Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobernador de Veracruz a abstenerse en estricto cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales de enajenar bienes muebles que represente un daño a la hacienda pública local o un acto de sabotaje de las capacidades operativas de la próxima administración, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Consideraciones

Primera. Durante su periodo como titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (1 de diciembre de 2016 al 8 de febrero de 2018), el ahora senador de la República, Julen Rementería del Puerto, anunció el rescate de maquinaria pesada que se encontraba abandonada en diversos municipios, la cual era propiedad de dicha dependencia estatal.

Ha sido publicitado en diversos medios de comunicación, que son alrededor de 597 equipos de maquinaria, propiedad de la SIOP, de los cuales, el actual gobierno aduce que 222 de estos bienes muebles, son material ferroso; señalando que parte del producto de la venta, será destinado a la reparación de 50 máquinas, lo que en su dicho, alcanzará una erogación de 62 millones de pesos (mdp); por cuanto ve a otras 112 máquinas serán enajenadas bajo el concepto de “maquinaria de medio uso”; asimismo, dicen estar investigando para su recuperación, otras 200 piezas.

La maquinaria se dividirá en dos bloques, una para subastar en la modalidad de venta normal, la cual será entregada al postor, y otro para subastar, en calidad de desecho.

Entre la maquinaria a subastar, otros medios han descrito los siguientes bienes:

• Un precalentador de asfalto de más de 8 millones de pesos; una excavadora, 465 mil 500 pesos; un payloader, 513 mil pesos; 5 martillos hidráulicos, 318 mil pesos; un tractor de orugas, 637 mil 389 pesos; una planta mezcladora en frío, 135 mil pesos; una recuperadora de material, un millón de pesos; una motoconformadora, 47 mil pesos, y un trascabo, de 30 mil pesos.

Presumiblemente, de la subasta se obtendrían 72 mdp, de los que supuestamente se invertirán 62 mdp, por lo que de ser verídica dicha información, se concluye que sobrarían 10 mdp.

Segunda . En este sentido, el viernes 29 de agosto de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, en su número extraordinario 346, la subasta pública número SP-008001-004-18, relativa a la enajenación onerosa de 136 unidades de maquinaria pesada y equipo complementario, propiedad de la SIOP, misma que fue dirigida a todas aquellas personas físicas y morales interesadas.

Dicha maquinaria fue subastada por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) el 13 de septiembre de 2018, a las 11:00 horas, en el auditorio de dicha secretaría, exponiéndose dentro de la convocatoria que:

“...las unidades de maquinaria y equipo marcadas con los números consecutivos del 1 al 64 serán subastados bajo la modalidad de venta normal, del 65 al 136 se enajenarán en calidad de desecho...”.

Las bases según la convocatoria, estuvieron publicadas para su consulta y compra en la página de internet de la Sefiplan, los días 31 de agosto, 3 y 4 de septiembre de 2018, mismas que actualmente no son consultables, lo que pudiera constituir una irregularidad de transparencia en el procedimiento, pues al no ser consultables las bases en el portal, no se tiene certeza jurídica de que la maquinaria haya sido valuada conforme a los precios actuales en el mercado.

Por lo que, con la venta de los bienes muebles, se puede presumir que la próxima administración no pudiera estar en condiciones de verificar los contratos de compraventa y mantenimiento de la maquinaria subastada, incurriendo en un daño patrimonial al estado.

En ese aspecto, se considera de vital importancia transparentar el procedimiento pues tales hechos ponen de manifiesto aspectos que pudieran generar un agravio al patrimonio del Estado, tales como:

Respecto de los bienes muebles que la SIOP determinó subastar, no se tiene certeza de que hubieran sido valuados conforme a los procedimientos aplicables, por tanto, es cuestionable si los precios en los que fueron enajenados en realidad corresponden a las condiciones en las que se encontraba cada una de las máquinas.

Por otra parte, es conocido que el órgano fiscalizador del Estado formuló diversas observaciones y recomendaciones a la SIOP; al respecto, es evidente que existieron diversos contratos relativos a la adquisición y mantenimiento de la maquinaria, por tanto, actualmente y en lo sucesivo, la Secretaría no contará con los elementos necesarios para solventar y acreditar dichas observaciones.

Finalmente, no debe soslayarse que el ex titular de la SIOP, en su momento, hizo declaraciones sobre el rescate de maquinaria en mal estado, en la que se invirtieron cantidades millonarias, pues así lo declaró ante diversos medios de comunicación, para meses después deshacerse de ella en subasta pública, a precios bajísimos, argumentando su obsolescencia; de ahí que exista latente preocupación de la población, y del gobierno electo, sobre un posible daño patrimonial al estado de Veracruz.

Tercera. Actualmente el gobierno del estado de Veracruz está realizando una serie de remates y licitaciones “de última hora” con lo que se están “malbaratando” bienes estatales. Estas enajenaciones de bienes muebles no han sido explicadas, ni tienen un objetivo específico en beneficio de la hacienda pública.

Estas subastas simuladas semejan licitaciones amañadas, es decir, una manipulación de posturas para favorecer a postores, en una forma simulada de fraude a la ley, para hacerse de bienes muebles a precios muy por debajo de las cotizaciones de mercado.

Esto no sólo representaría una responsabilidad administrativa o penal para quien desde el gobierno del estado participa o permite la realización de estos actos fuera de la norma establecida, toda vez que representan actos de corrupción.

Estos hechos, a pesar de que puedan ser consumados, corren el riesgo de ser declarados nulos, civil o administrativamente, por estar realizados sin el debido respaldo legal y causar un detrimento a la hacienda pública estatal.

Deshacerse de maquinaria y equipo pesado indispensable para las labores de las dependencias públicas, no sólo es una falta administrativa, es un agravio a la sociedad. Por ello, el gobierno saliente debe suspender, en términos de ley, las subastas a las que ha convocado.

Un gobierno que está a punto de concluir su mandato debe comportarse a la altura de sus responsabilidades, transparentar sus acciones y responder a los cuestionamientos de la sociedad y la opinión pública. Dos años de gobierno fallido han generado muchas suspicacias sobre su actuación.

Tiene que responder sobre la licitación de 500 cámaras de vigilancia para mejorar el sistema estatal de seguridad pública, pero de las cuales sólo menos de 100 están puestas en funcionamiento.

Las llamadas telefónicas del secretario de Seguridad Publica del gobierno con delincuentes prófugos son fuente de preocupación en tanto no se aclare el propósito de dichas conversaciones, el contenido de las mismas y su resultado final.

La ineficiencia de la contraloría general del estado es tal que no se ha sancionado a nadie por actos de corrupción, ni se han recuperado bienes y tampoco se han resarcido los daños económicos a la hacienda pública; los supuestos bienes confiscados a Javier Duarte de Ochoa, sólo fueron un montaje mediático para manipular a la sociedad en un contexto electoral, pero judicialmente nada ha sucedido. A esto se suma la imposición de un fiscal anticorrupción a modo, sin autonomía, que parece designado para encubrir delitos relacionados con actos de corrupción.

La atención a las víctimas de delitos es francamente incompetente. Basta ver que en el caso de las víctimas de desaparición forzada, las víctimas indirectas, es decir, los familiares, se enteran de la búsqueda y de los hallazgos de sus seres queridos a través de los medios y no por conducto de las autoridades competentes. Esto no sólo es falta de sensibilidad, es un hecho prohibido por la ley, ya que revictimiza a las personas. Aunado a lo anterior, la política de criminalización de las víctimas de la delincuencia atenta contra la memoria y el derecho al buen nombre de cualquier persona.

Los vínculos del gobernador con delincuentes conocidos, como los García Guzmán, Vicente Benítez, Jorge Alejandro Carvallo Delfín, Antonio Tarek Abdalá Saad, Erick Alejandro Lagos Hernández y Fernando Padilla, acrecientan las dudas sobre una exoneración anticipada, sin tribunales de por medio, a cambio de dinero y apoyo político.

En suma, es un gobierno donde la rendición de cuentas no existe.

Cuarta. Debe recordarse que la democracia se basa en leyes y éstas se ven enmarcadas en un orden jerárquico que va de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes federales, estatales y los ordenamientos terciaros como reglamentos, circulares, etcétera.

En este orden de ideas, cabe señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, párrafos tercero, cuarto y sexto indican:

“Artículo 134 ...

...

Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

...

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del título cuarto de esta Constitución... ”

Por su parte el artículo 72, párrafo cuarto, de Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave establece:

“Artículo 72 ...

...

...

Los contratos administrativos se adjudicarán a través del procedimiento administrativo que disponga la ley, con base en los principios de legalidad, publicidad, igualdad, concurrencia y transparencia. Cuando las condiciones no sean idóneas, los entes públicos podrán adjudicarlos bajo los supuestos de excepción que les garanticen las mejores condiciones de contratación .”

En el mismo orden de ideas, el artículo primero, párrafo tercero, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave señala:

“Artículo 1o . ...

...

Los entes públicos señalados en el presente artículo están obligados a cumplir las disposiciones de esta ley; deberán realizar las acciones referidas, observando los principios de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, imparcialidad, control y rendición de cuentas ...”

Quinta . Es claro que conforme al marco constitucional, federal y local, así como las disposiciones legales aplicables a todo tipo de enajenaciones de bienes muebles, patrimonio de la hacienda estatal, se desprende que deben “asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

Además de que “los entes públicos están obligados” y “deberán realizar sus acciones observando los principios de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, imparcialidad, control y rendición de cuentas”.

Sin embargo, las acciones del gobernador para rematar el patrimonio público, semejan una revancha política para dejar sin elementos técnicos a la administración que está por tomar las riendas del gobierno, en un intento por sabotear la capacidad operativa del gobierno entrante, que le impidan hacer frente a las necesidades de la administración.

Esto es la puntilla de un gobierno que le falló a la gente y que ahora pretende lastimarla ante el rechazo manifestado en las urnas a sus acciones. No lo permitiremos.

Con base en las disposiciones legales invocadas y antecedentes señalados, sometemos a la consideración de este pleno, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, para que en estricto cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, se abstenga de realizar enajenación alguna de bienes muebles e inmuebles que represente un daño a la hacienda pública del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave o un acto de sabotaje a la capacidad operativa del próximo gobierno.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.

Diputados: María Bertha Espinoza Segura (rúbrica), Ricardo Francisco Exsome Zapata, Raquel Bonilla Herrera (rúbrica), Jaime Humberto Pérez (rúbrica), Dorheny García Cayetano, Claudia Tello Espinoza (rúbrica), Carmen Mora García (rúbrica), Rafael Hernández Villalpando (rúbrica), Flora Cruz Santos, Eleuterio Arrieta Sánchez (rúbrica), Carmen Medel Palma (rúbrica), Dulce María Corina Villegas Guarneros, Valentín Reyes López, Bonifacio Aguilar Linda (rúbrica), Paola Tenorio Adame (rúbrica), Eulalio Juan Ríos (rúbrica), Marco Antonio Medina Pérez (rúbrica), Lizet Amayrani Guerra Méndez (rúbrica), Zaira Ochoa Valdivia (rúbrica), Juan Martínez Flores (rúbrica), Julio Carranza Áreas, Rosalba Valencia Cruz (rúbrica), Manuel Gómez Ventura, Edith García Rosales, Rodrigo Calderón Salas.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua y los gobiernos de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro a ejecutar acciones encaminadas a cumplir el objeto del convenio celebrado entre ellos para la recuperación de la cuenca Lerma-Chapala, suscrita por la diputada Julieta Macías Rábago e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La cuenca Lerma-Chapala, que comprende una superficie de 59 mil 948 kilómetros cuadrados (km2), a través de los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, es uno de los más importantes focos de actividad económica en México, pues ahí se produce 35 por ciento del producto interno bruto (PIB) industrial del país, aloja a una de cada ocho hectáreas de riego a nivel nacional y en ella se prestan todo tipo de actividades de servicios.

Es además hogar para más de trece millones de habitantes establecidos en 159 municipios, quienes encuentran sustento en las actividades industriales, agrícolas, pecuarias y de servicios que se desarrollan a lo largo de esta cuenca.

El volumen de la actividad económica que allí se desarrolla, así como los actos negligentes que algunos pobladores, actores económicos y autoridades llevaron a cabo durante décadas, han provocado que los niveles de contaminación presentes en la cuenca alcancen niveles alarmantes y representen una crisis de salud pública para la zona y una amenaza latente para todas las actividades económicas que dependen de la cuenca.

De conocimiento público fue el caso del menor Miguel Ángel López Rocha, quien en 2008 falleció al intoxicarse con arsénico, tras caer a las aguas del río Santiago, en el municipio de El Salto, en Jalisco, hecho que derivó en recomendaciones de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos y evidenció la gravedad de la problemática existente.

Otro indicador es la altísima incidencia de padecimientos renales que presentan los habitantes de comunidades como Agua Caliente y San Pedro Itzican, en Jalisco, pues de acuerdo con datos de la Universidad de Guadalajara, cinco de cada diez adultos y niños de las mismas han desarrollado fallas renales y a través de análisis clínicos se ha detectado presencia de pesticidas, plomo, mercurio y otros contaminantes en sus organismos, que sin duda contribuyen en la grave crisis de salud pública multifactorial que viven las comunidades de esta zona.

Como consecuencia de los hechos señalados, en 2009 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó la Estrategia general para el rescate ambiental y sustentabilidad de la cuenca Lerma-Chapala, en la cual se dio a conocer un diagnóstico, optimista en demasía, de las subregiones que integran la cuenca y se propuso una serie de acciones para ser ejecutadas en forma coordinada por los tres órdenes de gobierno, sin embargo, los avances para revertir el daño han sido prácticamente imperceptibles.

La organización Greenpeace ha documentado, a través de diversas publicaciones, los alarmantes niveles de contaminantes, la ineficacia de las medidas que se han emprendido, así como la inacción y negligencia institucional que han sido factor decisivo para llegar al estado de emergencia actual.

Prueba de la consciencia institucional sobre la existencia de esta crisis, es la creación en 1989 del Consejo de la Cuenca Lerma Chapala, integrado por representantes de los gobiernos federal y estatales involucrados, para dar seguimiento a las medidas de atención planteadas. Han transcurrido ya 25 años de ello y las circunstancias sólo se han agravado.

En 2014 se suscribió el Convenio de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo y Querétaro, con el objeto de conjuntar recursos y ejecutar acciones para la recuperación del río Lerma, a través del cual se acordó la ejecución de una serie de acciones encaminadas a recuperar la cuenca Lerma-Chapala, para lo cual también se comprometieron quienes lo signan a obtener y aportar los recursos necesarios para llevar a cabo el objeto del convenio.

Lamentablemente y ante la evidente ausencia de un auténtico compromiso institucional, las trágicas manifestaciones de esta crisis continúan agravándose y de no tomar medidas inmediatas, coordinadas y contundentes, se prevé que en el corto plazo el daño ambiental, económico y las afectaciones a la salud alcancen y perjudiquen a una importante proporción de los habitantes en los territorios próximos a la cuenca. Basta considerar que el lago de Chapala aporta 60 por ciento del suministro de agua que requiere la zona metropolitana de Guadalajara.

Es innegable que existe una responsabilidad compartida entre todos los actores involucrados; gobiernos federal, estatales y municipales, industrias, empresas agrícolas y pecuarias, pobladores. Pero es innegable también que, con la participación de todos ellos, es posible atender la problemática y dar así un cambio de rumbo a las terribles expectativas que hasta el momento se tienen.

En consideración de la complejidad que ello representa y la multitud de actores involucrados, la atención coordinada y eficaz sólo será posible si la estrategia institucional lidera los esfuerzos y demuestra un compromiso proporcional a la prioridad que esta crisis demanda.

Es por lo expuesto y en atención a que para Movimiento Ciudadano la salud pública, la garantía del acceso a los derechos humanos y la protección al medio ambiente son prioridades, que someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y a los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán y Querétaro, para que en su calidad de suscribientes del convenio entre ellos celebrado para la recuperación del río Lerma, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2014, ejecuten las acciones necesarias para dar cumplimiento al objeto del citado convenio y con ello atender la grave crisis de salud pública y ambiental que aqueja a la cuenca Lerma-Chapala y a sus pobladores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.

Diputados: Alberto Esquer Gutiérrez, Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, Julieta Macías Rábago (rúbrica), Lourdes Celenia Contreras González, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Alan Jesús Falomir Sáenz, Jorge Alcibiades García Lara, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, María Libier González Anaya, Ana Priscila González García, Geraldina Isabel Herrera Vega, Kehila Abigail Ku Escalante, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Pilar Lozano Mac Donald, Jacobo David Cheja Alfaro, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Dulce María Méndez de la Luz Dauzon, Carmen Julia Prudencio González, Juan Francisco Ramírez Salcido, Mario Alberto Ramos Tamez, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Ariel Rodríguez Vázquez, Eduardo Ron Ramos, Jorge Eugenio Russo Salido, Ruth Salinas Reyes, Martha Angélica Tagle Martínez, Juan Carlos Villareal Salazar, Martha Angélica Zamudio Macías

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conasami a fijar un salario mínimo de 176.72 pesos a escala nacional, a partir de enero de 2019, para garantizar a todos los trabajadores del país y sus familias una vida digna, a cargo del diputado Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Ricardo Gallardo Cardona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo es “la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un periodo determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual”.

El numeral 90 de la Ley Federal del Trabajo establece que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 123, Apartado A, fracción VI, que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, siendo que por lo que ve a los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Además del marco nacional, México ha suscrito instrumentos internacionales en la materia que señalan que “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social” (Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23, numeral 3). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que le aseguren en especial una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores, condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias.

Pese a lo señalado, el estudio La pobreza persistente en México, realizado por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad, concluyó que el salario mínimo general actual en México de ninguna manera es suficiente.

El salario mínimo general diario en el país está fijado en 88.36 pesos; es decir, 2 mil 686.14 mensuales, por lo cual resulta uno de los más bajos en Latinoamérica. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, México es el único país en la región en donde el salario real mantiene a los trabajadores en un estado permanente de pobreza y no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una persona media, esto resulta alarmante y se contrapone a los marcos normativos.

En los primeros días de septiembre del año en curso, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión con los gobernadores fronterizos, tras la cual se anunció el aumento del salario mínimo al doble en la frontera para quedar en 176.72 pesos, así como la reducción del impuesto sobre la renta a 20 por ciento y al valor agregado a 8 por ciento, a partir del 1 de enero de 2019.

El anuncio hecho por los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; de Sonora, Claudia Pavlovich; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca; y de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, beneficiará a la planta trabajadora de 44 municipios de la frontera norte.

Como Grupo Parlamentario del PRD, saludamos el acuerdo entre el presidente electo y los gobernadores fronterizos; sin embargo, hay algunas consideraciones que este anuncio parece no haber tomado en cuenta.

De acuerdo con información oficial y académica, los estados del país más rezagados y con mayores índices de pobreza y desigualdad, son los del sur. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, reportó en 2017 “3 millones 961 personas en situación de pobreza en Chiapas; 2 millones 662 de en Oaxaca; y 2 millones 615 en Guerrero”.

Cosmin Gabriel Bolea, investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del oeste de Rumania y profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de México, señaló que los “primeros diez estados que reciben más de 70 por ciento de la inversión extranjera directa son del centro y centro-norte. Los últimos diez estados son del sur o sureste y tienen solo el 6 por ciento de esa inversión”.

Además, “la tasa de crecimiento económico en la mayor parte de los estados del Bajío y norte de México ha llegado en los últimos años a medias de entre 4.0 y 5.0 por ciento, mientras que las entidades más rezagadas apenas lo han hecho entre cero y 1.0 por ciento anualmente” (Olvera, D. Estados del sur seguirán pobres: gobierno y privados les invierten cada vez menos capital, alertan. Consultado en línea el 17 de septiembre del año en curso en http://www.sinembargo.mx/05-03-2017/3162331). Los niveles de pobreza y pobreza extrema son mucho mayores en el sur que en el centro y centro norte del país. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz y Michoacán son los estados con mayor porcentaje de pobres.

Nos preocupa que el aumento de 100 por ciento del salario mínimo y la reducción de impuestos se aplique sólo en el norte, y no se tome en cuenta la realidad del sur del país.

Hace un mes, Gerardo Esquivel, propuesto como futuro subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anunció que la próxima administración propondrá para el resto del país un aumento de 14.3 por ciento para el salario mínimo para ubicarlo en 101 pesos en 2019, proyectando un salario mínimo de 176.6 al final del sexenio. No obstante, la medida debe ser igualitaria para todo el país, sin diferencias que respondan a intereses políticos sino que respondan a las necesidades de la sociedad mexicana.

Resultaría poco saludable para la república que se siga aumentando la desigualdad salarial entre el norte y el sur. De insistirse con dicha desigualdad, seguirá aumentando la migración hacia el norte. Por ello, un aumento salarial de 100 por ciento sin inflación a escala nacional es lo que México necesita.

Los legisladores del PRD impulsaremos que no se siga promoviendo la desigualdad entre las regiones, que no se discrimine al sur, y que no se actúe como si existieran trabajadores de primera clase y trabajadores de segunda clase. Al mismo tiempo, proponemos nuestra solidaridad para unificar acciones en favor de un acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales para aumentar el salario mínimo a 176.72 pesos para 2019, y para que no se abuse incrementando los precios de las mercancías.

Un incremento de 100 por ciento del salario mínimo es un primer paso para derrotar la pobreza. Esta política beneficiaría a 29 millones de trabajadores que viven en la precariedad salarial, ya que el salario y el empleo dignos son las únicas medidas que podrán sacar a la gente de su pobreza. Como legisladores, no debemos permitir desigualdades y debemos impulsar un aumento sustantivo para todas las mexicanas y los mexicanos. Por ello, el PRD propone un salario mínimo de 176.72 a escala nacional, y le pide al presidente electo que honre la palabra, pues como decía: por el bien de México, primero los pobres.

Esta propuesta cobra gran relevancia, si tomamos en consideración que la suficiencia del salario mínimo, es un elemento de vida para los mexicanos y que contribuye al ejercicio de la igualdad entre trabajadoras y trabajadores, a la protección de la niñez, y para la ciudadanía en general.

Garantizar un buen nivel de vida para todas las familias mexicanas es una premisa urgente, y hoy nos encontramos en un momento de poder hacer realidad este derecho, el aproximado de ocho pesos de incremento al salario no han sido suficientes y resultan ofensivos para la clase trabajadora que sustenta al país.

El gobierno federal, los empresarios y las autoridades correspondientes deben comprometerse a garantizar un salario digno que cumpla las necesidades de todas las personas. No podemos negar este derecho a los mexicanos.

En los pasados comicios, la promesa de un cambio radical a los problemas que aquejaban al país motivó a la ciudadanía a tomar una decisión, hoy esas personas electas no pueden fallarle a la gente. Acabemos con la injusticia salarial en México.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos a establecer conforme a sus atribuciones las bases y los elementos para fijar un salario mínimo de 176.72 pesos a nivel nacional a partir de enero de 2019, que pueda garantizar una vida digna para todas las trabajadoras y trabajadores del país y de sus familias.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.

Diputado Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a transparentar la asignación de plazas en el servicio profesional docente, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Dolores Padierna Luna, diputada federal integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Educación Pública para que se transparente la asignación de plazas en el servicio profesional docente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde que fue presentada en al Poder Legislativo, la mal llamada “reforma educativa” causó, un amplio debate. Al respecto se han generado múltiples argumentos y diversas evidencias que indican que desde sus planteamientos hasta sus resultados presentan serias fallas de fondo, por ejemplo: se enfocó en lo administrativo y lo mediático sin reconocer la responsabilidad del Estado en la educación; incide en la burocratización del magisterio para que el gobierno federal pueda tener mayor control; las evaluaciones tienen carácter punitivo y dejan en un segundo plano la oferta de más y mejor formación para los docentes; carece de integralidad pues se excluyeron múltiples compontes del sistema educativo como las propuestas de los docentes; genera un trato diferenciado respecto a las escuelas privadas; no considera suficientemente la necesidad de que las escuelas cuenten más y mejor recursos indispensables para el aprendizaje; incluye evaluaciones estandarizas que tienen importantes limitaciones para verificar aprendizajes o experiencias complejas como las que los maestros adquieren en el aula durante años,1 entre muchos temas.

Además de estos importantes cuestionamientos, tampoco existe evidencia sobre el funcionamiento de algunos de los procesos generados por la Reforma. Esto se debe a la opacidad del gobierno federal en la implementación de los mismos y sus resultados. Un tema central, al que me voy permitir referirme a continuación, es la asignación de plazas docentes a partir de los exámenes de ingreso al Servicio Profesional Docente.

Respecto al concurso de ingreso, la Ley del Servicio Profesional Docente señala que la Secretaría de Educación Pública (SEP) debe determinar los perfiles y los requisitos de los sustentantes (Arts.7, 8 y 10). El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) está facultado para definir los procesos de evaluación. Hasta ahora, se ha considerado que los sustentantes logran “resultados idóneos” en los exámenes cuando al menos alcanzan el Nivel de Desempeño II de tres niveles posibles (INEE, 2015).2 A pesar de lo cuestionable de este criterio, este grupo de sustentantes (los que logran resultados idóneos) es muy relevante pues entre ellos se asignan las plazas disponibles a partir de un orden de prelación construido con los puntajes de los resultados de los exámenes.

A pesar de la relevancia de este proceso no se cuenta con información pública relacionada a la asignación de plazas. Es decir, no es posible verificar si las últimas se están asignado a los sustentantes que obtuvieron los puntajes más altos en los exámenes de ingresos o si se están asignando discrecionalmente.

Es importante mencionar que hasta ahora han tenido lugar los siguientes concursos de ingreso ordinarios y extraordinarios para la Educación Básica: 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018 y 2018-2019. Para la Educación Media Superior han tenido lugar los mismos concursos ordinarios y uno extraordinario (2014-2015). En cuanto al número de sustentantes que han participado, hasta 2017, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente reporta casi 600 en los exámenes ordinarios.3 Aunque no se encontró la información del total de sustentantes para 2018-2019, la participación promedio de los años previos sugiere que en todos los concursos ordinarios hasta ahora, más de 700 sustentantes pudieron presentarse. Esto sería mayor si se agregan los concursos extraordinarios

Es importante mencionar que la publicidad de la información relativa a la asignación de plazas, no violaría la “Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares” puesto que solo es necesario incluir los folios de los sustentantes. En otras palabras, no es necesario incluir lo que la Ley referida define como datos personales: “información concerniente a una persona física identificada o Identificable” (Art. 3). Inclusive, aún si de manera muy poco amigable para el usuario, actualmente, la página de internet de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, contiene los resultados de los exámenes de ingreso (niveles de desempeño y puntajes) y los folios de los sustentantes. Es decir, de la misma manera se podrían publicar también los casos de los folios a los que se les asignó una plaza.

Es importante mencionar que la misma Ley del Servicio Profesional Docente mandata un registro donde, entre otros, se incluya la información relacionada al ingreso (Art.15 y 16). Únicamente indica que serán confidenciales los datos personales que, como se ha mencionado, no es necesario develar para conocer la manera en que se están asignando las plazas. Adicionalmente, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que todos los sujetos obligados deben poner a disposición del público: “Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos” (Art.70, Facción XIV)

Dada la diversidad de cuestionamientos que ha generado la Reforma Educativa y sus posibles impactos es fundamental que se realice una evaluación detallada y a fondo de todos sus aspectos constitutivos y efectos. Por lo tanto, es injustificable que no exista información relacionada a la asignación de plazas, un mecanismo que sirvió a sus promotores para justificarla a pesar de sus múltiples inconsistencias en diversos aspectos de su diseño y funcionamiento.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, a que se transparente la asignación de plazas en los Concursos de oposición para el ingreso al Servicio Profesional Docente y publique en el portal de internet del Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente, las bases de datos de dichos concursos que hasta ahora hubieran tenido lugar, con al menos la siguiente información para cada uno de los folios de los sustentantes: puntajes y nivel de desempeño en los exámenes, posición en el orden de prelación y asignación de plazas cuando sea el caso.

Notas

1 Ver, por ejemplo, W. James Popham. ¿Por qué las pruebas estandarizadas no miden la calidad educativa?, Grupo de Análisis para el Desarrollo. Recuperado de: http://pruebas_estandarizadas_no_miden_calidad_educativa_popham.pdf

2 Lograr este nivel implica tener al menos 100 puntos de 170 posibles. INEE (2015). Los Docentes en México: Informe 2015 . D.F., México: INEE.

3 Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (S.f.). Ingreso. Recuperado de:

http://www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los veinte días del mes de septiembre.

Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a realizar gestiones para incluir el mieloma múltiple en la cobertura del catálogo de intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Éctor Jaime Ramírez Barba, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General (CSG) a realizar por la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos gestiones para incluir el mieloma múltiple (MM) en la cobertura del Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el MM como una neoplasia multifocal que afecta la médula ósea y se asocia a la producción de una proteína monoclonal sérica o urinaria. Esta enfermedad se caracteriza principalmente por la presencia de anemia, hipercalcemia, insuficiencia renal y lesiones óseas.

A escala mundial, la edad promedio de diagnóstico es a los 70 años. Sin embargo, en nuestro país el MM se presenta en promedio a los 58 años, asimismo, 30 por ciento de los pacientes son menores de 55 años. Es decir, una década antes que el resto del mundo, lo que impacta directamente el periodo de productividad de las personas y en la economía de las familias y del país.

El MM es considerado el segundo tipo de cáncer sanguíneo más frecuente después del linfoma no Hodgkin y representa alrededor de 1 por ciento de todos los casos de cáncer y casi 2 por ciento de las muertes oncológicas en el mundo, es considerada una enfermedad de baja incidencia.

Como factores de riesgo se destaca que, la tasa de incidencia es mayor en hombres que en mujeres. Una persona es 4 veces más propensa a desarrollar la enfermedad si existe el precedente familiar. La obesidad representa un incremento en la posibilidad de desarrollar el padecimiento. El MM es más común en gente de raza negra, y las personas que han tenido plasmocitoma solitario eventualmente desarrollarán MM; asimismo, la exposición a elementos radiactivos genera mayor riesgo.

Hay múltiples complicaciones asociadas a esta enfermedad considerada incapacitante y que repercuten de forma importante en la calidad de vida del paciente. Por muchos años los recursos terapéuticos disponibles habían sido muy limitados y hasta el momento, el padecimiento es incurable. Sin embargo, el MM se ha convertido en una enfermedad crónica, debido a los avances en su tratamiento, lo cual ha aumentado la supervivencia de los pacientes con MM en forma significativa.1

Actualmente, las aseguradoras privadas son quienes otorgan una cobertura para casi todo tipo de padecimientos que ocasionan gastos catastróficos y, en los cuales, no se restringe el reembolso o pago directo de fármacos aprobados por la legislación vigente.

Sin embargo, es una minoría de la población la que tiene acceso a este tipo de servicios de salud. La gran mayoría de los mexicanos se atienden en instituciones del Sector Salud, poco más de 57 millones de personas de las cuales alrededor de 54 millones cuentan con afiliación al Seguro Popular, por lo cual, es una necesidad primordial que más padecimientos estén cubiertos por el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos, como es el caso del MM.

La OMS y la Secretaría de Salud indican que un hogar con gastos catastróficos por motivos de salud se define como todo aquel que está destinando más de 30 por ciento de su capacidad de pago al financiamiento de la salud de sus miembros.

En el gasto en salud se incluyen el gasto de bolsillo, las contribuciones a la seguridad social y el gasto gubernamental en salud transferido a los hogares. La capacidad de pago se define como el excedente de recursos efectivos del hogar, el cual se mide descontando del gasto total de los hogares, el gasto de subsistencia, medido a través del gasto en alimentación o una línea de pobreza y el gasto en salud financiado por impuestos.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular) señala que una enfermedad considerada gasto catastrófico es la que por su alto costo y los gastos que se derivan de tratamientos y medicamentos (debido a su grado de complejidad o especialidad y la baja frecuencia con que ocurren), son costos muy altos, y son definidas y priorizadas por el Consejo de Salubridad General.

El tratamiento de las enfermedades consideradas como gastos catastróficos se realiza en unidades hospitalarias denominadas de “alta especialidad”, las cuales cuentan con el personal e infraestructura adecuados para brindar la atención.2

En México, el Reglamento Interior de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos señala en el artículo 18, del capítulo VII, el procedimiento para la definición de las enfermedades que ocasionan gastos catastróficos, mismo que indica:

Las solicitudes de definición de enfermedades que deban considerarse dentro de las que ocasionan gastos catastróficos, deben ser elaboradas con base en los Lineamientos para la Priorización de Enfermedades e Intervenciones que Ocasionan Gastos Catastróficos que emita la comisión, los cuales serán difundidos en la página de internet del consejo.

Las solicitudes mencionadas en el párrafo anterior, deben presentarse ante el presidente o el secretario técnico de la comisión, acompañadas de la documentación que acredite el cumplimiento de los criterios previstos en los artículos 77 Bis 29 de la Ley y 99 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud, así como del estudio de impacto económico para el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Hoy, el MM se encuentra sin cobertura específica dentro del Sistema de Protección Social en Salud por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos y, a su vez, no se encuentra incluido en la lista de enfermedades que ocasionan gastos catastróficos.

El pasado 5 de septiembre, en el marco del Día Mundial de Mieloma Múltiple, el doctor Abelardo Meneses, director del Instituto Nacional de Cancerología, señaló que éste y distintas organizaciones de la sociedad civil buscan que esta enfermedad sea incluida en la lista de enfermedades que ocasionan gastos catastróficos: “Queremos que haya una protección para aquel paciente que vive con mieloma múltiple. Tenemos que sensibilizar a la sociedad; hemos visto respuestas muy exitosas cuando se dan los esquemas de tratamientos adecuados, por eso vale la pena esforzarnos y luchar porque los recursos se canalicen justamente donde hay mayor éxito; tratar mieloma con medicamentos nuevos eleva la supervivencia de los enfermos”.3

Por todo lo expuesto y a fin de lograr que la atención de esta patología esté al alcance de la población bajo la cobertura del Seguro Popular, el Incan presentó en marzo pasado la solicitud de definición del MM como enfermedad que ocasiona gastos catastróficos (subsanando observaciones hechas por el CSG en mayo último). Dicha solicitud cumple cada uno de los criterios solicitados por la instancia:4

1. Solicitud definición de enfermedad que ocasiona gastos catastróficos.

2. Documentación que acredite el cumplimiento de los criterios previstos en los artículos 77 Bis de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud.

3. Cédula del protocolo técnico de la enfermedad por definir como gastos catastróficos en formato Microsoft-Visio 2016.

El costo de la atención de estos pacientes por cada línea terapéutica supera 30 por ciento del ingreso familiar de los derechohabientes de Seguro Popular, y acorde con la OMS, cumple el criterio de definición de Gasto Catastrófico. El definir el MM como gasto catastrófico y tener cobertura por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos tendría un efecto mínimo en el presupuesto del Seguro Popular, es una alternativa asequible.

Los tratamientos existentes han cambiado la evolución de la enfermedad brindando mejoría en calidad de vida y extensión de supervivencia global y supervivencia libre de progresión. El abordaje terapéutico oportuno en estos pacientes en todas las líneas terapéuticas brindará un cambio radical en la evolución del paciente tomando en cuenta supervivencia global, supervivencia libre de progresión, toxicidad, calidad de vida, entre otros.

“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social” como señala la OMS, así como “el derecho a la salud para todas las personas significa que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud que necesita, cuando y donde los necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras. Nadie debería enfermar o morir solo porque sea pobre o porque no pueda acceder a los servicios de salud que necesita”.5

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. De tal manera, es obligación del Estado adoptar las medidas necesarias que permitan cumplirlo.

Finalmente, y una vez que se cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento Interior de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, es necesario valorar la definición de MM como enfermedad que ocasiona gastos catastróficos, en virtud de que el Consejo de Salubridad General a través de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos se encuentra supeditado a la normatividad aplicable.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo de Salubridad General a realizar por la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos las gestiones pertinentes para incluir el mieloma múltiple en la cobertura del Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Notas

1 Kumar SK, Dispenzieri A, Lacy MQ, y otros. “Continued improvement in survival in multiple myeloma: changes in early mortality and outcomes in older patients”, en Leukemia 2014; 28:1122-1128.

2 https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/acciones-y-programas/enfermeda des-de-alto-costo

3 http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/
director-del-incan-pide-amlo-revisar-el-seguro-popular-antes-de-desaparecerlo

4 http://www.csg.gob.mx/descargas/pdf/priorizacion/
gastoscatastroficos/lineamientos/2018_03_14_Lineamientos_GC_JM.pdf

5 http://www.who.int/mediacentre/news/statements/fundamental-human-right/ es/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a crear una comisión especial para los festejos de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz, a cargo de la diputada Anilú Ingram Vallines, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, Anilú Ingram Vallines , diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El estado de Veracruz cuenta con 212 municipios en una superficie superior a los 71 mil 400 kilómetros cuadrados. En dicho territorio habita una población de 8 millones 112 mil 505 personas, de las cuales el 51.8 por ciento son mujeres y 48.2 por ciento son hombres, según los resultados de la última Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La economía del estado ocupa el sexto lugar nacional, teniendo como sectores económicos relevantes la industria, el turismo, el comercio, los agronegocios y la producción de energía, aportando sólo en el año 2016 por lo menos el 4.7 por ciento al producto interno bruto nacional.1

Por su vocación productiva y apoyo del gobierno federal durante la presente administración, el año pasado Veracruz recibió 1.68 millones de dólares por el concepto de inversión extranjera directa, lo que constituyó al menos el 3.6 por ciento de la inversión extranjera directa que recibió nuestro país.

A través del puerto de Veracruz, nuestro país ha recibido influencias y legados jurídicos, culturales, políticos y tradiciones de todo el mundo, asimismo, ha sido la puerta de México para recibir a migrantes, exiliados y personas refugiadas de otros países, como los niños que recibimos durante la dictadura de Francisco Franco Bahamonde en España.

Asimismo, la sociedad mexicana se ha dado a conocer ante las demás naciones en gran parte por este puerto, que se ha consolidado como la principal vía para dar a conocer nuestra literatura, gastronomía, música, costumbres y tradiciones que impactan de manera positiva a la humanidad.

Aunado a esta relevancia económica y sociocultural, el puerto de Veracruz tiene una vigencia e importancia histórica, ya que ha sido sede de episodios determinantes para la libertad, respeto a nuestra soberanía y fortalecimiento de nuestro régimen democrático.

Para dimensionar su importancia, basta decir lo siguiente:

-De acuerdo con el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed),2 la Villa Rica de la Vera Cruz fue fundada por Hernán Cortés, frente a la isla de San Juan de Ulúa, en las playas de Chalchihuecan en las que desembarcó el 22 de abril de 1519.

-Albergó al primer ayuntamiento de México y de América.

-El 4 de julio de 1523, el emperador Carlos V le concedió el escudo de armas y el 19 de junio de 1651 se le dio el título de ciudad, reconocimiento otorgado por el rey Felipe III.

-El 4 de mayo de 1857, Benito Juárez García llegó al puerto de Veracruz, donde en 1859 expidió las denominadas Leyes de Reforma, que contenían nuevas reglamentaciones para la sociedad y grupos eclesiásticos, entre ellas se encuentran: Las leyes del Registro Civil, de nacionalización de bienes eclesiásticos, del matrimonio como contrato civil, la secularización de los cementerios y de liberación de cultos.

-Veracruz, por lo menos en dos ocasiones, ha sido sede del Poder Ejecutivo de la Federación. La primera en 1858 con el presidente Benito Juárez García y en 1914 con Venustiano Carranza Garza.

-El 12 de febrero de 1924, la ciudad de Veracruz es decretada como capital provisional del estado por el gobernador interino Ángel Casarín.

-Desde su fundación hasta nuestros días, el puerto de Veracruz ha recibido en cuatro ocasiones el reconocimiento de “heroico”.

Primera. Por la defensa ante la toma de San Juan de Ulúa por parte de los españoles en 1821, al declararse la independencia nacional.

Segunda. En 1838, cuando la ciudad y el puerto resisten a los ataques del ejército francés, en lo que se conoce como la “Guerra de los Pasteles”.

Tercera. Por la defensa ante la invasión estadounidense en 1847.

Cuarta. Lo obtuvo en 1914 cuando nuevamente la política estadounidense los llevara a buscar tocar tierras nacionales, entrando por el glorioso puerto de Veracruz, donde se defendió la soberanía nacional.

Los acontecimientos descritos dan cuenta de la transcendencia del puerto de Veracruz para el país, y además de que el próximo año se cumplirán 500 años de su fundación.

Para los veracruzanos y para los mexicanos, esta cerebración es un justo reconocimiento al puerto y a su población, los cuales en diversos momentos de la historia han sido pilares para la conformación de la actual República Mexicana, muestra de ello es que en esta entidad fue donde se dio el encuentro que dio origen a la “raza cósmica”, como la denominó el escritor José Vasconcelos Calderón en uno de sus ensayos.

Bajo estas consideraciones, propongo a esta soberanía nacional la creación de una comisión especial a fin de coadyuvar con los festejos de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz.

Con la creación de esta comisión especial le daremos a esta conmemoración la importancia histórica que merece y se reconocerá de mejor manera la contribución que este puerto ha tenido durante este tiempo para el crecimiento, desarrollo y prosperidad de la nación.

La Comisión Especial propuesta tendrá como actividades principales las siguientes:

1. Contribuir a la agenda de trabajo y acciones conmemorativas alusivas a los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz;

2. Fomentar diversas actividades de investigación para conocer los principales acontecimientos históricos y de coyuntura para darlas a conocer entre la población.

3. Coadyuvar en los eventos cívicos que se desarrollen para recordar los principales hechos históricos y fechas importantes en el marco de estos festejos.

4. Asistir a las autoridades en los homenajes y reconocimientos a personas ilustres que por su contribución ayudaron a la fundación del puerto de Veracruz.

5. Promover la compilación en una memoria colectiva los estudios y análisis que se realicen respeto al impacto e influencia de la fundación del puerto de Veracruz al desarrollo del país.

6. Apoyar en la difusión de estos eventos en espacios públicos, centros educativos, foros internacionales y medidas de promoción turística nacional e internacional.

Propongo que la composición de dicha comisión especial esté integrada con la representación de cada uno de los grupos parlamentarios de la honorable Cámara de Diputados y con los legisladores que así lo manifiesten. No obstante, para el cumplimiento de sus objetivos, es necesario que se le asignen los recursos humanos, materiales, técnicos y económicos necesarios.

La creación de esta comisión especial tiene su fundamento jurídico en el artículo 42, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al apartado de “Comisiones”, en donde se indica que el pleno de la Cámara de Diputados “podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto especifico”.3

Por su parte, los artículos 34, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, indican que es facultad de la Junta de Coordinación Política proponer al pleno la integración de comisiones especiales.

Por tal motivo, solicito a la Junta de Coordinación Política que, en el marco de sus atribuciones, proponga al pleno de esta Cámara de Diputados la creación de la comisión especial para los festejos de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados crear una Comisión Especial para los Festejos de los 500 años de la Fundación del Puerto de Veracruz, misma que no requerirá la asignación de recursos para su operación, a efecto de contribuir a engrandecer dicho suceso que es parte fundamental de la historia nacional y de América Latina.

Notas

1 Secretaría de Economía. (2018). Veracruz. 12/09/2018, de ProMéxico Sitio web:

http://mim.promexico.gob.mx/work/models/mim/Documentos/P DF/mim/FE_VERACRUZ_vf.pdf

2 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. (2018). Veracruz. 13/09/2018, de Inafed Sitio web: http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM30veracruz/municipios/30193a .html

3 Ley orgánica Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. (2018 (última reforma)). Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 13/09/2018, de Diario Oficial de la Federación Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/168_240518.p df

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 20 de septiembre de 2018.

Diputada Anilú Ingram Vallines (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a decretar el 19 de septiembre como Día de la Unión y Solidaridad Nacionales, a cargo del diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz , diputado federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, 79, numeral 2, fracción III, y 113, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo para que sea decretado el día 19 de septiembre como el Día de la Unión y Solidaridad Nacionales , a partir de las siguientes:

Consideraciones

Primera. El 19 de septiembre del año 1985 y posteriormente en la misma fecha pero en el año 2017, alrededor de las 07:17:47 horas y 13:14:40 horas respectivamente, se registraron dos de los más grandes desastres naturales que ha tenido el país.

Segunda. Derivado de las afectaciones, y terribles desastres; la sociedad civil en conjunto con las autoridades, tomaron las riendas de las labores de rescate y salvamento, lo cual se tradujo en una impresionante estructura de solidaridad y apoyo jamás antes vista.

Tercera. Las cifras fueron alarmantes en ambos casos. La desgracia era inminente, pero solamente una gran nación como la nuestra es capaz de tenderse la mano cómo lo hizo ante estas circunstancias.

Cuarta. Sin embrago, el día 19 de septiembre es recordado como una fecha en la cual la nación sucumbió ante los embates de la naturaleza y no cómo un día en el que todo México se unió en una sola voz. Y queremos que así se recuerde.

Quinta. Estos fenómenos naturales han sido de vital importancia para la expedición de leyes en materia de protección civil, así como de políticas públicas que han contribuido a la disminución de la pérdida de vidas humanas y bienes materiales. Hoy somos una nación que cuenta con una cultura de la prevención que nos hace vivir con una mayor seguridad y desarrollar nuestras actividades de manera normal.

Por lo anterior solicito:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a esta honorable asamblea para que sea decretado el día 19 de septiembre como el Día de la Unión y Solidaridad Nacionales.

Segundo. Se exhorta a los gobiernos estatales y municipales de todo el país a que realicen acciones puntuales para fomentar la unión y solidaridad de la población, en particular mediante acciones preventivas y de capacitación en temas de protección civil, que busquen una integración social junto a una cultura de prevención.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.

Diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar medidas para garantizar la restauración del patrimonio arquitectónico de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por los daños tras los sismos de septiembre de 2017, a cargo de la diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Emeteria Claudia Martínez Aguilar, diputada a la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Por su ubicación geográfica, situada dentro del Cinturón Circumpacífico, la República Mexicana sufre la constante amenaza que implica existir dentro de una de las regiones sísmicas más activas del mundo. Tan sólo en el territorio mexicano interactúan cinco placas tectónicas (Caribe, Pacífico, Norteamérica, Rivera y Cocos), piezas rígidas y móviles que componen la superficie de la corteza terrestre y que al friccionar producen acumulaciones de energía que se expresan a través de sismos de diversa magnitud.

Tan sólo en los últimos 28 años, en México se han registrado 44 sismos con intensidades superiores a los 6.5 grados en la escala de Richter. A lo largo de la historia, el centro y sur del país han sido regiones especialmente afectadas por estos movimientos telúricos y es ahí también donde han tenido lugar las peores catástrofes causadas por esta clase de siniestros. De entre todos los estados que conforman la región, Chiapas, Guerrero y Oaxaca son con frecuencia los más afligidos, pues se asientan sobre zonas de alta sismicidad derivado de la interacción de dos importantes placas tectónicas: La placa de Cocos y la placa del Caribe, que convergen en la costa del Pacífico. Peor aún, las condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad en la que subsiste buena parte de la población de estas entidades, junto al pésimo estado que guarda la infraestructura física estatal, sólo han agudizado los desastres.

El sismo de 8.2 grados en escala Richter que ocurrió el 7 de septiembre de 2017 con epicentro en las costas del municipio de Pijijiapan, Chiapas, es un claro ejemplo de ello. Habiente de una fuerza que no se registraba en el país desde el terremoto de Jalisco-Colima, que devastó hace 85 años el Occidente de México, el sismo fue causa de innumerables afectaciones en todo el sureste. Por su intensidad, el movimiento telúrico dejó un saldo, tan sólo en Chiapas, de 16 personas fallecidas, 192 heridos y más de un millón 500 mil personas afectadas en 97 de los 124 municipios de la entidad. A este delicado escenario se añaden daños en 46 mil 773 viviendas, 980 planteles escolares, 55 edificios de salud y múltiples tramos carreteros.

En este estado, el panorama de desolación derivado de los sismos sólo ha agudizado las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las 4 millones 114 mil personas que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reporta se encuentran en situación de pobreza, de por sí afectadas por carencias en el acceso a servicios básicos, empleo precario y falta de desarrollo de infraestructura en vivienda y comunicaciones. Para miles de familias chiapanecas, esto ha implicado nuevos niveles de incertidumbre provocada no sólo por la pérdida del patrimonio propio sino por el impacto que la catástrofe ha tenido en la actividad económica local y regional. Cientos de pequeños negocios dañados, cadenas de abasto interrumpidas, caminos inutilizables y una lenta e irregular dispersión de los recursos para la reconstrucción han generado un clima de desaceleración que, como es usual, ha terminado afectando a los sectores más empobrecidos.

A pesar de la urgencia que implica responder ante estas afectaciones, lo cierto es que, por la interrelación que existe entre las problemáticas derivadas del sismo, la atención de las zonas afectadas por el siniestro requiere de la puesta en marcha de un plan integral para la recuperación que contenga, además de una vertiente económica, una de carácter cultural, a través de la cual se financien tareas de restauración ante los incuantificables daños que el patrimonio cultural chiapaneco sufrió tras los sismos.

Por lo pronto, para la atención de esta problemática, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó un inventario de las afectaciones a recintos culturales, edificios históricos, zonas arqueológicas y templos religiosos. El gobierno federal advirtió que este censo permitiría planear las acciones de restauración y la integración de los requerimientos para gestionar ante el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) los recursos financieros necesarios para la intervención inmediata en el patrimonio afectado. En Chiapas, se registraron 56 edificios patrimoniales con daños significativos, entre los que destacan el templo de Santa Lucía, el templo de la Virgen de Guadalupe y la catedral de San Cristóbal, en el municipio homónimo.

En San Cristóbal de Las Casas, la importancia de intervenir con prontitud estos inmuebles cobra sentido no sólo porque éstos son utilizados para la celebración de ceremonias religiosas y prácticas rituales, cruciales para la cohesión del tejido social, sino que además, al configurar paisajes icónicos de la ciudad, están relacionadas directamente con el desarrollo del turismo, una de las actividades económicas más importantes para el estado y el municipio.

Por décadas, San Cristóbal de Las Casas ha sido el destino turístico más importante en Chiapas y uno de los diez más importantes de toda la República. Con un promedio de ocupación hotelera de 85 por ciento y un promedio de afluencia turística anual de 806 mil visitantes nacionales y extranjeros, San Cristóbal de Las Casas se ha convertido en el centro neurálgico de la actividad turística estatal, con una amplia oferta de servicios propios que incluyen hospedaje, alimentación, recreación y acceso a actividades artísticas y culturales. Por esta razón, la economía sancristobalense se haya fuertemente entrelazada con la actividad turística. Tan sólo en 2017, este sector generó una derrama económica calculada en 3 mil 819 millones de pesos y empleó a un tercio de la población económicamente activa.

Si bien su ubicación en el corazón del estado le ha permitido consolidarse como un punto de conexión estratégico, San Cristóbal de Las Casas cuenta con todos los atributos para considerarse como un destino turístico consolidado de carácter internacional. La larga data histórica que resulta de ser una de las ciudades más antiguas fundadas por españoles le ha valido un legado patrimonial cultural invaluable que atrae y fascina por igual a visitantes nacionales y extranjeros. Su incomparable composición urbana, su herencia pluricultural de evidente raigambre indígena, su fuerte vocación museística y su rica vida social le han valido el título de pueblo mágico otorgado por la Secretaría de Turismo del gobierno federal así como la certificación de Ciudad Creativa, avalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Como se ha señalado, parte del atractivo turístico que distingue a San Cristóbal de Las Casas gravita en torno a su traza histórica y su arquitectura netamente colonial, integrada por más de quinientos monumentos históricos construidos entre los siglos XVI y XX. Sin embargo, como consecuencia de las afectaciones provocadas por el sismo, actualmente muchos de estos inmuebles se encuentran cercados por vallas metálicas a fin de facilitar las tareas de restauración y salvaguardar a la población. Sin embargo, tras un año del siniestro y varios meses de suspensión de las labores de reconstrucción, estos cercos dificultan e impiden el acceso a visitantes, estropeando lo que de otro modo podrían considerarse estampas icónicas del paisaje sancristobalense.

No hay duda que estas alteraciones en el paisaje sancristobalense, las afectaciones a la movilidad y los obstáculos que estas acciones implican para el pleno disfrute de sus atractivos turísticos, entre los que se incluyen sus recintos religiosos, ha tenido impactos negativos en el desarrollo del sector turístico en la ciudad, lo que a su vez conlleva una importante disminución de la afluencia de visitantes en la entidad. Para garantizar la pronta restauración y recuperación del patrimonio cultural del estado de Chiapas es necesario que el gobierno federal, en coordinación con la Banca de Desarrollo, diseñen e implementen mecanismos de financiamiento. En este sentido, aprovechar y fortalecer instrumentos de inversión para el desarrollo de infraestructura tales como el Fonden, Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), así como considerar el Bono Catastrófico del Banco Mundial y otros mecanismos receptores de donativos es pertinente.

Hoy por hoy, los atributos arquitectónicos, simbólicos y culturales de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas se han consolidado como oportunidades para el aprovechamiento turístico. Ello también los convierte en importantes elementos para detonar la economía local y regional. En este proceso, el patrimonio cultural tangible juega un papel relevante pues además de servir como vínculo social, constructor y mantenedor de narrativas identitarias, es fuente de reclamo turístico e incluso, de acuerdo con la UNESCO, contribuye al mantenimiento de la paz y el entendimiento de los pueblos. Por estas razones, los representantes de la Cámara de Diputados debemos velar por su pronta restauración a fin de restablecer y fortalecer la dinámica económica social que distingue a una de las ciudades más hermosas de la República.

Por todo lo expuesto y fundando, sometemos a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para implementar las acciones y medidas necesarias para garantizar la restauración del patrimonio arquitectónico del municipio de San Cristóbal de Las Casas, tras los daños provocados por los sismos ocurridos en el mes de septiembre de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.

Diputada Emeteria Claudia Martínez Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, que exhorta a diversas autoridades de Nuevo León a reconsiderar el aumento de las tarifas del transporte público, Metro y taxis aprobado el 17 del mes en curso por el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN

Raúl Gracia Guzmán , en mi carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, a la directora ejecutiva del Consejo Estatal del Transporte y Vialidad, Elizabeth Garza Martínez y al director general de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, Jorge Alfredo Longoria Treviño, a reconsiderar el aumento en las tarifas del transporte público, Metro y taxis que aprobó el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad el 17 de septiembre del año en curso.

Exposición de Motivos

1. El 17 de septiembre del presente año, el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad (CETyV) aprobó el aumento de tarifas del transporte público, Metro y taxis, durante los próximos tres años, lo anterior se dio a conocer por diversos medios de comunicación:

El Consejo Estatal del Transporte y Vialidad (CETyV) recetó ayer un duro golpe al bolsillo de los ciudadanos con incrementos a las tarifas del transporte público, el Metro y taxis, que en tres años alcanzarán hasta el 107 por ciento.

Todos los aumentos aprobados están por encima de la inflación que, del 2014 -último año de incrementos del transporte en el Estado- y hasta el 2019, con proyecciones de Banxico, acumula 26.3 por ciento.

El alza, que fue propuesta por el gobierno del estado, se aprobó ayer pese a que, el viernes, la Comisión de Costos y Productividad del CETyV la rechazó, con el voto en contra de consejeros ciudadanos y a favor de la Agencia Estatal de Transporte (AET), representantes de transportistas y la directora del Consejo.

El aumento, que entrará en vigor la próxima semana, se aprobó en la opacidad, en una reunión privada de 35 integrantes del CETyV por casi cuatro horas en Palacio de Gobierno, tras la que no quiso dar detalles el Estado de quiénes asistieron y cómo votó cada quien, limitándose sólo a decir que se avaló el alza por mayoría. 1 (Charles, 2018)

2. Durante la sesión en la cual se aprobó el incremento de las tarifas, también se acordó que, a cambio del aumento los transportistas se comprometían a renovar unidades que ya vencieron su plazo y otras las cuales están a punto de vencerse, adaptándolas con aire acondicionado y condiciones que la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León establece, así lo dio a conocer el secretario de Gobierno:

Manuel González, secretario de Gobierno, afirmó al acabar la sesión que, a cambio del aumento, los transportistas se comprometieron a renovar 800 unidades -500 que ya venció el plazo y 300 más que está por vencerse el próximo año- y equiparlas con aire acondicionado, cámaras de seguridad y wifi. (Charles, 2018)

El incremento de las tarifas en efectivo fue de un Peso, pasando de 12 a 13 con un desliz de 50 centavos cada 90 días hasta noviembre de 2021, con ello el precio final será de 19 pesos un aumento de 58 por ciento. (Charles, 2018)

Para los que utilizan la “Tarjeta Feria” también verán el incremento en las tarifas:

Pasando de 11.79 a 12.79 pesos y un desliz mensual de 10 centavos hasta noviembre del 2021, por lo que terminará costando 16.59 pesos, un alza del 41 por ciento. (Charles, 2018)

3. Referente al incremento en la tarifa del Metro, se acordó que sería de un Peso, pasando de 4.50 a 5.50, más 10 centavos mensuales hasta noviembre del 2021:

En la sesión se aprobó incrementar un Peso la tarifa del Metro, pasando de 4.50 a 5.50 pesos más un desliz mensual de 10 centavos hasta noviembre del 2021, por lo que terminará costando 9.30 pesos, que representa un alza del 107 por ciento. (Charles, 2018)

Los taxis también incrementaron su costo un peso, el banderazo de salida será de 9.78, el recorrido por kilómetro es de 6.22 pesos, para los mototaxis se fijó la tarifa de 5 pesos por persona:

Para taxis, se acordó elevar un peso el banderazo, pasando de 8.78 a 9.78 pesos, y un Peso por kilómetro recorrido que va de 5.22 a 6.22 pesos.

También se avaló una tarifa de 5 pesos por persona para las mototaxis o “tuktuk”. (Charles, 2018)

Considerandos

I. Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. El gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón se manifestó por medio de una entrevista que le realizaron diversos medios de comunicación el 18 de septiembre, donde expreso lo siguiente:

El Bronco aclaró que existen algunas observaciones que realizará a la propuesta que definió el Consejo, y subrayó que ante cualquier escenario la tarifa preferente para estudiantes y adultos mayores no sufrirá ninguna modificación.

“Yo voy a empezar a escuchar, mucha gente me ha mandado mensajes; he estado revisando con lo resolutivo... creo que hay algunas cosas que tengo que ver y empezaré a verlo a partir de mañana”, aclaró el gobernador.

Rodríguez Calderón explicó que las condiciones en el tema de los combustibles son muy distintos al 2015, las cuales dependen del nivel federal.

“Yo no tengo la culpa de que haya subido el diésel, es decir, aquí escuché la opinión de algunos diputados que dijeron que van a quitar el IEPS, eso sería grandioso”, dijo Rodríguez Calderón.

“Ya no puedo exponer más a que nos quedemos sin el servicio del Metro, es decir, el Metro tiene 16 años sin la tarifa, yo no contemplaba en mi promesa de campaña el hecho de que el gobierno (federal) iba a subir las gasolinas y el diésel”.2 (Gobierno, 2018)

III. El Consejo Estatal del Transporte y Vialidad no había sesionado en los tiempos que mandata la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, que en su artículo 15 señala el periodo en el cual se debe reunir:

Artículo 15. Previa convocatoria, el Consejo sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez dentro de cada trimestre del año calendario. 3 (Ley)

El Consejo tenía 46 meses sin sesionar, siendo la última en diciembre de 2014, con la anterior Administración del entonces Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, donde se aprobó un incremento de tarifas, en esa ocasión pasó de 10 a 12 pesos.

IV. Es importante mencionar que, mientras en la Ciudad de México el precio de los microbuses y vagonetas es de 5.00 pesos para una distancia de 5 kilómetros: de 5.50 para una distancia de 5 a 12 kilómetros y de 6.50 para una distancia de más de 12 kilómetros. En autobuses, el costo es de 6.00 pesos para una distancia de 5 kilómetros y de 7.00 pesos para las más de 5 kilómetros. En el caso de corredores concesionados es de 6.50 pesos para el servicio ordinario y de 7.00 para el servicio ejecutivo.4 (Semovi, 2018)

En el estado de Jalisco, las tarifas son las siguientes: normal 6.00 y 7.00 pesos, normal y para niños es de 3.00 y 3.50.5 (Jalisco, 2018)

Como se puede observar, con los nuevos precios que pretende implementar el gobierno del estado de Nuevo León y el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad, Nuevo León sería el estado que tendría los precios más altos en el trasporte público:

Fuente propia con información de los gobiernos locales

La diferencia es de 53 por ciento en promedio, es decir, los neoleoneses tendremos tarifas de transporte público mucho más alto que estas dos ciudades, sin considerar que el incremento se detendrá hasta el 2021 para llegar a 19 pesos.

V. Tanto el gobierno del estado de Nuevo León, como la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León y el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, deben coordinar esfuerzos para mejorar la calidad del transporte público en el estado, lo que se podría traducir en mejoras para la calidad de vida de los neoloneses.

Del último incremento de tarifas a la fecha no se han visto grandes mejoras en el trasporte, no se pude considerar como una mejora el sistema de transporte actual cuando las unidades se encuentran sin aire acondicionado, no tienen los asientos completos, algunas son mayores a 10 años, no tienen cámaras de seguridad y la falta de unidades genera que los usuarios esperen por más de una hora los autobuses que los lleven a su destino.

Las principales justificaciones con las cuales se quiere incrementar el costo de las tarifas es que, se implementarán nuevas unidades y se hará más eficiente el servicio de transporte, sin embargo, esto no sucedió cuando se presentó el último aumento a las tarifas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, a la directora ejecutiva del Consejo Estatal del Transporte y Vialidad, Elizabeth Garza Martínez y al director general de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, Jorge Alfredo Longoria Treviño, a reconsiderar el aumento en las tarifas del transporte público, Metro y taxis que aprobó el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad.

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, a reconsiderar el aumento en las tarifas del transporte público, Metro y taxis que se aprobó el 17 de septiembre del año en curso.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la directora ejecutiva del Consejo Estatal del Transporte y Vialidad, Elizabeth Garza Martínez a reconsiderar el aumento en las tarifas del transporte público, Metro y taxis que se aprobó el 17 de septiembre del año en curso.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León, Jorge Alfredo Longoria Treviño, a reconsiderar el aumento en las tarifas del transporte público, Metro y taxis que se aprobó el 17 de septiembre del año en curso.

Notas

1 Charles Ángel. El Norte “Imponen ‘tarifazo’; llegará hasta 107%” recuperado de: https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1493800&sc=319 revisión hecha el 18 de septiembre de 2018.

2 Gobierno del estado de Nuevo León: Analizará Bronco propuesta de aumento a tarifas del transporte público recuperado de

http://www.nl.gob.mx/noticias/analizara-bronco-propuesta -de-aumento-tarifas-del-transporte-publico revisión hecha el 18 de septiembre de 2018.

3 Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León

4 Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México recuperado de: https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/transporte-de-pasaj eros/nuevas-tarifas-de-transporte-publico-vigentes revisión hecha el 18 de septiembre de 2018.

5 Gobierno del estado de Jalisco: recuperado de https://syt.jalisco.gob.mx/rutas-y-tarifas/tarifas-del-transporte-publi co revisión hecha el 18 de septiembre de 2018.

Fuentes consultadas:

Charles, Á. (18 de septiembre de 2018). EL NORTE “Imponen ‘tarifazo’; llegará hasta 107%”. Obtenido de

https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.as px?id=1493800&sc=319gobierno, d. e. (18 de septiembre de 2018). gobierno del estado de Nuevo León Analizará Bronco propuesta de aumento a tarifas del transporte público. Recuperado el 18 de septiembre de 2018, de

http://www.nl.gob.mx/noticias/analizara-bronco-propuesta -de-aumento-tarifas-del-transporte-publico

Jalisco, G. d. (18 de septiembre de 2018). gobierno del estado de Jalisco. Obtenido de https://syt.jalisco.gob.mx/rutas-y-tarifas/tarifas-del-transporte-publi co

Ley, D. T. Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del estado de Nuevo León. Nuevo León.

Semovi, S. d. (18 de septiembre de 2018). Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Obtenido de

https://www.semovi.cdmx.gob.mx/tramites-y-servicios/
transporte-de-pasajeros/nuevas-tarifas-de-transporte-publico-vigentes

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2018

Diputados: Raúl Gracia Guzmán, José Martín López Cisneros (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Cofepris a fortalecer las acciones tendentes a salvaguardar la salud de quienes acuden a clínicas de cirugías estéticas que no cumplen la normativa correspondiente, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de que fortalezca las acciones que contribuyan a salvaguardar la salud de las personas que acuden a clínicas de cirugías estéticas que no cumplen con la normatividad establecida por la ley, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La salud es un derecho humano fundamental de las personas, un gran igualador social que permite el acceso a otros derechos formalmente reconocidos, así como un requisito previo para alcanzar el desarrollo y progreso individual y colectivo.

Gracias al avance de la ciencia y de la tecnología, los padecimientos médicos que hace 20 años eran incurables, hoy en día cuentan con alternativas para que se puedan tratar de manera más efectiva, contribuyendo a que los pacientes alarguen sus años de vida, con una mayor calidad y con menos tratamientos dolorosos.

Por lo anterior, se desprende que las personas a mayor calidad de vida han optado por utilizar tratamientos clínicos y médicos que ayuden a mejorar su apariencia física, ya sea para elevar su autoestima o porque existe alguna situación clínica que así lo requiera.

Para poner en perspectiva esta situación, la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética indica que este tipo de procedimientos quirúrgicos aumentaron un 30 por ciento en 2015 y en 2016, siendo Estados Unidos quien encabeza la lista, con 4.2 millones de operaciones estéticas, seguido de Brasil, Japón e Italia, y en quinto lugar México, con 923 mil 814 procedimientos.1

Según académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el país ocupa el tercer lugar a nivel mundial y de cada 10 cirugías para rejuvenecer, nueve son para mujeres y una para varones. Los procedimientos quirúrgicos más solicitados son de nariz, orejas, liposucción, corrección de párpados y la papada, así como el aumento de los senos.2

La encuesta global de estética realizada por ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) establece que en el país se puede conseguir una rinoplastia por 40 mil pesos o un aumento de senos por un poco más de 50 mil pesos. Asimismo, indica que es uno de los lugares donde menos cuesta ponerse bótox, ya que existen lugares en donde por sólo 130 pesos lo aplican.3

No obstante, ante la gran demanda de cirugías estéticas, también ha aumentado el número de médicos improvisados y otros profesionistas sin especialización, poniendo en riesgo la salud de las personas, lo que puede llevar a la muerte.

Por lo anterior, es necesario que los médicos cuenten con la especialización requerida, ya que son intervenciones quirúrgicas que requieren de percepción artística, pues no se trata sólo de cortar y separar, sino de dar forma, como cuando se hace una escultura.

Gran parte del éxito de las cirugías estéticas provienen de que en la actualidad existen procedimientos endoscópicos no invasivos que permiten una recuperación más pronta y resultados con apariencia natural, ya que anteriormente implicaba grandes heridas y largos procesos de recuperación.

La especialidad de cirujano plástico también incluye, además de las intervenciones estéticas, el manejo de personas que sufrieron quemaduras, algún trauma facial, reconstrucción y atención de malformaciones congénitas en cara, miembros o genitales (como el paladar hendido).

Un ejemplo muy común del perfeccionamiento corporal es la mamoplastía de aumento que es el procedimiento quirúrgico destinado a aumentar el tamaño y mejorar la forma del busto mediante la colocación de implantes (prótesis) mamarios.4

Dicho procedimiento tiene que ser llevado por el personal médico especializado, con la finalidad de evitar problemas a futuro que puedan contribuir a desarrollar enfermedades como el cáncer o que las prótesis estén rellenas de materiales peligrosos para su salud y que con ello se ponga en peligro la vida.

En cualquier intervención médica, el cirujano plástico certificado es el único especialista que cuenta con los conocimientos, entrenamiento quirúrgico y experiencia necesarios para realizar este tipo de procedimientos bajo condiciones de máxima seguridad para el paciente.

La Ley General de Salud establece en el artículo 79 que para ejercer las actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física, trabajo social, química, psicología, optometría, ingeniería sanitaria, nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.5

El artículo 272 Bis de la misma ley indica que para la realización de cualquier procedimiento médico quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan requieren de: Cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas competentes; y Certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia, expedido por el Consejo de la especialidad según corresponda.

La ley también señala que la cirugía plástica, estética y reconstructiva relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo, deberá efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud especializados en dicha materia (Artículo 272 Bis 1).

Según “Alerta Sanitaria” de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de las 4 mil 322 clínicas que existen en el país, 263 fueron suspendidas y en 510 se identificaron anomalías, derivado de muchos de los locales no cuentan con los avisos ni las autorizaciones sanitarias requeridas para su operación.6

La Cofepris indica que los establecimientos deben contar con una licencia sanitaria para llevar a cabo actos quirúrgicos; que médico que realiza los procedimientos tenga especialidad en cirugía plástica, así como el título profesional del médico cirujano; que se cuente con un área quirúrgica separada y sin posibilidad de contaminación y acceso restringido; que el servicio de cirugía cuente con áreas delimitadas; que el quirófano cumpla con los requisitos establecidos en la ley; contar con un área de recuperación post-cirugía ; y que los medicamentos presenten registro sanitario, etiquetas en español, sin estar caducos y sin suministrarse de manera fraccionada.

El artículo 3 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, establece que tiene la facultad de ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, que en términos de las disposiciones aplicables corresponden a la Secretaría de Salud, en establecimientos de salud, de disposición de órganos, tejidos, células de seres humanos y sus componentes, de disposición de sangre y los demás establecimientos que señala el citado ordenamiento, salvo algunas excepciones a que hace referencia la Ley.7

En razón de lo expuesto, es necesario que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios fortalezca las acciones, para la detección de clínicas dedicadas a realizar cirugías estéticas que no cumplen con los requisitos necesarios para poder trabajar, ni tampoco con el personal médico especializado para la realización de intervenciones médicas, lo cual pone en riesgo la salud y la vida de las personas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a fin de que fortalezca las acciones que contribuyan a salvaguardar la salud de las personas que acuden a clínicas de cirugías estéticas que no cumplen con la normatividad establecida por la ley.

Notas

1 http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/mexico-el-quinto-pais-con-mas-op eraciones-esteticas

2 http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_003.html

3 https://heraldodemexico.com.mx/tendencias/cirugias-esteticas-mexico/

4 http://cirugiaplastica.mx/pacientes/procedimientos/estetica/mamoplastia -de-aumento

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_120718.pdf

6 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/388755/
33_Alerta_Clinica_de_Cirug_a_Est_tica__Septiembre_2018.pdf

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/29.PDF

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de septiembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Fiscalía General de Puebla a aumentar el personal para la adecuada atención del rezago judicial, a cargo de la diputada Claudia Báez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, Claudia Báez Ruiz, diputada a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Encuentro Social, con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo por los que se exhorta al gobierno estatal de Puebla y a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a aumentar el personal para el Distrito Judicial Oriente con cabecera en Teziutlán, Puebla, y asimismo poder atender los altos índices delictivos en el distrito 3 del estado de Puebla, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estado de Puebla ocupa a nivel nacional el quinto lugar en cuanto al índice delictivo, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública 34 mil 983 delitos fueron cometidos del mes de enero a julio del presente año, en el Distrito Judicial Oriente de enero de 2018 a julio de 2018, únicamente mil 3 carpetas de investigación se encuentran en trámite para poder llegar a una sentencia, sin embargo el gobierno del estado de Puebla, encabezado por el gobernador actual, José Antonio Gali Fayad, y la Fiscalía General del Estado de Puebla, a cargo del ahora fiscal con licencia Víctor Carrancá Bourget, debido a la ineficiencia en repartición de recursos destinados a la seguridad en los distritos judiciales del estado, han recortado personal y omitido la contratación de nuevo personal para las fiscalías generales de los distritos judiciales, en particular me refiero a la Fiscalía del Distrito Judicial Oriente con cabecera en Teziutlán, Puebla, en donde al día de hoy, únicamente se cuenta con un encargado del Despacho de la Dirección de Agencias Zona Foránea Oriente, 5 ministerios públicos para atender las denuncias de todo el distrito judicial, cuatro auxiliares y seis policías ministeriales o de investigación incluyendo al comandante de dicha agrupación, siendo insuficientes para cubrir las necesidades que exige el Distrito Judicial Oriente, toda vez que abarca un territorio muy extenso siendo los municipios de Ayotoxco de Guerrero, Acateno, Chignautla, Hueytamalco, Tenampulco, Xiutetelco y Teziutlán los principales afectados, debido al rezago en la impartición de justicia debido a que el personal con el que se cuenta es insuficiente.

De acuerdo al reporte más reciente realizado por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (LGAVIM) se indica que en el estado de Puebla solo 0.1 por ciento de los delitos cometidos de enero de 2016 a julio de 2018, la Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia contra los imputados, esto se traduce a que, de 810 carpetas de investigación, sólo una llega a sentencia condenatoria y que, de 81 mil 323 delitos cometidos en ese lapso de tiempo, la Fiscalía únicamente obtuvo 104 sentencias contra los imputados.

En razón de lo anteriormente expuesto, es por lo que es urgente la contratación de personal capacitado y profesionalizado para realizar las labores que le corresponden para la impartición justa y expedita de la justicia en el municipio que hoy me ocupa, esto conforme al artículo 131 y 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales en donde se mencionan las obligaciones del Ministerio Público y de la Policía, por lo que se requieren fiscales capacitados, personal de apoyo y más policías de investigación, no es posible llevar a cabo las tareas de impartición de justicia que la sociedad requiere y merece, cuando no se cuenta con el personal suficiente.

Por lo anteriormente manifestado, los diputados del Partido Encuentro Social consideramos que es urgente la pronta actuación de las autoridades correspondientes del gobierno del estado de Puebla y de la Fiscalía General del Estado, para de esta forma garantizar el acceso a la justicia que como mexicanos tenemos derecho a recibir, siendo así que las fiscalías de todo el estado y en particular la del Distrito Judicial Oriente, cuenten con el personal adecuado para llevar acabo las actividades que le corresponden para la debida impartición de justicia.

En virtud de lo expuesto me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Puebla para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, destine el recurso necesario para la contratación o subcontratación del personal para la Fiscalía del Distrito Judicial Oriente, con cabecera en Teziutlán, Puebla, con la intención de cumplir con su deber de garantizar a la población el acceso a una justicia pronta y expedita.

Segundo. Se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla para que en el ámbito de sus atribuciones y facultades contrate o subcontrate personal para la Fiscalía del Distrito Judicial Oriente con cabecera en Teziutlán, Puebla, con la intención de cumplir con su deber de garantizar a la población el acceso a una justicia pronta y expedita.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.

Diputada Claudia Báez Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad de Nuevo León a revisar el probable incremento de las tarifas del transporte público e informar de ello a la población, a cargo del diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

1. El transporte público representa el mayor medio de movilidad en nuestro país y en ocasiones es el único medio de transporte para miles de hombres y mujeres que día a día hacen uso de este servicio.

2. Asimismo, por años los usuarios del transporte público han solicitado mejorar el servicio y este representa una verdadera opción de movilidad, que sea un medio de trasporte seguro, eficiente y digno para todos.

3. Nuevo León no es la excepción, las personas requieren de un mejor servicio y que éste no afecte la economía de las familias. De conformidad con el artículo 9, capítulo II, de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, es el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, previo al estudio y análisis.

4. El 17 de septiembre de 2018, el Consejo Estatal del Transporte y Vialidad, dio a conocer, a través de diversos medios de comunicación, que habrá un incremento de un peso inicial a las tarifas ordinarias con tarjeta feria, con un incremento mensual de 10 centavos, para finalizar el incremento el 1 de noviembre de 2021, incrementando en un total de 3 pesos con 90 centavos al 2021.

Asimismo para el caso de los pagos en efectivo, se propuso aumentar de forma inmediata un peso, con un incremento de 50 centavos cada 90 días, para detenerlo el 1 de noviembre de 2021, sumando un total de 8 pesos con centavos en 2021.

Y para el caso del servicio de taxi se pretende incrementar el banderazo de taxis y un peso por kilometraje.

En el caso del Metro, se prevé elevar la tarifa un peso y establecer un desliz de 10 centavos mensuales hasta 2021.

Que en el discurso parece ser un incremento mínimo y que de acuerdo con el secretario general de Gobierno no se trata de un aumento agresivo, lo cierto, es que en los hechos tendrá un impacto negativo en el bolsillo de las familias.

5. Ante tal incremento es necesario informar a la población qué estudios se realizaron y cuáles fueron las consideraciones para proponer este incremento, ya que sí es un impacto considerable el que se pretende realizar, tomando en cuenta que contamos con una de las ciudades más caras del país.

6. Asimismo, es necesario que el ingeniero Jaime Rodríguez Calderón, gobernador constitucional del estado de Nuevo León, detenga el incremento a la tarifa de transporte público y considere otras vías, para darle solución a esta propuesta.

7. Es necesario que el Consejo Estatal de Transporte y Viabilidad informe de los avances que ha tenido en el estudio del servicio de transporte público para su incremento y qué decisiones se han tomado para apoyar a las familias más desfavorecidas económicamente.

Lo anterior se traduce en que habrá miles de usuarios del servicio público en Nuevo León que verán afectada su economía, ya que un porcentaje del ingreso total de las familias es destinado al pago de este servicio, que representa un medio de transporte importante para nuestro país y estado.

Por lo anteriormente expuesto se presenta esta proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, con la finalidad de considerar la omisión del incremento a las tarifas del transporte público.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular del Consejo Estatal de Transporte y Vialidad a fin de informar a la ciudadanía los estudios y avances considerados para el incremento de las tarifas de transporte público, así como que sea considerado omitir este incremento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.

Diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a reconsiderar la resolución emitida el jueves 13 del presente mes respecto a los formatos de declaración patrimonial y de intereses para que éstos entren en vigor antes del próximo 1 de diciembre, a cargo de la diputada Laura Angélica Rosar Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

Laura Angélica Rojas Hernández, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6o., numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta Asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a reconsiderar la resolución emitida el jueves 13 de septiembre del presente año, respecto de los formatos de declaración patrimonial y de intereses, a fin de que éstos entren en vigor antes del próximo primero de diciembre, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, introdujo un nuevo régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, obligaciones y sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones o fuera de éstas.

Este nuevo régimen se encuentra regulado dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que derivó de la comentada reforma constitucional, y entró en vigor el 19 de julio de 2017.

El artículo 34 del ordenamiento jurídico mencionado establece que “...el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá las normas y los formatos impresos; de medios magnéticos y electrónicos, bajo los cuales los declarantes deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos...”1

Con base en dicho precepto legal, el Comité de Participación Ciudadana el 7 de febrero de 2018, desarrolló una versión consensuada con la sociedad civil organizada, integrantes de los entes públicos que forman al Comité Coordinador, expertos nacionales e internacionales y de la academia, del contenido del formato nacional de declaración patrimonial y de intereses, misma que fue entregada a todos y cada uno de los miembros del Comité Coordinador.

Es necesario mencionar que el formato consensuado tuvo algunas modificaciones, retomadas del análisis de publicidad de datos personales contenidos en las declaraciones patrimonial y de intereses, que remitió el 22 de marzo de 2018 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Posteriormente, el 29 de mayo el Comité de Participación Ciudadana elaboró una propuesta de instructivo para el llenado cabal de los formatos en comento.

Una vez que el Comité Coordinador contó con todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la naturaleza de la información que con la que se llenarán los formatos de declaraciones patrimonial y de intereses, convocó a sesión ordinaria para el jueves 13 de septiembre para deliberar dicho asunto.

Sin embargo, los resultados de la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador, no fueron los esperados por la ciudadanía que demanda transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos. Con una votación mayoritaria se aprobó que los formatos de declaraciones patrimonial y de intereses entren en vigor hasta el 30 de abril de 2019.

El significado de dicho resultado es que los servidores públicos salientes y entrantes, en el proceso de cambió de administración, no utilizarán los formatos comentados para rendir sus declaraciones.

A pesar del voto contrario del INAI y del voto concurrente del Comité de Participación Ciudadana, ambos con representación en el Comité Coordinador, la mayoría de sus integrantes se impuso arrojando un resultado desalentador para todos los que hemos impulsado la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

En un ejercicio de autocrítica, Irene ley, integrante del Comité de Participación Ciudadana,2 cuestionó esta demora en la aprobación de los formatos en comento e hizo una reflexión sobre la pésima señal que envía el Comité Coordinador, con dicha resolución, sobre el combate a la corrupción, la rendición de cuentas y la transparencia.

Si bien es cierto, las deficiencias que ha presentado el Sistema Nacional Anticorrupción se deben a que aún no está completo, le faltan integrantes de suma relevancia para su funcionamiento cabal como el Fiscal Anticorrupción y los magistrados especializados para imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos, eso no justifica la decisión de postergar la entrada en vigor de los formatos.

El Sistema Nacional Anticorrupción debe ser una herramienta garante de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, que esté a la altura de las expectativas de la ciudadanía, que prevenga las causas de la corrupción.

Conocer a detalle la situación patrimonial, tanto de los servidores públicos salientes de la actual administración federal, como de los que iniciarán sus funciones con el nuevo gobierno, es fundamental para cumplir con los objetivos del propio Sistema nacional Anticorrupción.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a reconsiderar la resolución emitida el jueves 13 de septiembre del presente año, respecto de los formatos de declaración patrimonial y de intereses, a fin de que éstos entren en vigor antes del próximo primero de diciembre.

Notas

1 Cámara de Diputados, Ley General de Responsabilidades Administrativas, (en línea), Leyes Federales, dirección URL:

http://www.diputados.gob.mxlLeyesBiblio/pdf/LGRA.pdf.(co nsulta: 18 de septiembre de 2018).

2 Levy Irene, “Le falló a México el SNA”, (en línea), El Universal, México, 17 de septiembre de 2018, dirección URL:

http://www.eluníversal.com.mxlcolumnalirene-Ievy/nacion/ le-falIo-mexico-el-sna,(consulta: 18 de septiembre de 2018).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 20 de septiembre de 2018.

Diputada Laura Angélica Rojas Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se propone aprobar e integrar una comisión especial para dar seguimiento a la puntual implantación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, a cargo de la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Soraya Pérez Munguía, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción III, y 73, fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción III, 205, 207 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía, para análisis, discusión y aprobación, en su caso, la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, en virtud del próximo vencimiento de términos, por el que se propone la aprobación, conformación e integración de una comisión especial para dar seguimiento a la correcta y puntual implantación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. El 18 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Mejora Regulatoria, aprobada por el Congreso de la Unión, la cual tiene por objeto establecer los principios y las bases a que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias en materia de mejora regulatoria. La ley entró en vigor el 19 de mayo de 2018. Lo anterior, como consecuencia del ejercicio de la facultad prevista en el artículo 73, fracción XXIX-Y,1 de la CPEUM2 para el Congreso de la Unión.

Segundo. La nueva legislación fue consecuencia de la iniciativa que presentó el Ejecutivo federal ante el Congreso de la Unión, y se aprobó por mayoría, con 67 votos a favor –del PRI, PVEM, PAN y PRD– y 11 en contra –del PT e independiente.

Tercero. La Ley General de Mejora Regulatoria, en vigor desde el 19 de mayo de 2018,3 prevé un sistema nacional de mejora regulatoria (SNMR), el cual tiene por objeto coordinar a las autoridades de todos los órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de competencia, a través de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, normas, principios, objetivos, planes, directrices, órganos, instancias, procedimientos y la política nacional en materia de mejora regulatoria, con un modelo similar al Sistema Nacional Anticorrupción o el Sistema Nacional de Transparencia.

Cuarto. El nuevo SNMR estará integrado por el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria; la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria; la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria; los sistemas de mejora regulatoria de las entidades federativas; los sujetos obligados (administración pública federal y sus respectivos homólogos de las entidades federativas, los municipios o alcaldías y sus dependencias y entidades, la Procuraduría General de la República y las procuradurías o fiscalías locales), es decir, las entidades públicas; y el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria.

Quinto. Las herramientas principales del SNMR son el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios; la agenda regulatoria, que consiste en la propuesta de las regulaciones que los sujetos obligados pretenden expedir; el análisis de impacto regulatorio; los programas de mejora regulatoria; y las encuestas, información estadística y evaluación en materia de mejora regulatoria.

Sexto. Como parte de la integración del SNMR, el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria es la instancia encargada de coordinar la política nacional de mejora regulatoria. Entre sus atribuciones se encuentra establecer directrices, bases, instrumentos, lineamientos y mecanismos tendentes a la implantación de la política de mejora regulatoria y de observancia obligatoria para los sujetos obligados. El consejo nacional es la instancia encargada de coordinar la política nacional de mejora regulatoria y está integrado por I. El secretario de Economía, quien lo presidirá; II. El secretario de Gobernación; III. El secretario de Hacienda y Crédito Público; IV. El secretario de la Función Pública; V. El consejero jurídico del Ejecutivo Federal; VI. Un representante de la Presidencia de la República; VII. El presidente del observatorio; y VIII. Cinco presidentes de los sistemas estatales de mejora regulatoria.

Séptimo. La ley menciona que la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con autonomía técnica y operativa, la cual tiene como objetivo promover la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y servicios, así como la transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos, procurando que éstos generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad; teniendo como una de sus múltiples atribuciones la de proponer al consejo nacional la emisión de directrices, instrumentos, lineamientos, mecanismos y buenas prácticas para el cumplimiento del objeto de esta ley.

Octavo. El consejo nacional debe estar instalado en un plazo que no exceda de los quince meses posteriores a la fecha de entrada en vigor de la Ley General de Mejora Regulatoria, que hoy no se encuentra instalado y que tiene como fecha límite para su instalación el 19 de agosto de 2019 . Por otra parte, la ley en comento señala que la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria será el instrumento programático que tiene como propósito articular la política de mejora regulatoria de los Sujetos Obligados y tendrá una visión con un horizonte de largo plazo a veinte años, con evaluaciones al menos cada cinco años y con revisiones y ajustes, en su caso, al menos cada dos años. Una vez instalado el consejo nacional se deberán aprobar las siguientes acciones:

• La Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria, la cual deberá ser propuesta por el consejo nacional dentro de un plazo que no excedan los 30 días naturales siguientes a la instalación de dicho consejo, es decir, el 20 de septiembre de 2019 (tercero transitorio);

• El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, el cual deberá ser instalado dentro de los 6 meses siguientes a la instalación del consejo nacional, es decir, el 19 de febrero de 2019 (cuarto transitorio); y

• De igual forma, los miembros del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria deben ser nombrados por el consejo, a más tardar en seis meses una vez entrada en vigor la ley, conforme a los requisitos que dispone el artículo 32 de la legislación.4

Noveno. A partir de la entrada en vigor de la Ley General de Mejora Regulatoria, las entidades federativas contarán con un plazo de un año para adecuar sus leyes al contenido de dicha ley, por lo tendrán como fecha límite el día 19 de mayo de 2019. Asimismo, los consejos locales de mejora regulatoria deberán instalarse formalmente dentro de un plazo de noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de las adecuaciones correspondientes en su legislación local (quinto transitorio), situación a la que debe darse puntual seguimiento desde el Congreso de la Unión a fin de evitar incurrir en omisiones legislativas.

Décimo. La herramienta tecnológica del Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios iniciará su funcionamiento dentro de un plazo que no exceda los 3 años a partir de la entrada en vigor de la Ley General de Mejora Regulatoria, es decir, el día 19 de mayo de 2021 (sexto transitorio). Una vez en operación las herramientas tecnológicas del catálogo nacional, los sujetos obligados tendrán los siguientes plazos para su cumplimiento:

• Dentro de ciento ochenta días naturales siguientes al inicio del funcionamiento para los sujetos obligados de la administración pública federal;

• Dentro de un año siguiente al inicio del funcionamiento para los sujetos obligados de las entidades federativas; y

• Dentro de dos años siguientes al inicio del funcionamiento para los Sujetos Obligados del orden municipal.

Undécimo. Respecto a la emisión de los lineamientos generales de las principales herramientas del SNMR (Agenda Regulatoria, Análisis de Impacto Regulatorio, y Programas de Mejora Regulatoria), éstos serán elaborados por la Conamer y se someterán a la aprobación del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria (artículos 17, fracción I; 22, fracciones VI, XI, XII y XVI; y 24, fracciones III y XIII, de la Ley General de Mejora Regulatoria).

Duodécimo. Como dicha legislación es de vital importancia para el desarrollo del país, y se trata de una norma aprobada por el Congreso de la Unión, se hace necesaria la creación de la comisión en comento, conforme al siguiente orden:

Misión. Vigilar la creación y cumplimiento de las distintas herramientas que emanan de la Ley General de Mejora Regulatoria, así como conformar, fomentar, coordinar, vincular y difundir la agenda legislativa en materia de mejora regulatoria, en virtud de la presentación de diversos instrumentos legislativos e impulsar las reformas a que haya lugar en dicha materia de conformidad con la Ley General de Mejora Regulatoria y otras normas afines.

Visión. Asegurar que la política de mejora regulatoria de México se encuentra en cumplimiento y a la vanguardia a nivel internacional. Asimismo, ser punto de referencia en materia de legislación sobre mejora regulatoria; considerando los efectos y necesidades cambiantes del fenómeno de la mejora regulatoria en la nación, así como la aparición de nuevas medidas para atender dichas necesidades. Siempre contemplando la participación consciente, responsable e informada de la población, además de la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Objetivos

1. Lograr un marco jurídico integral que esté a la vanguardia para atender eficaz y eficientemente las obligaciones que impone la Ley General de Mejora Regulatoria en todos los órdenes de gobierno, mediante la presentación e impulso de diversos proyectos de iniciativas de ley, acuerdos parlamentarios y otros instrumentos legislativos;

2. Unificar la posición del Congreso de la Unión en el tema de mejora regulatoria con las entidades federativas, así como ante organismos gubernamentales y no gubernamentales;

3. Coordinar foros, mesas de trabajo, seminarios, talleres y consultas, a través de la participación democrática de organismos del sector público, social y privado en materia de mejora regulatoria;

4. Plantear solicitudes a las organizaciones de la sociedad civil, académicas y de investigación, sobre temas técnicos de profundización, así como la ampliación de conocimientos en materia de mejora regulatoria;

5. Proporcionar líneas de acción sobre las políticas públicas en materia y vínculos de participación con el gobierno federal, los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y municipales, en materia de mejora regulatoria;

6. Coadyuvar y dar seguimiento, dentro de las facultades legislativas, al cumplimiento de los planes, acciones, programas y disposiciones de carácter general en materia de mejora regulatoria; y

7. Proponer y recomendar acciones a los órdenes de gobierno local y municipal para efectos de lograr acciones tendientes a la eficiencia administrativa.

Integración de la comisión: En los términos que designe el pleno de la Cámara de Diputados.

Programa de trabajo. La comisión especial para dar seguimiento a la correcta y puntual implantación del sistema nacional de mejora regulatoria impulsará la participación activa de los sectores social, privado, académico y público para establecer una agenda en materia de mejora regulatoria en los términos de la ley de la materia. A continuación se presenta de manera general las actividades por desarrollar en cuatro ejes de trabajo (vinculación, análisis, difusión y eficiencia), cuyo plan de actividades comprendería toda la presente legislatura de la Cámara de Diputados.

a) Vinculación. Organización de actividades para compartir experiencias legislativas, avances y publicación en materia de mejora regulatoria; reuniones con expertos científicos e investigadores en materia de mejora regulatoria; reuniones con dependencias del Poder Ejecutivo, en sus tres órdenes de gobierno, así como con institutos y organismos de la sociedad civil y del sector académico nacional e Internacional, con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos de la materia; reuniones con parlamentarios de otros países y de las entidades federativas; seminarios con congresos locales con los siguientes temas:

I. Avances en la legislación en materia de mejora regulatoria;

II. Retos, perspectivas y logros en materia de mejora regulatoria;

III. Herramientas jurídicas generadas por los parlamentos de otros países, congresos locales y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, mediante exposición y presentación de los instrumentos jurídicos emanados por las entidades federativas, a fin de intercambiar la experiencia legislativa en la materia que nos ocupa; y

IV. Ponentes: Funcionarios y parlamentarios de otros países; presidentes de las comisiones de mejora regulatoria de los congresos locales, profesores de universidades e Institutos nacionales públicos y privados.

b) Análisis. Organización de encuentros de investigación y discusión sobre políticas públicas en la materia con la finalidad de dar seguimiento a la implementación de la Ley General de Mejora Regulatoria, así como a los avances obtenidos por la administración pública federal en las entidades federativas; mesas de diálogo con sector civil, organizaciones no gubernamentales y con el sector privado para analizar los avances en materia de mejora regulatoria, así como las políticas públicas en la materia, mediante la organización, entre otros, de los siguientes foros:

I. Mesa de análisis sobre implantación de políticas públicas en materia de mejora regulatoria. Retos y objetivos para la administración pública de las entidades federativas. Objetivo: Conocer los avances de las acciones, planes y programas de los gobiernos de las entidades federativas. Ponentes: Gobiernos o secretarios de Economía y Desarrollo Económico de las entidades federativas.

II. Mesas de diálogo “La mejora regulatoria como instrumento de combate a la corrupción”. Objetivo: Conocer los alcances de combate a la corrupción por efectos de la mejora regulatoria; y

III. Mesa de trabajo “El sector productivo ante la mejora regulatoria”. Objetivo: Conocer las acciones en los sectores económicos del país. Ponentes: Sector privado.

c) Difusión. Realización de foros informativos en los cuales se intercambien experiencias sobre la implementación de las disposiciones establecidas por la Ley General de Mejora Regulatoria, la Estrategia Nacional y el Programa Especial de Mejora Regulatoria.

d) Eficiencia. La mejora de la gestión es un tema globalizado que cobra mayor relevancia en la interacción de los países, en el seno de las organizaciones internacionales, y en la reflexión y práctica de los países más desarrollados del mundo. Una buena administración, así se ha entendido y verificado en múltiples instancias, se relaciona estrechamente con la competitividad de un país, la solidez de sus instituciones, la inserción exitosa en el mundo dinámico y complejo de la actualidad, así como conjuntar acciones entre la mejora regulatoria y la eficiencia de la administración pública. Por tanto, se propone que esta comisión especial, dentro del ámbito de respeto a las competencias y facultades de los ordenes de gobierno local y municipal, pueda recomendar la implementación de acciones tendentes a la mejora de la gestión pública y la eficacia en la entrega de servicios públicos; para enfrentar de mejor manera demandas y tensiones cada vez más complejas y apremiantes, así como para rendir cuentas claras a la ciudadanía sobre la administración de los recursos públicos y la efectividad de las acciones.

Reuniones de trabajo. Los integrantes de la comisión especial aquí referida se reunirán con la periodicidad necesaria, y por lo menos una vez al mes, con la finalidad de dar seguimiento a los acuerdos y asuntos pendientes de resolución.

Por lo expuesto me permito proponer ante el pleno, como de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . Con fundamentos en los artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 205, 207, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía para análisis, discusión y aprobación, en su caso, proposición con punto de acuerdo para la aprobación, formación e integración de una comisión especial para dar seguimiento a la correcta y puntual implantación del sistema nacional de mejora regulatoria; asimismo, se solicita respetuosamente que el periodo de funciones de esta comisión especial comprenda toda la LXIV Legislatura.

Segundo. La Junta de Coordinación Política de la Cámara establecerá el número de integrantes de dicha comisión especial, con base a la representatividad proporcional de los grupos parlamentarios que la conformarán debiendo estar formada; su junta directiva por un presidente y los secretarios que se consideren convenientes, asignándole para su desempeño de los recursos materiales, humanos y financieros necesarios.

Tercero . A través de esta comisión especial se deberá respetuosamente exhortar a las dependencias que forman el Poder Ejecutivo federal, así como a los gobiernos estatales, a conjuntar esfuerzos con los trabajos de esta comisión, para destinar más recursos en innovación, capacitación, implementación y desarrollo de acciones relacionadas con la mejora regulatoria.

Notas

1 Artículo 73. El Congreso tiene facultad: (...) XXIX-Y. Para expedir la ley general que establezca los principios y bases a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de mejora regulatoria; (...)

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Artículo primero transitorio.

4 Artículo 32. El observatorio estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio. Salvo los casos de empleos, cargos o comisiones en instituciones académicas o de investigación científica, los integrantes no podrán ocupar durante el tiempo de su gestión, un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los gobiernos federal, local, municipal o de las alcaldías, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de sus actividades en el observatorio. Los integrantes del observatorio serán nombrados por el consejo nacional bajo el procedimiento que para tal efecto establezca, durarán en su encargo cinco años, con posibilidad de reelección por un periodo más, serán renovados de manera escalonada y solo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas por la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Cuando algún integrante del Observatorio no pueda continuar con sus actividades en el mismo por renuncia, incapacidad o cualquier otro motivo, el presidente del Observatorio lo informará al Consejo Nacional con el objeto de que se designe un nuevo integrante.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.

Diputada Soraya Pérez Munguía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reanudar la investigación sobre la desaparición de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Víctor Adolfo Mojica Wences, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito someter ante esta Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

Con fundamento en el artículo 1o., párrafo III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por tratarse de un asunto de interés general que ha desgarrado los sentimientos más profundos de los mexicanos, presento ante esta soberanía una proposición con punto de acuerdo que por la importancia que tiene para la República y la sociedad mexicana, exige sea de urgente y obvia resolución.

La noche del 26 de septiembre de 2014, quedó registrada en la historia negra de México como: “La noche de Iguala”. El asesinato brutal de 6 ciudadanos guerrerenses, 25 heridos, de los cuales algunos quedaron incapacitados por el resto de su vida, y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, quedó registrada también en el libro rojo de la historia sangrienta de nuestro país, y se suma hasta ahora, a la larga cadena de crímenes de lesa humanidad, y que se mantienen impunes en la era de los gobiernos autoritarios de ayer y hoy. Crímenes que exigen ser aclarados, y aplicada la justicia a los responsables materiales e intelectuales.

La mente de los vecinos de la calle Juan N. Álvarez, esquina Periférico, de Iguala, todavía escuchan los gritos desgarradores de los estudiantes que esa noche tuvieron la mala fortuna de caer en manos de seres sin alma. La metralla usada contra ellos por fuerzas policíacas y delincuenciales, todavía resuena en sus cabezas. La pesadilla, socializada por la impunidad, vive, está fresca en la memoria y en la conciencia de la sociedad mexicana. No así en la de las personas que dicen gobernarnos.

En este caso que ha estremecido la conciencia de millones de mexicanos que hablaron en las urnas el primero de julio pasado, se han observado omisiones, complicidades, simulaciones, ausencia de interés, e incluso desprecio a la vida de sus gobernados, por los responsables de las dependencias involucradas en la investigación del caso, y por el mismo presidente de la república, que con fastidio, exigió a los padres de familia de los jóvenes desparecidos, de manera absurda e impropia de un Jefe de Estado, ya “superar” una tragedia que por sus características es insuperable para cualquier ser humano con pizca de razón y sentimientos.

En todo el proceso ha sido evidente que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ha tenido mucha prisa por dar el caso por investigado y concluido, de acuerdo a un final concebido desde el principio, el cual han defendido a capa y espada, a pesar de la existencia de evidencias que muestran graves inconsistencias y violaciones al debido proceso, e incluso contradicciones en los resultados presentados como “verdad histórica”.

Investigaciones periodísticas sustentadas documentalmente, y expertos como el Grupo Multidisciplinario de Expertos Independientes, han encontrado resultados totalmente diferentes a los que el gobierno de la República actual, ha presentado a los mexicanos.

Las víctimas de este hecho y la sociedad en general, tienen el derecho humano fundamental de conocer la verdad, de recuperar con vida a sus familiares desaparecidos y el derecho a la justicia.

La rendición de cuentas en el ejercicio público es indispensable y una obligación constitucionalmente ineludible, y con superior razón en el caso de desaparición forzada, como es el caso que nos ocupa.

Los resultados de la investigación, presentados hasta ahora por el gobierno federal y su dependencia investigadora, generan profundas dudas acerca de la confiabilidad de tales resultados, y a la vez muestran graves sospechas de colusión estrecha entre dependencias federales del Estado Mexicano y los presuntos criminales imputados de manera oficial en la desaparición de los estudiantes.

La investigación realizada por la propia Visitaduría de la Procuraduría General de la República (PGR) demuestre que las conclusiones que el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR elaboró, sean a partir de la alteración de datos y de la propia investigación.

La investigación contra el titular de la AIC concluyó que eran inválidas todas las actuaciones del río San Juan porque las ilegalidades cometidas antes y después de las inspecciones en el lugar tenían un efecto corruptor en la prueba, y que las conclusiones de la llamada “verdad histórica” por el gobierno federal, se sustentaban en tales averiguaciones falseadas.

Según publicaciones periodísticas sustentadas verbal y documentalmente, el encargado de la investigación sobre el actuar del responsable de la oficina de la AIC, fue repetidamente amenazado y obligado a renunciar sin permitirle dar a conocer a la sociedad el resultado de su investigación sobre el proceso de investigación realizado por la PGR.

La investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue permanentemente obstaculizada y saboteada desde oficinas gubernamentales, y sus integrantes fueron hostigados y sometidos a un linchamiento mediático abrumador.

A pesar de eso, los resultados de la investigación del GIEI marcaron líneas de investigación diferentes y conclusiones diferentes, que obligan a una redirección de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes.

El Senado de la República hizo suya le recomendación del GIEI de reencauzar la investigación en una unidad especializada y el relanzamiento y concentración de la búsqueda de los estudiantes partir del uso inmediato de tecnología.

Las mismas dependencias públicas encargadas de contribuir al esclarecimiento de estos hechos han obstaculizado la investigación impidiendo que los investigadores tuvieran acceso a instalaciones, informes y documentos recabados.

Todo ello solo ha contribuido a que lo que sucedió realmente en Iguala el 26 de septiembre se mantenga oficialmente en la oscuridad de esa noche, y que ni los padres de los desparecidos ni la sociedad en general, sepa qué pasó realmente ni quiénes son los verdaderos responsables.

En virtud de lo anterior, se propone, como

Punto de Acuerdo

Único: Se exhorta al ciudadano presidente constitucional de la República de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, que instruya a quien corresponda, reiniciar la investigación sobre la desaparición y búsqueda de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, apegado a la verdad y con amplia satisfacción de resultados y justicia para quienes fueron lastimados de manera directa e indirecta, y para los mexicanos en general.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de septiembre de 2018.

Diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (rúbrica)