Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a dependencias federales y de Oaxaca a garantizar la implantación de acciones para mantener la seguridad interior, la gobernabilidad y la disciplina en los centros de reinserción social en la entidad y el respeto de los derechos humanos de los reclusos, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La presente, diputada Rosalinda Domínguez Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que, el sistema penitenciario es un elemento primario de la seguridad pública y se conforma por un conjunto de instituciones que procuran la reinserción social de la población privada de la libertad.1

En nuestro país el sistema penitenciario durante décadas estuvo enfocado en la privación de la libertad como castigo y fue hasta fechas recientes que el mandato constitucional lo encaminó a la reinserción social

Que en los últimos años el Sistema Penitenciario Mexicano ha crecido en instalaciones carcelarias y en población interna, pero mantiene un estancado desarrollo.

Que es común que los resultados de evaluación arrojen deficiencias en aspectos de alto interés como lo son:

• Sobrepoblación

• Corrupción

• Deterioro de instalaciones y falta de rigor operativo

• Rezago administrativo y abandono del desarrollo del personal penitenciario

• Ausencia de estrategias y espacios para la readaptación

• Marco jurídico disímbolo y deficiente2

Lo anterior va en contra de los establecido en el marco constitucional en su artículo 18 que señala que; el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Que con la reforma denominada Nuevo Sistema de Justicia Penal del 18 de junio del año 2008, se proponían medios alternativos para la solución de controversias, como el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, así como formas de terminación anticipada. Además, mandata que las audiencias sean públicas, orales y en español.3

Que sin embargo los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 arrojó que el sistema penitenciario de nuestro país, evidencia la necesidad de implementar estrategias y acciones para lograr avances significativos que le permitan estar en condiciones de cumplir efectivamente con el objetivo para el que fue creado.

Que el Estado de Oaxaca a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en su estudio de Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 (DNSP), otorgó una calificación al Sistema Penitenciario del Estado aprobatoria de 6.03 porciento (promedio estatal).

Sin embargo, lo anterior no es alentador en términos reales, puesto que en comparación con el año 2010 existe un retroceso, tal como lo hizo conocer la misma dependencia estatal.

4

Señala la dependencia que el resultado, “es reflejo de la implementación de estrategias en fortalecimiento a la infraestructura y profesionalización de elementos que conforman el Sistema Penitenciario del Estado, así como la implementación de programas para la reinserción social de las personas privadas de libertad, con base en la normatividad nacional e internacional en la materia”.5

El estudio en mención, citado por la dependencia estatal, no sólo identifica que esta calificación en inferior a la de 2010, también ubica en la posición 20 de 32 al estado de Oaxaca.

Que en general para los centros penitenciarios del Estado se detectaron fallas como:

• Sobrepoblación.

• Hacinamiento.

• Deficiencias en los servicios de salud.

• Supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular.

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos.

• Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección.

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos.

• Deficiencia en la atención a personas internas en condiciones de aislamiento.

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica.

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o comedores.

• Deficiencias en la alimentación.

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias.

• Ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno).

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con el gobierno del estado de Oaxaca, y en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen la implementación de acciones para mantener la seguridad interior, la gobernabilidad y la disciplina en los centros de reinserción social en la entidad.

Segundo: La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación y al gobernador del estado de Oaxaca para que, en avenencia y conociendo de las condiciones que se cometen a los derechos humanos de las personas recluidas en los centros penitenciarios del estado de Oaxaca, se implementen supervisiones constantes y periódicas para garantizar lo establecido en el artículo 1o. constitucional, párrafo 3o.

Notas

1 http://www.cdeunodc.inegi.org.mx

2 http://www.cmic.org.mx

3 http://www.cdeunodc.inegi.org.mx

4 https://sspo.gob.mx/

5 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de septiembre de 2018.

Diputada Rosalinda Domínguez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a implantar medidas orientadas a prevenir el embarazo adolescente, a cargo de la diputada María Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Marcela Torres Peimbert, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 6, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente: proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a las Secretarías de Salud, de Desarrollo Social, y de Educación del Poder Ejecutivo federal, a implementar medidas orientadas a la prevención del embarazo adolescente, lo anterior con base en las siguientes

Consideraciones

I. La problemática general del embarazo adolescente

México es el país con mayor incidencia de embarazo adolescente en América Latina. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) del INEGI, en 2014 había 11 millones de mexicanos entre 15 y 19 años. El embarazo en la adolescencia es un fenómeno dramático que impacta física, social y emocionalmente en la vida de las mujeres, ya que el cuerpo aún está en desarrollo y el útero aún no está físicamente maduro.

El fenómeno del embarazo adolescente es síntoma y al mismo tiempo producto de la precariedad e inequidad socioeconómica del país; afecta diversas áreas además de las de salud y educación pública, toda vez que repercute de manera negativa en la vida y en el desarrollo integral de las madres adolescentes y de los infantes, así como de todo su entorno. Esto desencadena otro tipo de fenómenos negativos que se replican en un círculo vicioso, pues está demostrado que las madres adolescentes tienen más riesgo de abandonar sus estudios y obtener menos oportunidades laborales. Además, existe una tendencia a la repetición del ciclo, pues quien fue hija de una madre adolescente tiene muy altas probabilidades de serlo a su vez y continuar el patrón de pobreza y desigualdad.

II. El fracaso de la política de prevención del embarazo adolescente

La Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) planteada para el presente sexenio ha fracasado. Participaron en su ejecución 13 Dependencias y sus principales objetivos no solo no han avanzado, sino que las cifras han crecido de forma preocupante.

La Enapea planteaba los siguientes objetivos:

• Que en el 2030 se reduzca a la mitad la actual tasa de fecundidad entre adolescentes mexicanas de 15 a 19 años.

• Erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, esta es la realidad del embarazo adolescente en México:

• En 2006 el 15 por ciento de adolescentes entre 12 y 19 años iniciaban su vida sexual; en 2012 el 23 por ciento.

• Los nacimientos en adolescentes entre 12 y 19 años pasaron de 15.6 por ciento a 18.7 por ciento entre 2003 y 2012. En 2014, hubo 77 nacimientos de cada mil adolescentes entre 10 y 19 años cuando en 2009 eran 70.9.

• Una de cada dos adolescentes entre 12 y 19 años queda embarazada. El 40 por ciento de esos embarazos fueron no deseados ni planeados.

• El 84 por ciento de los egresos hospitalarios de mujeres entre 15 y 19 años se relacionan con causas obstétricas.

• El 34 por ciento no utilizó anticonceptivos en su primera relación sexual. El 49 por ciento contestó porque no esperaba tener relaciones sexuales.

• En 60 por ciento de los registros de madres adolescentes, el padre es un hombre de 20 o más años.

• Entre menor es la edad de la adolescente que es madre, mayor es la proporción de hombres (los padres) 10 años mayores o más que ellas: entre las niñas de 10 u 11 años de edad, esta proporción es de 31 por ciento; entre las de 12 a 14 años de 19 por ciento; y entre las mayores de 15 años de 11.5 por ciento.

• Del total de madres menores de edad, solamente uno de cada diez (10.8 por ciento) padres también tenían menos de 18 años al momento del parto.

• Entre las madres que dieron a luz antes de los 15 años, la proporción de padres mayores de edad crece al doble, es decir, sólo uno de cada cinco padres era menor de edad y su edad media era de 20 años.

III. El embarazo adolescente como problema de salud pública

A pesar de que la Constitución reconoce el derecho a la protección de salud de las y los mexicanos (el cual debe garantizarse en igualdad de oportunidades de acceso), existen diversas condiciones que dificultan más el acceso de las mujeres, lo cual constituye una afectación directa a su esfera de derechos y libertades. En el caso del embarazo adolescente, este fenómeno adquiere mayor complejidad cuando se concatena con el grave problema de la mortalidad materna en México, el cual se ve reflejado en las siguientes cifras:

• En el país la cifra de muertes maternas es de 38.2 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, lo cual representa el incumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio que planteaba reducir la cifra a 22 decesos por 100 mil nacidos vivos.

• El 65 por ciento de las muertes maternas en México se concentran en 10 estados de la Republica y en esta lista de los estados prioritarios, se encuentran tres donde la muerte materna tiene un rostro indígena (Guerrero, Oaxaca y Chapas).

La falta de orientación sobre servicios de salud sexual y reproductiva, el estigma y la falta de prevención colocan a nuestro país en cifras alarmantes, por ejemplo, el Fondo de Población de Naciones Unidas, ha señalado que el embarazo adolescente se incrementó, de 69.2 a 77 partos por cada 100 mil nacidos vivos entre 2009 y 2014 y ha urgido al gobierno mexicano a destinar recursos para la aplicación efectiva de dicha estrategia.

En el caso de la Secretaría de Salud, es preciso que incremente la puesta a disposición de un mayor número de anticonceptivos para los adolescentes, así como la coordinación para que en las instituciones educativas de nivel medio superior también exista suministro de estos materiales bajo el seguimiento y la supervisión de médicos.

IV. El embarazo adolescente como problema social

A nivel social hay poca visibilidad de este problema que de acuerdo con Centro de Estudios Sociales de la UNAM se puede calificar de “pandemia”. Las metas planteadas por el Estado Mexicano en la Enapea no consiguieron reducir la incidencia de casos de embarazo adolescente, por lo cual es necesario que la sociedad civil organizada coadyuve con el trabajo gubernamental para el logro de la disminución efectiva de los casos de embarazo adolescente.

Por ello, es indispensable que el Instituto Nacional de Desarrollo Social destine mayores recursos para la capacitación y fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social incluya la disminución del embarazo adolescente, mediante actividades de concientización, difusión de información, atención y canalización de mujeres en situación de riesgo.

Además que el Ejecutivo Federal fortalezca las acciones de prevención para disminuir el número de embarazos en adolescentes.

V. La prevención del embarazo adolescente como materia de educación

Como parte de una política integral de prevención, es indispensable que se introduzcan cursos permanentes para otorgar a los estudiantes en edad adolescente (comprendidos en el sistema de educación básica y media superior) información relativa a la educación sexual y la prevención del embarazo. Los cursos deben cumplir con los siguientes objetivos:

• Visibilizar el problema y concientizar acerca de las eventuales consecuencias del embarazo adolescente.

• Concientizar a los varones acerca de la responsabilidad de acompañamiento y apoyo de las mujeres embarazadas.

• Incluir formación integral en materia de educación sexual.

Además, las instituciones educativas deben fortalecer las actividades extracurriculares que diversifican la ocupación de las y los estudiantes y que les permita desarrollar talentos como alternativa a los espacios de recreación que propician el mantenimiento de relaciones sexuales. El establecimiento de un claro proyecto de vida acompañado de metas de mediano plazo que involucren el rendimiento físico, el desarrollo de aptitudes culturales y artísticas, etc., son una alternativa viable para evitar el embarazo adolescente.

Es claro que el fenómeno del embarazo en adolescentes es un problema multifactorial y complejo, cuya prevención y atención integral requiere de una respuesta intersectorial e interinstitucional coordinada, que permita una política de prevención eficaz.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con:

Punto de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las entidades y dependencias de la Administración Publica Federal, que integran Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes a fortalecer las acciones de prevención del embarazo adolescente y la mortalidad materna; que permitan reducir el número de embarazos en adolescentes en nuestro país; con pleno respeto a sus derechos humanos y particularmente a sus derechos sexuales y reproductivos.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo Federal, para que a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social destine mayores recursos para el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la prevención y atención del embarazo adolescente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

Diputada Marcela Torres Peimbert (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE a revisar las tarifas eléctricas en Nayarit ante el incremento registrado durante los últimos meses, suscrita por las diputadas Margarita Flores Sánchez y Martha Elena García Gómez, de los Grupos Parlamentarios del PRI y PAN

Quienes suscriben, Margarita Flores Sánchez y Martha Elena García Gómez, diputadas del honorable Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía llevar a cabo una revisión de las tarifas eléctricas en el estado de Nayarit, ante el incremento registrado durante los últimos meses, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sector energético cumple con un papel de suma importancia para el desarrollo económico de todos los países, ya que tiene una clara influencia en la planta productiva en el mundo.+ 1

En este contexto la electricidad es una de las principales fuentes de energía que contribuyen a la vida diaria de la sociedad, del sector industrial y de la economía en su conjunto.

El Informe sobre el progreso energético , elaborado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y el Banco Mundial (BM), establece que alrededor de mil millones de personas en el mundo todavía no tienen acceso a la electricidad y se estima que 674 millones continúen sin ella para el año 2030, ya que se considera que, para dicho año, 21 por ciento total del consumo energético mundial procederá de energías renovables conforme a las políticas actuales implementadas.2

Hay decenas de millones de personas que tienen ahora acceso a electricidad a través de sistemas solares domésticos u otro tipo de tecnología, situación que se concentra solamente en alrededor de una docena de países, en los que la consolidación de la electricidad solar puede llegar a alcanzar del 5 por ciento al 15 por ciento de la población.

Para 2015, el mundo obtuvo 17.5 por ciento de la energía final que consumía de fuentes renovables, de las cuales 9.6 por ciento representaron fuentes modernas como las energías geotérmicas, hidroeléctrica, solar y eólica, y el resto consistía en usos tradicionales de la biomasa (como leña y carbón vegetal).

Las energías renovables se han transformado con los años en una gran alternativa para diversificar las fuentes de generación eléctrica, en la mayoría de los casos, sin emitir gases de efecto invernadero, siendo un aspecto clave para cumplir con las metas del Acuerdo de París que México suscribió junto con otros 195 países para combatir el Cambio Climático.3

De acuerdo con el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, se han impulsado grandes estrategias en el ramo de la energía eléctrica mediante el desarrollo de una infraestructura de generación, transmisión y distribución necesaria para satisfacer la demanda de servicio público de ésta al menor costo posible.4

Aunque actualmente existe una capacidad suficiente para el abastecimiento del fluido eléctrico en el país, así como una mayor incorporación de usuarios y el mayor acceso al suministro de energía, no deja de significar un reto para brindar un servicio de energía eléctrica de calidad, confiable y con la estabilidad requerida para el servicio público.

La ubicación de nuestro país con relación a las 136 naciones que fueron evaluadas por el Foro Económico Mundial en materia de infraestructura eléctrica, establece que México se ubica en el sitio 72 con un puntaje de 4.9 de 7 posibles, donde el número 1 corresponde a las naciones cuya calidad en materia de infraestructura eléctrica no es fiable en absoluto y el número 7 es asignado a los países en donde el sistema eléctrico es extremadamente fiable.

El Consejo Nacional de Población (Conapo), indica que los estados con la mayor disponibilidad son Sinaloa, Tlaxcala, Baja California, Morelos, Tabasco, Colima, México, Jalisco, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León y en la Ciudad de México, donde la cobertura es casi total, pues menos de 0.50 por ciento de su población habitaba en viviendas sin energía eléctrica. Sin embargo, en Oaxaca (2.87 por ciento), Durango (2.63 por ciento), Nayarit (2.54 por ciento) y Chiapas (2.49 por ciento) la situación es diferente.

Un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, establece que el costo por el consumo de energía eléctrica con relación al servicio que presta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que recibe es considerado adecuado. Mientras que 43.1 por ciento de los ciudadanos consultados evaluó como inadecuado o muy inadecuado el monto de las tarifas a pagar por dicho servicio.

Nayarit es una entidad con un alto nivel en el uso de aparatos eléctricos como los ventiladores y el aire acondicionado, que son utilizados por los habitantes para disminuir la intensidad del calor causada en la presente temporada, sin embargo, en los últimos meses se ha notado un incremento irregular de las tarifas eléctricas.

Ante este panorama es importante que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como instancia encargada de establecer las tarifas eléctricas para todas las regiones del país, haga una revisión puntual de las fórmulas empleadas para el cálculo de dichas tarifas, a fin de descartar cualquier error y de esta manera garantizar tarifas justas y competitivas a las familias nayaritas.

Al respecto, el artículo 1 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía establece que la comisión tiene como objeto promover el desarrollo eficiente para el suministro y venta de energía eléctrica a los usuarios del servicio público.

El sector eléctrico tiene un papel muy importante para la economía nacional y el estado de Nayarit contribuye con una aportación de más de 20 por ciento del total que se genera en el país, por medio de la tecnología de las hidroeléctricas, por lo que brinda a la CFE el que pueda otorgar un servicio de mayor calidad, a un bajo costo y amigable al medio ambiente.5

Basta mencionar que entre las 62 hidroeléctricas que se encuentran instaladas en territorio nacional, la de Aguamilpa ocupa el cuarto lugar, la de El Cajón, el sexto y la de La Yesca, el séptimo lugar, en la capacidad de generación de la energía, por lo que es de considerarse que Nayarit es un estado que genera una buena cantidad de energía eléctrica.

Dado el impacto que tiene el alza de las tarifas eléctricas sobre la economía de la población, resulta urgente que la instancia competente vigile el correcto cálculo de las mismas, con el objeto de proteger el patrimonio de los nayaritas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Reguladora de Energía llevar a cabo una revisión de las tarifas eléctricas en el estado de Nayarit, ante el incremento registrado durante los últimos meses.

Notas

1 http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D2_R_ENE RGIA01_01&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce

2 http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/05/02/sustainabl e-development-goal-sdg-7-global-progress-report

3 www.forbes.com.mx/mexico-y-su-gran-potencial-en-energias-limpias/amp/

4 file:///C:/Users/Usuario/Downloads/CESOP-IL-72-14-Electricidad-300418.p df

5 http://meridiano.mx/NAYARIT/32508/Pedimos-a-legisladores-federales-que- intervengan-ante-la-CFE-

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

Diputados: Margarita Flores Sánchez, Martha Elena García Gómez, José Ramón Cambero Pérez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a proveer el saneamiento ambiental del entorno del tiradero a cielo abierto de la barranca El Zoquital, en Xicotepec de Juárez, a cargo del diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del PES

Miguel Acundo González, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 y las fracciones I, y V del apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo del estado de Puebla a proveer al saneamiento ambiental del entorno del tiradero a cielo abierto de la barranca El Zoquital, del municipio de Xicotepec de Juárez; promover acciones de capacitación sobre el manejo integral de los residuos sólidos en la entidad y coordinarse con las autoridades, tanto federales como municipales, para revertir los altos niveles de contaminación generada, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En el tiradero clandestino a cielo abierto de El Zoquital diariamente se tiran más de 150 toneladas de basura proveniente de los municipios poblanos de Huachinango, Juan Galindo y Xicotepec.

El vertedero funciona ilegalmente desde hace casi 15 años y se ubica en un terreno privado localizado a tres kilómetros de la cabecera municipal de Xicotepec; el propietario del predio recibe una renta mensual por permitir la descarga de los desechos.

El grave daño ambiental provocado por el tiradero ha sido denunciado por los pobladores de la región, quienes también han evidenciado el foco de infección y las afectaciones a la salud, producto de las nulas medidas sanitarias y ecológicas del basurero.

Varios grupos de ambientalistas han realizado estudios de impacto ambiental en El Zoquital y han concluido que la zona debe der declarada en emergencia por los daños que ha sufrido.

Igualmente, señalan que los residuos arrojados, sin ningún tratamiento ni separación, en la barranca ha contaminado gravemente el suelo, agua y aire en la zona, poniendo en riesgo la salud de la población que habita comunidades como El Cajón, El Zoquital y Loma Larga, además de que se han causado afectaciones en las afluentes del arroyo de Zilimay, los ríos San Marcos y Cazones.

Pobladores y ambientalistas han denunciado desde hace ya varios años la inacción por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que ha sido laxa en la aplicación de la ley, dejando de tomar medidas contundentes y definitivas para frenar la destrucción del ecosistema.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo del estado de Puebla, a proveer al saneamiento ambiental del entorno del tiradero a cielo abierto de la barranca El Zoquital, del municipio de Xicotepec de Juárez.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo del estado de Puebla, a promover acciones de capacitación sobre el manejo integral de los residuos sólidos en la entidad y coordinarse con las autoridades, tanto federales como municipales, para revertir los altos niveles de contaminación generada.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

Diputado Miguel Acundo González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a implantar medidas por los eventos violentos suscitados en San Cristóbal de las Casas este 19 de septiembre, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Clementina Martha Dekker Gómez, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La tarde del jueves 19 de septiembre del presente año, se presentó una balacera en el Palacio de Justicia de San Cristóbal de las Casas, al parecer, el conflicto fue originado por problemas entre habitantes del municipio de Santiago El Pina, acorde a información preliminar de los medios de comunicación.1

Históricamente San Cristóbal de las Casas ha sido un centro político para la reconciliación y la construcción de la cultura de la paz a raíz de la ardua lucha indígena zapatista. Sin embargo, como consecuencia de la impunidad y corrupción de los gobiernos municipales y estatales recientes, San Cristóbal se ha convertido en un foco rojo de la violencia y de la delincuencia organizada.

El Palacio de Justicia de los Altos de Chispas y la Guarnición de la 31ª Zona Militar, en plena vía pública, y muy cerca de escuelas primarias y jardines de niños, se suscitó una balacera que dejó varios heridos , y por lo menos, nueve detenidos.2

Hasta este momento, se sabe que en el enfrentamiento participaron organizaciones populares que se debatían el control ilegal de una línea de energía eléctrica en la zona noreste de la ciudad.

La situación que sufre San Cristóbal es insostenible. Cada día, se agrava la tensión social que resulta de la alianza que sostienen los gobiernos en turno con grupos de choque acostumbrados a actuar al margen de la Ley sin ningún tipo de represalia.

Urge que el gobierno del estado de Chiapas; el secretario de gobierno y el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, garanticen la seguridad de las y los ciudadanos, sobre todo, que den cabal aplicación del estado de derecho, y sin el cual, sólo se agravará el clima de inseguridad y violencia comunitaria extrema que reina en estos recientes años.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno del estado de Chiapas para que implementen con urgencia todas las medidas necesarias por los eventos violentos que se suscitaron en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el día 19 de septiembre del presente año.

Notas

1 https://889noticias.mx/noticias/se-desata-tiroteo-en-san-cristobal-de-l as-casas-chiapas/

2 https://www.informador.mx/Mexico/Detienen-a-nueve-tras-balacera-en-Chia pas-20100102-0154.html

San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

Diputada Clementina Martha Dekker Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a atender y ejecutar acciones para el saneamiento del lago de Chapala, Jalisco, a cargo del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Juan Martin Espinoza Cárdenas, diputado integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, fracción II, numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4, párrafo sexto:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.1

“Además existe la resolución 64/292 proveniente de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. La Resolución exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos”.2

El acceso al agua es un derecho humano primordial y fundamental, para la subsistencia de las personas, es el elemento más indispensable para la vida en general. En nuestro país existen diversos ríos, cuencas, lagunas y lagos que dan abastecimiento a millones de pobladores en el país.

Y un ejemplo de ello es el lago de Chapala, considerado como una región hidrológica denominada Lerma-Santiago, esta tiene como objetivo principal otorgar el abastecimiento y suministro de agua potable a los altos de Jalisco conocido como el centro agropecuario más importante de México y a sus municipios que colindan.

El lago de Chapala es un embalse natural de México localizado en el estado de Jalisco. El lago tiene una capacidad total de aproximadamente 8,000 hectómetros cúbicos (hm³) y una superficie total de 114, 659 hectáreas (ha), de las cuales Jalisco ocupa el 86 % y Michoacán el 14 %.

Este lago, es el más grande de la república mexicana y es la principal fuente de abastecimiento de agua potable de la Zona Metropolitana de Guadalajara, porque aporta el 60 % del agua que llega a la ciudad, es el más grande del país al contar con 1112 km².

“El lago de Chapala cubre 125.555 km², de la que aproximadamente el 30 por ciento es parte del río Lerma, 8 por ciento del embalse y 62 por ciento del río Grande de Santiago, en este desembocan los ríos Huaracha y Duero en el río de la Pasión, que nace en Michoacán atravesando Tizapán y arroyos temporales que confluyen en la laguna, así mismo el río Zula desemboca en el río Santiago, muy cerca del nacimiento de éste en el lago de Chapala, sin embargo, debido a la represa que hay en el rio de Santiago, el río Zula aporta agua al lago cuando la represa se encuentra cerrada, además de que una de las funciones del lago es regular el clima de la zona”.3

Los municipios que colindan con el lago y este es el encargado de abastecerlos de agua, son los siguientes:

Estado de Jalisco

• Chapala
• Poncitlan
• Ocotlán
• Jamay
• Jocotepec
• Tuxcueca
• Tizapan del Alto

Estado de Michoacán

• Cojumatlan de Régules
• Venustiano Carranza
• Briseñas

Principalmente el lago abastece de agua a los municipios anteriormente mencionados, sin embargo, existe un desarrollo desigual en ellos, pues en unos se encuentra excelente economía y en otros no, aunque por lo menos hay un desarrollo aceptable.

Es importante mencionar que alrededor de los ríos se concentra enormemente la agricultura, la ganadería y el turismo, en los lugares de menor economía se puede encontrar que la principal actividad es la pesca. Debido a la disponibilidad del agua en Chapala se han podido desarrollar cultivos de todo tipo, además de dar cabida a la ganadería, además de que, en las zonas de desarrollo turístico, se dan la artesanía y actividades de tipo restaurantera y hotelera.

La situación actual del lago es muy compleja, “el exceso en el gasto de agua por parte de los habitantes, los altos niveles de contaminación debido principalmente a los desechos urbanos, agrícolas, ganaderos y descargas industriales, así como la falta y buen manejo de las plantas de tratamiento de aguas residuales son algunos de los principales problemas que afectan al Lago de Chapala, uno de los más estudiados en América Latina pero que a su vez se encuentra en peligro inminente”.4

La extensión de toda la cuenca involucra los factores de explotación del agua, azolve y los efectos climáticos, además de que la contaminación en el lago es algo serio, este se va perdiendo día a día, pues lo único que salva su cota de agua es el temporal de lluvias, los problemas de agua y la pelea de ésta en el río Lerma, están provocando que los peces que habitan en el lago se mueran debido a la alta contaminación y por ende el trabajo de los pescadores se encuentra en peligro y en decadencia, lamentablemente la poca pesca que se salva, los habitantes se niegan a comprarla, ya que se encuentra infectada, y puede provocar severas enfermedades en las personas.

En el Río Grande de Santiago la contaminación es igualmente fuerte, pues recibe las aguas de drenaje de la ciudad de Guadalajara y pueblos cercanos. Todos los residuos que hay en los ríos se juntan, haciendo que la corriente sea lenta y el agua se estanque; a esto hay que sumarle las presas existentes en el río Lerma.

Actualmente parte de la población afectada por la contaminación del lago de Chapala, han solicitado a las autoridades pertinentes que no hagan caso omiso a la problemática, pero sin embargo no les han brindado la atención necesaria ni soluciones concretas para el lago, siendo esta una grave problemática que sobre todo causa estragos en la salud de los pobladores.

En el municipio de Poncitlán han encontrado una alta incidencia de enfermedades renales, respiratorias e intestinales, y los pobladores cercanos piden ayudan urgentemente, ellos le llaman “emergencia sanitaria”.

Además de que estudios oficiales del sistema de aguas para la zona metropolitana han determinado que a Guadalajara le llega agua con concentraciones de aluminio hasta 10 mil veces por arriba de la norma y no se han otorgado soluciones para ello, ni siquiera una investigación a fondo para saber de dónde viene todo el mercurio y en su caso sancionar al responsable por rebasar los límites y violar las normas, poniendo en peligro a millones de habitantes de Guadalajara.

Es lamentable que un paraíso como el lago de Chapala se esté extinguiendo a casusa de la misma población y a la falta de atención por parte de las autoridades que no están comprometidos para brindar un agua limpia, sana y libre de contaminación.

Por ello el motivo de este punto de acuerdo, como habitante de Jalisco me doy cuenta de todas las necesidades y deficiencias que tiene el lago de Chapala, y es triste ver que nadie hace nada para salvarlo, además de que es un foco rojo de infecciones y ponen en peligro la vida de muchas familias, incluyendo a la mía.

Exhorto a la Comisión Nacional del Agua para que no haga caso omiso a la problemática y ponga una solución de inmediato, así como que se realice el saneamiento adecuado del lago Chapala siendo este el lago más grande de la república mexicana y el que abastece de agua a millones de habitantes dentro de los municipios que lo colindan y parte del estado de Michoacán.

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua a que atienda y ejecute diversas acciones para el saneamiento del lago de Chapala, Jalisco, a cargo del diputado Juan Martin Espinoza Cárdenas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2018.

2 El Agua Fuente de Vida.
http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml

3 Comisión Estatal del Agua Jalisco.
https://www.ceajalisco.gob.mx/contenido/chapala/

4 Universidad de Guadalajara.
http://www.udg.mx/es/noticia/lago-de-chapala-en-peligro-inminente

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de septiembre de 2018.

Diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a implantar políticas públicas y legislar sobre ellas para atender la reconstrucción psicosocial de los habitantes de la entidad, a cargo de la diputada Ana Lucía Riojas Martínez

La suscrita Ana Lucía Riojas Martínez, diputada sin partido de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 65 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El martes 19 de octubre del 2017 en el centro de México se suscitó un evento sísmico a las 13:14:40 horas, hora local. Tuvo una magnitud de 7.1 Mw (Escala sismológica de magnitud de momento). Su epicentro se localizó 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos, según el informe especial preliminar del Servicio Sismológico Nacional de México. Dicho suceso ocasionó la muerte a más de 300 personas1 en los diversos Estados afectados y miles más resultaron damnificadas. A un año de dicho evento las labores de reconstrucción y de atención a las víctimas de este siniestro poco han avanzado. Resulta claro que se han ignorado aspectos claves en la atención de las personas que perdieron a alguna persona cercana o su patrimonio, como aquella referente al estudio y atención de la salud mental de quienes resultaron afectados.

Es por esto que actores de la sociedad civil como el Colectivo IAE, y la Asociación Mexicana de Psicología Infantil, AMPI A.C. llevaron a cabo un ³Estudio sobre Calidad de vida e impacto psicosocial de los y las habitantes de la Ciudad de México a un año del sismo del 19 de septiembre,2 con la intención de conocer la percepción de las personas de dicha entidad, sobre las consecuencias del temblor del 19 de septiembre de 2017 en su salud mental.

El estudio arrojó resultados preocupantes derivados de la falta de atención de las autoridades competentes a la salud mental de quienes vivieron el sismo del 19 de octubre del 2017, por ejemplo:

• 8 de cada 10 personas de todas las edades, mencionan tener al menos uno de los malestares asociados al trastorno de estrés postraumático. De estos 5 de cada 10 personas adultas (45 por ciento) continúan experimentando sobresaltos con eventos casuales; 4 de cada 10 dicen seguir experimentando pesadillas relacionadas con el sismo o tienen pensamientos aterradores sobre el mismo; además que continúan con sentimientos de culpa ante lo que consideran que pudieron haber hecho y no hicieron durante el sismo y las horas posteriores.

• 8 de cada 10 adultos señalan haber sentido miedo y angustia durante el sismo y 3 de cada 10, reporta haber tenido algún tipo de crisis nerviosa en los momentos posteriores al sismo.

• Contrasta que 7 de cada 10 participantes adultos, no recibieron atención en salud mental ni en los momentos inmediatos ni en los meses posteriores a la emergencia. Del 30 por ciento que sí acudió a atención psicológica, más de la mitad lo hizo en instituciones privadas y los gastos corrieron por su cuenta.

• 7 de cada 10 adolescentes de 13 a 17 años, señalan continuar teniendo reacciones de enojo y arrebatos de ira sin causa aparente; haber perdido el interés por cosas que antes se disfrutaban e incluso han pensado en la muerte; sufren dolores de cabeza y tienen problemas para recordar detalles del sismo, así como de días posteriores.

• En relación a la atención en salud mental, solo 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes (46 por ciento) señala haber recibido algún tipo de apoyo emocional y/o atención psicológica. La mayoría refiere haber sido atendida en los momentos inmediatos al sismo por parte de algún programa federal o estatal (26 por ciento).

• 5 de cada 10 personas, incluyendo niñas y niños entre 13 y 17 años, participaron de manera voluntaria en labores de rescate; concentrándose el mayor apoyo en centros de acopio.

Esta muestra del ejercicio estadístico ya mencionado nos indica que es urgente que en la Ciudad de México se implementen políticas públicas que atiendan la deficiencia en la atención psicológica de sus habitantes.

Por lo antes expuesto, presentamos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a José Ramón Amieva Gálvez a tomar en cuenta el ³Estudio sobre Calidad de vida e impacto psicosocial de los y las habitantes de la Ciudad de México a un año del sismo del 19 de septiembre realizado por Colectivo IAE, y la Asociación Mexicana de Psicología Infantil, para integrarlo a los estudios de implementación de las políticas públicas tendientes a la atención de la ciudadanía afectada por el Sismo del 19 de octubre del 2017. Teniendo

Segundo. la honorable Cámara de Diputados exhorta a las autoridades obligadas por la “Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una cada vez más Resiliente” de la Ciudad de México es decir al titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; la Comisión de Reconstrucción; la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades; la Secretaría de Desarrollo Social; la Secretaría de Desarrollo Económico; la Secretaría del Medio Ambiente; la Secretaría de Obras y Servicios; la Secretaría de Salud; la Secretaría de Finanzas; la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; el Instituto de Vivienda del Distrito Federal; el Instituto para la Seguridad de las Construcciones; la Agencia de Gestión Urbana; los Órganos Políticos Administrativos y/o las Alcaldías; y el órgano legislativo de la Ciudad de México, a implementar el Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una Ciudad cada vez más Resiliente, a partir de un diagnóstico psicosocial del impacto y consecuencias del temblor del 19 de septiembre, que sea participativo, incluyente y que logre diferenciar las distintas necesidades de cada sector de la población.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Congreso de la Ciudad de México a legislar sobre políticas públicas, planes y programas con salud mental como eje transversal; promover campañas integrales de salud emocional y mental, encaminadas a disminuir el estigma y discriminación asociados a los trastornos mentales y discapacidad psicosocial; reducir la brecha de atención en salud mental, considerando la promoción de la atención en centros comunitarios y hospitales generales, así como en los primeros niveles de atención, capacitando a personal de este nivel en salud mental y salud mental en emergencias.

Notas

1 Animal Político (2017). Lo que el #19S nos dejó: las víctimas, daños y damnificados en México. México, en línea. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2017/10/cifras-oficiales-sismo-19s/ y Milenio (2017). Las Cifras del Sismos del 19. México en línea. Disponible en: http://www.milenio.com/estados/las-cifras-del-sismo-del-19-s?image=5

2 Colectivo IAE (2018). Estudio sobre Calidad de vida e impacto psicosocial de los y las habitantes de la Ciudad de México a un año del sismo del 19 de septiembre. México, en línea. Disponible en:

http://colectivoiae.com/uncategorized/estudiopsicosocial sismo19s/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

Diputada Ana Lucía Riojas Martínez

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y los gobiernos estatales a garantizar que no se vulneren los derechos humanos de migrantes en el sistema penitenciario mexicano, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La presente, diputada Rosalinda Domínguez Flores, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que México es parte del corredor migratorio de América del Norte, el más transitado del planeta, como nación de ingreso y tránsito de extranjeros, con 1.9 millones de kilómetros cuadrados de superficie continental, por el que pasan cada año miles de migrantes provenientes de otros países, principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, Guatemala y El Salvador.1

En el año 2014 el gobierno mexicano implemento una estrategia denominada Programa Frontera Sur, bajo el contexto de garantizar la seguridad de los migrantes, en la realidad los resultados han sido contraviniendo los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, puesto que en los últimos 4 años el número de centroamericanos detenidos o deportados se incrementó notoriamente.

Que, para alcanzar los objetivos, el programa prometía reforzar el componente preventivo, el cual implicaba mantener el monitoreo, mantener la seguridad en vías e instalaciones ferroviarias con mayor patrullaje y presencia del Estado para evitar la comisión de delitos, uso de tecnología y mantenimiento para evitar accidentes en las vías de comunicación, así como fortalecer la coordinación regional y local con los consulados de los países centroamericanos.

Sin embargo, según datos oficiales, tan solo entre 2015 y lo que va de 2018 en nuestro país se han detenido poco más de 502 mil personas sin documentos migratorios, sobre todo en la frontera sur.2

Así mismo en los últimos 5 años, se calcula que fueron detenidos por las autoridades nacionales, poco más de 138 mil niños y niñas. 3

Existen reportes que señalan que la permanencia en centros oficiales denominados “estaciones migratorias” o “estancias provisionales” va desde los 15 hasta los 30 días.

Que según declaraciones oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM), México al ser un país de tránsito, origen y destino de migrantes ha conformado desde el 2013, procedimientos permanentes de protección a los derechos humanos de todos los extranjeros y principalmente de aquellos que por condición de vulnerabilidad solicitan el refugio en nuestro país.4

Sólo entre 2013 y hasta la mitad de este 2018 la cifra, obtenida de la Secretaría de Gobernación, ascendía a 750 mil; no obstante lo anteriormente señalado, el gobierno apenas ha reconocido la condición de refugiados a 1 mil 417 personas y ha otorgado protección complementaria a 277 migrantes. La gran mayoría son sometidos a un proceso de deportación bajo la evasiva de ponerlos como personas en “retorno asistido”.5

Peor aún, en contra de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la espera de la realización del “trámite”, los migrantes son detenidos en las estaciones y estancias “bajo custodia” o “bajo resguardo” del Instituto Nacional de Migración (INM).

Artículo 11 . Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país.

Que, mientras aguardan en resguardo o custodia, los migrantes sufren una flagrante violación a sus derechos humanos puesto que en las estaciones se contradice el principio básico de bienestar que el gobierno tiene la obligación de atestar a los migrantes durante su permanencia.

Aunado a lo anterior, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, los migrantes se enfrentan a agresiones que provienen de grupos criminales locales, pandillas y organizaciones trasnacionales, que asaltan, extorsionan, violan, secuestran, desaparecen o los asesinan.

El informe titulado Crimen organizado y migraci ó n centroamericana en M é xico, elaborado por el Centro Robert Strauss para la Seguridad Internacional y el Derecho de la Universidad de Austin, Texas, fortalece la teoría de que las acciones realizadas por el gobierno de nuestro país, en especial el llamado Programa Frontera Sur, orilla a las personas migrantes a encontrar rutas de mayor riesgo pues deben lidiar con los constantes operativos de detención por parte de las autoridades mexicanas en la frontera sur.

Que los centros de detención para migrantes en nuestro país han servido para que el país del norte aproveche la situación y haya iniciado un proceso de recopilación de datos dactilares.

El diario de nombre The Washington Post dio a conocer una nota sobre el llamado “programa biométrico” el cual ha recopilado información de poco más de 30,000 migrantes en centros de detención de inmigrantes en Tapachula, Chiapas, y en Iztapalapa, en la Ciudad de México.6

Que, asociado a los hechos anteriores, las personas migrantes carecen de un debido proceso legal ante casos de detención y su vinculación a procesos penales como probables infractores, esta situación trae como resultado la violación a diversos actos en perjuicio de sus derechos humanos.

Que, según algunas organizaciones en favor de los derechos humanos de las personas migrantes, en los procesos detención y procesamiento se violan derechos como la integridad personal, a la no discriminación, a la libertad, al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la asistencia consular, entre otros.

Que el último dato que se tiene con respecto a personas de origen centroamericano en prisión es del año 2013 con un total de mil 219. De ellas, 972 se encontraban en centros estatales de readaptación social y 247, en centros federales de readaptación social.

Que los datos anteriormente reportados, no permiten la elaboración de políticas públicas actuales dado que estados como Aguascalientes, Campeche, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, no proporcionaron información y segundo, son de hace 5 años.

El Estado de Oaxaca no otorgo la información debido a que la tiene como reservada por motivos de seguridad.

Los argumentos anteriores trasgreden normas signadas por nuestro país, como ejemplo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10 que señala que los Estados tienen la obligación de garantizar que toda persona privada de libertad sea tratada humanamente y con dignidad.

Con base en lo anterior, la suscrita pone a consideración de esta asamblea el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación para que, de manera vinculada con los gobiernos de las entidades federativas, hagan de conocimiento público la información relativa a la nacionalidad, sexo y edad, de imputados y el estado que guardaba el proceso penal de cada una de las personas centroamericanas recluidas.

Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de las entidades federativas para garantizar que no se vulneren los derechos humanos de personas migrantes en el sistema penitenciario mexicano.

Notas

1 https://www.asf.gob.mx/

2 www.elsoldemexico.com.mx

3 Ibídem.

4 https://www.gob.mx/

5 https://www.contralinea.com.mx

6 https://www.razon.com.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de septiembre de 2018.

Diputada Rosalinda Domínguez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y de la Ciudad de México a atender la violencia en escenarios y espectáculos deportivos para garantizar la integridad de los asistentes a éstos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al jefe de Gobierno de Ciudad de México a que, en el marco de sus atribuciones, atiendan de manera diligente la violencia en escenarios y espectáculos deportivos, a fin de garantizar la integridad de los ciudadanos y sus familias que asisten a este tipo de eventos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los eventos deportivos son una opción sana que fomenta la convivencia social y familiar, así como para promover valores como la responsabilidad, honestidad, perseverancia y el esfuerzo. El deporte constituye un motor para el desarrollo y la igualdad.

Miles de familias mexicanas se reúnen con el propósito de presenciar algún espectáculo deportivo, ya sea desde sus hogares o asistiendo personalmente al evento.

El fútbol es uno de los deportes con mayor arraigo y tradición en nuestro país, semana con semana, acuden miles de aficionados y sus familias a presenciar algún partido en los diferentes estadios del país.

Basta señalar que, de acuerdo con datos de la página oficial de la Liga MX, en lo que va del presente torneo del fútbol mexicano (jornada 10), se registró una asistencia acumulada de 2 millones 111 mil 674 aficionados, cifra que representa un promedio de 23 mil 463 asistencias por jornada en el torneo.

Los promedios de asistencia más altos por equipo, se registran en los estadios pertenecientes a Monterrey, Tigres, Guadalajara, América y Pumas

Si bien es cierto que la pasión forma parte de toda práctica deportiva, no debe traducirse en conductas violentas ni delictivas que deriven en daños patrimoniales, lesiones físicas e incluso en la muerte. No hay paliativos válidos para permitir que la violencia se convierta en parte de la cotidianidad.

A pesar de que el deporte es una actividad donde se promueven valores, en diversos eventos se ha presentado actos de violencia, tal como sucedió el fin de semana donde aficionados de Tigres y Monterrey se enfrentaron en las calles cercanas al estadio. De acuerdo con medios informativos, previo al partido de fútbol se registró un enfrentamiento entre seguidores de Monterrey y Tigres, mismo que dejó a un aficionado de tigres inconsciente.

Ante el elevado y constante nivel de violencia registrado en los estadios de fútbol, en 2014 el Congreso de la Unión realizó reformas a la Ley General de Cultura Física y Deporte con el objetivo de promover las medidas preventivas necesarias para erradicarla.

Aunque los hechos ocurridos el pasado sábado se suscitaron a ocho kilómetros de distancia del estadio Universitario de Monterrey, deben aplicarse sanciones a todos los que se vieron involucrados.

Reprobamos de manera contundente los hechos de violencia registrados y exigimos esclarecer lo ocurrido en la agresión a los aficionados. Solicitamos la preservación de espacios seguros para las familias y los seguidores del fútbol mexicano.

La cohesión familiar es fundamental para inculcar valores y principios básicos de convivencia social, en este sentido, los eventos deportivos son actividades que reúnen a las familias y estrechan sus relaciones.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas y al jefe de Gobierno de Ciudad de México a que, en el marco de sus atribuciones, atiendan de manera diligente la violencia en escenarios y espectáculos deportivos, a fin de garantizar la integridad de los ciudadanos y sus familias que asisten a este tipo de eventos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 25 de septiembre del año 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a establecer una mesa de diálogo con los representantes de las estancias infantiles en cada una de las 32 entidades federativas para considerar sus demandas y propuestas en la definición de las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles 2019, suscrita por los diputados Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Óscar González Yáñez y José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

Los que suscriben, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Óscar González Yáñez y José Luis Montalvo Luna, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, fracción XVIII, 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de que en todas sus decisiones y actuaciones se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Como parte de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el año 2015 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, nuestro país debe “velar por que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.”

Proyecciones del Consejo Nacional de Población señalan que, para el año 2018 la población de niñas y niños en México de cero a cinco años será de más de 13 millones, lo que representa a más del 10 por ciento del total de la población a nivel nacional.

En nuestro país los padres de familia se enfrentan al enorme desafío de conciliar la búsqueda de opciones de empleo y desarrollo profesional sin descuidar el cuidado de sus hijos en una etapa crucial para su crecimiento y formación.

En ello radica la importancia y trascendencia de la presente proposición con punto de acuerdo, en virtud de que busca asegura la viabilidad de los Programas de Estancias Infantiles para que los padres de familia puedan incorporarse al mercado laboral y al mismo tiempo que los encargados de prestar este servicio cuenten con las mejores condiciones para desarrollar sus funciones a fin de propiciar un desarrollo adecuado de las y los niños beneficiarios de este servicio.

Debido al incremento de la participación de los padres y madres en el mercado laboral y la evidencia de la importancia de la estimulación y educación temprana, el cuidado de los niños en estancias infantiles durante la primera infancia se ha convertido en una prioridad mundial para promover el Desarrollo Infantil Temprano (DIT).

En el contexto internacional, los programas de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en niños menores de cinco años han demostrado resultados positivos para favorecer el aprendizaje temprano y las habilidades cognitivas, y alcanzar un mejor nivel de desarrollo. Además, entre los efectos a largo plazo de este tipo de programas, podemos destacar:

-Una mayor cantidad de individuos que concluyen sus estudios de preparatoria.

-Un mayor número de años estudiados.

-La obtención de mejores ingresos y una reducción en el crimen y embarazo durante la adolescencia.

-Desde el punto de vista macroeconómico, existen datos que indican una recuperación de 3 a 7 dólares por cada dólar invertido en menores de cinco años.1

En nuestro país, en el año 2006 se creó el Programa Estancias Infantiles (PEI) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como respuesta a la demanda de cuidado infantil.

Actualmente el Programa de Estancias Infantiles apoya hogares con al menos una niña, o un niño de 1 a hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en casos de niños o niñas con alguna discapacidad, de acuerdo con lo siguiente: Madres, padres solos, tutores o principales cuidadores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la Línea de Bienestar (LB) y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios.2

El Programa de Estancias Infantiles cuenta con la Modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil, el cual va dirigido a las personas físicas o personas morales, que deseen establecer y operar una estancia infantil, o que cuenten con espacios en los que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil para la población objetivo del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, conforme a los criterios y requisitos establecidos en las Reglas de Operación.3

Las estancias infantiles, además de garantizar un cuidado de calidad de las niñas y los niños a los que brinda servicios, también permiten que las madres puedan incorporarse al mercado laboral con la certeza de que sus hijos estarán bien cuidados, lo cual sin duda crea un circulo virtuoso, debido a que al recibir un ingreso adicional se abona a mejorar la economía familiar y por ende a las condiciones y acceso a servicios que tendrán los menores.

El Programa de Estancias Infantiles contribuye de manera significativa a mejorar la economía familiar. Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señalan que, si dicho programa se interrumpiera, el 34 por ciento de los beneficiarios tendría que dejar su empleo para poder atender a sus hijos.4 Datos de la Secretaría de Desarrollo Social señalan que, hasta el mes de julio de 2018, las Estancias Infantiles habían atendido a 313 mil 450 niñas y niños.

El estudio “Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil” es el primero que se realiza en niños menores de tres años en ambiente de Estancias Infantiles y llegó a la conclusión de que: “El tiempo de permanencia en el PEI a partir de seis meses incrementa, de forma significativa y progresiva, la probabilidad de tener un desarrollo normal independientemente del sexo y edad”.5

En días recientes los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo organizamos el Foro: “Retos y desafíos para el fortalecimiento de las estancias infantiles, hacia una mayor protección de niñas y niños durante la primera infancia.” En dicho evento se contó con la presencia de los representantes de las más de 9 mil 300 estancias infantiles que existen a nivel nacional.

Este foro tuvo como objetivo escuchar las propuestas y demandas de los representantes de las estancias infantiles, para darles el cauce institucional que contribuya a mejorar las condiciones bajo las que operan. Quién mejor que ellos que conocen el día a día del funcionamiento y necesidades que se requieren en sus centros de trabajo para definir las principales problemáticas a las que se les debe dar respuesta.

Los participantes señalaron diversas problemáticas que van desde la insuficiencia de los recursos entregados por el gobierno federal, hasta lo relacionado con excesivas cargas administrativas.

Por ejemplo, las estancias infantiles reciben 900 pesos mensuales por cada niña o niño que atienden o mil 800 pesos en el caso de niños con alguna discapacidad, cantidad que resulta insuficiente para sufragar sus gastos y lo que pone en riesgo la viabilidad operativa de estas instancias.

Durante el foro, los representantes de la estancias infantiles expresaron sus principales propuestas para mejorar las condiciones bajo las que operan, entre las que destacan los siguientes aspectos:

-Aumento de recursos federales.

-Apoyo para el mejoramiento de la infraestructura de las estancias infantiles.

-Creación de un convenio con autoridades municipales y estatales para que no se les considere como guarderías privadas.

-Que los hijos de madres responsables de estancias infantiles puedan también ser beneficiarias del programa.

-Que los asistentes que han cumplido con las certificaciones puedan estar a cargo de la estancia infantil cuando no se encuentra el responsable.

-Que no restringa el derecho de las madres a afiliarse.

-Que los niños que han cumplido cuatro años puedan continuar siendo beneficiarios hasta que concluya el ciclo escolar.

-Redefinir con la Sedesol la naturaleza jurídica de las Estancias Infantiles.

En el foro: “Retos y desafíos para el fortalecimiento de las estancias infantiles, hacía una mayor protección de niñas y niños durante la primera infancia”, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del trabajo asumimos el compromiso de impulsar las acciones institucionales que contribuyan a mejorar las condiciones bajo las que operan las estancias infantiles. Es por ello que hoy presentamos esta proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución.

Con estas acciones los legisladores del Partido del Trabajo reafirmamos nuestro compromiso para contribuir a un desarrollo adecuado de las niñas y los niños y garantizar el respeto de los derechos de los infantes. Estos asuntos representan una de las principales prioridades de nuestra agenda legislativa.

Garantizar el interés superior de la niñez no sólo es una obligación constitucional de los poderes del Estado mexicano, sino también un compromiso de los legisladores del Partido del Trabajo. Estamos convencidos que al mejorar las condiciones de nuestros niños en la primera infancia es la clave para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, establecer mesas de diálogo con los representantes de las estancias infantiles en cada una de las 32 entidades federativas para que, en la definición de las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles 2019, sean consideradas sus demandas y propuestas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Desarrollo Social que, una vez que sea notificada de la presente solicitud, ésta sea atendida en un plazo no mayor a cinco días naturales.

Notas

1 Rizzoli-Córdoba A, Vargas-Carrillo LI, Vásquez-Ríos R, Reyes-Morales H, Villasís-Keever MA, O’Shea-Cuevas G, et al. “Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil”, Boletín Médico del Hospital Infantil de México, Volumen 74, Issue 2, Marzo – Abril de 2017, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665114616301642 > Consultado el 19 de septiembre de 2018.

2 “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, Secretaría de Desarrollo Social, <

https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/estancia s-infantiles-para-apoyar-a-madres-trabajadoras> Consultado el 19 de septiembre de 2018.

3 Ibíd.

4 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Evaluación de Procesos del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 2012, citado en “Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil”, op cit.

5 Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil”, op cit.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días de septiembre del año dos mil dieciocho.

Diputados: Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Óscar González Yáñez y José Luis Montalvo Luna (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la SHCP a ampliar los beneficios del programa Somos Mexicanos para permitir a los migrantes en retorno definitivo al país importar sin gravamen sus vehículos, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal migrante María Libier González Anaya, integrante de la LXIV Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La deportación de mexicanos que residen en el extranjero va en aumento cada día, las políticas migratorias del gobierno estadounidense pretenden alcanzar metas más altas de retornados.

De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2017 hubo 151 mil 647 deportados; y el periodo que va de enero a julio de este año se tiene un registro de 123 mil 648 deportados. 1

De acuerdo con información proporcionada por el Instituto de Mexicanos en el Exterior, “el primer año de Trump ha dejado una disminución en cuanto al número de deportaciones, y “una reducción del 24 por ciento de arrestos fronterizos ”, lo cual pareciera positivo. Pero lo crítico de la situación es el aumento del 30.3 por ciento de los arrestos dentro de Estados Unidos, en comparación con el último año fiscal de Obama, al pasar de 110 mil 104 a 143 mil 470.”2

Lo anterior suscita incertidumbre para nuestros compatriotas que se encuentran en la Unión Americana y que tienen una situación irregular en su estadía, esta incertidumbre se origina básicamente en la manera en que habrán de generar recursos económicos para su manutención y la de sus familias; recordemos que el objeto de su partida es el tener empleos remunerados que les permitan generar mejores condiciones de vida que aquí no encontraron.

Por ello es importante que, desde la concurrencia de poderes, en este caso el Legislativo y el Ejecutivo, se promuevan acciones que beneficien a los migrantes que retornan al país a fin de crear condiciones propicias que generen arraigo en México, como su lugar de origen y el lugar en donde puedan crecer y desarrollarse de manera óptima con su familia.

En marzo de 2014 la Secretaría de Gobernación establece la estrategia “Somos Mexicanos” como un conjunto de acciones dirigido a las personas repatriadas mexicanas, a fin de que su retorno al país sea digno, productivo y apegado a los principios fundamentales en materia de derechos humanos.

En ello se involucran los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil, organismos internacionales y fundaciones, para lograr su reinserción a la vida nacional.

De tal manera que a través del Instituto Nacional de Migración se ofrecen los siguientes servicios: alimentación y salud; identidad (se les otorga facilidades para obtener el CURP), se facilitan medios de comunicación para que hablen con sus familiares, traslado y se coordina con organizaciones de la sociedad civil para facilitarles refugios temporales.

Adicionalmente el 2 de marzo de 2017, La Secretaría de Hacienda y Crédito Público difundió, a través de la página del Servicio de Administración Tributaria, facilidades para los connacionales que regresen al país en forma permanente provenientes de Estados Unidos y que son brindadas en el marco de la estrategia Somos Mexicanos.

Entre los beneficios de quienes se acogen a estas facilidades otorgadas por las autoridades hacendarias se pueden mencionar los siguientes:

• Menaje de Casa.- los mexicanos que vivieron en el extranjero al menos durante seis meses y regresan a México a residir definitivamente, tienen derecho a llevar consigo su menaje de casa sin pagar impuestos de importación.

• También se pueden ingresar sin pago de impuestos artículos que son parte del equipaje personal: bienes de uso personal, ropa, dos cámaras fotográficas, dos equipos deportivos, libros, revistas, entre otros.

• Se aumenta la franquicia a mil dólares, en artículos diferentes a los que traen en su equipaje y es acumulable por cada integrante de su familia.

• Se permite la importación de herramientas de trabajo que fueron indispensables para el oficio o profesión por un valor máximo de 5 mil dólares libre del pago de impuestos. Este beneficio es por única ocasión y por familia, entre otros.

Estos beneficios sin duda alguna conllevan a facilitar las condiciones de bienestar de quienes retornan al país, ya que les permite contar con un pequeño patrimonio para su reinserción en la sociedad mexicana.

Sin embargo a la fecha se sigue considerando la importación de vehículos dentro del esquema tradicional, en el que se deben pagar los impuestos correspondientes donde las tasas de importación pueden ser de hasta el 50 por ciento del valor del vehículo, lo que ocasiona un detrimento en su muy endeble economía.

Cabe señalar que los migrantes mexicanos que llegan a residir en el país del norte, ante las facilidades que ofrece el mercado automotriz estadounidense buscan adquirir unidades vehiculares a mejores precios que los que pudieran encontrar en el mercado mexicano pero en el momento de su deportación no tienen más disyuntiva que venderlos ante la suma de impuestos y derechos tiene que pagar.

Al respecto el artículo 137 Bis 3 de la Ley aduanera señala lo siguiente:

“Artículo 137 Bis 3. La importación a que se refiere el artículo anterior podrá efectuarse pagando exclusivamente el 50 por ciento del Impuesto General de Importación que corresponda a los vehículos a importar, conforme a su clasificación arancelaria. Las fracciones arancelarias aplicables según la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, serán las que correspondan al valor de la compra-venta en dólares de los Estados Unidos de América, de los vehículos automotores usados. Asimismo, se exime del requisito de permiso previo, por parte de la Secretaría de Economía, la importación de vehículos automotores usados a que se refieren los artículos anteriores.”3

Como podemos apreciar, el gravar con impuestos de esta índole a los automóviles que ya forman parte del patrimonio de los connacionales que retornan del extranjero, demeritan la calidad de vida que pudiesen tener al encontrarse devuelta en el país, ya que pueden constituir un instrumento que les facilite reinsertarse laboral y socialmente; por ello mi interés de liberar de cualquier tipo de impuesto, derecho o pago alguno que imposibilite al mexicano retornado, importar su vehículo cuando este sea menor a doce mil dólares de los Estados Unidos de América.

Ante esta situación es que pongo a consideración de este honorable órgano legislativo el que se exhorte a las Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público, para que de manera coordinada implanten de forma extraordinaria un programa de regularización de automóviles de procedencia extranjera para migrantes que sean deportados de la unión americana, incluyendo a aquellos mexicanos que deseen retornar al país, ya que de esta manera se les estaría proporcionando un instrumento de trabajo que les permitiese utilizarlo para contar con ingresos que sean producto de un trabajo decente para la manutención de sus familias; el programa en comento consistiría en exentar del pago de impuestos y derechos que actualmente realiza la dependencia en mención por concepto de importación definitiva de automóviles al país, lo que constituye un estímulo a la actividad comercial que deseen emprender.

México tiene la obligación moral de propiciar acciones que faciliten la reinserción social de nuestros paisanos a la vida productiva de nuestro país, por ello apelo a la sensibilidad de los integrantes de esta legislatura, a su calidad humana y a la deuda moral que se tiene para con ellos, para que de esta manera podemos ir sumando acciones que beneficien a los mexicanos que retornan.

En mérito de lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los titulares de las Secretarías de Gobernación, así como de Hacienda y Crédito Público, para ampliar los beneficios del programa “Somos Mexicanos”, para que los migrantes que retornan al país de manera definitiva puedan importar sus vehículos sin gravamen alguno.

Notas

1 Eventos de repatriación de mexicanos desde Estados Unidos, según entidad federativa de origen y sexo, 2018. http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/V_Repatriacion_de_mexi canos_de_EUA

2 Con Trump caen 25 por ciento las deportaciones frente a último año de Obama. En http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-trump-caen-25-las-deportaci ones-frente-a-ultimo-ano-de-obama

3 Ley aduanera, en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12_250618.pdf, consultado el 17 de septiembre de 2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

Diputada Libier González Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a las autoridades de salud federales y de Oaxaca a realizar acciones de atención urgentes ante el brote de dengue hemorrágico en San Juan Jaltepec, de Santiago Yaveo, en la Sierra Norte, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Graciela Zavaleta Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El día de hoy, la comunidad de San Juan Jaltepec, en el municipio de Santiago Yaveo, en la sierra norte de Oaxaca, está padeciendo un brote de dengue hemorrágico que lamentablemente, si las autoridades federales y locales no realizan acciones inmediatas, puede empeorar.

El dengue hemorrágico se caracteriza por fiebre alta y tendencia a la hemorragia. Al cabo de unos días de fiebre, el estado del paciente puede deteriorarse súbitamente y llegar a la insuficiencia circulatoria. Puede producirse el fallecimiento entre 12 y 24 horas después, en ausencia de una atención hospitalaria adecuada. Esta mortal enfermedad es la que se encuentra atacando a nuestros paisanos más vulnerables, los indígenas de la sierra norte de Oaxaca.

El agente municipal de San Juan Jaltepec, Benito Martínez, y el presidente de Bienes Comunales, Ramón Ángel Molina, solicitaron al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el envío de una brigada médica a la región, para atender a 150 pacientes.

La epidemia de dengue sobre la que alertamos de manera urgente está asolando a esa comunidad indígena desde el principio del mes de agosto. Hasta el momento son 150 personas afectadas, de las cuales 90 fueron canalizadas al hospital de María Lombardo, donde, de manera trágica, ha fallecido tres personas hasta el momento.

A través de una carta dirigida al coordinador Said Vásquez Valle, al gobernador Alejandro Murat y al encargado de los Servicios de Salud de Oaxaca, Donato Casas Escamilla, las autoridades de San Juan Jaltepec se quejaron de que en el hospital de María Lombardo –donde fueron trasladados los pacientes– han recibido malos tratos y discriminación.

Ese es el mismo llamado de auxilio que hago en esta Cámara de Diputados: nuestra comunidad de San Juan Yaltepec clama y necesita ayuda urgente de la Secretaría de Salud estatal y de la federal para atender, contener y erradicar antes de que siga cobrando más vidas en esa apartada región oaxaqueña.

Por lo antes expuesto, a esta honorable asamblea propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a las autoridades de salud federales y del estado de Oaxaca que realicen acciones urgentes para atender, contener y erradicar el brote de dengue hemorrágico en la comunidad de San Juan Jaltepec, en el municipio de Santiago Yaveo, en la sierra norte de Oaxaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta al gobierno de Guanajuato a reforzar con los ayuntamientos la estrategia de seguridad pública por la creciente la ola de violencia presente en la entidad, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato para que de manera urgente refuerce su estrategia de seguridad pública, ante la creciente la ola de violencia que aqueja a la entidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La actual administración del gobernador del estado de Guanajuato, hereda una entidad que se coloca como la más violenta del país. En efecto, se vive una ola de violencia creciente como nunca antes en su historia, lo cual atenta contra la paz y el orden de la sociedad, así como con la integridad y el patrimonio de la población.

Pero, la situación de inseguridad que prevalece en diversos municipios no es un hecho reciente. Desde el inicio de la actual administración estatal, el número de delitos cometidos ha aumentado de manera sistemática, generando una situación de miedo e incertidumbre, en perjuicio de la tranquilidad de los habitantes.

Las estadísticas y acontecimientos recientes revelan que la incidencia delictiva se ha disparado de manera inusitada. Para dimensionar la gravedad de esta problemática, basta señalar que, de acuerdo con diversos medios periodísticos, tan sólo el pasado 20 de septiembre, asesinaron a balazos a 21 hombres en diversas regiones del estado de Guanajuato. Los homicidios ocurrieron en los municipios de Pénjamo (8), Salamanca (4), León (3), San Luis de la Paz (1), Cortazar (1), Abasolo (1), Irapuato (1), Apaseo El Grande (1) y Valle de Santiago (1).1

Lo anterior resulta preocupante si recordamos que el tema de la seguridad pública se estableció como uno de los pilares del programa institucional planteados en el Programa de Gobierno 2012-2018.2

En este sentido, una de las principales medidas fue la puesta en marcha en 2014 del Programa Integral de Seguridad Escudo, como el programa más innovador en materia de seguridad y prevención, con un despliegue de recursos humanos, financieros y tecnológicos sin precedente en la entidad.

Si tomamos en cuenta que la eficacia de una estrategia se mide por sus resultados, es posible concluir que pese a las amplias expectativas que generó dicho programa para combatir los índices delictivos, el balance es negativo, lo que además atenta contra la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos destinados a cumplir el propósito para el cual fue creado e implementado.

El saldo de la seguridad pública en la entidad a lo largo de la actual administración estatal, revela una situación grave que es urgente atender. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2017 el número de delitos cometidos fue de 117 mil 857, cifra que representa un aumento de 10.9 por ciento con respecto a 2016 y de 46.2 por ciento con relación a 2013.3 Lo anterior, significa que se cometieron 323 delitos cada día durante el año pasado.

El número de delitos regsitrados significó 11 mil 592 y 37 mil 235 más con respecto a los años de 2016 y 2013, respectivamente. Tan sólo en diciembre pasado, se contabilizaron 9 mil 710 delitos, un aumento de 7.3 por ciento con relación al mismo mes del año inmediato anterior y 31 por ciento con respecto a diciembre de 2013.

Cabe destacar el crecimiento, tanto en términos absolutos como relativos, de los homicidios dolosos, al pasar de 641 en 2013, 709 en 2014, 879 en 2015, 961 en 2016 y 1,096 en 2017, lo que se traduce en un aumento de 71 por ciento en dicho periodo. De esta manera, el número de este delito por cada 100 mil habitantes, aumentó de 14.83 en 2015 a 18.55 al 31 de diciembre del año pasado.

En este mismo orden de ideas, entre enero-agosto de 2018, se registraron 89 mil 353 delitos, cifra superior en 15 por ciento con relación a igual periodo del año previo. Ello significa que durante este lapso se cometieron 368 delitos diariamente.

El Semáforo Delictivo señala que al mes de agosto de 2018, la incidencia de homicidios en la entidad creció 135 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior.4 Con estas cifras, el estado de Guanajuato se posiciona como el más violento del país.

Sin embargo, la gravedad de la situación de inseguridad que se vive en diversos municipios de la entidad, va más allá. De acuerdo con diferentes medios periodísticos, en los primeros ocho meses del presente año, 200 mujeres fueron asesinadas en Guanajuato. Con esto se mantiene en primer lugar a nivel nacional.5

El estado enfrenta, pues, una situación de inseguridad alarmante, en perjuicio de la tranquilidad, integridad y patrimonio de los guanajuatenses, lo que refleja el fracaso de la estrategia de seguridad pública instrumentada por el gobierno estatal a lo largo de seis años.

La seguridad pública constituye la principal función del Estado mexicano en virtud de que de ella depende la tranquilidad, estabilidad y bienestar de la población, aspectos imprescindibles para su óptimo desarrollo, individual y colectivo.

Los expertos en la materia coinciden en que respetar el estado de derecho y tener índices bajos de criminalidad son factores decisivos para la prosperidad económica y el bienestar social.6

El artículo 21 de nuestra Constitución Política, establece que “La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

El artículo 11 de la Constitución Política del estado de Guanajuato establece que “La seguridad pública es una función a cargo del estado y los municipios, que la seguridad pública es una función a cargo del estado y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución”.7

Por su parte, artículo 77, fracción IV de la misma Constitución señala que el gobernador del estado debe procurar la conservación del orden, y vigilar la tranquilidad y la seguridad del estado.

Por su parte, el artículo 3o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato señala que la seguridad pública es una función a cargo del estado y sus municipios.

Conforme a la normatividad vigente, se puede concluir la responsabilidad directa de las autoridades estatales correspondientes sobre la situación de inseguridad creciente que impera en diferentes municipios de la entidad, y de la cual el gobernador ha sido omiso.

En síntesis, la entidad enfrenta una ola de violencia sin precedente, situación que atenta contra la tranquilidad, integridad y patrimonio de la población, lo que es indicativo del fracaso de la estrategia de seguridad pública implementada a lo largo del presente gobierno estatal.

Ante este panorama, resulta urgente que el gobierno del estado de Guanajuato refuerce las acciones de seguridad, en coordinación con los gobiernos municipales, para frenar la creciente violencia que existe en la entidad; asimismo, que el próximo gobierno rediseñe e instrumente una estrategia más eficaz en la materia, con el objeto de restituir la paz y el orden, así como salvaguardar la integridad de las familias guanajuatenses. En una palabra, garantizar el derecho fundamental de la seguridad a toda la población.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados exhorta al gobierno del estado de Guanajuato para que, en coordinación con los gobiernos municipales, refuercen de manera urgente la estrategia de seguridad pública, ante la creciente la ola de violencia que aqueja a la entidad.

Notas

1 http://www.eluniversal.com.mx/estados/asesinan-21-personas-en-guanajuat o-6-fueron-colocados-en-fila

2 http://www.programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

3 http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2018.pdf;
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2017.pdf;
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2013_092017.pdf

4 http://guanajuato.semaforo.com.mx/Semaforo/Incidencia

5 https://www.am.com.mx/2018/08/26/local/-datos-de-el-secretariado-ejecut ivo-del-sistema-nacional-de-seguridad-publica-posicionan-a-guanajuato-e n-el-primer-lugar-de-mujeres-asesinadas-en-el-pais-508644

6 https://www.oecd.org/mexico/Mexico%202012%20FINALES%20SEP%20eBook.pdf

7 http://www.congresogto.gob.mx/
leyes?utf8=%E2%9C%93&query=Constituci%C3%B3n+Pol%C3%ADtica+del+Estado+de+Guanajuato

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre la operación de los depósitos vehiculares y las empresas autorizadas para prestar servicios de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de unidades a disposición de autoridades, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado José Luis Montalvo Luna , integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del numeral 1 del artículo 6, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En su primera porción normativa, el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes.” No obstante, es común conocer casos donde arbitraria e injustificadamente, la autoridad violenta dicha libertad de tránsito.

En este último supuesto se encuentra el funcionamiento de los denominados “corralones” del estado de México y los operadores de las grúas encargadas de trasladar los vehículos hasta esos establecimientos, toda vez que existe gran inconformidad entre los automovilistas, quienes acusan falta de transparencia e incluso, de legalidad. Lo anterior, se torna todavía más grave si tenemos en cuenta que en circunstancias de esta naturaleza se deja en indefensión a la ciudadanía.

Si bien es cierto que los depósitos vehiculares son un mecanismo institucional para la corrección a las posibles infracciones al reglamento de tránsito por parte de la ciudadanía, también lo es que resulta imprescindible revisar su aplicabilidad y funcionamiento. Además de las presuntas anomalías en el funcionamiento de los “corralones”, cabe destacar que las dimensiones del parque vehicular que incrementa exponencial y permanentemente, dan pauta al aumento de actos de corrupción y abusos, en tal virtud es indispensable contar con sólidos controles de vigilancia y transparencia.

Para visualizar el problema que tenemos enfrente, de acuerdo a datos del Inegi, del año 2000 a 2015, en México mientras la población tuvo un aumento de 21 por ciento el número de vehículos particulares tuvo un crecimiento de 171 por ciento.1 Para el caso del estado de México se pasó en el mismo periodo, de casi 900 mil a 4.48 millones de vehículos particulares, es decir, un incremento de casi 400 por ciento.2

Entre otras cuestiones, el artículo 6 del Reglamento de Tránsito del estado de México establece que a la Secretaría de Gobierno le corresponde:

“XI. Proponer los espacios para el depósito de vehículos que por alguna causa deban ser retirados de la circulación;

...

XVII. Autorizar y ordenar el retiro de la vía pública de los vehículos, objetos, personas o animales que obstaculicen o pongan en peligro el tránsito, remitiéndolos a los depósitos correspondientes y presentando a las personas ante las autoridades competentes en caso de delito o falta grave;”

El propio precepto jurídico, en su artículo 14, dispone que el ejercicio de sus funciones, los agentes de tránsito del estado están facultades para:

“...

V. Detener y remitir al depósito más cercano aquellos vehículos cuyos conductores se hagan acreedores a dicha sanción, en los términos de este reglamento”.

Por otra parte, el artículo 115 señala que: “Los vehículos que circulen en contravención a las reglas de restricción de circulación establecidas, serán retenidos y remitidos al depósito más cercano, en el que permanecerán durante 24 horas y además sus conductores pagarán la multa correspondiente, cumplidos estos requisitos, se podrá obtener la devolución del vehículo.”

En cuanto a los supuestos donde está justificado un traslado a los “corralones”, el artículo 118 establece que sólo procederá la retención e inmediato traslado al depósito más cercano, cuando al cometer una infracción el conductor carezca de tarjeta de identificación personal como operador de transporte público o el vehículo no tenga tarjeta de circulación o el documento que justifique la omisión.

Otros casos en los que está permitido es: Cuando al vehículo le falten ambas placas, o el documento que justifique la omisión; Cuando las placas del vehículo no coincidan en números y letras con la calcomanía o la tarjeta de circulación; Por conducir en estado de ebriedad o por el influjo de drogas enervantes o psicotrópicos; Por participar en un accidente de tránsito en el que se produzcan hechos que pudiesen configurar delito; y por prestar el servicio público sin la debida autorización.

Asimismo, la ley prevé que se podrá ante el incumplimiento o violación reiterada de las condiciones fijadas para la prestación del servicio público de transporte, en apoyo a las autoridades el ramo; En los casos específicos que determinen otras disposiciones legales; y por no cumplir con la verificación vehicular obligatoria, ser ostensiblemente contaminante o por circular cuando por restricción de carácter ambiental no le corresponda.

En el mismo tenor, se dispone que una vez remitido el vehículo al depósito correspondiente, los agentes deberán informar de inmediato a las autoridades, procediendo a sellar el vehículo para garantizar su conservación y la guarda de los objetos que en éste se encuentren. Situación que de acuerdo a reclamos de los ciudadanos, muchas veces no se cumple y sus autos son objeto de saqueos.

Asimismo, de conformidad con el artículo 9, fracciones XI, XX, XXI, XXII, de la Ley de Movilidad del estado de México, corresponde a los municipios la atribución de determinar, aplicar y ejecutar las sanciones correspondientes a quienes incurran en infracciones a esta ley y a sus reglamentos así como remitir a los depósitos vehiculares los vehículos que se encuentren violando algún precepto establecido en este marco legal.

No obstante, no siempre se cumple con lo señalado en la norma, ello en perjuicio de los automovilistas. En este tenor, no podemos ser omisos ante la proliferación de denuncias ciudadanas por presuntos actos de corrupción y cobros excesivos a los automovilistas que son remitidos a los depósitos vehiculares justificada o injustificadamente. Asimismo, como lo señaló el director del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, que “se necesita una regulación urgente de los depósitos vehiculares en el estado”.3

Estimados compañeras y compañeros legisladores, son constantes los reclamos e inconformidades que la ciudadanía realiza para poner un alto a los abusos del que son objeto por falta de un control de las autoridades del gobierno del estado de México, que al no existir con claridad un empadronamiento de depósitos vehiculares ponen en riesgo a los habitantes.

Las omisiones e irregularidades de las autoridades estatales exponen a la ciudadanía a posibles hechos de corrupción, así como a situaciones que transgreden la seguridad e integridad misma al ser posibles víctimas de algún otro delito por parte de empresas que prestan el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos que no cumplan con los requisitos necesarios para su funcionamiento.

Como legislador, pero sobre todo, como mexiquense estoy comprometido a impulsar las acciones legislativas para terminar con estos abusos de los que son objeto los ciudadanos y a erradicar los actos de corrupción que se cometen en los “corralones” del estado de México.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México para que, a través de la Secretaría de Movilidad de la entidad, lleve a cabo una revisión exhaustiva sobre el funcionamiento y operación de los depósitos vehiculares y empresas autorizadas para prestar el servicio de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos a disposición de distintas autoridades, a fin de verificar si se conducen conforme al marco jurídico y en su caso, se lleven a cabo las acciones conducentes por irregularidades cometidas en perjuicio de los automovilistas que son remitidos a los denominados “corralones”.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México para que, a través de la Secretaría de Gobierno de la entidad, lleve a cabo una actualización del empadronamiento completo de los depósitos vehiculares, a fin de tener certeza sobre el número de establecimientos utilizados debidamente autorizados como “corralones” en la entidad.

Notas

1 Crece 200% parque vehicular en CDMX y Edomex en 15 años, en: https://www.arenapublica.com/articulo/2017/07/21/6523/el-numero-de-vehi culos-en-la-ciudad-de-mexico-y-el-estado-de-mexico-paso-de

2 Íbid.

3 Paez, Alfredo, “Corrupción en corralones del Edomex, el pan de cada día”, en: https://elbigdata.mx/reportajes/corrupcion-en-corralones-del-edomex-el- pan-de-cada-dia/

Dado en el salón de sesiones del Congreso de la Unión, a los 25 días de septiembre del año dos mil dieciocho.

Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa, la SE y la Profeco a efecto de que los productos “lácteo combinado” y “formula láctea”, de acuerdo con las normas oficiales, no lleven en el etiquetado la denominación “leche”, a cargo del diputado Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Eduardo Ron Ramos , diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Profeco, para que los productos denominados “fórmula láctea” y “producto lácteo combinado” de acuerdo a las Normas Oficiales, no puedan utilizar en su etiquetado y marca la denominación de “leche”, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

I. Las llamadas fórmulas lácteas y productos lácteos combinados se han convertido en una alternativa para las personas que resultan ser intolerantes u optan por no consumir leche de origen animal, no obstante, este tipo de productos no son comparables con las características fisicoquímicas de la leche de origen animal, por lo que su denominación comercial en su etiqueta o marca resulta ser errada.

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba, se denomina leche al producto obtenido de la secreción de las glándulas mamarias de las vacas sanas o de cualquier otra especie animal, excluido el calostro.1

Por otro lado, la NOM-243-SSA1-2010: Productos y Servicios. Leche, Fórmula Láctea, Producto Lácteo Combinado y Derivados Lácteos. Disposiciones y Especificaciones Sanitarias. Métodos de Prueba, define a la fórmula láctea el producto elaborado a partir de ingredientes propios de la leche, tales como caseína, grasa, lactosueros y agua para consumo humano. En cantidades de conformidad con lo que establece la norma de denominación comercial correspondiente; de igual manera el producto lácteo combinado es definido como el producto elaborado a partir de sólidos lácteos u otros ingredientes que no proceden de la leche. En cantidades de conformidad con lo que establece la norma de denominación comercial correspondiente.

Con base en lo anterior, el uso de la palabra “leche” no puede atribuirse a los productos lácteos combinados, así como tampoco a las fórmulas lácteas como se ha venido haciendo, ya que estas no cumplen con las especificaciones de su denominación dentro de la norma.

II. Para reforzar la idea anterior, el estudio “How well do plant based alternatives fare nutritionally compared to cow’s milk?”, publicado en noviembre de 2017, en el Journal of Food Science and Technology , muestra un comparativo de los nutrientes contenidos en la leche de origen animal y de cuatro productos lácteos combinados.2

De acuerdo al estudio, la leche de almendras en comparación con la leche de vaca, tiene un aporte calórico menor que ésta, lo cual interviene en su contenido de nutrientes, pues en 230 mililitros de la bebida vegetal únicamente se contiene 1 gramo de proteína; de igual manera la leche de coco no es una buena fuente de proteínas y carece de carbohidratos, además de que debe ser fortificada D y B12; la leche de arroz, por su parte, es rica en carbohidratos y aporta una mayor cantidad de calorías, pero como la mayor parte de sus calorías provienen del almidón, la leche de arroz también contiene bajo contenido proteínico y de grasas; por otro lado la leche de soya es la que se asemeja más en el aporte proteínas, no obstante ésta no aporta el calcio necesario ni las vitaminas B12 y D contenidas en la leche de origen animal.3

Si bien es cierto que las bebidas vegetales son fortificadas con calcio y otros nutrientes para emular los valores nutricionales de la leche de origen animal, esto no llega a incidir en la biodisponibilidad de estos productos lácteos combinados, ya que a pesar de que se adicionen vitaminas y minerales en la misma proporción que la leche de origen animal, no significa que nuestro organismo asimile todos estos.4

Respecto al tema, el Frente Nacional de Productores y Consumidores de Leche ha advertido que desde 1994 las importaciones de leche y productos lácteos se han incrementado de manera exorbitante, pues ese mismo año se importaron 267 mil toneladas de productos lácteos y leche por una cantidad de 2 mil 167 millones de pesos, mientras que para el año 2017 se importaron 768 mil toneladas por una cantidad de 40 mil millones de pesos, lo que significó un aumento de mil 800 por ciento cuyo valor rebasa los 37 mil millones de pesos, la gran negativa de esto es que la mayoría de las importaciones resultan ser productos lácteos elaborados a base de sueros, grasas trans prohibidas en otros países, sustancias químicas (cancerígenas) nocivas para la salud, de marcas propias, propiedad de las grandes cadenas comerciales.5 Además mencionan que debido a un vacío en la normatividad mexicana diversos alimentos se pueden vender como leche sin serlo, pues en su marca utilizan la palabra “leche”, dando a entender falsamente que se trata de leche entera.6

En contraste, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “la leche proporciona nutrientes esenciales y es una fuente importante de energía alimentaria, proteínas de alta calidad y grasas. La leche puede contribuir considerablemente a la ingestión necesaria de nutrientes como el calcio, magnesio, selenio, riboflavina, vitamina B12 y ácido pantoténico. La leche y los productos lácteos son alimentos ricos en nutrientes y su consumo puede hacer más diversa las dietas basadas principalmente en el consumo de vegetales. La leche de origen animal puede desempeñar un papel importante en las dietas de los niños en poblaciones con bajo nivel de ingestión de grasas y acceso limitado a otros alimentos de origen animal.”7

La leche de origen animal y las fórmulas lácteas o productos lácteos combinados llegan a ocupar el mismo lugar en los anaqueles de tiendas, a pesar de que estas últimas cuentan con menor cantidad de proteína y lactosa requeridas para llamarse así, por lo que su nombre induce al error, ya que no son leche.8

Por ello, creemos que la palabra “leche” no puede utilizarse como denominación para referirse a los productos lácteos combinados, ni a las fórmulas lácteas, ya que es inadecuado para describir este tipo de productos.

III. El uso de la palabra “leche” utilizado en el etiquetado para denominar a algunos productos lácteos combinados o fórmulas lácteas genera una distorsión de la verdad acerca de este tipo de producto, ya que al ponerse en el empaque llega a confundir al consumidor, pues de manera inconsciente la persona que los adquiere, llegaría a pensar que estos productos pueden suplantar los valores nutricionales de la leche de origen animal; todo esto mediante publicidad, a través de las etiquetas en los productos.

Para contextualizar lo anterior, el concepto de publicidad menciona que: La publicidad es el modo de promoción, mediante el cual el proveedor o anunciante busca que el consumidor o destinatario conozca, se motive y decida la compra de un bien, un producto o un servicio. Para ello, la publicidad comercial está encaminada a una doble finalidad:

1. Informativa: Informa al consumidor sobre la existencia y características de un bien, producto o servicio que se quiere vender; y

2. Persuasiva: Impulsa al consumidor para la adquisición de un bien, producto o servicio.9

Asimismo, para la protección del consumidor, la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 42 establece lo siguiente:

“Artículo 42. El proveedor está obligado a entregar el bien o suministrar el servicio de acuerdo con los términos y condiciones ofrecidos o implícitos en la publicidad o información desplegados, salvo convenio en contrario o consentimiento escrito del consumidor.”

Es por esto que la publicidad forzosamente debe ser comprobable, respetando la buena fe del consumidor de la misma, pues esta debe dotarle de elementos objetivos que le ayuden a tomar una decisión concientizada al momento de consumir algún producto.

Dado que la publicidad es determinante en la adquisición de un producto, esta es parte fundamental del otorgamiento del consentimiento contractual del consumidor, por lo que tiene un carácter vinculante.10

En este sentido, el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece lo siguiente:

“Para los efectos de esta ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

Sobre este tema, la Procuraduría Federal del Consumidor, en su estudio “No todo lo que parece leche lo es. Leche, fórmulas lácteas y productos lácteos combinados” menciona lo siguiente:

“En parte para evitar que los consumidores confundan los productos que son propiamente leche con los que no lo son, la NOM incluye también las características de las fórmulas lácteas y de los productos lácteos combinados. Su diferencia principal con la leche es la menor cantidad de proteínas propias de leche que contienen. Para su correcta identificación, estos productos deben señalar claramente su denominación en el envase, y desde luego no pueden denominarse leche ni sugerir que lo son. Si adicionan grasa vegetal, deben usar la denominación “fórmula láctea con grasa vegetal” o “producto lácteo combinado con grasa vegetal”, además de declarar sus contenidos de grasa y proteína.”11

En este sentido, vemos que la promoción de productos lácteos combinados y fórmulas lácteas, mediante la denominación “leche”, tiende a ser tendenciosa y falsa, pues no cumple con las características nutricionales que el consumidor busca en un producto lácteo, además de que en ocasiones son productos puramente vegetales.

Por todo lo anterior, debemos prever que la denominación “leche” se limite únicamente a productos que provengan de leche de origen animal, pues su utilización en el etiquetado, así como en sus marcas, no permiten identificar con certeza los productos que cumplen con las características particulares que solo la leche animal posee, lo que genera una menoscabo a la protección de los derechos de los consumidores, por la confusión que ello genera, así como el detrimento de la salud y la actividad lechera.

Derivado de lo anterior someto a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía y a la Procuraduría Federal de Consumidor para que los productos denominados “fórmula láctea” y “producto lácteo combinado”, de acuerdo a las Normas Oficiales, no puedan utilizar la denominación “leche” en su etiquetado y en su marca. Y que conforme a ello, se revise el estatus de los productos que se comercializan en el mercado y retiren del mismo los que incumplan estas disposiciones.

Notas

1“Norma Oficial Mexicana NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba”, Diario Oficial de la Federación, (2010)

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5160755&fe cha=27/09/2010

2 “How well do plant based alternatives fare nutritionally compared to cow’s milk?”, Journal of Food Science and Technology , vol. 55, (2018)

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13197-017-2 915-y

3 ibídem.

4 ibídem.

5“México: Las importaciones de leche, principalmente de Estados Unidos, alcanzaron un nivel sin precedentes”, Portal lechero, (2018) https://www.portalechero.com/innovaportal/v/12410/1/innova.front/mexico :-las-importaciones-de-leche-principalmente-de-estados-unidos-alcanzaro n-un-nivel-sin-precedentes.html

6 “Aprovechan vacío en normas para leche”, Reforma, (2017)

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/
default.aspx?id=1090483&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1090483

7 “Composición de la leche”, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), (2018)

http://www.fao.org/dairy-production-products/products/co mposicion-de-la-leche/es/

8 “No todo lo que parece leche lo es”, Procuraduría Federal del Consumidor.

https://www.profeco.gob.mx/revista/pdf/est_04/leche_dic0 4.pdf

9 Guía de Procedimientos de Publicidad Engañosa , Procuraduría Federal del Consumidor, (2006)

https://www.profeco.gob.mx/juridico/Documentos/SSC/Norma tividad_TomoIV/Publicidad%20enga%C3%B1osa.pdf

10 ibídem.

11 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

Diputado Eduardo Ron Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre las excesivas tarifas eléctricas para el sector empresarial del país, a cargo del diputado Miguel Ángel Chico Herrera, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Miguel Ángel Chico Herrera, integrante del Grupo Parlamentario del Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a las excesivas tarifas de consumo eléctrico para el sector empresarial del país al tenor de las siguientes

Consideraciones

La electricidad es un insumo toral para la industria y el comercio. Sin ésta, su actividad se vería mermada.

Desde principios de este año, mes con mes, el aumento en las tarifas eléctricas ha ido en aumento desmedido, situación derivada de la implementación de una nueva fórmula aprobada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y ejecutada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que ha colocado a los sectores industrial y comercial en franco declive haciéndolos menos competitivos y menos productivos.

Estos aumentos por el consumo de electricidad han alcanzado un alza, en algunos lugares del país, de hasta 65 por ciento (y en casos aislados de hasta 300 por ciento), lo que también frena su crecimiento y la generación de empleos.

Empresas, industrias y comercios dedicados a diversos rubros como el textil, la hotelería, el restaurantero, por mencionar algunos, están siendo perjudicadas y solicitan mejores condiciones de abasto y costos de energía a la Comisión Reguladora de Energía.

La situación se ha tornado prácticamente insostenible para estos sectores en los que sus plantas laborales se encuentran en riesgo de subsistencia.

Las peticiones de líderes empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Confederación de Cámara Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), entre muchos otros, para que cese el problema no arrojan resultados, las autoridades energéticas han sido omisas al respecto. Hoy, los reclamos han llegado a la máxima tribuna del Congreso de la Unión, derivado de la inconformidad y la injusticia de que son objeto.

Particularmente, el estado de Guanajuato, mi tierra natal, no es ajeno a esta situación. Representantes de los sectores hotelero y restaurantero en Guanajuato mencionan que las tarifas eléctricas se han incrementado desmedidamente en 60 por ciento. Empresarios refieren que se está afectando a cerca de 500 mil trabajadores sólo en esta entidad federativa y aproximadamente a 6.5 millones en todo el país. Las quejas respecto a esta problemática han llegado a la interposición de amparos contra el cobro de las elevadas tarifas.

Recientemente, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Guanajuato, José Arturo Sánchez Castellanos, hizo un llamado a los diputados de Guanajuato para que intervengamos para resolver el grave problema del incremento en las tarifas de energía eléctrica.

Ante los llamados del empresariado de Guanajuato y el país sobre esta situación que continúa agravando la economía nacional, es que impera la necesidad de hacer un respetuoso llamado a las autoridades competentes con la finalidad de que el esquema empleado para calcular las tarifas de consumo de energía eléctrica para la industria sea modificado para detener los perjuicios que, a nivel nacional, se está generando, y que, por ende, termina afectando al consumidor de bienes y servicios por su encarecimiento.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que, desde el ámbito de sus respectivas atribuciones, coadyuven y modifiquen el esquema tarifario del consumo eléctrico del sector comercial e industrial con la finalidad de que las tarifas disminuyan, se fortalezca su competitividad y se incentive su crecimiento.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad para que realicen reuniones de análisis con representantes de los sectores industrial y comercial con la finalidad de que se puedan aportar soluciones conjuntas para establecer un justo esquema tarifario de consumo eléctrico del sector comercial e industrial.

Referencias

• http://lineadirectaportal.com/movil/publicacion/incrementa-cfe-hasta-un -80-cobro-a-industriales-398645

• https://sipse.com/milenio/tarifas-electricas-ahorcan-sector-empresarial -yucatan-hoteles-cfe-308150.html

• https://expansion.mx/economia/2018/09/06/
mas-de-500-000-empresas-pagan-alzas-injustificadas-en-tarifas-de-luz-concamin

• http://www.yucatan.com.mx/mexico/cfe-tarifas-luz-traspasan-costo-inefic acias

• https://www.am.com.mx/2018/09/06/negocios/mexico-paga-tarifas-de-luz-ma s-caras-que-estados-unidos-511518

• http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/9364354/09/18/La -CFE-reduce-4-sus-perdidas-electricas-durante-el-sexenio.html

• https://reporteroshoy.mx/wp/empresas-se-ven-afectadas-ante-el-increment o-de-tarifas-electricas.html

•https://www.google.com.mx/amp/s/www.am.com.mx/AMP/2018/09/09/local/
leon-guanajuato-empresarios-restauranteros-hoteleros-exigen-regular-altos-cobros-cfe-512326-512326

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

Diputado Miguel Ángel Chico Herrera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a entregar por anticipado los recursos de los programas a Sinaloa para apoyar a los afectados por las recientes lluvias, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con puntos acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En días recientes, las fuertes precipitaciones causadas por una inestabilidad en las altas temperaturas del Golfo de California propiciaron que la depresión tropical 19-E ocasionara intensas lluvias en Sinaloa.

Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badariguato, Navolato y Culiacán han sido los municipios más afectados y de inmediato fueron declarados en emergencia.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) estimó que las intensas lluvias generaron un acumulado máximo de 50 a 80 milímetros desde Culiacán hasta Guamúchil en tan sólo 3 horas el 20 de septiembre. En algunos municipios, las inundaciones alcanzaron hasta 3.5 metros de altura.

Para atender la urgencia en la entidad, las autoridades de protección civil federal en conjunto con las instancias estatales, instalaron 29 albergues para atender a más de 2 mil 900 personas afectadas.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha reportado 154 mil viviendas dañadas con créditos activos en los 11 municipios declarados en emergencia, a fin de activar el seguro contra daños.

Estas contingencias han generado daños a la importante actividad económica del estado, afectando severamente a cerca de 20 mil hectáreas de cultivo agrícola y matando a más de 500 mil aves.

Ante estas contingencias, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) cuenta con instrumentos de prevención para asegurar a productores agrícolas, pecuarios y pesqueros.

Tan sólo respecto al sector agrícola, se tiene asegurada una superficie total de 189 mil 177 hectáreas por una suma de 295 millones 386 mil 205 pesos. Sin embargo, hasta el momento no se ha cuantificado el monto de los daños.

La Sagarpa ha informado que hay una cobertura universal para productores inscritos en el Padrón Ganadero Nacional, quienes deben dar aviso sobre estas contingencias al Fondo de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas.

Se tienen registrados 72 mil 554 productores quienes tienen un seguro contra muerte de ganado o daño a su infraestructura productiva pecuaria para afectaciones por precipitaciones abundantes, viento y correntías de agua.

Ante la situación alarmante, pero controlada gracias a la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, es preciso de que inmediato se realicen las acciones para restablecer la actividad normal de Sinaloa.

Por ello, el presente punto de acuerdo hace un llamado respetuoso a la Sagarpa, la SCT y la Sedesol a entregar por anticipado los recursos de los programas federales a la población afectada.

Además, para que el Infonavit entregue con la mayor brevedad a los derechohabientes afectados los recursos del seguro contra daños.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; y de Desarrollo Social a entregar por anticipado en el marco de sus atribuciones los recursos de los programas federales a Sinaloa, a fin de apoyar a la población afectada por las recientes lluvias.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a entregar con la mayor brevedad a los derechohabientes afectados los recursos del seguro contra daños.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a establecer las acciones para atender la declaratoria de alerta de género, a cargo de la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Maribel Martínez Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del PT, en nombre propio y de las diputadas y diputados Benjamín Robles Montoya y Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT; Dulce Alejandra García Morlán, del Grupo Parlamentario del PAN; y Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2, fracciones III y IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La violencia contra las mujeres es una de las más grandes pandemias que afectan a nuestra sociedad; además es una clara violación a sus derechos humanos.

Cuando se habla de violencia de género o por razones de género, nos referimos a la violencia dirigida hacia las mujeres y cometida por un hombre, independientemente del tipo de relación entre la víctima y el victimario o, incluso, por el propio Estado.

Cualquiera de los tipos de violencia existentes (física, sexual, psicológica, económica, patrimonial y política) puede ocurrir tanto en el ámbito privado, es decir, en las relaciones familiares, por citar un ejemplo, o en el público, es decir, en la esfera laboral, en las escuelas, en las calles, el parque, el transporte público, etcétera.

Si bien a escala internacional han existido importantes esfuerzos por sancionar, evitar y erradicar los distintos tipos de violencia contra las mujeres, mismos que se han plasmado básicamente en las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará. Instrumentos que, cabe señalar, han sido firmados y ratificados por el gobierno mexicano, estos postulados no han sido incorporados a la legislación de nuestro país de manera inminente y los que sí, no han sido ejecutados.

No obstante, también en México se han hecho esfuerzos importantes para legislar en materia de discriminación y violencia en contra de las mujeres, lamentablemente no se ha hecho con la fuerza que se requiere y vemos cómo el fenómeno, lejos de disminuir, crece y crece con más furia y saña. De ahí la urgencia de adoptar medidas tales como la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

El pasado 31 de agosto, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la entidad y, a pesar de haberse instalado el Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el cual sesionó apenas el 6 de septiembre pasado, lo cierto es que no se han establecido o, al menos no se nos ha dicho cuáles son las acciones concretas que el gobierno del Estado implementará con la finalidad de garantizar la vida de las mujeres, no se han establecido líneas de coordinación con los 570 municipios del Estado, ni siquiera, con los 40 municipios que fueron incluidos en la Declaratoria, mucho menos, con las instancias en materia de seguridad y procuración de justicia.

Al respecto, si bien es cierto la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres sólo incluye a 40 de los 570 municipios, esta Alerta fue declarada en el Estado, por lo que el gobernador del Estado deberá tomar medidas para todos los municipios de Oaxaca, poniendo mayor atención a los municipios incluidos en la Declaratoria.

Así, el gobernador está obligado a diseñar e implementar un plan de acción, de manera coordinada con los poderes del Estado y de la federación, los municipios, las Fiscalías y los organismos defensores de los derechos humanos, tendiente a erradicar la violencia por razón de género, el cual debe incluir presupuestos con perspectiva de género; personal capacitado con perspectiva de género en la Secretaría de Seguridad Pública, en el cuerpo policiaco, en la Fiscalía, en el sector salud, en la Secretaría de la Mujer, en el DIF y en las instancias municipales de la mujer; deben desarrollarse e implementarse programas y planes de estudio desde la perspectiva de género e implementarse campañas de difusión tendientes a erradicar la violencia, pero también fomentar la cultura de la denuncia, no sin antes establecer mecanismos de seguridad para las mujeres que se decidan a hacerlo.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que, de manera inmediata, diseñe e implemente acciones concretas tendientes a erradicar la violencia cometida por razón de género en la Entidad, incluida la asignación de recursos suficientes para ello.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que, de manera inmediata, establezca vías de comunicación y coordinación con los poderes del estado y de la federación, los municipios, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que, de manera inmediata, promueva la instalación de los consejos municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo menos, de manera inicial, en los 40 municipios incluidos en la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

Diputados: Maribel Martínez Ruiz (rúbrica), Benjamín Robles Montoya (rúbrica), Margarita García García, Dulce Alejandra García Morlán (rúbrica), Azael Santiago Chepi (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y la SEP a cumplir la instalación de bebederos y prohibición de venta de comida “chatarra” en las escuelas públicas del país, a cargo de la diputada Martha Robles Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal Martha Robles Ortiz integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 numeral 1, 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La población infantil y adolescente en México, es calculada según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2014, por un número de 40.2 millones de personas de 0 a 17 años, siendo 19.7 millones de niñas y 20.5 millones de niños.1

Una de las principales tareas que se debe garantizarles, es el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a una vida digna. Y esto implica seguir reduciendo los índices de mortalidad, ampliar el acceso a alimentos nutritivos y a prácticas adecuadas de consumo, así como a servicios de calidad en salud, con énfasis en la primera infancia y evitar cualquier forma de violencia en contra de ellos.

Se sabe que actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos. Problema que está presente no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también en población en edad preescolar.2 Por lo que es urgente la implementación de diversas acciones conjugadas para enfrentar y solucionar este alarmante flagelo.

Informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que actualmente la obesidad es un grave problema de salud pública debido a que es asociada con el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles como son la diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y cáncer. En su caso, la obesidad infantil es uno de ellos, el problema es mundial y afecta progresivamente a muchos países de bajos y medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. La prevalencia ha aumentado a un ritmo alarmante.

Como paliativo a este problema de salud el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) presentó el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (ANSA ), y reconoció que “México es el país con mayor número de personas adultas con sobrepeso en el mundo, el país con mayor problema de obesidad infantil en todo el mundo”. Sin embargo ese tipo de alimentos continúa vigente en la cotidianidad de los planteles educativos de nivel básico en México, colaborando en el mantenimiento del problema de obesidad y sobrepeso entre los escolares.3

Muestra de ello, se encuentra que en 2012, la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reveló que uno de cada tres niños de ese sector —5.6 millones de alumnos entre cinco y 11 años— tenía alguno de esos problemas. Ante estos resultados, en 2013, ya en la gestión de Enrique Peña Nieto y con la promulgación de la reforma educativa, se estableció en la Constitución que en las escuelas estaban prohibidos “los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos”.4

Con base en ello, también se cambió el ANSA por la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Y un año después, en septiembre de 2014, el Ejecutivo federal informó de la publicación de los lineamientos generales para el expendio y la distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del Sistema Educativo Nacional.

Sin embargo, cabe señalar que a ocho años del inicio de la primera estrategia en esta materia, aún hay escuelas que no tienen conocimiento de esta regulación y por ende no es factible que se aplique.

Datos oficiales proporcionados, a través del Instituto Nacional de Salud Pública, en su último reporte de seguimiento (2014), informa que de 110 escuelas primarias públicas revisadas, en 80 por ciento aún se vendían bebidas azucaradas, y solo una tercera parte contaba con bebederos de agua, como marca la estrategia. Más aún, hasta 80 por ciento de los directores, profesores, vendedores de alimentos y padres desconocía que existiera la prohibición de vender comida chatarra.5

De tal forma que, lo establecido en los Lineamientos Generales para el Expendio y la Distribución de Alimentos y Bebidas Preparados y Procesados en las Escuelas del Sistema Educativo Nacional. Título III, De la Organización de la Escuela para el Expendio y Distribución de Alimentos y Bebidas, Capítulo Primero, Del Comité de Establecimientos de Consumo Escolar que a la letra indican:

Décimo. En las escuelas del tipo básico el Comité de Establecimientos de Consumo Escolar desarrollará las acciones relacionadas con la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en la escuela, de acuerdo con los criterios de una alimentación correcta. Los directivos, docentes y personal administrativo y de apoyo a los servicios educativos de las escuelas públicas de educación básica no participarán en las acciones a que se refiere el párrafo anterior.

Decimosegundo. El Comité de Establecimientos de Consumo Escolar dará cuenta al Consejo de Participación Social de las acciones desarrolladas y, en su caso, de las irregularidades detectadas en la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en la escuela.6 Lo anterior, es sin duda, letra muerta.

Aun cuando también contemplaba sugerencias para lograr un refrigerio con una ingesta balanceada y acorde a los requerimientos de los menores de edad y sus actividades escolares, para ello se proponía una composición de:

- Verduras y frutas;

- Cereal integral;

- Oleaginosas y leguminosas; y

- Agua simple potable a libre demanda.7

Para dar cumplimiento a lo anterior fueron aprobadas reformas a la Ley General de Infraestructura Física Educativa, donde se establecía que todas las escuelas de educación básica contarían con bebederos de agua con sus sistemas de purificación. Lo anterior en un plazo de tres años para alcanzar la instalación de 257 mil 825 bebederos que darían cobertura a las escuelas del Sistema Educativo Nacional, tal como se indica en el transitorio sexto del decreto, que a la letra indica:

“Sexto. El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa procurará que las instalaciones del Sistema Educativo Nacional cuenten con la infraestructura de bebederos de agua potable prevista en los artículos 7 y 11 de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en un plazo máximo de 3 años a partir de la publicación del presente decreto”.

Cabe señalar que la temporalidad indicada en el transitorio concluiría en mayo del 2017. Así también en el mismo orden de acciones para combatir este problema de sobrepeso, obesidad y otros trastornos alimenticios se contaba con previas reformas a la Ley General de Salud. (DOF 14/10/2015) y a la Ley General de Educación (DOF 11/09/2013).

Como parte de estas acciones, se encuentra la instalación de bebederos de agua potable y de buena calidad, considerando que la hidratación de las personas es un derecho humano y un elemento que coadyuva en un mejor funcionamiento del organismo que impacta en la reducción de la obesidad.

La UNICEF reconoce que aunque ha quedado ampliamente demostrado que el abastecimiento de agua en las escuelas resultan fundamentales para fomentar las buenas prácticas de higiene y el bienestar de la infancia, gran parte de los establecimientos escolares cuenta con sistemas muy deficientes. Por tanto, es imprescindible volver obligatorio el acceso gratuito a agua potable en escuelas, espacios públicos y comerciales.

Respecto a la ingesta, de este vital líquido, se sabe que del 20 al 30 por ciento del agua diaria incorporada al organismo proviene de los alimentos sólidos; el 78-80 por ciento restante se incorpora al organismo mediante la ingesta directa de agua, aunque la variabilidad de estas cifras es importante en función de las poblaciones – sus hábitos alimenticios, edad, sexo, etcétera-. En función también de esos parámetros, la Organización Mundial de la Salud (OMS); y numerosos especialistas de la salud recomiendan consumir entre 2 y 3 litros de agua al día.

Como derecho humano todo individuo tiene derecho al agua, lo que implica el acceso a la cantidad mínima necesaria para satisfacer sus necesidades básicas. El progreso para lograr este nivel de servicio en todo el mundo está relacionado con beneficios significativos para la salud y sigue siendo uno de los principales puntos de apoyo para disminuir y resolver la obesidad infantil.

Pese a existir el compromiso de la instalación de bebederos en los centros educativos del país por parte del gobierno federal, lo cual es necesario en las 40 mil escuelas distribuidas en toda la República Mexicana, como coadyuvantes en el combate y prevención a la diabetes, obesidad y sobrepeso infantil.

En refuerzo de lo anterior, en días pasados por vía de los medios de comunicación, fuimos informados de importantes y preocupantes declaraciones por parte del doctor Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública el cual señala: “A 4 años de implantar de manera obligatoria los lineamientos ‘antichatarra’ para prevenir la obesidad infantil en escuelas, la estrategia fracasó... La SEP incumplió con la instalación de bebederos y la prohibición de venta de alimentos hipercalóricos y bebidas azucaradas en los planteles y Salud no monitoreó el cumplimiento de esas medidas”, dijo el funcionario en conferencia de prensa.

Externó que, según datos del instituto, sólo una tercera parte de las escuelas cuenta con bebederos para que los niños tengan acceso a agua simple y, en contraste, en la mayoría de ellas, 80 por ciento, se venden bebidas azucaradas.

“Del 2012 a la fecha estos lineamientos son menos y menos aplicados. No hubo ni siquiera un plan de difusión para que profesores y alumnos supieran de qué se trataban los lineamientos”,8

Lo anterior, refuerza la preocupación de que las propuestas de políticas públicas para enfrentar la obesidad infantil, se han centrado fundamentalmente en la restricción de la oferta de ciertos productos chatarra en las escuelas, pero el cambio de hábitos de niñas y niños en las escuelas, no puede ser visto como un problema de restricción de consumo de productos altamente calóricos y bebidas azucaradas exclusivamente.

Es bien sabido que, en aquellos tratamientos exitosos de prevención de la obesidad, contemplan de una forma integral todas las áreas del tratamiento. El énfasis se establece en una transformación integral de la educación nutricional y con programas serios y bien organizados de educación física y deportes.

Así como el establecimiento de bebederos de agua potable y de buena calidad, los cuales permitirán alcanzar los resultados esperados, poblaciones infantiles más sanas y consientes de la importancia de su salud, vía el consumo del agua potable, del manejo de mejores hábitos alimentarios y de actividad física que le permitan alcanzar una mejor calidad de vida y de salud en su futuro.

Por ello, en esta coyuntura nacional se debe trabajar en coordinación constante para que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación aunada a la Secretaría de Salud, así como el Poder Legislativo federal hagan el reconocimiento efectivo de los derechos de la infancia, incluyendo el de la alimentación, el agua y la salud, mediante el desarrollo e implementación urgente de una política integral de combate a la epidemia de obesidad y a la desnutrición, realizando la expulsión definitiva de la venta de comida chatarra en las escuelas públicas y privadas del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud, para que de acuerdo a lo aprobado en la Ley General de Educación y la Ley General de Infraestructura Física Educativa, se dé cumplimiento puntual a lo señalado en referencia a la instalación de bebederos y prohibición de venta de comida “chatarra” en las escuelas públicas del país.

Notas

1 Inegi, “Estadísticas a propósito del Día del Niño (30 de abril)” Datos nacionales, Aguascalientes, Aguascalientes, 28 de abril, 2015.

2 Salud y Nutrición, Unicef México, página electrónica, 11 de noviembre, 2013.

3 http://expansion.mx/nacional/2015/08/24/mexico-cumple-5-anos-sin-poder- expulsar-la-comida-chatarra-de-las-aulas.

4 Ibídem.

5 Expansión, Op.Cit.

6 Lineamientos generales para el expendio y la distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional, El Poder del Consumidor; México, 2016.

7 Ibídem.

8 http://www.globalmedia.mx/articles/Fracasa-en-escuelas-plan-de-bebedero s, México, miércoles 29 agosto, 2018

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, 25 de septiembre de 2018.

Diputada Martha Robles Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CFE a mantener la tarifa eléctrica de verano 1F hasta el 31 de marzo de 2019 en los municipios de Sinaloa y Sonora declarados zona de desastre por la depresión tropical 19-E, a cargo del diputado Alfredo Villegas Arreola, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, Alfredo Villegas Arreola, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se solicita a la Comisión Federal de Electricidad que implante un programa de tarifa de energía eléctrica preferente para los municipios de Sinaloa y Sonora declarados zonas de desastre, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 19 de septiembre de 2018 se presentó en la zona centro y norte de Sinaloa la depresión tropical denominada 19-E. Un fenómeno atípico que se estacionó en el Golfo de California. No se había recibido en todo el año tal cantidad de lluvia. De acuerdo con el Órgano de Cuenca Pacífico Norte de la Comisión Nacional del Agua, durante 3 horas cayeron hasta 271 milímetros de agua en Sinaloa, lo que provocó graves inundaciones.

En este momento se continúa la evaluación de daños en la población, infraestructura y planta productiva. Para poner en dimensión el tamaño del daño provocado por esta Depresión, el Infonavit está haciendo una revisión sobre 150 mil casas, principalmente en zonas urbanas de Culiacán y Ahome, para hacer válidos los seguros de vivienda solamente para sus afiliados.

Debido a la gravedad de la situación, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió el 20 de septiembre del año en curso la declaratoria de emergencia para Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato y Culiacán, Sinaloa, por la presencia de lluvia severa e inundación pluvial y fluvial, fenómenos ocurridos el 19 y 20 de septiembre de 2018.

Asimismo, el pasado 21 de septiembre también se emitió una declaratoria de emergencia para 11 municipios de Sonora: Álamos, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, San Ignacio Río Muerto y Quiriego.

Con estas acciones se activan los recursos del fondo para la atención de emergencias. A partir de estas declaratorias las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada.

El presidente Enrique Peña Nieto instruyó la activación del Plan MX, en apoyo a zonas de desastre.

Acompañamos el sábado pasado al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, en un recorrido por las comunidades en el norte del estado, en el Poblado 6 y Chihuahuita, de Ahome. También participaron los titulares de Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; de la Sedesol, Eviel Pérez Magaña; y de Salud, José Narro Robles, así como los directores de la CFE, Jaime Hernández Martínez; de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, del Infonavit y David Penchyna Grub.

Por su parte, la Sedena implantó de inmediato el Plan DN-III E, y la Secretaría de Marina se encuentra en actividades de apoyo.

Se han implantado más acciones concretas además de la declaratoria de zona de desastre, como lo es el hecho de que el ISSSTE y los demás sistemas de salud pública del país otorguen atención médica a la población de las zonas afectadas sin ser derechohabientes, que el Infonavit esté activando los seguros contra desastres en beneficio de sus derechohabientes, que se reestablezca el servicio de energía eléctrica y las vías de comunicación.

Como sinaloenses, estamos viviendo momentos difíciles, pero estamos trabajando para salir adelante. Agradecemos todas las muestras de solidaridad y de apoyo que se han visto reflejadas en toneladas de ayuda que llegan de todo el país al estado.

También agradecemos al presidente Enrique Peña Nieto que haya apoyado a Sinaloa con prácticamente todo el gabinete relacionado con la asistencia social en caso de desastres naturales.

Compañeros diputados, solicitamos su apoyo para que se apruebe un exhorto a la Comisión Federal de Electricidad para que se implante un programa de tarifa preferente de energía eléctrica para los municipios de Sonora y Sinaloa declarados zonas de desastre.

En Sinaloa y Sonora la tarifa eléctrica de verano 1F culmina el 31 de octubre del presente año, por lo que se solicita que esta se amplíe hasta el 31 de marzo de 2019 en los municipios afectados por esta contingencia.

Por lo expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad a mantener la tarifa eléctrica de verano 1F hasta el 31 de marzo de 2019 en los municipios de Sinaloa y Sonora declarados zona de desastre por la depresión tropical 19-E.

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 25 de septiembre de 2018.

Diputado Alfredo Villegas Arreola (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a apoyar con lo necesario al comité científico formado por la UNAM para atender la problemática del sargazo en Quintana Roo, a cargo del diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Jesús de los Ángeles Pool Moo, diputado federal a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

En las costas quintanarroenses, en el presente año, se ha presentado la llegada de sargazo en grandes cantidades, lo que ha ocasionado serios problemas a la economía del estado y al ambiente de la región.

Estas macroalgas de color pardo o verde oscuro son de gran tamaño, presentan vesículas con gas que las mantienen a flote y permiten que sean arrastradas por las corrientes marinas, en ocasiones desplazándose grandes distancias, reproduciéndose en el camino, de hecho, si las condiciones para su crecimiento son favorables duplicando su biomasa en menos de 20 días.

De tal forma que el sargazo llega a nuestras costas desde el área del océano Atlántico, conocida precisamente como Mar de los Sargazos, y/o, de las aguas aledañas a Brasil, y si bien las especies que forman estas arribazones han existido desde antes de la aparición del hombre, hoy en día el calentamiento global y el excesivo aporte de nutrientes al mar provenientes de los ríos que van arrastrando fertilizantes empleados en la agricultura, crean las condiciones propicias para su afloramiento en cantidades nunca antes vistas.

La llegada de sargazo a las playas del Caribe mexicano es un fenómeno que de manera intermitente se ha venido presentando desde hace algunos años, con picos de mayor intensidad registrados en el 2011, 2015 y 2018, pero, en el presente año la cantidad de densidad de biomasa de estas algas es de cuando menos el doble con respecto a la registrada en el 2015, misma que fue del orden de 10 toneladas por kilómetro de playa, pero, más preocupante es el consenso entre la comunidad científica en cuanto a que este fenómeno continuará presentándose en las próximas décadas con mayor intensidad

Las primeras veces que se presentó este fenómeno, las autoridades estatales y municipales le dieron poca importancia, dejando que los hoteles limpiaran la porción de playa que se encuentra frente a sus instalaciones, consistiendo esta limpieza en recolectar el sargazo y enterrarlo en la arena, bajo la falsa creencia de que el alga al descomponerse se convertiría en arena.

El problema ambiental que representan las algas en la costa no es menor y no se limita a la desagradable apariencia que toma la playa cuando miles de éstas la abarrotan en la zona de rompiente y la tonalidad desagradable del agua, sino que va más allá. La afectación comienza desde el momento en que se encuentra en el mar, ya que los sargazos forman una capa que enturbia el agua e impide la fotosíntesis de otras especies de algas y pastos marinos. Una vez que el sargazo llega a las costas y se comienza a almacenar en las playas, se produce la descomposición del mismo. Además del olor fétido, la putrefacción de las algas genera lixiviados, ácido sulfídrico, arsénico, que pueden contaminar los suelos, mantos friáticos y los ecosistemas, por lo que la solución que en primera instancia se le dio al problema, la de enterrarlo en la playa, es totalmente inaceptable. Conjuntamente, si la limpieza de la playa no se hace de forma cuidadosa, otras especies, como, por ejemplo, las tortugas marinas y la esterna charrán saldrán perjudicadas, ya que ambas ponen sus huevos en la arena de la playa.

Entonces, no tan solo se trata de que las playas, como sitio de recreación, se vean afectadas y se ahuyente al turismo, problema que por sí mismo es de suma gravedad para una región que encuentra en esta actividad su mayor fuente de ingresos y generación de empleo. Se trata también de que las toneladas de materia orgánica que se pudre generan un problema de contaminación que puede derivar en afectaciones a la salud pública.

Los daños a la economía de la región y a sus habitantes han sido graves, no solo en las playas de Cancún, sino que, son al menos siete los municipios de Quintana Roo los que se han visto afectados, así, playas emblemáticas como las de Tulum, Playa del Carmen y Puerto Morelos, se ven invadidas por el sargazo y el problema ya rebasa por mucho la capacidad de los municipios para atenderlo.

Como atenuante al problema y a costas del gobierno de Quintana Roo, ya se instalaron barreras de flotadores de 30 metros en la zona de flotación del sargazo, que en conjunto abarcan 27 kilómetros de las costas de dicho estado, con la finalidad de evitar la llegada de las algas a la playa sin dañar a otras especies. Pero esto es una medida para atender la emergencia sin que se pueda considerar una solución final, ya que la utilización o eliminación sin causar daño al ambiente del sargazo sigue siendo una interrogante.

Cabe señalar que, por efectos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los señalado en la Ley Federal del Mar, las zonas marinas mexicanas son de jurisdicción federal, por lo que las entidades federativas carecen de atribuciones para intervenir de manera eficiente en la problemática que se presenta en mares y costas, como es el caso que nos ocupa en la presente proposición con punto de acuerdo.

Además, al provenir la causa del problema del mar, a la vez de afectar la playa marítima y la zona federal marítimo terrestre, todas zonas de jurisdicción federal,1 primordialmente compete a la federación la atención del problema que lleve a una solución integral, y si para esto puede pedir el apoyo de la entidad federativa y los municipios, esto no implica que la carga y responsabilidad para la solución deje de recaer en la federación.

Si bien, a instancias de la Semarnat, la UNAM ya instaló un comité para estudiar el problema del sargazo en las playas de Quintana Roo y las posibles soluciones; comité integrado por reconocidos científico de los institutitos de Geografía, Ecología, Ingeniería, Biotecnología y de Ciencias del Mar y Limnología; el Centro de Ciencias de la Atmósfera, junto con las facultades de Química, Medicina y Economía, quienes de forma holística atenderán el problema, en tres escenarios, que son a corto, mediano y largo plazo.

De tal forma que especialistas en distintas áreas bien coordinados ya están al tanto del problema y comenzando a buscar soluciones, que abarquen desde la mejor forma de recolectar el alga hasta sus posibles utilizaciones como materia prima en distintitos productos, como podría ser la generación de biocombustibles, productos farmacéuticos, agrícolas, entre otros, o de no ser posible su utilización, el eliminarlo con el menor daño al ambiente.

Sin embargo, ahora falta que este grupo de científicos cuente con todo lo necesario para llevar a cabo sus investigaciones, y para esto, Semarnat está obligada a contribuir ampliamente, ya que el problema se da en zonas de jurisdicción federal, y es del interés de todos los mexicanos, no tan solo de los quintanarroenses. No es un problema local, sino que es nacional, ya que daña seriamente el ambiente de una extensa área con alta biodiversidad y a la vez, afecta severamente al sector turístico de uno de los principales destinos de recreación y descanso con los que cuenta México, generador de divisas y riqueza que beneficia a todo nuestro país.

Por lo tanto, Semarnat no puede limitarse a tan solo pedirle a la UNAM que forme un comité de especialistas y desentenderse del problema, dejando que sea esta excelente casa de estudios la que cargue con el costo de los trabajos, sino que, debe de apoyar con todo lo necesario para los correctos trabajos de dicho comité.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que apoye con lo necesario al comité científico que para atender el problema del sargazo en Quintana Roo formó la Universidad Nacional Autónoma de México, de tal forma que a lo largo de todos sus trabajos cuenten con lo necesario para lograr sus objetivos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que lleve a cabo las labores necesarias para atacar el problema del sargazo en las costas de Quintana Roo.

Nota

1 Al respecto ver: artículos 7, fracción IV y 119, fracción I, ambos de la Ley General de Bienes Nacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

Diputado Jesús de los Ángeles Pool Moo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a abrogar los 10 decretos, publicados el 6 de junio de 2018 en el DOF, relativos a la supresión de las vedas hidrológicas del país, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Maria Guadalupe Edith Castañeda Ortiz , diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la abrogación de 10 Decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de junio de 2018, relativos a la supresión de las vedas hidrológicas del país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El agua es vital para todas las formas de vida, es un elemento crucial para el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de servicios ambientales de los que dependemos para sobrevivir; es un factor estratégico para el desarrollo del país, por ello, la importancia de su cuidado y de su uso.

México, al igual que varios países ha reconocido en su constitución (artículo 4o.) que el agua es un derecho humano, al establecer que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, sin embargo, hay 9 millones de mexicanos que no cuentan con agua potable.

Un aspecto importante a considerar en la disponibilidad de agua es el incremento de la población y su concentración en zonas urbanas. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), entre 2012 y 2030 la población del país se incrementará en 20.4 millones de personas. Además, para 2030 aproximadamente 75 por ciento de la población estará en localidades urbanas. El incremento de la población ocasionará sin duda la disminución del agua potable a nivel nacional.

Aunado a lo anterior, debo mencionar que, la actual crisis de abasto de agua en nuestro país, es resultado de los errores en materia política, ya que durante décadas se ha soslayado el deterioro constante de los acuíferos. A la fecha, en la actual administración se mantiene una línea institucional que fomenta la sobreexplotación, muestra de ello, son los 10 Decretos que el presidente Enrique Peña Nieto firmó el pasado 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en los cuales levanta la veda en las distintas cuencas hidrológicas del país, en lugar de la prohibición total de su aprovechamiento se establecen zonas de reserva de aguas para usos doméstico, público urbano y ambiental o para conservación, esto es, en términos reales no hay impedimento para la extracción de aguas en las cuencas del país y en términos jurídicos se pasa de un régimen de veda al de reserva, lo que significa que el gobierno federal puede concesionar la explotación del agua a la iniciativa privada, a empresas mineras, petroleras, cerveceras, de fracking y con ello el vital líquido quedaría en manos de los privatizadores, en perjuicio de la población mexicana.

Basta con una simple lectura del artículo séptimo de los Decretos en donde se señala que:

“Artículo Séptimo . Los volúmenes disponibles, no comprometidos por medio de las reservas parciales que se establecen en el presente Decreto, se podrán explotar, usar o aprovechar mediante título de concesión o asignación previamente emitido por la Autoridad del Agua, en términos de lo previsto por la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento, atendiendo la disponibilidad media anual de las aguas superficiales y conforme al orden de prestación.”

Se destaca que dichas concesiones son por cincuenta años , violando Ley de Aguas Nacionales ya que en el artículo 24 del ordenamiento en cita se señala que el término de la concesión o asignación para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales no será menor de cinco ni mayor de treinta años . Además, los multicitados Decretos fueron realizados sin consulta y sin contrapeso, bajo un régimen centralizado por la Comisión Nacional del Agua.

Cabe resaltar que dichos decretos son consecuencia de la fallida intentona del presidente Enrique Peña Nieto de expedir una nueva Ley General de Aguas Nacionales que no pudo transitar en la anterior legislatura, en el proyecto de ley se vislumbraba la privatización del agua y el aumento de tarifas para uso doméstico en perjuicio de la población, por ello decidió publicar los decretos que hoy se pide se abroguen.

No omito mencionar que el pasado 20 de junio del presente año, el entonces diputado federal Macedonio Tamez Guajardo del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhortando al titular de la Comisión Nacional del Agua para que informara los impactos medio ambientales y las concesiones, permisos y asignaciones a otorgar para uso y aprovechamiento del agua, derivadas de la supresión de veda de 300 cuencas hidrológicas en todo el país. Dicho punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión, pero lamentablemente no fue dictaminado.

El agua es un recurso natural y vital para el ser humano, que se pretende dar a unos cuantos en agravio de la población, por eso es de suma importancia para los mexicanos, que los Decretos privatizadores sean abrogados por el perjuicio que le ocasionan a la nación mexicana.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 79, numeral 1, fracción, II; numeral 2, fracciones I, II, III, y 65, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ese honorable pleno, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal por conducto del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que abrogue los 10 decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2018, relativos a la supresión de las vedas hidrológicas del país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días de septiembre de 2018.

Diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección de los derechos de hijos de reclusas nacidos en centros de readaptación social, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Graciela Zavaleta Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo relativos a la protección de los derechos de niñas y niños, hijos de reclusas nacidos en centros de readaptación social, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sistema jurídico mexicano se ha dado instrumentos y disposiciones normativas que pretenden tutelar los derechos de miembros de grupos vulnerables conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de que México es parte.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, señala que en los Estados Unidos Mexicanos gozarán de los derechos otorgados la legislación sustantiva y convenios suscritos por el Estado mexicano a fin de establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la actuación de los Poderes Legislativo y Judicial, y los organismos constitucionales autónomos según se establece en el artículo 1, fracción IV, del mencionado ordenamiento.

Un tema especialmente sensible es la protección de los derechos de niñas y niños nacidos en centros de reclusión y de readaptación social además de la atención de los derechos de las madres reclusas quienes, no obstante, su situación legal y jurídica, no pierden ninguno de sus derechos fundamentales; sin embargo, no puede ignorarse que en la realidad, los ambientes penitenciarios no son seguros y sí son adversos para el respeto y protección de los derechos, particularmente de este grupo de la población.

En el “Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana. Propuesta de políticas públicas para atender de manera integral sus necesidades más apremiantes”,1 del 30 de agosto de 2018, señaló las circunstancias que pueden caracterizar a las cárceles, especialmente para las mujeres:

La cárcel es sin duda un espacio de deshumanización y deterioro social; de injusticias, prejuicios, violencias y carencias. Estas condiciones inherentes a los muros de la prisión se multiplican cuando se habla de mujeres, muchas de ellas víctimas de un sistema social patriarcal y un sistema jurídico androcéntrico. El problema de las mujeres en la cárcel, es un problema complejo, que atañe tanto a la propia institución carcelaria, como al ejercicio del derecho, la seguridad ciudadana, la participación política, las instituciones culturales, así como a las prácticas de prevención criminal, la procuración de justicia, la administración de las prisiones, el uso excesivo de la pena, entre otras.

En mayo de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2017.2

Dicho diagnóstico presentó datos sobre el respeto a los derechos humanos de los reclusos e internos y se hizo énfasis especial en la situación de madres privadas de su libertad cuyos hijos han nacido en reclusión o viven junto a ellas mientras están en proceso o se encuentran purgando una sentencia.

En el documento se lee:

Un tema de particular interés para esta Comisión Nacional es sin duda el de las mujeres en reclusión, pues generalmente no se les brinda el trato ni las condiciones de estancia correspondientes a las características y necesidades, en los cuales se ha evidenciado que la mayoría de los establecimientos que alojan población mixta y que fueron diseñados para el internamiento de varones, no cuentan con áreas especialmente destinadas a las mujeres que garanticen una estancia digna y segura, tanto para ellas como para sus hijas e hijos que viven en con ellas en los establecimientos.3

La CNDH ofrece estadísticas relativas al número de madres e hijos que viven en los diversos centros de readaptación a lo largo y ancho del país. Un total de 60 centros de reinserción y readaptación albergan menores de edad que viven con sus madres. En 2017 “al menos de 417 reclusas tienen a 444 niños o niñas en los centros de reinserción social donde cumplen sus condenas y se encuentran ubicados en: Morelos, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas”. En Oaxaca, el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, en el municipio de Tlacolula, en 2017 tenía a siete madres internas y junto a ellas, ocho menores.

Sin embargo, la problemática sobre el respeto y protección de niñas y niños en centros de readaptación social tienen aspectos que requieren de atención inmediata. Los especialistas coinciden en afirmar que “la cárcel no es un lugar apropiado para que una madre pueda gestar a su bebé y, mucho menos, convivir con él una vez nacido. No solo porque las condiciones de seguridad e higiene son deficientes (malas condiciones sanitarias, frecuentes transgresiones a la intimidad, hacinamiento en los pabellones, entre otras), sino también por la violencia a la que se ven expuestas las internas. Asimismo, no es de menor magnitud resaltar la falta de un servicio de salud y asistencia apropiado, el cual juega un papel especial en la mujer embarazada (régimen en las comidas, vestimenta, ejercicios para la salud, fármacos y demás cuidados)”4

¿Cuáles son los riesgos para los menores hijos de las madres internas? En 2016, el Informe especial de la CNDH sobre las condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en los centros de reclusión de la República mexicana,5 determinó que, de antemano, las mujeres sufren maltrato, deficiencias materiales en los centros de readaptación, desigualdad, deficiencias en la alimentación además de saturación y hacinamiento que perjudican el desarrollo de la maternidad.

En informe especial señala varias recomendaciones del ombudsperson dirigidas a las diversas autoridades penitenciarias a fin de atender la situación de la estancia relativa a los niños que viven en los centros de reclusión con sus madres, brindar alimentación suficiente y nutritiva; destinar instalaciones especiales para su atención médica, establecer protocolos de actuación para la atención de mujeres embarazadas que recientemente hayan dado a luz o se encuentren lactando y capacitar al personal en temas de derechos humanos que incidan en el interés superior de la niñez.

Las consideraciones del informe también toman otros elaborados previamente por el organismo nacional. Se establecía, por lo tanto, la necesidad de partidas presupuestales suficientes “para la edificación de locales o establecimientos que cuenten con instalaciones apropiadas para la atención médica, con espacios que permitan el desarrollo infantil y sean propicios para el tratamiento de las mujeres, tomando en cuenta sus necesidades específicas”, además de la formulación de programas de atención médica general y la implantación de “acciones a efecto de garantizar que en los centros de reclusión con población femenil, toda decisión de permitir que los niños permanezcan con sus madres y respecto del momento en que se deben separar de ellas...” sin dejar de lado la formulación de políticas penitenciarias para reunirse con sus hijas e hijos.

Las principales dificultades en los centros penitenciarios observados por la CNDH se dieron en cuatro aspectos principalmente:

1. Insuficiencia de infraestructura que garantice una estancia digna.

2. Deficiencias en el servicio médico y en educación inicial y preescolar.

3. Deficiencias en la alimentación.

4. Inadecuada atención y clasificación.

En el informe especial se indica que los espacios inadecuados y hacinamiento con comunes en un mayor número de instalaciones penitenciarias del país; un aspecto de especial consideración es la inadecuada clasificación de los internos. Así puede leerse en ese documento:

En 66 centros no existe una adecuada clasificación, y se observa que en 13 establecimientos no hay separación entre hombres y mujeres en áreas comunes, encontrándose en su momento, por ejemplo en el Centro de Internamiento Femenil de Tanivet, en Oaxaca, que el espacio que antes estaba destinado a mujeres con hijas e hijos, se llevó a cabo una modificación para albergar al pabellón psiquiátrico varonil, dividido únicamente por una malla ciclónica, lo que representa un riesgo constante para los menores de edad que ahí habitan. Existen centros con instalaciones destinadas para las mujeres, que forman parte del centro varonil y están separadas del mismo de manera improvisada, con lo cual evidentemente, no se acata lo que en este aspecto ordena la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permitiéndose el tránsito de internas e internos hacia ambas secciones o la convivencia casi permanente de mujeres con la población varonil.6

Lo anterior se confirma en el Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana. Propuesta de políticas públicas para atender de manera integral sus necesidades más apremiantes, publicado por el colectivo Reinserta y el Instituto Nacional de las Mujeres. Este documento es un estudio que se efectuó en once centros penitenciarios de diez estados de la República Mexicana que albergan alrededor de 5 mil 200 mujeres privadas de la libertad, de un total de 12 mil 132 mujeres internas en los diversos centros de reclusión a nivel nacional, es decir, 43 por ciento del total de las mujeres privadas de su libertad a nivel nacional, donde la mayoría son madres.

El estudio concluye lo siguiente:

La mayoría de los centros penitenciarios permite la estancia de menores al interior hasta los seis años. El 23 por ciento de las mujeres tiene pensado sacar a sus hijas o hijos antes de la edad permitida; el 33 por ciento no piensa hacerlo antes (o no tiene una red de apoyo sólida para hacerlo) y el 44 por ciento no respondió a esta pregunta. Algunas mujeres, cuando se les preguntó si consideran los centros penitenciarios aptos para que vivan las y los menores, respondieron que no, incluso que preferirían tenerlos afuera, ya que las condiciones carcelarias no son adecuadas para el desarrollo y crecimiento de niñas y niños.

Conforme a las anteriores consideraciones, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados y convenios internacionales establecen que las madres, sus hijos e hijas, tienen derecho a cuidados y asistencias especiales a través de políticas públicas que incidan en su desarrollo integral, donde no se separe a los hijos de sus madres y se otorguen las máximas condiciones de seguridad en orden de garantizar el interés superior de la niñez. Los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, ninguna persona o institución puede vulnerarlos o desconocerlos en ninguna circunstancia.

El sistema penitenciario mexicano debe brindar la atención a madres internas, a niñas y niños quienes requieren condiciones específicas que garanticen plenamente sus derechos de conformidad con los estándares internacionales y con la normatividad aplicable en su caso.

Así lo confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a una acción de inconstitucionalidad 61/2016 del dieciocho de abril de dos mil dieciocho, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciocho, en el que se impugnaron los artículos 36, tercer párrafo, 137, segundo párrafo, 139 en la porción normativa “no remuneradas”, 141, fracción VII y 144, fracción I en la porción normativa de 12 “años de edad”, todas de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016.+ 7

En la parte sustancial correspondiente a los derechos de las madres internadas y sus hijos e hijas nacidas en los centros de readaptación social, las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la normatividad impugnada, es decir, el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En este sentido establece:

La función primaria del artículo 36 es operativizar los derechos reconocidos en el artículo 10 en el día a día de las mujeres privadas de la libertad con hijos.

Una lectura del artículo en su totalidad, y la comprensión de éste como parte de un sistema, permite concluir que toda mujer privada de su libertad que tenga hijos cuenta con los derechos previstos en el artículo 10 de la ley, entre ellos el de permanencia de sus hijos menores de tres años en el centro penitenciario.

Ahora bien, ¿cómo se debe entender el hecho de que el artículo 36, en la porción normativa impugnada, haga un señalamiento explícito a las mujeres que tengan hijos durante su internamiento?

Como se mencionó, es necesario interpretar la porción normativa impugnada en su contexto. De tal modo, no tendría sentido que el legislador restringiera, en el artículo 36, los derechos de las mujeres privadas de la libertad y de sus hijos nacidos antes del internamiento, reconocidos en el artículo 10 y más adelante en el propio artículo 36 de la misma ley. En ese sentido, es claro que los derechos contenidos en el artículo 10 permean en el resto de la ley”; esto es, convivir con su hija o hijo en el centro penitenciario hasta que cumpla los tres años de edad.

Por lo expuesto, y en virtud de que los informes y diagnósticos han determinado serias carencias que vulneran los derechos de las madres internas y de sus hijos e hijas en centros de readaptación social, se considera oportuno un exhorto al secretario de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, revise las políticas penitenciarias y protocolos que incidan en el respeto por los derechos humanos de madres internas y sus hijos e hijas en los centros de readaptación del ámbito federal.

Igualmente, se considera un exhorto al comisionado nacional de Seguridad Pública para que, en el ámbito de su competencia desarrolle los protocolos que incidan en las autoridades estatales y municipales a fin de garantizar los derechos humanos de madres internas y sus hijos e hijas que permitan adecuados procedimientos de ingreso, permanencia o egreso temporal o definitivo de las hijas e hijos que vivan con sus madres privadas de la libertad a los centros penitenciarios que así lo requieran.

Finalmente, se considera un exhorto al comisionado nacional de Seguridad Pública para que, en el ámbito de su competencia, considere la formulación de planes nacionales a fin de que, en los órdenes de gobierno estatal y municipal, se mejoren y fortalezcan las condiciones de los centros de readaptación a fin de respetar y garantizar los derechos humanos de las madres y de sus hijos e hijas en orden de tutelar el interés superior de la niñez.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Gobernación para que, en el ámbito de su competencia, revise las políticas penitenciarias y protocolos que incidan en el respeto por los derechos humanos de madres internas y sus hijos e hijas en los centros de readaptación social del ámbito federal.

Segundo. Se exhorta al comisionado nacional de Seguridad Pública para que, en el ámbito de su competencia desarrolle los protocolos que incidan en las autoridades estatales y municipales a fin de garantizar los derechos humanos de madres internas y sus hijos e hijas para permitir adecuados procedimientos de ingreso, permanencia o egreso temporal o definitivo de las hijas e hijos que vivan con sus madres privadas de la libertad a los centros penitenciarios estatales y municipales que así lo requieran.

Tercero. Se exhorta al comisionado nacional de Seguridad Pública para que, en el ámbito de su competencia, considere la formulación de planes nacionales para mejorar y fortalecer las condiciones e infraestructura de los centros de readaptación federales, estatales y municipales a fin de respetar y garantizar los derechos humanos de las madres y de sus hijos e hijas privilegiando el interés superior de la niñez.

Notas

1 Reinserta, Inmujeres. Diagnóstico de las circunstancias en las que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad en once centros penitenciarios de la República Mexicana. Propuesta de políticas públicas para atender de manera integral sus necesidades más apremiantes, en https://reinserta.org/noticias/diagnostico-de-maternidad-en-centros-pen itenciarios

2 El documento completo puede leerse en

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_ 2017.pdf

3 CNDH. Diagnóstico nacional penitenciario 2017. Centros femeniles, página 619.

4 Erman Tejeda, “Madres en prisión con hijos menores de edad”, en Prudentia Iuris número 82, 2016, Biblioteca Digital de la Universidad Católica de Argentina, página 253, en http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/madres-prision -hijos-menores-edad.pdf

5 CNDH. Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las condiciones de hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana, 26 de noviembre de 2016, en

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales /InformeEspecial_20161125.pdf

6 Ibídem, página 16.

7 Sentencia dictada por el tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad número 61/2016, así como los votos particular del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y concurrente del ministro Javier Laynez Potisek, Diario Oficial de la Federación, 9 de mayo de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Jucopo de esta soberanía a emitir un acuerdo para convocar a la realización de foros que cumplan el artículo tercero transitorio del decreto por el que se declara reformado el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la CPEUM, publicado en el DOF el 8 de febrero de 2012, a cargo de la diputada Leticia Díaz Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Leticia Díaz Aguilar, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral I, fracción I y el artículo 79, numeral 1, fracción IV, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara Diputados emita un acuerdo por medio del cual se convoque a la realización de foros que culminen dándole estricto cumplimiento al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declara reformado el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012, en razón de los siguientes

Antecedentes

Que el 8 de febrero de 2012 se publicó en la Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se declara reformado el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

“Artículo 4o. ...

...

...

...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este de derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las autoridades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

...

...

...

...

...

...

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días para incorporar las disposiciones relativas al derecho a un medio ambiente sano y las responsabilidades por el daño y deterioro ambiental.

Tercero. El Congreso de la Unión, contará con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas.

...”

Dicha reforma tiende a reconocer y garantizar el derecho humano al agua de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible así como una distribución y acceso de mañera equitativa y sustentable.

Lo anteriormente expuesto en razón de los siguientes

Considerandos

Primero . En el citado artículo tercero transitorio se fijó un plazo de 360 días para que el Congreso de la Unión emitiera la ley reguladora de dicho derecho, en particular la Ley General de Aguas, que sentará las bases de la participación ciudadana, junto a las tres esferas de gobierno, para garantizar el cumplimiento de ese derecho, a partir de esa fecha se han presentado diversas iniciativas, mismas que no han alcanzado un conceso, ya que en su discusión y análisis se ha excluido a los sectores interesados en tan vital tema, teniendo como consecuencia infructuosos esfuerzos, parciales y aislados.

Segundo. Se hace necesaria desde la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la convocatoria para que mediante foros de debate, discusión y análisis, sean expresadas todas las opiniones de los sectores involucrados como lo son: las universidades públicas, privadas, la iniciativa privada, los organismos operadores, la sociedad civil, etcétera. Que se escuchen todas las voces y no opiniones aisladas, procurando en todo momento tener una visión global e integral en materia de política hidráulica, ya que la desvinculación de este órgano de representación popular con los actores interesados del tema, devendría en un esfuerzo infructuoso.

Tercero. Que mediante la realización de los citados foros se buscará el diálogo e intercambios de punto de vista, con la participación de ponentes y expositores que proporcionen información especializada con la finalidad de contar con los mayores elementos posibles en la toma de decisiones, para culminar en una iniciativa que abarque en la medida de lo posible, el mayor número de las inquietudes de los diversos sectores.

Cuarto. En la convocatoria que emita la Jucopo se buscará la participación de expertos, académicos, intelectuales, representantes de educación superior, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los organismos operadores, miembros de la sociedad civil, etcétera. Atendiendo los criterios de pluralidad, representatividad y conocimiento del tema que se trate, con la finalidad de enriquecer la elaboración, debate, análisis y dictamen de las iniciativas presentadas y que se pudieran presentar durante el desarrollo de los foros.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a emitir un acuerdo por medio del cual se convoque a la realización de foros que culminen dándole estricto cumplimiento al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declara reformado el párrafo quinto y se adiciona un párrafo sexto, recorriéndose en su orden los subsecuentes, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de febrero de 2012.

Segundo. Se considere un calendario para el desahogo y desarrollo de los foros en comento, de los cuales se elaboraren memorias de debates y versiones estenográficas.

Tercero. Se invite a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que invite a los senadores interesados a que participen en la realización de los citados foros, lo que facilitará la elaboración y dictamen que en su momento emita la Cámara de Diputados.

Cuarto. Se invitará a los medios de comunicación a que asistan a la cobertura de los foros y los debates deberán ser trasmitidos por el Canal del Congreso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

Diputada Leticia Díaz Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la Secretaría de Finanzas de Sonora a atender la situación financiera de la alcaldía de Hermosillo, a cargo de la diputada María Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Wendy Briceño Zuloaga, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

El gobierno municipal es el orden de gobierno más cercano a la gente, el que tiene que responder de acuerdo con el artículo 115 Constitucional a las necesidades inmediatas de la ciudadanía. Sin embargo, los malos manejos financieros de diversas administraciones han endeudado de forma alarmante a varios ayuntamientos en el país, de tal manera que cuando se cambia de administración es poco el margen de maniobra que se tiene; particularmente al inicio, que es cuando una nueva gestión llega para responder a las demandas ciudadanas, trabajar y ganarse la confianza de quienes los han llevado al ejercicio del poder.

En el caso de Hermosillo, capital de Sonora, la administración saliente ha dejado una deuda de 2 mil 300 millones de pesos; de los cuales: 1 mil 854 millones son una deuda en bancos y el resto en proveedores, en un municipio que maneja 2 mil 800 millones de pesos de presupuesto anual, esta situación es una aberración y un atentado contra los hermosillenses. Es terrible señalar lo siguiente: es Hermosillo la cuarta ciudad más endeudada del país.

Sabemos que la deuda pública actualmente es una bomba de tiempo a nivel federal, estatal y municipal en todo México. Ya es una práctica, con despliegue de todo dolo, alevosía y ventaja, que los gobiernos, antes de dejar su gestión, contratan de última hora deudas exorbitantes, a cargo de las siguientes generaciones, y cuyo destino e inversión queda en total opacidad. Así, la deuda pública ha crecido a tasas en torno a 10 por ciento anual desde que este gobierno federal inicio?.

En cuanto a Sonora, de 2015 a 2016, se duplicó la deuda pública.

Contamos con una Ley de Disciplina Financiera aprobada en el 2015, y con una iniciativa con proyecto de decreto para prohibir la deuda pública; y a pesar de esto no se han tomado las medidas necesarias para frenar estas prácticas dolosas en contra de nuestras ciudades, estados y país.

Ahora mismo, Hermosillo no cuenta ni siquiera con los recursos para atender de manera óptima servicios básicos como la recolección de basura, el pago de salarios de su plantilla laboral, o emergencias como las que se han presentado con las lluvias, entre otros temas urgentes. Tampoco hay dinero para sostener instancias infantiles del DIF, ni el refugio para mujeres y sus hijos que viven violencia de género y tienen que salir literalmente huyendo de sus hogares. En las últimas semanas previas al cambio de administración no se tenía dinero ni para la gasolina de las patrullas, muchas de estas en talleres mecánicos sin poderlas recuperar aún porque se adeudan los servicios. Es una grave falta administrativa que no se paguen las retenciones de los trabajadores, tales como Fonacot, Famsa, Infonavit entre otros servicios; más de 36 millones se deben en estos rubros. Por si fuera poco, cuatro días antes de irse, las anteriores autoridades municipales dieron 134 millones de pesos en créditos fiscales para pagar la deuda a proveedores, constructores y medios de comunicación, recurso que ya no entrará a las arcas de la actual administración. La alcaldesa que recién tomó protesta lo ha dicho en distintos medios: Hermosillo enfrenta una grave situación financiera de urgente atención.

Como se observa, las malas administraciones han postrado al gobierno municipal entrante; por ello, esta administración necesita ser apoyada y fortalecida, para evitar el colapso de la ciudad, con sus riesgos consecuentes en materia de seguridad, servicios básicos, y protección civil.

Esta administración será responsable de manejar sus recursos públicos con sensatez, transparencia y austeridad en lo sucesivo, convocando además a la participación ciudadana.

Por ello, y con independencia de plantear medidas de más largo plazo en la disciplina financiera de los municipios, me permito, respetuosamente desde este pleno, exhortar al gobierno federal, particularmente a la Subsecretaría de Egresos y al gobierno del Estado de Sonora, para apoyar los requerimientos financieros de la administración municipal que recién tomó protesta el pasado 16 de septiembre.

Todas estas razones nos hablan de lo urgente y más que necesaria y justificada en mi calidad de diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a la brevedad se atienda la emergencia financiera de la alcandía de Hermosillo, con la finalidad de que solvente los compromisos de este ejercicio fiscal.

Segundo. Esta Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Finanzas del estado de Sonora, para que a la brevedad se reúna con las autoridades de la alcaldía de Hermosillo, con la finalidad de atender la emergencia financiera y el municipio pueda solventar los compromisos de este ejercicio fiscal.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 25 de septiembre de 2018.

Diputada María Wendy Briceño Zuloaga (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la obra de la garita centro en Mexicali, Baja California, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los proponentes, diputados Marina del Pilar Ávila Olmeda, Erik Isaac Morales Elvira, Jesús Salvador Minor Mora y Martha Patricia Ramírez Lucero diputados por el estado de Baja California, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracciones II y III, numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Mexicali es una localidad mexicana, capital del estado de Baja California y cabecera del municipio homónimo. Cuenta con dos garitas dentro de la mancha urbana: la primera se encuentra en la zona centro de la ciudad llamada garita Centro, garita “Vieja” o garita Río Nuevo, con 12 carriles de circulación hacia Caléxico; la segunda, llamada garita Nuevo Mexicali, se encuentra a 6 kilómetros al oriente de la primera garita y cuenta con 10 carriles.

Pero el día de hoy nos avocaremos a hablar de la garita Centro, que históricamente es una de las principales puertas de entrada a nuestro Estado, la importancia económica y de migración tiene para nuestra ciudad de Mexicali es de gran relevancia

Representa desarrollo, convivencia social, urbanidad pues alrededor de esta se ha construido el legado de la capital, visto en sus comercios, edificios, centros de convivencia, y en época reciente un “boom” que ha detonado en que esa zona sea considerada de las más relevantes médica y económicamente ,derivado de la alta concentración de instituciones médicas, consultorios y farmacias que junto con la zona de algodones dejan una derrama económica para nuestra ciudad superior a los 200 millones de dólares anuales, y eso en una estimación aproximada.

A finales de 2015 se hizo público el “proyecto portuario fronterizo Mexicali – Calexico I”, que conectaría la ciudad de Calexico con Mexicali y le daría una nueva dinámica de movilidad, flujo, tránsito y accesibilidad de una de las fronteras más importantes en México.

Con este proyecto por parte de autoridades locales y sobre todo federales incentivo el interés por invertir en la zona, en infraestructura, proyectos ejecutivos, empresas, y centros educativos, etc.

Dicho proyecto se vio con beneplácito por la población ya que anualmente cientos de miles de turistas provenientes del norte del continente y de diversas latitudes del mundo y de la República vienen y dejan una derrama en la zona centro o lo que conocemos como la antigua sección.

Pero toda esta inversión, planeación y proyecciones para consolidar este importante sector de servicios de nuestra ciudad hoy se ve amenazado por una política de recorte al presupuesto del proyecto Portuario “garita Centro”.

Ante el anuncio de recorte, integrantes del Clúster Médico del Municipio de Mexicali B.C. y locatarios de la zona, exhibieron la preocupación ante el anuncio referente a la modificación al proyecto de construcción de la nueva garita de la zona centro de Mexicali la cual consiste en esta primera etapa, en la eliminación del diseño de un puente y de un paso a desnivel que vendría a conectar esta nueva infraestructura con el centro histórico de este Municipio. Lo que constituye una reducción de pacientes estimado en un 40%. para ellos, porque en la zona en cuestión concentra en 40 por ciento de los hospitales, laboratorios, farmacias, dentistas y médicos especialistas de toda la ciudad.

Hasta donde tenemos conocimiento, la modificación a esta importante obra surge ante una disminución de recursos de 280 millones de pesos por parte de las autoridades federales quienes han expuesto que pasará su construcción a una segunda etapa, argumento que no genera certeza y nosotros vemos que se deja en la incertidumbre a la población ante el inmediato cambio de gobierno en la administración pública federal generando desconfianza de que no se vayan a retomar los planos originales o se elimine en definitiva. Lo hemos visto, posponer es sinónimo de cancelar. Además, si ya estaba asignado el recurso, ¿Por qué no aplicarlo? ¿Por qué modificarlo? Si un presupuesto es asignado, ¿porque hacienda permite el cambio? De nuevo las prácticas desleales del gobierno en contra del bienestar el pueblo se hace presentes. Lo que solicitamos es que se vuelva al proyecto anterior y se liberen esos recursos ya asignados.

La relación entre Mexicali y Calexico es muy grande, ya que entre ambas ciudades hay un gran enlace tanto económico como social, cultural y demográfico. Las garitas que unen a ambas ciudades registraron en 2014 un cruce promedio de 4,7 millones de vehículos de pasajeros, con un total 7,2 millones de personas y 4,5 millones de peatones al año en sentido de sur a norte, lo cual está catalogada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (U.S. Customs and Border Protection) como el quinto cruce más transitado del mundo (En México sólo debajo de Ciudad Juárez-El Paso y Tijuana-San Diego).

Pero en esta “primera etapa” como la llaman, la forma como se construyó el cruce fronterizo a Estados Unidos, es de un proyecto que no permite la movilidad y seguridad vial de esta zona de la ciudad.

Diariamente la fila de autos que se hace implica riesgo ya que esta sobre las vías del ferrocarril. Además, que no cuenta con las obras de infraestructura y medidas necesarias para la integración vial con la ciudad y la seguridad de los transeúntes y automovilistas que diariamente utilizan esta vía.

Cabe señalar que, desde mediados del mes de marzo pasado, tanto el 22 Ayuntamiento de Mexicali, como el Gobierno del Estado por conducto de la SIDUE, así como organismos empresariales y civiles emitieron escritos dirigidos al Administrador Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera del SAT, Lic. Alberto Morales Arechavaleta para señalarle formalmente las consecuencias económicas, de productividad, seguridad, movilidad y ambiental.

En el documento hicieron referencia de que el proyecto de remodelación de la garita Centro carecía de un paso inferior sobre vía de ferrocarril para el flujo de vehicular hacia Estados Unidos proveniente de avenida Colón; tampoco tenía un enlace vial hacia bulevar López Mateos y avenida Madero para flujo vehicular proveniente de los Estados Unidos; le faltaba un enlace vial Colón-Poniente para facilitar la fila del flujo hacia Estados Unidos y debían incluir la rehabilitación y semaforización de la calzada de los Presidentes.

Los regidores de Mexicali, aprobaron el punto de acuerdo durante la 35 Sesión Extraordinaria, debido a la afectación que genera la obra recién inaugurada por el gobierno federal. El cual fue aprobado y ahora yo hago este exhorto de urgente resolución en apoyo a la ciudadanía y porque se tiene que arreglar la situación para que no genere mayores afectaciones, como han surgido al día de hoy.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se solicita al titular del Ejecutivo federal, girar sus instrucciones al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al titular del Servicio de Administración Tributaria, la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, a efecto de que de manera urgente se liberen los recursos necesarios ya asignados y se inicie con la ejecución de las obras de infraestructura requeridas para la correcta integración vial, de desarrollo económico y urbano que se requieren para que la obra en curso relacionada con la remodelación y reubicación de la garita internacional Zona Centro, genere los menores efectos sobre la seguridad de las personas que diariamente la utilizan; el flujo continuo de transeúntes y vehículos que requiere dicho cruce fronterizo y la estabilidad y desarrollo económico de todos y cada uno de los negocios y comercios ubicados en la zona centro de Mexicali, Baja California, que se proceda con la ejecución del puente y paso a desnivel señalados en el proyecto inicial de construcción previamente solicitado.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a hacer públicos los informes del proyecto de la garita Centro, en Mexicali, Baja California, así como sus avances y modificaciones.

Dado en Palacio Legislativo, a 25 de septiembre del 2018.

Diputados: Marina del Pilar Ávila Olmeda, Martha Patricia Ramírez Lucero, Jesús Salvador Minor Mora y Erik Isaac Morales Elvira (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Superior de Justicia de Veracruz a actuar con estricta sujeción a la legalidad en el procedimiento para nombrar a los magistrados, a cargo de la diputada María Bertha Espinoza Segura, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada María Bertha Espinoza Segura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz a que se apegue a la legalidad en el procedimiento de nombramiento de los magistrados, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En un hecho por demás ilegal, la primera semana de septiembre, el Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz, aduciendo la aplicabilidad del artículo 88, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estatal, realizó nombramientos de jueces en funciones de magistrados, bajo el argumento de que existían las vacancias.

Situación que constituye una falta al estado de derecho, toda vez que de conformidad con el artículo 59 de la Constitución estatal, el nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, corresponde al Congreso del estado, a propuesta del gobernador, salvo cuando esté en receso, caso en el cual la Diputación Permanente hará el nombramiento con carácter provisional, en tanto aquél se reúne y da la aprobación definitiva.

El caso no es menor y obedece al intento, por parte del actual gobierno, de dejar jueces a modo en aras de posibilitar escenarios de impunidad y, más aún, en un intento de coartar la acción de la próxima administración.

Es menester mencionar que, el artículo 205 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, señala el procedimiento que debe observarse ante la conclusión del encargo de un magistrado, acotando la participación del presidente del Tribunal a comunicar la vacancia al gobernador del estado, para que éste haga la propuesta al Congreso.

En ese sentido, los nombramientos no sólo fueron impropios, sino ilegales. Es claro que pretender habilitar a dichos servidores públicos como magistrados y pagarles como tales, es una violación a la Constitución del estado y a la propia ley orgánica, máxime que se obvia que el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisa que la remuneración de los servidores públicos será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos, lo que evidentemente no está previsto en el estado de Veracruz.

El pueblo de Veracruz exige justicia. Es un profundo reclamo ante los abusos y los excesos del poder; frente a la acción del crimen organizado, pero también, ante la violencia que ejercen los cuerpos de policía al servicio del gobierno. Es una demanda social que comparten todos los sectores por el dramático deterioro de la seguridad, pero sobre todo, por la persistencia de prácticas de corrupción, amiguismo e incompetencia en los poderes del estado, particularmente en el Poder Judicial.

Sin justicia no hay espacio para la convivencia armónica en sociedad. En buena medida, los resultados electorales del pasado 1 de julio, fueron en Veracruz la confirmación del hartazgo ciudadano por la ausencia de un sistema de justicia que nos haga, efectivamente, a todos iguales ante la ley. Pero esta aspiración colectiva, este anhelo de vivir en paz no será posible mientras instituciones emblemáticas, garantes de la impartición de justicia, como el Tribunal Superior, estén secuestradas por verdaderos capos de la política.

La sociedad veracruzana rechazó el quehacer de quienes han ostentado los poderes del estado para su beneficio. Le dijo no a la continuidad de un gobierno que hizo de la simulación, el engaño y la represión, práctica cotidiana y ejercicio indebido del servicio público. Le dijo no a un Poder Judicial que ha hecho del amiguismo, el compadrazgo y la incompetencia, expresiones señeras de una decadencia institucional que pagamos todos los y las veracruzanas, quienes a diario sufrimos la pésima administración de justicia que tenemos.

Ahora, sin el menor recato y pudor, el presidente del Tribunal de Justicia de Veracruz, Edel Humberto Álvarez Peña, designa a magistrados provisionales con procedimientos que violan los preceptos constitucionales. Edel Humberto, no ha entendido el mensaje de hartazgo que las y los veracruzanos dimos el pasado 1 de julio al darle la bienvenida a un cambio fundacional que se verá reflejado en un gobierno al servicio de la gente, como lo será la administración de Cuitláhuac García.

El pueblo de Veracruz tiene una añeja demanda por una impartición pronta y expedita de justicia. Pero esto no podrá ser en tanto se mantengan al frente de estas instituciones personas sin un vínculo moral básico; sin un principio ético de servicio.

El cambio verdadero, el que impulsa la Cuarta Transformación del país, tiene en la verdad y en el compromiso auténtico de servir, su principal estructura de soporte. Poco a poco, cederán personajes oscuros del antiguo régimen, como el que hoy nos ocupa en esta proposición con punto de acuerdo.

Lo que tenemos en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, es la extensión de un pernicioso amiguismo que cierra su círculo con compadres y familiares en puestos de relevancia, lo que deja a la justicia como un asunto de familias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz, a conducirse con apego a la legalidad en el procedimiento de nombramiento de magistrados, y, por ende, abstenerse de otorgar nombramientos al amparo de cualquier figura, al margen de la Constitución del estado y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

Diputada María Bertha Espinoza Segura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la instalación de mesas de diálogo para atender demandas de habitantes de Oaxaca afectados por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 y 16 de febrero de 2018, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena

María del Carmen Bautista Peláez, diputada a la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la instalación de mesas de diálogo para la atención de las demandas de habitantes de Oaxaca afectados por los sismos del 7 y19 de septiembre de 2017 y del 16 de febrero de 2018 al tenor de las siguientes

Consideraciones

Después de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la aplicación de ayuda de reconstrucción de viviendas para los Estados afectados ha pasado por distintas fases a través de fondos como el de desastres para invertir en las reparaciones de las afectaciones totales y parciales que permitan la rehabilitación de los hogares de los miles de damnificados particularmente en Oaxaca y Chiapas.

De acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Chiapas se registraron 58 mil 366 viviendas con daños parciales o totales, mientras que en Oaxaca, sumaron 63 mil 335 casas con algún nivel de afectación, dando como resultado un total de 121 mil 701 viviendas que resultaron afectadas tras los sismos del 7 y 19 de septiembre de año anterior.

Otros datos de la Presidencia de la República, publicados el 18 de septiembre de 2018, indican cuáles han sido los daños a viviendas a un año de los sismos1 :

El censo de daños tiene el registro de más de 169 mil viviendas afectadas (59 mil con daño total y casi 110 mil con daños parciales). Hasta septiembre de 2018, más de 166 mil titulares (98 por ciento) de estas viviendas han recibido el apoyo correspondiente a través de las tarjetas Bansefi. Existen 2 mil 800 casos especiales de familias que aún no han recogido sus tarjetas por distintos motivos (salieron de la localidad donde residían, hay algún litigio familiar o fallecieron las personas a cuyo nombre estaba el trámite, entre otros). Esas tarjetas pueden aún ser recogidas en las sucursales de Bansefi. En total, se han distribuido 8 mil millones de pesos en apoyos para la reconstrucción de vivienda a través de las tarjetas Bansefi.

En Oaxaca, un esquema de reconstrucción asistida se echó a andar a fin de acelerar el proceso de reconstrucción de viviendas. Según la Sedatu, seis de cada diez casas se autoconstruyen bajo esquemas de financiamiento. Así lo dejó asentado en el siguiente comunicado de prensa publicado el 16 de noviembre de 2017:

El esquema de reconstrucción asistida elegido por el gobierno de la República y la participación de la sociedad civil ha permitido que a poco más de dos meses de los sismos miles de viviendas en Oaxaca y Chiapas estén en proceso de construcción, y que incluso muchos mexicanos ya habiten sus nuevos hogares.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda, al 12 de noviembre en Oaxaca 3,594 casas están en proceso de construcción, mientras que en Chiapas el número alcanza las mil 255 viviendas.

Luego de los sismos ocurridos el 7 de septiembre, el gobierno de la República tomó la decisión de que fuera la misma población, con el acompañamiento técnico, la que construyera su vivienda, ya que seis de cada diez casas se autoconstruyen en el país.

Con la asistencia técnica gratuita que se otorga en los módulos de atención Puertas Abiertas que están instalados en cada uno de los municipios que se vieron afectados por los sismos, la población lleva a cabo este proceso de autoconstrucción de sus viviendas.

Otro aspecto fundamental en el proceso de autoconstrucción es el esquema de “Mujeres Vigilantes”, ya que serán ellas las que garanticen que los recursos disponibles lleguen a donde realmente se necesitan.

El esquema de reconstrucción asistida elegido por el gobierno de la República y la participación de la sociedad civil ha permitido que a poco más de dos meses de los sismos miles de viviendas en Oaxaca y Chiapas estén en proceso de construcción, y que incluso muchos mexicanos ya habiten sus nuevos hogares.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Vivienda, al 12 de noviembre en Oaxaca 3 mil 594 casas están en proceso de construcción, mientras que en Chiapas el número alcanza las mil 255 viviendas.

Luego de los sismos ocurridos el 7 de septiembre, el gobierno de la República tomó la decisión de que fuera la misma población, con el acompañamiento técnico, la que construyera su vivienda, ya que seis de cada diez casas se autoconstruyen en el país.

Con la asistencia técnica gratuita que se otorga en los módulos de atención Puertas Abiertas que están instalados en cada uno de los municipios que se vieron afectados por los sismos, la población lleva a cabo este proceso de autoconstrucción de sus viviendas.

Otro aspecto fundamental en el proceso de autoconstrucción es el esquema de “Mujeres Vigilantes”, ya que serán ellas las que garanticen que los recursos disponibles lleguen a donde realmente se necesitan.

Sin embargo, a pesar de los argumentos optimistas de las autoridades, la situación en Oaxaca llega a tal nivel que se han registrado movilizaciones hacia la Ciudad de México de pobladores, particularmente de la región del Istmo, para la reconsideración de recursos y apoyos.

Las demandas exigían nuevos censos para la reevaluación de las afectaciones, la reclasificación de daños por los eventos sísmicos, la entrega de tarjetas debidamente foliadas y protegidas para evitar fraudes, el aumento de apoyos únicos de 15 mil pesos y de 120 mil pesos en parcialidades y la extensión de los Programas de Empleo Temporal para la generación de ingresos en las regiones afectadas.

Las movilizaciones han hecho que los pobladores de estas regiones hayan optado por los plantones y la huelga de hambre en las sedes del senado de la República y llevar sus demandas al Palacio Legislativo de San Lázaro además de los bloqueos carreteros en el estado de Oaxaca. Según mujeres de diversas organizaciones, “no se contempló a 5 mil personas damnificadas, tampoco se hizo una reclasificación de daños a pesar a que fueron tres sismos de gran magnitud en el mes de septiembre y se han detectado por lo menos mil tarjetas sin fondo”, se habrían detectado, por lo menos, sesenta tarjetas clonadas.

La realidad es que, en los meses posteriores al sismo, hubo movilizaciones e inconformidades de cientos de habitantes de diferentes zonas de Oaxaca, reclamando, además, ajustes en las ayudas nuevos censos y la valoración de daños que han perjudicado a cientos en su patrimonio. Posterior a los sismos de septiembre, el viernes 16 de febrero de 2018, un sismo de magnitud 7,2 sacudió la zona de Pinotepa Nacional; en el proceso de reconocimiento de los daños, un comunicado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, publicado el 22 de marzo de 20182 señaló cuáles eran los supuestos avances para resolver las afectaciones provocada por el sismo de febrero de 2018:

Boletín 058 /18.

• Estamos terminando de evaluar los daños en más de 4 mil 500 viviendas que resultaron afectadas, informó el director general de Ordenamiento Territorial y Zonas de Riesgo de la Sedatu, Armando Saldaña Flores

• Para el gobierno de la República es una prioridad concluir este proceso como lo señala el Fondo Nacional de Desastres Naturales, señaló

• La instrucción de la secretaria Rosario Robles fue atender a quienes verdaderamente lo necesitan, y que nadie lucrara con la tragedia de familias humildes que desafortunadamente perdieron sus viviendas, afirmó

Será el viernes 22 de marzo cuando concluya el levantamiento del censo de viviendas afectadas en 50 municipios de Oaxaca por el sismo del pasado 16 de febrero, informó el director general de Ordenamiento Territorial y Zonas de Riesgo de la Sedatu, Armando Saldaña Flores.

“Prácticamente se han concluido los censos en toda la región de la costa y en esta última semana estamos terminando de evaluar los daños en 10 mil viviendas que resultaron afectadas”, señaló.

Saldaña Flores, informó que para el gobierno de la República es una prioridad concluir en la región de la costa en donde se han redoblado los esfuerzos para finalizar este proceso como lo señala el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

“Para hoy estaremos finalizando los trabajos aquí en Juchitán y se espera que para el día de mañana viernes redoblaremos esfuerzos en Tehuantepec, y cerrar en los términos que señala el Fonden”.

El funcionario federal señaló que, desde un principio la instrucción de la secretaria Rosario Robles fue atender a quienes verdaderamente lo necesitan, y que nadie lucrara con la tragedia de familias humildes que desafortunadamente perdieron sus viviendas.

“Nos hemos encontrado con dirigentes populares que exigen el censo en colonias donde no hay afectación o en viviendas que estaban en construcción y no están dentro de las reglas del Fonden, sin embargo, nosotros seguiremos trabajando de manera coordinada con las distintas autoridades, a fin de llevar a buen término este proceso”, afirmó.

Por último, Saldaña Flores, reafirmó el compromiso del gobierno de la República por trabajar de la mano con las familias afectadas para avanzar en la consolidación del proceso de reconstrucción de viviendas en todos los estados afectados por los sismos que se han registrado en el país.

Tehuantepec, Oaxaca, a jueves 22 de marzo de 2018.

Sin embargo, aún cientos de ciudadanos exigen y demandan la justa ayuda, han optado por la resistencia a fin de que las autoridades den respuesta a sus demandas puesto que sus casas y ayudas económicas no han sido suficientes en la reconstrucción mientras el tiempo avanza y la situación continúa agravándose. A un año de los sismos de septiembre de 2017, y desde el sismo de febrero de 2018, la ayuda no ha sido como debería, muchos aún siguen viviendo en albergues o campamentos, mientras que el patrimonio del estado de Oaxaca está en ruinas debido a la naturaleza y a la negligencia de las autoridades que no han aplicado con eficiencia los recursos para la reconstrucción.

Es por eso que se considera pertinente dirigir un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que considere la instalación de mesas de diálogo con los habitantes del Istmo de Tehuantepec a fin de resolver las demandas de nuevos censos de viviendas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre y del 16 de febrero de 2018 así como la adecuada canalización y aumento de recursos para la reconstrucción.

Por lo expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que considere la instalación de mesas de diálogo con habitantes de la región Costa del estado de Oaxaca a fin de resolver las demandas de actualización de los censos de viviendas dañadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre y del 16 de febrero de 2018.

Segundo. Se exhorta a la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que, en el ámbito de su competencia, realice acciones oportunas para la adecuada canalización de los montos para el apoyo en la reconstrucción de las viviendas afectadas de manera parcial o total por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 y del 16 de febrero de 2018 en el estado de Oaxaca.

Notas

1 En: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/avances-en-la-reconstruccion-a-un -ano-de-los-sismos-de-septiembre-de-2017

2 En: https://www.gob.mx/sedatu/prensa/concluye-en-oaxaca-censo-a-viviendas-a fectadas-por-el-sismo-del-16-de-febrero-pasado-sedatu?idiom=es

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2018.

Diputada María del Carmen Bautista Peláez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit a proponer opciones de restructuración de deuda para solucionar las problemáticas de los derechohabientes en Sinaloa, con particular atención a los afectados en Mazatlán, a cargo del diputado Maximiliano Ruiz Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Maximiliano Ruíz Arias, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, mediante el cual se exhorta al titular del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), para que, conforme a sus facultades, proponga alternativas de restructuración de deuda, a fin de solucionar las problemáticas que presentan sus derechohabientes en Sinaloa, con particular atención a los afectados en Mazatlán, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El derecho a la vivienda, es un derecho humano fundamental, que encuentra su sustento legal en los artículos 4o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además es reconocido en las disposiciones internacionales sobre Derechos Humanos como un elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en diferentes instrumentos internacionales de los cuales México forma parte.

Virtud de ello, se establece que todas las familias tendrán acceso a disfrutar de una vivienda digna, así como los mecanismos y la obligación de las empresas para realizar aportaciones a un fondo nacional de la vivienda para que los trabajadores puedan acceder al financiamiento de créditos baratos y suficientes que garanticen el ejercicio pleno de este derecho.

Específicamente el artículo 123, párrafo segundo, fracción XII, de nuestra Carta Magna, estipula la creación de un organismo encaminado a administrar los recursos de fondos de vivienda de los trabajadores, recayendo tal responsabilidad en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda.

Es importante mencionar que el Infonavit es la institución que contribuye al acompañamiento de los trabajadores del país a lo largo de su vida laboral y durante su retiro, ofreciendo en todo momento soluciones tendientes a incrementar su patrimonio y calidad de vida de manera sustentable.

Sin embargo, en Sinaloa y particularmente en Mazatlán, existe un reflejo de la política de vivienda nacional, dado que muchas familias que tienen años habitando sus viviendas y que, por diversos factores ajenos a ellos, se han visto afectados en su poder adquisitivo, muchos de ellos desempleados, ya no pueden continuar pagando, lo que los coloca en una situación vulnerable y que en el peor de los casos ha resultado en la perdida de sus viviendas por falta de liquidez y altas tasas de interés.

Cabe destacar que actualmente en el estado de Sinaloa, se presentan alrededor de 1500 casos de familias que se encuentran en riesgo de perder su hogar a causa de las políticas del Infonavit. Dichas familias presentan un adeudo que en los últimos años se ha elevado en un 200% aproximadamente. De estos 1500 casos, entre 300 y 500 corresponden al municipio de Mazatlán.

Dicha problemática ha derivado en el pronunciamiento de diversas asociaciones civiles que defienden el beneficio de las familias y los hogares afectados. Incluso, la Asociación Civil “Amor por mi Casa”, ha propuesto a nuestro Presidente Electo frenar dichos embargos debido a que son injustos y se pone en riesgo a las familias afectadas.

Más aún, en medio de esta problemática aparecen los vivales que al amparo del Infonavit, aprovechan de la necesidad de vivienda de un sector de la población, se visten de falsos gestores, organizan invasiones y luego de pedir ciertas cantidades para los trámites, desaparecen, dejando a las familias en el desamparo absoluto.

Sin lugar a dudas, el Infonavit ha perdido la vocación de servicio a los trabajadores que lo caracterizaba y se ha convertido en un negocio inmobiliario a causa de las acciones efectuadas en contra las familias afectados por los embargos. Lejos de cumplir con la tarea fundamental de apoyar a los trabajadores a obtener un crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones, su injusta política ha forzado a estos a aceptar tratos desventajosos para poder recuperar su cartera vencida.

En este contexto, es necesario considerar adicionalmente que el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha establecido criterios en los cuales cita que el derecho a una vivienda adecuada “comprende las medidas necesarias para prevenir la falta de un techo, prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación, centrarse en los grupos más vulnerables y marginados, asegurar la seguridad de tenencia para todos y garantizar que la vivienda de todas las personas sea adecuada”.

Por ello, este recurso legislativo, demanda al Titular del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores (Infonavit), para que plantee un esquema de mediación con los derechohabientes que han tenido problemas para liquidar su crédito con la hipotecaria del estado y no pierdan sus casas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) para que, conforme a sus facultades, proponga alternativas de restructuración de deuda, a fin de solucionar las problemáticas que presentan sus derechohabientes en Sinaloa, con particular atención a los afectados en Mazatlán.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

Diputado Maximiliano Ruiz Arias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se aprueba la realización de la Convención Nacional Hacendaria el 9 de noviembre de 2018, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena y PAN

Quienes suscriben, diputados a la LXIV Legislatura, integrante de los grupos parlamentarios de Morena y de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, artículo 65, numeral 4, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones III, IV y VI, y artículo 100, numeral 1, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución bajo las siguientes

Consideraciones

En los momentos actuales que vive nuestro país, es conveniente reunir a los legisladores locales y federales, para que, mediante el diálogo, el debate y los consensos, logremos ordenar el gasto público y fortalecer las haciendas de los estados y del país en su conjunto.

En un sistema como el mexicano, basado en el pacto federal, coexisten el gobierno central, responsable de velar por los intereses de la nación, y los gobiernos estales y municipales, libres y soberanos, más cercanos a la población, obligados a atender las necesidades de su región.

Es así que el pacto federal asigna competencias a cada nivel de gobierno, para garantizar la vida democrática, la gobernabilidad, la representación, la justicia social y la soberanía nacional.

Asimismo, establece los esquemas para financiar el gasto que requiere esta gran unidad. Por ejemplo, el artículo 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto federal y en su fracción XXIX reserva también para ese propósito, entre otras, las operaciones de comercio exterior, la explotación de recursos naturales, los servicios públicos concesionados, la energía eléctrica y los hidrocarburos. A su vez, el artículo 124 define que aquellas facultades que no están expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados. Del mismo modo, el artículo 115 otorga algunas facultades a los municipios.

Este pacto ha pasado por diversos momentos, entre fuerzas centralistas y federales. También lo afectan las circunstancias económicas del país, lo que ha dado lugar a esfuerzos por establecer la mejor coordinación posible. Así sucedió en 1925, 1932, 1947 y 2004, años en los que se realizaron convenciones, fiscales o hacendarias, según su alcance, pero siempre guiadas por la necesidad de adecuar de mejor manera las responsabilidades de la federación, los estados y los municipios.

No todos sus acuerdos se pusieron en práctica. Pero siempre contribuyeron a desarrollar un mejor entendimiento entre las necesidades y las posibles soluciones de la relación entre los estados y la federación.

Esos diversos momentos se han reflejado en las reformas introducidas a la Ley de Coordinación Fiscal, vigente desde 1978, la cual establece los términos en los que la Federación y las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, participan de los ingresos federales, su distribución, así como las reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.

Hoy nuevamente vivimos un momento en el que se considera necesario revisar las condiciones en las que opera el pacto federal. Hoy el país requiere hacer el mejor uso de todos sus recursos, para superar los inaceptables rezagos en el desarrollo social. Además, a diferencia del pasado, ahora la sociedad ha expresado un fuerte reclamo para que los responsables del gasto público sean más responsables, más transparentes, eficientes y eficaces.

El propósito general de la Convención Nacional Hacendaria es coadyuvar a impulsar un desarrollo económico más dinámico y justo, redefinir las responsabilidades de gasto a partir de las necesidades básicas en materia de desarrollo social y de infraestructura productiva de cada uno de los tres órdenes de gobierno, así como generar los recursos necesarios y suficientes dentro de un nuevo federalismo, adoptando medidas para frenar el crecimiento de los pasivos locales y mejorar las finanzas de los estados y municipios.

Asimismo, la Convención es un marco adecuado para homologar criterios de austeridad, gasto y organización de los poderes legislativos locales y del Congreso de la Unión.

Por eso se propone la realización de una Convención Nacional Hacendaria de legisladores locales y federales, que permita desarrollar un diagnóstico y las posibles soluciones a las causas que han impedido un desarrollo regional más homogéneo. A pesar de los diversos fondos mediante los que se distribuye el gasto federalizado, que ha estado en constante crecimiento, y del crecimiento de la deuda de algunos estados, prevalece la desigualdad en el desarrollo regional. A eso se añade la necesidad de dar una repuesta a lo que es un reclamo social, de ejercer los recursos públicos con transparencia, con austeridad, honestidad, eficiencia y eficacia. Finalmente, es necesaria porque se estima que el ejercicio del gasto y los diferentes programas federales se modificarán.

Por eso se propone el desarrollo de ésta que podría ser denominada la V Convención Nacional Hacendaria, con los siguientes objetivos:

Objetivos

De inicio, se producirá y difundirá un diagnóstico de la situación actual de las haciendas públicas federal, estatal y municipal, identificando también la utilización y los costos de los diferentes esquemas de financiamiento o de administración de recursos vía fideicomisos.

Primero. Se propone arribar a un acuerdo para establecer un orden y la mayor eficiencia en el gasto público de los tres órdenes de gobierno.

Buscamos construir un diagnóstico común de la situación actual de las haciendas públicas federal, estatal y municipal. En ese diagnóstico se deben identificar los aciertos y las fallas, además de los costos de los diferentes esquemas de tributación, la recaudación fiscal y de financiamiento de los estados, los municipios y la federación.

Se quiere revisar también la situación que guardan los fideicomisos administrados por los estados y hacer una evaluación de la deuda de estados y municipio, destacando aquéllos que se encuentren en condiciones de riesgo.

En el diagnóstico se deben revisar las condiciones en que se encuentran las percepciones económicas de los servidores públicos, los destinos del gasto corriente y la dirección de las inversiones en desarrollo social y en infraestructura productiva, además de los gastos en el financiamiento de los partidos políticos y en los costos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en cada entidad.

Nuestro propósito es reducir el gasto oneroso e incrementar la inversión para generar empleo y mejorar las condiciones de vida de millones de familias mexicanas.

Segundo. Queremos construir un nuevo federalismo fiscal y hacendario y promover un nuevo orden legal y constitucional que nos permita poner en marcha las medidas para hacer más eficiente la recaudación, la aplicación responsable y eficaz del gasto, así como el uso prudente de la deuda pública.

Estaremos redefiniendo las responsabilidades en la administración del ingreso, el gasto y las tareas de vigilancia que cada uno debe asumir para alcanzar mayores niveles de recaudación y fortaleza financiera.

Tercero. Vamos a definir nuevas reglas para la rendición de cuentas y de los sistemas de contabilidad, de información y de estímulos y sanciones. De manera particular queremos terminar con la discrecionalidad en las transferencias de recursos federalizados, así como mejorar la organización, dar certeza en la aplicación de los presupuestos para los distintos Ramos y fondos establecidos a partir de legislación en materia de coordinación fiscal.

Cuarto. Homologar los criterios sobre los que se organiza el gasto en las diversas Cámaras de los Poderes Legislativos, los locales y de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, además de elevar su capacidad en la definición del gasto y en el establecimiento de nuevas facultades de los órganos de fiscalización del gasto a nivel local y federal.

Quinto. Definir las bases para elevar la presencia de la ciudadanía y de los organismos de la sociedad civil en los procesos de definición, información de los avances y la vigilancia y fiscalización de los presupuestos federal y local.

El propósito general de la Convención Nacional Hacendaria es coadyuvar a impulsar un desarrollo económico más dinámico y justo, redefinir las responsabilidades de gasto a partir de las necesidades básicas en materia de desarrollo social y de infraestructura productiva de cada uno de los tres órdenes de gobierno, así como generar los recursos necesarios y suficientes dentro de un nuevo federalismo, adoptando medidas para frenar el crecimiento de los pasivos locales y mejorar las finanzas de los estados y municipios.

Bases de Participación de los Trabajos

1. Podrán participar los diputados locales, diputados federales y senadores de la República. Lo podrán hacer a título individual, en representación de sus grupos parlamentarios o en representación de sus respectivas Cámaras legislativas.

2. Participarán, en calidad de órganos de consulta y opinión, las distintas agrupaciones e instituciones de carácter técnico, entre las que destacan: La Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, AC (Asofis); representantes de organizaciones de autoridades municipales (Asociación de Municipios de México, AC (AMMAC); Asociación de Autoridades Locales de México, AC (AALMAC);Federación Nacional de Municipios de México, AC (FENAMM); Asociación Nacional de Alcaldes, AC (ANAC)), académicos, investigadores, subsecretarios de ingresos y de presupuesto, tanto del gobierno actual como del gabinete del gobierno electo, así como organismos de la sociedad civil, a que aporten su análisis de la situación hacendaria en los tres órdenes de gobierno.

3. La Convención Nacional Hacendaria de Legisladores Locales y Federales se realizará a partir del 9 de noviembre de 2018 en la Ciudad de México.

4. Sus resultados representarán un gran avance para ordenar el gasto público, terminar con la opacidad y la corrupción. Además, las conclusiones a las que llegaremos nos va a permitir el fortalecimiento de las haciendas públicas del nuevo federalismo y la garantía de la inversión eficiente de los recursos económicos que diariamente pagan, mediante impuestos y contribuciones, los millones personas físicas y de las unidades productivas.

Por todo lo anterior y con fundamento en lo expresado así como en las disposiciones invocadas en el proemio, se propone como de urgente u obvia resolución el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprueba la realización de la Convención Nacional Hacendaria en los términos reseñados en la exposición de motivos de este punto de acuerdo e instruye a las instancias correspondientes a ofrecer las facilidades necesarias para su realización.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

Diputados: Alfonso Ramírez Cuéllar (rúbrica), Erasmo González Robledo, Daniel Gutiérrez Gutiérrez, María Marcela Torres Peimbert, Marco Antonio Medina Pérez, José Isabel Trejo Reyes, Patricia Terrazas Baca, María Esther Mejía Cruz, Eraclio Rodríguez Gómez y Martha Olivia García Vidaña.


Efemérides

Con motivo del 26 de septiembre, Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

El 26 de septiembre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, con el objetivo de crear conciencia sobre la necesidad de mejorar el nivel de educación sexual entre los jóvenes para la utilización de métodos anticonceptivos eficaces y seguros.

La adolescencia es una etapa fundamental para el desarrollo de la personalidad, en términos de la autonomía, en términos de la madurez en la toma de decisiones.

En el país, el embarazo adolescente es un problema muy grave que no podemos pasar por alto.

Entre los países que conforman la organización para la cooperación y el desarrollo económicos, México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México tiene una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil jóvenes de 15 a 19 años.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años, y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15, dan a luz cada año.

Los embarazos conocidos como muy tempranos, es decir, en el grupo de edad de 10 a 14 años también van en aumento, con casi 27 por ciento de todos los nacimientos, según lo expresado por Rosalinda Guevara, de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Programa de Prevención de Embarazo Adolescente.

Un embarazo no planeado en la adolescencia representa grandes obstáculos para el desarrollo pleno de las mujeres jóvenes.

Uno de ellos es la dificultad a la que se enfrentan para concluir su educación.

Ésta es una situación muy preocupante, porque la educación, además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu y los valores que nos forman como seres humanos.

Como país, necesitamos que las niñas y adolescentes perciban un valor en la continuación de sus estudios y en su desarrollo profesional, y que en consecuencia tomen las medidas necesarias para prevenir un embarazo.

Deben revisarse los planes de estudio en materia de sexualidad para que los adolescentes comprendan que vivir su sexualidad implica también hacerlo con responsabilidad para evitar embarazos no deseados ni enfermedades de transmisión sexual.

El ejercicio de la sexualidad por los adolescentes es un derecho fundamental que para hacerse efectivo debe acompañarse de información oportuna, científica y actual.

Debemos recordar que es un derecho informarse, orientarse y educarse para vivir una sexualidad plena, feliz y de forma responsable.

La pobreza y la falta de información son los mayores obstáculos para lograr este objetivo.

Para superarlos, diversos órganos del estado deben reconocer su corresponsabilidad en el problema de embarazo adolescente al que hoy nos enfrentemos.

Actualmente, el Consejo Nacional de Población es la institución que coordina la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes, que tiene como objetivo en 2030 erradicar los embarazos en menores de 14 años y disminuir a 50 por ciento los embarazos en mujeres de 15 a 19 años.

En Acción Nacional consideramos que las acciones emprendidas por este órgano no han sido suficientes. Creemos que la estrategia nacional no ha tenido el efecto ni la eficacia que la situación amerita.

No vemos que las cifras en estos últimos años hayan disminuido sino, por el contrario, de acuerdo con los datos van en aumento.

Creemos que deben procurarse planes, proyectos y acciones innovadoras para atender este problema.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes es necesario que el Estado mexicano fortalezca las políticas, estrategias y acciones dirigidas a prevenir y erradicar los embarazos en niñas y adolescentes, e intensifique su difusión.

Urge implantar políticas públicas para revertir estas tendencias de embarazos adolescentes, pues ya se ha constituido en una problemática social nacional que, de no atenderse con prontitud, podría ser origen de otros problemas como el abandono de menores o el incremento de la pobreza.

La educación y la información son herramientas torales para reducir los embarazos adolescentes en México.

En Acción Nacional estamos convencidos de que para que México crezca, debemos procurar el desarrollo integral de todos y cada uno de los ciudadanos.

De esta manera estaremos brindando a niñas y jóvenes mejores oportunidades para acceder a una vida digna.

Llevar a cabo esta tarea, requiere del compromiso y acción de los distintos órganos del estado y de la sociedad en su conjunto.

También quiero destacar que por primera vez, el 23 de septiembre de este año se celebró el Día Internacional de las Lenguas de Señas, con el tema “Con lenguaje de señas, ¡todo el mundo está incluido!” Dicha proclamación se dio por la Organización de las Naciones Unidas a fin de promover la toma de conciencia sobre la importancia de las lenguas de señas para la plena realización de los derechos humanos de las personas sordas.

Dicha celebración formará parte de la semana internacional de las personas sordas que se lleva a cabo los últimos días de septiembre, siendo este otro de los temas que se encuentran dentro de la agenda de Acción Nacional y que es la inclusión de las personas con discapacidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2018.

Diputada María de los Ángeles Gutiérrez (rúbrica)