparencia, deja mucho que desear por parte de las autoridades mexicanas. Sin tomar en cuenta el impacto mediático que podría tener en medios nacionales e internacionales, la puesta en venta o subasta de productos arrumbados en bodegas es una forma de reducir costos. El portal del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes ya expone una serie de productos a su venta o subasta de diferentes tipos, pero usualmente asociados a bienes confiscados.

En el caso de aquellos que han sido adquiridos por parte del propio gobierno y que no tienen la relevancia mediática como los bienes previamente mencionados, su aparición es bastante escaza para la magnitud de adquisiciones que las diferentes entidades han realizado mediante el ejercicio del presupuesto público. Su uso o rehúso debe de ser considerado para aminorar las cargas de gasto estatales y federales. Ya sea mediante el reciclaje, venta o subasta de dichos productos, encontrar una forma de obtener rendimientos y recuperar parte del gasto debe de ser prioridad en tiempos que solicitan prudencia en el gasto público e inversión en los diferentes sectores sociales que dependen de apoyos gubernamentales.

Sobre esto, exhortamos a que sin importar origen, monto o utilidad que tengan los diversos bienes almacenados en bodegas usadas por dependencias gubernamentales que carezcan de un propósito a corto, mediano y largo plazo, sean puestos a la venta o subasta para así aminorar los gastos y recuperar la inversión realizada por parte de las administraciones previas y actuales, en favor de usar las ganancias obtenidas en programas sociales de diferente índoles. Así, se pretende sentar bases para mantener una política que sea estricta respecto al tema de los gastos innecesarios que se han mantenido por los gobiernos. Mantener una administración pública eficiente es el criterio central para así dar paso al desarrollo y bienestar de nuestro país.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados se exhorta al doctor ?Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al licenciado Ricardo Rodríguez Vargas, titular de la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para que en el uso de sus facultades gire las instrucciones necesarias para realizar un recuento general de todos los bienes almacenados, desincorporados o incautados por el gobierno federal que se encuentren en situación de desuso, deshecho o dado de baja.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados se exhorta al doctor ?Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el uso de sus facultades se coordine con el licenciado Ricardo Rodríguez Vargas, titular de la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para la realización de ventas o subastas de toda clase de bienes almacenados por diversas instancias e instituciones gubernamentales, los cuales carezcan de un propósito futuro para su implementación y uso en favor de aminorar los gastos que representan por motivos de su almacenaje y mantenimiento.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados se exhorta al licenciado Ricardo Rodríguez Vargas, titular de la Dirección General del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, para la actualización del portal de ventas y subastas del Servicio de Administración Pública, en favor de la realización de ventas o subastas de toda clase de bienes almacenados por diversas instancias, instituciones gubernamentales y entes del gobierno federal.

Notas

1 Ariadna Ortega. (2019) ¡Vendidos! 196 vehículos fifís de la presidencia en subasta de AMLO, de ADN Político. Sitio web: https://adnpolitico.com/mexico/2019/02/24/vendidos-196-vehiculos-fifis- de-la-presidencia-en-subasta-de-amlo

2 Redacción Nación 321. (2019) ¡Se rayó! Esto es lo que ganó el gobierno de AMLO en la primera subasta de autos, de Nación 321. Sitio web: https://www.nacion321.com/gobierno/se-rayo-esto-es-lo-que-gano-el-gobie rno-de-amlo-en-la-primera-subasta-de-autos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Ssa a contribuir al abasto de insumos necesarios para la correcta operatividad del INER, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito Juan Martín Espinoza Cárdenas, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79 fracción II, numeral 2, fracciones I, II, III y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Exposición de Motivos

El sector salud es un pilar en la búsqueda del desarrollo social en el mundo, lo cual, es indispensable para alcanzar el bienestar de los ciudadanos de cualquier país y el respeto a sus más elementales derechos fundamentales. Es por ello que, en las últimas décadas, se habla de una vinculación entre el crecimiento económico de un país, y un bienestar integral de las personas, con un buen sistema nacional de salud.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que el gobierno mexicano ha hecho por aumentar y mejorar la calidad de los servicios públicos de salud, lo que constituye una protección al derecho humano del acceso a la salud que prevé el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual establece que: “toda persona tiene derecho a una calidad de vida adecuada, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar... en especial la asistencia médica”1 ; y el artículo cuarto párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que menciona: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”2 ; por lo que el Estado deberá garantizar en todo momento que cualquier mexicana y mexicano cuenten con los servicios de sanidad suficientes y de calidad, en México no se ha logrado desarrollar un sistema de salud suficientemente preparado para atender las necesidades de una población de cerca de 120 millones de personas.3

Lo anterior queda manifiesto al presentarse casos tan lamentables como los ocurridos recientemente en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), que es un organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, bajo la coordinación de la Secretaría de Salud; en donde según crónicas periodísticas de días pasados, se han presentado las muertes de al menos 150 personas, ocasionadas por la falta de los elementos indispensables para brindarles la atención adecuada a sus padecimientos.4

Pese a que el INER se especializa en el tratamiento de padecimientos respiratorios, además de realizar una labor de investigación científica y prestación de servicios de atención médica general y de alta especialidad; debido a un inadecuado o casi nulo abastecimiento de insumos básicos para que los profesionales de la medicina ejerzan libremente su profesión y apliquen sus vastos conocimientos en las especialidades con que cuentan, se han perdido vidas humanas sin poder hacer mucho por evitarlo.

Lo anteriormente expuesto lesiona diversos derechos, entre ellos el derecho de los pacientes al acceso a la salud y el derecho de los profesionales de la medicina de ejercer libremente su profesión, ambos derechos reconocidos en nuestra Carta Magna.

Si se toma en consideración el número de pacientes que han perecido por las lamentables condiciones bajo las que se encuentra el Instituto en poco más de tres meses, es altamente preocupante el futuro cercano de los demás pacientes que siguen siendo atendidos en dicho Instituto.

Lamentablemente, la situación que se presenta en el INER es motivada por el recorte presupuestal de 2019 que ha fijado el gobierno en turno, el cual no sólo ha hecho mella en la atención a pacientes, sino también en los salarios de los trabajadores y por ende la falta de personal.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante este honorable Congreso de la Unión proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a contribuir al abasto de insumos necesarios para la correcta operatividad del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Notas

1 Declaración Universal de Derechos Humanos, diciembre de 1948, artículo 25. Se facilita para su consulta la siguiente dirección URL:

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translation s/spn.pdf

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2018.

3 Estimación de la población total realizada con base en la Encuesta Intercensal (EIC) 2015, Inegi. Inegi. Censos y Conteos de Población y Vivienda. Inegi Encuesta Intercensal 2015. Se facilita la búsqueda con la siguiente dirección URL: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/

4 CFR24 Horas, Mueren 150 pacientes en INER por falta de insumos, 14/febrero/2019.

https://www.24-horas.mx/2019/02/14/mueren-150-pacientes- en-iner-por-falta-de-insumos/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.

Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal, la SHCP y el SAT a considerar una modificación del “decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte”, publicado en el DOF el 31 de diciembre de 2018, a efecto de ampliar su vigencia, y replantear y flexibilizar los requisitos para ser beneficiario, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado José Salvador Rosas Quintanilla y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a girar las instrucciones necesarias al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Carlos Manuel Urzúa Macías, y a la licenciada Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria, para que, en el uso de sus facultades se considere una modificación al Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018, para ampliar su vigencia, replantear y flexibilizar los requisitos para ser beneficiario del mismo y considerar ampliar el espectro de contribuyentes a los que beneficie contemplando a los consumidores finales de bienes y servicios , al tenor de las siguientes.

Consideraciones

La emisión de un decreto de estímulos fiscales aplicables en la región fronteriza norte del país, conocido como Programa de Zona Libre en el Área Fronteriza, pretende, en primer término, fortalecer la economía de los contribuyentes de dicha zona, con el fin de estimular y acrecentar la inversión, fomentar la productividad y contribuir a la creación de fuentes de empleo, al colocar en una situación de paridad, en términos de competitividad, a los 43 municipios fronterizos1 y las 25 ciudades que conforman la franja fronteriza norte y que colindan con los Estados Unidos de América. Esta zona tiene características, necesidades sociales y económicas muy particulares, resultado, de las condiciones diarias de convivencia, comercio, empleo, inseguridad, crecimiento poblacional y su especial relación con el país vecino al norte, y alberga más de siete millones de habitantes sin contar toda esa población flotante que cruza la frontera.

Con la reforma fiscal de 2014 se eliminó el IVA diferenciado, homologando dicho impuesto a la tasa del 16 por ciento, y ocasionando efectos nocivos en la economía de la región, por lo que el anuncio realizado por el titular del Ejecutivo federal, de disminuir el IVA en la franja fronteriza al 8 por ciento y disminuir el ISR generó altas expectativas en toda la población de la zona, desde los grandes empresarios hasta los consumidores de bienes y servicios.

Hoy, con el decreto publicado el pasado 31 de diciembre de 2018, el universo de los contribuyentes a quienes aplica, las exigencias y requisitos que considera, así como sus alcances, han generado un ambiente de incertidumbre e inconformidad.

Quienes en esta Cámara de Diputados representamos a los más de 7 millones de habitantes de estos 3 mil kilómetros de frontera; preocupados por las problemáticas que se han suscitado en la aplicación y adhesión al Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2019, nos dimos a la tarea de recoger, mediante el foro abierto y plural denominado “Foro Revisión del Decreto de estímulos fiscales región fronteriza norte, para el ejercicio fiscal 2019” que tuvo verificativo el pasado 20 de febrero en esta Cámara de Diputados;2 la visión de diversos funcionarios y representantes del sector empresarial de la región, conociendo sus experiencias las limitaciones y alcances del decreto.

De la información expuesta, se extraen la preocupación por las limitantes respecto del universo de contribuyentes a quienes aplica, las repercusiones económicas y fiscales que se observan desde el sector empresarial de comercialización de bienes y servicios, así como la opinión generalizada de los contribuyentes consumidores finales a quienes no beneficia de manera directa el compromiso de disminuir el IVA e ISR mediante el decreto en mención; la poca flexibilidad de los requisitos para ser beneficiario del decreto y el espectro de su aplicación, así como los efectos adversos que atraerá en cuanto a la devolución de IVA. Por otra parte se puntualizó como importante observar el conflicto tributario derivado de la aplicación de tasas diversas de IVA en sujetos con relación comercial, el posible conflicto de competitividad y libre concurrencia en relación con quienes, si pueden acogerse al decreto y quienes no, y su papel en el mercado, la inflexión en algunas de las exclusiones que determina el documento en análisis.

Igualmente, en relación con el problema que el sector maquilador o el agrícola encuentran en la implementación del programa es un tema a considerar.3 Ante las restricciones mencionadas y la existencia de programas relacionados a dicha industria, las condiciones le imputan una doble carga al sector: un aumento en sus costos de producción con la variación del salario mínimo, el cual pasó de 88.36 a 176,72 pesos (8,78 dólares) diarios,4 lo que representa un incremento del 100 por ciento, el cual quedaría cubierto y respaldado por el gobierno mexicano si la normatividad fuera asequible con la diversidad de comercios y los programas en los cuales se encuentran inmersos. La necesidad de un replanteamiento mucho más profundo en términos de la legislación fiscal se torna indispensable si se pretende que la medida tenga un impacto positivo en la región y, por lo tanto, para el resto del país en favor de la competitividad comercial que tiene la frontera norte de nuestro país.

Por otra parte, la duración del programa genera una gran incertidumbre para las proyecciones de los potenciales inversores de la región. El plazo de dos años genera una sensación de riesgo al no haber garantías de que los estímulos continúen por un periodo prolongado. En actividades económicas que tienen una planificación de mediano y largo plazo, políticas de esta clase “ahuyentan” cualquier pretensión de establecerse por tiempos prolongados o desincentivan ciertos tipos de negocios que requieren de una temporalidad específica. Cerrarles las puertas a inversores de esta clase únicamente atenta contra las aspiraciones de un crecimiento económico y la creación de una imagen internacional de competitividad de la franja fronteriza.

Un escenario de esta clase muestra que se debe hacer un ejercicio profundo de reconfiguración de las políticas fiscales en favor de hacer que los programas operen de manera orgánica con las normatividades en materia fiscal, donde el replanteamiento del Código Fiscal de la Federación sea considerado como central para este objetivo. Dicha pretensión ya tiene un respaldo considerable en los espacios de trabajo de los legisladores, donde ya se han presentado 12 iniciativas de reforma de ley ligadas al impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor agregado en la honorable Cámara de Diputados.5 La reiteración para una reconfiguración de las leyes ligadas a ambos rubros denota una falta de legitimidad en la implementación de las presentes normatividades fiscales, por lo que considerar un replanteamiento de dichas políticas encuentra un referente claro en la presentación de tales iniciativas.

Por todo lo anterior y en aras de que este decreto cumpla con el objetivo de fortalecer la economía de la región fronteriza y fomentar la productividad, ampliando los beneficios a municipios colindantes, atendiendo sus actividades productivas y comerciales, estimular y acrecentar la inversión y consolidar los mecanismos de creación de fuentes de empleo que permita disminuir la marginación y pobreza de la población en dichas regiones, pongo a su consideración exhortar a las diversas autoridades y dependencias involucradas en la configuración de las políticas fiscales la revisión y replanteamiento del decreto que nos ocupa.

Es así que, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a girar las instrucciones necesarias al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Carlos Manuel Urzúa Macías, y a la licenciada Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria, para que, en el uso de sus facultades, se considere una modificación al Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2018, para ampliar su vigencia, replantear y flexibilizar los requisitos para ser beneficiario del mismo y considerar ampliar el espectro de contribuyentes a los que beneficie contemplando a los consumidores finales de bienes y servicios.

Notas

1 César Reveles. (2019). En qué consiste el Programa de la Zona Libre de la Frontera y a quién beneficiará, de Animal Político. Sitio web: https://www.animalpolitico.com/2019/01/en-que-consiste-el-programa-de-l a-zona-libre-de-la-frontera-y-a-quien-beneficiara/

2 Camila Ayala Espinosa. (2019). Programa de zona libre necesita modificaciones: especialistas, de El Economista. Sitio web:

https://www.eleconomista.com.mx/estados/
Programa-de-zona-libre-necesita-modificaciones-especialistas-20190221-0013.html

3 Boletín de la honorable Cámara de Diputados. (2019). Boletín número 1094: Necesario, incluir en el marco legal el Decreto de Estímulos Fiscales para la Frontera Norte, de Boletín de la Honorable Cámara de Diputados. Sitio web:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Febrero/
20/1094-Necesario-incluir-en-el-marco-legal-el-Decreto-de-Estimulos-Fiscales-para-la-Frontera-Norte

4 CNN en Español. (2019). Salario mínimo en zonas de frontera en México se duplicará en 2019, según gobierno mexicano, de CNN. Sitio web: https://cnnespanol.cnn.com/2018/12/18/salario-minimo-en-zonas-de-fronte ra-en-mexico-se-duplicara-en-2019-segun-gobierno-mexicano/

5 Boletín de la honorable Cámara de Diputados. (2019). Boletín número 1094: Necesario, incluir en el marco legal el Decreto de Estímulos Fiscales para la Frontera Norte, de Boletín de la Honorable Cámara de Diputados. Sitio web:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Febrero/
20/1094-Necesario-incluir-en-el-marco-legal-el-Decreto-de-Estimulos-Fiscales-para-la-Frontera-Norte

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la FGR y tanto las fiscalías generales de los estados como las procuradurías generales a combatir el rezago en la investigación de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, y garantizar la indagación, a cargo de la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal Ruth Salinas Reyes , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República, así como a las fiscalías generales de los estados y a las procuradurías generales, a combatir el rezago en la investigación de los delitos cometidos contra la libertad de expresión, y a garantizar en la indagación, el empleo de las bases establecidas en el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión .

Consideraciones

Durante los últimos dos años, 2017 y 2018, México se ha mantenido en la posición 147 de 180 de la clasificación mundial de la libertad de prensa. Lo que nos coloca entre los países con más riesgos reales para la ejecución de las labores de información.

La Organización independiente Reporteros Sin Fronteras señala lo siguiente:

“Afganistán fue el país más mortífero para los periodistas en el 2018, 15 de ellos perdieron la vida en él; le siguen Siria con 11 y México con 9, con la salvedad que nuestro país, a diferencia de los dos primeros, no se encuentra oficialmente en un conflicto armado.”1

Por lo que podemos ser clasificados como el país en paz más peligroso para el gremio periodístico.

Al respecto, resulta más que ilustrativa la declaración de Christophe Deloire, secretario general de Reporteros Sin Fronteras:

“Los actos de violencia contra los periodistas alcanzan un nivel inédito este año; todos los indicadores están en rojo, el odio a los periodistas proferido –incluso reivindicado– por líderes políticos, religiosos y hombres de negocios sin escrúpulos, tiene consecuencias dramáticas y se traduce en un aumento muy preocupante de las violaciones a los derechos de los periodistas. Estos sentimientos de odio, multiplicados a través de las redes sociales –que tienen gran responsabilidad en estos hechos–, se usan para legitimar los actos de violencia y debilitan poco a poco cada día el periodismo y, con él, la democracia.”2

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) menciona que de todos los periodistas del mundo que trabajan en situaciones peligrosas, los reporteros locales, son los que más riesgo corren de ser víctimas de la violencia. De tal manera que el 85 por ciento de los periodistas que han muerto, desempeñaban labores en un ámbito local.3

En nuestro país, con la intención de establecer directrices eficaces en la manera de investigar los delitos relacionados con periodistas y activistas, a finales de la administración pasada, se aprobó el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión , publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de octubre del año 2018. En él se contiene la voluntad de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para establecer estándares mínimos que garanticen que los trabajos de las autoridades en todos los niveles se apeguen a los modelos nacionales e internacionales, con el fin de garantizar la correcta investigación, recolección idónea de evidencia y sobre todo evitar la revictimización que implica una justicia tardía.

El tema es relevante por diversas causas, inicialmente porque la libertad de expresión es un derecho y éste comprende las ideas, así como la posibilidad de hacerlas públicas por los medios que se estimen oportunos; en segundo, porque la legislación nacional como el Código de Procedimientos Nacional, indica que es deber de las autoridades, crear y aplicar protocolos y; tercero, porque cuando hablamos de libertad de expresión, siempre hay vidas humanas implicadas.

La organización Artículo 19 muestra los siguientes datos:

“Desde el año 2000... 123 periodistas han sido asesinados en el país: 48 en el sexenio de Felipe Calderón y 47 en el de Enrique Peña Nieto. A casi 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, se ha incrementado en forma alarmante: 3 periodistas han sido asesinados en relación con su labor. Asimismo, desde el año 2003 hasta la fecha, 24 periodistas continúan desaparecidos.”4

En múltiples ocasiones, los legisladores, hemos apelado a nuestro derecho de hacernos escuchar en este recinto, sin ser calumniados, ni abusados, por ello, apliquemos nuestros recursos para garantizar que el gremio periodístico goce de los derechos humanos y sus garantías, en el ejercicio de su profesión. Por tal motivo, apoyar el presente punto de acuerdo indica refrendar el compromiso que tenemos los legisladores con la verdad, con la democracia y por supuesto con la libertad de expresión.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República, así como a las fiscalías generales de los estados y/o procuradurías generales de los estados, a combatir el rezago en la investigación de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y garantizar la indagación de los mismos, empleando las bases establecidas en el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de la República, así como a las fiscalías generales de los estados y/o procuradurías generales, a que hagan público, a la brevedad posible, cuáles son los mecanismos que han implementado y/o diseñado para garantizar las medidas de protección idóneas durante la investigación cuando las víctimas directas e indirectas se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión.

Notas

1 Visto en: https://rsf.org/es/noticias/balance-de-rsf-2018-sobre-la-violencia-cont ra-periodistas-todos-los-indicadores-estan-en-rojo.

2 Idem.

3 Visto en: http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/cele brations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebratio ns/worldpressfreedomday2009000/themes/safety-of-journalists/

4 Article 19, Informe Especial Protocolo de la Impunidad en Delitos Contra Periodistas, visto en https://articulo19.org/informeimpunidad

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 26 de marzo del año 2019.

Diputada Ruth Salinas Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP a convocar y coordinar el desarrollo de un foro de discusión acerca del ISR, su viabilidad actual y su posible reforma ante un replanteamiento de la política fiscal con intereses benéficos para la población en general, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, en el uso de sus facultades, a girar las instrucciones necesarias para convocar y coordinar la elaboración de un foro de discusión acerca del impuesto sobre la renta, su viabilidad actual y su posible reforma ante un replanteamiento de la política fiscal con intereses benéficos para la población en general, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La necesidad de una recaudación eficiente ante una época de austeridad, combate contra la corrupción y promoción de una correcta ética burocrática, demandan una política fiscal que se acople a las condiciones económicas actuales en sintonía con las demandas de la población. En el caso concreto del Impuesto sobre la renta, opiniones positivas y negativas al respecto se han usado como argumentos, siempre orientadas a la generación de impuestos apegados a la normatividad, eficientes en su ejecución y útiles para su uso. El posicionamiento a favor, se argumenta a partir de la necesidad de reforzar la recaudación y la promesa de su uso en inversión social. Por su parte, el posicionamiento en contra argumenta partir de su inequidad y la forma en la que desincentiva la inversión y la recaudación fiscal. Ambos, repletos de buena voluntad, necesitan posicionarse a partir de los efectos que generan, no solamente en términos de los números que se recaudan, sino en su legitimidad y las consecuencias que tiene en la conducta fiscal de la ciudadanía.

Actualmente, el impuesto carece de los efectos deseados (una mejor recaudación fiscal), debido a que se caracteriza por su carácter punitivo ante aquel que intente apegarse a la normatividad y no necesariamente efectivo para la promoción del cumplimiento en el pago de impuestos y, por lo tanto, de los propósitos y objetivos del fisco.

En su uso, dichos impuestos deben de enfocarse en una implementación benéfica para la población que es partícipe de la tributación. Gran parte de la recaudación se enfoca a labores que generan bienestar colectivo, lo que permite la operación de las instituciones gubernamentales y la posibilidad de financiar proyectos de desarrollo, programas sociales y la operación de la burocracia en los distintos estados del país. Hoy en día, se podría argumentar que la manera en la cual está funcionando la recaudación fiscal no es la óptima, desincentiva el apego a la ley y entorpece las motivaciones para realizar inversiones considerables por parte de la ciudadanía.

El hecho de que la evasión y elusión fiscal sea una práctica común entre los contribuyentes, corresponde más a una cuestión de necesidad (no excusable) que una cuestión de preferencia. Las condiciones económicas, las cuales atentan principalmente contra el margen de ganancia de las pequeñas y medianas empresas, incentivan esta clase de prácticas. Esto ha derivado en la búsqueda de esquemas de evasión usuales entre los tributarios, derivado de la falta de fundamento en su aplicación al estar elaborado de manera porcentual y no equitativa. Plantear políticas fiscales que carezcan de un punto de partida diferenciado y acoplado a la situación de los diferentes sectores de la sociedad es deficiente. Adecuar las políticas fiscales de acorde a las posibilidades de los diferentes partes de la estructura socioeconómica ayudaría a plantear un escenario de equidad e igualdad en términos tributarios.

A manera de solución, consideramos que en el pago correspondiente al 10% debe de ser erradicado en favor de la ciudadanía. La actitud constante por parte de los contribuyentes de encontrar formas de evasión fiscal, resalta la falta de respaldo que la población tiene frente al tributo. Teniendo en cuenta que el impuesto opera desde 2014, el tiempo ha demostrado la falta de aceptación, lo que provoca su constante evasión. Esto debería de ser considerado al pensar su actualidad y utilidad. Apegarse al bienestar de la ciudadanía implica considerar este rechazo, ya que atenta contra el bienestar a corto plazo ante su carencia de correspondencia con las posibilidades y el presente de gran parte de la población. Por cuestiones temporales, priorizar las necesidades en el presente, con miras de facilitar el futuro, es la lógica que se debe de tener en cuenta al momento de crear, modificar o erradicar impuestos, para así sentar antecedentes para una correcta tributación. Hacer caso omiso de la realidad cotidiana de la ciudanía evita la consolidación de un aparato fiscal adecuado, la posibilidad de mutar los actuales impuestos a otros con mayor recaudación, pero con mayor respaldo, y la capacidad de generar un bono de legitimidad y una alta aprobación de la labor de las administraciones gubernamentales.

Por ello, argumentamos la necesidad de poner en discusión la forma en la cual el impuesto aplicado desde el año 2014 realmente ejerce una carga injusta en los contribuyentes, por lo que considerar su viabilidad actual es un ejercicio de carácter democrático, en favor del pensamiento crítico y con pretensiones de estar en constante mejora de nuestros arcos normativos ante el interés conjunto de generar las mejores condiciones operativas para el desarrollo de México. Generar los medios para un trabajo de fiscalización adecuado, equitativo y en favor de los derechos de los ciudadanos es la labor que se nos ha otorgado, por lo que poner a consideración de los presentes la viabilidad mediante foros informativos de esta clase de medidas fiscales únicamente puede alimentar con suficiente robustez los puntos en favor y en contra de este tipo de políticas que, según nuestro punto de vista, han perjudicado más el crecimiento y emprendedurismo de las familias mexicanas, por lo que respetar el proceso democrático del diálogo y debate de ideas nos parece la manera ciudadana de abordar el tema.

Por lo antes expuesto, presentamos ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, en el uso de sus facultades, a girar las instrucciones necesarias para convocar y coordinar, en conjunto con el resto de las dependencias exhortadas, la elaboración de un foro de discusión en materia de impuesto sobre la renta, su recaudación, efectos, afectaciones y viabilidad actual, así como su posible reforma ante un replanteamiento de la política fiscal.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para convocar y coordinar, en conjunto con el resto de las dependencias exhortadas, la elaboración de un foro de discusión en materia de impuesto sobre la renta, su recaudación, efectos, afectaciones y viabilidad actual, asi como su posible reforma ante un replanteamiento de la política fiscal.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en el uso de sus facultades a girar las instrucciones necesarias para convocar y coordinar, en conjunto con el resto de las dependencias exhortadas, la elaboración de un foro de discusión en materia de impuesto sobre la renta, su recaudación, efectos, afectaciones y viabilidad actual, así como su posible reforma ante un replanteamiento de la política fiscal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y la SCT a hacer pública la razón del incremento de las tarifas de las casetas de peaje el 1 de febrero de 2019, a cargo de la diputada Ruth Salinas Reyes, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los que suscriben, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que hagan pública la razón por la cual se incrementó nuevamente el día primero de febrero de 2019, las tarifas de las casetas de peaje a cargo de Capufe.

Consideraciones

1. El día primero de febrero del presente año, Caminos y Puentes Federales dio a conocer un incrementó 4.8 por ciento en el precio del peaje en todas las autopistas del país. Aumento que se da justo antes del primer fin de semana largo, esta alza afecta a los miles de ciudadanos que diariamente circula en ellas por diversos motivos; personas que trabajan fuera de su lugar de origen, estudiantes o simplemente ciudadanos que las utiliza para salir de vacaciones.

2. Caminos y Puentes Federales justificó el incremento con la inflación, además informó que este aumento permitirá llevar a cabo el mantenimiento de estructura básica, gastos de operación, construcción, proyectos de medio ambiente de las 42 autopistas y 32 puentes.

3. En septiembre del 2018, Caminos y Puentes Federales aumento las tarifas de las casetas de peaje, el primer día de febrero del presente año realizó otro incremento, en solo cinco meses ha incrementado el costo en dos ocasiones, estamos en presencia ahora de “casetazos,” como lo podemos constatar en la siguiente tabla:

4. La misión de Caminos y Puentes Federales (Capufe) es prestar servicios carreteros integrales de calidad asociados con la operación, conservación, administración, modernización y explotación de los caminos y puentes de cuota como concesionario y prestador de servicios por contrato, que faciliten el desplazamiento de bienes y personas con seguridad, comodidad, rapidez y economía; de manera eficiente, competitiva y sustentable en un marco de transparencia y rendición de cuentas, para contribuir a la expansión e integración de la red nacional de caminos y puentes de cuota, conformando un equipo humano que encuentre su motivación en la superación y el espíritu de servicio. Sin embargo, cabe puntualizar que, es necesario trabajar en la transparencia y el manejo del fideicomiso y su inversión, dado que los ejemplos de carreteras con cobro de cuota que se encuentran en mal estado, son múltiples. Debemos señalar las inconsistencias por el alza de la cuota y el mejoramiento de la red de carretera.

5. El día 7 de febrero del 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se ordena la creación del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), el cual es el vehículo de coordinación del gobierno federal para el desarrollo de infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, medio ambiente y turística, sin embargo, es preciso mencionar que el artículo quinto del decreto en comento establece que:

“El Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura contará con un Comité Técnico integrado por tres servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; dos por parte de la Secretaría Comunicaciones y Transportes, uno por parte de cada una de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Turismo, y un representante del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.”

En este punto, es importante destacar que la decisión referente del costo de la cuotas de peaje, es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; esta última es la facultada por la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 para emplear los mecanismos y las directrices que fijen o modifiquen los aprovechamientos que se cobraran para el ejercicio 2019, tal y como lo establece la ley en comento en su artículo 10, fracción III que a la letra dice:

“Artículo 10. El Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2019, incluso por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen.

Para establecer el monto de los aprovechamientos se tomarán en consideración criterios de eficiencia económica y de saneamiento financiero y, en su caso, se estará a lo siguiente:

III. Se podrán establecer aprovechamientos diferenciales por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes o por la prestación de servicios, cuando éstos respondan a estrategias de comercialización o racionalización y se otorguen de manera general.

Durante el ejercicio fiscal de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante resoluciones de carácter particular, aprobará los montos de los aprovechamientos que cobren las dependencias de la administración pública federal, salvo cuando su determinación y cobro se encuentre previsto en otras leyes. Para tal efecto, las dependencias interesadas estarán obligadas a someter para su aprobación, durante los meses de enero y febrero de 2019, los montos de los aprovechamientos que se cobren de manera regular. Los aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate a partir del 1 de marzo de 2019. Asimismo, los aprovechamientos cuya autorización haya sido negada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no podrán ser cobrados por la dependencia de que se trate, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución respectiva. Las solicitudes que formulen las dependencias y la autorización de los aprovechamientos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se realizarán mediante la emisión de documentos con la firma autógrafa del servidor público facultado o certificados digitales, equipos o sistemas automatizados; para lo cual, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica y la firma electrónica avanzada, en términos de las disposiciones aplicables.

El uso de los medios de identificación electrónica a que se refiere el párrafo anterior producirá los mismos efectos que las disposiciones jurídicas otorgan a los documentos con firma autógrafa y, en consecuencia, tendrán el mismo valor vinculatorio.

Las autorizaciones para fijar o modificar las cuotas de los aprovechamientos que otorgue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el ejercicio fiscal de 2019, sólo surtirán sus efectos para ese año y, en su caso, dicha Secretaría autorizará el destino específico para los aprovechamientos que perciba la dependencia correspondiente.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público obtenga un aprovechamiento a cargo de las instituciones de banca de desarrollo o de las entidades paraestatales que formen parte del sistema financiero o de los fideicomisos públicos de fomento u otros fideicomisos públicos coordinados por dicha secretaría, ya sea de los ingresos que obtengan o con motivo de la garantía soberana del gobierno federal, o tratándose de recuperaciones de capital o del patrimonio, según sea el caso, los recursos correspondientes se destinarán por la propia secretaría a la capitalización de cualquiera de dichas entidades, incluyendo la aportación de recursos al patrimonio de cualquiera de dichos fideicomisos o a fomentar acciones que les permitan cumplir con sus respectivos mandatos, sin perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 12 de la presente ley.

Los ingresos excedentes provenientes de los aprovechamientos a que se refiere el artículo 1o., numerales 6.61.11, 6.62.01.04 y 6.61.22.04 de esta ley por concepto de participaciones a cargo de los concesionarios de vías generales de comunicación y de empresas de abastecimiento de energía, de desincorporaciones distintos de entidades paraestatales y de otros aprovechamientos, respectivamente, se podrán destinar, en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a gasto de inversión en infraestructura.”

6. El 11 de septiembre del 2018, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la Republica presentó un punto de acuerdo donde se solicitó que se revertiera el incremento a las autopistas de peaje en el país y que se explicara bajo qué criterio tomaron la decisión para ese aumento, exhorto que fue también para el director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe). Asimismo, la Cámara de Diputados solicitó al Presidente en turno, por medio de la Secretaría De Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reconsideraran el aumento de las tarifas en las casetas de peaje, reduciéndolas para favorecer a usuarios y al sector productivo que utilizan las autopistas.

7. El 18 de diciembre del 2018, el Presidente de México Andrés López Obrador, empresarios y trabajadores acordaron que a partir del primero de enero del 2019 el salario mínimo general aumentaría en prácticamente todo el país, $102.68 pesos salario mínimo general y en la franja fronteriza norte sería de $176.72 pesos diarios; el Presidente menciono que el aumento era responsable, necesario y equilibrado. Observemos la siguiente tabla:

Con los aumentos a los costos del peaje en las casetas, quedan reducidas las buenas intenciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, toda vez que el aumento al salario mínimo queda sin efecto, ante la previsible y consecuente alza de precios en los servicios y productos. Aumento que como siempre, se transfieren al consumidor final.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para que haga público la razón del incremento. Analice, revise y lleve a cabo las acciones necesarias para que haya decremento en las tarifas de las casetas de peaje a cargo de Capufe.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el ámbito de su competencia hagan público los ingresos por concepto de cuotas de peaje.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 26 de marzo de 2019.

Diputada Ruth Salinas Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SHCP y el SAT a reforzar las medidas de clasificación y seguimiento de mercancías confiscadas en el Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación para evitar su circulación en el mercado negro, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria, y a Ricardo Peralta Saucedo, titular de la Administración General de Aduanas, en el uso de sus facultades para reforzar las medidas de clasificación y seguimiento de mercancías confiscadas en el “Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación”, con el fin de evitar su circulación en el mercado negro, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El papel que juegan las aduanas en México y en cualquier país del mundo nunca debe de ser tratado a la ligera. El peso que tiene el control estatal a la entrada de cierta clase de mercancías siempre debe de ser considerado debido a la relevancia que juega en el mantenimiento de un mercado sano, la seguridad nacional y la protección de la propiedad intelectual. Un flujo sin restricciones únicamente deriva en escenarios catastróficos, en los planos de lo económico, político y cultural.

Por ello, el cometimiento de delitos aduaneros es sumamente peligroso para el desarrollo cotidiano de la vida en nuestro país. Sin mecanismos pertinentes y eficientes para el control de las mercancías, la actividad puede producir desajustes con impactos económicos incalculados, dar paso a mercancías dañinas para la salud de la población o para efectos nocivos que pudieran atentar contra el equilibrio del medio ambiente.

En sus consecuencias, muy reales para las diferentes dimensiones de la vida, el problema de la corrupción pareciera potenciarse ante los múltiples escenarios que pueden derivar de un mal manejo en el control y seguimiento de las mercancías confiscadas. El problema se agrava cuando actividades como esta se desarrollan de manera regular. La OCDE publicó que se pierden cerca de 2,000 millones de dólares por país derivado de la corrupción en sus respectivas aduanas.1 Esto, sumado al tema del impacto socioambiental, fomenta el hecho de sentarnos a discutir acerca del tema y qué estamos haciendo para afrontarlo.

Por ello, en sintonía con nuestra postura respecto al planteamiento del problema, el actual gobierno ha decidido reconfigurar la política organizacional y normativa de las aduanas mediante la implementación del “Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación”, el cual será presentado el día 18 de marzo de 2019.2

En él, esperamos se presente un apartado específico respecto a la actualización del control y seguimiento de las mercancías confiscadas en aduanas. Nuestra preocupación se centra en el problema del tráfico de estas, las cuales son sacadas de los recintos aduaneros y puestas a la venta al mejor postor al interior del mercado negro.3 En sus efectos, ya comentados en esta exposición, los resultados tienden a mostrar escenarios negativos. Actividades como el dumping, el tráfico de armas4 y la piratería encuentran un paraíso ante los problemas que existen en México con relación al uso de medidas desleales en la competencia, la presencia del crimen organizado y la proliferación de la venta de productos pirata en las calles de las principales urbes de nuestro país.

Sobre este escenario, considerar que el rubro de las formas de registro, clasificación y seguimiento de mercancías confiscadas requiere de una normatividad no solamente pertinente, sino eficiente y éticamente sólida. Consideramos que las aduanas, hoy en día cuentan con algunas herramientas para hacer frente al problema, pero la implementación de nuevas tecnologías para hacerle frente es insuficiente si no se dispone de voluntad política y moral para volver efectivas las normatividades para las que se emplean dichas herramientas.

Como expectativas en los aspectos funcionales y técnicos, contar con alguna forma de centralización de la información y con un rápido acceso para las dependencias encargadas de verificar la existencia de productos ilegales en el mercado mexicano, tiene que ser prioridad para eficientar la labor de control en territorio nacional. Igualmente, considerar estrategias de transparencia y comunicación de los efectos de la adquisición de mercancías piratas o nocivas para el bienestar del país, con la población involucrada en la importación de mercancías, es prioridad para evitar una demanda grande por esta clase de productos.

En este caso, se debe de diseñar una perspectiva general con un trasfondo de carácter preventivo y no meramente reactivo. Un control eficiente requiere una clasificación clara, un registro supervisado y un almacenamiento vigilado, al igual que buscar reducir la demanda mediante una muestra clara de las consecuencias negativas de esta clase de actividades ilícitas, donde los beneficios a mediano y largo plazo se muestren mucho más atractivos que la ganancia inmediata.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con;

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados se exhorta al doctor Carlos Manuel Urzúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la licenciada Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria, y el licenciado Ricardo Peralta Saucedo, titular de la Administración General de Aduanas, para que en el uso de sus facultades realicen las acciones necesarias para reforzar las medidas de clasificación y seguimiento de mercancías confiscadas en el “Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación”, con el fin de evitar su circulación en el mercado negro.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados se exhorta a la licenciada Margarita Ríos-Farjat, titular del Servicio de Administración Tributaria y el licenciado Ricardo Peralta Saucedo, titular de la Administración General de Aduanas, para que en el uso de sus facultades realicen campañas informativas dirigidas a los pequeños y grandes empresarios acerca de las consecuencias económicas y culturales de la adquisición de bienes ilegales en el mercado negro.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados se exhorta al licenciado Ricardo Peralta Saucedo, titular de la Administración General de Aduanas, para que en el uso de sus facultades implemente acciones y medidas más eficientes de seguridad en los recintos aduaneros para evitar la sustracción de mercancías confiscadas en el “Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación” con el fin de evitar su circulación en el mercado negro.

Notas

1 Ricardo Peralta Saucedo. (2019). Las aduanas de México y su Cuarta Transformación, de Excélsior. Sitio web: https://m.excelsior.com.mx/opinion/ricardo-peralta-saucedo/las-aduanas- de-mexico-y-su-cuarta-transformacion/1295739

2 José de Jesús Guadarrama. (2019). El 18 de marzo se presentará el ‘Plan Nacional Aduanero Cuarta Transformación’, de Excélsior. Sitio web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/el-18-de-marzo-se-presentara-el-p lan-nacional-aduanero-cuarta-transformacion/1294031

3 Editoriales, Milenio. (2019). Trascendió, de Milenio. Sitio web: https://www.milenio.com/opinion/editoriales/trascendio-nacional/trascen dio_339

4 Notimex. (2019). Aduanas permitieron tráfico de armas, cartuchos y dinero; SAT inicia limpia, de El Sol de México. Sitio web: https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/aduanas-permitieron-trafico-d e-armas-cartuchos-y-dinero-sat-inicia-limpia-2968578.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 26 de marzo de 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la construcción de complejos hoteleros o de cualquier especie en las bahías de Chemuyil y Chemuyilito, QR, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quien suscribe, Diputada Julieta Macías Rábago, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía, proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el gobierno de Quintana Roo y el ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, a establecer acciones de coordinación tendientes a impedir y, en su caso, detener y revertir la construcción de complejos hoteleros o de cualquiera especie en las Bahías de Chemuyil y Chemuyilito, que se encuentran ubicadas a un costado del santuario protegido de la tortuga marina en Xcacel, conforme a la siguiente:

Exposición de Motivos

Nuestro país es el hogar de siete especies de tortuga marina, todas ellas en peligro de extinción, a saber: tortuga golfina o tortuga marina escamosa del Pacífico, tortuga marina laúd, tortuga marina verde del Pacífico o tortuga prieta, tortuga marina de carey, tortuga marina verde del Atlántico o tortuga blanca, tortuga marina caguama y tortuga marina escamosa del Atlántico o tortuga lora.

El Estado mexicano ha intervenido para su protección y cuidado desde hace casi cien años; en abril de 1922 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo fijando las disposiciones reglamentarias a que se sujetará la explotación de tortugas marinas en aguas federales . Para 1966, el otrora Instituto Nacional de Investigaciones Biológico Pesqueras creó el Programa Nacional de Investigación de tortugas marinas. De igual manera, el 13 de julio de 1973 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la veda para la captura total de tortuga marina y en su edición del 31 de mayo de 1990 la veda total y permanente para las especies y subespecies, sus productos y derivados.

Sin embargo, a partir de 1986 la conservación de las tortugas fue abordada desde su hábitat de anidación rebasándose, así, la visión orientada a la regulación de las actividades relacionadas con su aprovechamiento. El 29 de octubre de tal año se publicó el Decreto por el que se determinan como zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control, de las diversas especies de tortuga marina, los lugares en que anida y desova dicha especie ,1 por medio del cual 16 playas2 se declararon zonas de reserva y sitio de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina.

En armonía con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) de 1988,3 el 16 de julio de 2002 fue publicado el Decreto por el que se determinan como áreas naturales protegidas, con la categoría de santuarios, a las zonas de reserva y sitios de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies de tortuga marina, ubicadas en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán (Llama la atención la ausencia de Quintana Roo), identificadas en el decreto publicado el 29 de octubre de 1986 .4

La categoría de santuario , de las más restrictivas de las Áreas Naturales Protegidas, es definida en la LGEEPA como aquellas áreas que se establecen en zonas caracterizadas por una considerable riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o hábitat de distribución restringida. Dichas áreas abarcarán cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas, u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o protegidas . Establece, además, que en ellos sólo se permitirán actividades de investigación, recreación y educación ambiental, compatibles con la naturaleza y características del área .

Al día de hoy, existe la intención de actualizar el Decreto de 1986 (contando nuevamente a Quintana Roo), habida cuenta que en doce de los dieciséis santuarios existen registros de anidación de tortugas más allá de los límites decretados, por lo que una parte del esfuerzo reproductivo de las especies queda fuera del área natural protegida. Asimismo, en algunos casos existen áreas en buen estado de conservación aledañas a los santuarios, que constituyen sitios relevantes para las tortugas, por los procesos ecológicos que ahí se desarrollan. 5

Ciertamente, los límites humanos no lo son necesariamente de las especies animales. La fragmentación de la superficie y los ecosistemas por obras carreteras -o ferroviarias- que dividen y constriñen sus hábitats debería ser tomada en serio para evitar proyectos basados en ocurrencias y cuya inviabilidad ambiental es, apenas, la primera asimilable.

Quintana Roo, por su ubicación, biodiversidad y acceso al Mar Caribe, ha sido objeto de toda clase de devastación medioambiental a causa del desordenado desarrollo urbano que ha caracterizado su historia de los últimos 40 años. Los grandes desarrolladores y cadenas hoteleras han dejado a su paso grandes construcciones de edificios y sitios turísticos que han representado, también, grandes destrucciones del entorno.

A nivel local, la protección ha tenido su propia dinámica. El 21 de febrero de 1998 fue publicado, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, el Decreto por el que se declara Área Natural Protegida la región denominada Xcacel Xcacelito, con categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica, Santuario de la Tortuga Marina, ubicada en el Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo .6

Del mismo modo, en el mismo medio se publicó, el 28 de abril del año 2000, el Decreto por el que se establece el Programa de Manejo de la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Santuario de la Tortuga Marina, ubicada en el Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo .7

En la introducción de dicho Programa de Manejo, se reconoce que Desde 1982 el Centro de Investigaciones de Quintana Roo (CIQRO) comenzó a trabajar con tortugas marinas, al año siguiente se llevaron a cabo actividades de protección en las playas de Xpu-Ha, Kantenah, Aventuras DIF, Chemuyil, X´Cacel , Punta Cadena y Ojo de Agua; estableciendo las bases y determinando las áreas más importantes de anidación en el Estado (énfasis añadido).

El 16 de noviembre de 2001 se publicó, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, el Decreto por el que se expide el programa de ordenamiento ecológico territorial de la región denominada corredor Cancún-Tulum .8 Ya se reconocía, entonces que entre los ambientes naturales más frágiles en el Corredor (...) se encuentran los ecosistemas marinos, que se ven afectados principalmente por la sobreexplotación, la infraestructura y operación turística. Entre otras problemáticas ambientales se encuentran: disminución de áreas naturales debido al crecimiento turístico (...).

En su momento, hubo numerosos proyectos para desarrollar complejos hoteleros en dicho sitio, así como alrededor. Pueden mencionarse uno del año 2000, con el nombre de Proyecto Desarrollo Turístico Sustentable Xcacel-Xcacelito ; otro del 2006, denominado Proyecto Bahía Secreta y otro del 2009, con el nombre de Proyecto Punta Carey .

Desde el ámbito federal, para reforzar la protección local, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas recibió para su protección, mediante Acuerdos de Destino, diversas fracciones de Zona Federal Marítimo Terrestre en las Playas Tortugueras Tulum y Xcacel-Xcacelito, Municipio de Tulum, en el Estado de Quintana Roo en 2007 y 2011.

Dichos Acuerdos fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre de 20079 y el 13 de diciembre de 2011,10 respectivamente.

Como se puede observar, existe un historial de protección al santuario y sus alrededores por parte de los tres órdenes de gobierno que data de mucho tiempo atrás. En estos procesos de conservación, la sociedad civil organizada y movilizada ha jugado un papel preponderante para evitar que el mercado se imponga a las dinámicas de la vida.

En las postrimerías de la pasada administración, en septiembre de 2018, la Semarnat difundía que Para proteger a las tortugas en Bahía de Xcacel-Xcacelito, Semarnat rechazó proyecto “La Calma”, en Tulum .11

En un boletín de prensa expresaba que La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales resolvió negar la autorización de impacto ambiental al proyecto “Plan Maestro La Calma ecoresort luxury”, que pretendía ubicarse en un predio colindante a la bahía de Xcacel-Xcacelito, en el municipio de Tulum, Quintana Roo, promovido por la empresa “Palmares del Country S.A. de C.V.”, por considerar que afecta la reproducción de (sic) tortugas marinas en la zona.

Abunda: Durante la evaluación técnica, jurídica y administrativa, efectuada en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), se analizó que el proyecto pretendía construir 520 cuartos de hotel, distribuidos en 23 edificios y 4 bloques, además de una laguna artificial, caminos internos, estacionamiento, lobby y planta de tratamiento.

Concluye: el pretendido predio se encuentra parcialmente dentro del Área Natural Protegida “Zona Sujeta a Conservación Ecológica, Santuario de la tortuga marina, Región denominada Xcacel-Xcacelito”, caracterizada por ser el lugar donde se reporta la mayor anidación de tortugas marinas en toda la Península (...) el proyecto pone en riesgo la continuidad ecológica de los ecosistemas terrestres y marinos, además de la alimentación, reproducción y anidación de tres especies de tortugas marinas que están amenazadas y en riesgo de extinción.

Llegado el nuevo gobierno de México y el 2019, la prensa local reseña una nueva amenaza al hábitat de la tortuga marina. El medio electrónico deluna.com.mx alertó el 7 de febrero: Pretenden construir dos megahoteles en Chemuyil, a un costado del santuario de tortugas protegidas Xcacel .12 En sendos balazos , señala que La autorización data del año 2002 en que la administración federal estaba a cargo del Panista Vicente Fox y que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se autorizó la instalación de arrecifes artificiales y tubos geotextiles en la bahía de Chemuyil .

La nota afirma que Grupo Posadas, una de las cadenas hoteleras más grandes de México anunció la construcción de dos hoteles de lujo que contarán con 855 habitaciones, a un costado de Xcacel Xcacelito, santuario de las tortugas protegidas en Quintana Roo y que se encuentra ubicado en una zona de selva, manglar, arrecifes coralinos, afloramientos de agua subterránea a la orilla del mar (cenotes) además de ser la zona más importante de captación de agua potable que provee del vital líquido al municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

El 18 de febrero, La Jornada Maya 13 informaba, por su parte, que pese a que en meses atrás la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que se suspendería toda obra cercana al santuario de la tortuga marina en Xcacel-Xcacelito, una imponente obra se desarrolla en esa región y que en tiempos atrás generó que se convocara al sector ambiental a manifestarse en contra de posibles desarrollos, informó Pedro Casar (,) ambientalista local.

Prosigue: Dicha obra que corresponde a una superficie de aproximadamente 130 hectáreas, en la cual se pretenden crear espacios de arrecifes artificiales, se ubica a un costado del área natural Xcacel-Xcacelito y en la que comúnmente interactúan especies de flora y fauna que han mantenido su hábitat en plenitud.

De acuerdo con nota de 6 de marzo de La Jornada Maya que cabeceaba Construirán hotel al lado de área protegida en Xcacel ,14 Miriam Tzeek, presidenta del Comité Estatal de Tortugas Marinas, habría mencionado que Chemuyil Chemuyilito está considerado una playa índice, es decir, recibe un grado alto de número de tortugas en una pequeña porción de playa, por lo tanto si es una playa muy fuerte de anidación tanto de caguama como de blanca (...) dos nidos por metro cuadrado de una especie que solo se da aquí en Quintana Roo, como es la caguama, entonces sí es algo impactante .

Es importante mencionar que existen antecedentes de la intención de Grupo Posadas por construir allí. El sitio Reportur.com , en nota del 24 de febrero de 2016, cabeceaba: Ofensiva de Posadas: iniciará en Q. Roo 3 nuevos hoteles este año 15 e informaba que Después de varios años de espera, Grupo Posadas, que preside Pablo Azcárraga, estará arrancando durante este año el tan sonado proyecto de Chemuyil en Quintana Roo. Con una inversión de 600 millones de dólares, la cadena hotelera planea comenzar con el desarrollo de tres años, en el cual estará construyendo tres hoteles: un Fiesta Americana Grand, un Aqua y un Fiesta Americana Vacations, con cerca de 3 mil habitaciones.

Para julio del mismo año, el mismo medio publicó una nueva nota con el encabezado Cancela proyecto Posadas en Q. Roo por exigencias ambientales 16 y que desarrollaba: Luego de una nueva negativa por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para avalar el Plan de Ordenamiento Ecológico del municipio de Tulum, el proyecto hotelero de Grupo Posadas en Chemuyil ha sido cancelado luego de 6 años de trámites, de acuerdo con el regidor y representante de la CROC, Claudio Cortés Méndez .

Adicional a lo anterior, El proyecto de Grupo Posadas tenía, según Cortés, más de 6 años en proceso de autorizaciones, pero entre las cuestiones ambientales y el artículo 60 Ter que prohíbe desarrollar en donde exista mangle, el POEL que no se ha concretado y exigencias del Instituto Nacional de Antropología e Historia (,) desertaron .

Un año más tarde, el 20 de julio de 2018, en el sitio Expediente Quintana Roo fue publicada una nota con el siguiente encabezado: Madruguete de Semarnat: Autoriza proyecto en santuario de tortuga marina Xcacel-Xcacelito .17

Informa la nota: Fue este viernes cuando la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó por medio de la Gaceta Ecológica de la dependencia, que el proyecto “Mejoramiento y Estabilización de las Zonas y Bahía de las Marinas de Chemuyil-Chemuyilito” tiene permisos para realizar labores de recuperación de playa con una vigencia de 20 meses; además 30 años para darle mantenimiento a las mismas labores .

Abunda: La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) menciona que el promovente es Promotora Ecosur S.A. de C.V., que pretende construir cinco arrecifes artificiales; construcción de una duna artificial para la estabilización de la línea de costa e incrementar de esta manera las poblaciones de flora y fauna del lugar. Actividades que serán consolidadas por medio del bombeo de arena con la utilización de geotextiles. 18

Después, expresa: La MIA informa que una restauración de la playa en ese punto contribuirá a la anidación de la tortuga marina, proceso natural que en esta época del año se registra en el santuario Xcacel-Xcacelito, donde arriban un promedio 610 tortugas anualmente a desovar.

Estamos, entonces, ante un episodio inusitado de obstinación de una empresa por conseguir autorizaciones para construir en una zona probadamente no idónea para ello, aún a costa de ofrecer soluciones peregrinas que en nada evitarán el daño ambiental y la depredación de especies vegetales y animales, especialmente la tortuga marina, en el municipio de Tulum, Quintana Roo.

Como legisladores federales, estamos obligados a proveer a que la relación entre Estado, Sociedad y Mercado, no se desarrolle a partir de dinámicas e incentivos perversos que deriven en la destrucción del medio ambiente, en perjuicio de las generaciones que nos habrán de suceder.

Por lo anteriormente expuesto, en nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Gobierno de Quintana Roo y el Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, a establecer acciones de coordinación tendientes a impedir y, en su caso, detener y revertir la construcción de complejos hoteleros o de cualquiera especie en las Bahías de Chemuyil y Chemuyilito, que se encuentran ubicadas a un costado del santuario protegido de la tortuga marina en Xcacel.

Notas

1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4815894&fecha=29/10/1986. Consultado el 11 de marzo de 2019.

2 De Tamaulipas, Yucatán, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

3 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4718573&fecha=28/01/1988. Consultado el 11 de marzo de 2019

4 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=723470&fecha=16/07/2002. Consultado el 11 de marzo de 2019.

5 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2018. Estudio Previo Justificativo para la modificación de la declaratoria de Santuarios de Playas Tortugueras. En

https://www.conanp.gob.mx/anp/consulta/EPJ%20santuarios% 20Platas%20Tortugueras%20Aviso.pdf. Consultado el 11 de marzo de 2019.

6 https://www.conacyt.gob.mx/cibiogem/images/cibiogem/sistema_nacional/documentos/
ANPL/QRoo/XCACEL-XCACELITO.pdf. Consultado el 10 de marzo de 2019. Es importante recordar que, el territorio donde se encuentra dicha Área Natural Protegida, originalmente pertenecía al Municipio de Solidaridad y que, el 19 de mayo de 2008, con la erección del Municipio de Tulum, fue segregada de aquél.

7 https://www.anpsestatales.mx/lib/archivo.php?id=820 .Consultado el 11 de marzo de 2019.

8 http://energia.ugto.mx/formularios/Leyes_Decretos/QR/decreto_cancun_tul um.pdf. Consultado el 11 de marzo de 2019.

9 Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por conducto de la Dirección Regional Península de Yucatán, la superficie de 184,409.58 m² de zona federal marítimo terrestre, ubicada en playas adyacentes al Parque Nacional Tulum, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, con el objeto de que la utilice para la protección y mantenimiento del estado natural para la conservación de flora y fauna nativa, específicamente para la instrumentación del programa nacional de conservación de las tortugas marinas, Caguama y Blanca en peligro de extinción.

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5006546&f echa=15/11/2007. Consultado el 11 de marzo de 2019.

10 Acuerdo por el que se destina al servicio de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la superficie de 27,991.02 metros cuadrados de zona federal marítimo terrestre, ubicada en La Playa Tortuguera Xcacel, kilómetro 112, carretera federal 307 Cancún-Chetumal, Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo, para uso de santuario y centro de conservación de la tortuga marina. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5232277&fecha=13/12/2011 . Consultado el 11 de marzo de 2019

11 https://www.gob.mx/semarnat/prensa/para-proteger-a-las-tortugas-en-bahia
-de-xcacel-xcacelito-semarnat-rechazo-proyecto-la-calma-en-tulum. Consultado el 10 de marzo de 2019.

12 https://www.deluna.com.mx/medio-ambiente/pretenden-construir-dos-megahoteles
-en-chemuyil-a-un-costado-del-santuario-de-tortugas-protegidas-xcacel/. Consultado el 11 de marzo de 2019.

13 https://www.lajornadamaya.mx/2019-02-18/Condenan-desarrollo-hotelero-en -Xcacel-Xcacelito. Consultado el 11 de marzo de 2019.

14 https://www.lajornadamaya.mx/2019-03-06/Construiran-hotel-al-lado-de-ar ea-protegida-en-Xcacel. Consultado el 11 de marzo de 2019.

15 https://www.reportur.com/mexico/2016/02/24/proyecta-posadas-iniciar-3-h oteles-en-q-roo-este-mismo-ano/. Consultado el 11 de marzo de 2019

16 https://www.reportur.com/mexico/2016/07/13/
cancela-proyecto-posadas-en-q-roo-por-exigencias-ambientales/. Consultado el 11 de marzo de 2019.

17 https://www.expedientequintanaroo.com/2018/07/madruguete-de-semarnat-au toriza.html. Consultado el 11 de marzo de 2019.

18 El documento está disponible en
https://apps1.semarnat.gob.mx:445/dgiraDocs/documentos/qroo/resumenes/2017/23QR2017T0026.pdf. Consultado el 11 de marzo de 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo 2019.

Diputada Julieta Macías Rábago (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a implantar un sistema o programa para expedir en territorio nacional, embajadas y consulados en el extranjero licencias de conducir con validez como identificación oficial en otros países, a cargo del diputado José Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, José Salvador Rosas Quintanilla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral I, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que respetuosamente se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que, en el uso de sus facultades, gire las instrucciones necesarias a la titular de la Secretaría de Gobernación, licenciada Olga Sánchez Cordero; al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, y al Titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, licenciado Javier Jiménez Espriú, para implementar un sistema o programa de identificación, para emitir licencias de conducir federal con validez como identificación oficial en el extranjero, que se expidan en territorio nacional, embajadas y consulados en el extranjero, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una mejor calidad de vida y el bienestar de las familias, es una pretensión del ser humano y en su búsqueda, la reacción o acciones que realizamos son variadas. En muchos casos podemos ver personas que emprende nuevos negocios, otros que buscan mejores condiciones educativas etc., siempre en búsqueda de mejores condiciones de vida; sin embargo, también se observa que esta aspiración genera un fenómeno social denominado migración.

Este fenómeno, lo podemos observar como resultado de diversas circunstancias en sus lugares de origen y o anhelos de vida, pero las necesidades a las que se ven sujetos quienes migran, casi siempre tienen condiciones y necesidades similares, las cuales en muchos casos colocan a estas personas en desventaja respecto de su estabilidad laboral y social.

Según datos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), en 2017 había cerca de 11 millones 517, 375 de mexicanos nacidos en México, residentes en Estados Unidos,1 lo que significa que este grupo es cerca de una tercera parte de los mexicanos residentes en los Estados Unidos, que se calcula en 36 millones 255, 589 de connacionales2 Lo anterior significa que de los mexicanos que han migrado del país, en su representación proporcional de los migrantes mexicanos en todo el mundo, los residentes en los Estados Unidos representan el 97.21% del total de mexicanos que han migrado a otros países.3

Por otra parte, en el plano económico de México, las remesas que envían los connacionales, reflejan datos importantes. Las remesas han acumulado un impresionante crecimiento en tiempos recientes, donde en enero de 2019 lograron enlazar 34 meses consecutivos al alza, al ingresar 2,415 millones de dólares a la economía nacional.4 Una cifra tan relevante no puede pasar desapercibida por el gobierno mexicano en aras de aplicar y generar acciones y programas que beneficien a los mexicanos.

Ahora bien, de esos connacionales, se estima que en 2016 había cerca de 5 millones 400, 000 de mexicanos indocumentados en territorio estadounidense,5 lo que se acerca a casi la mitad de los mexicanos que el IME reporta como residentes en los Estados Unidos. Es decir, esta mitad de los mexicanos radicados en los Estados Unidos, se encuentran con un estado migratorio vulnerable.

Por eso, en una búsqueda de brindar mejores condiciones a esos connacionales en estado vulnerable, y atendiendo a que el gobierno mexicano está obligado a vigilar que los derechos humanos se apliquen; consideramos necesario hacer más por su identidad, la cual también es un derecho de los mexicanos y, que en las condiciones migratorias de indocumentado, tiene especial relevancia. Los mexicanos que han migrado al país vecino, en muchas ocasiones no cuentan con documentos que les permitan identificarse, por lo que se sufren deportaciones inmediatas que afectan su vida y la de sus familias.

Como se mencionó con anterioridad, la mayor parte de las personas que radican en los Estados Unidos de Norte América, no cuentan con documentos de identidad, que les sirvan para cuestiones educativas, laborales, administrativas o simplemente para regularizar su situación migratoria. Este problema tan usual en que encuentran los migrantes mexicanos con suma facilidad los coloca en un escenario de deportación, al no contar con medios de identificación.

Por lo anterior, y ante el conocimiento del trato que se le da a nuestros connacionales en los procesos de deportación6 que atenta contra el bienestar de los mexicano y sus familias, es que considerando la relevancia del tema, propongo exhortar a las autoridades estatales y federales a realizar las acciones necesarias para que estos connacionales puedan acercarse a los consulados para que de una manera eficiente y eficaz, se les pueda tramitar y entregar de una manera ágil y oportuna, la documentación necesaria para su identificación, como ejemplo de ello, la creación y emisión de una licencia de conducir con validez como identificación oficial para mexicanos residentes en el extranjero, la emisión más ágil, sencillo y a costos accesibles de actas de nacimiento y certificados de matrícula consular, ya que muchas ocasiones no se cuenta con ningún documento que probatorio de nacionalidad o identidad.

Es por eso, que considerando la practicidad y portabilidad de una licencia de manejo, estamos convencidos de que su utilidad laboral y su función de identificar vuelven a la licencia de conducir con validez como identificación oficial, una herramienta con muchísimo potencial para poder garantizar mejores condiciones de vida a los connacionales radicados en otros países y sobre todo en los Estados Unidos. un proceso de deportación digno para nuestros connacionales. Facilitar un enlace directo con autoridades mexicanas denota voluntad para obtener el objetivo, que es conseguir el mejor trato para los ciudadanos mexicanos.

Por otra parte, pensando en la aceptación de la medida y la necesidad de enlaces institucionales que lleven a cabo el proceso operativo de la emisión de las licencias, pensamos que el modelo debe de mantenerse apegado a la forma en la cual opera la expedición actual de otras licencias de manejo al interior de nuestro territorio. Pensando en los mexicanos en el extranjero, consideramos que los consulados y embajadas deberían de contar con las facultades para garantizar el servicio de expedición del documento. Para ello requerimos la participación de las secretarías aquí exhortadas y las dependencias a las cuales les competería una tarea de esta clase. Volver esta medida operativa requiere de prontitud para así poder garantizar el respeto a un trato digno de nuestra ciudadanía. Mientras más prolongada sea la espera, mayor cantidad de abusos a los derechos humanos podrían vivir nuestros connacionales.

Es así que, con el propósito de garantizar una identidad que permita un enlace rápido con autoridades mexicanas, mediante una manera versátil de ser portada y con una función práctica de carácter laboral, propongo la creación y emisión de un sistema de licencias de conducir con validez como identificación oficial en el extranjero que se expidan en territorio nacional, embajadas y consulados de México en el extranjero.

Por ello, presento ante esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados respetuosamente exhorta al licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a girar las instrucciones necesarias a la licenciada Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación; al licenciado ?Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y al licenciado Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para implementar un sistema de licencias de conducir federal, con validez como identificación oficial en el extranjero, que se expidan en territorio nacional, embajadas y consulados de México en el extranjero.

Segundo. La Honorable Cámara de Diputados exhorta a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para colaborar, mediante los recursos y actores necesarios, en la elaboración y adecuación del marco regulatorio que faculte a las dependencias competentes para la implementación de un sistema de licencias de autotransporte federal con validez como identificación oficial en el extranjero que se expida en territorio nacional, embajadas y consulados de México en el extranjero.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al licenciado Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para tomar las acciones necesarias para garantizar la emisión e inclusión de la nueva licencia de conducir federal con validez como identificación oficial en el extranjero a los reglamentos y normatividades que involucra el proceso de expedición actual de las licencias existentes.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados exhorta al licenciado ?Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar el servicio de expedición de licencias de conducir federal con validez como identificación oficial en el extranjero en embajadas y consulados de México en el extranjero.

Notas

1 Instituto de los Mexicanos en el Exterior. (2018). Mexicanos residentes en Estados Unidos, de Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Sitio web:

http://www.ime.gob.mx/estadisticas/mundo/continente/amer ica/estados_unidos_2017.pdf

2 Ídem

3 Instituto de los Mexicanos en el Exterior. (2017). Población mexicana en el mundo: Estadística de la Población Mexicana en el Mundo 2017, de Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Sitio web:

http://www.ime.gob.mx/estadisticas/mundo/continente/amer ica/estados_unidos_2017.pdf

4 Juan Carlos Cruz Vargas. (2019). Se incrementan en 6.5% remesas en enero, informa Banxico, de Proceso. Sitio web:

https://www.proceso.com.mx/573798/se-incrementan-en-6-5- remesas-en-enero-informa-banxico

5 Jens Manuel Krogstad, Jeffrey S. Passel and D’Vera Cohn. (2018). 5 facts about illegal immigration in the U.S., de Pew Research Center. Sitio web:

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/11/28/5-facts- about-illegal-immigration-in-the-u-s/

6 Médicos Sin Fronteras. (2019). Radiografía de una deportación, de Médicos Sin Fronteras. Sitio web: https://www.msf.mx/article/radiografia-de-una-deportacion

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a de 26 de marzo 2019.

Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a promover el uso de plataformas digitales para la comunicación interna en las dependencias, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado federal Higinio del Toro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva el uso de plataformas digitales para la comunicación interna en las dependencias del gobierno federal, así como a los poderes estatales y municipales en el mismo sentido, a fin de que se disminuya el uso de materiales de papelería y se mejoren los procesos de comunicación al interior de sus respectivas administraciones, al tenor de los siguientes:

Considerandos

Las nuevas tecnologías han mejorado los sistemas de comunicación en la sociedad, principalmente en el aspecto laboral y en las relaciones interpersonales. Sin embargo, estos avances tecnológicos aún no han tenido tanta presencia en las administraciones gubernamentales, por lo que se identifican áreas de oportunidad en el sistema burocrático de comunicación interna, ya que actualmente predomina la impresión de documentos, procesos lentos de entrega e incluso la pérdida de documentos importantes debido al traspapeleo.

A finales del año 2005 se dio un gran avance en materia de uso de la tecnología en el gobierno con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en la que se estableció dentro del Plan de Desarrollo de dicha administración, “la incorporación de tecnologías de información y comunicación (TIC) como instrumentos de soporte para la transformación y eficiencia dentro de la gestión pública, por otra parte, se buscaba la profesionalización de los servidores públicos para un mayor rendimiento dentro de la gestión pública. Principalmente se buscaba aprovechar esos cambios tecnológicos para que los ciudadanos obtuvieran una maximización de los trámites dentro del gobierno”.1

Sin embargo, esta implementación tecnológica se incorporó principalmente para la información que se brinda a los ciudadanos a fin de que, a través de plataformas digitales, se pudieran dar a conocer los programas, documentos, acuerdos y demás información sobre las acciones del gobierno. Esto ha permitido a la ciudadanía desarrollar el ejercicio democrático de manera responsable debido a que es posible evaluar las decisiones gubernamentales a partir de sus propios sistemas de información.

El cambio estructural experimentado con la apertura de las tecnologías de información y comunicación abrió la posibilidad de mejorar los procesos internos de comunicación en dependencias gubernamentales como es el caso del municipio de Zapotlán El Grande en Jalisco. En este caso, los empleados de la administración colaboraron para crear una plataforma denominada Mis Oficios a través de la cual publicaban los oficios que debían enviarse a las diferentes áreas, con la finalidad de que dichos oficios fueran recibidos en menor tiempo y evitar el gasto que representa la impresión y fotocopia de los oficios, además de suprimir el gasto de gasolina y la necesidad de destinar el tiempo de un colaborador para llevar un oficio a alguna oficina del Gobierno Municipal que no se encuentre en el mismo edificio. Esta práctica permitió a la administración ahorrar en tiempo y costo para la comunicación interna y logró hacer eficiente la entrega de oficios y la respuesta de los mismos.

Cabe destacar que Mis Oficios , es una aplicación desarrollada por personal del área de sistemas del mismo Gobierno Municipal en un espacio virtual, por lo que la implementación de este programa no significa un aumento en el presupuesto asignado, ni necesita de equipos especiales para su desarrollo.

El uso de esta plataforma permite a cada funcionario contar con un nombre de usuario y contraseña para que pueda revisar los oficios que ha recibido como destinatario o en caso de ser referido con copia, además de llevar un control de los documentos que ha enviado. Asimismo, el sistema está diseñado para que los usuarios puedan adjuntar archivos Word, Excel, pdf, jgp, png, entre otros y que también se les permita firmar electrónicamente el acuse de los documentos.

Esta iniciativa local se alinea con las recomendaciones de un estudio presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el que se explican los beneficios de invertir en servicios en línea para beneficiar a la administración pública y disminuir el gasto del gobierno.2

De acuerdo con la información presentada por el BID, los tramites digitales se demoran 74% menos que tramites presenciales, cuestan mucho menos, y reducen la incidencia de corrupción, sin embargo, en América Latina y el Caribe todavía hay poca inversión para ofrecer servicios públicos en línea.3

Un dato interesante de dicho estudio es que señala que el intercambio de trámites presenciales cuesta al gobierno hasta 40 veces más de lo que podría costar el servicio equivalente en una plataforma digital. Pese a que México está considerado como uno de los países que ha implementado las plataformas digitales para la el canal de comunicación gobierno-ciudadano, aún no se ha asumido la necesidad de implementar plataformas internas que permitan disminuir costos de entrega y que disminuyan los tiempos de entrega.

La implementación de plataformas en las administraciones de los gobiernos federal, estatales y municipales permitirán:

• Mejorar los procesos internos de comunicación debido a que el registro electrónico permite saber si el mensaje ha sido recibido y leído, por lo que se podrá tener un mayor control acerca de la información que se envía y se recibe por parte de los funcionarios.

• Eliminar aquellos trámites que sean innecesarios, redundantes u obsoletos.

• Ahorrar recursos de papelería y reasignarlos para la promoción de la comunicación digital

• Contribuir con el cuidado del medio ambiente debido a que se reducirá el uso del automóvil para llevar los oficios a los destinatarios y se podrá disminuir el uso de hojas, cartuchos de tinta y tóner, ya que se pretende que los oficios no se impriman a menos de que sea de suma importancia.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la valiosa consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo para que, en el ámbito de sus atribuciones, promueva el uso de plataformas digitales para la comunicación interna en las dependencias del gobierno federal, así como a los poderes estatales y municipales en el mismo sentido, a fin de que se disminuya el uso de materiales de papelería y se mejoren los procesos de comunicación al interior de sus respectivas administraciones.

Notas

1 Diario Oficial de la Federación, consultado en
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=2101617&fecha=09/12/2005, marzo 2019.

2 Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El fin del Trámite Eterno: Ciudadanos, Burocracia y Gobierno Digital, disponible en

https://www.iadb.org, consultado en marzo 2019.

3 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo del 2019.

Diputado Higinio del Toro Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal, a través del Secretariado Ejecutivo del SNSP, a incluir en la asignación de los recursos del Fortaseg los 48 municipios no beneficiados en 2019, a cargo del diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Ricardo Villarreal García, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que incluya en la asignación de los recursos del Fortaseg 2019 a los 48 municipios que no fueron beneficiados con el apoyo como en 2018 y que retome los criterios de asignación de 2018 en las formulas de la distribución del Fortaseg, para evitar injusticias y dejar a municipios que requieren de manera urgente el recuso para la seguridad con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Desde hace varios sexenios se ha pensado en el reforzamiento de las tareas de la seguridad en tanto en los estados como en los municipios, para lo cual se diseñaron el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), dirigido a las entidades federativas y Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que se enfoca principalmente a municipios.

En el artículo 21 constitucional, se establecen las bases de la seguridad pública en este País puesto que señala entre otras cosas, que la ayuda federal, deberá destinarse a los municipios; porque la seguridad se construye y se fortalece desde el ámbito municipal, pues es el más cercano al ciudadano y a sus problemáticas.

Pero con las acciones y decisiones de este gobierno no cabe la menor duda que a la federación no le importan los municipios de nuestro país y mucho menos le importa la seguridad de los ciudadanos, pues a pesar de que argumenta que las prioridades del gobierno federal es la seguridad de los ciudadanos, este año los recursos destinados a ambos fondos se redujo de forma considerable, lo que provocará que los gobiernos locales, tendrán en la práctica, menos recursos para tareas de seguridad.

Y la mejor prueba de ello, es la desmesurada disminución de apoyo a municipios del país, las posibilidades de que estos fondos se redujeron principalmente para costear la Guardia Nacional son muchas. Pero el discurso no concuerda con la realidad, ya que es más que paradójico que, se ha argumentado que una de las razones que motiva la creación de la Guardia Nacional, es la incapacidad de estados y municipios de hacerse cargo de la seguridad, lo que podemos comparar con que la receta, no coincide con el diagnóstico.

No cerramos los ojos a que los resultados del ejercicio de ambos fondos, no han sido los óptimos y es de vital importancia el no perder de vista este hecho, pero ello no debe de ser la justificación para desaparecerlos o reducir los recursos asignados.

Consideramos que la solución no es el recorte de los recursos y mucho menos la exclusión de municipios que serán beneficiados con los recursos, lo que se debe de buscar es cambiar las reglas de asignación, operación y destino, esto es, obligar a estados y municipios a que destinen esos recursos a las áreas prioritarias y mediante un plan, y se utilice para el fortalecimiento de las corporaciones locales de policía.

Pues no podemos olvidarnos que las policías locales y estatales son parte del problema de la seguridad en México, por lo que también forman parte la solución, y que, debido a la falta de recursos, insumos, capacitación, procesos y depuración, no han cumplido de la mejor forma con su tarea, es decir, por mucho que hayan esfuerzos federales en la materia, es fundamental mantener el FASP y el Fortaseg, o la creación de programas similares con otros nombres y reglas de operación, si la verdadera intención del gobierno federal es mejorar la seguridad, tenemos que contar con corporaciones fuertes desde lo local.

En la designación de 2019 para el Fortaseg fueron aprobados 3 mil 930 millones de pesos para distribuirse en el país, siendo beneficiados únicamente 252 municipios, 48 menos que en 2018, lo que provoco la eliminación de municipios que presentan altos índices de violencia e inseguridad.

La bolsa general a repartir es de 3 mil 930 millones de pesos, prácticamente en el mismo nivel de 2018, cuando se autorizaron 4 mil 9 millones. La diferencia es de 79 millones.

De acuerdo con la página electrónica del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Fortaseg es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el fortalecimiento de los temas de seguridad.

Este recurso se destina a las evaluaciones de control de confianza y capacitación de los policías municipales, a la homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los agentes, así como a su equipamiento.

También es para la mejora de infraestructura, la prevención de delito, la conformación de bases de datos de seguridad pública y creación de centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia.

Sin embargo, el gobierno federal cambio la asignación de recursos de Fortaseg a municipios:

• Se eliminan criterios turísticos y fronterizos, afectando inicialmente a municipios con estas características

• Las nuevas fórmulas privilegian las afectaciones a los bienes y no las afectaciones a las personas

• Al reducir de 30 a 20 por ciento sobre población, municipios más poblados recienten disminución.

Análisis comparativo de fórmulas de asignación Fortaseg 2018 vs 2019

Por citar un ejemplo para el estado de Guanajuato únicamente serán destinados alrededor de 214 millones de pesos para 15 municipios, cuando en 2018 fueron 83 millones más y 21 municipios los beneficiados. Entre sus municipios el de León, nuevamente se recibirá el apoyo, pero se le redujo considerablemente el monto, pues pasó de 67 millones en el 2018 a poco más de 38 millones para este 2019.

Sin importar la cifra récord de homicidios que durante 2018 se registraron en Baja California, la Federación ha quitado 75 millones de pesos al Fortaseg para el ejercicio de este año. Puesto que Tijuana, Ensenada y Mexicali, los tres municipios con más muertes violentas en el 2018, son los que sufrirán mayores recortes en la asignación de este fondo.

Para darnos una clara idea Tijuana en 2018 registró un total de 2 mil 518 homicidios dolosos y recibió 74 millones 516 mil 570 pesos del programa, este año el recurso se redujo a 54 millones 419 mil 559 pesos; en lo que respecta a Ensenada registraron 253 homicidios, de acuerdo con estadística proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), y recibió 46 millones 350 mil 890 de Fortaseg, para este 2019 la cifra será de 19 millones 716 mil 245 pesos.

Otro ejemplo más es el municipio de Ecatepec, estado de México, siendo esta una de las urbes con mayor incidencia delictiva, presenta una reducción ya que en 2018 se le asignaron 47 millones 832 mil 690 pesos y para 2019 se le asignaron 45 millones 937 mil 263 pesos una reducción de 1millon 895 mil 427 pesos.

Ya que en relación a los criterios de elegibilidad se eliminaron para el año 2019 los siguientes elementos: Combate a la Delincuencia e Incidencia Delictiva y Características territorial y turísticas.

En 2019 se incluyeron nuevos criterios: Fortalecimiento de Capacidades Institucionales; Tamaño del problema; y Criterio de Transición.

En la ponderación de distribución para 2019, la población bajo en su ponderación de 30 a 20 por ciento, lo que afecto directamente a municipios más poblados, y apoyando más a los municipios medios.

Asimismo, para 2019, la capacidad policial en su ponderación paso de 30 a 20 por ciento, por lo que los cuerpos policiales más amplios reciben menos, y los cuerpos policiales de menor capacidad reciben más recursos.

El 50 por ciento de los criterios de ponderación se basan en los nuevos conceptos de Tamaño del problema y Fortalecimiento de Capacidades Institucionales.

En cuanto al criterio Población se modifico su cálculo, en 2018 se consideraba la proyección de población, circunstancia que persiste en 2019, pero en este último año se acota una ponderación de población de Municipios Capitales en relación con el universo de municipios capitales, generando un trato distinto a las capitales, cuando el año pasado solo se tomaba población en forma general.

En el caso de la variable, tamaño del problema es equiparada para este análisis vs criterio de combate a la delincuencia e incidencia delictiva, resultado los siguientes:

1. No se considera en la medición 2019 conceptos como homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y robos.

2. No se considera disminución de delitos de alto impacto para 2019.

3. Este año se incluye el concepto de robo total o parcial de vehículo, el cual no era considerado en 2018.

4. Se incluyó el concepto de percepción de la inseguridad.

Es decir, se privilegió la percepción de inseguridad, eliminando las mediciones de homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y robos y se toma en cuenta el robo de autos, privilegiando las afectaciones materiales contra las afectaciones personales a los habitantes.

El rubro incluido en 2019 de fortalecimiento institucional busca financiar acciones de profesionalización, certificación, equipamiento de elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura.

En el resto del país, en cada una de las ciudades estamos viviendo un incremento de los índices delictivos; pero paradójicamente éste, uno de los criterios que se consideran para asignar este subsidio y, sin embargo, hay menos apoyo para estados con alto índice delictivo como el caso de Guanajuato, por ejemplo.

Las principales funciones de este recurso es el fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como la capacitación en materia de derechos humanos e igualdad de género.

Sin embargo, tal parece que al gobierno federal a la hora de la asignación de los recursos se está olvidando de las promesas de campaña y de quienes les dieron el triunfo en las elecciones y que son los ciudadanos los que viven la inseguridad diariamente, puesto que para el Ejecutivo está siendo más importante incrementar el número de programas y el monto de los recursos en efectivo, a entregar a diversos sectores de la población; mediante una política totalmente asistencialista y eso con sus excepciones como se ha estado manifestando, y están dejando de considerar que si no se invierte en seguridad, mañana ese dinero que entreguen, puede ser botín de los delincuentes.

Por ello, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que retome los criterios de asignación del año 2018 que determinaron la distribución del Fortaseg a nivel municipal, para evitar injusticias y dejar a municipios que requieren de manera urgente el recuso para la seguridad.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un atento y urgente exhorto al gobierno federal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que incluya en la asignación de los recursos del Fortaseg a los 48 municipios que no resultaron beneficiados durante el ejercicio de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2019.

Diputado Ricardo Villarreal García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat, la Profepa y la Sader a regular el conflicto entre agricultores por el uso de cañones antigranizo en Jalisco, a cargo del diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado federal Higinio del Toro Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen acciones conjuntas para regular el conflicto entre agricultores por el uso de cañones antigranizo en el estado de Jalisco a fin de asentar un precedente para futuros conflictos similares a nivel nacional, al tenor de los siguientes

Considerandos

De acuerdo con medios locales de Jalisco, los cañones granífugos, conocidos como ‘anti-granizo’ tienen una larga y polémica historia en el estado.1 Desde el año 2002 se han registrado movilizaciones por parte de los campesinos para protestar en contra del uso de cañones anti-granizo, bajo el argumento de que significaban un riesgo para sus campos de producción y que solo favorecían a la producción de aguacate.

De acuerdo con los pobladores, los productores de aguacate tienen sus invernaderos en regiones del sur de Jalisco principalmente y hacen uso de los cañones con la intención de disminuir la lluvia durante algunos meses. Sin embargo, lo que para ellos es un beneficio se ha convertido en un riesgo para los productores de otros vegetales que necesitan de la lluvia, ya que, aunque no existe un documento que certifique las consecuencias del uso de los cañones, los campesinos del sur de Jalisco han manifestado que después de la práctica antigranizo, se produce una sequía.

El asunto ha sido atendido a nivel local por el Congreso de Jalisco2 y se iniciaron los estudios para identificar los riesgos del uso de dichos cañones, además de aprobarse la realización de una campaña por parte de la Semarnat con el objetivo de concientizar a los productores sobre los riesgos ecológicos que implican las practicas que pretenden modificar el clima o fenómenos meteorológicos en ciertos lugares.

De acuerdo con un documento entregado por la empresa Sapoi y Servicios Meteorológicos y Antigranizo Michoacanos, SA de CV.

El cañón antigranizo genera una ola de presión usada para interrumpir la formación de las piedras de hielo en su primera fase (granizo). La carga explosiva del gas acetileno y aire si dispara en la cámara baja de la máquina. El resultado de la energía que pasa a través del cuello, entrando en el cono, se transforma en una ola de presión. Esta ola de presión audible como un fuerte silbido, viaja a la velocidad del sonido atravesando las nubes, interrumpiendo la fase de formación del embrión de la piedra de hielo.

Cuando la tormenta comienza a acercarse, el aparato se acciona cada seis segundos hasta pasada la misma. El granizo que hubiese caído, ahora lo hace en forma de nieve derretida o lluvia. Es muy importante remarcar que, la máquina trabaja durante todo el tiempo en que la tormenta se acerca a la zona, afectando el inicio del crecimiento de la piedra de hielo. La máquina no puede alterar la piedra de hielo previamente ya formada.

Bajo estos argumentos, dichas empresas pidieron al Poder Legislativo de la entidad que se le permitiera instalar y operar equipos similares propiedad de la empresa. Debido a la falta de regulación en los ordenamientos legales federal y local, la empresa no incurre en ninguna falta con la operación de los cañones.

Los conflictos por la operación de los cañones entre los campesinos y las empresas operadoras se intensificaron en 2017 y 2018, incluso el pasado mes de agosto pobladores de municipios como Tecalitlán, Tamazula, Ciudad Guzmán, Tuxpan y Sayula se manifestaron a las puertas del Congreso del Estado y del Palacio de Gobierno. Entre las demandas de los pobladores destacan que, la falta de lluvia perjudica sus sembradíos de maíz y caña y que ante las practicas utilizadas por los productores de aguacate, han disminuido las lluvias y se ha afectado la producción de cada año.3

La falta de regulación de conflictos ambientales como éste se debe en gran medida a que las principales dependencias federales encargadas de la protección del medio ambiente y del manejo sustentable de los recursos naturales del país carecen de un censo sobre los llamados cañones antigranizo, pese a las advertencias que existen sobre los supuestos riesgos en su uso.

La tarea de investigar los riesgos del uso de artefactos con la intención de detener diversos fenómenos meteorológicos ha sido asumida por medios de comunicación como Reporte Índigo, el cual solicitó a cuatro dependencias federales del sector ambiental y agropecuario un censo nacional de cañones antigranizo, así como estudios sobre su impacto ambiental y proyectos de normas para regularlos a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.4

En la solicitud de dicho medio se consultó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); la Comisión Nacional del Agua; y la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente; sin embargo, la respuesta fue similar en todas ya que el vacío de información y normas sobre los cañones antigranizo persiste.5

Reporte Índigo señala que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales carece de planes con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para tratar la problemática de los cañones antigranizo, y tampoco tiene conocimiento de ningún proyecto normativo para controlar su uso, reconoció en su respuesta al recurso RRA 8471/17.6

Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente tampoco posee un censo, ni estudios y proyectos normativos sobre los cañones antigranizo, según afirma en el recurso RRA 8293/17 tras consultar a direcciones como la de Delito Federales contra el Ambiente y Litigio; de Control de Procedimientos Administrativos y Consulta; y de Denuncias Ambientales, Quejas y Participación Social.7

La Conagua y la Sagarpa tampoco cuentan con información sobre el uso de esta tecnología, por lo que no tienen mecanismos de control sobre estas prácticas.

El uso de esta técnica ha despertado la inconformidad y preocupación entre campesinos y ambientalistas, quienes aseguran que las ondas sónicas que disparan esos equipos reducen las precipitaciones pluviales al disolver las nubes de lluvia. Ante la falta de información y de regulación, es necesario que las instituciones federales competentes realicen un estudio y emitan las normas necesarias para regular el uso de tecnología tanto para proteger el trabajo de los campesinos como para evitar mayores conflictos ambientales en otras entidades del país.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la valiosa consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen acciones conjuntas para regular el conflicto entre agricultores por el uso de cañones antigranizo en el estado de Jalisco a fin de asentar un precedente para futuros conflictos similares a nivel nacional.

Notas

1 http://udgtv.com/noticias/canones-anti-granizo-jalisco/amp/, consultado en marzo 2019.

2 El 15 de marzo del 2016, la Comisión de Desarrollo Agrícola promovió un punto de acuerdo mediante el que el Congreso de Jalisco exhortó a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), así como a la SEMADET, a inspeccionar y estudiar el impacto de los cañones en el sur de Jalisco.

3 Periódico Milenio, Protestan en contra de cañones antigranizo, disponible en https://www.milenio.com/politica/comunidad/protestan-en-contra-de-canon es-antigranizo, consultado en marzo 2019.

4 Reporte Índigo, La clandestinidad de los cañones antigranizo, disponible en https://www.reporteindigo.com/reporte/la-clandestinidad-los-canones-ant igranizo-riesgos-utilizacion-medio-ambiente/, consultado en marzo 2019.

5 Ibídem

6 Ibídem

7 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo del 2019.

Diputado Higinio del Toro Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal y la Sener a hacer del conocimiento público por qué se canceló la Cumbre de la Alianza Energética México-Alemania 2019, a cargo de la diputada Saraí Núñez Cerón, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Saraí Núñez Cerón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esa soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“La Cumbre de la Alianza Energética entre México y Alemania es un evento internacional diseñado para favorecer el diálogo y el intercambio de experiencias y tendencias entre líderes del sector energético.

El evento reúne a representantes de gobierno, academia, sociedad civil e industria, ofreciendo información clave y precisa para favorecer la generación y la interconexión de ideas para avanzar en la transición energética.

En este contexto, expertas y expertos de los países miembros de la Alianza Energética, México y Alemania, y de otros países del mundo compartirán sus conocimientos y su visión sobre la transformación del sector energético, digitalización y sus impactos, integración de vRES y la realidad de la generación distribuida, cooperativas energéticas y utilidades locales, cómo atender a consumidores vulnerables y el rol de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ”. 1

Por lo anterior, el gobierno federal al tomar la decisión de cancelar la Cumbre de Alianza Energética entre México y Alemania –la cual se llevaría a cabo el día martes 19 de marzo del presente año, en el Centro CitiBanamex (avenida del Conscripto 311, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas, en la Ciudad de México)–, levantó una nube de opacidad y de incertidumbre en materia de relaciones exteriores y en especial al sector económico internacional ante las naciones que México tiene vínculos con el sector energético, con esto demuestra el gobierno federal, a través de su titular de la Secretaría de Energía, la ineptitud e ignorancia en la materia, ya que se deben de guardar las forma y protocolos diplomáticos entre las naciones y esta decisión atraerá un impacto presupuestal negativo al país.

De tal suerte que con estas acciones del gobierno federal, afecta las relaciones con la Asamblea General de la ONU, de la que México forma parte y adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible , el cual es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

“Los Estados miembros de la Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible.

La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos 15 años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables”.2

En este tenor el Objetivo 7: “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

El cual menciona lo siguiente: La energía es fundamental para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente. Ya sea para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso universal a la energía es esencial

Sin embargo, el avance en todos los ámbitos de la energía sostenible no está a la altura de lo que se necesita para lograr su acceso universal y alcanzar las metas de este objetivo. Asimismo, son necesarias las inversiones públicas y privadas en energía; así como mayores niveles de financiación y políticas con compromisos más audaces, además de la buena disposición de los países para adoptar nuevas tecnologías en una escala mucho más amplia”.3

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sostiene que es inadmisible que bajo el argumento de que los temas que se abordarían en dicho encuentro no se ajustan a la nueva realidad del sector energético mexicano y favorecen a la reforma energética y que esta sea un argumento de cancelar la cumbre, sin valorar que con esta acción se pierden planes de inversión, desarrollo y se envía un nuevo mensaje de desconfianza a las naciones.

Por lo anterior, deja en evidencia la ignorancia y la falta de diplomacia que tiene el gobierno federal y su titular de la Secretaría de Energía, asimismo, desconocimiento de los acuerdos internacionales que México ha firmado.

Por lo anterior, diversos comentarios surgieron por la cancelación de dicha cumbre, como lo menciona el destacado empresario Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, el cual reprochó que la cancelación del evento genere desconfianza y el cual declaro lo siguiente: “la secretaria de Energía ha cancelado la Cumbre de la Alianza Energética entre México y Alemania. Esperemos que el gobierno de México no haya puesto al país germano en la lista negra de la que habló López Obrador. Con estas acciones, se pierde inversión, desarrollo y de nuevo... confianza”.4

Por lo anterior, concluyo con este principio de doctrina del Partido Acción Nacional, “la libertad de investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico, son indispensables para procurar el bien común de la sociedad y para fortalecer naciones”.5

Por lo antes fundado y motivado, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que, a través de la titular de la Secretaría de Energía, haga del conocimiento público los motivos de por qué canceló la Cumbre de la Alianza Energética entre México y Alemania 2019 y cuál será el impacto que dicha decisión tendrá entre la relación bilateral de dichos países. En ese sentido, reconsidere programar la realización de la Cumbre de la Alianza Energética entre México y Alemania en el próximo mes en curso.

Notas

1 https://www.eventbrite.com.mx/e/
cumbre-de-la-alianza-energetica-entre-mexico-y-alemania-2019-registration-56809609070.

2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-genera l-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/, la Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

3 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/ Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.

4 https://www.proceso.com.mx/575639/por-no-ajustarse-a-nueva-realidad-y-f avorecer-reforma-de-pena-nahle-cancela-cumbre-energetica-con-alemania “Por no ajustarse a nueva realidad y favorecer reforma de Peña, Nahle cancela cumbre energética con Alemania”, por la redacción ,17 marzo, 2019.

5 https://www.pan.org.mx/wp-content/uploads/2013/04/Principios-de-doctrin a-2002.pdf, proyectos de principio de doctrina del PAN 2002, ciencia e innovación tecnológica, página 12.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2019.

Diputada Saraí Núñez Cerón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno y la Secretaría de Movilidad mexiquenses a no autorizar por ahora incremento alguno de las tarifas de transporte público y concesionado, a cargo del diputado David Orihuela Nava, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado federal David Orihuela Nava, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento para la Cámara de Diputados, someto a su consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La población que vive y utiliza el transporte público en el estado de México se ve afectada nuevamente, con la pretensión de los empresarios del sector.

Por principio de cuentas la población en general rechaza categóricamente cualquier incremento, ya que vulnera y lacera aún más la economía de la población mexiquense, de por sí ya muy lastimada.

Por señalar la inconformidad en contra del gobernador y del titular de Movilidad del estado, la Legislatura mexiquense señaló que el incremento a las tarifas del transporte público urbano, de 10 a 14 pesos, no debe ser autorizado por el gobierno estatal, porque el servicio que se proporciona es ineficiente, inseguro y contaminante.

Por unanimidad, los diputados locales acordaron enviar un exhorto al gobernador Alfredo del Mazo “para que mediante la Secretaría de Movilidad garantice a los habitantes y visitantes del estado de México que no aumenten las tarifas de transporte público dentro de la entidad”.

Además, subrayaron, el secretario de Movilidad, Raymundo Martínez, deberá notificar a la ciudadanía y a empresas para que no autoricen el aumento.

Aunado a ello se solicitará a esa dependencia para que se coordine con la Secretaría de Seguridad, a fin de combatir la inseguridad en las unidades.

El punto de acuerdo, promovido por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue ampliado por Morena y el Partido del Trabajo (PT).

Además ciudadanos que integran diferentes asociaciones, crearon el colectivo “Movilidad para Todos”, que integra grupos en pro de la movilidad, y que se conformó como un frente en contra del posible aumento en el pasaje y el mal servicio que ofrece el transporte público en el estado.

Conforme a derecho, el artículo 93 del Reglamento de Transporte Público y Servicios Conexos establece que solamente por un acuerdo con la Secretaría de Movilidad se pueden autorizar modificaciones a las tarifas y éstas serán publicadas en el periódico oficial Gaceta del Gobierno, para que surta sus efectos, y en los medios informativos para hacer del conocimiento del usuario las tarifas actualizadas.

En tanto, el título tercero, capítulo segundo, del Código Administrativo del Estado de México menciona que los concesionarios “deberán respetar las tarifas, rutas, itinerarios, recorridos, horarios y frecuencias autorizados por la Secretaría de Movilidad; en caso de requerir alguna modificación a los mismos, el concesionario deberá solicitar la autorización previa a dicha dependencia”.

Un dato, los usuarios de transporte público en el Estado de México han manifestado su inconformidad con los recientes aumentos al pasaje que han comenzado a aplicar diversas líneas que prestan el servicio.

Los usuarios refieren que empresas como la Elite o la Coordinadora de Transporte Grupo Aaz, SA de CV, que corren entre la Ciudad de México y el municipio de Zumpango, pasando por Ecatepec y Tecámac, han aumentado sus tarifas desde este lunes de 35 a 40 pesos, sin demostrar algún documento oficial que avale dichos incrementos.

La misma situación enfrentan usuarios de las líneas Autobuses Baltazar y de Autotransportes San Pedro Santa Clara.

En el caso de la línea Buendía, que da servicio en zonas de Tecámac y Ecatepec hacia la Ciudad de México, incluso han colocado una pirámide de precios que afirman establece las nuevas tarifas federales, sin contar con sello de ninguna dependencia de gobierno. ¡Qué pasa titular de Movilidad!, no están enterados.

Las tarifas del transporte público de pasajes han aumentado en cinco ocasiones en los últimos años, bajo el argumento de mejorar el servicio, buscar la renovación paulatinamente de las unidades y sobre todo la capacitación de los operadores de estas unidades.

Dentro de la presente administración local se anunció con bombo y platillo, operativos de seguridad y apoyo a la población que utiliza esporádicamente o habitualmente estos servicios, sin eco de la ciudadanía y de los mismos operadores de las unidades, al ser extorsionados todos los días, por delincuentes organizados y también por malos funcionarios y lo peor de todo por servidores públicos.

A esta lista de factores o cáncer social, se suman los pretextos para el incremento de tarifas, el hecho de que deben instalar cámaras de video-vigilancia, botones de pánico, sistemas de geolocalización, tarjetas de prepago, gafetes de los operadores, entre otros aspectos para mejorar la seguridad en el transporte público, como parte del acuerdo al que llegaron con el gobierno del estado.

Señor gobernador, lo invito a que realice un trayecto por las unidades de transporte público de nuestro estado y que le diga a la población que denuncie ante los amables ministerios públicos, y así valore el sentir de la población que gobierna todos los días en su administración.

Estamos en contra de la opacidad del gobernador y del titular de Movilidad del estado de México, que quieren minimizar el problema y acceder a las pretensiones de las organizaciones de transportistas.

El Grupo de la Cámara de Diputados de Morena no está en contra de los transportistas del Edomex, pero por ahora no hay justificación para el incremento, pues a bordo de las unidades ocurren de manera cotidiana asaltos, homicidios, violaciones, y también existe mala planeación de rutas, contaminación y están en pésimas condiciones, y para colmo solicita nuestro gobernador a la población, que exista la cultura de la denuncia de los ilícitos que suceden en los trayectos de las unidades de transporte.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta enérgicamente al gobernador y al secretario de movilidad del estado de México, para que no autoricen incremento alguno por el momento, al transporte público y concesionado.

Palacio Legislativo, a 2 de abril de 2019.

Diputado David Orihuela Nava (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a revisar y actualizar las características y condiciones de operación del Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras, a cargo del diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Mario Mata Carrasco , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, numerales 2, fracciones I, II,III y IV, del artículo 79 y artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal a revisar y actualizar las características y condiciones de operación del anteriormente llamado Fondo de Desarrollo Rural Sustentable de Estados y Municipios Mineros o Fondo Minero, conocido actualmente como Fondo para el Desarrollo de las zonas de producción minera , de acuerdo con las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que se puede conceptualizar a la minería como una actividad económica del sector primario, representada por la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos.1

De esta forma tenemos que la industria extractiva es una de las actividades más antiguas de la humanidad y que se caracteriza por ser parte de los indicadores básicos de las posibilidades de desarrollo económico de cualquier país por la utilidad que representa.

Segunda. Que por lo que hace a sus antecedentes más relevantes, es de destacarse que en las épocas prehistóricas, el hombre ya daba un uso importante a los minerales para la fabricación de sus herramientas; mismas que utilizaba para facilitar sus actividades de agricultura, caza y recolección.

Por otro lado, existe evidencia de su uso en las diferentes culturas y civilizaciones recientes, como en el caso del antiguo Egipto, o en la milenaria cultura China, donde se refiere una historia propia en la materia, gracias a la gran variedad de recursos minerales que tradicionalmente ostenta, así como a su reconocida diversidad geológica. Referencias análogas pueden encontrarse en la cultura griega, romana, etcétera.

En esta misma tesitura, sobresalen civilizaciones más recientes que han alcanzado un buen auge en el tema minero; tal es el caso de Australia; Perú, Colombia, Ecuador, México, Canadá y los Estados Unidos de América en el propio continente americano, entre muchos otros países de tradición minera de otras regiones del orbe.

Así, en este devenir histórico, es de notarse que las materias primas como el carbón y el hierro fueron las que a finales del siglo XVII, hicieron posible la revolución industrial y actualmente siguen siendo reconocidas; pese al desarrollo y explotación de otros metales y fuentes de energía.2

Tercera. Que otro aspecto importante a considerar es el que tiene que ver con la producción. En este contexto es menester mencionar que dentro de los principales productores de minerales en el mundo, se encuentra por supuesto México con un primer lugar por octavo año consecutivo en producción de plata, manteniendo Zacatecas el primer lugar en su producción; seguido en orden descendente por el estado de Durango, Chihuahua, Sonora, Oaxaca y el estado de México.3

Se tiene también un meritorio octavo lugar en producción de oro en el año 2017; esto a pesar de la fluctuación de precios. Otro logro importante de México en el ranking internacional de la extracción de metales, es el obtenido en el plomo, toda vez que nuestro país ocupa el quinto lugar en la producción del mismo a nivel mundial.

No se omite mencionar de manera paralela que nuestro país se ubica entre los 10 principales productores de los 16 minerales más utilizados en el mundo, gracias a las grandes aportaciones que hace en el mercado del cobre, el zinc y la fluorita, pero también es importante mencionar que México es productor de otros minerales, tales como arena, yeso, sal, dolomitas, azufre, fosforita, celestita, grafito, barita, entre otros y la producción se extiende por casi todo el territorio nacional.

Cuarta. Que con respecto a los logros de otros países dentro de la industria minera, destaca que Chile lleva la delantera en producción de cobre y China es el primer productor de oro, plomo, zinc, estaño y hierro; teniendo las mayores reservas mundiales tanto de antimonio como de tungsteno, entre otros minerales.

De forma paralela sobresale que de entre los países cuya economía se apoya fuertemente en la minería, se encuentran los Estados Unidos de América, mismo que tiene en su haber una importante producción de cobre, molibdeno, bauxita, plomo, cinc, fosfatos y azufre; por su parte Rusia tiene una gran exportación de hierro, cobre, níquel, además de ser un destacado productor de oro. En esta lista de países con tradición minera, también encontramos a Gran Bretaña, China, México, Perú, Chile, Sudáfrica, Ghana, Australia, entre otros.

Quinta. Que dicho lo anterior, y una vez contando con una referencia general de lo que representa la minería para México y el mundo, será menester referir ahora los principales antecedentes de carácter legal que le han dado figura al Fondo que nos ocupa, destacando en primera instancia la publicación a través de la cual se crearon los derechos especial, adicional y extraordinario sobre minería, que se realizó en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de diciembre de 2013.

Al respecto destaca que en el Decreto de referencia se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley Federal de Derechos (Se adicionaron los artículos 268, 269 y 270).

En esa oportunidad también se legisló respecto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se abrogó la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo.

Sexta. Que resulta de particular importancia referir para efecto de esta proposición, que con los cambios a los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos, se previó la integración del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, el cual se presupuestó con la integración de un 80 por ciento de la recaudación total que se obtuviera de los derechos de los artículos referidos.

Séptima. Que debe resaltarse que en el mencionado artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, se previó una disposición que tuvo por objetivo definir que para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, cada entidad federativa debería constituir un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras; el cual estaría integrado por distintos representantes de los tres órdenes de gobierno, de las distintas comunidades indígenas o núcleos agrarios, así como de las empresas mineras.

Octava. Que el 26 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que compiló diversos beneficios fiscales y estableció medidas de simplificación administrativa, al otorgar como facilidad administrativa a los titulares de concesiones y asignaciones mineras, la posibilidad de efectuar pagos provisionales trimestrales a cuenta del pago anual de los derechos especial y extraordinario, sobre minería. Esto con el propósito de disminuir el efecto instantáneo de realizar el pago de forma anual y a su vez permitir que los recursos se integraran de manera eficaz al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios para su oportuna aplicación.

Novena. Que el 25 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emitieron los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros; mismo que en su Artículo Séptimo define que el Comité sería el órgano colegiado previsto en el artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, encargado de definir la aplicación de los recursos.

Décima. Que el 7 de diciembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos y que quedó suficientemente claro, que los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, establecerían que a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, le correspondería emitir las Reglas Generales de Operación de los Comités de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras.

Décimo Primera. Que respecto del Fondo Minero tenemos, que según lo referido en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, en su artículo cuarto, se tiene que el objeto del mismo sería que el mandatario llevara a cabo la administración de los Recursos a efecto de entregarlos a cada entidad federativa o, en su caso, al municipio o demarcación de que se trate, a través de los Vehículos y en caso de que así lo instruyera una entidad federativa, municipio o demarcación, el mandatario entregaría directamente a la entidad financiera de que se tratara, los recursos necesarios para el pago de los mecanismos financieros contratados por dicha entidad federativa, municipio o demarcación.4

Décimo Segunda. Así se destaca en el acuerdo detallado con anterioridad, que en términos de estos mismos Lineamientos (en el artículo décimo quinto específicamente) los recursos deberían ser empleados, en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, incluyendo:

I. La construcción, remodelación y equipamiento de centros escolares; II. Pavimentación y mantenimiento de calles y caminos locales, así como la instalación y mantenimiento de alumbrado público;

II. III. Rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de agua, instalación y mantenimiento de obras de drenaje público, manejo de residuos sólidos, y mejora de calidad del aire;

III. IV. Obras que preserven áreas naturales, tales como reforestación y rescate o rehabilitación de ríos y otros cuerpos de agua, entre otros y

IV. V. Obras que afecten de manera positiva la movilidad urbana, incluyendo sistemas de trenes suburbanos, metro cable de transporte o equivalentes. Con sujeción a lo dispuesto por la legislación que corresponda, las entidades federativas, municipios o Demarcaciones, previo conocimiento del Comité, podrán utilizar los recursos como garantía o fuente de pago de obligaciones, siempre y cuando los recursos que deriven de las mismas se apliquen a los proyectos de infraestructura señalados en la presente disposición.5

Décimo Tercera. Que bajo este mismo ordenamiento, quedó perfectamente asentado que la determinación de la asignación de los Recursos a los Vehículos por parte del Fondo, estaría a cargo de la Secretaría, -en este caso se refiere a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano, Sedatu- la cual sería la responsable de la distribución, que se correspondería con un 62.5 por ciento al municipio o demarcación en el que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales, y el 37.5 por ciento restante a la entidad federativa correspondiente.

Décimo Cuarta. Que por otro lado, para la asignación de los recursos a cada vehículo, se determinó que tendría como base el porcentaje del valor de la actividad extractiva del municipio o demarcación correspondiente, respecto del valor total de la actividad extractiva en el territorio nacional; de acuerdo al registro de producción minera que para tal efecto fuera elaborada por la Secretaría de Economía en el año correspondiente.6

Décimo Quinta. Que esta proposición tiene su origen en los nuevos planteamientos respecto del Fondo que nos ocupa, mismos que fueron oficialmente introducidos a través de las Iniciativas detalladas en el Paquete Económico para el Año 2019, presentado de acuerdo con la legislación aplicable por el Poder Ejecutivo Federal; refiriéndolos de manera expresa en su Anexo A, específicamente en la Ley de Ingresos, destacando los aspectos siguientes;7

1. Se reconoce la importancia del Fondo, pero se refiere que es necesario modificar su diseño y aplicación. En este sentido detalla, que se reconoce el valor que dicho Fondo tiene para las zonas de extracción minera, sin embargo refiere que es necesario modificar el diseño y aplicación del mismo, pero sin alterar su objeto, que es el beneficio de la población que rodea las zonas de explotación minera.

2. Resalta que la Secretaría de Economía cuenta ahora con la facultad de promover en zonas de producción minera, así como la construcción de obras de infraestructura social. Al respecto hace hincapié en que con motivo de la publicación en el DOF de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 30 de noviembre de 2018, se incorporó para la Secretaría de Economía; la facultad de promover en zonas de producción minera, la construcción de obras de infraestructura social, como parte de su atribución de formular y conducir la política nacional en materia minera, en coordinación con los gobiernos estatales, municipales y con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, así como de los sectores social y privado.

3. Por otro lado, enfatiza que el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros cambia su denominación por el de Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera y se transfiere de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a la Secretaría de Economía, con la finalidad de que ésta última realice la labor de diseño, asignación e implementación de proyectos de desarrollo para las comunidades mineras y aledañas, con el propósito de que la población ubicada en las zonas geográficas con producción minera, sea partícipe de los beneficios generados por dicha actividad de manera directa.

4. Es puntual en detallar que se propone replantear el actual esquema de distribución del citado Fondo , por lo que la recaudación total que se obtenga de los derechos a que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos, no se incluirá dentro de la recaudación federal participable y se continuará destinando en un 80 por ciento al Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, en un 10 por ciento a la Secretaría de Economía y en un 10 por ciento al gobierno federal.

5. Que con el nuevo replanteamiento del esquema de distribución, los recursos del referido Fondo serán asignados por la Secretaría de Economía , de manera directa o coordinada con las dependencias y entidades de la administración pública federal y con las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como sus dependencias y entidades, considerando lo dispuesto por los lineamientos que para tales efectos emita dicha Secretaría y los convenios que, en su caso, suscriban en cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de obras y adquisiciones.

6. Que bajo el nuevo diseño del Fondo, la Secretaría de Economía realizará funciones de vinculación con los habitantes de las zonas de producción minera , a fin de identificar sus necesidades de inversión física y de capacidades. Para ello, habrán de desarrollarse e implementarse mecanismos de organización comunitaria que garanticen la representación de los intereses de las comunidades de cada zona de producción minera del país.

Para tales efectos, refiere que es importante dotar a la Secretaría de Economía de mayores recursos para llevar a cabo la correcta operación y administración del Fondo, y que se garantice una efectiva aplicación de los recursos del mismo.

7. Que la Secretaría de Economía a través de una institución de banca de desarrollo, constituirá un vehículo financiero para administrar el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera. Así, resalta de manera precisa que este nuevo diseño del Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera, pretende mantener un estrecho contacto con las comunidades mineras, a fin de conocer sus necesidades y así poder asistirlas eficazmente en la articulación de sus aspiraciones a través de proyectos de inversión física y de desarrollo de capacidades.

8. Ampliar los conceptos de aplicación del Fondo. Que para elevar la calidad de vida de los habitantes de las zonas mineras no se requiere únicamente la inversión en infraestructura, sino también de fortalecer las capacidades de la población; por tal motivo propone ampliar los conceptos de aplicación del Fondo, a fin de que los sectores productivos en estas zonas puedan crear comunidades económicas más activas, beneficiando de esta manera a ellos mismos y a la región.

Es por todas las razones y los argumentos detallados con anterioridad y ante el compromiso de apoyar eficientemente a la ciudadanía, que se está exhortando al Poder Ejecutivo Federal, a que se rectifiquen algunas de las cuestiones planteadas respecto del Fondo, por lo que estoy presentando ante la consideración de esta soberanía la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal para que, a través de sus dependencias y entidades de la Administración Pública correspondientes, se considere respecto del anteriormente llamado “Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero)”, actualmente conocido como “Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras”, las acciones siguientes:

I. Que se revise la pertinencia de conservar los lineamientos de operación utilizados en los periodos anteriores, para ser aplicados por las entidades federativas y municipios; actualizando solamente los rubros donde no se hubieran observado resultados eficientes y destacando de manera preponderante que los proyectos se desarrollen con estudios de inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo, perfectamente diseñados.

II. Que no se amplíen los conceptos de aplicación del Fondo, puesto que con los cambios propuestos se perdería el objetivo de beneficiar a la comunidad en su conjunto.

III. Que se conserve el diseño, el esquema de distribución, y que sigan siendo los Estados y Municipios en coordinación con la propia Secretaría, los que determinen su funcionamiento.

IV. Que se clarifiquen los canales y medios electrónicos a través de los cuales se podrá revisar a detalle la información que al respecto se genere.

V. Que sea aplicada de manera puntual la normatividad de transparencia y acceso a la información pública.

VI. Que no se observen disminuciones en los montos.

VII. Que no se incluyan en este Fondo, las regiones que no cuenten con explotación y tradición minera relevante, como en el caso de la Ciudad de México.

Notas

1 Para mayor información consultar:
https://conceptodefinicion.de/mineria/ Sitio revisado el 20 de Febrero del 2019.

2 Idem.

3 Cfr. https://mexicominero.org/ Consultado el 21 de Febrero del 2019.

4 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Sedatu, Jueves 25 de septiembre de 2014, México, Distrito Federal.

5 Idem.

6 Ibidem.

7 Poder Ejecutivo Federal, Iniciativas del Paquete Económico para el año 2019, Le de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, Noviembre del 2018, Ciudad de México. Consultable en

http://www.diputados.gob.mx/proceso-presupuestal19/inici o.htm, revisado el 24 de Febrero del 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 2 de abril del 2019.

Diputado Mario Mata Carrasco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la STPS a contribuir a solucionar el conflicto laboral de la UAM, que ha dejado sin clases a más de 58 mil alumnos, a cargo del diputado Carlos Pavón Campos, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Carlos Pavón Campos, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a Petróleos Mexicanos (Pemex), para que transparenten los procesos de invitación restringida para la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las huelgas han sido una característica constante del actual gobierno federal. Basta señalar que tan sólo el primer mes de este año, se registraron 45 huelgas en maquiladoras de Matamoros, afectando actividades económicas de gran relevancia para la economía de las entidades fronterizas.

Estos paros no sólo se han visto en empresas, sino también en instituciones educativas como la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la cual lleva 52 días ininterrumpidos en huelga.

A través de un comunicado oficial la UAM ha señalado que la huelga ha afectado a 58 mil estudiantes y ha paralizado cerca de 3 mil investigaciones, asimismo, 15 estudiantes extranjeros de movilidad han tenido que abandonar el país o inscribirse en otras escuelas, esta cifra podría aumentar a 22.1 Está en riesgo la pérdida del trimestre en curso y la postergación de la convocatoria para aspirantes a cursar alguna licenciatura.

La UAM ha ofrecido las propuestas económicas que presupuestalmente está en condiciones de sostener, por lo que llama al sindicato a volver a la mesa de conciliación, ante la urgencia de que esta casa de estudios pueda cumplir, como ha hecho a lo largo de 45 años, con su compromiso social y la formación de profesionales en todos los campos del conocimiento.

Asimismo, agrega que la UAM recibió dos demandas con emplazamiento a huelga por el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), una por revisión salarial y otra por cumplimiento al contrato colectivo de trabajo. Un total de 580 puntos de la llamada demanda interna corresponde a diversas problemáticas detectadas por el sindicato en las unidades universitarias y la rectoría general.

Señala que después del análisis de las demandas, rebasa, tanto el monto de aumento por inflación del presupuesto otorgado a la UAM como los acuerdos pactados en instituciones públicas de educación superior.

Ante las demandas de aumento salarial, la universidad ofreció 3.35 por ciento de aumento directo al salario de trabajadores de base y 3.0 por ciento al tabulador administrativo, lo que representa 6.45 por ciento de aumento total directo al salario, así como un aumento de 4.85 por ciento al vale de despensa mensual.

Respecto a las propuestas de plazas de personal administrativo de base se considera 93 de nueva creación, 29 de programas suprimidos, 41 plazas de cambio de perfil y 84 en proceso o cubiertas, lo que suma un total de 247.

En este contexto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), como una instancia federal responsable de promover la productividad laboral, puede ejercer una labor de mediación entre las partes a fin de construir a acuerdos que pongan fin a la huelga, se reanuden las actividades escolares y se normalice la vida académica de la institución.

La educación superior pública constituye un pilar fundamental para el desarrollo económico, social y cultural de México. A través de ésta, miles de mexicanos pueden acceder a mejores oportunidades laborales y profesionales, mejorando su nivel de vida y contribuyendo al desarrollo científico y tecnológico, así como al aumento de la competitividad de nuestro país.

Por ello, no podemos permitir que la huelga se extienda por más tiempo, esto podría significar que la educación de miles de jóvenes se vea truncada.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que coadyuve a solucionar el conflicto laboral de la Universidad Autónoma Metropolitana, que ha dejado sin clases a más de 58 mil alumnos.

Nota

1 50 Días en huelga, la UAM urge al SITUAM a volver a la mesa de negociaciones, en: http://www.uam.mx/ss/s2/comunicacionsocial/boletinesuam/099-19.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de hacer valer la Ley General de Salud y las NOM-007-SSA2-2016 y NOM-046-SSA2-2005 para erradicar la violencia obstétrica, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Clementina Marta Dekker Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia obstétrica es un tipo de violencia que se genera en los servicios de salud públicos o privados que consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause daño físico o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y posparto. Esta violencia puede expresarse en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, en tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte del personal de salud, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos.1

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres establece algunos actos constitutivos de violencia obstétrica2 como:

• Practicar el parto por cesárea, existiendo las condiciones para realizar un parto natural, sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.

• Obligar a parir acostada y/o inmovilizada;

• Negar u obstaculizar la posibilidad de cargar y amamantar al bebé o la bebé inmediatamente al nacer; y

• No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.

Dos de cada tres cesáreas que se realizan en México son innecesarias. A nivel nacional, 45 de cada 100 nacimientos son por cesárea, según las últimas estadísticas de la Secretaría de Salud, realizadas en 2015. Es el triple del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y también parte de un fenómeno que afecta a varios países de América Latina y el Caribe: seis de los diez países con mayores tasas de cesárea en el mundo están en esta región.3 Este porcentaje pone a México en el quinto lugar de los países con más proporción de cesáreas (según un estudio comparativo publicado en 2016, Organización Mundial de la Salud).4

Las mujeres en México con más riesgo de ser sometidas a cesáreas que no se requieren son las mismas que tienen mayores privilegios en otros ámbitos: son las que pertenecen a estratos económicos altos, las que se atienden en servicios de salud privados, las que tienen altos niveles de educación, las que viven en zonas metropolitanas, las que son primerizas y las de 35 años o más.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016, en México 33.4 por ciento de las 8.7 millones de mujeres que tuvieron al menos un parto entre 2011 y 2016 reportan haber experimentado violencia obstétrica. Las entidades con mayor incidencia son Ciudad de México (36.5 por ciento), estado de México (36), Querétaro (34.6), Tlaxcala (34.2) y Morelos (33.7).

Las manifestaciones más comunes de este tipo de agresión son los gritos o regaños (37.42 por ciento), retraso en la atención por quejas de la afectada (34.44), ser ignorada (33.11), presión para aceptar un método anticonceptivo o esterilización (30.9) y posiciones incómodas (30.83). También están las ofensas (23.43), anestesia denegada (16.18), método anticonceptivo o esterilización involuntaria (13.95), firma involuntaria de papeles (10.72), fue aislada de su bebé por más de cinco horas (5.49).5

Académicas de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Angélica Ramírez y Leticia Hernández consideran que, en México, cerca de 25 por ciento de las mujeres embarazadas, en parto o en puerperio son víctimas de violencia obstétrica, es decir, maltrato u omisiones en su cuidado dentro de las instituciones de salud.

Por su parte Natividad Gutiérrez Chong, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, denunció que maltrato, humillación, ridiculización y agresiones psicológicas, físicas y verbales es lo que padecen cuatro de cada cinco mujeres indígenas que requieren atención médica durante el embarazo, parto o que solicitan atención en los servicios de salud. De acuerdo con datos oficiales, en México hay más de seis millones de mujeres indígenas, lo que significa que 4.8 millones de mujeres indígenas (80 por ciento) son víctimas de la violencia obstétrica. La situación es grave debido a que, seis de cada 10 mujeres indígenas están en etapa reproductiva. En promedio, comienzan su vida sexual a los 16 años, aunque se reportan casos en que la edad disminuyó a los 12.6

A continuación se presentan algunos casos de violencia obstétrica recabados de medios de información impresa:

• Octubre de 2018

Debido a un caso de violencia obstétrica, en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que causó daños neurológicos a un recién nacido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al titular del IMSS, Tuffic Miguel Ortega, para que se haga la reparación integral del daño y el menor y su madre sean inscritos al Registro Nacional de Víctimas.7

• Febrero de 2019

La ausencia de políticas públicas con perspectiva de género, capacitación de personal, carencia de médicos especialistas y de instalaciones debidamente equipadas y atención adecuada a las mujeres, son los indicadores que gestaron los 15 casos conocidos de violencia obstétrica del Hospital General del municipio de Cuetzalan, según el trabajo del abogado y activista Leonel Rivero y el Centro de Derechos Humanos “Antonio Esteban”.

De estos casos, han trascendido cinco en medios y opinión pública y que han generado dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).8

Estos son sólo dos casos que se presentan como ejemplos ilustrativos, sin embargo, durante años se han presentado prácticas que violentan a las mujeres en atención obstétrica dentro de las instituciones de salud las cuales, deberían de velar por la integridad y vida de las mujeres embarazadas.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer9 en sus observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México 2018 sigue reiterando su preocupación sobre las denuncias de actos de violencia obstétrica por parte del personal médico durante el parto. En este tenor, emitió su recomendación en consonancia con su recomendación general número 24 (1999) sobre la mujer y la salud, el Comité recomienda al Estado parte que:

“Armonice las leyes federales y estatales para calificar la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y por razón de género, de conformidad con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y garantice el acceso efectivo a la justicia y a medidas integrales de reparación a todas las mujeres víctimas de la violencia obstétrica.”

Resulta indispensable mencionar que México firmó la CEDAW el 17 de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981. Con ello, al firmar un tratado internacional el Estado mexicano adquiere obligaciones; toda vez que los ha ratificado, el gobierno se compromete a adoptar medidas, entre otras, de carácter legislativo a nivel interno compatibles con el derecho internacional. Al ratificar la CEDAW los estados parte, se comprometen a consumarla, llevando a cabo una serie de medidas a nivel interno para eliminar las violaciones de derechos humanos contras las mujeres.10

Actualmente contamos con dos normas oficiales mexicanas que bien podrían ayudar a erradicar la violencia obstétrica:

• NOM-007-SSA2-2016, Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida, que tiene por objeto establecer los criterios mínimos para la atención médica a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio normal y la persona recién nacida. Es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, para el personal de salud de los establecimientos para la atención médica de los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud, que brindan atención a mujeres embarazadas durante el parto, puerperio y de las personas recién nacidas.

• NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. Tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual, así como en la notificación de los casos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, a través del personal de salud de los establecimientos para la atención médica de los sectores público, social y privado del Sistema Nacional de Salud haga valer las disposiciones establecidas en la Ley General de Salud, capítulo V. Atención Materno Infantil y en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, “Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida” y la NOM-046-SSA2-2005. “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”; con la finalidad de erradicar la violencia obstétrica.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud haga del conocimiento público cómo se están llevan a cabo las disposiciones establecidas en la Ley General de Salud, capítulo V. Atención Materno Infantil, en la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016 y en la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005.

Notas

1 https://gire.org.mx/violencia-obstetrica/

2 https://www.gob.mx/conavim/articulos/sabes-en-que-consiste-la-violencia -obstetrica?idiom=es

3 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161444/WHO_RHR_15.02_s pa.pdf?sequence=1

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4743929/

5 http://www.consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/otros-estudios/
item/995-inegi-resultados-de-la-encuesta-nacional-sobre-la-dinamica-de-las-relaciones-en-los-hogares-2016

6 https://www.iis.unam.mx/blog/wp-content/uploads/2019/01/22_22nati.pdf Revista: La verdad

7 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/10/26/
violencia-obstetrica-en-el-imss-causa-danos-a-recien-nacido.html

8 https://www.elpopular.mx/2019/02/05/municipios/
suman-15-casos-de-violencia-obstetrica-en-el-hospital-general-de-cuetzalan-198218

9 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMEX%2fCO%2f9&Lang=en

10 Secretaría General, Unidad para la Igualdad de Género (2018), Investigación del cumplimiento de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Cámara de Diputados, 23pp.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2019.

Diputada Clementina Marta Dekker Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno de la Ciudad de México a cumplir el artículo 122, Apartado B, constitucional, garante de las condiciones para el ejercicio de las facultades de los poderes federales, evitando el bloqueo de sus sedes, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo en la que se exhorta de manera respetuosa a la titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México a cumplir con sus obligaciones constitucionales y garantizar el ejercicio de las facultades de los poderes de la Unión.

Consideraciones

La gobernabilidad se basa en la capacidad de las instituciones para dar respuesta a la sociedad en general, a través del cumplimiento de sus funciones, razón por la cual al verse rebasadas o entorpecidas se puede asegurar que se está obstruyendo el trabajo de la república, de la cosa de todos. En este sentido, el funcionamiento de los Poderes de la Unión, es un asunto medular para asegurar el funcionamiento del país y en consecuencia ha sido una de las responsabilidades constitucionales que tiene la entidad federativa que sea sede de la capital de la República.

La Ciudad de México como capital del país es sede de los tres Poderes de la Unión, el ejercicio de las facultades de dichos poderes debe ser garantizado por el gobierno de la ciudad, así lo determina el artículo 122 constitucional en su apartado B.

Sin embargo, en fechas recientes, dicha disposición no se ha cumplido, cabalmente ya que, por omisiones o acciones, se ha permitido que diversos actores sociales obstaculicen el desarrollo habitual de las actividades de los servidores públicos que se desempeñan tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial.

En diciembre 2018 el Palacio Legislativo de San Lázaro se vio bloqueado por integrantes de organizaciones campesinas, en el marco del dictamen, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, poniendo en riesgo la gobernabilidad y viabilidad de la administración pública federal, por la posibilidad de no cumplir con los tiempos que la Constitución marca para dar cumplimiento en tiempo y forma. Dicho bloqueo comenzó el día 21 y finalizó 2 días después1 teniendo como saldo la retención del personal por más de 12 horas en el recinto,2 coartando un sin número de derechos y evitando que esta soberanía ejerciera sus facultades, no fue sino hasta 48 horas después que hubo presencia de las autoridades locales para garantizar el acceso.3

De igual manera la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diciembre, se vio comprometida por manifestaciones que han llegado a brotes de violencia como las agresiones hacia el vehículo de un funcionario del Poder Judicial, que al salir de la Corte fue agredido,4 como parte de ese evento los manifestantes amagaron con bloquear los accesos al edificio del tribunal constitucional, poniendo en riesgo el ejercicio de sus funciones.5

Durante marzo del presente año, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomó los accesos, bloqueando las instalaciones legislativas de San Lázaro,6 impidiendo a los diputados cumplir con el proceso legislativo que les fue conferido. Simultáneamente en el Senado de la República, integrantes de la misma organización impidieron salidas y entradas de la Cámara alta.7

En ambos eventos, nuevamente la presencia de autoridades locales que garantizaran el funcionamiento del poder legislativo fue nula o tardía, si bien la jefa de gobierno ha desaparecido el cuerpo de granaderos por considerarlo mecanismo de represión,8 esto no le exime de cumplir con su obligación constitucional, ya que puede disponer de un cuerpo policial que no coarte libertades, preserve el interés legítimo de manifestación, permita el respeto de derechos y funcionamiento institucional debido, garantizando el ejercicio de funciones de los Poderes de la Unión.

El Poder Legislativo no pide represión alguna, no solicita que se ejercite acción alguna contra el derecho a manifestarse y a expresarse. El Poder Legislativo exige a la jefa de gobierno asuma sus responsabilidades y empiece a tomar las decisiones que correspondan para generar condiciones de seguridad pública que permitan que los poderes de la unión desarrollen sus actividades en sus instalaciones y los servidores públicos que concurran a trabajar en esos espacios no vean cuartada su libertad de tránsito, tengan plenas garantías sobre su seguridad personal, su integridad, y la preservación de su patrimonio sin ver lesionado su derecho al trabajar.

Esa es la función de los cuerpos policiales, no la de reprimir.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la titular del Poder Ejecutivo de la Ciudad de México a dar cumplimiento a su obligación constitucional conferida en el artículo 122 apartado B sobre garantizar las condiciones para el ejercicio de las facultades de los Poderes Federales, evitando el bloqueo de las sedes de los Poderes de la Unión.

Segundo. Que “el gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la Unión”, garantice, “en todo tiempo... las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales”. Es decir, que se desplieguen los operativos y acciones a que haya lugar para asegurar el trabajo de la república.

Notas

1 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/palacio-legislativo-de-san-laz aro-aun-bloqueado-por-campesinos

2 https://www.excelsior.com.mx/nacional/campesinos-levantan-bloqueo-en-sa n-lazaro/1286445

3 https://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/9601626/12/18/Diput ados-llegan-a-San-Lazaro-en-camionetas-y-escoltados-por-policias-siguen -bloqueos-.html

4 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/agreden-a-funcionario-al-creer -que-era-un-ministro

5 https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/politica/012n1pol

6 https://www.milenio.com/politica/comunidad/cnte-bloquea-accesos-camara- diputados-reforma-educativa

7 https://www.milenio.com/politica/cnte-bloquea-senado-evitar-diputados-s esionen

8 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sheinbaum-inicia-gestion-y-desap arece-a-granaderos/1283046

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2019.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Consejo Estatal de Seguridad Pública de Chiapas a fortalecer la implantación de políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia para mejorar el desarrollo económico del estado, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez , diputado sin partido de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral I, fracción I, 79, numeral I, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al Consejo Estatal de Seguridad Pública en Chiapas a fortalecer la implementación de políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia con el objetivo de mejorar el desarrollo económico del estado .

Consideraciones

A través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) con cifras de marzo 2018, la percepción social sobre inseguridad pública en Tuxtla Gutiérrez aumentó de 77.4 por ciento (diciembre de 2017) a 83.8 por ciento (marzo 2018) y en Tapachula de 89.1 por ciento a 91.0 por ciento.

Por su parte el Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCh) informó que en la capital se registró el incremento más importante de la entidad de robos con violencia, con un aumento de 64.45 por ciento, de enero de 2015 a diciembre de 2018.

Además, el hurto con violencia de vehículos, a negocios y a transeúntes fueron los delitos de alto impacto que a finales de 2018 registraron tasas por arriba de la media nacional.

Aproximadamente 76.8 por ciento de la población con 18 años o más consideró que vivir en su ciudad es inseguro. La ciudadanía de Tapachula, con 90.4 por ciento, catalogó a su ciudad más peligrosa que ciudades como Acapulco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Hermosillo, Laredo, entre otros.

El Observatorio Ciudadano de Chiapas en su “Reporte de Incidencia Delictiva de la Administración 2012-2018” detalló que la incidencia delictiva de 6 de 10 delitos de alto impacto que fueron medidos superó su condición en comparación a los dos últimos sexenios.

La tabla anterior nos demuestra cómo los secuestros mostraron un incremento significativo de 54.59 por ciento en la tasa de enero a octubre de 2018 respecto al mismo periodo de 2012. Este año, fue el periodo que registró la tasa estatal más alta durante los seis años de la administración de Velasco: la quinta más alta en años.

Las extorsiones presentaron un incremento de 73.36 por ciento del periodo de estudio de 2012 a 2018, incluso los cinco últimos años de la administración de Velasco presentaron las tasas más altas en 21 años.

Los robos con violencia, durante el último año de la administración, presentaron un incremento de 25.44 por ciento respecto a la tasa presentada en 2012 y durante los seis años de Velasco, las tasa de estos delitos fueron las más altas en 13 años. Los robos de vehículos en el último año de la administración estatal registraron una tasa de 35.72 por ciento superior a la registrada en 2012 y los últimos tres años han presentado las tasas más altas en 21 años de registros.

Los robos a negocio presentaron un incremento en su tasa para los periodos de enero a octubre de 20158, de 72.50 por ciento respecto a la tasa del mismo periodo de 2012 y la tasa de este delito de los últimos 4 años, han sido las más altas en los últimos 10 años. La tasa de robos a transeúntes, para los periodos de enero a octubre, presentó un incremento de 47.65 por ciento de 2012 a 2018 y las tasas de los últimos seis años han sido las más altas desde 2009.

Por otro lado, en el reporte presentado por la Asociación Civil, Alto al Secuestro, coloca a los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas como los de mayor incidencia en secuestro acumulado desde el año 2017.

Por lo que debemos considerar que la percepción de inseguridad antes mencionada, debe ser atendida de manera urgente, dado que un estado con grandes áreas de oportunidad en materia económica como lo es Chiapas no debe perder estos beneficios a causa de la percepción de inseguridad.

En este tenor de ideas las repercusiones económicas de la violencia influyen de tal forma que, con base en los resultados del reporte Índice de Paz México 2018 elaborado por el Institute for Economics & Peace , el impacto económico de la violencia en México en 2017 se estimó en 4.72 billones de pesos (249 mil millones de dólares), lo cual equivale a 21 por ciento del PIB de México.

En los últimos años, Chiapas ha aportado aproximadamente el 1.8 por ciento al PIB de México. Destacando que las actividades terciarias son las más importantes al aportar poco menos del 68 por ciento del PIB estatal y las secundarias poco más del 25 por ciento.

Otro de los impactos negativos de la inseguridad para la economía y el desarrollo del estado se reflejan en el gran rezago económico que impera en muchas de las poblaciones más pequeñas del estado. Como prueba está que desde hace varios años, Chiapas ha sido uno de los estados con el índice de desarrollo humano más bajo de México (2016 y por lo menos cinco años previos). También hay que señalar que es uno de los estados con más bajo desempleo (quinta posición al año 2017) al ser este solo del 3.4 por ciento aproximadamente, pero cuyos salarios y PIB per cápita nominal son más bajos del país.

Cabe destacar que se han hecho diversos intentos para mejorar la economía del estado como la creación de una zona económica especial con varios proyectos de transporte, logística, producción y energía. Asimismo realiza una modernización en varios de sus puertos para realizar las operaciones de carga y descarga, revisión y acomodo de mercancías más rápidamente.

En esta lógica es claro que la violencia y el miedo a la violencia crean grandes trastornos económicos. En tanto que los incidentes violentos generan costos por daños materiales, lesiones físicas o trauma psicológico, el miedo a la violencia altera el comportamiento de la economía, sobre todo al cambiar los modelos de inversión y consumo, pero también al desviar los recursos públicos y privados de las actividades productivas y dirigirlos a medidas de protección.

Así la combinación, estos factores, provocan importantes pérdidas de bienestar por déficit de productividad, ingresos no percibidos y gastos distorsionados, todo lo cual afecta el precio de los bienes y servicios.

En esta tesitura de ideas el presente punto de acuerdo tiene por objeto hacer un exhorto al Consejo Estatal de Seguridad Pública de Chiapas, toda vez que, de acuerdo al artículo 13, de la Ley Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Del Estado De Chiapas, establece que, el Consejo Estatal será la máxima instancia para la coordinación y definición de la política de prevención social de la violencia y la delincuencia.

Para esta labor el Consejo Estatal cuenta con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para coordinar e implementar la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, y éste se apoyará para ello en el Centro Estatal, en los términos que señala la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y demás normativas aplicables.

No cabe duda que la percepción de la seguridad pública y de la aplicación de la ley es un indicador clave para el desarrollo económico, por ello a través del presente punto de acuerdo, se exponen las siguientes recomendaciones emitidas por el Banco Interamericano de Desarrollo en esta materia:

1. El liderazgo municipal continuo es fundamental para una seguridad ciudadana exitosa: El componente clave para programas de seguridad urbana efectivos es una gestión local capaz, creativa y valiente, especialmente la proveniente de la oficina del alcalde. Los alcaldes y gobiernos locales son los que mejor entienden el contexto local y sus desafíos, y pueden impulsar los avances hacia una mayor seguridad ciudadana. Sin una dirección sólida y sin el involucramiento de actores locales clave del sector privado y de la sociedad civil, es difícil generar el impulso necesario para obtener resultados positivos.

2. Diferentes contextos generarán respuestas diferentes: No existen recetas únicas para reducir la criminalidad urbana. Cuando se trata del crimen organizado, puede haber una mayor participación de las instituciones a nivel federal y de operaciones dirigidas por entidades de inteligencia. Con respecto a la delincuencia callejera y la violencia doméstica, las estrategias tienden a ser más equilibradas, combinando disuasión y prevención. Cualquier estrategia urbana debe estar alimentada no solo por un plan maestro, sino también por el análisis de estadísticas en tiempo real para permitir un enfoque específico que también permita hacer ajustes y correcciones durante el transcurso de la iniciativa.

3. Anticiparse al crimen y abordar estos factores de riesgo es fundamental: Sin embargo, en prácticamente todos los entornos existen factores de riesgo en común que están asociados a la delincuencia y la victimización. De hecho, en la mayoría de los contextos, el acceso al alcohol y su abuso se relacionan fuertemente con el crimen y la victimización. De igual manera, la disponibilidad de armas de fuego y la abundancia de redes de narcotráfico exacerban la violencia criminal. Incluso la exposición constante a la violencia doméstica e interpersonal es también un factor que influye en los futuros niveles de violencia, tanto en términos de victimización como de perpetración. En un contexto de recursos limitados, las estrategias a nivel local deben ser selectivas en sus enfoques, y abordar estos factores de riesgo de una manera focalizada desde el principio puede resultar rentable.

4. La prevención del delito urbano requiere estrategias intersectoriales, coordinadas y equilibradas con una visión de seguridad: Para prevenir el crimen de manera efectiva es preciso identificar los diversos factores asociados al comportamiento criminal, ya sean económicos, sociales, institucionales o estructurales. En este sentido, la respuesta local para contrarrestar la delincuencia debe ser comprensiva, y para ello es menester integrar la dimensión de seguridad dentro de la agenda de desarrollo local. Es decir, hay que alinear las acciones de las diversas dependencias gubernamentales hacia un mismo objetivo: reducir el crimen y la violencia. Esto requiere una coordinación entre distintos niveles de gobierno y entre los diversos servicios sociales en el territorio en temas de salud pública, educación y empleo.

Asimismo, es fundamental establecer un equilibrio entre la prevención y el control del crimen, lo que implica una acción coordinada no solo con la policía, sino también con otros actores locales y nacionales tanto públicos como privados.

La necesidad de mantener una visión y una agenda en común es desafiante y demanda un alto grado de coordinación, liderazgo y capital humano especializado.

5. El financiamiento creativo y estratégico es esencial: Las autoridades locales podrían identificar formas creativas para generar financiamiento adicional que les permita avanzar y hacer sostenibles sus intervenciones. Es probable que, para el apoyo de las iniciativas, se requieran acuerdos con múltiples actores clave y asociaciones público-privadas. Cabe destacar que algunas ciudades también están experimentando con financiamiento combinado, impuestos municipales especiales, bonos de impacto social, subsidios focalizados e incentivos para la inversión privada, entre otras medidas.

6. La tecnología y el análisis de datos en tiempo real son vitales para guiar la seguridad a nivel ciudad: En la mayoría de las metrópolis de la región, la tecnología está facilitando la recopilación y el análisis de datos de delitos al igual que la investigación criminal. La información desagregada y de alta calidad sobre el crimen, las percepciones de seguridad, y factores socioeconómicos relacionados es esencial para todos los aspectos del ciclo de programación. Sin dicha información, los gobiernos locales no podrían diseñar, implementar, monitorear ni evaluar adecuadamente las intervenciones de seguridad. La llegada de procesadores más poderosos para computadoras, de big data, de herramientas de aprendizaje automatizadas y de la inteligencia artificial (IA) demuestra que la calidad de la recolección y del análisis de datos ha mejorado y los costos han disminuido. Pero estas herramientas también generan nuevos desafíos: desarrollar capacidades humanas para el uso efectivo de la tecnología, lograr alianzas con el sector privado para apalancar big data y otras tecnologías, y garantizar protocolos apropiados y éticos para la recopilación, el almacenamiento y la retención de datos y la privacidad de los mismos.

7. Es clave involucrar a las comunidades en el diseño, la implementación, la evaluación y la comunicación de las estrategias de seguridad ciudadana: Todas las intervenciones exitosas revelan que el proceso es importante. Específicamente, la forma en que los ciudadanos participan del diseño, del desarrollo, de la implementación y de la evaluación de estrategias es primordial. Para asegurar la sostenibilidad de las intervenciones, las comunidades afectadas deben sentir que son dueñas del proceso. Las medidas de seguridad ciudadana que involucran a los actores pertinentes en la preparación de diagnósticos y planes de acción, y que regularmente brindan evidencia de resultados han permitido garantizar la continuidad y apropiación de las mismas. Estos pasos son fundamentales para desarrollar la confianza en las autoridades e instituciones.

8. Es esencial garantizar que las inversiones en seguridad ciudadana sean rigurosamente monitoreadas y evaluadas: Con frecuencia, el monitoreo y la evaluación se realizan al final de un proceso de una iniciativa de seguridad ciudadana y no al principio. Se les relega al final de la lista de prioridades, y se consideran como un complemento opcional. Sin embargo, sin monitoreo ni evaluación adecuada, es difícil llegar a conclusiones básicas sobre la relación costo-efectividad de intervenciones específicas.

Afortunadamente, en el sector de seguridad ciudadana se está empezando a propagar una cultura de la evidencia. Las intervenciones basadas en datos son cada vez más comunes, especialmente con la llegada de las herramientas de big data para procesar la percepción del público, así como los resultados tangibles obtenidos en el trabajo de campo.

Finalmente, invertir en una evaluación de impacto de alta calidad es esencial para identificar los éxitos y fracasos, realizar correcciones a lo largo del proyecto y poder escalar las intervenciones cuando muestran resultados positivos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Consejo Estatal de Seguridad Pública en Chiapas a fortalecer la implementación de políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia con el objetivo de mejorar el desarrollo económico del estado de Chiapas.

Fuentes consultadas

1. http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/fuero_federal/
estadisticas por ciento20fuero%20federal/Fuerofederal012018.pdf

2. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/43342/Chiapas.pdf

3. http://chiapas.semaforo.com.mx/

4. https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/chiapas.pdf

5. http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/editorial/7887-l a-delincuencia-e-inseguridad-en-chiapas

6. https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2018/10/
en-chiapas-las-personas-se-sienten-mas-inseguras-que-en-estados-donde-predomina-la-delincuencia-organizada/

7.http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regu lares/ensu/

8. http://onc.org.mx/tendencia-por-entidad-federativa/chiapas/

9. http://www.cuartopoder.mx/chiapas/presentan-informe-de-delincuencia-en- chiapas/253249

10. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/itaee/i taee2019_01.pdf

11. https://ultimatumchiapas.com/delincuencia-se-deriva-por-bajos-ingresos- y-la-falta-de-trabajo-2/

12. http://altoalsecuestro.com.mx/wp/wp-content/uploads/2018/10/CHIAPAS-PDF .pdf

13. http://altoalsecuestro.com.mx/wp/wp-content/uploads/2019/03/FEBRERO-201 9.pdf

14. http://www.chiapas.gob.mx/funcionarios/estatal/ejecutivo/centro-estatal -prevencion-social

15. http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-De litos-2018.pdf

16.https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2018 /05/tuxtla-encabeza-indices-altos-en-cinco-de-los-10-delitos-de-alto-im pacto/

17.https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/171374 /CEPS_Chiapas.pdf

18. file:///C:/Users/Usuario/Desktop/
Crimen-y-violencia-Un-obstaculo-para-el-desarrollo-de-las-ciudades-de-America-Latina-y-el-Caribe%20(1).pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2019.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a revisar la magnitud de aporte de Chihuahua y los municipios correspondientes para determinar los apoyos y los instrumentos de compensación, por las grandes cantidades de agua destinadas a cumplir el tratado de 1944 suscrito con EUA, a cargo del diputado Mario Mata Carrasco, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Mario Mata Carrasco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, numerales 2, fracciones I, II,III y IV del artículo 79 y en el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que se revise la magnitud del aporte estado de Chihuahua y los municipios correspondientes y se determinen los apoyos y los mecanismos de compensación, por las grandes cantidades de agua que se destinan para el cumplimiento del tratado de 1944 suscrito con los Estados Unidos de América, de acuerdo con las siguientes

Consideraciones

Primera : En la actualidad las relaciones entre los distintos países se desenvuelven en concordancia con el diseño de las políticas, programas, proyectos, acuerdos y tratados a cargo de instituciones que proveen lo necesario para su desarrollo y de manera paralela direccionan las acciones a la solución de conflictos que pudieran surgir.

Para el caso de las diferencias y problemáticas que tienen que ver con la necesidad de utilización de los recursos naturales, como lo son las extensiones territoriales, las montañas, los ríos, los lagos etc. las instituciones de referencia deben ofrecer los instrumentos significativos y los distintos escenarios para su probable solución; esto de acuerdo con su historia, características y con base en las distintas posibilidades o alternativas de negociación conjunta.

Segunda. Que es con base en las condiciones anteriores y otras similares, que México instrumentó lo necesario para que el jueves 2 de enero de 1992, se llevara a cabo la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley sobre Celebración de Tratados, con el objeto de regular este tipo de herramientas en el ámbito internacional, tendientes a contribuir en la mejora de los acuerdos y entendimientos.

Con este hecho, se dio cumplimiento a algunas de las funciones señaladas en la fracción primera del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se mencionan las facultades del Congreso en el ámbito de la política exterior, relacionadas con la aprobación de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;1

Tercera. Así es como se puede referir, que de acuerdo con la Ley de Tratados Internacionales se puede entender como tratado internacional al convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera la celebración de acuerdos de materia específica, cualquiera que sea su denominación y mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.2

Otro referente importante sobre el tema es el que nos da a conocer en su sitio web la Secretaría de Relaciones Exteriores3 donde se menciona que podemos entender como tratado internacional, a cualquier acuerdo que con este carácter se celebre por escrito entre Estados y que es regido por el derecho internacional, ya sea que conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación particular, así como aquellos celebrados entre México y organizaciones internacionales.4

Cuarta . Que lo que conocemos comúnmente como la frontera entre Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos, cuenta con una longitud de 3 mil 185 kilómetros cuadrados -equivalentes a mil 951 millas- y se refiere al territorio que ocupa la franja que se circunscribe a ambos lados de la división política actual entre las dos naciones.

Dicha frontera abarca una gran extensión territorial, puesto que parte desde el Océano Pacífico hasta llegar hasta lo que conocemos como el Golfo de México; atravesando grandes ciudades, distintos núcleos urbanos, pero también zonas que no han sido debidamente urbanizadas por la falta de recursos y que muchas veces carecen de los elementos necesarios que contribuyan a su viabilidad como lo merece la gran región de que se trata.

Así podemos encontrar en estos límites a ciudades tan grandes como Tijuana en Baja California del lado mexicano, colindando con el Imperial Beach del condado de San Diego, en California, Estados Unidos; pasando al centro de la frontera por Ciudad Juárez, en Chihuahua, y del otro lado encontramos al Paso Texas y ya para concluir con esa larga región fronteriza encontramos a la Ciudad de Matamoros en el Estado mexicano de Tamaulipas, colindando con Estados Unidos con el condado estadounidense denominado Cameron, en el mismo estado americano de Texas.

Quinta. Que dentro de esta gran frontera, el estado mexicano de Chihuahua ocupa un lugar importante, que comparte también espacio común con Estados Unidos de América y que cuenta con una superficie de 247 mil 455 kilómetros cuadrados, lo cual lo convierte por supuesto en el más extenso estado del país, equiparable en extensión territorial con algunos países europeos como España.

Sobresale además que el estado de Chihuahua está conformado por tres grandes regiones a las que se ha dado en denominar la parte de sierra, la de llanura o meseta y también la del desierto, localizadas de oeste a este en forma de grandes bandas, siendo precisamente este tipo de regiones lo que le da a su clima y a su geografía las condiciones contrastantes que posee y que le dan a esta región su peculiar característica de contar con grandes desiertos, pero adicionada además de otros relevantes recursos naturales como lo son sus montañas que llegan a estar nevadas y sus grandes barrancas que pueden ser apreciadas por su belleza al estar cubiertas de bosques alpinos.

Por otro lado, es menester comentar que la entidad federativa, está comprendida en las regiones hidrológicas del Río Colorado, en la de Sonora sur; en la del Río Bravo-Conchos, en las cuencas Cerradas del norte y en las de Mapimí; aparte de que sus dos corrientes más importantes en la entidad son los ríos Conchos y Bravo, que cuentan con una muy aceptable calidad en sus aguas, tanto por su contenido de materia orgánica como por su salinidad y metales pesados.

No obstante lo anterior, por sus condiciones naturales, el estado presenta limitaciones en la disponibilidad de agua porque geográficamente se ubica en la franja de los grandes desiertos del mundo. Así tenemos que su precipitación media anual es de apenas 420 milímetros por año, es decir, 54 por ciento de lo que llueve en promedio en el país. Adicionalmente es de destacarse que poco más del 70 por ciento del territorio estatal, presenta un clima árido o semiárido lo que dificulta la agricultura.

Otro dato importante respecto de las características del estado es que la región tarahumara, ubicada en la Sierra Madre Occidental, presenta la menor densidad demográfica y económica de la entidad federativa; sin embargo, registra la mayor precipitación pluvial, entre 600 a mil 200 milímetros anuales.5

No se omite mencionar que en esta región se generan cuantiosos escurrimientos que fluyen hacia el Océano Pacífico y que son utilizados en los estados de Sonora y Sinaloa con muy bajo beneficio en Chihuahua. En este contexto, se parte del supuesto que el volumen generado en esa región escurre hacia el Río Conchos, mismo que descarga su caudal en el Río Bravo; sin embargo es relevante referir que su aprovechamiento está limitado por el Tratado Internacional de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos de América.6

Sexta. Por otro lado, sobresale para efectos de esta proposición, que el Río Bravo o Bravo del Norte -como también se le conoce en nuestro país- o como Río Grande como se le refiere en Estados Unidos de América, cuenta con una gran extensión que se corresponde con 3 mil 34 kilómetros de longitud, por lo que es considerado como el tercer río más largo de América del Norte, después del Río Misuri y del Río Misisipi, que fluye en dirección sur y sureste.

Séptima. Que paralelamente a lo anterior, el Río Conchos es el principal río del Estado mexicano de Chihuahua y se le conoce por ser una cuenca hidrográfica que desemboca en el Río Bravo; que cuenta de manera paralela con una longitud de 560 metros y que su caudal se calcula en 24 metros cúbicos por segundo; esto tomando como referencia su nacimiento que está localizado en la Sierra Madre Occidental, donde se le observa una altitud de 2 mil 825 metros y cuya desembocadura corre a una altura de 782 metros.

Es necesario destacar la importancia de dicha cuenca, puesto que ha dotado de agua durante muchos años a cientos de localidades y varias ciudades entre las que se encuentran Camargo, Delicias y Ojinaga. Otra de sus características es que también ha provisto del agua necesaria para regar la mayor zona agrícola del estado; sin embargo corre el riesgo de que su caudal se siga mermando notablemente si no se emprenden las acciones ecológicas de atención inmediatas.

Octava . Que el escurrimiento superficial de los poco más de 11 mil millones de metros cúbicos de promedio anual que se genera en Chihuahua, el 56.8 por ciento se exporta hacia la vertiente del Pacífico a los estados de Sonora y Sinaloa; el 7.7 por ciento se exporta a la cuenca media y baja del Río Bravo beneficiando a Coahuila, Tamaulipas y a Texas; en contraste, el 2.4 por ciento proviene de Estados Unidos y del estado de Durango y solo el 35.5 por ciento del volumen total de agua superficial se queda en la entidad.7

Novena. Que para el caso del agua subterránea, se tiene que en Chihuahua se identifican 61 acuíferos; de los cuales el balance entre la recarga natural y el volumen aprovechado por la población es negativo. El resto de los acuíferos se encuentran sub explotados o cercanos a la condición de equilibrio.

Así, es de destacarse que de acuerdo con el Atlas del Agua en México del año 2009, elaborado por Comisión Nacional del Agua y la Semarnat, del total del agua que se usa en el estado de Chihuahua, el 38.1 por ciento proviene de fuentes de agua superficial, mientras que el 61.9 por ciento de fuentes subterráneas.

Contrastando con dicha información, se aprecian datos de relevantes académicos estudiosos del tema como lo es el doctor Humberto Silva, que en la región hidrológica administrativa VI del Río Bravo, el 52.6 por ciento del agua que en ella se usa es superficial, mientras que el 47.4 por ciento es subterránea; en esta región se ubica la cuenca del Río Conchos.

Para el caso de la región hidrológico-administrativa II, Noreste, el 61.9 por ciento del total de agua que se usa en la región proviene de fuentes superficiales, mientras que el 39.1 por ciento restante de fuentes subterráneas. Finalmente, en la región hidrológica-administrativa III, Pacífico Norte, el 87.1 del agua que se utiliza en ella es superficial, mientras que el 12.9 restante es agua subterránea.

Décima . Que el Tratado sobre Aguas Internacionales, celebrado entre México y Estados Unidos, se firmó el 3 de febrero de 1944 y la Convención para la Equitativa Distribución de las Aguas del Río Grande se firmó el 21 de mayo de 1906; dichos documentos constituyen el marco jurídico entre ambos países para el aprovechamiento y distribución de las aguas de los ríos Tijuana, Colorado y Bravo.

Décimo primera. Que de acuerdo con el comportamiento histórico de las entregas de agua a los Estados Unidos en la Cuenca del Río Bravo como consecuencia de la alta variabilidad en las precipitaciones que se presentan en el estado de Chihuahua, los volúmenes de agua superficial que se generan en la cuenca del Río Conchos exhiben grandes variaciones en el tiempo.

Décimo segunda. Que de acuerdo con las implicaciones del tratado de 1944 en el desarrollo del aprovechamiento de agua en el estado de Chihuahua, el Tratado Internacional de Aguas de 1944 favorece a México como nación; sin embargo, para el estado de Chihuahua ha representado una limitante para su desarrollo, toda vez que al realizar un análisis de las cifras, se observa que en el norte de México se aprovecha una proporción mayor de agua superficial, en relación con el agua subterránea, lo que resulta comprensible considerando que son mayores los costos de aprovechamiento que tiene el agua subterránea –que se da por bombeo- en comparación con la superficial, que se da a través de gravedad.

En este sentido, se trae nuevamente a colación que el Tratado de 1944 preestableció límites en el aprovechamiento del agua superficial, lo que consecuentemente fue atendido mediante el aprovechamiento de agua subterránea, a proporciones superiores que las regiones adyacentes, con las consecuentes desventajas que ello conlleva.

En este orden de ideas, recordaremos que dicho tratado considera que le corresponden a México las dos terceras partes de los seis tributarios. Sin embargo, por ser el Río Conchos el tributario que se ubica aguas arriba, el estado de Chihuahua quedó prácticamente imposibilitado de aprovechar parte de este volumen que naturalmente le corresponde a nuestro país.

En contraste, los estados de Coahuila, Nuevo león y Tamaulipas, que también participan con entrega de agua a Estados Unidos, aunque en menor medida, sí aprovechan parte de este volumen propiedad de México. Así, la dependencia de agua subterránea, ha ocasionado que en la actualidad se tengan 14 acuíferos en estado de sobre-explotación, así como otros acuíferos que en breve lo estarán.

Adicionalmente, los costos de operación para Chihuahua por la extracción de agua subterránea, representan una desventaja o inequidad en comparación con otros estados que aprovechan el recurso hídrico superficial, si consideramos que sigue siendo el Río Conchos el principal tributario del lado mexicano.

Décimo tercera . Que es necesario considerar la generación de inversión física con impacto social y de desarrollo en las regiones donde se lleva a cabo la explotación de recursos naturales, porque los beneficios que este tipo de herramientas brindan para nuestro país y para el mundo, resultan considerables.

Por otro lado, vale la pena recordar que los Tratados Internacionales de Aguas, procuran establecer políticas de distribución que beneficien a la población, por lo que resulta deseable establecer mecanismos de compensación, como parte de una política presupuestal equitativa y permanente, que tenga que ver con el fomento al desarrollo, toda vez que de alguna manera éstas están renunciando al uso de recursos hídricos en su propio territorio, para permitir el cumplimiento de los tratados internacionales que benefician al país entero.8

Esto tiene que ver con la consideración de que debiera ser directamente la Federación quien estimule la gestión hídrica sustentable en el estado de Chihuahua, a través de recursos equitativamente asignados; esto con base en la aportación anual de agua que realiza el estado que se corresponde con una proporción mayor a 50 por ciento del total aportado por el país en su totalidad.

En resumidas cuentas, resalta la necesidad de que sea cubierta por parte del Estado mexicano, el derecho a un justo apoyo y retribución, a favor de las poblaciones donde se realizan las actividades de entrega de agua; esto mediante el razonable establecimiento de un porcentaje que resulte acorde con la utilidad neta obtenida y que refleje de manera paralela, la obligación de realizar un esfuerzo adicional para conservar y ampliar las posibilidades de utilización del recurso natural que nos ocupa.

Es por todas las razones y los argumentos detallados con anterioridad y ante el compromiso de regresar a la población de Chihuahua lo que le corresponde, de acuerdo con su aportación en recursos naturales para el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de aguas, que estoy presentando ante la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de la Comisión Nacional del Agua y la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, así como a las instancias correspondientes, y en el marco del “Tratado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América de la distribución de las Aguas Internacionales de los Ríos Colorado, Tijuana y Bravo desde Fort Quitman, hasta el Golfo de México” se:

I. Revise la magnitud del aporte del estado de Chihuahua y los municipios relacionados y se determinen las cantidades correspondientes, de acuerdo con los apoyos y mecanismos de compensación que resulten pertinentes.

II. Analicen las cantidades de extracción y recarga de los distintos acuíferos más importantes y el balance hidrológico real con el propósito de prever su sobreexplotación.

III. Realicen los estudios necesarios para determinar las actividades en las cuales se deberán realizar inversiones y generar apoyos para entre las cuales deberán destinarse de manera obligatoria apoyos para:

1) Mejorar la producción agrícola estatal.

2) Detonar la infraestructura hidráulica existente en la región

3) Impulsar una mejor tecnificación de saneamiento de aguas residuales

4) Diseñar programas de concientización ambiental para la protección de los recursos hídricos.

5) Incentivos para la optimización del recurso hídrico direccionado a instituciones públicas, privadas, sociales y académicas.

Notas

1 Para mayor información consúltese

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/7 6.pdf Revisado el 7 de diciembre de 2018.

2 Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Ley sobre la Celebración de Tratados, Secretaría de Servicios Parlamentarios, Ciudad de México, Nueva Ley DOF 02 01 1992.

3 https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/introduccion.php Revisado el 8 de diciembre de 2018.

4 Cfr. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Artículo 2. http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/I2.pdf

5 Cfr. Para mayor referencia favor de consultar el estudio realizado por el doctor Humberto Silva Hidalgo, el maestro en ciencias Óscar J. Estrada Valles y el ingeniero Roque Martínez Amparán, denominado iniciativa para el pago al estado de Chihuahua por volúmenes de agua superficial entregada a Estados Unidos, en virtud del Tratado de Aguas de 1944, UACH-JCAS-SDR, México, 2017.

6 Ídem.

7 Ibídem.

8 Cfr. Para mayor referencia favor de consultar el estudio realizado por el doctor Humberto Silva Hidalgo, el maestro en ciencias Óscar J. Estrada Valles y el ingeniero Roque Martínez Amparán, denominado iniciativa para el pago al estado de Chihuahua por volúmenes de agua superficial entregada a Estados Unidos, en virtud del Tratado de Aguas de 1944, UACH-JCAS-SDR, México, 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2019.

Diputado Mario Mata Carrasco (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a efecto de que los contratos de obras públicas y servicios celebrados por dependencias y entidades de la APF se ajusten a las disposiciones reglamentarias de la materia y se sometan a licitación pública, a cargo de la diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Sara Rocha Medina, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que los contratos de obra pública y servicios que celebren las dependencias y entidades de las administración pública federal, se sujeten a las disposiciones reglamentaria de la materia y se adjudique por el método de licitación pública, por ser un mecanismo maximiza la concurrencia y competencia, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El combate a la corrupción y la transparencia constituyen una de las principales banderas del presidente de país Andrés Manuel López Obrador, lo que ha quedado plasmado en los 50 puntos del plan anticorrupción y de austeridad.1

No obstante, a poco más de tres meses y medio de la actual administración, es evidente la inconsistencia del discurso con los hechos. Pese a las buenas intenciones del gobierno federal, hay pruebas de la falta de transparencia, ante todo, en diversos procesos de adquisiciones y obras, toda vez que no únicamente se ha infringido la ley, sino que, además, no se ha proporcionado la información técnica, legal y financiera necesaria para que la sociedad cuente con elementos y datos oficiales que posibiliten dar seguimiento a la eficacia y eficiencia de las políticas instrumentadas.

De acuerdo con diferentes medios periodísticos, durante los primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las dependencias, institutos y organismos del gobierno federal han adjudicado de forma directa o por invitación restringida 46 por ciento de la obra pública. Buena parte de ella correspondió al sector carretero.

En este sentido, cabe señalar que según información de Compranet, entre el 20 de diciembre de 2018 y el 28 de febrero de 2019 se han otorgado 980 contratos de obra pública. Entre las dependencias destacan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Caminos y Puentes Federales (Capufe), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Administraciones Portuarias e institutos de seguridad social como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Entre enero y febrero de 2019, se han otorgado cerca de 497 contratos de obra pública por un monto de alrededor de 3,194 millones de pesos y –como se indicó anteriormente- el 46% ha sido por invitación restringida y adjudicación directa.2

En efecto, la SCT es la dependencia que más obra pública ha contratado, pero lo ha hecho sin mediación de concursos públicos, sino con invitación restringida a empresas. Entre diciembre de 2018 y febrero de 2019, la SCT y Capufe han otorgado 884 contratos en el sector carretero, de acuerdo con datos de la plataforma Compranet, de los cuales 44 por ciento se han adjudicado sin concursarse públicamente.

Tan sólo la SCT ha concedido 388 contratos de mantenimiento, conservación y rehabilitación carretera que no han sido concursados públicamente, sino adjudicados por procesos excepcionales como invitaciones restringidas y adjudicaciones directas.

Por su parte, desde el inicio del actual gobierno, Pemex ha adjudicado –por invitación restringida– al menos siete contratos por unos 2 mil 300 millones de dólares.

Dichos contratos corresponden a servicios de construcción de infraestructura, instalaciones de plataformas petroleras, servicios de perforación en campos terrestres, certificación de volúmenes de reservas, así como servicios de consultoría para un plan de acción ambiental de activos de Pemex.3

Sin duda, la rapidez de estas asignaciones sostiene el ritmo de la nueva estrategia por acelerar la producción nacional. Al respecto, el director de Pemex, ha mencionado que se van a desarrollar 20 campos nuevos, 16 en aguas someras, y cuatro en tierra.

Otro caso es el inicio del proceso de construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, para lo cual se invitó a participar a cuatro grupos extranjeros: los consorcios Bechtel-Technit y WorleyParsons-Jacobs, además de las empresas Technip y KBR.

El modelo de la “invitación restringida” también se usó en la contratación de infraestructura para el desarrollo de 20 campos petroleros y la perforación de 116 pozos. Y se ha empleado de manera recurrente en otros sectores, como el de comunicaciones y transportes.

Ante este panorama, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que las licitaciones públicas y abiertas para entregar contratos de obras no son garantía de limpieza.

“Una licitación abierta puede permitir que presenten una propuesta aparentemente más baja, una empresa irresponsable y corrupta y, apenas recibe el contrato, ya está pidiendo ampliaciones de presupuesto. Eso abunda. Por eso ganaban contratos amañados”, mencionó.4

Especialistas como Mariana Campos, coordinadora de rendición de cuentas en México Evalúa, coinciden en que el proceso para contratar que deben seguir los gobiernos, federal y estatales, es la licitación pública abierta. Cualquier otro proceso tendría que justificarse, y un gobierno que se piensa abierto y promotor de la integridad y de políticas anticorrupción, debería generar mucha rendición de cuentas sobre estas decisiones.

Asimismo, hay consenso en que ejecutar a toda prisa la adjudicación de contratos no es lo más recomendable. Coinciden que sí es factible realizar adjudicaciones directas y ahorrar tiempo en los procesos, si se logra una lista de empresas que cuenten con acreditaciones de calidad, certificaciones y capacidades técnicas avaladas por organizaciones.

La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, señala en el artículo 27, que “las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes:

I. Licitación pública;

II. Invitación a cuando menos tres personas, o

III. Adjudicación directa.

Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.5

Por otro lado, el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dispone lo siguiente:

“Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones, solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua, optimización y uso sustentable de los recursos, así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente ley”.6

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo federal para que los contratos de obra pública y servicios que celebren las dependencias y entidades de las administración pública federal, se apeguen a las disposiciones reglamentaria de la materia y se adjudique por el método de licitación pública, por ser un mecanismo maximiza la concurrencia y competencia.

Notas

1 https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-50-puntos-del-plan-anticorrupci on-y-de-austeridad-de-amlo/

2 https://obrasweb.mx/infraestructura/2019/03/11/adjudicacion-directa-o-i nvitacion-restringida-la-tonica-en-obras-de-amlo

3 http://superchannel12.com/da-pemex-sin-licitar-2-3-mdd-en-obras/

4 http://www.cronicajalisco.com/notas/2019/92783.html

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/56_130116.pdf

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 2 de abril de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Semarnat a realizar con la Conanp una visita a los humedales de montaña Lagos de María Eugenia y La Kisst, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y hacer del conocimiento público su estado, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Clementina Marta Dekker Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México por su localización latitudinal, sus características geográficas, topografía y su litoral frente a dos océanos y un mar propio, lo hace uno de los países con una diversidad en ecosistemas terrestres, gran cantidad de fauna marina, y una riqueza cultural inigualable.

Además, el país es considerado “megadiverso”, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas, casi 70 por ciento de la diversidad mundial de especies. Para algunos autores el grupo lo integran 12 países: México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Malasia, Indonesia y Australia. Otros, suben la lista a más de 17, añadiendo a Papúa Nueva Guinea, Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela.1

A estas riquezas naturales que ofrece el país sumamos los humedales que son uno de los entornos más productivos del mundo, cunas de diversidad biológica, fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) destaca la importancia de los humedales por

• Almacenamiento de agua;

• Mitigar las inundaciones y regular sequías;

• Recargar los acuíferos;

• Retención de contaminantes, sedimentos y nutrientes;

• Establecer microclimas;

• Reducir la erosión costera;

• Productores de oxígeno;

• Prevención de la intrusión de agua salada;

• Sitios de reproducción de peces;

• Sitios de reproducción y alimentación de aves (muchas de ellas migratorias); y

• Gran biodiversidad.2

La Conagua, con el apoyo de otras instituciones, elaboró el Inventario Nacional de Humedales (INH) con el objetivo de recolectar la información cartográfica (mapas), ambiental y estadística de los ecosistemas de humedal, para su mejor aprovechamiento y preservación. Considerando los datos proporcionados por el INH se sabe que nuestro país cuenta actualmente con 6,331 de éstos, 142 son Humedales de Importancia Internacional, ocupando el segundo lugar a nivel mundial3 y que abarcan una superficie de 8.64 millones de hectáreas.4

Los humedales de importancia internacional son considerados en la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, acuerdo firmado en Ramsar, Irán, en 1971, por lo cual se conoce como Convención Ramsar. México se adhirió a este convenio en 1986.

La convención aplica una definición amplia de los humedales, que abarca todos los lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas costeras, arrecifes coralinos, y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, reservorios y salinas.5

En el marco de los “tres pilares” de la convención, las partes contratantes se comprometen a

• Trabajar en pro del uso racional de todos los humedales de su territorio;

• Designar humedales idóneos para la lista de Humedales de Importancia Internacional (la “Lista de Ramsar”) y garantizar su manejo eficaz; y

• Cooperar en el plano internacional en materia de humedales transfronterizos, sistemas de humedales compartidos y especies compartidas.

El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que “todos los tratados que estén de acuerdo con la misma [Constitución], celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión”.

Por eso, la Convención Ramsar debe considerarse una ley suprema y su cumplimiento es responsabilidad del Estado mexicano.

El sitio web de la Convención Ramsar contiene una lista y más de 2 mil 200 sitios Ramsar en todo el mundo, que son reconocidos por ser de gran valor, no solo para el país o los países en los que se ubican sino para la humanidad en su conjunto.6

El Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales sitúa en la lista de sitios Ramsar 12 sitios en Chiapas:

A éstos se suman otros tres humedales incluidos en la lista de humedales de importancia internacional : sistema estuario Puerto Arista, zona sujeta a conservación Sistema Lagunar Catazajá y humedales La Libertad7

De acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en su artículo 70, fracción XIV, la función de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en el marco de la Convención Ramsar es coordinarse con las unidades administrativas competentes de dicha secretaría y otras dependencias y entidades de la administración pública federal, para que cada institución, en función de sus atribuciones, impulse el cumplimiento de los acuerdos y compromisos adoptados en este tratado internacional.

Así, la Conanp impulsa el cumplimiento de la convención en los sitios Ramsar que se encuentran dentro de áreas naturales protegidas federales y facilita procesos para que todos los actores relacionados con los sitios Ramsar fuera de áreas naturales protegidas federales cumplan este compromiso internacional que, a través de los procesos ecológicos de los humedales, brinda beneficios a todos los mexicanos.8

Asimismo, se creó el Comité Nacional de Humedales, como un órgano consultivo formado en 2004 por el acuerdo del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas,9 atendiendo la recomendación 5.7 del Comité y con la finalidad de coordinar la Convención Relativa a los Humedales de Importancia internacional.

Este comité es una instancia de consulta, apoyo y asesoría de la Autoridad Administrativa en México, para la correcta aplicación de la Convención de Ramsar a nivel nacional, en particular en aquellos sitios del territorio nacional designados como humedales de importancia internacional. Está formado por 25 miembros, un presidente y un secretario técnico, este último representado por el Coordinador Nacional de la Convención de Ramsar en México, la Conanp. La ponderación de los sectores que figuran en el comité, se encuentra de la siguiente forma: sector gubernamental 60 por ciento, organizaciones de la sociedad civil 28 y academia 12.10

En palabras de la Conanp, con la formación de este comité “se tiene la garantía de que la toma de decisiones y los instrumentos referentes a los humedales de importancia internacional (sitios Ramsar), así como las propuestas de designación de nuevos sitios y a los humedales del territorio nacional, contarán con la orientación de expertos y de instituciones federales del sector ambiental, para fortalecer las acciones que se realizan en los diferentes niveles de gobierno, con el apoyo de socios clave como organizaciones de la sociedad civil y la academia, para la conservación y manejo efectivo de los sitios Ramsar de México”.

A estos instrumentos que se centran en brindar atención especial a los humedales agregamos la política nacional de humedales, presentada en febrero de 2014. Sus objetivos son éstos:

1. Mantener el valor ecológico, económico y social de los humedales, a través de una gestión integrada y bajo un enfoque ecosistémico, que coadyuve al desarrollo sustentable del país.

2. Identificar, con base en el enfoque ecosistémico y en la comprensión de las relaciones funcionales de las cuencas hidrográficas y de la zona costera, las principales causas que provocan el deterioro de los humedales del país y las acciones e instrumentos que se requieren para su atención.

3. Promover la conservación, restauración y el uso sustentable de los humedales para mantener su estructura y función, de manera que se asegure el suministro de bienes y servicios ambientales y se contribuya a aumentar el bienestar humano, la equidad y la seguridad ambiental.

4. Fomentar el desarrollo de acciones participativas de comunicación, educación y concienciación, con el fin de promover la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil para la protección de los humedales.

5. Desarrollar acciones para la atención y seguimiento de los compromisos internacionales contraídos por México en relación con los humedales.11

Esta política surgió por la necesidad urgente de que el gobierno federal estableciera un instrumento rector que definiera las prioridades, coordinara las acciones y estableciera las metas integrales, dirigidas a tener una mejor planeación y gestión para el aprovechamiento sustentable y la protección de los humedales mexicanos.12

Sin duda, los esfuerzos por parte del gobierno mexicano han quedado plasmados en la firma de convenios internacionales, en la instalación de comités y en el intento de una política nacional de humedales que hasta la fecha, no se han visto plasmados en la realidad ambiental del país.

En Chiapas, y particularmente en San Cristóbal de las Casas, los humedales de montaña Lagos de María Eugenia y La Kisst en los últimos años han sido devastados por invasiones y procesos de urbanización. Miembros de la Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y en Defensa de la Madre Tierra han alzado su voz para realizar esta denuncia, además, se han visto caminos con grava y arena para rellenar el humedal sin que ninguna autoridad interviniera en el acto.13 Dicha red ha estado trabajando en favor de la defensa y protección de los humedales de Chiapas desde hace varios años y para finales de 2018.

Sin embargo, hoy los humedales siguen en desprotección los procesos de urbanización y desplazamientos internos forzados son las razones principales que ponen en peligro la supervivencia de estos humedales que forman parte de la lista de los sitios Ramsar y en la cual, las Instituciones involucradas pareciera ser que desconocen todo el cuerpo normativo que en este punto de acuerdo ya se describieron.

Chiapas es uno de los estados con riqueza natural envidiable, en donde una de sus actividades económicas se centra en el ecoturismo, en el disfrute de la naturaleza y fuente de ingresos para la población que vive de esta actividad económica. Desafortunadamente mi Estado tiene un grado de pobreza representativo a escala nacional y la población opta por soluciones rápidas que le permitan tener mejores condiciones; el proceso de urbanización ha invadido espacios que tiene una importancia ecológica no sólo para el estado sino a nivel internacional. Los tres órdenes de gobierno deben de tener la disposición y están obligados a velar por el bien de su ciudadanía y el cuidado de su medio ambiente. Se dice que estos dos humedales aportan 70 por ciento de agua a San Cristóbal, liquido indispensable para la vida diaria.

Los problemas ecológicos que podrían causar la pérdida de estos humedales serían innumerables e irreparable, además, representaría la omisión por parte de las Instituciones encargadas por hacer velar la protección de estos humedales.

Por lo expuesto pongo a su consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Comité Nacional de Humedales y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural de Chiapas, realice una visita a los humedales de Montaña Lagos de María Eugenia y La Kisst, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para corroborar la situación en que se encuentran estos humedales y lo hagan del conocimiento público, integrando los posibles planes de acción que se acuerden.

Notas

1 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

2 https://www.gob.mx/conagua/articulos/dia-mundial-de-los-humedales-18957 0?idiom=es

3 https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/inventario-nacional-de- humedales-inh

4 https://www.gob.mx/semarnat/articulos/humedales-donde-la-vida-es-prodig a

5 https://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-convencion-de-ramsar-y-su-mision

6 https://www.ramsar.org/es/acerca-de/humedales-de-importancia-internacio nal-los-sitios-ramsar-0

7 https://datos.gob.mx/busca/dataset/
lista-de-los-humedales-de-importancia-internacional-sitios-ramsar-designados-en-mexico/
resource/49ec355f-3d77-4120-9edb-47982a030808

8 https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/sitios-ramsar

9 Órgano de carácter consultivo de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, a fin de promover la participación de especialistas, en un contexto propicio para la concertación, la discusión constructiva y la acción organizada, tendente a lograr la conservación, la protección y, en su caso, el aprovechamiento y desarrollo sustentable de las áreas naturales protegidas. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4895169&fecha=08/08/1996

10 https://www.gob.mx/conanp/documentos/manual-operativo-del-comite-nacion al-de-humedales

11 https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/politica-nacional-de-hum edales.pdf

12 https://agua.org.mx/biblioteca/politica-nacional-humedales/

13 https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/
denuncian-relleno-de-humedales-en-san-cristobal-2847813.html

https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/
imparable-la-devastacion-de-humedales-en-san-cristobal-de-las-casas-2704529.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2019.

Diputada Clementina Marta Dekker Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer acciones que permitan garantizar la seguridad vial y peatonal en la localidad, a cargo de la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Claudia Pastor Badilla, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México, para que fortalezca las acciones que permitan garantizar la seguridad vial y peatonal de los ciudadanos que transitan por las vialidades de la Capital del país, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los problemas de movilidad en muchos lugares del planeta cada vez son más serios, especialmente en las grandes ciudades, ya que son los lugares donde se concentra la población y con ello escuelas, hospitales, centros comerciales, instancias gubernamentales, centros de trabajo y una gran red de servicios de transporte público.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cada año, los accidentes de tránsito son los acusantes de la muerte de alrededor de 1.3 millones de personas en todo el mundo, de las cuales 93 por ciento se producen en los países de ingresos bajos y medianos, que sólo cuentan con 54 por ciento de los vehículos matriculados en el mundo.1

Asimismo, los peatones, los ciclistas y los conductores o pasajeros de vehículos motorizados de dos y tres ruedas se conocen colectivamente como usuarios de la vía pública, representando la mitad de todas las muertes por accidente de tránsito en todo el mundo, situación que es mayor en los países de ingresos bajos que en los de ingresos altos.

La ONU estima que a medida que aumenta la velocidad media, también aumenta la probabilidad de accidente y la gravedad de sus consecuencias, ya que por cada kilómetro por hora que se aumenta la velocidad de un vehículo, también crece en 3 por ciento la incidencia de accidentes que producen traumatismos, y de 4 por ciento a 5 por ciento en la incidencia de accidentes mortales.

Sólo en 47 países, que representan 13 por ciento de la población mundial, tienen leyes en relación con mejores prácticas sobre la velocidad en las zonas urbanas, por lo que a nivel nacional debe existir un límite de velocidad máximo que no exceda a los 50 kilómetros por hora, por seguridad de los peatones y de los usuarios de vehículos de dos o tres ruedas.

En el caso de las personas que hacen uso de vehículos de dos o tres ruedas, el uso de un casco de buena calidad puede reducir el riesgo de muerte en 40 por ciento y de lesiones graves en 70 por ciento aproximadamente. Se estima que sólo 44 países tienen leyes sobre el uso del casco.

Ante este panorama también se le suman los graves problemas de tránsito vial que existen para moverse de un lado a otro, a los altos costos que se pueden llegar a pagar por plataformas como Uber o Cabify, lo alarmante índices de violencia que existen en ciertas ciudades o a los pésimos servicios de transporte público que existen.

De acuerdo con el Índice Tom Tom Traffic 2017, la Ciudad de México es una de las ciudades más congestionadas del planeta y tiene el peor tráfico del mundo, puesto que las personas que circulan en la capital del país pasan 59 minutos extra al día en el tráfico, lo que significó un aumento de 7 por ciento con respecto a 2016.2

De acuerdo con el reporte, durante todo el día las vías más transitadas de la capital mexicana son Constituyentes, Viaducto Río de la Piedad y Viaducto Presidente Miguel Alemán. Las arterias con menor congestionamiento son Boulevard Puerto Aéreo, avenida Doctor Ignacio Morones Prieto y avenida Cuauhtémoc.

Dicha problemática genera serios efectos en la sociedad, que cuestan miles de millones de dólares por año en la pérdida de productividad de la industria, asimismo, contribuye al impacto ambiental de las emisiones adicionales de CO2 y al aumento del consumo de combustible que es enorme.

Durante la celebración de la 24 Conferencia sobre Clima de la ONU que se celebra en Polonia, se estableció que las emisiones de CO2 ligadas a la industria y a la combustión de carbón, petróleo y gas, crecerán 2.7 por ciento respecto a 2017, tras un alza de 1.6 por ciento el año pasado y luego de tres años casi estables.

Las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) de las energías fósiles, principal causa del calentamiento, registraron en 2018 un alza inédita en 7 años, alejando al mundo todavía más de las metas del Acuerdo de París.

Ante esta problemática diversas empresas privadas en el mundo han impulsado opciones de transporte que sea amigable con el medio ambiente y que no sea un obstáculo más que contribuya a los conflictos viales de las ciudades, ofreciendo servicios de préstamos que van desde bicicletas, hasta scooter o monopatines eléctricos u otros vehículos automotores que cumplan con las mismas características.

Sólo para dimensionar esta situación, se estima que hay alrededor de mil millones de bicicletas en el mundo, es decir que en promedio por cada 5 humanos hay una bicicleta, siendo la ciudad de Amsterdam donde más se usa la bicicleta, puesto que alrededor del 75 por ciento de sus habitantes tiene una y la mitad la usa todos los días. Además, 90 por ciento de la ciudad cuenta con ciclo vías.3

Mientras que los monopatines han conquistado varios países en el mundo, ya que tan sólo en Estados Unidos, desde California hasta Nueva York, estos pequeños vehículos motorizados se han vuelto de pronto parte del paisaje urbano de un país que tiene la cultura de manejar grandes autos.

La movilidad en la Ciudad de México es una necesidad y un derecho fundamental, por lo que resulta urgente instrumentar estrategias integrales y eficientes que ayuden mejorar la movilidad, manteniendo una buena planificación en beneficio de los habitantes la capital del país.

Asimismo, es necesario que se instrumenten acciones para reducir los accidentes, cabe destacar que las muertes por hechos de tránsito en el último trimestre de 2018 fueron 123, lo que representó un incremento del 37 por ciento en comparación con los 90 ocurridos en el mismo periodo de 2017. De las muertes registradas en el último trimestre de 2018, los que más fallecieron fueron peatones, ciclistas y pasajeros, pues fueron 91 personas.4

Por lo que solicitamos que se realicen adecuaciones a la ley para que todas las personas que transitan todos los días por las calles de la ciudad no se pongan en riesgo por las malas prácticas viales, así como impulsar la infraestructura vial para que las bicicletas y monopatines tengan un mayor espacio de circulación y no se vean afectados por posibles accidentes con vehículos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para que, fortalezca las acciones que protejan la salud y seguridad de los peatones frente a vehículos eléctricos como los scooter o monopatines, así como elevar los sistemas de seguridad y mejorar la infraestructura de la ciudad para quienes hacen uso de estos vehículos eléctricos.

Notas

1 https://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/

2 https://imco.org.mx/desarrollo_urbano/indice-de-trafico-2017-via-tomtom /

3 https://www.milenio.com/estados/estos-datos-haran-que-quieras-usar-mas- tu-bici-en-la-cdmx

4 https://www.telediario.mx/metr%C3%B3poli/muertes-en-accidentes-de-trans ito-incrementaron-durante-ultimo-trimestre-de-2018

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 2 de abril de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista a desarrollar programas integrales y campañas informativas para la detección temprana de ese trastorno, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización de las Naciones Unidas estableció el 2 de abril de cada año como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Se implementó a partir de 2008 con motivo de la importancia de que se lleven a cabo medidas y políticas públicas para la mejora de la calidad de vida de las personas con el Trastorno del Espectro Autista.

Consideramos relevante hacer referencia a esta ceremonia mundial para sumar esfuerzos con el objetivo de buscar mecanismos para la detección temprana de este padecimiento neurológico.

El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad y se deriva de un trastorno neurológico que afecta al funcionamiento del cerebro. Se caracteriza por deficiencias en la interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal y patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas y repetitivas.1 Resulta indispensable que este padecimiento se atienda desde los primeros años de vida puesto que de eso depende tener mayores probabilidades de tener más efectos positivos en los síntomas y las aptitudes de la persona con autismo.2

Para poner en relieve la magnitud de este tema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que aproximadamente 20 por ciento de los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales, y aproximadamente la mitad de éstos se manifiestan antes de los 14 años de edad.3

Para el caso de México los datos más recientes refieren que uno de cada 115 niños presenta autismo.4 No obstante, no existe información suficiente para orientar a la población, lo que conlleva a una detección tardía así como la falta a una atención adecuada que pudiera brindar la posibilidad de que quien padece de esta afección neurológica tenga una mejor calidad de vida.

En este sentido, el especialista en pediatría, doctor César Reynoso Flores, señaló en entrevista que “desde los primeros años de vida se debe tener un diagnóstico acertado para ofrecer ayuda...”, asimismo, insiste en que “...A las instituciones les hacen falta programas para la detección temprana, porque entre más rápido se detecte van a tener mejor calidad de vida”.

Por su parte, Judith Vaillard, directora general de Domus, Instituto de Autismo, AC, es indispensable que se tomen en cuenta las siguientes alarmas5 :

A los nueve meses no comparte ni responde a sonidos, sonrisas u otras expresiones faciales;

A los 12 meses no balbucea ni emite sonidos, no responde ni comparte expresiones o gestos como señalar, mostrar, decir adiós, extender los brazos para alcanzar;

A los 16 meses no emite palabras;

A los 24 meses no emite frases de dos palabras de manera espontánea.

Las cifras y consideraciones previas nos brindan elementos para adherirnos a los fines del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos de la más alta prioridad echar andar programas integrales y estrategias informativas que brinden herramientas a la población para la detección temprana del síndrome del espectro autista en virtud de la relevancia que esto tiene para brindar con prontitud al menor y a sus familiares la ayuda pertinente.

En esta tesitura, el presente exhorto tiene como prioridad incidir por parte de esta soberanía en la responsabilidad de acabar con la alarmante falta de conocimiento y capacitación para una detección temprana de este padecimiento neurológico, en virtud de que con ello se contribuye a mejorar las habilidades funcionales, la capacidad de comunicación, así como el desarrollo intelectual de las personas con la condición del espectro autista, y evitar de manera significativa que sufra afecciones más severas de no llevarse a cabo esta intervención especializada a edad temprana.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista a que desarrolle programas integrales y campañas informativas para la detección temprana del Trastorno del Espectro Autista, en virtud de que entre más rápido se detecte este trastorno neurológico se puede contribuir a una mejor calidad de vida de las personas que la padecen.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Intersecretarial para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista a implementar talleres de capacitación con padres de familia para que sepan manejar situaciones con las personas con la condición del espectro autista.

Tercero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a que brinde mayor capacitación a pediatras y psiquiatras para identificar el Trastorno del Espectro Autista.

Notas

1 https://undocs.org/es/A/RES/62/139, consultado el 31 de marzo de 2019

2 https://medlineplus.gov/spanish/autismspectrumdisorder.html., consultado el 31 de marzo de 2019

3 https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/mental_health_fact s/es/, consultado el 31 de marzo de 2019

4 http://www.e-consulta.com/nota/2019-03-29/sociedad/
diagnostico-tardio-resta-calidad-de-vida-los-menores-autistas, consultado el 31 de marzo de 2019

5 http://jornadabc.mx/ensenada/26-03-2019/en-mexico-uno-de-cada-115-ninos -padece-autismo, consultado el 31 de marzo de 2019

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2019.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa a garantizar la inclusión de las personas con autismo y la prestación oportuna de los servicios médicos respectivos, a cargo de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Frinne Azuara Yarzábal, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal, para que garanticen la inclusión y la atención oportuna a servicios médicos de las personas con autismo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas instauró que el 2 de abril de cada año se conmemore el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el que se busca realizar acciones para sensibilizar y concientizar a más personas sobre las condiciones del espectro autista.1

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el autismo es un grupo de afecciones que se caracterizan por algún grado de alteración en el comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo.2

Este padecimiento aparece en la infancia y tiende a persistir hasta la adolescencia y la edad adulta, en la mayoría de los casos se manifiesta en los primeros cinco años de vida. A menudo está acompañado por afecciones comórbidas, como epilepsia, depresión, ansiedad y trastorno de déficit de atención e hiperactividad.

Se calcula que 1 de cada 160 niños en el mundo tiene autismo y según estudios epidemiológicos realizados en los últimos 50 años, la prevalencia mundial de estos trastornos parece estar aumentando.

El autismo es una condición de vida, cuyas causas se desconocen, aunque se cree en la existencia de un factor genético asociado a un componente ambiental, que afecta en mayor o menor medida la interacción social por medio de la comunicación, la conducta, el lenguaje y la integración sensorial de las personas.

Este padecimiento no es una enfermedad, las personas que viven con él sólo tienen una manera diferente de interpretar las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo que los rodea, por lo que con un tratamiento terapéutico personalizado y especializado, se logra mejorar la calidad de vida.

La intervención en la primera infancia es muy importante para optimizar el desarrollo y bienestar de las personas con autismo, por lo que es importante que se le ofrezca al niño y a su familia información y servicios pertinentes, canalizarlos a especialistas y a ayudas prácticas de acuerdo con las necesidades particulares de cada individuo.

No existe una cura para este padecimiento, no obstante, las intervenciones psicosociales basadas en la evidencia, como la terapia conductual y los programas de capacitación para los padres y otros cuidadores, pueden reducir las dificultades de comunicación y comportamiento social, y tener un impacto positivo en la calidad de vida y el bienestar de la persona.

Este sector de la población tiene necesidades asistenciales complejas y requieren una amplia gama de servicios integrados que incluyan la promoción de la salud, la atención, servicios de rehabilitación y la colaboración con otros sectores como el educativo, el laboral y el social.

El autismo puede tener efectos sociales y económicos negativos en los pacientes, ya que se pueden limitar de manera significativa la capacidad de una persona para sus actividades diarias y su participación en la sociedad, lo que puede demeritar los logros educativos y sociales y en las oportunidades de empleo.

La evidencia científica disponible indica que existen diversos factores, tanto genéticos como ambientales, que contribuyen a la aparición de trastornos del espectro autista, influyendo en las primeras fases de desarrollo del cerebro.+ 3

Es importante destacar que el nivel de funcionamiento intelectual es muy variable entre las personas con autismo, pudiendo ir desde un deterioro profundo hasta la existencia de habilidades cognitivas no verbales superiores. Se estima que alrededor de 50 por ciento de las personas con este padecimiento también padecen alguna discapacidad intelectual.

El papel de los padres en la prestación de apoyo a un niño con autismo es fundamental, ya que pueden ayudar a garantizar su acceso a los servicios sanitarios y educativos y ofrecerle el entorno de apoyo y estímulo en cada etapa del crecimiento. Recientemente se ha demostrado además que los padres también pueden ayudar a brindarles tratamientos psicosociales y conductuales a sus propios hijos.

El único estudio que existe en México, impulsado por Autism Speaks (2016) estima que 1 de cada 115 niños tiene autismo, es decir, casi 1 por ciento de la población infantil; sin embargo, la incidencia en la vida adulta, así como el conocimiento de su situación en la adolescencia se desconoce.

Los niños con autismo tienen también dificultades de aprendizaje, pues cuentan con una inteligencia inferior a lo normal o, por lo contrario, pueden tener una inteligencia entre normal y alta, ya que aprenden rápido, pero tienen problemas para comunicarse, aplicar lo que saben en la vida diaria y adaptarse a situaciones sociales.4

Los síntomas del autismo son una combinación única de padecimientos en cada persona, por lo que pueden llegar a confundirse con otros padecimientos como la hiperactividad o el síndrome de Asperger (dificultad en la interacción social), por lo que consideró necesario brindar mayor información sobre este trastorno.

El autismo se presenta en su mayoría en la infancia y la adolescencia, con graves consecuencias para los pacientes y sus familias, puesto que hay una falta de información sobre la detección y los tratamientos que ayudan a mejorar su calidad de vida.

Ante esta situación, es importante que la Secretaría de Salud ponga una mayor atención a este sector de la población a fin de crear un sistema que detecte el número de casos año con año en todo el país, así como implementar campañas informativas sobre los riesgos de este padecimiento.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal, para que garanticen la inclusión y la atención oportuna a servicios médicos de las personas con autismo.

Notas

1 https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-de-concienciacion-sobr e-el-autismo?idiom=es

2 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-dis orders

3 https://www.who.int/features/qa/85/es/

4 https://www.animalpolitico.com/2018/04/desinformacion-segrega-a-ninos-c on-autismo-en-mexico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IMSS a no incrementar el costo de los servicios a la población no derechohabiente, a cargo de la diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Lourdes Érika Sánchez Martínez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social para que no incremente los costos de sus servicios a la población no derechohabiente, asimismo, para que en coordinación con la Secretaría de Salud, emprenda las acciones necesarias a fin de garantizar la atención médica para la sociedad mexicana, ya que con este incremento, se vulnera el ejercicio del derecho a la salud y se limita el acceso a los servicios, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una de las instituciones de salud con mayor presencia en el país, y debido a su infraestructura, personal y servicios que presta a la población, constituye una de las dependencias más grandes en su género de América Latina.

Desde su creación se ha consolidado como un instrumento básico para la seguridad social de los mexicanos y sus familias, ya que cuenta con tratamientos de asistencia médica, orientación de la salud y servicios de urgencias, los cuales son elementales para el bienestar individual y colectivo de la sociedad.

Para contar con un panorama general de las personas que atiende, basta indicar que cuenta con una población adscrita sólo “Seguro Social Unidad IMSS-Bienestar” de 13 millones 121 mil 651 pacientes. El año pasado a través de este programa otorgó 16 millones 451 mil 418 consultas, de las cuales 14 millones 773 mil 42 fueron medicina familiar y 451 mil 723 de especialidades.1

Debido al amplio catálogo de servicios, cobertura y costos, el IMSS se había mantenido como una de las instituciones más importantes para el cuidado de la salud, no obstante, esto podría modificarse debido al incremento de los costos a la población no derechohabiente con relación al año 2018.2

Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el llamado “Acuerdo ACDO.AS3.HCT.270219/90.P.DF, relativo a los costos unitarios por nivel de atención médica actualizados al año 2019”.

A través de este acuerdo, se dio a conocer entre otros aspectos los costos de la consulta de medicina familiar, las curaciones, el ingreso a las salas de urgencia y los costos relativos a los estudios y procedimientos de especialidades, en muchos de ellos, se han identificado incrementos sustantivos.

Entre estos montos, se encuentra el relativo a la “atención en unidades de primer nivel”, en particular a los de consulta de medicina familiar que durante este año tendrá un costo de 783 pesos, la sesión de hemodiálisis por un monto de 4 mil 757 pesos y el traslado en ambulancia por 441 pesos.

En esta actualización, es posible identificar también incrementos en la consulta dental, en atención a urgencias; en estudio radiodiagnóstico y en estudio de ultrasonografía; asimismo, en hemodiálisis, en intervención de Tococirugía y en consulta o sesión de medicina física y rehabilitación.

Respecto a la llamada “atención en unidades de segundo nivel” se ubica el de intervención quirúrgica con un costo de 22 mil 829 pesos, el de día paciente en terapia intensiva que tendrá un costo de 37 mil 410 pesos, el de procedimiento de hemodinámica con 42 mil 864 pesos.

También se ubicaron incrementos en la consulta de especialidad, en atención de urgencias y por día de incubadora; igualmente, en estudio de ultrasonografía, en tomografía axial y estudio de endoscopia.

En el rubro de “atención en unidades de tercer nivel” los montos son los siguientes: día paciente en terapia intensiva 37 mil 410 pesos, intervención quirúrgica 37 mil 473 pesos y procedimiento de cardiología intervencionista hemodinámica por 42 mil 864 pesos.3

Se dieron incrementos en consulta de especialidades, en atención de urgencias y en estudio radiodiagnóstico y de ultrasonografía, así como en procedimiento de cardiología intervencionista y terapia psicológica.

Los costos dados a conocer por el IMSS son poco accesibles para la población en general y, en particular, para los sectores más vulnerables, quienes para salvaguardar su salud generarán graves repercusiones a la economía familiar.

El incremento en los costos de servicios contraviene la postura de nuestro país y del presidente de México, quien el pasado 25 de marzo de 2019 aseguró que “el compromiso que se tiene es que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos para quienes no tienen seguridad social”, pero sobre todo, vulnera el ejercicio de uno de los derechos humanos más elementales como es el de la salud.4

Frente a este aumento en los costos, es necesario que el IMSS sea transparente y dé a conocer los estudios y análisis técnicos en el que se sustenta el incremento; asimismo, transparente las evaluaciones de impacto realizadas y tomadas en cuenta en la aprobación de estos incrementos.

Al promover su inaccesibilidad, el gobierno federal, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social están trasgrediendo nuestro entramado jurídico e institucional, ya que la Constitución en su artículo cuarto establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”5 y la Ley General de Salud indica que el Sistema Nacional de Salud tiene como objetivo “proporcionar servicios de salud a toda la población”.6

Para cumplir con el mandato constitucional, la Secretaría de Salud, en coordinación con el IMSS, deben llevar a cabo las estrategias necesarias a fin de garantizar el acceso a servicios de calidad, calidez a la población en general.

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI hacemos un llamado al Instituto Mexicano del Seguro Social para que reconsidere y no incremente el costo de sus servicios para la población no derechohabiente, ya que al mantener estos aumentos, se pone en riesgo el acceso a los servicios de salud, a la vez que impacta negativamente la economía familiar.

Los costos dados a conocer incluso podrían resultar más caros que médicos, centros de atención y hospitales particulares, por lo que representan un retroceso en la atención del IMSS como institución pública del Estado mexicano.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Mexicano del Seguro Social para que no incremente los costos de sus servicios a la población no derechohabiente, debido a que vulnera el ejercicio del derecho a la salud y limita el acceso a sus servicios, en particular a los sectores más vulnerables.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud y al Instituto Mexicano del Seguro Social para que emprendan las acciones necesarias, a fin de garantizar la atención médica para la sociedad mexicana y no restrinjan el acceso a sus servicios a la población no derechohabiente, ya que el acceso a la salud universal y de calidad, constituyen principios fundamentales para el Estado mexicano.

Notas

1 Instituto Mexicano del Seguro Social. (2018). Programa IMSS-Bienestar. 1 de abril de 2019, de IMSS Sitio web:

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/imssProspera/es tadisticas/02-Infraestructura.pdf

2 Instituto Mexicano del Seguro Social. (2017). Acuerdo ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF y sus Anexos, dictado por el honorable Consejo Técnico en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de dos mil diecisiete, relativo a la aprobación de los costos unitarios por nivel de atención médica actualizados al año 2018. 1 de abril de 2019, de Diario Oficial de la Federación Sitio web

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/acuerdos/41 65.pdf

3 Gobierno de México. (2019). Acuerdo ACDO.AS3.HCT.270219/90.P.DF, relativo a los costos unitarios por nivel de atención médica actualizados al año 2019. 1 de abril de 2019, de Diario Oficial de la Federación Sitio web https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5554895&fecha=22/03/2019

4 Gobierno de México. (2019). Conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, del 25 de marzo de 2019. 1 de abril de 2019, de gob.mx Sitio web https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-prensa-del-preside nte-andres-manuel-lopez-obrador-del-25-de-marzo-de-2019?idiom=es

5 Congreso de la Unión. (Última reforma DOF 26 de marzo de 2019). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1 de abril de 2019, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_260319.pdf

6 Congreso de la Unión. (Última reforma DOF 12 de julio de 2018). Ley General de Salud. 1 de abril de 2019, de Diario Oficial de la Federación Sitio web

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_241218.p df

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a hacer públicos los acuerdos y compromisos México-EUA derivados de la reunión celebrada el pasado 19 de marzo con Jared Kushner, a cargo de la diputada Dulce María Sauri Riancho, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como el artículo 1, quinto párrafo, de Ley del Servicio Exterior Mexicano, somete a su consideración la presente proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que haga públicos los acuerdos y compromisos entre el gobierno de México y el de Estados Unidos de América, derivados de la reunión celebrada el pasado 19 de marzo de 2019, con el señor Jared Kushner, enviado del presidente estadounidense Donald John Trump, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Antecedentes

Desde que tomó posesión en enero de 2017 y al menos hasta finales de 2018, la política antimexicana y antiinmigrante del presidente Donald J. Trump ha deportado más de 400 mil migrantes mexicanos; se han triplicaron las detenciones de personas sin récord criminal y existen ya más 650 mil casos pendientes en las cortes de inmigración para procesos relacionados con deportación y repatriación.1

Con la administración del presidente Donald J. Trump, cualquier indocumentado corre el riesgo de ser deportado. No son los grandes delincuentes que prometió regresar, sino personas trabajadoras, veteranos de guerra, jóvenes binacionales, gente con familias y sin ningún récord criminal, una buena parte de los que han vuelto. El proceso de deportación expedita es preocupante. Este mecanismo se ha presentado de manera constante y quebranta el debido proceso, al saltarse las cortes de inmigración y permitiendo que oficiales de bajo rango actúen como juez y jurado, e imposibilita cualquier tipo de defensa.2

Ante esta realidad, que dio sus primeros avisos desde la campaña del estadounidense en 2016, y se hizo realidad en enero de 2017, el presidente Andrés Manuel López Obrador, también desde su candidatura presidencial, criticó la postura del gobierno mexicano por no enfrentar al presidente Trump y su política migratoria.

El candidato López Obrador, en agosto de 2017, escribió un libro titulado ¡Oye, Trump! Diciendo sí a un nuevo comienzo para México, diciendo no a un muro. Propuestas y acciones en defensa de los migrantes en Estados Unidos, que fue presentado en una gira por Los Ángeles, California; en donde uno de los temas centrales fue establecer la necesidad de frenar y detener el odio promovido por la propaganda contra los migrantes, para revertir con argumentos el absurdo de la superioridad racial norteamericana y que ello no avance ni en las provincias ni en las grandes ciudades de Estados Unidos.3

Y durante meses en su campaña, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que enfrentaría personalmente al presidente norteamericano y enfrentaría la campaña venenosa del presidente Donald Trump.4

El 7 de marzo de de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó mediante el comunicado número 051/2018, que el presidente Enrique Peña Nieto había recibido ese día, a Jared Kushner, asesor senior del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, en calidad de enviado del mandatario norteamericano, así como a Kimberly Breier, subsecretaria para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, y funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El presidente Peña Nieto estuvo acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.5

Previamente, el canciller Luis Videgaray Caso había sostenido una reunión de trabajo con los funcionarios de Estados Unidos. Durante dichas reuniones, Jared Kushner transmitió el mensaje del presidente Donald J. Trump, sobre la importancia de seguir avanzando en las iniciativas conjuntas. Ambos países acordaron trabajar para lograr acuerdos benéficos para ambas naciones. Los funcionarios mexicanos y estadounidenses discutieron temas de interés mutuo, incluyendo el combate a las organizaciones criminales transnacionales, al tráfico de drogas y al flujo de armas y efectivo entre ambos países. También, discutieron temas sobre seguridad fronteriza; migración ordenada y segura, incluyendo un proyecto potencial de programa circular de movilidad para trabajadores agrícolas; el desarrollo en Centroamérica, y el fomento a la creación de empleos y la prosperidad compartida a través del comercio justo y recíproco, así como la continuación de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de manera expedita.6

Esta visita tuvo un importante cúmulo de críticas en la opinión pública y de otros actores políticos, porque se consideraba que el presidente de México, no debía reunirse con un enviado del presidente Trump, y que había que hacer sentir un mayor desacuerdo con la relación bilateral.

La entonces senadora Dolores Padierna afirmó que era “denigrante ese encuentro porque se le otorgaba un carácter indebido a dicha visita y a un personaje que no contaba con las atribuciones, ni el cargo formal para tener un encuentro que estableciera acuerdos con un jefe de Estado como lo es el presidente de la República y que era una humillación de facto”.7

Por su parte, el entonces senador del Partido Acción Nacional Ernesto Cordero expresó su inconformidad ante la recepción del presidente Peña Nieto a Jared Kushner. Luego de inaugurar la antena del Canal del Congreso, el también ex secretario de Hacienda manifestó que el primer mandatario solamente debería recibir a su homólogo de Estados Unidos, no al yerno de este. Esto, dijo: “Es mejor dejárselo a los secretarios de Economía o Relaciones Exteriores”8

Otros activistas cercanos al entonces candidato López Obrador, como Jenaro Villamil, Epimigenio Ibarra, John M. Ackerman y César Faz, entre otros, manifestaron que dicha reunión era humillante y una demostración de subordinación del gobierno mexicano.9

Planteamiento del Problema

Prácticamente un año después de aquel encuentro y sus repercusiones, el pasado 19 de marzo de 2019 se llevó a cabo una reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con Jared Kushner, asesor senior y yerno del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para evaluar la relación bilateral tras los 100 primeros días de la nueva administración mexicana. El encuentro se realizó en casa de Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Grupo Televisa .10

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que dicha reunión se dio por invitación del gobierno mexicano y que también participaron el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, John Creamer. Se destacó, asimismo, que durante la reunión los funcionarios dialogaron sobre temas de interés mutuo, incluida la ratificación del T-MEC, la cooperación para el desarrollo y la migración en la región .11

En conferencia de prensa del 20 de marzo de 2019, el presidente López Obrador aclaró sobre la mencionada reunión, que se estaban llegando a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, para la posible firma de un compromiso de entendimiento con el propósito de impulsar la cooperación e inversiones, que generen empleos, y que se impulse el crecimiento económico no solo de México sino también de los países centroamericano. El titular del Ejecutivo, agregó que el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México sería para garantizar inversiones en Centroamérica del orden de 10 mil millones de dólares para que haya empleos, trabajo y que la migración sea opcional y voluntaria más no forzada. 12

Además de las críticas por la falta de congruencia en las posturas del Movimiento Regeneración Nacional, porque el jefe del Estado mexicano reciba un enviado del presidente estadounidense y por el lugar de la reunión, en la casa de un empresario, así como por haberse llevado a cabo la reunión, sin previo aviso de la cancillería a la opinión pública, existen muchas dudas y cuestiones de primer orden que deben ser aclaradas.

De la reunión que sostuvo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con Jared Kushner, parece que existe un acuerdo de inversión de 10 mil millones de dólares destinado a un plan de desarrollo para México y Centroamérica. Es de cuestionar, si parte de estos recursos se destinarán hacia el fenómeno migratorio, si habrá dinero para contener el flujo de centroamericanos hacia Estados Unidos; si se busca que se queden en México de forma permanente o si se trata de un incentivo para garantizarles trabajo en nuestro país.

Es de la mayor importancia saber por cuánto tiempo México estará en dicha situación y si la llegada de más migrantes requerirá uso de recursos públicos y políticas para atajar el rechazo que generan en poblaciones locales, como ocurrió ya ocurrió en Tijuana Baja California y en Chipas.

Existe un problema no clarificado en la frontera norte, que está provocando desestabilidad social. Humanizar la política migratoria es fundamental, como lo es también considerar el panorama al completo para tomar la mejor decisión para los intereses de nuestro país.

También es fundamental saber de qué manera se está reflejando la disposición de parte de Estados Unidos para revisar los aranceles al acero; de qué forma están avanzando las negociaciones del T- MEC, y si ello afecta la autodeterminación de nuestro país para la adecuación de la legislación en materia laborar. En fin, existen muchas incógnitas que por la manera, el lugar y la comunicación de la organización de la reunión bilateral en comento, quedaron sin contestar .

En nuestra legislación vigente en la materia, el artículo 1 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en su quinto párrafo establece que:

Los servidores públicos, grupos y actores, sociales y privados que colaboren de alguna forma, en actividades diplomáticas, operarán bajo los principios de transversalidad, coordinación, coherencia y profesionalización de la función diplomática del Estado mexicano. Asimismo, observarán los principios de transparencia y rendición de cuentas, respeto y promoción de los derechos humanos, fortalecimiento de la igualdad de género, así como neutralidad política y lealtad al Estado mexicano y apego a los principios normativos de la política exterior mexicana.

Por lo que es necesario que la Secretaría de Relaciones Exteriores, haga públicos en términos de los principios de trasparencia y rendición de cuentas aducidos, cada uno de los temas y acuerdos que se abordaron y tomaron en la reunión bilateral del 19 de marzo de 2019.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprueba el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que haga públicos y pormenorizados, cada uno de los temas abordados, los acuerdos alcanzados y los asuntos que quedaron pendientes, durante la reunión llevada a cabo el día 19 de marzo de 2019, entre servidores públicos del gobierno de México, incluido el presidente de la República, actores privados presentes y funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de América, incluido el señor Jared Kushner, asesor y enviado del presidente estadounidense Donald John Trump.

Notas

1 Eunice Rendón https://informemonos.org/diciembre-mas-400-mil-mexicanos-habran-deporta dos-trump-agenda-migrante/

2 https://www.nexos.com.mx/?p=35967

3 https://lopezobrador.org.mx/temas/oye-trump/

4 ttps://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/02/9/enfren tare-veneno-de-trump-lopez-obrador

5 https://www.gob.mx/sre/prensa/recibe-el-presidente-enrique-pena-nieto-a -jared-kushner-enviado-del-presidente-donald-j-trump?idiom=es

6 Ibídem

7 https://www.milenio.com/politica/senado-reprueba-reunion-pena-yerno-tru mp

8 https://lahoguera.mx/criticas-pena-nieto-se-reunio-yerno-trump/

9 https://www.laotraopinion.com.mx/pejistas-que-despotrican-por-reunion-p ena-kushner-hoy-se-quedaron-mudos/

10 https://www.nacion321.com/gobierno/amlo-se-reune-con-jared-kushner-el-y erno-de-donald-trump

11 Ibídem

12 Ibídem

Ley del Servicio Exterior Mexicano en

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/96_190418.pd f.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 2 de abril de 2019.

Diputada Dulce María Sauri Riancho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a garantizar la aplicación del tamiz neonatal, prueba fundamental a fin de prevenir y atender oportunamente diversas enfermedades congénitas antes que se manifiesten, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, para que garantice la aplicación del tamiz neonatal debido a que es una prueba fundamental para prevenir y atender oportunamente diversas enfermedades congénitas antes de que se manifiesten , al tenor de las siguientes:

Considerandos

El tamiz neonatal es un conjunto de pruebas de laboratorio que tienen por objetivo prevenir enfermedades genéticas que pueden ser detectadas desde el nacimiento. Cuando nace un bebé puede llegar a ocurrir que en días o semanas después del parto, —y a pesar de un seguimiento médico cuidadoso— se generen deficiencias en el desarrollo físico y mental irreversibles que pudieran llegar en ocasiones a la muerte prematura. De ahí que con la atención médica preventiva resulte fundamental para detectar posibles afectaciones a fin de generar un tratamiento temprano adecuado que evite o aminore el problema.

Esta prueba se considera fundamental porque, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, casi el 40 por ciento de los niños menores de cinco años que fallecen cada año, son lactantes recién nacidos, es decir bebés de 28 días o de periodo natal1 y muchos de los padecimientos pudieron ser evitados, mediante una detección y atención médica temprana.

Así, la prueba del tamiz permite detectar condiciones como:

-Retraso mental o hipotiroidismo congénito

-Cataratas, deficiencias hepáticas e infecciones como la galactosemia.

-Enfermedades que causen deficiencias en el sistema inmunológico.

-Enfermedades que ocasionen defectos neuromusculares y cardíacos

-Trastornos en la diferenciación sexual como la hiperplasia suprarrenal congénita.

-Enfermedades pulmonares y digestivas como la fibrosis quística.

Es importante referir que el momento ideal para realizar la prueba es a partir de las primeras 48 a 72 horas después del nacimiento , cuando el bebé ha empezado su alimentación. Es posible también, como en algunas instituciones hospitalarias y clínicas de salud, realizar la prueba utilizando sangre de cordón umbilical en la primera media hora de vida.

Dada su importancia para la prevención y atención oportuna de enfermedades, esta prueba ha sido obligatoria en México desde 1988 cuando se creó la Norma Técnica número 131, la cual, posteriormente se actualizó como Norma Oficial Mexicana en 1995.

A pesar de lo anterior, recientemente se dio a conocer que la Secretaría de Salud del gobierno federal giró instrucciones para que las dependencias de salud de los estados suspendan esta prueba y comiencen a realizarla con los recursos estatales porque venció el contrato que se tenía con la empresa que realizaba el servicio a nivel nacional.2

Esa nueva disposición ha generado deficiencias en el efectivo acceso al derecho de la salud porque muchas instancias del sector público estatal no cuentan con los insumos o el personal necesario para realizar los análisis requeridos.

En este sentido es necesario referir que la disposición nacional va en contra de los principios fundamentales establecidos en los artículos 4o. y 1o. constitucional.

De acuerdo con el párrafo noveno del artículo 4o. se refiere que:

“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”

Adicionalmente, el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes refiere que:

“Artículo 50. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita y de calidad de conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud.”

Así, bajo el principio del interés superior del menor, en relación con el derecho a la salud de las niñas, los niños y los adolescentes, es obligación del Estado garantizar el acceso a servicios de salud de calidad con el objetivo de tener una vida saludable; en este marco, el gobierno federal debe garantizar el servicio a efecto de proteger a los recién nacidos.

Adicionalmente, el artículo 1o. constitucional establece el principio de progresividad, el cual advierte que en México no pueden cancelarse derechos y sólo es posible ampliarlos a fin de generar un país protector de los derechos de todas y todos los Mexicanos.

Si bien es cierto que la Secretaría de Salud ha señalado que la prueba no ha sido cancelada, la disposición que se dio a conocer en diversos medios de comunicación,3 en donde se pide a las secretarías estatales de salud hacerse cargo de las pruebas de tamiz neonatal pone en riesgo el efectivo acceso a esta prueba fundamental para los recién nacidos, toda vez que diversas entidades no cuentan con los recursos, insumos o personal necesario para tales análisis.

La orden de suspender el servicio sin previamente avisar o generar las condiciones para que el tamiz se siga aplicando constituye una violación de los derechos humanos del menor, el acceso a la salud de calidad y atenta contra el interés superior, de ahí la necesidad de que este servicio deba ser garantizando a fin de preservar la salud, prevenir o atender enfermedades que pudieran generar la muerte de los recién nacidos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que garantice la aplicación del tamiz neonatal debido a que es una prueba fundamental para prevenir y atender oportunamente diversas enfermedades congénitas antes de que se manifiesten.

Notas

1 https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/newborn/es/

2 https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/tamiz-prueba-suspende- gobierno-federal-enfermedades-congenitas-bebes-3251751.html

3 https://www.animalpolitico.com/2019/04/pruebas-tamiz-neonatal-suspensio n-recursos/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 2 de abril de 2019.

Rúbrica

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización de Morelos a realizar las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancionar las irregularidades en la licitación número EA-N1-2019, para adquirir desayunos escolares y despensas por el DIF de la entidad, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción I, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado del estado de Morelos para que realice las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancione diversas irregularidades en la licitación “EA-N1-2019” para la adquisición de desayunos escolares y despensas por parte del Sistema DIF de Morelos, entre las que se encuentran posible conflicto de interés, simulación, desvío de recursos públicos y actos de corrupción , al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El pasado 6 de marzo, la Dirección General del Sistema DIF del estado de Morelos hizo pública la licitación “EA-N1-2019” para la adquisición de desayunos escolares y despensas para el periodo comprendido entre los meses de mayo a diciembre de 2019.

Con los desayunos escolares y la entrega de despensas se pretende contribuir al acceso de alimentos nutritivos en edad escolar y coadyuvar a la economía de las familias morelenses.

Con un presupuesto de un poco más de 157 millones de pesos, se pretende adjudicar por lo menos 6 millones 50 mil bricks de 250 mililitros; 6 millones 50 mil cereales y 2 millones 420 mil frutas deshidratadas, asimismo, 3 millones 630 mil frutas frescas y 300 mil litros de leche descremada.1

A pesar de que una licitación es un proceso fundamental para el ejercicio adecuado de los recursos públicos, se han documentado una serie de irregularidades en la realizada por el Sistema DIF de Morelos, entre las que destacan las que a continuación se mencionan:

1. Ajustes de última hora, debido a que el pasado 15 de marzo se informó de múltiples cambios en los requisitos de participación como contar con certificados de gestión de calidad y gestión de inocuidad de alimentos.

2. En la convocatoria se registraron por lo menos diez empresas, no obstante, durante las modificaciones a la licitación, se denunció preferencias y posible conflicto de interés, ya que se solicitaron medidas específicas para una bolsa biodegradable que sólo dos empresas pueden proveer. Dichas corporaciones, están relacionadas con funcionarios del gobierno estatal.

3. Parece ser que otra reforma hecha para beneficiar en particular a dos empresas es que se redujo el tiempo para que las empresas puedan presentar su documentación fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria. En particular con este aspecto, se redujo de tres meses a 30 días naturales del día de la apertura de propuestas.2

4. Otra modificación que ha llamado la atención es el incremento del denominado “importe de los análisis de muestra”. Este concepto pasó de 200 mil pesos a 310 mil pesos.

5. Las autoridades estatales organizadoras, ante este cúmulo de modificaciones, se negaron a ampliar el plazo a diez días, que serviría para mejorar los tiempos de entrega. Con esta acción, se trató de favorecer a las empresas “Don Cacahuato y a Recursos Navarro” que han sido vinculadas con funcionarios del gobierno de la entidad.

Las anomalías descritas son una clara violación a la “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, la cual establece, en su artículo 134, que las adquisiciones se adjudicarán a través de licitaciones mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad, entre otras.3

Asimismo, es una trasgresión a la Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, que indica, en su artículo 39, que las licitaciones se publicarán “por una sola vez en el Periódico Oficial y en un periódico de circulación local”, así como en su artículo 40 fracción VIII en el que instituye que se establecerá “criterios claros y detallados para la adjudicación”.4

Lamentablemente no es la primera ocasión en la que se identifican posibles desvíos de recursos o actos de corrupción en el programa de desayunos escolares. Durante la administración estatal pasada, la Auditoría Superior de la Federación detectó que el DIF Morelos gastó 128 millones en la compra de desayunos, pero no los entregó a los beneficiarios.

Además, se detectaron subejercicios, falta de transparencia y nula documentación que sustente el ejercicio adecuado de estos presupuestos públicos. Por si esto no fuera suficiente, se han denunciado sobrepagos a trabajadores cuyas remuneraciones son superiores a las establecidas en los tabuladores, así como simulación de programas, sobre todo, cuando se pagó el proyecto denominado “Comunidad Diferente”, a pesar de ello, no existe documentación fidedigna sobre su ejecución.

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de que las anomalías descritas constituyen delitos que deben ser investigados y, en su caso, sancionados conforme a derecho, ya que diversos funcionarios públicos por acción u omisión están contribuyendo a generar impactos negativos a la hacienda pública, en particular, la del estado de Morelos en perjuicio de la población.

El uso de las licitaciones públicas garantiza condiciones para el ejercicio adecuado de los recursos públicos, contravenir sus principios representa abrir el paso a actos de corrupción como el desvío de recursos, conflictos de interés y malversación de fondos.

El gobierno del estado de Morelos hasta ahora se ha caracterizado por su ineficacia para contener y disminuir los índices delictivos, y por su inexperiencia para resolver los problemas más sentidos de la sociedad, como la pobreza, la marginación y la mala alimentación que padecen mi morelenses.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos para que realice las investigaciones correspondientes y, en su caso, sancione diversas irregularidades en la licitación “EA-N1-2019” para la adquisición de desayunos escolares y despensas por parte del Sistema DIF de Morelos, entre las que se encuentran posible conflicto de interés, simulación, desvío de recursos públicos y actos de corrupción.

Notas

1 Justino Miranda. (2019). Acusan a DIF por licitación en desayunos. 22/03/2019, de El Universal Sitio web: https://www.eluniversal.com.mx/estados/acusan-dif-por-licitacion-modo-e n-desayunos

2 Gabriel Xantomila y Jacob Sánchez. (2019). Corrigen licitación para desayunos escolares por irregularidades. 24/03/2019, de El Sol de México Sitio web: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/corrigen-licitacion-pa ra-desayunos-escolares-por-irregularidades-3202894.html

3 Congreso de la Unión. (Última Reforma DOF 14-03-2019). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 25/03/2019, de Diario Oficial de la Federación Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_140319.pdf

4 Congreso del estado de Morelos. (Última Reforma: 16-07-2017). Ley Sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo el Estado Libre y Soberano de Morelos. 25/03/2019, de Diario Oficial del Estado de Morelos Sitio web:

http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/L ENAJENAEM.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la SEP a explicar el proceso de asignación de recursos para los fines de operación de las 100 universidades para el bienestar Benito Juárez García, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados y diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que explique el proceso de asignación de recursos de dicha dependencia para los fines de operación de las cien Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Sin haber construido nuevas instalaciones o avisar del crecimiento de la planta docente universitaria, la coordinadora1 de las Universidades para el Bienestar, Benito Juárez García, indicó al portal Animal Político que comenzarían su operación el 25 de marzo de 2019 en sedes provisionales cuyos indicadores para operar son: estar en zonas de baja densidad poblacional, con nula o escasa oferta educativa y con alto rezago social, lo cual implica presencia en las localidades de entre 15 y 45 mil habitantes con índices de violencia altos y abandono.

La apuesta es que las cien nuevas universidades signifiquen 32 mil nuevos espacios en 31 entidades federativas con 36 carreras diferentes a elegir –especialmente del área de ingeniería– tales como: alimentaria, ambiental, agroforestería, electromecánica, agricultura, agronomía, forestal, desarrollo regional sustentable, agropecuaria, biodiversidad tropical, química de la industria petrolera, en procesos petroleros, en energías renovables y en minas.

Sin embargo, también podrá estudiarse música y laudería, profesor normalista bilingüe, medicina veterinaria, derecho, administración municipal y políticas públicas, estudios sociales, patrimonio histórico y social, expresión y producción artística, profesor de educación básica, medicina integral y salud comunitaria, etcétera.

Conforme al portal electrónico2 de las cien Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, los planteles estarán repartidos de la siguiente manera en todo el territorio nacional: en Aguascalientes 2, Baja California 1, Ciudad de México 10, Campeche 3, Chiapas 6, Chihuahua 2, Coahuila 2, Colima 1, Durango 2, estado de México 3, Guanajuato 2, Guerrero 4, Hidalgo 3, Jalisco 3, Michoacán 5, Morelos 4, Nayarit 1, Nuevo León 1, Oaxaca 11, Puebla 3, Querétaro 1, Quintana Roo 2, San Luis Potosí 2, Sinaloa 2, Sonora 3, Tabasco 2, Tamaulipas 3, Tlaxcala 2, Veracruz 8, Yucatán 3, Zacatecas 3.

Si bien la propuesta es interesante en primera instancia, resulta cuestionable al no conocer la forma de operación de estas, ya que entre 2015 y 2016 legisladores locales y federales del Grupo Parlamentario de Morena financiaron la apertura de las Escuelas Universitarias, de las cuales solo 2 programas educativos contaron con el Registro de Validez Oficial de Estudios (RVOE) del tipo superior expedido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), de un total de 19, es decir solo el 10.5 por ciento de esos programas fue oficial, lo cual no puede ocurrir con los nuevos programas previstos.

Otro hecho que llama la atención es que los planteles se construirán sin licitación puesto que, de acuerdo con Raquel Sosa, encargada del programa de Universidades para el Bienestar no habrá grandes empresas encargadas de las obras al tratarse de: “instalaciones comunitarias y se va a favorecer el trabajo de las personas en la comunidad. La misma comunidad los construirá pero con recursos del subsidio público”, que se calcula en 10 millones de pesos por cada plantel.” Lo cual francamente resulta sospechoso pues ya en el pasado la SEP negó el RVOE a varios programas de este tipo por violar lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Generalde Educación3 que dice:

Artículo 55. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

I. Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere el artículo 21;

II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine, conforme a los términos que señalen las disposiciones aplicables. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y

III. Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación de maestros de educación básica.

Como puede advertirse en la página de las Universidades para el Bienestar, no se expone de manera transparente que los cien planteles cumplan con las disposiciones legales previstas en el artículo antes citado, lo cual vulnera el derecho a una educación de calidad que merecen los jóvenes de este país.

Aunado a lo anterior, es urgente conocer la calidad de quienes son las personas que impartirán clases en esas universidades pues aunque podían inscribirse en el portal ya antes citado y según el reportaje4 de Animal Político, tuvieron que asistir a una capacitación de dos días en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal) en Pátzcuaro, Michoacán, se desconocen los resultados y cuantos aprobaron las pruebas y las condiciones laborales a las que se someterán.

Otra distorsión de esta política pública es que la Secretaría de Educación Pública no coordinará el programa de las cien Universidades Benito Juárez sino el Crefal creada5 en 1951 mediante acuerdo de la Organización de Estados Americanos, la UNESCO y 12 países de la región. La pregunta es ¿Cambió el objeto de la constitución de la Crefal? ¿Se dio aviso a la OEA y a los países firmantes?

Es realmente preocupante que mediante presencia de los cónsules y no de los embajadores de la Crefal se haya asestado un golpe en contra del ex director Sergio Cárdenas cuyo plan de trabajo estaba previsto hasta 2020 y haya sido sustituido por Raquel Sosa quien –como asegura el reportaje6 de Animal Político – no ha externado de manera pública y transparente cómo la SEP entregará recursos a este organismo internacional autónomo que al no ser parte de la administración pública federal, ni un ente constitucional queda exento de las obligaciones de transparencia.

En el Grupo Parlamentario del PRI, acompañamos y saludamos con beneplácito que se multipliquen las oportunidades para más jóvenes, pero no podemos pasar por alto, es uso de recursos públicos discrecional y la falta de seriedad en la validez oficial que podrían tener los programas.

Como se observa nada se sabe, ni cómo se asignarán mil millones de pesos, ni cuáles son las metas a cumplir, los lineamientos y reglas de operación, nada.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de ésta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que explique el proceso de asignación de recursos de dicha dependencia para los fines de operación de las cien Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que haga público el proceso que seguirá la dependencia que encabeza para certificar con el registro de validez oficial de estudios del tipo superior los programas de estudio que se impartan en las cien Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública para que haga pública la lista de las instalaciones sede de las cien Universidades para el Bienestar Benito Juárez García que cumplen con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley General de Educación, junto con el debido dictamen.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Auditoría Superior de la Federación para que inicie de manera expedita una auditoría sobre el uso y destino de recursos públicos que la Secretaría de Educación Pública destine para los fines de operación de las cien Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Quinto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que haga público el proceso protocolario que se siguió en el cambio del Consejo de Administración del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe en tanto organismo internacional, creado mediante el Convenio de Cooperación Regional entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización de Estados Americanos y los Estados que aun sigan siendo miembros.

Notas

1 Animal Político. Roldán, Nayeli. “Sin planteles construidos, este mes arrancan las 100 nuevas universidades de AMLO”. Marzo 20, 2019. Consultado en:

https://www.animalpolitico.com/2019/03/100-nuevas-univer sidades-amlo-benito-juarez/

2 Disponible en: https://ubbj.gob.mx/registro

3 Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137_190118.pdf

4 Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2019/03/100-nuevas-universidades-amlo-be nito-juarez/

5 Decreto de creación de la Crefal. Disponible en:
https://sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/cd8a1ec5-17 f4-4370-b535-9d080d6fbfe1/decreto2000_9.pdf.

6 Consultado en: https://www.animalpolitico.com/2019/03/universidades-amlo-crefal-presup uesto/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 2 de abril de 2019.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a transparentar los procedimientos de licitación y adjudicación llevados a cabo en el sector energético para generar confianza en los inversionistas nacionales e internacionales, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a transparentar los procedimientos de licitaciones y adjudicaciones llevados a cabo en el sector energético, con la finalidad de generar confianza en los inversionistas nacionales e internacionales, a la vez que crear condiciones que incentiven el crecimiento de la economía nacional , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La rendición de cuentas y la transparencia representan componentes fundamentales en los que se sustenta la gobernabilidad democrática, a través de los cuales el gobierno explica a la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas, y abre la información al escrutinio público para que todos los interesados pueden revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismos para sancionar.

En esta perspectiva, el combate a la corrupción y la transparencia constituyen una de las principales banderas del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha quedado plasmado en los 50 puntos del plan anticorrupción y de austeridad.1

Pero, a casi cuatro meses de iniciada la actual administración, es evidente que los avances son prácticamente inexistentes; por el contrario, han aumentado las presuntas irregularidades y posibles conflictos de interés en diversas medidas llevadas a cabo, sobre todo, en sectores estratégicos como el energético.

Pese a las buenas intenciones del gobierno federal, hay pruebas de la falta de transparencia en diversos procesos de adquisiciones y obras, toda vez que no únicamente se ha infringido la ley, sino que además, no se ha proporcionado la información técnica, legal y financiera necesaria para que la sociedad cuente con elementos y datos oficiales que posibiliten dar seguimiento a la eficacia y eficiencia de las políticas instrumentadas.

Diversos medios de comunicación han dado a conocer a la opinión pública diversos de estos hechos acontecidos en la llamada cuarta transformación. En efecto, el principal compromiso del gobierno federal fue acabar con la corrupción en el país, sin embargo, en el sector energético, la entrega de licitaciones de manera poco transparente y los escándalos por posibles conflictos de interés entre funcionarios del gobierno y particulares siguen siendo el común denominador en México, como lo revelan diversos medios de comunicación.2

Con la finalidad de garantizar la cobertura de los servicios en su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador está implementando acciones que causan controversias; no únicamente por la viabilidad de los proyectos productivos, sino por posibles conflictos de interés en las iniciativas emprendidas.

La falta de transparencia en los contratos para licitaciones y los vínculos cercanos con empresarios estratégicos, se replican en los sectores petroleros, mineros y de extracción de gas.

Como muestra de lo anterior, cabe mencionar la reunión sostenida por el senador de Morena y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, con el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en donde se anunciaba la compra de 360 mil toneladas de carbón en la región de Coahuila. En este sentido, es importante señalar que el mencionado legislador es, desde hace 30 años, uno de los principales empresarios mineros de la región del norte del país.

Si bien dicha información fue dada a conocer por el propio senador a través de las redes sociales, ha despertado una serie de incógnitas que es necesario despejar a la sociedad mexicana. Aunque dicha reunión fue desmentida al día siguiente por el propio titular de la CFE, es evidente que “cuando el río suena es porque agua lleva”.

Independientemente de la veracidad de la reunión y la información dada a conocer a la opinión pública, se trata de una más de las equivocaciones cometidas en lo que va de la cuarta transformación. Se trata de un hecho que en nada abona a la transparencia, credibilidad y a la resolución de controversias de este tipo.

Ello se suma a otras medidas como las compras de pipas para garantizar el abastecimiento de combustibles y la construcción de la refinería de Dos Bocas en Veracruz, por citar solo algunas, en donde existen presuntas irregularidades en las licitaciones llevadas a cabo. Esta situación ha sido visible también en el manejo de la política económica instrumentada por el titular del Ejecutivo Federal en relación a las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE, como ya se mencionó anteriormente.

Los hechos revelan que la opacidad ha sido uno de sus rasgos distintivos de la cuarta transformación. La baja en las calificaciones de agencias internacionales como Fitch Ratings, Stándar & Poor´s y Moody´s son solo una prueba de la falta de transparencia y mal manejo que se está haciendo en esta materia fundamental para el desarrollo económico nacional.

Es indudable, entonces, que la opacidad y la falta de transparencia son una constante en este gobierno, que está impactado negativamente en la confianza de los inversionistas, lo que afectará el crecimiento económico del país para el año en curso y con ello los niveles de bienestar y calidad de vida de las familias mexicanas.

Otra grave falla es la falta de personal calificado en áreas estratégicas como la energética. Basta sólo señalar el rechazo del Senado de la República de las ternas impulsadas por el titular del Poder Ejecutivo de los candidatos para integrarse a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), argumentando su falta de idoneidad de los mismos por carecer de herramientas técnicas para desempeñar su función en un sector estratégico para el país.

Por último, es importante recordar que desde el inicio de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a modernizar las plantas de la CFE, dándole especial atención a las hidroeléctricas para la producción de energías limpias y de menor así como el estímulo especial al desarrollo de fuentes de energía renovable, como la eólica, solar, geotérmica y mareomotriz.

Sin embargo, es evidente que gran parte de la parálisis que padece el sector es a causa de la política de cancelación de las subastas de contratos para la generación de energía renovable, dispuestos así por la Secretaría de Energía. Se trata de una más de las promesas incumplidas, en perjuicio del medio ambiente y de la población en general.

En síntesis, la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, son componentes cruciales para avanzar en la consolidación del proceso democrático, el Estado de Derecho y la credibilidad en las instituciones y los servidores públicos.

Al respecto, el artículo 134 constitucional señala que: “Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a transparentar los procedimientos de licitaciones y adjudicaciones llevados a cabo en el sector energético, con la finalidad de generar confianza en los inversionistas nacionales e internacionales, a la vez que crear condiciones que incentiven el crecimiento de la economía nacional.

Notas

1 https://www.forbes.com.mx/estos-son-los-50-puntos-del-plan-anticorrupci on-y-de-austeridad-de-amlo/

2 https://www.reporteindigo.com/reporte/
sector-a-media-luz-energia-opacidad-entrega-licitaciones-empresas-conflictos-interes-corrupcion/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 2 de abril de 2019.

Rúbrica


Efemérides

Con motivo del 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo conmemoramos el Día de la Expropiación Petrolera. Se implementó con motivo de recordar que el día 18 de marzo de 1938 el Presidente Lázaro Cárdenas, mediante un decreto, expropia el petróleo del territorio nacional.

Para que este acontecimiento de trascendencia histórica pudiera darse hay que considerar como antecedentes medulares el triunfo de la Revolución; la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo el contenido de los artículos 27, 123; así como, la aprobación la Ley Federal del Trabajo.

Lo anterior dio pauta para que la clase trabajadora surgiera como actor principal, pues gracias al piso normativo descrito, a su lucha constante y a los movimientos de resistencia ante las compañías extranjeras que, dicho sea de paso, no sólo sobreexplotaban a los trabajadores, sino que también realizaban una explotación irracional del recurso energético, mismas que habían sido privilegiadas por el gobierno de Porfirio Díaz.

Por consiguiente, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hacemos un reconocimiento a Lázaro Cárdenas , revolucionario y patriota, quien estuvo a la altura de las circunstancias para enfrentar la crisis internacional a causa de la pugna con las compañías extranjeras; pero también nuestro reconocimiento al líder de los trabajadores: Vicente Lombardo Toledano , que a través de sus oficios y operación política desde la izquierda, “luchó por la liberación política y económica del país”1 asimismo demandó el reconocimiento del artículo 27 constitucional; elementos que coadyuvaron a la posibilidad de realizar la expropiación petrolera el 18 de marzo de 19382.

No cabe duda de la importancia del legado de este acto de defensa del patrimonio nacional, sin embargo, ello nos impulsa a mirar hacia adelante, y en el proceso actual de redefinición de la República, el patrimonio que representan los recursos energéticos y su impulso estructural, así como financiero deben ser de la más alta prioridad para todas las fuerzas políticas del país. El escenario actual nos indica que estamos ante un panorama de un nuevo rescate de Petróleos Mexicanos, rescate de la situación en la que lo dejaron los gobiernos neoliberales.

Nuestra oportunidad hoy, a 81 años de la nacionalización de Petróleos Mexicanos, es sumar esfuerzos y talentos para dotar a Pemex de tecnología, solidez financiera y pueda ser un pilar de desarrollo nacional . Pero... no sólo eso, sino que también podamos dar el paso a la generación de fuentes alternativas de energía .

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con motivo del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

“Una gota de agua es flexible. Una gota de agua es poderosa. Una gota de agua es más necesaria que nunca.”1

El agua es un elemento esencial para el desarrollo sostenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente.

En la actualidad más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de su hogar, lo que les obliga a pasar horas haciendo cola o trasladándose a fuentes lejanas, así como a hacer frente a problemas de salud debido al consumo de agua contaminada.2

El Día Mundial del Agua se celebra anualmente el 22 de marzo como un medio de llamar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de los recursos de agua dulce.

La creación de un día internacional dedicado al agua fue recomendado durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro. La Asamblea General de las Naciones Unidas respondió a dicha recomendación designando el 22 de marzo de 1993 como el primer Día Mundial del Agua.3

El agua es, además, una cuestión de derechos. A medida que crece la población mundial, se genera una necesidad creciente de conciliar la competencia entre las demandas comerciales de los recursos hídricos para que las comunidades tengan lo suficiente para satisfacer sus necesidades. En concreto, las mujeres y las niñas deben tener acceso a instalaciones de saneamiento limpias y que respeten la privacidad para que puedan manejar la menstruación y la maternidad con dignidad y seguridad.

Para el desarrollo del ser humano, el agua y los sistemas de saneamiento no pueden estar separados. Ambos son vitales para reducir la carga mundial de enfermedades y para mejorar la salud, la educación y la productividad económica de las poblaciones.4

El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6 es: “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. La consecución de este Objetivo se ha planteado para que contribuya en el progreso de otros ODS, principalmente en salud, educación, crecimiento económico y medio ambiente.5

Los desafíos del agua:

• 2.1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura (OMS/UNICEF).

• 4.5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura (OMS/UNICEF).

• 340 mil niños menores de cinco años mueren cada año por enfermedades diarreicas (OMS/UNICEF).

• La escasez de agua ya afecta a cuatro de cada 10 personas (OMS).

• El 90 por ciento de los desastres naturales están relacionados con el agua (UNISDR).

• El 80 por ciento de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas (UNESCO).

• Alrededor de dos tercios de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un marco de gestión cooperativa (SIWI).

• La agricultura representa 70 por ciento de la extracción mundial de agua (FAO).

• Aproximadamente 75 por ciento de todas las extracciones de agua industrial se utilizan para la producción de energía (UNESCO).6

Históricamente, el tema del agua y su distribución en México ha sido complicado, su distribución, almacenamiento y potabilización son temas que requieren de la participación, no solamente de las distintas fuerzas políticas, sino de todos los actores sociales involucrados.

México dispone aproximadamente del 0.1% del total de agua dulce disponible a nivel mundial, lo que determina que un porcentaje importante del territorio esté catalogado como zona semidesértica.

El agua es necesaria para todas las formas de vida, es un elemento crucial para el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de servicios ambientales de los que dependemos para sobrevivir y es un factor estratégico para el desarrollo del país.

México recibe alrededor de mil 489 mil millones de metros cúbicos al año de agua en forma de precipitación, de los cuales 67 por ciento cae entre junio y septiembre, sobre todo en la región sur-sureste (Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco), donde se recibe 49.6 por ciento de la lluvia.7

Las actividades agropecuarias consumen la mayor cantidad de agua dulce, tanto en México como en el mundo. En México, la agricultura y la ganadería consumen 76.3 por ciento. En el mundo, estas actividades consumen en promedio 70 por ciento. Los siguientes grandes consumidores son la industria y la generación de energía. En México consumen 13 por ciento del agua dulce; el promedio mundial es de 22 por ciento. Finalmente, el uso doméstico se en México corresponde a 10 por ciento del agua dulce y en el mundo a un promedio de 8 por ciento.8

La contaminación de los cuerpos de agua es producto de las descargas de aguas residuales sin tratamiento, ya sea de tipo doméstico, industrial, agrícola, pecuario o minero. A finales de 2010, más de 70 por ciento de los cuerpos de agua del país presentaba algún indicio de contaminación.9 Las cuencas que destacan por sus altos índices de contaminación son la del Lerma-Santiago-Pacífico, la del Balsas y, sobre todas, la del Valle de México.10

Los elementos antes expuestos permiten bosquejar un panorama general del agua en México y en el mundo como un recurso fundamental para permitir el desarrollo de la vida, garantizar la sanidad y dignidad de los seres humanos, así como impulsar nuestras economías de manera sostenible, razones todas a considerar en este 22 de marzo, Día Mundial del Agua.

Notas

1 http://www.un.org/es/events/waterday/

2 http://www.un.org/es/events/waterday/background.shtml

3 http://www.un.org/es/events/waterday/index.shtml

4 http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html

5 http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html

6 http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html

7 https://agua.org.mx/cuanta-agua-tiene-mexico/

8 https://agua.org.mx/cuanta-agua-tiene-mexico/

9 Estadísticas del Agua en México, 2011.

10 https://agua.org.mx/cuanta-agua-tiene-mexico/

Palacio Legislativo de san Lázaro, a 26 de marzo de 2019.

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con motivo de los 25 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo de la diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Efeméride con motivo de los 25 años del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con el permiso de la Mesa Directiva; con el permiso de las diputadas y los diputados:

Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el día 10 de febrero de 1950, en el municipio de Magdalena de Kino del estado de Sonora en el seno de una familia de clase media. Realizó toda su educación básica en instituciones públicas de la localidad. Desde niño destaco en las labores escolares y debido a ello fue seleccionado para viajar a la Ciudad de México y conocer al entonces Presidente Adolfo López Mateos. En su adolescencia fue reconocido como un valiente y centrado dirigente estudiantil, líder nato en su entorno, caracterizado por la buena voz, su apropiada dicción, una memoria prodigiosa y personalidad recia.

Habiendo estudiado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, obtuvo título de Licenciado en Economía en 1972, posteriormente curso maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana, en la Universidad de Pensilvania y, en 1979, realizó una estancia de investigación en Austria. Afiliado desde los 18 años de edad al Partido Revolucionario Institucional, fungió como diputado federal, senador y presidente nacional del partido. Magníficamente, también se desempeñó en el gabinete presidencial en la Secretaria de Desarrollo Social, resultando por todo ello, ser un candidato natural a la contienda presidencial.

Como parte fundamental de su campaña y siendo el candidato puntero, el día 23 de marzo de 1994, llegó a la Ciudad de Tijuana, Baja California para visitar la Colonia Lomas Taurinas. Lugar en el que, en medio de una verdadera muestra de aceptación, miles de personas se congregaron para mostrarle su apoyo, aglomerándose a su alrededor. Hombro a hombro, Luis Donaldo junto con un discreto equipo de seguridad, trataba de caminar entre las personas que lo arropaban y ovacionaban rumbo a su camioneta. En esos instantes, la primera bala penetro su cabeza por el lado derecho e inmediatamente después la segunda se posó en su tórax. Momentos después, desde el Hospital General de Tijuana, ante la gravedad de las lesiones sufridas, se confirmaba su muerte.

El día 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, no solo murió un candidato, murió un hombre lleno de convicciones y certezas sobre lo que nuestro país necesita, un ser que inspiraba y movía masas. 25 años después, declaramos en marcha la vigencia de sus ideales: “México quiere democracia, pero rechaza su perversión: la demagogia.”

Es cuánto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2019.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con motivo del 21 de marzo, aniversario del natalicio de Benito Juárez, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, nos sumamos a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez, acaecido el 8 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. La lucha de este personaje de la historia por alcanzar sus ideales fue pieza clave para la consolidación del Estado mexicano, con carácter liberal, republicano, federal y laico. En suma, fueron medulares para la consolidación del sentimiento nacional, para alcanzar la libertad de escribir, de leer y por supuesto, de pensar.

De origen humilde, por sus propios méritos, Juárez logró estudiar derecho y ocupar altos cargos públicos en el país. La figura de Juárez trasciende hasta nuestros días por su gran legado: las Leyes de Reforma, que establecieron la separación de la Iglesia y del Estado, las libertades de conciencia y de culto; así como por su contribución en la revolución de Ayutla y en la Constitución de 1857.

Es innegable su compromiso con establecer una República con los valores de la libertad y la igualdad. Para tal fin, con la Ley General de Administración de Justicia, llamada “Ley Juárez” se desaparecieron los privilegios de militares y clérigos en materia de justicia, como un paso importante hacia la igualdad social.

Sobre el particular, nos interesa poner en perspectiva el impulso de Juárez para mantener la igualdad ante la ley. En pleno siglo XXI en México poseemos leyes que no se cumplen o que no se aplican de igual manera. En el Partido del Trabajo trabajaremos para alcanzar un país de leyes, pero sobre todo un país donde se apliquen, sin impunidad, asimismo para que se desarrollen mecanismos para medir la eficacia de las mismas.

El legado de uno de los personajes más importantes en la historia de nuestro país nos debe inspirar para continuar con la Cuarta Transformación de la República, mediante la austeridad, la honradez y poner por encima el interés de la patria. ¡No se puede concebir Cuarta Transformación de la República sin servidores públicos que no sujeten su actuar al imperio de la ley! Es la tarea de todas y todos, luchar con las convicciones, alcanzar los ideales, las metas, las tareas pendientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 26 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.

Atentamente

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con motivo del 21 de marzo, aniversario del natalicio de Benito Juárez, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El 21 marzo de 1806 nació en Oaxaca, México quien, a juicio de muchos, ha sido uno de los mejores presidentes en la historia de nuestro país, su nombre es Benito Juárez que dedicó su vida a incidir y luchar por la ciudadanía frente a los abusos del poder.

Entre esas luchas destaca la promulgación de las Leyes de Reforma, mismas que a groso modo, separaban el poder eclesiástico del Estado. La iglesia perdía poder frente a las decisiones del Estado. En este sentido, baste recordar que la iglesia como lo describe Francisco Martín Moreno en su obra México ante Dios, era una institución perversa, ávida de bienes materiales y poder político que cobraba impuestos y recaudaba recursos eficientemente sobre la base de la excomunión. Además de provocar guerras civiles financiadas con las limosnas pagadas por el dolido pueblo de México.

Como se puede observar, históricamente el clero en nuestro país estuvo y ha estado siempre en contra de algunos derechos y libertades humanas y sociales, tales como: el divorcio, la educación laica, el matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo, la adopción, entre otros.

Por lo anterior, Benito Juárez declaró que “los gobiernos civiles no deben tener creencia, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que les guste adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna”.1

Así fue como la iglesia dejó de tener constitucional y jurídicamente incidencia y presión en los asuntos públicos, sin embargo, a más de dos siglos de la promulgación de las Leyes de Reforma, los gobernantes que representan al Estado siguen realizando actos que favorecen a alguna religión, el caso más reciente es el del gobernador constitucional de estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien ofreció, el 12 de diciembre de 2018, un misa en el palacio de gobierno, violando así todos los avances en materia de laicidad del estado se han conquistado a través de luchas sociales.

Aunado a lo anterior y aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene el principio de la laicidad han sido numerosos los casos en los que los gobernantes han violentado dicho principio constitucional. Es decir, el componente ideológico en un país como el nuestro, donde hay una brecha entre la ley y su aplicación; ha generado que el funcionariado público se ampare bajo el principio de libertad religiosa para expresar públicamente sus convicciones religiosas y entregar sus entidades y/o municipios a una divinidad, en una franca violación a la ética laica del servicio público que debiera prevalecer, tales casos se enumeran a continuación:

1. El 20 de abril 2013, el entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, consagró a su estado al Sagrado Corazón de Jesús.

2. El 8 de junio de 2013, la alcaldesa de Monterrey Margarita Arrellanes Cervantes entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo.

3. El 28 de abril 2013, Javier Duarte de Ochoa, acudió a la ceremonia de consagración del estado de Veracruz que celebró el obispo católico en la catedral de esa heroica ciudad.

4. En febrero de 2016, “El papa Francisco”, en complicidad con el presidente Enrique Peña Nieto, acudió a Palacio Nacional siendo este el símbolo del juarismo y de la laicidad.

5. El caso más reciente suscitó en diciembre del 2018, cuando el gobernador de Morelos, ofreció una misa en el palacio de gobierno.

La lista anterior, recopila los casos más emblemáticos, sin embargo, día a día el funcionariado público violenta el artículo 40 constitucional, restándole importancia a uno de los logros históricos de nuestro sistema democrático: la separación del Estado con las iglesias.

En este orden de ideas, coincido con lo expresado por Bernardo Barranco en el ciclo de conferencias sobre Democracia y Religión en el que mencionó que “el problema de la clase política es que no tiene memoria, ha olvidado que en la historia de México se han desatado tres guerras fratricidas: la de reforma, la invasión francesa en el siglo XIX y la guerra cristera en el XX o quizá sufre una regresión conservadora”.

Hoy, a más de dos siglos del natalicio del Benemérito de las Américas, desde el poder legislativo urge replantearnos la duda de si ¿México es un Estado laico? debido no sólo a que la laicidad implica autonomía e independencia entre la clase gobernante y el poder eclesiástico, sino sobre todo porque la laicidad es un principio que rige las relaciones del Estado y del funcionariado público con una ciudadanía plural; es un valor democrático que garantiza la igualdad y el reconocimiento de derechos y libertades, que son componentes indispensables de cualquier sociedad democrática.

Desde el Congreso de la Unión hago un llamado a que honremos la memoria de Benito Juárez y nos conduzcamos con estricto apego y respeto a los principios que emanan de la Constitución, partiendo del principio universal que dice “entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Nota

1 Roberto Plancarte. Nota juarista (para los políticos 2018). Milenio. Fecha de consulta: 19 de marzo del 2019. Consulta: https://www.milenio.com/opinion/roberto-blancarte/perdon-pero/nota-juar ista-para-los-politicos-de-2018

Dado en Palacio Legislativo, 25 de marzo del 2019.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con motivo del 21 de marzo, Día Internacional de los Bosques, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Conmemorar una fecha en específico, atiende a la necesidad de reconocer y dar visibilidad a un acontecimiento relevante para un país o para el mundo en general en ámbitos como el histórico, político, social, cultural y ambiental; con el objetivo de que quede dentro del imaginario colectivo y generar conciencia social sobre dicho acontecimiento.

En este sentido, el 21 de marzo de cada año se conmemora el “Día Internacional de los Bosques”, para reconocer la importancia de los mismos, y generar conciencia sobre su preservación y cuidado.

Esta fecha fue establecida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el 2012, poniéndose en práctica en el mundo a partir del año siguiente.

“La Asamblea General de la ONU aprobó la resolución A/RES/67/200 el 21 de diciembre de 2012, por la que, a partir de 2013, cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques.”1

La importancia que tienen los bosques para el planeta es porque proporcionan oxígeno, ayudan a la recarga de los mantos freáticos y dotan de recursos maderables y alimentos a la población mundial.

Sobre la importancia de los bosques a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas, señala lo siguiente:

“Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre y juegan un papel fundamental en la vida del planeta. Alrededor de mil 600 millones de personas —incluidas más de dos mil pueblos indígenas— dependen de los bosques para sobrevivir: les proporciona alimentos, medicinas, combustible y abrigo.

Desde un punto de vista biológico, los bosques son los ecosistemas terrestres más diversos, donde se albergan más de 80 por ciento de las especies animales y vegetales.” 2

Los bosques a nivel mundial han sufrido desde hace décadas de explotación desmedida por parte del ser humano, afectando de forma importante los recursos naturales con los que cuenta, poniendo en riesgo a diversas especies animales y vegetales.

“Pero pese a los increíbles beneficios ecológicos, económicos y sociales que nos brindan los bosques, la desforestación continúa a un ritmo de 13 millones de hectáreas al año y es responsable de entre un 12 y un 20 por ciento de las emisiones de gases que producen el efecto invernadero y contribuyen al calentamiento global.”3

El alarmante deterioro que enfrentan los bosques a nivel mundial, han demandado que los Estados implementen acciones para su preservación, toda vez que los mismos son un elemento fundamental para mitigar los efectos del cambio climático y para dotar a las especies que los habitan, de un lugar adecuado para su desarrollo y subsistencia.

“Como se puso de relieve en el Acuerdo de París sobre el cambio climático en 2015, los bosques y los árboles desempeñan una función decisiva para determinar la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Al actuar como sumideros de carbono, absorben el equivalente a aproximadamente 2 mil millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. No obstante, la deforestación es la segunda causa más importante del cambio climático después de la quema de combustibles fósiles y representa casi el 20 por ciento de todas las emisiones de gases de efecto invernadero; más que todo el sector del transporte a nivel mundial. La gestión eficaz de los bosques puede fortalecer la resiliencia y las capacidades de adaptación a los desastres naturales relacionados con el clima, lo que destaca la importancia de integrar las medidas basadas en los bosques en las estrategias nacionales de reducción del riesgo de catástrofes (RRC).” [...]4

En lo que respecta a la deforestación y explotación desmedida de los bosques a nivel mundial, encontramos que la misma se da en mayor medida en diversas regiones del globo terráqueo, lo que debe encender las alertas para que los países implicados, establezcan acciones correctivas para atender la problemática.

Respecto a lo que señalan diversos organismos internacionales en relación a la deforestación a nivel mundial, podemos encontrar que la Organización de las Naciones Unidas considera lo siguiente:

“América Latina es una de tres regiones donde continúa la deforestación, según El estado de los bosques en el mundo 2018, publicado esta semana por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO.

El informe de la FAO indica que entre 1990 y 2015, la superficie forestal del planeta disminuyó del 31,6 por ciento de la superficie terrestre mundial al 30,6 por ciento, aunque el ritmo de pérdida se ha ralentizado en los últimos años. La mayor parte de esta pérdida tuvo lugar en países en desarrollo, en particular en el África Subsahariana, América Latina y Asia Sudoriental.

Según el informe, la deforestación supone la segunda causa principal del cambio climático – después de la quema de combustibles fósiles- y representa casi 20 por ciento de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es más que todo el sector del transporte del mundo. Entre un 24 por ciento y un 30 por ciento del potencial total de mitigación se puede obtener mediante la detención y reducción de la deforestación tropical.”5

Ante este panorama tan alarmante, es importante que los Estados sigan fortaleciendo sus políticas públicas en materia de conservación, preservación y uso sustentable de los bosques y de los recursos naturales que de ellos se obtienen.

[...] La Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA), coordinada por la FAO, concluyó que el porcentaje de tierras forestales con respecto a la superficie terrestre mundial había disminuido del 31,6 por ciento en 1990 al 30,6 por ciento en 2015, aunque en los últimos años el ritmo de pérdida se ha ralentizado.6

Es así que consideramos necesario que se reconozca la importancia de los bosques para el desarrollo de la vida humana, y se conmemore el 24 de marzo de cada año, en concordancia con la resolución de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que le dio origen.

Si bien es cierto que en el Partido Verde Ecologista de México consideramos importante diseñar, implementar y evaluar, políticas públicas integrales que permitan preservar, conservar y hacer usos sustentable de los bosques y de los recursos naturales que se obtienen de estos, estamos convencidos que la conmemoración del 24 de marzo como “Día Internacional de los Bosques” contribuye a visibilizar su importancia para la subsistencia de diversas especies vegetales y animales, así como de la propia humanidad.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Día Internacional de los Bosques, 21 de marzo. Obtenido de

http://www.un.org/es/events/forestsday/background.shtml

2 Íbid. Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Día Internacional de los Bosques, 21 de marzo. Obtenido de

http://www.un.org/es/events/forestsday/background.shtml

3 Íbid. Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Día Internacional de los Bosques, 21 de marzo. Obtenido de

http://www.un.org/es/events/forestsday/background.shtml

4 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2018). El estado de los bosques del mundo 2018. Obtenido de http://www.fao.org/state-of-forests/es/

5 Organización de las Naciones Unidas. (6 de julio de 2018). Se acaba el tiempo para los bosques: su superficie sigue reduciéndose. Obtenido de

http://www.onunoticias.mx/se-acaba-el-tiempo-para-los-bo sques-su-superficie-sigue-reduciendose/

6 Obra citada. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2018). El estado de los bosques del mundo 2018. Obtenido de

http://www.fao.org/state-of-forests/es/

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 26 de marzo de 2019.

Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)

Con motivo del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo conmemoramos el Día Internacional del Agua, fecha que es observada desde 1993. Esta efeméride brinda la oportunidad de hacer consciencia sobre las problemáticas relacionadas con el recurso hídrico y en consecuencia llevar a cabo acciones y políticas para solucionarlas.

Sobre el particular, el tema elegido para 2019 es: “No dejar a nadie atrás” .1 Lo que implica que absolutamente todas y todos los habitantes del planeta deben tener acceso al agua y en correspondencia al progreso del desarrollo sostenible marcado dentro de los objetivos globales de la Agenda 2030.

Se trata de un tema urgente, alrededor de 2.1 millones de personas viven sin agua potable en sus hogares; más de 700 niñas y niños menores de cinco años mueren diariamente de diarrea, a causa del agua insalubre que consumen; en ocho de cada diez hogares de los que carecen de agua, las mujeres y niñas son las encargadas de recoger agua.2

Y por si esto no fuera poco 68.5 millones de personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares tienen problemas para acceder al abastecimiento de agua potable; unas 4 mil millones de personas padecen escasez grave de agua durante al menos un mes al año; 700 millones de personas en el mundo podrían verse forzadas a desplazarse debido a la escasez de agua de aquí a 2030; así como los más ricos suelen recibir servicios de agua, saneamiento e higiene de calidad a bajo o muy bajo costo, mientras que los más pobres pagan un precio mucho más alto por un servicio de igual o menor calidad”3 .

Lo más importante es que estamos a tiempo de revertir esta situación y sobre todo para cuidar el agua, por lo que exhortamos al gobierno federal a impulsar campañas y medidas sobre los mecanismos de ahorro de agua, entre los que se encuentran:

• Tomar un baño rápido.

• Cerrar la llave mientras se cepillan los dientes y utilizar un vaso para enjuagarse.

• Reparar las fugas de agua de las tuberías de su domicilio.

• Si se tiene patio barrerlo y no regar con la manguera.

• Lavar el auto con una cubeta y no con manguera.

• Si se tiene jardín regarlo por las noches.

• Reutilizar el agua.

• Tira el papel higiénico en la papelera y no en el inodoro.

• No jugar con el agua.

Hace más de veinte años que venimos escuchando que posiblemente las guerras del futuro serán por el agua, hoy en día somos testigos de que en el país, proliferan disputas que tienen por origen las reservas del recurso hídrico entre grupos poblacionales y diversas empresas, especialmente la dedicadas al sector minero.4

Por consiguiente, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pugnamos porque se garantice el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero también impulsaremos el uso sustentable de este recurso hídrico.

Notas

1 Día Mundial del Agua, en: htto://www.un.org/es/events/waterday/, consultado el 19 de marzo de 2019

2 Ibíd.

3 Ibíd.

4 “Comienza guerra por el agua”, en:

https://www.reporteindiqo.com/reporte/
comienza-querra-agua-conflictos-comunidades-embresas-violacion-derecho-humano/, consultado el 19 de marzo de 2019.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2019.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con motivo del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Los días internacionales sirven para sensibilizar y hacer conciencia sobre un problema pendiente en las sociedades y en el mundo, para que los Estados implementen acciones para atenderlos y solucionarlos.

La Organización de las Naciones Unidas es el organismo internacional que declara una fecha determinada como día mundial o internacional, por lo cual elabora un documento denominado resolución, en el que se justifican los motivos por los que una fecha determinada adquiere este carácter.

“En sus resoluciones, la Asamblea General también suele hacer una descripción de la situación que le mueve a proclamar día internacional una determinada fecha [...]”1

Este organismo determina, a través de la estructura que la integra, el carácter de la fecha que se desea conmemorar, por lo que la misma pude adquirir la denominación de día internacional o día mundial, sin que realmente exista una diferencia sustancial entre ambas categorías. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas señala lo siguiente:

“[...] la diferencia entre los días internacionales y los días Mundiales, en realidad, es casi ninguna. Los primeros son decididos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y los segundos son propuestos por las agencias adheridas al sistema de la Organización. [...]”2

En relación con lo anterior, una fecha de relevancia que se conmemora de forma anual a nivel internacional, es el 22 de marzo como “Día Mundial del Agua”, con el objetivo de hacer conciencia sobre el vital líquido, y promover su uso sustentable, ampliar la provisión del recurso a todas las personas en el mundo, y garantizar la dotación de agua en cantidad y calidad suficiente.

“La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193(link is external) por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (link is external) (Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21(link is external). Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la celebración de actividades concretas como el fomento de la conciencia pública a través de la producción y difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos hídricos así como con la puesta en práctica de las recomendaciones de la Agenda 21. 3

El agua es un recurso natural básico para la subsistencia humana, toda vez es utilizado para auto consumo, así como para el desarrollo actividades económicas como la producción de alimentos y la cría de animales para consumo humano.

El acceso al agua potable es un derecho humano que debe de ser garantizado por los Estados, en cantidad y calidad adecuada, sin que existan condiciones o factores de discriminación en la provisión del mismo.

“[...] A menudo se olvidan los grupos marginados: mujeres, niños, refugiados, pueblos indígenas, personas con discapacidad y muchos otros. O bien, se los discrimina cuando intentan conseguir y gestionar el agua potable que necesitan.”4

Como lo menciona la propia Organización de las Naciones Unidas, cuando se habla de la provisión de agua a las personas como un derecho humano, es necesario tomar en cuenta que debe de ir de la mano de un desarrollo adecuado de sistemas de saneamiento, toda vez que el mismo incide de forma directa en la disminución de enfermedades principalmente gastrointestinales, que pueden poner en riesgo la salud y vida de las personas, afectando el rendimiento escolar o laboral de las personas, impactando de forma negativa en el desarrollo económico y social de un país.

En este contexto, cuando se habla del agua como un derecho humano, debemos de tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

Uno de los hitos recientes más importantes ha sido el reconocimiento por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del derecho humano al agua y al saneamiento en julio de 2010. La Asamblea reconoció el derecho de todos los seres humanos a tener acceso a una cantidad de agua suficiente para el uso doméstico y personal (entre 50 y 100 litros de agua por persona y día) y que sea segura, aceptable y asequible (el coste del agua no debería superar el 3 por ciento de los ingresos del hogar), y accesible físicamente (la fuente debe estar a menos de 1.000 metros del hogar y su recogida no debería superar los 30 minutos).5

A pesar de los grandes esfuerzos realizados a lo largo de la historia a nivel mundial, para garantizar la provisión de agua potable a las personas, aún existen un número importante de sectores de la población que carecen del vital líquido, lo que nos indica que falta mucho por hacer por garantizar este derecho humano fundamental en el mundo.

De acuerdo con algunos datos que aporta la Organización de las Naciones Unidas en relación con la población mundial y el agua para consumo humano, podemos observar lo siguiente:

“• 2,1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura (OMS/UNICEF 2017).

• 4,5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura (OMS/UNICEF 2017).

• 340 mil niños menores de cinco años mueren cada año por enfermedades diarreicas (OMS/UNICEF 2017).

• La escasez de agua ya afecta a cuatro de cada 10 personas (OMS).

• El 90 por ciento de los desastres naturales están relacionados con el agua (UNISDR).

• El 80 por ciento de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas (UNESCO, 2017).

• Alrededor de dos tercios de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un marco de gestión cooperativa (SIWI).

• La agricultura representa el 70 por ciento de la extracción mundial de agua (FAO).

• Aproximadamente el 75 por ciento de todas las extracciones de agua industrial se utilizan para la producción de energía (UNESCO, 2014).”6

A través del análisis de las cifras anteriormente señaladas, podemos darnos cuenta que a la fecha la gestión integral del agua sigue siendo a nivel internacional uno de los principales problemas que enfrentan los países; además que los sectores de la población a nivel mundial con mayor grado de marginación es la más afectada, porque no cuenta con acceso en cantidad y calidad al agua potable y a los servicios sanitarios necesarios para preservar su salud y su vida.

Es necesario que los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas sigan fortaleciendo las políticas públicas orientadas a dotar a la población del vital líquido.

La provisión de agua potable y de servicios de saneamiento debe ser vista como una inversión a largo plazo con tasas de retorno importantes, toda vez que lo que se invierta en provisión de agua potable y de servicios de saneamiento, es proporcional a lo que el Estado se va a ahorrar en proveer servicios de salud para atender enfermedades gastrointestinales ocasionadas por consumo de agua potable de baja calidad y servicios de saneamiento deficientes o inexistentes.

En relación al párrafo anterior, la Organización de las Naciones Unidas señala lo siguiente:

“Las aguas contaminadas y la falta de saneamiento básico obstaculizan la erradicación de la pobreza extrema y las enfermedades en los países más pobres del mundo.

En la actualidad, 2,3 billones de personas no disponen de instalaciones básicas de saneamiento, como baños o letrinas. Según el Programa Conjunto OMS/UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento, al menos mil 800 millones de personas en todo el mundo beben agua que no está protegida contra la contaminación de las heces. Un número aún mayor bebe agua que se distribuye a través de sistemas vulnerables a la contaminación.”

[...]

“La relación entre la falta de agua y saneamiento y los objetivos de desarrollo es obvia y solucionar el problema es rentable. Los estudios muestran que cada dólar invertido se traduce en un beneficio de 9. Ese retorno de la inversión beneficia específicamente a niños pobres y comunidades desfavorecidas que más lo necesitan.”7

Es por lo anteriormente expuesto que si tomamos en cuenta que tal y como lo señala la Organización Mundial de la Salud, “En todo el mundo, alrededor de 3 de cada 10 personas, o 2 mil 100 millones de personas, carecen de acceso a agua potable y disponible en el hogar, y 6 de cada 10, o 4 mil 500 millones, carecen de un saneamiento seguro, según un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del UNICEF”;8 es necesario que los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas fortalezcan dentro de su ámbito de competencia, las acciones que permitan garantizar a su población la provisión del vital líquido.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, estamos convencidos que la conmemoración de fechas tan importantes como el “Día Mundial del Agua”, permitirán que los países en el mundo continúen fortaleciendo sus políticas públicas para dotar a su población de agua en cantidad y calidad suficiente, garantizando el derecho humano al agua.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas. (23 de noviembre de 2016). ¿Para qué sirven los Días Internacionales? Obtenido de https://blogs.un.org/es/2016/11/23/para-que-sirven-los-dias-internacion ales/

2 Obra citada. Organización de las Naciones Unidas. (23 de noviembre de 2016). ¿Para qué sirven los Días Internacionales? Obtenido de https://blogs.un.org/es/2016/11/23/para-que-sirven-los-dias-internacion ales/

3 UNESCO. (s.f.). Día Mundial del Agua. Obtenido de

https://es.unesco.org/themes/garantizar-suministro-agua/ dia-mundial-agua

4 Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Obtenido de http://www.un.org/es/events/waterday/

5 Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Agua. Obtenido de http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html

6 Obra citada. Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Agua. Obtenido de http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html

7 Obra citada. Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Agua. Obtenido de http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html

8 Organización Mundial de la Salud. (12 de julio de 2017). 2100 millones de personas carecen de agua potable en el hogar y más del doble no disponen de saneamiento seguro. Obtenido de

https://www.who.int/es/news-room/detail/
12-07-2017-2-1-billion-people-lack-safe-drinking-water-at-home-more-than-twice-as-many-lack-safe-sanitation

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 26 de marzo de 2019.

Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)

Con motivo del 23 de marzo, Día del Meteorológico Mundial, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Comprender los fenómenos y cambios meteorológicos ha significado para el hombre a lo largo de la historia, tener la posibilidad de establecer acciones para desarrollar actividades económicas como el cultivo, la ganadería, así como aquéllas relacionadas con la protección civil, para aminorar o evitar afectaciones en la población por lluvias torrenciales, atípicas o sequías; y aquellos fenómenos naturales que puedan ocasionar algún desastre que genere la pérdida de vidas humanas.

El estudio de los fenómenos meteorológicos ha sido desarrollado por diversos países en el mundo, para prever los resultados que se generarán tras su ocurrencia.

A lo largo de la historia surgieron diversos esfuerzos por consolidar un organismo internacional en materia de meteorología que estableciera las directrices a nivel mundial para los entes nacionales encargadas del estudio de los fenómenos meteorológicos.

En este contexto, el 23 de marzo de 1950 fue creada la Organización Meteorológica Mundial con el objetivo de brindar apoyo a los países, en materia del estudio y comprensión de los fenómenos meteorológicos con la finalidad de evitar la pérdida de vidas humanas y de sus posesiones.

“La Organización Meteorológica Mundial (OMM), en cuanto sucesora de la Organización Meteorológica Internacional, fundada en 1873, tiene como misión fundamental apoyar a los países del mundo a prestar servicios meteorológicos e hidrológicos destinados a proteger la vida humana y los bienes frente a los desastres naturales relacionados con el tiempo, el clima y el agua, salvaguardar el medio ambiente y contribuir al desarrollo sostenible. Ello no puede llevarse a cabo sin las observaciones, investigaciones y operaciones necesarias para fomentar la comprensión y los conocimientos sobre el tiempo y el clima.”1

Es en razón de lo anterior que se conmemora el 23 de marzo de cada año como Día del Meteorológico Mundial, toda vez que se busca reconocer la importante labor que desempeña, y hacer conciencia que la existencia de este organismo contribuye a que los países en el mundo hagan énfasis en la necesidad de estudiar los fenómenos meteorológicos como parte de la agenda pública que permita garantizar la existencia de medidas adecuadas para el desarrollo económico y la protección civil.

“Desde 1961, el Día Meteorológico Mundial conmemora la entrada en vigor, el 23 de marzo de 1950, del convenio por el que se estableció la Organización Meteorológica Mundial y la contribución esencial que los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales aportan a la seguridad y el bienestar de la sociedad. [...]”2

La Organización Meteorológica Mundial, es un organismo multilateral especializado creado en 1950, cuya predecesora data de 1873, y tiene como objetivo establecer acciones cooperativas a nivel internacional, en materia de intercambio de información meteorológica.

El ámbito de intervención de la Organización Meteorológica Mundial, está enfocado al estudio del tiempo y el clima, la hidrología operativa y las ciencias geofísicas, “desde su creación, la OMM ha contribuido de forma decisiva y singular a la seguridad y al bienestar de la humanidad. Además, fomenta la colaboración entre los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales y promueve la aplicación de la meteorología en muchos ámbitos”3

De acuerdo a lo que señala la propia Organización Meteorológica Mundial, “[...] es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), integrado por 192 estados y territorios miembros. Su predecesora fue la Organización Meteorológica Internacional (OMI), cuyos orígenes remontan a 1873, año en que se celebró en Viena el Congreso Meteorológico Internacional. La OMM fue establecida el 23 de marzo de 1950 en virtud de la ratificación del convenio de la OMM y un año después pasó a ser el organismo especializado de la UNU para la meteorología (el tiempo y el clima), la hidrología operativa y las ciencias geofísicas conexas. La secretaría, con sede en Ginebra, está dirigida por el secretario general. El órgano supremo de la organización es el Congreso Meteorológico Mundial.”4

Este organismo internacional facilita el intercambio de datos, información, productos y servicios entre las naciones, en materias relacionadas a la protección de la sociedad, el bienestar económico y la protección del medio ambiente, para el desarrollo de políticas públicas en el ámbito nacional.

“A través de sus programas, la OMM ejerce una función destacada en las actividades internacionales de vigilancia y protección del medio ambiente. En colaboración con otros organismos de la ONU y los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales, la OMM apoya la aplicación de varios convenios relativos al medioambiente y, a ese respecto, desempeña un papel fundamental en la prestación de asesoramiento y la comunicación de evaluaciones a los gobiernos. [...]”5

Como podemos observar la labor que desempeña la Organización Meteorológica Mundial, data de hace muchas décadas, y su gestión ha contribuido a nivel mundial al poder fijar criterios universales en esta materia, por lo que en este contexto consideramos importante reconocer la labor que desempeña este organismo internacional, por lo que creemos adecuado conmemorar el Día del Meteorológico Mundial, como parte del reconocimiento de la importancia que esta organización tiene a nivel internacional, como parte de la ONU, por los trabajos que realiza y por las aportaciones que hace para la seguridad de la humanidad.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México es importante reconocer la trascendente labor que desempeña el Meteorológico Mundial, toda vez que la cooperación que realiza con los organismos nacionales, es de suma importancia para prevenir desastres naturales que afecten la vida de millones de personas en el mundo.

Notas

1 Centro de Información de las Naciones Unidas. (s.f.). Día Meteorológico Mundial (OMM). Obtenido de
http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-meteorologico -mundial-omm/

2 Op. cit. Centro de Información de las Naciones Unidas. (s.f.). Día Meteorológico Mundial (OMM). Obtenido de
http://www.cinu.mx/eventos/observancia/dia-meteorologico -mundial-omm/

3 Organización Meteorológica Mundial. (s.f.). Acerca de la OMM. Obtenido de Quiénes somos:
https://public.wmo.int/es/acerca-de-la-omm/qui%C3%A9nes- somos

4 Op. cit. Organización Meteorológica Mundial. (s.f.). Acerca de la OMM. Obtenido de Quiénes somos:
https://public.wmo.int/es/acerca-de-la-omm/qui%C3%A9nes- somos

5 Op. cit. Organización Meteorológica Mundial. (s.f.). Acerca de la OMM. Obtenido de Quiénes somos:
https://public.wmo.int/es/acerca-de-la-omm/qui%C3%A9nes- somos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2019.

Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)

Con motivo del 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

El 24 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis, con el objetivo de hacer conciencia, sobre las graves consecuencias que genera esta enfermedad por la pérdida de vidas humanas en los países en el mundo, y de la necesidad que se tiene de que sea erradicada.

Esta fecha fue elegida, toda vez que conmemora el día en que el doctor Robert Koch en 1882 anunció el descubrimiento de la bacteria que causa la tuberculosis, con lo que se posibilitó su diagnóstico tratamiento y cura.

“La tuberculosis es causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones. Se trata de una afección curable y que se puede prevenir.

La infección se transmite de persona a persona a través del aire. Cuando un enfermo de tuberculosis pulmonar tose, estornuda o escupe, expulsa bacilos tuberculosos al aire. [...]

[...] Una persona con tuberculosis activa puede infectar a lo largo de un año a entre 10 y 15 personas por contacto directo. Sin no se proporciona un tratamiento adecuado, morirán sobre 45 por ciento de las personas VIH-negativas con tuberculosis y la práctica totalidad de las personas con coinfección tuberculosis/VIH.”1

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tuberculosis sigue siendo la enfermedad infecciosa que mayor número de muertes genera a nivel mundial, por encima del Virus de Inmunodeficiencia Humana. (VIH).

“A pesar de los importantes avances de los últimos decenios, la TB sigue siendo la principal causa infecciosa de muerte en todo el mundo, ya que provoca más de 4 mil 500 muertes al día. La aparición de la TB multirresistente (TB-MR) supone una importante amenaza para la seguridad sanitaria y podría poner en peligro los avances logrados en la lucha contra la enfermedad.”2

La OMS, ofrece los siguientes datos y cifras de 2016 en relación a la tuberculosis a nivel mundial en términos generales:

• “La tuberculosis es una de las diez principales causas de mortalidad en el mundo.

• En 2016, 10.4 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,7 millones murieron por esta enfermedad (entre ellos, 0,4 millones de personas con VIH). Más de 95 por ciento de las muertes por tuberculosis se producen en países de ingresos bajos y medianos.

• Siete países acaparan 64 por ciento de la mortalidad total; encabeza esta triste lista la India, seguida de Indonesia, China, Filipinas, el Pakistán, Nigeria y Sudáfrica.

• Se estima que en 2016 enfermaron de tuberculosis un millón de niños y que 250 mil niños murieron debido a esta causa (incluidos los niños con tuberculosis asociada al VIH).

• La tuberculosis multirresistente (TB-MDR) sigue constituyendo una crisis de salud pública y una amenaza para la seguridad sanitaria. Según las estimaciones de la OMS, hubo 600 mil nuevos casos de resistencia a la rifampicina (el fármaco de primera línea más eficaz), 490 mil de los cuales padecían TB-MDR.

• Se estima que entre 2000 y 2016 se salvaron 53 millones de vidas gracias a la dispensación de servicios de diagnóstico y tratamiento contra la tuberculosis.

• Acabar para 2030 con la epidemia de tuberculosis es una de las metas relacionadas con la salud incluidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en 2015.”3

Esta enfermedad de acuerdo a la propia OMS, si bien no discrimina el nivel socioeconómico de las personas, está comprobado que se presenta principalmente en los grupos más vulnerables de la población a nivel mundial y cuyos hábitos de vida son pocos saludables o presentan algún tipo de adicción o enfermedad crónica.

“[...] Aunque cualquiera puede contraer la TB, la enfermedad se ceba con las personas que viven en la pobreza, las comunidades y grupos marginados y otras poblaciones vulnerables.

Estas incluyen: migrantes, refugiados, minorías étnicas, mineros y otras personas que trabajan y viven en entornos de riesgo, ancianos, mujeres y niños marginados en muchos entornos, etcétera. Diversos factores como la malnutrición y la vivienda y el saneamiento deficientes, agravados por otros factores de riesgo como el consumo de tabaco y alcohol y la diabetes, influyen en la vulnerabilidad a la TB y en el acceso a la atención sanitaria.”4

Esta enfermedad por catastrófica que sea si se diagnostica a tiempo, tiene cura, por lo cual su detección y tratamiento es fundamental para preservar la salud y la vida de las personas que la padecen.

“En 2016 alrededor de 87 por ciento de nuevos casos de tuberculosis se registraron en los 30 países considerados de alta carga de morbilidad por esta enfermedad. Siete de ellos acaparan 64 por ciento de los nuevos casos de tuberculosis: la India, Indonesia, China, Filipinas, el Pakistán, Nigeria y Sudáfrica. El logro de avances a nivel mundial está supeditado a la mejora de los servicios de prevención y tratamiento de la tuberculosis en los citados países.

[...] La gran mayoría de los casos tienen cura, siempre que se disponga de los medicamentos necesarios y que estos se tomen correctamente.”6

En el mundo se ha emprendido una lucha feroz para erradicar la tuberculosis, por lo que se han implementado diferentes medidas en materia preventiva y correctiva para aminorar y erradicar a mediano plazo las afectaciones que genera esta enfermedad.

Es por lo anterior que las acciones en materia de salud por parte de los países deben de ser fortalecidas, siendo la conmemoración del Día Mundial de la Tuberculosis un mecanismo idóneo para visibilizar la enfermedad y recordar a nivel mundial que aún falta mucho por hacer en materia de prevención y atención.

En razón de lo anterior, presentamos datos de la OMS, sobre el estado que guardaba la enfermedad en 2017.

• “En general, las muertes por tuberculosis han disminuido en el último año. En 2017, fueron 1.6 millones (300 mil en personas infectadas por el VIH). Desde 2000, las muertes por tuberculosis entre las personas infectadas por el VIH se han reducido en 44 por ciento, en comparación con una disminución del 29 por ciento entre las no infectadas por este virus.

• El número estimado de nuevos casos de infección tuberculosa fue de 10 millones en 2017. Dicho número está disminuyendo a un ritmo de 2 por ciento anual, aunque se han producido reducciones más rápidas en Europa (5 por ciento anual) y África (4 por ciento anual) entre 2013 y 2017.

• Algunos países están avanzando más rápido que otros. Así, en África meridional la reducción anual de nuevos casos ha estado entre 4 y 8 por ciento en países como Eswatini, Lesotho, Namibia, Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe, gracias a una mejor prevención y atención a la tuberculosis y a la infección por VIH. En la Federación de Rusia, el compromiso político de alto nivel y la intensificación de la lucha contra la tuberculosis han llevado a una disminución más rápida de los casos (5 por ciento anual) y las muertes (13 por ciento anual).

• La tuberculosis farmacorresistente sigue siendo una crisis mundial de salud pública: 558 mil fue el número estimado de personas con enfermedad resistente al menos a la rifampicina, el medicamento antituberculoso de primera línea más eficaz, en 2017. La gran mayoría de ellas tenían tuberculosis multirresistente, es decir, resistente a la rifampicina y la isoniazida (otro de los principales fármacos antituberculosos de primera línea).”6

Como podemos darnos cuenta, a lo largo de los años la humanidad ha tenido que convivir con esta terrible enfermedad, e implementar diversas acciones para combatirla y erradicada.

Sabemos que, de forma individual y conjunta, los países en el mundo deben de implementar políticas públicas para su atención, sin embargo, consideramos adecuado y necesario conmemorar esta importante fecha, por ir acorde con el día en que fue descubierta la bacteria causante de la tuberculosis y dar inicio a la creación de acciones concretas para su atención.

Por lo anteriormente expuesto, las diputadas y los diputados del Partido Verde Ecologista de México, consideramos importante conmemorar este día como recordatorio que a pesar que en nuestro país y en el mundo se han implementado a lo largo de la historia acciones importantes contra la tuberculosis, aún falta mucho por hacer, para generar condiciones plenas de salud y bienestar de la humanidad.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. (18 de septiembre de 2018). Tuberculosis. Obtenido de
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tube rculosis

2 Organización Mundial de la Salud. (24 de marzo de 2018). Día Mundial de la Tuberculosis. Obtenido de
https://www.who.int/campaigns/tb-day/2018/event/es/

3 Op. cit. Organización Mundial de la Salud. (18 de septiembre de 2018). Tuberculosis. Obtenido de
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tube rculosis

4 Op. cit. Organización Mundial de la Salud. (24 de marzo de 2018). Día Mundial de la Tuberculosis. Obtenido de
https://www.who.int/campaigns/tb-day/2018/event/es/

5 Op. cit. Organización Mundial de la Salud. (24 de marzo de 2018). Día Mundial de la Tuberculosis. Obtenido de
https://www.who.int/campaigns/tb-day/2018/event/es/

6 Organización Mundial de la Salud. (18 de septiembre de 2018). La OMS pide acciones urgentes para acabar con la tuberculosis. Obtenido de
https://www.who.int/es/news-room/detail/18-09-2018-who-calls-for-urgent-action-to-end-tb-

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de marzo de 2019.

Diputado Arturo Escobar y Vega (rúbrica)

Con motivo del 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo conmemoramos el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Se instauró en 2008 por la Organización de las Naciones Unidas con motivo de la importancia de que se lleven a cabo medidas y políticas públicas para la mejora de la calidad de vida de las personas con el trastorno del espectro autista.

El autismo es una discapacidad permanente del desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años de edad y se deriva de un trastorno neurológico que afecta al funcionamiento del cerebro. Se caracteriza por deficiencias en la interacción social, problemas en la comunicación verbal y no verbal y patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas y repetitivas.1 Resulta indispensable que este padecimiento se atienda desde los primeros años de vida puesto que de eso depende tener mayores probabilidades para tener más efectos positivos en los síntomas y las aptitudes de la persona con autismo.2

Sobre el particular, la temática elegida por la ONU para este año se centrará en el impulso al “uso de las tecnologías de apoyo para las personas con autismo, como una herramienta para eliminar las barreras para su plena participación en la sociedad, en el terreno social, económico y político”.3

La Organización Mundial de la Salud calcula que aproximadamente 20 por ciento de los niños y adolescentes del mundo tienen trastornos o problemas mentales, y aproximadamente la mitad de éstos se manifiestan antes de los 14 años.4 Para el caso de México los datos más recientes refieren que 1 de cada 115 niños presenta autismo.5 No obstante, no hay información suficiente para orientar a la población, lo que conlleva a una detección tardía así como la falta a una atención adecuada que pudiera brindar la posibilidad de que quien padece de esta afección neurológica tenga una mejor calidad de vida.

En esta tesitura, como señala la especialista Judith Vaillard, directora general de Domus, Instituto de Autismo, AC, es indispensable que se tomen en cuenta las siguientes alarmas:6

• A los 9 meses no comparte ni responde a sonidos, sonrisas u otras expresiones faciales;

• A los 12 meses no balbucea ni emite sonidos, no responde ni comparte expresiones o gestos como señalar, mostrar, decir adiós, extender los brazos para alcanzar;

• A los 16 meses no emite palabras; y

• A los 24 meses no emite frases de dos palabras de manera espontánea.

Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hacemos un llamado a que la fecha sea el espacio idóneo para que la población mexicana y los tres órdenes de gobierno, concentren y coordinen esfuerzos para que las niñas y los niños con este tipo de padecimientos cuenten con una evaluación clínica temprana y sean atendidos con oportunidad mediante diagnósticos precisos e integrales que se traduzcan en mejores niveles de vida.

Las cifras y consideraciones previas nos brindan elementos para adherirnos a los fines del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo e impulsar el acceso a aplicaciones y recursos tecnológicos, herramientas que resultan indispensables para que las personas con autismo puedan ejercer sus derechos humanos básicos y participar plenamente en las esferas social, económica y política, con dignidad e igualdad de oportunidades.

Notas

1 https://undocs.org/es/A/RES/62/139 Consultado el 31 de marzo de 2019.

2 https://medlineplus.gov/spanish/autismspectrumdisorder.html Consultado el 31 de marzo de 2019.

3 https://www.un.org/es/events/autismday/ Consultado el 31 de marzo de 2019.

4 https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/mental_health_fact s/es/ Consultado el 31 de marzo de 2019.

5 http://www.e-consulta.com/nota/2019-03-29/sociedad/
diagnostico-tardio-resta-calidad-de-vida-los-menores-autistas Consultado el 31 de marzo de 2019.

6 http://jornadabc.mx/ensenada/26-03-2019/en-mexico-uno-de-cada-115-ninos -padece-autismo Consultado el 31 de marzo de 2019.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2019.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con motivo del Día Internacional del Trabajo del Hogar, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El trabajo doméstico consiste en realizar las tareas del hogar, el cuidado de niños y otros cuidados personales. De manera genérica se puede diferenciar entre remunerado y no remunerado. Trabajo del hogar es el nombre con el que las trabajadoras reivindican su actividad económica, productiva.

Fue del 23 al 30 de marzo de 1988 cuando organizaciones de trabajadoras del hogar de 11 países celebraron el primer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, en Bogotá, Colombia, con el fin de visibilizar las condiciones y colocar en la agenda pública la problemática social que viven diariamente, tales como: maltratos, discriminación, largas jornadas de trabajo sin seguridad social, entre otras.

El 30 de marzo es establecido por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar como el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. La escritora Rosario Castellanos se refirió a los trabajos domésticos como: “esos trabajos tan sui generis , tan peculiares que sólo se notan cuando no se hacen, esos trabajos fuera de todas las leyes económicas, que no se retribuyen con una tarifa determinada o que se retribuyen con el simple alojamiento, alimentación y vestido de quien los cumple; esos trabajos que como ciertas torturas refinadísimas que se aplican en cárceles infames, se destruyen apenas han concluido de realizarse”.

La invisiblización de esta actividad ha hecho que las personas que se dedican a ejercerla sufran discriminación y atropello de derechos humanos, ante ello, resulta relevante hacer énfasis en la ratificación inmediata del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cabe señalar que de los países suscritos en 13 países de Latinoamérica se ha comprobado que la formalización del trabajo en el hogar es un mecanismo efectivo para la inclusión social.

En México, 2.4 millones de personas son trabajadoras en el hogar de manera remunerada, prácticamente 5 por ciento de la población ocupada hoy en México; 95 por ciento son mujeres. De ellas, 85.8 por ciento realizan tareas de limpieza en hogares particulares; 8.2 por ciento son cuidadoras de personas y 5.0 por ciento son lavanderas y/o planchadoras en casas particulares.1 Un tercio de las mujeres trabajadoras del hogar empezaron a trabajar siendo niñas.

En este sentido, el cineasta mexicano Alfonso Cuaron posicionó a nivel internacional el grave rezago en cuanto a la garantía de derechos que padecen las personas que se dedican al trabajo del hogar en nuestro país, donde en la película Roma describe las condiciones en las que laboran y evidenció el estilo de vida que llevan al ser prácticamente recluidas en el hogar donde prestarán sus servicios, lo cuales no tienen horario definido, ni contemplan días de descanso.

Por ello, este 30 de marzo no sabemos si estamos celebrando lo obtenido o recordando lo mucho que aún falta por hacer. En este sentido, celebro que este año se haya iniciado la prueba piloto para afiliar a las y los trabajadores del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que representa una posibilidad para cerrar la deuda histórica que el Estado mexicano ha tenido con las trabajadoras del hogar. Sin embargo, debemos hablar de una política integral.

Desde el Congreso de la Unión hago un llamado urgente al Senado de la República para que ratifique el Convenio 189 y la recomendación 201 de la OIT, para así avanzar en una legislación que proteja y promueva los derechos de las trabajadoras del hogar.

Nota

1 Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de abril de 2019.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)

Con motivo del 2 de abril, Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, a cargo de la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario de Morena

En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.

Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, declaró entonces que “durante el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo debemos reafirmar (...) nuestra determinación de promover la plena participación de todas las personas con autismo, asegurándonos de que dispongan de las herramientas necesarias para ejercer sus derechos y libertades fundamentales”.

Hoy por ser 2 de abril, Día Internacional de la Concienciación sobre el Autismo, vengo aquí a solicitud de padres y madres de familia de niños y niñas con autismo. Vengo con la encomienda de ayudar a visibilizar este trastorno que consistentemente se ignora en México. Vengo también con el testimonio de un joven de 16 años, dentro del espectro autista, para expresar de primera mano sus necesidades.

Lo que caracteriza al autismo en todo el espectro, que es amplio, es un déficit en el instinto social y las conductas repetitivas e intereses restringidos.

La incomprensión y desconocimiento de esta condición ha generado falsas ideas alrededor de esta población neuroatípica. Y este día queremos recordar que a las niñas y los niños con autismo les gusta jugar y ser amados; solo que presentan una condición en la que la comunicación, las conductas, el lenguaje, el juego, el aprendizaje y la vida cotidiana les representan un reto mayor, dada su dificultad de comprender los estados mentales de los demás, o debido a su preferencia por observar los detalles en lugar de la situación global, además de un déficit para la organización y planificación de sus acciones.

La invisibilización sobre el trastorno del espectro autista se hace patente desde la inexistencia de datos oficiales sobre el número de personas que presentan este trastorno; aunque, de acuerdo con datos del Inegi, en México existen casi cinco mil niños con autismo, según los expertos la cifra puede variar y va en aumento.

Es decir, que aproximadamente uno de cada 115 niños tiene autismo en México.

Y si los datos son limitados, el presupuesto lo es más. Del presupuesto destinado a la salud, el 2 por ciento se destina a salud mental y prácticamente para autismo no queda nada.

Sin embargo, la complejidad de esta condición clama por la necesidad de contar mayor presupuesto.

En primer lugar, para poder diagnosticar a tiempo. Aunque puede darse un diagnóstico desde el año y medio de vida, por lo general tarda más en llegar y, por tanto, la búsqueda de apoyo se pospone en años que son valiosos para el desarrollo.

En segundo lugar, para poder emprender, desde la multidisciplinariedad clínica, el apoyo a quienes son diagnosticados dentro del espectro autista. Aunque no hay un origen claro de esta condición ni un tratamiento estándar y único, la atención integral a edad temprana es vital para poder dotar de herramientas para la interacción social por medio de la comunicación, la conducta, el lenguaje y la integración sensorial de las personas.

En tercer lugar, para insertar a estos niños y niñas a la vida escolar con la mayor posibilidad de integración y desarrollo cognitivo. Y aquí quiero dar voz a este joven de 16 años de quien les hablé al principio, quien presenta síndrome de Asperger, dentro del espectro autista, y quien me expresó su frustración por la gran barrera que existe entre esta condición y el sistema educativo actual.

Aunque muchas escuelas cuentan con consejeras pedagogas o terapeutas, existe un gran desconocimiento del espectro autista; y hay una especie de rendición ante este reto educativo, en lugar de integrar los esfuerzos de paciente, familia, terapeutas externos y escuela.

Esta frustración, por el desconocimiento y desvinculación terapéutica y educativa, genera una gran angustia e incertidumbre en el paciente y en la familia sobre el avance cognitivo y educativo y las expectativas para el futuro.

Cuarto, el apoyo terapéutico al entorno familiar, que vive sumido en el desgaste, el agotamiento, la incertidumbre sobre el futuro, la exclusión, el desconocimiento sobre esta condición.

Y quinto, la investigación sobre el origen de este trastorno, y nuevas técnicas terapéuticas y pedagógicas para que estas personas puedan ser lo más funcionales posibles, y poder aprovechar los talentos de estas personas.

Estos cinco puntos no pueden cubrirse y ejecutarse con un presupuesto marginal, ínfimo y por lo tanto insignificante.

Por todos los padres y madres de familia, por todos los niños y niñas con algún trastorno dentro del espectro autista, traigo al pleno sus voces, para que juntos visibilicemos con mayor apertura y contundencia el autismo.

Una de las principales especialistas en niños y niñas autistas nos da la clave: “hay que dejar de tener miedo a la salud mental y abrazarla como una diferencia de la humanidad”.

Es cuanto, muchas gracias.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 2 de abril de 2019.

Diputada María Wendy Briceño Zuloaga (rúbrica)