Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se condenan los actos de intromisión del gobierno de Puebla en las elecciones para gobernador y se llama a restablecer el orden democrático en la entidad, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, del PT y del PES

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, de los Grupos Parlamentarios de Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía la siguiente proposición, con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena los actos de intromisión del gobierno estatal de Puebla en la elección para gobernador y llama a reestablecer el orden democrático en el estado, al tenor de los siguientes

Antecedentes

I. En América Latina no ha habido un sólo caso de rebelión pacífica para remover a un régimen corrupto por la vía democrática. Una rebelión de esta naturaleza, pacífica y democrática, ocurrió en nuestro país el 1 de julio pasado, en la que morena se convirtió en la primera fuerza política en el país.

II. Esta fuerza democrática fue también contundente en Puebla, donde Andrés Manuel López Obrador obtuvo 1,754,596 votos, por 618,397 votos del segundo lugar: Una diferencia de más del 283 por ciento. Morena ganó 14 de los 15 distritos electorales federales, ganó la mayoría en el Congreso local y la presidencia municipal de los principales ayuntamientos, como San Martín Texmelucan o la capital del estado.

III. Sin embargo, ese 1 de julio en Puebla, en la elección para gobernador, también se estableció una excepcionalidad autoritaria, caracterizada por la intromisión del gobierno local en el proceso, violencia generalizada el día de la jornada electoral y la ilegal manipulación de la paquetería electoral.

El día de la jornada electoral, desde el poder público local, se desplegó una ilegal operación para atropellar la voluntad popular cuando notaron que la expresión de estas no favorecía a la candidata de la coalición partidista en el gobierno.

Torcer la voluntad ciudadana expresada en las urnas es la violación más grave que se puede cometer en contra de la democracia y de la sociedad. Este atentado fue cometido en contra de los poblanos por el gobierno de Antonio Gali Fayad.

IV. Desde el gobierno local hubo reparto masivo de dádivas, condicionamiento de programas sociales, difusión masiva de campañas negras o de odio, destrucción u obstaculización de propaganda electoral, en incluso hubo actos violentos y homicidios, todo para condicionar el voto o afectar la equidad en la contienda.

La culminación de este comportamiento antidemocrático para usurpar la voluntad popular se dio el día de la jornada electoral del primero de julio, donde vimos balaceras en varias casillas, robo de urnas y boletas, a grado tal que una camioneta propiedad de la Secretaría de Finanzas de Puebla voleó en su huida, repleta de boletas robadas. La imagen de esa camioneta volcada es un fiel reflejo de lo que ocurrió en la elección para gobernador: El gobierno estatal utilizó sus recursos para hurtar la elección a gobernador y favorecer a la candidata de su partido.

Un caso particularmente grotesco por su arbitrariedad es que el actualmente ocurre en Puebla, en donde el gobierno del estado ha recurrido a estas prácticas ilegales como expresión de su autoritarismo, en desfalco del erario público poblano y de la equidad electoral constitucionalmente mandatada.

Así, el gobierno de José Antonio Gali, de manera arbitraria y despótica, ordenó la cancelación de espectaculares del candidato a la gubernatura por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Miguel Barbosa Huerta, con la finalidad de anular la libertad de expresión de los candidatos de dicha Coalición y favorecer indebidamente a la candidata de su partido, Martha Érika Alonso de Moreno Valle.

El gobierno estatal de Puebla también se aprovechó de las necesidades de estudiantes de educación básica. Desde enero pasado han repartido a los niños zapatos con el logo del gobierno local, cuyos colores son los mismos de la campaña de la candidata del PAN-PRD.

La administración de Gali Fayad también ha recurrido a la promoción personalizada de la candidata Martha Érika Alonso de Moreno Valle utilizando recursos públicos. Un ejemplo de ello es el uso del programa “Mis Raíces” para promover la imagen de la candidata panista ante familias poblanas en su gira por Estados Unidos.

Toda esta canalla política puede resumirse en una constante: Se implementó una elección de Estado para poner recursos públicos e institucionales del gobierno local a favor de la candidata Martha Érika Alonso de Moreno Valle.

Con esta ilegal injerencia en el proceso electoral local, el gobierno de José Antonio Gali Fayad golpeó a la sociedad poblana por dos vías:

1. Defraudó a la hacienda pública local al desviar sus recursos para apoyar ilegalmente a la candidata de su partido; y

2. Vulneró la voluntad popular e impidió que las elecciones fueran auténticas, pues se fabricó una preferencia artificial por Martha Érika Alonso.

En las pasadas elecciones estuvieron en juego múltiples cargos de elección popular, y ahora se encuentra en juego la credibilidad y legitimidad de las instituciones electorales, particularmente las de carácter federal que deberán resolver sobre la calificación de la elección.

Los nuevos tiempos políticos, de elevada exigencia ciudadana, nos llevan a una cuestión, que siempre debemos tener presentes los representantes populares: ¿Cómo deben ser percibidas las autoridades por la sociedad? ¿Cómo una caterva de individuos capaces de todo por mantener sus privilegios y que no merecen el menor de los respetos, o como instrumentos a los que la sociedad democrática mandata el resguardo del interés público y el bienestar general?

V. Las autoridades electorales locales –el Instituto y el Tribunal– han mostrado un servilismo indignante hacia el gobierno local y hacia la candidata Martha Érika Alonso. Esta abyección autoritaria se explica por el hecho de que varios de los integrantes de ambos órganos fueron funcionarios y empleados durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, esposo de la mencionada candidata.

Nosotros mantenemos la exigencia de que tales instituciones reparen el atentado que se cometió en contra de la voluntad ciudadana de los poblanos. De seguir solapando el atropello a la misma, los titulares de esos órganos deberán asumir las responsabilidades que correspondan por su ilegal comportamiento.

VI. Puebla es la expresión más clara de una crisis social y política causada por la corrupción del grupo que ha mantenido el control del gobierno local en los últimos ocho años: delitos al alza, escandalosos niveles de impunidad, incapacidad de autoridades estatales y municipales para atender los reclamos más apremiantes de la población, un agudo conflicto poselectoral causado por la las ilegales acciones y omisiones del gobierno local que solo serán saneadas con nuevos comicios, entre otros, son algunas expresiones de la grave situación ingobernabilidad por la atraviesa actualmente ese estado.

Por eso, este es el momento de los garantes de la legalidad y la equidad electoral. Es el momento para que el último árbitro electoral asegure que la voluntad popular, en el día de su expresión más intensa como lo es la jornada electoral, sea cabalmente respetada. Este es el momento de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación asuma plenamente la función de guardián democrático que la Constitución le encomienda y materialice la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, ahora amenazadas por la arbitrariedad de los déspotas políticos próximos a perder el poder.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración del Pleno, como de urgente resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena todo los actos de intromisión realizados gobierno de Puebla en el proceso electoral local, con la finalidad de coaccionar el voto o afectar la equidad en la contienda.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita atentamente al Instituto Nacional Electoral que inicie, de oficio, un procedimiento de investigación al gobierno estatal de Puebla, encabezado. por José Antonio Gali Fayad, por la comisión de actos que vulneran de manera grave los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad en los procesos electorales.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia porque se reestablezca el orden democrático en el estado de Puebla y las autoridades electorales competentes reparen la vulneración a la voluntad ciudadana en la elección de gobernador realizada el pasado 1 de julio.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un enérgico llamado al Instituto Estatal Electoral de Puebla y Tribunal Electoral del Estado de Puebla para que se abstengan de emitir actos y resoluciones que contravengan los principios rectores en materia electoral de independencia, imparcialidad, objetividad, legalidad, certeza y máxima publicidad que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para toda autoridad en la materia.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a emitir resolución ajustada a derecho que revierta la inconstitucional e ilegal resolución del Tribunal Estatal Electoral con motivo de los comicios para presidente municipal en Monterrey y Guadalupe, Nuevo León, el 1 de julio del año en curso, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, con fundamento en los artículos 8 y 61 constitucionales, artículo 79, numeral 1, fracción II; y 82 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo atendiendo a la siguiente

Exposición de Motivos

I. El día 1 de julio del año en curso se llevaron a cabo elecciones en el estado de Nuevo León (entre otros) con la finalidad de renovar a los 42 diputados locales y los 51 ayuntamientos que conforman dicho estado.

II. De dicho sufragio resultaron ganadores los candidatos del Partido Acción Nacional, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez y Pedro Garza Treviño, por los municipios de Monterrey y de Guadalupe, respectivamente.

III. En dicho ejercicio electoral, Felipe Cantú obtuvo una ventaja del 29.1 por ciento de la votación, mientras que Adrián de la Garza, candidato del PRI, obtuvo el 28.2 por ciento de la votación.

Por su parte, Pedro Garza obtuvo el 28 por ciento de la votación, frente al 24 por ciento que obtuvo su más cercana competidora, Cristina Díaz, del Partido Revolucionario Institucional.

Como correspondía, ambos candidatos, recibieron la constancia de mayoría que los acreditaba como presidentes municipales electos.

IV. Días después, esto es, el 18 de agosto del año en curso, en una decisión cuestionada por la sociedad mexicana, el Tribunal Estatal Electoral dio a conocer su decisión de revertir los triunfos de los candidatos panistas en los municipios de Monterrey y Guadalupe, para dar el triunfo a los candidatos del PRI.

V. Ante estos lamentables hechos, dados a conocer por la prensa nacional, la militancia panista, los medios de comunicación y la ciudadanía de los municipios neoleonenses afectados, han manifestado su inconformidad y descontento.

VI. Con motivo de lo anterior, en defensa de la ciudadanía que representamos y a nombre propio, solicitamos de manera respetuosa, la protección de los derechos electorales de la ciudadanía de los municipios de Monterrey y de Guadalupe, así como el respeto al Estado de derecho que debe imperar en toda democracia moderna.

Con el presente punto de acuerdo, se pretende hacer un llamado a la protección de los derechos político electorales del electorado mexicano, consagrados en nuestra Carta Magna y a las garantías que los reconocen violentado de forma burda por el Tribunal Estatal Electoral. Asimismo, solicitamos el restablecimiento de la democracia, el respeto al sufragio y a los principios rectores de la función electoral violentados por la autoridad jurisdiccional del estado de Nuevo León.

Finalmente, expresamos el temor y el descontento de la ciudadanía mexicana, de volver a aquellos tiempos en los que las instituciones electorales servían intereses ajenos al de respetar el sufragio efectivo, a través de prácticas ejercidas sobre los tribunales de modo que le permitía perpetuarse en el poder y violentar la voluntad popular.

Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que, en ejercicio de sus facultades emitan resolución apegada a derecho con motivo de las elecciones para presidente municipal en los municipios de Monterrey y Guadalupe que revierta la inconstitucional e ilegal resolución del Tribunal Estatal Electoral, en el estado de Nuevo León, el pasado 1 de julio del año en curso.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 4 de septiembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente electo y su equipo de transición a hacer públicos los estudios técnicos de viabilidad, costo e impacto regional tomados como base para proponer la descentralización de las dependencias y las entidades de la APF, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al presidente electo a su equipo de transición, para que hagan público los estudios técnicos de viabilidad, costo e impacto regional, que se tomaron como base para proponer la descentralización de las dependencias y entidades de la administración pública federal, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México se caracteriza por ser un país con una profunda vocación federalista, sistema que representa importantes ventajas, entre las cuales se pueden destacar las siguientes: elimina la duplicación de esfuerzos, reduce los costos operacionales, a la vez que contribuye a una mayor colaboración y coordinación de gobierno, con funciones más eficientes y eficaces.

Enrique Cabrero (2007) define muy bien los rasgos distintivos del modelo federal al señalar la existencia de espacios de autonomía entre sus miembros, a la vez que otorga a un ente integrador la función de orientador del sistema en su conjunto, el cual adquiere legitimidad política a través del juego de pesos y contrapesos. También, apunta que el federalismo posibilita cooperar para el beneficio del sistema en general y sus integrantes y competir entre las partes. Según el autor, éste es el mayor reto en su funcionamiento: permitir que dentro de la diversidad y la competencia se mantenga un sistema coherente, con fines compartidos, con niveles similares de bienestar, ofreciendo las mismas oportunidades, con una permanente preocupación por compensar a las regiones pobres, pero no en detrimento de la prosperidad y avance de las regiones ricas.1

El Estado federal es una forma de organización que implica un alto grado de coordinación y colaboración entre los niveles de gobierno, que coexisten en un mismo territorio y atienden las demandas de una misma población.

En esta tesitura, el federalismo mexicano tiene fundamentos históricos, jurídicos y políticos que configuran un modelo que ha posibilitado la cohesión del Estado con un amplio territorio, pero sin lograr aún el funcionamiento eficaz y eficiente esperado.

Un poco de historia. México adoptó el modelo federal como una opción política ente el centralismo ejercido por la Nueva España. Así, se fueron configurando, aunque con algunos paréntesis, sus bases jurídicas a través de las Constituciones de 1824, 1857 y, por supuesto, la de 1917, que reafirmó la forma de gobierno de república federal. No sin dificultades, el federalismo fue adquiriendo relevancia en virtud de los cambios políticos y la transición a la democracia, pese a la existencia de tradiciones y prácticas centralista muy arraigadas.

De acuerdo con Cabrero (2007) y Gutiérrez (1983), la base jurídica del federalismo mexicano se encuentra en la misma Carta Magna:

-Los artículos 40 y 41 definen los fundamentos del sistema federal;

-El artículo 24 delimita las facultades de la federación y de los estados al aseverar que las atribuciones que no tenga expresamente la federación, se entienden reservadas a los Estados miembros;

-El artículo 133 establece que las leyes federales serán superiores a las de los estados;

-El artículo 31 plantea la concurrencia tributaria de los tres órdenes de gobierno;

-Los artículos 115 y 122 que establecen las provisiones sobre la administración y el gobierno del municipio, y de los estados, así como los derechos, obligaciones y prohibiciones a los que en nuestro sistema constitucional están sujetos.2

Sirva la anterior argumentación teórica y jurídica para señalar que una de las propuestas del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es llevar a cabo la descentralización de las Secretarías de Estado y otras dependencias para trasladarlas a otras entidades de la República Mexicana. Se trata, sin duda alguna, de un proyecto muy ambicioso que debe tomar en cuenta la opinión de especialistas y estudios sistemáticos sobre su viabilidad.

El documento Proyecto de Nación 2018-2024 establece que la descentralización de las dependencias de acuerdo con la naturaleza de cada sector y características de su función, su distribución se contempla de la siguiente manera:

-Secretaría de Agricultura. Ciudad Obregón, Sonora.

-Secretaría de Economía, Monterrey, Nuevo León

-Secretaría de Salud. Chilpancingo, Guerrero.

-Secretaría de Turismo. Cancún, Quintana Roo.

-Secretaría de Energía. Villahermosa, Tabasco.

-SEP Puebla, Puebla.

-Secretaría de Cultura. Tlaxcala, Tlaxcala.

-CFE. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

-Sedesol. Oaxaca, Oaxaca.

-SCT. San Luis Potosí, San Luis Potosí.

-Secretaría de Pesca. Mazatlán, Sinaloa.

-Secretaria del Trabajo. León, Guanajuato.

-Secretaría de la Función Pública. Querétaro, Querétaro

-Pemex. Ciudad del Carmen, Campeche.

-Sedatu. Pachuca, Hidalgo.

-SAT. Mexicali, Baja California.

-Aduanas. Nuevo Laredo, Tamaulipas.

-Conagua. Alvarado, Veracruz.

-Comisión Forestal. Durango, Durango.

-Minería. Chihuahua, Chihuahua.

-Infonavit. Toluca, estado de México.

-IMSS. Morelia, Michoacán

-ISSSTE. Colima, Colima

-Inegi. Aguascalientes, Aguascalientes.

-Diconsa. Zacatecas, Zacatecas.

-Fonatur. Bahía de Banderas, Nayarit.

-Conacyt. La Paz, Baja California Sur.

-Nafinsa. Torreón, Coahuila.

En torno a dicho proyecto, se ha puntualizado que la Presidencia, así como otras secretarías, incluyendo las de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Marina se mantendrán en la Ciudad de México por una cuestión de seguridad nacional, aunque tampoco ha quedado muy clara dicha decisión.

Asimismo, el documento Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024. Plataforma Electoral y Programa de Gobierno , detalla que los sismos que sacudieron a Ciudad de México y a los estados de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Morelos y México abrieron el debate sobre la necesidad de la descentralización del gobierno federal hacia todas las entidades de la federación, dependiendo de la vocación productiva de cada una de ellas.3

Pero ¿qué se entiende por descentralización? Rowland (2000) la define como los intentos por redistribuir espacialmente el poder gubernamental. De esta manera, alude a la descentralización gubernamental como la forma en que el Estado toma las decisiones y las implementa. Distingue tres niveles: 1) la desconcentración, que es la redistribución de responsabilidades administrativas dentro del gobierno central; la delegación, cuando el gobierno federal entrega un grupo de tareas concretas a una organización paraestatal que no están bajo el control directo del gobierno central; y 3) la devolución, que significa una renuncia del gobierno central al control de ciertas funciones a niveles o unidades de gobierno independientes administrativamente del centro. En México –refiere– normalmente la descentralización se refiere a la devolución de ciertas esferas de autoridad a los niveles estatales y municipales.4

Considerando los aportes teóricos de los distintos autores, es evidente que la propuesta de descentralización del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que resulta fundamental para la vida política nacional, carece de un análisis profundo sobre su posible impacto en términos de costos económicos que deben ser contemplados. De manera particular, no existe claridad en torno a sus objetivos y propuestas, la movilidad de recursos y traslado de empleados, entre otros aspectos que requieren ser explicados de manera amplia.

De acuerdo a la opinión de especialistas como el presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Alejandro Kuri, es inviable mover tantas dependencias en un sexenio, desde el punto de vista administrativo y de infraestructura; ya que solo seis entidades tienen la capacidad para realizar dichos cambios, Puebla, donde se prevé ubicar a la Secretaría de Educación Pública; Monterrey con la Secretaría de Economía; Villahermosa, Tabasco, con la Secretaría de Energía, Veracruz con la Comisión Nacional del Agua, San Luis Potosí con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; y Mérida, Yucatán, con Medio Ambiente.5

Es lógico suponer que la implementación del proyecto de descentralización demanda infraestructura y el diseño de un plan de acción en materia de vivienda, transporte, espacios públicos, escuelas, hospitales, carreteras, aeropuertos, calles, entre otros elementos que son indispensables para los empleados y sus familias.

En términos económicos, lo cual va en contrasentido de la política de austeridad propuesta por el presidente electo, para arrancar dicho proyecto se presupuesta para una primera etapa la utilización de 22 mil 805 millones de pesos empleados en rubros como el financiamiento de estudios sobre viabilidad de las ciudades receptoras, estudios sobre el mercado inmobiliario local o de promoción y difusión del programa. Se estima que el proyecto generará un costo total de 127 mil millones de pesos, además implicaría que 400 mil personas tengan que mudarse.

Conforme a fuentes periodísticas, dicha cifra es 18 por ciento superior al gasto presupuestal destinado a la Secretaría de Desarrollo Social, similar al presupuesto de la Secretaría de Salud y la mitad de lo destinado a la Secretaría de Educación Pública en 2018. Además, gastos adicionales en estudios sobre las capacidades físicas de las ciudades, aspectos sociales, propuestas de planes de ruta, estudios de mercado inmobiliario, entre otros.6

Para Kristóbal Meléndez Aguilar, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), una de las primeras maneras de impulsar el desarrollo económico de las localidades en donde sean reubicadas las dependencias es contratando a personal local, aunque dicha decisión no está lo suficientemente argumentada. Y es que cabe destacar que todavía no se tiene claro qué pasará con los actuales empleados de estas dependencias y bajo qué condiciones habrán de irse.

Aunado a ello, especialistas de la UNAM señalan que dicho proyecto no sólo afectaría a los trabajadores involucrados, sino también la economía informal, a una gran cantidad de micro y pequeños establecimientos los cuales venden comida u otros productos, que dependen del consumo que realizan estos empleados y sus familias.

La lógica de la descentralización es poco clara, no existe información pública que permita contar con una idea sobre su impacto real. Por tal motivo, se plantea la necesidad de precisar esta propuesta medular para el país y la población, y se exhorta al próximo presidente de la República para que a la brevedad posible, dé a conocer un estudio técnico sobre su viabilidad, así como el costo e impacto del proceso de descentralización.

Las mexicanas y mexicanos necesitamos un análisis puntual y claro de los beneficios que justifiquen el esfuerzo y gasto en cada dependencia, sobre todo, en el cumplimiento de los objetivos, programas y metas planteados.

Los estudios efectuados por grupos de expertos nos permitirán conocer de manera precisa la viabilidad de esta decisión trascendental y qué parámetros fueron considerados o se tomaron como base para proponer la descentralización de las dependencias y entidades de la administración pública federal, costo e impacto regional, considerando que se trata de una medida determinante para la vida institucional del país, así como para el diseño e implementación de políticas pública eficaces y eficientes en beneficio de la población.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente electo y a su equipo de transición, para que hagan público los estudios técnicos de viabilidad, costo e impacto regional, que se tomaron como base para proponer la descentralización de las dependencias y entidades de la administración pública federal.

Notas

1 Cabrero, Enrique (2007), Para entender el Federalismo , Nostra Ediciones, México.

2 Gutiérrez, Sergio Elías (1983), “El Federalismo Mexicano y la Coordinación Intergubernamental”, en Revista de Administración Pública (RAP), número 54, abril-junio, Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), México.

3 Morena, Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024. Plataforma Electoral y Programa de Gobierno, en línea [Disponible en:] https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/9 4367/CG2ex201712-22-rp-5-2-a2.pdf

4 Rowland, Allison (2000), La Organización Territorial de la Administración y de las Políticas Públicas. Documento de Trabajo número 83, División de Administración Pública (DAP) el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE), México.

5 Roberto Valadez, Miriam Castro y Carlos Paz, Sólo 6 ciudades tienen infraestructura para recibir dependencias de gobierno: IP, en línea [Disponible en:] http://www.milenio.com/negocios/inviable-mover-tantas-dependencias-sexe nio-inmobiliarias

6 Rubén Migueles, AMLO mudará a 2.7 millones de chilangos, en línea [Disponible en:] http://www.eluniversal.com.mx/cartera/amlo-mudara-27-millones-de-chilan gos

Dado en la Cámara de Diputados, a los 4 días del mes de septiembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al encargado de despacho de la PGR a informar de manera pública y abierta al pueblo de México sobre el proceso penal y la exoneración de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya e integrantes del Grupo Parlamentario del PT

Los que suscribimos, diputado Benjamín Robles Montoya, y diputadas Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García y Claudia Domínguez Vázquez, integrantes del Grupo Parlamentario del PT a la LXIV Legislatura, de conformidad con lo establecido por el artículo 79 numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

A punto de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, marcado por los alarmantes niveles de corrupción y manchado por sus reiterados escándalos de tráfico de influencias y conflicto de intereses, en días pasados se dio a conocer un nuevo caso que refleja la actuación facciosa de las instituciones durante la actual administración priista.

Tal y como se dio a conocer a través de distintos medios de comunicación, un juez federal decretó el sobreseimiento de la causa penal instaurada en contra del C. Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex Secretario General adjunto del PRI, por el delito de peculado. La razón: fue el propio Ministerio Público Federal el que solicitó el sobreseimiento.

Como bien se recordará, Alejandro Gutiérrez fue acusado de desviar 250 millones de pesos del erario público, para destinarlos a las campañas electorales del PRI en 2016, para lo cual se simularon contrataciones públicas mediante empresas fantasma, así como una empresa propiedad del propio Gutiérrez. Por este hecho, fue detenido en 2017.

Los agentes del Ministerio Público Federal, según se informó, argumentaron ante el juez que los únicos elementos de prueba aportados por la Fiscalía de Chihuahua fueron testimonios de tres testigos protegidos a los que la PGR no tuvo acceso, y que no fueron corroborados por otros medios de prueba, lo que la Fiscalía de Chihuahua ha desmentido, señalando que tenían toda la investigación a su disposición y que se aportaron pruebas suficientes, tales como documentos bancarios.

Pero esta confrontación entre la PGR y la Fiscalía de Chihuahua no es la única que se ha suscitado en el caso de Alejandro Gutiérrez. El primer episodio se dio con la pretensión de trasladarlo a un penal federal, a lo que el Gobierno de Javier Corral se opuso por considerar que se trataba del primer paso de una estrategia para liberarlo.

Por lo pronto, se informó que Alejandro Gutiérrez no recobrará su libertad, en virtud de que enfrenta otro proceso por la sustracción de 1.8 millones de pesos. Sin embargo, la acusación más importante en su contra se ha caído, aunque la Fiscalía de Chihuahua ha anunciado ya que impugnará la resolución judicial.

Es claro que una de las principales razones por las que el Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente llevaron a cabo la reforma constitucional para dar autonomía al Ministerio Público, fue precisamente el uso faccioso que el gobierno le da para proteger sus intereses. La Procuraduría General de la República, todos lo sabemos, es una institución caduca al servicio del gobierno en turno. La labor del Ministerio Público como persecutor e investigador del delito y como representación social, quedó desvirtuada por su subordinación jerárquica al Presidente en turno.

El caso de Alejandro Gutiérrez, mancha una vez más a la institución y ante la gravedad del asunto, resulta necesario que el encargado de despacho de la PGR, rinda cuentas y explique de manera pública y abierta, sobre la actuación institucional en el caso de Alejandro Gutiérrez.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, a que explique de manera pública y abierta al pueblo de México, la actuación del Ministerio Público Federal en el caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez y exponga detalladamente las razones por las que solicitó el sobreseimiento de la causa penal.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 4 días del mes de septiembre de 2018.

Diputados: Benjamín Robles Montoya (rúbricas), Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García, Claudia Domínguez Vázquez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, de la Reforma del Estado, y de Estudios Legislativos del Senado a discutir y votar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de eliminación de fuero, aprobada por esta soberanía y turnada a la colegisladora el pasado 24 de abril, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia, de Reforma del Estado y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores a discutir y votar la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la eliminación del fuero, aprobada por la Cámara de Diputados y turnada a la Cámara de Senadores el pasado 24 de abril de 2018.

Exposición de Motivos

I. El pasado 19 de abril de 2018, con base en 32 iniciativas presentadas por diputados de todas los grupos parlamentarios entre 2015 y 2016, entre ellas tres de diversos legisladores de Movimiento Ciudadano, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 370 votos el dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar el fuero y la inmunidad procesal que gozan los servidores públicos.

En dicho dictamen se deroga el procedimiento político que impide el ejercicio de la acción penal contra los servidores públicos, al sujetar la actuación del Ministerio Público a la previa declaración de procedencia por parte de la Cámara de Diputados, en los términos del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El dictamen también dispone que no se establecerán prerrogativas o tratos procesales especiales cuando incurra en cualquier tipo de responsabilidad o en la probable comisión de delitos a los servidores públicos que desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

De igual manera, establece que se observarán los principios, derechos y garantías procesales que la Constitución establece a toda persona para imputar penalmente, durante el tiempo del encargo, tanto al Presidente de la República como a los titulares de los Ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales; y a los presidentes municipales, regidores, síndicos, alcaldes y concejales.

Dicha minuta de reforma constitucional, considerada como un avance legislativo fundamental en la historia reciente del país, fue turnada a la Cámara de Senadores el 19 de abril de 2018.

II. El 24 de abril de 2018 se recibió la minuta en el Senado de la República y fue turada a las siguientes cuatro comisiones: 1) Puntos Constitucionales; 2) Justicia; 3) Reforma del Estado; y 4) Estudios Legislativos.

A pesar del impacto jurídico y político de dicha reforma, y a pesar de tratarse de una exigencia ciudadana de gran trascendencia, los senadores de la pasada legislatura no entraron en la revisión y discusión de esta minuta.

Los diputados de Movimiento Ciudadano consideramos que es impostergable que esta minuta sea discutida y aprobada de manera urgente en la Cámara de Senadores, ya que la eliminación del fuero y la inmunidad procesal es un paso fundamental hacia la construcción de un estado de derecho sólido y democrático.

Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente proposición

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las comisiones legislativas de Puntos Constitucionales, de Justicia, de la Reforma del Estado y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para que discutan y aprueben la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de los artículos 17, 61, 74, 108, 110, 111, 112 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la eliminación del fuero, aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de abril de 2018 y turnada al Senado el pasado 24 de abril de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de septiembre de 2018.

Diputados: Alberto Esquer Gutiérrez (rúbrica), Itzcoatl Tonatiuh Bravo Padilla, María del Pilar Lozano Mac Donald, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Alán Jesús Falomir Sáenz, Ana Priscila González García, Ariel Rodríguez Vázquez, Carmen Julia Prudencio González, Dulce María Méndez de la Luz Dauzon, Eduardo Ron Ramos, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Geraldina Isabel Herrera Vega, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Alcibiades García Lara, Jorge Eugenio Russo Salido, Juan Carlos Villareal Salazar, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Julieta Macías Rábago, Kehila Abigail Ku Escalante, Lourdes Celenia Contreras González, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, María Libier González Anaya (rúbrica), Mario Alberto Ramos Tamez, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Martha Angélica Tagle Martínez, Martha Angélica Zamudio Macías y Ruth Salinas Reyes.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP, la CRE y la CFE a promover acciones que garanticen la condonación total de los adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de diversos municipios de Veracruz y establecer ajustes tarifarios preferenciales, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2, fracción III, y numeral 2, fracción III; 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a promover las acciones necesarias que garanticen la condonación total de los adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de diversos municipios del estado de Veracruz, así como analizar y establecer ajustes tarifarios preferenciales en el estado de Veracruz , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Con la promulgación de la reforma energética, el actual Ejecutivo federal aseguraba se potenciaría la competitividad del sector energético, y más aún, vendrían importantes beneficios para la economía del país que se traducirían en mejores oportunidades de desarrollo y condiciones de vida para las y los mexicanos, especialmente para nuestra población más vulnerable.

Lamentablemente todos somos testigos que la realidad ha sido otra, traduciéndose en aumentos a la gasolina, el diésel, gas y, si fuera poco, sumarle los cobros excesivos por el servicio de energía eléctrica que hoy en día sigue afectando a la sociedad mexicana.

En este orden, en los últimos años, los altos cobros por el servicio de energía eléctrica han constituido un problema social objeto del reclamo constante por parte de la población usuaria del país, a consecuencia de mecanismos poco transparentes que establecen altos costos tarifarios, irregularidades en la toma de lecturas, transformadores deficientes, cortes de luz e infinidad de fallas técnicas del servicio cuya responsabilidad, corresponde a la Comisión Federal de Electricidad.

Lo anterior ha traído un descontento generalizado y el surgimiento de actos de resistencia civil por parte de los usuarios de las comunidades rurales, donde la población se ha organizado con el objetivo de exigir tarifas justas, a través del reconocimiento a movimientos amplios y diversos, principalmente en los estados del sur del país como Veracruz, Campeche, Chiapas y Tabasco, de no pago a las altas tarifas de energía eléctrica; y, en otros casos, en un contexto de crisis económica también han proliferado las prácticas recurrentes de puentear los medidores de energía para evitar estos cobros excesivos.

Así, es como la población en las diferentes regiones del país ha buscado, por la vía de la resistencia, contrarrestar las agresiones estructurales de un sistema que ha puesto enormes barreras para imposibilitarles el acceso a este servicio básico, como forma de rechazo al modelo neoliberal en México.

En el caso espacial de Veracruz, ante las altas temperaturas que predominan en sus regiones por sus características geográficas y climatológicas que suelen rebasar más de 40 grados centígrados e inciden directamente en el consumo de electricidad, desde hace varios años la sociedad organizada ha unido esfuerzos y desahogado batallas legales contra la paraestatal con el principal objetivo de lograr tarifas bajas y justas, consecuentemente, para evitar cobros excesivos por la Comisión Federal de Electricidad.

Cabe señalar que como consecuencia de las altas temperaturas, la población en gran parte de la entidad veracruzana tiende a utilizar aparatos electrodomésticos para regular el clima y mantener la conservación de sus alimentos y, por tanto, el consumo suele ser aún mayor que en otras regiones.

Habitantes de los municipios de Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Jaltipan, Mecayapan, Nachital, Oluta, Oteapan, Chinameca, Pajapan, Tatahuicapan, Texistepec, Soteapan, Soconusco y Zaragoza, son claros ejemplos de las anomalías presentadas por el servicio, al grado de sumarse también en algunos casos a la resistencia de pagar montos extremadamente excesivos y arbitrarios.

Frente a esta situación, el Consejo Nacional de Energía y Petroquímica recientemente ha exigido a la Comisión Federal de Electricidad disminuir las tarifas en favor de los usuarios de Veracruz, considerando injusto que al ser la principal entidad productora de energía de México, y donde se ubica la planta nucleoeléctrica más grande de Latinoamérica, que genera más del 35 por ciento de producción de energía para todo el país, tenga las tarifas más caras del país, y ante ello, ha reiterado la exigencia para que la paraestatal realice un análisis, diagnóstico y propuesta clara y objetiva para que el estado de Veracruz tenga mejores condiciones en tarifas como usuario y lleguen beneficios directos de ahorro al bolsillo de nuestra población veracruzana.

Compañeras y compañeros legisladores, la relevancia del presente punto de acuerdo radica en promover mejores condiciones en la prestación del servicio de energía eléctrica, pero, sobre todo, se encamina a brindar atención pronta a las quejas de los cobros excesivos y arbitrariedades realizadas por Comisión Federal de Electricidad.

Luego entonces, como representantes de la población del país, tenemos la responsabilidad de atender las demandas de nuestra gente y por ello, tenemos el compromiso de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales principalmente del derecho que tiene todos los mexicanos de disfrutar de una vivienda digna y decorosa como establece el artículo 4o. constitucional bajo el sustento de diversos instrumentos internacionales en la materia.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a promover las acciones necesarias que garanticen la condonación total de los adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de diversos municipios del estado de Veracruz, así como analizar y establecer ajustes tarifarios preferenciales en el estado de Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.

Diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a fortalecer de manera coordinada con los ayuntamientos las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo contra el transporte de carga y de pasajeros en las carreteras estatales, ante el aumento de dicho delito, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, de manera coordinada con los municipios y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo al transporte de carga y pasajeros en las carreteras estatales, ante el aumento de dicho ilícito, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El transporte de carga constituye no sólo un modo de integración nacional, sino también un factor estratégico para el desarrollo económico de México. Se trata de un sector vital para cualquier economía por su elevada contribución a la generación de valor agregado, considerando su interrelación con el resto de las actividades productivas, facilita además el traslado de mercancías que se producen en otros sectores de la economía y permite su acceso a los mercados.

El 80 por ciento de las mercancías en el país se movilizan por carretera, dicho sector contribuye con 3.2 por ciento del producto interno bruto nacional y genera alrededor de 6 millones de empleos directos e indirectos. No obstante, uno de los principales desafíos a los cuales estamos obligados a hacer frente en la materia es en el robo en los transporte de carga, cuyo número de incidentes en el país ha aumentado de manera importante en los últimos meses.

El robo al sector del autotransporte de carga se incrementó de 5,435 delitos en 2015 a 10,230 robos en 2017, cifra que representa un crecimiento de 88 por ciento en dos años. Datos de 2018 permiten puntualizar que el robo de camiones que transportan carga se cuadruplicaron, al pasar de ocho diarios en 2017 a 32 en lo que va del año. El robo en estas unidades se concentra principalmente en unidades que trasladan bienes de consumo, cabe destacar que en su mayoría alimentos, ropa y zapatos.

De acuerdo con la incidencia delictiva del fuero común, reportada en el periodo enero-mayo del año en curso, los 10 estados donde se concentró el robo a transportistas fueron estado de México (mil 210), Puebla (975), Michoacán (608), Tlaxcala (442), Nuevo León (412), Jalisco (391), Morelos (322), San Luis Potosí (195), Querétaro (101) y Oaxaca (72).1

Las consecuencias para el sector y para la economía mexicana, en general, son considerables. Con base en el documento de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Conacar) titulado Agenda Estratégica ante el impacto de la inseguridad en el sector de autotransporte de carga, el impacto de la inseguridad en el sector asciende a 43,664 millones de pesos, monto mayor al destinado por el Estado en materia de prevención y disuasión, medido por medio de programas de seguridad, que en conjunto suman 38,605 millones de pesos.2

Tan sólo los costos directos en los que incurre el sector transportista, sin contabilizar los costos por parte del Estado representan 7 por ciento del PIB del sector del autotransporte de carga.

Desde el gobierno federal se han emprendido diversas acciones, cabe destacar que una de las más importantes es que a partir del 21 de febrero de 2018, el delito de robo al autotransporte de carga es tipificado de como un delito del fuero federal.

Además, con la finalidad de reducir la comisión de ilícitos contra unidades de carga y pasajeros que circulan por la red carretera, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) encabezó la “Primera Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Prevención de Accidentes y Robo al Autotransporte”, entre la Policía Federal, autoridades locales y organizaciones empresariales de transporte, en la zona centro del país.

Cabe destacar también la relevancia del Programa Cuadrantes, cuyo objetivo es atender a los usuarios de la red carretera federal de manera expedita y la atención oportuna del personal desplegado en todo el país. Además, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha colocado cámaras de videovigilancia en cerca de 2,000 km de la red de autopistas de Querétaro, Puebla, Guerrero y el Estado de México.

No obstante, pese al importante número de acciones, es necesario continuar con el reforzamiento de acciones que garanticen la seguridad en la cadena logística nacional. Ante la relevancia del sector y el papel que juega en la economía, también las entidades federativas y los municipios deben fortalecer sus acciones de prevención y coordinación con la federación.

Con esta finalidad se presenta dicho exhorto, el cual va dirigido a fortalecer las medidas de seguridad encaminadas a prevenir la comisión de delitos de robo al transporte de carga en el país, ante el aumento de casos de dicho ilícito.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, de manera coordinada con los municipios y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, fortalezcan las medidas de seguridad encaminadas a prevenir el robo al transporte de carga y pasajeros en las carreteras estatales, ante el aumento de dicho ilícito.

Notas

1 Viviana Estrella, Robo a transporte de carga, reto logístico para los nuevos gobiernos, en línea Disponible en:

https://www.eleconomista.com.mx/estados/
Robo-a-transporte-de-carga-reto-logistico-para-los-nuevos-gobiernos-20180704-0126.html

2 Canacar, Agenda Estratégica ante el impacto de la inseguridad en el sector de autotransporte de carga , Robo a transporte de carga, reto logístico para los nuevos gobiernos, en línea disponible en:

https://canacar.com.mx/app/uploads/2018/06/180618-Docume nto-te%CC%81cnico-poli%CC%81tico-VP.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a ampliar e intensificar por la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia los operativos y las estrategias en materia de disuasión, prevención, atención y combate del delito de robo de vehículo, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, José Luis Montalvo Luna, diputado federal de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del numeral 1 del artículo 6, y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La tranquilidad, bienestar y condiciones esenciales para que la población pueda desarrollarse, representa una de las principales responsabilidades de las autoridades de los tres órdenes de gobierno. El artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dispone que “la seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”.

En este orden de ideas, los integrantes del Grupo Parlamentario del PT consideramos que la protección del patrimonio de las familias mexicanas debe ser una prioridad para las autoridades. En el caso del estado de México, dicha situación no ha sido cumplida por el actual gobernador, así lo advierten casos como la violencia de género, el aumento de robos en transporte público, casa habitación, comercio y a transeúntes que se tienen registrados.

En el mismo tenor, una problemática que afecta gravemente a los mexiquenses es el crecimiento exponencial del robo de vehículos. Tan sólo en 2017, dicha actividad ilícita representó pérdidas económicas por 14 mil 430 millones de pesos por el robo de 90 mil 186 autos asegurados, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).1

Sobre el particular, el 13 de agosto del 2018 el periódico de circulación nacional El Universal, publicó el reportaje titulado “Robo de vehículos”2 en el que dio a conocer diversos aspectos sobre esta actividad delictiva que además de afectar a las víctimas en su patrimonio y tranquilidad, lacera a la sociedad en su conjunto al dejarla en una situación de vulnerabilidad e indefensión.

En el artículo elaborado por Periódicos Asociación en Red (PAR) en alianza con El Universal, El Informador y Pulso, se indica que esta problemática comprende la participación de mafias con redes internacionales que generalmente trasladan a otros países las unidades robadas en contenedores marítimos y por tierra.

La Procuraduría General de la República ha expresado que en México existen 5 de 12 grupos criminales transnacionales dedicados al robo de vehículos que tienen vínculos en Guatemala, Estados Unidos y Europa. Asimismo, se precisa que operan en el estado de México, Ciudad de México, Puebla y Querétaro.

Según autoridades federales, mientras que la cifra de autos robados pasó de 145 mil en 2015 a más de 167 mil en 2017. Cabe destacar que el estado de México, Jalisco y Ciudad de México son las entidades federativas que lideran la sustracción de automóviles en el país.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reporta que en 2013 tuvo conocimiento de 70 mil 577 casos de autos asegurados robados y para 2017 la cifra ascendió a 81 mil 661, lo que representa un incremento de 31 por ciento. La incidencia se concentra en el estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guerrero y Querétaro.

En principio, llama la atención el hecho de que México es el lugar en donde más se ha incrementado este tipo de delitos durante los últimos tres años.3 En el caso particular del estado de México, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que a nivel nacional es la entidad con el mayor registro de denuncias por este ilícito al presentar un aumento de 80 por ciento de 2016 a 2017.4

Lo anterior no es un caso aislado, sino que más bien, forma parte de una tendencia en el incremento sostenido de la incidencia delictiva en el Estado de México. Según cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP),5 mientras que en 2015 se presentaron 202 mil 205 denuncias ante las Agencias del Ministerio Público de la entidad, en 2016 la cifra pasó a 221 mil 760 y en 2017 llegó a 291 mil 003.

Sobre el robo de vehículo, con y sin violencia en el estado de México, el secretariado también indica que en 2015 se denunciaron 47 mil 457 (22 mil 960 con violencia y 24 mil 497 sin violencia); en 2016 se presentaron 42 mil 264 (20 mil 144 con violencia y 22 mil 120 sin violencia); y en 2017 el número volvió a subir hasta llegar a 47 mil 197 (26 mil 487 con violencia y 20 mil 710 sin violencia).

En el estudio La violencia en los municipios de México 2017, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, el municipio de La Paz, estado de México, se encuentra dentro de los primeros 20 municipios del país con mayores tasas de incidencia de los delitos de violación (lugar 19), lesiones dolosas (lugar 7) y robos con violencia (lugar 10).6 En el caso de la violación, la tasa en el municipio es de 10.31 y la nacional de 22.67; en cuanto a las lesiones dolosas, es de 119.88 y 320.15 respectivamente; y en el robo con violencia de 188.04 y 577.10 (además, Chicoloapan presenta una tasa de 580.27).

Además de la gravedad intrínseca del delito de robo de vehículos, con o sin violencia, no podemos ser omisos ante la estrecha relación que se tiene con los homicidios. Basta mencionar que en siete de cada 10 homicidios dolosos ocurridos en el territorio nacional se utilizó un automóvil robado (información de la Comisión Nacional de Seguridad).

Ante el panorama expresado y como integrante del Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hago el llamado a que esta honorable asamblea acompañe el asunto que tiene como base la protección del patrimonio y la certeza jurídica de las familias mexiquenses.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México para que en el marco de sus atribuciones y a través de la Secretaría de Seguridad de la entidad y la Fiscalía General de Justicia, amplíe e intensifique sus operativos y estrategias en materia de disuasión, prevención, atención y combate del delito de robo de vehículo, ante el incremento exponencial de este tipo de conductas en la entidad durante el año 2017 y lo que va de 2018.

Notas

1 Notimex. (2018). “Suman 14,430 mdp las pérdidas por robo de autos asegurados en 2017”. El Economista,
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Suman-14-mil-430-mdp-las-perdidas-por-robo-de-autos-asegurados-en-2017-20180124-0104.html.

2 Reportaje Especial. (2018). “México, donde más crece el robo de autos”. El Universal, consultado en la edición del 13 de agosto de 2018.

3 Reportaje Especial. (2018). “México, donde más crece el robo de autos”. El Universal, http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/mexico-donde-mas-crece-e l-robo-de-autos.

4 Redacción. (2018). “Robo de autos en el estado de México, imparable”. El Universal, http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/edomex-lider-en-robo-de- vehiculos.

5 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Incidencia delictiva del fuero común”, Secretaría de Gobernación. Sitio web: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-del ictiva-fuero-comun.php

6 Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC (febrero de 2018). La violencia en los municipios de México 2017 . 09 de agosto de 2018, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, AC, sitio web: https://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/send/6-prens a/240-la-violencia-en-los-municipios-de-mexico-2017-presentacion

Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a cuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República a proceder según los principios establecidos en la ley, en aras de garantizar el estado democrático de derecho, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Martha Tagle Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 77, numerales I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Datos del Informe Latinobarómetro 2017 muestran que por quinto año consecutivo, el apoyo a la democracia en América Latina no mejora, al registrar una baja de 1 punto porcentual desde 2016, llegando a 53 por ciento en 2017.

La indiferencia ante el tipo de régimen aumenta a 25 por ciento de 23 en 2016. Uno de cada cuatro latinoamericanos es indiferente al tipo de régimen.

El desencanto con la política está teniendo consecuencias para la democracia.

En todos los otros países se produce pérdida de apoyo que refuerza la baja que se observa desde fechas distintas según cada país.

La mayor pérdida se produce en México, con 10 puntos porcentuales menos que en 2016 llegando a 38 por ciento en 2017, con un máximo de 59 en 2005.

En dicho informe se evidencia que la corrupción es el cuarto problema más importante para la población de América Latina. Si miramos el resultado por país, vemos que en Brasil es el primer problema, con 31 por ciento, en Colombia es el primer problema, con 20, y en Perú es el segundo, con 19. En México, la corrupción está en el tercer lugar, con 13 por ciento.1

Reflejo de lo anterior son las notas que en lo cotidiano aparece en las primeras planas de los periódicos y revistas de circulación nacional, que describen las permanentes conductas ilícitas y redes de corrupción de funcionarios públicos, que han trascendido a ámbitos de la cohorte política.

Así, la lista en torno a los escándalos de corrupción e impunidad en México en lo que va del sexenio es por desgracia amplia, sin embargo, gracias a la labor periodística y de organizaciones de la sociedad civil, se han visibilizado y documentado algunas de ellas.

Empero, el mutismo y la impunidad tanto del gobierno federal como de las autoridades encargadas de administrar la justicia han sido precarias, la forma tan desdeñosa e inquina en el actuar, han propiciado deterioro sistemático y creciente en las instancias y en la ciudadanía.

[Previo a finalizar 2017, el 20 de diciembre] policías federales detuvieron en la ciudad de México al exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, al ejecutar una orden de aprehensión en su contra dictada por un juez de Chihuahua, y lo trasladaron al penal de Aquiles Serdán, en la capital del estado, informó el gobernador panista Javier Corral Jurado.

A Gutiérrez, quien fue directivo del tricolor en la gestión de Manlio Fabio Beltrones, se acusa de desviar 246 millones de pesos de las arcas públicas de Chihuahua y destinarlos a las campañas electorales de candidatos priistas en 2016, en coordinación con el ex gobernador César Duarte Jáquez, quien se encuentra prófugo de la justicia, presuntamente en El Paso, Texas.

Alejandro Gutiérrez, originario de Saltillo, empresario, ex diputado federal y ex senador del PRI por Coahuila, es acusado de planear el desvío de recursos por los que son acusados César Duarte y varios ex funcionarios de las Secretarías de Hacienda, y de Educación estatales, durante el sexenio pasado.

Específicamente Gutiérrez aparece como gestor de una trasferencia de recursos federales a Chihuahua y de su posterior entrega al CEN del PRI, ya como recursos estatales, mediante contratos simulados por la prestación de servicios profesionales, a través de empresas fantasma.2

Al respecto, he sido enfática en colocar en la picota pública los constantes actos de corrupción e impunidad, así como el uso faccioso de las instituciones. Por ello, el caso de Alejandro Gutiérrez toma relevancia: es acusado por el desvío de más de 250 millones de pesos del erario público para el tricolor, y puede quedar exonerado.3

Donde la Procuraduría General de la República solicitó ante un juez el sobreseimiento al caso. Por tanto, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, canceló en el transcurso de la noche del 31 de agosto, el proceso contra el ex funcionario del CEN del PRI por el presunto desvío.

Fuerte Tapia determinó que la PGR no tenía la mínima pretensión de llevar a Gutiérrez a juicio tras su desistimiento.

A esta decisión se suma la de un tribunal colegiado que el pasado jueves revocó la prisión preventiva que enfrentaba Gutiérrez en el proceso penal del fuero local por desvío de recursos por poco más de un millón de pesos.

En la audiencia realizada, no estuvo presente la Secretaría de Hacienda, que tiene calidad de víctima, pues los recursos presuntamente desviados eran de carácter federal.

No obstante durante las audiencias las fiscales de la PGR, encabezadas por Griselda Navarro González y Diana Esteban Salinas, se dedicaron a cuestionar todas las actuaciones que llevó a cabo la Fiscalía de Chihuahua para acreditar los desvíos del PRI.4

La manera de proceder por parte del encargado de despacho de la Procuraduría General de la República pone en grave riesgo la actuación de dicha institución que debiera ser garante de justicia, bajo principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos; principios que no han sido adoptados al verse inmiscuido en asuntos polémicos que evidencian su cercanía al gobierno y partido en turno, muestra de ello es la liberación de la dirigente magistral Elba Esther Gordillo, la prohibición judicial para detener a Emilio Lozoya Austin, está en riesgo el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte salga de prisión una vez que la PGR retiró el delito de delincuencia organizada para reclasificarlo como “asociación delictuosa”.

Al respecto y gracias a la presión de organizaciones de la sociedad civil, se ha hecho evidente la necesidad de contar con una fiscalía que sirva, que busca construir una fiscalía autónoma, independiente y eficaz que investigue, sancione y termine con la impunidad, mediante un sistema de procuración de justicia confiable.

Lo anterior muestra la urgencia por la cual debe garantizar que se dedigne a una persona al frente de la Fiscalía General de la República que cubra el perfil idóneo para garantizar un actuar autónomo e independiente, a fin de no ser más una institución que persiga políticamente y de manera discrecional los actos delictivos, al tiempo de iniciar el proceso legislativo con la presentación y discusión de las leyes relacionadas con la creación de la Fiscalía General de la República desde el Senado, a fin de romper y no dar continuar a las malas prácticas e impunidad en una institución que debe contribuir a garantizar el estado democrático de derecho.

Fundados y motivados en lo expuesto, someto a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, licenciado Alberto Elías Beltrán, a conducirse con arreglo a los principios establecidos en la ley, en aras de garantizar el estado democrático de derecho.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al procurador general de la República a hacer pública información respecto a su actuación en el caso Chihuahua.

Notas

1 Informe Latinobarómetro 2017. Disponible en línea: http://www.latinobarometro.org/latNewsShow.jsp

2 “Detienen a Alejandro Gutiérrez ex secretario general adjunto del PRI”, en La Jornada [en línea], 20 de diciembre de 2017. Fecha de consulta: 7 de enero de 2017. Disponible en

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/12/20/
detienen-a-alejandro-gutierrez-exsecretario-general-adjunto-del-pri-5050.htmlciedad/041n3soc

3 “Las sombras peñistas de 2012”, en revista Proceso. Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2018. Consulta:

https://www.proceso.com.mx/548689/las-sombras-penistas-d e-2012-elba-javidu-y-odebrecht

4 Barajas, Abel. “Abren puerta a Gutiérrez”, en Reforma en línea, disponible en http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.asp x?id=1480723&v=5

Cámara de Diputados, a 4 de septiembre de 2018.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la restitución del fondo de ahorro de ex braceros, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscribimos, diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que a través de la colaboración de la dependencia, diputados y senadores integrantes de la LXIV legislatura y representantes de organizaciones de ex braceros, se realice la instalación de una mesa de análisis para la elaboración de un balance, cuyo propósito sea alcanzar acuerdos y la solución justa y definitiva a la restitución de los fondos de ahorro, de este sector social, asimismo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita la resolución del expediente de amparo en revisión 1152/2016, y se haga del conocimiento del licenciado Andrés Manuel López obrador, presidente electo de México, la determinación que se tome sobre la conformación de esta mesa de análisis y el resultado judicial, informándole de la solicitud de audiencia que se requiere entre él y los representantes de dichas organizaciones; lo anterior en virtud de las siguientes

Consideraciones

1. El 21 de agosto de 1942 los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el Convenio Internacional de Trabajadores Temporales. El propósito de ese acuerdo fue que trabajadores mexicanos cubrieran el déficit de mano de obra en aquel país, causado por la participación de los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial.

El trabajo mexicano se canalizó a la producción de alimentos agrícolas y a la construcción de vías férreas y se calcula que durante el periodo que abarcó el acuerdo, 1942-1964, alrededor de 4.6 millones de mexicanos trabajaron como braceros en Estados Unidos.

En el citado convenio se estableció, en su cláusula quinta, que el gobierno de Estados Unidos haría una deducción del 10 por ciento en los salarios de esos trabajadores mexicanos con el objeto de crear el Fondo de Ahorro Campesino, el cual les sería devuelto a los braceros una vez que regresaran a su país.

Sin embargo, aun cuando el gobierno estadounidense envió los recursos del Fondo, en tiempo y forma, al gobierno mexicano, éste no lo entregó a los ex braceros, habiendo transcurrido ya 76 años desde el inicio del programa.

2. El 25 de mayo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos. Dicho fideicomiso se propuso entregar a los ex braceros en cuestión un apoyo social por 38 mil pesos por única ocasión. No obstante, sólo el 6.1 por ciento del total de ex braceros o beneficiarios existentes han recibido ese apoyo.

Como consecuencia de la lucha por ser restituidos, el 29 de febrero de 2016 el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México concedió a los ex braceros, en el expediente 1558/2015, el amparo y la protección de la justicia federal para los efectos de que, una vez que dicha sentencia cause ejecutoria, se emita un nuevo oficio donde se resuelva el pago requerido; se devuelva la cantidad de numerario que les corresponde de dicho fondo; se cree un banco de datos, “censo”, con toda la información y nombres de los ex braceros y sus beneficiarios; se otorgue el certificado de identidad correspondiente; las autoridades responsables realicen una investigación exhaustiva con el gobierno de Estados Unidos a efecto de determinar los nombre, cuentas y cantidades que ahorró cada uno de los migrantes; y que los con nacionales que residan en Estados Unidos y que tengan la calidad de ex braceros o beneficiarios, puedan acceder al pago.

La Presidencia de la República, bajo la presente administración, interpuso un recurso de revisión en virtud del cual el caso fue turnado al Décimo Primer Tribunal Colegiado de la Ciudad de México y, cuando éste estaba a punto de resolver, la Procuraduría General de la República, a nombre del Ejecutivo federal, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraer el caso. El 26 de octubre de 2016 la Segunda Sala de la Suprema Corte acordó, por unanimidad, ejercer la facultad de atracción. Es así que, los trabajadores ex braceros y sus beneficiarios se encuentran en espera de una decisión de la Suprema Corte que definirá la resolución del problema.

3. Como se puede observar y de acuerdo a los antecedentes descritos en los párrafos que anteceden, el Estado vulnero los derechos humanos de este sector de la población y debió haber investigado y sancionado a los responsables, además de reparar tales violaciones en los términos que establece la ley. Nuestra Constitución señala que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones y derechos ni del producto de su trabajo, sino mediante juicio.

Sin duda alguna, en este momento existe la posibilidad de dialogo para. la solución de esta problemática, misma que será de trascendencia histórica, para todos los trabajadores ex braceros y sus familias, pues con el gobierno que concluye su administración, no existió la sensibilidad ni recurso económico alguno para restituir a los afectados.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de la colaboración entre dependencias; diputados y senadores integrantes de la LXIV legislatura y representantes de organizaciones de ex braceros, se realice la instalación de una mesa de análisis para la elaboración de un balance, cuyo propósito sea alcanzar acuerdos y una solución justa y definitiva para la restitución de los fondos de ahorro de este sector social.

Segundo. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Gobernación a que realice un censo y elabore la base de datos respectiva con todos los datos y nombres de los ex braceros y beneficiarios de éstos, a efecto de determinar qué personas tienen derecho al pago del fondo de ahorro, creado con el Programa Bracero, entre 1942 y 1964.

Tercero. Esta soberanía exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que realice una investigación exhaustiva con el gobierno de los Estados Unidos de América, a efecto de determinar los nombres, cuentas, y cantidades que ahorró cada uno de los migrantes mexicanos llamados “braceros”, entre 1942 y 1964, debiendo rendir cuentas exactas y transparentes respecto del destino de sus ahorros con la colaboración de los bancos norteamericanos.

Cuarto. Hacemos un respetuoso exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que emita la resolución del expediente de amparo en revisión 1152/2016, respetando los derechos humanos y de las garantías previstas en los artículos 1o., 5o., 8o., 14 y 16 de nuestra Carta Magna, así como de las disposiciones previstas en la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de la que México es parte.

Quinto. Se solicita la remisión del presente exhorto y de las determinaciones que se tomen sobre la conformación de la mesa de análisis, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, informándole sobre la solicitud de audiencia que tenga a bien conceder a una representación de las organizaciones de ex braceros, de ser posible antes del primero de diciembre próximo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.

Diputados: Samuel Herrera Chávez (rúbrica), María de Jesús García Guardado (rúbrica), Mirna Maldonado Tapia, Óscar Rafael Novella Macías.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y a las autoridades educativas estatales a fortalecer los lineamientos y la supervisión para garantizar la venta de alimentos saludables en los planteles educativos, dado el incremento de la venta de comida chatarra, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas a fortalecer en el ámbito de sus atribuciones los lineamientos y la supervisión para garantizar la venta de alimentos saludables en el interior de los planteles educativos, en virtud del incremento de la venta de comida chatarra, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un problema de salud pública de alcances globales. Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud señalan que en 2016 más de mil 900 millones de adultos tenían sobrepeso y más de 650 millones eran obesos. Los problemas de salud asociados al sobrepeso y la obesidad son la causa de muerte de alrededor de 2.8 millones de personas cada año.1

En el caso de México, datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2016 señalan que 7 de cada 10 personas adultas padecen sobrepeso u obesidad; en los jóvenes, esta condición es de 4 de cada 10; y en los niños, 1 de cada 10.

El gobierno federal no ha sido omiso ante esta problemática, por el contrario ha impulsado distintas políticas dirigidas a prevenir el sobrepeso y la obesidad: entre las que destacan la campaña informativa Chécate, Mídete, Muévete; la imposición del IEPS a bebidas con alto contenido calórico para disminuir el consumo de estos productos; la definición y regulación de un etiquetado frontal para conocer los valores nutrimentales de los productos; la prohibición de publicidad en televisión durante horarios infantiles de alimentos que excedan los criterios nutrimentales; y los lineamientos para la venta de alimentos en los planteles escolares.

Los resultados de estas políticas han sido distintos, mientras el impuesto a las bebidas azucaradas ha demostrado que ha tenido en la disminución del consumo de estos productos;2 en el caso de los lineamientos para la venta de alimentos en los planteles escolares éstos no se han instrumentado de manera exitosa.

Esta situación resulta preocupante en virtud de que 1 de cada 3 escolares viven con obesidad y esta condición aumenta 50 por ciento al concluir la educación primaria, por lo que resulta necesario no sólo promover hábitos alimenticios saludables, sino también un entorno escolar saludable.

La Ley General de Educación señala en el artículo 24 Bis que la Secretaría de Educación Pública, “mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.

Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos de carácter nutrimental”.

El 16 de mayo de 2014 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional, el cual establece:

• El acuerdo y su anexo único serán aplicables a todas las escuelas públicas y particulares del sistema educativo nacional en las cuales se expendan y distribuyan alimentos y bebidas preparados y procesados.

• Prohíbe la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas del sistema educativo nacional que, por representar una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales

• Obligatoriedad para los prestadores de servicios.

• Sanciones que van desde multas de hasta el equivalente a cinco mil veces el salario o revocación del reconocimiento de validez oficial.

Pese a estas restricciones, los resultados de la investigación Explorando el ambiente escolar alimentario, presentados en días recientes, señalan:

• En las escuelas persiste un ambiente alimentario obesogénico, donde 51 por ciento de la oferta de alimentos fue ultraprocesado y 63 por ciento de las bebidas que se ofrecen en los planteles es azucarado.

• En 55 por ciento de las escuelas hay publicidad de estos productos.

• Prácticamente no hay comités de establecimiento de consumo escolar, que es una figura fundamental en la vigilancia y supervisión de la oferta de alimentos.3

La obesidad infantil no sólo es causada por malos hábitos individuales de consumo, también es resultado de un entorno que promueve la obesidad, denominado ambiente obesogénico, por ello, consideramos una prioridad que las niñas y niños de México cuenten con entornos escolares saludables.

En el Grupo Parlamentario del PRI continuaremos velando por el interés superior de la niñez y promoviendo las acciones legislativas que contribuyan a prevenir el sobrepeso y la obesidad entre la población mexicana.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de las entidades federativas a fortalecer en el ámbito de sus atribuciones los lineamientos y la supervisión para garantizar la venta de alimentos saludables en los planteles educativos, en virtud del incremento de la venta de comida chatarra.

Notas

1 10 datos sobre la obesid ad, Organización Mundial de la Salud, < http://www.who.int/features/factfiles/obesity/es/> Consultado el 2 de septiembre de 2018.

2 Véase Reducción en el consumo de bebidas con impuesto después de la implementación del impuesto en México, en < https://www.insp.mx/epppo/blog/3666-reduccion-consumo-bebidas.html> Consultado el 2 de septiembre de 2018.

3 “Explorando el ambiente escolar alimentario”, en El Poder del Consumidor, 2018, <http://elpoderdelconsumidor.org/wp-content/uploads/2018/08/d-escuel as-ambientes-obesogenicos-investigacion-explorando-el-ambiente-escolar- alimentario-vf.pdf> Consultado el 2 de septiembre de 2018.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual exhorta a la Semarnat a informar sobre el estado de la contingencia ambiental acaecida en los cuerpos acuíferos de Centla, Jonuta y Macuspana, Tabasco, por la que ha sido afectada la salud de los habitantes en diversas comunidades y han muerto ejemplares de especies en peligro de extinción, a cargo del diputado Sergio Mayer Breton, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Sergio Mayer Breton, integrante de la LXIV Legislatura federal, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., párrafo quinto, se lee:

Artículo 4o. ...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Como todo derecho reconocido por la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte, deben observarse los principios de indivisibilidad, interdependencia, progresividad y universalidad, es decir el Estado no puede renunciar a su protección y garantía y debe satisfacer en la justa medida de la ley los procedimientos para la reparación de los daños provocados.

Es imprescindible para el alcance de la justicia social que los actores involucrados se rijan bajo la normatividad, pero sobre todo el Estado en toda su extensión es el primer obligado a cumplir a cabalidad la Constitución y las leyes que de ella emanen, para garantizar el acceso y el respeto de los derechos humanos, sin los cuales las personas se encuentran en un diverso grado de vulnerabilidad.

Dicho lo anterior se cita a continuación el documento de investigación Situación de una población aislada de manatíes Trichechus manatus y conocimiento de la gente, en una laguna urbana, en Tabasco , México , de Pablo Rodríguez, académico de la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de León David Olivera–Gómez, miembro de la Escuela de Biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,1 donde se describe la situación crítica que vive Tabasco, con el creciente fallecimiento de manatíes y otros animales, algunos de ellos endémicos de nuestro país, donde se lee:

“El manatí antillano se considera en peligro de extinción en México y a nivel internacional, debido a la fuerte disminución de sus poblaciones en el pasado y a la modificación de su hábitat. Tabasco constituye una de las tres regiones importantes de distribución de manatíes en México, pero existen múltiples factores que comprometen su conservación.”

Por otro lado, un artículo de Cambridge University Press ,2 publicado el 2 de mayo de 2018, señaló:

“El manatí antillano es una de las especies de mamíferos acuáticos más amenazadas en México y en la región del Caribe. El declive de esta subespecie es principalmente el resultado de la explotación histórica y el impacto de desarrollo costero actual. Las estrategias de conservación adoptadas para su conservación incluyeron la protección del hábitat, la reducción de las amenazas más significativas y el rescate de los mamíferos y su manejo en cautiverio. Estas estrategias han producido resultados positivos en algunos países, pero ha sido objeto de controversias en otros, incluido México”.

Así las cosas, en Tabasco, donde aún no se conocen las causas de esta “tragedia ecológica” que ha provocado diversos daños al ecosistema acuático de diversos municipios, causando contaminación aparente en las reservas de agua, disminución en la pesca, pérdidas económicas, pero sobre todo el elevado número de ejemplares de especies animales que han muerto a consecuencia de lo que se describe.

Aunque ya las autoridades han tomado algunas medidas emergentes, principalmente la captura y traslado de manatíes a diversas zonas protegidas, aún no se determina la causa de su elevado fallecimiento, por lo que, en caso dado de la existencia de un agente patógeno, si no se toman las precauciones debidas, estas acciones de traslado pudieran propagar una epidemia entre otras poblaciones de dichos mamíferos poniendo en riesgo su conservación.

De acuerdo con la asociación civil Save The Manatee (www.savethemanatee.org): “El manatí antillano esta listado como en peligro en el Apéndice I de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres); lo cual prohíbe el comercio de cualquier producto originando de los manatíes. El manatí antillano (Trichechus manatus manatus ) está considerado como en peligro de extinción por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). A nivel internacional, todos los sirenia están protegidos por el protocolo de la convención de Cartagena (SPAW), la cual prohíbe tomar, matar, comprar o vender manatíes, incluyendo partes o productos hechos a partir de manatíes”.

El documento titulado “Plan de Manejo Regional del Manatí de las Indias Occidentales”,3 publicado en 2010, señala que: “Varias amenazas afectan a los manatíes en distintas partes de su territorio. La mayoría de las amenazas se relacionan con los humanos. Algunas son: la pesca furtiva, la pérdida del hábitat, la contaminación química, las redes de pesca y las colisiones con embarcaciones”, el mismo documento señala que México no tiene datos suficientes sobre las poblaciones de dicho mamífero, oscilando entre los mil 500 y 2 mil ejemplares.

Más aún, la contaminación, de acuerdo a este estudio especializado, es una causa probable del deceso de ejemplares de dicha especie en México, tal como se lee: “Muy pocos estudios han analizado los efectos de los contaminantes en los manatíes, pero es posible que estos estén expuestos a niveles relativamente altos de contaminación por su atracción por los vertidos industriales y urbanos. Un estudio de los manatíes de Florida reveló que los niveles de la mayoría de los contaminantes analizados (organoclorados y algunos metales) eran bajos (O’Shea et al. 1984, Ames y Van Vleet 1996), pero D. Wetzel (com. pers.) encontró bifenilos policlorados en tejidos de manatíes tomados en partes relativamente vírgenes de la costa mexicana .”

“[México] En un país que alberga algunos de los hábitats más importantes para los manatíes, y donde antes la especie estaba distribuida ampliamente, las cifras parecen haber disminuido (Husar 1978, Campbell y Gicca 1978) debido a la expansión de la población humana y las actividades relacionadas (Colmenero- Rolón 1991). Probablemente, la degradación y destrucción del hábitat sean las amenazas más significativas hoy en día. Esto es producto de un desarrollo costero y urbano imprudente, la destrucción de los humedales para el pastoreo del ganado y para las actividades agrícolas, la explotación de petróleo y gas y las industrias pesqueras y portuarias (Ortega-Argueta y Morales-Vela 2005).”

Como puede observarse, existe una probable vinculación de la contaminación por agentes químicos y los decesos de estos mamíferos, lo cual nos conduce a suponer que es necesaria e inaplazable un análisis contundente sobre las condiciones que hoy día manifiestan los cuerpos acuíferos de la entidad que además en palabras de sus habitantes, han generado infecciones en la piel y deceso otras especies animales.

La gravedad de este asunto no debe resumirse solo en verificar la suma correcta de animales fallecidos, sino a proporcionar con veracidad la información sobre la calidad del agua y la probable presencia de contaminantes químicos, en su mayoría residuos de las actividades humanas, en usos industriales o domésticos.

De acuerdo con la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en su artículo 5o., corresponde a la Federación:

Artículo 5o. ...

III. La atención de los asuntos que afecten el equilibrio ecológico en el territorio nacional o en las zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de la nación, originados en el territorio o zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o en zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado;

IV. La atención de los asuntos que, originados en el territorio nacional o las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de la nación afecten el equilibrio ecológico del territorio o de las zonas sujetas a la soberanía o jurisdicción de otros Estados, o a las zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier Estado;

Por lo que no solo es ineludible su responsabilidad con el particular que motiva la proposición con punto de acuerdo, sino de igual forma procurar conducirse con la verdad ante la población afectada y aclarar con la mayor puntualidad las causas que han originado esta contingencia ambiental.

Toda vez que la veracidad de esta información será de vital importancia para las comunidades afectadas y les permitirá regresar con la mayor oportunidad a sus labores habituales.

De igual forma y destacando la instalación del Comité Técnico Consultivo para el Manejo y la Conservación del Manatí en la década de 1990, estos esfuerzos no deben suprimirse o aislarse por lo que esta soberanía exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para compartir la información sobre el estado que guarda este comité.

Es por lo antes expuesto y de acuerdo a los artículos expresados en el proemio, que se presenta ante esta honorable soberanía el siguiente.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que informe el estado que guarda la contingencia ambiental acaecida en los cuerpos acuíferos de los municipios de Centla, Jonuta y Macuspana, por la que han sido afectadas diversas comunidades en la salud de sus habitantes y han muerto ejemplares de especies en peligro de extinción, destacando decenas de manatíes; exponiendo con claridad las causas que han originado la contingencia, las acciones de prevención y reparación del daño, así como las probables sanciones por el daño ambiental.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dentro de la comparecencia del Sexto Informe de Gobierno, a que proporcione los datos relativos al Comité Técnico Consultivo para la Conservación y el Manejo del Manatí, detallando el estado que guarda su hábitat en referencia a la contaminación por agentes químicos residuales de las actividades humanas.

Notas

1 Pablo-Rodríguez, N, & Olivera-Gómez, LD. (2012). Situación de una población aislada de manatíes Trichechus manatus (Mammalia: Sirenia: Trichechidae) y conocimiento de la gente, en una laguna urbana, en Tabasco, México . Universidad y ciencia, 28(1), 15-26. Recuperado en 21 de agosto de 2018, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-29 792012000100002&lng=es&tlng=es

2 Ortega-Argueta, A., & Castelblanco-Martínez, D. (2018). Is captive breeding a priority for manatee conservation in Mexico? Oryx, 1-8. doi:10.1017/S0030605317001697

3 Plan de Manejo Regional para el Manatí de las Indias Occidentales, 2010, Programa Ambiental del Caribe, Kingston Jamaica. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a los cuatro días del mes de septiembre de 2018.

Diputado Sergio Mayer Bretón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a atender el fenómeno de feminicidios en la entidad, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz a que atienda de manera pronta, expedita y diligente, el fenómeno del feminicidio en la entidad, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La violencia contra las mujeres y las niñas ha sido un fenómeno generalizado y sistemático que se encuentra presente tanto en México como en el resto del mundo. Se trata de un fenómeno que ha sido calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una pandemia porque en el planeta, uno de cada tras mujeres ha sido golpeada, violada o abusada sexualmente.1

Esta grave situación atenta contra los derechos humanos de las mujeres que se encuentran relacionados con la dignidad humana, la libertad, el libre desarrollo de su personalidad, la seguridad, el patrimonio entre muchos otros. A la par, la denominada violencia feminicida atenta directamente a la vida.

Así, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 21 define la violencia feminicida de la siguiente forma:

Artículo 21. Violencia feminicida: Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal.

De acuerdo con los principios establecidos en la referida Ley General de Acceso, la violencia feminicida constituye una de las acciones más lesivas de los derechos humanos, porque se encuentra directamente relacionado con los feminicidios, es decir, con aquellos homicidios dolosos cometidos en contra de mujeres por razones de género.

Si bien se han emprendido importantes políticas públicas que buscan proteger la situación de las mujeres en el país, lo cierto es que el fenómeno del feminicidio se ha transformado en un auténtico problema de seguridad pública.

Se destaca sobre todo la situación de Veracruz por ser especialmente preocupante; esta entidad federativa concentra el mayor número de muertes violentas de mujeres a nivel nacional con un total de 79 feminicidios y 137 homicidios dolosos cometidos contra mujeres en 2017.2

Adicionalmente, los municipios de Veracruz, Xalapa, Córdoba, San Andrés Tuxtla, Poza Rica de Hidalgo, Yanga, Río Blanco, Mocorito, Tezonapa, Huatusco, Misantla, Pánuco, Martínez de la Torre y Tuxpan se ubican en la lista de los 100 municipios con mayor número de feminicidios en México; lo cual posiciona al estado de Veracruz, como la entidad federativa que cuenta con el mayor número de municipios considerados en la referida lista.3

Se destaca además que dicha entidad federativa es la única que cuenta con dos alertas por fenómenos distintos de violencia contra la mujer. Además del feminicidio, Veracruz tiene una alerta de Violencia de Género por agravio comparado, es decir que la legislación, la política del estado y las actuaciones de las y los funcionarios públicos fomentan la desigualdad, discriminación y atentan contra los derechos humanos de las mujeres reconocidos en México. En este respecto, el grupo de trabajo concluyó que “en el estado de Veracruz se encuentra obstaculizado el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”.4

Adicionalmente, en lo que va del año 2018 la Fiscalía General del estado ha reportado 36 feminicidios; sin embargo, de acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres, existen 22 muertes violentas de mujeres que pueden ser tipificadas como feminicidio y que la Fiscalía ha clasificado como homicidio doloso.

Al respecto, se advierte un grave problema en el marco de la investigación y la sanción de los delitos cometidos contra mujeres, en especial el feminicidio. Esto es porque el tipo penal no se está clasificando de manera correcta, a la par que los altos índices revelan deficiencias en los principios de prevención, atención y sanción en materia de violación de los derechos humanos de las mujeres.

Es importante referir que, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), es una obligación de las autoridades del estado aplicar el principio de debida diligencia en el marco de la investigación de los delitos de violencia contra la mujer. Las sentencias de González y otras vs. Estado mexicano (Campo Algodonero) y los casos Inés Fernández Ortega 5 y Valentina Rosendo Cantú ,6 establecen la imperante necesidad de proteger los derechos a la vida, la integridad, la libertad y el acceso de la justicia de las mujeres. En tales sentencias se advierte la obligación de las fiscalías de investigar la violencia feminicida.

A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las sentencias de la Corte IDH son obligatorias para México, en Veracruz no se han emprendido acciones contundentes que permitan atender el fenómeno del feminicidio; por el contrario, la cifra de asesinatos continúa incrementándose, a la par que la investigación de los delitos sigue siendo lenta, tortuosa y sin resultados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del estado de Veracruz para que atienda de manera pronta, expedita y diligente, el fenómeno del feminicidio en la entidad.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. Violencia contra la Mujer. Sala de Prensa (en línea) Noviembre

de 2017, publicado en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/

2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género. México: SESNSP, 2018.

3 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género. México: SESNSP, 2018.

4 Conavim. Informe de Alerta de Violencia de Género para el Estado de Veracruz por Agravio Comparado, México: Conavim, 2017.

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Fernández Ortega y otros vs. México, Sentencia de 30 de Agosto de 2010.

6 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, Sentencia de 31 de Agosto de 2010

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de dos mil dieciocho.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, que exhorta a la Semarnat, la Profepa y el gobierno de Sonora a difundir un informe detallado sobre la atención y el seguimiento de los efectos del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, a cargo de la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Lorenia Iveth Valles Sampedro, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, numeral 1, de los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hace más cuatro años un auténtico desastre ecológico provocó alarma nacional. El 6 de agosto de 2014, México sufrió el mayor desastre ambiental en la historia de su industria minera: el derrame de 40 mil metros cúbicos, en los ríos Sonora y Bacanuchi, de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados, dañinos para la salud y los ecosistemas. Estas sustancias provinieron de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, perteneciente a la empresa Grupo México. El mismo consorcio es responsable del accidente en Pasta de Conchos, Coahuila, que provocó la muerte de 65 trabajadores en la mina 8, en 2006.

La descarga de lixiviados mineros con arsénico, níquel, fierro, cobre, cadmio, manganeso y aluminio afectó a por lo menos 22 mil personas de 7 municipios aledaños a los ríos Sonora y Bacanuchi: San Felipe, Arizpe, Aconchi, Banamichi, Ures, Baviácora y Hermosillo.1 Los daños y riesgos que detectó un estudio para la población de zonas aledañas son: alimentos con altas concentraciones de sustancias cancerígenas, fauna silvestre contaminada, mortalidad de árboles y la posibilidad de que más del 70% de los niños del municipio de San Felipe de Jesús tuvieran niveles de plomo en la sangre superiores a 10 microgramos por decilitro.2

El 8 de agosto de 2014, dos días después del derrame, la empresa dio aviso vía telefónica a la autoridad federal, asegurando que el percance fue consecuencia de las “lluvias por arriba de la media ”. Sin embargo, al realizar una visita técnica in situ , la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) declaró que “el derrame se ocasionó por la falla en el amarre de un tubo de polietileno (tubi?cación) en una de las piletas de lixiviados y por la falta de una válvula en la pileta de demasías, imputable a la empresa”.3

La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) inició un procedimiento para sancionar a la mina Buenavista del Cobre y ordenó a la empresa la aplicación de un plan de remediación total. Entre las acciones implementadas se encuentra la neutralización del ácido sulfúrico por medio de cal, realizar el monitoreo de agua super?cial y subterránea dos veces al mes durante cinco años y le ordenó eliminar los bordos y represas emergentes cuando termine la contingencia, así como la evaluación de daños ambientales y remediación de los mismos.

Por su parte, Greenpeace México se unió a las exigencias de las comunidades afectadas en Sonora y demandó se cumpliera a cabalidad el compromiso de la empresa Grupo México y el gobierno para una verdadera remediación que incluyera:

• Reconocimiento total por parte de la empresa sobre las afectaciones socio-ambientales de este derrame a los siete municipios aledaños a la zona del vertido.

• Saneamiento completo de la Cuenca, con el fin de que el agua del río y los pozos pueda volver a ser usada para riego y consumo humano, así como para el equilibrio ecológico.

• Reparación de los daños ambientales, de salud y socioeconómicos ocasionados por la fuga de contaminantes; aun si algunas consecuencias aparecieran años después, como puede ser el caso de la salud.

• Transparencia y acceso público sobre la información derivada de los muestreos y de las medidas acordadas y acciones de la empresa y el gobierno.

• Un plan de contingencia ambiental y de salud para posibles afectaciones a mediano y largo plazo.

• El cierre inmediato y permanente de la planta minera Buenavista.

• Inspecciones al resto de instalaciones de Grupo México, a fin de evitar futuros accidentes en otras regiones del país.

Los agricultores y ganaderos sufrieron enormes pérdidas económicas además de los daños a la flora y la fauna en la región. Los agricultores que habitan Bacanuchi y Arizpe ya no siembran frijol, chile verde y maíz; incluso los productores de queso en Baviácora tampoco elaboran este alimento porque los clientes dejaron de comprarlos por el temor de que estén contaminados con los metales tóxicos derramados en los ríos.4 Por si fuera poco, se ha violado el derecho humano al agua a los habitantes de la región afectada, toda vez que el deterioro de la calidad del vital líquido impide el consumo humano y su uso en las actividades productivas.

De acuerdo con el informe “Derrame de Sulfato de Cobre en el Río Bacanuchi, afluente del Río Sonora ”, luego del derrame, la Profepa revisó que la minera de Grupo México estuviera en cumplimiento de nueve permisos de impacto ambiental otorgados y de la NOM 159, que establece los requisitos de protección ambiental de los sistemas de lixiviación de cobre. Así mismo, se inició un juicio de Responsabilidad Ambiental para la reparación de los daños con: una multa de aproximadamente 40 millones de pesos, reparación equivalente a los efectos adversos ocasionados por el daño y en su caso la compensación, revisión exhaustiva por la Profepa, de todos los centros de producción de la empresa y muestreo y análisis de suelos en 22 sitios sobre el cauce seco del Arroyo Tinajas.

A cuatro años de esta tragedia, el gobierno federal la califica como el “peor desastre ambiental en la historia minera de México ”. Sin embargo, no se han cumplido las principales promesas del Fideicomiso 80724 Río Sonora5 que crearon la administración de Enrique Peña Nieto, Grupo México y la Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, a fin de resarcir los daños ambientales, económicos y de salud. Por esta razón, los habitantes de 24 comunidades de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, San Felipe, Baviácora y Ures exigen justicia y reparación del daño.

Julieta Lamberti, de la organización civil Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), asegura que “es una gran deuda del gobierno de Enrique Peña Nieto: la administración hizo responsable a la empresa de dientes para afuera, pero a la hora de la hora no cumplió ”.6

El 2 de febrero de 2017, sin consultar al Comité de Cuenca Río Sonora (CCRS) que desde 2014 arropó a parte de los afectados por el desastre ambiental y con al menos dos juicios de amparo en proceso de resolución, el Fideicomiso 80724 cerró. Los hizo sin transparentar los recursos, ni cumplir los compromisos para la remediación de los daños ocasionados por el derrame. Entre estos últimos estaba la creación de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (UVEA), que se encargaría de remediar el daño causado por Grupo México atendiendo por 15 años a los afectados con daños en la salud y realizaría pruebas de toxicidad del ambiente hasta 2029. Se destinaron 78 millones 885 mil 290 pesos a las acciones de atención y seguimiento médico de la UVEA, pero actualmente el edificio ubicado en el municipio de Ures está en obra negra y vandalizado.

Al inicio de la emergencia se prometieron 36 potabilizadoras de agua y sólo se instalaron cinco (en Arizpe, Baviácora y Ures, más dos móviles). Prometieron reubicar los pozos que abastecen agua potable y tampoco lo cumplieron. Se realizaron pagos únicos a los afectados por tomas de agua potable y actividades productivas; resarcimiento inequitativo que solamente benefició a prominentes productores y políticos por estar inscritos dentro del programa de fomento ganadero (PROGAN).7 Asimismo, se entregaron tinacos con mala estructura y fueron abastecidos con agua contaminada.8

Fue en julio de 2017, cuando los habitantes de la zona afectada se enteraron que el dinero del fideicomiso se había acabado y también que Grupo México no aportaría más recursos, bajo la justificación de que la reparación de daños ya había concluido.

El derrame en el río Sonora es solo la punta del iceberg de la contaminación tóxica de los ríos mexicanos. De acuerdo con la Conagua, el 70 por ciento de los ríos nacionales presentan algún grado de contaminación, pero poco o nada se está haciendo para revertirlo y mucho menos para prevenirlo.9

La actividad minera en México, que tan altos réditos le deja a las empresas mexicanas y canadienses, no puede seguir realizándose sin un compromiso con la sustentabilidad ambiental y con la dignidad de los trabajadores mineros y los habitantes de las zonas afectadas por esta industria.

El accidente reciente ocurrido en la zona otomí de Hidalgo, al derrumbarse material pétreo en una mina de mármol, provocó 3 muertos, entre ellos, un joven de apenas 18 años que tenía solo un mes de estar trabajando en esta mina.

Estas tragedias, junto con lo ocurrido en Pasta de Conchos muchos otros ejemplos, es un claro llamado de atención para frenar la impunidad de los responsables de estos graves accidentes.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Secretaría del Medio Amiente y Recursos Naturales, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y al titular del Poder Ejecutivo del estado de Sonora, para que, a través del principio de transparencia y máxima publicidad, publiquen un informe detallado sobre la atención y seguimiento a los efectos del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del cobre, propiedad de Grupo México, que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi el pasado 6 de agosto de 2014. Dicho informe tendrá como finalidad informar a la población sobre las sanciones, la medida en que se resarcieron los diferentes tipos de daños generados por el derrame y los riesgos a la salud que actualmente puedan existir a causa de la actividad de la empresa minera.

Notas

1 Greenpeace México: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Noticias/2014/Agosto/Desastre-en-So nora-La-gran-tragedia—-La-gran-amenaza/

2 Animal Político: https://www.animalpolitico.com/2017/08/derrame-rio-sonora-estudio/

3 Proceso: https://www.proceso.com.mx/380541/multaran-con-40-mdp-a-minera-de-grupo -mexico

4 Uniradio noticias:
https://www.uniradionoticias.com/noticias/sonora/534821/
abandonan-su-fuente-de-trabajo-por-contaminacion-de-rio-sonora.html

5 Semarnat: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/fideicomiso-rio-sonora

6 Proceso: https://www.proceso.com.mx/545819/sonora-cuatro-anos-de-maldicion-miner a

7 Sagarpa:
https://www.gob.mx/sagarpa/acciones-y-programas/componente-progan-productivo-2018

8 El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/estados/rio-sonora-en-el-abandono-4-anos- del-derrame-toxico

9 Animal Politico: https://www.animalpolitico.com/2017/07/acuiferos-contaminados-informe/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.

Diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chihuahua a fortalecer su estrategia de seguridad pública y la coordinación con los ayuntamientos y el gobierno federal ante el clima de inseguridad que se vive en el estado, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al gobierno del estado de Chihuahua, para que fortalezca su estrategia de seguridad pública y la coordinación con los ayuntamientos y el gobierno federal, ante el clima de inseguridad que se vive en la entidad, a fin de garantizar la tranquilidad de los chihuahuenses y no se ponga en riesgo el acceso a servicios básicos como salud y educación, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La incidencia delictiva en el estado de Chihuahua ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos meses, actualmente la entidad es una de las más inseguras del país. Muestra de esta situación es que hasta el pasado mes de junio de 2018 se habían denunciado 41 mil 194 delitos, cifra superior a las registradas en los primeros 5 meses del año anterior.

Por su parte el Semáforo Delictivo, evidencia aumentos en los siguientes delitos: feminicidios 3 mil 200 por ciento, secuestros de 200 por ciento, homicidios 19 por ciento, robo de vehículos 17 por ciento, lesiones 8 por ciento y violaciones 10 por ciento, principalmente.

Entre los municipios más afectados se encuentra Juárez, Parral, Cuauhtémoc, Chihuahua y la región serrana, la cual se caracteriza por una constante disputa de los grupos delictivos por el control en la producción, comercialización y distribución de estupefacientes.

Particularmente en la sierra Tarahumara se ha denunciado una grave problemática relacionada con el robo de madera, la tala ilegal y la interrupción de servicios básicos como educación, salud y telecomunicaciones. En este sentido, sólo la Secretaría de Salud estatal ha informado que mantiene por lo menos 60 plazas vacantes que no han sido ocupadas por el temor a los impactos negativos generados por el crimen organizado.

Ante esta situación la Fiscalía General de la entidad, la Secretaría de Salud, la Universidad Autónoma de Chihuahua y otras instituciones educativas de educación superior tomaron el acuerdo de no enviar pasantes o estudiantes a los municipios serranos tales como Camargo, debido a que no se garantiza su seguridad y por lo tanto, se vulnera su integridad y vida.1

En lo que va de este 2018, por esta problemática y la poca atención del gobierno del estado se ha cerrado varios centros y unidades de salud, quebrantando el derecho a la salud de la población.

Los servicios educativos también se han visto afectados, particularmente porque los docentes no tienen garantizado condiciones de seguridad para ellos, para el personal administrativo y directivo, así mismo para los alumnos y jóvenes que asisten a la escuela.

Sólo en el 2017, según reportes de la Secretaría de Educación y Deporte del gobierno del estado de Chihuahua, al menos 192 centros escolares entre preescolares, primarias y secundarias cerraron sus puertas por la inseguridad, vulnerando así uno de los derechos humanos fundamentales para nuestras niñas, niños y adolescentes.

Otro sector perjudicado es el maderero ya que la tala clandestina y el robo de madera se ha incrementado principalmente en municipios como Parral, Madera y Delicias.2 Lamentablemente, los dueños de negocios de la industria son constantemente amedrentados y amenazados por los delincuentes para adquirir estos productos de dudosa procedencia.

Este clima de inseguridad e incertidumbre, también se ha reflejado en la falta de inversión en la zona y en las carencias de servicios básicos, no obstante, también ha mermado otras actividades estratégicas tal es el caso de las telecomunicaciones, ya que a decir del Instituto Federal de Telecomunicaciones en por lo menos 5 mil 644 localidades existe sólo el 43 por ciento de cobertura celular.3

El desarrollo económico de la región se ha visto afectado, por lo que muchas familias se encuentran en pobreza, marginación y exclusión social. A pesar del número de transgresiones y denuncias, el gobierno del estado se ha mantenido indiferente ante este panorama que exige la participación decidida y coordinada entre las instituciones de seguridad pública y el involucramiento de las áreas de procuración de justicia.

Bajo estas consideraciones, en el Grupo Parlamentario del PRI consideramos que es urgente el fortalecimiento de la estrategia de seguridad en el estado de Chihuahua, con el objeto de garantizar la seguridad de la ciudadanía y su patrimonio. El desarrollo de las comunidades no debe estar sujeta a la voluntad de las autoridades, por el contrario, deben trabajar de manera coordinada para asegurar la paz social, proteger el patrimonio de las personas y recuperar el tejido social.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Chihuahua a que fortalezca su estrategia de seguridad pública y la coordinación con los ayuntamientos y el gobierno federal, ante el clima de inseguridad que se vive en la entidad, a fin de garantizar la tranquilidad de los chihuahuenses y no se ponga en riesgo el acceso a servicios básicos como salud y educación.

Notas

1 Paloma Sánchez y Ricardo Holguín. (2018). “Cárteles en Chihuahua afectan la economía y la salud”. 03/09/2018, de El Sol de Puebla Sitio web:

https://www.elsoldepuebla.com.mx/republica/justicia/cart eles-en-chihuahua-afectan-la-economia-y-la-salud-1957308.html

2 Ricardo Holguín. (2018). Obligan narcos a muebleros a comprar madera ilegal. 03/09/2018, de El Heraldo de Chihuahua Sitio web:
https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/obligan-narcos-a-muebleros-a-comprar-madera-ilegal-1954587.html

3 El Diario de Chihuahua. (2018). “Enfrenta la sierra rezago en telecomunicaciones”. 03/09/2018, Sitio web: http://eldiariodechihuahua.mx/Estado/2018/08/19/enfrenta-la-sierra-reza go-en-telecomunicaciones/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 4 de septiembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los integrantes del Congreso de la Unión a hacer visibles a las juventudes en la legislación nacional, suscrita por los diputados Lidia Nallely Vargas Hernández y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, Lidia Nallely Vargas Hernández y Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, diputados federales a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a los integrantes del Congreso de la Unión a que se visibilice a las juventudes en la legislación nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Aproximadamente uno de cada cuatro mexicanos es joven, es decir, 25.7 por ciento (30.6 millones) de la población total está conformada por personas de 15 a 29 años.1 Este grupo poblacional es fundamental para la dinámica social y desarrollo del país. En gran medida, la respuesta a las principales problemáticas sociales, tanto en el presente como en el futuro, están en manos de nuestros jóvenes.

Más allá del poder que la juventud tiene para transformar nuestras sociedades, los estados están obligados a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y brindar igualdad sustantiva de oportunidades a todos de los sectores de la población. Es decir, la atención de este segmento de la población, no sólo se encuentra en el interés de todos por lo que implica para el desarrollo sino que responde a principios de justicia elementales a cuyo cumplimiento están obligados los estados.

A pesar de lo hasta aquí mencionado, en nuestro país se tiene una deuda histórica con los diversos subconjuntos sociales que conforman el mundo juvenil (las juventudes). De acuerdo a expertos y organizaciones de la sociedad civil, se han perdido al menos tres o cuatro sexenios en los que las juventudes no han sido suficientemente incluidas, inclusive se les ha marginado o excluido, de múltiples políticas públicas y derechos.2 Esto se refleja en las desventajas y desigualdades que enfrentan:

• Rezago educativo. Solo uno de cada tres jóvenes asiste a la escuela. Todavía el día de hoy en nuestro país: 1.2 por ciento son analfabetos y 2.8 por ciento son analfabetos funcionales (tienen tres años o menos de educación básica). Además, 3.9 por ciento de las personas de 25 a 29 años no han concluido la primaria.3

• Exclusión de la educación media superior y superior. De los jóvenes de 25 a 29 años, solo 25 por ciento cuenta con al menos un año de bachillerato y menos de 28 por ciento cuenta con al menos un año de educación superior.

• Falta de oportunidades laborales. La tasa de desempleo de los jóvenes es casi del doble que la del conjunto de la población (Datos al 2017).4 Además, aproximadamente 61 por ciento se encuentra en la informalidad.

• Jóvenes sin oportunidades de educación y sin oportunidades de empleo. Aproximadamente a 4 millones de jóvenes se les niegan estas oportunidades según el Inegi.5 De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el problema es mucho más grave pues señala que aproximadamente 22 por ciento de los jóvenes se encuentra en esta situación.6

• Pobreza. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 44.3 por ciento de las personas de 12 a 29 años padecen pobreza. Esta cifra es ligeramente superior a la del conjunto de la población (43.6 por ciento).

• Discriminación. De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la discriminación es un tema prioritario pues cada vez más jóvenes son discriminados por situaciones como: condición social, apariencia física, la escuela donde estudiaron, el lugar donde viven, o incluso sus publicaciones en redes sociales.7

• Población con discapacidad. 2.2 por ciento de los jóvenes presenta alguna discapacidad. Ellos enfrentan barreras sociales y de actitudes así como insuficientes oportunidades para lograr bienestar.8

Esta información nos indica que se les ha negado el futuro a los jóvenes. Siendo el inicio de la Legislatura LXIV, será fundamental que este Congreso del Unión tenga una perspectiva incluyente hacia los y las jóvenes de todos los grupos sociales. En otras palabras, es necesario visibilizar a las juventudes en la legislación nacional.

En este orden de ideas, de gran apoyo puede resultar que nos guiemos por recomendaciones de académicos y expertos de organizaciones de la sociedad civil para el cumplimiento de los derechos de las juventudes. Por ejemplo, siguiendo recomendaciones de instancias como el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes de la Organización de Naciones Unidas, valdrá la pena realizar una labor legislativa que considere su diversidad, características, necesidades y demandadas. Las nuevas leyes o reformas deben ser la base de políticas, mecanismos y capacidades nacionales para aumentar la cantidad y calidad de oportunidades que permitan la participación de los jóvenes en la sociedad y para que de esta manera puedan lograr mayor bienestar.9 Las juventudes de México serán las constructoras de la transformación de México.

Por lo expuesto y fundado, solicitamos a esta soberanía sea aprobado el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los todos los legisladores integrantes del Congreso de la Unión a que se visibilice a las juventudes en la legislación nacional considerando su diversidad, características, necesidades y demandadas. Las nuevas leyes o reformas deberán ser la base de políticas, mecanismos y capacidades nacionales para aumentar la cantidad y calidad de oportunidades que permitan la participación de los jóvenes en la sociedad y para que de esta manera puedan lograr mayor bienestar.

Notas

1 Inegi (2017). Estadísticas a propósito del Día Internacional de la Juventud. México: INEGI. Recuperado de:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/juv entud2017_Nal.pdf

2 Tere Lanzagorta, representante de YouthBuild International México en Ramírez, J (2018). México tiene sexenios perdidos en materia de juventud, reclaman expertos. ADNPolítico. Recuperado de: https://adnpolitico.com/sociedad/2018/08/29/sexenios-perdidos-en-materi a-de-juventud-reclaman-expertos

3 Inegi (2017). Op. cit.

4 Datos del primer trimestre del2017: la tasa de desocupación entren jóvenes fue de 6% y entre el conjunto de la población de 3.1%. Inegi (2017). Op. Cit.

5 Datos de la Encuesta Nacional de Educación y Empleo (ENOE) elaborada por el INEGI, último trimestre de 2017. En Rodríguez, D. (2018). “Ninis” en México: una radiografía de los jóvenes que no estudian ni trabajan. El País. Recuperado de: https://verne.elpais.com/verne/2018/02/02/mexico/1517594700_019834.html

6 OCDE en Langner, A. (2016). 22% de los jóvenes en México son “ninis”: OCDE. El Economista. Recuperado de: https://www.eleconomista.com.mx/politica/22-de-los-jovenes-en-Mexico-so n-ninis-OCDE-20161005-0120.html

7 Conapred en Redacción Animal Político (2018). La realidad de la juventud en México: pobreza, discriminación e incumplimiento de sus derechos. Animal Político. Recuperado de: https://www.animalpolitico.com/2018/08/dia-de-la-juventud-pobreza-discr iminacion/

8 Ibídem.

9 Con base en Programa de Acción Mundial para los Jóvenes de la Organización de Naciones Unidas (S.F.). Acciones para Jóvenes. ONU. Recuperado de:

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.

Diputados: Lidia Nallely Vargas Hernández, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno (Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a actuar de forma efectiva para frenar la ola de violencia de las últimas semanas en la entidad, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a actuar de forma efectiva para frenar la ola de violencia de las últimas semanas en la entidad, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Guanajuato vive una ola de violencia sin precedente en la historia de la entidad, la cual atenta contra la paz y el orden de la sociedad, así como la integridad y patrimonio de la población en general.

Con la finalidad de dimensionar este grave problema público, basta señalar que de acuerdo con diversos medios de comunicación, tan sólo en los últimos cinco días del mes de agosto se registraron 58 homicidios, entre los que se encuentran mujeres y niños, en diversos hechos ocurridos en su mayoría en municipios del sur de la entidad.1

Empero, la situación de violencia e inseguridad que prevalece no es reciente. Desde el inicio de la actual administración del gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, el número de delitos cometidos ha aumentado de manera sistemática, generando una situación de miedo e incertidumbre entre las familias guanajuatenses.

Ello ha ocurrido no obstante que el gobierno estatal estableció el tema de la seguridad pública como uno de los pilares de su programa institucional planteados en el Programa de Gobierno 2012-2018.2

Una de las principales medidas fue la puesta en marcha en 2014 del Programa Integral de Seguridad Escudo, como el programa más innovador en materia de seguridad y prevención, con un despliegue de recursos humanos, financieros y tecnológicos sin precedente en la entidad.

A la empresa Seguritech se le pagaron más de 2 mil millones de pesos por la instrumentación de tal programa, aunque hasta nuestros días no se conoce información precisa del mismo, toda vez que se encuentra reservada.

Fueron instalados 124 arcos carreteros a lo largo y ancho del territorio estatal con la meta de blindar las fronteras y lectores para la identificación de frecuencia vehicular, se colocaron más de 320 kilómetros de fibra óptica. Asimismo, se reforzó con 2 mil 700 dispositivos como cámaras de video, lectores de placas, radiofrecuencia y vehicular, la vigilancia para disuadir la acción de la delincuencia e identificar de forma inmediata incidentes delictivos.3

Considerando que una estrategia es evaluada por los resultados obtenidos, se puede concluir que pese a las amplias expectativas que generó el programa Escudo, el balance es negativo, demostrando su ineficacia, ineficiencia y nula transparencia en cuanto al uso de los recursos públicos destinados a cumplir el propósito para el cual fue diseñado e implementado.

En este contexto, a pocos días de concluir la actual gestión estatal, es pertinente realizar un ejercicio retrospectivo en materia de seguridad pública. Con base en la información disponible, es posible aseverar que hay una tendencia creciente de la violencia, que demanda una intervención pública urgente.

En efecto, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se observa un aumento anual sostenido de la incidencia delictiva durante el presente gobierno del estado.

Para poner en perspectiva esta situación, cabe señalar que al cierre de 2017 el número de delitos cometidos ascendió a 117 mil 857, cifra que representa un aumento de 10.9 por ciento con respecto a 2016 y de 46.2 por ciento con relación a 2013.4 Lo anterior, significa que se cometieron 323 delitos cada día durante el año pasado.

El total de delitos cometidos aumentó en 11 mil 592 y 37 mil 235 más con respecto a 2016 y 2013, respectivamente. Tan sólo en diciembre pasado, se registraron 9 mil 710 delitos, lo que significa un aumento de 7.3 por ciento con relación al mismo mes del año inmediato anterior y 31 por ciento con respecto a diciembre de 2013.

Por su impacto en la sociedad y las familias, es de destacar el crecimiento, en términos absolutos y relativos, de los homicidios dolosos, los cuales han aumentado de manera sistemática, al pasar de 641 en 2013 a mil 96 en 2017, es decir, un aumento de 71 por ciento durante esos cinco años. De esta manera, la tasa de homicidio por cada 100 mil habitantes creció de 11.21 en 2013 a 18.55 al 31 de diciembre del año pasado.

Sin embargo, la ola de violencia no cesa en la entidad, cobrando la vida de cientos de personas y, en algunos casos, inclusive de familias enteras. Entre enero-julio de 2018, se registraron 77 mil 590 delitos, cifra superior en 17.1 por ciento con relación a igual periodo del año previo. Ello significa que durante los primeros siete meses del año en curso se cometieron 366 delitos cada día.

Mientras que los homicidios dolosos más que se duplicaron, al aumentar de 611 a mil 427, en igual periodo enero-julio de 2017 y 2018, respectivamente, lo que representa un aumento de 134 por ciento, es decir, 816 más.

Según medios de comunicación, en los 243 días que van de 2018 el promedio de asesinatos diario sería de 8.8, el más alto históricamente, por lo que este año será ya el año más violento en la entidad.

La violencia se concentra en Irapuato, León, Pénjamo, Salamanca, Salvatierra, Apaseo El Alto, Apaseo El Grande, Valle de Santiago, Celaya, Acámbaro y Silao, principalmente.

De esta manera, a escala nacional, Guanajuato ocupó el segundo lugar en homicidios dolosos durante los primeros siete meses del 2018, tan sólo superado por Baja California, que sumó mil 564 casos.

Aunado a lo anterior, Guanajuato es la entidad donde más policías han asesinado; 90 por ciento están vinculados con el crimen organizado; además han muerto 12 estatales, por lo que la entidad encabeza la lista negra en estos casos, según una publicación realizada por un diario de circulación nacional.5

Con los acontecimientos ocurridos en recientes días, las tasas de homicidios continuarán sumándose a las cifras oficiales en lo que resta de la actual administración, ubicando a la entidad como una de las más inseguras del país, situación diametralmente contraria al objetivo planteado desde el inicio de la actual gestión estatal.

La entidad enfrenta, pues, una ola de violencia creciente que no tiene parangón, en perjuicio de la tranquilidad, integridad y patrimonio de la población lo que, indudablemente, es indicativo del fracaso de la estrategia en materia de seguridad pública implementada a lo largo del presente gobierno.

Ante este panorama, resulta necesario y urgente que el gobierno del estado de Guanajuato actúe con mayor eficacia, con el objeto de frenar la creciente inseguridad que impera en la entidad, a fin de restituir la paz y el orden, así como salvagurdar la integridad de la población en general.

La seguridad pública constituye la principal función del Estado mexicano en virtud de que de ella depende la tranquilidad, estabilidad y bienestar de la población, aspectos imprescindibles para el óptimo desarrollo, individual y colectivo, de los guanajuatenses.

Los expertos en el tema coinciden en que respetar el estado de derecho y tener índices bajos de criminalidad son factores decisivos para la prosperidad económica y el bienestar social.6

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece a la letra que: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

El artículo 11 de la Constitución Política del estado de Guanajuato señala que: “La seguridad pública es una función a cargo del estado y los municipios, que la seguridad pública es una función a cargo del estado y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución”.7

Por su parte, artículo 77, fracción IV, de la misma Constitución señala que el gobernador del estado debe procurar la conservación del orden, y vigilar la tranquilidad y la seguridad del estado.

El artículo 3o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del estado de Guanajuato señala que la seguridad pública es una función a cargo del estado y sus municipios orientada a la consecución de los siguientes fines:

I. Salvaguardar los derechos humanos y sus garantías, la preservación del orden y la paz pública;

II. Disminuir y contener la incidencia delictiva, identificando sus factores criminógenos;

III. Orientar e informar a las víctimas y ofendidos del delito, buscando además que reciban una atención adecuada y oportuna por parte de las instituciones correspondientes;

IV. Optimizar la labor de las instituciones policiales en el combate a la delincuencia, las conductas antisociales, la prevención y control del delito y de las infracciones administrativas, de tal forma que haga posible abatir la incidencia delictiva en el estado;

V. Lograr la plena reinserción social de los sentenciados y la reintegración social de los adolescentes;

VI. Promover que los ciudadanos y la población en general incrementen su confianza en las instituciones que realizan tareas de seguridad pública;

VII. Fomentar la participación social activa en materia de seguridad pública.8

Con base en la normatividad estatal vigente, es posible concluir que existe una responsabilidad directa de las autoridades estatales correspondientes sobre la creciente ola de violencia que prevalece en distintos municipios de la entidad, y de la cual el gobernador ha sido omiso, en virtud de no garantizar el derecho fundamental de la seguridad a toda la población.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a actuar de forma efectiva para frenar la ola de violencia de las últimas semanas en la entidad.

Notas

1 http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/alerta-en-guanajuato-58-muer tos-en-6-dias

2 http://www.programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

3 http://noticias.guanajuato.gob.mx/2014/04/
pone-en-marcha-el-gobernador-miguel-marquez-marquez-el-programa-de-seguridad-escudo/

4 http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2018.pdf y
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2017.pdf

5 http://www.milenio.com/policia/guanajuato-donde-mas-policias-han-asesin ado

6 https://www.oecd.org/mexico/Mexico%202012%20FINALES%20SEP%20eBook.pdf

7 http://www.congresogto.gob.mx/
leyes?utf8=%E2%9C%93&query=Constituci%C3%B3n+Pol%C3%ADtica+del+Estado+de+Guanajuato

8 https://portal.pgjguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Archivo/normateca/ 88.pdf

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los cuatro días de septiembre de dos mil dieciocho.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas de Oaxaca, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena

María del Carmen Bautista Peláez, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional a LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 76, numeral 4; 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, relativo a las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del estado de Oaxaca al tenor de las siguientes

Consideraciones

A través de diversos medios de comunicación, el martes 28 de agosto se dio a conocer a la opinión pública la inusitada mortandad de más de 300 tortugas de las especies golfina y laúd frente a las costas de Oaxaca. La información destacó que “a 3 millas náuticas, frente a la Barra de Santa María Colotepec, cientos de tortugas marinas fueron encontradas muertas al quedar atrapadas en mallas de pesca”.i

El hallazgo motivó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNANP), órganos desconcentrados de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, mismas que, en el ámbito de su competencia, se dieron a la tarea indagar las causas y circunstancias de la mortandad de las especies protegidas, tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y tortuga laúd (Dermochelys coriácea).

De acuerdo con el comunicado de Profepa, del 28 de agosto de 2018, determinó que la causa de la mortandad fue debido al enmallamiento de los ejemplares en redes prohibidas. Así puede leerse:

Determina Profepa que enmallamiento de más de 300 tortugas marinas fue con red prohibida de pesca ribereña en costas de Oaxaca

La Profepa atendió la mortandad de más de 300 tortugas marinas de nombre común golfina, las cuales se encontraban enmalladas en el mar frente a la Barra de Colotepec, jurisdicción del municipio de Santa María Colotepec, Distrito de Pochutla, Oaxaca.

+ Tipo de red donde quedaron atrapadas las tortugas es de pesca ribereña para atrapar pez ojoton, es decir, no es usada para la extracción de camarón o atún.

+ Profepa atiende mortandad de tortugas enmalladas; e investiga el caso para obtener información de los presuntos responsables.

+ Encuentra a los quelonios en avanzado grado de descomposición; la causa de la muerte fue por ahogamiento derivado de artes de pesca prohibidos.

+ Profepa y Conapesca entablaran comunicación con pescadores para concientizarlos por el no uso de redes prohibidas, mismas que afectan a especies marinas en riesgo.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendió la mortandad de más de 300 tortugas marinas de nombre común golfina (Lepidochelys olivacea), las cuales se encontraban enmalladas en el mar frente a la Barra de Colotepec, Jurisdicción del Municipio de Santa María Colotepec, Distrito de Pochutla, Oaxaca.

Personal de la Profepa, en coordinación con elementos la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), el Centro Mexicano de la Tortuga, la Universidad del Mar, pescadores y personal del Municipio de Santa María Colotepec, dieron atención a los reportes de los habitantes de la zona, por lo que se acudió al lugar e investigar el caso.

Por las características físicas externas en las que se encontraron a los quelonios, tales como el color y tamaño del caparazón de dichas tortugas marinas, se determinó que se trata tortugas marinas de nombre común “golfina” (Lepidochelys olivacea).

En el lugar ubicado en la coordenada 15°48’08.48” latitud norte y 96° 59’50.21” longitud oeste, jurisdicción del municipio de Santa María Colotepec, distrito de Pochutla, Oaxaca, se efectuó el entierro de más de 300 tortugas marinas. De acuerdo con los expertos en la materia, dichos quelonios tenían aproximadamente 8 días de haber fallecido dentro del mar, por ahogamiento, toda vez que estaban enredadas con mallas de pesca prohibidas de 120 metros de longitud aproximadamente y monofilamento nylon de 6 pulgadas.

Es importante resaltar que dichos ejemplares, al momento de la atención, se encontraban en avanzado estado de descomposición, y algunos ya fragmentados.

Por ello y para evitar focos de contaminación, las tortugas marinas fueron enterradas en dos fosas con medidas de 6 por 6 metros y 4 por 5 metros, con una profundidad de 2 metros cada uno, mismas que fueron excavadas con el apoyo una maquinaria pesada tipo retroexcavadora marca Caterpillar.

La especie de vida silvestre antes descrita se encuentran enlistada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, “Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio lista de especies en riesgo”, como en peligro de Extinción (P).

Asimismo, se encuentra enlistada en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y acuerdo por el que se establece veda para las especies y subespecies de tortuga marina en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como las del Océano Pacífico incluyendo el Golfo de California, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1990.

Cabe señalar que tanto la Profepa como la Conapesca harán recorridos por la zona y entablaran comunicación con los pescadores del lugar, a fin de concientizarlos sobre el no uso de redes prohibidas que afectan a las especies marinas en riesgo.

Con esto La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), refrenda su compromiso con la conservación y preservación de la fauna marina. Con el objeto de contar con más información se exhorta a la ciudadanía en general que aporte información que permita la identificación del presunto o presuntos responsables de la muerte de estas tortugas marinas, a fin de llevar a cabo las investigaciones correspondientes por parte de esta Procuraduría.ii

Las tortugas golfina y laúd son especies que se encuentran bajo veda por lo que está prohibida su captura, comercialización y aprovechamiento. De conformidad con el acuerdo por el que se establece veda para las especies y subespecies de tortuga marina en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como las del Océano Pacífico incluyendo el Golfo de California, publicado el 31 de mayo de 1990 en el Diario Oficial de la Federación, las arriba señaladas “constituyen un recurso natural que forma parte de la riqueza pública de la nación que el Estado tiene el deber de conservar para que su aprovechamiento rinda los mayores beneficios a la economía nacional”.

El régimen de protección en zonas protegidas, playas y santuarios lleva diversas acciones e instrumentos mismos que se señalan en el acuerdo citado anteriormente y que se puntualizan a continuación:

a) El establecimiento de campamentos tortugueros en las principales playas de arribazón durante los periodos de reproducción de las nueve especies y subespecies que desovan en territorio mexicano.

b) Disminución del universo de usuarios de estos recursos, reservados legalmente para su aprovechamiento a las sociedades cooperativas da producción pesquera desde 1972.

e) El establecimiento de un régimen de vedas parciales y totales por especie.

d) La declaratoria de dieciséis zonas de reserva y sitios de refugio ubicados en las costas del Golfo de México y Océano Pacífico para evitar el deterioro de las condiciones ecológicas del medio natural y la contaminación, tendentes a proteger en dichas zonas y en una franja marítima de cinco millas náuticas la reproducción y anidación de las tortugas marinas por decreto publicado el 28 de octubre de 1986 en el Diario Oficial de la Federación.

e) Adopción de esquemas de aprovechamiento para que comunidades pesqueras e indígenas tuvieran diversificación de actividades en relación con la explotación de recursos derivados de las especies protegidas de tortugas.

Este mismo acuerdo señala la veda total e indefinida para las especies de tortugas marinas existentes en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como las del Océano Pacífico incluyendo el Golfo de California denominadas: “tortuga golfina” (Lepidochelys olivacea) y “tortuga laúd” (Dermochelys coriacea), entre otras especies que se enlistan de forma exhaustiva.

El acuerdo citado establece las prohibiciones para las especies protegidas y, en caso de incidencias, cuáles deberían ser los protocolos a seguir en caso de que alguna de las especies fuera capturada por actividades y operaciones de pesca. Así se lee en los artículos segundo y tercero:

Artículo Segundo. Queda estrictamente prohibido extraer, capturar, perseguir y molestar o perjudicar en cualquier forma a todas las especies y subespecies de tortugas marinas en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México, Mar Caribe, Océano Pacifico y Golfo de California, así como en las playas de todo el territorio nacional donde arriben para desovar, al igual que destruir sus nidos y recolectar, conservar o comerciar sus huevos.

Artículo Tercero. Los ejemplares de cualquier especie de tortuga marina capturadas incidentalmente durante las operaciones de pesca comercial de otras diferentes, deberán ser devueltas al mar, independientemente de su estado físico, vivas o muertas, quedando en consecuencia prohibida su retención y transportación a bordo de las embarcaciones pesqueras.

A mayor abundamiento, la Semarnat ha publicado diversos Programas de Protección para la Conservación de la Especieiii entre los que se encuentran las tortugas laúd y golfina mismos que exponen la problemática y desarrollan los subprogramas de conocimiento, manejo, restauración, protección, cultura y gestión de las especies.

En este documento se lee que la “tortuga laúd es la más oceánica de las tortugas marinas y por lo mismo, una de las que menos se conoce. Es el reptil marino más grande que existe; en el Caribe pueden llegar a medir hasta 178 cm. (largo curvo del caparazón) y pesar hasta 500 kilogramos... Los laúdes del Pacífico mexicano, son más pequeñas, alcanzan una talla promedio de 142 cm. de largo curvo de caparazón ... Sus características anatómicas y fisiológicas la hacen muy diferente al resto de las tortugas, y la colocan como el único miembro viviente de la familia Dermochelyidae”. iv

La golfina, es “la especie de tortuga marina más abundante en el mundo y es también la, más pequeña de la familia Cheloniidae. Se caracteriza por tener un caparazón casi circular, este tiene más de 15 escudos mayores, cinco dorsales y frecuentemente más de cinco pares laterales, aunque también puede presentar desigualdad en el número de escudos en ambos lados; el par lateral anterior está en contacto con el escudo precentral. El plastrón tiene cuatro escudos inframarginales ...La cabeza es mediana y triangular, presenta dos pares de escamas prefrontales, el pico es córneo, no es aserrado, pero tiene con un reborde alveolar interno ... La cola del macho se asoma por debajo del caparazón. Posee dos garras en cada una de sus cuatro extremidades ...”v

De acuerdo con el programa que se ha mencionado, las principales causas de declinación de la población de las especies de tortugas protegidas pueden determinarse entre otras, en la captura incidental por la “pesquería con palangre, redes de deriva, de arrastre y cerco principalmente, tanto en aguas nacionales como internacionales”. A mayor abundamiento, otros factores además de la pesca incidental son el incremento de actividades humanas y la contaminación de los mares con plásticos donde los ejemplares tienden a ingerir basura como bolsas, envases y plásticos.

Las costas del Estado de Oaxaca tienen playas y zonas de conservación importantes que son santuarios para la anidación de tortugas. La tortuga golfina, la especie más impactada en la reciente mortandad registrada por el uso de redes prohibidas para la pesca, y laúd encuentran en las playas oaxaqueñas un lugar seguro para la anidación; sin embargo, es necesario tomar en cuenta las actividades pesqueras ribereñas que no perjudiquen a estas especies, dichas actividades son vitales para el desarrollo de las comunidades pesqueras que tienen su principal fuente de subsistencia en la pesca.

En este sentido se considera oportuno el exhorto al Secretario de Medio Ambiente y Recurso Naturales para que, en el ámbito de su competencia, realice la revisión y fortalecimiento de los Programas de Protección para la Conservación de la Especie de tortugas protegidas a fin de disminuir las altas tasas de mortandad en costas del Estado de Oaxaca.

Igualmente se considera el exhorto al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, en el ámbito de su competencia, considere el fortalecimiento de protocolos de prevención y actualice los estudios de fuentes potenciales de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas estado de Oaxaca.

Es oportuno el exhorto al procurador federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de su competencia, realice las indagatorias y se deslinden las responsabilidades a fin de interponer la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra de quien o quienes resulten responsables por las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas estado de Oaxaca.

Finalmente, se estima el exhorto al secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del gobierno del estado a reforzar los programas de capacitación y de canalización de recursos necesarios para realizar alternativas adicionales de pesca, que no impacten el ecosistema de especies de tortugas protegidas, y permitan el incremento de ingresos económicos en beneficio de pescadores ribereños del estado de Oaxaca.

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea, por ser de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recurso Naturales para que, en el ámbito de su competencia, realice la revisión y fortalecimiento de los programas de protección para la conservación de las especies referidas a las tortugas amenazadas a fin de disminuir las altas tasas de mortandad de especies registradas en costas del estado de Oaxaca.

Segundo. Se exhorta al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, en el ámbito de su competencia, considere el fortalecimiento de protocolos de prevención y actualice los estudios de fuentes potenciales de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del estado de Oaxaca.

Tercero. Se exhorta al procurador federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de su competencia, realizar indagatorias y deslindar responsabilidades a fin de interponer la denuncia penal correspondiente ante la Procuraduría General de la República en contra de quien o quienes resulten responsables de conductas u omisiones que causaron altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del estado de Oaxaca.

Cuarto. Se exhorta al secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del gobierno del estado a reforzar los programas de capacitación y de canalización de recursos necesarios para realizar alternativas adicionales de pesca, que no impacten el ecosistema de especies de tortugas protegidas, y permitan el incremento de ingresos económicos en beneficio de pescadores ribereños del estado de Oaxaca.

Notas

i “Mueren cientos de tortugas marinas en Oaxaca por malla de pescadores”, 28 de agosto, 2018, en: https://elrio.mx/mueren-cientos-de-tortugas-marinas-en-oaxaca-por-malla -de-pescadores/

ii En: https://www.gob.mx/profepa/prensa/determina-profepa-que-enmallamiento-d e-mas-de-300-tortugas-marinas-fue-con-red-prohibida-de-pesca-riberena-e n-costas-de-oaxaca?idiom=es

iii Semarnat. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Programa de Acción para la Conservación de la Especie, tortuga laúd. En:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/350180/PA CE_Tortuga_Laud.pdf

iv Ibid. p. 15

v Cfr. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Programa de Monitoreo de la Tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea) en el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, 2008, en:

http://www.conanp.gob.mx/acciones/fichas/chacahua/info/i nfo.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.

Diputada María del Carmen Bautista Peláez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México a realizar una evaluación externa del programa Operativo de Lluvias, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Aguas, para que realicen una evaluación externa del programa Operativo de Lluvias, a fin de fortalecer las acciones y prevenir las constantes inundaciones registradas durante la temporada de lluvias; asimismo, en caso de acciones u omisiones de las autoridades se sancione conforme a derecho, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La última semana de agosto y los primeros días de septiembre del año en curso, tuvimos conocimiento de casos de inundaciones, encharcamientos y alto tránsito vehicular en prácticamente todas las delegaciones de la Ciudad de México. A causa de las lluvias que se han registrado durante esta temporada, la ciudadanía ha resultado afectada desde demoras en los tiempos de traslado hasta daños a su patrimonio.

El panorama expresado lejos de ser una cuestión aislada, forma parte de un fenómeno que se ha constituido como una constante ante la presencia de precipitaciones pluviales en la capital del país.

Se encuentra documentado que las precipitaciones pluviales derivaron en un sinnúmero de encharcamientos en prácticamente toda la capital del país, incluidas vialidades como Periférico Sur y San Antonio, Molinos y Revolución; Periférico y Reforma; Luis G. Urbina y Julio Verne; Viaducto Río Becerra y Viaducto Miguel Alemán, y Calzada Ignacio Zaragoza.

El común denominador en estas contingencias fueron inundaciones, tránsito lento, pérdida de tiempo, daños patrimoniales e incluso, lesiones ocasionadas por accidentes viales. Para poner en perspectiva el tema que motiva el presente punto de acuerdo, basta mencionar algunos casos que se han presentado en los últimos días:

30 de agosto de 2018. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México informaron que se registró caída de granizo en distintas zonas de la capital, así como inundaciones y encharcamientos en diversos puntos de la capital. Una de las zonas más afectadas fue la cantera de la Ciudad Universitaria.1

30 de agosto de 2018. Las lluvias registradas generaron caos en diferentes avenidas y vialidades, entre ellas, la calzada Zaragoza donde se produjeron inundaciones y la circulación en ambos sentidos quedó paralizada. Por si esto no fuera suficiente, el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el transporte público en general, presentó complicaciones.2

Sin que sean todos los casos, los hechos referidos dejan de manifiesto que la capital del país es altamente vulnerable ante fenómenos meteorológicos como lluvias, tormentas eléctricas y caídas de granizo, basta observar las considerables pérdidas materiales y humanas que han producido para la población e incluso para el propio gobierno de la Ciudad de México.

Asimismo, permiten advertir la responsabilidad que tienen las autoridades capitalinas y delegacionales para realizar revisiones exhaustivas de las medidas de mantenimiento de las vialidades y rutas alternas, así como de diseñar e implementar protocolos de actuación para garantizar la seguridad de la población.

Bajo este contexto, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI consideramos de vital importancia que el gobierno de la Ciudad de México y el Sistema de Aguas, lleven a cabo una evaluación externa del programa Operativo de Lluvias, a fin de fortalecer las acciones que contempla y prevenir las constantes inundaciones registradas durante la temporada de lluvias; asimismo, en caso de acciones u omisiones de las autoridades se sancione conforme a derecho.

De la misma manera, es fundamental que se ejecuten eficientemente los recursos públicos destinados a fortalecer los programas de reparación y mantenimiento de las vialidades, para disminuir los daños a los habitantes de la capital. Por otro lado, es pertinente fortalecer las medidas en materia de almacenamiento, recolección y tratamiento de residuos sólidos con el objetivo de prevenir la obstrucción de alcantarillas, rejillas y coladeras.

A partir de las consideraciones vertidas, los legisladores del PRI consideramos fundamental que el gobierno de la Ciudad de México lleve a cabo las acciones solicitadas, mismas que están encaminadas a garantizar la seguridad, el tránsito, pero sobre todo, la vida y el patrimonio de los capitalinos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno de la Ciudad de México y al Sistema de Aguas, para que realicen una evaluación externa del programa Operativo de Lluvias, a fin de fortalecer las acciones y prevenir las constantes inundaciones registradas durante la temporada de lluvias; asimismo, en caso de acciones u omisiones de las autoridades se sancione conforme a derecho.

Notas

1 https://www.excelsior.com.mx/comunidad/granizo-cubre-calles-de-cdmx-se- registran-varias-inundaciones/1261950

2 https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/
periferico-inundacion-tlalpan-coyoacan-iztapalapa-lluvia-granizo-1956597.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla a dar celeridad a las investigaciones por el linchamiento de dos personas acontecido el pasado 29 de agosto en Acatlán de Osorio, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que dé celeridad a las investigaciones por el homicidio y linchamiento de dos personas en el municipio de Acatlán de Osorio, acontecido el pasado 29 de agosto del año 2018. Asimismo, para que fortalezca la coordinación con los municipios, a efecto de prevenir este tipo de incidentes, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante los últimos años en el estado de Puebla se han incrementado las denuncias públicas sobre la comisión de diversos delitos, entre ellos el robo en carretera, la sustracción ilegal de hidrocarburos de los ductos de Pemex, asaltos al transporte público, extorsiones al transporte de carga, robos a casa habitación, homicidios y feminicidios, principalmente.

Una de las zonas más afectadas es la región Mixteca, lugar donde se han documentado retenes falsos, a través de los cuales despojan de sus pertenencias a comerciantes, empresarios y transportistas. Por si esto no fuera poco, existen quejas sobre la desaparición de personas a cargo de organizaciones del crimen organizado que opera en la entidad.

Este clima de inseguridad, aunado a los nulos resultados que han dado las estrategias hasta ahora emprendidas por parte del gobierno estatal y la falta de coordinación con las autoridades municipales, han derivado en altos índices de impunidad, quebrantando el estado de derecho.

Para tener un panorama general de la situación imperante en el estado de Puebla y en la región Mixteca, basta indicar el linchamiento de dos personas el pasado 29 de agosto en el municipio de Acatlán de Osorio. De acuerdo con los primeros reportes, las personas privadas de la vida fueron detenidos en la comunidad de San Vicente Boquerón por mostrar un actitud sospechosa cuando circulaban en las inmediaciones de una de las escuelas de la comunidad.1

Ante las acusaciones de los pobladores fueron trasladados a la cabecera municipal, sin embargo, un grupo de pobladores los sustrajo de la penitenciaría afirmando que estos individuos se encontraban en estado de ebriedad y que mantenían secuestrado a un par de menores, por lo que los golpearon y prendieron fuego.

Es importante destacar que, durante estos acontecimientos no se cumplieron los protocolos de actuación como el de “búsqueda de soluciones pacíficas”, las autoridades municipales no establecieron canales efectivos de diálogo y tampoco informaron de los hechos para un rápido auxilio a la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Los linchamientos en el estado de Puebla y la incapacidad institucional para prevenirlos por parte de las autoridades estatales son constantes, ejemplo de ello, es el homicidio de otra persona en el 2016 cuando lo sorprendieron al interior de un domicilio y al tratar de huir fue golpeado por un grupo de personas y trasladado al Hospital General de la demarcación donde perdió la vida por la gravedad de las lesiones.2

Sólo en lo que va de este año, en Puebla se han dado 146 intentos de linchamiento y 15 personas han perdido la vida por estas causas, entre ellos, 4 en Yehualtepec y 3 en Miravalles, asimismo, han golpeado y quemado a diversos individuos en la junta auxiliar de San Gabriel Ometoxtla, en El Sabinal y en la localidad de San Miguel Canoa en la de la capital poblana.3

Los sucesos descritos demandan mayor atención por parte de las autoridades y una efectiva coordinación con las autoridades municipales en las tareas de contención y prevención. Si las autoridades no fortalecen las estrategias de seguridad y cumplen con los protocolos de actuación policial, continuará dándose la violación a los derechos humanos.

En este contexto, es fundamental que la Fiscalía General del Estado de Puebla, realice las investigaciones correspondientes con objetividad, transparencia y efectividad, a fin de deslindar responsabilidades, establecer sanciones a los responsables y prevenir hechos de estas características, así como asegurar el acceso a la justicia.

Nuestro marco jurídico e institucional contempla procedimientos específicos para asegurar que toda persona tenga un proceso justo y de haber cometido algún delito, sea sancionado. En este sentido, las instituciones de seguridad municipal tienen bajo su responsabilidad mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos, de ahí la necesidad de contar con cuerpos policiacos confiables, capacitados, bien remunerados, certificados y equipados para que puedan realizar con prontitud y efectividad sus tareas.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que dé celeridad a las investigaciones por el homicidio y linchamiento de dos personas en el municipio de Acatlán de Osorio, acontecido el pasado 29 de agosto del año 2018. Asimismo, para que fortalezca la coordinación con los municipios, a efecto de prevenir este tipo de incidentes.

Notas

1 Édgar Ávila. (2018). Linchados en Puebla eran Campesinos; no eran robachicos: Fiscalía. 30/08/2018, de El Universal Sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/estados/linchados-en-puebla-eran-campesin os-no-eran-robachicos-fiscalia

2 José Luis Domínguez y Diana Jiménez. (2016). Consuman linchamiento en Acatlán e impiden otro en Zacaola. 31/08/2018, de e-consulta Sitio web: http://www.e-consulta.com/nota/2016-01-27/seguridad/consuman-linchamien to-en-acatlan-e-impiden-otro-en-zacaola

3El Heraldo de México. (2018). Derechos Humanos de Puebla inicia queja por linchamientos en Acatlán de Osorio. 30/08/2018, sitio web:
https://heraldodemexico.com.mx/estados/derechos-humanos-de-puebla-inicia-queja-por-linchamientos-en-acatlan-de-osorio/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, al día 04 de septiembre del año 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a actualizar por las dependencias de seguridad pública y con los ayuntamientos los protocolos de actuación y realizar simulacros para prevenir la violencia colectiva, o linchamientos, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que a través de las dependencias de seguridad pública y en coordinación con los municipios, actualicen los protocolos de actuación y realicen simulacros, a fin de prevenir la violencia colectiva (linchamientos), al tenor de las siguientes

Consideraciones

Recientemente en México se han registrado casos de linchamientos que, de volverse recurrentes, podrían poner en peligro la seguridad e integridad de personas inocentes, así como el derecho a la impartición de justicia en nuestro país.

Durante los últimos días, los estados de Puebla e Hidalgo fueron escenario de dos sucesos de linchamiento, en los que cuatro personas fueron quemadas vivas por que la población las había considerado presuntas responsables del robo de menores de edad.

De acuerdo con las investigaciones realizadas, los linchamientos habrían sido motivados por noticias y mensajes falsos propagados en las redes sociales que alertaban sobre supuestos “robachicos”.

Las autoridades anunciaron que las víctimas de linchamiento no se encontraban implicadas en ningún delito, por lo que se trataba de personas inocentes; asimismo informaron que los rumores sobre robos masivos de niños son totalmente falsos, por lo que hicieron un llamado para que no sean difundidos a través de las redes sociales.

A través de un comunicado, la Fiscalía de Puebla anunció que no existe registro hasta el momento sobre robo de menores y que se trata de un fenómeno de desinformación a nivel nacional.

De forma similar, la Fiscalía de Hidalgo alertó sobre la circulación de información falsa sobre robo de menores de edad, por lo que pidió a la población informarse y no alarmarse con dichos rumores.

Por su parte, la Fiscalía de Yucatán difundió un comunicado informando que en esa entidad no se tienen informes de robos de menores de edad afuera de las escuelas, como lo decían algunos de los mensajes con información falsa. En Durango, Jalisco y Sinaloa también emitieron mensajes similares a la población.

Los linchamientos son delitos que se producen por la falta de acción de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de una acusación popular, la cual puede ser cierta o falsa, en perjuicio de acusados que no son puestos a disposición de las autoridades. Asimismo, los linchamientos son delitos que ponen en evidencia la crisis de la impartición de justicia, vulnerando los derechos de los acusados y dañando el tejido social.1

De acuerdo con el director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, los linchamientos ocurren debido a la impunidad, por lo que los ciudadanos que toman justicia por su propia mano tienen desconfianza de la justicia por parte del gobierno.

En materia legal, los linchamientos constituyen un atentado al artículo II de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual señala:

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.2

Asimismo, se vulnera el artículo 5 de esta misma declaración, el cual establece que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes.”

En cuanto al marco legal nacional, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que:

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

De acuerdo con el estudio Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014), elaborado por Raúl Rodríguez Guillén, en los últimos 26 años se han registrado al menos 366 casos relacionados con el linchamiento en diferentes entidades de la República.

Las penas aplicadas a los participantes en linchamientos pueden alcanzar entre 40 y 50 años de prisión, sin embargo, al ser crímenes perpetrados por multitudes, puede generar impunidad.

Estos delitos constituyen un importante obstáculo para la impartición de justicia en México y para su desarrollo democrático y legal, además de poner en riesgo los principios de convivencia pacífica en las comunidades. Por ello, resulta urgente y necesario hacer frente a los delitos de linchamiento, principalmente a través del reforzamiento de los mecanismos de impartición de justicia, la información hacia la sociedad y la implementación de protocolos de actuación para prevenir los linchamientos.

Por lo anterior expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, para que a través de las dependencias de seguridad pública y en coordinación con los municipios, a actualizar los protocolos de actuación y realizar simulacros, a fin de prevenir la violencia colectiva (linchamientos).

Notas

1 Aguirre, Juan Pablo, Linchamientos en México, Cuaderno de Investigación, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República.

2 Organización de las Naciones Unidas (ONU), Declaración Universal de los Derechos Humanos, [en línea], disponible en

https://www.humanium.org/es/derechos-humanos-1948/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a implantar y ampliar con la PGR las campañas informativas y de orientación encaminadas a prevenir la desaparición de niños y adolescentes, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que, en coordinación con la Procuraduría General de la República, implementen o, en su caso, amplíen las campañas informativas y de orientación encaminadas a prevenir la desaparición de niñas, niños y adolescentes, a fin de erradicar este tipo de conductas, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Durante las últimas semanas, en distintos medios de comunicación y redes sociales como Facebook, Twitter y grupos de Whatsapp se han compartido múltiples casos de presuntos robos de menores de edad. Aunque dicha situación ha sido desmentida por diferentes gobiernos, entre ellos los de Puebla, Sonora, Baja California Sur, Jalisco, Durango, Hidalgo, Colima, Chihuahua y Tamaulipas, se ha generado desconfianza e incertidumbre entre la población.

En atención a la importancia del tema, es vital que desde el Congreso de la Unión se impulsen acciones preventivas en materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de evitar y erradicar este tipo de conductas.

Para poner en relieve la pertinencia del asunto, cabe mencionar que de acuerdo con “La Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2024”, elaborada por el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) México,1 en nuestro país hay casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes, cifra que equivale al 35 por ciento de la población. Por lo que respecta a los riesgos que enfrentan, en el documento en comento se establece que 6 de cada 10 niños de 1 a 14 años ha experimentado algún método violento de disciplina.

La propia Unicef México señala que, en los últimos siete años, todos los días son asesinados en promedio 3.4 niñas, niños y adolescentes en territorio nacional. Además, indica que en 2016 fueron identificados por la autoridad migratoria 40 mil 114 niños, niñas y adolescentes que principalmente provenían de Centroamérica y alrededor de la mitad de los niños migrantes detectados en México viajaban sin la compañía de un adulto. Dicho panorama hace indispensable redoblar esfuerzos en las medidas que inhiban conductas que pongan en peligro la integridad, paz y bienestar de este sector poblacional.

Por lo que hace a la incidencia de este delito en nuestro país, la asociación Alto al Secuestro refiere que de diciembre de 2012 a julio de 2018 se cometieron 11 mil 393 secuestros, cifra que equivale a 168 mensuales, 40 semanales y seis diarios.2 Por otro lado, informó que de junio a julio del año en curso se registró un incremento de 12.6 por ciento en el número de detenidos; sin embargo, durante el mismo periodo el número de víctimas también presentó un aumento de 6.2 por ciento.

El presente asunto está motivado en el principio del interés superior de la niñez reconocido en el artículo 4o., párrafo noveno de la Constitución federal, que a la letra dispone que: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez .3

Igual de importante es mencionar que para hacer asequible la protección de las niñas, niños y adolescentes, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 2, fracción II, dispone que las autoridades de los tres órdenes de gobierno tendrán que garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno. 4

En el contexto internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 3, numeral 2, señala que: Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas .5

Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI estimamos pertinente que el Congreso de la Unión exhorte a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que, en coordinación con la Procuraduría General de la República, implementen o, en su caso, amplíen las campañas informativas y de orientación encaminadas a prevenir la desaparición de niñas, niños y adolescentes, a fin de erradicar este tipo de conductas.

Lo anterior, en complemento a acciones como la Alerta Amber México a cargo de la PGR, la cual dispone que dicha medida procederá cuando se actualicen los siguientes supuestos: Que la niña, niño o adolescente sea menor de 18 años; Que se encuentra en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal; Que exista información suficiente: nombre, edad, sexo, características físicas, señas particulares, padecimientos, discapacidades, vestimenta que portaba al momento de la ausencia, así como la descripción de las circunstancias de los hechos, las personas y vehículos involucrados, la última vez que fue vista y alguna otra información que se considere relevante. 6

El asunto adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que la seguridad personal constituye una condición humana indispensable en un régimen de libertades y de estado de derecho como el nuestro. Los legisladores del PRI, condenamos conductas como la desaparición de menores en virtud de que ésta representa un flagelo que lacera gravemente a la sociedad en su conjunto, y por si esto no fuera suficiente, las familias que experimentan la pérdida de un ser querido no vuelven a ser las mismas debido a que su tranquilidad queda menoscabada para siempre.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a que, en coordinación con la Procuraduría General de la República, implementen o, en su caso, amplíen las campañas informativas y de orientación encaminadas a prevenir la desaparición de niñas, niños y adolescentes, a fin de erradicar este tipo de conductas.

Notas

1 Unicef México, “La Agenda de la Infancia y la Adolescencia 2019-2024”, consultado en línea, texto disponible en:

https://www.unicef.org/mexico/spanish/DT_PROCESO_ELECTOR AL(1).pdf

2 Asociación Alto al Secuestro, “Reporte Nacional diciembre 2012 – julio 2018”, consultado en línea, texto disponible en: http://altoalsecuestro.com.mx/wp/wp-content/uploads/2018/08/JULIO-2018. pdf

3 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o., párrafo noveno, consultado en línea, texto disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

4 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 2, fracción II, consultado en línea, texto disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_20061 8.pdf

5 Organización de las Naciones Unidas, Convención Sobre los Derechos del Niño, consultado en línea, texto disponible en:

https://www.unicef.org/ecuador/convencion_2.pdf

6 Procuraduría General de la República, “Alerta Amber México”, consultado en línea, texto disponible en: http://www.alertaamber.gob.mx/Alerta/PreguntasFrecuentes

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el 4 de septiembre del dos mil dieciocho.

(Rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El 5 de septiembre de 1782 fue asesinada la heroína indígena Amaica, Bartolina Sisa, aguerrida mujer que se opuso a la dominación y la opresión de los conquistadores españoles en la zona andina del Ayllu. Su asesinato es recordado porque fue brutal y por lo que representó su lucha.

El segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América reunido en Tihuanacu (Bolivia) instituyó el Día Internacional de la Mujer Indígena, en honor de Bartolina, este día se conmemora cada 5 de septiembre (día de su muerte) desde el año 1983 y es particularmente observado en los países de la región andina como Bolivia, Perú, Chile y Argentina.

Como dato, en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2010 vivían 8.2 millones de mujeres indígenas, y enfrentan una serie de desventajas que las colocan en situaciones graves de discriminación. La población joven que se considera indígena supera los 8 millones de personas, lo que representa 21.3 por ciento de la población total de jóvenes, de los cuales, 3 millones 914 mil 797 son hombres y 4 millones 86 mil 135 mujeres.1

Los “grandes problemas nacionales” centrados en los altos índices de violencia, impunidad y corrupción, hacen que otros problemas se consideren “menores”, el despojo de los territorios por las grandes refresqueras, cerveceras y mineras se invisibilizan y con ello, las terribles desigualdades que prevalecen en los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país.

México cuenta con 62 pueblos indígenas y once diferentes familias lingüísticas, de las cuales derivan 68 agrupaciones y 364 variantes de lenguas indígenas (veinticinco millones de personas se autoadscriben como indígenas). Esta diversidad, que aporta a la riqueza cultural y social, necesita ser reconocida.

De acuerdo con el informe sobre desigualdades presentado recientemente por el Colegio de México, viene a reafirmar que existen múltiples condiciones de desventaja que se traducen en diferentes desigualdades, que se van sumando y que colocan a algunos sectores de la población en peores condiciones de vulnerabilidad y discriminación.

Las personas indígenas, que históricamente han sido marginadas, tienen tasas inferiores de acceso y terminación de educación básica, sus niveles de aprendizaje son mucho más bajos que la población no indígena, lo que repercute posteriormente en mayores índices de rezago económico.

Nuevamente haciendo énfasis en que para el caso de las mujeres (8.2 millones) 3.5 millones son hablantes de una lengua indígena, representan 16 por ciento de las muertes maternas, presentan una tasa de analfabetismo de 34.4 por cada cien mujeres hablantes de lengua indígena, 27 de cada 100 mujeres hablantes de lengua indígena declararon ser agredidas por su pareja.

Y en el terreno de la participación política, las mujeres indígenas enfrentan graves retos, el más grave quizá, la violencia política por razones de género, los patrones culturales tan arraigados les impiden estar presentes y hacer uso de su palabra y de su capacidad de decidir.

No obstante, son las mujeres indígenas quienes han encabezado luchas por la defensa de sus bosques y otros recursos como el agua y en general de sus territorios, ejemplos son muchos pero el caso del municipio autónomo de Cherán en Michoacán, da cuenta de que las mujeres indígenas no conciben su participación política como personas en lo individual, sino también como miembros de sus pueblos, es decir en colectivo.

La lista de discriminaciones es larga, por ello en el marco de la conmemoración del violento asesinato de Bartolina, es urgente mirar esa realidad y actuar en consecuencia para mejorar las condiciones de vida de las mujeres indígenas y así avanzar hacia la construcción de un país más equitativo. Retomando las palabras de María de Jesús Patricio: “tenemos que hablar de lo imposible, porque de lo posible se ha dicho demasiado”.

Nota

1 Día de la Mujer Indígena, IMJUVE, en URL:

https://www.gob.mx/imjuve/articulos/dia-de-la-mujer-indi gena Fecha de consulta: 2 de septiembre de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de septiembre de 2018.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)