Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, para exhortar a la PGR y las autoridades competentes de QR a atender el caso de traslado de Jean Thouma Hannah Succar Kuri del penal de El Altiplano a una cárcel municipal, suscrita por las diputadas Anita Sánchez Castro, Laura Martínez González, Rosalba Valencia Cruz, María Wendy Briceño Zuloaga e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quienes suscriben, Anita Sánchez Castro, Laura Martínez González, Rosalba Valencia Cruz, Marian Wendy Briseño Zuloaga, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, los cuales se solicita que se consideren de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El abuso sexual contra menores, la pornografía infantil y la explotación sexual comercial infantil son delitos abominables, que lesionan directa e inmediatamente a sus víctimas, dejándoles secuelas imborrables.

México, en materia de trata de personas con propósitos de explotación sexual, es país de origen, tránsito y destino de víctimas.

Uno de los casos más sonados que ilustran lo anterior es el de Jean Thouma Hannah Succar Kuri, protagonista del caso de pederastia y explotación sexual infantil más conocido de México y sentenciado por los delitos de pornografía infantil, abuso sexual infantil y violación de menores, quien fue acusado de pederastia en Cancún y Estados Unidos a partir de la denuncia hecha por las víctimas, por lo que en octubre del 2013 la PGJE en Quintana Roo giró un orden de aprehensión contra el pederasta.

Pese a ser un pederasta confeso y contarse con grabaciones, fotografías de los menores, videos, en México y en el extranjero, y de los cuales existe una sentencia condenatoria a 112 años de prisión, aún hay causas pendientes y procesos que parecen interminables para las víctimas.

El 5 de febrero de 2004 fue detenido en Chandler por una petición de la Fiscalía General y la Interpol, en cumplimiento de una orden de detención con fines de extradición, el 15 de Julio de 2006 fue extraditado a México donde el Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Quintana Roo lo condenó a 13 años, 1 mes y 15 días de prisión y ordenó su traslado a la cárcel municipal de Cancún, por considerar que no era de alta peligrosidad.

El sentenciado manifestó en una entrevista televisiva que la pederastia no pasa de ser una debilidad humana que no amerita “tanto ruido ni escándalo”, “a mí tráeme una niña de cuatro años y me derrito. No es ni la primera vez ni la última, eso pasa toda la vida”. Sostuvo que en cada acto sexual contó con el consentimiento de las víctimas y por tanto “Nunca he violado a nadie, nunca le he faltado al respeto a nadie...” y que las relaciones sexuales que sostuvo con jovencitas “eran secundarias, pues llevaban un trato como de padre a hijas”.

Por ese tipo de comentarios sabemos que el sentenciado debe permanecer en una cárcel que cuente con las medidas necesarias para garantizar se lleve a cabo su condena sin riesgos de fuga.

La PGR impugnó la sentencia, y se logró que el Tribunal Unitario de Circuito con sede en Cancún, Quintana Roo, le impusiera 112 años y seis meses de prisión, a pagar casi 2.5 millones de pesos por reparación del daño de las víctimas. Debido a que la PGR nunca incautó los bienes al sentenciado, la reparación del daño nunca se pudo llevar a cabo.

Por considerarlo reo de muy alta peligrosidad, fue trasladado al centro federal de readaptación social número 1, El Altiplano, penal de alta seguridad de Almoloya, México, donde hasta ahora ha permanecido.

En septiembre del año pasado, la defensa del reo interpuso dos amparos: uno contra la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo y otro contra el penal de El Altiplano. El primero se sobreseyó, pero a principios de junio el Juzgado Cuarto de Distrito, radicado en Cancún Quintana Roo, mediante un proceso desarrollado en el mayor sigilo y sin dar aviso a las víctimas, resolvió el amparo indirecto 1306/2017, interpuesto contra el mencionado centro penitenciario, que autoriza el traslado del sentenciado Succar Kuri a la cárcel municipal de esa ciudad quintanarroense.

El Ministerio Público Federal, a petición de una víctima, presentó el recurso de revisión contra la sentencia del amparo indirecto, ya que no es posible que un reo de alta peligrosidad sea trasladado a la cárcel municipal de Cancún.

Sin embargo, el jueves 20 de septiembre en la sesión realizada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito en Quintana Roo, del amparo en revisión; con número de expediente 333/2018, con un voto en contra del magistrado presidente del tribunal, y dos votos a favor, fue que decidieron confirmar al amparo indirecto al recluso, a efecto de que este sea trasladado de nuevo del penal de El Altiplano a la cárcel municipal de Cancún.

Por lo fundado y motivado, quienes suscriben someten a consideración de esta asamblea, como asunto de urgente resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría General de la Republica a que en el ejercicio de sus funciones, de manera urgente utilice todos medios legales a su alcance para impugnar la resolución del Juzgado Cuarto de Distrito radicado en Cancún, Quintana Roo, sobre el amparo directo 1306/2017, interpuesto contra el penal federal de El Altiplano, que autoriza el traslado de Succar Kuri a la cárcel municipal de esa ciudad quintanarroense.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades competentes del estado de Quintana Roo a que, antes de proceder al traslado del reo de alta peligrosidad Jean Thouma Hannah Succar Kuri a la cárcel municipal de Cancún, se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de la víctimas; particularmente se exhorta a que se les brinden agentes de seguridad y se garantice la integridad de las víctimas, quienes han sufrido severas amenazas de muerte por el sentenciado.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las Procuradurías de Justicia de las entidades federativas para que se redoblen los esfuerzos en el combate a la explotación sexual infantil y la trata de personas y, en ese sentido, capacite constantemente a su personal, coordinándose con el resto de los poderes en su esfera de competencia, así como con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, dependiente de la Procuraduría General de la República.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2018.

Diputadas: Anita Sánchez Castro, Laura Martínez González, Rosalba Valencia Cruz, María Wendy Briseño Zuloaga (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a emprender la ministración inmediata y transparente de los recursos pendientes del Fondo Metropolitano y hacer público un informe de avance y justificación de pendientes de la entrega de recursos destinados a municipios de zonas metropolitanas correspondientes a dicho fondo establecido en el PEF de 2018, a cargo de la diputada Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Pilar Lozano Mac Donald, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de esta LXIV Legislatura, en nombre de las diputadas y diputados integrantes de la misma, con fundamento los artículos: 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I y II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento ante esta soberanía, proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emprender la entrega inmediata y transparente de los recursos pendientes del Fondo Metropolitano, haga público un informe detallado de avance y justificación de pendientes de entrega de recursos destinados a municipios que forman parte de Zonas Metropolitanas correspondientes al Fondo Metropolitano establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Las zonas metropolitanas son identificadas como una región urbana que está conectada con otras por lazos comerciales, laborales o de servicios y, que tienen como característica, entre otras, ser áreas urbanas de dos o más municipios que colindan, y las conexiones, además de ser intermunicipales, son también entre estados, como los casos de las Zonas Metropolitanas del Valle de México; la de Puebla-Tlaxcala, o la de Querétaro.

El proceso de concentración de la población en zonas urbanas ha derivado que cada vez más población vive en metrópolis con los grandes desafíos que ello implica: cobertura de servicios, vivienda, empleo, infraestructura urbana, protección del medio ambiente, entre otros.

En México este proceso se manifiesta en el incremento del número de zonas metropolitanas. Conforme a la Encuesta Intercensal 2015, levantada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de 2010 a 2015 se observa un aumento en el número de las zonas metropolitanas, al pasar de 59 a 74, en ese período, con el correspondiente incremento de la población que pasó de 63.8 millones a 75.1 millones, es decir, que la población que vive en zonas metropolitanas representa el 62.8 por ciento de la población total nacional.

Frente a este escenario, surgió el apremio de transformar la visión del desarrollo urbano con el reconocimiento de zonas metropolitanas donde se comparten necesidades, problemáticas y soluciones.

Las zonas metropolitanas se caracterizan por su gran concentración de población, la multiplicación de la demanda de servicios y la necesidad de cuantiosos recursos para la atención de sus problemáticas porque conllevan el enorme reto planificar el desarrollo urbano, definir el ordenamiento del territorio y mantener niveles de vida aceptables para su población, en armonía con el medio ambiente.

Ese reconocimiento, producto de una realidad compleja en la ampliación de las metrópolis, debe ir acompañado de recursos para mitigar los impactos y atender los retos. En este contexto, las zonas metropolitanas reciben anualmente recursos públicos federales mediante el denominado Fondo Metropolitano, creado en 2006, con el propósito de elaborar “estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento” en materia de desarrollo metropolitano, transporte, planeación del territorio, y la promoción de la competitividad económica, y la sustentabilidad.

Sin duda, el desbordamiento de los límites municipales, resultado de la expansión o de la integración funcional en función del mercado de trabajo, conlleva entender que, para atender y solucionar las problemáticas compartidas, se debe trabajar en cooperación y coordinación permanente entre municipios y estados.

En consecuencia, el acceso a recursos federales, no es solo una necesidad urgente, sino que se convierte en aliciente para desarrollar políticas a nivel metropolitano con importantes resultados y beneficios para la población para aquellos municipios que ven rebasada su área urbana, funciones y acciones, y se ven obligados a incorporar a municipios vecinos con los que se ha alcanzado una importante integración socioeconómica.

El Fondo metropolitano tiene por objeto financiar estudios, planes, evaluaciones, y programas, así como equipar la ejecución de proyectos, acciones y obras de infraestructura, nuevos, en proceso o para completar el financiamiento de aquéllos que no hayan contado con recursos suficientes para su ejecución, ubicados dentro de las zonas metropolitanas.

La ley y las Reglas de Operación actualmente establecen una serie de requisitos para que las zonas metropolitanas reconocidas puedan recibir recursos: a) Ser viables y sustentables; b) Promover el desarrollo regional y urbano, y una adecuada planeación del ordenamiento del territorio; c) Impulsar la competitividad económica, la sostenibilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; d) Coadyuvar a su viabilidad y mitigar la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales, ambientales y propiciados por la dinámica demográfica y económica; y e) Incentivar la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas.

Las Reglas de Operación que emite el Comité Técnico del Fideicomiso establecen, entre otras, las disposiciones específicas para la operación del Fondo Metropolitano; los criterios presupuestarios para el ejercicio de sus recursos; el procedimiento y requisitos para que las entidades federativas puedan tener acceso a los recursos de dicho Fondo, y lo relativo a la aplicación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados.

Igualmente, en los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano, se prevé la creación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano, apoyado por un Comité Técnico del Fideicomiso, al que le corresponde administrar los recursos aportados y un Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos, encargados de la asignación de recursos, seguimiento en la operación de los proyectos y evaluación.

El artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, establece que los recursos del Fondo Metropolitano se destinarán a las zonas metropolitanas definidas por el grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y el Consejo Nacional de Población, que actualmente reconoce 74 zonas metropolitanas.

Cabe destacar que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Regional, previó una asignación de $3,268,695,777.00 (Tres mil doscientos sesenta y ocho millones seiscientos noventa y cinco mil setecientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) para el Fondo Metropolitano.

A pesar de que las reglas de operación establecen que los recursos federales del Fondo Metropolitano que se transfieran a los gobiernos de las entidades federativas en las que se delimitan o donde están ubicadas las zonas metropolitanas, se deben administrar a través de fondos concursables en fideicomisos de administración e inversión, no existe claridad sobre el destino final de la asignación para el Fondo Metropolitano.

Los citados fideicomisos se deben establecer en una cuenta bancaria específica que permita la identificación de los recursos federales transferidos y de los rendimientos financieros que se generen, para efectos de su control y fiscalización.

Con el propósito de dar transparencia, las reglas de operación establecen además del Consejo Metropolitano, el denominado Comité Técnico, como instancia facultada para autorizar la entrega de recursos con cargo al patrimonio del fideicomiso, el cual también administra y da seguimiento al avance físico y financiero de los recursos del Fondo Metropolitano y su fideicomiso.

Adicionalmente, en cumplimiento de las normas de transparencia y rendición de cuentas, las reglas de operación establecen la necesidad de entregar informes trimestrales de avances por parte de las entidades federativas y de la evaluación externa de los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano.

Lamentablemente, en los hechos la distribución y ejecución del presupuesto del Fondo Metropolitano está marcado por la opacidad. Dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, el denominado Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, es uno de los más complejos y con mayores señalamientos sobre su falta de transparencia y claridad.

En gran parte esto se debe a que el Ramo 23 funciona como un instrumento de política presupuestaria que le permite al Gobierno Federal atender sus obligaciones sobre aquellas asignaciones de recursos que no corresponden al gasto directo de dependencias y entidades; sino que sirven para dar cumplimiento del balance presupuestario; registrar el control de las ampliaciones y reducciones al presupuesto aprobado; realizar operaciones de mecanismos de control y cierre presupuestario y otorgar provisiones económicas a través de fondos específicos a entidades federativas y municipios (SHCP).

Cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado la auditoría de la cuenta pública, han resultado observaciones sobre el control y transparencia de los recursos del Ramo 23 Previsiones Salariales y Económicas, dentro del cual se encuentra el Fondo Metropolitano.

Al respecto, por ejemplo, la A Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la Cuenta Pública de 2016, realizó algunas recomendaciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que exista un mejor control del Ramo 23: “El diseño, la implementación y la eficacia operativa del sistema de control interno (del Ramo 23) tiene debilidades significativas, las cuales por su impacto y probabilidad de ocurrencia ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos y metas, o motivan la existencia de un riesgo que, de materializarse, causaría un daño o perjuicio al erario público federal”, se lee en el reporte

De igual manera, la pasada Presidencia de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, en el marco de contar con información precisa para emitir su opinión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, expresó su inquietud por saber los motivos por los que no se habían ejercido los recursos del Fondo Metropolitano y en carta enviada al titular de la Unidad de Evaluación y Control Presupuestal de la SHCP, solicitó información sobre las zonas metropolitanas que entregaron proyectos para el ejercicio del Fondo, qué tipo de proyectos y bajo qué criterios fueron aprobados o rechazados, así como cuántos han sido pagados y en qué fecha.

El 11 de octubre del presente año, se llevó a cabo Sesión de Instalación de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, que con orgullo presido, durante la cual diversos diputados integrantes hicieron del conocimiento el incumplimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del otorgamiento de dichos recursos a diversos municipios integrantes de Zonas Metropolitanas, por lo que en dicha sesión, se acordó la presentación de Proposición con Punto de Acuerdo de Urgente Resolución ante el Pleno de esta H, Cámara de Diputados, mediante el cual se solicite a dicha Secretaría, el cumplimiento inmediato de la entrega de recursos de dicho Fondo Metropolitano.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Único. La Cámara de Diputados formula respetuoso exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que emprenda la entrega inmediata y transparente de los recursos pendientes del Fondo Metropolitano y haga público un informe detallado de avance y justificación de pendientes de la entrega de recursos destinados a municipios que forman parte de Zonas Metropolitanas correspondientes al Fondo Metropolitano establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2018.

Diputada Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y la Cofepris a detener la compra del activo Tenofovir Disoprovil Succinato como sustituto terapéutico en el tratamiento del VIH hasta en tanto haya estudios sobre los posibles efectos adversos en los pacientes en un corto, mediano y largo plazos, a cargo de la diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe; diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sida es una enfermedad que se origina por la destrucción progresiva del sistema inmunitario provocada por un virus llamado VIH (virus de la inmunodeficiencia humana). Para reproducirse, este virus ataca el sistema inmunitario, que es el método de defensa del organismo contra las agresiones externas de virus, bacterias, hongos microscópicos y parásitos. Cuando una cantidad importante de células del sistema inmunitario (llamadas CD4) han sido destruidas, las defensas se encuentran debilitadas. El riesgo de una infección oportunista es entonces muy elevado; cuando se produce se dice que la persona tiene sida (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y su salud está seriamente comprometida.

Según datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y Sida (Censida) la población de 15 a 34 años es la más infectada por este virus, actualmente 144 mil 223 mexicanos padecen la infección, de los cuales 76 mil 10 ya desarrollaron el síndrome de inmunodeficiencia humana (sida) y 68 mil 213 adicionales son portadores de esta infección.

Actualmente las combinaciones de medicamentos consiguen en muchos casos reducir el número de copias de VIH a valores mínimos. Esto permite a muchas personas comenzar una recuperación del sistema inmunitario lenta pero constante y librarse de los efectos o riesgos de sufrir infecciones oportunistas, aunque de momento no consiguen erradicar el virus del todo.

Los tratamientos específicos contra el VIH se denominan Tratamientos Antirretrovirales. Estos tratan de evitar la reproducción del virus dentro de las células infectadas.

La realidad de vivir con VIH en el presente es muy distinta a lo que era años atrás. Hoy existe un tratamiento con alta eficacia, que puede controlar el virus. En México estos tratamientos tienen una cobertura universal, lo que quiere decir, que sin importar que tengas los recursos económicos o no, puedes tener acceso a ellos.

En fechas recientes, el Consejo de Salubridad General incluyó en su cuadro básico una actualización de medicamentos, donde integró un sustituto terapéutico de un retroviral que puede ser contraproducente para los pacientes con VIH.

Se trata de Tenofovir, un antirretroviral de los más básicos entre las combinaciones que integran el arsenal terapéutico para VIH. Es una molécula cuya marca original Truvada es de la farmacéutica estadunidense Gilead Sciences –comercializada en México por Stendhal. Es una terapia que aún goza de exclusividad de venta por protección de patente, y por tanto de precio elevado. En farmacias Truvada se vende a más de 9,000 pesos la caja con 30 tabletas.

Seguramente el sector público la obtiene a mejor precio por volumen de compra, pero no es de dudarse que en ese esfuerzo por generar ahorros y presionar a las empresas para reducir el precio es que se buscan alternativas más económicas. Así se explicaría la introducción por parte del CSG de un nuevo genérico en la misma clave del medicamento original.

El problema, y es donde está el disgusto y la inconformidad, es que no se trata de un genérico con la misma fórmula biocomparable respecto del medicamento de referencia. Más bien es un sustituto terapéutico con diferente composición. El CSG está poniendo en la misma clave al Tenofovir Disoproxil Fumarato y al Tenofovir Disoprovil Succinato.

Resulta que las palabras Fumarato y Succinato significan dos composiciones distintas y, conforme los farmacólogos, dichas diferencias no son cualquier cosa; para que el Succinato tenga una absorción equivalente al Fumarato, el paciente requiere una dieta alta en lípidos (grasas) y aparte puede derivar en daño renal. Ello se lo hizo ver la Cofepris a la Secretaría de Salud, específicamente a la comisión negociadora de medicamentos de fuente única, remarcándole el riesgo de que a largo plazo el paciente derive en problemas cardiovasculares. Es decir, literalmente, puede salir más caro el remedio que la enfermedad.1

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Consejo de Salubridad General a hacer públicas las evidencias científicas respecto a la eficacia del activo Tenofovir Disoprovil Succinato como sustituto terapéutico para el tratamiento del VIH, así como los efectos adversos que podrían tener en los pacientes.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a detener la compra del activo Tenofovir Disoprovil Succinato como sustituto terapéutico para el tratamiento del VIH, hasta en tanto existan estudios que determinen los efectos adversos que puedan producir en los pacientes en un corto, mediano y largo plazo.

Nota

1 https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Dudas-sobre-antirretrovirales-d el-cuadro-basico—20180327-0094.html

Dado en la Cámara de Diputados a 30 de octubre de 2018.

Diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la Sagarpa a dejar de extorsionar y hostigar a los pescadores oaxaqueños en tierra y mar, quienes respetan las leyes respectivas y usan las artes de pesca reglamentarias, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ( Sagarpa) para que dejen de extorsionar y hostigar a los pescadores oaxaqueños en tierra y mar, que trabajan en esa actividad desde tiempos inmemoriales, respetando las leyes respectivas, usando las artes de pesca reglamentarias, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario del Morena.

El suscrito, diputado federal Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

La costa mexicana tiene una longitud de alrededor de 11 mil 500 kilómetros de extensión, con cerca de tres millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva (ZEE). La producción pesquera del país proviene tanto de la pesca por captura (realizada utilizando diferente artes de pesca según el tipo de peces y la zona), como por acuicultura (producción por cultivo). La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (Food and Agriculture Organization) posicionó a México en el lugar 17 de la producción pesquera a nivel global (2010), lo que equivale a una contribución de 0.95 por ciento a la producción mundial total.

En Oaxaca la producción agropecuaria y pesquera creció en 28.1 por ciento, en los últimos cinco años. Con un volumen de producción anual de más de 20 mil 331 toneladas de producto de mar de las cuales 525 toneladas están distribuidas en especies como: tiburón, cazón, guachinango, camarón, barrilete, jurel, mojarra, pargo, atún, lisa, raya etcétera, y en acuacultura tilapia y trucha, la actividad pesquera se coloca como una de las principales actividades productivas en el Estado de Oaxaca. La región de la costa va a lo largo del Océano Pacífico, limita al norte con la Región de la Sierra Sur; al este con el istmo de Tehuantepec; al oeste con Guerrero y al sur con el Océano Pacífico, ocupa 11 por ciento del territorio estatal comprende todos los distritos de: Pochutla, Juquila, Jamiltepec.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) de la Cuenca del Papaloapan, ha señalado que la entidad ocupa el cuarto, noveno y undécimo lugares, a nivel nacional, en producción de huachinango, camarón y tilapia (mojarra), respectivamente. La costa oaxaqueña, desde los arenales de Llano Grande en las estribaciones de Santiago Pinotepa Nacional, hasta los confines de Puerto Paloma e Isla Palizada, en los límites con Chiapas, atesora playas y litorales de portentosa belleza. Una experiencia inolvidable es recorrer todo el largo de esta orilla paradisiaca e ir conociendo a detalle los rincones de cada playa como: Puerto Escondido. La playa de Zicatela, Puerto Ángel la mítica playa de Zipolite, las maravillosas playas de Huatulco, con sus bahías y recovecos naturales de ensueño; la bahía de Tangolunda, con su isla al frente y sus 5 playas espectaculares. Pero también están la bahía de Chahue, la de Santa Cruz, la de Conejos, Maguey, Cacaluta, San Agustín, Chachacual, Órgano, etc. Todo el litoral es propicio para la pesca y su impulso económico para el estado.

El delegado de Sagarpa indicó que en materia de pesca y acuacultura a través de la Conapesca, se ejerció un promedio de 40 millones anuales.

Como es del conocimiento público, el sector pesquero mexicano contribuye con sólo 0.2 por ciento del producto interno bruto. Siendo un gran generador de fuentes de empleo, así como de ingresos económicos para el país. Además de ser una importante fuente de alimentación, la pesca genera más de 350 mil empleos directos y más de 2 millones de empleos indirectos.

Por lo anterior es de suma importancia la producción de alimentos de alta calidad nutricional como son los pescados y mariscos, se debe posicionar la actividad acuícola como estrategia en la provisión de alimentos y desarrollo regional. Con la finalidad de que los pescados y mariscos sean el principal motor para el desarrollo económico del país.

Más sin embargo éstos esfuerzos han sido en vano recordemos que con el terremoto del año pasado la pesca en Oaxaca cayó abismalmente, dejando el gobierno estatal sin apoyo a los pescadores. Por lo anterior se debe fortalecer y potencializar a este sector tan importante y apoyar a los pescadores y a sus familias.

A pesar del deterioro por el que pasa el sector pesquero se añade la extorsión y hostigamiento de nuestros pescadores, quienes han trabajado en la mar desde tiempos inmemoriales, realizando su trabajo con apego a la ley, usando las artes de pesca reglamentarias, esperando se tenga una legislación digna y a la altura que merecen nuestros pescadores y se aplique correctamente por el nuevo gobierno federal para reactivar ordenadamente la pesca en el país y cumpla con su aportación a la generación de riqueza y a la autosuficiencia alimentaria en México.

La extorsión se denomina como la presión que un individuo ejerce sobre el otro para obligarlo a actuar de cierto modo, y de esta forma obtener un beneficio económico o de otro tipo. La extorsión es uno de los delitos de alto impacto, que más aumentado y que nuestro sector pesquero ha estado viviendo estos últimos meses a cargo de autoridades de la Sagarpa.

La pesca es el principal benefactor alimenticio en México, sin embargo, un estudio social de la pesca en México, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO 2010), indicó que el nivel de bienestar de las comunidades pesqueras está por debajo del promedio nacional, ya que la mitad de los trabajadores del mar sobreviven con 500 pesos a la semana, sobre todo en entidades como Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Nayarit.

Para poder sufragar sus gastos deben pasar por diferentes etapas como la rentabilidad o compra de barcos, así como reparaciones, pago de trabajadores pesqueros, etc, éstos problemas son lo que enfrentan el sector pesquero, y aunado a ello se enfrentan con la extorsión de trabajadores de Sagarpa; por lo anterior, deben dejarlos continuar con su trabajo, que no sólo sirve para beneficio de los pescadores y su familia, sino de un estado, inclusive un país.

Por ello se debe dejar trabajar digna y libremente a nuestros pescadores de Oaxaca, que son sujetos de codicia y extorsiones de personal de Sagarpa; quienes desde hace meses viven con la incertidumbre de poder estar en alta mar sin ser víctimas de la extorsión.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que dejen de extorsionar y hostigar a los pescadores oaxaqueños en tierra y mar, que trabajan en esa actividad desde tiempos inmemoriales, respetando las leyes respectivas, y usando las artes de pesca reglamentarias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2018.

Diputado Armando Contreras Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Jucopo, los grupos parlamentarios y la Secretaría General de la Cámara de Diputados a tomar medidas para que en las actividades realizadas en este recinto se consideren los principios del consumo sustentable y responsable, y se fomenten el reciclaje y la reducción de desechos, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo

Consideraciones

Primera. Ninguna sociedad en el mundo podrá presumir de la salud de su población sin una política que vaya de la mano con la primicia fundamental de cuidar y salvaguardar el medio ambiente. Ambas, representan uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país y son de las mayores preocupaciones de los ciudadanos mexicanos.

Segunda. Al año se producen más de 300 millones de toneladas de plástico, y se calcula que al año se tiran aproximadamente 8 millones de toneladas de plástico según un estudio publicado por Science . Se calcula que para el año 2025, la cantidad acumulada de plástico en el mar podría ser de 155 millones de toneladas.

Tercera. Entre los desastres que causa el plástico en los océanos está el problema que este puede llegar a tener con la fauna salvaje, existen casos de cangrejos que han empezado a usar botellas de plástico como caparazón, o casos en donde las tortugas o aves se enredan con residuos, se hunden o se asfixian, entre muchos otros.

Cuarta. Hay estudios que revelan que ciertos componentes del plástico envenena el agua, causando la muerte de y/o la afectación del ecosistema donde se encuentren dichos residuos. De igual forma, los químicos que extrae el plástico, puede enfermar a los peces, y al llegar al cuerpo humano, producto de la cadena alimenticia, pueden convertirse en cánceres, problemas de obesidad y enfermedades reproductivas.

Quinta. Mi intención al presentar esta propuesta, es de legislar sobre la responsabilidad del Estado mexicano respecto a sus actividades y funciones para evitar la contaminación, proteger la salud, y preservar el medio ambiente. Está claro que la actual legislatura no ha orientado la austeridad hacia el elevado consumo de agua embotellada. Solo cuenten cuantas botellas de agua son utilizadas en cada sesión, más de mil. Abordar el tema de austeridad solo desde el punto de vista económico, es ponderar una visión bastante corta y sin un espíritu verdadero y sincero acerca del uso y cuidado de los bienes de la Nación, es priorizar solamente nuestros recursos monetarios y descartar los bienes más importantes y limitados con los que cuenta nuestro país, sus recursos naturales.

Sexta. Es nuestro deber y obligación, defender los bienes naturales de la Nación. No hacerlo representa un daño a nuestra nación y a nuestro mundo. Empeñar el presente y futuro de los mexicanos al dejar en un segundo término un tema que debe estar dentro de las prioridades más altas del Estado, es condenar a una posible extinción que sufrirán las próximas generaciones. Así de grave es el problema ecológico que enfrenta nuestra generación. Si se hacen cosas en beneficio de la ecología, son bienvenidas, si se puede hacer más, deberá de hacerse, siempre. Ningún bien económico o político puede estar por encima de nuestra sobrevivencia como especie, ligada íntimamente a la salud del ecosistema del cual formamos parte.

Séptima. Estamos comprometidos con la austeridad, pero como Cámara de Diputados, debemos de expandir nuestro compromiso y considerar el respeto a la ecología como parte de la misma, y así iniciar una nueva etapa de un consumo responsable y ecológico de materiales, insumos y servicios con los que contamos en este recinto.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a consideración ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política, a los Grupos Parlamentarios y a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, a implementar y tomar medidas necesarias para que en las actividades que se realizan dentro de éste recinto, se consideren los principios del consumo sustentable y responsable, y se fomente el reciclaje y la reducción de desechos, y de esta forma se impulse la eliminación progresiva de productos de un solo uso, como el plástico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR y la Cofece a investigar a Sonigas, SA de CV, en el área de suministro y distribución de gas licuado de petróleo por presuntas prácticas monopólicas y delitos en materia de hidrocarburos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El robo de hidrocarburos se ha convertido en una práctica delictiva que pone en peligro a nuestro sector energético y al erario. De acuerdo con el Reporte Anual de PEMEX, para finales de 2016, había 6 mil 642 tomas clandestinas de hidrocarburos. La cantidad de barriles que pierde PEMEX debido a estas prácticas asciende a 27 mil diariamente, lo que genera pérdidas económicas de entre 15 mil y 20 mil millones de pesos.

Según un estudio de la Comisión Reguladora de Energía, entre los años 2009 y 2016 se registraron perforaciones a los ductos de hidrocarburos casi cada 1.4 kilómetros a lo largo de 14 mil kilómetros de la red de ductos de Pemex.

El Gobierno Federal ha realizado importantes esfuerzos para hacer frente a este delito, sin embargo, y aunque estos delitos van a la baja, terminar con las tomas clandestinas continúa siendo un reto importante.

Los huachicoleros, como se les conoce a quienes extraen de forma ilegal los hidrocarburos, venden combustibles a precios más bajos, poniendo en riesgo el patrimonio y la seguridad de las personas, ya que la mayoría de las veces se encuentra adulterado.

En este marco, destaca Sonigas, una de las principales empresas suministro y distribución de Gas Licuado de Petróleo, quien ha sido señalada por la extracción ilegal de gas LP e incluso de gasolina.1

De acuerdo con página de internet, Sonigas, S.A. de C.V., es una empresa de Grupo SONI que nace en la ciudad de León, Guanajuato en la década de los 70 y se ha consolidado como el grupo gasero con mayor crecimiento sostenido durante los últimos años en nuestro país con un crecimiento del 72.5 por ciento.2

Desde el año 2000 se han presentado diversas quejas en contra de la empresa Sonigas, particularmente por la venta de tanques de gas a medio llenar. De acuerdo con investigaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dicha compañía cometía este tipo de prácticas en diversas entidades de la República, como Baja California, Sonora, Guerrero, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Colima, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis Potosí, Puebla, Jalisco, Chiapas, Tabasco, Nayarit, Hidalgo y Estado de México.3

En 2015, en un operativo de la Profeco se detuvo un camión de la empresa que contenía tanques de gas en esta condición, por lo que se le impuso una sanción que osciló entre los 10 mil y 80 mil pesos, según los gramos faltantes.

Sonigas también ha sido sancionada por Profeco con la clausura de una planta por no con los permisos correspondientes para operar y por no cumplir con las medidas de seguridad apropiadas.

Actualmente, las denuncias en contra de esta empresa son aún más graves, ya que se le acusa de que también se dedican al huachicoleo de ductos de Pemex. En 2014, en el municipio de San Pablo Xochimehuacán, Puebla, se descubrió una toma clandestina de la empresa Garza Gas, una filial de Grupo SONI, que se encontraba conectada a un ducto de gas LP de Pemex. Pese a ello, la empresa SoniGas continúa operando con impunidad.

El artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia señala:

Artículo 8. Se sancionará con pena de 20 a 30 años de prisión y multa de 20,000 a 25,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien:

I. Sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

II. Aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.

Asimismo, el artículo cuarto de la misma ley, establece lo siguiente:

Artículo 4. El Ministerio Público de la Federación procederá de oficio en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley, salvo aquellos que conforme la misma se perseguirán por querella de parte ofendida o del órgano regulador.

Durante el procedimiento penal el Ministerio Público de la Federación solicitará la prisión preventiva como medida cautelar, sin perjuicio de solicitarla conjuntamente con alguna otra.

En este sentido, es necesario exhortar a las autoridades competentes para que se realice una investigación de fondo respecto de los presuntos delitos de extracción ilegal de hidrocarburos por parte de la empresa SoniGas, a fin de deslindar responsabilidades y proteger el patrimonio energético de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Federal de Competencia Económica para que, en el marco de sus atribuciones, investiguen a la empresa Sonigas, SA de CV, en su área de suministro y distribución de gas licuado de petróleo, por presuntas prácticas monopólicas y delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

Notas

1 http://www.sanchezcarrillo.tv/noticias/nacion/el-monopolio-gasero-soni- pionero-de-los-huachicoleros/

2 https://www.sonigas.com.mx/nosotros

3 http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1026135.html

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 30 de octubre del año 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Sonora a considerar las observaciones del proyecto de justicia mundial sobre la situación de la entidad respecto al índice de estado de derecho de México, a cargo de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Gabriela Guevara Espinoza, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la solicitud de punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Sonora a considerar las observaciones del Proyecto de Justicia Mundial respecto a la situación de la entidad en relación al índice de estado de derecho en México , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. Una de las frases más usadas en muchos de los discursos políticos de los últimos cincuenta años en nuestro país se refiere al estado de derecho. Arbitrariedades y abusos fueron justificados por la “defensa del estado de derecho”. El partido de Estado recurrió a ese apelativo miles de veces mientras la injusticia se desarrollaba con perfiles sistemáticos y el concepto que se estudiaba y aún se define así: “El estado de derecho es la organización política de la vida social sujeta a procedimientos regulados por ley en el cual los actos del Estado están limitados estrictamente por un marco jurídico supremo guiados por el principio de legalidad y el respeto absoluto de los derechos fundamentales”. Como se entiende, el marco jurídico vigente no pudo materializar sus mandatos a través de las instituciones obligadas. No detuvo los procesos delincuenciales estructurales, y la preeminencia de los derechos humanos no fue el objetivo último de los trabajos institucionales. Esto se observa a nivel general y en el estrato de los gobiernos estatales.

Es nuestra responsabilidad visibilizar sobre todo a lo que nuestra representación estatal compete. En este sentido cabe mencionar un estudio internacional sobre el cumplimiento del estado de derecho en donde se menciona al estado de Sonora.

Este estudio lo elabora el Proyecto de Justicia Mundial. El Proyecto de Justicia Mundial involucra a defensores de todo el mundo y de diversos intereses y disciplinas para promover el estado de derecho.

En su argumentación, el organismo aduce que el estado de derecho efectivo reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de las injusticias, grandes y pequeñas. Es la base de las comunidades de paz, equidad y oportunidad, que respaldan el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto de los derechos fundamentales. A pesar de esto, en todo el mundo, a las personas se les niegan los derechos básicos a la seguridad, la libertad y la dignidad porque el estado de derecho es débil o inexistente. Cuando las leyes de contaminación son ignoradas y los inspectores son sobornados, el medio ambiente sufre. Las mujeres son víctimas de abuso cuando sus derechos son ignorados y cuando su acceso a la justicia es limitado. Las familias sufren cuando los padres son obligados a pagar sobornos para que sus hijos vayan a clínicas de salud e incluso a escuelas. Las empresas locales e internacionales evitan invertir en comunidades donde faltan normas y regulaciones estables, lo que conlleva riesgos excesivos.

El estado de derecho significa mejor salud pública, desarrollo económico y participación política. Es el ingrediente necesario para todas las formas de esfuerzo humano, especialmente en las comunidades de mayor necesidad.

Premisas del Proyecto de Justicia Mundial. El estado de derecho es la base de las comunidades de equidad, oportunidad y paz. La colaboración multidisciplinaria es la manera más efectiva de promover el estado de derecho. Sus metas son: Mayor comprensión del estado de derecho y su importancia fundamental; Mayor adherencia al estado de derecho por parte de los gobiernos y culturas multidisciplinares, propias del estado de derecho.

La investigación y los datos originales de WJP se basan en el World Justice Project Rule of Law Index . El Índice mide cómo el estado general de la ley es experimentado y percibido por el público en general en todo el mundo en base a más de 110 mil hogares y tres mil encuestas de expertos. Es la principal fuente mundial de datos originales e independientes sobre el estado de derecho. Tradicionalmente, el estado de derecho ha sido visto como el dominio de abogados y jueces. Pero los problemas cotidianos de seguridad, derechos, justicia y gobierno nos afectan a todos; Todos somos partes interesadas en el imperio de la ley. Las líneas de negocios que se refuerzan mutuamente de WJP, por lo tanto, emplean un enfoque multidisciplinario a través de la investigación y los datos originales, una red activa y global, y programas prácticos dirigidos localmente para promover el estado de derecho en todo el mundo.

En este sentido y al enfocarse a los estados mexicanos, nos informa que “dentro de las cuatro entidades peores calificadas del país se encuentra Sonora en el Índice de Estado de Derecho de México 2018. En el peldaño número 29 de 32 se encuentra la entidad sonorense, sólo por encima del estado de México, Baja California Sur y Guerrero, pues de una calificación de 0 a 1, logró un puntaje general de 0.36.

En el tema de límites al poder gubernamental, Sonora alcanzó un puntaje de 0.40, en el que se analizó el contrapeso eficaz de los poderes Legislativo y Judicial, así como el de los organismos de control.

En dicho tema, las sanciones por abuso de poder fueron lo que resultó peor calificado con un promedio de 0.24, y es que el caso más representativo de la historia reciente de Sonora es la corrupción dentro del sexenio del ex gobernador, Guillermo Padrés Elías, quien fue aprehendido pero su expediente no ha sido bien integrado por la Fiscalía Anticorrupción.

En el caso de derechos fundamentales se alcanzó un promedio de 0.46, siendo el derecho a la privacidad y laborales los que obtuvieron menor puntaje con 0.33 y 0.34, respectivamente.

Seguridad

El factor orden y seguridad fue el segundo peor calificado con 0.28, pues en ausencia de homicidios y crimen se alcanzó un promedio de 0.17 en ambos temas, mientras que la percepción de seguridad llegó a 0.50.

Y es que la violencia se ha incrementado en la entidad, sobre todo en los municipios de Guaymas, Cajeme y Hermosillo, siendo estos dos últimos los que terminaron con 50 y 31 homicidios en el pasado mes de septiembre.

Los procedimientos administrativos eficientes resultaron con la peor calificación con 0.10 dentro del tema de cumplimiento regulatorio. Pues la ciudadanía no está conforme con tanta burocracia para lograr un trámite, lo cual significa grandes retrasos.

Sonora ha avanzado mucho en este último periodo en muchos temas pero hay que avanzar en lo que respecta al tema de estado de derecho que es un tema meramente institucional. Nos encontramos, los sonorenses y los mexicanos lo sabemos, en una de las peores crisis institucionales y de inseguridad. Sabemos las dificultades que esto entraña pero también sabemos que el gobierno estatal de Sonora responderá a estos objetivos análisis internacionales.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno del estado de Sonora considerar las observaciones del Proyecto de Justicia Mundial respecto a la situación de la entidad en relación al índice de estado de derecho en México y a impulsar los procesos institucionales en favor de la ciudadanía sonorense.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2018.

Diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a las entidades federativas a implantar proyectos productivos individuales y familiares en beneficio de los migrantes de retorno que propicien su reinserción al medio productivo de la sociedad mexicana y la generación de recursos para su subsistencia, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Libier González Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los problemas a los que se enfrenta el migrante mexicano que retorna a nuestro país, es la falta de oportunidades para generar ingresos que le permitan mantenerse; como sabemos las principales causas que motivan a los mexicanos para dejar su lugar de origen en busca del sueño americano es la falta de empleo y los bajos salarios, presentándose esta situación mayormente en la población en edad productiva.

La migración representa la oportunidad de encontrar empleos dignos que permitan el envío de remesas, las cuales funcionan como atenuantes ante la difícil situación económica de muchas regiones del país.

Sin embargo, las políticas migratorias del gobierno estadounidense han llevado a una mayor restricción de la frontera norte, inhibiendo el acceso de nuestros paisanos, y en algunos casos se encuentran ante la desafortunada circunstancia de ser detenidos por la autoridad migratoria fronteriza.

El censo de 2010 mostró un aumento anual de retornados entre 2000 y 2010 285 mil en el primer año y 351 mil en el último; “Entre 2005 y 2010 regresaron casi 308 mil de los poco más de 900 mil migrantes que partieron, esto es, la tercera parte, frente a sólo el 18% entre 1995 y 2000. En el quinquenio anterior a 2010, de cada diez personas que emigraron, tres retornaron al país, preferentemente hombres jóvenes, ya que las mujeres son más propensas a establecerse. Muchos de los repatriados no habían podido trabajar en Estados Unidos, es decir, fueron deportados en la frontera o poco tiempo después de cruzar.”i

Por otra parte, y de Acuerdo con el Anuario de Migración y Remesas México 2017, las cifras de migrantes mexicanos en situación de retorno son las siguientes:

Se estima que entre 2010 y 2015 “regresaron 495 mil migrantes a México, principalmente a regiones del occidente, centro y norte del país. 89.3% de los migrantes de retorno procedían de Estados Unidos, 38.6% lo hicieron a localidades con más de 100,000 habitantes.”ii

El nivel de preparación escolar es el siguiente: “63.2% de los migrantes de retorno tenían educación básica, 18.9% media superior y 14.8% estudios de nivel técnico y superior.”iii

En razón de alojamiento “61.8% de los retornados viven en casa propia, 21.2% rentan y 15.0% viven en una casa prestada.iv

En el sector informal de la economía se encuentran “tres de cada diez migrantes que volvieron a México. 56.0% de los retornados laboran como empleados u obreros, 22.2% como trabajadores por cuenta propia y 8.1% como jornaleros o peones.”v

Como podemos apreciar estas son las condiciones en las que el migrante que retorna se enfrenta al proceso de reinserción social, incluyéndose su incorporación al proceso productivo que le permita generar los recursos propios para su mantenimiento, volviéndose aún más difícil esta situación porque los apoyos del gobierno en sus tres órdenes (Federal, Estatal y Municipal) son muy escasos o simplemente no existen.

Estas son algunas de las difíciles situaciones que han vivido los migrantes, quienes nos narran sus experiencias:

“No hemos recibido ningún apoyo del gobierno, solicitamos el Programa Pymes para pequeñas empresas, para ampliar nuestro restaurante, pero [el gobierno] no nos ayudó, pues había que poner primero el dinero y luego llevarles las facturas para ser reembolsado” (esposa de Hugo, Chavaxtla, 2012). Otra mujer con dos hijos pequeños se queja de que no le dieron la ayuda del Programa Oportunidades, sólo por tener una casa bonita con aparatos electrónicos producto de su trabajo como migrante, a pesar de que su familia no cuenta con tierra. El Fondo de Apoyo al Migrante de Retorno 2012 es una limosna de cinco mil pesos, insuficiente para poner cualquier changarro. El único programa con recursos sustanciales es el de repatriación de estudiantes que salieron a cursar posgrados en el extranjero, pero no es para hijos de campesinos. En diciembre de 2012 algunas organizaciones civiles se quejaron de que, en el Presupuesto Federal propuesto por el nuevo presidente, Enrique Peña Nieto, se redujeron los recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes que ayuda a los compatriotas repatriados y se canceló el recurso del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migrantes. Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública (SEP), no reconoce los estudios que cursaron los jóvenes mexicanos en Estados Unidos. No hay que extrañarse si algunos migrantes repatriados aceptan las ofertas de empleo del crimen organizado, lo que añade riesgos e inseguridad a los proyectos de reinstalación de los migrantes retornados. Los que llegaron de la frontera norte se volvieron allá desencantados: se regresaron a Paso del Norte porque no se les dio empleo, ni acceso a la salud, ni a los créditos para vivienda.”vi

Como podemos apreciar el panorama es poco alentador para el migrante retornado, si bien existen acciones del gobierno, para apoyar a estos mexicanos, como lo puede ser el programa de la Secretaria de Desarrollo Social denominado 3x1, con un presupuesto asignado para este año fiscal de 498.6 millones de pesos, el cual dentro de sus vertientes tiene el apoyo para proyectos productivos en el ámbito: comunitario, familiar, individual y de servicios de capacitación, no obstante no ha logrado alcanzar el impacto necesario para dar respuesta a los requerimientos del migrante retornado.

Considero que hoy más que nunca es necesario que actuemos mediante la implantación de programas preventivos y de atención para los mexicanos que retornan del extranjero, cuando las políticas en materia de migración del gobierno estadounidense son más restrictivas.

Esta responsabilidad nos queda claro no corresponde únicamente al ámbito federal, es necesario que las entidades federativas se involucren de manera decidida para que el apoyo al mexicano migrante se refleje en un real bienestar para este y su familias.

Los estados con mayor número de migrantes (específicamente los que parten hacia la Unión Americana), son los que reciben en proporción el mayor número de remesas que benefician a estados y municipios por igual, basta con mencionar la cantidad de obras comunitarias que se han emprendido con estos recursos: por ello se hace necesario que a partir de esta realidad el compromiso de los gobiernos de los estados se refleje en la implementación de proyectos productivos en el ámbito estatal con recursos propios y de manera autónoma a los que ya la federación destina a este rubro, con el propósito de generar un mayor número de beneficiarios.

Indudablemente la creación de estos proyectos productivos incidirá en el bienestar de las familias de las entidades federativas con mayor presencia migrante pero también será detonante del desarrollo productivo de las comunidades en las que se implementen.

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta con el debido respeto a su autonomía, a las entidades federativas para que implementen proyectos productivos individuales y familiares en beneficio de los migrantes de retorno, que propicien su reinserción al entorno productivo de la sociedad mexicana, mediante la generación de recursos para su subsistencia.

Notas

i Migrantes en retorno,

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732013000100006. Consultado el 22 de octubre de 2018.

ii Anuario de Migración y Remesas. México 2017. Pag.92. En

https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/08/ 1707_AnuarioMigracionRemesas_2017.pdf. consultado el 22 de octubre de 2018.

iii Ibídem

iv ibídem

v Ibídem

vi Migrantes en retorno,

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732013000100006. Consultado el 22 de octubre de 2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2018.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Cultura, y de Economía, así como a la CDI, a realizar y hacer público un diagnóstico del patrimonio cultural artesanal de los pueblos y las comunidades de artesanos mexicanos, a cargo de la diputada Abril Alcalá Padilla, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Abril Alcalá Padilla, integrante del Grupo Parlamentario Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El reconocimiento de los derechos humanos ha sido históricamente un tema de preocupación por muchas naciones en el mundo y de lucha de diversos sectores.

El surgimiento del documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos –adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre de 1948, en París, Francia– se sustenta en el ideal común que señala que el ser humano merece respeto por su vida, su dignidad, su integridad y su desarrollo pleno; es decir, que pueda gozar del progreso social mediante la protección a sus derechos elementales como la salud, el empleo, la educación, la vivienda, la recreación y la cultura. Todas ellas, condiciones de bienestar que en lo posible permita a las personas llevar una vida plena en condiciones y circunstancias de igualdad.

En este contexto, se han generado acuerdos internacionales para salvaguardar la dignidad de la gente. Pese a esto esfuerzos por consolidar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, paradójicamente resulta común que un sector como lo han sido los pueblos de artesanas y artesanos permanezca hasta el día de hoy con muchos rezagos y desigualdades de índole que van desde lo social, lo económico y lo cultural.

Estas circunstancias motivaron en el caso del país que se atendiese a la unidad social, económica y cultural de los pueblos originarios. En el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos. Especifica en la fracción IV del numeral 1, Apartado A, la necesidad de “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”.

Los conocimientos y elementos que constituyen la cultura y la identidad de los pueblos productores de artesanías tienen que ver con la transmisión ancestral de su concepción y precepción sobre la vida con el mundo y el universo, su contacto con lo espiritual, las tradiciones orales, las creencias, los usos sociales, los rituales, en la sabiduría sobre el comportamiento de la naturaleza y lo más preciado y significativo: su vestimenta, en la que emplean técnicas milenarias y en consecuencia únicas fusionándose el hilado y las telas que culminan magistralmente en vistosos y coloridos bordados donde el uso de tintes de origen natural se hace místico.

Esa vestimenta se convierte en el símbolo de creatividad e identidad regional ante otras comunidades. Son maestros en el manejo de la arcilla y del barro inspiración que dio forma en la creación del hombre, de la madera, el mimbre entre otros elementos naturales que dan vida y forma a sus artesanías, piezas únicas creadas por las manos mágicas de los artesanos, que moldean, integran, hornean, tejen y pintan diversos objetos credos con fines culturales, de identidad colectiva y también económicos como medio de subsistencia de muchos pueblos y comunidades productoras de artesanías.

Las artesanías llevan el sello particular de las hábiles y diestras manos de los artesanos, siendo nula o poca la intervención de procesos automatizados para su elaboración, convirtiéndolas en piezas únicas e incomparables con carácter y un valor especial. El trabajo artesanal es un generoso y noble oficio ancestral y ha implicado con el transcurrir del tiempo un núcleo económico del que viven miles de familias de las comunidades con tradición artesanal.

El patrimonio cultural de las y los artesanos no sólo comprende a sus pueblos, monumentos o producción sino, también, a las artesanías que en su ritual de elaboración lleva la trasmisión de conocimientos que van de generación en generación y que lamentablemente se han vuelto de manera constante objetos de plagio y piratería. Ante esta realidad lacerante, en pasadas legislaturas, diputadas y diputados de las diferentes fracciones parlamentarias han buscado desde la legislación fortalecer nuestros ordenamientos jurídicos que protejan la autoría creativa de las artesanas y artesanos en sus artesanías, así como sus técnicas y diseños que son parte de nuestro patrimonio cultural y símbolo de identidad nacional.

Con la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (A/RES/61/295), 1 aprobada por la Asamblea General de la ONU el 13 de septiembre de 2007, se vinculan tanto derechos individuales como colectivos de los pueblos indígenas, es decir, derechos que dan sustento a su identidad, cultura, idioma, salud, educación, empleo y otros reconocidos en esta declaración universal referida.

Un valioso argumento de la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es el reconocimiento a los pueblos indígenas en su contribución permanentemente a la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas que constituyen el patrimonio común de la humanidad. Establece en el artículo 11, numeral 1:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.

2. ...

Para los pueblos y las comunidades de artesanos y productores de artesanías de todo el mundo, la cuestión de la protección de la propiedad cultural ha cobrado vital importancia, pues su producción artesanal absorbe la idea de una cultura y en consecuencia un estilo de vida tejido en antiguos conocimientos y tradiciones. Debemos reconocer y tener muy claro que las y los artesanos incluyendo a los pueblos originarios tienen el derecho precisamente a proteger su patrimonio cultural, así lo indica el artículo 31 de la referida declaración universal:

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de la propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.

2. Conjuntamente con los pueblos indígenas, los Estados adoptarán medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos.

Por tanto, la protección de la creatividad artesanal individual y colectiva está fuertemente vinculada a características culturales regionales.

En nuestra legislación, la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 1988, refiere en el artículo 3o., fracciones II y III, los conceptos de artesanía y artesano:

II. Artesanía, a la actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria, que tiene por objeto transformar productos o substancias orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, donde la creatividad personal y la mano de obra constituyen factores predominantes que les imprimen características culturales, folklóricas o utilitarias, originarias de una región determinada, mediante la aplicación de técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente; y

III. Artesanos, a las personas cuyas habilidades naturales o dominio técnico de un oficio, con capacidades innatas o conocimientos prácticos o teóricos, elaboran bienes u objetos de artesanía.

Nuestras artesanías y las manos maestras del artesano tienen registros antiquísimos. Muchas de nuestras artesanías tienen su génesis en las culturas prehispánicas como la maya, la azteca, la tolteca y la olmeca, entre algunas otras diversas que enriquecen la cultura nacional, y que hoy enfrentan la voraz batalla por sobrevivir.

Para la que propone el presente documento parlamentario, resulta necesario brindar la protección y certificación a las artesanías nacionales que se elaboran bajo distintas técnicas y con características únicas en diversas regiones y comunidades del país. Actualmente existe el Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (implantado por la Secretaría de Desarrollo Social), encargado de apoyar a los artesanos a mejorar la elaboración y venta de las artesanías y que puedan tener ingresos económicos.

Surge aquí una pregunta: ¿Qué pasa con la piratería, con el plagio de las creaciones de las prendas de vestir de nuestras artesanas y artesanos y sus comunidades?; ¿Es un atentado contra nuestra identidad nacional, contra los derechos creativos y colectivos de nuestros artesanos?

De los problemas más severos que enfrentan miles de artesanas y artesanos es sin duda el del plagio y la piratería en el diseño de sus artesanías lo que tristemente además del daño creativo se refleja el daño económico en las comunidades originalmente creadoras. La falta de una legislación clara que le brinde protección ante el plagio y la piratería mantiene la puerta abierta para que empresas trasnacionales simplemente se roben estos diseños y creaciones con fines de lucro.

Desde 2015 fue muy mencionada la problemática de piratería extranjera de las prendas de las artesanas mexicanas, ejemplo de ello, fue un caso controvertido en que la diseñadora francesa Isabel Marant se vio involucrada al presentar como propia, una blusa tradicional del poblado de Santa Teresa Tlahuitoltepec, Oaxaca, y quien a través de la firma Antiquité Vatic (o Antik Batik),2 inició un juicio para defender los derechos de la prenda y ahora quiere que los artesanos de Tlahuitoltepec le paguen regalías y que además tengan prohibido confeccionar y vender sus productos.

La compañía europea pretendía obtener la patente del diseño y comenzar su explotación a nivel global, lo que habría implicado la afectación a seis mil habitantes de esa comunidad, pertenecientes al pueblo mixe (ayuukjä’äy), con descendencia tolteca, cuya principal actividad económica es la confección y venta de ese tipo de prendas. Resultaría grave que la diseñadora francesa Isabel Marant, además de no darles crédito y acusarlos de plagio, les despoje de su insumo; ya que acabaría con la economía del pueblo Mixe. Como ejemplo, se señala el que la prenda aparezca en su página de internet3 con un precio de 290 dólares (alrededor de 5 mil 500 pesos mexicanos, a un tipo de cambio de 19 pesos por dólar estadounidense), mientras que el precio de la prenda en la comunidad productora no rebasa 600 pesos.

El caso más reciente de 2018 es el de las artesanas de la comunidad de Aguacatenango, Chiapas, quienes denunciaron ser víctimas de la tienda española de ropa Zara por plagiar el bordado tradicional de sus blusas. Estas desleales prácticas de plagio evidencian la falta de protección jurídica que resguarde las creaciones de comunidades artesanas, que como se ha mencionado son parte de la identidad cultural nacional.

Para la creación y elaboración de una de estas prendas de vestir, se invierten más de cincuenta horas de trabajo en los bordados que resultan de alta costura, para que empresas trasnacionales se roben estas creaciones, y en consecuencia dañen el valor económico y de identidad de las comunidades creadoras.

De la problemática expuesta surge la necesidad de contar con legislación que proteja a este gran sector de nuestra cultura colectiva en su variedad y riqueza artesanal, así como de establecer mecanismos de políticas públicas que preserven, protejan y certifiquen nuestras artesanías en sus diseños y técnicas, reconocidas y apreciadas en muchas partes del mundo, además de formar parte de un eslabón de la economía nacional, que permite a miles de familias vivir de su creaciones artesanales.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Cultura, y de Economía, así como a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a realizar y hacer público un diagnóstico del patrimonio cultural artesanal de los pueblos y comunidades de artesanas y artesanos mexicanos; e implantar el Registro Colectivo Nacional de Artesanas y Artesanos Mexicanos, a efecto de proteger la creatividad colectiva de sus prendas, sus creaciones y respectivas técnicas del plagio, robo y piratería de nuestro patrimonio artesanal colectivo.

Notas

1 Consúltese
https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

2 Consúltese https://yalochecaste.com/2015/11/antiquite-vatic-no-reclama-patente-por que-antiquite-vatic-no-existe/

3 https://www.isabelmarant.com/mx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2018.

Diputada Abril Alcalá Padilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CRE y la ASEA a garantizar la protección del ambiente de quienes expenden hidrocarburos al público, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Francisco Elizondo Garrido, de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena, respectivamente

Quienes suscriben, diputados federales Arturo Escobar y Vega y Francisco Elizondo Garrido, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Sin lugar a dudas, el día de hoy tenemos un México muy distinto al que recibimos hace cinco años, el trabajo conjunto que hemos realizado las diferentes fuerzas políticas del país y los Poderes de la Unión, ha traído como consecuencia una nación en movimiento; hoy más que nunca contamos con la estructura jurídica y política que México demandaba varias décadas atrás. Logramos materializar reformas estructurales de gran calado en materias que para muchos era prácticamente imposible, las cuales transitaron debido a la confianza y nacionalismo de los partidos aquí representados.

El sector energético nacional fue participe y objeto de estas reformas estructurales, resulta estratégico dentro de nuestro proyecto de nación seguir impulsando su crecimiento ante la nueva apertura, generando confianza en la inversión y certeza para el establecimiento de nueva infraestructura, impulsando la diversificación energética nacional, además de llevar a las familias energía más barata, sustentable y segura.

El mercado energético nacional se ha revitalizado y sigue representado económicamente un factor fundamental para el desarrollo nacional. No obstante, las reformas estructurales en el rubro de energía han detonado desarrollos regulatorios complementarios por parte del Poder Ejecutivo federal, en este rubro ante esta tribuna fueron aprobadas las reformas por medio de las cuales se crearon y fortalecieron los órganos reguladores en materia de energía dentro del país, siendo estos la Comisión Nacional de hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, dependencias que han enfrentado un gran reto en la implementación de. la reforma energética. Sin embargo, su actuar resulta importante para garantizar el éxito de esta reforma en varios de sus ámbitos, el económico, social y ambiental, estos dos últimos fundamentales en la percepción y materialización de la reforma dentro del país.

Particularmente, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos tiene como misión garantizar la seguridad de las personas y la integridad del medio ambiente con certidumbre jurídica, procedimental y de costos en el sector de hidrocarburos.

México, así también hace algunos años, instalaciones de este tipo fueron presa de afectaciones propiciadas por el crimen organizado, particularmente en estados como Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Jalisco, el cabal cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y protección ambiental, resulta relevante para el Estado y la ciudadanía.

La propia ASEA, en su guía general para estaciones de servicio de diésel y gasolina, publicada en su página oficial establece que:

El 7 de noviembre de 2016, ASEA publicó en el DOF la NOM-005-ASEA-2016, con el objetivo de brindar certidumbre jurídica al sector, estableciendo las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección ambiental que deben cumplir todas las estaciones de servicio de diésel y gasolina en cuanto a diseño, construcción, operación y mantenimiento. Asimismo, el 14 de noviembre de 2016, se publicó en el Diario Oficial la NOM-EM-002-ASEA-2016 para establecer los métodos de prueba y parámetros para la operación, mantenimiento y eficiencia de los sistemas de recuperación de vapores de gasolinas ya instalados en las estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas.

No obstante lo anterior, no se encontró un informe o documento que garantice que la propia dependencia ha establecido un programa de cumplimiento de estas instalaciones con la normatividad y tampoco se encontró un registro de que dichas normas se cumplirán este año. Lo cual genera vacíos en la aplicación de las leyes e incertidumbre. Se sabe que al amparo del artículo 51 de la Ley de Hidrocarburos el incumplimiento con estas normas puede derivar en la revocación de los permisos de expendio otorgados a estas instalaciones por la Comisión Reguladora de Energía con la participación de la agencia, por lo que se exhorta a estas instituciones como autoridades competentes a garantizar el cumplimiento de las leyes emitidas por este Congreso de la Unión y las normas emitidas por las propias dependencias, con el objeto de garantizar al estado y la ciudadanía en general la seguridad industrial y la protección ambiental de las gasolineras y gaseras que operan en México.

Por ello, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a garantizar que quienes realizan actividades del sector hidrocarburos en México, particularmente las actividades de expendio al público de petróleo y petrolíferos, cumplan con todas las medidas de seguridad y protección al medio ambiente durante su ciclo de vida incluyendo la etapa de operación.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de la Comisión Reguladora de Energía y de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, informe periódica y públicamente a la ciudadanía por los medios que considere conveniente las medidas regulatorias y de cumplimiento que han implementado para garantizar la seguridad y protección al medio ambiente de quienes realizan actividades de expendio al público de petróleo y petrolíferos, considerando todo el ciclo de vida de los proyectos, particularmente su operación. Así como también, cómo se hará exigible su cumplimiento año con año, generando una estadística de avance de cumplimiento en este rubro dentro del sector hidrocarburos por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, en relación con los permisos emitidos para tal efecto por la Comisión Reguladora de Energía.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a garantizar que las estaciones de expendio al público de petróleo y petrolíferos cumplan cada año, sin excepción, con lo establecido por la NOM-006-ASEA-2017, la NOM-005-ASEA- 2016 y la NOM-EM-001-ASEA-2015, e informe periódica y públicamente a la ciudadanía por los medios que considere conveniente su cumplimiento en cada caso, en materia de seguridad y protección al medio ambiente dentro de sus etapas de diseño, construcción, operación y mantenimiento, con el objetivo de garantizar la protección a las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburos. En caso de que no cumplan con dichas medidas, solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la revocación de los permisos de expendio otorgados.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, a que informe periódica y públicamente a la ciudadanía por los medios que considere conveniente a cuántas estaciones se les ha aplicado la revocación de los permisos de expendio, cuantas estaciones de servicio para el expendio al público de diésel y gasolina han presentado ante esa Agencia los dictámenes de operación y mantenimiento señalados en las NOM-006-ASEA-2017, NOM-005-ASEA-2016 y NOM-EM-001-ASEA-2015, durante los años 2015, 2016, 2017 y 2018, estableciendo que porcentaje del total de los sujetos obligados han cumplido en la entrega por cada año y determinando como Autoridad cuales han sido las acciones realizadas para exigir a los obligados el cumplimiento de dicha obligación, señalando las áreas, los nombres y cargos de los funcionarios responsables.

Diputados: Arturo Escobar y Vega, Francisco Elizondo Garrido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nayarit a explicar de manera pormenorizada y pública cómo utilizará los recursos solicitados derivado de la iniciativa de endeudamientos de octubre de 2018, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Mirtha Iliana Villalvazo Amaya diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El 30 de enero de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que estableció como principios básicos de la administración pública; a) reglas de disciplina presupuestaria, b) contratación de deuda en las mejores condiciones financieras y con destino específico a inversión pública productiva, c) registro de la totalidad de los financiamientos y obligaciones de los entes públicos a través del Registro Público Único, d) evaluaciones periódicas del nivel de endeudamiento mediante el Sistema de Alertas, y e) Deuda Estatal Garantizada.

Como se sabe, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Deuda Pública la Ley de Coordinación Fiscal, entre otros ordenamientos aplicables, comparten el objetivo de regular el uso de los recursos gubernamentales, para asegurar el fortalecimiento de las finanzas públicas locales, con reglas específicas para la contratación de deuda.

Con la Ley de Disciplina Financiera se norma las condiciones para que la población tenga mayor información acerca de las finanzas públicas de las Entidades Federativas, y poder así, evaluar el nivel de endeudamiento, previendo los riesgos financieros.1

En este sentido, el legislativo permanente a buscado ir mejorando el óptimo manejo de la deuda que contratan los Estados. Sabemos que Nayarit depende en gran medida de los ingresos federales que son, en términos generales, del 93.8 por ciento de sus ingresos totales, ubicándose así, entre las primeras tres entidades federativas con mayor dependencia en esta materia.

En este contexto, llama la atención que el Pasado 4 de octubre de 2018 fue publicado en el Periódico Oficial del Órgano del gobierno del estado de Nayarit, el decreto que autoriza al titular del Poder Ejecutivo del estado, para que, por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, lleve a cabo el refinanciamiento y/o reestructuración de la deuda pública directa de largo plazo del estado, así como para la contratación de un nuevo financiamiento.

Para los ciudadanos de Nayarit resulta preocupante que el gobernador del estado y el Congreso local siga autorizando mayor endeudamiento para la entidad sin que hagan público el manejo de los compromisos que pretende asumir.

Según el análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera de agosto de 2018 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el corto plazo, los gobiernos locales enfrentarán presiones respecto de su capacidad de pago de las obligaciones financieras, por el aumento del costo financiero debido al incremento de la tasa de interés de referencia, encontrándose en este caso Nayarit con la perspectiva de riesgo con una tasa de interés mayor que la media nacional de 8.1 por ciento.

No se debe olvidar que, los artículos 73, fracción VIII, de la Carta Magna y 4o., fracciones I, IV y V, de la Ley Federal de Deuda Pública, señalan que el uso y destino de los recursos constitutivos de la deuda pública se podrán utilizar para inversión pública productiva que genere ingresos para su pago, así como para el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y las operaciones de regulación monetaria.

El refinanciamiento que realizan las entidades federativas de sus obligaciones financieras, aunque disminuye las presiones del servicio de la deuda y se liberan recursos de libre disposición, concentra el financiamiento en el manejo de los pasivos adquiridos en el pasado y se restringe el margen o espacio fiscal para elevar la inversión pública productiva de las entidades y los municipios, situación por la que atravesará Nayarit con el reciente endeudamiento.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de está soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Poder Ejecutivo del estado de Nayarit haga público como utilizará los recursos provenientes de la solicitud de endeudamiento del decreto publicado en el Periódico Oficial del órgano del gobierno del estado de Nayarit el pasado 29 de abril de 2018.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Nayarit para que, durante su gestión se apegue a los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Nota

1 Dictamen a discusión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del jueves 16 de noviembre de 2017, en Gaceta Parlamentaria número 4908-II, Anexo II.

Palacio Legislativo, a 30 de octubre de 2018.

Diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la Ssa a garantizar la atención y el tratamiento del cáncer de pulmón a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Éctor Jaime Ramírez Barba , diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás artículos relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud a garantizar la atención y tratamiento del Cáncer de Pulmón a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El término cáncer engloba a un grupo de más de 200 diferentes tipos de la enfermedad que tiene como característica principal el rápido y desordenado crecimiento de células anormales (Bustamante, Marín y Cardona, 2012).1 El crecimiento descontrolado de las células implica que las mismas modifiquen su forma, su tamaño y otras características.

Este crecimiento anárquico puede originarse porque nacen más células o porque las células existentes no se mueren o por los dos fenómenos a la vez. El resultado final es un aumento del número total de células, que lógicamente necesitan más espacio y se van extendiendo por el órgano y los tejidos de alrededor (extensión local o regional), que se introducen en los ganglios linfáticos (infiltración linfática) o en los vasos sanguíneos y, finalmente, colonizan otros órganos lejanos (metástasis a distancia). En general, tiende a llevar a la muerte a la persona afectada, si no se trata adecuadamente. Se conocen más de 200 tipos diferentes de cáncer; los más comunes son los de piel, pulmón, mama y color rectal.2

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial; en 2012 hubo unos 14 millones de nuevos casos y 8.2 millones de muertes relacionadas con esta enfermedad,3 mientras que en 2015, se calcula que provocó 8.8 millones de defunciones, identificando, principalmente, cinco tipos de cáncer que son los responsables del mayor número de fallecimientos: cáncer pulmonar (1.69 millones de muertes), cáncer hepático (788 mil defunciones), cáncer colorrectal (774 mil muertes), cáncer gástrico (754 mil defunciones) y de mama (571 mil muertes).4

El proceso del cáncer de pulmón es similar al de otros tipos de cáncer. La célula normal que se transforma en la célula tumoral se encuentra en el epitelio que reviste todo el árbol respiratorio desde la tráquea hasta el bronquiolo terminal más fino, y las células que se encuentran en los alveolos pulmonares.5

Si bien el cigarrillo es una de las causas de cáncer de pulmón, su relación casuística, ha originado que se considere una enfermedad autoproducida, cuando cualquier persona puede desarrollarlo, inclusive, existen algunos tipos de cáncer que son se presentan mayoritariamente en población no fumadora.6

Imagen extraída del Programa de Cáncer de Pulmón en Mujeres con mutaciones de receptor de crecimiento epidémico (EGFR) no asociado al tabaquismo. Doctor Óscar G. Arrieta Rodríguez. Unidad Funcional de Oncología Torácica y Laboratorio de Medicina Personalizada. Instituto Nacional de Cancerología.

El cáncer de pulmón siempre es tratable, independientemente del tamaño, la localización y el grado de diseminación; no obstante, el resultado a largo plazo no es muy favorable cuando el estado del cáncer es más avanzado.7

A nivel mundial, tomando como referencia el año 2016, la tercera causa de muertes observadas por tumores malignos corresponde a aquéllos desarrollados en los órganos respiratorios e intratorácicos.8

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE-10). Excluye defunciones con residencia habitual en el extranjero y edad no especificada. Fuente: Inegi. Estadísticas de Mortalidad. Cubos dinámicos; y Conapo. Proyecciones de la Población 2010-2050

Tasa de mortalidad observada por tumores malignos en órganos respiratorios e intratorácicos en la población de 60 años y más por sexo Serie anual de 2011 a 2016, por cada 100 mil habitantes.

Es de señalar que a nivel mundial se cuenta con resultados de 6 millones 51 mil 262 adultos de 290 registros logrados en seis países, en el que destaca que existe una tasa de supervivencia del 10 al 20 por ciento, de cinco años, en la mayoría de los países analizados, siendo más falible la información que se otorga en Centro y Sudamérica debido a que los certificados de defunción no refieren análisis.9

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/ap roposito/2018/cancer2018_Nal.pdf

En México, ha existido un incremento en la frecuencia de cáncer pulmonar en décadas recientes, aunque la enfermedad fue objeto de estudio desde la década de 1970. Asimismo, en hospitales especializados como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), el número de casos atendidos por esta patología va en aumento, observándose además un cambio en el tipo histopatológico predominante, que en la actualidad es el adenocarcinoma.10

Imagen extraída del Programa de Cáncer de Pulmón en Mujeres con mutaciones de receptor de crecimiento epidémico (EGFR) no asociado al tabaquismo. Doctor Óscar G. Arrieta Rodríguez. Unidad Funcional de Oncología Torácica y Laboratorio de Medicina Personalizada. Instituto Nacional de Cancerología.

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en México,11 considerando hombres y mujeres. El aumento de casos de cáncer pulmonar en el país, otorgan elementos para considerarlo, inclusive, una epidemia,12 considerando que, durante 2012, causó un total de 7 mil 608 muertes con una tasa de mortalidad de 6.7 por cada 100 mil habitantes.

Factores como cambios fisiológicos, una protección inmune disminuida, un mayor tiempo de exposición a agentes cancerígenos o factores de riesgo, desajustes hormonales, dietéticos y metabólicos, y la interacción de comorbilidades, aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón entre las personas de edad. Asimismo, debido a la presencia de comorbilidades, en su mayoría crónicodegenerativas como la diabetes, hipertensión o problemas en los riñones y su sintomatología, la detección tiende a ser tardía (Bustamante, Marín y Cardona, 2012).13

Existen dos tipos principales de cáncer de pulmón: de células no pequeñas y de células pequeñas o microcítico.

Imagen extraída del Programa de Cáncer de Pulmón en Mujeres con mutaciones de receptor de crecimiento epidémico (EGFR) no asociado al tabaquismo. Doctor Óscar G. Arrieta Rodríguez. Unidad Funcional de Oncología Torácica y Laboratorio de Medicina Personalizada. Instituto Nacional de Cancerología.

Existe evidencia de que el carcinoma de células no pequeñas se origina en las células epiteliales, mientras el cáncer de células pequeñas se piensa que se origina en las neuronas o en las células productoras de hormonas.

El término célula pequeña se refiere al tamaño y la forma de las células cancerosas que se ven con el microscopio. Es importante que los médicos reconozcan la diferencia entre estos dos tipos de cáncer porque cada uno se tratará de forma diferente. La localización y el tamaño del tumor inicial de pulmón y la presencia o ausencia de diseminación hacia los ganglios linfáticos cercanos o hacia lugares distantes del cuerpo, determina el estadio del cáncer de pulmón.

El tipo de cáncer de pulmón (de células no pequeñas o de células pequeñas) y el estadio de la enfermedad, definen el tipo de tratamiento necesario.14

Se han determinado como causas de riesgo en el cáncer de pulmón: la edad, humo de tabaco (primera y segunda mano), radón, asbesto y otros productos químicos peligrosos, contaminación ambiental y por partículas, humo intradomiciliario, radioterapia, arsénico, antecedentes familiares, ciertos complementos alimenticios (vitaminas), enfermedades pulmonares (tuberculosis), entre otras.15

De lo antes expuesto, se advierte que el cáncer de pulmón es multifactorial, que no es causa exclusivamente de que el paciente que lo padece sea fumador, y que en muchas ocasiones su enfermedad está más relacionada con la actividad que desarrolla o desarrolló durante su vida laboral, afectando ciertamente a población vulnerable.

Son signos y síntomas del cáncer de pulmón:

-Dolor torácico;

-Tos que no desaparece;

-Tos con sangre;

-Fatiga;

-Pérdida de peso involuntaria;

-Inapetencia;

-Dificultad para respirar;

-Sibilancias; y/o

-Debilidad.16

Desafortunadamente, cuando aparecen estos signos y síntomas, la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas, lo que implica que solamente un 15 por ciento de los casos se detectan en sus etapas iniciales.17

Muchos casos de cáncer de pulmón en etapa precoz se diagnostican accidentalmente, como resultado de pruebas médicas que se llevan a cabo por otro problema de salud no relacionado con el cáncer. Una biopsia del tejido del pulmón sirve para confirmar o desmentir un posible diagnóstico de cáncer, además de proporcionar información valiosa para determinar el tratamiento adecuado. Si finalmente se detecta un cáncer de pulmón, se realizarán pruebas adicionales para determinar hasta qué punto se ha propagado la enfermedad.18

El tratamiento actual del cáncer de pulmón en los institutos públicos de salud solo consiste en una combinación de radioterapia y quimioterapia, aún y cuando existen tratamientos más modernos y eficaces que el tratamiento tradicional.

Los cuidados paliativos y el costo del diagnóstico, considerando biopsias, radiografías, imágenes por resonancia magnética, citologías y toracocentesis, entre otros estudios, redunda en un gasto elevado para la población que padece esta enfermedad.

Más aún cuando la enfermedad se presenta en población vulnerable, que pudo haberse enfermado como consecuencia de la actividad que desarrolla laboralmente, o por el ambiente en el que habita, aunado al gasto de bolsillo que debe erogar la misma para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.

No se omite mencionar que, el Instituto Nacional de Cancerología lleva a cabo un protocolo de atención y tratamiento de 460 pacientes, en el Programa de Cáncer de Pulmón, que cuenta con recursos para atención y tratamiento, directamente ejercidos por el INCAN como Unidad Responsable, dentro de un Programa del Ramo 12 Salud, con un enfoque de equidad de género, bajo la acción 311.- Cáncer de pulmón en mujeres con mutaciones de receptor de crecimiento epidérmico (EGFR) no asociado a tabaquismo.

Es de resaltar que del universo de 460 pacientes atendidos, 354 son candidatos, al reunir el requisito de no contar con otro Sistema de Salud y Seguridad Social, a ser afiliados al Seguro Popular, con una conformación por género de 207 mujeres y 147 hombres.

La procedencia de estos pacientes no se limita a la Ciudad de México, ya que se encuentran avecindados en 29 entidades federativas conforme lo siguiente:

Asimismo, cabe hacer mención que de las cinco principales neoplasias en México, el cáncer de pulmón es la única que no cuenta con cobertura para diagnóstico y tratamiento en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, aun y cuando con el tratamiento adecuado, el paciente con cáncer de pulmón puede tener una sobrevivencia mediana de 43 meses, mayor y con mejor calidad de vida que otros tipos de neoplasias.

Los datos arrojados por las diversas fuentes citadas incitan a este legislador a priorizar las medidas de tratamiento del cáncer de pulmón, considerando la gravedad y perfil epidémico la enfermedad, con el fin de garantizar el acceso a los tratamientos necesarios que les permitan mantener una calidad de vida adecuada. Ello considerando que este derecho se encuentra consagrado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.19

Además de la disposición constitucional referida, el Proyecto de Nación 2018-2024 considera la salud como un derecho básico de las personas y reconoce la salud como eje fundamental, considerando como uno de sus objetivos principales fortalecer el Sistema Público de Salud, para lograr un enfoque no sólo curativo, sino también preventivo e integral, y mejorar la eficiencia de su operación, para obtener mejores resultados en salud y calidad de vida, logrando una cobertura universal, donde los medicamentos y los servicios públicos, desde el primer nivel de atención hasta la medicina especializada sean accesibles y gratuitos, a efecto de reducir las desigualdades en salud y detener el aumento de enfermedades crónicas y el gasto de bolsillo en salud, particularmente de los hogares pobres.20

De lo antes expuesto, se advierte que el cáncer de pulmón, de no tratarse oportuna y adecuadamente, tiene secuelas tan graves como, en última instancia, la muerte, pasando por toda la gama de afectaciones desde el comienzo de la enfermedad, hasta la manifestación más crítica en signos y síntomas, que invariablamente tienen un impacto en la calidad de vida del paciente, aunado a afectaciones económicas, sociales y emocionales hacia la persona que lo padece y su familia, mismas que se reflejan, tanto en incapacidades laborales, ausentismo y/o presentismo, como la imposibilidad de asumir los costos del tratamiento.

En adición a las afectaciones psicosociales que enfrenta el enfermo de cáncer de pulmón, debido al estigma que tiene la enfermedad de ser autoproducida – aunque como se ha señalado, si bien puede ser una causa, no es la única, ni todos los cánceres de pulmón se encuentran vinculados a antecedentes de tabaquismo.

Las referidas afectaciones se presentan en los ambientes cercanos del enfermo, incluyendo los microsistemas de trabajo/escuela, familia, amigos, consulta hospital, pacientes/compañeros e incluso amigos.21

En este orden de ideas, se estima que deben asignarse recursos específicos, a favor del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, con fines de incremento y enfoque específico en cáncer de pulmón, para el ejercicio 2019. Ello considerando que esta enfermedad ya ha sido definida como una que ocasiona gastos catastróficos, conforme a lo dispuesto por los artículos 77 Bis 29 de la Ley General de Salud, 99 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, y 19 del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General; y la que la misma, actualmente, no cuenta con recursos específicos para su debido tratamiento.

El propio Sistema de Protección Social en Salud, en su informe de resultados correspondiente al primer semestre de 2017, reconoce que a 13 años de su creación y con un padrón cercano a los 53.3 millones de afiliados, el Sistema de Protección Social en Salud enfrenta, como reto fundamental, el asegurar la accesibilidad a servicios oportunos y de calidad en todo el país, bajo una óptica incluyente, que permita impulsar el progreso y desarrollo social.22

Además, la sociedad civil, a través de diversas representaciones, ha expuesto la necesidad de establecer políticas públicas, mediante normativas jurídicas idóneas, que brinden protección a los derechos humanos, fundamentales y constitucionales, que aseguren el acceso adecuado a la salud.

Así pues, a fin de garantizar una atención oportuna del cáncer de pulmón, es necesario que se le asignen los recursos económicos que le correspondan, para su adecuado y oportuno diagnóstico, así como a sus respectivos y debidos control y tratamiento.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud, a destinar recursos para la atención y tratamiento específico del cáncer de pulmón a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, atendiendo al número de casos de este padecimiento que requieren atención.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Salud a asegurar la suficiencia presupuestaria y fortalecer la atención y tratamiento de pacientes del Programa de Cáncer de Pulmón del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), que atiende a mujeres con este padecimiento.

Notas

1 Recuperado el 2 de agosto de 2018

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apr oposito/2018/cancer2018_Nal.pdf

2 http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/482/seminario-1-e pidemiliogia.pdf

3 http://cancerdepulmon.com.mx/seccion-educativa

4 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/ca ncer2018_Nal.pdf

5 http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/482/seminario-1-e pidemiliogia.pdf

6 Ibid

7 http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/482/seminario-1-e pidemiliogia.pdf

8 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/ca ncer2018_Nal.pdf

9 www.thelancet.com Published online January 30, 2018 http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)33326-3

10 http://www.medigraphic.com/pdfs/iner/in-2001/in014c.pdf

11http://go.galegroup.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA195755 768&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&iss n=16659201&p=AONE&sw=w

12 Cfr. http://www.medigraphic.com/pdfs/iner/in-2001/in014c.pdf

13 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/ca ncer2018_Nal.pdf

14 http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/482/seminario-1-e pidemiliogia.pdf

15 http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/482/seminario-1-e pidemiliogia.pdf

16 http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/482/seminario-1-e pidemiliogia.pdf

17 Cfr. http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/482/seminario-1-e pidemiliogia.pdf

18 http://bibliotecadigital.uda.edu.ar/objetos_digitales/482/seminario-1-e pidemiliogia.pdf

19 Cuarto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

20 Proyecto de Nación 2018-2024, recuperado de proyecto18.mx

21 anales de psicología, 2002, vol. 18, no 1 (junio)

22 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-02-1/assets/documento s/Inf_de_Res_del_SPSS_Ene-Jun_2017.pdf

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2018.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la SHCP a agilizar la entrega de recursos financieros para los municipios nayaritas afectados por el huracán Willa, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Quienes suscriben, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

México es considerado uno de los países más vulnerables a los fenómenos meteorológicos como huracanes y las tormentas tropicales, debido a su posición geográfica y su característica bioceánica. Basta mencionar que, de acuerdo con un informe sobre riesgos ante desastres del Banco Mundial en conjunto con el Fondo Mundial para la Reducción de Desastres y la Recuperación, el 15 por ciento del territorio nacional, el 68 por ciento de la población y el 71 por ciento del producto interno bruto (PIB) se encuentran altamente expuestos a estos fenómenos. Las entidades costeras son especialmente vulnerables a estos fenómenos.

Durante los últimos días, las lluvias torrenciales en la costa del Pacífico se han intensificado debido a la temporada de huracanes. El último que afectó esa zona fue el huracán Willa que, pese a que tocó tierra degradado a un huracán tipo 3, tuvo repercusiones importantes en diversas zonas de la costa, particularmente en Nayarit, donde el desbordamiento de los ríos Acaponeta y San Pedro ha causado inundaciones y daños en varios municipios del norte de la entidad.

Tras del paso del huracán Willa en Nayarit y las inundaciones que dejó en distintos municipios del norte del estado, autoridades locales informaron que hay más de 150 mil personas damnificadas.1

Los municipios más afectados en la entidad, hasta el momento, han sido Tecuala, Tuxpan, El Nayar, Rosamorada y Ruiz. La Autopista Tepic- Mazatlán también presentó desgajamientos e inundaciones. Las autoridades locales y federales están atendiendo la situación de emergencia.

Los Sandovales, una comunidad nayarita que prácticamente desapareció del mapa al quedar sus casas enterradas por toneladas de lodo que arrastró a su paso el desbordamiento del río Acaponeta.

El pasado 28 de octubre, el gobierno del estado informó a la población que continuarán suspendidas las clases en todos los niveles educativos el lunes 29 de octubre y hasta nuevo aviso en los municipios de Tecuala, Acaponeta, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan.

De acuerdo con protección civil, han tenido que ser evacuadas por lo menos 12 mil personas de esas localidades, las cuales ya se encuentran en albergues. En estas situaciones de emergencia, lo más importante es resguardar la seguridad e integridad física de la población, por lo que es preciso que todos sumemos esfuerzos para solucionar lo más pronto posible este problema.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé que las lluvias puedan continuar durante los próximos días.2

Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI nos solidarizamos con las personas que han sido afectadas por este lamentable hecho. Estaremos atentos a las acciones de resguardo y de emergencia en la región y trabajaremos para que se movilicen y otorguen los recursos correspondientes para comenzar los trabajos de limpieza, remoción y reconstrucción en las zonas afectadas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que agilicen la entrega de recursos financieros para los municipios de Nayarit afectados por el huracán Willa .

Notas

1 https://www.animalpolitico.com/2018/10/los-sandovales-willa-nayarit/

2 http://smn.cna.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-mete orologico-general

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 30 de octubre del año 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a elaborar un diagnóstico sobre la situación de las cesáreas en el país en las instituciones médicas públicas y las privadas, a cargo de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Gabriela Guevara Espinoza, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la solicitud a la Secretaría de Salud del Gobierno de la República para elaborar un análisis diagnóstico sobre la situación de las cesáreas en nuestro país tanto en las instituciones médicas públicas como privadas, dadas las alarmantes notas de la Organización Mundial de la Salud, hacerlo del conocimiento público y de la siguiente administración federal del sector salud, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Esta representación ha estado interesada sobre un peculiar fenómeno médico que suscita preocupaciones internacionales en materia de salud. México tiene un catastrófico índice de cesáreas. En mi responsabilidad senatorial generé llamados al respecto que fueron ignorados. Por ello insisto en un tema que ha sido fuente de preocupación del parlamento mexicano y que no ha encontrado la condición para abordarlo.

Hoy se da una oportunidad magnífica dada la nueva composición de las cámaras y sé que el gobierno que tomará la responsabilidad a partir de diciembre asumirá esta tendencia negativa y hará lo conducente para revertir las escandalosas cifras que presenta nuestro país en cuanto al número de cesáreas practicadas.

Hay que subrayar que no se cuenta aún contar con un informe pormenorizado del sector salud. Reiteramos, en honor al trabajo parlamentario, los puntos de un acuerdo que se aprobaron en octubre del 2013. Primero. El honorable Senado de la República exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, para que se elabore un informe detallado que señale las causas que han originado el incremento desproporcional de los nacimientos por cesáreas en México. Segundo. Exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud, para que se informe a esta soberanía de la existencia de programas dedicados a orientar a las mujeres, sobre los beneficios de los partos naturales y las complicaciones que se pueden derivar de una cesárea no indicada y de no existir dichos programas, que se informe sobre las estrategias y acciones que dicha secretaría está considerando para atender el incremento de cesáreas en México. Y tercero. Exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud para que informe a esta soberanía si existe un proyecto para reducir las cifras de nacimientos por cesáreas, que esté incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, y de no haberlo, que se informe qué acciones planea el gobierno federal para solucionar el excedente de cesáreas practicadas en México.

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2& sm=2&id=44124

No sólo es un interés interno en este tema. Hemos visto en un diario español, investigaciones al respecto. Tomaré algunas apreciaciones de El País de dos investigaciones extraordinarias para dejar en el Diario de los Debates la huella de nuestro interés:

https://www.nytimes.com/es/2017/08/28/
una-epidemia-de-cesareas-innecesarias-en-mexico/ de Jennifer Juárez.

https://elpais.com/elpais/2017/08/24/planeta_futuro/
1503582688_802126.html de Meritxell Freixas.

“Dos de cada tres cesáreas que se realizan en México son innecesarias. A nivel nacional, 45 de cada 100 nacimientos son por cesárea, según las últimas estadísticas de la Secretaría de Salud, realizadas en 2015. Es el triple del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y también parte de un fenómeno que afecta a varios países de América Latina y el Caribe: seis de los diez países con mayores tasas de cesárea en el mundo están en esta región.

República Dominicana encabeza el conteo mundial de los países con mayor proporción de cesáreas (un 56,4 por ciento). Le sigue Brasil, en segundo lugar, con un 55,6 por ciento. La tasa de México lo pone en quinto lugar, según un estudio comparativo en el que participaron científicos de la OMS, publicado en 2016. Las mujeres en México con más riesgo de ser sometidas a cesáreas que no se requieren son las mismas que tienen mayores privilegios en otros ámbitos: son las que pertenecen a estratos económicos altos, las que se atienden en servicios de salud privados, las que tienen altos niveles de educación, las que viven en zonas metropolitanas, las que son primerizas y las de 35 años o más.

La creencia de que las cesáreas son inocuas es una de las principales razones por las que la práctica ha aumentado en América Latina. No obstante, esta intervención aumenta la probabilidad de hemorragia, de infección, de extirpación de la matriz y de lesiones a órganos vecinos.

En su larga carrera como ginecobstetra, Bremen de Mucio, asesor regional en Salud Sexual y reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ha consultado a parejas que solicitan cesáreas por diversos motivos no médicos, como que el hijo nazca el día que cumple años el abuelo e incluso en la fecha que cambia el signo zodiacal. Otros factores más contundentes, como el temor a la incontinencia posparto o al dolor de parir, pueden ser más difíciles de negociar con los pacientes, dice el especialista.

Teresa Aceves tiene 30 años y vive en el municipio más rico de Jalisco: Zapopan. Estudió Comunicación en una universidad privada de Guadalajara y es ama de casa. Durante su cesárea, en noviembre de 2016, se le rompió una vena. “Me estaba desangrando. Mi ginecólogo tuvo que hablarle al doctor del hospital para que entre los dos buscaran qué vena me habían roto”.

La hemorragia es la primera causa de muerte materna en el mundo y la segunda en México. Durante su embarazo, el médico nunca le había informado a Teresa sobre los riesgos de la cesárea, pero sí le advirtió sobre toda clase de peligros de un parto vaginal: que podrían apretarle el cerebro a la bebé con fórceps, causarle incomodidad e infecciones al limpiarle la vagina, dejarle un pedazo de placenta que se pudriera dentro del útero y que podrían atravesarse venas que el médico no alcanza a ver. “Me vendió la cesárea como el mejor esquema para mí y para la bebé”, dice Teresa. “Como era mi primer hijo, le creí”.

Para el sector público, las cesáreas se traducen en pérdidas (en 2011, un reporte de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria preveía que México podía ahorrarse 12.000 millones de pesos de 2011 a 2015 si se sustituyeran las cesáreas excedentes por partos). Pero para la iniciativa privada son ganancias, ya que una cesárea cuesta en promedio un 50 por ciento más que un parto, según la Procuraduría Federal del Consumidor. Cuando Teresa le preguntaba a su ginecobstetra cuánto le cobraría por la cesárea, este evadía el tema y le contestaba: “Después, señora. Ahorita no; primero su salud”, recuerda Teresa. Pero en el octavo mes, cuando ella le informó que daría a luz en el hospital Santa María Chapalita, el médico le dio un precio 30 por ciento mayor que sus honorarios regulares. Teresa lo cuestionó sobre el aumento y la respuesta del médico fue: “Cobro de acuerdo al hospital. Porque, si tienes dinero, pues paga”.

“La mujer ahora, trabajadora, profesionista, que muchas veces es el sostén de su casa, pues deja en un segundo o tercer lugar la maternidad”, sostiene la médica Raquel Ocampo, directora general del Hospital Ángeles del Pedregal en Ciudad de México, uno de los hospitales privados más exclusivos del país. “Es algo en lo que muchas veces hay un parámetro que es el laboral, antes que el personal, el de pareja o el familiar. Es lo que nos toca atender”. Ocampo dice que el 67 por ciento de los nacimientos en este hospital en 2016 fueron por cesárea y explica que muchos de estos casos son de mujeres de 35 años o más.

Los especialistas coinciden en que cada vez más mujeres tienen hijos después de los 35 años. Además, en México, ocho de cada diez mujeres de entre 20 y 40 años tienen obesidad abdominal, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2016; casi una de cada diez tiene hipertensión y dos de cada cien han sido diagnosticadas con diabetes, factores relacionados con el estilo de vida que aumentan el riesgo de complicaciones del embarazo y del parto. La tasa óptima de cesáreas a nivel global podría ser mayor que el 15 por ciento recomendado por la OMS e incrementarse hasta un 19 por ciento, según un estudio publicado a finales de 2015 por la Universidad de Stanford.

Pero el índice nacional mexicano sigue siendo de más del doble de lo que indica el estudio de la Universidad de Stanford. Y las instituciones privadas en México hacen más del doble de cesáreas que las públicas. En los hospitales privados prácticamente ocho de cada diez bebés nacen por cesárea y solo dos por parto (79,1 fueron cesáreas en 2015). En las públicas, el índice de cesáreas es de 36,7 por ciento, según las cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud a The New York Times en Español.

La explicación es esta: que muchas de las prácticas se han convertido, en vez de médicas, de carácter socioecónomico. Es decir: la mujer puede decidir y ella, sin tener toda la información, pues decide, sobre todo en clínicas privadas”, dijo la directora de Atención a la Salud Materna y Perinatal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, Liliana Martínez Peñafiel.

Patricia García tiene 38 años, vive en la colonia Nápoles en Ciudad de México y dirige un negocio familiar de abarrotes en la Central de Abastos capitalina. Hace cuatro años parió a su primogénito, un deseo que su médico ayudó a cumplir pero priorizando en todo momento la agenda del médico, cuenta Patricia, lo cual llevó a una pesadilla obstétrica para la familia que casi termina en una cesárea innecesaria. La norma que regula la atención al parto en México, NOM 007, señala que si se realizan la inducción y ruptura artificial de membranas debe ser “previa información y autorización de la paciente, mediante el consentimiento informado”. Sin embargo, el ginecobstetra de Patricia no esperó a que llegara el trabajo de parto espontáneo. Cuando tenía solo 39 semanas de embarazo (el máximo son 42) le hizo en su consultorio una maniobra de Hamilton, sin explicarle que se trata de una técnica de inducción del parto. Además, la indicación de la Secretaría de Salud para lograr un parto vaginal exitoso es esperar a que la mujer presente un trabajo de parto espontáneo, en lugar de inducir este proceso. También advierte que “realizar inducciones innecesarias incrementa el número de cesáreas”. No obstante, el médico le programó el parto para el fin de semana. “El sábado me dijo: ‘Mejor mañana domingo, porque así yo puedo dedicarle el día’, recuerda Patricia. El argumento del médico, explica, era que si ella daba a luz el lunes, él iba a tener que atravesar parte de la ciudad para ir de su consultorio hasta el hospital de ella, un trayecto que dura unos 50 minutos considerando el tráfico de la capital mexicana. El tiempo del especialista es el factor principal en términos logísticos y económicos. Una cesárea programada dura aproximadamente una hora, mientras que un parto natural suele prolongarse unas 12 horas en promedio. Aquel domingo, el médico le indujo el parto con oxitocina, de nuevo sin explicarle las desventajas de la inducción, y al caer la noche le hizo un borramiento manual del cuello uterino, un tacto doloroso utilizado para acelerar el parto. Tras 12 horas de labor de parto, alrededor de las diez de la noche del domingo, el médico le dijo a Patricia que su bebé estaba atorado en el canal de parto y le propuso intentar la cesárea. “Todavía me decepcionó mucho más que me dice: ‘Su bebé, ni para atrás ni para adelante, ¿qué hacemos?’. Y yo no dije nada, pero en mi cabeza lo único que pensaba era: ‘Pues el doctor es usted, ¿no?, ¿o cómo?’”.

“El personal de salud ya no sabe atender partos normales. Ya le tienen muchísimo miedo a atender partos”, dice Jimena Fritz, médica y epidemióloga del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), quien en 2017 publicó un estudio en el que analizaron la atención obstétrica en 24 hospitales y lograron reducir en 20 por ciento la tasa de cesáreas.

Fritz explica que, al temer que se presente una eventual complicación que no puedan resolver, optan por hacer cesáreas y así pierden la práctica de la atención del parto. Jassiel Pérez tiene 34 años, es mercadóloga y vive en una zona residencial del estado de México. A los 32 años tuvo el embarazo perfecto, dice, y su ginecóloga le aseguraba que su bebé nacería por parto. En la semana 40 ingresó a un hospital privado en Lomas Verdes, donde inmediatamente la acostaron en una camilla de la que ya no le permitieron levantarse, pese a que la NOM 007 recomienda poder caminar. En la sala de parto, cuenta Jassiel, escuchó al anestesiólogo decirle a la ginecobstetra: “Métele un chingo de oxitocina para que esto sea rápido”. Al preguntarle si respondió algo en ese momento, Jassiel, con voz quebrada, contesta que no: “Yo ya estaba en sus manos. No soy dejada, pero me hice chiquita, me daba pavor enfrentarme a lo desconocido”.

Karen Luna, investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), afirma que una cesárea innecesaria sí es violencia obstétrica, porque el médico incumple con su deber de informar al paciente sobre los riesgos y beneficios de cada procedimiento. Algunas mujeres que en otros ámbitos de su vida son valientes y decididas, toleran este tipo de agresiones durante el parto porque en ese momento la relación de poder es sumamente desigual, explica la investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Karen Luna. “La vulnerabilidad es una cuestión que poco tiene que ver con las mujeres y todo con el personal médico”, dice. Con las contracciones de oxitocina, los latidos del bebé de Jassiel se redujeron significativamente y le hicieron una cesárea de emergencia. “En la inductoconducción les pueden meter hasta 60 o 100 unidades de oxitocina (lo indicado son 10)”, dice Fritz. La médica explica que el cerebro secreta naturalmente la oxitocina, una hormona que provoca las contracciones, pero al saturar con oxitocina sintética a los receptores en el útero, el sistema puede colapsar y llegar a imposibilitar las contracciones, provocando no solo una urgencia de cesárea, sino una hemorragia e incluso la histerectomía (extirpación de la matriz).

Varios estudios recientes han encontrado que los niños nacidos por cesárea pueden tener mayores índices de obesidad, síndrome de colon irritable, diabetes, esofaguitis, asma, alergias ambientales y alimentarias y alejamiento del seno materno. Regina Zonana es una psicóloga de 30 años que vive en el poniente de la ciudad. En septiembre de 2014 llegó al Hospital ABC pasado el mediodía con más de 17 horas de trabajo de parto a cuestas. Cuando, tres horas después, le dijeron que su dilatación no avanzaba y que su bebé nacería por cesárea, se puso a llorar y a pedir que esperaran a su pediatra, a quien consideraba su última esperanza para apoyarla en un proceso natural. “Entré a quirófano llorando mucho y el anestesiólogo me dijo, superagresivo: ‘Si sigues llorando, te voy a sedar. Si te sigues moviendo, te voy a sedar. Te voy a dormir’. Pensé: ‘Mejor me voy a portar bien, me voy a portar bien. A la mitad del parto, como que se me resbaló un brazo (porque estaba amarrada) y el anestesiólogo me dijo: ‘¡Ya te dije que no te muevas!’”, cuenta Regina, emulando un tono amenazador. El especialista cumplió su advertencia: la sedó completamente y Regina no pudo recibir a su bebé. Ya desde su embarazo el médico le insinuaba que le haría cesárea. “Mi ginecólogo se burlaba de que yo lo quería hacer natural. Me decía —recuerda Regina—: ‘No, mamita, por aquí no va a salir, estás muy chiquitita, estás muy flaquita, vamos a hacer lo posible’”. Cuando nació su hija, Regina fue sedada completamente a mitad de la cesárea y no pudo recibir a su bebé. El Hospital ABC, donde nació la bebé de Regina, tuvo un índice de 63 por ciento de cesáreas en 2015, según datos de la Secretaría de Salud. El hospital no quiso dar una entrevista a The New York Times en Español para hablar sobre las cesáreas, argumentando que “es un tema que no queremos abordar desde la institución”.

En un estudio sobre violencia obstétrica en salas de maternidad, investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública han documentado desde aventones a las piernas de una mujer parturienta que se retorció de dolor por un tacto vaginal, hasta insultos y alusiones a la vida sexual de las pacientes (“No lloren, aguántense, acuérdense cómo lo estaban haciendo, ahí sí lo gozaban”).

La violencia obstétrica se describe como la acción u omisión por parte del personal médico que daña física o psicológicamente a la mujer durante el embarazo, parto y posparto, como la negación de la atención médica; los tratos crueles o degradantes; la medicalización innecesaria y el obstaculizar el poder de decisión informada sobre estos procesos. No es un problema exclusivo de las cesáreas, pero sí uno compartido en América Latina. En una investigación publicada en 2012, cuatro de cada diez mujeres en la tercera maternidad más grande de Argentina reportaron maltrato verbal; ocho de cada diez rupturas artificiales de membranas y un 96 por ciento medicalización para acelerar el parto.

La violencia obstétrica y el fenómeno de las cesáreas innecesarias tienen un carácter casi invisible y, al mismo tiempo, institucional, debido a la conjunción de elementos asimilados en la cultura y las prácticas enquistadas y naturalizadas, como la educación médica jerarquizante, una relación dispar de poder entre médico y paciente, los intereses económicos, la saturación del sistema y la carencia de métodos eficaces de denuncia y reparación del daño.

Fritz considera que parte de la solución es sensibilizar al personal de salud y enfatiza la importancia de que las pacientes se informen sobre el embarazo, parto y posparto y empiecen a exigir, “porque es un tema de derechos, derechos para ti y para tu bebé”.

La epidemióloga dice que la educación e incorporación de parteras profesionales al sistema de salud, como se hace en países como Gran Bretaña, ayudaría a no medicalizar rutinariamente el proceso natural del parto, en los ocho de cada diez embarazos que la OMS indica que no requieren cesárea.

Liliana Macías tiene 32 años, es antropóloga y actualmente trabaja en el área de Epidemiología de la Secretaría de Salud en Chetumal, una ciudad con menos de 200 mil habitantes en el sureste de México, donde nació y vive actualmente. Hace tres años le extirparon el útero como consecuencia de una cesárea realizada en un hospital público del IMSS en Chetumal. Los médicos del IMSS que atendieron su embarazo y sus primeras horas de parto dijeron que tendría un parto natural, pero cuando le faltaba solo un centímetro de dilatación de los 10 reglamentarios, hubo un cambio de turno en el hospital y el médico vespertino decidió hacerle cesárea. Liliana dice que le propuso intentar el parto, pero el médico la amenazó: “Me voy a dar una vuelta por el hospital para visitar a todos los pacientes, y si cuando regrese tu bebé tiene sufrimiento fetal, es tu responsabilidad”. “Yo no voy a recuperar mi vientre, pero algún día, si ella así lo quiere, va a ser madre”.

Dos días después del alta por su cesárea, Liliana volvió al IMSS con 39 grados de fiebre y dolor abdominal intenso. La internaron y durante cinco días varios médicos del hospital la revisaron, hasta que la dieron de alta de nuevo con el diagnóstico de una infección urinaria, sin informarle lo que médicos de un hospital particular descubrieron esa misma tarde: tenía una hemorragia e infección porque durante la cesárea le perforaron el útero y la vejiga. “Al revisar mi expediente confirmé que el médico me dejó los vasos abiertos, intentó parchar la perforación que me hizo en la vejiga con mi útero”, dice Liliana. La histerectomía que le hicieron en el hospital particular le salvó la vida, pero la dejó incapacitada para embarazarse y tener los otros tres hijos que añoraba.

Hoy, la hija de Liliana tiene tres años y una colección de alergias que se asocian con el nacimiento por cesárea: no puede tomar leche porque es alérgica a la proteína láctea, así como a los mosquitos y las cucarachas. Sus síntomas son brotes de ronchas, enrojecimiento e inflamación de la piel, tos y reflujo gastroesofágico.

Liliana dice que ha pensado en renunciar a la demanda que interpuso al hospital por negligencia médica tras su histerectomía, para por fin dejar todo eso atrás, pero persevera por algo más grande que su pérdida: “Yo no voy a recuperar mi vientre. Pero mi hija algún día, si ella así lo quiere, va a ser madre”.

“Muchas mujeres empiezan a investigar después de su primer parto y se dan cuenta de la oportunidad preciosa que perdieron de vivir un proceso más pleno”, afirma Gonzalo Leiva. El matrón recomienda diseñar planes de parto y presentarlos a los hospitales, clínicas y médicos para que sean las propias mujeres las que empiecen a impulsar un cambio en el sistema de salud chileno, apropiándose de su propio cuerpo y proceso. Michelle Sadler considera que la transformación pasa por evolucionar del actual modelo tecnocrático a otro más personalizado, a todos los niveles: desde la educación sexual para los niños hasta los contenidos de las carreras de salud (obstetricia, enfermería, neonatología, pediatría), o las capacitaciones de los equipos. En la versión original de la noticia aparecía, por error, que el porcentaje de cesáreas recomendado por la OMS es de entre un 15 por ciento y un 20 por ciento, cuando es entre un 10 y un 15 por ciento.

Las notas anteriores develan una investigación de campo relevante y valiosa que cita experiencias mexicanas, de investigadores y funcionarios. No puede ser pasada por alto, por ello las reproducimos. Además expone aspectos intolerables de nuestro sistema de salud y omisiones de informes de clínica profesional que urgen en este Senado.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Salud del Gobierno de la República elaborar un análisis diagnóstico sobre la situación de las cesáreas en nuestro país tanto en las instituciones médicas públicas como privadas, dadas las alarmantes notas de la Organización Mundial de la Salud y hacerlo del conocimiento público y de la siguiente administración federal del sector salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2018.

Diputada Ana Gabriela Espinoza Guevara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a una investigación y auditorías respecto al corporativo Tih, Tobacco International Holdings Switzerland, SA, por posible evasión y elusión fiscales, así como por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Martha Tagle Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable soberanía, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En días pasados, una investigación periodística titulada “Cartel del tabaco: amenaza de muerte a quienes venda otras marcas”, realizada por periodistas de grupo Milenio, puso al descubierto una red de corrupción operada por un supuesto agente activo de la Agencia Criminal de Investigación (órgano administrativo desconcentrado de la Procuraduría General de la República) Carlos Cedano Filippini y el corporativo TIH, Tobacco International Holdings Switzerland, SA, mediante las empresas registradas en México: Braxico Manufacturing (RFC: BMA101208LHA) y Bradis, SA, DE CV, (RFC: BRA1206132L8,) que son operadas por José Guadalupe Varela González y la familia de Cedano Filippini, sus hermanos Ana Lilia y Luis Gabriel.

Al respecto Carlos Cedano Filippini fue comandante en 2006 de la extinta Agencia Federal de Investigaciones, posteriormente estuvo adscrito a varios estados entre ellos Veracruz, Tabasco, Jalisco y Michoacán.

En 2008, fue detenido por la DEA en una casa que rentaba en California, Estados Unidos en una investigación sobre narcotráfico, en el momento de la detención se le encontraron 600 mil dólares en efectivo de los que no pudo comprobar su procedencia, declarándose culpable, pagó una fianza por 2 millones de dólares.

Al año siguiente fue repatriado a México, entregado a la PGR, estuvo detenido en Nayarit acusado de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita. Al salir, fue restituido en la PGR y enviado a Michoacán, fue director regional de seguridad pública.

No obstante, en 2016 se avivaron sus nexos con la delincuencia organizada debido a que un autodefensa de Michoacán lo señaló como la persona designada por el procurador Martín Godoy de negociar con el Mencho, líder del Grupo Jalisco Nueva Generación.

Actualmente señalan que Carlos Cedano Filippini se encuentra asignado a la Agencia Investigación Criminal, la AIC. Su nombre si bien no aparece formalmente en los registros de las empresas de tabaco, el nombre de su presunto socio sí José Varela, así como el de sus familiares.

En la investigación dan cuenta que desde el año pasado, pero con mayor intensidad en 2018, personas que portan uniformes de fuerzas policiacas o con gafetes de la Comisión Federal para la Protección de Riegos Sanitarios, han realizado una serie de operativos armados, con amenazas y reportan que en algunos casos han ejercido violencia en comercios de diversas localidades rurales, el objetivo es, la venta de ciertas marcas de cigarros, todas propiedad de la empresa Braxico y distribuidas por Bradis, (ambas del mismo corporativo pero con distintos nombres) bajo el argumento que las otras marcas están prohibidas, sustraen la mercancía, otras veces la destruyen, a pesar de mostrar las facturas los encargados de las tiendas y comercios, la mercancía es retirada, a veces les comentan que pueden recogerla a las fiscalías o a las policías locales, empero al acudir, las autoridades desconocen los operativos y el producto incautado.

Al tiempo, reparten hojas en las que les enumeran los cigarros que pueden vender y que de vender las marcas que ellos les imponen están protegidos por el Cartel Jalisco Nueva Generación.

En total se tiene registro de 364 operativos ilegales en Sonora (54), Sinaloa (1), Coahuila (37), Nayarit (74), Jalisco (51), Michoacán (53), Veracruz (71) y Tabasco (23) durante 2018.

En las entrevistas recabadas en dicho reportaje, distribuidores y vendedores de otras marcas, así como los dueños y encargados de las tiendas señalan como a José Varela como dueño de la marcas de tabaco que deben vender, este último con sólidos contactos en la PGR, y a Carlos Cedano Filippini como un alto mando de la institución, a este último lo señalan como la persona encargada de realizar los falsos operativos para decomisar tabaco.

Es menester comentar que una de las principales empresas que conforman este conglomerado empresarial es la empresa US Tobacco de México, SA de CV, dedicada a la importación de tabaco de Estados Unidos a México, dicha empresa está involucrada en una investigación de la Agencia de Impuestos y Comercio de Alcohol y Tabaco de California debido a que la fábrica de tabaco Nery´s USA del empresario Sandro Piancone ubicada en San Diego, California, está exportando a México ilegalmente contenedores de tabaco en complicidad con agentes aduanales mexicanos.

Así los embarques de tabaco que ingresan a México por parte de la empresa US Tobacco de México, SA de CV, no cuentan con el pedimento aduanal, ni las compulsas fiscales, así como los códigos de seguridad previamente autorizados por el Sistema de Administración Tributaria por la entrada de la mercancía, es por lo anterior que no existe documento fiscal que compruebe la existencia legal del tabaco, que está siendo importado hacia el territorio nacional por medio de la empresa Braxico Manufacturing, SA de CV, que manufactura y elabora cigarros para posteriormente ser comercializados por la empresa Bradis, SA de CV, dentro del territorio nacional con las marcas: Cigarro Península, Cigarro Rio Amazonia, Cigarro Laredo, Cigarro Botas, Cigarro Studio 54, Cigarro Texas, Cigarro Senator, Cigarros Económicos, Cigarro Amero y Cigarro Nano.

La marca de cigarros económicos no cuenta con el control, vigilancia, permisos y licencias respecto de su composición, así como de su importación por parte de la Comisión Federal para la Protección de Riegos Sanitarios necesarias para producir y comercializarlo.

Los embarques de tabaco ingresan a México por las aduanas de Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali, donde al parecer están involucrados agentes de aduanas entre los que se han identificado a Gabriel y Sergio Reyes de la Aduana de Tijuana y Mexicali, quienes se supone reciben un pago mensual por permitir el acceso de los contendores de tabaco a territorio mexicano.

La empresa del giro tabacalero que forma parte del conglomerado empresarial Braxico Manufacturing, SA de CV, incumple la aplicación de códigos de seguridad elegidos por el Servicio de Administración Tributaria para marcar las cajetillas de cigarros en México, aunado a que en materia de Salud incumple los requerimientos para ser comercializado poniendo en riesgo la salud de consumidores, y por ende lo establecido en el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud.

En México contamos un amplio marco jurídico que tiene como propósito proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, así como los relacionados con estructuras financieras de organizaciones delictivas para con ello evitar el uso de los recursos para su financiamiento. En este sentido la coordinación interinstitucional es fundamental, cada institución debe ejercer las facultades que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir ilícitos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, tiene información que le permite presumir la comisión de alguno de los delitos en la materia, por su parte, el Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, así como, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos.

Como legisladora estoy convencida que para acabar con el pacto de impunidad es necesario desarticular las redes de corrupción, con ello podremos recuperar la paz y nuestras libertades.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente a los titulares de la Procuraduría General de la República para que a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria, realicen una investigación exhaustiva y auditorías al corporativo TIH, Tobacco International Holdings Switzerland, SA, por posible evasión y elusión fiscal, así como por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2018.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias a atender la demanda económica y de seguridad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

El presente, diputado Raymundo García Gutiérrez , integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El periodismo está orientado a contribuir de manera creativa, responsable y crítica al análisis y difusión de problemas sociales, a través de la elaboración de mensajes y contenidos informativos, escritos y audiovisuales, mediante el estudio de los orígenes, estructura, desarrollo y cambios en los procesos de la comunicación humana en sus distintos niveles, tanto interpersonales como grupales, organizacionales, colectivos o masivos.1

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señala que los ataques y homicidios cometidos contra periodistas convierten al país como el más peligroso del mundo para los reporteros y el segundo más mortífero para llevar a cabo la labor periodística.

Que los argumentos anteriormente citados, dictan una falta en la obligatoriedad del Estado, al no dar garantías para la libertad de expresión, así lo manifiesta el artículo 6o. constitución, que a la letra dice:

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.”2

Que la Organización de las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19, señala:

“Artículo 19.

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”3

Que algunos datos arrojan resultados sumamente preocupantes para la labor periodística en nuestro país, por ejemplo, ocho de cada 10 periodistas denuncian haber sido intimidados en al menos una ocasión por la publicación de una nota, entrevista, o reportaje crítico que incomodó a alguien. Mientras que el 77 por ciento ha sido objeto de acoso; el 65 por ciento sufrió amenazas, el 34 por ciento padeció violencia física y el 29 por ciento fue privado de su libertad. De hecho, el 90 por ciento de los periodistas cree que se encuentra en mayor riesgo que el resto de la población mexicana solo por ejercer su trabajo.4

La organización denominada Reporteros Sin Fronteras (RSF), por segundo año consecutivo, ubicó al país en el lugar 147 de 180 en su Índice de Libertad de Prensa a nivel mundial, haciéndonos seriamente vulnerables en la garantía y respeto de los derechos humanos de los periodistas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó las condiciones de inseguridad que enfrentan periodistas y medios de comunicación en el país, dio a conocer que 138 periodistas habían sido asesinados por causas de su profesión de 2000 a 2018, también mencionó que 21 informantes se encontraban desaparecidos desde 2005.

Ante ese panorama, la CNDH decidió implementar una campaña denominada “Con violencia no hay libertad de expresión”, con el propósito de crear conciencia sobre los riesgos que enfrentan los periodistas, la importancia que su trabajo cumple en una sociedad, la necesidad de ser protegidos, y los altos índices de impunidad en los casos de violencia en su contra.

El gobierno federal por su parte, implementó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor.5

Sin embargo, en un comunicado el pasado 8 de octubre, el consejo consultivo del mecanismo dio a conocer que el gobierno federal había cometido una grave omisión, al no ministrar 75 millones de pesos destinados para la implementación de las medidas de protección que los protegerían.

Comunicó que el monto sólo alcanza a cubrir los gastos del Mecanismo hasta diciembre, por lo que los primeros cuatro meses de 2019 quedarán desprotegidos los defensores y periodistas, y en algunos casos hasta sus familias.

La Secretaría de Gobernación, de la cual depende el Mecanismo, ha dicho que el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos son condiciones necesarias para una democracia plena y base para el desarrollo del país. Es por ello una prioridad del gobierno; fortalecer la asistencia a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, así como a personas en situación de vulnerabilidad.

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta, de una manera respetuosa, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que garantice la ministración de los recursos correspondientes para el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, en apego a los calendarios establecidos por la dependencia.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta, de una manera respetuosa, a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para que, en la medida de sus facultades estudien, diseñen y ejecuten un plan de acción conjunto para atender a las personas defensoras de los derechos humanos y los periodistas.

Notas

1 http://www.aragon.unam.mx/

2 http://www.diputados.gob.mx/

3 http://www.un.org/es/

4 https://www.animalpolitico.com/

5 https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 30 días del mes de octubre de 2018.

Diputado Raymundo García Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial en los ámbitos del fuero común y del federal a atender exigencias de mujeres víctimas en materia de trata de personas para revisar con puntualidad casos abiertos o por concluirse, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

Silvia Lorena Villavicencio Ayala, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a su consideración, la siguiente propuesta con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Describe el párrafo segundo artículo 17 constitucional, lo que en consenso se ha determinado por llamar el “El derecho a recibir Justicia”, expresado en el siguiente texto:

“Artículo 17. ...

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”

Este derecho tiene un referente inmediato en términos del apartado C del artículo 20 constitucional, los cuales describen los derechos de las víctimas y los ofendidos tal como se lee:

“Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

...

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

Así, de acuerdo con el mandato general de la Norma Suprema, el derecho a recibir justicia no solo comprende la sanción a quienes la autoridad competente demuestre su culpabilidad, sino también a la reparación del daño por parte de las víctimas.

Los delitos en materia de trata de personas son sin duda uno de los mayores retos que enfrenta nuestro país y el sistema de operación de justicia, compuesto por policías, agentes del Ministerio Público y los operadores judiciales, incluyendo aquellas autoridades que intervienen en la sanción penal.

Estos delitos usualmente no tienen un proceso de judicialización, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el lapso de enero a septiembre del presente año, se levantaron 1 millón 383 mil 99 carpetas de investigación por delitos del fuero común, empero el mismo dato revela que solo el 0.02 por ciento corresponde a delitos en materia de trata de personas. En el mismo sentido se contabilizaron 222,768 víctimas de las cuales el 32.6 por ciento correspondieron a mujeres, al analizar por separado los delitos en donde tuvieron participación las mujeres en calidad de víctima se revela que solo el 0.40 por ciento corresponde a delitos en materia de trata de personas.

Más aún, de acuerdo con la misma fuente, en 2015 se registraron 689 mujeres víctimas de delitos en materia de trata de personas, 593 en 2016, 373 en 2017 y en el lapso de enero a septiembre del presente 290, donde la Ciudad de México tiene una alta prevalencia con 88 mujeres víctimas de estos delitos seguido lejanamente por Nuevo León, con 26 víctimas.

Ahora bien, de acuerdo con el documento titulado “Informe Anual de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas 2016” se menciona que en el fuero federal se iniciaron 199 averiguaciones previas y carpetas de investigación en materia de este delito, reportando que en el delito “prostitución ajena u otras formas de explotación sexual” en 2016 se levantaron 97 averiguaciones previas, mientras que en el fuero común por este delito se levantaron 581 carpetas de investigación.

Así las cosas, y en convergencia con el interés de la proposición, identificamos que solo se han otorgado en 2016, de acuerdo con la misma fuente, solo tres sentencias condenatorias en la Ciudad de México, por delitos en esta materia y solamente ocho en el histórico de 2011 a 2016 en materia del fuero federal. En el mismo sentido solo se reportan 39 sentencias en 2018 y 293 sentencias condenatorias en el histórico 2009– 2018, en la Ciudad de México, otorgadas por autoridades del fuero común.

Esto nos revela una escasa identificación, persecución, investigación y sentencia de los delitos en materia de trata de personas donde son las mujeres el grupo poblacional mayormente afectado.

Más aún, de acuerdo con el documento publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos titulado “Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México”, uno de los problemas principales sobre la persecución de estos delitos es el “subregistro de casos”, es decir:

“En contraste, en diversas entidades las autoridades reportaron no contar con datos respecto de la incidencia delictiva, o bien fueron omisas en proporcionar información, lo que manifiesta desconocimiento o apatía, cuando menos, o incluso tolerancia al delito. Esta Comisión Nacional considera que la falta de registro de casos y de víctimas, lejos de significar que el delito no ocurra, debe constituirse en un llamado de atención a las autoridades locales para redoblar esfuerzos dirigidos a la detección de las víctimas y la persecución del delito.”

Igualmente, de acuerdo con el informe, se prevalece lo siguiente:

“Este organismo nacional advierte que el número reducido de averiguaciones previas es atribuible, en gran medida, al desconocimiento que subsiste en torno al tema. No es extraño que el operador jurídico confunda la trata de personas con el lenocinio u otros delitos. Con frecuencia, los agentes ministeriales carecen de elementos para identificar el delito y desconocen su mecánica. Muchas veces, la autoridad ignora los mecanismos de sometimiento y enganche utilizados por los tratantes, particularmente a través del engaño y la manipulación, por lo que presume que la víctima ha desaparecido por voluntad propia [...]”

Un caso que ejemplifica1 estas deficiencias en el sistema penal es el conocido a través de la opinión pública, donde se revela la presunta participación del entonces presidente del Comité Directivo Estatal en la Ciudad de México del Partido Revolucionario Institucional, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y sus asistentes, Sandra Esther Vaca Cortés, hoy diputada local al Congreso de la Ciudad de México por el mismo instituto político, y Claudia Priscila Martínez González, donde a través de mecanismos de “enganche” utilizando el engaño y la manipulación, reclutaban mujeres para realizar prostitución ajena en favor de Gutiérrez de la Torre, de acuerdo con testimonios de “Valentina”, “Beatriz” y “Renata”, víctimas de este delito, y cuyos testimonios fueron desestimados como causales de delitos en materia de trata de personas y por lo tanto las presuntas conductas fueron investigadas en materia electoral en prejuicio de las víctimas y su derecho a recibir justicia de acuerdo al ordenamiento Constitucional.

En recientes fechas un juez federal revocó el no ejercicio de la acción penal, es decir el cierre de la carpeta de investigación con lo que se abre la posibilidad de hacer justicia a las víctimas de este delito y se investigue a través de los tipos penales y protocolos, en materia de trata de personas. Al mantener el proceso penal abierto y con la posibilidad de hacer justicia es necesario que esta soberanía se manifieste en el sentido que las autoridades en general actualicen su actuar de forma que se eviten el “desconocimiento o apatía, cuando menos, o incluso tolerancia al delito”, en los términos que ha expresado la CNDH y en consecuencia se prevenga el “desconocimiento que subsiste en torno al tema. No es extraño que el operador jurídico confunda la trata de personas con el lenocinio u otros delitos”.

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con los artículos citados en el proemio que se presenta ante esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las autoridades del Poder Judicial, en los ámbitos del fuero común y del fuero federal, a atender las exigencias de las mujeres víctimas en materia de trata de personas, con el fin de revisar con puntualidad los casos abiertos o por concluirse de forma que se garantice la exacta aplicación de la Ley y se logre el derecho a la justicia y la reparación del daño por parte de las víctimas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a las dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, para realizar acciones que prevengan y erradiquen los vicios de autoridad en los operadores judiciales que conducen a un subregistro de los casos en esta materia en prejuicio de las víctimas.

Nota

1 Redacción. “Reabrirán caso Gutiérrez de la Torre”, Aristegui Noticias, 2018. https://aristeguinoticias.com/2310/mexico/reabriran-caso-gutierrez-de-l a-torre-en-que-va-la-denuncia-por-allanamiento-a-aristegui-noticias-lo- mejor-aristeguienvivo/

Palacio Legislativo, a 30 de octubre de 2018.

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de NL y Tamaulipas, así como a la Conagua, a revisar las condiciones del acuerdo de coordinación, celebrado el 13 de noviembre de 1996, para el aprovechamiento de las aguas del río San Juan, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN

Raúl Gracia Guzmán, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente a los titulares de los gobiernos de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, así como al director general de la Comisión Nacional del Agua, a revisar las condiciones del acuerdo de coordinación celebrado el 13 de noviembre de 1996, para el aprovechamiento de las aguas del río San Juan.

Exposición de Motivos

1. El 13 de noviembre de 1996, los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas, la Comisión Nacional del Agua, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, y Asociaciones Civiles de Usuarios del Distrito de Riego 026, firmaron el Acuerdo de Coordinación para el Aprovechamiento de las Aguas del río San Juan.

El acuerdo de referencia se dio en un complejo escenario político que antecede de diferentes eventos y conflictos entre los dos estados, contexto que también fue conocido como “La guerra del agua” , la disputa fue provocada por el aprovechamiento del agua que almacena la presa El Cuchillo. El acuerdo de coordinación buscó dar respuesta a las necesidades de agua tanto del estado de Tamaulipas para el distrito de riego 026 y el consumo humano para los ciudadanos de la Zona Metropolitana de Nuevo León.

2. El compartir el agua mediante el acuerdo de coordinación, se dio en un marco regional que buscaba beneficiar a ambos estados, así lo reflejan las reglas de operación de la presa El Cuchillo, pues son de administración regional e integral de las fuentes de agua. Estas son las condiciones más importantes del acuerdo:

“En noviembre de cada año deben trasvasarse los excedentes de 315 Mm3, de la presa El Cuchillo hacia la presa Marte R. Gómez, siempre y cuando esta última tuviera menos de 700 Mm3 almacenados. El Acuerdo de noviembre 13 de 1996 estipula que la decisión de transferir el agua de El Cuchillo a Marte R. Gómez, se toma en función de los almacenamientos existentes al 31 de octubre de cada año. También se contempla que, en mayo de cada año, la CONAGUA hace una valoración de las disponibilidades regionales, por si se tienen que reprogramar las transferencias a la presa Marte R. Gómez. Estas transferencias se analizan a la luz de la disponibilidad regional de agua –en las distintas fuentes– toda vez que el suministro de agua al AMM de facto las tiene que considerar –bien sea en términos del abasto mismo a la metrópoli o de los excedentes a transferir a la presa Marte R. Gómez, incluyendo, por supuesto, el envío del agua tratada comprometida en los Acuerdos de 1990 y de 1996. (Aguilar, 2015)1

Las transferencias del recurso, el manejo de las aguas del río San Juan y de las cuencas, involucran a usuarios de los dos estados:

En 1996 se establecen los acuerdos para el aprovechamiento de las aguas del río San Juan, estableciendo entre otros las políticas de operación de las presas localizadas en la cuenca. (Aguilar, 2015)

La Comisión Nacional del Agua tiene el control y operación de la presa El Cuchillo, así lo establece el Acuerdo de Coordinación:

El acuerdo de coordinación de 1996 establece que la presa El Cuchillo estará bajo control y operación de la Comisión Nacional del Agua (clausula quinta, inciso C), en concordancia con la Ley de Aguas Nacionales.

Lo anterior da el carácter regional a las soluciones en torno al recurso hídrico en la zona. Todos los embalses y sus correspondientes cuencas de aportación forman parte integral de la cuenca del Río Bravo, sobre la que obra también una vigilancia internacional. En este sentido es que el manejo conjunto de las presas cobra especial relevancia, como también lo hace el trabajo que conjuntamente tienen que realizar la Conagua y la CILA. Vale la pena subrayar que el río San Juan es un tributario del río Bravo y por ende queda vinculado con este entorno regional. (Aguilar, 2015)

3. En fechas recientes, se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación que el gobierno del estado de Tamaulipas solicitó a su homólogo de Nuevo León el cumplimiento del acuerdo de coordinación, es decir, trasvasar los excedentes de 315 Mm3, de la presa El Cuchillo hacia la presa Marte R. Gómez.

El cumplimiento del acuerdo de coordinación ha generado diversos señalamientos y cuestionamientos por parte de la sociedad civil y diputados del estado de Nuevo León, pues coincide con la discusión del Plan Hídrico que contempla la construcción de la presa Libertad, proyecto que sigue siendo discutido y que hasta la fecha se conoce poco de los alcances y beneficios que puede tener.

Consideraciones

I. Como diputado federal considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. A 22 años de la entrada en vigor del acuerdo de coordinación de 1996, las condiciones de ambos estados son totalmente diferentes, el número de población de los habitantes en el estado de Nuevo León es mucho mayor al de 1996, de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) es de, 5 119 504 habitantes, 4.3 por ciento del total del país. 2 (Inegi, 2018). La dinámica de crecimiento población es de:

El aumento en el número de población de 1996 al 2015, es de prácticamente 2 millones de personas. Considerando que en Nuevo León el uso del agua que almacena la presa El Cuchillo es destinada al consumo humano, es evidente que se requiere mayor cantidad de agua para satisfacer las necesidades del creciente número de población, que en su mayoría habitan en zonas urbanas, el Inegi señala que en el estado habita 78 por ciento de la población en localidades urbanas y 22 por ciento en rurales (Instituto Nacional, 2018).3

Por otro lado, la discusión del Plan Hídrico que presentó el director general de la Comisión Nacional del Agua y el gobernador del estado de Nuevo León, el 8 de diciembre de 2017 y que contempla la construcción de la presa Libertad, genera aún más dudas e inconformidad por parte de algunos neoleoneses en relación al endeudamiento del estado para construir la nueva presa y realizar el Plan Hídrico. Si bien es cierto, el agua que almacena la presa El Cuchillo no le pertenece por completo al estado de Nuevo León, también es cierto que el gobierno del estado tiene la posibilidad de construir un acueducto para que el agua que almacena la presa El Cuchillo se convierta en la fuente primera de abastecimiento de la zona metropolitana de Nuevo León, situación que no ha ocurrido; siempre se alude al acuerdo de coordinación de 1996 y el trasvase de agua a la presa Marte R. Gómez.

III. La Comisión Nacional del Agua, adelantó este año la entrega del agua a la presa Marte R. Gómez, inició 15 días antes de lo establecido en el acuerdo de coordinación de 1996. Es necesario revisar y actualizar las condiciones del acuerdo, los neoleoneses pueden ser los más desfavorecidos con las condiciones actuales, pues el número de población que habita en la zona metropolitana del estado ha crecido.

En Nuevo León, se presenta un contexto por demás coyuntural, la posible construcción de la presa Libertad podría traer endeudamiento al gobierno del estado y por ende a todos los neoleoneses, se dice que se podrían incrementar las tarifas de agua, situación que no ha sido confirmada pero que podría ocurrir. Una opción para evitar el endeudamiento es actualizar las condiciones del acuerdo de coordinación de 1996 y buscar que el agua que almacena la presa El Cuchillo pueda ser la primera fuente de abastecimiento para la zona metropolitana del estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con:

Punto se Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de los gobiernos de los estados de Nuevo León y Tamaulipas, así como al director general de la Comisión Nacional del Agua, a revisar las condiciones del acuerdo de coordinación celebrado el 13 de noviembre de 1996, para el aprovechamiento de las aguas del río San Juan, con la finalidad de actualizar la información respecto al crecimiento urbano, actividades productivas, población, disponibilidad de agua en la cuenca, variaciones en el consumo en todos los usos, variabilidad climática y considerar la demanda creciente de agua, principalmente para consumo público urbano e industrial que existe actualmente en la Zona Metropolitana de Monterrey y su área de influencia, esto con el objetivo de asegurar en un futuro un abasto y gestión sustentable de los recursos hídricos para toda la población en la región.

Notas

1 Aguilar Barajas Ismael, P. Nicholas y Ramírez Orozco Aldo I. Agua para Monterrey Logros, retos y oportunidades para Nuevo León y México, recuperado de: https://www.sadm.gob.mx/PortalSadm/Docs/aguaparamonterrey-media.pdf revisión hecha el 18 de octubre de 2018.

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía Información por Entidad, recuperado de: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/default.aspx?te ma=me&e=19 revisión hecha el 19 de octubre de 2018.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía Información por Entidad, distribución. Recuperado de:

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/ poblacion/distribucion.aspx?tema=me&e=19 revisión hecha el 22 de octubre de 2018.

Fuentes consultadas

• Aguilar, B. I. (2015). Agua para Monterrey Logros, retos y oportunidades para Nuevo León y México . Obtenido de

https://www.sadm.gob.mx/PortalSadm/Docs/aguaparamonterre y-media.pdf

• Inegi, I. N. (19 de octubre de 2018). Información por Entidad . Obtenido de http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/default.aspx?te ma=me&e=19

• Instituto Nacional, d. E. (22 de octubre de 2018). Información por Entidad, distribución . Obtenido de

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/ poblacion/distribucion.aspx?tema=me&e=19

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2018.

Diputado Raúl Gracia Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a establecer acciones que permitan garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, a fin de asegurar su pleno desarrollo y mejorar su calidad de vida, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala que la discapacidad es una de las interacciones que cuentan con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.1

Dicho organismo indica que los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad.

En este mismo sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) menciona que, en todo el mundo, las personas con discapacidad tienen una menor participación económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. En parte, ello es consecuencia de los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios que muchos de nosotros consideramos obvios, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas.2

Las personas con discapacidad, en promedio como grupo, es más probable experimenten situaciones socioeconómicas adversas, tales como menor nivel de educación, peores condiciones de salud, alto desempleo y tasas más elevadas de pobreza.

El entorno de cualquier ámbito de un país puede crear o mantener barreras que dificulten la participación de las personas con discapacidad en la vida económica, cívica y social.

La discapacidad ha adquirido un lugar relevante en la agenda gubernamental de muchos países de todo el orbe. La Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible en su meta 10 “Reducir la desigualdad en los países y entre ellos”, establece que se debe potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.3

Para dimensionar la magnitud del presente asunto, el Informe Mundial sobre la Discapacidad, publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que más de mil millones de personas de todo el orbe viven con alguna forma de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento.4

En este mismo sentido, el 15 por ciento de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad y su prevalencia es mayor en los países en desarrollo. Entre 110 millones y 190 millones de personas, o un quinto del total, presentan un nivel de discapacidad considerable.

En el caso de México, de acuerdo con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, hay aproximadamente 7.7 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 6 por ciento de la población total.5

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del universo total de personas en dicha situación, el 16.5 por ciento viven con discapacidad para escuchar; es decir, hay 1 millón 270 mil personas con discapacidad auditiva.

Las personas con problemas auditivos tienen principales barreras para comunicarse que pueden originar una desconexión con el medio y la ausencia de participación en actividades sociales y culturales habituales.

En general, la discapacidad representa uno de los retos esenciales al que el Estado mexicano debe prestar mayor atención, a fin de lograr la plena inclusión social de las personas que se encuentran en esta situación.

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) señala que nuestra sociedad ha creado estigmas y estereotipos sobre las personas que tienen alguna diversidad funcional -física, mental, intelectual o sensorial-, la cual las excluyen de los servicios básicos, provocando su exclusión e incluso invisibilización en muchos ámbitos de la vida social, principalmente en la negación de sus derechos fundamentales.6

Las condiciones empeoran cuando, además de su discapacidad, estas personas muestran alguna otra condición de vulnerabilidad, por mencionar algunos ejemplos: por no tener las condiciones necesarias de movilidad, no contar con instancias para expresar sus quejas sobre el respeto de sus derechos fundamentales, o instancias para acceder a programas sociales.

Dicha problemática, lejos de contribuir al establecimiento de las condiciones necesarias para su pleno desarrollo e inclusión social, deriva en escenarios de marginación, exclusión y rechazo, lo que deja de manifiesto conductas de intolerancia e inobservancia de sus derechos humanos.

Es indudable que este sector de la población ve limitado su acceso a la salud y educación, a la vez que sufre discriminación y estigmatización social, lo que inhibe el goce pleno de sus derechos humanos.

Ante este panorama, resulta imperativo que se promuevan acciones conjuntas para proteger y salvaguardar las personas en situación de discapacidad en todo el país, derecho fundamental establecido en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.7

Es indispensable combatir todas las barreras e impulsar la inclusión y participación social de las personas con discapacidad, la cual debe atender no solamente a bienes y servicios de uso diario, sino algo fundamental como el respeto es a sus derechos humanos, a fin de mejorar su pleno desarrollo y calidad de vida.

Debemos seguir trabajando a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, que garanticen la accesibilidad y movilidad en todos los ámbitos de la sociedad, con el propósito de consolidar un México más justo e inclusivo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, establezcan las acciones que permitan garantizar los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad, con el objeto de promover su pleno desarrollo y mejorar su calidad de vida.

Notas

1 https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

2 http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/

3 http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/180131_ODS-metas-digit al.pdf

4 http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/.

5 https://www.gob.mx/conadis/prensa/conadis-indesol-y-fundacion-mvs-entre gan-apoyos-por-3-millones-para-proyectos-de-beneficio-a-personas-con-di scapacidad-auditiva?idiom=es

6 https://www.google.com.mx/search?q=conapred+discapacidad&oq=conapred+discapacidad&aqs=
chrome..69i57j0l2.4191j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 30 de octubre del año 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los protocolos para la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos, a cargo de la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Maribel Martínez Ruiz, en nombre propio y de las y los diputados Benjamín Robles Montoya, Margarita García García y Claudia Angélica Domínguez Vázquez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El documento denominado Estadísticas a propósito del Día del Niño (30 de abril)”1 , publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revela que la Encuesta Intercensal 2015 indica que en el país residen 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años de edad, lo que en términos porcentuales representa 32.8 por ciento de la población total. La población infantil y adolescente ha disminuido en los últimos 15 años, es decir, en el año 2000, 39.7 por ciento de la población tenía 17 años o menos, mientras que para 2015, esta proporción representa 32.8 por ciento, lo que equivale a una disminución de 6.9 puntos porcentuales en dicho periodo.

La proporción de la población de niñas, niños y adolescentes al interior de las entidades federativas es aproximadamente de una tercera parte de su población: Chiapas con 39 infantes por cada 100 habitantes (39.4 por ciento); Guerrero con 37 y Aguascalientes con 35, son las de mayor proporción. La Ciudad de México2 es la entidad de menor población de 0 a 17 años con 24.1 por ciento.

Ese mismo estudio señala que el desarrollo de la población infantil se lleva a cabo en tres etapas que son: la primera infancia (abarca de los 0 a los 5 años), la edad escolar (de los 6 a los 11 años) y la adolescencia, (referida a la población de 12 a 17 años). En cada una de estas etapas, las niñas y niños demandan atención especial de salud, nutrición, educación y diversas necesidades para su desarrollo integral y mejor calidad de vida. Los datos de la Encuesta Intercensal 2015 muestran que 32 de cada 100 niños y niñas tienen de 0 a 5 años, lo que representa un total de 12 millones 713 mil 051 personas. La población en edad escolar el 33.7 por ciento (13 millones 224 mil 826) del total de población de 0 a 17 años y los y las adolescentes representan 33.9 por ciento de la población infantil, equivalentes a 13 millones 276 mil 534 personas.3

Si bien los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron en México un parteaguas, toda vez que esto permitió visibilizar y sensibilizar respecto de temas como: erradicar la pobreza y el hambre, reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna, entre otras muchas temáticas, no obstante, esto no ha sido suficiente para cubrir las necesidades de atención de los aproximadamente treinta y nueve millones de personas pertenecientes a estos grupos etarios.

Al respecto, el Informe Anual: México 2017 , elaborado por el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF)4 revela que 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes en México están en situación de pobreza, de los cuales, 2 de cada 10 están en pobreza extrema y que su mayor carencia es la seguridad social, ya que afecta a 6 de cada 10 niños.

También revela que sólo 6 de cada 10 niños y niñas entre 3 y 5 años asisten a un programa educativo destinado a la atención de la primera infancia y que más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes en edad escolar están fuera de la escuela y más de 600 mil se encuentran en riesgo de dejarla.5

Además de estas condiciones verdaderamente críticas, las niñas y niños menores de 5 años son víctimas de manera indiscriminada de delitos sumamente graves, como lo son el abuso sexual, el maltrato infantil e incluso el homicidio.

La protección de los niños y las niñas frente a todas las formas de violencia, como el abuso y explotación sexual, es un derecho consagrado en el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

De igual manera, dicho informe arroja los datos alarmantes siguientes:

• 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 14 años han experimentado algún método violento de disciplina infantil en sus hogares.6

• 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes ha sufrido alguna agresión psicológica por un algún miembro de su familia.7

• 1 de cada 15 niños y niñas ha recibido alguna forma de castigo físico severo (jalones de orejas, bofetadas, manotazos o golpes fuertes) como método de disciplina.8

• La escuela y la vía pública son dos entornos donde suceden 8 de cada 10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años; mientras que el hogar es el tercer lugar en donde los niños están expuestos a la violencia.9

• 1 de cada diez niñas, niños y adolescentes entre los 10 y 17 años ha sufrido algún tipo de agresión en el hogar. Las niñas y adolescentes son las más afectadas, ya que 7 de cada 10 fueron víctimas de agresión en sus hogares.10

• Aproximadamente 18 por ciento de las personas desaparecidas tienen entre 1 y 17 años; de éstos, 80 por ciento son adolescentes de entre 12 y 17 años, de las cuales 6 de cada 10 son mujeres.

El 4 de diciembre de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual, entre otras cosas, ordena la constitución del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), mismo que tiene como una de sus principales atribuciones, generar una nueva manera de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental donde todas las niñas, niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, sino como sujetos de derechos.11

Posteriormente, en octubre de 2017 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, la cual crea un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, e incluyeron en ella un capítulo especial referente a los niños, niñas y adolescentes desaparecidos; sin embargo, a la fecha, éste no ha sido debidamente instalado.

Incluso, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, denunció que “La desaparición de personas es una violación de extrema gravedad cometida en México durante la denominada guerra sucia y desde hace más de una década en el marco de la fallida estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal. Se trata de una situación que no se ha logrado detener, por el contrario, el número de víctimas continúa en aumento. De hecho, hasta abril de 2018 se tuvo registro oficial de 37 mil 435 personas desaparecidas . En este escenario, es de vital importancia la adopción de medidas para diseñar políticas de prevención y atender las necesidades de búsqueda que actualmente son apremiantes.”

De esta cifra alarmante, destaca el hecho de que en el periodo comprendido de 2007 a 2018, se ha declarado oficialmente desaparecidos a 6 mil 614 niñas, niños y adolescentes en México; de los cuales, durante la administración de Enrique Peña Nieto se extraviaron 75.3 por ciento de ellos.

Definitivamente ni el gobierno federal, ni los gobiernos estatales y municipales han cumplido con su obligación de proteger, en el sentido más amplio, a las personas que habitamos este país y, de manera especial, en los hechos, a pesar de la obligación constitucional y legal, de los protocolos y mecanismos que en papel se han creado para este fin, han desamparado, abandonado e ignorado a las niñas, niños y adolescentes. Pero también, estoy convencida de que todas y todos, como sociedad, somos responsables de protegerlos y salvaguardar su integridad.

El Estado mexicano tiene una enorme deuda con ellas y ellos. El gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales no han puesto empeño y, mucho menos recursos económicos suficientes para que los múltiples mecanismos existentes sean efectivos en la protección de este sector de la población, y por supuesto que no existen mecanismos jurídicos que prevengan e inhiban la comisión de este delito.

De este último punto se desprende el objetivo de la proposición que pongo a su consideración, de la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, pero también de aquellos que inhiban la comisión de este delito y, por supuesto, aquellos que ayuden a la sociedad a sensibilizarse sobre la problemática e implementar medidas comunitarias de prevención o contención del delito, según sea el caso.

En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al presidente de la República, al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, al Poder Judicial de la Federación, así como a los gobernadores y gobernadoras, a las y los titulares de las procuradurías o fiscalías y a los poderes judiciales y legislativos de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, generen las condiciones adecuadas para la correcta implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al presidente de la República, al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, al Poder Judicial de la Federación, así como a los gobernadores y gobernadoras, a las y los titulares de las procuradurías o fiscalías y a los poderes judiciales de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, revisen los protocolos para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, fortaleciendo los mecanismos de alerta temprana y búsqueda urgente, sensibilizando al personal que recibe estos reportes.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al presidente de la República, al encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, al Poder Judicial de la Federación, así como a los gobernadores y gobernadoras, a las y los titulares de las procuradurías o fiscalías y a los poderes judiciales de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes federal y en las entidades federativas y se implementen mecanismos de atención integral a los familiares de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2018.

Notas

1 Inegi.

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/ni% C3%B1o2017_Nal.pdf

2 El Distrito Federal cambia su nombre oficial por el de Ciudad de México a partir del 29 de enero de 2016, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de esa misma fecha.

3 Inegi. Op. Cit.

4 UNICEF. “Informe Anual 2017” https://www.unicef.org/mexico/spanish/Informe-Anual-2017.pdf

5 UNICEF, Niños y niñas fuera de la escuela en México, 2016.

6 Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF México. 2016. Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015 – Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2015, Informe Final. Ciudad de México, México: Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF México.

7 Ibídem.

8 Ibídem.

9 Instituto Nacional de Salud Pública, ENSANUT 2012.

10 Ibídem.

11 https://www.gob.mx/sipinna/que-hacemos

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2018.

Diputados: Maribel Martínez Ruiz, Benjamín Robles Montoya, Margarita García García, Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía se pronuncia por el levantamiento del bloqueo en el marco de la próxima votación de la Asamblea General de la ONU sobre su resolución 72/4, “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba”, a cargo de la diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos, del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 6, numeral I, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

México y Cuba mantienen una relación fundada en profundas raíces históricas y culturales, una relación que, pese a desencuentros de ocasión, ha sido de amistad y cooperación mutua. Es por ello que hoy quiero hablar de un tema sensible, que desde hace más de 50 años vulnera la soberanía de la República de Cuba, viola sus derechos y rompe la autonomía como país.

Es preciso recordar que nuestra nación ha brindado cobijo a hombres de la talla de José Martí y Julio Antonio Mella, así como a un puñado de jóvenes encabezados por Fidel Castro, que partieron de nuestro territorio para dar inicio a una gesta histórica que a lo largo de las décadas ha sido valorada por muchos y criticada por otros.

México y Cuba mantienen estrechas relaciones diplomáticas desde 1902 que han hermanado y situado su amistad pesé a la revolución concluida en 1959 (donde se acordó la no participación en los asuntos internos de cada país). La lucha revolucionaria en Cuba contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista culminó victoriosamente y llegó al poder el movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro. Las medidas adoptadas por el gobierno revolucionario, destinadas a recuperar las riquezas del país y a ponerlas al servicio del pueblo, afectaron los intereses de grandes monopolios norteamericanos que por más de medio siglo habían saqueado los recursos de la isla e influido en su política interna.

Figuras de nuestra propia historia nacional jugaron también un papel de excepción con respecto a Cuba. Lo dijo también Fidel Castro: “Después del triunfo de la revolución, y en aquellos primeros años difíciles, e incluso en los primeros días de alegría, quién podrá olvidar que uno de nuestros primeros visitantes ilustres fue el general Lázaro Cárdenas. También recordamos que a raíz de la invasión mercenaria de Girón, en 1961, Lázaro Cárdenas se enroló para venir a combatir junto a nuestro pueblo.”1

La relación entre nuestros países ha trascendido esos episodios históricos y se ha mantenido fuerte y persistente incluso en momentos difíciles. En ese camino debemos recordar que México fue el único país que no rompió relaciones con la isla al triunfo de la revolución cubana y, en esa larga tradición de amistad y de relaciones, cada año, se vota a favor del cese, del injusto e inhumano bloqueo comercial, económico y financiero que Estados Unidos de América impuso a Cuba.

Desde 1992, la Asamblea General de la ONU somete a voto la resolución a favor del levantamiento del bloqueo, el más prolongado y cruel que haya conocido la historia de la humanidad.

La base de ese instrumento a todas luces ilegal es la llamada Ley de Comercio con el Enemigo (1917), en el cual se basan las primeras regulaciones del bloqueo contra Cuba de 1962. En ese año, la Orden Ejecutiva Presidencial 3447, firmada por John F. Kennedy, estableció el embargo total a todo comercio entre Estados Unidos de América y Cuba bajo el alegato de los intereses nacionales de Washington. Posteriormente, en 1992 y 1996, se aprobaría la Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli, la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, Ley Helms-Burton, las cuales consolidaron la agresión contra Cuba al mantener el injusto bloqueo, agregando la internacionalización de éste, con la negativa de créditos y ayuda financiera a todo país, con carácter de extraterritorialidad del bloqueo y con la finalidad de dificultar la inversión en Cuba.

La política de bloqueo económico contra Cuba, por parte de Estados Unidos de América, ha incidido perjudicialmente en pérdidas en una multiplicidad de niveles y sectores, incluidos el cultural, educativo, el deporte, la salud pública y la alimentación. Calificándolo como un acto de genocidio, en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de Ginebra de 1948. Los daños ocasionados son inimaginables en todos los aspectos de la vida de un pueblo hermano. Hablamos del sistema de sanciones unilaterales más injusto, severo y prolongado que se ha aplicado contra un país.

Entre 2016 y 2017 el bloqueo ha causado pérdidas a Cuba en el orden de 4 mil 305.4 millones de dólares. Para poner en perspectivas esta cifra, según estimaciones realizadas por el Ministerio de Economía y Planificación de Cuba, el país requiere entre 2 mil y 2 mil 500 millones de dólares de inversión extranjera para alcanzar su desarrollo económico. Es decir, el costo del bloqueo anual para Cuba es alrededor del doble de lo necesario para el desarrollo total de su economía. Estas cifras frías se han traducido, evidentemente, en un daño humanitario irreparable.

Desafortunadamente, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, en enero de 2017, se agudizó la paralización de la mayor parte de los intercambios oficiales y los mecanismos de cooperación establecidos entre ambos países. A partir del 16 de junio de ese año, en Miami, se profundizó la confrontación y se hizo claro que Trump se proponía destrozar todo lo avanzado durante la administración de Barack Obama, con el anuncio de dos nuevas medidas: prohibir las transacciones directas con el sistema empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, y revocar los viajes individuales a la mayor de las Antillas por parte de ciudadanos estadounidenses en la categoría de intercambio “pueblo a pueblo”.

Cabe señalar que en la última Asamblea de las Naciones Unidas, realizada en 2017, de 193 Estados miembros, una mayoría avasalladora de 191, manifestaron su voluntad por poner fin al bloqueo2 . Solamente los propios Estados Unidos de América e Israel votaron en contra. El sentir del mundo representado en ese organismo fue nuevamente desoído. Aunado a ello, los países integrantes del Grupo de los 77 + China apoyaron dicho levantamiento.

En estos días la Asamblea General de Naciones Unidas votará nuevamente la Resolución 72/4, titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos de América contra Cuba”. Donde es de gran preocupación que el bloqueo persista en detrimento de los derechos humanos del pueblo de Cuba y siga siendo una política que atenta contra la soberanía de una nación. El mundo que integra países conscientes tiene claro que “ya no está dispuesto a comer e irse”, el mundo busca que termine la violación a los derechos de una nación que no debe ser excluida o limitada.

Es importante recordar, que la honorable Cámara de Diputados, a lo largo de diversas legislaturas, ha condenado expresamente el bloqueo y se ha pronunciado por su inmediato levantamiento, con su respaldo al informe que la República de Cuba presenta anualmente. En octubre de 2016, a petición de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, aprobó un acuerdo por la eliminación del bloqueo y, solicitó al gobierno federal, llevar dicha postura a Naciones Unidas. Esta vez México debe volver a pronunciarse en el mismo sentido.

Por lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia por eliminar el bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos de América contra de la República de Cuba y se solicita al gobierno mexicano, lleve esta postura a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo. La Cámara de Diputados, realiza una respetuosa petición al Congreso de Estados Unidos de América para que ponga fin al bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos de América en contra de la República de Cuba, con base en los principios de la política exterior de México que se sustenta en la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o del uso de la fuerza de las relaciones internaciones, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, además de la lucha por la paz y la seguridad internacional.

Notas

1 Ídem.

2 Asamblea General aprueba resolución contra el bloque a Cuba con 191 votos. Noticia ONU, 1 de noviembre de 2017. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2017/11/1421421 consultado el 23 de octubre de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2018.

Diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a realizar gestiones a fin de incluir en el Catálogo Universal de Servicios de Salud el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral y garantizar así suficiencia presupuestal para atender a quienes la padecen, a cargo del diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud a realizar las gestiones necesarias para que se incluya el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, garantizando la suficiencia presupuestal para la atención de la población con este padecimiento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La enfermedad vascular cerebral (EVC) es un grupo heterogéneo de trastornos en la irrigación cerebral caracterizado por un rápido desarrollo de síntomas y signos neurológicos que traducen una disfunción cerebral, espinal o retiniana focal, debidos a una oclusión arterial (isquemia), venosa (trombosis venosa) o ruptura arterial (hemorragia), y evidencia por imagen o neuropatológica de daño vascular.1

Dicha enfermedad se caracteriza por aparición brusca y sin aviso, causando secuelas o incluso la muerte.2

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad vascular cerebral constituye la segunda causa global de muerte (9.7 por ciento), de las cuales 4.95 millones ocurren en países con ingresos medios y bajos; si bien las tasas de mortalidad por EVC son elevadas en todas las regiones del mundo; en muchos casos sobrepasan la mortalidad derivada de enfermedades isquémicas del corazón. La situación es heterogénea entre países, regiones y poblaciones.

Los resultados de un estudio que utilizó datos de la OMS y del Banco Mundial mostraron diferencias de más de 10 veces entre los países con tasas ajustadas por género y edad más altas, comparadas con las más bajas (rango de 25 a 250 por 100 mil).

Las regiones con mayor mortalidad por EVC son Europa del este, África central y el norte de Asia, mientras que las de menor mortalidad son Europa occidental y Norteamérica. En situación intermedia se encuentran países de América Latina, norte de África, oriente medio y sureste asiático.3

De lo anterior se colige que existe un mayor riesgo de mortalidad por EVC, cuando se presenta en países de ingresos bajos y medios, que en países con mayor indíce de ingresos per cápita.

La tasa de recurrencia del EVC a 2 años va del 10 al 22 por ciento, pero puede reducirse hasta en 80 por ciento con la modificación de factores de riesgo. De no existir intervenciones de prevención adecuadas, se calcula que para el año 2030, su incidencia se incrementará hasta 44 por ciento.

Datos de la Secretaría de Salud de México muestran que en nuestro país la tasa de mortalidad por enfermedad vascular cerebral se ha incrementado a partir del año 2000, particularmente en menores de 65 años. Durante el 2007 del total de egresos en hospitales públicos el 1 por ciento fue atribuido a enfermedad vascular cerebral, mientras que, en el 2008, la tasa de mortalidad fue de 28.3/100 mil habitantes.4

En el caso de pacientes ? 65 años se ha encontrado que 6 meses después de presentar el evento, el 26 por ciento son dependientes en actividades de la vida diaria y el 46 por ciento presentan déficits cognitivos.5

Según los resultados del estudio BASID, en México se aprecia que la tasa anual se incrementa en forma significativa con la edad en todos los tipos. Aunque el infarto cerebral es el tipo de enfermedad vascular cerebral más frecuente, el número de casos de hemorragia intracerebral y la subaracnoidea es mayor que el señalado en países desarrollados. (Cantú B, 2010). Actualmente, las enfermedades cerebrovasculares en México deben considerarse como un problema de salud de orden prioritario. La tendencia registrada durante los últimos años muestra un incremento continuo en los niveles de mortalidad por este padecimiento, el cual ocupó en 2010 el sexto lugar dentro de las principales causas de defunción (32 mil 306 defunciones con una tasa de 28.8 por cada 100 mil habitantes). (Sinave/DGE/Salud/Perfil Epidemiológico de las Enfermedades Cerebrovasculares en México).6

Por otra parte, es de mencionar que la enfermedad vascular cerebral, generalmente presenta diversas comorbilidades como son:

1. Diabetes mellitus,

2. Hipertensión arterial sistémica,

3. Obesidad.

La enfermedad vascular cerebral también se refiere al término genérico por el que se nombran los eventos vascular cerebrales, infartos y las hemorragias cerebrales. Los tres tipos principales de evento vascular cerebral son trombótico, embólico y hemorrágico.

El evento vascular cerebral trombótico se presenta cuando el flujo de sangre de una arteria cerebral se bloquea debido a un coágulo que se forma dentro de la arteria. La ateroesclerosis, que es la acumulación de depósitos grasos en las paredes de las arterias, causa un estrechamiento de los vasos sanguíneos y con frecuencia es responsable de la formación de dichos coágulos.7

El evento vascular cerebral embólico tiene lugar cuando el coágulo se origina en alguna parte alejada del cerebro, por ejemplo, en el corazón, pero una porción del coágulo (un émbolo) se desprende y es arrastrado por la corriente sanguínea al cerebro y dicho coágulo llega a un punto que es lo suficientemente estrecho como para no poder continuar, provocando una obstrucción en el vaso sanguíneo, cortando drásticamente el abastecimiento sangre. Este bloque súbito se llama embolia.8

El evento vascular cerebral hemorrágico –conocido también como derrame cerebral, es causado por la ruptura y sangrado de un vaso sanguíneo en el cerebro.9

En México se estima que aproximadamente el 60 por ciento de los casos de evento vascular cerebral son de isquemia cerebral, de los cuales el 20 por ciento son de origen cardioembólico, el cual se debe a la migración de un émbolo proveniente de las cavidades cardíacas o del segmento proximal de la aorta torácica, mientras que el resto se produce como consecuencia de patologías de pequeños o grandes vasos de la circulación cerebral.10

Son signos de alarma en el evento vascular cerebral:

Por frecuencia

• Entumecimiento, debilidad o parálisis de la cara, el brazo o la pierna, en uno o ambos lados del cuerpo y que aparece en forma repentina.

• Ocurrencia súbita de visión borrosa o reducción de la visión en uno o ambos ojos.

• Aparición brusca de mareos, pérdida del equilibrio o caídas sin explicaciones.

• Incapacidad repentina para comunicarse, ya sea por dificultad para hablar o entender.

• Aparición súbita de dolor de cabeza, de gran intensidad y sin causa conocida.

Existen otros signos como aparición súbita de visión borrosa, mareo o dolor de cabeza.

Estos signos de alarma pueden durar sólo unos cuantos minutos y luego desaparecer, o pueden preceder a un evento vascular cerebral de mayores consecuencias y requieren atención médica inmediata.

El diagnóstico es clínico, se sospecha por la presencia de síntomas neurológicos que no se tenían previamente y la corroboración se realiza por estudios de imagen con resonancia magnética cerebral y/o tomografía.

La realización de un estudio de imagen cerebral es fundamental y esto sólo se puede realizar en un centro hospitalario.

Los estudios para diagnosticar un EVC son:

• Tomografía de cráneo;

• Resonancia magnética de cráneo;

• Ultrasonido Doppler de vasos de cuello;

• Electrocardiograma; y

• Ecocardiograma.

Los efectos de un evento vascular cerebral pueden variar desde leves hasta severos, y pueden incluir parálisis, problemas de raciocinio, del habla, problemas de visión, y problemas en la coordinación motora.11 Estos problemas conllevan diversos costos asociados tanto en el corto como en el largo plazo, incluyendo aquellos relativos a la hospitalización del paciente.

Durante los últimos años ha sido el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quien ha dado atención a la mayor parte (50.2 por ciento, en promedio) de las hospitalizaciones por enfermedades cerebro- vasculares. En segundo término, aparece la Secretaría de Salud (Ssa) con un poco más de la tercera parte de los pacientes (34.2 por ciento), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con una participación del 11.3 por ciento. (Sinave/DGE/Salud/Perfil Epidemiológico de las Enfermedades Cerebrovasculares en México).

En estos años el Sistema Nacional de Salud atendió en sus instalaciones a un promedio de 38 mil 752 pacientes que en conjunto permanecieron hospitalizados cerca de 2 millones de días y que en términos generales representó una estancia promedio de 7.3 días por paciente y evento de hospitalización. Cabe señalar que la duración de la estancia parece irse reduciendo conforme los años son más recientes (7.9 días en 2005 vs. 7.0 en 2010), lo que podría explicarse en parte por el desarrollo de los avances tecnológicos y la mejora de los tratamientos hacia los pacientes, que propicia que puedan dejar en menor tiempo el ámbito hospitalario. (Sinave/DGE/Salud/Perfil Epidemiológico de las Enfermedades Cerebrovasculares en México).12

Es necesario considerar que la enfermedad vascular cerebral es una emergencia médica, y cada minuto cuenta cuando un paciente lo está padeciendo, ya que cuanto más tiempo dure la interrupción del flujo sanguíneo hacia el cerebro, mayor es el daño. La atención inmediata puede salvar la vida de la persona y aumentar sus posibilidades de una recuperación exitosa, sin embargo, al aumentar en los últimos años el impacto devastador de la enfermedad vascular cerebral en nuestro país, los esfuerzos para reducir sus consecuencias son críticos para el futuro económico y de salud de México. (Cantú B, 2010). Los impactos socioeconómicos de esta “ transición epidemiológica “ amenazan con abrumar a los sistemas de salud, dando lugar a consecuencias devastadoras: la enfermedad cardiovascular y el accidente cerebrovascular.13

En la gráfica previa, se advierte que los días de hospitalización promedio aumentan en relación directa con la Escala de Ranking Modificado (MRE, por sus siglas en inglés, modified ranking scale ). Dicha escala evalúa el grado de discapacidad que presenta el paciente, posterior a un evento vascular cerebral, considerando entre otros aspectos, si existe afectación para leer, escribir, de estabilidad, coordinación, movilidad, si requiere asistencia para actividades básicas de la vida diaria, o si el grado de discapacidad incluso influye en que requiera cuidados constantes y no puede comer, asearse, caminar o usar el baño sin ayuda; donde ERM 0 implica que no existen síntomas o limitaciones y ERM 5 es una discapacidad severa.14

Cuando la discapacidad y secuelas postevento vascular cerebral aumenta, también los días de hospitalización requeridos para tratamiento se acrecientan y, consecuentemente, los costos de terapias y hospitalización también aumentan.

Si bien cada paciente que presenta un evento vascular cerebral es distinto, a efecto de presentar una idea general del costo que representa para la seguridad social, en gastos hospitalarios, la atención de un caso de evento vascular cerebral, considerando los montos previstos en el acuerdo ACDO.AS3.HCT.291117/275.P.DF y sus anexos, dictado por el honorable Consejo Técnico en la sesión ordinaria celebrada el 29 de noviembre de dos mil diecisiete, relativo a la aprobación de los costos unitarios por nivel de atención médica actualizados al año 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2017, el costo unitario por nivel de atención médica para 2018, el día de hospitalización supera los 7 mil 500.00 pesos, y si el paciente es tratado en terapia intensiva, aspecto frecuente en los casos de evento vascular cerebral, puede inclusive llegar a 35 mil 400.00 pesos.

En este orden de ideas, y considerando que un paciente que haya sufrido un evento vascular cerebral, y un ERM 4, que en promedio estará hospitalizado 60 días, puede tener un costo de hospitalización, de aproximadamente 300 mil pesos (trescientos mil pesos m.n.), más otros gastos relacionados, que deben afrontar las instituciones de seguridad social, o en su caso el paciente, en caso de no ser derechohabiente de alguna de éstas, conforme la siguiente tabla:

De lo anterior se advierte que la institución requiere una mayor inversión en el tratamiento de pacientes con mayor discapacidad, por lo que se desprende la necesidad de otorgar asignación específica de recursos a favor del Catálogo Universal de Servicios de Salud, con fines de incremento y enfoque específico en el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral, para el ejercicio 2019, ya que en el mercado existen tratamientos que, por un precio relativamente moderado, administrado en una ventana de tiempo oportuna pueden, inclusive, eliminar totalmente toda secuela e incapacidad del paciente y, con ello, disminuir exponencialmente los gastos hospitalarios, tanto del propio paciente, como del sector salud, en caso de que el paciente se encuentre cubierto por alguno de sus esquemas, ello considerando que el gasto promedio de un paciente con enfermedad vascular cerebral con ERM 4 o 5, puede fácilmente llegar al medio millón de pesos a falta de un tratamiento oportuno, y un ERM 0-1 a los ciento cincuenta mil pesos, mientras que el medicamento para el tratamiento para la enfermedad vascular cerebral isquémica, no supera los catorce mil pesos.

Incluso, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, señala que “hay medicamentos y procedimientos que, aplicados en las primeras 4 horas y media a partir del inicio de los síntomas de un infarto cerebral, posibilitan la recuperación de tejido cerebral. La administración de esta medicación o procedimiento debe realizarla personal médico calificado en un centro especializado. Es la única oportunidad para ayudar al paciente a regresar a su estado funcional previo al infarto. Estableciendo como prevención secundaria, la prevención de nuevos eventos, mejorando el control de todos los factores de riesgo. Se atienden también las secuelas de infarto y, de acuerdo al tipo y grado de invalidez, se busca la independencia del paciente.

Únicamente si se atiende en fase aguda, con medicamentos o procedimientos que abran el vaso ocluido (en el caso del infarto cerebral) o procedimientos quirúrgicos (en el caso de hemorragia cerebral grave), podría considerarse a alguien curado del infarto y hemorragia cerebral, de otro modo quedan secuelas del mismo.”15

Por su parte, la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, AC, ha hecho énfasis en la necesidad de que se ponga atención a la enfermedad vascular que tiene altos costos no sólo económicos, sino sociales y emocionales, tanto para el paciente como para sus cuidadores, y que tiene efectos muchas veces fatales, considerando a la muerte, como el mejor de ellos, ya que muchos pacientes (y sus cuidadores), a veces preferirían que ese fuera el resultado de la enfermedad vascular cerebral, y no la discapacidad.16

Los datos arrojados por las diversas fuentes citadas incitan a este legislador a priorizar las medidas de tratamiento de la EVC, considerando la gravedad de las afectaciones causadas a las personas que padecen la enfermedad, con el fin de garantizar el acceso a los tratamientos necesarios que les permitan mantener una calidad de vida adecuada. Ello considerando que este derecho se encuentra consagrado en el Artículo 4o. de nuestra Carta Magna: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.17

Además de la disposición constitucional referida, el nuevo gobierno 2018-2024, como e ha manifestado, debe considerar la salud como un derecho básico de las personas y reconocer la salud como eje fundamental, considerando como uno de sus objetivos principales fortalecer el Sistema Público de Salud, para lograr un enfoque no sólo curativo, sino también preventivo e integral y mejorar la eficiencia de su operación, para obtener mejores resultados en salud y calidad de vida, logrando una cobertura universal, donde los medicamentos y los servicios públicos, desde el primer nivel de atención hasta la medicina especializada sean accesibles y gratuitos, a efecto de reducir las desigualdades en salud y detener el aumento de enfermedades crónicas y el gasto de bolsillo en salud, particularmente de los hogares pobres.18

De lo antes expuesto, se advierte que la enfermedad vascular cerebral, de no tratarse oportuna y adecuadamente, tiene secuelas tan graves como la discapacidad motora, intelectual y de habla, que invariablemente tienen un impacto en la calidad de vida del paciente, aunado a afectaciones económicas, sociales y emocionales en el paciente y su familia, que se refleja tanto en incapacidades laborales, ausentismo y/o presentismo, además de los costos que corresponden al sector salud en el tratamiento de esta enfermedad.

En este orden de ideas, y tomando en cuenta que la Enfermedad Vascular Cerebral ya se encuentra considerada para diagnóstico en el Catálogo Universal de Servicios de Salud, se estima que deben asignarse específicamente recursos, con fines de tratamiento para dicha enfermedad, para el ejercicio 2019 y posteriores, ello considerando que el diagnóstico sin tratamiento no impacta en disminución alguna de los efectos fatales que puede tener la enfermedad vascular cerebral. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77 Bis 1 de la Ley General de Salud, 9 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud, y 36 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Imagen 1:

Imagen 2:

Fuente: Imágenes 1 y 2, extraídas del Causes 2018.

El propio Sistema de Protección Social en Salud, en su informe de resultados correspondiente al primer semestre de 2017, reconoce que a 13 años de su creación y con un padrón cercano a los 53.3 millones de afiliados, el Sistema de Protección Social en Salud enfrenta, como reto fundamental, el asegurar la accesibilidad a servicios oportunos y de calidad en todo el país, bajo una óptica incluyente, que permita impulsar el progreso y desarrollo social.19

Además, la sociedad civil, a través de diversas representaciones, ha expuesto la necesidad de establecer políticas públicas, mediante normativas jurídicas idóneas, que brinden protección a los derechos humanos que aseguren el acceso adecuado a la salud.

Así pues, a fin de garantizar una atención oportuna de la EVC, es necesario que se le asignen los recursos económicos que le correspondan, para su adecuado y oportuno diagnóstico, control y tratamiento.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) a realizar las gestiones necesarias para que se incluya el tratamiento de la enfermedad vascular cerebral en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y le sean asignados los recursos necesarios para la atención de la población con este padecimiento.

Notas

1 http://amevasc.mx/wp-content/uploads/2014/04/aqu%C3%AD.pdf

2 Ibid

3 González Pina, R. Y Landínez. D. Epidemiología Etiología y Clasificación de la Enfermedad Vascular Cerebral. Jornada de Neurociencias, recuperada de

http://www.redalyc.org/html/2738/273849945026/

4 Arauz, A y Ruiz-Franco.A. Enfermedad vascular cerebral. Rev. Fac. Med. (México) volumen 55, número 3, Ciudad de México, mayo/junio de 2012 recuperada de

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0026-17422012000300003

5 González Pina, R. Y Landínez. D. Epidemiología Etiología y Clasificación de la Enfermedad Vascular Cerebral. Jornada de Neurociencias, recuperada de

http://www.redalyc.org/html/2738/273849945026/

6 Guía de práctica clínica. Diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad vascular cerebral isquémica (Actualización 2017) recuperada de http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/102GER.pdf

7http://www.innn.salud.gob.mx/interna/medica/padecimient os/evascularcerebral.html

8 Ídem

9 Ibídem

10 Thom et al. American Heart Association. Circulation 2006;113:e85-e151f. 2. The National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA Stroke Study Group, 1995. Tissue Plasminogen Activator for Acute Ischemic Stroke. N Engl J Med, Volume 333, pp. 1581-1588. 3. Bluhmki , E. et al., 2009. Stroke treatment with alteplase given 3.0-4.5 h after onset of acute ischaemic stroke (ECASS III): additional outcomes and subgroup analysis of a randomised controlled trial. The Lancet Neurology., 8(12), pp. 1095-1102. 4. Hacke , W. et al., 2004. Association of outcome with early stroke treatment: pooled analysis of ATLANTIS, ECASS, and NINDS rt-PA stroke trials. Lancet, 363(9411), pp. 768-74.

11http://www.innn.salud.gob.mx/interna/medica/padecimien tos/evascularcerebral.html

12 Guía de práctica Clínica. Diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad vascular cerebral isquémica (Actualización 2017) recuperada de

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/1 02GER.pdf

13 Guía de práctica Clínica. Diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad vascular cerebral isquémica (Actualización 2017) recuperada de

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/1 02GER.pdf

14 Grupo Neuro-Ictus. Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, recuperada de

http://tiempoescerebro.com/wp-content/uploads/2017/06/ra nkin-modificada.pdf

15 http://www.epsnutricion.com.mx/dctos/evc.pdf

16 http://amevasc.mx/tag/costos-de-la-evc-en-mexico-ppt/

17 Cuarto párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

18 Proyecto de Nación 2018-2024, recuperado de proyecto18.mx

19 http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-08-02-1/assets/documento s/Inf_de_Res_del_SPSS_Ene-Jun_2017.pdf

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2018.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob a emitir las declaratorias de emergencia y desastre en los municipios oaxaqueños afectados para activar los protocolos de atención de la vida y salud de la población y se disponga de recursos del Fonden con motivo de los daños ocasionados por la tormenta tropical Vicente, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Irma Juan Carlos, diputada federal de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que emita la declaratoria de emergencia y la declaratoria de desastre en los municipios afectados del estado de Oaxaca para que se activen los protocolos de atención a la vida y salud de la población y se dispongan recursos del Fonden con motivo de los daños ocasionados por la tormenta tropical Vicente, asimismo para que el gobierno del estado refuerce las acciones encaminadas a atender las necesidades básicas de los 167 municipios afectados, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

En días anteriores el estado de Oaxaca fue azotado por la tormenta tropical Vicente, lo cual hasta el momento ha dejado al menos 12 personas fallecidas y un sin fin de daños materiales. Al momento, según fuentes periodísticas, 69 municipios se encuentran con afectaciones en tramos carreteros, con lo cual suman 119 cortes en las vías de comunicación, en donde se trabaja en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y los municipios, también se señala que se activaron las 11 residencias para atender las regiones de los Mixes, Cuicateca, Mazateca, cuenca del Papaloapan y la sierra Norte.1

Por su parte, el gobierno de Oaxaca ha realizado diversas inspecciones para evaluar los daños, el Sector U2 Norte presentó más de 80 familias que tuvieron problemas derivados de inundaciones en sus hogares.2 Protección Civil del Estado señala que los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán se contabilizan 300 viviendas anegadas y Santa Inés Yatzeche con más de 400 viviendas inundadas.3

Los ríos desbordados son el Atoyac, el Mixteco que mantiene sin paso vehicular de Huajuapan a Juxtlahuaca, el río verde en Tututepec, en tanto que el resto de los grandes caudales como el Salado y el rio Grande mantienen una capacidad del 90 por ciento. En San Juan Chapultepec al menos 600 familias resultaron afectadas.

Otras de las afectaciones sufridas en el estado fue que el pasado lunes 22 de octubre se suspendieron clases, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología determinaron la medida en el nivel básico así como en los subsistemas: Colegio de Bachilleres de Oaxaca, Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca y Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, y en las Instituciones de Educación Superior tanto públicas como privadas.

El titular de la dependencia, Heliodoro Díaz Escárraga, destacó que los municipios para los que se ha solicitado la declaratoria son Asunción Cacalotepec, Abejones, Ayotzintepec, Capulalpam de Méndez, Chiquihuitlán de Benito Juárez, Coatecas Altas, Cosolapa, Eloxochitlán de Flores Magón, Guevea de Humboldt, Huautepec, Huautla de Jiménez, Ixtlán de Juárez, Candelaria Loxicha, Loma Bonita, Magdalena Tequisistlán, Matías Romero Avendaño, Mazatlán Villa de Flores, Mixistlán de la Reforma, Natividad, Nuevo Zoquiapam, Pluma Hidalgo, Putla Villa de Guerrero, San Agustín Loxicha, San Andrés Huaxpaltepec, San Andrés Solaga, San Andrés Yaa, San Antonino Monteverde, San Antonio Nanahuatipam, entre otras.

Para comprenden la diferencia entre emergencia y desastre nos remitimos a la Ley General de Protección Civil,4 a saber:

• En su artículo 59 menciona que “La declaratoria de emergencia es el acto mediante el cual la Secretaría reconoce que uno o varios municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de una o más entidades federativas se encuentran ante la inminencia, alta probabilidad o presencia de una situación anormal generada por un agente natural perturbador y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la población cuya seguridad e integridad está en riesgo”.

• Por lo que hace al artículo 60 “La declaratoria de desastre natural es el acto mediante el cual la Secretaría reconoce la presencia de un agente natural perturbador severo en determinados municipios o demarcaciones territoriales de una o más entidades federativas, cuyos daños rebasan la capacidad financiera y operativa local para su atención, para efectos de poder acceder a recursos del instrumento financiero de atención de desastres naturales”.

Los procedimientos para emitir las declaratorias de emergencia y de Desastre son las siguientes:5

Procedimiento para acceder a los apoyos por declaratoria emergencia

• Impacto de un fenómeno natural perturbador en el municipio.

• Solicitud del municipio a la Coordinación Estatal de Protección Civil para auxilio a la población por la ocurrencia de un fenómeno perturbador, acompañada de fotografías que muestren los daños ocasionados y especificando el número de personas afectadas, evacuadas, el número de albergues que prestan auxilio a la población y su ubicación, así como cualquier otra información relevante.

• La Coordinación Estatal de Protección Civil, realizará la solicitud de declaratoria de desastre signada por el gobernador del estado o el funcionario designado, al Coordinador Nacional de Protección Civil.

• La Coordinación Nacional de Protección Civil envía la solicitud a la Instancia Técnica Facultada (Cenapred, Conagua o Conafor) para que emitan su dictamen de procedencia de emisión de declaratoria.

• En caso de que la instancia técnica facultada determine no procedente la emisión de la

• Declaratoria de emergencia solicitada, el coordinador nacional de Protección Civil, informa mediante oficio al coordinador estatal de Protección Civil la no procedencia y termina el trámite.

• En caso de que la Instancia Técnica Facultada determine la procedencia, la declaratoria de emergencia es publicada mediante boletín de prensa emitido por la Secretaría de Gobernación donde se señala el número de boletín y la fecha de publicación, con lo que se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias.

• La Coordinación Estatal de Protección Civil, hace la solicitud de insumos de acuerdo a la información proporcionada por el municipio de las afectaciones ocurridas en su jurisdicción.

• El Fonden envía mediante oficio a la Coordinación Estatal de Protección Civil la lista de los insumos que le son autorizados al municipio afectado.

• La Coordinación Estatal de Protección Civil recibe los insumos autorizados e informa al Fonden sobre la calidad y cantidad en que los recibió.

• La Coordinación Estatal de Protección Civil distribuye los insumos recibidos e informa al Fonden sobre la utilización de los mismos.

• A los diez días de la emisión de la declaratoria, en caso de que la Coordinación Estatal, no solicite la continuidad de la declaratoria de emergencia y realice la solicitud de insumos complementarios, la Secretaría de Gobernación mediante boletín de prensa emite el fin de la declaratoria de emergencia.

Procedimiento para acceder a los recursos financieros del Fondo de Desastres Naturales

• Impacto de un fenómeno natural perturbador en el municipio.

• Solicitud del municipio a Protección Civil para la rehabilitación o reconstrucción de su infraestructura dañada por la ocurrencia de un fenómeno perturbador acompañada de fotografías que muestren los daños ocasionados en sus caminos, edificios públicos, escuelas, viviendas, etcétera.

• La Coordinación Estatal de Protección Civil, enviará a la instancia técnica facultada (Conagua, Cenapred, Conafor) que corresponda de acuerdo a las características del fenómeno perturbador que se presente, la solicitud de corroboración del mismo.

• La instancia técnica emite su dictamen. En caso de que no se corrobore el fenómeno perturbador, termina el procedimiento. En caso de que el fenómeno perturbador sea corroborado, se procede a:

• Al día hábil siguiente a más tardar de la corroboración del fenómeno natural perturbador, la Coordinación Estatal de Protección Civil convocará y llevará a cabo la Instalación del Comité de Evaluación de Daños (CED), con la presencia de los representantes de la Segob, del gobierno del estado, del Órgano Interno de Control Estatal, de Protección Civil y Finanzas del Estado, así como de las dependencias federales y estatales que tienen a su cargo la infraestructura dañada.

• En la instalación del comité, se entrega por parte del gobierno del estado, la solicitud de declaratoria de desastre dirigida al coordinador nacional de Protección Civil. Las dependencias Federales y Estatales se agrupan por sectores que conforman los subcomités, los que reportan que hubo daños en la infraestructura a su cargo y acuerdan llevar a cabo la evaluación de los daños. Asimismo, se hace el compromiso de llevar a cabo la entrega de resultados a los 10 días hábiles y pueden solicitar la prórroga de otros 10 días hábiles siguientes. Los subcomités pueden solicitar ante el Comité, hacer uso del término de siete días hábiles para presentar la solicitud de recursos obtención de Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) para llevar a cabo obras prioritarias y urgentes.

• La Coordinación Nacional de Protección Civil emite la declaratoria de desastre natural en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para el o los municipios afectados, señalando el fenómeno perturbador y la fecha de su impacto.

• La evaluación de los daños por cada sector afectado, deberá contar con soporte fotográfico que incluya la georreferenciación satelital de cada una de las acciones de reconstrucción a realizar. Con la información georreferenciada, se ofrece la posibilidad de efectuar el análisis necesario de la infraestructura dañada tomando decisiones precisas y eficientes. Dicha georreferencia deberá llevarse a cabo por cada acción que se pretenda sea apoyada con cargo a los recursos del Fondo de Desastres Naturales, por lo cual, al momento de realizar la evaluación de los daños derivados de un fenómeno natural perturbador, será responsabilidad de las dependencias solicitantes, realizar la correcta identificación de cada acción solicitada.

• Se lleva a cabo la reunión del Comité de Evaluación de Daños para la entrega de resultados. En dicha reunión asisten los mismos actores que en la Instalación del Comité de Evaluación de Daños. Cada subcomité entrega su diagnóstico de obras y acciones de reconstrucción que previamente fueron subidos digitalmente a Fonden en línea. Se lleva a cabo el acta de entrega de resultados del Comité de Evaluación de Daños, donde se cuantifica la suma de los daños de cada sector.

• La Secretaría de Hacienda emite los oficios de autorización de recursos con cargo al Fonden por sector y notifica al gobierno del estado.

Así pues, resulta imperativo atender a nuestras hermanas y hermanos afectados por la tormenta tropical Vicente ya sea a través de la declaratoria de emergencia o de desastre.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición, de urgente y obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación para que emita la declaratoria de emergencia y la declaratoria de desastre en los municipios afectados del estado de Oaxaca para que se activen los protocolos de atención a la vida y salud de la población y se dispongan recursos del Fonden con motivo de los daños ocasionados por la tormenta tropical Vicente, asimismo para que el gobierno del estado refuerce las acciones encaminadas a atender las necesidades básicas de los 167 municipios afectados.

Notas

1 Visto en https:llheraldodemexico.com.mx/estados/sube-a-11-el-numero-de-victimas- por-Iluvias-en-oaxaca-suspenden-clases-en-147-municipios/Octubre2017

2 Visto en http://www.administracion.oaxaca.gob.mx/gobierno-de-oaxaca-evalua-danos -en-huatulco-por-tormenta-tropical-vicente/octubre de 2018

3 Visto en http://imparcialoaxaca.mx/la-capital/53134/aumentan-danos-por-las-lluvi as-en-valles-centrales-oaxaca/octubre 2018

4 Visto en http://www.diputodos.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC 190118.pdfoctubre de 2018.

5 Visto en http://www.proteccioncivil.oaxaca.gob.mx/fonden/Octubre de 2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, a Lázaro, a 30 de octubre de 2018.

Diputada Irma Juan Carlos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y la Secretaría de Finanzas y Planeación de QR, así como a la Profeco, a hacer pública la información sobre el cumplimiento de las condiciones del título de concesión por prestación de servicios de agua potable y saneamiento, a cargo de la diputada Carmen Patricia Palma Olvera, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Carmen Patricia Palma Olvera, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y a la Profeco para hagan pública la información sobre el cumplimiento de las condiciones del título de concesión por prestación de servicios de agua potable y saneamiento, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El acceso al agua es uno de los derechos más preciados y procurados por la sociedad moderna, el saneamiento del agua como condición inherente para el pleno goce y disfrute de este derecho, ha quedado también consagrado en diversos tratados y convenciones internacionales, al igual que en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes secundarias, constituciones estatales y sus correspondientes.

Aunque el derecho al agua no está reconocido expresamente como un derecho humano independiente en los tratados internacionales, las normas internacionales de derechos humanos comprenden obligaciones específicas en relación con el acceso a agua potable. Esas obligaciones exigen a los Estados que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico, que comprende el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. También les exigen que aseguren progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados, como elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero también que protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua potable.

Aunque el derecho al agua no está reconocido expresamente como un derecho humano independiente en los tratados internacionales, las normas internacionales de derechos humanos comprenden obligaciones específicas en relación con el acceso a agua potable. Esas obligaciones exigen a los Estados que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico, que comprende el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. También les exigen que aseguren progresivamente el acceso a servicios de saneamiento adecuados, como elemento fundamental de la dignidad humana y la vida privada, pero también que protejan la calidad de los suministros y los recursos de agua potable.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales definió el derecho al agua en la Observación General número 5 como el derecho de todas las personas a “disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Además, el acceso universal al saneamiento “no sólo reviste importancia fundamental para la dignidad humana y la vida privada, sino que constituye uno de los principales mecanismos para proteger la calidad” de los recursos hídricos. De acuerdo con el Comité, el acceso al agua debe ser continuo y la cantidad de agua disponible debe ser adecuada “a la dignidad, la vida y la salud humanas” y suficiente para beber y cocinar y para la higiene personal y doméstica. Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con las cantidades, sino ir más allá y reconocer el agua como un “bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico”. Para la UNESCO, la consideración del agua como un bien cultural debe entenderse como el reconocimiento de las diversas dimensiones socioculturales de la relación de las personas con el agua, como las relativas a la identidad, la herencia cultural y el sentido de pertenencia.

De acuerdo con la Observación General número 5, el agua debe ser también de calidad segura y de “un color, un olor y un sabor aceptables”. La accesibilidad incluye la accesibilidad tanto física como económica, sin discriminación alguna, y con especial atención a las personas tradicionalmente privadas del derecho al agua, así como al acceso a la información sobre las cuestiones del agua.

La Observación General número 5 especifica también las obligaciones básicas de los Estados en relación con el derecho humano al agua, que son de efecto inmediato. Entre ellas se encuentra asegurar el acceso a “la cantidad esencial mínima de agua” a distancia razonable del hogar, en condiciones no discriminatorias y con especial protección a los grupos vulnerables y marginalizados, asegurar el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados, crear y aplicar una estrategia nacional del agua y controlar la realización práctica del derecho humano al agua.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el párrafo sexto del artículo 4o. que:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

Por otra parte, en el artículo 27 de la Carta Magna, en el párrafo tercero, deja claro que, en pro del interés público y el beneficio social, la nación impondrá las modalidades necesarias sobre sus bienes, entre otras cosas con el objeto de lograr “...el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población...”

El Artículo 28 en sus párrafos 11 y 12 señala indica que:

“El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en casos de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan. Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que aseguren la eficacia de la prestación de los servicios y la utilización social de los bienes, y evitarán fenómenos de concentración que contraríen el interés público.

La sujeción a regímenes de servicio público se apegará a lo dispuesto por la Constitución y sólo podrá llevarse a cabo mediante ley.”

Por los que queda abierto desde el marco constitucional tanto la posibilidad de concesionar la prestación de servicios, como la regulación de estas acciones a partir de legislación secundaria.

Detalla además en el artículo 115, cuál será el ámbito de participación de los municipios de la siguiente forma:

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I. ...

II. ...

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) al i)...

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados respectivas. Asimismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio;

...

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:

a) y b)...

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.”

Con el marco del artículo 27 constitucional, en materia de bienes de la nación, la Ley de Aguas Nacionales en diversos numerales del artículo 9 señala que son atribuciones de la Comisión Nacional del Agua, con el debido margen de responsabilidad con autoridades estatales y municipales, las siguientes:

“Artículo 9...

Son atribuciones de “la Comisión” en su Nivel Nacional, las siguientes:

I. Fungir como la autoridad en materia de la cantidad y de la calidad de las aguas y su gestión en el territorio nacional y ejercer en consecuencia aquellas atribuciones que conforme a la presente ley corresponden a la autoridad en materia hídrica, dentro del ámbito de la competencia federal, con apego a la descentralización del sector agua, excepto las que debe ejercer directamente el Ejecutivo federal o “la Secretaría” y las que estén bajo la responsabilidad de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal o municipios;

VIII. Formular y aplicar lineamientos técnicos y administrativos para jerarquizar inversiones en obras públicas federales de infraestructura hídrica y contribuir cuando le sea solicitado por estados, Distrito Federal y municipios, con lineamientos para la jerarquización de sus inversiones en la materia;

X. Apoyar, concesionar, contratar, convenir y normar las obras de infraestructura hídrica que se realicen con recursos totales o parciales de la federación o con su aval o garantía, en coordinación con otras dependencias y entidades federales, con el gobierno del Distrito Federal, con gobiernos de los estados que correspondan y, por medio de éstos, con los gobiernos de los municipios beneficiados con dichas obras, en los casos establecidos en la fracción anterior;

XIII. Fomentar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado, saneamiento, recirculación y reúso en el territorio nacional, para lo cual se coordinará en lo conducente con los gobiernos de los estados, y a través de éstos, con los municipios. Esto no afectará las disposiciones, facultades y responsabilidades municipales y estatales, en la coordinación y prestación de los servicios referidos;

XIV. Fomentar y apoyar el desarrollo de los sistemas de agua potable y alcantarillado; los de saneamiento, tratamiento y reúso de aguas; los de riego o drenaje y los de control de avenidas y protección contra inundaciones en los casos previstos en la fracción IX del presente artículo; contratar, concesionar o descentralizar la prestación de los servicios que sean de su competencia o que así convenga con los Gobiernos Estatales y, por conducto de éstos, con los municipales, o con terceros;

XIX. Acreditar, promover, y apoyar la organización y participación de los usuarios en el ámbito nacional, y apoyarse en lo conducente en los gobiernos estatales, para realizar lo propio en los ámbitos estatal y municipal, para mejorar la gestión del agua, y fomentar su participación amplia, informada y con capacidad de tomar decisiones y asumir compromisos, en términos de Ley;”

El artículo 44 párrafo segundo de la citada ley señala que sigue en la competencia de las autoridades la atención a diversos procesos del agua, aun cuando exista participación privada:

“Artículo 44...

Las asignaciones de aguas nacionales a centros de población que se hubieran otorgado a los ayuntamientos, a los estados, o al Distrito Federal, que administren los respectivos sistemas de agua potable y alcantarillado, subsistirán aun cuando estos sistemas sean administrados por entidades paraestatales o paramunicipales, o se concesionen a particulares por la autoridad competente.”

Y en el artículo 45 se establece:

“Artículo 45. Es competencia de las autoridades municipales, con el concurso de los gobiernos de los estados en los términos de esta ley, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que se les hubieran asignado, incluyendo las residuales, desde el punto de su extracción o de su entrega por parte de “la autoridad del agua”, hasta el sitio de su descarga a cuerpos receptores que sean bienes nacionales. La explotación, uso o aprovechamiento se podrá efectuar por dichas autoridades a través de sus entidades paraestatales o de concesionarios en los términos de ley.

En el reúso de aguas residuales, se deberán respetar los derechos de terceros relativos a los volúmenes de éstas que estén inscritos en el Registro Público de Derechos de Agua.”

En ese sentido y en total sincronía con el marco internacional y nacional, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, señala en el párrafo tercero de su artículo 31:

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo su participación y la de los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”

En cuanto a las atribuciones de los municipios integrantes del Estado, señala:

“Artículo 147. Los municipios del estado tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;”

También se cuenta en el estado de Quintana Roo con legislación secundaria en materia de agua y saneamiento. La Ley de Agua Potable y Saneamiento del estado de Quintana Roo menciona que existe una autoridad estatal en la figura de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado y aborda el tema de las concesiones bajo los siguientes términos:

“Artículo 121. Los ayuntamientos, previo acuerdo con el Consejo Directivo a través de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, podrán otorgar:

I. La concesión total o parcial de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, incluyendo el saneamiento, que se deban prestar a los centros de población y asentamientos humanos de las zonas urbanas y rurales de cualquiera de los municipios;

II. La concesión total o parcial de los bienes del dominio público integrados a la comisión que constituyen la infraestructura hidráulica, necesarios para prestar los servicios;

III. La concesión para la construcción y operación de un sistema de servicio público de agua potable y alcantarillado;

IV. La concesión para el proyecto, financiamiento, construcción, operación, conservación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y manejo de lados, así como la obtención y aplicación de la tecnología que se requiera; y V. La concesión o autorización a particulares para prestar el servicio al público de conducción, potabilización, suministro, distribución, o transporte de aguas.”

Respecto a lo anterior, concede a los municipios:

“Artículo 122. Los ayuntamientos podrán revocar las concesiones y autorizaciones a que se refiere el artículo anterior, así como realizar las acciones necesarias para su fiscalización, normatividad, asistencia técnica, evaluación y las demás facultades que acuerde el Consejo Directivo de la Comisión, en la forma y términos que establecen la presente ley y sus reglamentos.”

Y estipula las condiciones básicas para la concesión.

“Artículo 126. En el otorgamiento de concesiones se deberán asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, modernización de los sistemas y demás circunstancias pertinentes.

El Consejo Directivo de la comisión acordará las bases para el otorgamiento de las concesiones, la convocatoria, los requisitos, garantías y demás modalidades que considere necesarias. Artículo adicionado

127. Se podrá rescindir o declarar la caducidad de cualquier concesión de bienes y para la explotación de un servicio, por violaciones a los términos de la misma o a la ley, así como por deficiencia o irregularidades notorias en la prestación del servicio; para lo cual deberá oírse previamente al concesionario.”

Con un marco legal tan amplio, se puede vislumbrar claramente la necesidad de crear de organismos públicos operadores, garantes de hacer efectivo y tangible el derecho al preciado líquido, así como el direccionamiento de recursos no solo para operar los recursos hídricos existentes, sino también para realizar investigaciones y buscar los mecanismos de coordinación para el mejor manejo de los mismos.

Tal es la necesidad de recursos para llevar a cabo tales tareas que los organismos público generados por el Estado han llegado en diversas ocasiones a verse rebasados en sus capacidades, principalmente por la demanda humana del vital líquido, sin dejar de mencionar el mal manejo que en la gran mayoría de las ocasiones se da en la forma de fugas, contaminación, distribución inequitativa, entre otros, que con la finalidad de cumplir con sus funciones y garantizar el cumplimiento del derecho, la celebración de convenios entre los entes públicos operadores y los municipios con entes privados.

Sin embargo, como ha quedado señalado, la misma ley llega incluso a prever el incumplimiento de los organismos privados, los concesionarios, dejando en la facultad de los organismos públicos la revisión del cumplimiento del servicio.

Tal es el caso que se ha dado en el estado de Quintana Roo, donde la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, con la anuencia de los ayuntamientos.

Recientemente el Poder Legislativo del estado de Quintana Roo y las autoridades municipales avalaron la concesión del servicio de agua potable en el municipio de Solidaridad a favor de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV, filial de la empresa Aguakán, SA de CV, para los próximos 36 años y se generó una extensión anticipada en la concesión del mismo servicio en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, donde esta empresa opera desde el año 1993.

Es importante señalar que la concesión otorgada a Aguakán, SA de CV, para brindar servicios de abastecimiento de agua a las ciudades de Cancún e Isla Mujeres vencía en el año 2023, sin embargo de forma acelerada los ayuntamientos autorizaron la prórroga prospectada para el año 2053.

La privatización de los servicios de abastecimiento hidráulico, se extendió hacia el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, donde el cabildo avaló en sesión; la entrega de la concesión a la empresa filial de Aguakán prospectada de forma homologada hasta el año 2053 al igual que en los municipios donde se aprobó la prórroga.

Ante esta nueva concesión que se le otorga a este consorcio privado es necesario que el Consejo Consultivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) se reúna para designar un equipo de transición donde participen los legisladores de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad para esclarecer y transparentar ante la ciudadanía el contexto general de estas concesiones.

Es importante señalar que la concesión original otorgada en 1993 no ha cumplido las metas prospectadas en materia técnica, las cuales consistían en elevar la eficiencia del servicio.

De igual forma, la concesión a Agukán han incumplido los objetivos de inversión en infraestructura hidráulica ya que por el contrario, es los gobiernos estatal y federal quienes han destinado recursos públicos para invertir en infraestructura que se ha concesionado a un este intermediario privado que no genera ningún beneficio para la sociedad de Quintana Roo y por el contrario ha brindado servicios deficientes y costosos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la proposición siguiente:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) y a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para que se hagan públicos los montos y destinos de los pagos generados por el otorgamiento del título de concesión otorgado a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV, filial de la empresa Aguakán, SA de CV, así como del pago de cuotas y derechos por la operación de los servicios prestados a los ayuntamientos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo (CAPA) para que a través de su Consejo Consultivo y la dirección local de la Conagua, en Quintana Roo, haga público el estado incumplimiento de las condiciones de servicio y el estado físico de la infraestructura hidráulica en el municipio de Solidaridad recientemente concesionado a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SA de CV.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor a realizar una evaluación a la empresa de Aguakán, SA de CV, y en su caso emitir las recomendaciones pertinentes, con el objetivo de que mejore su servicio.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a hacer pública la calidad del agua potable en el estado de Quintana Roo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2018.

Diputada Carmen Patricia Palma Olvera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a cumplir el anexo 300-A del TLC y emitir decreto para eliminar todas las prohibiciones o restricciones a la importación definitiva de vehículos usados provenientes de Canadá o EUA, a cargo del diputado Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Juan Carlos Loera de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a cumplir el anexo 300-A del TLC, y emitir decreto a fin de que se eliminen todas las prohibiciones o restricciones a la importación definitiva de vehículos usados provenientes de los territorios de Canadá o Estados Unidos de América, al tenor de lo siguiente:

Antecedentes y consideraciones

Primero. En atención de que el inciso f) del punto 24 del anexo 300-A-2 del Tratado de Libre Comercio, celebrado por nuestro país con Estados Unidos de América y Canadá, el cual a la letra establece:

Vehículos usados

24. México podrá adoptar o mantener prohibiciones o restricciones a la importación de vehículos usados provenientes de territorio de otra de las partes, con excepción de lo siguiente:

(a) a partir del 1 de enero de 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 10 años de antigüedad;

(b) a partir del 1 de enero de 2011, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 8 años de antigüedad;

(c) a partir del 1 de enero de 2013, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 6 años de antigüedad;

(d) a partir del 1 de enero de 2015, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 4 años de antigüedad;

(e) a partir del 1 de enero de 2017, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos que tengan por lo menos 2 años de antigüedad;

(f) a partir del 1 de enero de 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de territorio de Canadá o de Estados Unidos.

Segundo. Que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte sigue vigente y sus disposiciones obligatorias para los Estados parte, siendo el caso concreto, es de observancia obligatoria para el Estado mexicano.

Tercero. Del fundamento señalado y en virtud de que las disposiciones contenidas en el TLCAN, en materia de vehículos usados no fueron alteradas por nuevos acuerdos, aunado a que aún no entra en vigor acuerdo distinto, es jurídicamente la publicación del decreto que se ordena en el fundamento del tratado mencionado.

Cuarto. Del contenido del fundamento señalado es imperativo su cumplimiento, ya que se desprenden derechos contenidos en él para los ciudadanos mexicanos, a fin de poder importar libremente vehículos usados, de manera libre y solo mediante el cumplimiento de restricciones para preservar el ambiente.

Por lo expuesto someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Cámara, con el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo a cumplir el anexo 300-A del TLC y emitir decreto a fin de que se eliminen todas las prohibiciones o restricciones a la importación definitiva de vehículos usados provenientes de los territorios de Canadá o Estados Unidos de América.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 30 de octubre de 2018.

Diputado Juan Carlos Loera de la Rosa (rúbrica)


Efemérides

Con Motivo del Día de Muertos, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Desde tiempos inmemoriales, el culto a la muerte ha acompañado a nuestra cultura. Cada grupo indígena tiene sus propias festividades. Pero en común, los últimos días de octubre y los primeros días de noviembre, los mexicanos nos reunimos para dar la bienvenida a las ánimas. El Día de Muertos no es una fecha para llorar, si no para celebrar la vida después de la muerte.

Las fiestas indígenas dedicadas a los muertos, celebración mejor conocida como Día de Muertos, es Patrimonio de la Humanidad. Desde el año 2008, dichas festividades fueron inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El Patrimonio Cultural Inmaterial se define en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”.

Por ejemplo, cada año en el marco de esta fiesta, en la Huasteca Potosina se celebra el Xantolo, la fiesta de los muertos o de los santos. Entre las muchas ofrendas a nuestros muertos, se realiza la demostración de comparsas. La comparsa es un grupo de danzantes (generalmente varones) que interpretan a personajes masculinos o femeninos de la cultura popular, van acompañados por música en vivo recorriendo calles de los centros de población, hacen bromas y satirizan a los personajes que representan; los más conocidos, el Diablo, la Comancha, la Mamanina, el Cominito, el Cole Viejo y la Muerte. Todos ellos, se entremezclan con la música y los cantos autóctonos, envolviendo en la celebración tanto a oriundos como visitantes.

No obstante que la festividad de Día de Muertos en nuestro país es una celebración viva, resulta de suma importancia velar por la perpetuación y atender su fragilidad. Salvaguardarlas estas conmemoraciones íntegras, para las generaciones venideras.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2018.

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con motivo del 26 de octubre, Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer, a cargo de la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT

El objetivo de esta conmemoración es contribuir a reducir la carga de cáncer, centrándose precisamente en la reducción de factores de riesgo y la mejora en el acceso al diagnóstico temprano y tratamiento adecuado.

De manera general, no es posible saber con exactitud por qué una persona padece cáncer y otra no. Sin embargo, los diversos estudios e investigaciones indican que ciertos factores de riesgo pueden aumentar la posibilidad de padecerlo.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Cancerología, el 30 por ciento de los diferentes tipos de cáncer que presentan los mexicanos, se debe al estilo de vida como tabaquismo, alcohol, sedentarismo, consumo de alimentos calóricos, bebidas azucaradas y falta de ejercicio.

No obstante, no podemos saber a ciencia cierta qué provoca esta terrible enfermedad. Por ello, en México empezó a implantarse en 2017 el Registro Nacional de Casos de Cáncer de base poblacional, el cual aportará valiosa información sobre las tendencias del cáncer y sobre el funcionamiento de las políticas para su control.1

En México el cáncer es la tercera causa de muerte, fallecen por esta enfermedad 14 de cada 100 mexicanos y la expectativa de vida de quienes la padecen es de alrededor de 63 años.2

Dado lo anterior, en ese día se hace un exhorto a la población a efecto de que se practiquen revisiones periódicas, con el propósito de detectar a tiempo este padecimiento.

La prevención y detección oportuna son fundamentales para detener el alarmante aumento en la incidencia de esta enfermedad. Cuando se detecta a tiempo, se establece un diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento, con lo cual se puede lograr hasta 90 por ciento de posibilidades de curación en las primeras etapas de la enfermedad.

Notas

1 https://www.gob.mx/salud/articulos/dia-mundial-contra-el-cancer-2018?id iom=es

2 https://www.gob.mx/salud/prensa/318-cancer-tercera-causa-de-muerte-en-m exico

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre de 2018.

Diputada Maribel Martínez Ruiz (rúbrica)