Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y locales a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación educativa para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, mientras no se revise y, en su caso, reforme el marco normativo aplicable, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes y consideraciones

Sin duda, la educación es base esencial para lograr el crecimiento de una nación, constituye el eje principal de su progreso, esto si se considera que la técnica y la ciencia se mejoran gracias a la educación potenciando así el desarrollo económico, lo que la convierte en factor imprescindible para combatir la desigualdad social; sin dejar de mencionar que la educación es un derecho humano, así está reconocido explícitamente en la Constitución federal, el derecho a la educación se encuentra salvaguardado jurídicamente por su artículo tercero, así como en su ley reglamentaria, la Ley General de Educación.

De esta forma, hay pleno consenso en cuanto a que la educación impartida en todas las escuelas de México tiene que ser integral, para lograrlo se requiere instrumentar e implementar diversas políticas públicas, si urgentes, pero no autoritarias y excluyentes, como lo fue la reforma educativa, una reforma fallida producto de un acuerdo cupular, producto del Pacto por México, cuyos resultados polarizaron a la nación, además de que profundizaron y agravaron la crisis económica y social, ahí tenemos los nulos resultados en beneficio de la población de las reformas laboral, fiscal y energética, todas ellas impuestas de manera antidemocrática, todas aprobadas precipitadamente sin diálogo y con exclusión social, favoreciendo sólo intereses de grupo.

En México, la educación ha estado envuelta en múltiples problemáticas, que se han traducido en bajos niveles de aprovechamiento escolar y en altos índices de deserción escolar en todos los niveles, se trata de problemas profundos y estructurales, que se han pretendido endosar de manera irresponsable solamente al gremio magisterial, y a partir de esta consideración se comenzó a confeccionar una gran mentira, una simulación, porque nunca se trató de una verdadera reforma educativa, el 10 de diciembre de 2012 Enrique Peña Nieto presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma de los artículos 3o. y 73 constitucionales, que en realidad sentaba las bases de una reforma laboral, para establecer un régimen especial para los profesores de este país, nada que ver con un planteamiento técnico pedagógico en contenidos, programas, planes y libros de texto, con esa absurda invención de reforma constitucional Peña Nieto eludió su responsabilidad para verdaderamente atender los factores del rezago educativo.

Como era de esperarse en fast track, quienes tenían la mayoría en el Congreso de la Unión aprobaron esta reforma, el 19 de diciembre los diputados y el 20 de diciembre los senadores, les bastaron menos de 10 días para aprobar ese atropello al magisterio. Para principios de febrero de 2013, la mayoría de los congresos estatales había ratificado la reforma, por lo que la Cámara de Diputados y el Senado de la República procedieron a emitir la declaración constitucional de ésta, siendo promulgada el 25 de febrero de 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente.

También hay que mencionar que se trató de una reforma parte de una agenda educativa dictada desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, un organismo internacional que desconoce la realidad del sistema educativo de nuestro país, ignora que muchas maestras y maestros cumplen con su vocación de desarrollar todas las capacidades y transmitir conocimiento a de sus alumnos, en condiciones totalmente adversas, con bajos salarios, con una deplorable infraestructura educativa, atendiendo a niños en pobreza extrema en pobreza alimentaria que afecta su neurodesarrollo y les será difícil adquirir conocimientos suficientes, aunque el docente haga su mejor esfuerzo; la OCDE y los seguidores de sus dictados parecen sostener que la “calidad” de la educación depende sólo de la profesionalización de los docentes que se logrará a través de mediciones y evaluaciones, que desde luego son aceptadas, siempre que éstas se constituyan en un instrumento de retroalimentación y no en una medida intimidatoria, represiva que atenta contra los derechos laborales del magisterio.

Para agosto de 2013, en un acto verdaderamente vergonzoso, la Cámara de Diputados sesiona en una sede alterna, para en un periodo extraordinario de sesiones aprobar reformas a la Ley General de Educación y para aprobar la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, aprobando estas legislaciones la Cámara baja el 22 de agosto y la alta el día siguiente, igualmente en fast track, estando ausentes los actores más importantes de esa discusión: los maestros de México.

Luego, en un hecho inédito en la historia del parlamentarismo mexicano, el mismo día de la sesión de Congreso General, el 1 de septiembre de 2013, se dio, como se acostumbraba, un albazo parlamentario en la Cámara de Diputados, sin acuerdos, sin diálogo, sin consenso, se impuso un ordenamiento inadmisible: la Ley General del Servicio Profesional Docente, que estableció procedimientos de sanción e incluso de separación del empleo de los trabajadores de la educación, segmentándolos y excluyéndolos de la legislación laboral, ya que si se reconoce que los maestros son trabajadores al servicio del Estado, se debe por consiguiente asumir que se encuentran regidos por el Apartado B del artículo 123 constitucional y por su ley reglamentaria, pero esto fue desconocido e ignorado, el 3 de septiembre siguiente con gran rapidez en el Senado de la República se aprobó tan ominosa ley, en cuyos artículos octavo y noveno transitorios se menciona expresamente el atentado laboral contra las y los docentes que se nieguen a participar en las evaluaciones, que como ya se comentó están diseñadas como un instrumento intimidatorio y represivo:

Octavo . El personal que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentre en servicio y cuente con nombramiento definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la educación básica o media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el título segundo, capítulo VIII, de esta ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la ley no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la autoridad educativa o el organismo descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen.

El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según corresponda.”

Noveno. El personal docente y el personal con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica o media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados que a la entrada en vigor de esta ley tenga nombramiento provisional, continuará en la función que desempeña y será sujeto de la evaluación establecida en el artículo 52 de la presente ley. Al personal que obtenga resultados suficientes en dicha evaluación, se le otorgará nombramiento definitivo y quedará incorporado al servicio profesional docente conforme a lo dispuesto en esta ley.

Será separado del servicio público sin responsabilidad para la autoridad educativa o el organismo descentralizado, según sea el caso, el personal que

I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación;

II. No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación a que se refiere el artículo 53 de la ley; o

III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53.

Además de que se trata de evaluaciones estandarizadas, que consideran las características, particularidades y necesidades de cada entidad y región del país. Evaluaciones aplicadas bajo amenaza que están diseñadas para no ser aprobadas.

Los profesores de México están siendo víctimas de un permanente acoso laboral al interior de las escuelas: una supervisión excesiva, aumento de carga de trabajo meramente administrativo, como la elaboración de portafolios de evidencias, planificación didáctica argumentada, elaboración de exámenes de recuperación, etc. Se vive una privatización silenciosa del sistema educativo, así a través de los comités de participación social, las madres y padres de familia asumen los costos económicos de aspectos tales como el mantenimiento de los planteles.

El linchamiento mediático de los últimos años ha sido brutal y la libertad de expresión del magisterio se ha pretendido coartar, quienes se oponen a las medidas punitivas de la mal llamada reforma educativa, en el mejor de los casos, han sido separados de sus empleos, y en el peor han sido levantados y desaparecidos.

La aplicación sesgada de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), por parte de las autoridades educativas federales y estatales, ha dado lugar al cese de docentes de la escuela pública, en diferentes estados del país. Aunque no se cuenta con un censo actualizado sobre los afectados, ni se tienen datos precisos acerca de la cantidad de trabajadores de la educación que fueron retirados, unilateralmente, de su trabajo, se estima que hay más de 500 profesores que han sido víctimas de este tipo de atropellos en México...

Específicamente y en forma lamentable, en el caso de Querétaro, el coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro, Enrique de Echavarri, recalcó, en febrero pasado, que “no habrá reinstalación de docentes dados de baja el año pasado”, al referir que el tema está cerrado y agotado. En Querétaro, profesores organizados exigen la reinstalación de 127 maestros, cesados por no presentarse a las etapas de evaluación del desempeño, consideradas por la LGSPD, principal instrumento jurídico de la “reforma educativa” (https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/07/11/cesados).

La Secretaría de Educación Pública, a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, de conformidad con el artículo 4, incisos a), fracción I, y b), fracción I, del decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, tiene la función específica de participar con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en la elaboración del programa anual conforme al cual se llevarán a cabo los procesos de evaluación para la educación básica, tomando en consideración las propuestas que en su caso reciba de las autoridades educativas locales.

Respecto a la educación media superior, con fundamento en el artículo 9, fracción I, de la Ley General del Servicio Profesional Docente, corresponde a las autoridades educativas y a los organismos descentralizados participar con la secretaría en la elaboración de los programas anual y de mediano plazo conforme al cual se llevarán a cabo los procesos de evaluación.

A las autoridades educativas federal y locales, de conformidad con el artículo 14, fracción I Bis, de la Ley General de Educación, corresponde de manera concurrente participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente tanto en la educación básica, como en la educación media superior.

Conforme a lo anterior, desde junio pasado miles de maestros han sido notificados por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente que están comprendidos para ser evaluados en su desempeño como docentes, con la conocida amenaza que conlleva el no presentarse a dicho proceso, con el estrés y preocupación que genera el perder la estabilidad laboral, al someterse a una evaluación estandarizada, que desconoce la realidad que se vive al día en el aula.

En Morena estamos a favor y nos pronunciamos por una educación pública, integral, laica, gratuita, científica y popular, que contribuya a la transformación de la sociedad, trabajaremos para lograr una mejora radical del sistema educativo nacional, para lo cual construiremos junto con el magisterio y demás actores interesados una verdadera y auténtica reforma educativa, mientras tanto y refrendando nuestro compromiso con las y los maestros de México, para quienes no podemos continuar tolerando ningún atropello a sus derechos, realizamos este exhorto a las autoridades educativas correspondientes en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares del Poder Ejecutivo federal, de la Secretaría de Educación Pública, en particular a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas a suspender de manera inmediata e indefinida los procesos de evaluación para el ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, así como cualquier procedimiento sancionatorio, hasta en tanto sea revisado y en su caso reformado el marco normativo que rige dichos procedimientos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.

Diputados: Lorena del Socorro Jiménez Andrade, Adela Piña Bernal, Irán Santiago Manuel, María Chávez Pérez, Azael Santiago Chepi, Idalia Reyes Miguel, Maribel Aguilera Cháirez, Hilda Patricia Ortega Nájera, María de Jesús García Guajardo (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a reconsiderar por la SCT y la SHCP el aumento de las tarifas en las casetas y reducirlas para favorecer a todos los usuarios de las autopistas y el sector productivo nacional, a cargo del diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para exhortar al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reconsideren el aumento de las tarifas de las casetas de peaje y se reduzcan, a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional, con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Las carreteras del país revisten una gran importancia y son esenciales para el desarrollo económico y social, ya que constituyen un pilar para la movilidad del transporte de personas, mercancía e insumos que incentivan a la actividad productiva, los servicios y el turismo.

Además, por su articulación y conectividad fomentan la competitividad y la productividad de las regiones generando oportunidades de progreso, desarrollo y calidad de vida para los ciudadanos.

La red carretera de autopistas que son operadas por Caminos y Puentes Federales de Servicios Conexos (Capufe) registra un total de 41, de las cuales 39 pertenecen a la Red del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI) y dos son propias. En materia de puentes internacionales se tienen un total de 14, de los cuales Capufe concentra 12 y el FNI es propietario de dos; con respecto a los puentes nacionales se registran 18, de los que 16 son propios; uno, el Cucapá, del cruce internacional San Luis Río Colorado, en Sonora, es operado por el organismo y uno pertenece al FNI.1

Capufe es el organismo encargado de operar la mayoría de las autopistas del país y es quien cobra el peaje de las mismas. El día 6 de septiembre, en un comunicado oficial publicó que el Banco Nacional de Obras (Banobras), fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura, giró instrucciones a Capufe para que actualice las tarifas de peaje de la red carretera del mencionado Fondo. Esta medida entró en vigor a partir de las 00:00:01 horas del viernes 7 de septiembre del año en curso. Asimismo, se informa que el FNI ha decidido mantener sin cambio la tarifa del corredor Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco.2

Con esta medida se tiene un incremento en el peaje que va desde el 12 al 18 por ciento en las tarifas en la red de autopistas. Cabe destacar que entre las carreteras más transitadas por la Ciudad de México se encuentra la Chamapa-Lechería que se incrementó el 18 por ciento, al pasar de 44 a 52 pesos por automóvil. Cabe destacar que esta autopista, en 2017, registró un aforo anual de 40 millones de vehículos que dejó ingresos por 736.5 millones de pesos, con el incremento se estima que recaude adicionales más de 133 millones de pesos adicionales.

Otro caso es el de la autopista México-Puebla, cuya tarifa subió 17 por ciento, esto significa que los automovilistas van a pagar 165 pesos de los 141 pesos que les cobraban anteriormente. Esta autopista registró en 2017 un aforo vehicular de 53.2 millones de vehículos anuales que dejaron ingresos por 2 mil 989.7 millones de pesos, con el ajuste se estima que se recaude más de 508 millones de pesos adicionales.

Por su parte, la autopista México-Querétaro, que es una vía altamente aforada, el incremento fue del 12 por ciento, ahora los coches pagarán 166 pesos, 2 pesos más de los que se les cobraban antes de la medida. En 2017 registró un aforo de 45.2 millones de vehículos anuales dejando ingresos por 5 mil 136.2 millones de pesos, con el ajuste tarifario se estima que genere más de 616 millones de pesos adicionales.

La autopista Estación Don-Nogales, siendo una vía altamente transitada, se incrementó 17 por ciento, ahora los automóviles pagarán 398 pesos de los 377 pesos que pagaban por transitarla. Esta autopista en 2017 registró un aforo de 11 millones de vehículos y registró ingresos por 882 millones de pesos, que con el aumento se estima que reciba más de 150 millones de pesos adicionales.

La autopista Córdoba-Veracruz, cuyo peaje era de 179 pesos, con el aumento es de 206 pesos con una diferencia de 27 pesos y un 15 por ciento de aumento. La autopista, en 2017, registró un aforo de 10.8 millones de vehículos recibiendo ingresos anuales por 879 millones de pesos y con el ajuste se estima que reciba 131 millones de pesos adicionales.

Es importante destacar que se trata del tercer aumento en lo que va de este 2018. El primero se realizó el 9 de enero solo para la caseta de Tlalpan, en la México-Cuernavaca, la cual pasó de 74 a 98 pesos. El segundo aumento fue el 24 de enero, de un 4.2 por ciento en promedio, abarcando el 87 por ciento de carreteras de la red del Fondo Nacional de Infraestructura a cargo de Capufe. Mientras que en 2017 se registraron dos ajustes de tarifa, el 6 de julio y el 1 de septiembre.

Con base en lo anterior, no consideramos que se justifique el aumento de las tarifas de peaje, debido a que el 24 de enero se dio un incremento respaldado principalmente por los efectos inflacionarios y los gastos de mantenimiento de las vías. Ahora, nuevamente a unos meses que se registró el ajuste, de nueva cuenta se vuelve a presentar un incremento en el peaje, situación que golpea el ingreso de los usuarios de las autopistas como al sector productivo nacional.

Cabe destacar que el sector productivo, como el autotransporte en sus diferentes modalidades y los usuarios que hacen uso de las autopistas, no sólo el pago del peaje representa una disminución a su ingreso, ya que desde agosto de 2017 al 15 agosto del presente año, el precio de la gasolina magna (la más consumida por los mexicanos) pasó de 15.57 a 19.59 pesos por litro, un aumento de 4.02 pesos por litro equivalentes a un incremento de 25.8 por ciento.

Es importante señalar que, de acuerdo a cifras de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), los mexicanos pagan en promedio de 5 a 6 pesos de impuestos por litro de gasolina Magna, Premium y diésel, lo que representa en promedio el 30 por ciento del precio final. Asimismo, también señala que el precio de las gasolinas acumula 12 meses consecutivos de aumentos.

Otro problema es el de la inseguridad en las autopistas, pese a ser más caras, no son más seguras, lo cual tiene como consecuencia que las pólizas de seguro para transportistas se hayan incrementado hasta 250 por ciento, además del incremento en los requisitos para poderse asegurar ante la ola de violencia que se genera en las autopistas.

Las cifras de la inseguridad en el autotransporte en sus diferentes modalidades, de acuerdo a la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), representa 92 mil 500 millones de pesos anuales, impactando en forma negativa en la competitividad de la economía del país. Ante este escenario es fundamental que el Estado garantice el estado de derecho y emprenda acciones para atender el problema que afecta al sector productivo nacional.

Estamos convencidos de que las altas tarifas de peaje, el incremento de las gasolinas y el diésel y la inseguridad representan serios obstáculos para el progreso del país.

Por último, no aceptamos que esta administración, de forma indiscriminada, suba las tarifas a estas alturas del sexenio. La pregunta obligada es: ¿A quién quieren beneficiar?

Por el contrario nuestra postura es que se reconsideren los ajustes tarifarios y se reduzca el peaje, toda vez que el costo de las carreteras es muy alto en nuestro país, cuando contamos con los salarios más bajos, de acuerdo a la OCDE.

La sociedad mexicana ha sido fuertemente golpeada a lo largo del presente sexenio, y esto representa el golpe final a los bolsillos de la gente, no permitamos este atropello y exijamos que se revierta este injusto e innecesario incremento en las tarifas del peaje que nos han impuesto una vez más.

Reiteramos: bastante tenemos con los gasolinazos indiscriminados, con la galopante inseguridad en nuestras carreteras, como para permitir que sigan abusando con el incremento del peaje como una práctica ya recurrente de esta administración.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se hace un atento exhorto al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que reconsideren el aumento de las tarifas de las casetas de peaje y se reduzcan, a fin de favorecer a todos los usuarios de las autopistas y al sector productivo nacional

Notas

1 Fuente: Caminos y Puentes Federales de Servicios Conexos. Capufe.

2 http://www.capufe.gob.mx/portal/wwwCapufe/SalaDePrensa/ ComunicadosDePrensa/Com-012-2018.pdf

Palacio legislativo, a 11 de septiembre de 2018.

Diputado Juan Carlos Muñoz Márquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente electo y su equipo de transición a no incrementar de 65 a 68 años la edad a fin de ser beneficiario del Programa de Pensión para Adultos Mayores y garantizar la pensión universal, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo por el que se solicita al presidente electo y a su equipo se transición, que no incremente la edad de 65 a 68 años para ser beneficiario del Programa de Pensión para Adultos Mayores y se garantice la pensión universal, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La estructura de la población a nivel mundial ha cambiado en los últimos años. El aumento en la esperanza de vida, la disminución de los nacimientos y de la tasa de mortalidad, así como los avances en materia de salud, han dado lugar al incremento de adultos mayores.

México no es la excepción, el país experimenta una “transición demográfica” caracterizada por el envejecimiento de su población. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, entre 1990 y 2017, el porcentaje de la población infantil pasó de 38 por ciento a 27 por ciento, el de jóvenes disminuyó de 30 por ciento a 26 por ciento y el de personas de 60 años o más aumentó de 6.4 por ciento a 10.5 por ciento.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el año pasado habitaban en el país casi 13 millones de personas de más de 60 años, uno de cada cuatro vivía en localidades menores a los 2 mil 500 habitantes.

Asimismo, la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares arrojó que en tres de cada 10 hogares vivía al menos una persona de 60 años y más, mientras que 1.6 millones vivían solos, siendo en su mayoría mujeres.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece que en México este grupo poblacional está definido por las personas de 60 años o más de edad que se encuentran domiciliados o en tránsito en el territorio nacional.1

Los adultos mayores son un grupo de población vulnerable propenso a sufrir carencias sociales. Basta mencionar que, en 2016, alrededor de 5.4 millones eran pobres; un millón vivían en pobreza extrema y 4.5 millones eran pobres moderados.2 Sin duda, un gran reto para las instituciones

Entre las implicaciones más importantes del proceso de envejecimiento se encuentran las del ámbito laboral. Conforme avanza la edad, muchas personas pueden verse impedidas para continuar realizando determinados trabajos, debido principalmente a cuestiones de salud y discapacidad.

En nuestro país, el gobierno federal ha implementado diversas acciones para atender esta problemática y mejorar el bienestar social de los adultos mayores. Uno de los programas más importantes es el programa “Pensión para Adultos Mayores” que atiende a la población de 65 años en adelante y tiene cobertura nacional.

Los beneficiarios reciben apoyos económicos de 1,160 pesos cada dos meses; participan en grupos de crecimiento, campañas de orientación social y jornadas informativas sobre temas de salud, desarrollo personal y otros temas en beneficio de la población de adultos mayores.

Teniendo en cuenta esta problemática, en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, se redujo de 70 a 65 años, la edad mínima para acceder a una Pensión para Adultos Mayores. Sin duda, una decisión acertada en materia de política social, al ser un programa que tiene impacto en la alimentación, la salud y el ingreso de más de la mitad de los mexicanos de 65 años y más

Vemos con preocupación que se pretenda incrementar de 65 a 68 años de edad el Programa de Pensión para Adultos Mayores, porque estaría excluyendo a poco más de 2 millones de personas de la tercera edad y a 235 mil beneficiarios que actualmente se encuentran en ese rango de edad.

No es una política progresiva, es una medida que beneficiaría a un sector de la población que no requiere este beneficio y pondría en riesgo el único ingreso al que aspiran millones de mexicanos que viven en la pobreza y que, en muchos casos, emplean para su salud y alimentación.

En el ámbito jurídico internacional, dicha medida contravendría instrumentos firmados por México que son esenciales para la protección de los derechos humanos de este grupo poblacional, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, que en su artículo 2o. establece:

“Persona mayor: Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor.”3

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas establece la edad de 60 años para considerar que una persona es adulta mayor, aunque en gran parte de los países se considera que la vejez empieza a los 65 años.4

Por su parte, la Unión Europea en todos sus trabajos y estudios en favor de los derechos de las personas adultas mayores, también considera dentro de este grupo de edad a las personas con 65 años o más, tal como se destaca en el documento “Hacia una Europa para todas las edades”, publicada en 1999.

La protección de los derechos de la vejez se ha convertido en un tema central en el ámbito político y legislativo de un sinnúmero de países en todo el mundo. En América Latina, por ejemplo, la mayor parte de los países consideran que una persona comienza su vejez desde los 60 años, otros más como Perú, Costa Rica o Paraguay la establecen a los 65 años. En este sentido, no hay razón para que México avance en un sentido contrario en materia de los derechos humanos de los adultos mayores.5

Aumentar la edad para tener acceso a una pensión, no constituye un criterio de ahorro ni mucho menos una medida de austeridad para el gasto público en materia social, constituye un duro golpe a un sector de la población que tiene como única fuente de ingreso una transferencia gubernamental para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación y vivienda.

¿Qué pasará con los mexicanos que hoy son beneficiarios del programa y quedarán excluidos por el incremento de edad? ¿Cómo se va a compensar el ingreso de los adultos mayores que solo cuentan con este recurso para vivir?

No sólo repercutirá en dejarlos desprotegidos en términos de beneficios sociales, sino en incumplir con disposiciones internacionales y de derecho interno que establecen que un adulto mayor tiene derecho a la asistencia social, a una vida con calidad, sin violencia y sin discriminación y, sobre todo, a la certeza jurídica que le garantiza el Estado mexicano a todo ciudadano.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al presidente electo y a su equipo se transición, que no incremente la edad de 65 a 68 años para ser beneficiario del Programa Pensión para Adultos Mayores y se garantice la pensión universal.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245_120718.pdf

2 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/311757/Actualizaci_n_de_ la_PP_y_PO_INAPAM_2016.pdf

3 Organización de los Estados Americanos, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores , Departamento de Derecho Internacional, [en línea], disponible en:

http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_in teramericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp

4 Organización de las Naciones Unidas, Envejecimiento , [en línea], disponible en:

http://www.un.org/es/sections/issues-depth/ageing/index. html

5 Villarreal, Mónica, La legislación en favor de las personas mayores en América Latina y el Caribe , CEPAL, [en línea], disponible en:

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/720 6/S0501092_es.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 11 de septiembre del año 2018.

(Rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a los feminicidios en el estado de México, suscrita por el diputado Juan Ángel Bautista Bravo e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, integrantes de la LXIV Legislatura, del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La violencia feminicida se caracteriza por los hechos violentos contra mujeres que atentan gravemente contra sus derechos humanos, contra la vida, su integridad y seguridad. En muchas ocasiones, las víctimas sufren estos delitos por omisión y acciones ilícitas de autoridades las cuales, en colusión con los agresores, obstaculizar el acceso a la procuración de justicia porque las entidades estatales son incapaces de llevar a cabo las garantías de respeto a la ley y de prevención o erradicación de la violencia contra las mujeres.

En México se cometen siete feminicidios al día la forma de asesinar es cada día más violenta. Ante los elevados índices de muertes y de la violencia cometida en contra de mujeres, a mediados de 2015, “el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres decidió emitir la declaratoria de alerta de género para 11 de los 125 municipios que integran el estado de México, los cuales son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco Solidaridad, Cuautitlán Izcalli y Chalco.

Fue publicada en la gaceta oficial del estado el 22 de abril del 2016 y entró en vigor, sin embargo, los feminicidios no ceden. Una de las principales fallas de la alerta es que, al no aplicarse los protocolos de actuación, las denuncias por desaparición siguen sin ser tomadas de inmediato, ya que las autoridades todavía solicitan las 72 horas de espera antes de denunciar la ausencia de una mujer.

La Alerta, sin embargo, no ha logrado bajar la tasa de violencia contra las mujeres en el Edomex, la primera entidad en declararla. De acuerdo a cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidios (OCNF), de 2015 a 2016 fueron asesinadas 626 mujeres en el estado de México, pero solo en el 47 por ciento de los casos (296) se inició una investigación por feminicidio. De estos sólo el 10 por ciento tiene una sentencia.

El estado de México y Veracruz ocupan el primer lugar en feminicidios al cierre del primer semestre del 2018, según reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Con 36 feminicidios cada uno, las entidades referidas ocuparon la primera posición de un total de 387 feminicidios ocurridos en el país durante los primeros seis meses del año.

Según los datos del SESNSP, se sumaron 37 muertes más en comparación del mes de julio del 2017 que registró 350 feminicidios. Durante los meses de mayo, junio y abril de este año, se iniciaron 56, 70 y 71 Carpetas de Investigación respectivamente.

Los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Tecámac (con cuatro feminicidios cada uno) lideran ese rubro durante el primer semestre de este año. Zumpango, Huixquilucan y Valle de Chalco, con dos casos cada uno siguen en esa lista, de acuerdo al SESNSP.

A lo anterior se suman las diferentes disposiciones del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que establecen términos muy dilatados hasta la generación del dictamen correspondiente para que la Secretaría de Gobernación emita la declaratoria de violencia de género y realizar de inmediato las acciones a las que hace referencia la ley. En otras palabras, las mujeres enfrentan la violencia y la parálisis producto de la burocracia.

Las alarmantes cifras de violencia feminicida apuntan hacia la sistemática violación de los derechos humanos de las mujeres que deben enfrentarse de manera definitiva para erradicar estas acciones delictivas que atentan contra las personas en un estado pobre, marginado y violento.

Es urgente el fortalecimiento de las instancias responsables de la procuración de justicia y de la persecución del delito en el estado,

La violaciones y los feminicidios no cesan, esto desencadena una secuela de trágicas consecuencias en las que las autoridades jamás piensan ni meditan; una mujer asesinada es una hija que se quedó sin madre, o una madre que perdió para siempre a su hija, son pérdidas que causan un dolor eterno que nadie puede comprender, si no lo ha vivido.

Por lo anterior expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado México para que difunda y explique las acciones que ha implementado en lo que va de su gestión, ante la gran alza de feminicidios que siguen ocurriendo en el estado de México

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al fiscal general del estado de México y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de México para que explique y difunda detalladamente los mecanismos de capacitación a funcionarios y funcionarias que atienden a mujeres víctimas de violencia.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al fiscal general del estado de México y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de México para que haga públicos los mecanismos de denuncia, supervisión y sanción contra autoridades que incumplen con la debida diligencia en las instituciones encargadas de la localización de mujeres y niñas.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobernador del estado México y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de México para que establezca una estrategia educativa transversal en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, y emitir órdenes de protección y generar campañas de prevención.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.

Diputados: Juan Ángel Bautiza Bravo (rúbrica), Miroslava Carrillo Martínez (rúbrica), Karla Almazán Burgos, Felipe Rafael Arvizu de la Luz (rúbrica), Juan Pablo Sánchez Rodríguez (rúbrica), Sergio Pérez Hernández (rúbrica), Edith Mercado Torres (rúbrica), Horacio Duarte Olivares (rúbrica), Arturo Roberto Hernández Tapia (rúbrica), Marco Antonio González Reyes (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo a emitir una estampilla postal, y expedir un billete de lotería y una moneda conmemorativa de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, a cargo de la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada Mariana Dunyaska García Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Villa Rica de la Veracruz fue el primer municipio constituido en América continental, fundado por el capitán español Hernán Cortés el 22 de abril de 1519.

Veracruz fue durante el periodo colonial español el puerto más importante del Atlántico y formaba parte estratégica del sistema de ciudades amuralladas que controlaban el tráfico de mercancías desde y hacia España, por este motivo, su importancia no fue solo mercantil, sino también militar.

Fue Carlos V en Valladolid, España, quien otorgó el escudo de armas y con esto la categoría de ciudad el 4 de julio de 1523, así inicio la epopeya de la conquista y la consolidación de la unidad territorial que daría forma al virreinato de la Nueva España y más tarde a la nación mexicana.

La importancia de este puerto es medular, pues por él llegaron los primeros frailes franciscanos que comenzarían la ardua tarea de evangelizar a este gran territorio, también por aquí llegaron todos los virreyes y personajes importantes de la época colonial, así como los libre pensadores y viajeros que traían las ideas liberales del siglo XVII; fue el puerto de entrada de cientos de miles de personas que venían tras el sueño americano de un mejor futuro.

Veracruz es la única ciudad que ha sido testigo de todos los aconteceres de la historia nacional: El inicio de la Conquista en 1519; la consumación de la Independencia con la rendición de la fortaleza de San Juan de Ulúa el 23 de noviembre de 1825; la primera intervención francesa en 1833; la primera invasión americana de 1847; la expedición y promulgación de las Leyes de Reforma por don Benito Juárez; la segunda intervención francesa de 1862 y la segunda invasión estadounidense en 1914. Otro hecho de suma importancia fue la promulgación de la Ley Agraria el 6 de enero de 1915, por Venustiano Carranza.

Ha sido declarada dos veces capital de nación: la primera, con Benito Juárez, de 1857 a 1859; y la segunda, con Venustiano Carranza, de 1914 a 1915; algunas de estas situaciones la llevaron a ser merecedora del título de: “Cuatro Veces Heroica”, único municipio mexicano que ostenta tal reconocimiento por decreto presidencial.1

Así, el próximo 22 de abril de 2019 se conmemorarán los 500 años de la fundación de esta extraordinaria ciudad y puerto, haciéndose aún más visible su ya conocida belleza y trascendencia histórica, social, política y comercial; es muy importante darnos cuenta que lo que la historia nos muestra no sólo se trata de celebrar la fundación de Veracruz, se trata pues de celebrar nuestros primeros 500 años del concepto de nación, entendida esta identidad a partir del momento en que se fusionaron las culturas indígena y europea; aprovechemos la ocasión para asombrar al mundo con nuestra raíz precolombina.

Desde esta perspectiva, este acontecimiento representa una gran oportunidad para construir un fenómeno social de rescate de nuestras raíces culturales, de fomentar entre nuestros connacionales el orgullo de pertenencia a nuestro País y de este modo, ensanchar nuestra identidad y afianzar nuestros lazos de unidad como mexicanos.2

Con esta conmemoración, sin duda, tenemos ante nosotros la oportunidad de destacar la grandeza cultural de nuestro país, no sólo hacia el interior, sino también hacia el exterior, pues Veracruz y México no deben ser más un referente de violencia y corrupción, la nación mexicana es mucho más que eso, tiene historia, cultura, tradiciones y una gastronomía inigualable, así como gente fuerte y llena de esperanza que ha forjado a través de los años un gran país del cual estamos orgullosos. No debemos desaprovechar una sola de las oportunidades que las páginas de la historia nos brindan para hacer notoria esta gran herencia.

Por ello, es que a través del presente proyecto se propone la realización de diversas acciones para la conmemoración de este gran acontecimiento que, por su relevancia y contribución, sin duda las amerita, a saber:

-La emisión de una estampilla postal conmemorativa;

-La expedición por parte de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de un billete de lotería;

-La emisión de una moneda conmemorativa;

-La celebración de una sesión solemne en el salón de plenos de este Palacio Legislativo, y

-La celebración de un homenaje en la explanada del Palacio Legislativo.

Las acciones apuntadas permiten resaltar acontecimientos de importancia nacional y en el caso concreto, se pretende reconocer uno de suma importancia, que es la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, un hecho que, a casi 500 años de distancia, no debe pasar desapercibido para el Estado mexicano, pues representa nuestros orígenes y el punto de partida de nuestra identidad nacional, representa nuestra historia y engendra una enorme riqueza que debe ser expuesta a México y al mundo. La mexicanidad inició en Veracruz y esto hay que celebrarlo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal a que, mediante decreto, a más tardar el 22 de abril de 2019, emita una estampilla postal conmemorativa de los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz.

Segundo. Se exhorta al titular de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública a que, a más tardar el 22 de abril de 2019, expida un billete de lotería conmemorativo de los 500 años de la fundación de Veracruz.

Tercero. La Cámara de Diputados, mediante decreto que deberá emitir a más tardar el 22 de abril de 2019, autorizará la emisión de una moneda conmemorativa por los 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz; así mismo, se celebrará una sesión solemne y un homenaje en el Palacio Legislativo el 22 de abril de 2019, con motivo de este suceso histórico de importancia nacional.

Notas

1 Honorable ayuntamiento de Veracruz. Disponible en: http://www.disfrutaveracruz.mx/

2 Homs, Ricardo, (11 de noviembre de 2017). Veracruz 500 años. El Universal . Disponible en:
http://www.eluniversal.com.mx/ricardo-homs/veracruz-500-anos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.

Diputada Mariana Dunyaska García Rojas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, el INE, los organismos públicos locales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a garantizar los derechos y las prerrogativas político-electorales de las mujeres, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Chiapas para que investigue de manera diligente los posibles actos de violencia política electoral ejercidos en contra de más de 30 candidatas electas a cargos de elección popular, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La reforma política electoral de 2014 incorporó en el segundo párrafo, fracción primera del artículo 41 constitucional, la paridad de género como una acción afirmativa que permite garantizar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular.

Esta reforma estableció que los partidos políticos deberán garantizar que 50 por ciento de sus candidaturas a cargos de elección estarán ocupadas por mujeres.

Lo anterior significó un avance sin precedentes en la conformación de una igualdad sustantiva en el país; ello ha permitido abrir espacios para las mujeres y fortalecer su acceso a cargos de elección popular. Prueba de lo anterior, es que la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados se encuentra integrada por 49 por ciento de mujeres; lo cual representa una cifra histórica.

Desafortunadamente, a medida que aumenta la participación política de las mujeres, también se ha comenzado a visibilizar el fenómeno de la violencia política electoral por razones de género.

Desde que el principio de paridad entró en vigor, salieron a la luz pública casos como los de María Gloria Sánchez Gómez y Rosa Pérez Pérez, dos alcaldesas de municipios indígenas de Chiapas que fueron amenazadas y obligadas a renunciar en 2015.

Este fenómeno se agravó en las pasadas elecciones de 2018. Durante el proceso electoral 17 candidatas perdieron la vida y todas las entidades federativas presentaron al menos un caso de violencia política de género.

De todo ello se destaca el fenómeno ocurrido en el estado de Chiapas, donde al menos 30 candidatas que obtuvieron cargos públicos mediante votación popular presentaron su renuncia ante el órgano local electoral. Ello, a fin de que el puesto público fuera ocupado por un hombre. Al respecto, destaca el fenómeno ocurrido en los municipios de Mapastepec y Tuxtla Chico en donde todas las mujeres electas renunciaron.

De acuerdo con el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la violencia política en razón de género:

Comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.1

Este fenómeno impacta de manera directa los derechos humanos de las mujeres, y en específico los derechos cívicos y políticos, como son el de ejercer su voto y participar de manera libre en la vida política de México. En este sentido, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que:

Artículo 25. Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores;

e) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país.

La paridad de género que se estableció en la Constitución es una acción que permite garantizar el apartado e) del artículo citado previamente, al establecer las condiciones de igualdad que posibilitan que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres de acceder a las funciones públicas del país.

En este sentido, la renuncia de candidatas electas en el estado de Chiapas es una violación a los derechos humanos de las mujeres, toda vez que los cargos están siendo ocupados por hombres, lo cual directamente vulnera el derecho consagrado en el artículo 25 del referido ordenamiento internacional, al no garantizar la participación en igualdad de condiciones. Si bien respetaron las reglas de la paridad en el marco de las elecciones, el derecho se vulneró al momento de iniciar el cargo, lo cual revela la discriminación que la mujer continúa viviendo.

En este respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la violencia basada en el género constituye una forma de discriminación contra la mujer que debe ser atendida y condenada.

A la par, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en su recomendación 19, advierte que la violencia contra la mujer constituye una forma de subordinación que impide ejercer una efectiva participación política.2

Es importante referir que se han logrado importantes avances en el marco de la defensa, protección y garantía de los derechos de las mujeres, razón por la cual este tipo de actos no pueden, ni deben ser permitidos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a investigar los hechos ocurridos en el estado de Chiapas, a efecto de cumplimentar el mandato constitucional de paridad de género y a respetar los derechos y prerrogativas electorales de las mujeres.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a garantizar los derechos y prerrogativas político-electorales de las mujeres.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al gobierno del estado de Chiapas, para que solicite apoyo a ONU Mujeres en la elaboración de una opinión con respecto a las posibles violaciones de los derechos humanos de las mujeres en la entidad.

Notas

1 Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres http://sitios.te.gob.mx/protocolo_mujeres/media/files/7db6bf44797e749.p df

2 Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Caso Veliz Franco y otros vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, párrafo 207

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Baja California Sur a atender las manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil para revocar el nombramiento de la actual directora del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Martha Tagle Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable soberanía, el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La democracia representativa y formal exige de la participación ciudadana, no solo en la elección de los representantes a los cargos de representación popular, sino en las decisiones fundamentales que les conciernen.

México requiere actualmente de la participación ciudadana activa y propositiva en diversos temas del quehacer público en cada uno de los ámbitos de gobierno a fin de establecer vínculos permanentes con la sociedad organizada y ampliar los mecanismos institucionales para que la ciudadanía participe en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

Al respecto, una de las acciones emprendidas el 5 de septiembre del año en curso por el Gobernador del estado de Baja California Sur, C. Carlos Mendoza Davis tomó por sorpresa a defensoras de derechos humanos e integrantes de la sociedad civil organizada: el nombramiento de la licenciada Jisela Paes como directora del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres.

El nombramiento causó inconformidad e indignación por los exiguos conocimientos en la materia y en especial por ser la antítesis del perfil necesario para dicho encargo, muestra de ello es su manera de proceder anteponiendo sus creencias personales, contraviniendo los derechos y libertades de las personas:

“El matrimonio es para la procreación de la familia?”,1 esa fue su postura respecto a la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto sobre la legalización del matrimonio igualitario. No obstante, participó en una marcha religiosa con carteles que incitaban a la violencia, incluso siendo ella misma blanco de violencia familiar ha negado las agresiones por parte de su pareja.2

Como Diputada Federal en la LXIII legislatura tuvo presencia activa en el llamado Festival del Frente Familiar, convocado por el Frente Nacional por la Familia en BCS en donde abundaron expresiones referentes al matrimonio igualitario que horadan la incipiente paz social, tales como: “los países que legalizan el matrimonio igualitario están legalizando pedofilia, incesto y zoofilia”3

En consecuencia, integrantes de distintas organizaciones civiles realizaron el día 9 de septiembre en la Ciudad de México una protesta solidaria con sudcalifornianas en la representación del Gobierno de Baja California Sur, al tiempo entregaron una Carta pública dirigida al Gobernador que a su letra dice:

Es por lo anterior la preocupación por parte de personas defensoras de derechos humanos, que ven en la designación de Jisela Paes incongruencia y retroceso en materia de derechos humanos, al no desempeñar dentro del servicio público los principios que garanticen y generen la plena efectividad de los derechos fundamentales, sino que reproduce prejuicios, estereotipos y con ello fomenta la violencia.

Recordemos que es menester para cualquier sociedad democrática garantizar libertades y derechos, posibilitando un espacio público libre de dogmas y creencias, necesaria para la convivencia social pacífica y armónica, ello se logra con el respeto al Estado Laico.

Ante dichos acontecimientos, no podemos evadir las distintas manifestaciones de la sociedad civil organizada, que exige funcionarias y funcionarios públicos que cuenten con los conocimientos y experiencia necesaria para desempeñar sus cargos, que promueva los canales de participación, de una cultura de legalidad y el Estado de derecho como prioridad para construir vínculos sociales cimentados en la confianza, solidaridad e igualdad, desarrollando el sentido cívico y democrático.

Por lo antes expuesto, y en el ánimo de establecer un puente de comprensión con los diferentes sectores y actores de la sociedad para continuar con la construcción de un México más justo, igualitario y solidario, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del estado de Baja California Sur, licenciado Carlos Mendoza Davis a atender las diversas manifestaciones de organizaciones de la sociedad civil, a fin de revocar el nombramiento de la actual directora el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres.

Notas

la Ciudad de México una protesta solidaria con sudcalifornianas en la

1 Los gays no deberían pensar en casarse porque no pueden procrear: Diputada del PAN. SDP noticias, en línea:

http://www.sdpnoticias.com/gay/2016/06/07/los-gasy-no-de berian-pensar-en-casarse-porque-no-pueden-procrear-diputada-del-pan

2 Ramírez, Francisco. “Niega la diputada federal panista Jisela Paes haber sido golpeada por su marido”. California Hoy. Abril 25, 2017, en línea:

http://californiahoy.net/2017/04/25/niega-la-diputada-fe deral-panista-jisela-paes-haber-sidogolpeada-por-su-marido/

3 Matrimonio igualitario abriría el paso a zoofilia y pedofilia, sostiene diputada panista. En línea, dirección URL http://www.elcantodelosgrillos.mx/matrimonio-igualitario-abriria-el-pas o-a-zoofilia-y-pedofilia-sostiene-diputada-panista.

Dado en la honorable Cámara de Diputados, el 11 de septiembre de 2018.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobernador de Guerrero a cumplir el mandato dispuesto en el artículo tercero transitorio de la Ley Número 487, “para prevenir y atender el Desplazamiento Interno” en dicho estado, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

El presente diputado Raymundo García Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que es de reconocer que el Estado Libre y Soberano de Guerrero ha enarbolado la defensa y protección de derechos humanos de todos sus habitantes y de aquellos que lo visitan, tales afirmaciones se ratifican en el transcurso de su historia, pues con la creación de la Procuraduría Social de la Montaña en el año de 1987 se inició esa incesante lucha, seguidamente se instituyo la Procuraduría de la Defensa del Campesino y finalmente, en septiembre de 1990, se creó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado.

Que, ante la necesidad de continuar izando la dignificación de los derechos humanos en el Estado, se promulgó la Ley número 487 Para prevenir y atender el desplazamiento interno en el Estado de Guerrero.

La legislación es resultado de un clima generalizado en el país, dado que el fenómeno denominado Desplazamiento forzado interno es un hecho cotidiano y creciente en el cual se estima que a finales de 2016 se tenían al menos 310 mil 527 personas en esta situación.

La citada Ley 487 surgió como una herramienta en el año 2014, período en el cual los movimientos de desplazados encontraban su mayor repunte, provocado por diversos fenómenos naturales, sociales y de inseguridad.

Que, hoy los registros no oficiales citan más de 15 mil personas en situación de nómadas, obligadas a moverse constantemente de sus comunidades.

El Instituto de Estadística y Geografía a través de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica en 2014, evidencio un desplazamiento de 12 mil 590 personas, principalmente provocados por la violencia e inseguridad.

En la actualidad el conjunto de esos hechos y la ausencia de cifras confiables y oficiales sumado a la nula diligencia de las instituciones estatales continúa acentuando la falta de atención adecuada a las familias desplazadas.

La entidad guerrerense esta siento reconocida no solo por ser un paraíso turístico, sino por los emigrados de la región centro, la costa chica, Acapulco, por citar algunos.

Que, esos datos no son cosa menor, pues la Encuesta Nacional de Victimización sobre Seguridad Publica, dictaminó que tan solo en el año 2016 la tasa de víctimas, por cada 100 mil habitantes en el Estado, es del orden de 32 mil hombres y 31 mil mujeres.

Así mismo se suman a estos actos de inseguridad la pobreza.

Que acciones como las señaladas anteriormente han sido señaladas por la Organización de las Naciones Unidas como detonadores de la fragmentación social, en lo cultural, empleo, salud, dignidad humana, adema de dificultar el acceso a la alimentación y vivienda digna.

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados, exhorta de una manera respetuosa al Ejecutivo del Estado de Guerrero para que a la brevedad se dé cumplimiento al mandato dispuesto en el artículo tercero transitorio de la Ley número 487 para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Guerrero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de septiembre de 2018.

Diputado Raymundo García Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la aprobación por el Congreso de Puebla de los proyectos políticos y administrativos del Ejecutivo estatal, así como a la pérdida del patrimonio local y el daño del ambiente de la capital del estado, a cargo del diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, José Guillermo Aréchiga Santamaría, en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al honorable Congreso del Estado de Puebla a transparentar sus acciones, al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla, al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, a la Auditoría Superior de la Federación ya la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que ejerzan sus facultades de investigación, fiscalización, control y prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, para que procedan al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los diputados, locales y federales, tenemos la obligación de ser los representantes de los intereses de los ciudadanos y de anteponer el interés colectivo sobre el de partido o el del gobierno en turno. Fuimos electos por la ciudadanía para actuar con ética, independencia, libertad y transparencia, fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas a quienes representamos. Muchas de las atribuciones contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las constituciones locales tienen como objetivo fungir como un contrapeso real al Ejecutivo y que no permita que se cometan excesos, así como ejercer sus facultades de fiscalización.

Por otra parte, el servicio público es regido por los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, integridad y competencia, principios a los que los entes públicos están obligados a apegarse para mantener la actuación ética y responsable de las tareas encomendadas a todo servidor público.

Pese a lo anterior, la L1X Legislatura del honorable Congreso del Estado, aprobó en dos sesiones extraordinarias, convocadas con un sólo día de anticipación y a menos de tres semanas de concluir su periodo, una serie de proyectos políticos y administrativos por parte del Ejecutivo, que dan pie a serios cuestionamientos sobre si los proyectos se apegan a los principios ya mencionados.

Entre los anteriores destacan:

• La aprobación de 40 cuentas públicas de diferentes ayuntamientos y organismos públicos descentralizados;

• El nombramiento de Jorge Benito Cruz Bermúdez, aún presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD al momento de su designación según versiones de prensa, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, incluso sin tener ninguna experiencia en el Poder Judicial;

• El otorgamiento de una concesión de 30 años para el tratamiento y la disposición final de residuos urbanos a la empresa Biosinergias Ambientales, SA de CV, en nueve municipios;

• La autorización al Ejecutivo estatal para realizar una permuta que ocasionará la disolución de 420 mil metros cuadrados del Parque Estatal Flor del Bosque, reconocido por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas como Área Natural Protegida con decreto estatal, con el consecuente daño al medio ambiente y a la salud de los habitantes de la zona metropolitana de Puebla;

• La autorización al Ejecutivo estatal para la enajenación de un edificio que al día de hoy se utiliza como oficina del gobierno del estado, que se ubica en el centro de la Ciudad de Puebla, en una zona turística y con un valor histórico relevante y una superficie de 13 mil 367 metros cuadrados y 17 mil 666 de construcción;

• La creación de una nueva secretaría del Ejecutivo estatal, con el consecuente incremento de la burocracia y de los gastos administrativos del gobierno estatal.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo del estado, presentó en la sesión del pasado 3 de septiembre un proyecto de decreto a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para simplificar el esquema de sustitución del fiscal general del estado abriendo la posibilidad de que se ausente de su encargo y sea sustituido por un encargado de despacho.

Tanto los temas aprobados, como la premura de los mismos, generan dudas acerca de qué motivó a la Comisión Permanente para convocar al pleno del Congreso del estado y acerca de si los legisladores actuaron anteponiendo el interés de la ciudadanía al del Ejecutivo estatal, tomando en cuenta que las medidas mencionadas benefician a un actor político, otorgan concesiones a privados, permiten al Ejecutivo disponer de áreas verdes que funcionan en beneficio de la ciudadanía y de edificios públicos con valor histórico.

Lo anterior sin transparentar ni poner a disposición de la ciudadanía los convenios o contratos de concesión que se aprobaron en dicha sesión, no sin dejar de resaltar la trascendencia que estas concesiones significan para la entidad, los nueve municipios contemplados y los pobladores, ya que se trata del tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos por un periodo de 30 años.

Si a lo anterior se le agrega el incremento de la violencia en el estado, con un total de 919 casos de homicidios dolosos en 2017, más del doble de los 415 reportados en 2010; asimismo en los casos de robo con violencia, que en 2010 fueron 6 mil 601 y en 2017 suman la alarmante cifra de 14 mil 845, de acuerdo a los datos presentados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Aunado la presencia cada vez mayor de crimen organizado: Puebla es el primer lugar en tomas clandestinas del país, con mil 175 reportadas de acuerdo al Reporte de tomas clandestinas de Pemex (2018), trata de personas, homicidios de presidentes municipales, asalto de trenes y delincuencia común.

Además de la incertidumbre que generó el fraude en la elección de gobernador y la violencia en la jornada electoral, han generado el debilitamiento de las instituciones y la pérdida de confianza de la ciudadanía.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. Se exhorta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso del Unión para que realice las acciones pertinentes para crear una comisión investigadora que esclarezca la premura y aprobación de los proyectos políticos y administrativos presentados por el Ejecutivo estatal y aprobados por el honorable Congreso del Estado de Puebla.

Segundo. Se exhorta a los diputados de honorable Congreso del Estado de Puebla a transparentar los documentos y razones que participaron en el proceso legislativo y motivaron la aprobación de los proyectos mencionados en el presente, así como la autorización específica a los ayuntamientos de los municipios de Amozoc, Mazapiltepec, Nopalucan, Oriental, Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca y Acajete para concesionar con la empresa Biosinergias SA de CV, en función de la prioridad y relevancia que estos tienen para la ciudadanía.

Tercero. Se exhorta al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a que realice las acciones pertinentes para investigar y, en su caso, sancionar los presuntos hechos de corrupción realizados por el honorable Congreso del Estado de Puebla y el Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias del pasado 31 de agosto y 3 de septiembre.

Cuarto. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a que tome las acciones necesarias para vigilar y cuidar el equilibrio ecológico de los municipios aledaños al parque ecológico recreativo denominado Flor del Bosque procurando su preservación.

Palacio Legislativo de San lázaro, a 11 de septiembre de 2018.

Diputado José Guillermo Aréchiga Santamaría (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Nuevo León y el director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a implantar medidas de solución y atender la problemática de escasez de agua en diversos municipios en la zona sur del estado, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente al gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, y al director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza González, a implementar medidas de solución y atender la problemática de escasez de agua que enfrentan diversos municipios en la zona sur del estado.

Exposición de Motivos

1. El 3 de agosto del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de onda cálida ocurrida del 23 al 26 de julio de 2018, en 11 municipios del estado de Nuevo León .1 (Federación, 2018)

Esta Declaratoria se hizo para los municipios de Agualeguas, Anáhuac, Bustamante, Lampazos de Naranjo, Parás, Sabinas Hidalgo, Vallecillo, Villaldama, China, Doctor Coss y General Bravo, por la presencia de onda cálida ocurrida del 23 al 26 de julio de 2018. Lo que permitió que Nuevo León accediera a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden, de la Secretaría de Gobernación.

2. La Declaratoria en referencia visibilizó un problema recurrente que viven los habitantes de los municipios en la zona sur del estado, las sequías durante este año han sido frecuentes y los efectos que producen son variados, desde muerte de ganado, falta de agua para regar sus cosechas, hasta situaciones extremas, como no tener agua para realizar actividades cotidianas, como bañarse, lavar la ropa o los trastes.

Diversos medios de comunicación comenzaron a dar cuenta de la situación que viven los habitantes de estos ejidos y de los niveles de almacenamiento que prevalecen en las presas Cerro Prieto, La Boca y El Cuchillo:

En medio de la temporada de calor, el nivel de almacenamiento en las presas de Nuevo León sigue a la baja.

Las presas Cerro Prieto, La Boca y El Cuchillo tenían hasta ayer un acumulado de 896.7 millones de metros cúbicos de agua, sólo el 61.3 por ciento del total del llenado.

Estas cifras, disponibles en el Sistema Nacional de Información del Agua (SINA), de la Conagua, son un 22.4 por ciento menores a las registradas hace un año, cuando entre los tres embalses había un acumulado de mil 156.5 millones de metros, un 79 por ciento de almacenamiento.2 (Ramos, 2018)

Ejidatarios de Doctor Arroyo y Aramberri sufren el mismo problema que enfrentaron los habitantes de Mier y Noriega, al no tener agua potable por fallas en el sistema de bombeo en pozos operados por AyD.

En la comunidad Los Cuartos, también en Doctor Arroyo, donde tienen tres meses sin agua potable, una pipa pasa cada semana a surtir.

Algo que no falta, reclama Hortencia González, es el recibo de AyD.3 (Aveldaño, 2018)

3. Los municipios más afectados por la escasez de agua son: Doctor Arroyo, Mier y Noriega, Galeana, Iturbide y Aramberri, algunos pobladores han señalado que tienen prácticamente seis meses recibiendo agua por medio de pipas las cuales suelen ser insuficientes para satisfacer la demanda del recurso:

Humberto Morales Loera, comisario ejidal de la comunidad Carmen de la Laja, denunció que aunado a la falta del servicio, existe una desatención por parte de autoridades, ya que las pipas que les abastecen de agua pasan cada tres o cuatro días, generando tumultos entre la población que llenan todo lo que se encuentran con el agua proporcionada.

“Tenemos ya como seis meses sin el líquido, eso sí, cobran y cobran. Cada tres o cuatro días pasan a dejarnos agua, pero son muchos ejidos no nada más nosotros”, señaló el ejidatario.4 (Quezada, 2018)

Considerandos

I. Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. El derecho humano al agua se encuentra consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4o., en donde se establece lo siguiente:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. 5

A pesar de que este derecho se encuentra consagrado en la Carta Magna y que el Estado, la federación, los estados y los municipios deben velar por el cumplimiento de este derecho, no se ha logrado garantizar para todos los grupos humanos, muestra de ello es la situación que viven los ejidatarios de los municipios en el sur del estado de Nuevo León.

III. Las actividades económicas principales de los ejidatarios del sur del estado de Nuevo León son la agricultura y la ganadería, por ello requieren el uso de agua tanto para esta actividad como para el uso personal y doméstico. La situación que enfrentan es por lo general adversa desde hace seis meses, al considerarse una situación de riesgo y desastre por la presencia de onda cálida que genera una escasez de agua. Las soluciones que ha implementado el gobierno del estado son insuficientes y muestran la inoperancia y falta de interés por tratar de resolver o implementar mediadas de largo plazo para enfrentar el escenario al que se encuentran expuestos los ejidatarios.

El llevar agua por tandeo mediante pipas no es una solución eficaz para resolver la escasez, es urgente construir soluciones de largo plazo para enfrentar los problemas de escasez del recurso, si bien es cierto existen condiciones climáticas y geográficas que no se van a resolver de manera inmediata, pero se pueden construir soluciones que prevengan estos escenarios, considerando que año con año estas regiones del estado recienten la falta de agua.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y al director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a implementar medidas de solución y atender la problemática de escasez de agua que enfrentan diversos municipios en la zona sur del estado

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que, a través de las instancias correspondientes y en coordinación con el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, a implementar medidas de solución y atender la problemática de escasez de agua que enfrentan los municipios de Doctor Arroyo, Mier y Noriega, Galeana, Iturbide y Aramberri.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza González, a suspender los cobros que realiza el organismo en los municipios de Doctor Arroyo y Aramberri, asimismo en los municipios en donde no cumple con la distribución del recurso.

Fuentes de consulta

Aveldaño, E. (5 de agosto de 2018). El Norte “Aunque no hay agua, el recibo sí nos llega”. Recuperado el 4 de septiembre de 2018, de

https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.as px?id=1459944&v=4

Federación, D. O. (3 de agosto de 2018). Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de onda cálida ocurrida del 23 al 26 de julio de 2018, en 11 municipios del Estado de Nuevo León. Recuperado el 4 de septiembre de 2018, de

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5533846&fecha=03/08/2018

Quezada, M. (9 de agosto de 2018). El Horizonte “Alarma falta de agua en la zona sur de Nuevo” León. Recuperado el 4 de septiembre de 2018, de http://www.elhorizonte.mx/local/alarma-falta-de-agua-en-la-zona-sur-de- nuevo-leon/2263934

Ramos, M. (30 de julio de 2018). El Norte “Cae 22% en NL nivel de presas”. Recuperado el 4 de septiembre de 2018, de

https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.as px?id=1455230&sc=319

Notas

1 Diario Oficial del Federación. Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por la presencia de onda cálida ocurrida del 23 al 26 de julio de 2018, en 11 municipios del Estado de Nuevo León recuperado de: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5533846&fecha=03/08/ 2018 revisión hecha el 4 de agosto de 2018.

2 Ramos, Mirna, El Norte “Cae 22% en NL nivel de presas”. Recuperado de: https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1455230&sc=319 revisión hecha el 4 de agosto de 2018.

3 Aveldaño, Emmanuel, El Norte, “Aunque no hay agua, el recibo sí nos llega”. Recuperado de https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1459944&v=4 revisión hecha el 4 de agosto de 2018.

4 Quezada, Maleny, El Horizonte. “Alarma falta de agua en la zona sur de Nuevo León”. Recuperado de: http://www.elhorizonte.mx/local/alarma-falta-de-agua-en-la-zona-sur-de- nuevo-leon/2263934 revisión hecha el 4 de agosto de 2018.

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2018.

Diputado Raúl Gracia Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León a dar celeridad a las investigaciones sobre la muerte de un alumno de la Prepa Tec, fallecido a consecuencia de un disparo en la cabeza el 10 de septiembre de 2018, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, para que dé celeridad a las investigaciones sobre la muerte de un alumno de la Prepa Tec, que falleció a consecuencia de un disparo en la cabeza el pasado 10 de septiembre de 2018; asimismo, se exhorta al gobierno del estado para fortalecer sus acciones a fin de identificar y prevenir la violencia escolar, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En las escuelas del país, durante la presente administración, se han instrumentado mayores esquemas de participación entre la comunidad estudiantil que han permitido la identificación oportuna, el tratamiento adecuado y la prevención eficiente de riesgos que derivan en violencia escolar.

La importancia de la cultura de la prevención como recurso para erradicar la violencia en las escuelas es vital, tomando en consideración que estos espacios constituyen el segundo hogar de millones de niños y son un centro de formación física, intelectual y de valores cívicos, sociales y culturales para nuestras niñas, niños y adolescentes.

Los casos de violencia escolar en el país no son nuevas, prueba de ello, es que en 2013 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), elaboró un Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje, en el señala que nuestro país ocupa el primer lugar en casos de acoso escolar o bullying entre estudiantes de secundaria a nivel global.1

Cerca de 19 millones de estudiantes de primaria y secundaria son víctimas de violencia escolar, de los cuales 44.47 por ciento es víctima de violencia en redes sociales, 40.24 sufrió acoso, 25.53 ha insultado y 17 por ciento ha golpeado a alguien.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, manifestó que el 7 por ciento de los estudiantes mexicanos de secundaria ha robado o amenazado a algún compañero, acciones consideradas en ocasiones como manifestaciones de bullying o acoso escolar.2

Por su parte, especialistas del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, indicaron que el 60 por ciento de los más 26 millones de estudiantes de educación básica han sufrido de acoso escolar.3

En este mismo orden de ideas, el primer Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia apunta que el país ocupa el primer lugar a nivel internacional en acoso escolar o bullying con un total de 18 millones 781 mil 875 casos.4

Aunando a lo anterior, el estudio “La educación obligatoria en México 2018” realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE),5 arrojó que el 38.5 por ciento de los alumnos de primaria de nuestro país fueron testigos de insultos y 21.4 por ciento de peleas a golpes, que en suma representa el 59.9 por ciento de estudiantes de primaria. Para el nivel de secundaria, el 46.5 por ciento de los alumnos observaron insultos y el 15.3 por ciento peles a golpes, lo que representa el 61.8 por ciento de los estudiantes.

En 2016, se llegó a documentar que el 64 por ciento de los estudiantes mexicanos de segundo grado reportó haber sido objeto de burlas y 63 por ciento recibir apodos ofensivos por parte de sus compañeros.6

En algunas entidades del país, los casos de violencia escolar se han incrementado, ejemplo de esta situación es el estado de Nuevo León, donde el pasado 10 de septiembre de 2018 se documentó el homicidio de un estudiante en las instalaciones de la Prepa Tec, que se localiza en la Colonia Valle Alto, sobre Carretera Nacional al sur de Monterrey.

Es importante destacar que de acuerdo con los resultados de las primeras investigaciones el joven fue localizado en los baños del plantel educativo con un disparo en la cabeza.7

A pesar de contar con protocolos, manuales y medidas específicas de acción, es importante continuar trabajando para identificar y atender cualquier situación de riesgo que podría derivar en violencia escolar.

La violencia y el acoso escolar tienen un impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes, así como en su salud mental y emocional, en perjuicio de su desarrollo pleno a lo largo de su vida.

Para dimensionar la magnitud de este problema, el estudio “Situación Global de Violencia e Intimidación”, publicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indica que una cuarta parte de los niños del mundo sufren acoso y violencia en la escuela.8

El estudio, presenta un sondeo sobre la experiencia de intimidación que respondieron 100 mil jóvenes en 18 países, cuyos resultados revelan que el 25 por ciento habían sido intimidados debido a su apariencia física, 25 por ciento debido a su género u orientación sexual y un número similar por su origen étnico o nacional.

Por otro lado, la ONU Mujeres estima que 246 millones de niñas y niños sufren violencia relacionada con el entorno escolar. Cada año, una de cada cuatro niñas afirma que nunca se ha sentido segura utilizando los aseos escolares.9

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, para que dé celeridad a las investigaciones sobre la muerte de un alumno de la Prepa Tec, que falleció a consecuencia de un disparo en la cabeza el pasado 10 de septiembre de 2018; asimismo, se exhorta al gobierno del estado para fortalecer sus acciones a fin de identificar y prevenir la violencia escolar.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que, continúe desarrollando estrategias integrales con un enfoque amplio y de derechos humanos para identificar y prevenir la violencia escolar en las instituciones del país.

Notas

1 Canal Judicial, México primer lugar en bullying: OCDE, México 2014, canaljudicial.wordpress.com/2014/05/23/mexico-primer-lugar-en-bullying- ocde/

2 Román, Marcela y F. Javier Murillo, “América Latina: violencia entre estudiantes y desempeño escolar”, Revista Cepal, número 104, agosto 2011, pp. 37-54 [versión digital]

3 http://comoprevenirelacosoescolar-2c32.blogspot.mx/2017/05/

4 http://comoprevenirelacosoescolar-2c32.blogspot.mx/2017/05/

5 https://www.inee.edu.mx/portalweb/informe2018/04_informe/capitulo_0601. html

6 Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana. INEE, 2017.

7 Ricardo Treviño. (2018). Muere joven por disparo en prepa de Monterrey. 10/09/2018, de Reforma Sitio web:
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1487614&urlredirect=
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1487614

8 http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=36587#.WVVJCYSGOM8

9 http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/fact s-and-figures

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 11 de septiembre del año 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y el respeto irrestricto del principio de paridad de género, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las suscritas, Martha Tagle Martínez, Alejandra García Morlan, María Guadalupe Almaguer Pardo, Dulce María Sauri Riancho, Dulce Méndez de la Luz, Gabriela Cuevas, Lucero Saldaña Pérez y Lucía Riojas, diputadas a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante esta honorable soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días recientes se dio a conocer que –al menos– 35 mujeres que resultaron electas para los cargos de regidoras, diputadas locales y una presidenta municipal en los municipios de Frontera Comalapa, Pichucalco, Tuxtla Chico, Mapastepec, Suchiapa y en Frontera Hidalgo1 , habían presentado su renuncia ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), bajo el argumento de hacerlo de manera voluntaria. Por su parte, la consejera del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela, indicó que este número ascendió a 43 casos. Destacan los casos de Mapastepec y Tuxtla Chico donde el PVEM y Chiapas Unido presentaron las renuncias de todas las candidatas electas.2

“Sin embargo, la autoridad electoral (chiapaneca) externó su preocupación ante lo que podría ser un caso de violencia política contra las mujeres, por lo que la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación analizará la situación y las razones de las renuncias masivas.”3 De ahí que la consejera Favela señaló que “en la mayor parte de los casos han sido mujeres que, a través de engaños, se les ha orillado a desistir de ejercer como diputadas locales o regidoras de representación proporcional”.4

Al respecto, destaca el mensaje que las consejeras electorales del IEPC, Blanca Parra Chávez y Laura León Carballo, publicado el pasado 6 de septiembre, para dirigirse a las mujeres electas: “No permitas que violen tus derechos, no renuncies a la posibilidad de contribuir con tu trabajo a la superación de Chiapas. No te sientas sola, si alguien de tu partido o persona cercana te quiere obligar a renunciar, no lo permitas, la ley te protege”.5

No obstante, es pertinente señalar que estos artilugios de simulación por parte de los partidos políticos para incumplir con la paridad de género van desde el propio registro de las candidaturas. Se tiene conocimiento que los partidos políticos registran a las mujeres, incluso, sin avisarles, lo cual deriva en una serie de atropellos y violaciones a sus derechos político-electorales. Por ello, no únicamente se debe hacer alusión a que las mujeres “no se dejen”, sino se debe trabajar para que los partidos políticos dejen de simular y cumplan cabalmente con lo establecido en la ley y evitar además actos de violencia política contra las mujeres. Asimismo, el 7 de septiembre, el IEPC emitió un exhorto a los partidos políticos a garantizar que las mujeres que fueron registradas como candidatas en el proceso electoral, accedan sin obstáculos y con el respaldo de los órganos partidistas, a los espacios de representación proporcional que por derecho les corresponden, evitando incurrir en alguna acción u omisión que configure la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género.6

Por su parte, según la nota publicada por el periódico El Financiero , la consejera Sonia Margarita Sánchez Domínguez explicó que en estas renuncias masivas encuentran claro indicio de patrones de violencia política contra las mujeres y, por ello, iniciaron un protocolo a fin de garantizar la paridad de género, así como otras acciones que podrían derivar en procesos sancionadores contra los partidos que cometan estas violaciones a la ley.7

Mientras que el Instituto Nacional Electoral, a través de su consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdova Vianello, mencionó que resultan inaceptables los hechos de coacción y de presión para que mujeres que han sido electas y que han ocupado inicialmente cargos de representación en diversos municipios el estado de Chiapas, ya sea como legisladoras que han sido electas bajo las reglas de paridad y los principios fijados por las autoridades electorales, se vean obligadas a renunciar para que varones ocupen su cargo.8

De igual forma, la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales Estatales (AMCEE) exhortó a los partidos políticos nacionales y con registro local en la entidad a frenar las condiciones que han dado paso a estas renuncias masivas y, sobre todo, a no permitir que estos espacios legalmente ganados por mujeres sean cedidos al género masculino, bajo mecanismos aunque legales, no legítimos, que representan el incumplimiento de la paridad de género sustantiva.9

Cabe señalar que la Ley de Acceso a Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas concibe en su artículo 49 que la “violencia política en razón de género, es toda acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una persona, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, destrucción de sus bienes materiales, amenazas o privación de la libertad o de su vida, como para su familia o compañeras o compañeros de trabajo.” (Reforma publicada: 2 de agosto 2017).

De tal forma y, derivado de la presión ejercida por varias instituciones y redes de defensoras de los derechos político-electorales de las mujeres, varias de las candidatas electas que habían presentado su renuncia ante el IEPC, se desistieron de ello. Lo cual refuerza la idea de que estas renuncias posiblemente sean resultado de un acto de coacción.

En tal sentido, es necesario que las instituciones garantes de los derechos político-electorales emprendan las acciones necesarias para atender este importante número de renuncias por parte de las mujeres electas con el objetivo de determinar si éstas no fueron resultado de acciones que constituyan violencia política por razón de género. Y, de ser el caso, fincar las responsabilidades pertinentes en contra de quienes resulten responsables por dichos agravios.

Así, ya lo han expresado varias redes de mujeres, entre las que destacan la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare) y la Red Mujeres en Plural, quienes condenaron los hechos y exigieron la intervención inmediata de las autoridades competentes “a efecto de acordar las medidas cautelares necesarias para proteger a las mujeres y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos, así como tomar las acciones necesarias y llevar a cabo las investigaciones extraordinarias y sumarias para conocer y esclarecer las presiones ejercidas a las mujeres, y en su caso, sancionar a los responsables”10 . Al tiempo de exigir al IEPC “que actúe con la debida diligencia, responsabilidad y en cumplimiento estricto de la ley”.11

Baste decir que la paridad de género está reconocida como principio constitucional desde 2014 y, a cuatro años de su paulatina implementación a nivel local, lo ocurrido en Chiapas –siendo lamentablemente no el único caso–, es una muestra más de cómo los partidos políticos recurren a distintos mecanismos con tal de incumplir lo establecido en la ley; lo cual no únicamente restringe en pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, sino atenta contra los principios democráticos de la nación y contraviene lo convenido en diversos tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado en la materia.

Por lo antes expuesto, presentamos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres y el respeto irrestricto del principio de paridad de género.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Chiapas a investigar los hechos que, de constituir violencia política por razón de género, se persigan bajo lo establecido en la ley.

Notas

1 Vid. Pronunciamiento publicado en la cuenta de Twitter de la REPARE (@RedParidad_E). Disponible en:

https://twitter.com/RedParidad_E/status/1038235228920336 384

2. Reforma (2018). Reportan aumento de “Manuelitas”. México

3 Animal Político (2018). ¿Violencia política contra mujeres en Chiapas? Fiscalía investiga renuncia de 30 regidoras y diputadas. México, en línea. Disponible en:

https://www.animalpolitico.com/2018/09/renuncia-mujeres- chiapas-violencia-politica/

4 Reforma, Op. Cit.

5 Mensaje publicado a través de la cuenta de Twitter del IEPC (@IEPCChiapas). Disponible en: https://twitter.com/IEPCChiapas/status/1037752109939212290

6 Exhorto publicado a través de la cuenta de Twitter del IEPC (@IEPCChiapas). Disponible en:

https://twitter.com/iepcchiapas/status/10382233687749304 32

7 El Financiero (2018). Mujeres renuncian a cargos de elección popular en Chiapas. México, en línea. Disponible en:

www.elfinanciero.com.mx/nacional/mujeres-renuncian-a-car gos-de-eleccion-popular-en-chiapas

8 INE (2018). Comunicado de prensa número 459. Condena INE que candidatas mujeres en Chiapas sean obligadas a renunciar para que varones ocupen el cargo. México.

9 Exhorto publicado a través de la cuenta de Twitter de la AMCEE (@AMCEE_AC). Disponible en:

https://twitter.com/AMCEE_AC/status/1038188982402572288

10 Pronunciamiento publicado en la cuenta de Twitter de la Red Mujeres en Plural (@MujerEsPlural). Disponible en: https://twitter.com/MujerEsPlural/status/1038197768978718720

11 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suscribir la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y turnarla para aprobación por el Senado de la República, a cargo de la diputada Estela Núñez Álvarez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Estela Núñez Álvarez , diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, numeral 1, de los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. El artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) faculta al presidente a dirigir la política exterior y celebrar los tratados internacionales. Una vez signados, debe enviarlos al Senado de la República para que, con fundamento en el también constitucional artículo 76, fracción I, apruebe los tratados firmados por el presidente de la República.

2. En el Estado mexicano, algunas políticas públicas tendientes a mantener y mejorar la calidad de vida de las personas mayores,1 se han presentado desde varios años. La primera institución que veló por este sector fue el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Éste se enfocaba en la protección de las personas en condiciones de precariedad. El Instituto de la Senectud (Insen) se crea a mediados del año 1979, dependiente de la entonces Secretaría de Salubridad y Asistencia. En la década de los ochentas, las principales acciones del Instituto fueron la promoción de la salud, cultura y recreación.

En el gobierno del presidente Vicente Fox Quezada se decidió cambiar la nomenclatura por Instituto Nacional de Adultos en Plenitud (Inaplen). El cambio de nombre no modificó el funcionamiento u operación de la institución, pero sí generó críticas, lo que motivó a una modificación más profunda.

3. Con la promulgación de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores (LDPAM), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de junio de 2002, el Instituto toma la rectoría de las políticas a favor de las personas de 60 años y más. Con la promulgación de la LDPAM y en consecuencia de los señalamientos que se hicieron al Inaplen, se modificó nuevamente su nomenclatura para quedar como actualmente se le conoce: Instituto Nacional de Atención a las Personas Adultas Mayores (Inapam).

4. La Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (CIDPM) fue adoptada por la Organización de Estados Americanos el 6 de junio de 2015. El documento se abrió a la firma de los Estados parte y, desde entonces y hasta la fecha, el gobierno del todavía presidente Enrique Peña Nieto se ha abstenido de firmarlo y enviarlo al Senado para su aprobación. Este texto es de gran relevancia pues eleva la protección de los derechos de los adultos mayores. Es además la primera convención en su tipo en el orbe.

5. De esta forma, aunque la CIDPM entró en vigor el 11 de enero de 2017 y nuestro país formó parte de los equipos de trabajo para su redacción, todavía no se ha adherido al acuerdo. El Poder Legislativo, en reiteradas ocasiones, ha insistido, mediante puntos de acuerdo similares a este, que se firme y continúe con su proceso para que este documento pueda ser aprobado por el Senado y forme parte de las leyes supremas a las que hace referencia el artículo 133 de la CPEUM.

6. Este tema es de gran relevancia ya que tiene incidencia en uno de los sectores más vulnerables de la población. Según el más reciente censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay más de 10 millones de personas con 60 años o más. Esto representa cerca del 9 por ciento de la población.

Adicionalmente, la estadística muestra que la esperanza de vida ha aumentado significativamente y que la pirámide poblacional, que ahora refleja un “bono demográfico”, cambiará a una pirámide invertida por el envejecimiento de la población del país. A mediados del siglo XX, la esperanza de vida era de 36 años. Al iniciar el siglo XXI, la esperanza de vida se incrementó a los 74 años, más del doble de la que se tuvo 50 años atrás. En el año 2000 y como parte de las estimaciones para la planeación a largo plazo, se estimaba que para mediados de este siglo tendríamos una esperanza de vida de 80 años; este promedio ya se alcanzó por las mujeres en la primera década, mientras que el de los hombres ha superado los 73 años.

En este orden de ideas, la urgencia de adoptar la convención. Ésta tiene entre sus fundamentos la planeación a largo plazo y la implementación de políticas gerontológicas que permitan garantizar una vida digna a un sector cada vez más amplio de la población.

7. Derivado de anteriores puntos de acuerdo, el Poder Ejecutivo ha informado que la razón por la que no se ha firmado el instrumento, es porque aún se están realizando las consultas a las distintas dependencias que se verían obligadas por la firma y eventual aprobación de la convención. A la fecha y pese a que se ha reiterado la petición de firmar o que se informe el avance de las consultas a las dependencias, no se tiene respuesta ni firma de la CIDPM.

Por las consideraciones arriba expuestas, se somete a la consideración de la asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, para que suscriba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la turne al Senado de la República para su aprobación.

Nota

1 El concepto de Persona Mayor ha referido a personas mayores de 60, 65 y 70 años de edad; empero en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores son consideradas como tales, las mayores de 60 años.

Palacio Legislativo de San Lázaro, el 11 de septiembre de 2018.

Diputada Estela Núñez Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República a mantener la Comisión de Pesca y Acuacultura en la LXIV y LXV Legislaturas, a cargo del diputado Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ernesto Ruffo Appel, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I; 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 2, fracciones III y IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que se mantenga la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura durante las LXIV y LXV Legislaturas, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 6 de septiembre de 2012 presenté junto con los entonces senadores Francisco Salvador López Brito, Víctor Hermosillo y Celada, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Carlos Mendoza Davis, Fernando Yunes Márquez, Daniel Ávila Ruiz, Francisco Búrquez Valenzuela y Rosa Adriana Díaz Lizama, un punto de acuerdo mediante el cual se exhortaba a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para que se instituyera la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura.

En la justificación de la propuesta destaqué la importancia de la pesca y la acuacultura en nuestro país, ya que como actividades productivas son un motor socioeconómico para diversas regiones de nuestro territorio. También puntualicé que dichas regiones se han consolidado con estas actividades, produciendo alimento de alta calidad para la población y creando empleos directos e indirectos a través de la cadena productiva.

Posteriormente, mediante Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, con fecha de 27 de septiembre de 2012, se constituyó la Comisión Ordinaria de Pesca, separándola de la Comisión Ordinaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Sin duda esta acción y decisión marcó un importante precedente en el Congreso debido a que se instauraba una comisión ordinaria para atender de manera exclusiva y especializada los asuntos legislativos en materia de pesca y acuacultura como actividades primarias.

Es preciso indicar que México es el tercer lugar en el continente americano con mayor extensión de litoral, con 11 mil 122 kilómetros, sólo después de Canadá y Estados Unidos de América, lo que significa un gran potencial para el desarrollo de la pesca. Además, ocupa el cuarto lugar en volumen de captura, después de Perú, Estados Unidos de América y Chile.1

Sin embargo, el sector pesquero y acuícola no se encuentra suficientemente desarrollado. No existen políticas públicas eficientes que impulsen el desarrollo de estas actividades. No obstante, el sector pesquero ha sido el único que ha crecido en nuestro país de manera significativa. Actualmente, México ocupa el lugar 17 a nivel mundial como productor pesquero y acuícola en el mundo.2

La situación de la pesca en México es compleja, debido, entre otros aspectos importantes, a su ubicación geográfica privilegiada y su gran extensión de litoral en la que existen recursos de alto valor comercial y especies que abastecen de alimento nutritivo a las poblaciones locales por carecer éstas de otras actividades productivas.

Adicionalmente, el gobierno federal no ha atendido la falta de inspección y vigilancia que impera en nuestro país, lo que resulta en sobrexplotación y captura ilegal de especies por parte de los pescadores furtivos. La política del gobierno actual ha sido principalmente conservacionista, implementando áreas restringidas de pesca, ampliación de las áreas naturales protegidas y otros mecanismos jurídicos que no permiten a los miles de pescadores legales salir a pescar. Sin embargo, la falta de presencia por parte de las autoridades no ha frenado la pesca furtiva. Es decir, los pescadores ilegales siguen pescando en impunidad, mientras que los pescadores legales son cada vez más afectados alejándolos de nuestros mares productivos, lo que propicia grandes conflictos en las zonas costeras tradicionales de pesca con el origen y aumento de graves problemas sociales por la falta de empleo.

Prueba de la política conservacionista sin resultados es que desde que inició la actual administración se ha reducido en 52 por ciento el presupuesto para subsidio, monitoreo, vigilancia y protección de las 181 Áreas Naturales Protegidas.3 Dichas áreas fueron establecidas y decretadas sin sustentos técnicos y científicos, pero lo más agraviante fue que no se tomó en cuenta a los miles de pescadores que se han visto seriamente afectados al limitar sus zonas de trabajo y sustento.

Es fundamental dejar en claro que la pesca no es adversa al conservacionismo, actualmente el 25 por ciento de la producción pesquera en nuestro país se encuentra certificada, es decir más del doble del promedio a nivel mundial. No obstante, la visión ambientalista de carácter conservacionista sigue señalando a la pesca como un sector extractivo depredador y busca llevarla a los mínimos posibles lo que pone en riesgo a un sector en el cual participan alrededor de 2 millones de personas que contribuyen a la seguridad alimentaria de nuestro país.

Adicionalmente, las principales pesquerías que sostienen la producción pesquera nacional se encuentran reguladas para su aprovechamiento, existen normas específicas que establecen disposiciones que son fundamentales para su captura responsable con la aplicación de los criterios internacionales de sustentabilidad y en apego a las medidas internacionales para su cuidado y protección.

Basta precisar que nuestro país fue el primer impulsor del Código de Conducta para la Pesca Responsable signado por cientos de países con vocación pesquera y acuícola, que tiene como propósito el de establecer principios y normas internacionales para la aplicación de prácticas responsables con miras a asegurar la conservación, la gestión y el desarrollo eficaz de los recursos acuáticos vivos, con el debido respeto al ecosistema y de la biodiversidad.

Es por ello que desde la creación de la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura en el Senado, el objetivo fue promover la pesca sustentable, es decir, que la pesca se lleve a cabo legalmente, de manera ordenada y permitiendo que las especies se puedan seguir reproduciendo para garantizar la pesca a las generaciones futuras. Los principales temas que se discutieron durante la LXII y LXIII legislaturas fueron, la pesca certificada, cuotas de captura, mayor ordenamiento pesquero, aspectos sociales del cooperativismo, inclusión de las mujeres en la pesca, transparencia en la administración pesquera, fortalecimiento del marco jurídico y sobre todo la sustentabilidad y pesca responsable, entre otros.

Desaparecer la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura del Senado de la República sería un riesgo para el sector pesquero y acuícola. En México no existe una entidad federativa donde no exista acuacultura o pesca.4 Estados como Hidalgo, Veracruz, Sonora y Tabasco cuentan con una actividad acuícola importante5 y las entidades del noroeste del país son las de mayor producción pesquera.

La Comisión de Pesca en el Senado de la República impulsó temas en la agenda nacional pesquera, fungió como contrapeso al Poder Ejecutivo, promovió la ciencia y tecnología y atendió tanto a la industria pesquera, como a organizaciones sociales y civiles. Asimismo, participó en foros internacionales, destacando el Foro de Parlamentarios en Pesca y Acuacultura de América Latina y el Caribe, en el cual se llegaron a diversos acuerdos, como el de la alimentación infantil con base a pescados y mariscos, cooperación para una mayor inspección y vigilancia, y medidas para el aprovechamiento sustentable.

Adicionalmente, la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado realizó foros de carácter internacional con actores como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable. Igualmente se mantuvo una cooperación constante con autoridades como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, la Comisión Nacional para la Biodiversidad (Conabio) y diversas universidades como la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por otro lado, la Cámara de Senadores ha expresado su interés por implementar medidas de austeridad, entre ellas, la desaparición de comisiones que fueron creadas por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y mantener solo aquellas que se encuentren en la ley. En caso de desaparecer la Comisión de Pesca y Acuacultura e integrarla a la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se perdería la atención específica a un sector predominantemente social del cual dependen muchas familias, así como el papel de la industria pesquera y acuícola a niveles nacional e internacional. Atender la agenda legislativa con una visión ambientalista, sólo atendería con mayor énfasis los aspectos ambientales, dejando a un lado al sector primario que cubre muchos más elementos que su relación con los ecosistemas acuáticos.

En la Cámara de Diputados, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en cada legislatura se instala la Comisión de Pesca, lo que demuestra la importancia de contar con una comisión legislativa en temas pesqueros y acuícolas. En cambio, la Ley no contempla a la Comisión de Pesca en el Senado de la República lo que significa la falta una comisión especializada en esta cámara.

En caso de contar con una Comisión de Pesca en la Cámara de Senadores se puede garantizar un contrapeso en aquellos temas que no son en beneficio del desarrollo del sector y como una colegisladora en aquellos que promueven su crecimiento bajo una visión de sustentabilidad, protegiendo a las especies a futuro, conservando los ecosistemas y garantizado alimento a las generaciones futuras.

Finalmente, se tendría un grave retroceso al no continuar con una comisión especializada para la legislación de esta actividad productiva catalogada de seguridad nacional por su importancia a la seguridad alimentaria y la soberanía nacional de nuestros litorales y aguas continentales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, para que, en el uso de sus facultades, mantenga la Comisión Ordinaria de Pesca y Acuacultura.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 2011 y 2012.

2 Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca)

3 Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC.

4 Barco Abierto

5 Inegi

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de septiembre de 2018.

Diputado Ernesto Ruffo Appel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave a desarrollar, instaurar y ejecutar una nueva política de seguridad pública estatal; y a la Fiscalía General del estado, a garantizar el derecho a la información y la participación en las tareas de búsqueda y localización de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, a cargo del diputado Héctor Yunes Landa, del Grupo Parlamentario del PRI

El diputado Héctor Yunes Landa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en las siguientes:

Consideraciones

Es un deber fundamental del Estado el garantizar la seguridad pública mediante la prevención de delitos con una política bien articulada, investigar completa e imparcialmente los delitos que se cometen y asignar la sanción adecuada a cada delito. Estás garantías son indispensables para promover una entidad en paz, orden y con bases sólidas para el desarrollo social y económico.

En este sentido, la actual administración del Estado de Veracruz le ha fallado a su ciudadanía, al estar en medio de una constante alza en incidencia delictiva y al mismo tiempo contar con altos índices de impunidad, debilitando el Estado de derecho.

Cabe destacar que el Estado de Veracruz es una de las entidades federativas con mayor ocurrencia delictiva en los ámbitos de crímenes que atentan contra la vida y la integridad como homicidios y feminicidios, la libertad personal, la libertad y seguridad sexual, el patrimonio de las personas, entre otros.

El homicidio es frecuentemente considerado el más grave de los delitos y está definido como la privación de la vida de una persona, tanto de manera intencional como imprudencial. Es utilizado regularmente como uno de los indicadores de más importancia para analizar la seguridad, ya que responde a diferentes tipos de dinámicas delincuentes como el crimen organizado, fenómenos de violencia intrafamiliar o incluso de tipo político.

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo de diciembre 2015 a noviembre 2016 hubo 1,715 homicidios. En cambio, en el periodo diciembre 2016 a noviembre 2017, primer año de la actual administración, la cifra aumento a 2,337, representando un incremento del 36%. En los datos más recientes que ofrece el Secretariado, en julio de 2018 se registraron 153 homicidios, que es igual a 4.9 homicidios por día.

A pesar de la importancia del homicidio como indicador para el análisis de seguridad, vale la pena señalar que en el Estado de Veracruz se cometen regularmente otro tipo de crímenes.

Considerando nuevamente el periodo de diciembre 2015 a noviembre de 2016 en comparación con diciembre de 2016 a noviembre de 2017 y los datos del SESNSP, los feminicidios, secuestros y violaciones aumentaron en 38 por ciento, 46 por ciento y 83 por ciento, respectivamente. Estas son cifras realmente alarmantes, ya que nos hacen claro que los crímenes más violentos que se pueden presentar están en una senda de crecimiento bastante acelerada.

En este escenario, cabe mencionar que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó el pasado jueves 6 de septiembre de 2018 fue hallada una nueva fosa clandestina con al menos 166 personas, en la zona centro del estado.

Según la información que fue dada a conocer por su titular, a principios del mes de agosto, la Fiscalía logró identificar, ubicar y obtener el testimonio de una persona que señaló un punto en el estado en donde habrían sido inhumados de manera clandestina cientos de personas. El 8 de agosto comenzaron los trabajos de investigación en la zona y 30 días después de labores localizaron los restos humanos con hasta dos años de antigüedad.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado no informó de este nuevo hallazgo a los familiares de las víctimas como está previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz, que en su Artículo 2, párrafo I, establece que se debe “Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución Federal, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte, la Constitución Local, Leyes Estatales y demás instrumentos de derechos humanos.

Asimismo, la Ley en comento, señala en su Artículo 5 que “El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.”

Lo señalado anteriormente hace evidencia al mal diseño e implementación por parte de la actual administración de políticas públicas con fines de prevención, atención y sanción a las conductas delictivas. Esto es preocupante ya que el tema de la seguridad fue un eje principal de la agenda del actual Gobernador, expresando su importancia como objetivo fundamental “alcanzar un Veracruz en donde todas las personas vivan en paz, ejerciendo plenamente sus derechos y libertades, para disfrutar de una sana convivencia social y una interacción armoniosa”. Es de suma importancia que el gobierno del estado entienda que se debe pasar del discurso político a la concreta implementación de estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana y sentar bases para un Estado de derecho en favor del desarrollo social y económico.

Como se mencionó anteriormente la seguridad de la ciudadanía debe ser garantizada por el Estado, en tal virtud, el presente punto de acuerdo se encuentra fundamentado en el artículo 21 de nuestra Carta Magna, que establece:

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Además, la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, determina puntualmente en su fracción IV del artículo 49, la obligación del Gobernador del Estado para “Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado...” complementaria a esta disposición el artículo 6 de la Constitución estatal señala que “Las autoridades del Estado promoverán las condiciones necesarias para el pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad ...”.

Como es evidente al observar estadísticas, leer en los medios de comunicación o simplemente escuchar la opinión pública de los ciudadanos, las políticas y estrategias no han funcionado. La administración de Miguel Ángel Yunes Linares, no solo ha fallado en cumplir su responsabilidad constitucional de velar por la tranquilidad y seguridad del Estado, sino que ha permitido la institucionalización del crimen, al dejar vacíos de poder que son cubiertos por poderes fácticos con fines delictivos. Se deben replantear los objetivos y en conjunto con la sociedad civil tomar verdadera acción para garantizar el bienestar de los veracruzanos.

Es por todo lo anterior que presento el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que a través la Secretaría de Seguridad Pública desarrolle, instrumente y ejecute una nueva política de seguridad pública estatal.

Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que garantice el derecho a la información y la participación en las tareas de búsqueda y localización de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, en los términos establecidos por la Ley de Víctimas del Estado de Veracruz.

Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, para que se haga público el registro de personas extraviadas o desaparecidas en esa entidad durante los años 2017 y 2018, a fin de garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de septiembre del año 2018.

Diputado Héctor Yunes Landa (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de esta soberanía a celebrar una sesión solemne con motivo del 50 aniversario de los caídos en lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, suscrita por los diputados Dolores Padierna Luna y Sergio Mayer Bretón, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, Dolores Padierna Luna, Sergio Mayer Bretón y Sandra Simey Olvera Bautista diputados federales de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, numeral 1, del artículo 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En la plaza de las tres culturas, en el eterno Tlatelolco, el día 2 de octubre de 1968, siendo las 6:10 de la tarde, durante un mitin político-estudiantil que, “ponía en riesgo la realización de los Juegos Olímpicos en México”, se desarrollaba una asamblea pacífica. En ésta, los estudiantes trabajaban en un pliego petitorio que demandaba: libertad a presos políticos; supresión de los delitos de disolución social, contenidos en los artículos 145 y 145 bis del Código Penal; destitución del jefe y subjefe de la Policía Preventiva del otrora Distrito Federal; indemnización a las víctimas de los actos represivos; supresión del Cuerpo de Granaderos, y castigo a los funcionarios responsables de actos de violencia contra los estudiantes.

Fue entonces cuando la fuerza represora del Estado, dirigió sus arteras balas hacia los jóvenes, disparándoles desde edificios y a pie de tierra, con el fin de disolver la concentración. Los derechos a la vida, a la integridad y a la libre manifestación y expresión de ideas1 no fueron considerados de manera alguna.

De acuerdo con datos oficiales del entonces Gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, solo se registraron 33 decesos, 1043 personas detenidas y 100 heridos. Tiempo después el Departamento de Estados Unidos, a través de su Embajada en México, calculó entre 150 y 200 el número de muertos 1 aunque otras investigaciones sugieren que pudieron ser hasta 350.3 Hoy en día, desconocemos el número exacto de fallecimientos, sin embargo, la sociedad entera sabe de cierto que son más de los que el gobierno asumió. Responsabilidad que, desde luego no termina con el sólo hecho de nombrarla.

Los asesinatos y crímenes de Estado, nunca y bajo ninguna circunstancia, son olvidados y menos exculpados. Estos hechos rebasan cualquier lógica ética y jurídica, de ahí que son considerados de lesa humanidad, quedando para siempre gravados en el alma de la sociedad mundial.

En los años 60 el panorama político nacional e internacional, se caracterizó por un periodo de protestas ciudadanas dirigidas a los gobiernos, en las que se exigían mayores Derecho Civiles. Protestas con sed de justicia pero que fueron violenta, brutal, indebida y arbitrariamente reprimidas.

Los movimientos sociales de esta década, adquirieron mayor importancia en Francia y en las revueltas estudiantiles y sindicales de América Latina. Estas generaron en Argentina un golpe de Estado en 1966. Destaca también que, en Chile, durante 1968, surgieron protestas en contra de la reforma universitaria, las cuales, inyectaron de ánimo y esperanza a los jóvenes de todo el mundo.

Con la postulación de la Ciudad, para la realización de los XIX Juegos Olímpicos de verano dio inicio una de las nuevas etapas en la historia de México. En 1963 se otorgó por parte del Comité Olímpico Internacional, la realización de tan majestuoso evento. Lo que generó una alta demanda presupuestaria en la que el gobierno optó por reducir el presupuesto en diferentes sectores de la Administración Pública Federal, siendo el sector educativo uno de los que sufrió mayores afectaciones. Esto propició un descontento entre los jóvenes estudiantes, que no dudaron en volcarse a las calles para exigir sus derechos.

La represión violenta por parte del Estado a través de la policía, en contra de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de nivel medio superior de los planteles número 2 y 5, generó inconformidad entre su comunidad estudiantil. Días después, alumnos de la preparatoria número 2 de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron atacados por granaderos, lo que generó que las preparatorias 1, 2 y 3 fueran tomadas como consecuencia de los ataques y agravios a sus compañeros.

Los alumnos se organizaron para protestar por el abuso excesivo de la fuerza pública, formando el Consejo Nacional de Huelga (CNH), integrado por estudiantes y maestros de la UNAM, del IPN, de escuelas normales, El Colegio de México, la Universidad de Chapingo, la Universidad Iberoamericana y La Salle. De esta forma, se marcó un hito en la historia, al exponer el autoritarismo y la represión que sufría el pueblo mexicano en esa época.

El 13 de septiembre, el movimiento de nueva cuenta en batalla cívica, volvió a las calles, con la Manifestación del Silencio ,4 una de las marchas más pacificas de la historia de México. El 18 de septiembre el ejército tomó la ciudad universitaria y el 23 del mismo mes ocuparon el Casco de Santo Tomas, después de horas de confrontación entre estudiantes y policías. Aunque hubo algunas pláticas entre estudiantes y autoridades del Gobierno, la voz de los jóvenes nunca fue escuchada.

El 2 de octubre “atacaron con ardientes balas emanadas de los últimos rayos de sol”, con las que fueron masacrados, por el batallón Olimpia. Es un día oscuro y manchado de sangre. Todos los años, al desvanecerse el sol en este día, se escucha el golpeteo contra el pavimento de las suelas que huyen despavoridas de un Estado autoritario que, en lugar de la mano, sólo supo ofrecer cañones y garrotes a los jóvenes.

Las balas no sólo pretendían quitarles la vida, sino arrebatarles de tajo a los jóvenes, sus sueños, entusiasmo y ánimo de justicia, lo cual, es igualmente miserable y detestable. Matar a balazos y matar de miedo al alma de la sociedad, es un crimen que debe recordarse una y otra vez para asegurar que nunca será borrado de la memoria colectiva y, por lo tanto, que nunca más volverá a repetirse.

Antes de las balas, la intolerancia hacia la protesta y el pensamiento diverso, arrojó palabras envenenadas que sentenciaban ya un destino con olor a muerte:

“hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite, no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo”.

Una sesión solemne, en honor a quienes tuvieron valor cívico, es un deber moral de quienes nos ostentamos representantes legítimos de las causas sociales.

Una sesión solemne para decirle a los jóvenes de aquel entonces que su lucha valió la pena, y reiterarles a los jóvenes de ahora que no están solos.

Una sesión solemne para decirle a los muertos que las balas no fueron capaces de silenciar sus voces, y que 50 años después, se escuchan claras, nítidas y vigorosas.

En razón de lo antes expuesto y por lealtad a todo aquel que levantó la voz en favor de la igualdad, la justicia y la libertad, ponemos a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Junta de Coordinación Política y a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, se lleve a cabo el día martes 2 de octubre de 2018, una sesión solemne con motivo del 50 aniversario de los caídos en lucha por la democracia en la plaza de las tres culturas, el 2 de octubre de 1968.

Notas

1 Cronología del movimiento estudiantil mexicano:

https://www.nexos.com.mx/?p=4996

2 Fue un dos de octubre:

http://www.jornada.com.mx/2005/10/02/mas-jesus.html

3 Los muertos de Tlatelolco, ¿cuántos fueron? https://aristeguinoticias.com/0110/mexico/los-muertos-de-tlatelolco-cua ntos-fueron/

4 El silencio:

http://www.jornada.com.mx/2008/09/13/index.php?section=p olitica&article=008n1pol

Palacio Legislativo de San Lázaro, el 11 de septiembre de 2018.

Diputados: Dolores Padierna Luna, Sergio Mayer Bretón y Sandra Simey Olvera Bautista (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat y la Conanp a evitar que se decrete el proyecto por el que se crea el área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera del Mar de Cortés y Pacífico Sudcaliforniano, a cargo del diputado Ernesto Ruffo Appel, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Ernesto Ruffo Appel, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79, numeral 2, fracciones III y IV, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para que no se apruebe el proyecto de reserva de la biosfera del mar de Cortés y Pacífico sudcaliforniano, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El mar de Cortés es una de las regiones de mayor biodiversidad de especies de flora y fauna en nuestro país, alberga una gran cantidad de especies marinas, de las cuales varias de estas son endémicas. Pero también tradicionalmente es una de las zonas de mayor importancia en la captura de especies comerciales de alto valor nutricional que ha permitido el desarrollo y crecimiento de las comunidades locales.

Recientemente, se ha presentado una iniciativa promovida por la Coalición en Defensa de los Mares de México, Codemar, y Beta Diversidad para que se declare como área natural protegida con carácter de reserva de la biosfera, a la región que comprende las aguas de jurisdicción federal, frente a las costas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Cabe mencionar que, de aprobarse el proyecto, éste afectaría a miles de personas y sus familias que dependen directa e indirectamente de la pesca. Esta región es considerada la más importante a nivel nacional en cuanto a la producción de pescados y mariscos y también en cuanto a calidad de sus productos.

México ocupa el lugar número 17 como productor pesquero y acuícola en el mundo y a nivel nacional el que tiene mayor crecimiento como sector primario. El 25 por ciento de la producción pesquera en nuestro país se encuentra certificada, lo que significa más del doble del promedio mundial.1

Desde que se inició la actual administración se ha reducido en 52 por ciento el presupuesto para subsidio, monitoreo, vigilancia y protección de las 181 áreas naturales protegidas.2 Sin embargo, el gobierno federal y asociaciones conservacionistas siguen culpando a la pesca de la sobreexplotación de algunas especies marinas y la disminución de ejemplares de especies en peligros de extinción.

Lo que no ha logrado hacer el gobierno federal es diferenciar a la pesca regulada y ordenada de la pesca ilegal, no registrada y no documentada. La pesca furtiva juega un papel determinante en la problemática y el Estado no ha encontrado la manera de evitarla. Para el gobierno le ha resultado más fácil cerrar los mares a la pesca, afectando la seguridad alimentaria de las poblaciones ribereñas que dependen de ella.

Las principales pesquerías que sostienen la producción de esta importante región pesquera se encuentran reguladas desde hace mucho tiempo con normas específicas que establecen las disposiciones que deben de cumplirse para su captura responsable con el propósito de mantener las poblaciones objeto de captura y lograr su aprovechamiento sustentable.

El Estado mexicano ha justificado la proliferación de áreas naturales protegidas por haberse suscrito en la décima reunión de la Conferencia de las Partes (COP10) realizada en la cumbre Nagoya, en donde se crearon las Metas de Aichi.

Estas metas tienen como uno de sus objetivos estratégicos mejorar la situación de la diversidad biológica a través de la salvaguarda de los ecosistemas, las especies y la diversidad genética. Para ello la Meta 11 establece que los Estados parte, para el año 2020 deben proteger por medio de sistemas de áreas protegidas al menos el 10 por ciento de las zonas de marinas.

Actualmente, México cuenta con el 22.05 por ciento del territorio marino protegido superando por más del doble la Meta de Aichi. El 99 por ciento de las áreas marinas protegidas, han sido decretadas por la actual administración en la que destaca el Parque Nacional Revillagigedo, la cual es el área natural protegida más grande de Norteamérica.3

Por otro lado, no se ha dado a conocer el estudio previo justificativo de la reserva de la biosfera mar de Cortés y Pacifico sudcaliforniano, ni se han escuchado las voces de quienes participan en el sector pesquero y acuícola en la región que se pretende afectar.

El Estado mexicano tiene la obligación con los mexicanos y la comunidad internacional de proteger el ambiente y sus recursos naturales pero es un contrasentido decretar áreas naturales protegidas, despojando a los pescadores de los mares donde realizan sus actividades de manera ordenada y licita, mientras disminuyen la vigilancia y monitoreo permitiendo la explotación de recursos naturales de manera ilegal.

Es importante mencionar que ha existido la falta de coordinación interinstitucional y de comunicación entre las dependencias federales para establecer este tipo de zonas de conservación las cuales deben estar sustentadas con las mejores evidencias científicas y técnicas. Esta falta de coordinación ha propiciado el establecimiento de políticas públicas erróneas que han causado efectos negativos en la actividad pesquera y acuícola con afectaciones directas a uno de los sectores más productivos en la generación de alimento para el país.

Finalmente, el sector pesquero y acuícola ha expresado rotundamente que éste no ha sido considerado en la partición de los estudios y trabajos que brinden sustento a esta iniciativa, más aún, no ha sido escuchadas las propuestas que han presentado orientadas al aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros de la región, siendo estos los que serán los más afectados de concretarse esta mal planteada iniciativa.

Para que México continúe siendo uno de los mayores productores pesqueros y acuícolas es necesario el establecimiento y la aplicación de políticas públicas eficaces en las que sean considerados todo aquellos quienes forman parte de las actividades productivas como es la pesca y la acuacultura.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para evitar que se decrete el proyecto por el que se crea el área natural protegida con el carácter de reserva de la biosfera del mar de Cortés y Pacífico sudcaliforniano.

Notas

1 Cámara Nacional de la Industria Pesquera (Canainpesca)

2 Fundar, Centro de Análisis e Investigaciones, AC.

3 Canainpesca.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 11 de septiembre de 2018.

Diputado Ernesto Ruffo Appel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a actuar de manera efectiva y fortalecer sus acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población ante el incremento sostenido de los índices delictivos en la entidad, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo, de urgente u obvia resolución, por la que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz a que actúe de manera efectiva y fortalezca sus acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población, ante el incremento sostenido de los índices delictivos en la entidad; asimismo, a la Fiscalía General del estado de Veracruz, para que garantice el derecho a la información y la participación en las tareas de búsqueda y localización, e informe a esta soberanía sobre el registro de personas extraviadas o desaparecidas en esa entidad durante los años 2017 y 2018, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En los últimos meses, el estado de Veracruz presenta una crisis de seguridad, situación que se refleja en el incremento sostenido de delitos tales como homicidios, extorsiones, secuestros y robos a casa habitación.

En la comisión de estos ilícitos, de acuerdo con investigaciones de organizaciones de la sociedad civil e informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, existen indicios de la posible colusión de organizaciones del crimen organizado con las autoridades estatales y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta colaboración pone en duda los programas de seguridad hasta ahora instrumentados para la contención, sanción y prevención del delito por parte de la administración local.

Familiares de las víctimas sostienen que debido a esta complicidad, las autoridades se han mostrado omisas ante esta problemática que vulnera la vida y la integridad de las personas y sus bienes, por lo que en diversas manifestaciones públicas han exigido su pronta respuesta, sin que hasta el momento se haya dado.

Para contar con un panorama general de la situación de inseguridad que presenta el estado de Veracruz, basta señalar los siguientes acontecimientos:

-El pasado 8 de agosto se ubicaron fosas clandestinas en la comunidad de Arbolito, en el municipio de Alvarado, en ellas, se han localizado por lo menos 174 cráneos y huesos que están en proceso de identificación. No obstante, aún quedan por examinar 32 cuadrantes, de donde se espera encontrar más cuerpos humanos.1

-Sin embargo, la Fiscalía General del estado no informó de este nuevo hallazgo a los familiares de las víctimas, como está previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz, que en su artículo 2, párrafo I, establece que se debe: “Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución federal, en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es Parte, la Constitución local, leyes estatales y demás instrumentos de derechos humanos”.

Asimismo, la Ley en comento señala en su artículo 5 que: “El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible.”

-Familiares de personas desaparecidas han denunciado que el gobierno del estado y la Fiscalía General de la entidad han procesado de manera inadecuada las fosas clandestinas; no están cumpliendo los protocolos de notificación y que sus declaraciones son imprecisas y faltan a la verdad, por lo que, a decir de ellos, se está dando una revictimización, ya que se está limitando, entorpeciendo o impidiendo el acceso a la justicia y a un proceso apegado al debido proceso, contemplado en nuestro marco jurídico.

-2018 está siendo un año de alta violencia para las mujeres, ya que sólo de enero a julio han asesinadas más de 135, posicionando a Veracruz en uno de los primeros lugares de feminicidios en el país.

Aunado a ello, la desaparición de mujeres no ha sido atendida por las autoridades estatales. En el 2017, más de 263 mujeres fueron desaparecidas, particularmente en municipios como Xalapa, según estadísticas del Observatorio Universitario de Violencias contra Mujeres adscrito a la Universidad Veracruzana. Muchas de ellas no han sido localizadas, fueron encontradas con rastros de violencia física y sexual y, en el peor de los casos, fueron halladas sin vida.2

-Organizaciones de la sociedad civil, como Alto al Secuestro, han denunciado el incremento de estos ilícitos. Ejemplo de esta situación es que la entidad, en los últimos años, de manera consecutiva ha ocupado los primeros lugares de privación de la libertad.

Cabe enfatizar que el municipio Xalapa se ha colocado como la demarcación con el mayor número de secuestros denunciados, aquejando particularmente a comerciantes, empresarios, estudiantes y actores políticos.

Esta situación, afecta principalmente a municipios como la capital de la entidad, Coatzacoalcos, Boca del Río, Papantla, Tuxpan y el puerto de Veracruz.

-Otro delito que se ha incrementado es el homicidio doloso, durante el primer semestre de este año, se denunciaron por lo menos 700 acontecimientos de este tipo. Es decir, cada 24 horas en promedio se desarrollaron cuatro crímenes de esta naturaleza, en su mayoría por arma de fuego.

A pesar de que el estado de Veracruz presenta altos índices delictivos, y está considerada como una de las entidades más peligrosas del país, las autoridades estatales han mostrado indiferencia con la situación y las medidas hasta ahora llevadas a cabo no han dado los resultados esperados y comprometidos por gobernador de la entidad.

Bajo estas consideraciones, resulta fundamental que esta Cámara de Diputados exhorte al gobierno del estado de Veracruz para que fortalezca sus acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población, ante el incremento de los índices delictivos en la entidad, situación que vulnera la integridad y patrimonio de la sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Veracruz para que actúe de manera efectiva y fortalezca sus acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población, ante el incremento sostenido de los índices delictivos en la entidad; asimismo, a la Fiscalía General del estado de Veracruz, para que garantice el derecho a la información y la participación en las tareas de búsqueda y localización y haga público el registro de personas extraviadas o desaparecidas en esa entidad durante los años 2017 y 2018.

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Veracruz para que actúe de manera efectiva y fortalezca sus acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población, ante el incremento sostenido de los índices delictivos en la entidad, situación que vulnera la integridad y patrimonio de la sociedad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz para que garantice el derecho a la información y la participación en las tareas de búsqueda y localización de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, en los términos establecidos por la Ley de Víctimas del Estado de Veracruz.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz para que haga público el registro de personas extraviadas o desaparecidas en esa entidad durante los años 2017 y 2018, a fin de garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso

Notas

1 Lourdes López. (2018). “Suman 174 cráneos hallados en fosas clandestinas de Veracruz”. 9/08/2018, de Excélsior sitio web: https://www.excelsior.com.mx/nacional/suman-174-craneos-hallados-en-fos as-clandestinas-de-veracruz/1263661

2 e-consulta. (2018). “263 mujeres desaparecidas en Veracruz durante el 2017”. 10/09/2018. Sitio web:

http://www.e-veracruz.mx/nota/2017-12-29/estado/263-muje res-desaparecieron-en-veracruz-en-2017

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 11 de septiembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras a acordar con la mayor brevedad qué legisladores formarán la Comisión de Concordia y Pacificación, suscrita por el diputado Alfredo Vázquez Vázquez e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Alfredo Vázquez Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que de manera respetuosa se exhorta a las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras, para que acuerden a la brevedad la integración de los Diputados y Senadores que conformarán la Comisión de Concordia y Pacificación, con base en lo siguiente:

Mis sentimientos de lucha social, me condujeron a esta casa del pueblo, estoy aquí para hablarles de mis hermanos indígenas que a lo largo de muchas décadas hemos buscado justicia y libertad, nací y crecí en una comunidad indígena, conozco, vivo y siento en carne propia la lucha de mis hermanos.

Los pueblos originarios de México formaron parte de manera muy activa en la primera gran transformación del País, en la lucha por la independencia iniciada en el año de 1810, cientos de miles de indígenas ofrecieron su sangre con la única finalidad de ser libres.

En la segunda gran transformación del país que fue encabezado por el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestra patria, Don Benito Juárez García, de nueva cuenta los pueblos indígenas no le fallaron a la historia, miles ofrecieron sus vidas en defensa de nuestra soberanía nacional.

En la tercera gran transformación de 1910, los pueblos indígenas fueron protagonistas y acudieron valientemente a la cita con la historia, y a lo largo y ancho del país miles de ellos fallecieron en los campos de batalla, con el afán de mejorar sus condiciones de vida, pero a pesar del innegable carácter social de la Constitución del año de 1917, los pueblos indígenas de nueva cuenta fuimos excluidos.

Los pueblos originarios hemos sido participes de las grandes transformaciones antes señaladas, pero lejos de encontrar respuestas a nuestras justas y profundas demandas de justicia y libertad, nos hemos encontrado con un Estado Mexicano que niega nuestros derechos como legítimos herederos de estas tierras, nos hemos encontrado con un Estado Mexicano que se niega a reconocer nuestros más elementales derechos humanos al acceso verdadero a la justicia y libertad, nos hemos encontrado con un Estado Mexicano que se reniega a reconocer nuestra autonomía y a la autodeterminación de nuestros pueblos.

Apenas en el año de 1992, el Estado mexicano reformó la Constitución reconociendo la pluriculturalidad de la nación mexicana, pero con derechos exageradamente acotados a los pueblos originarios. El 1 de enero de 1994 se estalló una rebelión indigenista conocida como Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.

El 16 de febrero de 1996, la organización indigenista conocida como EZLN y el gobierno firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, que hasta el momento el Estado mexicano se niega a darle cumplimiento.

En las anteriores tres grandes transformaciones del país pareciera que los pueblos indígenas no hubiéramos formado parte de ella, pero nuestro anhelo por la búsqueda de la justicia y libertad es más grande, por lo que los pueblos indígenas, una vez que el Licenciado Andrés Manuel López Obrador hiciera un llamado a una cuarta trasformación nacional a todos los sectores, los pueblos indígenas de México, hemos respondido de manera muy activa para por fin lograr ser reconocidos nuestros derechos por un Estado Mexicano que históricamente se niega a reconocer nuestras libertades.

Hay quienes argumentan y buscan la desaparición de la Cocopa, pero desconocen que las causas de las legítimas demandas del movimiento indigenista que derivo en el conflicto armado del 1 de enero de 1994 siguen muy vigentes, que los indígenas y campesinos que fueron desplazados de sus comunidades siguen sin encontrar respuesta a sus demandas de justicia, que los hombres y mujeres que formaron parte del citado movimiento siguen sin encontrar justicia y libertad, por lo que la esencia de la Cocopa siguen más vigentes que nunca, no podemos aspirar a lograr una cuarta transformación nacional sin los pueblos indígenas, no podemos aspirar a ser un gobierno democrático sin los pueblos indígenas, nunca más un Estado Mexicano sin nosotros.

¡Viva los pueblos indígenas!

¡Viva la cuarta trasformación nacional!

¡Viva México!...

Por lo expuesto y fundado, me permito poner a su consideración, como de urgente resolución, el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. Se hace un respetuoso exhorto para que, en cumplimiento de la Ley del Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión acuerden a la brevedad la integración de las y los diputados y senadores que conformarán la Comisión de Concordia y Pacificación, Cocopa.

Segundo. Se exhorta de forma respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Congreso del estado de Chiapas para que nombren a sus respectivos representantes en la Cocopa, tal y como lo establece la Ley del Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.

Diputado Alfredo Vázquez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y el gobernador de Oaxaca a informar a la opinión pública sobre el uso de los fondos, las donaciones y los recursos destinados a la reconstrucción de viviendas y ayuda a damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

El 7 de septiembre de 2017 se registró un sismo de magnitud 8.2 con epicentro en Tonalá Chiapas, el cual ocasionó grandes afectaciones en diferentes estados, pero sobre todo en Oaxaca, los reportes señalaban poco más 110 mil inmuebles resultaron con daños.

El 19 de septiembre del mismo año, se registró otro sismo de magnitud 7.1 con epicentro en el sureste de Axochiapan, Morelos, ocasionando más daños al estado de Oaxaca.

Con fecha 14 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la declaratoria de desastre natural para 283 municipios de Oaxaca.

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) es el instrumento financiero mediante el cual, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, a través de las Reglas de Operación del Fondo y de los procedimientos derivados de las mismas, tiene como finalidad atender los efectos de desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de respuesta de las dependencias y entidades paraestatales, así como de las entidades federativas. Para ello, en una primera etapa los recursos del Fonden sirven para responder a necesidades básicas de damnificados, como comida, vestido, calzado, cobijas, artículos para limpieza personal. Tomando en cuenta que este gasto se aminora gracias a las aportaciones y donaciones de los ciudadanos y otros órganos como el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Durante la segunda etapa, los recursos del Fonden se usan para la recuperación de infraestructura. En ese sentido, la entrega de apoyos depende del grado de afectación de viviendas y de la población, el cual se determina a través del censo de daños elaborado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y que puede traducirse en recursos materiales para que la reconstrucción corra a cuenta del beneficiario o recursos para su total construcción si se trata de una damnificación completa.

Cabe destacar que la evaluación para liberar estos recursos es realizada por un comité técnico conformado por la (SHCP, la Secretaría de Gobernación y la Sedatu) y posteriormente son liberados una vez emitida la declaratoria de desastre, que, para el caso de Oaxaca, fue publicada conforme a la norma.

Derivado de lo anterior, el gobierno federal anunció que se apoyaría la reconstrucción de las casas de los damnificados con recursos del Fonden, los cuales entregaría Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) a través de tarjetas de débito y monederos electrónicos. En el que, de acuerdo con este programa, a todos los damnificados se les entregaría una tarjeta de débito para disponer de efectivo, y sólo a quienes presentaron “pérdida total” les corresponderían dos plásticos: uno de débito y el monedero electrónico.

Asimismo, se recibieron diversas aportaciones por parte de la comunidad internacional para contribuir con la reconstrucción, tal es el caso de: Facebook (1 millón dólares); Google (1 millón de dólares); Apple (1 millón de dólares); Uber (5 millones de pesos) o Samsung (20 millones de pesos), etcétera. Hasta recursos como los de diversos jefes de Estado, como los del papa Francisco o los mismos que la Cámara de Diputados LXIII (60 millones de pesos) y diversos legisladores aportaron.

En atención a lo señalado y con él a fan de trasparentar el uso de los recursos, en su momento se llevaron diversos pronunciamientos ante las Cámaras de Diputados y la de Senadores.

A pesar de lo anterior y cuando ha pasado un año del primer sismo y por cumplirse el primer año del segundo, la población damnificada, principalmente la de Oaxaca en la mayoría de los casos no ha recibido recursos financieros para la reconstrucción de sus casas, poniendo en riesgo su salud ante los cambios extremos de temperatura, su seguridad y el bienestar de miles de familias afectadas, además de dejarlos en estado de indefensión al haber perdido en muchos de los casos, todo su patrimonio, asimismo, y como es de su conocimiento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se dieron a conocer las irregularidades que se detectaron durante la investigación que realizó al programa de tarjetas para los damnificados de los sismos de septiembre de 2017, pues se tiene constancia de que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) emitió 4 mil 574 tarjetas para mil 495 beneficiarios, es decir, se emitieron 3 mil 79 plásticos de más, en los que la CNBV encontró la dispersión de recursos que ascienden a 68.8 millones de pesos, es decir, poco más de 3.6 millones de dólares. Al mismo tiempo que se detectaron a cinco damnificados a cuyo nombre se emitieron entre 34 y 14 tarjetas a las que se depositaron alrededor de 510 mil pesos. En virtud de lo anterior, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, al tener acceso a la investigación de la CNBV se dio a la tarea de localizar a algunos de los damnificados cuyos nombres fueron reproducidos en diversos plásticos, de lo anterior se formó el expediente 122.111.12 (001597) / 2017 y cuyas observaciones están dirigidas al titular de Bansefi.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Sexagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al gobernador del estado de Oaxaca a informar a la opinión pública sobre los fondos, donaciones y destinos de los recursos destinados a la reconstrucción de viviendas y ayuda a damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 11 de septiembre de 2018.

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la SCT y la Segob a atender la problemática en la Autopista del Sol, a cargo del diputado Rubén Cayetano García, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Rubén Cayetano García, diputado del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo y Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del titular de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y la Secretaría de Gobernación, para atender problemática en la Autopista del Sol, Ciudad de México-Acapulco, con base en lo siguiente:

Exposición de Motivos

A. La Autopista del Sol es una de las carreteras más caras de México, por ese sólo hecho debiera ser la mejor en cuanto a infraestructura sin embargo es apenas el 12% el que resulta funcional y eficiente, el resto se encuentra en franco deterioro, pero apenas el 20% de ese deterioro se atiendo mediante reparaciones.

En su último informe el presidente Enrique Peña Nieto asegura que ha invertido de diciembre de 2012 a junio de 2018, la cantidad de 390 mil millones de pesos a este rubro de infraestructura carretera, sin embargo, habla de nuevas vialidades, pero no señala lo relativo a mantenimiento y reparaciones como la mencionada Autopista del Sol. No se justifica tal inversión cuando en ésta autopista no hay signos de la misma.

El tramo de Mezcala a la ciudad y puerto de Acapulco y viceversa, es el más afectado, si usáramos el léxico de un corresponsal de guerra, diríamos que es una auténtica “zona de conflicto”, por los derrumbes, inundaciones, baches y hoyos que tiene dicha autopista. El terrible deterioro afecta el patrimonio de los que circulan esa vía, no sólo por el menoscabo de sus unidades automovilísticas, sino porque el costo no justifica el pago para transitar una carretera de cuota como la aludida. El otro rubro al que afecta esta situación es el turismo hacia el puerto de Acapulco y de ambas costas de Guerrero, pues poco a poco se va alejando la gente que proviene de la Ciudad de México al preferir otros centros de descanso y esparcimiento.

No existe a la fecha ninguna información pública respecto a la seguridad que deben tener puentes de la autopista, Guerrero es zona sísmica y no hay una política preventiva que certifique o dictamine la edad de carpetas y puentes que conforman la autopista, no existe ningún peritaje en materia de construcción o ingeniería civil que nos brinde la certeza de que no estamos ante una eventual desgracia por caída o derrumbamiento de los puentes que se transitan.

B. La Autopista del Sol es cada vez la más insegura del país, porque viene combinando una serie de factores que desembocan en actos delictivos en perjuicio de los usuarios de ésta autopista.

El fenómeno delictivo en la materia del asalto, robo de vehículo, lesiones y homicidios, todos ellos cometidos bajo una mecánica de hechos en vías carretas y especialmente en ésta autopista y muy particularmente en los tramos que atraviesan el estado de Guerrero, exhiben la nula prevención de delitos de parte del Gobierno Federal.

Ya es común encontrar salidas o desvíos de caminos en torno a la Autopista del Sol, ahora nada más de pronto se incorpora cualquier vehículo de forma inesperada y de la misma manera sale de la autopista y ya no se vuelve a ver, es decir que no se sabe quién entra y quién sale de una carretera de cuota considerada una de las más caras del país.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, ha permitido la apertura de caminos en torno a la autopista lo que ha proliferado la comisión de delitos que se comenten por alcance de otros vehículos y el uso de armas, cuyos delincuentes no son detectados ni vistos por las cámaras de seguridad que tienen las casetas de pago.

El gobierno federal nada realiza al respecto y al ser omiso se manda un mensaje de aliento y permisión a los delincuentes que operan en la autopista y atentan contra la seguridad, patrimonio y la vida de las personas y familias que hacen uso de la carretera de cuota.

El gobierno de la república, deben actuar de inmediato ante esta nueva forma de delinquir en Guerrero, deben cancelarse las vías que de manera irresponsable se han conectado a la autopista, pues la Policía Federal resulta incompetente e incapaz de vigilar y supervisar las entradas y salidas de la Autopista del Sol, afectando a los usuarios quienes pagan el uso de esta vía de comunicación terrestre, no sólo por cuestión de tiempo, sino también por seguridad, misma que en las condiciones expuestas, el estado dejó de garantizar en Guerrero.

Considerandos

La fracción XXI del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establecen la competencia en materia de construcción y conservación de caminos y puentes federales.

La fracción XII del artículo 27 del mismo cuerpo de la ley federal invocada, establece que es la Secretaría de Gobernación la encargada de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes.

En términos de ambos numerales es que resulta imperante, de urgente y obvia resolución solicitar al gobierno de la república se avoque a la reparación de los tramos en mal estado de la Autopista del Sol, a efecto de que se garantice un tránsito cómodo y funcional a los usuarios de la misma, bajando los costos hasta el 50% mientras se llevan a cabo dichas reparaciones y de igual manera se ordene realizar peritajes a carpetas asfálticas y puentes que forman parte de la misma, a efecto de conocer la calidad y resistencia de los mismos, para evitar alguna desgracia.

De la misma manera es pertinente requerir al gobierno federal para que implemente las medidas urgentes y necesarias para evitar que prolifere la apertura de caminos al margen de la autopista que permiten ingresos y salidas sin ningún control y así inhibir la actividad delictiva en la multimencionada Autopista del Sol, habilitando los operativos necesarios mientras se cancelan esos accesos indebidos.

Por lo antes descrito, someto a consideración lo siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del titular de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para atender problemática en la Autopista del Sol consistente en la reparación de los tramos en mal estado de la Autopista del Sol, a efecto de que se garantice un tránsito cómodo y funcional a los usuarios de la misma, bajando los costos hasta el 50 por ciento mientras se llevan a cabo dichas reparaciones y de igual manera se ordene realizar peritajes a carpetas asfálticas y puentes que forman parte de la misma, a efecto de conocer la calidad y resistencia de los mismos.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo y Secretaría de Gobernación, para atender problemática en la Autopista del Sol, consistente en que implemente las medidas urgentes y necesarias para evitar que prolifere la apertura de caminos al margen de la autopista que permiten ingresos y salidas sin ningún control y así inhibir la actividad delictiva en la multimencionada Autopista del Sol, habilitando los operativos necesarios mientras se cancelan esos accesos indebidos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.

Diputado Rubén Cayetano García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a prohibir por la SE la comercialización de productos de origen extranjero imitación de artesanías mexicanas, principalmente chinos, a cargo de la diputada Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Sonia Rocha Acosta, diputada federal de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3 fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, 76, 79 numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que a través del secretario de Economía, se prohíba la comercialización de productos de origen extranjero imitación de artesanías mexicanas, las cuales son puestas a la venta a precios bajos en cadenas de autoservicio y tiendas departamentales situación que afecta la economía de los grupos indígenas, artesanos y productores mexicanos, y en consecuencia en toda la economía nacional; lo anterior bajo las siguientes

Consideraciones

México es un país con una diversidad cultural bastante amplia, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas u originarios, donde su principal medio de subsistencia lo conforman los productos artesanales que producen plasmando la identidad de cada uno de estos pueblos, dichas piezas únicas e irrepetibles, representan a México internacionalmente y generan una identidad cultural.

Para muchos de los pueblos indígenas, la actividad artesanal representa una fuente de empleo y sustento económico de sus familias; por tal motivo, se debe dignificar y proteger el trabajo artesanal, pues este no solo constituye su medio de subsistencia sino se constituye en una expresión artística.

Sin embargo, dentro de un mundo globalizado y con la intención de generar ganancias comerciales, países como china han hecho una producción industrial de producción en serie de baja calidad y también a un bajo costo, que permite realizar imitaciones de piezas que se asemejan a las artesanales mexicanas, las cuales han se introducido a la venta a través de cadenas comerciales de autoservicio y departamentales, denigrando con ello el trabajo artesanal y manual de los mexicanos, incluso atentando directamente contra la identidad nacional, cultural, tradiciones y economía de nuestros pueblos indígenas.

Un caso en concreto y ejemplo de lo manifestado es la muñeca de trapo colorida de origen mazahua u otomí, típica del municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro; que fuera imitada por chinos y que comercializaban en tiendas de la cadena Liverpool, poniendo en un inminente riesgo la identidad y preservación de una de las artesanías más representativas del país, las cuales son confeccionadas por mujeres indígenas de esta zona de Querétaro, mismas que son muy apreciadas dentro de las comunidades indígenas y la cual es una artesanía de gran impacto nacional e internacional.

Con esta muñeca, las mujeres indígenas tratan de identificar sus raíces vistiendo a las muñecas con los atuendos y accesorios que ellas mismas utilizan y que reflejan su identidad indígena; de esta manera, se transmite a las niñas los valores, actividades y parte de su indumentaria tradicional que rige en su comunidad.

Por tal motivo, es importante que se protejan los trabajos y creaciones hechas por las manos de artesanos y productores de diversas regiones del país, como es el caso de cantereros, alfareros, ceramistas, productores de artículos de ixtle, licores, dulces y otras golosinas, producido no sólo en mi entidad de origen por mujeres otomíes que elaboran muñecas, sino a todos los artesanos que producen artículos y piezas únicas en madera, piedra, hueso, telares, trajes típicos, sombreros entré muchas otras creaciones que dan identidad cultural al país, estimulando su participación en el sector privado y con ello generar un impulso comercial de las mismas, posicionando así una identidad cultural y nacional del país en el extranjero.

El gobierno del estado de Querétaro recientemente ha tomado acciones para proteger y reconocer el trabajo de las artesanas queretanas que elaboran las muñecas mencionadas en la zona de Amealco de Bonfil, para tales efectos emitió un decreto reconociéndola como patrimonio cultural intangible del estado de Querétaro.

Siguiendo ese ejemplo, se debe avanzar en la protección de los productos artesanales elaborados por manos mexicanas en todos los rubros, protegiendo sus ingresos derivados de la comercialización de esos productos y que gocen de una verdadera protección a cargo del Estado mexicano.

Pues el hecho de que incluso en china sea hecho e impreso uno de los símbolos patrios, como lo es el lábaro patrio o la creación de piezas de bulto de la Virgen de Guadalupe o piezas prehispánicas como las pirámides del Sol y la Luna, o la Serpiente Emplumada, y sean comercializadas en tiendas departamentales y de autoservicio, atentan contra la identidad cultural del país y de todos los mexicanos afectando la economía de miles de familias dedicadas a esta actividad económica.

Por tal motivo y en términos de lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, se expida punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que a través del secretario de Economía prohíba la comercialización de productos de origen extranjero, en particular productos provenientes de países asiáticos, principalmente de China, que constituyen verdaderas imitaciones de artesanías mexicanas, toda vez que atenta contra la identidad y economía de nuestros pueblos indígenas, menoscabando su identidad nacional.

En consecuencia se solicita que esos productos sean protegidos y se apoye a los artesanos y productores mexicanos en la comercialización de sus productos, prohibiendo a las grandes cadenas comerciales su venta y distribución, asimismo, se dé un impulso a sus producciones y creaciones para su comercialización en el extranjero, y sea otorgado el reconocimiento de creación cien por ciento mexicana.

El presente punto de acuerdo no atenta contra el comercio de las cadenas departamentales, pues éstas deben contribuir a la comercialización de lo hecho por las manos de los artesanos mexicanos, contribuyendo así a la economía nacional.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 11 de septiembre de 2018.

Diputada Sonia Rocha Acosta (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las actividades promotoras de la unidad familiar en las fronteras y el territorio mexicano, en el marco del octavo Foro social mundial de las migraciones, suscrita por los diputados Juan Carlos Loera de la Rosa y Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados Juan Carlos Loera de la Rosa y Ulises García Soto, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como del artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados manifiesta su apoyo a la realización de actividades que promueven la unidad familiar en las fronteras y el territorio mexicano, a realizarse en el marco del octavo Foro Social Mundial de las Migraciones, al tenor de los siguientes

Antecedentes

Primero. A nivel mundial la migración internacional ha crecido en volumen, alcance, complejidad e importancia demográfica en los últimos 20 años. Desde 1990, las corrientes migratorias internacionales se han vuelto cada vez más diversas y muchos países son en la actualidad simultáneamente países de origen, destino y de tránsito1 . Tal es el caso de México, país en el que también la migración de retorno es cada vez más visible, derivado de la política migratoria de Estados Unidos de América (EUA).

Segundo. Entre 1990 y 2013, América del Norte registró el mayor incremento en el número de migrantes internacionales durante ese periodo –un aumento neto de 1.1 millones de migrantes al año. En 2013, las mujeres constituían 48 por ciento de la migración internacional.2

Tercero. El mayor corredor migratorio del mundo se extiende entre EUA y México. Alrededor de 12 millones de migrantes internacionales mexicanos residen en EUA, mientras en México residen 1.2 millones de personas extranjeras. En 2017 hubo 167 mil 64 personas mexicanas retornadas desde EUA (8 mil 912 niñas y niños), mientras que México regresó a sus países de origen a 82 mil 237 migrantes (17 mil 93 niñas y niños), se reconoció como refugiadas a mil 907 personas (36 niñas y niños) y se otorgó protección complementaria a 918 (28 niñas y niños).3

Cuarto. Los estados tienen la obligación de respetar, garantizar, defender y promover los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio. Así como de velar por la garantía de los principios de unidad familiar y del interés superior del niño y la no devolución de personas que requieren protección internacional.

Quinto. La Ley de Migración, en su artículo 2 establece los principios que deben regir la política migratoria en México. Entre otros, se incluye el respeto irrestricto de los derechos humanos, la congruencia, el enfoque integral, la responsabilidad compartida, la hospitalidad y solidaridad internacional y la facilitación de la movilidad internacional de personas.

Consideraciones

Ante este contexto migratorio los estados han desarrollado diferentes políticas migratorias, en su mayoría enfocadas al control y gestión de los flujos migratorios desde una perspectiva de seguridad nacional.

Paralelamente, ha habido diversas iniciativas desde la sociedad civil para revertir esta tendencia y promover una visión diferente de la migración en la que las personas migrantes y sus familiares sean el centro de las políticas y normatividad que rige la materia.

A nivel internacional, uno de estos esfuerzos es el Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), que se desprende del Foro Social Mundial, pensado desde 2005 como un proceso en construcción permanente, horizontal y descentralizado, asumiendo como principios organizativos la autonomía, la autogestión y la autosuficiencia.

El FSMM busca la construcción de una nueva visión de la migración, detonar un cambio y fomentar la inclusión, el respeto, la igualdad, el reconocimiento y valoración de las diferencias. Busca construir un proceso social en favor de la defensa de los derechos de las personas migrantes y sus familiares que les incorpore en la discusión de sus necesidades y expectativas y soluciones; fortalezca los diálogos entre las redes sociales y las personas migrantes; y, sea capaz de influir en las decisiones de políticas públicas para hacer política de otra forma, no desde el poder sino desde las personas mismas y su visión de cómo enfrentar la realidad que viven y les hace migrar.

La octava edición del FSMM se llevará a cabo en la Ciudad de México, del 2 al 4 de noviembre de este año. Ello es un honor para México y se debe, desde los diferentes Poderes de la Unión, apoyar y fortalecer el esfuerzo de la sociedad civil mexicana por realizar este evento de talla mundial y de revertir la tendencia que en México se ha traducido en diferentes violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y de sus familiares, tanto en las comunidades de origen como en las de tránsito, destino y retorno.

Este foro constituye una oportunidad para mostrar uno de los grandes valores que nos ha caracterizado desde hace más de 500 años y que es la hospitalidad. La hospitalidad que continúa y continuará siendo parte indisoluble de nuestra cultura mexicana.

Los pueblos que viven alrededor de nuestras fronteras han sido y son ejemplo permanente de bienvenida y hospitalidad para quienes transitan, retornan o se establecen en esas regiones, muy a pesar de las políticas públicas decretadas desde los órganos de poder y más allá de las malas prácticas que agreden y violentan a las personas migrantes y sus familiares.

Estas políticas en la actualidad se han convertido en herramientas para la criminalización y militarización de nuestras fronteras. Pero esto debe cambiar y México debe predicar con el ejemplo, y hacer una realidad en México la tolerancia, inclusión, acceso a regularización migratoria y, en general, el ejercicio de derechos que exigimos a EUA para la población migrante.

No debemos replicar prácticas de odio, discriminación e intolerancia. No debemos permitir que la agenda migratoria bilateral y regional se centre en un endurecimiento de la política de detección, detención y deportación ni en EUA, ni en México. No a más centros de detención migratoria en ambos lados de la frontera.

Para ello, es que se presenta este punto de acuerdo para invitar a esta soberanía a que más allá de las visiones partidistas, apoyemos presencial o virtualmente las acciones públicas que se llevarán a cabo en favor de las personas migrantes. De manera específica, aquellas que se llevarán a cabo el próximo 12 de octubre, donde grupos y organizaciones de la comunidad en ambos lados de la frontera estarán dando la bienvenida a quienes cruzan día con día las fronteras políticas que dividen a las naciones y a nuestros pueblos.

Al siguiente día, el 13 de octubre, continúan las actividades en la línea fronteriza con un encuentro de familiares de migrantes separados por las políticas migratorias, en la que piden la presencia de legisladores en ambos lados de la frontera. Este encuentro anual es parte de la campaña Abrazos Sí, Muros No.

Estas acciones nacen de las comunidades que viven y conviven con la migración todos los días. Son manifestaciones ciudadanas que tienen como objetivo reabrir el Paso del Norte (Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas), dándole la bienvenida a la paz, la cooperación y la reconciliación. Acciones que se oponen a la criminalización de la migración, lo cual significa: No a la detección, No a la detención, No a la deportación, No a los desplazamientos forzados y No a la separación de familias.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Cámara

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados apoya de manera expresa y participará de manera física o virtual en las actividades que se realizarán el 12 y 13 de octubre en la frontera norte de México, en favor de la pacificación, la cooperación, la reunificación de las familias, la no separación de familias y la no criminalización de la migración en ambos lados de la frontera.

Segundo. La Cámara de Diputados apoya expresamente la realización del octavo Foro Social Mundial de las Migraciones, mismo que se llevará a cabo del 2 al 4 de noviembre del año en curso.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo a que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, se apoye la realización de dicho foro y se facilite, atendiendo a los requisitos legales para ello, la expedición de visas y el ingreso de quienes participarán en el octavo Foro Social Mundial de las Migraciones.

Notas

1 La situación demográfica en el mundo, 2014. ONU. ST/ESA/SER.A/354. Disponible en línea en:

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/
Concise%20Report%20on%20the%20World%20Population%20Situation%202014/es.pdf

2 Ibídem.

3 Conforme a datos estadísticos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.

Diputados: Juan Carlos Loera de la Rosa, Ulises García Soto, Lizeth Sánchez García, Claudia Báez Ruiz, Nayeli Salvatori Bojalil, Édgar Guzmán Valdez, Armando Reyes Ledesma, (Ilegible), Miguel Acundo González, Santiago González Soto (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México y la directiva en turno a permitir procesos libres y democráticos para elegir a los órganos directivos del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, a cargo del diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado federal Juan Pablo Sánchez Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo

Consideraciones

En septiembre del presente año se llevarán a cabo las elecciones del Comité Estatal del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, en el cual están agrupados más 113 mil maestros en la entidad federativa.

Desde hace varios años, los agremiados han visto vulnerados sus derechos sindicales al no poder elegir libremente a sus representantes sindicales debido a la injerencia del gobierno del estado México, toda vez que de manera previa han manejado planillas únicas, arregladas de forma discrecional con un sector muy reducido de maestros; de lo anterior se desprende una serie de atropellos a los derechos sindicales de los maestros, trayendo como consecuencia un proceso electoral antidemocrático, al no contar con la postulación de verdaderos representantes sindicales, mismos que se encuentres en una competencia electoral plural e igualitaria.

“Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción”

Aunado a lo anterior, se deben acatar las características jurídicas del voto de los trabajadores al ser libre, secreto, personal y directo.

El gobierno del estado ha participado de manera activa, influyendo y manipulando a un grupo de maestros para poner a su conveniencia a quienes, en la dirección de la organización sindical, sirvan al gobierno para evitar confrontaciones, sin considerar, lo que la mayoría de los agremiados desean y quieren como representantes sindicales.

No se ha permitido la conformación de planillas de posición que reflejen las diferentes posturas de los grupos con visiones diferentes que están constituidos a lo largo del estado, porque las características de los municipios del estado de México son muy distintas.

Cabe mencionar, que el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, de 1948 (número 87) establecido por la Organización Internacional del Trabajo nos precisa en su artículo 2: “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas”.

Sin embargo, la resistencia del gobierno del estado coarta la más elemental de las libertades, la pluralidad sindical y de la independencia sindical. La conformación de diferentes planillas de oposición permitiría a los maestros conocer la coyuntura nacional que hay actualmente en México a favor de la democracia. En un México que se transformó radicalmente después de las elecciones del pasado 1 de julio.

Por ello es necesario crear los mecanismos que permitan elecciones transparentes y democráticas.

Los maestros de estado de México, a través de sus representantes ante esta tribuna, exhortan:

-Se pronuncie a favor de la democratización del SMSEM.

-Que la convocatoria para cambio de Comité Ejecutivo Estatal se expida en tiempo y forma considerando como tiempo mínimo diez días hábiles anteriores al proceso .

-Que los requisitos sean claros y no sean tendenciosos y se permita el registro a las diferentes planillas.

-Que se acepte el registro de “candidatos suplentes” como en cualquier proceso electoral , que por cualquier circunstancia de fuerza mayor no se pueda presentar el candidato.

-Participación activa de los medios de comunicación para dar máxima publicidad al proceso electoral.

-Que se pronuncie contra la Ley de Issemym.

-Que se admitan a profesores que participaron el proceso de promoción a dirección, ya que siguen conservando los derechos sindicales.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta soberanía la siguiente

Proposición con punto de acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno del estado de México y a la directiva en turno del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México a que permitan que todos los docentes del estado de México tengan un proceso electoral libre y democrático para la elección de los órganos de dirección del propio sindicato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.

Diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla y a la PGR a apresurar las investigaciones sobre la denuncia por presunta desaparición forzada del defensor de los derechos ambientales Sergio Rivera Hernández, así como realizar acciones para su inmediata búsqueda y localización, a cargo de la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, la diputada federal Inés Parra Juárez, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, en el que se exhorta a Fiscalía General del estado de Puebla y a la Procuraduría General de la República a apresurar las investigaciones sobre la denuncia por presunta desaparición forzada del defensor de los derechos ambientales Sergio Rivera Hernández, así como a realizar todas las acciones necesarias para su inmediata búsqueda y localización, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Enclavada en el corazón de la Sierra Negra de Puebla, la comunidad indígena de Coyolapa ha vivido en los últimos 2 años un proceso de organización comunitaria de resistencia para oponerse a la construcción del sistema hidroeléctrico (hidroeléctrica) Coyolapa-Atzala impulsada por el Grupo Ferrominero de México, en particular por la Minera Autlán, pues este proyecto acarreará importantes afectaciones comunitarias y medioambientales en varias de las comunidades que hoy se mantienen en resistencia.1

En este marco de resistencia indígena, el activista y defensor del medioambiente Sergio Rivera Hernández ha venido encabezando en la comunidad de Coyolapa y en otras comunidades vecinas un proceso organizativo para exigir el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y para impedir que se avance en la imposición de este megaproyecto que no fue consultado con las comunidades que les afecta e involucra.

La “Minera Autlán” ha propiciado un esquema de división en las comunidades que opera en dos niveles; el primero de ellos ha sido provocar el enfrentamiento interno entre la población y el segundo nivel ha sido corrompiendo a las autoridades municipales para facilitar los permisos y amedrentar a las personas opositoras de este proyecto. Los presidentes municipales de San Pablo Zoquitlán, Fermín González León y de Tlacotepec de Díaz Cirilo Trujillo Lezama han utilizado la propia infraestructura y al personal del gobierno de estos municipios para favorecer los intereses de la minera, incluso, han conformado un grupo armado para intimidar y amenazar a las personas que se oponen a la Minería, y así mantener el control de la zona.

El pasado 23 de agosto en la comunidad de Coyolapa, Rivera Hernández se encontraba conduciendo una motocicleta cuando comenzó a ser perseguido por dos camionetas en las que iban 4 sujetos, 1 de ellos identificado plenamente por testigos presenciales como un sicario ligado al presidente municipal de Zoquitlán, ese día la camioneta embistió a Sergio Rivera, para luego llevárselo de forma violenta mientras era encañonado con armas de grueso calibre.

El activista indígena y defensor del medioambiente, ya había recibido previamente varias amenazas, y otros actos de intimidación, uno de ellos ocurrió el 28 de junio de cuando este mismo grupo de sicarios ligados a la presidencia municipal, lo detuvo ilegalmente en compañía de 2 activistas más, todos ellos miembros de la resistencia indígena contra la hidroeléctrica e integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), los 3 fueron golpeados y amenazados de muerte; sobre estos hechos se presentó una denuncia formal en la Fiscalía de Tehuacán, quedando registrada bajo el número CDI/1935/2018 sin que hasta el momento se hayan tenido algún resultado en dicha investigación.

Los familiares de Sergio Rivera acompañados de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos han expresado públicamente que tanto la Fiscalía General del estado de Puebla como la Procuraduría General de la República cuentan con las respectivas carpetas de investigación, integradas bajo la posible comisión del delito de desaparición forzada, ya que se presume la participación de agentes municipales en su desaparición.

Sin embargo, 12 días después de haber desaparecido Sergio Rivera, ninguna de las 2 instancias de procuración de justicia han atinado a dar con su paradero, ni mucho menos han dado resultados satisfactorios sobre los responsables de este ilícito que además es calificado como de violación grave a los derechos humanos.

Por ello, esta Cámara de Diputados exhorta y urge a ambas instancias de procuración de justicia a que realicen todas las labores que sean necesarias y que destinen todos los recursos materiales, tecnológicos y humanos que tengan a su disposición para realizar las acciones de búsqueda y localización inmediata del defensor de los derechos ambientales, así como para que identifiquen, acusen y procesen a las personas que sean responsables de este delito, así como de los otros delitos que sufrió previamente el activista indígena nahua y de los cuáles ya tienen conocimiento ambas instancias.

De igual manera para que garantice la integridad y la seguridad de la familia del activista, de sus compañeros de la resistencia y de todas aquellas personas que puedan ayudar en las investigaciones ministeriales que se realizan.

Por todo, ello y dada la urgencia de esta proposición ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta para que en el ámbito de las atribuciones, funciones y responsabilidades de la Fiscalía General del estado de Puebla y de la Procuraduría General de la República realicen todas las acciones necesarias, así como destinen todos los recursos materiales, tecnológicos y humanos que se requieran para buscar y localizar al defensor de los derechos del medioambiente Sergio Rivera Hernández, así como para que investiguen la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, identificando, procesando y acusando eventualmente a los responsables de este crimen ante el Tribunal competente y se cancele todo hecho de impunidad por omisión dolosa o contubernio de parte de las instancias procuradoras como impartidoras de justicia.

Nota

1 Ver publicación del diario La Jornada sobre este proyecto en http://ojarasca.jornada.com.mx/2017/08/11/repudio-en-la-sierra-negra-hi droelectricas-mineria-y-consultas-forzadas-244-7256.html

Salón de sesiones, a 11 de septiembre de 2018.

Diputada Inés Parra Juárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a revertir la declaratoria de sujeción al régimen del dominio público de la federación inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, en el folio real electrónico número 0012747-1, e impedir la desincorporación en favor de ella, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado federal por el Distrito VI del estado de Puebla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 79, dos arábigo, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando se considere de urgente resolución , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obliga a todas las autoridades, dentro del ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

El día veintisiete del mes de junio del año de mil novecientos ochenta y nueve se adoptó en la ciudad de Ginebra, Suiza, durante la Septuagésima Sexta Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, mismo que fue aprobado por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión el día once del mes de julio del año de mil novecientos noventa, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día tres del mes de agosto del propio año.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos obedece a una lógica del Estado mexicano a respetar y proteger los derechos de los pueblos originarios y comunidades equiparables, lo anterior reza en la obligación de cumplir el parámetro relativo al Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Actualmente, en el estado de Puebla existe una política de despojo de las tierras y territorios de los pueblos originarios, so pretexto de desarrollo y que han vulnerado las disposiciones constitucionales y convencionales que protegen y salvaguardan los derechos de los pueblos indígenas, por lo que es menester pugnar por la defensa de la vida, agua, territorio y patrimonio biocultural de nuestros pueblos originarios. En los últimos años se ha vivido un etnocidio en toda la República Mexicana, el despojo de tierra y territorio de los pueblos originarios, desemboca en desplazamientos forzados que producen pérdida de tradiciones, costumbres, aspectos simbólicos, culturales, ejercicios de organización comunitaria y demás aspectos que integran la cosmovisión de los pueblos indígenas sometidos y ultrajados.

Dentro del municipio de Puebla se encuentra asentado un pueblo con raíces indígenas (nahua) con el carácter de Junta Auxiliar denominado: La Resurrección, mismo al que mediante maniobras fraudulentas se les pretende despojar de 170 hectáreas (involucradas en la sujeción de dominio).

Dichas tierras, desde hace más de 80 años, son ocupadas para la siembra de maíz, elemento histórico y simbólico de los nahuas, que entre otras cosas, sirve para el desarrollo y sustentabilidad de sus comunidades, por lo que al despojar esas tierras al pueblo originario en cuestión, producirá directamente la desaparición y disgregación de la cultura nahua en dicha región, violentando gravemente los preceptos constitucionales e internacionales, siendo imperativo que este órgano soberano, dentro del ámbito de sus competencias, haga lo conducente para salvaguardar la existencia de esta comunidad.

De la mano de las autoridades judiciales en Puebla, de una manera por demás obscura e ilegal, violentando las garantías consagradas en nuestra Constitución, se promovió un juicio de otorgamiento de escritura pública de 170 hectáreas, sin otorgar el derecho de audiencia a los legales y originales propietarios de dichos predios, mediante un juicio atípico, ya que de su análisis se desprende entre otras irregularidades, que no se acreditó por medio de la prueba pericial en topografía y agrimensura, la identidad e identificación del bien inmueble objeto de la compraventa, asimismo no se acreditó la personalidad jurídica en su carácter en sucesores de las personas que fueron llamadas a juicio como demandados.

Como resultado, se otorgó ante notario público, la escritura pública respecto del multicitado terreno de 170 hectáreas a favor de un tercero que no es propietario del mismo, instrumento notarial que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla, con el folio real electrónico 0487238. En el predio en mención se pretenden construir viviendas, bajo pretexto del traslado de la Secretaría de Educación Pública a la entidad poblana.

El 16 de agosto de 2018, una de las afectadas, promovió un juicio de amparo indirecto en contra de la SHCP y demás autoridades, el cual ya fue admitido a trámite, lo anterior a razón de impedir la sujeción de dominio que pretendía hacer la SHCP, el amparo fue turnado al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales del estado de Puebla y radicado bajo el número de amparo indirecto 1695/2018.

El tres de septiembre de dos mil dieciocho, al realizar la consulta registral al folio electrónico, se encontró que el pasado 22 de agosto de 2018 se ingresó ante la autoridad registral en Puebla, con la boleta número 201858299, el oficio número 235 del expediente 18/0824, por el cual se realizó la solicitud de sujeción al régimen del dominio público de la Federación, quedando inscrito dicho trámite operado por la SHCP y como beneficiario la Secretaría de Educación Pública, el treinta de agosto del presente año, siendo copias agregadas en el libro 5, tomo 1032, año 2018, fojas 30, foja inicial 468, foja final 497.

Compañeros diputados y compañeras diputadas, desde la voluntad que se erige en esta soberanía, debemos pronunciarnos contra este hecho lamentable, y realizar la investigación exhaustiva de este ilegal procedimiento, para frenar el despojo de las tierras que de manera milenaria han conservado los pobladores de la Junta Auxiliar de La Resurrección; no debemos permitir que estos grupos voraces, hoy al servicio de las peores prácticas, se apoderen de lo que representa un patrimonio histórico de nuestra nación.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente , el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto al secretario de Hacienda y Crédito Público y al secretario de Educación Pública, a efecto de que, en cumplimiento a su mandato legal, conserven y protejan el patrimonio de los nahuas de la Junta Auxiliar denominada La Resurrección, ubicada en el municipio de Puebla, Puebla, y se realicen las siguientes acciones:

I. Crear una comisión especial investigadora relativa a la problemática expuesta, esto con la finalidad que indague la legalidad del procedimiento de sujeción de dominio, comisión que debe investigar primeramente desde el desarrollo del juicio de origen hasta la sujeción de dominio multicitada.

II. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través su órgano desconcentrado denominado Servicios de Administración y Enajenación de Bienes; a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Educación Pública, a través su órgano desconcentrado denominado Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, para realizar la investigación del procedimiento llevado desde el desarrollo del juicio de origen hasta la sujeción de dominio multicitada.

III. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través su órgano desconcentrado denominado Servicios de Administración y Enajenación de Bienes; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, a través su órgano desconcentrado denominado Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, a revertir la Declaratoria de Sujeción al Régimen del Dominio Público de la Federación inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla dentro del folio real electrónico 0012747-1.

IV. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través su órgano desconcentrado denominado Servicios de Administración y Enajenación de Bienes; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, a través su órgano desconcentrado denominado Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, a no desincorporar del patrimonio inmobiliario federal, el bien que ampara la Declaratoria de Sujeción al Régimen del Dominio Público de la Federación inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla dentro del folio real electrónico 0012747-1, toda vez que es evidente e inminente el daño que pueden ocasionar a los nahuas de la región.

V. Exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través su órgano desconcentrado denominado Servicios de Administración y Enajenación de Bienes; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, a través su órgano desconcentrado denominado Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, actualmente Ciudad de México, a abstenerse de ocupar y realizar cualquier tipo de obra en el bien que ampara la Declaratoria de Sujeción al Régimen del Dominio Público de la Federación inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Puebla dentro del folio real electrónico 0012747-1, toda vez que es evidente e inminente el daño que pueden ocasionar a los nahuas de la región.

Todo lo anterior es para proteger y garantizar la existencia y supervivencia de los pueblos originarios.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días de septiembre de 2018.

Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a abstenerse de aumentar las tarifas por el uso de las carreteras, caminos y puentes federales, a cargo del diputado Francisco Javier Borrego Adame, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Francisco Javier Borrego Adame , diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, párrafo 1, fracción II; y párrafo 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, Con base en las siguientes

Consideraciones

I. Con fecha 6 de septiembre del 2018, Caminos y Puentes Federales emitió un comunicado en el cual señalaba que:

El Banco Nacional de Obras (Banobras), fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), ha girado instrucciones a Caminos y Puentes Federales, (Capufe) para que actualice las tarifas de peaje de la red carretera del mencionado Fondo. Esta medida entrará en vigor a partir de las 00:00:01 horas del viernes 7 de septiembre del año en curso. Asimismo, se informa que el Fonadin ha decidido mantener sin cambio la tarifa del corredor Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco.

Este tipo de medidas es lesivo para la economía de la ciudadanía, ya que estamos en tiempos de recesión económica, ocasionada, sobre todo, por severos casos de corrupción y opacidad en el gobierno federal. Para muestra basta un botón: en la autopista México-Querétaro la tarifa pasará de 148 a 166 pesos, lo que implica una diferencia de 18 pesos o un incremento del 12.16 por ciento; en lo que toca a la carretera México–Puebla pasará de 141 a 165 pesos, 24 pesos más, lo que significa un poco más del 17 por ciento; en la vía Córdoba–Veracruz, cuyo peaje es de 179 pesos, a con el aumento la tarifa será de 206, con una diferencia de 27 pesos o un 15 por ciento de incremento.

Dicho incremento a las tarifas de casetas de peaje en autopistas y carreteras del país impactará gravemente a la economía de transportistas, lo que incrementará el precio de productos y servicios que se mueven por las vías terrestres federales, lo anterior aunado al constante incremento en el combustible, lo cual afecta el margen de ganancia de las empresas y, en consecuencia, afecta también al consumidor final de productos y servicios que prestan los transportistas de pasajeros y de carga.

II. Asimismo, el que suscribe el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución considera que en nada ayudaría a la ciudadanía, y sobre todo a los usuarios del autotransporte, dicho aumento, ya que las condiciones físicas de las vías terrestres federales son deplorables, puesto que no se les da el mantenimiento adecuado, además de que han crecido los niveles de inseguridad en las carreteras.

Ejemplos de ello lo tenemos en hechos denunciados por la opinión pública, sobre todo por las malas condiciones en que se encuentran dichas vías de comunicación terrestre, las cuales adolecen de pavimento deteriorado, proliferación de baches, circulación reducida a dos carriles, falta de mantenimiento y señalizaciones, así como deslaves y negligencia o poca pericia de los conductores como causantes de la mayoría de los accidentes viales.

En julio del 2017 se hizo público que la carretera Transpeninsular, de mil 711 kilómetros, en Baja California, que cruza Tijuana, Rosarito y Ensenada hacia Los Cabos, en Baja California Sur, tiene lo que se ha denominado “tramo de la muerte” de 15 kilómetros, donde los accidentes son frecuentes y en donde, durante el primer semestre de 2017, hubo 34 percances. Otro caso es el trecho Chapultepec-Maneadero, el cual une a Ensenada con el sur del estado, y que en el 2017 se denunció por ser peligroso por la alta movilidad y el tráfico; además, la carpeta asfáltica siempre está dañada y faltan señalizaciones.

Por eso, el que suscribe este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución considera que, antes de elevar el costo de las tarifas sin una razón suficiente y, sobre todo que se haga pública, debe hacerse un diagnóstico de las vías que ameritan mayor atención.

En materia de inseguridad, no se justifica el alza de tarifas, ya que, en nuestro país, donde más del 80 por ciento de la mercadería se transporta por carreteras y trenes, y aunque no existen cifras oficiales de las pérdidas por robo de mercancías, para el año del 2016 las aseguradoras pagaron casi 100 millones de dólares a afectados, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Y pese a esas cifras, el impacto para la industria podría ser mayor, ya que sólo uno de cada tres, de los traslados terrestres de mercancías están asegurados, amenazando la competitividad cuando el país busca diversificar sus mercados y posicionarse como una atractiva plaza comercial.

Hemos de señalar que los delincuentes no discriminan los productos, pero los más robados son combustibles, seguidos de alimentos y bebidas, materiales de construcción, químicos, artículos electrónicos, bebidas alcohólicas, autopartes, ropa y zapatos.

Es por eso que deben aumentarse los niveles de seguridad en las carreteras de cuota antes que subir arbitrariamente las tarifas, sobre todo a finales de un sexenio caracterizado por el abuso y la corrupción de las autoridades federales.

III. En este sentido, exhortamos a las autoridades federales correspondientes para que informen a este Congreso de la Unión, y en particular a la Cámara de Diputados, las causas que originaron el aumento de tarifas anunciado en estos días, y, de ser posible, se detengan este tipo de medidas, no sin antes anunciar públicamente las causas de esos incrementos.

Es urgente que el Estado mexicano retome su papel de rector de la actividad económica y que ejerza su autoridad a efecto de crear y mantener en buen estado la infraestructura. Y no de manera unilateral publicar el alza en los costos de peaje, olvidándose de la situación actual por la que atraviesan los transportistas mexicanos, necesitamos que nuestras carreteras y nuestros caminos no envejezcan y se vuelvan focos de contaminación y de inseguridad. La corrupción y la opacidad acabaron con nuestros caminos y es necesario que los rescatemos en beneficio de la nación.

En virtud de lo anterior y de la importancia de brindar la debida atención a este problema que impacta de manera descomunal la economía de los transportistas y sociedad mexicana en su conjunto, someto a consideración de esta asamblea del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal para que se abstenga de aumentar las tarifas por el uso de las carreteras, caminos y puentes federales, así como transparentar a la brevedad las razones por las cuales se dio el aumento anunciado por Caminos y Puentes Federales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días de septiembre de 2018.

Diputado Francisco Javier Borrego Adame (rúbrica)


Efemérides

Reflexión con motivo del 10 de septiembre, Día Internacional de Prevención del Suicidio, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

A partir de 2003 la Organización Mundial de la Salud (OMS) instauró el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio con el objetivo de promover la adopción de estrategias y compromisos desde la sociedad y las instituciones para prevenir suicidios a nivel internacional.

Recordemos que de acuerdo con cifras de la OMS, el 79% de todos los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos, lo que vuelve imperativo que en nuestro país desde los diferentes órdenes de gobierno empecemos a revertir esta situación.1

Aunado a lo anterior, cabe destacar en el Plan de Acción sobre Salud Mental 2013-2020 los Estados miembros de la OMS se comprometieron a trabajar para alcanzar la meta mundial de reducir las tasas nacionales de suicidios en un 10% para 2020, por lo que México como integrante de esta organización se ha comprometido a generar políticas y programas para la detección y prevención oportuna de este padecimiento.2

Pese a ello, resulta alarmante que en nuestro país dicha problemática se ha agudizado durante los últimos tiempos, ya que de acuerdo con una investigación realizada recientemente por el Instituto Belisario Domínguez, del año 2000 al 2016, la incidencia nacional de suicidio aumentó un 84.8%.

Y no sólo ello, ya que dicho estudio también revela que los jóvenes de 20 a 29 años se registran las tasas más altas de suicidios, las cuales se ubican en un rango de 8.2 a 9.5 por cada 100 mil habitantes.3

De acuerdo al Inegi, en 2016 ocurrieron 6 mil 291 muertes por lesiones autoinflingidas intencionalmente, es decir, unos 17 suicidios diarios; el 81.3% de ellos (5 mil 116) fueron cometidos por hombres.

Asimismo, la estadística revela que los estados con la tasa de suicidios más altas son Chihuahua (11.4 por 100 mil habitantes); Yucatán (10.2); Aguascalientes (9.6); Campeche (9.1) y Colima (8.5).

Pero más allá de las cifras, debe indignarnos que en pleno día de la conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, nos hayamos despertado con la noticia de la muerte de Karen, jovencita de 14 años de edad que logró quitarse la vida pese a las advertencias publicadas por ella misma en su perfil de Facebook.

El caso de Karen es el claro ejemplo de que problemas familiares, amorosos, depresión y ansiedad, el abuso de alcohol y drogas, así como el déficit de especialistas y centros de prevención, ha contribuido al incremento acelerado de casos de suicidio en nuestro país.

Todo ello debe alertarnos como legisladores al momento de diseñar y aprobar futuros proyectos de salud y educación.4

Por lo que las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena aprovechamos para exhortar a los diferentes grupos parlamentarios a que redoblemos esfuerzos para incorporar dentro de las agendas legislativas e iniciativas de Ley una visión transversal para prevenir con mayor contundencia las tendencias y conductas suicidas latentes en la actualidad.

Notas

1. http://www.whoint/esinews-room/fact-sheets/detail/suicide

2 Ibid.

3 Ibid.

4 https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-se-consuman-uno-de-cada-ocho-intentos-de-suicidio/1262130

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de septiembre de 2018.

Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)