Proposiciones

• Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCT, mediante Capufe, y la SHCP a reconsiderar y reducir el ajuste tarifario que entró en vigor el 7 de septiembre del presente año para las plazas de cobro de la autopista Tijuana-Ensenada, Baja California, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente electo a hacer de conocimiento público los criterios para definir la forma de participación ciudadana en la definición de la sede del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades fiscalizadoras de Morelos a auditar los tres periodos de ejercicio de la LII Legislatura local, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chihuahua a atender las denuncias de diversas organizaciones sobre presunto desvío y malversación del presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura estatal, a cargo de la diputada Claudia Elena Lastra Muñoz, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a revisar de manera profunda por la Sedesol el contenido de las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes, a fin de simplificarlas y devolver a éste el sentido original: que los migrantes decidan con sus comunidades el destino de los recursos, suscrita por la diputada María del Pilar Lozano Mac Donald e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias del gobierno federal a implantar campañas de prevención para disminuir los índices de sustracción de menores y fortalecer los protocolos de emisión de alertas, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía General de la entidad a cumplir las obligaciones impuestas en las Leyes Generales de Víctimas, y en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a cargo de la diputada Ana Lucía Riojas Martínez
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa y los gobiernos locales a apoyar la creación de centros de capacitación y actualización y promover actividades en la materia para médicos, enfermeras y personal de salud que labora en las zonas rurales del país, a cargo del diputado Manuel Huerta Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Conanp a no autorizar las solicitudes presentadas para la preparación del sitio, construcción y operación del proyecto Los Cardones, en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, BCS, a cargo del diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Ssa a promover con sus 32 homólogas locales campañas informativas sobre los riesgos y las consecuencias de la demencia como problema de salud pública para una efectiva y oportuna atención, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual a frenar la inclusión de más estados en la denominación de origen de mezcal y modificar los medios de incorporación respectivos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE a rectificar las fórmulas y reajustar las tarifas de electricidad para uso comercial e industrial en la división Bajío, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Fiscalía General de Nayarit a esclarecer el asesinato del marakame Margarito Díaz González, defensor indígena de derechos humanos, e implantar las medidas cautelares emitidas sobre el caso por la CNDH, a cargo de la diputada Ana Lucía Riojas Martínez
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades catalogadas como epicentros sísmicos importantes a coordinar acciones para conectar y ajustar en cantidad, calidad y tiempo los sensores sísmicos conectados al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, así como actualizar oportunamente el Atlas Nacional de Riesgos y los correspondientes a los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la Sener, la CRE y la CFE a realizar acciones para implantar el mecanismo conocido como bono solar, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se congratula por la apertura de sesiones de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Sonora a no usar el instrumento legal que podría modificar las decisiones del Poder Legislativo estatal en los procesos de aprobación de los próximos presupuestos locales, a cargo de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Conasami a fijar a escala nacional, a partir de enero de 2019, un salario mínimo de 176.72 pesos para garantizar a todos los trabajadores del país y sus familias una vida digna, a cargo del diputado Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura a considerar que un legislador sin partido presida en ésta la Comisión de Participación Ciudadana, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Morelos a considerar la realización de acciones en materia de gestión integral de riesgos en beneficio de la población, ante la eventualidad de un sismo, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Coahuila de Zaragoza a realizar gestiones para atender y dar seguimiento y atención especial a la infraestructura y los habitantes de Monclova, Parras de la Fuente y General Cepeda, con riesgos materiales y humanos por el posible desbordamiento de la presa San Antonio, en Parras de la Fuente, tras las fuertes lluvias presentadas en la región, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en los casos donde se diriman los derechos de niños y adolescentes, en especial los relacionados con la guarda y custodia, como el caso de los hijos de la señora Mayte López García, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a desarrollar un programa urgente para atender a los estudiantes que no han comenzado el ciclo escolar 2018-2019 por los daños presentes en los planteles educativos desde los sismos de septiembre de 2017, suscrita por los diputados Sergio Mayer Bretón e Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, relativo a los trabajos de limpieza, desazolve y saneamiento de los ríos Santiago y Zula, en Jalisco, a cargo del diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la STPS a impulsar medidas para que las madres, los padres o los tutores de menores de edad cuenten con permisos a fin de atender los asuntos escolares en horas de trabajo, sin perjuicios en la productividad laboral, a cargo de la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y la SRE a defender los intereses mexicanos en los asuntos migratorios, energéticos y de seguridad, y apoyar la integración de Canadá al acuerdo comercial alcanzado con EUA, en el marco de la renegociación del TLCAN, suscrita por los diputados Leticia Díaz Aguilar y Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Asuntos Migratorios de esta soberanía a diseñar un plan de urgencia para vigilar la protección de los derechos de los migrantes mexicanos en EUA, suscrita por los diputados Lorenia Iveth Valles Sampedro e Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa y la Semarnat a actualizar la NOM-059-SEMARNAT-2010 y establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción, a cargo de la diputada Laura Patricia Ávalos Magaña, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, relativo a la revisión de la concesión otorgada a la empresa Constellation Brand en Baja California, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir el destino de los recursos consignados debido a los sismos de septiembre de 2017, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a pronunciarse sobre el fondo en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales derivadas del decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, publicado en el DOF el 21 de diciembre de 2017, suscrita por las diputadas Sandra Paola González Castañeda y Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a liberar los recursos del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional, del ramo 23, incluidos en el PEF de 2018 y brindar de manera oportuna la información de su portal digital de trasparencia, a cargo del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, a la CRE y la CFE, revise la metodología que se utilizó para la determinación y cálculo de las tarifas finales del suministro básico aplicables al sector industrial en el estado de Guanajuato, y proceda a su ajuste y disminución, a cargo del diputado Jorge Arturo Espada Galván, del Grupo Parlamentario del PAN.

Efemérides

• Con motivo de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con motivo de la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

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Con punto de acuerdo, por el que se solicita la creación de la comisión especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Idalia Reyes Miguel, Abelina López Rodríguez, Araceli Ocampo Manzanares, Rubén Cayetano García y Óscar Rafael Novella Macías, diputados federales de la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno como de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos fueron atacados y desparecidos, hecho por el cual la sociedad mexicana y la comunidad internacional reaccionaron con enojo e indignación, exigiendo se conozca la verdad de los hechos, se realice una investigación imparcial y confiable en la que no se encubra a nadie, se dé con el paradero de los jóvenes desaparecidos y se castigue a todos los responsables de tan horrendo acontecimiento.

Hasta el momento, la sociedad y los familiares de las víctimas siguen sin conocer la verdad sobre el paradero por lo que los jóvenes y no se ha hecho justicia.

Segunda. Ante este crimen de lesa humanidad, el 7 de octubre de 2014, la LXII legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, creó la “Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos1 .

Según el resolutivo primero del acuerdo de creación de esta comisión especial, su objetivo general fue dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con la desaparición forzada de los alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos.

Además, para el cumplimiento de sus fines, el resolutivo segundo del acuerdo señala que la “comisión especial podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse, cuando lo estime necesario, con las autoridades competentes responsables, y desempeñar cualquier otra acción, de conformidad con el marco normativo aplicable”.

Tercera . El 18 de noviembre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) oficializó un acuerdo de cooperación técnica con el Estado mexicano sobre el caso los estudiantes de Ayotzinapa desparecidos forzosamente y el 31 de enero de 2015 quedó finalmente designado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GEIE) acordado entre el Estado mexicano y los representantes de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa desparecidos.

Cuarta. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el 23 de julio de 2015, presentó un informe sobre el preliminar “Estado de la investigación del caso Iguala (Observaciones y propuestas formuladas a diversas autoridades)”2 , en donde formuló un conjunto de observaciones y propuestas para la investigación de los hechos de desaparición forzada registrados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Entre otros puntos señala:

A la Procuraduría General de la República (PGR)

1. Integrar las fichas de identificación para comparación y establecimiento de los perfiles de identidad de los estudiantes desaparecidos a partir de las evidencias existentes y de los testimonios de su entorno familiar y social.

2. Continuar con las acciones de búsqueda que pudieran dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos. Además, a efecto de procurar certidumbre a los familiares de las víctimas, agotar todas las líneas de investigación sobre las versiones de la posible ubicación de los estudiantes.

...

8. Recabar declaraciones y ampliaciones de declaración de algunos elementos de las policías, estatal, ministerial del estado de Guerrero y federal y de elementos militares, destacamentados en las ciudades de Iguala y Cocula, a efecto de que rindan testimonio relacionado con las acciones que pudieron haber desarrollado en sus respectivas dependencias en la sucesión de los hechos investigados.

9. Solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional información sobre quiénes de los 43 desaparecidos en los hechos de Iguala pertenecen o han pertenecido al Ejército. Los datos que se proporcionen podrían ser útiles en la integración de las fichas de identificación de los estudiantes, fundamentales en cualquier acción de búsqueda.

10. Obtener las declaraciones de los buzos de la Secretaría de Marina que, de acuerdo a las actuaciones, participaron en la búsqueda de evidencias en el río San Juan, con objeto de que precisen las circunstancias en las que se efectuaron los hallazgos, su manejo y preservación.

11. Solicitar a instancias nacionales e internacionales, por ejemplo, al Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía e Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos de América, información sobre las condiciones climatológicas y ambientales prevalentes del 25 al 28 de septiembre de 2014, en las regiones de Iguala y, específicamente, en el basurero de Cocula, para que esta información se tome en consideración al momento de dictaminar sobre el segmento de la “Ruta de Desaparición” de los estudiantes relativa a la incineración de acuerdo a lo que ha sostenido la Procuraduría General de la República. La diligencia permitiría, particularmente, establecer si existieron las condiciones para generar la incineración de cadáveres en el sitio señalado.

12. Realizar peritaciones en materia de edafología para, de acuerdo a lo que ha sostenido la Procuraduría General de la República, comparar la tierra extraída de la bolsa recuperada del río San Juan, con la tierra del basurero de Cocula. En relación con la “ruta de desaparición” se mencionan actos encaminados al ocultamiento de las evidencias en bolsas de plástico que fueron arrojadas y disipadas en el río San Juan, por esta razón, los dictámenes propuestos permitirían establecer las características físicas y químicas de la tierra extraída de la bolsa que, de acuerdo a las constancias, fue recuperada del río San Juan.

...

14. Dictaminar en materia de balística forense a fin de hacer la confronta de los elementos balísticos localizados en el basurero de Cocula con los obtenidos de las armas relacionadas con los hechos de Iguala.

...

20. Investigar lo que la representación de los padres de familia, planteó públicamente al dar Diez razones por las que no se puede cerrar el caso Iguala, el 27 de enero de 2015, que a la letra dice: “Hay versiones encontradas sobre el lugar de ejecución y donde fueron calcinados los estudiantes del caso Ayotzinapa. Hay inconsistencia en el expediente porque hay un conjunto de personas, por lo menos 20 de los 99, que declaran que los compañeros habían sido asesinados y enterrados en Cocula. Dos conjuntos de investigaciones que necesitarían confrontarse porque existen las fosas de Cerro Viejo, cerro de La Parota y luego Cocula. Se necesita un esclarecimiento pleno, si no es incertidumbre para las víctimas. Qué pasa con estas declaraciones.

En la parte final de este informe la CNDH concluyó “Para este Organismo Nacional la investigación sobre el “caso Iguala” no ha concluido y, en su oportunidad, formulará el pronunciamiento definitivo atinente al fondo del caso en el ámbito de los derechos humanos”.

Cuarta. El 6 de septiembre de 2015, el Grupo Internacional de Expertos Independientes presentó su primer informe3 sobre los hechos ocurridos a los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, el cual dentro de su principales conclusiones, entre otras, señala que “no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014” 4 , lo cual ha llevo a que se abrieran nuevas líneas de investigación sobre el móvil del crimen y el paradero de los estudiantes.

Recomendaciones vinculadas con la investigación y búsqueda del caso de Ayotzinapa 5

Investigación

1. Unificación de la investigación. Continuar unificando la investigación para que no se pierda la visión integral de los hechos; hay que evitar el riesgo de la pérdida de evidencia para hechos conexos y se requiere una acumulación procesal para investigar y juzgar de manera integral los hechos de Ayotzinapa. Esta medida es fundamental para evitar la fragmentación y resalta la importancia de tener en cuenta el patrón de actuación, el contexto y la conexidad de los delitos cometidos, lo que considera que es clave para determinar la responsabilidad y modus operandi.

2. Considerar otras violaciones de derechos humanos y delitos. Investigar de manera adecuada otras graves violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso, entre ellos: 1) homicidios con disparos a quemarropa, 2) tortura, y otras circunstancias de la muerte en el caso de Julio César Mondragón Fontes), 3) tentativas de homicidio, 4) encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, 5) uso no adecuado de la fuerza, 6) lesiones y amenazas que sufrieron los normalistas sobrevivientes.

3. Llevar a cabo gestiones y diligencias pendientes.

4. Investigar el posible traslado de estupefacientes. Investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes. Para tal efecto se deben realizar cruces de información con autoridades judiciales y gubernamentales a nivel internacional, así como identificar de manera precisa el autobús Estrella Roja.

5. Investigar denuncias por malos tratos o torturas con las debidas garantías. Investigar, con la participación de peritos independientes, las denuncias de tortura contra presuntos perpetradores que se hayan producido.

6. Realizar una segunda autopsia de Julio César Mondragón Fontes. Realizar una nueva autopsia a Julio César Mondragón Fontes con participación de expertos de la PGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense, de acuerdo con la familia.

7. Replantear elementos de investigación del caso. Replantear algunas de las hipótesis del caso y líneas de investigación en función de los hallazgos proporcionados por la investigación del GIEI.

Responsabilidades

8. Determinar otras responsabilidades. Investigar si la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes en los hechos fue acorde a derecho y si cumplieron con sus respectivos protocolos de actuación, especialmente con la obligación de proteger a los ciudadanos.

9. Investigar otros posibles responsables.

10. Llevar a cabo nuevas capturas. Capturar a la mayor brevedad, y que sean dispuestos de manera inmediata a las autoridades judiciales, a los presuntos responsables de mayor nivel como Felipe Flores Velásquez, secretario de seguridad pública de Iguala en el momento de los hechos, Gildardo López Astudillo alias “El Cabo Gil” y Alejandro Tenescalco Mejía ex miembro de la policía municipal.

11. Investigar el patrimonio de presuntos responsables.

12. Investigar la posible obstrucción de la investigación. Investigar a todos los funcionarios públicos que hayan obstruido la investigación del caso de Ayotzinapa.

Búsqueda

13. Mantener los procesos de búsqueda. Mantener los procesos de búsqueda siguiendo los acuerdos con la Policía Federal en las acciones operativas y los criterios establecidos de forma conjunta para las mismas, como resultado de los buenos oficios interpuestos por el GIEI.

14. Examinar otros lugares compatibles con restos cremados.

15. Actualizar el mapa de fosas y la investigación de casos de otros desaparecidos de Iguala. La búsqueda de fosas se puede fortalecer utilizando tecnología láser (Lidar), para identificar perturbaciones en el terreno de los lugares cercanos a Pueblo Viejo, La Parota y alrededores.

16. Incorporar a la investigación fotografías satelitales y tecnología de búsquedas. Reiterar la solicitud de contar con una serie más amplia y de mejor calidad de las imágenes satelitales del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y de otras instituciones, de los diferentes lugares de los hechos vinculados con la investigación.

Atención a las víctimas

17. Llevar a cabo las recomendaciones sobre atención a los familiares y otras víctimas.

18. Consolidar mecanismos de información y relación con los familiares y otras víctimas.

19. Reformar y cumplir los acuerdos de colaboración y compromisos del Estado. Respetar e impulsar los acuerdos que en relación con la búsqueda de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el manejo de la información y otros aspectos que se han definido entre los familiares de los desaparecidos, sus representantes y las más altas autoridades de México en octubre de 2014.

20. Considerar medidas de protección y prevención. Evaluar y reforzar las medidas de protección y una investigación efectiva de las amenazas respecto a testigos vinculados al caso.”

Tras el informe del GIEI, el presidente dio instrucciones a las dependencias del gobierno de la República para que los resultados y conclusiones elaboradas por éste sean analizados e incorporados a la averiguación previa que mantiene abierta la Procuraduría General de la República.

En este orden de ideas, el 15 de septiembre de 2015 el pleno de la LXIII legislatura de la Cámara de Diputados voto un “acuerdo por el que se crea la comisión especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos6 .

Quinta. El 30 de abril de 2016 terminó el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente y en su lugar se estableció “el Mecanismo de Seguimiento a la medida cautelar otorgada en favor de los estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa (MC 409/14) y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes”7

En la primera visita que realizo a México el Mecanismo de seguimiento del asunto Ayotzinapa, señalo, entre otros puntos, que:

La CIDH y el GIEI han expresado reiteradamente la importancia de investigar debidamente los indicios de involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en estos hechos. Recientemente, la CIDH ha tenido conocimiento de informaciones públicas reveladas por la investigación “La verdadera noche de Iguala” realizada por la periodista Anabel Hernández, publicada recientemente en medios de comunicación, sobre la presunta participación de elementos del ejército en los hechos ocurridos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014 así como la supuesta existencia de un documento de la PGR mediante el cual su visitaduría general instruye la investigación de elementos del 27 Batallón de Infantería en el mismo sentido. Al respecto, frente a la gravedad de la información publicada, en particular respecto de altas autoridades estatales, la comisión urge al Estado a investigar la integralidad de los hechos denunciados.8

El Mecanismo Especial de Seguimiento a la medida cautelar otorgada a favor de los estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), llevó a cabo su segunda visita oficial del presente año a México, entre el 3 y 5 de septiembre de 2018. La visita se realizó con el objetivo de supervisar el cumplimiento de la medida cautelar y las recomendaciones del GIEI respecto del avance de la investigación y la búsqueda de los estudiantes desaparecidos. La delegación de la visita estuvo encabezada por la primera vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño, el segundo vicepresidente Luis Ernesto Vargas Silva, titulares del Mecanismo de Seguimiento, el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, y especialistas de la Secretaría Ejecutiva.

La CIDH visitó la escuela normal Raúl Isidro Burgos, con la finalidad de presentar y entregar el “Informe de Balance del MESA de la CIDH” a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, heridos y asesinados en la noche del 26 de septiembre de 2014, así como a los estudiantes y representantes de las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan. Dicho informe fue inicialmente presentado el 6 de junio de 2018 en la ciudad de Washington.

Durante la presentación, la CIDH expuso algunos de los principales hallazgos en el seguimiento a la investigación que realiza el mecanismo. La comisionada Arosemena llamó la atención sobre la importancia de construir una nueva narrativa con base en los elementos probatorios que surgen día a día en la investigación, tomando en cuenta el compromiso de agotar todas las líneas de investigación. En un comunicado para la prensa9 informo:

“La PGR informó a la delegación sobre las diligencias realizadas en la investigación desde la última visita del Mecanismo Especial de Seguimiento. En materia de investigación, la PGR hizo referencia a la detención de Juan Miguel (N) alias “El Pajarraco” y su posible relevancia para esclarecer la participación de la organización delictiva Guerreros Unidos en los hechos de violencia ocurridos contra los estudiantes.

Por otra parte, el Estado informó sobre los esfuerzos para investigar la posible participación de la Policía Federal y obtener información por parte de las autoridades estadounidenses que adelantan procesos judiciales contra presuntos miembros de Guerreros Unidos en Chicago. De igual forma, el Estado informó sobre asuntos relacionados con investigaciones sobre el Centro de Control, Comando y Cómputo (C-4) de Iguala, militares y policías estatales. La CIDH solicitó información adicional sobre las autoridades anteriormente señaladas, además de autoridades municipales y los estudios de telefonía que se han elaborado por las autoridades.

El Estado se comprometió a atender los asuntos pendientes identificados por la CIDH, que permita evaluar resultados en materia de investigación, búsqueda y atención a víctimas. Adicionalmente, la PGR manifestó que continuará trabajando y sosteniendo reuniones de seguimiento con los representantes de los familiares.”

Sexta. El 4 de julio de 2018, por unanimidad de votos, los magistrados Mauricio Fernández de la Mora (ponente), Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, concedieron la protección de la justicia federal a familiares de los 43 normalistas ordenaron reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala), al establecer que la investigación no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por la Procuraduría General de la República, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas.

Resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, también requirieron al Ministerio Público de la Federación que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul, de no presentarlos con las exigencias del Protocolo, se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura.

En consecuencia, ante las graves violaciones a los derechos humanos, como tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.

En la sentencia, los magistrados señalan la necesidad de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos, para lo cual armonizaron los artículos 20 constitucional, que contempla el derecho de las víctimas a participar en la indagatoria, y el 21 de la Carta Magna que establece que la investigación incumbe al Ministerio Público.

Séptima. A casi cuatro años de los hechos, y que la situación y paradero de los 43 estudiantes desaparecidos continúa siendo desconocido. Es preocupante la falta de celeridad en alcanzar conclusiones tanto en las actividades de búsqueda como en el esclarecimiento efectivo de las diferentes líneas de investigación señaladas por el GIEI.

Adicionalmente, a la fecha no hay persona alguna en la causa penal que esté siendo procesada bajo el tipo delictivo de desaparición forzada, y desde diciembre de 2015 no se ha presentado ninguna nueva acusación.

Todo lo anterior, se desprende la necesidad de que la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura debe de involucrarse y para esto debe de volver a formar una comisión especial encargada de dar seguimiento a este lamentable tema.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita, en términos del artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la creación de la Comisión Especial de Seguimiento a las Investigaciones relacionadas por los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, para la presente legislatura.

Notas

1 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria; año XVII, martes 7 de octubre de 2014 número 4127-V

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2014/oct/20141007- V.pdf

2 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Oficina Especial para el “caso Iguala” Estado de la investigación del “caso Iguala” (Observaciones y propuestas formuladas a diversas autoridades). http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/OtrosDocumentos/Doc_2015_002.pdf

3 Informe Ayotzinapa https://drive.google.com/file/d/0B1ChdondilaHNzFHaEs3azQ4Tm8/view?usp=s haring

4 Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones https://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei/resumenejecutivo-giei.pdf

5 Ídem. Páginas 27-30.

6 Cámara de Diputados, Gaceta Parlamentaria, año XVIII, martes 15 de septiembre de 2015, número 4363-V http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2015/sep/20150915-V.pdf

7 https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2016/MC409-14-ES.pdf

8 Comunicado de prensa. Mecanismo de seguimiento del asunto Ayotzinapa realizó primera visita a México, 21 de diciembre de 2016.

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/195.a sp

9 Comunicado de prensa. Mecanismo especial del asunto Ayotzinapa realiza segunda visita oficial a México, 11 de septiembre de 2018.

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/202.a sp

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputados: Idalia Reyes Miguel, Abelina López Rodríguez, Araceli Ocampo Manzanares, Rubén Cayetano García y Óscar Rafael Novella Macías (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SCT, mediante Capufe, y la SHCP a reconsiderar y reducir el ajuste tarifario que entró en vigor el 7 de septiembre del presente año para las plazas de cobro de la autopista Tijuana-Ensenada, Baja California, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lizbeth Mata Lozano, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a consideración de esta soberanía, punto de acuerdo por el que se realiza un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos, y a la Secretaría de Hacienda y crédito Público para que, en el marco de sus atribuciones, se reconsidere y se reduzca el ajuste tarifario que entró en vigor el 7 de septiembre del presente año, el cual fue aplicado a las plazas de cobro de la autopista Tijuana-Ensenada, en el estado de Baja California, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Las carreteras de Baja California unen los principales destinos de la entidad y conducen hasta el punto más meridional de la península. Dichas carreteras de Baja California guían a destinos turísticos muy importantes, y además conectan la península con el resto del país, así como con Estados Unidos.

Este sistema de infraestructura carretera tiene una importancia vital no sólo para el estado sino para el país. Aproximadamente el 80 por ciento del turismo en nuestra entidad federativa se desplaza vía terrestre y el intenso flujo transfronterizo de vehículos ligeros y de carga se conectan con el importante sistema carretero del sur de California, lo que fomenta el flujo de mercancías, vehículos y personas. De este modo, la infraestructura carretera impacta de manera directa en la economía de los ciudadanos.

Actualmente en Baja California existen 4 autopistas de cuota, los cuales son el tramo Centinela-Rumorosa; La Rumorosa-Tecate; Tecate-Tijuana; Tijuana-Ensenada.1 La mayoría de los tramos de estas autopistas son administrados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), a excepción del tramo de Tecate-Tijuana y el de Mexicali la Rumorosa que es administrado por Fiarum, un fideicomiso estatal.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, también conocida como Capufe, es un organismo descentralizado de la administración pública federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto administrar y explotar, mediante concesión, caminos y puentes federales a cargo del organismo; llevar a cabo la conservación, reconstrucción y mejoramiento de los mismos y participar en proyectos de inversión y coinversión para la construcción y explotación de las vías generales de comunicación en la materia.2

Por lo tanto, en Baja California, Capufe es la encargada de la administración de las carreteras de la Rumorosa-Tecate y Tijuana Ensenada, las cuales se dividen en diversos tramos carreteros (con varias casetas de cobro). La Rumorosa-Tecate se divide en La Rumorosa-Tecate, El Hongo-Tecate y la Rumorosa-El Hongo. Tijuana-Ensenada se divide en Tijuana-Rosarito, Rosarito-La Misión, La Misión-Corredor 2000 y La Misión-Ensenada.3

Por ello, el comunicado realizado por Caminos y Puentes Federales (Capufe) el 6 de septiembre pasado, donde se anunció que a partir de las 00:01 horas del 7 de septiembre del presente año, las tarifas de 37 autopistas y libramientos, así como 3 puentes nacionales e internacionales en la red de caminos y puentes concesionados sufrirían modificaciones a la alza, despertó preocupación e inconformidad en la población en general.

Desafortunadamente, entre los aumentos anunciados se encuentran las casetas de cobro de la carretera Tijuana-Ensenada, la cual abarca 4 casetas de cobro que afectan al bolsillo de los ensenadenses y de todos los bajacalifronianos. Esta carretera ha sido afectada constantemente con sus aumentos, por lo que ahora sumando las 4 casetas, un automovilista podría pagar hasta $112 solo para transladarse de Ensenada a Tijuana.

Desde noviembre de 2016, las cuotas de peaje en las carreteras concesionadas a Capufe en Baja California han aumentado en distintos porcentajes, desde un 4 hasta un 9 por ciento. Siendo sorprendidos los usuarios, ya que en ocasiones no han dado aviso previo de que aumentarán los costos. En 2016, el tramo de la autopista Tijuana-Ensenada fue la que registró un mayor incremento, de 3 pesos, justo cuando se llevaban a cabo distintas obras de reparación debido a que se seguían presentando desperfectos en la vialidad y se buscaba evitar que colapsara de nuevo un tramo de la carretera como sucedió el 28 de diciembre del 2013.

Posteriormente, en julio de 2017, se registró un aumento en la vigencia de las tarifas de peaje en las carreteras federales de la entidad. Los puntos de peaje de Capufe ubicados en Playas de Rosarito y Playas de Tijuana, ambos por la carretera escénica, registraron incremento en las tarifas de vehículos y camiones. El aumento fue de 32 a 33 pesos.

No conformes con los aumentos ya realizados en 2017, el pasado 24 de enero del presente, nuevamente el costo de las casetas de peaje aumentó, de conformidad a lo que anunció CAPUFE. Las tarifas aumentaron en un promedio de 4.2 por ciento y se aplicarán al 44 por ciento de las carreteras de cuota de todo el país, siendo de las más afectadas las de Baja California. Unas de las autopistas con mayor aumento fue la carretera Tijuana-Ensenada, con una variación de 4.1 por ciento.

Con el comunicado de Capufe señalando el aumento de las tarifas de cobro de peaje a partir del 7 de septiembre, en la carretera Tijuana-Ensenada queda de la siguiente manera:4

Es vergonzoso que se tenga ese tipo de acciones en un estado que ha sido tan dañado por diversas acciones y reformas, como fue en su momento la homologación del IVA en la frontera con el resto del país, el impuesto a las gasolinas que ha afectado tanto a la economía de los bajacalifornianos. Y más aun vergonzoso que al día de hoy, se han emitido diversos estudios en los que se señala que México tiene uno de los costos por kilómetro más altos del mundo; un ejemplo de ello, es la investigación del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados en 2004, denominada “Análisis comparativo de tarifas en autopistas concesionadas: los casos de Argentina, Brasil, España y México”.5

Por lo tanto, mediante el presente punto de acuerdo se pretende exhortar a exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos, y a la Secretaría de Hacienda y crédito Público para que, en el marco de sus atribuciones, se reconsidere y se reduzca el ajuste tarifario que entró en vigor el 7 de septiembre del presente año, el cual fue aplicado a las plazas de cobro de la autopista Tijuana-Ensenada, en el estado de Baja California.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de Caminos y Puentes Federales y Servicios Conexos, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en el marco de sus atribuciones, se reconsidere y se reduzca el ajuste tarifario que entró en vigor el 7 de septiembre del presente año, el cual fue aplicado a las plazas de cobro de la autopista Tijuana-Ensenada, en el estado de Baja California.

Notas

1 http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGST/Datos-Viales-201 4/02_BAJA_CALIFORNIA.pdf

2 Véase:
http://www.capufe.gob.mx/site/wwwCapufe/menuitem.faa49f33cce2875b07034bd7316d8a0c/index.html

3 http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/ParaViajar/Tarifas/TARIFAS-VI GENTES-2017.pdf

4 Véase http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/ParaViajar/Tarifas/TARIFAS-VI GENTES.pdf

5 Véase documento publicado por CESOP.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputada Lizbeth Mata Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente electo a hacer de conocimiento público los criterios para definir la forma de participación ciudadana en la definición de la sede del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al presidente electo hacer de conocimiento público los criterios sobre la forma de participación de la ciudadanía en la definición de la sede del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Es evidente la necesidad de ampliar la capacidad del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Al no contar con infraestructura aeroportuaria adecuada se limitaría el desarrollo del país y se impediría el ingreso de por lo menos 3.3 por ciento del producto interno bruto cada año.1

El actual aeropuerto opera a su máxima capacidad, no cuenta con espacios adecuados para ampliar sus servicios, y sus pistas y terminales no podrán atender la demanda proyectada para los próximos 30 años.

Para hacer frente a estas necesidades, en 2014 se anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en Texcoco en un predio federal de 4 mil 430 hectáreas. Por sus características arquitectónicas, será el segundo aeropuerto más grande en construcción a nivel mundial y referencia en aspectos como transparencia, sustentabilidad y datos abiertos.

Debido a los procesos de auditoría a los que ha sido sujeto, es la obra más transparente de la presente administración. De concluirse, será el primer aeropuerto fuera de Estados Unidos con aproximación triple simultánea y el primer aeropuerto con huella neutral de carbono fuera de España.

De acuerdo con el proyecto original, sólo la construcción de este nuevo espacio está generando 160 mil nuevos empleos y 450 mil más al alcanzar su operatividad máxima. A su término, se tiene contemplado el trabajo simultáneo de seis pistas para transportar a 120 millones de pasajeros anualmente, y 1 millón de operaciones de manera interrumpida.

La primera fase tendrá un costo aproximado de 180 mil millones de pesos, 58 por ciento etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación y el 42 por ciento de créditos con la bancada privada.2

En julio pasado, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México publicó, a través de un comunicado, que el avance del proyecto es de 31.5 por ciento, asimismo, informó que se han contratado 170 mil millones de pesos lo que representa el 60 por ciento de la inversión total.3 Hay avances en obras como el edificio terminal, torre de control, adquisición de terrenos, obras hidráulicas y transición aeroportuaria.

No obstante, el presidente electo ha señalado que la construcción del nuevo aeropuerto “es técnicamente inviable y costosísimo”. Por lo cual, propone edificar 2 nuevas pistas en la base militar de Santa Lucía, ubicada a unos 48 kilómetros del aeropuerto actual. El plan maestro, especifica un gasto superior a los 66 mil 878 millones 469 mil 124 pesos. Sólo el edificio terminal tendría un costo superior a los mil 614 millones de pesos y dos pistas, la primera con un valor de 4 mil 69 millones y la segunda de 3 mil 617 millones de pesos.4

Entre las principales consideraciones, destacan las siguientes:

-El Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Academia de Ingeniería de México y la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros realizaron un dictamen por solicitud del presidente electo. Estos organismos coincidieron en recomendar continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco.

-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se pronunció por que se continué con la construcción en Texcoco, ya que hacerlo en Santa Lucía no sería viable ya que estaría latente riesgos de accidentes.5

-Ante estas posturas, el presidente electo dijo que sería a través de una consulta la forma en cómo se definiría si se continúa la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, o se edifican las pistas en la base militar de Santa Lucía y se opera de forma simultánea con el actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

-Moody´s Invertors Service alertó que cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco sería negativo para la inversión en otros proyectos asociados y para el turismo nacional.

En una de sus últimas declaraciones, el presidente electo dijo que será a finales de octubre cuando se decida el futuro del nuevo aeropuerto con una consulta a los mexicanos para que puedan expresarse sobre este tema.6

Ante la relevancia del asunto, es fundamental que el presidente electo, a la brevedad, dé a conocer los criterios sobre la forma de participación de la ciudadanía en la definición de la sede del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. No conocer estas consideraciones genera incertidumbre entre los inversionistas, los trabajadores y los futuros usuarios.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita al presidente electo hacer de conocimiento público los criterios sobre la forma de participación de la ciudadanía en la definición de la sede del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita al presidente electo dar a conocer quién realizará la consulta a la ciudadanía para definir la ubicación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Notas

1 Federico Patiño. (2018). “Razones por las que México necesita un nuevo aeropuerto”. 17/09/2018, de El economista Sitio web: https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Razones-por-las-que-Mexico-nece sita-un-nuevo-aeropuerto-20171022-0112.html

2 Presidencia de la República. (2014). Características del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 17/09/2018, de Presidencia México Sitio web:

https://www.gob.mx/presidencia/articulos/
caracteristicas-del-nuevo-aeropuerto-internacional-de-la-ciudad-de-mexico?idiom=es

3 Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. (2018). Precisión a los avances de la ejecución del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. 17/09/2018, de GACM Sitio web: http://www.aeropuerto.gob.mx/comunicado_info.php?q=comunicado-no18-prec ision-a-los-avances-de-la-ejecucion-del-naim

4 Anabel Clemente. (2018). “AMLO presenta plan maestro de Aeropuerto en Santa Lucía”. 17/09/2018, de El Financiero Sitio web: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-presenta-plan-maestro-de-h ttp://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-presenta-plan-maestro-de-ae ropuerto-en-santa-lucia-en-santa-lucia

5 El Universal . (2018). “NAIM debe seguir en la zona de Texcoco”. 17/09/2018, de El Universal Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/naim-debe-seguir-en-la-zo na-de-texcoco

6 El Universal . (2018). “AMLO confirma que Nuevo Aeropuerto va a consulta y encuesta”. 17/09/2018. Sitio web: https://vanguardia.com.mx/articulo/amlo-confirma-que-nuevo-aeropuerto-v a-consulta-y-encuesta

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 18 de septiembre del año 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades fiscalizadoras de Morelos a auditar los tres periodos de ejercicio de la LII Legislatura local, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES

Jorge Arturo Argüelles Victorero , diputado federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del PES, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; 79, numeral 1, fracción II, y 113, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a las distintas autoridades fiscalizadoras de Morelos para auditar los tres periodos legislativos de la legislatura LIII del honorable Congreso del estado , considerando los siguiente:

Antecedentes

Derivado del proceso electoral local 2017-2018, se renovó el Congreso del estado de Morelos para dar inicio a la Legislatura LIV.

La Auditoría Superior de la Fiscalización es uno de los órganos del Congreso de Morelos y su titular se debe a los intereses de la sociedad morelense y debe desarrollar su trabajo sin filias ni fobias partidistas.

La Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso de Morelos es el órgano facultado para resguardar toda la información que sirva para comprobar los ingresos y egresos del Congreso.

La Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos es el marco jurídico que regula los procesos de control, evaluación, revisión y auditoría de los poderes del estado y determinar, en su caso, las responsabilidades que existan.

La rendición de cuentas y transparencia es un derecho fundamental de todo ciudadano y el Congreso debe ser un garante del mismo; el derecho a la información es aún por encima, el derecho principal de todo ciudadano del saber el cómo, por qué y para qué del actuar de una autoridad y más si utiliza recursos públicos.

El Congreso debe y valida la revisión de la cuenta pública, pero también ante el cambio de legislatura, es necesario dejar los libros blancos y las cosas claras para poder iniciar, sin vicios ocultos, una nueva legislatura.

Es necesario dignificar y que el Congreso sea el garante de las actas entrega recepción, de la pulcritud del ejercicio del gasto y de la transparencia del mismo.

Hoy Morelos requiere una nueva visión y requiere un Congreso de la mano de la sociedad y dejar atrás la corrupción.

Morelos y su Congreso deben ser garantes de las mejores bases para un nuevo gobierno, dejar las cosas claras, eliminar todo tipo de dudas y obscurantismo que se pueda presentar para quienes reciben esta nueva Legislatura con la pluralidad debida.

Por lo anterior, el que suscribe someto a consideración de esta Asamblea, la discusión y en su caso, aprobación del presente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las autoridades fiscalizadoras a ejercer sus facultades de comprobación y realizar todo tipo de auditorías a los tres periodos legislativos de la Legislatura LIII en materia de asignación y destino de recursos.

Lo anterior, para reforzar la entrega recepción de la nueva Legislatura y transparentar a las y los ciudadanos las labores administrativas de este honorable Congreso.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chihuahua a atender las denuncias de diversas organizaciones sobre presunto desvío y malversación del presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura estatal, a cargo de la diputada Claudia Elena Lastra Muñoz, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Claudia Elena Lastra Muñoz, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El desarrollo cultural y las expresiones artísticas son parte de los derechos fundamentales de los pueblos. En nuestra carta magna está consagrado el derecho a la cultura el artículo 4º el cual declara que:

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.”

Más aun, nuestro país ha adoptado los derechos humanos como principio rector del actuar jurídico, político y social, y en el artículo primero plantea que

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte”

Y al ser parte de la Organización de las Naciones Unidas, refrenda la declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual establece

Artículo 27.

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

Es por ello que el gobierno federal y todos los gobiernos estatales cuentan con una institución que se encarga de fomentarlo y desarrollar las expresiones culturales y artísticas locales así como a sus creadores.

La sociedad a través de los gobiernos destina montos financieros de los presupuestos públicos para el desarrollo de la cultura y las artes. Sin embargo, dentro de los múltiples temas y problemáticas que las sociedades deben atender, a la cultura siempre se le ha asignado un presupuesto modesto.

Es por ello que es necesaria la transparencia y la rendición de cuentas en el presupuesto destinado a este ámbito, pues los recursos son muy escasos y las sociedades no pueden darse el lujo de tolerar desvíos y malversaciones de ningún tipo.

Más aun, recordemos que parte del presupuesto del Estado tiene su fuente de recursos en las participaciones federales y que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación contempla la posibilidad de fiscalizar a los Estados por recibir dichas participaciones federales.

Así, en nuestra calidad de diputada federal, adoptamos la preocupación de varios colectivos artísticos y culturales de Chihuahua, los cuales han hecho señalamientos públicos sobre posibles desvíos de recursos presupuestales en la Secretaría de Cultura del estado.

Desde mediados del mes de abril, las organizaciones de la sociedad civil chihuahuense vinculadas al medio cultural y artístico iniciaron a través de la plataforma Change.org una solicitud para que la titular de la secretaria de Cultura del estado, Concepción Landa, fuera destituida.

Entre las razones vertidas se encuentran la falta de pago a artistas por sus actuaciones o de salario a profesores de música de las orquestas y bandas sinfónicas, o que deben pagar “cuotas” para poder ser considerados en las carteras de creadores.

También, la escritora Liliana Pedroza reclamó a través de comunicaciones al gobernador del estado y a la misma titular de la dependencia las condiciones en las que se encuentra la cultura en el estado.

Una de los más sentidos cuestionamientos a la gestión y uso de recursos de la secretaria es el relativo al gasto que realizó la titular de la dependencia en viajes a Europa y Estados Unidos acompañada de dos funcionarias más y en el que gastaron más de un millón de pesos.

Una preocupación que se ha manifestado es el relativo al monto presupuestal aprobado en este año para la secretaria y el declarado por ella. El Presupuesto de Egresos del estado asignó a la Secretara de Cultura un monto de 256 millones 987 mil 256 pesos, sin embargo, la secretaria manifiesta en la respuesta a solicitud de información pública 094472018, que le fue asignado un presupuesto de 182 millones 743 mil 861.38 pesos, monto inferior al publicado en el Presupuesto de Egresos.

Esta situación ha generado muchas dudas y crea suspicacia entre la comunidad de actores y creadores culturales del estado, es por ello que hacemos nuestra su justa demanda y proponemos el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobernador constitucional del estado de Chihuahua, al Poder Legislativo y a la Auditoría Superior del estado de Chihuahua a atender las denuncias que diversas organizaciones han realizado sobre presunto desvío y malversación del presupuesto asignado a la Secretaría de Cultura del estado de Chihuahua por parte de la titular María Concepción Landa.

Dado en Ciudad de México a 18 de septiembre de 2018.

Diputada Claudia Elena Lastra Muñoz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a revisar de manera profunda por la Sedesol el contenido de las Reglas de Operación del Programa 3x1 para Migrantes, a fin de simplificarlas y devolver a éste el sentido original: que los migrantes decidan con sus comunidades el destino de los recursos, suscrita por la diputada María del Pilar Lozano Mac Donald e integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María del Pilar Lozano Mac Donald, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la cual respetuosamente se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), realice una minuciosa, seria y responsable revisión de las reglas de operación del Programa 3X1 para Migrantes, a fin de simplificarlas para que recupere su sentido original de que sean los migrantes quienes, de manera conjunta con sus comunidades, decidan el destino de los recursos de dicho programa y, en consecuencia, se termine con la opacidad e irregularidades en el ejercicio del presupuesto del mismo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La comunidad mexicana migrante, particularmente las que vive en los Estados Unidos de América (EUA) mantiene un permanente interés por los asuntos del país, lo que les permite realizar un constante activismo en favor de sus derechos, demandando participación en los asuntos que les afectan, como la iniciativa para contar con una identificación como la matrícula consular o exigir la implementación de un proceso de credencialización que les permita ejercer su derecho al voto, entre otros.

Ese activismo no solo les ha permitido contar ya con el derecho a ejercer el voto a distancia, sino que actualmente su condición de ser uno de los pilares de la economía del país, con poco más de 28 mil millones de dólares en remesas enviadas a México en 2017, les coloca en la condición de demandar una atención mayor de los gobiernos en ambos lados de la frontera, en especial del mexicano, planteando tener representación en los espacios de decisión.

Ese interés por los asuntos internos del país, se manifiesta en sus vínculos permanentes con su comunidad. La nostalgia que la distancia les genera acrecienta el interés por el progreso de sus familiares y de su lugar de origen.

En consecuencia, no es gratuito que además de las cuantiosas remesas que envían año con año, vayan más allá y se preocupen por ver en qué pueden ayudar a su municipio, a su comunidad, a su pueblo.

Los dejamos ir por no generar oportunidades, y con ellos se va su talento, su imaginación, su valor y pese a ello nos regresan su amor a la patria en forma de recursos y obras.

Es tanto su amor por México que impulsan con su solidaridad obras y proyectos de beneficio colectivo en sus comunidades. Así es como surge el Programa 3x1: por el deseo de retribuir a su tierra un poco del beneficio que les dio en forma de recuerdos y personas, en forma de vivencias y momentos, que les hace dar para que vivan mejor los que se quedaron en su tierra.

El Programa 3x1 surge, por iniciativa de ellos, para apoyar las propuestas de los migrantes organizados con el propósito de realizar proyectos que generen desarrollo en sus comunidades de origen, con la aportación de recursos de los gobiernos federal, estatal y municipal, más los recursos de organizaciones de migrantes en el extranjero.

Con este programa, los migrantes, en coordinación con el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales, han logrado implementar:

- Proyectos de infraestructura social, como obras de redes de agua, saneamiento y potabilización, drenaje, alcantarillado y electrificación;

- Obras de infraestructura para mejoramiento urbano, como construcción y rehabilitación de calles, banquetas, parques, pavimentación de caminos y carreteras;

- Proyectos comunitarios, como becas académicas y apoyos para aprendizaje (útiles, escolares, uniformes y alimentación), y

- Proyectos educativos, como equipamiento de escuelas y mejoramiento de infraestructura escolar.

El Programa 3 X 1 se convirtió en un instrumento que ha fortalecido los lazos de identidad entre los mexicanos en ambos lados de la frontera norte, pues tiene como principal característica que crea un invaluable capital social que genera progreso e inclusión en las comunidades de origen de los migrantes.

Es además, un mecanismo que contribuye a generar inversión social por parte de las organizaciones de migrantes, llevando obras sociales y servicios que mejoran la calidad de vida de las comunidades, lugar de origen de los migrantes en la mayoría de los casos, lo que lo ha convertido en un modelo internacional de política pública por una de sus virtudes: canalizar parte de la riqueza que generan los migrantes hacia el desarrollo comunitario.

Estamos frente a un programa que ha demostrado su utilidad y efectividad con resultados concretos. Lamentablemente, como ocurre en distintos niveles de gobierno, la opacidad y la falta de una cultura de rendición de cuentas ha llevado al Programa 3x1 a una situación que lo ha despojado de su espíritu original que era generar obras y servicios con una parte de los recursos de migrantes, en coordinación con autoridades y comunidades, en una sana interacción.

El programa fue llevado a un espacio opaco, ubicado entre la selección, ejecución y la entrega, sin la fuerte influencia de los migrantes, que ahora hace se seleccionen obras de poca monta e impacto, con menor presupuesto, hasta la preeminente decisión de la autoridad, pasando por la reducción del presupuesto gubernamental para dicho programa. El punto de quiebre ha sido atarlo a la Cruzada Nacional contra el Hambre, con lo que se dejan fuera innumerables programas propuestos por los migrantes.

Este programa sufrió uno de los recortes más significativos durante el actual gobierno federal, ya que en 2017 tuvo un presupuesto de 475.8 millones de pesos, en tanto que en 2016 se ejercieron 635.8 millones de pesos, es decir tuvo un recorte de 33.6 por ciento.

Si medimos el interés en el programa en razón del presupuesto destinado al mismo, veremos que con el actual gobierno federal se rompió la tendencia que al alza tenía: En 2013, el monto fue de 525.6 millones de pesos; en 2014 subió a 545.5 millones de pesos; en 2015 llegó a 564.1 millones de pesos, y en 2016 alcanzó los 635.8 millones de pesos. Lamentablemente 2017 fue el año con menor presupuesto: 475.8 millones de pesos.

Este escenario no sólo muestra la necesidad de revisar su funcionamiento, para revertir la disminución de iniciativas migrantes para apoyar obras y servicios, la ejecución, supervisión y entrega de obras sin la intervención de los migrantes, los cuales muchas de las veces aportan la parte de los recursos que les corresponden para infraestructura social, equipamiento o servicios y ni siquiera son invitados a la inauguración de la obra, dejando la percepción deliberada de que es financiada solo por la autoridad municipal o estatal.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en la Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-2017 , como instrumento relevante para identificar desafíos de carácter estructural en los programas evaluados, presentó los resultados de la evaluación del Programa 3x1, donde destaca tanto fortalezas como debilidades, con algunas recomendaciones.

Esta evaluación es resultado de la necesidad de rendir cuentas, como tal se encuentra dentro del Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal de 2017 de los programas federales de la administración pública federal y de los Fondos de Aportaciones Federales (PAE), bajo el rubro S061 “Programa 3x1 para Migrantes” (P3x1).

Este programa se nutre de los apoyos económicos para la realización de proyectos de beneficio social que favorezcan el desarrollo de las comunidades y contribuyan a elevar la calidad de vida de su población. Por cada peso que aportan los migrantes para la realización de los proyectos, se multiplica por 3:1 del gobierno federal, 1 del gobierno estatal y 1 del gobierno municipal.

El análisis del Coneval enuncia como virtudes y oportunidades del Programa 3x1:

“1. F: Hay una percepción positiva en cuanto al grado de importancia y calidad de las obras por parte de los beneficiarios; además, consideran que las obras no hubieran sido realizadas sin el apoyo del P3x1.

“2. F: El P3x1 ha contribuido a la construcción de infraestructura que perdura en el tiempo, así como al financiamiento de negocios que son sustentables en su mayoría, y una fuente importante de ingresos para los beneficiarios.

“3. F: El proceso de consolidación del P3x1 en comunidades con altos índices de migración, ha generado experiencia y conocimiento suficiente entre los migrantes para el desarrollo de proyectos en beneficio de las comunidades.

“4. F: El efecto multiplicador de los recursos es reconocido tanto por los migrantes como por los gobiernos locales, y ha servido de motor de participación y organización en las comunidades.

“5. F: Ha dado puntual atención y cumplimiento a las actividades correspondientes a los ASM; actualmente cuenta con 35 ASM concluidos, 10 vigentes y ninguno vencido, en los que ya se está trabajando.

“6. O: Existen otros programas tanto de la APF como de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que dan apoyos similares en infraestructura y financiamiento de proyectos productivos, lo cual daría lugar a desarrollar proyectos de mayor impacto.”

En términos generales, existe una percepción positiva del programa, sin cuya existencia no se habrían realizado las obras que perduran, con negocios sustentables y con un efecto multiplicador.

En el tema de las debilidades y/o amenazas, el Coneval determinó:

“1. D: Sólo 18.9 por ciento de las obras apoyadas cuentan con un plan de mantenimiento y operación formal a pesar de ser un requisito establecido en la normatividad...

“2. D: En trabajos de campo se ha identificado cierto grado de laxitud en los procedimientos para la creación de clubes de migrantes, lo que puede dar lugar a la creación de clubes fantasma.

“3. D: Hay muy pocas mujeres e indígenas participando en el Programa, y si lo hacen, casi nunca es en posiciones de liderazgo.

“4. A: Con base en los resultados de la ER16, se identificó que hay algunos municipios donde el P3x1 no gira en torno a los proyectos propuestos por el migrante, sino en la agenda de desarrollo del gobierno municipal o en la de líderes locales que buscan a posteriori el aval de los migrantes .

Es decir, es bajo el nivel de obras que cuentan con un plan de mantenimiento y operación formal; es bajo el nivel de participación de las mujeres en el Programa y los proyectos propuestos no son iniciativa del migrante.

A fin de superar esta situación, el Coneval hace una serie de recomendaciones para superar esta situación: fortalecer los mecanismos de seguimiento y verificación del programa de mantenimiento y conservación de los proyectos de infraestructura; fortalecer los mecanismos de verificación de cumplimiento de requisitos de los clubes de migrantes, brindando a los Comités de Validación y Atención a Migrantes (Covam), la base de datos con la Toma de Nota de los Clubes, sus miembros y sus firmas, para efectos de transparencia; fomentar las capacidades organizativas de las mujeres y fortalecer mecanismos que permitan a los migrantes dar seguimiento al proceso de selección de los proyectos.

De manera adicional, un despacho externo realizó una Evaluación Complementaria de los Resultados del Programa 3x1 , y aunque ésta fue realizada en 2014, refleja las principales quejas de los migrantes respecto a dicho Programa.

Así, el Despacho Ahumada Lobo y Asociados, Estudios Económicos y Políticas Públicas, encontró una serie de deficiencias que vale la pena atender:

En muchos casos, la comunidad no identifica a los migrantes como los principales aportantes de las obras del P3x1, pues atribuyen el financiamiento de las obras a los gobiernos o a las aportaciones de la misma comunidad, antes que a las participaciones de los migrantes.

Aun cuando el diseño normativo del P3x1 dispone que las obras de infraestructura que se realizan provienen del interés e iniciativa de la población migrante, existen una variedad de alternativas para consultar a la comunidad sobre la realización de la obra, y los clubes no necesariamente son el principal mecanismo de consulta.

El principal mecanismo por el cual se realiza la obra es a través de la adjudicación directa, seguida de la invitación restringida, y finalmente la licitación pública, es decir, existe un criterio subjetivo en la elección de la empresa que realizará las obras.

Un tema cuestionado por los migrantes tiene que ver con las sesiones del Covam, ya que además de realizarse a puerta cerrada, no queda claro por qué unos proyectos son escogidos sobre otros.

En cuanto a las reglas de operación, los migrantes sospechan que la complejidad de los trámites descritos en las reglas de operación es utilizada como excusa para malos manejos, como seleccionar los proyectos que más convengan a las delegaciones de la Sedesol y/o al presidente municipal.

Una queja recurrente es que se observan fallas en los expedientes que no pueden subsanarse a tiempo, con el fin de descartar proyectos que no convienen a los intereses económicos o políticos de otros participantes en el Covam. Esta falta de transparencia en la selección de proyectos provoca mucho desánimo entre los migrantes con proyectos rechazados.

Existe la percepción de que los nominados para asistir al Covam son designados con criterios políticos, y que por lo tanto en ocasiones se seleccionan los proyectos con base en favoritismos partidarios, o tomando en cuenta los ciclos electorales.

La falta de presupuesto es asociada a una baja en la confianza. Se reportó que además de la percepción de opacidad en la selección de proyectos, no ayuda el hecho de que el presupuesto sea tan limitado.

Hay inconformidad con las cuentas mancomunadas. Otro motivo de desconfianza es el hecho que en las cuentas mancomunadas entre migrantes y gobiernos municipales, no es requerido que firmen los representantes de los primeros, y una sugerencia reiterada es que sea obligatorio que firmen los migrantes o sus representantes para usar el recurso de dichas cuentas.

Con frecuencia existen conflictos de interés en las adquisiciones para las obras de infraestructura. Los migrantes reportaron que no son incluidos en las etapas de asignación de las obras y la ejecución del recurso económico. Existen señalamientos de que los contratistas son conocidos de los funcionarios del gobierno municipal o de la delegación estatal de la Sedesol y de manera reiterada mencionan que se inflan los costos presupuestados para las obras.

Algunos migrantes estiman que la participación del cabildo es insuficiente para dar transparencia al proceso de adquisición, por lo que incluso han sugerido el involucramiento de los mismos migrantes en ese proceso.

Se reportaron manejos poco claros por parte de las delegaciones estatales de la Sedesol, costos inflados , y presiones a migrantes, al grado de que se considera que las delegaciones de Sedesol tienen secuestrado el Programa, y además se da una interpretación discrecional de las reglas de operación.

Los presidentes municipales tienen una participación predominante en el Programa. Aunque el escenario original se plantea una centralidad en la acción del migrante, se reportó de forma consistente, una centralidad del programa en los presidentes municipales.

Los migrantes manifestaron que el P3x1 en sentido estricto es “de ellos” en virtud del valor de sus aportaciones económicas, y por tanto, demandan se les respete su deseo y derecho de proponer obras que no se consideran de infraestructura de servicios básicos, pero que son anheladas por la comunidad.

Se detectó de manera consistente un descontento por la alineación del Programa con la Cruzada Nacional contra el Hambre, puesto que se considera que se pierde el espíritu y razón de ser por la que se creó el mismo. Entre los migrantes es unánime la crítica hacia las restricciones impuestas por Sedesol para apoyar únicamente los proyectos que se alinean a la Cruzada Nacional contra el Hambre o a obras de infraestructura básica, en vez de aquellos proyectos que los migrantes evalúan como prioridad o necesario para su comunidad.

Actualmente, el Programa no tiene las condiciones para cumplir con su objetivo esencial: promover el desarrollo comunitario mediante la intervención de los migrantes en sus comunidades de origen, como consecuencia de que en la mayor parte de las instancias se ha desplazado al migrante del centro del Programa para atender en su lugar los intereses o agendas de los gobiernos municipales o de otras instituciones u actores.

Finalmente, el marco normativo en general y las reglas de operación y procedimientos de los Covam en particular, no son conducentes a la elección de los proyectos que mejor contribuyan al desarrollo comunitario. No se evidenciaron criterios para escoger aquellos proyectos que mejor lo hagan, ni requerimientos de la participación activa y democrática que supone el desarrollo comunitario. La heterogeneidad observada en el Programa se origina principalmente en la laxitud y generalidad del marco normativo, que permite que cada estado genere un diseño institucional adicional que se sobrepone al diseño genérico o “nacional” del Programa.

En el rubro de conclusiones y recomendaciones, el estudio Evaluación Complementaria de los Resultados del Programa 3x1, señala:

“1. Los resultados del P3x1 son visibles y comprobables y sus beneficiarios están razonablemente satisfechos.

“2. A pesar de la satisfacción de los beneficiarios, se ha perdido el valor que perciben en el Programa muchos de sus actores .

El valor que dio origen al Programa 3x1 fue unir a los migrantes con las comunidades y entre los propios migrantes, con el propósito superior de apoyar al desarrollo de sus comunidades con obras y servicios, financiados en una parte por los migrantes.

No era el propósito del Programa en su nacimiento, sustituir la acción del gobierno ni que la autoridad se desatienda de sus obligaciones, descargando en los migrantes la responsabilidad de la construcción de obras y el apoyo a programas, sino complementar los esfuerzos por el desarrollo comunitario.

En Movimiento Ciudadano consideramos urgente atender esta situación, caracterizada por un importante número de irregularidades, a fin de regresar al Programa 3x1 el sentido original que le dio nacimiento: que vuelva a ser iniciativa de los migrantes la decisión de las obras, programas y servicios a los que se deban destinar los recursos.

Es decir, tenemos que regresar a la comunidad migrante la capacidad de decisión sobre el programa y terminar con los vicios asociados a su exclusión en la orientación del programa.

Todo esto pasa por la revisión detallada de la normatividad que ha complicado el activismo solidario de los migrantes con una engorrosa carga de trámites burocráticos que dotan de discrecionalidad a la autoridad sobre la determinación de los proyectos a financiar, dejando de lado las necesidades y la iniciativa de la comunidad migrante.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, para que en ámbito de sus atribuciones realice una minuciosa, seria y responsable revisión del contenido de las reglas de operación que rigen al Programa 3X1 para Migrantes, a fin de simplificarlas para garantizar que dicho programa recupere su sentido original de que sean los migrantes quienes, de manera conjunta con sus comunidades, decidan el destino de los recursos, y en consecuencia, terminar con la opacidad e irregularidades en el ejercicio del presupuesto del programa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputada María del Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias del gobierno federal a implantar campañas de prevención para disminuir los índices de sustracción de menores y fortalecer los protocolos de emisión de alertas, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

El presente diputado, Raymundo García Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Fundación para la Justicia y el Estado de Democrático de Derecho dio a conocer que del total de personas desparecidas en el país el 18 por ciento de los casos son menores a los 17 años de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Asimismo la organización señala que en los últimos doce años se reportaron oficialmente al menos 5 mil 452 menores desaparecidos de los cuales 3 mil 217 son niñas y 2 mil 235 niños.1

Otra organización denominada Red de Madres Buscando a sus Hijos reportó que entre el 2006 y el 2017 en México se reportaron más de 27 mil 605 casos de niños extraviados.

Ambas organizaciones coinciden en que una gran cantidad de víctimas proviene de estados como Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala.

Por su parte, la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos en México reportó que hasta el 2016 había 45 mil niños y adolescentes desaparecidos, los cuales podrían ser víctima de la explotación sexual, así como de la venta y tráfico de órganos.2

En la tabla anterior3 se detalla y confirma que no existe una cifra oficial que se acerque a la realidad actual. Todas las mostradas tienen un margen diferente.

Que un punto de coincidencia de las organizaciones de derechos humanos encargadas de estudiar el caso de menores extraviados señala que este sexenio ha sido el más alto en el número de casos que involucran a personas de menos de 18 años.

Que el mismo Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que en 2015 se registraron 20 mil 762 homicidios en México, de los cuales 5 por ciento (mil 057) corresponde a población de 17 años o menos.

Ante el reto de brindar protección y asistencia a niñas, niños y adolescentes, los gobiernos de los países del mundo, han fortalecido la cooperación internacional, a través del intercambio e implementación de experiencias exitosas, enfocadas al combate y sanción de diversos ilícitos, como la trata de personas, el narcotráfico, la privación ilegal de la libertad, entre otros, que afectan la integridad personal, la seguridad, la vida y la dignidad humana.4

Que, nuestro país el pasado día 2 de mayo de 2012, puso en funcionamiento el Programa Nacional Alerta Amber México, para coadyuvar en la búsqueda y pronta localización de niñas, niños, y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal o cualquier otra circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.

Existen diversos tratados de los cuales México es firmante y obliga a cumplir con ello.

• Convenio de La Haya del 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores

• Artículo 18, párrafo 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño

Existen recomendaciones realizadas a nuestro país para aplicar medidas de contención como:

i) Prevenir la desaparición de niños, niñas y adolescentes y dejar de criminalizar a los menores de edad migrantes;

ii) Crear instituciones, o adaptar las ya existentes, para la búsqueda eficaz de las y los niños desaparecidos; todas las búsquedas deben llevarse a cabo de manera prudente y adaptada a la sensibilidad de los mismos, de igual forma lograr la

iii) investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables y la garantía de la

iv) reparación y medidas de asistencia social.

Que el presente punto de acuerdo tiene como finalidad que la autoridad responsable, articule las acciones emprendidas para la prevención y, en su caso, la recuperación expedita de los menores desaparecidos.

Se debe mejorar sustancialmente el registro estadístico de las desapariciones

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR), y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que en el ámbito de su competencia analicen los protocolos de búsqueda de menores, se agilicen las reglas de declaración de alertas y se implementen campañas de prevención para evitar la sustracción de menores.

Segundo: La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa, a la Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el alcance de sus facultades implementen una campaña de prevención en los centros escolares de educación básica, para obviar la sustracción de menores de edad.

Notas

1 www.sinembargo.mx

2 www.reporteindigo.com

3 www.arenapublica.com

4 www.alertaamber.gob.mx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2018.

Diputado Raymundo García Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía General de la entidad a cumplir las obligaciones impuestas en las Leyes Generales de Víctimas, y en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, a cargo de la diputada Ana Lucía Riojas Martínez

La suscrita Ana Lucía Riojas Martínez, diputada sin partido de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 65 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 16 de septiembre de este año amanecimos con la noticia sobre el hallazgo de un tráiler con caja frigorífica en aparente abandonado en un predio en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga en Jalisco. Dicho tráiler contenía por lo menos 157 cadáveres en estado de descomposición, los cuales están bajo resguardo de la Fiscalía General del estado de Jalisco.

La explicación que ha dado dicha institución para tener resguardados de esta manera los restos de estas 157 personas es la supuesta falta de espacio para albergar dichos restos en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El hecho de haber abandonado al vehículo con los cuerpos sin aparente presencia oficial, solo indica la poca importancia que la institución encargada del resguardo de los cuerpos le da al adecuado procesamiento post mortem de los cadáveres a su encargo.

El colectivo de familiares con personas desaparecidas Por amor a ellxs ha diagnosticado que este suceso se debe al alto índice de homicidios que actualmente suceden en Jalisco y a la incapacidad humana, técnica y presupuestaria del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía General del estado para investigar estos casos y brindar certeza en la identificación de los cuerpos que llegan a sus reguardo. También mostraron su indignación al exigir1 el cumplimiento irrestricto de la Ley General de Víctimas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas por parte de las autoridades correspondientes de Jalisco.

Por lo antes expuesto, presentamos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Obtener y transparentar la información sobre los datos forenses de los cadáveres o restos de personas no identificadas y no reclamadas, del lugar del hallazgo, el lugar de inhumación o destino final y demás información relevante para su posterior identificación.

Segundo. Recabar las muestras necesarias para ingresar los datos del Registro Nacional de Personas fallecidas y No Identificadas.

Tercero. Cumplir con los objetivos del Programa Nacional de Búsqueda aportando la información del número de personas reportadas como desaparecidas, número de personas localizadas, con vida y sin vida; o restos humanos que se han localizado e identificado.

Nota

1 Pronunciamiento publicado en la cuenta de Facebook del colectivo Por Amor a Ellxs

https://www.facebook.com/PorAmorAEllxs/photos/a.61196841 5625558/1100418566780538/?type=3&theater

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputada Ana Lucía Riojas Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa y los gobiernos locales a apoyar la creación de centros de capacitación y actualización y promover actividades en la materia para médicos, enfermeras y personal de salud que labora en las zonas rurales del país, a cargo del diputado Manuel Huerta Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Manuel Huerta Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En abril del presente año el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social destacó que en México se han tenido avances muy importantes en el sector salud. Sin embargo enfatizó que aún se debe continuar trabajando para mejorar la calidad y efectividad de los servicios para garantizar una atención equitativa de toda la población, así como hacer una adecuada promoción del cuidado de la salud, prevención de enfermedades y tratamiento de patologías.

Lamentablemente en este sector las deficiencias continúan, pues de acuerdo con algunas notas periodísticas falta infraestructura, médicos generales y especialistas, personal administrativo, supervisión de residentes y pasantes, medicamentos y materiales de curación, así como capacitación y actualización de todo el personal.

La meta 3.8 del Objetivo para el Desarrollo Sostenible (ODS) número tres, menciona que los estados parte deberán lograr la cobertura sanitaria universal, en particular el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos, al 2030.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud implican que todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, así como a medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular los grupos en situación de vulnerabilidad.1

Sin embargo, la dispersión de la población en el territorio mexicano se presenta como uno de los grandes desafíos para articular la atención a la salud, y por ende limita la universalización del acceso a la salud.

En México se estima que existen cerca de 23 millones de personas en zonas rurales, las cuales habitan en alrededor de 185 mil localidades.

Para dar cumplimiento con el ODS tres el gobierno ha implementado acciones principalmente de infraestructura, sin embargo las necesidades que imperan en las zonas rurales se han trasladado a la falta de recursos humanos capacitados y actualizados en la atención de los pacientes. Existen zonas en las que ya existe infraestructura de atención de primer nivel, sin embargo no cuentan con médicos, enfermeras e incluso algunos de ellos ni con personal administrativo.

Tal como lo menciona la Secretaria de Salud, hoy en día México se enfrenta a enormes retos para alcanzar la Cobertura Universal en Salud y el acceso efectivo a servicios de calidad. Entre estos desafíos sobresale la necesidad de contar con los recursos humanos profesionales y técnicos suficientes, en los lugares dónde se necesitan y con competencias para brindar una atención eficaz, oportuna, eficiente y de calidad.2

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en México la esperanza de vida es una de las más bajas entre los países miembro, aunado a ello en las zonas rurales del país existen altos índices de mortandad materna e infantil, desnutrición infantil, crecimiento en obesidad y sobrepeso de las mujeres, mayor número de enfermedades transmisibles e incluso aumento en el consumo de alcohol y embarazos a temprana edad.

La falta de personal capacitado, eficiente y eficaz detona esta situación. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 2.4 médicos por cada mil habitantes, si se considera que la OMS tiene como cifra mínima a tres médicos por cada mil personas, en el país los médicos son insuficientes para atender al grueso de la población.

Además de lo anterior, se debe considerar que el total de los médicos no se encuentran distribuidos de manera equitativa en el país, pues de acuerdo con datos del mismo organismo, hay 14 entidades con más profesionistas dedicados al cuidado de la salud dentro de los que destacan el Distrito Federal (2.9), Baja California Sur (2.8) y Nuevo León (2.7). Mientras que las entidades que cuentan con el menor número de médicos por cada mil habitantes es Zacatecas (con un médico), Guerrero (1.1), Yucatán (1.3), Chiapas (1.3) y Sonora (1.4).

Por otra parte, en México, se cuenta con 2.8 enfermeros/as por cada mil habitantes, en comparación con el promedio de la OCDE de 9.3

Si se considera lo anterior y se le agrega que para la atención de población no derechohabiente sólo existen poco más de 600 unidades rurales con hospitalización, con menos de 30 camas, y la mayoría no cuentan con los recursos humanos necesarios y que además los salarios y prestaciones no favorecen la atracción y el arraigo de profesionales, (se deduce que), en múltiples ocasiones, no se cumplen las expectativas para los habitantes de las zonas donde se encuentran ubicados.4

Otro de los problemas a los que se enfrentan los médicos, que además se considera una de las razones por las que prefieren laborar en las zonas urbanas, es la falta de competencias en interculturalidad, derechos humanos, comunicación, ética y capacitación en cuanto al tratamiento de enfermedades o patologías emergentes.

Un ejemplo claro de esta situación se presentó con el diagnóstico del rickettsiosis, el cual a la fecha puede confundirse con una gripe. Lo mismo sucede con el dengue y Chikungunya, diagnósticos en los cuales los médicos no se encuentran completamente capacitados y por ende el diagnóstico no suele ser el correcto.

El problema de un mal diagnóstico es que en su mayoría pueden afectar otras partes del cuerpo o no reconocer a tiempo el estado de salud en el que se encuentran, decantando en algunos casos en la muerte del paciente.

Actualmente existe un rezago institucional en cuanto a la formación, capacitación y actualización del personal de salud, dentro de las que destacan el acceso limitado a la formación de especialistas, limitada formación de personal médico general y especialista, además de mala distribución en el país y una capacitación insuficiente.

Actualmente existe un programa presupuestario denominado E010: “Formación y capacitación de recursos humanos para la salud”, el cual cuenta con una asignación presupuestaria para el presente año de 23.5 millones de pesos, recursos con los que se deben desarrollar competencias técnico-médicas y de gestión de los profesionales de la salud de acuerdo con las necesidades de la población.

La fracción II, del artículo 90 de la Ley General de Salud, les corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con las autoridades educativas, “apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud”.

Además de que la fracción III del mismo artículo, estas mismas instituciones deben “otorgar facilidades para la enseñanza y adiestramiento en servicio dentro de los establecimientos de salud, a las instituciones que tengan por objeto la formación, capacitación o actualización de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, de conformidad con las normas que rijan el funcionamiento de los primeros”.

A pesar de lo anterior las zonas rurales y marginadas del país no sólo se encuentran alejadas del acceso a servicios de salud mínimos, si no que ni siquiera cuentan con el personal capacitado para atender sus necesidades básicas.

La realidad de las zonas rurales del país dan cuenta de la necesidad que impera, pues muchos de los recursos humanos ubicados en estas zonas son principalmente médicos pasantes o interinos, lo cual no quiere decir que no sean capaces de atender a la población, pero sí es necesario resaltar que tanto ellos como todo el personal de salud deben capacitarse constantemente y actualizarse de acuerdo con los nuevos desafíos demográficos y epidemiológicos que presenta el país.

Por los elementos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas a que apoyen la creación de centros de capacitación y actualización y que promuevan actividades de capacitación y actualización de médicos, enfermeras y personal de salud que labora en las zonas rurales del país.

Notas

1 Organización Panamericana de la Salud. (2015). Salud Universal. 10/09/2018, de PAHO Sitio web: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=403&Itemid=40987&lang=es

2 Organización Panamericana de la Salud. (2014). Futuro y tendencias en la formación de recursos humanos en México para la cobertura universal en salud primaria.. 10/09/2018, de PAHO Sitio web: https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&alias=989-futuro-y-tendencias-en-formacion-de-recursos-humanos-en-s alud-en-mexico-para-la-cobert&category_slug=ops-oms-mexico&Item id=493

3 OECD. (2017). Health at a Glance 2017: OECD Indicators. 11/09/2017, de OECD Sitio web:

https://www.oecd.org/mexico/Health-at-a-Glance-2017-Key- Findings-MEXICO-in-Spanish.pdf

4 Organización Panamericana de la Salud. (2014). Futuro y tendencias en la formación de recursos humanos en México para la cobertura universal en salud primaria.. 10/09/2018, de PAHO Sitio web: https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_docman&view=download&alias=989-futuro-y-tendencias-en-formacion-de-recursos-humanos-en-s alud-en-mexico-para-la-cobert&category_slug=ops-oms-mexico&Item id=493

Fuentes de consulta

- Cámara de Diputados. (2018). Ley General de Salud. 10/09/2018, de Cámara de Diputados Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_120718.pdf

- Inegi. (2014). Estadísticas a propósito del día del médico. 11/09/2018, de Inegi Sitio web: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2014/me dico0.pdf

- Miranda, A. (2017). En México sólo hay un médico por cada 348 habitantes: Inegi. 10/09/2018, de Publimetro Sitio web:

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/10/23/mex ico-solo-medico-348-habitantes-inegi.html

- OCDE. (2017). México. ¿Cómo es la vida? 11/09/2018, de OCDE Sitio web:

http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/mexico-e s/

- Salud y bienestar. (S.f.). Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. 12/09/2018, de ONU Sitio web: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

- Secretaría de Hacienda. (2018). Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. 09/09/2018, de SHCP Sitio web: www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/11/r11_pief.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de septiembre de 2018

Diputado Manuel Huerta Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Conanp a no autorizar las solicitudes presentadas para la preparación del sitio, construcción y operación del proyecto Los Cardones, en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna, BCS, a cargo del diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, José Rigoberto Mares Aguilar, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), órgano desconcentrado de dicha dependencia federal, a no autorizar las solicitudes presentadas para la preparación del sitio, construcción y operación del proyecto Los Cardones, en la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En Baja California Sur, la entidad más árida del país y en la cual se encuentra la mayor superficie de su territorio decretada como Área Natural Protegida (ANP), el gobierno federal tiene en sus manos una de las decisiones más trascendentales de la historia ambiental del país, la cual puede impactar profundamente los recursos naturales de la entidad.

Me refiero a la inminente decisión de fin de sexenio que habrá de tomar en las próximas semanas la Semarnat respecto del proyecto minero Los Cardones, de la empresa Desarrolladora Zapal, SA de CV, la cual pretende llevar a cabo una mina de tajo o a cielo abierto en la zona de amortiguamiento, subzona de aprovechamiento especial, del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, decretada por el entonces presidente de la República con esa categoría de protección el 6 de junio de 1994, fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En dicha declaratoria se establece que la Sierra de la Laguna tiene una gran relevancia por sus ecosistemas únicos ; la diversidad y abundancia de especies de flora y fauna silvestres que la habitan ; la presencia de especies endémicas, amenazadas y en peligro de extinción ; la existencia de especies de flora y fauna con potencial socio-económico , y destaca su valor como sitio de recarga de los mantos acuíferos .

De la conservación de su vegetación y suelos de dicha ANP depende el pueblo sudcaliforniano, ya que representa la única alternativa para garantizar el suministro de agua de la zona más poblada de la entidad; la Sierra de la Laguna representa la fuente de agua que provee a los mantos freáticos de los municipios de La Paz y Los Cabos, donde habita actualmente más de 80 por ciento de la población estatal, toda vez que esta zona recibe los mayores niveles de precipitación pluvial en el estado (750 mm/año).

Esta reserva está catalogada por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) como Región Hidrológica Prioritaria, por su alta biodiversidad, el uso del agua que representa para los diferentes sectores y como Área de Importancia para la Conservación de las Aves, lo cual considera el propio decreto de creación de esa ANP.

El Programa de Manejo de la Reserva de la Biosfera Sierra de la Laguna, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2003, señala que la Reserva significa “el mayor aporte para el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y sistemas de soporte vital para el equilibrio hídrico para la región sur del estado y que representa la única alternativa que garantiza el suministro de agua a la zona más productiva del estado .

La reserva contribuye en forma directa e indirecta en la recarga de los mantos acuíferos que abastecen aproximadamente a 67 por ciento de la población total del estado; de ella dependen las principales actividades económicas que se realizan en la región” .

Algunos de los impactos del proyecto minero Los Cardones son el desmonte de 316 hectáreas dentro del ANP y la pérdida de cobertura vegetal; el uso de explosivos para lograr acceder a la arsenopirita, de la cual se extrae el oro, el uso de cianuro, tirar o confinar residuos contaminantes peligrosos en el área natural, sin dejar de considerar que los huracanes que azotan periódicamente la zona pueden generar un desastre natural de consecuencias iguales o peores a las del río Bucanuchi en Sonora, además de su alto nivel de emisiones de gases de efecto invernadero.

Baste citar que Los Cardones requerirá almacenar para el minado cada 15 días un promedio de 120 toneladas de explosivos, cuando de acuerdo al programa de manejo el confinamiento de materiales y residuos contaminantes peligrosos es una actividad prohibida. Para la operación de la mina se deberán perforar en la zona dos tajos durante 10 años, para lo cual se usarían 29 mil 200 toneladas de explosivos.

Con el desmonte y uso de explosivos, entre otras actividades, se destruirán sitios de alimentación, anidación, refugio o reproducción de especies silvestres. El proyecto minero plantea, además, el establecimiento de dos áreas de tajo, cuatro áreas para tepetateras, planta, áreas de quebrado, accesos, ductos, etcétera, que lo convierten en el más agresivo e impactante proyecto que se haya propuesto , contaminante y alterador del ciclo hidrológico de la región.

Los antecedentes del proyecto se remontan al año 1994, cuando la empresa minera Echo Bay, de origen norteamericano, obtuvo el permiso para exploración y explotación del proyecto minero Paredones Amarillos, permiso que nunca se materializó debido al bajo precio del oro en el mercado internacional que no garantizaba utilidades.

Posteriormente la concesión fue vendida a la empresa canadiense Vista Gold, la cual cambió el nombre del proyecto minero a Concordia, iniciando los trámites para obtener la autorización de exploración y explotación, misma que fue negada por la Semarnat al no acreditar la legal propiedad de los predios donde se pretendía llevar a cabo la explotación de los minerales.

Cabe mencionar que en 2008 la Conanp solicitó a la ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que los terrenos nacionales Jesús María y El Encantado, en donde se pretendía llevar a cabo el proyecto minero, fueran incorporados a la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna, con fines de conservación. Desde entonces la Sedatu, no obstante que dictaminó que eran terrenos nacionales , no ha emitido el resolutivo mediante el cual asigne al ANP los terrenos mencionados, situación favorecedora de los intereses de la empresa.

Tiempo después Vista Gold vendió de nuevo la concesión minera al Grupo Zapal, SA de CV, cambiando una vez más el nombre del proyecto a Los Cardones.

Esta empresa inició de nuevo con los trámites para obtener la autorización de impacto y riesgo ambiental para la explotación de los minerales. En tal virtud, el 16 de octubre de 2013, Desarrolladora Zapal, SA de CV ingresó a la Dirección General de Impacto Riesgo Ambiental de la Semarnat la solicitud de autorización, con su manifestación de impacto y riesgo ambiental, de este proyecto minero, en la cual presentó información sesgada, falsa e incompleta respecto a los impactos ambientales que se producirán, además de que el programa de restauración propuesto por la empresa omite las acciones de restauración adecuadas.

El 9 de enero de 2014, la Conanp , órgano encargado de la administración de las áreas naturales protegidas del país, en su opinión técnica emitida respecto al citado proyecto, expresó que éste contraviene el decreto de creación y el programa de manejo de dicha Reserva de la Biosfera , así como de la Constitución, tratados internacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y su reglamento en materia de áreas naturales protegidas, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley Minera y la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, entre otras.

Sin embargo, el 31 de julio de 2014 la Dirección General de Impacto Riesgo Ambiental autorizó el proyecto Los Cardones, para extracción de oro en el ANP Sierra La Laguna, de forma condicionada a la obtención de algunos permisos y autorizaciones que debe tramitar y obtener la promovente Desarrolladora Zapal, SA de CV:

• Semarnat: la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por excepción, para uso industrial, ante la delegación federal de esta Secretaría en el Estado de Baja California Sur.

• Conanp: la autorización para la realización de obras y trabajos de exploración y explotación mineras dentro de Áreas Naturales Protegidas, del proyecto minero denominado Los Cardones. De acuerdo con el artículo 20, segundo párrafo, de la Ley Minera, tratándose de estas actividades deben contar con la autorización expedida por la Conanp, para verificar que sean compatibles con el decreto de creación del área natural protegida.

• El uso municipal de cambio de uso de suelo: este permiso fue otorgado en 2015 de manera ilegal, en reunión secreta y fuera de sus oficinas, por un grupo de regidores del anterior Ayuntamiento de La Paz, a cuatro días de concluir su encargo, cuya validez se dirime en tribunales federales.

Se sabe que la Conanp en Baja California Sur rechazó hace unos días la solicitud de autorización de Desarrolladora Zapal, SA de CV, aunque de acuerdo con la ley esta resolución puede ser revocada por su titular.

Un régimen que se ha atrevido a cometer tantos actos de corrupción y tantas irregularidades, no se tentará el corazón para otorgar estas autorizaciones, aunque vulneren la legislación en materia ambiental. Las postrimerías de un sexenio son propicios para la entrega de concesiones o para favorecer intereses de grupos poderosos.

Además de lo anterior, es importante remarcar que parte del proyecto minero se pretende realizar en los terrenos nacionales Jesús María y El Encantado, que son parte de las mil 332 hectáreas que se encuentran dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna, se encuentran desde 2008 en proceso de regularización ante la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Sedatu, por lo que nunca han salido del dominio de la nación .

Es decir, los predios Jesús María y El Encantado, donde Desarrolladora Zapal pretende llevar a cabo el proyecto minero, son terrenos nacionales, aunque la empresa argumente que compró esos predios a particulares, no obstante, dicha empresa no ha podido acreditar la titularidad/propiedad de los terrenos en comento , por lo cual la Sedatu está obligada a concluir con el trámite, a fin de que se cumpla con el artículo 63 de la LGEEPA, de destinarse a los fines del decreto de la Reserva de la Biosfera.

Resulta paradójico que en septiembre de 2003, a través de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna, México recibió el reconocimiento internacional del Programa Sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por considerar su estado de conservación, quedando inscrita a nivel internacional en la red Mundial de Reservas de la Biosfera.

Como sudcalifornianos tenemos que expresar nuestro completo rechazo a este proyecto, como lo estamos solicitando a todas las autoridades de los tres órdenes gobierno, y por eso le pedimos al gobierno federal que se nieguen las autorizaciones solicitadas que se encuentran en trámite ante la Semarnat.

La autoridad sólo puede otorgar autorizaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales en la reserva, cuando se apegue a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), su Reglamento en Materia de Áreas Naturales Protegidas, el decreto de creación del área natural, su programa de manejo y las disposiciones jurídicas respectivas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como al de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, a negar toda autorización relativa al proyecto Los Cardones , cuya realización contravendría la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales, las leyes en materia ambiental, diversas normas oficiales mexicanas de protección de especies de flora y fauna silvestres, el propio decreto de creación de la Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna y su programa de manejo, y los derechos humanos de los sudcalifornianos y de los mexicanos en general.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que concluya con el proceso de regularización de las mil 332 hectáreas de terrenos nacionales que se encuentran dentro de Reserva de la Biosfera Sierra de La Laguna , y emita el resolutivo mediante el cual asigne a esta área natural protegida los terrenos en que se pretende realizar el proyecto minero Los Cardones, toda vez que deben ser destinados a los fines de conservación que señala la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputado José Rigoberto Mares Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Ssa a promover con sus 32 homólogas locales campañas informativas sobre los riesgos y las consecuencias de la demencia como problema de salud pública para una efectiva y oportuna atención, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, promuevan campañas informativas sobre los riesgos y consecuencias de la demencia como problema de salud pública para su efectiva y oportuna atención, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).1

En este mismo sentido, los especialistas señalan que la demencia es una enfermedad neurodegenerativa, con diversas causas, que afecta progresivamente la memoria, el pensamiento y la habilidad para realizar actividades de la vida diaria y conduce a un estado de discapacidad y dependencia. El aumento en la incidencia de esta enfermedad hace un problema nacional de salud prioritario, para el que debemos tomar medidas urgentes que permitan el desarrollo y la implementación de estrategias enfocadas a la prevención y reducción de factores de riesgo, al diagnóstico oportuno, al tratamiento médico integral, así como a intervenciones sociales y psicológicas que cuenten con algún nivel exitoso de evidencia.2

Cabe destacar que la demencia es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores. Sus consecuencias más importantes son las siguientes: tiene un impacto físico, psicológico, social y económico no sólo en las personas que la padecen, sino también en sus cuidadores, sus familias y la sociedad en general.

Si bien se trata de un padecimiento que afecta principalmente a las personas mayores, no constituye una consecuencia normal del envejecimiento. Es posible apreciarlo en tres etapas, a saber:

• Etapa temprana, la cual a menudo pasa desapercibida, siendo sus síntomas más comunes la tendencia al olvido, pérdida de la noción del tiempo y la desubicación espacial, incluso en lugares conocidos.

• Etapa intermedia, en donde las personas afectadas empiezan a olvidar acontecimientos recientes, así como los nombres de las personas; se encuentran desubicadas en su propio hogar; tienen cada vez más dificultades para comunicarse; empiezan a necesitar ayuda con el aseo y cuidado personal y sufren cambios de comportamiento, por ejemplo, dan vueltas por la casa o repiten las mismas preguntas.

• Etapa tardía, última etapa de la enfermedad y donde la dependencia y la inactividad son casi totales. Las alteraciones de la memoria son graves y los síntomas y signos físicos se hacen más evidentes, destacando: una creciente desubicación en el tiempo y en el espacio; dificultades para reconocer a familiares y amigos; una necesidad cada vez mayor de ayuda para el cuidado personal; dificultades para caminar; y alteraciones del comportamiento que pueden exacerbarse y desembocar en agresiones.

Para dimensionar la magnitud de esta problemática, basta señalar que a nivel mundial existen unos 50 millones de personas que padecen dicha enfermedad, de las cuales alrededor de 60 por ciento viven en países de ingresos bajos y medios. Cada año se registran cerca de 10 millones de nuevos casos, de acuerdo a la OMS.

Cálculos indican que entre 5 y 8 por ciento de la población general de 60 años o más sufre demencia en un determinado momento. Se estima que el número total de personas con demencia alcance los 82 millones en 2030 y 152 millones en 2050. Buena parte de este comportamiento creciente puede obedecer a que en dichos países el número de personas con demencia tenderá a aumentar cada vez más.

También tiene un importante impacto social y económico en lo que respecta a los costos médicos y sociales directos y a los costos referidos a la atención prestada fuera del ámbito institucional. Así, por ejemplo, en 2015 su costo social total a nivel mundial se estimó en 818 mil millones de dólares, cifra equivalente a 1.1 por ciento del producto interior bruto (PIB) global.

El Alzheimer es la forma más común de demencia, al concentrar entre 60 y 70 por ciento de los casos. Otras formas frecuentes son la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy (agregados anormales de proteínas en el interior de las células nerviosas) y un grupo de enfermedades que pueden contribuir a la demencia frontotemporal (degeneración del lóbulo frontal del cerebro). Los límites entre las distintas formas de demencia son difusos y frecuentemente coexisten formas mixtas.

Además de lo anterior, la demencia es una enfermedad que tiene implicaciones en materia de derechos humanos, ya que con frecuencia a las personas que padecen demencia se les deniegan libertades y derechos básicos de los que las demás personas disfrutan sin problema. Ante esta situación, hace falta un marco legislativo apropiado y favorable basado en normas de derechos humanos internacionalmente aceptadas para garantizar la máxima calidad en la prestación de servicios a las personas con demencia y sus cuidadores.

Pese a las implicaciones de este padecimiento, no existe una concientización y comprensión en torno al mismo, lo que puede causar estigmatización y suponer un obstáculo para que las personas acudan a los oportunos servicios de diagnóstico y atención.

México no escapa al impacto y consecuencias de esta grave enfermedad. De los 12 millones de adultos mayores que hay en el país, alrededor de 800 mil presentan algún tipo de demencia y aproximadamente ocho de cada 10 con este problema es por Alzheimer, según el Instituto Nacional de Geriatría.3 Aunque conforme a diferentes medios de comunicación, se estima que un millón de mexicanos padece Alzheimer, cifra que en algunos años se triplicará.4

En ese sentido, el mismo Instituto recomienda “mantener un estilo de vida saludable desde edades tempranas, realizar ejercicio, tener una buena alimentación y atender correctamente alguna enfermedad como diabetes o hipertensión”, para disminuir el riesgo de desarrollar Alzheimer.

La Secretaría de Salud menciona que existen dos tipos de Alzheimer: el genético y el multifactorial. El primero se presenta en sólo 5 por ciento de los pacientes y el segundo en el 95 por ciento restante. Este último se relaciona con enfermedades no trasmisibles como la diabetes o la hipertensión. Las personas de 65 años o más tienen mayor riesgo de presentarlo, aunque esto no quiere decir que no pueda desarrollarlo en años previos.

Actualmente se calcula que en México existen más adultos mayores de 60 años que niños de 0 a 4 años y se prevé que esta proporción se duplique para 2029. En este contexto, las tendencias actuales de la población hacia la longevidad podrían implicar un gran desafío, ya que este sector tiene mayor incidencia de enfermedades neurodegenerativas, como la demencia. La prevalencia de la demencia aumenta de forma exponencial de los 65 a 85 años; esta cifra se duplica cada 5 a 6 años y se estabiliza a partir de los 85 a 90 años.

Dada la magnitud, riesgos y consecuencias, la OMS reconoce la demencia como una prioridad de salud pública. En mayo de 2017, la Asamblea Mundial de la Salud respaldó el Plan de acción mundial sobre la respuesta de salud pública a la demencia 2017-2025 , que establece una serie integral de medidas aplicables por los planificadores de políticas, los asociados internacionales, regionales y nacionales, y la propia OMS en ámbitos tales como: la sensibilización sobre la enfermedad y el establecimiento de iniciativas destinadas a promover la adaptación a la demencia; la reducción del riesgo de demencia; su diagnóstico, tratamiento y atención; y la investigación e innovación o el apoyo a los cuidadores de las personas con demencia.

Al respecto, ha creado para los planificadores de políticas y los investigadores una plataforma internacional de vigilancia, el Observatorio Mundial de las Demencias, que facilitará el seguimiento y el intercambio de información sobre las políticas relacionadas con la demencia, la prestación de servicios, la epidemiología y la investigación.

Lamentablemente, no hay ningún tratamiento que pueda curar la demencia o revertir su evolución progresiva; empero, existen numerosas intervenciones que se pueden ofrecer para apoyar y mejorar la vida de las personas con este padecimiento y sus cuidadores y familias. Los servicios de atención relacionados son: diagnosticarla precozmente para posibilitar un tratamiento precoz y óptimo; optimizar la salud física, la cognición, la actividad y el bienestar; identificar y tratar enfermedades físicas concomitantes; detectar y tratar los síntomas conductuales y psicológicos problemáticos; y proporcionar información y apoyo a largo plazo a los cuidadores.

Ante este panorama, resulta fundamental posicionar a la demencia como un problema prioritario de salud pública, con la finalidad de que la población adquiera una verdadera concientización sobre esta enfermedad, y las autoridades federales y estatales correspondientes implementen las medidas necesarias para su efectiva y oportuna atención.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, promuevan campañas informativas sobre los riesgos y consecuencias de la demencia como problema de salud pública para su efectiva y oportuna atención.

Notas

1 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/dementia

2 www.anmm.org.mx/publicaciones/ultimas_publicaciones/ANM-ALZHEIMER.pdf

3 www.proceso.com.mx/534234/con-demencia-alrededor-de-800-mil-adultos-may ores-

4 https://noticieros.televisa.com/videos/un-millon-de-mexicanos-padece-al zheimer/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual a frenar la inclusión de más estados en la denominación de origen de mezcal y modificar los medios de incorporación respectivos, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Margarita García García, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de motivos

El IMPI incluyó a 23 municipios de Morelos, 15 del estado de México, seis de Aguascalientes y el municipio de Xochiltepec de Puebla en la denominación de origen Mezcal el 8 y el 9 de agosto del presente año, de acuerdo con lo publicado en el Diario oficial de la Federación.

En 2015 y 2016 el mezcal oaxaqueño representó el 97.3 y 83.5 por ciento respectivamente, de la producción nacional de mezcal, acorde a datos de la Cámara Nacional de la Industria del Mezcal. A partir de la apertura de la denominación de origen (DOM), la producción actual apenas llega al 80 por ciento y ha tenido, entre otras consecuencias para Oaxaca, la disminución en ventas, turismo y pérdida de identidad de la bebida.

Diversos productores oaxaqueños han manifestado por escrito al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, su consternación acerca de los mecanismos por los cuales el IMPI a través del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, AC (CIATEJ), lo cuales perdieron su rigurosidad e, incluso, incurrieron en irregularidades.

Nos solidarizamos a la manifestación hecha por productores y el gobernador de Oaxaca el pasado 28 de agosto del presente año en la Ciudad de México, donde piden la intervención del ejecutivo federal para frenar la ampliación de la DOM.

Reconocemos que el mezcal no necesariamente debe tener características homogéneas para la certificación de su calidad, incluso, el producto final obtiene una identidad propia, por lo mismo, hay una preocupación legítima desde los productores oaxaqueños mezcaleros y del gobierno estatal para que la calidad no se vea comprometida.

Es necesario poner atención a la omisión hecha en detrimento de productores oaxaqueños mezcaleros, que son población predominantemente indígena, e incluso, puede incurrir en discriminación en contra de la economía de los pueblos originarios del estado de Oaxaca. La persistencia cultural, además es un pilar en la subsistencia de los productores artesanales y ancestrales que elaboran mezcal, y los hace merecedores de pertenecer a la DOM.

El Consejo Regulador del Mezcal (CRM) estima que el valor del mezcal artesanal ha aumentado 1 800 por ciento, y no es justo que otros productores, que no son tradicionales o ancestrales, usen el andamiaje ya hecho para comercializar con el legado y trabajo de las comunidades mezcaleras oaxaqueñas.

En este marco, la permanencia cultural del mexcal en Oaxaca debe ayudar a derogar lo publicado por el IMPI el 8 y 9 de agosto de este año respecto a los municipios agregados al DOM. No debemos olvidar que la denominación de origen de mezcal es una herramienta imprescindible para proteger al mezcal.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual a frenar la inclusión de más estados en la denominación de origen de mezcal y modificar los mecanismos de inclusión al mismo.

San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE a rectificar las fórmulas y reajustar las tarifas de electricidad para uso comercial e industrial en la división Bajío, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrante de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Reguladora de Energía a rectificar las fórmulas y reajustar las tarifas de electricidad para uso comercial e industrial.

Consideraciones

La Comisión Reguladora de Energía (CRE), es el órgano de la administración pública federal centralizada, con carácter de órgano regulador coordinado en materia energética.

La CRE está dotada de autonomía técnica, operativa y de gestión, y cuenta con personalidad jurídica propia y capacidad para disponer de los ingresos que deriven de las contribuciones y contraprestaciones establecidas por los servicios que preste conforme a sus atribuciones y facultades.

El artículo 3 del Código de Conducta de la CRE establece que la misión de la Comisión es regular de manera transparente, imparcial y eficiente las actividades de la industria energética que son de su competencia, a fin de generar certidumbre que aliente la inversión productiva, fomentar una sana competencia, propiciar una adecuada cobertura y atender a la confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios a precios competitivos, en beneficio de la sociedad.

Con fecha 13 de septiembre del presente año, en sesión extraordinaria del órgano de gobierno, la CRE aprobó el acuerdo por el que se modifica el anexo B del acuerdo A/017/2018, relativo a las tarifas finales del suministro básico, para el periodo de septiembre a diciembre de 2018.

Este incremento en los costos de producción pone en riesgo la estabilidad de empresas que generan miles de empleos en la región. El objetivo central de la política económica debe ser promover un crecimiento vigoroso, sostenido y sustentable, que genere empleos bien remunerados y mejore el nivel de vida de los mexicanos, particularmente de los que presentan condiciones de mayor marginación.

Para alcanzar dicho crecimiento se requiere de la acumulación de capital, incrementos constantes en su productividad, aumentos en la disponibilidad de infraestructura pública y la instrumentación de políticas que favorezcan la eficiencia; además de mantener un marco de estabilidad, el aumento en los precios de la energía eléctrica abona a la incertidumbre, al aumento de costos de producción que repercutirán en los precios que los consumidores finales deberán pagar por los productos; en este sentido, este incremento tendrá reflejo de manera inmediata en la renta de las familias.

Esto último, derivado de lo que se percibe como un excesivo incremento de hasta 80 por ciento del cobro en las tarifas eléctricas acumulado en el último año de operaciones, por lo que las y los diputados federales en el ámbito de nuestras facultades debemos fomentar la inversión, como medida de generar bienestar en la población en general.

Como el propio código de conducta de la CRE se lo indica, ésta tiene la responsabilidad de generar certidumbre que aliente la inversión productiva en beneficio de la sociedad, no obstante, con el empeño presentado en hacer oídos sordos a las demandas de los diversos sectores comerciales e industriales pareciera ser que no tiene interés en cumplir con el mandato para el que fue creada.

Como representantes populares las y los diputados, tenemos la responsabilidad de atender con apremio los asuntos inherentes a la estabilidad laboral y económica de las familias mexicanas, ya que de este aspecto dependen muchos otros que apuntalan el buen desarrollo de nuestra sociedad.

No podemos ser insensibles ante el llamado de quienes generan fuentes de empleo como es el caso de la industria guanajuatense. Ante el inminente riesgo que estos aumentos representan para su subsistencia, es necesaria la búsqueda de alternativas viables que permitan el fomento de la producción en la industria nacional a fin de evitar que las empresas se vean en la necesidad de desaparecer y los huecos productivos den la oportunidad de ingreso a mercancías extranjeras de bajos costos, pero mala calidad que afectan el patrimonio de las familias mexicanas, tanto de productores como de consumidores.

Finalmente, consideremos que la economía nacional no puede ser detenida y esperar a que llegue el primero de diciembre para que sean atendidas las necesidades más apremiantes. México es hoy y ahora un país vivo, con necesidades latentes que requieren de atención inmediata, sin sesgos de coyuntura o de comodidad política.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el presente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Reguladora de Energía, para que rectifique las fórmulas y reajuste a la baja las tarifas finales del suministro básico para el uso comercial e industrial en la División Bajío, ante el incremento excesivo en la facturación del consumo energético del sector, así como a establecer los mecanismos necesarios de conciliación que permitan la regularización de posibles adeudos a efecto de minimizar el riesgo del cese de actividades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Fiscalía General de Nayarit a esclarecer el asesinato del marakame Margarito Díaz González, defensor indígena de derechos humanos, e implantar las medidas cautelares emitidas sobre el caso por la CNDH, a cargo de la diputada Ana Lucía Riojas Martínez

La suscrita Ana Lucía Riojas Martínez, diputada sin partido de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 65 y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días recientes se dio a conocer que el marakame Margarito Díaz González, defensor indígena de derechos humanos y líder espiritual de su comunidad, fue asesinado el pasado 8 de septiembre en su domicilio, ubicado en Aguamilpa, municipio del Nayar, en el estado de Nayarit.1

Margarito Díaz González formaba parte de la Unión Wixárika de Centro Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit, una asociación civil creada con el objetivo de proteger las rutas sagradas y los centros ceremoniales del pueblo wixárika,2 fungiendo como presidente del Consejo de Vigilancia.

Dicha organización ha logrado varios triunfos en la defensa y recuperación de su territorio y en la preservación del medio ambiente, como el reconocimiento de la propiedad comunitaria de una parte de la Isla del Rey, en San Blas, Nayarit. En dicho lugar se ubica el “Tatei Aramara”, un importante centro ceremonial de este pueblo, el cual recientemente fue vandalizado.3 Margarito, como parte de esta organización, se destacó en la defensa del sitio sagrado de Wirikuta en el estado de San Luis Potosí ante la amenaza que significa la presencia de empresas mineras en dicha zona. También llegó a desempeñarse como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

El asesinato de Margarito sucede en un contexto de violencia sistemática ejercida en contra de los defensores de derechos humanos en este país y en específico en contra de aquellos activistas dedicados a la defensa del territorio y el medio ambiente. Ya son diez los casos de personas defensoras de derechos humanos víctimas de homicidio en 2018, seis de los cuales eran indígenas. Lo anterior, de acuerdo con el reporte de la Oficina en México del Alto Comisionado de la Naciones para los Derechos Humanos (en adelante ONU-DH).

A raíz de su asesinato, tanto la CDNH4 como la Oficina en México del Alto Comisionado de la Naciones para los Derechos Humanos, condenaron el hecho, urgiendo a las autoridades competentes a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva, diligente y eficaz y que tome en cuenta el papel de defensor de derechos humanos que Margarito Díaz ejercía. Asimismo la CNDH solicitó la implementación de medidas cautelares con base en lo dispuesto por los artículos 3, 6, fracción II, y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno, para brindarle a las y los familiares de Margarito la garantía del derecho a la vida e integridad personal, además de evitar sucedan hechos de difícil o imposible reparación y proporcionarles la contención emocional necesaria.

Por lo antes expuesto, se presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General del Estado de Nayarit a investigar el asesinato del señor Margarito Díaz González de manera pronta, exhaustiva, diligente y eficaz, tomando en cuenta el papel que desempeñaba como defensor indígena de derechos humanos.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Antonio Echevarría González, gobernador constitucional del estado de Nayarit, a que acepte y cumpla con la implementación de las medidas cautelares emitidas por la CNDH a raíz del asesinato del señor Margarito Díaz González y las haga extensivas a quienes colaboraban con él en la labor de defensa de derechos humanos.

Notas

1 Animal Político (2018). Margarito Díaz González, el guía del Pueblo Wixárita, fue asesinado en Nayarit. México, en línea. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/2018/09/margarito-diaz-gonzalez-wixarita -asesinado/

2 Comunicado de Prensa de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos del 13 de Septiembre del 2018:

http://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view= item&id=1163:la-onu-dhcondena-el-asesinato-del-defensor-de-derechos -humanos-margarito-diaz-el-decimo-en-mexico-durante2018&Itemid=265

3 Tribuna (2018). Activista y defensor de sitios sagrados del pueblo huichol es asesinado. México, en línea. Disponible en: https://www.tribuna.com.mx/seguridad/
Activista-y-defensor-de-sitios-sagrados-del-pueblo-huicholes-asesinado-20180913-0098.html

4 Comunicado de Prensa de la CNDH DGC/265/18 publicado el del 12 de Septiembre 2018:

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Co m_2018_265.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputada Ana Lucía Riojas Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades catalogadas como epicentros sísmicos importantes a coordinar acciones para conectar y ajustar en cantidad, calidad y tiempo los sensores sísmicos conectados al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, así como actualizar oportunamente el Atlas Nacional de Riesgos y los correspondientes a los estados, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García , en mi calidad de diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Que en este mes de septiembre, en diferente, día, año y hora, varios sucesos sísmicos sorprendieron a México. El 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 horas se registró un sismo de 8.1 grados de magnitud, con origen en las costas de los estados de Michoacán y Guerrero, con una duración de 4 minutos y que afectó la zona centro del país y en especial su capital. Al día siguiente, se produjo otro sismo con magnitud de 7.6 grados; el saldo de estos sismos tan solo en la ciudad fue 20 mil muertos y 2 mil 831 inmuebles afectados.

Que el 7 de septiembre de 2017, el Sismológico Nacional reportó un sismo a las 23:49 horas cuya magnitud fue de 8.2 grados, con epicentro en las cercanías del municipio de Pijijiapan, Chiapas, del cual se contabilizaron en pocos días 4 mil 719 réplicas. Este evento se percibió en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Tabasco, Puebla, Jalisco, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, México, Hidalgo, Guanajuato e incluso Campeche y Yucatán,i registrándose las mayores afectaciones en Oaxaca y Chiapas, en donde hubo lamentablemente pérdidas humanas, afectación a más de 40 mil viviendas, además de daños en escuelas, edificios públicos, comercios, etcétera.

Que el 19 de septiembre de 2017, hace un año, a las 13:14 horas, se registró un sismo con una magnitud de 7.1 grados, localizado en los límites de los estados de Puebla y Morelos, a 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 kilómetros de Ciudad de México.ii

Que del 19 de septiembre de 2017, el sismo ocurrido a las 13:14:40, con epicentro en la frontera de Morelos y Puebla, fue percibido antes de que sonara la alarma sísmica, esto debido a que fue registrado 10 segundos después por los sistemas de alerta que están en Pilcaya y Tehuitzingo, ambos en Puebla. Como ha explicado el director del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), Juan Manuel Espinosa Aranda, el sistema hizo el cálculo matemático que estimó la magnitud del sismo y lo comunicó a la Ciudad de México, cuyos sensores trabajan bajo otro algoritmo y los cuales tardaron varios segundos más en avisar debido a que verifican la información por un segundo sensor.

Que de acuerdo con el gobierno mexicano los sismos de septiembre de 2017 afectaron a 12 millones de personas y 400 municipios y delegaciones en los estados de Chiapas, Morelos, Oaxaca, Ciudad de México, México, Puebla, Guerrero, Tlaxcala y Veracruz.

Que los damnificados ascienden a 250 mil personas y se estima que 180 mil 731 viviendas sufrieron daños, de las cuales 50 mil 610 registran daños totales. Las mayores afectaciones se concentran en Oaxaca y Chiapas, el primero con 33 mil y el segundo con 16 mil 803 viviendas con daño total, 5 mil 765 en Ciudad de México, 3 mil 319 en Puebla, mil 695 en el Estado de México, mil 597 en Guerrero y 349 en Morelos.iii De acuerdo con cifras oficiales, como consecuencia de los dos sismos de septiembre del año 2017, 471 personas perdieron la vida.

Que en la Ciudad de México, el mayor número de víctimas se concentró en el edificio ubicado en Álvaro Obregón 286, en la delegación Cuauhtémoc, pero se registraron daños en la delegación Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, entre otras. Sumado a este hecho, se registraron 35 puntos con derrumbes y 9 inmuebles colapsos dejando a un número importante de personas en situación de pobreza patrimonial.

Que tan solo en la Ciudad de México, la magnitud del terremoto del 19S dejó daños en mil 208 escuelas, de las cuales solo 8 tienen daño total, 378 daño parcial, y 822 daños menores. No se diga, también los centros de salud, centros comerciales y monumentos históricos.

Que los lamentables sucesos de 1985 y 2017, nos obligan a reforzar la cultura en materia de protección civil, como son los simulacros, pero sobre todo ajustar en calidad, cantidad y tiempo los sensores sísmicos ahí donde suelen ser los epicentros.

Que el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) trabaja con el principio fundamental de que las ondas sísmicas llamadas superficiales y que son potencialmente dañinas, viajan a una velocidad de entre 3.5 y 4.0 Km/segundo, y por tanto entre 75 y 85 segundos en recorrer la distancia entre la costa del estado de Guerrero (300 Km) y la Ciudad de México y son calculadas bajo diferentes fórmulas algorítmicas.

Que el Sistema de Alerta Sísmica inició en 1991 con 12 estaciones en el estado de Guerrero, ahora tiene 100 estaciones, que operan en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco; además del sur del eje volcánico en los estados de Puebla y Guerrero. Aún pese a que hay proyectos para ampliar esta red a Chiapas y Veracruz, hasta hace un año solo se han considerado pruebas piloto en Morelos, epicentro del sismo del 19 de septiembre.iv

Que si bien es cierto que se sigue ampliando gradualmente la instalación de alarmas sísmicas, también es cierto que hay epicentros perfectamente ubicados que hasta hace un año no cuentan con sensores ni se encuentran conectados directamente al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, como es el caso del estado de Morelos, epicentro del sismo que ocasionó los daños ya mencionados el año próximo pasado.

Que el artículo 19, fracción IX, atribuye a la Coordinación Nacional del Sistema Nacional de Protección Civil:

“IX. Instrumentar y en su caso operar redes de detección, monitoreo, pronóstico y sistemas de alertamiento, en coordinación con las dependencias responsables e incorporando los esfuerzos de otras redes de monitoreo públicas o privadas.”v

Que en materia de protección civil, sobre todo en el tema de sismos, nada es suficiente y mucho menos en zonas como la Ciudad de México, donde el riesgo siempre es latente. El simulacro que se preparó para el próximo 19 de septiembre de 2018, se realizó bajo una hipótesis de que el sismo se originó a 35 kilómetros al este de Acatlán de Osorio, Puebla y a 189 km de la Ciudad de México, con una magnitud de 7.2 grados, pero ¿Qué pasaría si supusiéramos que el movimiento telúrico proviniera de Morelos? La alarma sísmica, simplemente no se activaría o tardaría en soñar, porque la región no cuenta con sensor sísmico conectado al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano y porque la información tardaría en ser verificado por otros sensores, por lo que seguimos sin estar preparados.

Que a 33 años de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y a un año de los sismos de 2017, es necesario que las autoridades de la Ciudad de México y de las entidades susceptibles de ser afectadas por este tipo de fenómenos naturales, realicen la actualización oportuna e inaplazable de su Atlas de Riesgo, los cuales son instrumentos que sirven para planear y aplicar los protocolos de protección civil en cada estado en materia de desastres naturales, causados por sismos, inundaciones, tormentas, derrumbes o hundimientos.

Que el artículo 19, fracción XXII, primer párrafo, de la Ley General de Protección Civil, establece que la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección civil recaerá en la Secretaría por conducto de la Coordinación Nacional, la cual tiene entre sus atribuciones la siguiente:

“XXII. Supervisar a través del Cenapred, que se realice y se mantenga actualizado el atlas nacional de riesgos, así como los correspondientes a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.”vi

Que el ajustar en cantidad, calidad y tiempo los sensores sísmicos, así como elaborar los correspondientes Atlas de Riesgo por entidad y a nivel nacional, son esfuerzos que se sumaría a la consolidación de una cultura de prevención en materia de protección civil.

Que los sismos de septiembre de 1985 y 2017, mostraron una sociedad civil propositiva y participativa. Que demanda información y mejores sistemas de alertamiento.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el presente punto de acuerdo para quedar como sigue:

Puntos de Acuerdo

Primero. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos estatales, que se tienen catalogados como epicentros sísmicos importantes, a coordinar las acciones necesarias para conectar y ajustar en cantidad, calidad y tiempo los sensores sísmicos conectados al Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, para contar con una alerta eficaz.

Segundo. Que esta honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno federal (Coordinación Nacional de Protección Civil) y a los gobiernos estatales con alta sismicidad, a que actualicen oportunamente el Atlas Nacional de Riesgos y los correspondientes a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Notas

i Sismológico Nacional, Reporte Especial 07 de septiembre (2017). Consultado en: http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_es p_20170907_Tehuantepec_M82.pdf

ii Sismológico Nacional, Reporte Especial 19 de septiembre (2017). Consultado en: http://www.ssn.unam.mx/sismicidad/reportes-especiales/2017/SSNMX_rep_es p_20170919_Puebla-Morelos_M71.pdf

iii Los Daños por el Sismo: Reporte del Gobierno Federal. (2017) consultado en: http://www.milenio.com/negocios/los-danos-por-el-sismo-reporte-del-gobi erno-federal

iv Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, CIRES (2018). Consultado en: http://cires.org.mx/docs_info/CIRES_035.pdf

v Ley General de Protección Civil (2018). Consultado en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgpc.htm

vi Ibídem (LGPC).

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de septiembre de 2018.

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la Sener, la CRE y la CFE a realizar acciones para implantar el mecanismo conocido como bono solar, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe Silvia Guadalupe Garza Galván , diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1; 62, numeral 2; y 65, numeral 4; así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias para implementar el mecanismo conocido como Bono Solar, con el objetivo de impulsar el uso de energías limpias y reducir gradualmente las tarifas eléctricas para los usuarios residenciales, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Antecedentes

Como parte de la reforma energética de 2013, el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se modificó para impulsar la apertura del mercado de generación de energía eléctrica, si bien el Estado conserva la exclusividad en la áreas de transmisión y distribución, con miras a reducir costos así como elevar la productividad y eficiencia del sistema eléctrico.

Esta reforma constitucional ha sido objeto de reglamentación en leyes secundarias, en particular la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Transición Energética, publicadas el 11 de agosto de 2014 y 24 de diciembre de 2015, respectivamente. En ambas leyes se encuentra el sustento del desarrollo de las energías limpias en México, definidas éstas en un rango que abarca desde las energías renovables tradicionales (solar, geotermia, eólica, maremotriz, etcétera), hasta grandes hidroeléctricas y la energía nuclear. Al respecto, la Ley de Transición Energética establece diversas metas para una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica: 25 por ciento para el año 2018, del 30 por ciento para 2021 y 35 por ciento para 2024 (artículo tercero transitorio).1

A la legislación interna se suman los instrumentos internacionales de los que México es parte, en particular la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Este último incorpora la meta de limitar el incremento promedio de la temperatura global por debajo de los 2°C y continuar con los esfuerzos para no superar los 1.5°C. Para lograr este objetivo cada país presentó un documento conocido como Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que contiene sus metas internas en materia de mitigación de gases efecto invernadero (GEI), entre otras medidas.

La NDC de México establece la meta de reducir en 22 por ciento las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero considerando una línea base de emisiones al 2030, sin ninguna condición, y una reducción del 36 por ciento bajo la condición de que países desarrollados otorguen a México recursos financieros y transferencia de tecnologías limpias.

Para determinar la primera meta, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) realizó trabajos de prospectivas de emisiones e identificó para cada sector el potencial de abatimiento así como medidas de mitigación costo-efectivas. Actualmente el INECC analiza las rutas tecnológicas para su instrumentación y se analizan medidas para aumentar la meta de mitigación a un 36 por ciento.2

El NDC también incluye el compromiso de que, a partir del año 2026, las emisiones de GEI deban presentar una trayectoria descendente. La meta no condicionada del 22 por ciento se distribuyó entre los sectores que más GEI emiten, determinándose que el sector eléctrico disminuyera sus emisiones a 63 millones de toneladas de dióxido de carbono para el año 2030. Por su parte, la meta condicionada de 36 por ciento supone una reducción de 91 millones de toneladas de dióxido de carbono para la misma fecha. De conformidad al Acuerdo de París, estas metas deben mejorar cada cinco años, lo que significa que en 2020 se deberán presentar cifras más ambiciosas.

En México, el gobierno federal ha impulsado el uso del gas natural para la generación de electricidad, lo cual es una limitante para el crecimiento de las energías renovables. Muestra de ello es que el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) 2018-2032 contempla al gas natural, en su mayoría de origen estadounidense, de manera prominente en la matriz energética. Sin embargo, con el fin de asegurar que la política climática y la política energética del país sean congruentes, es aconsejable que el Prodesen incluya una mayor proporción de energía solar en vez de gas natural en dicha matriz.3

El Bono Solar

El mecanismo conocido como Bono Solar, diseñado por Iniciativa Climática de México, AC, tiene por objeto instalar techos solares a bajo costo para la mayor parte de las viviendas del país mediante el esquema de generación distribuida.4 El mecanismo consiste en invertir el subsidio eléctrico actual, que suma más de 100 mil millones de pesos al año, en paneles solares para millones de casas. De este modo, los usuarios pagarían gradualmente una mensualidad menor al pago de su recibo actual de luz.

Estos beneficios no solamente se verán reflejados en los bolsillos de las familias, sino también en la economía de México, con la creación de nuevos empleos gracias a la adopción de prácticas sustentables en el sector energético. Tan sólo en Estados Unidos en 2017 el sector de energía solar generó 30 por ciento del total de empleos en el sector energético. A ello se suma que se reducirá la quema de combustibles fósiles y de hidrocarburos, mitigando las emisiones de gases de efecto invernadero del país, en cumplimiento al Acuerdo de París.

Para la implementación del programa Bono Solar en las viviendas subsidiadas se considera que el techo solar a ser instalado deberá cubrir 1.1 veces el consumo histórico de la vivienda permitiendo generar un excedente. Para lograr una penetración del Bono Solar significativa se requiere de una inversión de gran magnitud, para lo cual se necesita la participación del Estado y de los usuarios residenciales, éstos últimos bajo el esquema de arrendamiento con la subsidiaria de CFE denominada “Suministrador de Servicios Básicos (CFE-SSB), para adquirir un sistema de generación distribuida fotovoltaica (GDFV). De este modo, los usuarios contribuyen, a través de un esquema de arrendamiento, con una parte del costo del techo solar.5

El programa está diseñado para ajustarse a la capacidad de pago manifestada en el promedio del recibo de electricidad de cada usuario. Adicionalmente, el programa deberá desplegarse de forma paulatina, permitiendo que un alto porcentaje de los recursos aportados por el Estado provengan del subsidio evitado mediante un mecanismo revolvente. Asimismo, el programa requiere para su implementación de un fondo de arranque cuya determinación, origen y aprobación serán definidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Dependiendo del monto oficial de subsidio y del momento en que se implemente cada techo solar, el usuario individual pagará entre el 30 por ciento y el 40 por ciento del costo total de su techo solar, el resto lo cubre el Estado a través del Bono Solar. Uno de los supuestos fundamentales del programa Bono Solar, es que el pago mensual por parte del usuario por concepto de arrendamiento del techo solar a través de CFE-SSB, deberá ser entre 15 a 20 por ciento por debajo de su pago actual por concepto de electricidad. De esta forma, los usuarios que participan de manera individual en el programa pagarán una tarifa fija por concepto de arrendamiento de sus techos solares. Al final, el Estado paga sólo una parte del techo solar y no el costo total de éste.6

En suma, para la operación del Bono Solar se requieren de tres mecanismos financieros:

-El fondo de arranque para financiar la aportación inicial de Bono Solar por parte del gobierno.

-La aportación del usuario a través de un esquema de arrendamiento con CFE-SSB.

-Crédito preferencial a CFE-SSB para cubrir la parte de la inversión inicial correspondiente al usuario y a ser recuperada (con un margen) a través de los flujos por concepto de pagos fijos de arrendamiento del usuario.

En lo que se refiere al fondo de arranque éste podría ser etiquetado por el Presupuesto de Egresos de la Federación o pudiera ser provisto a través de un crédito por la banca nacional o internacional a solicitud de la SHCP. De solicitar un crédito este se repagaría a través de los ahorros conseguidos por la paulatina eliminación del gasto en subsidio por el Estado.

A ello se suma que la Ley de Transición Energética contempla un Título Cuarto Del Financiamiento y la Inversión para la Transición Energética, el cual establece la manera en que se otorgarán recursos y fondos para el cumplimiento de la ley, así como el financiamiento a usuarios finales que mediante un convenio autoricen que un financiador (asesor, empresa comercial o entidad financiera) les proporcione el capital necesario (artículo 56) para sustituir equipos y aparatos energéticamente ineficientes, realizar mejoras en su edificación para lograr un consumo energético eficiente, e instalar equipos económicamente viables que permitan aprovechar en sus hogares fuentes de energía renovables (artículo 55).

Se establece que el capital que otorgó el financiador se pueda recuperar a través de la facturación del suministro eléctrico o distribuidor de gas natural del usuario final (artículo 56 fracción II). Esto implica que el usuario para ser considerado en el financiamiento debe tener contratado el servicio con algún suministrador de electricidad o distribuidor de gas natural autorizado en los términos de la legislación aplicable (artículo 57) y que los financiamientos sean pagados a través de la factura que se dé al usuario por la prestación de dichos servicios (artículo 58).

El formato de los convenios referidos deberá ser aprobado por la Comisión Reguladora de Energía con cualquier financiador que lo solicite, donde debe determinarse el servicio de cobranza al usuario final y que en caso de mora el suministrador de electricidad o distribuidor de gas natural no se responsabilizará de los montos por cobrar, aunque para efectos de suspensión del servicio, el pago de dichos créditos puede estar ligado al pago de suministro eléctrico o gas natural (artículo 59 y 61).

Cuando se trata de usuarios domésticos, los convenios tipo deberán ser autorizados por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mientras que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) determinará aquellas tecnologías económicamente viables y energéticamente eficientes susceptibles de financiamiento (artículo 59).

Actualmente está vigente el Fideicomiso que opera el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, el cual apoya proyectos de energías renovables y limpias para usuarios finales de energía eléctrica, según lo establecen sus reglas de operación.7

Cabe destacar que la propuesta del Bono Solar ha recibido el apoyo de la Asociación Nacional de Energía Solar, Asociación Mexicana de Fabricantes de Equipos Fotovoltaicos y la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias para implementar el mecanismo conocido como Bono Solar, con el objetivo de impulsar el uso de energías limpias y reducir gradualmente las tarifas eléctricas para los usuarios residenciales.

Notas

1 La definición tan amplia de energías limpias permitió que, al momento de la publicación de la LTE, en diciembre de 2015, México ya tuviese cumplido casi el 20 por ciento de la cuota de energías limpias, en virtud de las grandes hidroeléctricas existentes y al funcionamiento de la planta nuclear de Laguna Verde. Para cumplir la meta, sólo falta un 15 por ciento de generación de energía limpia adicional, misma que puede cubrirse con energía solar y eólica resultantes de las subastas de largo plazo convocadas por la Comisión Federal de Energía (CFE). Véase Chacón Anaya, Daniel, “Principales obstáculos para el desarrollo de las energías renovables en México”, en Puentes, Vol. 19, No. 6, México, agosto de 2018, p. 2.

2 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/mitigacion-al-cambio-clim atico-91062, consultado el 31 de agosto de 2018.

3 Chacón Anaya, Daniel, obra citada, pp. 3-4.

4 La generación distribuida es la electricidad que pueden producir los ciudadanos, es decir, se trata de una forma de democratizar la energía y de trasladar los beneficios del avance tecnológico a los usuarios domésticos.

5 Iniciativa Climática de México, AC, Descripción conceptual del programa Bono Solar, México, 2018.

6 Idem.

7 https://www.gob.mx/sener/articulos/el-fondo-para-la-transicion-energeti ca-y-el-aprovechamiento-sustentable-de-la-energia-es-un-instrumento-de- politica-publica-de-la-secretaria

Dado en el salón de sesiones, a 18 de septiembre de 2018.

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se congratula por la apertura de sesiones de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Reforma Política de la Ciudad de México representó un hecho histórico para la capital del país; no sólo porque se cambió la denominación de Distrito Federal por el de Ciudad de México, sino también porque se otorgó un nuevo estatus constitucional que amplió los derechos de sus habitantes.

Al respecto, el 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México.

La Constitución Política de la Ciudad de México se publicó el 5 de febrero de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Entre sus principales aspectos destaca una nueva integración administrativa y política, así como la ampliación de derechos para sus ciudadanos.

Se estableció que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México, el cual se integrará por 66 diputaciones, 33 electas según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 33 según el principio de representación proporcional.

El 17 de septiembre de 2018 comienza una nueva etapa en la vida política de la Ciudad de México con la instalación de la I Legislatura del Congreso y la entrada en vigor de su Constitución Política.

En el Grupo Parlamentario del PRI nos congratulamos por este acontecimiento histórico en la vida institucional de la capital del país.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se congratula por la apertura de sesiones de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y expresa su amplia disposición para trabajar conjuntamente en un marco de pleno respeto al federalismo y a la colaboración entre poderes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Sonora a no usar el instrumento legal que podría modificar las decisiones del Poder Legislativo estatal en los procesos de aprobación de los próximos presupuestos locales, a cargo de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Gabriela Guevara Espinoza, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 79 numeral 2, fracción III y VI; 113 y 139 fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la gobernadora constitucional del estado de Sonora, licenciada Claudia Pavlovich Arellano, a considerar liberar los procesos de aprobación de los presupuestos venideros del estado de Sonora, del uso del instrumento legal que podría modificar las decisiones del poder legislativo estatal y enfrentar al Poder Legislativo del estado de Sonora a una acción de inconstitucionalidad dadas las facultades de veto que otorgó el Congreso de Sonora al Poder Ejecutivo del estado de Sonora en cuanto al presupuesto estatal, por ser contrarias a diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que contravienen disposiciones de la Constitución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Por todos es conocido que, en el estado de Sonora, el día 16 de julio, los medios de comunicación anunciaban que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso de Sonora aprobó en lo general la iniciativa presentada por la Gobernadora de Sonora asociada al Secretario de Gobierno que reforma, deroga y modifica diversas disposiciones de la Constitución del estado de Sonora. Se dijo que en esa iniciativa venía contemplada la figura del veto otorgada al ejecutivo estatal y la eliminación del fuero para servidores públicos. La finalidad, se arguyó, sería establecer mecanismos de control a nivel local que permitan preservar la supremacía de la Constitución del estado, dar mayor certeza al principio de división de poderes de estado mediante diversos mecanismos que fortalezcan la autonomía constitucional de dichos poderes y lograr una verdadera armonía y equilibrio entre las fuerzas gubernamentales, para tener orden y colaboración en el ejercicio gubernamental en beneficio de la sociedad.

2. En seguimiento días después, el Congreso de Sonora aprobó las reformas a la Constitución del estado, entre ellas la del veto, lo cual permitirá a la gobernadora, Claudia Pavlovich, oponerse a las leyes y decretos que el legislativo local envíe para su promulgación. Incluso, para que la próxima legislatura, se difundió, no pueda modificar esta reforma, se aprobó que para hacer alguna alteración dos terceras partes de los cabildos de la entidad tendrán que aprobarlo, cuando antes sólo se requería la mitad más uno. La iniciativa no fue la original, en las modificaciones destaca que la gobernadora tendrá la facultad de reasignar los recursos del presupuesto de Ingresos y Egresos. La oposición aseguró que esto era un golpe legislativo, ya que para la aprobación no se consultó a nadie, como aseguró el congreso días antes.

3. Poco después la gobernadora Pavlovich dio a conocer que en atención a las inquietudes ciudadanas generadas por la iniciativa de reforma que le daría facultad de veto y municipalización del transporte de Sonora, les pedía a los legisladores ampliar el tiempo de reflexión y consenso antes de su aprobación.

4. El día 13 de agosto del presente se anunció finalmente que 57 ayuntamientos, de 72, aprobaron la Ley 288 que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del estado de Sonora, otorgándole nuevas facultades a la gobernadora, entre las que destaca que podrá inconformarse con el presupuesto que apruebe el Poder Legislativo. Ante ello, los legisladores que conforman la Diputación Permanente del Congreso local, aprobaron en sesión ordinaria el acuerdo mediante el cual se envía a publicar la ley reformada en el Boletín Oficial del Estado, en virtud de que fue avalada por una mayoría de cabildos.

5. Ante ello, una de las reacciones pertinentes y a considerar, la de La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, futura titular de la Secretaría de Gobernación, quien dijo que se harán valer las acciones necesarias para revisar la constitucionalidad de la facultad de veto que otorgó el Congreso de Sonora a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en cuanto al presupuesto estatal. Suscribió: “Lo aprobado por el Congreso de Sonora pretende regular materias que escapan de su competencia, son contrarios a diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y contravienen disposiciones de la Constitución. Dado lo anterior, se harán valer las acciones necesarias para revisar su constitucionalidad, advirtió Sánchez Cordero tanto en un comunicado como en Twitter.

6. Uno de los problemas de fondo en este caso es la consideración de la naturaleza de la legitimidad. Entramos de lleno al debate de legalidad y legitimidad. La decisión de aprobar una mecánica de veto al presupuesto y restar poderes al poder legislativo entrante, lesiona al proceso de legitimidad que se ha detonado en el estado de Sonora. Decidir intervenir en ese proceso generará irritabilidad social e inestabilidad política. La cuestión de la aprobación final del presupuesto por parte del congreso de Sonora toca varios puntos, algunos de los cuales tienen que ver con los derechos humanos. El poder legislativo tiene la responsabilidad de dotar a los procesos presupuestales de un carácter articulado a la progresividad de los derechos humanos. Para ello fue pensado así. La decisión de amagar con vetos ejecutivos a los resolutivos del poder legislativo ya es una postura contraria a los procesos democráticos y jurídicos tal como lo expresó la ex ministra Olga Cordero. Además, con el inminente arribo del nuevo gobierno federal este tema se procesará como una presunción de inconstitucionalidad lo que propiciará conflictos y frenos a los procesos financieros, presupuestales, políticos y sociales de Sonora. Por lo que se conminará a que pese a la aprobación ilegítima de la iniciativa que anuncia posibles vetos, se deponga la intención de intervenir en las legítimas aprobaciones del poder legislativo sonorense, el cual fue configurado por la decisión ciudadana y que entrará en funciones el 16 de septiembre del actual.

Por lo anterior someto a consideración del pleno de la honorable, Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la gobernadora Constitucional del estado de Sonora, licenciada Claudia Arellano Pavlovich, a considerar liberar los procesos de aprobación de los presupuestos venideros del estado de Sonora, del uso del instrumento legal que podría modificar las decisiones del poder legislativo estatal y enfrentar al Poder Legislativo del estado de Sonora a una acción de inconstitucionalidad dadas las facultades de veto que otorgó el Congreso de Sonora a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en cuanto al presupuesto estatal, por ser contrarias a diversos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que contravienen disposiciones de la Constitución.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputada Ana Gabriela Espinoza Guevara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Conasami a fijar a escala nacional, a partir de enero de 2019, un salario mínimo de 176.72 pesos para garantizar a todos los trabajadores del país y sus familias una vida digna, a cargo del diputado Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Ricardo Gallardo Cardona, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con base en las siguientes

Consideraciones

De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario mínimo es “la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un período determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual”.

Sobre el particular, cabe destacar el numeral 90 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo.

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 123, apartado A, fracción VI, que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, siendo que por lo que ve a los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.

Además de nuestro marco nacional, México ha suscrito instrumentos internacionales en la materia que señalan que “toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social” (Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23, numeral 3). El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, que le aseguren en especial una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores, condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias.

Pese a lo señalado, el estudio denominado La pobreza persistente en México, realizado por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) concluyó que el salario mínimo general actual en México, de ninguna manera es suficiente.

El salario mínimo general diario en nuestro país está estipulado en 88.36 pesos; es decir, 2 mil 686.14 pesos mensuales, lo que significa que nuestro salario mínimo es uno de los más bajos en Latinoamérica. Según la Comisión Económica para América Latina, México es el único país en la región en donde el salario real mantiene a los trabajadores en un estado permanente de pobreza y no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una persona media, esto resulta alarmante y se contrapone a nuestros marcos normativos.

En el tenor de lo expuesto, debe señalarse que durante los primeros días del mes de septiembre del año en curso, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión con los gobernadores fronterizos, tras la cual se anunció el aumento al salario mínimo al doble en la frontera para quedar en 176.72 pesos, así como la reducción del impuesto sobre la renta (ISR) al 20 por ciento y del impuesto al valor agregado (IVA) al 8 por ciento, a partir del 1 de enero del 2019.

El anuncio hecho por los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral; de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; de Sonora, Claudia Pavlovich; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca; y de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, beneficiará a la planta trabajadora de 44 municipios de la frontera norte.

Como Grupo Parlamentario del PRD, saludamos el acuerdo entre el presidente electo y los gobernadores fronterizos; sin embargo, hay algunas consideraciones que este anuncio parece no haber tomado en cuenta.

De acuerdo a información oficial y académica, los estados del país más rezagados y con mayores índices de pobreza y desigualdad, son los del sur. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, reportó en 2017 “3 millones 961 personas en situación de pobreza en Chiapas; 2 millones 662 de en Oaxaca; y 2 millones 615 en Guerrero”.

Por su parte, Cosmin Gabriel Bolea, investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del oeste de Rumania y profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de México (UNAM), señaló que “[l]os primeros diez estados que reciben más del 70 por ciento de la Inversión Extranjera Directa son del centro y centro-norte. Los últimos diez estados son del sur o sureste y tienen solo el 6 por ciento de esa inversión”.

Además, “la tasa de crecimiento económico en la mayor parte de los estados del Bajío y norte de México ha llegado, en los últimos años, a medias de entre 4.0 y 5.0 por ciento, mientras que las entidades más rezagadas apenas lo han hecho entre cero y 1.0 por ciento anualmente”.1 En este punto, se debe señalar también que los niveles de pobreza y pobreza extrema son mucho mayores en el sur que en el centro y centro norte del país. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz y Michoacán son los estados con mayor porcentaje de pobres.

En este sentido, nos preocupa que el aumento al 100 por ciento del salario mínimo y la reducción de impuestos se aplique solo en el norte, y no se tome en cuenta la realidad del sur de nuestro país.

Hace un mes, Gerardo Esquivel, propuesto como futuro subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció que la próxima administración propondrá para el resto del país, un aumento del 14.3 por ciento al salario mínimo para ubicarlo en $101 en el 2019, proyectando un salario mínimo de $176.6 al final del sexenio. No obstante, la medida debe ser igualitaria para todo el país, sin diferencias que respondan a intereses políticos sino que respondan a las necesidades de la sociedad mexicana.

Resultaría poco saludable para la República que se siga aumentando la desigualdad salarial entre el norte y el sur. De insistirse con dicha desigualdad, seguirá aumentando la migración hacia el norte. Por ello, un aumento salarial del 100 por ciento sin inflación a nivel nacional es lo que México necesita.

Los legisladores del PRD, impulsaremos que no se siga promoviendo la desigualdad entre las regiones, que no se discrimine al sur, y que no se actúe como si existieran trabajadores de primera clase y trabajadores de segunda clase. Al mismo tiempo, proponemos nuestra solidaridad para unificar acciones en favor de un acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales para aumentar el salario mínimo a 176.72 pesos para el 2019, y para que no se abuse incrementando los precios de las mercancías.

Un incremento del 100 por ciento al salario mínimo, es un primer paso para derrotar a la pobreza. Esta política beneficiaría a 29 millones de trabajadores que viven en la precariedad salarial, ya que el salario y el empleo dignos son las únicas medidas que podrán sacar a la gente de su pobreza. Como legisladores, no debemos permitir desigualdades y debemos impulsar un aumento sustantivo para todas las mexicanas y los mexicanos. Por ello, el PRD propone un salario mínimo de 176.72 pesos a nivel nacional, y le pide al presidente electo que honre la palabra, pues como decía: por el bien de México, primero los pobres.

Esta propuesta cobra gran relevancia, si tomamos en consideración que la suficiencia del salario mínimo, es un elemento de vida para los mexicanos y que contribuye al ejercicio de la igualdad entre trabajadoras y trabajadores, a la protección de la niñez, y para la ciudadanía en general.

Garantizar un buen nivel de vida para todas las familias mexicanas es una premisa urgente, y hoy nos encontramos en un momento de poder hacer realidad este derecho, el aproximado de ocho pesos de incremento al salario no han sido suficientes y resultan ofensivos para la clase trabajadora que sustenta al país.

El gobierno federal, los empresarios y las autoridades correspondientes deben comprometerse a garantizar un salario digno que cumpla las necesidades de todas las personas. No podemos negar este derecho a los mexicanos.

De igual forma, no podemos olvidar que en los pasados comicios electorales, la promesa de un cambio radical a los problemas que aquejaban al país motivó a la ciudadanía a tomar una decisión, hoy esas personas electas no pueden fallarle a la gente. Acabemos con la injusticia salarial en México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para que conforme a sus atribuciones establezca las bases y elementos para fijar un salario mínimo de 176.72 pesos a nivel nacional a partir de enero de 2019, que pueda garantizar una vida digna para todas las trabajadoras y trabajadores del país y de sus familias.

Notas

1 Olvera, D. “Estados del sur seguirán pobres: Gobierno y privados les invierten cada vez menos capital, alertan”. Consultado en línea el 17 de septiembre del año en curso en http://www.sinembargo.mx/05-03-2017/3162331

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputado Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura a considerar que un legislador sin partido presida en ésta la Comisión de Participación Ciudadana, a cargo del diputado Carlos Alberto Morales Vázquez

El que suscribe, Carlos Alberto Morales Vázquez, diputado de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1 fracción I, y 79, numerales 1 y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputado, me permito presentar a consideración de esta soberanía la propuesta con punto de acuerdo al tenor de las siguientes.

Consideraciones

El pasado 1 de julio México cambió, decidió por una segunda alternancia en el Poder Ejecutivo y Legislativo, asimismo en algunas gubernaturas; hoy nos toca vivir una nueva etapa en la administración púbica, por ello arribo a la más alta tribuna de la nación, para expresar libre y ciudadanamente ante este pleno la exigencia que no debe de haber ciudadanos de primera ni de segunda, legisladores de primera ni de segunda, muchos menos con privilegios.

El derecho humano de participación política no se puede restringir por los criterios de discriminación política y tampoco por imposición de mayoría partidaria, ya que la participación ciudadana es un conjunto de mecanismos para que la población acceda a las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o algún partido político.

Como legisladores sin partido, así como lo han manifestado las y los diputados de Morena; queremos justicia y equidad. Pertenecer o no a un partido político es una decisión propia, es una convicción de vida, es una decisión consultada y acordada con nuestros representados, venimos a dar voz a las organizaciones, a las iniciativas ciudadanas organizadas o no, y también a las y los ciudadanos que no se siente representadas por partidos políticos, venimos a dar la batalla desde el corazón de la política mexicana para legislar por el desarrollo de los pueblos.

En la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Capítulo Tercero, de los Grupos Parlamentarios, en ninguno de sus artículos del 26 al 30, contempla la forma de representación, participación o apoyos que recibirán los legisladores “sin partido” o “independientes”, no existen reglas claras al respecto. Sin embargo; el artículo 30, fracción I, dice: Los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un grupo parlamentario sin integrarse a otro existente, serán considerados como diputados sin partido, debiéndoseles guardar las mismas consideraciones que a todos los legisladores . Por lo tanto, no debe limitarse nuestros derechos, es decir; que no condiciona a pertenecer a un grupo parlamentario para tener participación y condición plena de legislador en presidir o integrar cualquier comisión, así como los órganos legislativos de esta soberanía.

Con relación a este capítulo, nosotros los legisladores sin partido nos vemos excluidos de representación alguna para exponer nuestras necesidades, iniciativas y posicionamientos de manera plena ante todas las instancias y órganos que conforman esta soberanía; es por ello que exponemos nuestros motivos de inconformidad y extrañamiento ante lo que estamos padeciendo nosotros los legisladores que no pertenecemos a partido alguno.

Todos representamos una parte de la sociedad mexicana, tenemos derecho a opinar y expresar nuestras ideas y planteamientos sin distingo de nivel socioeconómico, edad, religión, género o ideología; deben ser respetadas en el marco de la libertad que gozamos por el hecho de ser mexicanos. Esto no se trata de números y partidos, se trata de una representación política, donde exigimos los mismos derechos y apoyos que tiene los legisladores con partidos, nosotros somos la voz de mucha ciudadanía que no se siente representada en ellos, que no se intente silenciar, limitar o acorralar la libertad y los derechos, porque existe la fuerza de la justicia, la verdad y de la razón.

Hemos luchado por no volver al pasado, por un cambio de régimen que privilegie a todas las expresiones políticas, aquí están representadas todas las fuerza políticas y ciudadanas, darle paso entonces a la pluralidad política y representación plural. Vamos por la austeridad, pero también vamos por los derechos, la transparencia y la inclusión; Que en esta LXIV legislatura se caracterice por ser una legislatura incluyente y respetuosa de derechos de las mayorías y minorías. Estamos cansados de un sistema represor, aplastante, arcaico, corrupto y antidemocrático.

Existen antecedentes de participación activa de legisladores sin partido o independientes para darle más pluralidad y representación a las actividades legislativas, por ello proponemos que los legisladores comprometidos con la ciudadanía representen plenamente las libertades y los derechos de los ciudadanos mexicanos.

La Comisión de Participación Ciudadana inscribe en el marco de la construcción de una democracia participativa, deliberativa y ciudadana construyendo consensos hacia el fortalecimiento del poder público y la sociedad civil, la participación ciudadana es una pieza fundamental del sistema democrático que promueve la construcción de una sociedad activa que ayudará a impulsar todos los aspectos de la vida social, cultural, política o económica.

Por lo expuesto anteriormente, elevo a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición.

Punto de Acuerdo

Único. Respetuosamente proponer a la Junta de Coordinación Política de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, que sea un legislador sin partido quien presida la Comisión de Participación Ciudadana de la presente Legislatura.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputado Carlos Alberto Morales Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Morelos a considerar la realización de acciones en materia de gestión integral de riesgos en beneficio de la población, ante la eventualidad de un sismo, a cargo de la diputada Juanita Guerra Mena, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6o., numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente al gobierno del estado de Morelos a considerar la realización de diversas acciones en materia de gestión integral de riesgos en beneficio de la población ante la eventualidad de un sismo en la localidad, con base en las siguientes

Consideraciones

México se encuentra situado en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, en un área conocida como el Cinturón Circumpacífico o Cinturón de Fuego, que rodea casi totalmente el Pacífico, se extiende a lo largo de las costas de América del Sur, México y California hasta Alaska, continúa por las islas Aleutianas y se dirige hacia el sur a través de Japón y las Indias orientales. En esta zona se concentra la mayor actividad sísmica del planeta, libera entre 80 y 90 por ciento de la energía sísmica anual de la Tierra.1

La alta sismisidad en nuestro país se debe a la interacción entre las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe, además de fallas locales que corren a lo largo de varios estados de la república.

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son las entidades consideradas con mayor sismicidad del país, debido a la interacción de las placas oceánicas de Cocos y Rivera que subducen con las de Norteamérica y del Caribe sobre la costa del Pacífico ubicadas frente a estos estados, siendo afectados por la misma acción Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, Sonora, Baja California, Baja California Sur y la Ciudad de México.2

De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM), con fines de diseño antisísmico, la República Mexicana se dividió en cuatro zonas sísmicas:

• La zona A , es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10 por ciento de la aceleración de la gravedad a causa de temblores.

• Las zonas B y C , son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleración pero que no sobrepasan el 70 por ciento de la aceleración del suelo.

• La zona D , es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden sobrepasar el 70 por ciento de la aceleración de la gravedad.

Según información del SGM, otra clasificación se hace por regiones sísmicas, penisísmicas y asísmicas:

• Zonas sísmicas , están localizadas al sur y suroeste de la República, abarca los estados de México, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, sur de Veracruz, Chiapas, Jalisco, Puebla y Ciudad de México.

• Zonas Penisísmicas , abarcan la Sierra Madre Occidental, las llanuras de Sonora, Sinaloa, Nayarit y la región transversal que va del sur de Durango al centro de Veracruz.

• Zonas asísimicas , situadas en la parte norte y noreste del país, en casi toda la península de Baja California y en la península de Yucatán.

Derivado de la clasificación anterior y a las condiciones del subsuelo del Valle de México, con el fin de mitigar los desastres sísmicos que padece la Ciudad de México, “en 1986 la fundación Javier Barros Sierra auspició la creación del centro de instrumentación y registro sísmico A.C. (CIRES) en el que con apoyo de la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México, se inició en 1990 el desarrollo y la operación del sistema de alerta sísmica (SAS)”,3 servicio público que se puso en marcha en 1993.

Asimismo, existen otros dispositivos electrónicos como Quake Alarm que detectan las ondas P, que preceden a las destructivas ondas S, uno de estos dispositivos se encuentra en funcionamiento para la Ciudad de México y el Valle de Toluca para la Brecha de Guerrero. En la capital de Oaxaca, opera el Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca (SASO).

El Sistema de Alerta Sísmica emite avisos anticipados de 60 segundos en el Valle de México cuando se confirma la ocurrencia de un sismo de gran magnitud en la costa de Guerrero, a decir de los expertos, tiempo suficiente para llevar a cabo medidas que reduzcan la posibilidad de que se genere un desastre considerable.

En ese sentido, y de acuerdo con información del SGM, la experiencia ha demostrado que la combinación de programas de información, la práctica de simulacros y una señal de alerta emitida oportunamente, pueden ayudar a reducir nuevos desastres sísmicos en la Ciudad de México, y seguramente de aplicarse, se reducirían en otras entidades del país.

En la víspera del 32 aniversario de los sismos de 19 y 20 de septiembre de 1985, el día 7 de septiembre de 2017, México padeció nuevamente los embates de un movimiento telúrico de magnitud 8.3, con epicentro a 133 km al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, ocasionado derrumbes y pérdidas humanas principalmente en ese estado y en Oaxaca.

Doce días después, el 19 de septiembre del mismo año, según datos del Servicio Sismológico Nacional, cerca de las 13:14 horas, se registró un sismo de magnitud de 7.1 en los límites de los estados de Puebla y Morelos, con epicentro a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos, dejando a su paso destrucción y pérdidas humanas en 6 entidades federativas (Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero y Oaxaca).

De acuerdo con cifras oficiales de la Coordinación Nacional de Protección Civil, hubo un total de 369 personas fallecidas como consecuencia del fenómeno natural, 228 personas corresponden a la Ciudad de México; 74 a Morelos; 45 a Puebla; 15 al Estado de México; 6 en Guerrero y uno en Oaxaca.4 Estos sismos son considerados como los últimos más destructivos en la historia del país.

Uno de los estados más afectados fue Morelos, estado en el cual la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró emergencia extraordinaria para los 33 municipios de la entidad, siendo Jojutla el que más daños reportó; entre los más afectados se encuentran Cuernavaca, Tetecala, Miacatlán, Yecapixtla, Jiutepec, Cuautra, Xochitepec, Axochiapan, Yautepec, Tlayacapan y Zacatepec.

Morelos también fue la entidad con más daños graves en sus inmuebles patrimoniales, de acuerdo con Isabel Campos Geonaga, Directora del Centro INAH Morelos, a la fecha se han recuperado 40 inmuebles patrimoniales, en su mayoría capillas, las cuales presentaban daños menores, sin afectación estructural; 90 edificaciones históricas en las cuales se realizan trabajos de recuperación; entre otros.5

En materia educativa, de acuerdo con información del censo realizado por el Gobierno de Morelos en conjunto con la Secretaría de Educación Pública se reportaron 186 planteles educativos con daños totales o parciales en su infraestructura. Así como infraestructura carretera colapsada, como el puente vehicular ubicado en la Autopista del Sol, en el sentido norte- sur, y el puente que cruza sobre el Río Apatlaco que se partió prácticamente a la mitad.

Cabe señalar que el estado de Morelos no cuenta con una red acelerográfica y un sistema de alerta sísmica, por lo que se imposibilita la evacuación oportuna por parte de la población a fin de minimizar el daño que pueden ocasionar las ondas sísmicas.

En el caso particular de la Ciudad de México, hubo dos factores determinantes para que a diferencia del sismo del 7 de septiembre, el sismo del 19 de septiembre dejara grandes pérdidas tanto económicas como humanas. El primer factor se encuentra directamente relacionado con el Sistema de Alerta Sísmica. El día 7 de septiembre de 2017, de acuerdo con el reporte oficial del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, AC (Cires), el organismo responsable de la alerta sísmica en México, los habitantes de la Ciudad de México tuvieron 124 segundos de alerta antes de que se sintiera el temblor, tiempo suficiente para que los capitalinos pudieran evacuar; no así, en el sismo del 19 de septiembre del mismo año, día en el que la alerta sísmica sonó segundos después de que comenzara el movimiento telúrico, quitándoles así, la posibilidad de evacuar a cientos de personas, entre ellas a las 228 que perdieron la vida.6

Se dice que la alerta sísmica no sonó antes del movimiento telúrico del 19 de septiembre porque tuvo epicentro en Morelos, a una distancia de tan sólo 120 kilómetros de la Ciudad de México y la alerta se activa cuando los sismos tienen un epicentro fuerte en Guerrero o en Oaxaca. Lo anterior tiene que ver con la colocación de los sensores sísmicos, el geógrafo de la UNAM, Agustín Tagle, lo explica de la siguiente manera: “Haz de cuenta que nosotros construimos nuestro escudo y lo pusimos en la costa de Guerrero, el problema es que el sismo del martes fue atrás del escudo, es decir que al mismo tiempo que nos llegó el sismo, también estaba llegando a las estaciones sismográficas y por eso se activaron hasta ese momento las alarmas, si hubiera sido del otro lado del escudo, no hubiéramos tenido problema, hubiera pasado lo del sismo que ocurrió el jueves 7 de septiembre, que nos dio bastante tiempo de salir a las calles...”7

El segundo factor que propicio mayor devastación el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México fue la corrupción entre las autoridades y los desarrolladores inmobiliarios, muchas muertes ocurrieron como consecuencia de construcciones mal hechas y falta de supervisión. Según cifras oficiales, fueron 38 inmuebles derrumbados por el S19, entre los cuales había edificios nuevos de menos de 15 años de antigüedad, siendo la delegación Cuauhtémoc y Benito Juárez, las más afectadas con 11 edificios colapsados cada una.

A tres meses del sismo, se contabilizaban 16 mil 630 edificios dañados: mil 015 en clasificación roja, es decir, en riesgo grave, con derrumbes o riesgo de colapso; cuatro mil 182 amarilla, que representan daños moderados y posible desalojamiento; y 13 mil 453 en verde, con afectaciones mínimas y son habitables.

Entre las causas de los 38 inmuebles derrumbados se encuentran las siguientes:8

• Sobrepeso: algunos edificios colapsados y dañados tenían anuncios espectaculares o antenas para retransmitir señal de telefonía móvil en las azoteas, lo cual está legalmente prohibido desde 2010 en la Ciudad de México. En su mayoría son aditamentos con peso de entre 5 y 20 toneladas, colocadas sobre construcciones que no fueron diseñadas para soportar ese volumen adicional.

• Remodelaciones: varios inmuebles dañados y derrumbados por el S19, tenían remodelaciones, en las cuales se utilizó material de baja calidad o no se respetaron los planos originales de edificación, incluso hay casos de edificios que fueron desahuciados por las autoridades porque tuvieron daños severos en el terremoto de 1985, pero nunca fueron demolidos, e incluso fueron remodelados agregándose hasta 4 pisos extra a su estructura original y posteriormente vendidos como edificios de lujo.

• Legalismos: falta de supervisión por parte de las autoridades.

Como podemos ver, en cada una de las causas se encuentra inmerso el tema de la corrupción.

La experiencia y la vulnerabilidad de la Ciudad de México ante uno de los sismos más devastadores de la historia de nuestro país, debe servir de ejemplo a otras entidades federativas para llevar a cabo las acciones correspondientes para prevenir y evitar en el futuro el mayor número de pérdidas tanto materiales como humanas.

Aunque Morelos no es considerada como una entidad con mayor sismicidad del país, el estado si se encuentra dentro de la clasificación de zonas sísmicas, junto con las 6 entidades consideradas con mayor sismicidad, catalogadas así por el Servicio Geológico Mexicano (SGM). No obstante, no cuenta con red acelerográfica y sistema de alerta sísmica, situación que pone en mayor vulnerabilidad a los morelenses. Asimismo, aunque algunos municipios tienen Atlas de Riesgos Naturales, estos no han sido elaborados por el estado ni por los municipios, y los apartados de sismicidad son escuetos y no aportan información valiosa que apoye la elaboración de los nuevos reglamentos de construcciones municipales.

A un año del devastador terremoto que dejo graves daños en el estado de Morelos, no se han llevado a cabo las acciones tendientes para crear las condiciones de prevención ante futuros sismos y los morelenses no se encuentren en una situación de potencial riesgo para sus vidas y las de sus familias.

Por ello, las y los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena, manifestamos nuestra preocupación por diseñar esquemas de colaboración desde el Congreso, a fin de que se implementen acciones de gestión integral de riesgos en los estados donde existe un alto grado de vulnerabilidad; en este sentido la promovente del presente punto de acuerdo, considera urgente que esta Cámara de Diputados tome cartas en el asunto y genere las condiciones para que desde los Gobiernos Locales se gestionen los recursos que en los próximos meses este órgano legislativo distribuirá en los instrumentos financieros correspondientes.

En ese sentido, sin pretender desarmonizar con el pacto federal, esta Cámara de Diputados y la promovente consideran oportuno que a un año de los sismos del 7 y 19 de septiembre del 2017, el Ejecutivo local del estado de Morelos considere, dentro de las previsiones presupuestales y financieras, la ejecución de acciones y políticas que permitan avanzar en la promoción y difusión de una cultura de gestión integral de riesgos en beneficio de los morelenses.

En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado se propone la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobernador del estado de Morelos a que entre las acciones de prevención de desastres en la entidad, considere la instalación y operación de una red acelerográfica y un sistema de alertamiento sísmico a la población, que dé cobertura a cada uno de los municipios que permitan monitorear el comportamiento del terreno, a fin de prevenir pérdidas humanas y materiales ante la eventualidad de un fenómeno sísmico, lo anterior en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil y los estudios que para esos efectos realice el Centro Nacional de Prevención de Desastres.

Segundo. La honorable Cámara de diputados exhorta al gobernador del estado de Morelos a que en las previsiones financieras para el Presupuesto de Egresos de la entidad para el ejercicio fiscal de 2019, considere destinar recursos suficientes para la constitución de un fondo o instrumento financiero conveniente, a efecto de contar con un mecanismo de aseguramiento de tipo catastrófico que permita brindar apoyo inmediato a los morelenses que hayan sufrido pérdidas materiales por un evento de esta naturaleza y que coadyuve a la promoción y difusión de una cultura de la prevención y salvaguarda del entorno, en términos de una verdadera gestión integral de riesgos.

Notas

1 https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Sismologia-d e-Mexico.html

2 https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Sismologia-d e-Mexico.html

3 https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Sismologia-d e-Mexico.html

4 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/04/1192536

5 http://inah.gob.mx/boletines/7289-restaura-inah-capillas-historicas-de- morelos-afectadas-por-el-sismo-del-19s

6 https://www.animalpolitico.com/2017/11/alerta-sismica-sensores-cdmx/

7 http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/por-que-la-alarma -no-sono-minutos-antes-del-sismo

8 https://www.animalpolitico.com/2017/10/las-razones-las-colapsaron-tanto s-edificios-ciudad-mexico-no-todas-terremoto/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputada Juanita Guerra Mena (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Coahuila de Zaragoza a realizar gestiones para atender y dar seguimiento y atención especial a la infraestructura y los habitantes de Monclova, Parras de la Fuente y General Cepeda, con riesgos materiales y humanos por el posible desbordamiento de la presa San Antonio, en Parras de la Fuente, tras las fuertes lluvias presentadas en la región, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo estatal de Coahuila de Zaragoza, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, a que realice las gestiones pertinentes para atender, dar seguimiento y atención especial a la infraestructura y habitantes de los municipios de Monclova, Parras de la Fuente y General Cepeda, los cuales presentan riesgos materiales y humanos por el posible desbordamiento de la presa San Antonio ubicada en el municipio de Parras de la Fuente, como consecuencia de las potentes lluvias que se ha presentado en la región, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Derivado de la fuerte presencia de lluvia que se ha registrado en estos días sobre un amplio margen del territorio mexicano, en el estado de Coahuila de Zaragoza, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, el día diez (10) del presente mes, emitió una declaratoria de emergencia para los municipios de Acuña y Torreón derivado de la severa lluvia presentada en ambas localidades del estado el pasado día siete (7) de septiembre.

Ante este panorama, durante los primeros minutos del día once (11) de septiembre, pobladores de las comunidades Jalpa, Benecio López y Pilar de Richardson, en el municipio de General Cepeda, así como, Las Pequeñas de Santa María, Sacramento, Agualfa, Los Ángeles, La Granja y San Antonio, todas estas del municipio de Parras de la Fuente, se vieron en riesgo, derivado del latente desbordamiento de la presa de San Antonio ubicada en el último municipio en mención.

Frente a esta problemática de índole natural, y con un riesgo latente alrededor de 2 mil 500 coahuilenses de estos municipios solicitamos al gobernador del estado de Coahuila de Zaragoza, Miguel Ángel Riquelme Solís, que lleve a bien la gestión de incluir a estos municipios en la ya citada declaratoria de emergencia, esto con la finalidad de garantizar las condiciones necesarias a través de las diversas acciones para apoyar ante estas inclemencias.

De esta manera hacemos un atento llamado a las autoridades competentes a mantener la atención necesaria sobre estos municipios ante el riesgo que impera por la región sureste del estado, en beneficio y por el interés propio de los pobladores de Parras de la Fuente y General Cepeda.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo estatal de Coahuila de Zaragoza, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, a que realice las gestiones pertinentes para atender, dar seguimiento y atención especial a la infraestructura y habitantes de los municipios de Monclova, Parras de la Fuente y General Cepeda, los cuales presentan riesgos materiales y humanos por el posible desbordamiento de la presa San Antonio ubicada en el municipio de Parras de la Fuente, como consecuencia de las potentes lluvias que se ha presentado en la región.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de la Federación a actuar con mayor diligencia y celeridad en los casos donde se diriman los derechos de niños y adolescentes, en especial los relacionados con la guarda y custodia, como el caso de los hijos de la señora Mayte López García, a cargo de la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña , integrante del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En semanas recientes, se ha dado a conocer el caso de la señora Mayte López García, quien denunció ante las autoridades ser víctima de violencia intrafamiliar por parte de su ex esposo, Noé Castañón Ramírez, quien el 22 de septiembre de 2016, a las 7:04 de la mañana, llegó con un comando de 10 personas al domicilio en la Ciudad de México, donde habitaba la señora con sus tres hijos, ingresaron por la fuerza y le arrebataron a sus hijos de 3, 5 y 7 años de edad, evitando desde esa fecha que la madre de los niños tenga convivencia o contacto con ellos.

Mayte López acudió ante las autoridades judiciales de la Ciudad de México a fin de que a través de su intervención se evitara la continuación de las arbitrariedades y el uso de la fuerza por parte de su ex pareja, sin embargo, la actuación de las autoridades jurisdiccionales en materia familiar de la Ciudad de México se ha visto retrasada porque la defensa del señor Castañón Ramírez ha interpuesto diversos juicios de amparo en Ciudad de México y en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, la dilación en la resolución de estos juicios ha impedido que la señora Mayte pueda reencontrarse con sus hijos1 y ha impedido el ejercicio de los derechos también de los menores.

La señora Mayte López ha denunciado públicamente que Noé Castañón Ramírez ha utilizado su poder político y económico para retrasar los juicios y evitar que las denuncias que ha presentado contra él por violencia familiar y otros delitos, prosperen en el ámbito penal.

Noé Castañón es actualmente senador electo, por ello un grupo de senadoras y senadores lo exhortaron para que no rindiera protesta como senador y esperara a que se resuelva su situación jurídica, ya que el fuero fue pensado como una inmunidad para proteger nuestra labor legislativa, no para gozar de impunidad y utilizarlo para evadir responsabilidades personales.

Asimismo, se exhortó a la Mesa Directiva del Senado de la República, presidida por el senador Martí Batres Guadarrama, para que no le tomara protesta, precisamente para evitar que el fuero se convierta en una herramienta para evadir responsabilidades legales y se extienda para salvaguardar intereses personales, y porque desde el Poder legislativo se debe asumir la obligación de brindar las facilidades necesarias a las autoridades competentes para que continúen con las investigaciones y deslinden responsabilidades, respetando la presunción de inocencia, pero ponderando el interés superior de la niñez y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el interés superior del niño, niña o adolescente es un principio de rango constitucional implícito en la regulación de los derechos de las personas menores de 18 años previstos en el artículo 4o. constitucional.2 En el ámbito jurisdiccional, interés superior del niño, niña o adolescente es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño, niña o adolescente en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de alguna persona menor de 18 años.3

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado respecto del interés superior del niño, en los casos de guarda y custodia , implica que se debe hacer a partir de la evaluación de los comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según el caso, los daños o riesgos reales, probados y no especulativos o imaginarios, en el bienestar del niño.4

En ese sentido, el Tribunal Interamericano ha sostenido que en vista de la importancia de los intereses en cuestión, los procedimientos administrativos y judiciales que conciernen la protección de los derechos humanos de personas menores de edad, particularmente aquellos procesos judiciales relacionados con la adopción, la guarda y la custodia de niños y niñas que se encuentra en su primera infancia, deben ser manejados con una diligencia y celeridad excepcionales por parte de las autoridades .5

El retardo en la resolución de los juicios de amparo interpuestos por la defensa de Castañón ha contribuido a mantener una situación arbitraria que se ha vuelto perjudicial para los intereses de los niños, ya que se les ha privado el derecho de convivir con su madre, afectando no solo la convivencia familiar sino además el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. La dilación en los procedimientos jurisdiccionales en particular en el ámbito federal ha constituido un hecho perjudicial contrario al interés superior de los niños y su prolongación en el tiempo solo provoca mayores afectaciones a los derechos de los infantes y de la propia madre de éstos.

De acuerdo con organizaciones especialistas en el tema como el Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, AC, Vereda Themis, Defensa Jurídica y Educación para Mujeres, AC, y el Centro de Apoyo a la Mujer “Margarita Magón”, AC, los juicios de guarda en México suelen prolongarse de cuatro a siete años, y cuando están involucrados personajes con poder político y ecónomico suelen ser utilizados como una forma más de violencia contra las mujeres, las madres se enfrentan en condiciones de desigualdad y prácticamente están condenadas a no convivir con sus hijas e hijos durante la primera infancia. Es decir, el caso de Mayte López García y sus hijos evidencia toda una práctica en México.

Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Poder Judicial de la Federación a establecer mecanismos que le permitan actuar con mayor diligencia y celeridad en aquellos casos donde se dirima la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizar el interés superior de la niñez.

Segundo. Se revise el caso de los hijos de la señora Mayte López García a fin de verificar que no exista ningún interés ajeno a la justicia involucrado en el retardo de la resolución de los juicios de amparo.

Notas

1 Se presentó un juicio de amparo el 23 de marzo de 2017 el cual fue sobreseído y actualmente se encuentra recurrido a través del amparo en revisión 80/2018 presentado en febrero de 2018. Este juicio fue motivado por la cancelación de medidas de seguridad que había solicitado Noé Castañón Ramírez en contra de Mayte López García.

El otro juicio de amparo indirecto presentado el 6 de octubre de 2016, se tramito ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, bajo el número de expediente 972/2016, juzgador que decreto la suspensión tanto provisional como definitiva del acto reclamado para el efecto de que no se llevara a cabo la plática con los menores hasta en tanto no se resolviera en definitiva el juicio de amparo. Este juicio, después de una revisión y diversos retrasos, fue resuelto en el mes de agosto pasado. Es decir, casi dos años después.

2 Tesis aislada: 1a. XIVii/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXiii, abril de 2011, p. 310. Registro ius: 162354.

3 Tesis aislada: 1a. XV/2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, XXXiii, febrero de 2011, p. 616. Registro ius: 162807.

4 Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 109.

5 Cfr. Asunto L.M. Medidas Provisionales respecto de Paraguay. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de julio de 2011, Considerando 16.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de septiembre de 2018.

Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP a desarrollar un programa urgente para atender a los estudiantes que no han comenzado el ciclo escolar 2018-2019 por los daños presentes en los planteles educativos desde los sismos de septiembre de 2017, suscrita por los diputados Sergio Mayer Bretón e Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, Sergio Mayer Bretón e Irineo Molina Espinoza, diputados federales de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a desarrollar un programa urgente para la atención de los estudiantes que no han comenzado el ciclo escolar 2018-2019, debido a los daños que presentan los planteles educativos desde los sismos de septiembre de 2017, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación pública es un pilar fundamental para el desarrollo de los mexicanos en lo individual pero también para el desarrollo del país y el impulso de la competitividad, por esta razón en México es obligación del Estado permitirles a todos los mexicanos tener acceso a una educación de calidad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 3o. que:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos...

La Ley General de Educación en sus artículos 2o. y 3o. establece que:

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.”

Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley.

De conformidad con los artículos citados es obligación del Estado impartir educación garantizando la calidad, con la finalidad de que los alumnos tengan la oportunidad de aprender con los mejores recursos y las técnicas adecuadas.

Es necesario que el Estado mexicano cumpla con su obligación y realice las labores necesarias en todo momento para permitir que los mexicanos tengan acceso a una educación gratuita, de calidad y en buenas condiciones.

Ahora bien, tras los sismos de septiembre de 2017, 17 mil 848 planteles educativos sufrieron daños estructurales, y aun cuando el gobierno reporta que la labor de reparación y reconstrucción ha superado el 70 por ciento en todas las entidades federativas, algunos planteles educativos en la Ciudad de México y en los estados de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo y la Ciudad de México continúan con daños y muchos alumnos no pudieron iniciar el ciclo escolar 2018-2019 por este motivo.

Según el gobierno federal, para los trabajos de reconstrucción del sector educativo se aportaron 19 mil 124 millones de pesos, de los cuales 10 mil 893 millones correspondieron al Fondo para la Atención de Desastres y del Apoyo Parcial Inmediato, a través del Programa Escuelas al 100 se destinaron 6 mil 731 millones de pesos, del Programa de Reforma Educativa correspondieron 700 millones de pesos para daños menores y el Seguro de Atención de Daños aportó mil 800 millones de pesos.

Sin embargo, existen aún escuelas que no han sido reparadas o que se demolieron y no se ha iniciado la reconstrucción.

El programa de reconstrucción establece que para el 20 de agosto, el 98 por ciento de la plantilla de estudiantes que están inscritos en escuelas que sufrieron daños durante los sismos regresarían a sus escuelas de origen, pero lamentablemente esto no ha ocurrido así.

El entonces secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, en noviembre de 2017 aseguró que todas las escuelas estarían en condiciones para iniciar el ciclo escolar 2018-2019.

En algunas localidades se han colocado carpas o salones alternos para los estudiantes que aún no pueden regresar a los planteles en los que están inscritos, pero estos salones no cumplen con las condiciones para que los alumnos puedan aprender en un entorno con las medidas mínimas de calidad, aunado a que están sujetos a condiciones climatológicas que suelen no permitir que las clases se lleven a cabo o que los alumnos lleguen a clases ya que además se encuentran alejadas de algunas comunidades.

A casi un año de los sismos, el estado que más rezago presenta en el proceso de reconstrucción es Oaxaca, seguido por Chiapas y el estado de México.

En Oaxaca no ha iniciado la reconstrucción de tres planteles educativos que deben demolerse e instalar un nuevo plantel, tampoco se ha iniciado la reparación de 908 escuelas que tienen daños.

Es importante mencionar que una gran cantidad de los planteles educativos que sufrieron daños durante los sismos han sido restaurados o reconstruidos por los padres de familia con recursos y mano de obra propios, destaca que los recursos en muchos casos no llegaron a las escuelas y que los gobiernos no cumplen con su obligación.

La importancia del acceso a la educación pública radica en que ésta, en conjunto con los avances educativos y la reducción del analfabetismo, aumenta la competitividad de los países en el mercado global, aumenta el crecimiento del producto interno bruto, minimiza las prácticas de explotación y acelera el desarrollo científico y tecnológico del país, por lo que la imposibilidad de los alumnos de atender a clases tiene efectos inversos a los mencionados, y termina promoviéndose la desigualdad social, la marginalización y la pobreza.

Asimismo, en la medida en que los alumnos no tengan la posibilidad de asistir a clases, se dificulta la vida laboral y productividad de los padres de familia, aumentan sus gastos diarios y afecta el rendimiento de familias completas.

El sistema educativo actualmente se encuentra en una fase de re-conceptualización y revisión, por lo que, es sumamente importante que los alumnos no pierdan la oportunidad de asistir a clases.

Es por esto, que la Secretaría de Educación Pública en conjunto con las autoridades educativas en los estados deben formular un programa temporal que permita que los alumnos acudan a clases y que garantice a los padres de familia la tranquilidad de que sus hijos están aprendiendo en un espacio seguro y en condiciones de higiene y con el equipamiento necesario.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública a desarrollar un programa urgente para la atención de los estudiantes que no han comenzado el ciclo escolar 2018-2019, debido a los daños que presentan los planteles educativos desde los sismos de septiembre de 2017.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo y la Ciudad de México a concluir con celeridad las labores de reparación y reconstrucción de los planteles educativos que fueron dañados durante los sismos de septiembre de 2017.

Fuentes

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General de Educación

Una Mejor Educación Para una Mejor Sociedad. Propuestas para el diálogo y la transformación educativa en América Latina y el Caribe. Federación Internacional de Fe y Alegría. 2008.

Secretaría de Educación Pública

www.sep.gob.mx

Banco Mundial

https://blogs.worldbank.org/voices/es/ninos-que-no-asist en-a-la-escuela-una-promesa-incumplida

Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)

https://www.gob.mx/segob/documentos/fideicomiso-fondo-de -desastres-naturales-fonden

Transparencia Presupuestaria Observatorio del Gasto

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fue rzamexico

Importancia

https://www.importancia.org/educacion-publica.php

Expansión

https://expansion.mx/opinion/2009/06/05/la-importancia-d e-la-educacion-en-mexico

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los dieciocho días del mes de septiembre de 2018.

Diputados: Sergio Mayer Bretón e Irineo Molina Espinoza (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a los trabajos de limpieza, desazolve y saneamiento de los ríos Santiago y Zula, en Jalisco, a cargo del diputado Absalón García Ochoa, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe Absalón García Ochoa, diputado federal del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la CONAGUA, al Gobernador del Estado de Jalisco y al responsable del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, así como a los municipios de Arandas, Atotonilco el Alto, Tototlán y Ocotlán, a que se realicen trabajos de limpieza, desazolve y saneamiento de los ríos Santiago y Zula en el estado de Jalisco, además de atender a la población afectada por los desbordamientos de dichos ríos.

Exposición de Motivos

Los ríos Zula y Santiago corren a través de los municipios de Arandas, Atotonilco el Alto, Tototlán y Ocotlán, forman parte de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago que tiene una extensión de 132 mil 476 kilómetros cuadrados y cubre parte de los estados de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, y Nayarit. Por su extensión, población y actividad económica, es una de las más importantes de México.

Desde 2015 se presentan inundaciones y serias afectaciones a la población y al sector agrícola, por lo que cada año se pide sanear la cuenca del río Lerma-Santiago por la descarga de aguas residuales provenientes de retornos agrícolas, de procesos industriales y de asentamientos humanos, y cada año se echan se echan la bolita las autoridades para no realizar de forma coordinada y con una solución de largo plazo los trabajos de limpieza, desazolve y saneamiento.

El problema de las inundaciones que ha causado daños a diversas colonias del municipio de Ocotlán tales como El Porvenir, Residencial La Primavera, El Duque, Rincón de la Arboleda, las delegaciones municipales como Santa Clara de Zula, San Martín de Zula, el paso de la comunidad y San Juan Chico, así como las colonias Teodosio R Guevara, El Tajo y Linda Vista, además las comunidades de Las Eras, San Ramón, La Tiricia, Ríos de Ruiz y El Dique del Municipio de Tototlán, se originan también en gran medida por la acumulación de algas en los ríos y en su desemboque a los cuerpos de agua.

Según información de la Universidad de Guadalajara, desde el 2017 se encontraron en el río Zula una gran cantidad de peces muertos y según las investigaciones, se debió a la falta de oxigenación del agua por presencia de lirio acuático. Según los especialistas “El lirio es una planta que crece a partir de la cantidad de contaminantes orgánicos. Si hay lirio es porque las aguas de este río están enriquecidas con nutrientes. Es una respuesta a un agua que está altamente contaminada con materia orgánica. El lirio acuático cumple la función de extraer nutrientes cuando crece. El problema más fuerte no es el lirio, sino el agua, ya que el mal olor y los mosquitos ocurren por ésta”.1

A la presencia de algas que incrementan su cantidad y crecimiento por las descargas de productos químicos que funcionan como fertilizantes, se suma la presencia de substancias contaminantes que son descargadas en las afluentes de los ríos. Según datos del “Estudio de la contaminación en la cuenca río Santiago y la salud pública en la región”, realizado por Greenpeace en 2013, durante el periodo 2004-2009 en el tramo que va de Ocotlán a Matatlán, incluyendo el arroyo tributario del Ahogado, “se reportaron en la zona de estudio descargas al agua de níquel, cromo, plomo, arsénico, cadmio, mercurio y cianuro de forma sostenida, y de manera muy esporádica, tricloroetileno, dibutilftalato, formaldehído, cloruro de metileno, fenol, piridina y cloroformo”.2

Debido a lo anterior, la presencia de desbordamiento de los ríos durante el temporal de lluvias es un problema latente que afecta directamente a las poblaciones aledañas. Según lo manifiestan algunos agricultores, la falta de mantenimiento de los cauces de los ríos y zonas de riego, les ocasionan pérdidas agrícolas de 60 por ciento del total de sus cosechas, inundaciones, daños a viviendas, en suma es un riesgo para la población.

La inundación del presente ciclo 1600 hectáreas de la semana pasada de los ríos Santiago y Zula, registró que al menos 850 hectáreas quedaron bajo el agua (500 hectáreas tierras ejidales y el resto de pequeños propietarios); 50 fincas con daños; 23 viviendas desalojadas por lo que 113 personas fueron reubicadas en un albergue temporal y en otros lugares seguros.

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad con las disposiciones involucradas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua a llevar a cabo los trabajos necesarios para trabajos de limpieza, desazolve y saneamiento de los ríos Santiago y Zula en el estado de Jalisco.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al Titular del Ejecutivo del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, para que en coordinación con los Municipios de Arandas, Atotonilco el Alto, Tototlán y Ocotlán, lleven a cabo una gestión integral de riesgos para prevenir y atender las causas y efectos de los peligros a los que se expone la población con el desbordamiento de los ríos Santiago y Zula en el estado de Jalisco.

Notas

1 http://www.gaceta.udg.mx/G_nota1.php?id=21893

2 ibidem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 de septiembre de 2018.

Diputado Absalón García Ochoa

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la STPS a impulsar medidas para que las madres, los padres o los tutores de menores de edad cuenten con permisos a fin de atender los asuntos escolares en horas de trabajo, sin perjuicios en la productividad laboral, a cargo de la diputada Abelina López Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Abelina López Rodríguez, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, numeral 1, del artículo 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que, conforme a sus atribuciones, impulse las medidas que estime pertinentes, a efecto de que las madres, padres o tutores de menores de edad, cuenten con los permisos necesarios para atender los asuntos escolares en horas laborales, sin que ello implique un perjuicio en su productividad laboral, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La educación es un proceso largo que comienza desde en el seno del hogar, y que continúa en la escuela. De ahí que ambos espacios son los principales agentes socializadores.

En tal virtud, el involucramiento de los padres de familia o tutores en la educación de los estudiantes es un elemento fundamental para que puedan alcanzar no sólo el éxito académico, sino además, para desarrollar plenamente todas y cada una de las capacidades que le son inherentes a los seres humanos.

El proyecto educativo que trace la familia, no solamente debe considerar la planeación de gastos y selección del centro educativo, sino también, el tiempo que deberá dedicar para apoyarlos en su continuo aprendizaje académico, humano, ético y social. Lo cual, implica una estrecha y permanente coordinación con el cuerpo docente, así como con los demás padres de familia, e incluso con las autoridades educativas.

La activa participación de la madre y/o el padre requiere de tiempo y esfuerzos adicionales que le permitirán entender de mejor manera los procesos educativos, emocionales, físicos y psicológicos de sus hijos e hijas, lo que los colocará en una clara posición de apoyo cuando así lo requieran, toda vez que habrán establecido vínculos sólidos con su entorno.

El factor tiempo en nuestros días es precisamente el mayor obstáculo que deben enfrentar las madres y padres, toda vez que, es común que ambos trabajen y pasen mucho tiempo fuera de casa, lo que varias veces les impide involucrarse en los asuntos escolares e incluso personales de sus hijos e hijas. Situación que afecta en mucho mayor medida a los sectores menos favorecidos de la población, quienes generalmente, cuentan con empleos con reglas más rígidas, muy pocas prerrogativas, y por qué no decirlo, una gran indiferencia o invisibilidad de sus necesidades.

Es oportuno señalar que, la presencia y el involucramiento de las madres y padres de familia, incide directamente en el aprovechamiento y la deserción escolar, tal y como lo refiere el estudio que realizó, el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, el cual reveló el impacto que tiene el involucramiento de los padres de familia en el desempeño, interés y continuidad escolar, dando como resultados que, a mayor participación en las actividades escolares del hijo en secundaria, hay menor probabilidad de que otros miembros de la familia abandonen los estudios. Incluso, 95 por ciento de los padres que no tienen hijos que hayan desertado, saben cuáles materias llevan sus hijos en secundaria; y 81 por ciento de estos padres sabe qué temas están estudiando actualmente sus hijos en la escuela. Así queda claro que mientras más participa y más informado está el padre sobre la vida escolar del hijo, el riesgo de deserción escolar disminuye.1

Cabe destacar que las condiciones económicas a las que se enfrentan millones de familias mexicanas, así como la creciente presencia de jefaturas de familia a cargo de mujeres agudiza aún mucho más la problemática.

Al respecto, de acuerdo con datos del Inegi, en 73.0 por ciento de los hogares familiares se reconoce como jefe a un hombre y en el 27.0 por ciento a una mujer.2

En suma, la desigualdad, la pobreza, la violencia y la reconfiguración del tejido social, hacen del trayecto escolar un reto no sólo en el ámbito específico de la enseñanza-aprendizaje, sino también, en lo que respecta a la retención de las y los estudiantes en las aulas.

De acuerdo a las Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional, de cada 100 alumnos que ingresaron a primero de primaria en el año de 1999, únicamente 36 se graduaron del nivel medio superior. En los 6 años de la educación primaria 20 niños abandonaron los estudios y de los 80 que concluyeron, 3 ya no se inscribieron a la educación secundaria. En la secundaria abandonaron 17 más, y de los 60 que egresaron de la secundaria 1 no se inscribió en el nivel medio superior. Finalmente, en este último tramo escolar desertaron 24 alumnos más.3

La tasa de graduación nos da también un panorama claro de la deserción escolar, basta señalar que, 21 de 28 países miembros de la OCDE tienen tasas de graduación por encima del 75 por ciento, e incluso en algunos países como Finlandia, Irlanda, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Eslovenia, Suiza y Reino Unido, la tasa de graduación excede el 90 por ciento, sin embargo, para el caso de México, la tasa de graduación que expone la OCDE, referida al número de graduados del nivel medio superior en comparación con la población de 18 años del país, es del 45 por ciento, lo que nos coloca muy por debajo del promedio del 82 por ciento.4

En razón de lo antes señalado, es necesario que, desde el Poder Legislativo, impulsemos acciones que permitan un mayor involucramiento de las madres y padres que trabajan fuera del hogar con el entorno educativo de sus hijos e hijas menores de edad. Lo cual requiere impulsar un consenso amplio entre patrones y trabajadores para que, ambos como miembros de una misma sociedad, resignifiquen el tiempo empleado en beneficio de las nuevas generaciones y en colaboración estrecha con las instituciones y autoridades educativas.

Hoy más que nunca, se requiere de la participación activa y solidaria de todos los sectores e integrantes de la sociedad para reconstruir el tejido social, e impulsar una nueva cultura, en que el esfuerzo de unos pueda ser objeto de la comprensión de otros, asumiendo plenamente que el beneficio trasciende lo individual.

De ahí que, desde este Poder Legislativo, con la intervención de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se estima pertinente impulsar nuevos y mejores entendimientos en beneficio de las familias mexicanas, de las nuevas generaciones, y de la sociedad en su conjunto.

En razón de lo antes expuesto y fundado, someto a esta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para que, conforme a sus atribuciones, impulse las acciones que estime pertinentes, a efecto de que las madres, padres o tutores de menores de edad cuenten con las facilidades necesarias para atender los asuntos escolares en horas laborales, sin que ello implique un perjuicio en su productividad laboral.

Notas

1 http://www.milenio.com/opinion/luis-duran/columna-luis-duran/padres-cla ves-para-exito-estudiantil

2 Estadísticas a Propósito del Día de la Familia Mexicana http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/familia2017_Nal.pd f

3 Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior

http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/10787/1 /images/Anexo_6Reporte_de_la_ENDEMS.pdf

4 Ídem

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 18 de septiembre de 2018.

Diputada Abelina López Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE y la SRE a defender los intereses mexicanos en los asuntos migratorios, energéticos y de seguridad, y apoyar la integración de Canadá al acuerdo comercial alcanzado con EUA, en el marco de la renegociación del TLCAN, suscrita por los diputados Leticia Díaz Aguilar y Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, Leticia Díaz Aguilar y Daniel Gutiérrez Gutiérrez , diputados federales de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno federal a defender los intereses mexicanos en cuánto a los asuntos migratorios, energéticos y de seguridad, y apoyar la integración de Canadá al acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Consideraciones

En el año de 1994, tras un largo periodo de negociaciones, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual fijó diversas disposiciones para el comercio internacional entre México, Estados Unidos y Canadá.

El camino que se recorrió para llegar a tal cometido no fue sencillo, fueron años de discusiones entre los integrantes del gabinete de las tres naciones, consultas a los sectores económicos y pronunciamientos de los órganos legislativos de cada país.

Al momento que entró en vigor, el TLCAN significó la creación de un mercado común compuesto por 400 millones de habitantes y sede de un tercio de la producción mundial, aproximadamente 11 billones de dólares anuales.

A grandes rasgos, el Tratado estableció:

-Reglas comunes para la eliminación de barreras al comercio de bienes y servicios.

-Movilidad de los flujos de inversión y el respeto a la propiedad intelectual.

-Procedimientos comunes para la resolución de controversias.

-Liberación arancelaria, sobre este punto, vale la pena hacer hincapié que ésta se hizo de forma diferenciada, dependiendo del producto del cual se tratase. Mientras que algunos aranceles se cancelaron al momento de entrada en vigor del Tratado, otros fueron sujetos a periodos de transición desde cinco y hasta quince años.1

Muchos beneficios del TLCAN son innegables, a pesar de los muchos cuestionamientos que puedan hacérsele, lo cierto es que el comercio nacional depende en gran medida de esta relación comercial con nuestros vecinos del norte.

De acuerdo con datos del Gobierno Federal, estos son algunos de los beneficios del TLCAN en la región, durante sus años de vigencia:

-De 1993 a 2012, las exportaciones mexicanas a EU y Canadá registraron un crecimiento de 572 por ciento.

-Los países del TLCAN mueven sus exportaciones dentro de la región.

-El intercambio comercial entre los socios del TLCAN se estima en más de 100 millones de dólares por hora.

-Cerca de 474 millones de personas (7 de cada 100 habitantes del mundo) comercian libremente en la región.

-La región del TLCAN es la zona de libre comercio más extensa a nivel global.

-Produce bienes y servicios con un valor de 19 millones de millones de dólares por año.

-11 de cada 100 dólares que EU y Canadá gastan en el extranjero son para adquirir productos hechos en México. En 1993 eran 6 de cada 100.

-A principios de los 90, la Inversión Extranjera Directa (IED) de EU y Canadá en México sumó 10 mil 100 mdd; 20 años después, se multiplicó casi 4 veces, hasta alcanzar 38 mil 300 mdd.

-2.4 por ciento es el incremento promedio anual del PIB de los países miembros desde que el acuerdo entró en vigor.2

Sin embargo, también debe considerarse que el TLCAN tampoco ha tenido resultados extraordinarios para el desarrollo nacional, sobre todo para los sectores más pobres. El crecimiento promedio de México durante los últimos años ha sido menor del 3 por ciento y nuestro país sigue siendo el menos competitivo de la región de América del Norte, ni que decir de los salarios que reciben los trabajadores nacionales, pues hay una brecha enorme en la remuneración respecto de sus pares en los otros dos países.

Hoy ante la llegada del presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, y sus políticas proteccionistas implementadas, la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte experimenta una profunda restructuración.

El gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha manifestado en reiteradas ocasiones que la posición de México en la mesa de renegociación del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es y continuará siendo seria y constructiva, siempre poniendo el interés nacional por delante y buscando un resultado en el que los tres países norteamericanos ganen. 3

En ese marco, de acuerdo con la Secretaría de Economía, el gobierno federal realizó un proceso de consultas públicas con los sectores productivos, organizaciones campesinas, productores agropecuarios, instituciones educativas y representantes del sector cultural para dar forma a los objetivos que México perseguirá en la modernización del TLCAN.4

En agosto de 2017 inició en Washington la Primera Ronda de negociaciones para la construcción del nuevo acuerdo comercial de América del Norte; desde esa fecha al día de hoy los acuerdos para la creación de un nuevo acuerdo comercial han tenido altibajos, sin embargo, en los últimos días parece vislumbrarse un escenario de entendimientos finales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el pasado viernes 30 de agosto al Congreso de su país, la intención de firmar un acuerdo comercial con México, y dijo que de la misma forma lo haría con Canadá “si existe la voluntad”. De acuerdo con las facultades otorgadas por la “Autoridad para la Promoción del Comercio” (Trade Promotion Authority , TPA), bajo el procedimiento conocido como fast-track , el gobierno de Trump tenía que presentar su carta de intención de firma del tratado comercial y de ahí empezar la cuenta de 90 días para su eventual ratificación, por lo que ha iniciado formalmente su curso.

En ese contexto, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado conjunto en el que expresan que las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos y Canadá continuarán y que el gobierno de México continuará dando seguimiento puntual a la negociación entre ambos países. Se menciona que México participará en la negociación de los temas trilaterales, a la vez que seguirá impulsando un acuerdo del que Canadá sea parte. Asimismo, destacan que los entendimientos alcanzados respecto del TLCAN promoverán el empleo, la competitividad y el comercio en la región de América del Norte.5

Sin embargo, pese a los aparentes avances, el escenario es todavía de incertidumbre; en primer término, la exclusión de Canadá de las negociaciones no favorece las relaciones comerciales en la región, pues históricamente la relación de México con aquel país ha sido de cooperación y desarrollo mutuo. Por otra parte, tanto el presidente Donald Trump como el Congreso de aquel país han dado señales de que la negociación no está firme. De acuerdo con lo anterior, la posición final de Canadá podría implicar la renegociación de los acuerdos que ya se han tomado o incluso un cambio de rumbo en la relación trilateral.

Por otra parte, expertos señalan que el gobierno de Trump no podría iniciar un tratado bilateral sólo con México, en lugar del TLCAN, pues la Autoridad de Promoción Comercial de EU, únicamente le otorgó facultades para emprender las negociaciones de un acuerdo tripartito. Esto implica que legalmente tampoco hay certidumbre del proceso.

México, por su parte, debe hacer frente a retos particulares de la agenda nacional, por ejemplo, la situación migratoria ha tenido algunos de sus peores momentos durante los últimos años ante la llamada política de “tolerencia cero” en la administración de Trump, asimismo, debe garantizarse la autonomía de la nación en el sector energético, asunto que debe revisarse puntualmente en la relación comercial; por otra parte asuntos históricos de los acuerdos bilaterales con nuestro vecino del norte como la seguridad y el control de armas no han sido resueltos.

La renegociación del Tratado de Libre Comercio es uno de los puntos fundamentales de la economía nacional. De los acuerdos que se logren dependerá el desarrollo de importantes sectores económicos de México, el trabajo de millones de mexicanos dentro y fuera del país y, el ingreso de sus familias.

En este escenario, el nuevo gobierno encabezado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador debe tener el respaldo de todos los actores políticos, económicos, empresariales y de la sociedad civil de cara a esta etapa de negociaciones. Solamente con unidad nacional y con objetivos claros pueden obtenerse resultados que beneficien a la nación.

Por ello es importante que la política exterior y comercial de nuestro país se realice en un marco de transparencia y rendición de cuentas, para brindar certidumbre a la ciudadanía respeto de las decisiones que se están tomando y las implicaciones que tendrán en la economía nacional.

El Congreso de la Unión no puede quedar al margen de tan trascendental hecho histórico que marcará el futuro del país.

Al respecto, el 24 de enero del año 2017, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República sostuvo una reunión con el doctor Luis Videgaray Caso, secretario de Relaciones Exteriores, en la que se acordó conformar un grupo de trabajo para que, junto con dicha Secretaria, se construya una estrategia del Estado mexicano en su relación bilateral con los Estados Unidos de América tomando en cuenta la opinión de los legisladores.

Con estos antecedentes, en lo que nos compete al iniciar la LXIV Legislatura, para dar cumplimiento a nuestras obligaciones constitucionales, los legisladores que participamos en esta nueva etapa del desarrollo nacional, debemos constituir espacios en donde de manera responsable se puedan debatir los grandes asuntos que marcan el desarrollo de nuestro país, para la consolidación democrática del Estado y para que los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo federal suscriba, particularmente el nuevo TLCAN, velen por el interés nacional.

Los diputados federales debemos exigir resultados al Ejecutivo federal, ejerciendo nuestra labor de investigación, estudio y revisión para defender los intereses de los mexicanos dentro y fuera de nuestras fronteras.

De acuerdo a lo previsto, es pertinente que la Cámara de Diputados esté informada de los avances en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al ser un asunto trascendental para la vida pública de México y se solicite al equipo de negociación encabezado por Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, e Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, la defensa de los intereses nacionales en esta etapa de negociaciones comerciales.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno federal a defender los intereses mexicanos en cuánto a los asuntos migratorios, energéticos y de seguridad, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno federal a apoyar la integración de Canadá al acuerdo comercial alcanzado con los Estados Unidos de América, en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Notas

1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques . El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/serieanorte1.pdf

2 Secretaría de Economía. ProMéxico.

http://www.promexico.gob.mx/documentos/infograficos/tlca n-20-datos.pdf

3 Secretaría de Relaciones Exteriores. Comunicado de Prensa. No.326. https://www.gob.mx/sre/prensa/comunicado-de-prensa-123180

4 Secretaría de Economía. Comunicado de Prensa.

https://www.gob.mx/se/prensa/se-celebrara-la-primera-ron da-de-negociaciones-para-modernizacion-del-tlcan?idiom=es

5 Secretaría de Relaciones Exteriores. Comunicado. 31 de agosto de 2018. https://www.gob.mx/sre/prensa/eeuu-envia-notificacion-a-su-congreso-de- intencion-de-firmar-el-acuerdo-relativo-a-la-renegociacion-del-tlcan-co n-mexico-mientras-continuan-negociaciones-con-canada?idiom=es

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 18 días de septiembre de 2018.

Diputados: Leticia Díaz Aguilar (rúbrica) y Daniel Gutiérrez Gutiérrez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Asuntos Migratorios de esta soberanía a diseñar un plan de urgencia para vigilar la protección de los derechos de los migrantes mexicanos en EUA, suscrita por los diputados Lorenia Iveth Valles Sampedro e Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lorenia Iveth Valles Sampedro, diputada a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2 y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Asuntos Migratorios de esta Cámara a que diseñe un plan de emergencia para vigilar la protección de los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América (EUA), al tenor de las siguientes

Consideraciones

El fenómeno de la migración internacional no siempre resulta en una historia de superación y progreso, lamentablemente son muchos los casos de migrantes que sufren todo tipo de abusos, humillaciones, agresiones e incluso situaciones que ponen en peligro sus vidas.

Si bien, hay casos de éxito que han cambiado la vida de millones de migrantes, contribuido al fortalecimiento de la economía y al enriquecimiento cultural de los países receptores y también de los expulsores, lo cierto es que ser migrante conlleva un alto riesgo de exclusión, violaciones a los derechos humanos, ser víctima de explotación sexual, rehén de la delincuencia organizada, entre otras muchas situaciones.

La migración internacional avanza, pues se configura como un complejo fenómeno relacionado con múltiples aspectos económicos, sociales y de seguridad, sobre todo en el contexto de un mundo cada vez más interconectado. De acuerdo con el Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018 de la Organización Internacional para las Migraciones (OMI), las estimaciones mundiales actuales indican que en 2015 había aproximadamente 244 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, lo que equivale al 3.3 por ciento de la población mundial. Y las proyecciones para 2050 señalan que para ese año habrá 405 millones de migrantes internacionales.1

De acuerdo con el Anuario de migración y remesas México 2017 del Consejo Nacional de Población (Conapo), 12 millones de mexicanos residen en el vecino país del norte. De esta cifra, cerca de la mitad se encuentra en condición migratoria irregular.2

Durante 2015, 98.42 por ciento de los migrantes mexicanos tuvieron como principal región de destino América del Norte. EUA recibió a 97.81 por ciento de ellos, mientras que Canadá al 0.61 por ciento.

Los factores que explican la migración en México son la falta de empleo, la marginación, la falta de oportunidades en el campo, la situación de violencia, y en general, la desigualdad. Esto explica por qué en un periodo de dos décadas (1995-2015), la migración internacional mexicana casi se duplicó, pasando de 6 millones 722 mil 383 personas que abandonaron su lugar de origen en 1995 a 12 millones 339 mil 62 en 2015.

Al respecto, la cifra de mexicanos indocumentados en EUA es preocupante, sobre todo en el entorno actual, donde existe una política migratoria para reforzar la seguridad en la frontera e incrementar la presencia de agentes para la búsqueda y deportación de migrantes que se encuentran al interior de EUA.

Si bien la migración hacia EUA se ha extendido por décadas, se han agudizado los conflictos migratorios en los últimos años, sobre todo, a raíz de la llegada de Donald Trump a la Presidencia de los EUA.

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob), de enero a marzo de este año fueron deportados 53 mil 764 mexicanos, una cifra mayor al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 38 mil 451. Tan sólo durante el primer trimestre de 2018 se reportaron 15 mil 313 personas más deportadas de EUA a México que en el mismo periodo de 2017.3

La OMI detalla que, aunque los migrantes están protegidos por instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos, persisten deficiencias normativas, en especial en relación con la entrada a un país y la estancia en él.

Esa realidad experimentan miles de mexicanos en EUA, pues se conjugan dos cosas: por una parte, las repatriaciones desde la frontera de los indocumentados que intentan ingresar al país del norte, y por otra, una nueva política migratoria impulsada por Donald Trump, de “Tolerancia Cero”; pues ahora los connacionales que más son deportados son los que ya vivieron en el interior de ese país por más de una década. Además persiste la idea del presidente Trump de construir un indignante muro fronterizo.

Human Rights Watch (HRW) indicó que a partir de junio de 2018, 46 por ciento de los adultos arrestados por la Patrulla Fronteriza fue procesado criminalmente, pese a que en mayo pasado sólo un tercio de los migrantes enfrentó cargos criminales.

De manera particular, los niños han sido las víctimas de esta política migratoria. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), cada año, alrededor de 40 mil niñas y niños que migran son repatriados desde EUA a México. De éstos, 18 mil viajan solos.4

En su condición de migrante, las niñas y niños son vulnerables a la explotación, a la trata y a la delincuencia organizada, por lo que resulta indispensable que reciban todo el apoyo de las autoridades migratorias. Sin embargo, por el contrario, la política migratoria definida por el presidente Trump puso en marcha una estrategia de “Tolerancia Cero”, anunciada el 7 de mayo por el fiscal general y secretario de Justicia, Jeff Sessions, que entre otras medidas, implicó que toda persona que ingresara indocumentada a EUA sería retenida y enfrentaría cargos criminales. Y si se tratara de familias, los niños serían separados de sus padres.5

Como consecuencia, cerca de 2 mil menores inmigrantes fueron separados de sus familias en la frontera durante las primeras semanas de esta política. Imágenes de niños en jaulas en los centros de deportación se viralizaron, ante la indignación y reclamos en el mundo.

Gracias a la presión internacional esta medida que atentaba contra los derechos de los menores fue cancelada por el propio presidente Trump mediante la firma de un decreto, sin embargo, de manera textual señaló: “mantendremos una frontera muy poderosa y seguirá siendo una política de tolerancia cero. Tenemos cero tolerancia para las personas que ingresan ilegalmente a nuestro país”.6

El Congreso de la Unión no puede estar al margen de esta situación, como representantes de la soberanía popular, debemos tomar cartas en el asunto para proteger los derechos de los mexicanos dentro y fuera de nuestras fronteras.

La política migratoria en EUA ha dado muestras de ser violatoria de los derechos humanos, sobre todo de los grupos más vulnerables, como los niños. Es inadmisible que esa situación se vuelva a repetir.

En particular, en el Grupo Parlamentario de Morena nos sumamos enérgicamente a la condena que han hecho diversas instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, respecto de la política cruel e inhumana del gobierno de Donald Trump, de separar niñas, niños y adolescentes de sus madres y padres en los centros de detención para migrantes y, en general, nos manifestamos contra toda acción que atente contra los derechos de los migrantes mexicanos.

La movilidad de las personas no debe verse como un problema, sino como un hecho histórico y un fenómeno social que caracteriza al mundo globalizado, por ello, debemos adoptar medidas para evitar criminalizar al migrante en ambos lados de la frontera.

Recientemente, en septiembre de 2016, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó por consenso la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes7 , misma que expresa la voluntad política de los dirigentes mundiales para salvar vidas, proteger derechos y compartir responsabilidades frente a los derechos de los migrantes y refugiados. La Declaración de Nueva York contiene, entre otros, los siguientes compromisos:

• Proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, independientemente de su condición.

• Asegurar que todos los niños refugiados y migrantes estén estudiando en un plazo de unos meses después de su llegada.

• Prestar apoyo a los países que rescaten, reciban y acojan a un gran número de refugiados y migrantes.

• Trabajar para poner fin a la práctica de detener niños con el objeto de determinar su estatus migratorio.

• Condenar enérgicamente la xenofobia contra los refugiados y los migrantes, y respaldar una campaña mundial para combatirla.

• Reforzar la contribución positiva de los migrantes al desarrollo económico y social de los países de acogida.

• Mejorar la prestación de asistencia humanitaria y para el desarrollo en los países más afectados, en particular mediante modalidades innovadoras de soluciones financieras multilaterales, con el objetivo de subsanar todos los déficits de financiación.

En ese marco, la Cámara de Diputados debe configurar una agenda de trabajo para garantizar el cumplimiento del derecho internacional, el respeto a nuestros paisanos en EUA y diseñar una estrategia de acompañamiento a los migrantes para evitar que las políticas de “tolerancia cero” de nuestro vecino del norte pasen por alto la dignidad de los mexicanos.

Desde hace 18 años, las Comisiones de Asuntos Migratorios, de Asuntos de la Frontera Norte y de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste, ponen en operación el programa Diputada Amiga. Diputado Amigo, el cual, ofrece asistencia a migrantes para denunciar en tiempo real, cualquier intento de abuso por parte de autoridades o civiles. El programa se enfoca en coadyuvar en la protección de los derechos de migrantes que llegan a México cada temporada de fin de año (diciembre y enero).

Algunas de las acciones implementadas en el marco del programa y sus beneficios, son los siguientes8 :

1. La participación de los legisladores en la supervisión de operativos migratorios. Con la finalidad de que los legisladores federales se alleguen de manera directa de información respecto de las experiencias que sufren los connacionales y sus principales necesidades.

2. Se supervisa y vigila el trato que se les da a nuestros connacionales en su tránsito hacia sus comunidades y localidades de origen en la temporada navideña.

3. La implementación del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, representa un mecanismo para velar por la protección y el respeto de los derechos y libertades de nuestros connacionales.

4. Representa un esfuerzo por contribuir en la atención y canalización de las quejas y denuncias de los paisanos hacia las autoridades correspondientes.

5. Genera un mayor sentimiento de seguridad en los migrantes en su tránsito hacia sus hogares y se propicia un mejor trato hacia los paisanos.

6. Permite la distribución de material entre nuestros connacionales mediante el cual se pueden difundir sus derechos.

Por ejemplo, durante diciembre de 2017, se inscribieron 65 diputados a este programa, quienes realizaron diversas actividades en aeropuertos, cruces fronterizos y aduanas, así como acompañamientos a caravanas de migrantes, a fin de velar por el respeto de los derechos de los connacionales que regresan al país. Sería prudente que el programa fuera extendido de manera permanente, en el marco de la crisis migratoria que acontece en la frontera norte, con el propósito de que los legisladores puedan coadyuvar en la atención de nuestros paisanos que sufren abusos.

En esta nueva legislatura que da inicio, es necesario que definamos acciones en beneficio de los mexicanos en situación de vulnerabilidad, que trabajemos en conjunto con el gobierno federal que encabezará el licenciado Andrés Manuel López Obrador y con las organizaciones sociales para la defensa de los intereses de México en el mundo.

En ese marco, como diputadas y diputados federales, debemos ser los impulsores del cambio, atendiendo los grandes retos que tenemos como país. Sin duda, la definición de un plan de trabajo al interior del Congreso para proteger los derechos de los migrantes mexicanos en EUA es un acto indispensable, por la gravedad del contexto que padecen nuestros connacionales en la frontera norte y, sobre todo, porque es urgente garantizar sus derechos humanos.

La LXIV Legislatura que comienza es una oportunidad histórica para que desde el Congreso de la Unión se defina una nueva política de defensa de los migrantes mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión de Asuntos Migratorios de esta Cámara a que diseñe un plan de emergencia para vigilar la protección de los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos de América.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política a valorar extender permanentemente la vigencia del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, en tanto continúe la crisis migratoria en la frontera norte.

Notas

1 Organización Internacional para las Migraciones. Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2018.

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2018_s p.pdf

2 Consejo Nacional de Población (CONAPO). Anuario de migración y remesas México 2017.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/250390/An uario_Migracion_y_Remesas_2017.pdf

3 Periódico El Financiero . Deportaciones de mexicanos en EU crecen 40 por ciento en 2018. http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/deportaciones-de-mexicanos-en-e u-crecen-40-por-ciento-en-2018

4 UNIFEC. Niñez migrante en las fronteras.

https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6931.ht m

5 Periódico Telesur. ¿En qué consiste la política “tolerancia cero” de Trump? https://www.telesurtv.net/news/-trump-separa-familias-inmigrantes-ninos -20180620-0023.html

6 CNN. Trump da marcha atrás: firma decreto para mantener unidas a las familias de indocumentados.

https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/20/trump-firma-decret o-para-mantener-unidas-a-las-familias-de-indocumentados/

7 ONU. Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. https://refugeesmigrants.un.org/es/declaration

8 Cámara de Diputados. Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. http://www.diputados.gob.mx/diputadaamiga_diputadoamigo/programa.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa y la Semarnat a actualizar la NOM-059-SEMARNAT-2010 y establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción, a cargo de la diputada Laura Patricia Ávalos Magaña, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Laura Patricia Ávalos Magaña, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, numeral 1, del artículo 6, y en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa y la Semarnat a actualizar la NOM-059-SEMARNAT-2010, que tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo de extinción en la República Mexicana, mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción, al tenor de las siguientes

Consideraciones

México es increíblemente rico en biodiversidad; cuenta con gran variedad de vida silvestre y ecosistemas, desde los impresionantes Médanos de Samalayuca hasta la Selva Lacandona, con ejemplares maravillosos como la vaquita marina y la Panthera onca. Es uno de los países privilegiados con mayor biodiversidad; su constitución geográfica y variedad de climas dan vida a especies endémicas, ya sea a escala nacional, de algún estado, de alguna montaña, cueva, lago, río o manantial.1

En la República Mexicana se encuentra 10 por ciento de las especies existentes en el planeta, de las cuales alrededor de 50 por ciento son endémicas y su existencia se limita a una determinada zona; sin embargo, esa riqueza es finita.

Aunque de una u otra manera todos sabemos que el planeta en general atraviesa por un acelerado proceso de extinción de especies, ocasionado en gran medida por la mano humana, desafortunadamente no hemos terminado de cobrar conciencia sobre la magnitud del daño ecológico y ambiental.

Desafortunadamente, la “civilización” ha tenido un grave efecto negativo en la biodiversidad, constantemente amenazada por nuestra actividad diaria. Gran cantidad de especies ha dejado de existir o está a un paso de hacerlo debido a la invasión de su hábitat, a los efectos de la contaminación y el cambio climático.

El mercado ilegal de algunos animales constituye también uno de los principales factores que contribuyen a la extinción de especies en su hábitat natural.2 En los países en vías de desarrollo es común la venta de especies silvestres, tanto para el mercado local como el internacional. El tráfico ilegal de vida silvestre es un problema que está recobrando fuerzas a nivel global, y México por desgracia, no es la excepción, sobre todo, al estar dentro de la lista de países megadiversos, con especies altamente demandadas en el mercado internacional. Este mercado negro es uno de los negocios ilegales más redituables en el mundo, después del contrabando de drogas y el de armas, con ganancias que se estiman hasta en 100 mil millones de dólares anuales, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Pese a que la extinción biológica es un fenómeno natural a escala temporal geológica, expertos estiman que ahora estamos perdiendo especies entre mil y 10 mil veces más rápido comparado con la tasa natural, donde literalmente decenas de especies están extinguiéndose todos los días. De seguir así, hasta 35 por ciento de especies en el mundo podrían desaparecer para mediados de este siglo, de acuerdo con el documento Las 10 especies mexicanas más icónicas en peligro, del Centro para la Diversidad Biológica.3

El documento mencionado se centra en la problemática que vive México, donde la lista de animales en peligro de extinción no se ha actualizado desde 2010, a pesar de los nuevos y crecientes riesgos del cambio climático, destrucción del hábitat, el comercio de vida silvestre y en algunos casos la muerte directa.

La Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, que contiene dicha información, prevé revisiones del estado poblacional de las especies de estudios hechos en 1994 y 2001. Y desde entonces, el panorama de los esfuerzos por la conservación de especies ha cambiado dramáticamente.4

Dicha norma tiene como objetivo, identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción.5 De acuerdo con esta norma, se describen 2 mil 606 especies (entre anfibios, aves, hongos, invertebrados, mamíferos, peces, plantas y reptiles) clasificadas en riesgo. De ellas, 392 son aves, 291 mamíferos, 204 peces, 443 reptiles, 194 anfibios y 49 invertebrados. Actualmente, establece la extinción de 49 especies, 896 “amenazadas” y mil 185 “bajo protección especial”, información obtenida hace por lo menos 15 años.

La importancia de su actualización es para que la NOM-059 sea capaz de reflejar las verdaderas amenazas y el estado real de la flora y fauna en México, a efecto de tomar con oportunidad las medidas necesarias. De ahí el presente punto de acuerdo.

A mayor abundamiento, es de señalar que, las siguientes 10 especies emblemáticas en peligro que se enumeran, de acuerdo con los expertos no están adecuadamente protegidas por el gobierno mexicano:

1. Vaquita marina (Phocoena sinus).

2. Tortuga laúd (Dermochelys coriacea).

3. Lobo mexicano (Canis lupus baileyi).

4. Ajolote mexicano (Ambystoma mexicanum).

5. Guacamaya roja (Ara macao).

6. Mariposa monarca (Danaus plexippus).

7. Coral cuerno de alce (Acropora palmata).

8. Pepino de mar (Isostichopus fuscus).

9. Orquídea monja blanca (Lycaste skinnerfi).

10. Jaguar (Panthera onca).

Ahora bien, pese a que el gobierno mexicano, empezó a publicar oficialmente la lista de especies extintas, amenazadas, en peligro de extinción y “bajo protección especial” desde 1994, los resultados no han sido satisfactorios, toda vez que, en realidad pocas especies se han recuperado y muchas de las amenazas críticas siguen sin disminuir, incluso, muchas de ellas son catalogadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como “en peligro crítico de extinción”.6

De acuerdo con la Ley Federal de Metrología y Normalización,7 las normas oficiales mexicanas deben ser revisadas cada cinco años, de manera que la actualización de la multicitada NOM-059 tiene ya tres años de atraso, por lo que es necesario que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la actualice cada vez que un grupo de científicos, con información debidamente acreditada, sugiera alguna modificación.

México es afortunado: pose gran variedad de fauna y flora silvestre, lo cual implica un alto compromiso de protección, conservación y salvaguarda, en beneficio del país y del mundo.

No basta conocer y publicar las “listas negras”: es necesario actuar para que las especies amenazadas salgan de éstas, gracias a la instauración de una política integral de largo aliento.

Por lo expuesto se somete a consideración de la asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a actualizar la NOM-059-SEMARNAT-2010, que tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, mediante la integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción.

Notas

1 Excélsior:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/09/27/1119234

2 Debate: https://www.debate.com.mx/prevenir/
Especies-animales-prohibidas-cazar-o-traficar-en-Mexico-20170516-0162.html

3 Las 10 especies mexicanas más icónicas en peligro: https://www.biologicaldiversity.org/programs/international/mexico/pdfs/ Espanol-10-En-Peligro-Mexico.pdf

4 Xataka México: https://www.xataka.com.mx/ecologia-y-naturaleza/el-listado-de-animales- en-peligro-de-extincion-en-mexico-no-se-ha-actualizado-desde-2010-y-se- basa-en-informacion-de-los-90

5 Profepa: https://www.gob.mx/profepa/documentos/norma-oficial-mexicana-nom-059-se marnat-2010

6 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: https://www.iucn.org/es

7 Ley Federal sobre Metrología y Normalización:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/107522/
LEYFEDERALSOBREMETROLOGIAYNORMALIZACION.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 18 de septiembre de 2018.

Diputada Laura Patricia Ávalos Magaña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la revisión de la concesión otorgada a la empresa Constellation Brand en Baja California, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena

La proponente, diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda , diputada por Baja California, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracciones II y III, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Baja California es el estado que represento, su capital es Mexicali. Este lugar es codiciado por muchos por encontrarse dentro de la franja fronteriza con Estados Unidos.

En Mexicali se ha instalado Constellation Brand , la tercera mayor cervecera de Estados Unidos, ellos han dicho que vienen a invertir para crear nuevos empleos, y sí puede ser verdad esa parte, pero la otra parte, la que no nos dicen, es la que también vienen a acabar con nuestros recursos hídricos, con ayuda del gobierno del estado y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM). Que al parecer les ha otorgado concesiones para la explotación de dicho recurso natural.

La firma Constellation Brand , que construye una planta cervecera en Mexicali, cambió su fuente de suministro de agua que previamente sería a través del proyecto estatal, el cual consistía en la edificación de un acueducto; ahora será mediante la red de la CESPM.

El vicepresidente de Relaciones Externas de la compañía, Edgar Guillaumin, explicó que la construcción del acueducto era un proyecto encabezado por el estado, pero recientemente fue cancelado.1

Mencionó que una de las opciones en este momento es convertirse en un usuario más de la CESPM, con un uso aproximado de 7 mil millones de metros cúbicos, que equivale a 0.3 por ciento del agua que actualmente se consume en el valle de Mexicali. Lo cual al parecer no es totalmente cierto ya que asociaciones han dicho que la cantidad sería casi el triple de lo que ellos mencionan.

Guillaumin refirió que por una parte se plantea conectarse a la red pública, pero a largo plazo la compañía está en negociaciones para obtener la sucesión de derechos para la explotación de pozos de agua, aunque no existe una fecha para resolver esta opción.

De llegar a instalarse, la planta de Constellation Brand consumirá más de 20 millones de metros cúbicos de agua al año, siendo que actualmente la región atraviesa una severa sequía, lo que ha provocado una situación de escasez hídrica en varios municipios del estado (sobre todo en la zona costa), además de que el acuífero del Valle de Mexicali se encuentra actualmente sobreexplotado. De esta forma, la instalación y operación de esta planta podría dejar sin agua a amplios sectores de la población de Mexicali y de otros municipios, así como a productores agrícolas del Valle de Mexicali, tal como ya ocurrió con la planta que dicha transnacional instaló en el municipio de Nava, Coahuila.

La cervecera podría causar una catástrofe ambiental de enormes magnitudes al seguir abatiendo el acuífero del valle de Mexicali y con ello aumentar la posibilidad de que el agua de mar del golfo de California se introduzca en los mantos freáticos y salinice tanto el acuífero como las tierras agrícolas de la parte sur del valle.

La aprobación y puesta en marcha de este proyecto se ha llevado a cabo con total opacidad, tráfico de influencias y corrupción. No se ha presentado públicamente la manifestación de impacto ambiental, ni licencia de uso de suelo, además de que no se ha definido la fuente de abasto del agua que requiere la planta.

El lunes 17 de julio se canceló de forma definitiva el acueducto Villahermosa-Mexicali que el gobierno del estado estaba impulsando para abastecer de agua a la cervecera, el cual mediría 47.5 kilómetros de longitud y costaría al erario más de 500 millones de pesos. De acuerdo a algunas declaraciones de Constellation Brand , la transnacional ahora buscará obtener el agua de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, el cual es el organismo operador del servicio de agua en el municipio de Mexicali.

El gobierno del estado utiliza la fuerza pública en contra de las protestas de las organizaciones en Mexicali y en beneficio de una compañía transnacional que podría dejar sin agua a la población de Baja California al producir 10 millones de hectolitros de cerveza anuales para su exportación al mercado estadounidense.

A este proyecto se suma la construcción de tres plantas desalinizadoras en la zona costa del estado, bajo el esquema de asociación público-privada, lo cual se traduce en que varias compañías transnacionales (Suez, Consolidated Waters , OHL-Inima y RWL Water) van a producir agua desalada para vendérsela a los organismos públicos operadores del agua.

Una de esas plantas, la ubicada en el municipio de Rosarito, está planeada para exportar a California más de la mitad del agua que producirá, esto es, 50 millones de galones de agua diarios. De esta forma se financia con recursos públicos la exportación de agua, tanto de forma directa como en forma de cerveza, en beneficio de varios capitales nacionales y extranjeros.2

Otro trasfondo de todo esto mucho más grave es la privatización del agua, la sociedad de Baja California echó abajo la ley promovida por el gobernador panista Kiko Vega, aprobada por el Congreso local para privatizar el servicio de agua, pero el 17 de enero de 2017, el gobierno estatal envió al Congreso del estado la iniciativa para abrogar la Ley de aguas y dos días después, la ley fue derogada por unanimidad.3

Además, el tribunal federal otorgó a los ejidatarios del Valle de Mexicali un amparo definitivo que impide la entrega del agua de los agricultores a la cervecera.

En tiempo de calor (mayo, junio, julio y agosto) la temperatura en Mexicali oscila entre los 42 y 50 grados centígrados, entonces el agua se convierte en vital para los pobladores por las altas temperaturas de la entidad.

La preocupación de los lugareños es el arribo de seis tanques de más de 20 metros de largo y un peso de 30 toneladas a las inmediaciones de la cervecera en el kilómetro 10 de la carreta Mexicali-San Felipe, y el fallo del tribunal federal –que impide la utilización del agua para uso agrícola–, consolida las sospechas de que Constellation Brand , con la anuencia de los gobiernos federal, estatal y municipal, pretende restar el agua a los mexicalenses.4

El gobierno federal intentó privatizar el agua en 2015 bajo la llamada “Ley Korenfeld”. No lo logró. Después intentó hacerlo a nivel local en Baja California, diversas organizaciones lograron pararlo en seco. Y ahora una cervecera y el contubernio de autoridades intentan de nuevo quedarse con el agua.

Asociaciones como Nueva Constituyente Ciudadana Popular (NCCP) denuncian y se suman a la lucha de Mexicali y de Baja California en defensa de nuestro bien común más preciado para la vida: el agua.

También denuncian que el gobierno estatal de Francisco “Kiko” Vega de la Madrid está ofertando el agua del pueblo bajacaliforniano a unas cuantas compañías transnacionales, las cuales están convirtiendo en un gran negocio la apropiación privada del vital líquido.

Llama poderosamente la atención la voracidad de las autoridades estatales sin importar el partido o inclinación política, la falta de un estudio técnico (por parte de Conagua) para determinar la disponibilidad de agua en la región, como la nula sensibilidad social, ya que ni la empresa ni el gobierno del estado contemplan alguna medida de compensación para la población afectada. Nada, cero, nula sensibilidad con los ejidatarios y vecinos. A pesar de los cuantiosos montos de inversión estimada no se destina ni un peso para obra social.5

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali y al gobierno de Baja California, para que se revise y, en su caso, cancele, la concesión otorgada a la empresa Constellation Brand , debido a los supuestos abusos en el uso del agua en la entidad. Y se hagan públicos los resultados de dicha investigación.

Segundo. Se exhorta a la Contraloría Interna Estatal y al gobierno del estado a investigar el tráfico de influencias, la violación a los derechos humanos y colectivos que resguardan el acceso al agua en la entidad, de la asimismo, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente investigue las licencias de impacto ambiental otorgadas a la Cervecera Constellation Brand en Mexicali.

Notas

1 http://eleconomista.com.mx/estados/2017/07/26/empresa-bc-cambia-fuente- suministro-agua

2 http://nuevaconstituyente.org/mexicali-la-lucha-por-el-agua/

3 http://let.iiec.unam.mx/node/1237#http://let.iiec.unam.mx/node/1237

4 http://www.proceso.com.mx/495881/la-lucha-agua-una-visita-inesperada

5 http://www.animalpolitico.com/blogueros-agenda-de-riesgos/2017/04/26/me xicali-la-guerra-del-agua/

Dado en Palacio Legislativo, a 18 de septiembre del 2018.

Diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a difundir el destino de los recursos consignados debido a los sismos de septiembre de 2017, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Rubén Terán Águila, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución , al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como todos sabemos, el mes de septiembre de 2017 se registraron dos sismos de magnitudes tales, que causaron incontables pérdidas tanto humanas como materiales, y que hicieron que la sociedad civil en su conjunto, reaccionara de manera solidaria en apoyo de sus conciudadanos, rebasando por mucho a la actuación que el gobierno federal tuviera en su momento.

El primero de ellos tuvo lugar el 7 de septiembre, con una magnitud de 8.2 grados, afectando principalmente a los estados de Oaxaca y Chiapas, en su oportunidad, el gobierno federal reportó de manera preliminar, que en estas entidades 110 mil inmuebles resultaron con daños, por lo que deberán ser construirse o repararse.

En Oaxaca fue donde se presentaron mayores afectaciones a inmuebles, con al menos 57 mil, mientras que en Chiapas se contabilizan 53 mil 395 negocios y viviendas con daños.

Una de las primeras acciones del gobierno federal fue la de apoyar con un monedero electrónico para la compra de material y mano de obra, sin embargo, dicha acción estuvo plagada de vicios administrativos y de corruptelas.

La reconstrucción o rehabilitación de escuelas en las entidades afectadas por los sismos puede alcanzar cuatro mil millones de pesos, aunque esta cifra podría variar, comento en su oportunidad el secretario Aurelio Nuño Mayer.

Además, dijo, deben hacerse nuevos cálculos, porque con esto se atenderá la reconstrucción y rehabilitación, así como afectaciones menores que incluyen pintura, muebles, computadoras y bibliotecas, entre otros puntos.

Asimismo, el martes 19 septiembre, cuando se realizaban diversos eventos que conmemoraban el sismo que sacudió la capital del país en la misma fecha pero de hacía 33 años, el centro del país fue sacudido por un sismo magnitud 7.1 que dejó más de 200 muertos y cientos de heridos.

El movimiento del 19 de septiembre se registró a las 13:14 horas, y tuvo como epicentro el municipio de Axochiapan, Morelos.

A una semana de los sismos del 19 de septiembre, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que la cifra de cuerpos recuperados en todo el país se ubicaba en 369.

A raíz de estos eventos catastróficos, la ayuda humanitaria nacional e internacional no se hizo esperar, estableciéndose de inmediato mecanismos para poder hacer acopio de bienes materiales, así como de aportaciones económicas.

De manera casi inmediata se constituyeron fideicomisos como el que es una iniciativa del sector privado liderada por el Consejo Coordinador Empresarial; tal y como ellos mismos se describen: “El Fideicomiso Fuerza México es el mecanismo de respuesta del sector privado para hacer frente a emergencias y cuenta con características específicas que facilitan los trabajos de reconstrucción”.

El total recaudado por este fideicomiso fue de 416, 794,575.80 millones de pesos.

Este fideicomiso administra y potencia las donaciones realizadas por organizaciones empresariales, compañías y particulares para atender de manera específica la reconstrucción de viviendas, clínicas, escuelas, mercados y patrimonio cultural.

Otra institución que se volcó hacia la ayuda fue la Fundación Carlos Slim, quien logro un total de 2,373,829,429.86 millones de pesos, los cuales se están aplicando en acciones tales como ayuda humanitaria a los damnificados, protección estructural del patrimonio cultural en riesgo, construcción de vivienda y mercados, entre otras.

Cabe mencionar que en estos dos ejemplos de actuación y organización de organismos de la sociedad civil, se lleva a cabo un exhaustivo ejercicio de supervisión y auditoría de los recursos recibidos, publicando reportes muy puntuales de la aplicación de los fondos que recaudaron.

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) señala que cuando sucede un desastre natural, se liberan recursos para la entrega de apoyos de emergencia para apoyar a la población.

En este orden de ideas, el gobierno federal llevó a cabo la llamada Fuerza México, que es un conjunto de iniciativas para la reconstrucción y apoyo a la ciudadanía derivada del impacto de fenómenos naturales. En la plataforma de Fuerza México dan orientación a la ciudadanía que sufrió daños por los sismos.

Asimismo se informa en ésta que la reconstrucción de los daños que se causaron a raíz de los terremotos esté en el orden de los 38,163, 343,988 mdp (fecha de actualización: 30/04/2018), dividiéndolos de la siguiente manera:

-Apoyos parciales inmediatos
6,844, 389,946 mdp

-Reconstrucción
22,810,342,755 mdp

-Gastos de evaluación de daños
39,960,093 mdp

-Aportaciones estatales
8,468,651,194 mdp

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/fuerzamexico

Como podemos observar en los datos presentados con anterioridad, se recibieron un sinfín de apoyos, los cuales se consignan a detalle en dicha página del gobierno federal.

Sin embargo, a la fecha de hoy, a pesar de los avances en la reconstrucción, a pesar de que algunos procesos de recuperación de infraestructura ya están en marcha, no se puede dar por hecho que la reconstrucción ya tiene un camino definido, ni que se tiene la completa certeza de que los fondos han llegado a los destinos para los cuales fueron etiquetados.

Más allá de las cifras que podemos consultar, los damnificados señalan que la tragedia no ha sido superada.

Por mencionar algunos ejemplos, se calcula que tan solo en Oaxaca hubo más de 80 mil viviendas afectadas y alrededor de 800 escuelas tuvieron daños de consideración, los cuales a la fecha no han sido subsanados.

Santiago Valdivieso, vocero de la Sección 22 de la CNTE, señaló que:

“Hasta el momento 688 escuelas están en proceso de exigencia de reconstrucción social, esto porque las aulas escolares están colapsadas o con un dictamen no factible para la tención escolar, principalmente en los cuatro municipios de la región del Istmo”

La liberación de recursos por parte del Fonden, hasta el momento, ha sido muy lenta y en algunos casos nula.

No es válido que la atención escolar que le estamos dando a la niñez, sea en espacios improvisados, en plazas cívicas, literalmente en la calle, acondicionando aulas con lonas y láminas.

En Juchitán, de las más de 20 mil viviendas afectadas, alrededor de 5 mil 200 aún no reciben los recursos necesarios para la reconstrucción de las mismas.

Además, en la atención de estos graves acontecimientos, se dieron vicios administrativos tales como la mala respuesta inmediata de las autoridades, la falta de coordinación de las autoridades en la aplicación y administración del recurso, censos incompletos, la duplicidad, en algunos casos, de los apoyos otorgados, la falta de protocolos adecuados para una emergencia de esta magnitud, la lenta dictaminación de inmuebles afectados, y la falta de instrumentos legales de emergencia, entre otros.

A un año de estos siniestros, cientos de beneficiarios de los programas establecidos para la reconstrucción, no tienen claridad ni certeza de la correcta aplicación de los mismos.

Por otra parte el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia(Unicef) denuncia que, si bien es cierto que aun cuando se pusieron en marcha diversos programas de atención a los damnificados, atendiendo básicamente la atención en la alimentación y la reconstrucción, muy poco se destinó a la atención de las secuelas emocionales de los menores ante el desastre.

Los analistas de este organismo internacional hallaron, a un año de la tragedia, falta de información y de protocolos de actuación frente a este tipo de eventos, rezago en la construcción y falta de espacios para que las y los menores de edad puedan volver a la normalidad y superar el evento traumático que sufrieron, esto a pesar de que, en su oportunidad los esquemas de apoyo sicológico fueron activados por organismos de la sociedad civil principalmente, sin embargo, estos apoyos se han diluido en el tiempo.

No es posible que el gobierno federal sea omiso ante la tragedia vivida por los habitantes de los estados de Chiapas, Oaxaca, México, Puebla, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México.

No es posible que a un año de los sismos de 2017, las necesidades y las demandas de la población no hayan sido resueltas.

Es por ello que el Poder Legislativo debe procurar de manera prioritaria que, a la brevedad posible, se le dé una respuesta adecuada a los damnificados de este fenómeno natural, y se tenga claridad y certeza de la asignación de todos y cada uno de los recursos recibidos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal a hacer público, da manera detallada, el destino de los recursos que les fueron consignados debido a los sismos ocurridos en septiembre de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputado Rubén Terán Águila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCJN a pronunciarse sobre el fondo en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales derivadas del decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, publicado en el DOF el 21 de diciembre de 2017, suscrita por las diputadas Sandra Paola González Castañeda y Tatiana Clouthier Carrillo, del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscritas, Sandra Paola González Castañeda y Tatiana Clouthier Carrillo, diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre el fondo en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en la materia del decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior publicado en el Diario Oficial de la Federación del 21 de diciembre de 2017, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. La cuestionada Ley de Seguridad Interior detenta entre sus principios rectores, de acuerdo al espíritu que consagró el legislador conforme a la velada exposición de motivos en su momento, la obligación y potestad del Estado mexicano para salvaguardar la seguridad interior mediante el establecimiento de procedimientos así como de políticas publicas orientadas a la coordinación entre los tres niveles de gobierno, por tanto, en teoría estamos en presencia de una acción estatal con miras a la justiciabilidad de uno de los derechos humanos vitales reconocido por todos los organismos internacionales así como consagrado y elevado a derecho fundamental en nuestra Carta Magna, como lo es, el derecho a la seguridad y a la protección del mínimo vital indispensable como ciudadanos pertenecientes a una república que al menos en el papel, ostenta la calidad de defensora de los derechos y apegada al marco constitucional y democrático que todos nos hemos otorgado.

Segunda. Sin embargo, consideramos que esta ley llega tare y mal; tarde porque todos los organismos reguladores y defensores de derechos humanos como la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, entre otras; han establecido claramente en su doctrina que la vigencia del estado de derecho humanitario internacional en materia de seguridad, transita por el retiro paulatino del ejército en todos sus fueros y rangos de las calles a efectos de que la rectoría en dicha disciplina sea recobrada con toda su fuerza y vigor por los estados nacionales.

No podemos obviar la coyuntura antropológica y social que vivimos en México por la inseguridad, la cual afecta directamente no sólo las bases de convivencia y progreso; sino también, crea una subcultura del miedo que se ve reflejado en los comportamientos de la población y en la presión que ejerce ésta para lograr que las instituciones del Estado previsiblemente se rindan ante la delincuencia organizada y los grupos de poder en las sombras.

Esta es una realidad lacerante y de la cual quienes suscribimos el presente punto de acuerdo estamos plenamente conscientes, no obstante, esto no es óbice para pretender que con una ley emanada de esta soberanía en la cual se faculta a las fuerzas armadas al vigilo, protección y combate de la inseguridad en tiempos de paz sea el motivo razonado y la argumentación jurídica adecuada para instalar un cuasi estado de excepción bajo el silogismo de salvaguardar el orden nacional y sus instituciones. Dicho de otra manera, estaríamos en la tesitura de que la seguridad y el orden “colectivo” están por encima de la cultura de los derechos humanos como marco de referencia para la convivencia de todos.

Señoras y señores legisladores, estamos pues, ante el desarrollo de los cánones de un estado totalitario ya que en ningún momento se justifica y razona por parte del Estado el principio de excepcionalidad, de larga trayectoria dialéctica y ponderada entre los tribunales y cortes internacionales así como recepcionada en reiteradas ocasiones por nuestro máximo tribunal; los cuales han sido recogidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando ha emitido más de un centenar de recomendaciones por la presunta violación de derechos humanos por parte de los militares en México.

Tercera . En este orden de ideas, la citada Ley de Seguridad Interior ha sido y es fuertemente cuestionada en su momento, no sólo por la oposición de este grupo parlamentario en la pasada legislatura, sino también han sido las propias instituciones del Estado, concretamente el Poder Judicial de la Federación a través del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien declaró inconstitucionales a través de sentencia los artículos 4, fracción I y IV, 6 párrafo primero, 9, 11 párrafos primero y últimos, 15, segundo párrafo, 16, 17, 20, fracciones I, II, III y IV, 21, 22, 26, 30 y 31 de la Ley de Seguridad Interior, los cuales de acuerdo al razonamiento y argumentación del juez constitucional, éstos no transversalizan ni se adecúan a los criterios jurisprudenciales que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara como condicionantes para la utilización y actuación de las fuerzas armadas en tiempos de paz, cuya razón legal y espíritu normativo se encuentran acaecidos en los numerales constitucionales 29, 89 y 129 en relación con los principios de seguridad y legalidad jurídica invocados en los artículo 14 y 16 de la constitución nacional; toda vez que los derechos fundamentales ahí consagrados son susceptibles de ser conculcados y, por tanto, imponer un radio de afectación aún mayor a derechos inalienables, como los derechos de libertad en todas sus expresiones, a la seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, entre otras.

Preciso es señalar, que el razonamiento del juez constitucional hace una análisis exhaustivo respecto de los numerales antes citados, toda vez que el estudio y el análisis se encuentran estrictamente vinculados con la metodología y técnica del derecho internacional humanitario respecto del comportamiento y acción de ayuda que deben suscitarse entre los militares y la población civil, así como la convivencia y las reglas establecidas para, en un momento determinado, aplicar el estado de excepción; situación que no se actualiza, discute, prevé y enumera la polémica ley en cuestión.

Nos encontramos pues, ante el escenario político y jurídico según los cuales, la Judicatura Federal a través de sus jueces, en el ejercicio del principio de objeción contra mayoritaria, desoyen a la ley publicada en diciembre de 2017, ponderando en todo momento principios constitucionales y el interés jurídico y legítimo que poseen los quejosos en todo momento a fin de proteger mediante el juicio de garantías, posibles actos de violación por parte del Estado reflejados en actos de imposible reparación y actos consumados, los cuales son considerados arbitrarios tanto por la doctrina universal como por los instrumentos internacionales establecidos y defendidos como “Human Rights”, así como por los organismos interpretadores y declaratorios de derechos humanos a nivel internacional, los cuales han sido citados y razonados por el juez constitucional multicitado.

Cuarta . Cabe destacar, que si bien es cierto la valiosa participación de las fuerzas armadas puede colaborar de manera extraordinaria para restituir el tejido social y el estado constitucional y democrático de derecho, la paz pública y la seguridad de los ciudadanos; éstas deben estar bajo el sometimiento del marco constitucional vigente, los tratados y convenciones internacionales firmados por el Estado mexicano de los cuales es parte en materia de derechos humanos y, de forma prioritaria, hacer valer en todo momento y bajo ninguna excepción el bloque de constitucionalidad enmarcado en el artículo 133 de la carta fundamental y el principio pro persona , también denominado “pro homine ”, el cual se sitúa como el piramidol o frontispicio de nuestro edifico constitucional enmarcado en el artículo 1o., párrafo segundo, de la carta fundamental.

Es evidente, que el criterio establecido por el juzgador respecto de los amparos resueltos a través de sentencia, la cual declara la presunta inconstitucionalidad de varios de los numerales de la Ley de Seguridad Interior y que se apegan a lo argumentado por las de la voz, encuentra su fundamento interpretativo en la jurisprudencia constitucional que a la letra es citada:

“Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Si bien pueden participar en acciones civiles en favor de la seguridad pública, en situaciones en que no se requiera suspender las garantías, ello debe obedecer a la solicitud expresa de las autoridades civiles a las que deberán estar sujetos, con estricto acatamiento a la Constitución y a las leyes. Del estudio relacionado de los artículos 16, 29, 89, fracción VI, y 129, de la Constitución, así como de los antecedentes de este último dispositivo, se deduce que al utilizarse la expresión “disciplina militar” no se pretendió determinar que las fuerzas militares sólo pudieran actuar, en tiempos de paz, dentro de sus cuarteles y en tiempos de guerra, perturbación grave de la paz pública o de cualquier situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, fuera de ellos, realizando acciones para superar la situación de emergencia, en los términos de la ley que al efecto se emita. Es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública. Pero ello, de ningún modo pueden hacerlo “por sí y ante sí”, sino que es imprescindible que lo realicen a solicitud expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles y de que en sus labores de apoyo se encuentren subordinados a ellas y, de modo fundamental, al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y en los tratados que estén de acuerdo con la misma, atento a lo previsto en su artículo 133. Acción de inconstitucionalidad 1/96. –Leonel Godoy Rangel y otros. –5 de marzo de 1996. –Once votos. –Ponente: Mariano Azuela Güitrón. –Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 4/1996 de veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y seis, relativo a los efectos de las resoluciones aprobadas por cuando menos ocho votos en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publicada en marzo de ese año, como aislada, con el número XXVII/96), se publique como jurisprudencial, con el número 36/2000. –México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 552, Pleno, tesis P./J. 36/2000; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, marzo de 1996, página 351.Apéndice 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, Facultades Exclusivas, Jurisprudencia, Sección I, Acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, página 123, Pleno, tesis 146.”

Quinta . Haciendo un estudio comparativo entre la jurisprudencia establecida por el máximo tribunal de la nación respecto de los requisitos tanto de procedencia como de legalidad constitucional y la argumentación vertida por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se puede establecer, con claridad meridiana, que mientras la corte legitima de forma excepcional la participación de nuestras fuerzas armadas sin que medie tiempos de excepción y, sin el concerniente suplicatorio por parte del Ejecutivo para la suspensión de garantías señaladas en el artículo 29 de la carta fundamental, la Ley de Seguridad Interior, en cambio, recepciona de forma permanente dicha participación en tiempos de paz y, desde la perspectiva de estas representantes de la soberanía, adecúa al tejido normativo federal y ordinario, su utilidad mediante una figura de cuasi Ministerio Público o fiscal cuya encomienda se supedita además a la investigación, integración y prevención de posibles actos constitutivos de delito sin la debida subordinación a una autoridad civil; lo cual no sólo violenta la figura del ejercicio de la acción penal contra actos presuntamente constitutivos de delito, sino también, vulnera el espíritu de los derechos fundamentales 14, 16, 29, 89 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sexta . Los juicios de amparo que han sido invocados y excitados para que la maquinaria judicial declare la verdad jurídica respecto de la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Seguridad Interior por parte del juez constitucional del Octavo Circuito en Materia Administrativa con cede en la Ciudad de México son los siguientes: 7/2018, 41/2018, 42/2018, 50/2018, 61/2018, 65/2018, 66/2018, 80/2018, 101/2018, 112/2018, 116/2018, 118/2018 y 124/2018; cuyas sentencias claman al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación su pronunciamiento, posicionamiento, declaratoria y la estricta observancia de uno de los principios rectores del constitucionalismo contemporáneo, como lo es el activismo judicial, para que arroje luz interpretativa y armonice los criterios jurisprudenciales en todos y cada uno de los circuitos colegiados de la nación para que sus titulares tengan la independencia de un verdadero juez de control, para que aplique y declare de forma hermenéutica y argumentativa lo que corresponda a la constitucionalidad de la citada ley en comento y que enarbole, de esta forma, el control difuso de constitucionalidad de los derechos fundamentales en México, así como la vigencia y desarrollo de éstos en el contexto de la convencionalidad internacional.

Séptima . Es fundamental que como representantes de la soberanía tengamos la vocación y la visión de restaurar a la república los más sublimes y elevados valores de la convivencia social enmarcada en el pacto constitucional que todos nos hemos dado. En palabras del catedrático de derecho constitucional español, el doctor José Asensi Sabater, el cual cito “Las leyes, los precedentes y el lenguaje jurídico expresado por los tribunales, tienen la virtualidad de ajustarse históricamente en respuesta a los conflictos político-sociales reales; pero mantiene entretanto, una apariencia de continuidad, la apariencia de constituir un conjunto estable de referencias normativas fiel a los precedentes, pero sobre todo fiel a los derechos inalienables expresados por todos como una herencia indeleble al proyecto constitucional de nuestra época.”

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se pronuncie sobre el fondo en las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en la materia, que permita hacer justiciables a través de los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito los derechos protegidos y amparados por el juicio de garantías y por los principios rectores de la carta fundamental; así como de los tratados y convenciones que en materia de derechos humanos el Estado mexicano sea parte.

Fuentes

- Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Cabrera García y Montiel vs México (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). No. 220. Serie C. Sentencia de 26 de noviembre de 2010, párr. 88 y 89.

- Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Radilla Pacheco vs México (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). No. 209. Serie C. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párr. 150 a 154.

- Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Fernández Ortega y otros vs México (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). No. 215. Serie C. Sentencia de 30 de agosto de 2010, párr. 77 a 79, y 117 y ss.

- Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acción de inconstitucionalidad 1/1996, resuelta en sesión de cinco de marzo de mil novecientos noventa y seis.

- Corte Interamericana de Derechos Humanos caso Cabrera García y Montiel vs México (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas). No. 220. Serie C. Sentencia de 26 de noviembre de 2010.

- Situación de derechos humanos en México, Informe de México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documento 44/15, treinta y uno de diciembre de dos mil quince, página 539.

https://contralacorrupcion.mx/leyseguridadinterior/

- https://www-unotv-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.unotv.com/noticias/por tal/nacional/detalle/pese-senalamientos-frena-scjn-amparos-contra-lsi-1 48275/amp.html

- http://www.cjf.gob.mx/documentos/notasInformativas/docsNotasInformativa s/2018/notaInformativa15.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputadas: Sandra Paola González Castañeda, Tatiana Clouthier Carrillo (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a liberar los recursos del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional, del ramo 23, incluidos en el PEF de 2018 y brindar de manera oportuna la información de su portal digital de trasparencia, a cargo del diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Jorge Luis Montes Nieves, del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes consideraciones:

La característica principal del sexenio que ésta por concluir, es la corrupción, los escándalos de desvíos de recursos públicos han dado lugar a innumerables portadas de diarios impresos, así como la nota principal de los noticiarios radiofónicos, televisivos y digitales.

De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción de 2017, y publicado por Transparencia Internacional, México es el país que ocupa el 29 lugar en la escala de los países más corruptos, lo que evidencia aún más la alarmante condición corrupta del actual gobierno y las deshonrosas de algunos funcionarios públicos.

Datos que prenden los focos rojos, obligan al renovado Congreso a llamar a cuentas a quienes administran los recursos públicos, de tal manera que no quede duda del destino del presupuesto público, máxime, cuando se trata de una de las exigencias de la ciudadanía.

En ese tenor, el suscrito, considera urgente exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar los 17,952,964,774 millones, recursos etiquetados específicamente para Proyectos de Desarrollo Regional, en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Llama la atención del suscrito que de los 17, 952, 964, 774 millones, que forman el total del Fondo para Proyectos de Desarrollo Regional, sólo 6, 252, 709, 546.33 millones, han sido pagados por la Secretaría de Hacienda, según la propia página de transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda, actualizada al 30 de julio de 2018, lo que representa apenas 34 por ciento.

Lo que significa que la Secretaría de Hacienda tiene en cautivo 66 por ciento (11, 700, 255, 227.67 millones) del presupuesto destinado a apoyar el desarrollo regional mediante la inversión en infraestructura y su equipamiento, lo que desde luego abona a la parálisis económica del país.

Ya que uno de los objetivos de la inversión pública en infraestructura, es activar la economía regional, objetivo que no se cumple con una autoridad hacendaria que busca por todos los medios impedir el acceso de las entidades federativas y de los municipios a los recursos asignados directamente en el Presupuesto de Egresos de la federación.

Como ejemplo, para el estado de Querétaro fueron etiquetados 441, 250,000.00 millones, distribuidos en 48 proyectos, de los cuales han sido pagados 42, que alcanzan apenas en su conjunto 69,150, 880.00 millones, o lo que es lo mismo, sólo 15 por ciento, lo que significa que extrañamente la Secretaría de Hacienda ha liberado únicamente los montos menores, faltando los seis proyectos que en un monto económico representan el 85 por ciento del recurso que le corresponde a mi Estado, tan sólo en el fondo de Proyectos de Desarrollo Regional.

Lo que evidencia la mala fe con que actúa la Secretaría de Hacienda, siendo que la mayoría de los municipios ingresaron sus expedientes antes del mes de abril, sin que a la fecha hubieran recibido observaciones o estas fueron notificadas casi al cerrarse el plazo, dejando a los beneficiados en estado de indefensión.

A ello, hay que agregar la nula oportunidad en el acceso a la página de transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, violando con ello la fracción II, del artículo 2 de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información Pública que establece que uno de los objetivos de la Ley citada de transparentar la gestión pública mediante la difusión oportuna, siendo que a la fecha de la presentación de este Punto de Acuerdo, la página de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha sido actualizada sino desde el 30 de julio del 2018, lo que impide tener una información eficaz.

Dado que nos encontramos en la segunda quincena de septiembre, y el año presupuestario está por concluir, es menester de esta soberanía impulsar a la Secretaría de Hacienda a dar celeridad a los procesos de pago de los expedientes etiquetados, de tal forma que no sean causa de subejercicio, máxime que tal como lo advierto estos recursos tienen la finalidad de impulsar la economía nacional, y evitar con ello un posible desvió de recursos públicos.

Asimismo solicito a esta honorable asamblea considerar el presente como un asunto de urgente y obvia resolución, considerando que, de seguir su curso en las comisiones, estaríamos en la necesidad de esperar la instalación de las mismas, lo que podría desembocar en una cuestión de imposible reparación.

Por lo expuesto, someto a consideración de este pleno la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a liberar los recursos del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional del Ramo 23, del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a brindar de manera oportuna la información de su portal digital de trasparencia.

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.

Diputado Jorge Luis Montes Nieves (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Energía, a la CRE y la CFE, revise la metodología que se utilizó para la determinación y cálculo de las tarifas finales del suministro básico aplicables al sector industrial en el estado de Guanajuato, y proceda a su ajuste y disminución, a cargo del diputado Jorge Arturo Espada Galván, del Grupo Parlamentario del PAN.

El que suscribe, Lic. Jorge Arturo Espadas Galván, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accin Nacional ante la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, presento a cxonsideracion de esta H. Asamblea la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, revisar la Metodología que se utilizó para la determinación y cálculo de las tarifas finales del suministro básico aplicables al sector industrial en el Estado de Guanajuato, y proceda a su ajuste y disminución, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:

I. ANTECEDENTES.

1. El 3 de mayo de 2018, el Pleno de la Comisión Reguladora de Energía emitió el Acuerdo A/017/2018 por el cual modificó los diversos Acuerdos A/058/2016 y A/058/2017, relativos a las tarifas finales del suministro básico, para el periodo de abril a diciembre de 2018; cuyo resolutivo Primero señala:

“Segundo. Se expide la Metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico, la cual permanecerá vigente de abril a diciembre de 2018, misma que se adjunta al presente como Anexo B y se tienen aquí por reproducida como si a la letra se insertare, formando parte integrante del presente Acuerdo”.

2. En su resolutivo Décimo Cuarto dispuso que dicha regulación económica estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2018 y, en su caso, se entendería prorrogada hasta que fueran expedidas las disposiciones administrativas de carácter general a que se refieren los artículos 138 de la Ley de la Industria Eléctrica y 47 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.

3. El pasado 13 de septiembre de 2018, el Pleno de la Comisión Reguladora de Energía, con dos votos en contra y cinco a favor, aprobó en sesión ordinaria la modificación de uno de los acuerdos relativo a las tarifas finales de suministro básico, comprendidas para el periodo septiembre a diciembre de 2018. De los siete comisionados de la CRE, sólo Montserrat Ramiro y Neus Peniche votaron en contra de modificar el anexo B del acuerdo A/017/2018.1 .

4. Diversos gremios empresariales y actores económicos tanto nacionales como del Estado de Guanajuato, han manifestado su rechazo a la modificación a las tarifas pues en su opinión, son injustificados y desproporcionados2

Ejemplo de ellos es Roberto González Martínez, presidente con licencia de Canacintra en León, quien estimó que la industria con giro de plástico o automotriz ha sufrido entre agosto de 2017 a agosto de 2018, un incremento del 60 al 70%, y después del ajuste de octubre de este año, el incremento anual acumulado será del 75 al 85%. Además, señaló que las mesas de trabajo que se instalaron para revisar el tema con la CRE no han funcionado, ni se ha llegado a ningún acuerdo. 3

Asimismo, Luis Gerardo González García, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en Guanajuato (CICEG) manifestó que el gobierno quiso cambiar la fórmula para cobrar y sólo logró perjudicar al país.

Por parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón indicó que analizará con más empresarios la situación, pues “esto ya superó cualquier expectativa y consideramos un abuso de la CFE4

Finalmente, José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en León (CCEL) manifestó que de continuar así, muchas empresas se verán en problemas y que es inaceptable un incremento anual acumulado del 80% para el sector industrial; se corre el riesgo de que la rentabilidad de las empresas disminuya y eventualmente cierren4; lo que pues de relieve a través del siguiente cuadro de análisis:

Por parte del Gobierno del Estado, el Secretario de Desarrollo Económico Sustentable comunicó que el área de infraestructura de la Dependencia que encabeza trabaja en un estudio para detectar qué provocó el alza en las tarifas.5 .

II. CONSIDERACIONES.

1. De conformidad con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los resultados finales de los “Censos Económicos 2014”6 .

, en conjunto, 10 entidades federativas aportaron el 69.1% de la producción bruta total del país; 43.5% se concentró en cuatro entidades: Distrito Federal, Nuevo León, Estado de México y Guanajuato, con 21.1, 9.4, 8.0 y 5.0%, respectivamente.

Asimismo, del total del personal ocupado en el país, 48.9% se concentró en seis entidades federativas: Distrito Federal (16.7%), Estado de México (9.4%), Jalisco (7.2%), Nuevo León (6.5%), Guanajuato (4.9%) y Veracruz de Ignacio de la Llave (4.2%).

Lo anterior ubica al Estado de Guanajuato dentro de las cinco entidades federativas con mayor vocación industrial.

2. El Censo Económico 2014, permitió contabilizar en el estado de Guanajuato, un total de 222,969 unidades económicas7 .

que representan el 5.3% del número total existente en el país; y a través de ellas se emplea a un total de 1,067,292 personas, esto es, el 4.9% del total nacional. El mismo INEGI reporta que las unidades económicas alojadas en el Estado de Guanajuato tuvieron ingresos en 2014 por $41,328 millones de pesos.

3. En 15 de los 46 municipios que integran el Estado, se concentra el 79.71% del total de unidades económicas; el Municipio de León aloja el mayor número de unidades económicas del Estado (69,789), que representan el 31.3% del total; le siguen Irapuato con el 9.7%, Celaya con 9.5%; Salamanca con el 4.4.% y San Francisco del Rincón con el 3.2%.

En el rubro de personal ocupado (contratado), León tiene el 39.4% del total estatal (1,067,292 personas); y le sigue Celaya con el 11.5%

4. Lo anterior pone de relieve que Guanajuato ha sido, es y seguirá siendo factor clave en el desarrollo económico del país. Sus industrias rebocera, talabartera, curtidora y de calzado comenzaron a prosperar desde antes de la época independiente; en 1877 se creó la fábrica de hilados y tejidos La Americana, que fue la primera planta industrial en emplear la energía eléctrica en México.

Actualmente la producción de calzado ocupa el lugar preponderante, con sus industrias relacionadas: curtidora, cartonera, química, etc.; pero existen también fábricas de envases plásticos, cubiertos metálicos, carrocerías, aceites automotrices, productos de alambre de acero, proveeduría automotriz, etc.

5. Sin duda, el florecimiento y fortalecimiento de la industria en el país, depende en gran medida de las políticas públicas y de los apoyos que reciban los industriales para el desarrollo de sus actividades. En la medida en que las industrias del país puedan disminuir sus costos en función de variables y apoyos gubernamentales, podrán aprovechar sus economías para mejorar su infraestructura o las condiciones laborales de sus empleados, así como ser fuente generadora de más empleos. Basta señalar que conforme al Censo Económico del INEGI, de cada 100 pesos de ingresos que obtienen los establecimientos (unidades económicas), entre un 45 y 72% lo destinan a sufragar gastos de operación.

En industrias como la del Calzado que es primordial en el Estado de Guanajuato, el monto total estimado de gastos es de $27,510 millones de pesos, lo que consume gran parte de los ingresos que se perciben en esa rama y que se calcula en $41,328 millones de pesos.

6. Si bien las llamadas reformas estructurales, entre ellas, la energética, han tenido como propósito generar condiciones propicias para el establecimiento y crecimiento de las industrias en el país, a la fecha sus efectos benéficos son poco palpables. Contrario a ello, el INEGI reportó en 2017 que el desempeño de la industria en México se había visto gravemente afectado por una serie de factores internos y externos. Desde abril hasta noviembre de 2017, la actividad industrial registró cada mes caídas en términos anuales y fue hasta diciembre que registró un crecimiento de apenas 0.1% frente al mismo mes del año pasado y de 0.9% frente al mes previo, según cifras del INEGI.

7. En cuanto al suministro de energía eléctrica requerido por la industria, si bien se esperaba tener efectos positivos de la reforma energética a los dos años siguientes de su entrada en vigor; a la fecha siguen siendo patentes los incrementos continuos en las tarifas.

La propia Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció en agosto de 2016 un segundo incremento consecutivo en las tarifas industriales y en las de alto consumo doméstico, justificando su decisión en la necesidad de compensar los incrementos que hubo en los costos de operación por los precios de los combustibles en el mes de julio. Las tarifas para el sector industrial reportaron en agosto de 2016 un aumento de entre 5.2 y 7.5% en comparación con agosto de 2015, y en ese mismo periodo el aumento en el sector comercial fue de entre 7.8 y 9 por ciento. 8 .

8. A efecto de evitar este tipo de distorsiones, se cuenta con una robusta normativa en materia energética, particularmente en lo tocante a la energía eléctrica, el artículo 22 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), establece que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene entre otras atribuciones, la de emitir sus actos y resoluciones con autonomía técnica, operativa y de gestión, así como vigilar y supervisar su cumplimiento, de emitir resoluciones, acuerdos, directivas, bases y demás actos administrativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

9. Vinculado ello, el artículo 42 de la LORCME instituye como obligaciones de la CRE: a) fomentar el desarrollo eficiente de la industria, b) promover la competencia en el sector, c) proteger los intereses de los usuarios, d) propiciar una adecuada cobertura nacional y e) atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

10. El alcance de los dos preceptos anteriormente citados atiende a que, tal como lo reconocen los artículos 2 y 4 de la Ley de la Industria Eléctrica (la LIE), el Suministro Básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional y constituye un servicio de interés público cuya prestación se sujeta a los mandatos de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad.

11. Por ello se confiere al Estado la facultad de establecer y ejecutar la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica a través de la Secretaría de Energía y la CRE, en el ámbito de sus respectivas competencias, según se advierte del artículo 6 de la LIE.

12. En ese tenor, el artículo 12, fracción IV de la LIE faculta a la Comisión para expedir y aplicar la regulación tarifaria a que se sujetará la operación de los suministradores de servicios básicos, así como de las tarifas finales del suministro básico en términos de lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la LIE.

13. El artículo 139 de la LIE señala que la CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas y de las tarifas finales del suministro básico; y el artículo 140, fracción I del mismo ordenamiento, establece que uno de los objetivos de las metodologías es promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución y proteger los intereses de los participantes del mercado y de los usuarios finales.

14. La idea de proteger a los usuarios y no incurrir en abusos se ratifica en el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica (RLIE); muestra de ello es el artículo 47, segundo párrafo que faculta a la CRE para establecer las contraprestaciones, precios y tarifas reguladas bajo principios que permitan el desarrollo eficiente de la operación y que protejan los intereses de los usuarios, sin reconocer las contraprestaciones, precios y tarifas que se aparten de dichos principios.

15. Con ese propósito, la CRE goza de las herramientas de evaluación que estime necesarias para lograr sus objetivos regulatorios, pudiendo realizar ejercicios comparativos y aplicar los ajustes que estime oportunos, según prevé el artículo 47 del RLIE.

III. PROPOSICIÓN.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea, proposición con el siguiente punto de Acuerdo:

ÚNICO. Se exhorta al Gobierno Federal para que por conducto de la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, revise la Metodología que se utilizó para la determinación y cálculo de las tarifas finales del suministro básico aplicables al sector industrial en el Estado de Guanajuato, y proceda a su ajuste y disminución, considerando que la industria alojada en esa entidad federativa ha resentido negativamente los incrementos en las tarifas finales, mismas que en forma acumulada anualizada se estiman en un 80%; y considerando además que el Estado de Guanajuato es factor clave en el desarrollo económico del país, dado el número de industrias domiciliadas en su territorio; el número de personas que ocupa; y la contribución que realiza a la economía nacional.

Notas

1 Modifica CRE acuerdo de tarifas básicas, Karla Omaña en Sección Zócalo de Reforma, 14 de septiembre de 2018, www.zocalo.com.mx/reforma/detail/modifica-cre-acuerdo-de-tarifas-basicas

2 Pide IP revisión de tarifas eléctricas, Verónica Gascón, 14 septiembre 2018, en Reforma, https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1491375&v=5&urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1491375&v=5

3 Indigna a empresarios abusos de la CFE. Itzel Rangel en AM edición León Guanajuato. 16 de septiembre de 2018.

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Censos Económicos 2014, Resultados Definitivos, Julio 2015, consultables en www.inegi.org.mx

7 Son las entidades productoras de bienes y servicios, llámense establecimientos, hogares, personas físicas. Véase http://www.inegi.org.mx/sistemas/scian/contenidos/Contenidos/FAQ.aspx?c=76016#qs4

8 Tarifas eléctricas hilan dos meses con incrementos, Luis Carriles 01 de agosto de 2016, El Economista.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, septiembre 17 de 2018

Diputado Jorge Arturo Espadas Galván

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Con motivo de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

El 19 de septiembre recordamos un aniversario más de los sismos de 1985 y 2017, que ocasionaron la muerte de cientos de personas y dejaron miles de damnificados, así como pérdidas al patrimonio de los mexicanos.

Estos fenómenos naturales provocaron daños a la infraestructura carretera, de telecomunicaciones, viviendas particulares, espacios culturales y oficinas públicas, en particular en entidades como Oaxaca, Puebla, Chiapas, Tlaxcala, estado de México, Morelos, Tabasco, Veracruz y la Ciudad de México.

En relación con el de 1985, las víctimas oscilaron entre 3 mil 600 y 10 mil personas. Derivado de ello, desde el año 2001, el 19 de septiembre lo conmemoramos como el Día Nacional de Protección Civil, un tema que se ha fortalecido en el transcurso de estos años.

Destaca el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018, cuyos objetivos centrales son fomentar la acción preventiva en la gestión integral de riesgos, promover la cultura de protección civil, generar un mejor marco jurídico, incrementar la innovación y el uso de tecnología y fomentar la eficiencia de los instrumentos financieros de gestión de riesgos.

Los mexicanos demostramos ser un pueblo unido y valeroso. Cabe destacar que, durante esta dificultad miles de personas salieron a las calles a ayudar sin ningún interés más que el de rescatar a las víctimas y salvaguardar la integridad de la población vulnerable.

El Grupo Parlamentario del PRI, reconoce y valora el trabajo de la sociedad mexicana, las fuerzas armadas y las instancias de protección civil en las labores de rescate, ya que su contribución fue determinante para la recuperación de las víctimas y restablecimiento de la paz y la tranquilidad de la población.

El trabajo de reconstrucción aún continúa, y exige del trabajo coordinado, comprometido, profesional y responsable por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las instituciones del Estado mexicano.

El sismo del año pasado movió el corazón de cientos de mexicanos que se solidarizaron en las actividades de rescate y ayuda, sin importar los riesgos o las condiciones climáticas.

Hoy tenemos en el recuerdo estos hechos, pero también la solidaridad y la unión de los mexicanos que, por encima de todo, nos hacen recordar que somos una nación fuerte.

(Rúbrica)

Con motivo de la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena.

Ciudad de México, 17 de septiembre de 2018

Efeméride con motivo de la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México

Con la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México, con esto, hemos concluido un periodo de intensos debates sobre el futuro del país y de la capital. Hoy comienza un nuevo paradigma en el discurso de libertades y sobre la organización de nuestra Ciudad.

La vigencia de esta Carta Magna ratifica nuestro compromiso con los derechos humanos, con la solidaridad, con la igualdad y con la sustentabilidad. Todas y todos los habitantes de la Ciudad de México nos debemos sentir satisfechos y con razones para conmemorar este día. Quiero destacar que la entrada en vigor representa un aliciente para quienes estamos convencidos, de que el trabajo parlamentario serio y comprometido es la mejor vía para contrastar ideas y para construir leyes que transformen la vida de todas las personas. El constituyente de la Ciudad fue un vivo ejemplo de ello. Nuestras diferencias reafirmaron la pluralidad de la Ciudad. Todos los que participaron en este ejercicio colaboraron con sus mejores ideas. Debatimos y construirnos. Juntos mostramos el potencial de la deliberación como una herramienta clave para la democracia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó hace unos días la revisión de la Constitución de la Ciudad de México. La mayor parte del texto quedó intocado. Al igual que la Constitución de 1917, la Constitución de la Ciudad fue señalada y calificada de heterodoxa. Las críticas y descalificaciones han quedado atrás. El contenido de la Constitución capitalina probó ser lo suficientemente robusto como para superar los exámenes de constitucionalidad que fueron planteados en su contra. Esto es otra muestra de la fuerza y seriedad de nuestro trabajo parlamentario.

¿Pero qué podemos esperar con esta entrada en vigor? Empiezo por señalar la radical transformación del cómo se presenta el poder público de la Ciudad de México. La Constitución fija con toda claridad, que la razón de ser del poder público es la salvaguarda de los derechos de todas las personas que habiten o que se encuentren en la Ciudad. Ello nos fija dos puntos fundamentales que quiero enunciar. El primero, es que cualquier acción de la Ciudad de México debe estar justificada en la eficacia de algún derecho contemplado por el texto constitucional. Para decirlo con otras palabras, la legitimidad de la administración pública estará en función de su potencial para satisfacer los derechos de las personas. Bajo esta óptica, la suntuosidad en el ejercicio del poder, que tanto nos lastima y que aleja la acción pública de sus fines fundamentales, debe ceder su lugar a la austeridad republicana que emplea los recursos estrictamente necesarios para los fines que persigue el bien común.

En segundo lugar, debemos asegurar que las autoridades de la Ciudad de México realicen o empiecen las tareas de cumplimiento de las nuevas responsabilidades que les impone la Constitución. Las y los constituyentes establecimos plazos prudentes para el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades, por ello, los artículos transitorios establecen lapsos para estructurar y planear esa reconfiguración hacia una visión comprometida con los derechos humanos. El texto constitucional incorpora diversas novedades en cuanto al diseño de órganos autónomos, de áreas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y del Poder Judicial. En el caso de este último, destaca especialmente el establecimiento de mecanismos que tienen como objetivo mejorar el acceso a la justicia constitucional. Con ello, la Constitución de la Ciudad deja de ser un conjunto de aspiraciones y se convierte en una norma cuya aplicación puede ser exigida ante los jueces de la capital.

El constitucionalismo que cimienta el texto de la Carta de la Ciudad de México se estructura sobre la idea de que los habitantes deben tomar un papel activo en la construcción cotidiana del gobierno de la Ciudad. Dicho de otra forma: la democracia participativa, es decir, la voluntad directa de los capitalinos es la brújula de los actos de la administración pública de la Ciudad de México. Desde luego, que ello no implica que las autoridades renuncien a su papel de gobierno de los asuntos públicos. Por el contrario, subraya la responsabilidad de los encargados de la acción pública en el sentido de cumplir con sus deberes, pero dota a las personas de herramientas suficientes para participar en los procesos de toma de decisiones y en la rendición de cuentas. Así, los mecanismos de democracia participativa contenidos en la Constitución de la Ciudad permiten ampliar la base de la acción ciudadana. Instituciones como el presupuesto participativo, la consulta o el plebiscito permiten involucrar activamente a las personas en los temas de su ciudad en todos sus niveles. Desde la comunidad, la Alcaldía y la Ciudad. Ahora, las y los habitantes de la Ciudad de México están al centro del debate público y no las autoridades.

La estructura de los derechos contenidos en la Constitución de la Ciudad se centra en tres grandes vertientes. En primer lugar, el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos necesarios para asegurar que las personas tengan las condiciones básicas para el desarrollo de sus capacidades. En segundo lugar, el principio de igualdad sustantiva como mandato para la acción del Estado. Y, en tercer lugar, el compromiso con el desarrollo sustentable.

Los dos últimos representan novedades para el constitucionalismo mexicano y por ello, me referiré brevemente a ellos. El mandato de igualdad sustantiva tiene como eje orientador la acción de la Ciudad de México para atender a la población más desfavorecida. Es evidente que abatir la pobreza es uno de los objetivos. Pero no es el único. El compromiso constitucional también protege a todas las personas. Ello implica que la política pública de la Ciudad debe incorporar en forma permanente criterios de inclusión. Nadie puede quedar atrás. Estos derechos son exigibles y será responsabilidad de todas y todos asegurar que se cumplan a cabalidad. La Ciudad de México no puede aceptar que algunos de sus habitantes se encuentren en niveles extremos de pobreza. Todas las personas tienen derecho a una vida digna y es nuestro deber colectivo garantizarlo.

Por lo que respecta a la sustentabilidad, nuestro texto incorpora principios que nos obligan a desarrollar conciencia de nuestro paso por el planeta y de nuestro compromiso con generaciones futuras. El desarrollo sustentable exige que todas nuestras acciones tengan que superar el baremo de su viabilidad para la Ciudad en el corto, mediano y largo plazo. La Constitución establece las bases para la creación de instancias que permitan diseñar y dar seguimiento a políticas públicas de largo aliento. La toma de decisiones de la Ciudad no puede estar sujeta a la coyuntura. Debemos trascender al sexenio como principio y fin de la planeación gubernamental Requerimos de acciones debidamente meditadas y de programas que se enfoquen en rescatar lo que hemos perdido de nuestro Valle de México. La responsabilidad sobre el desarrollo sustentable también es una tarea compartida. Por ello, se espera de nosotras y nosotros, en tanto habitantes de la Ciudad, que hagamos lo posible por reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente.

La Constitución de la Ciudad se construyó sobre la base de la solidaridad, la igualdad sustantiva y los derechos humanos. Por ello, la Ciudad de México aparece como una Ciudad abierta, convencida de que su mayor recurso es la diversidad de sus habitantes. Ese mandato, me permite decir que la Ciudad también es refugio. Es un espacio de llegada, de asilo, de asistencia y de destino. Cada arribo enriquece nuestra pluralidad. Los habitantes de la Ciudad estamos convencidos de que nuestra fuerza radica en nuestra capacidad para generar condiciones, para que cada mujer y hombre pueda desarrollarse a plenitud. Desarrollo en un espacio tolerante que brinda oportunidades para crecer. Nuestro arte, nuestra cultura, nuestras destrezas y nuestros conocimientos, juntos representan la fortaleza de nuestra colectividad. Una colectividad abierta, progresista y comprometida con los derechos de todas y todos. La Constitución capitalina contempla a las personas en el centro de las acciones de gobierno, pues todas y todos estamos incluidos en los mandatos de la Constitución de la capital.

La Constitución representa el lienzo sobre el cual hemos de escribir nuestra historia. Ahora nos toca a todas y a todos llenarlo de historias y de experiencias que nos hagan sentir orgullosas del colectivo del que formamos parte: Nuestra Ciudad de México.

Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica)