Proposiciones de urgente u obvia resolución

• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suscribir los convenios de la OIT, en particular el número 183, relativo a la protección de la maternidad, sobre el cumplimiento del derecho a la lactancia de las trabajadoras, a cargo de la diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que establezcan un nuevo y justo esquema de determinación del valor de los vehículos usados que permita su legal importación, con el propósito de generar certeza y seguridad jurídica del patrimonio de las personas y disminuir la posibilidad de que esos vehículos irregulares sean usados en actos delictivos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
• Con punto de acuerdo, para exhortar al INAI a vigilar que se cumpla la legislación en materia de protección de datos personales en la “consulta” que ha planteado realizar entre el 25 y 28 de octubre de 2018 el presidente electo; y a éste y su equipo de transición, a respetar la legalidad, la imparcialidad y la viabilidad técnica en la construcción del NAIM, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Proposiciones

• Con punto de acuerdo, relativo a prevenir, atender y controlar el virus de la tristeza que afecta las plantaciones de cítricos, mediante la consulta permanente a las asociaciones de agricultores, y hacer de conocimiento público las acciones respectivas, a cargo del diputado Marco Antonio Medina Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política del Congreso de la Unión a generar condiciones para realizar mesas de trabajo a fin de valorar el establecimiento de un órgano evaluador de la implantación del sistema penal acusatorio, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León a garantizar la seguridad, la gobernabilidad y el respeto de los derechos humanos en los centros penitenciarios locales, suscrita por los diputados Juan Francisco Espinoza Eguía, Ivonne Liliana Álvarez García y Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a otorgar la denominación de “pueblo mágico” a Bustamante, Nuevo León, a cargo de la diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, relativo a formar una subcomisión de derechos del consumidor, a cargo de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y la Ssa a implantar acciones a fin de que se observen los lineamientos que prohíben la venta y distribución de alimentos y bebidas que, como fuente de azucares simples, harinas refinadas, grasas y sodio, incumplan los criterios nutrimentales, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se solicita crear la comisión especial para la restauración y preservación ambiental de la cuenca del lago de Cuitzeo, a cargo del diputado Esteban Barajas Barajas, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar los asesinatos ocurridos en Reynosa, Tamaulipas, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente electo y su equipo de transición a considerar BCS y todo el territorio de las entidades federativas fronterizas en el proyecto de desarrollo de la zona económica norte y en la política de disminución impositiva, a cargo del diputado Isaías Gonzáles Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a destinar recursos para prevenir, detectar y atender ITS, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a esclarecer los asesinatos de defensores de derechos humanos ocurridos en México de 2006 a la fecha y brindar apoyo a las familias de las víctimas, a cargo de la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a valorar y sancionar con base en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público las infracciones cometidas en Tabasco y SLP, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a informar a los trabajadores sobre la ratificación del Convenio 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los principios de sindicación y negociación colectiva, a cargo de la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León a aplicar en su totalidad el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN
• Con punto de acuerdo, relativo a promover campañas informativas y de toma conciencia sobre los riesgos y las consecuencias del cáncer de cabeza y cuello, a cargo de la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, relativo a la colocación de kioscos electrónicos en los módulos de repatriación de la frontera norte, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la CRE y la CFE a aplicar una tarifa eléctrica especial en favor de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, no gubernamentales y sin fines de lucro, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía a realizar una declaración institucional contra el Manual de Clasificación de Enfermedades Mentales, de la OMS, pues considera incongruencia o disforia de género la transexualidad, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y las entidades federativas a implantar una estrategia de prevención y detección oportuna del cáncer de mama con base en la autoexploración y mastografía a través de unidades médicas móviles con servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento, a cargo de la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa y el gobierno de Sonora a tomar medidas contra la minera Corner Bay, a cargo de la diputada Hildelisa González Morales, del Grupo Parlamentario del PT
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a expedir los lineamientos previstos en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de clasificación, distribución, comercialización y arrendamiento de videojuegos, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, relativo a la inmediata atención para resolver la carencia de medicamentos y equipo especializado en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a fortalecer con sus homólogas locales acciones que ayuden a prevenir y reducir el número de accidentes automovilísticos en el país, en especial entre los jóvenes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, relativo a generar programas de servicio social en las universidades para acompañar la labor de los elementos de tránsito municipal, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno, el Congreso y los ayuntamientos de Nuevo León a garantizar la seguridad de las personas y evitar riesgos de derrumbes en las construcciones locales, a cargo del diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer las acciones para detectar, prevenir y erradicar el trabajo infantil, y garantizar el derecho de niños y adolescentes a la educación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y el INM a respetar los derechos de la caravana de migrantes hondureños en su tránsito por aquí con destino a EUA, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, relativo a la protección del trabajo doméstico, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, relativo a prevenir y atender los principales problemas de salud visual, especialmente en los centros laborales y escuelas del país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, relativo a la problemática que enfrentan las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a realizar acciones a fin de incorporar la zona del cráter de Chicxulub, Yucatán, en el programa internacional de geoparques de la UNESCO, pues supone patrimonio geológico, contribuye a la ciencia y posee relevancia histórica para la humanidad, a cargo de la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias federales a ejercer recursos correspondientes al anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”; y a la CNDH, a difundir los efectos de esos recursos para reducir la brecha de desigualdad entre unas y otros, así como sus medios de evaluación, a cargo de la diputada Rocío del Pilar Villauraz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para cancelar la licitación pública número LA006G1C003-E45-2108, relativa al contrato para prestar el servicio de telepeaje en 41 carreteras y autopistas, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la SHCP a efectuar acciones respecto al fideicomiso del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía a instruir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para desistirse de cualquier recurso de inconformidad, apelación, revisión u otro presentado por ese órgano colegiado ante el Poder Judicial de la Federación por la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en el amparo en revisión 203/2017, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el gobierno de Sonora a atender la grave escalada de violencia en la zona sur de la entidad, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, PAN, PES, PT y Movimiento Ciudadano
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revocar los decretos de reserva de agua y crear una comisión investigadora sobre su constitucionalidad y legalidad, así como las acciones realizadas por el director general de la Conagua a través de obras, servicios, contratos, concesiones, arrendamientos y adquisiciones celebrados, a cargo de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, relativo a atender y reducir la problemática del suicidio, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, relativo a disminuir el índice de inseguridad en las zonas turísticas y aledañas, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, relativo a atender las demandas de los vecinos de Atlacomulco, Ixtlahuaca, Morelos, Jocotitlán, Almoloya de Juárez y Toluca, México, para garantizar el libre tránsito y la liberación de peaje de la Carretera Panamericana en los tramos “a” y “b” Toluca-Atlacomulco, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a repartir entre la comunidad escolar los 67 mil ejemplares del libro Asalto al cielo. Lo que no se ha dicho del 68, impresos para tal fin, y hacer públicas las razones de la falta de distribución, en un posible acto de censura previa de las autoridades académicas, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a auditar a Fonatur Constructora, SA de CV, y –en su caso– comprobar su falta de rentabilidad, derivado de las observaciones formuladas por la ASF, a cargo de la diputada Brenda Espinoza López, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y la SRE a aplicar eficientemente las políticas de protección de menores y adolescentes, y garantizar su seguridad en la migración, privilegiando el interés superior de la niñez, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar a la PGR y diversas autoridades de Guanajuato a realizar de manera expedita las investigaciones de los sucesos, ocurridos el pasado 10 de octubre, donde perdió la vida el recién nombrado director de Tránsito y Transporte de Apaseo el Alto, Santos Alonso Cerritos, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y de Morelos a atender la recomendación número 34/2018, de la CNDH, respecto a la construcción del Paso Exprés de la autopista Cuernavaca-Acapulco, a cargo de la diputada Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla a reforzar el plan de seguridad implantado y tomar medidas para disminuir la inseguridad, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a velar mediante la Segob y el INM por los derechos humanos y proteger la integridad de la caravana migrante proveniente de Honduras durante su estadía en el país, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, relativo a la inmediata atención de la problemática en el sector salud, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, para exhortar al magistrado electoral de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación a excusarse de conocer en la impugnación de los comicios a la gubernatura de Puebla, en abono de la legalidad, independencia e imparcialidad de ese órgano jurisdiccional, a cargo del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena
• Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que publique la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Catemaco y Coatzacoalcos, Veracruz, y liberar los recursos a fin de atender los desastres ocasionados por las fuertes lluvias registradas por el frente frío número 6, estacionado en el Golfo de México, a cargo de la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Efemérides

• Con motivo del Día Mundial sobre la Reconstrucción Mamaria, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES
• Con motivo del 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

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Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suscribir los convenios de la OIT, en particular el número 183, relativo a la protección de la maternidad, sobre el cumplimiento del derecho a la lactancia de las trabajadoras, a cargo de la diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXIV, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esa soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En noviembre de 2016, los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, el Derecho a la Salud, el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño lanzaron un llamado conjunto a las naciones para proteger a los niños y a sus madres y facilitar prácticas óptimas de alimentación, tomar todas las medidas para proteger, promover y garantizar el amamantamiento y también para detener la promoción inapropiada de los sustitutos de la leche materna. Más de 800 mil niños podrían salvarse anualmente si los países asumieran la tarea de entender este asunto como una cuestión de Estado.

De acuerdo con los relatores, el derecho a la lactancia es el que tienen las mujeres a amamantar y los pequeños a ser amamantados. Ambos son sujetos de derecho. El derecho a la lactancia está relacionado directamente con el derecho a una alimentación adecuada y al cuidado de la salud, ambos objetivos contenidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Si bien, la decisión de amamantar, o de no hacerlo, es exclusivamente de cada mujer, los gobiernos deben proteger, promover y apoyar los derechos de todas las mujeres a amamantar. Las Naciones Unidas recomiendan:

-Reconocer legalmente el derecho de todas las mujeres, niños y niñas a la nutrición y a la salud.

-Proveer adecuados permisos de maternidad (por al menos cuatro meses pero preferiblemente por al menos seis meses), después del parto para facilitar la lactancia materna exclusiva.

-Proveer horarios flexibles de trabajo -por ley- para las madres que regresan al trabajo, incluyendo intervalos para amamantar.

-Proteger los derechos de las mujeres a amamantar en público.

-Capacitar a todo el personal de la salud, incluyendo a la profesión médica, parteras y parteros, enfermeras y enfermeros, sobre la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna.

-Proveer información sobre las ventajas de la lactancia materna, particularmente a las mujeres embarazadas para permitirles tomar decisiones bien informadas.

-Prevenir toda forma de promoción de los sucedáneos de la leche materna, biberones, tetinas, hada el público en general, pero especialmente hacia las mujeres, antes o después del parto.

-Solicitar facilidades a la patronal que permitan a las mujeres comenzar y continuar la lactancia materna, extraerse la leche y almacenarla.

-Sancionar a quienes presenten actitudes discriminatorias o juzguen el derecho a la lactancia en lugares públicos y/o laborales.

-Proteger la maternidad de las mujeres trabajadoras es esencial para los derechos de la mujer, para permitirle de combinar satisfactoriamente sus funciones sin estar expuesta a discriminación en el trabajo motivada por su papel de madre. La protección de la maternidad de las trabajadoras contribuye a la salud y el bienestar de las madres y sus bebés y por tanto a una sociedad más justa, igualitaria y equitativa.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución

Único. Exhortar al Poder Ejecutivo federal a suscribir los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular el Convenio sobre la Protección de la Maternidad (núm. 183), referentes al cumplimiento del derecho a la lactancia de las mujeres trabajadoras.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de octubre de 2018.

Diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la SHCP, para que establezcan un nuevo y justo esquema de determinación del valor de los vehículos usados que permita su legal importación, con el propósito de generar certeza y seguridad jurídica del patrimonio de las personas y disminuir la posibilidad de que esos vehículos irregulares sean usados en actos delictivos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional

Los suscritos diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral I, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

La franja fronteriza del norte del país integrada por los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con sus 80 municipios de los cuales 38 tienen una frontera física con Estados Unidos de América (EUA) en los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, se caracterizan por su dinamismo, heterogeneidad, avanzado desarrollo y convergencia económica que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los coloca como uno de los motores de desarrollo del país ya que genera un producto interno bruto (PIB) de aproximadamente 3.2 billones de pesos, (27.2 por ciento del PIB nacional).

No obstante, estas condiciones geográficas, sociales y económicas, el desempeño de este indicador en los últimos años ha sido diferente por factores como el crecimiento poblacional, la pérdida de poder adquisitivo por los efectos de las reformas fiscales de 2014 y los altos índices delictivos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al tercer trimestre de 2016, en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en promedio 63 por ciento de la población económicamente activa ocupada, percibía una remuneración de 3 o menos salarios mínimos diarios, lo que es equivalente a un ingreso mensual, igual o menor a los 6 mil 135 pesos mensuales.

Importar al territorio nacional al amparo de la Ley Aduanera o del decreto emitido para ello un vehículo resulta altamente costoso y esto provoca que se evite ese trámite por la ciudadanía, por ello es que debe reconsiderarse como se calcula el valor del mismo para efecto de determinar los impuestos y derechos aplicables. Al respecto señala la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), corroborado por estadísticas elaboradas por el Inegi, que existen alrededor de siete millones de vehículos usados provenientes del extranjero internados en México de forma irregular, mismos que en setenta por ciento han sido introducidos por personas de escasos recursos, los cuales no pueden comprar un auto nuevo ni son sujetos de crédito, por lo que regularizar su estadía en el país no afecta a las armadoras, además, no se trata de un fenómeno nuevo, ya que se estima que entre 2004 y 2014 ingresaron al país 7.5 millones de vehículos ligeros a través de la frontera norte.1 En este último año se ha registrado un aumento, entre enero y abril de 2018 se importaron a México 44 mil 497 vehículos usados, 17 por ciento más que lo reportado en el mismo lapso del año pasado.2

Ahora bien, resultado de las dificultades administrativas, la diferencia entre el valor efectivamente pagado y el valor que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) asigna para determinar los impuestos y derechos de importación, la importación difícilmente se realiza en los términos que marca la ley, lo que lleva a los ciudadanos a engrosar las cifras de vehículos usados de procedencia extranjera irregulares y generando problemas como:

• Imposibilidad para la identificación del vehículo o la de su propietario, situación de irregularidad que es aprovechada por los criminales ya que, al carecer de medios de identificación, son susceptibles de ser usados en actos delictivos. En el contexto de la crisis de violencia que se vive en ciertas zonas del país, es importante hacer notar el vínculo entre los vehículos no registrados y las acciones delictivas. En Baja California, por ejemplo, 85 por ciento de los delitos se efectúan en autos “chocolate”,3 mientras que en Tamaulipas se estima que 80 por ciento de los delitos son cometidos por personas que se transportan a bordo de unidades de origen extranjero sin registro alguno.4

• No cuentan con seguro de daños o responsabilidad civil; al respecto cabe destacar las acciones implementadas por el gobierno de Tamaulipas, en donde se otorga un seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros de forma gratuita a quienes realicen su refrendo vehicular 2018.5

• Incumplimiento de las normas en materia ambiental vigentes.

• El Estado mexicano deja de percibir ingresos por concepto de importación, registro vehicular, emplacamiento, verificación vehicular entre otros.

• Falta de certeza jurídica con relación a su patrimonio en este caso sus automóviles, generando condiciones de inseguridad y corrupción derivado del miedo a perder su patrimonio, al ser víctimas de extorción, fraudes por parte de asociaciones que venden gestorías para la supuesta regularización de los vehículos, sin que estas tengan valor jurídico ante la autoridad.

Cabe señalar que atendiendo lo anterior, adicionalmente a las normas en materia aduanal y de comercio exterior, se han implementado tratados, acuerdos, decretos (Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado con fecha del 1 de julio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación) y acciones de gobierno cuyo objetivo han sido el establecimiento de estímulos y otros incentivos de orden económico y administrativo, con la intención de regularizar esta clase de vehículos.

Y de esa manera, incidir positivamente en la economía de las familias y brindarles certeza jurídica; sin embargo estas acciones aún son insuficientes, por lo que, el que suscribe considera que es necesario y urgente que esta soberanía conmine al Ejecutivo federal, a la SHCP y a los gobiernos de los estados que comprenden la franja fronteriza, para que en el marco de sus competencias, facultades y en total colaboración, implementen programas de regularización, emplacamiento y empadronamiento de los vehículos usados de procedencia extranjera , partiendo del método para determinar el valor del vehículo, programa que debe ser sencillo de cumplir y sobre todo a que permita impuestos y derechos accesibles

Con lo anterior, el Estado genera acciones integrales en beneficio de los habitantes de esta región del país, al regularizar su patrimonio y brindar certeza jurídica de una manera económica, generar condiciones de mejor seguridad pública al disminuir el uso de vehículos irregulares para actos delictivos y de manera indirecta incidir en la competitividad y economía de la región.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta soberanía se apruebe en calidad de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que establezcan un nuevo y justo esquema de determinación del valor de los vehículos usados que permita su legal importación, con el propósito de generar certeza y seguridad jurídica del patrimonio de las personas y disminuir la posibilidad de que esos vehículos irregulares sean usados en actos delictivos.

Notas

1 Arena Pública , En la última década, carros chocolate son más de la mitad de los autos nuevos vendidos, 17/02/15:

https://www.arenapublica.com/articulo/2015/02/17/3123

2 El Financiero , “Importación de autos chocolate sube 17%”, 25/06/18: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/importacion-de-autos-chocolate- sube-17

3 Frontera , “Autos chocolate involucrados en 85 por ciento de delitos”, 11/05/17:

https://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/
11052017/1212729-Autos-Chocolate-involucrados-en-85-de-delitos.html

4 Excélsior , “Ocho de cada 10 delitos son en carros chocolate ” en Tamaulipas, 11/12/17: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/11/1207125

5 Gobierno de Tamaulipas, Gobierno de Tamaulipas otorgará seguro vehicular a contribuyentes cumplidos, 01/01/18:

https://www.tamaulipas.gob.mx/2018/01/gobierno-de-tamaul ipas-otorgara-seguro-vehicular-a-contribuyentes-cumplidos/

Otras fuentes

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/estadis tica/default.aspx

http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/Diaz-AvilesChima l.pdf

http://www.inegi.org.mx/rde/2018/04/01/caracteristicas-s ociodemograficas-del-asentamiento-poblacional-en-la-frontera-norte-mexi co/

http://mapserver.inegi.org.mx/eventos/cng2007/cng2007/pr esentacionconvencion2007rauls.gonzalez.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Rúbrica

Con punto de acuerdo, para exhortar al INAI a vigilar que se cumpla la legislación en materia de protección de datos personales en la “consulta” que ha planteado realizar entre el 25 y 28 de octubre de 2018 el presidente electo; y a éste y su equipo de transición, a respetar la legalidad, la imparcialidad y la viabilidad técnica en la construcción del NAIM, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las obras de infraestructura constituyen un elemento fundamental y estratégico para el desarrollo y el crecimiento económico de nuestro país. Sus beneficios son numerosos: generan empleos, atraen inversión, mejoran la movilidad y las redes de comunicación, garantizan a la población el acceso a servicios básicos, y hacen más competitiva a nuestra nación a nivel mundial.

Ejemplo de ello, es la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México (NAIM), un proyecto monumental que va más allá de ser uno de las principales obras de infraestructura de este sexenio: es una obra paradigmática y crucial para el desarrollo económico de México en el siglo XXI.

El NAIM será uno de los más grandes en construcción a nivel mundial y la mayor obra de infraestructura de comunicaciones y transportes en nuestro país. Constituye un importante motor de desarrollo con impacto económico, social y ambiental.

Con esta obra, en la que participan 292 empresas nacionales e internacionales, se han generado más de 45 mil empleos directos e indirectos en su primera etapa de construcción, beneficiando a una zona del Valle de México que se encuentra en condiciones de desigualdad social y pobreza. Se prevé que en toda la etapa de construcción se generará un total de 160 mil empleos, mientras que en su máximo desarrollo de operación se alcanzarán los 450 mil.1

Se crearán mejores condiciones de vida para la población de las zonas colindantes al NAIM, que alcanza la cifra de 4 millones de habitantes. Hasta ahora se han realizado 60 obras con un valor de 465 millones de pesos, entre los que destacan la colocación de drenaje, pavimentación, creación de espacios comunitarios, pinta de fachadas y rehabilitación de pozos.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, la construcción del NAIM debe continuar, ya que es la mejor alternativa para atender la creciente demanda de transporte aéreo y por las oportunidades de crecimiento económico y desarrollo regional que representa.2

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado desde su campaña la intención de cancelar la construcción del NAIM y crear una alternativa con la remodelación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y la habilitación de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, ubicada en el Estado de México. Sus argumentos para cancelar dicho proyecto son básicamente dos: los altos costos para el erario y la inviabilidad de los terrenos donde se ubicaría.

Nada más alejado de la realidad. Más de 60 estudios demuestran la factibilidad aérea, técnica, ambiental e hidráulica de Texcoco, además conlleva uno de los financiamientos más reducidos que ha tenido México como país y que no implica inclusión del gobierno ni como garante ni como deuda pública, sino la confianza de los inversionistas en el proyecto.3

La construcción del nuevo aeropuerto se encuentra respaldada por el aval de 23 instituciones, entre las que destacan el Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Pilotos Aviadores de México, el Massachusetts Institute of Technology Research Establishment y la International Air Transport Association.4

El NAIM tendrá un costo aproximado de 13 mil 300 millones de dólares, tiene el 70 por ciento de sus recursos ya fondeados por parte del sector privado y poco menos del 30 por ciento es aportación directa del Gobierno Federal.5

Es un proyecto autofinanciable con una estructura mixta de recursos (públicos y privados), a través de lo cual se busca:

• Mantener al NAIM como patrimonio del Gobierno Federal,

• Minimizar el impacto de las finanzas públicas,

• Que se utilicen los recursos propios, tanto del AICM como del NAIM, para la recuperación de la inversión.

De esta forma, se prevé que el Gobierno Federal recupere el capital invertido en el tiempo y mantenga en su poder una infraestructura de gran rentabilidad social y económica para el país.6

Actualmente, participan en su construcción y financiamiento 321 empresas, 78 por ciento de las cuales son mexicanas; seis mil millones de dólares de bonos verdes y mil 500 millones de dólares en Fibra E.7

Por ello, cancelar la construcción del NAIM, equivale a poner un obstáculo al desarrollo del país y, por lo tanto, al bienestar de los mexicanos.

Más allá de los costos que implicaría la interrupción de un proyecto cuyo avance es mayor al 30 por ciento, la cancelación de este importante proyecto tendría repercusiones negativas para el crédito y la confianza en nuestro país. A esto, se debe añadir el impacto por la pérdida de empleos y de una oportunidad única para detonar el desarrollo económico y la competitividad del país.

El presidente electo, ha insistido en que la decisión de continuar o no con la construcción del NAIM debe ser responsabilidad de todos los mexicanos, aún a sabiendas de que la mayor parte de la población no es experta en este tipo de temas con alto contenido técnico. Para ello, el próximo gobierno ha propuesto la realización de una “consulta ciudadana” del 25 al 28 de octubre en 573 municipios, ubicados en su mayoría en las entidades federativas de Chiapas, Tabasco y Estado de México,8 sin garantizar la participación de todas las entidades y mucho menos de todas y todos los ciudadanos, no contempla la ubicación estratégica de las mesas de consulta, incluso no se abre el derecho de participación a aquellos que se encuentran en el extranjero.

Resalta que no se conoce cómo se hizo la selección de los municipios, ¿Acaso se quiere coartar el derecho de otros ciudadanos que no estén contemplados en estos Municipios? ¿Se crean ciudadanos de primera y segunda?

Para realizar una consulta de tal magnitud e importancia, primero se debe dar claridad en otras interrogantes, a saber: ¿cuál es la legalidad de los términos y condiciones del mecanismo de participación ciudadana que propone? ¿cuál es la base legal para que el resultado sea jurídicamente vinculante? ¿cuáles serán los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas? y ¿cómo se va a garantizar la protección de datos personales?

Expertos en encuestas señalan que la consulta sobre el NAIM es un ejercicio político, una consulta informal a la que el presidente electo le dará el sentido que considere conveniente. Al respecto, apuntan que la metodología, la falta de claridad en los detalles, el hecho de que sea una consulta diseñada y regulada por el propio equipo de transición, son aspectos que se prestan a suspicacias,9 sobre todo, si consideramos que el costo de la consulta estará cubierto con aportaciones voluntarias de los diputados de Morena.

Sin duda, la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas es un elemento fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia y las instituciones. No obstante, para que no afecte el buen desarrollo y la eficacia de las políticas públicas, los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana que se utilicen, deben ser elaborados de una forma racional y objetiva, a fin de que se pueda dilucidar su aplicabilidad y el grado en que sus características son idóneas para producir los resultados esperados.10

Asimismo, es fundamental garantizar la protección de los datos personales de las personas que participarán en la “consulta”.

La protección de datos personales es un derecho fundamental consagrado en la fracción II apartado A del artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; parte de la obligación del Estado de garantizar el resguardo de la información de los ciudadanos.

Adicionalmente, el párrafo segundo del artículo 16 de la misma norma fundamental establece que toda persona tiene derecho a proteger sus datos a la vez que tiene derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de los mismos.

México siempre ha sido un país respetuoso de la legalidad, tanto al interior como con el exterior, lo que le ha valido la confianza del sistema financiero y la comunidad internacional.

Ninguna decisión que tenga impacto en el desarrollo nacional, debe ser tomada con mecanismos elaborados en la inmediatez y la improvisación, la democracia representativa implica asumir las obligaciones establecidas en la Constitución y ser responsables de la toma de decisiones.

La “consulta” no debe violentar los principios constitucionales, sino por el contrario, exponer claramente a los ciudadanos los alcances de las decisiones que se tomarán.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, por ser un tema de interés nacional, al equipo de transición y al presidente electo, para que respete la legalidad, la imparcialidad y la viabilidad técnica en la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, por ser un tema de interés nacional, al equipo de transición y al presidente electo para que, con transparencia y objetividad, aclare la base de la legalidad, así como la metodología para la elección de la muestra y la formulación de la pregunta para conocer la opinión de los mexicanos respecto a la ubicación del nuevo aeropuerto internacional de México.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al presidente electo, para que haga públicos los mecanismos para cumplir con la obligación de la protección de los datos personales de los ciudadanos que participarán en la “consulta” que planea realizar del 25 al 28 de octubre.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que, en el marco sus facultades constitucionales, vigile que se cumpla a cabalidad la legislación en materia de protección de datos personales en la “consulta” que ha planteado realizar el presidente electo entre 25 y 28 de octubre de 2018.

Notas

1 “El NAIM: motor económico y generador de empleos”, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, [en línea], disponible en: https://www.gob.mx/sct/prensa/el-naim-motor-economico-y-generador-de-em pleos

2 “nuevo aeropuerto internacional de México, un proyecto indispensable: riesgos y oportunidades”, Instituto Mexicano para la Competitividad, [en línea], disponible en: https://imco.org.mx/temas/nuevo-aeropuerto-internacional-mexico-proyect o-indispensable-riesgos-oportunidades/

3 “SCT cumple con el Programa Nacional de Infraestructura: GRE”, [en línea], disponible en:

https://www.gob.mx/sct/prensa/sct-cumple-con-el-programa -nacional-de-infraestructura-gre?idiom=es

4 “Sí al NAIM”, [en línea], disponible en:

https://sialnaim.com.mx/8-quienes-avalan-al-naim

5 “Sí al NAIM”, [en línea], disponible en:

https://sialnaim.com.mx/8-quienes-avalan-al-naim

6 “Proyecto autofinanciable, patrimonio de todos los mexicanos”, Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, [en línea], disponible en: http://www.aeropuerto.gob.mx/costo-financiamiento.php

7 “Cancelar la construcción del #NAIM, es cancelar el desarrollo del país”, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, [en línea], disponible en: https://www.gob.mx/sct/articulos/cancelar-la-construccion-del-naim-es-c ancelar-el-desarrollo-del-pais

8 “Consulta del NAIM se realizará en 573 municipios: Jiménez Espriú”, El Economista, [en línea], disponible en:
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Consulta-del-NAIM-se-realizara-en-573-municipios-Jimenez-Espriu-20181011-0067.html

9 http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alejandro-moreno/consulta-a-prue ba

10 Véase, Díaz Aldret, Ana, “Participación ciudadana en la gestión y en las políticas públicas”, en Gestión y Política Pública, Vol. XXVI, Núm. 2, segundo semestre de 2017, [en línea], disponible en: http://www.scielo.org.mx/pdf/gpp/v26n2/1405-1079-gpp-26-02-00341.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 18 de octubre de 2018.

(Rúbrica)

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Con punto de acuerdo, relativo a prevenir, atender y controlar el virus de la tristeza que afecta las plantaciones de cítricos, mediante la consulta permanente a las asociaciones de agricultores, y hacer de conocimiento público las acciones respectivas, a cargo del diputado Marco Antonio Medina Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Marco Antonio Medina Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La citricultura es la actividad agrícola que se dedica al cultivo de productos que contienen ácido cítrico o sabor citrino, tales como el limón, la naranja, la mandarina y la toronja.1

La producción global de las especies citrícolas supera los 107 millones de toneladas y es encabezada por cinco países: Brasil, Estados Unidos, China, México y España.2

Esta actividad es parte importante dentro de la fruticultura del país, principalmente por ser fuente de divisas y de trabajo en los procesos de producción, cosecha, empaque, comercialización e industrialización.

En México, la industria citrícola es una de las actividades agrícolas esenciales; ocupa el cuarto lugar en el mundo como productor de cítricos, con 549 mil hectáreas establecidas en 23 estados del territorio nacional, lo que significa una producción de 7 millones de toneladas anuales con un valor de 10 mil 206 millones de pesos que beneficia a más de 67 mil familias de productores citrícolas y genera además 70 mil empleos directos, 250 mil indirectos y la contratación de 28 millones de jornaleros por año.

De la superficie establecida, 68.5 por ciento corresponde a la naranja dulce, 20.5 por ciento al limón mexicano, 5.2 por ciento al limón persa y 5.8 por ciento a las toronjas, mandarinas y tangerinas. Los estados con más producción, superficie cultivada y cosecha son Veracruz (41.46 por ciento), San Luis Potosí (8.68 por ciento), Michoacán (8.25 por ciento) y Tamaulipas (7.42 por ciento).3

Lamentablemente el rendimiento de los cultivos de cítricos se ven limitados por una serie de factores, siendo uno de los principales el cambio climático y la aparición de plagas y enfermedades.

Una de las enfermedades que afecta de manera considerable la citricultura es el virus tristeza de los cítricos. A nivel mundial ha ocasionado la muerte de al menos 100 millones de árboles en todo el mundo.

En México el virus tristeza de los cítricos, se manifestó por primera vez en 1983 en el estado de Tamaulipas con presencia en al menos tres variedades de naranjo. A raíz de esta enfermedad casi 13 mil árboles fueron eliminados por este virus, cuya diseminación ocurre por medio de ciertos pulgones que se convierten en plagas.

Las características que presentan los árboles enfermos son hojas marchitas, seguidas de un deterioro progresivo que llega hasta la muerte del cultivo, debido a que se destruyen los vasos del floema como resultado de un estrangulamiento en la zona de unión del injerto.

El injerto que se ve mayormente atacado es el de patrón de naranjo agrio, el cual se encuentra presente en cerca del 90 por ciento de las plantaciones comerciales citrícolas en México.

A partir de la aparición del virus en Tamaulipas y posteriormente en Veracruz en 1995 se expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-031-FITO-1995, por medio de la cual se estableció una campaña contra el virus tristeza de los cítricos.

Posteriormente en el año 2000, con base en una serie de comentarios que se dieron respecto a la norma establecida en 1995, se expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-031-FITO-2000 por medio de la cual se buscó combatir a dicho virus que continuaba expandiéndose en el estado de Veracruz principalmente.

Sin embargo, a pesar de que se han hecho modificaciones en las normas contra el virus tristeza de los cítricos este continúa presente en el norte de Veracruz.

De acuerdo con datos del diario El Heraldo de Martínez, municipios como Álamo, Cazones, Papantla, Tihuatlán o Tuxpan son algunos de los que el virus se ha vuelto presente pues sus cultivos se han visto afectados de 2016 a la fecha.

En entrevista con el presidente municipal de Tuxpan, mencionó que la producción de naranja asciende a 4 mil 602 millones 359 mil 250 pesos, tan solo en Tuxpan hay 11 mil 228 hectáreas sembradas de cítricos, con un valor de la producción de 445 millones 296 mil pesos.

Con la amenaza del virus tristeza de los cítricos y el dragón amarillo la producción va a disminuir al menos un 30 por ciento para el 2019.

Debido a la presencia del virus y otras enfermedades en 2002 se expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-079-FITO-2002, en la que se establecían los requisitos fitosanitarios, especificaciones y procedimiento que deben cumplir los establecimientos productores y comercializadores de material propagativo de cítricos libre de plagas reglamentadas, así como aquellos que acopian, empacan y procesan frutos de cítricos para obtener la certificación fitosanitaria.

El pasado 22 de marzo de 2018, se publicó en el Diario Oficial la modificación de la norma de 2002 para quedar como Norma Oficial Mexicana NOM-079-SAG/FITO-2017, a fin de que se actualizarán las medidas fitosanitarias para la producción de material propagativo libre de estas enfermedades como el virus tristeza de los cítricos.

Con la implementación de estas normas, la producción, distribución y comercialización de cítricos mexicanos, deberán contar con las especificaciones necesarias para conseguir la certificación fitosanitaria.

Como se puede observar la amenaza del virus tristeza de los cítricos en México se ha incrementado pues existen condiciones que favorecen su presencia y distribución, tal es el caso del portainjerto susceptible a esta enfermedad y la presencia del vector en el país, lo que da lugar a pérdidas económicas para los productores.

Es por lo anterior que resulta necesario exhortar a los gobiernos de los tres órdenes a que en coordinación lleven a cabo las acciones necesarias y urgentes a fin de fortalecer, prevenir, atender y controlar el virus tristeza de los cítricos.

Por los elementos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con el gobierno del estado de Veracruz y los gobiernos municipales de la zona norte de la entidad, lleven a cabo las acciones necesarias y urgentes, a fin de prevenir, atender y controlar el virus de la tristeza que afecta a las plantaciones de cítricos, consultando en todo momento a las asociaciones de agricultores y hacer de conocimiento público dichas acciones.

Segundo . La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta al gobierno federal para que, en coordinación con el gobierno del estado de Veracruz y los gobiernos municipales de la zona norte de la entidad, generen un cerco fitosanitario en la región citrícola de la entidad y apliquen la Norma Oficial Mexicana NOM-079-SAG/FITO-2017.

Notas

1 Sin Autor. (S.f.). Citricultura. 9/10/2018, de Concitver Sitio web: http://www.concitver.com/15_1citricultura.html

2 Rodríguez, G & Mendoza, A. (2014). Una amenaza para la citricultura mexicana. 9 de octubre de 2018, de Universidad Veracruzana Sitio web:

https://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol27num1/artic ulos/amenaza-para-la-citricultura.html

3 Ibídem

Fuentes de consulta:

Cruz, M. (2002). El virus de la tristeza de los cítricos. 9/10/2018, de Inifap, sitio web:

http://biblioteca.inifap.gob.mx:8080/xmlui/bitstream/han dle/123456789/405/71.pdf?sequence=1

Redacción - XEU Noticias. (2017). Por plagas, cítricos están en riesgo de no salir al mercado internacional: Sagarpa. 9 de octubre de 2018, de Xeu, sitio web:

https://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=930943

Rodríguez, R. (2018). El virus de la tristeza VTC y el HLB o “dragón amarillo”, amenazan con un nuevo apocalipsis al principal cultivo de la región, la naranja. 9 de octubre de 2018, de Expreso de Tuxpan, sitio web: http://www.expresodetuxpan.com/el-virus-de-la-tristeza-amenaza-tuxpan-y -la-region/

Sin Autor. (2018). Estrategia operativa de la campaña contra el virus tristeza de los cítricos. 9 de octubre de 2018, de Sagarpa, sitio web:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/283573/Es trategia_2018_VTC.PDF

Sin Autor. (2018). Virus tristeza de los cítricos. 9 de octubre de 2018, de gobierno, sitio web https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/170148/18_Virus_tristeza _de_los_c_tricos.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputado Marco Antonio Medina Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Juntas de Coordinación Política del Congreso de la Unión a generar condiciones para realizar mesas de trabajo a fin de valorar el establecimiento de un órgano evaluador de la implantación del sistema penal acusatorio, a cargo de la diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez, diputada federal del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Exactamente hace diez años fue publicada la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia sin precedentes en nuestro país, la cual, entre otras cosas, replanteó el sistema de justicia penal en su totalidad. Que culminaría en la instauración de un nuevo sistema jurídico penal: el procedimiento acusatorio y oral; el que parecía traer una bocanada de aire fresco a la procuración e impartición de justicia penal en nuestro país, ya que su principal objetivo era asegurar el acceso a la justicia con calidad, efectividad, eficiencia y transparencia, sobre todo la citada reforma era una medida urgente y necesaria debido a los altos niveles de impunidad e inseguridad.

Tanto que la confianza de la sociedad en las instituciones de procuración e impartición de justicia era escasa y, a veces, nula; el sistema de justicia era lento, ineficiente y en él se violaban sistemáticamente los derechos humanos de víctimas e imputados, por lo que se vio al sistema acusatorio como una posible solución.

En el 2016, se culminó un complicado proceso de implementación, que, a pesar de sus buenas intenciones, se caracterizó por la improvisación y por evidentes asimetrías institucionales en cuanto a recursos y al establecimiento de prioridades en las diferentes entidades federativas, adicional a ello sin un adecuado sistema de evaluación y seguimiento que contribuyera a ponerles remedio, arrancó su operación, a pesar de que adolece de muchas cosas. Y los resultados apenas son alentadores.

Sin embargo, las circunstancias de inseguridad e impunidad que existían en 2008 y en el 2016 subsisten en nuestros días y, en algunos casos, han empeorado, motivo por el cual la implementación de nuevo sistema, si queremos estar a la altura de un país que aspira a que se respete el Estado de derecho, es necesario hacer tanto las adecuaciones legislativas como operativas del sistema, pero para lograr alcanzar el ideal que se planteó en su diseño, será a través de la evaluación y el seguimiento.

Así que la operación del modelo acusatorio se encuentra finalmente en la “etapa de consolidación” y a partir de junio de 2016, el modelo acusatorio opera en todo el territorio nacional y para todos los delitos, por lo que ha dejado de ser una apuesta hacia el futuro y se ha convertido en una realidad que es necesario evaluar, criticar y mejorar.

Para lo cual fue creada la Setec mediante decreto, el 13 de octubre de 2008, con la finalidad de coordinar las acciones necesarias para la implementación del nuevo sistema penal que entre otras innovaciones sustituía los procesos escritos por juicios orales. El plazo para el arranque del sistema vencía el 18 de junio de 2016.

Pero con el retraso de la puesta en marcha del sistema en los estados, la Setec diseñó un nuevo esquema de seguimiento con más de 30 indicadores divididos en tres ejes y tres operadores. La metodología dio resultados, se detectaron retrasos en obras, presupuesto mal aplicado y errores en las entidades que ya lo habían puesto en funcionamiento, entre los más importantes.

Así se logró que llegada la fecha límite, los estados pudieran iniciar el sistema, aunque en algunos casos como Guerrero fue con lo mínimo.

Para hacer este trabajo la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec) contaba con un equipo de casi cien personas y un presupuesto aprobado año con año, exclusivo para su operación. Además, en su calidad de órgano autónomo, contaba con la capacidad de vigilar la implementación del sistema en todos los estados y el correcto uso de miles de millones de pesos en subsidios.

Sin embargo, el 13 de octubre de 2016, la Setec de la Secretaría de Gobernación desapareció y en su quedo la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, dependiente del Consejo de la Judicatura Federal.

Y con su desaparición se puso en peligro la consolidación del sistema en muchos estados que pudieran bajar la guardia y que ahorita es muy riesgoso abandonar el monitoreo (de implementación), ya que la Setec tenía ingresos presupuestales por 2,000 millones de pesos, los cuales se dejaron de percibir por parte de los gobiernos de los estados para capacitar a policías y ministerios públicos, adquirir tecnologías informáticas y construir salas de juicio oral, entre otros.

El 20 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo entre los Tres Poderes de la Unión para la Consolidación del Sistema Penal Acusatorio”, en el cual se delegó a los poderes federales implementar la supervisión de su sistema en el ámbito de sus atribuciones, y crear enlaces para coordinarse entre ellos.

Como último punto del acuerdo, se estableció que las entidades federativas “que así lo decidan, en ejercicio de su soberanía, podrían adherirse al acuerdo”. Se trataba de un convenio opcional.

Sin embargo, especialistas en Juicios Orales aseguran que este convenio carece del mínimo alcance operativo para supervisar el funcionamiento del sistema penal en los estados.

Y con la desaparición de la Setec sin que exista un plan de formación de un órgano que continúe con estas funciones. Se dejó al libre albedrío de los estados el adherirse a este acuerdo para ser de alguna forma evaluado o supervisado, al igual que a las otras instituciones.

Aunque ya funciona en todos los estados del país, el nuevo sistema penal enfrenta aún varios obstáculos para su consolidación. Los pendientes son de distinto tipo, desde temas de capacitación hasta de infraestructura. Lo más urgentes es la capacitación de los policías, tanto investigadores como preventivos.

Pero lo más grave es que a consecuencia de la desaparición de la Setec y al no haber previsto un órgano que le diera continuidad a evaluación permanente de la implementación del sistema de justicia penal, se tiene como resultado de que hoy no se puedan tener indicadores claros, ni capacitación homologada, principios de operación con criterios homologados.

Derivado de la valoración por parte de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, sobre el Sistema de Justicia Penal, se pueden enumerar algunas de las acciones de las que el sistema adolece de:

1. En lo que se refiere al registro de información, se pudo observar que cada una de las instituciones en las 32 entidades federativas lo hacen de manera diferente, lo que trae como consecuencia que no existan criterios homologados para el registro de los casos y así como de su flujo durante el proceso; por lo que se genera poca claridad de lo que sucede con los casos al interior de las instituciones.

2. Los esquemas institucionales de coordinación a nivel local son divergentes. Esto se debe a que son pocos los estados que han instaurado un órgano de coordinación para la fase de consolidación, la mayoría conservan los esquemas de coordinación institucionales que se crearon para el proceso de implementación.

3. Se observaron deficiencias en las Fiscalías y Procuradurías, lo que hacen evidente tanto la falta de capacidad técnica de investigación, como la falta de operación adecuada del binomio ministerio público-investigador.

4. Se encontró que el sistema atiende mayormente casos en los que se configura la flagrancia o bien, casos menores, sin que exista la capacidad de investigar delitos de mayor complejidad ni orientar sus esfuerzos hacia una persecución penal más estratégica y no de casos aislados únicamente.

5. Para enero de 2018 solo 3 entidades federativas cumplieron con la emisión de la Declaratoria necesaria para el inicio de vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP). Por lo que fue fácilmente identificar que un gran número de entidades federativas no han iniciado la implementación de la LNEP, aunado a ellos tampoco se advirtió una mayor capacidad instalada en cuanto a personal ni a la mejora sustantiva en términos de infraestructura que logre asegurar las condiciones y servicios que prevé la Ley.

6. No existe personal suficiente y capacitado existe una disminución considerable en términos de acciones de capacitación. Además, es notable la divergencia en el número de funcionarios entre las distintas instituciones, tanto en números necesarios para la operación óptima como en desarrollo de competencias y capacidades. Destacándose el rezago de las defensorías públicas y las comisiones de atención a víctimas.

Del estudio se puede rescatar que No existe profesionalización, únicamente 58 de las 160 instituciones estatales que se analizaron, es decir, el 36.3 por ciento, reportaron contar con un servicio profesional de carrera o carrera judicial que se encuentra operando de forma efectiva. Es decir, solo hay evidencia de que 1 de cada 3 instituciones del sistema de justicia en el país cuenta con un esquema que establezca reglas claras de reclutamiento, capacitación, evaluación y promoción de sus operadores. Profesionalización de los operadores del sistema de justicia

Evidenciando que el servicio profesional de carrera y/o la carrera judicial opera únicamente el 36.3 por ciento de las instituciones estatales o, lo que es lo mismo, solo 1 de cada 3 instituciones de este país cuentan con funcionarios profesionales, con esquemas claros que regulen y evalúen su desempeño. Este dato sirve como indicador de la distancia que persiste entre la norma y la realidad en materia de profesionalización de funcionarios en el país.

La profesionalización es una condición ineludible para proporcionar estabilidad laboral a los operadores y con ello generar incentivos positivos, mediante lineamientos claros y permanentes de reclutamiento, evaluación, ascenso y baja al interior de las instituciones. No habrá sistema de justicia de calidad con operadores que trabajen en condiciones precarizadas o cuya estabilidad laboral depende de los ciclos políticos. En este sentido, implementar el servicio profesional de carrera favorecerá la independencia de las instituciones frente a las presiones de actores políticos o de intereses extrajurídicos.

7. Las asimetrías institucionales prevalecen a nivel nacional , tanto en la distribución de recursos, como en las capacidades institucionales. Salvo excepciones, las defensorías continúan rezagadas a pesar de constituir una institución clave dentro del modelo acusatorio.

8. Es preocupante el impacto de decisiones judiciales equivocadas en la operación del sistema de justicia. El modelo acusatorio requiere de una operación ágil y la mayoría de las decisiones judiciales hasta el momento -particularmente las de la SCJN- se han dado en este sentido; sin embargo, no son pocas las resoluciones que están generando una burocratización y formalización excesivas en los distintos momentos procesales, como resultado de la profunda desconfianza que existe entre algunas instituciones.

Derivado de los anterior podemos señalar que los mayores pendientes y obstáculos para el buen funcionamiento del sistema de justicia penal, no se encuentra prioritariamente en la norma aun cuando persisten figuras jurídicas incompatibles con los principios y valores del modelo acusatorio (como la prisión preventiva oficiosa o el arraigo) y que requieren ser legisladas con prontitud para prevenir abusos, como los que aquí se han documentado; sino en la operación.

Por lo que es prioritario dirigir los esfuerzos institucionales a solventar los desafíos de la operación diaria, desde el diseño y reorganización institucional, hasta el desarrollo de capacidades y competencias en los distintos operadores jurídicos.

Pero el mayor riesgo detectado en el segundo año de la etapa de consolidación es un estancamiento en la operación del SJP. Situación que queda evidenciada por dos factores. En primer lugar, la poca capacidad de respuesta del sistema a un número de asuntos que crece sostenidamente. El porcentaje de carpetas de investigación iniciadas ha aumentado en un 79.6 por ciento de 2015 a 2017;1 simultáneamente, las instituciones de procuración de justicia reportan una capacidad de respuesta a tan solo 5 de cada 10 asuntos, y, en segundo lugar, la reforma ha sido señalada por operar solo para delitos no complejos, y los resultados de la operación confirman esta percepción. Para el año 2017, las judicializaciones con detenido fueron el 38 por ciento del total y el porcentaje no ha variado mucho en los últimos cuatro años. Lo anterior evidencia una clara ausencia de investigación efectiva, así como la relevancia de las detenciones en flagrancia dentro del SJP.

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados a efecto de que se generen las condiciones necesarias para la realización de Mesas de Trabajo que evalúen la posibilidad de la creación de un órgano técnico de evaluación de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para que cuyo órgano garantice la comunicación efectiva entre las diversas instituciones, y cuyo objetivo será la evaluación del sistema.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores para que genere las condiciones necesarias para la realización de Mesas de Trabajo que evalúen la posibilidad de la creación de un órgano técnico de evaluación de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, para que cuyo órgano garantice la comunicación efectiva entre las diversas instituciones, y cuyo objetivo será la evaluación del sistema.

Nota

1 Hallazgos 2017: Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México” es resultado del esfuerzo de los integrantes de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de octubre de 2018

Diputada María de los Ángeles Gutiérrez Valdez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León a garantizar la seguridad, la gobernabilidad y el respeto de los derechos humanos en los centros penitenciarios locales, suscrita por los diputados Juan Francisco Espinoza Eguía, Ivonne Liliana Álvarez García y Pedro Pablo Treviño Villarreal, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Juan Francisco Espinoza Eguía, Ivonne Iliana Álvarez García, Pedro Pablo Treviño Villarreal, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, numeral I, del artículo 6 y la fracción II, numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de esta asamblea, proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En los últimos años, el sistema penitenciario en el estado de Nuevo León se ha visto deteriorado, en razón de la falta de inversión estatal, de medidas más contundentes y eficaces para tener el control de la población de internos y garantizar sus derechos humanos.

De acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el sistema penitenciario de la entidad obtuvo una calificación promedio de 5.02, una baja significativa a la obtenida un año antes que fue de 7.27.1

El año pasado, el organismo local de Protección a Derechos Humanos recibió 223 quejas sobre presuntas violaciones a derechos humanos en el sistema penitenciario, de las más altas en el país; y señalando como responsables a las autoridades penitenciarias estatales, servicio médico, autoridades judiciales, defensores de oficio, personal de seguridad y custodia, policías.

También se observa un hacinamiento, mala higiene, deficiencias en la alimentación, insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y mala integración de los expedientes jurídicos, entre otros problemas.

En 2017, la entidad fue la única del país en registrar 3 motines en sus centros de reclusión estatal. En este contexto, el pasado miércoles 3 de octubre se registró un nuevo motín, ahora en el Centro de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores, en el municipio de Escobedo, después de que la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad realizara una revisión a los menores.

Ante estos hechos, tanto el gobernador como el secretario de Seguridad Pública, descartaron que hubiese heridos. Sin embargo, el pasado jueves 4 de octubre, a través de las redes sociales, circularon imágenes en el que un grupo de jóvenes resultaron heridos y que fueron atendidos en las instalaciones del Hospital Universitario.

Al respecto, el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a la letra dice:

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto

Asimismo, el artículo 172 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León establece que Sistema Penitenciario y de Reinserción Social tiene por objeto:

Procurar la reinserción social del delincuente, la adaptación social del adolescente infractor, y evitar en lo posible, la desadaptación social de las personas privadas de la libertad que se encuentren bajo proceso; este Sistema se integra con los centros de reclusión municipales, centros preventivos y centros de reinserción social, centros de internamiento y adaptación social de adolescentes infractores.

Le corresponde a la Secretaría regular el funcionamiento de este sistema al observar que su organización se sustente sobre la base de la educación, el trabajo, la capacitación para el trabajo, la salud, el deporte y la terapia psicológica.

Por ello, en el presente punto de acuerdo se solicita que las revisiones ordinarias y extraordinarias que se realicen en los Centros de Readaptación Social, y a los Centros de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores del estado, estén en apego al respeto de los derechos humanos de los internos. Es necesario que el gobierno del estado de Nuevo León garantice la seguridad y la gobernabilidad en los centros penitenciarios de dicha entidad.

Asimismo, que de acuerdo a las facultades previstas en el artículo 6 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH practique visitas e inspecciones a los Centros de Readaptación Social, y a los Centros de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores del estado, a efecto de supervisar las condiciones de estos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Nuevo León para que, en el marco de sus atribuciones, garantice la seguridad, la gobernabilidad y el respeto a los derechos humanos en los centros penitenciarios de la entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que realice visitas e inspecciones a los Centros de Readaptación Social, y a los Centros de Internamiento y Adaptación de Adolescentes Infractores del estado, a efecto de supervisar las condiciones de derechos humanos.

Nota

1 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2017.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de octubre de 2018.

Diputados: Juan Francisco Espinoza Eguía, Ivonne Iliana Álvarez García, Pedro Pablo Treviño Villarreal (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sectur a otorgar la denominación de “pueblo mágico” a Bustamante, Nuevo León, a cargo de la diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Turismo a otorgar la denominación de Pueblo Mágico al municipio de Bustamante, Nuevo León, con carácter de urgente resolución, con las siguientes

Consideraciones

El proceso de incorporación al Programa Pueblos Mágicos cuenta con una serie de elementos importantes como la planeación y gestión turística; la incorporación es un paso importante de la localidad hacia el desarrollo de la actividad turística bajo un nuevo modelo, el cual cuenta con el respaldo de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de la sociedad civil. Además del apoyo económico de parte de la Secretaría de Turismo, el programa contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros.

Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, magia que te emanan en cada una de sus manifestaciones socio-culturales, y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico, como es el municipio Bustamante Nuevo León, en Monterrey, considerado como oasis.

Su historia inicia el 16 de septiembre de 1686 cuando varias familias tlaxcaltecas llegaron a esta región y fundaron este poblado con el nombre de San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcalteca convirtiéndose en Villa el 27 de febrero de 1832 con el nombre de San Miguel de Bustamante, el cual lo recibe del militar y ex presidente de México, Anastasio Bustamante.

El escudo de Bustamante fue diseñado por la señora Hermina de Canales en el año 1984. Está conformado por armas y símbolos. En la parte superior un yelmo español y en el escusón un león rampante. El centro se divide en cuatro partes: en la superior se observa la cima de la sierra de Gomas, en la inferior aparece el templo de San Miguel Arcángel, en el izquierdo se dibujan una serie de estalactitas y estalagmitas representando las Grutas de Bustamante (Grutas de la Palma) y en el derecho el ojo de agua “San Lorenzo”. Por otra parte, están las figuras de San Pedro y San Pablo, el mapa del municipio, nombres antiguo y actual, fechas de fundación, una trenza de palmito, productos de alfarería, sillería y escobería, piloncillo, queso, chorizo y aguacate y un horno de pan, alimento típico del municipio.1

A efecto de entender la historia del municipio, sirva de referencia la siguiente cronología de hechos históricos:2

1686 • El día 8 de junio se hizo la petición para fundar el pueblo.

1686 • Fundación el día 16 de septiembre, con el nombre de San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala.

1690 • El 12 de octubre se les dio de manera oficial, autorización para tomar posesión de terrenos a los solicitantes.

1700 • El 31 de diciembre, Fray Felipe Galindo protege la posesión de la efigie del Señor de Tlaxcala a favor de la india Ana María viuda de Bernabé García.

1714 • Francisco Barbadillo y Victoria llegó para combatir los abusos que generaba contra los indios el sistema de las congregas.

1715 • Ana María dona la efigie del Señor de Tlaxcala.

1760 • Concluye la construcción del Templo de San Miguel Arcángel.

1832 • El 27 de febrero se elevó a la categoría de villa, con el nombre de San Miguel de Bustamante, de acuerdo al decreto No. 304.

1855 • El descontento por la imposición como gobernador de Genaro Garza García provoca hechos de sangre un 30 de octubre.

1906 • Los gambusinos Juan Gómez Cázares y Ramón Rodríguez descubren el acceso a las Grutas del Palmito, llamadas así por estar localizadas en el punto conocido como Rincón del Palmito en la vertiente oriental de la Sierra de Gomas.

1909 • El 22 de agosto las Grutas son visitadas por la Junta Arqueófila de Nuevo León.

1909 • El 12 de septiembre el Gral. Bernardo Reyes informa del descubrimiento de las Grutas mediante oficio número 2061, a la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes.

1932 • El 27 de febrero se conmemoró el primer centenario de San Miguel de Bustamante, con eventos culturales y recreativos del 26 al 28 del mismo mes. La Reina fue Magdalena Villarreal y su princesa Esther Santos.

1986 • Se conmemoró el tricentenario de la fundación con la presencia del entonces gobernador del Estado de Tlaxcala Tulio Hernández y su esposa la actriz Silvia Pinal.

Bustamante se destacó por la producción de aguacate y nuez. Adicionalmente se subrayó la producción de mezcal. Una actividad económica que se consolidó fue la de producción de toros de lidia. En el siglo XIX gracias a la implementación de acequias entre sus nogales que hoy en día son los que te reciben al entrar a este pintoresco poblado además de la belleza de sus paisajes.

Descubiertas en 1906, las Grutas de Bustamante, se ubican a tan solo 6 kilómetros del centro histórico, con sus sorprendentes alineaciones rocosas, las estalactitas y estalagmitas ofrecen al turista un recorrido espectacular, además de ser las únicas grutas de Latinoamérica 100 % accesibles ya que el recorrido cuenta con andadores en un mismo nivel. Los fines de semana, el Parque Grutas de Bustamante recibe hasta 300 personas y dos mil en Semana Santa.

Otro lugar impresionante es el Cañón de Bustamante un sitio natural de este municipio donde se pueden realizar diversas actividades al aire libre, como caminata, campismo y bicicleta de montaña, para los amantes del deporte extremo. Los centros recreativos y parajes como el Molino y la Alameda brindan una estancia familiar cómoda y fresca, con áreas de descanso, albercas, palapas, asadores y juegos infantiles.

El municipio de Bustamante conocido como el jardín de nuevo león, actualmente supera los 400 mil turistas al año, a pesar de contar con alrededor de 4 mil habitantes, se consolida como uno de los centros de turismo más importantes a nivel internacional por su cultura, artesanía, gastronomía y riqueza geológica.

El objetivo de esta proposición con punto de acuerdo es impulsar y resaltar a nivel nacional las características del municipio, tomando en consideración que San Miguel de Bustamante tiene entre sus principales actividades económicas al turismo y nutrida con las pequeñas factorías familiares en las que se elaboran productos artesanales.

En mi calidad de representante popular y como parte de mi agenda de promoción turística de uno de los municipios que enaltece la belleza norteña ideal para el turismo nacional e internacional es de vital importancia contar con la certificación de Pueblo Mágico, programa federal que ha redituado en apoyos presupuestales, pero como una certificación interna de promoción con visión de largo.

Por lo anterior me permito someter a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, a considerar el potencial turístico y atractivo simbólico del municipio de Bustamante del Estado de Nuevo León, a efecto de que obtenga el nombramiento de “Pueblo Mágico”, a partir de la validación de las autoridades estatales y municipales correspondientes, conforme a los lineamientos generales para su integración al Programa de Pueblos Mágicos.

Notas

1 http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM19nuevoleon/municipios/19008 a.html. Consultado el 09 de octubre de 2018.

2 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a formar una subcomisión de derechos del consumidor, a cargo de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del PT

La Suscrita, Ana Gabriela Guevara Espinoza, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por la que exhorta a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión considerar el tomar un acuerdo para proponer y conformar una subcomisión de derechos del consumidor para realizar los trabajos, las consultas, los foros relativos para que los derechos del consumidor tengan la relevancia y la pertinencia legal justa, digna, transparente, promovente, de investigación y educación que todos los ciudadanos mexicanos se merecen en su consumo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. México ha logrado, pese a sumarias resistencias, apuntalar los derechos humanos en su tortuoso camino hacia la democracia. Muchos derechos humanos han avanzado notoriamente en su proceso legal, aunque no en la realidad social. La madurez conceptual de los derechos humanos no se ha materializado en la experiencia concreta de millones de mexicanos.

Sin embargo, hay derechos que sufren aún más de desatenciones y negligencias en el proceso legislativo, como es el caso de los derechos del consumidor. Cualquier análisis de derecho comparado con otros países, revelará que el nuestro está muy atrasado en materia de derechos del consumidor. Y eso es visible. Cuando el derecho ha materializado sus postulados, en la realidad se tornan visibles sus efectos. Y efectivamente los efectos de los derechos vigentes de los consumidores están de alguna manera expresados en los índices de obesidad y su enorme caudal de impactos en la salud pública; en el desplome del recurso de la lactancia materna, la presencia de agrotóxicos que se usan en algunos procedimientos en la siembra y cultivo en nuestro país y en otros procesos industriales y que se encuentran prohibidos en otros países, el etiquetado en los alimentos, la venta de alimentos nocivos en las escuelas, etcétera.

Personalmente propuse varias propuestas de punto de acuerdo en estas materias, en otra instancia legislativa que fueron sistemáticamente desoídos, pero ahora nos encontramos en la oportunidad de legislar en la materia, pero legislar de fondo. Hay en el estrato argumental muchos estudios profesionales respecto a los derechos del consumidor, una incansable lucha de los activistas y las organizaciones no gubernamentales mexicanas que han pugnado por poner al día esas materias. Esa lucha ha tenido consecuencias de otra naturaleza, recordemos que incluso el dirigente de una asociación civil del Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo, director de la organización “El Poder del Consumidor”, formaba parte de las personalidades políticas vigiladas por un sistema de espionaje, mediante el uso del malware Pegasus. Eminentemente hay razones detrás de ello porque hay intereses que desean proteger una legislación que es blanda para defender, promover y proteger los derechos del consumidor.

Es cierto que hay un buen número de asociaciones, organizaciones de consumidores. Por ejemplo, en 2006, Profeco registraba 1,852 organizaciones de consumidores y 17 asociaciones de consumidores y consumeristas.

2. La destacada labor de “El Poder del Consumidor” con sus investigaciones, su difusión, su insistencia, sus propuestas como el “Acuerdo Político Nacional por un Sistema Alimentario Nutricional Justo y Sustentable”, que postula un índice temático pertinente como: Facilitar y promover el acceso de productores de pequeña escala, especialmente, de las mujeres productoras, a la educación y capacitación; Favorecer a los productores de pequeña escala a través de las compras gubernamentales; Promover el consumo de alimentos producidos localmente directamente de los productos campesinos/agricultores de cada región; Revalorizar y fortalecer el conocimiento y experiencia de los campesinos/agricultores, los alimentos de la región, proteger su diversidad y la cultura culinaria mexicana, reconocida como Patrimonio de la Humanidad; Promocionar el empoderamiento de los consumidores, con base en el derecho a la información y a la elección, así como al acceso a alimentos saludables; Prohibir efectivamente toda la publicidad en todos los medios de alimentos no saludables dirigida hacia la infancia y los jóvenes; Garantizar la existencia exclusiva de alimentos y bebidas saludables en los planteles escolares; Garantizar la existencia de agua segura para beber en los planteles escolares; Garantizar etiquetados frontales en los alimentos empaquetados que adviertan los altos contenidos de azúcares, grasas y sodio, entro otros, lo hacer un muy interesante promotor de los derechos del Consumidor en nuestro país, dado un manifiesto liderazgo de su activismo, del que hay que, necesariamente, tomar en cuenta sus propuestas.

Mi propuesta a este pleno es crear las condiciones propicias para crear, y proponer una legislación empática de los derechos del consumidor con los derechos humanos a la salud y a la información. Para ello se necesita de una estructura y proceso de consultas, de foros, de propuestas externas para que el aparato legislativo tenga un panorama adecuado del estado en que se encuentran los derechos del consumidor en México, las causas de su morosidad, las propuestas de las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones civiles. Hay una diversidad de temas a tratar, temas políticamente conflictivos. Incluso queremos construir la propuesta de fortalecer a la Procuraduría Federal del Consumidor a “Procuraduría Federal de Defensa de los Derechos del Consumidor” para articular derechos humanos, incluido el de Educación a un consumo digno.

Este trabajo sólo puede realizarse institucionalmente, con seguimiento, con apoyo de recursos humanos y recursos infraestructurales. Por ello queremos que este proceso laboral se puede sostener con la creación de una Subcomisión dependiente de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados.

Es de nuestro conocimiento que el artículo 149 del Reglamento de Cámara de Diputados, numeral 2, fracción III, contempla que la Junta Directiva de la comisión o comité podrá: Proponer a la comisión la integración de subcomisiones o grupos de trabajo, dentro de la comisión, para la presentación de predictámenes o proyectos de resolución, así como para la coordinación de actividades con otras comisiones, comités o dependencias del Poder Ejecutivo Federal.

Estamos seguros que esta convocatoria convencerá a sus voluntades dado que está de por medio alimentación, seguridad, campo, mujeres, infancia. México tiene que estar a la altura de los derechos del Consumidor y por ello:

Por lo anterior someto a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración del Pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda proponer y conformar una subcomisión de Derechos del Consumidor para realizar los trabajos, las consultas, los foros relativos para que los derechos del consumidor tengan la relevancia y la pertinencia legal justa, digna, transparente, promovente, de investigación y educación que todos los ciudadanos mexicanos se merecen en su consumo.

Diputada Ana Gabriela Espinoza Guevara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y la Ssa a implantar acciones a fin de que se observen los lineamientos que prohíben la venta y distribución de alimentos y bebidas que, como fuente de azucares simples, harinas refinadas, grasas y sodio, incumplan los criterios nutrimentales, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Ana Priscila González García, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

La obesidad y el sobrepeso en México es un grave problema de salud pública, siendo la principal causa de incapacidad y mortalidad prematura derivado de la aparición de enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes y la hipertensión.

Los tomadores de decisiones estamos obligados a poner en el centro de la agenda en materia de salud la prevención y combate de estos padecimientos que afectan a más del 70 por ciento de la población. Durante el presente sexenio se ha puesto en marcha campañas de concientización para revertir estos problemas, ejemplo de ello es la campaña Resta Kilos y Suma Vida, su principal enfoque consiste en persuadir a la población en “tener una mejor calidad de vida al mejorar la alimentación y cambiar el estilo de vida”.

Sin demeritar las acciones emprendidas por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el marco de la Estrategia Nacional para el Control del Sobrepeso y la Diabetes, esta campaña responsabiliza a la persona de su estado actual de salud y desde una perspectiva sociológica se niega la responsabilidad de la estructura social.

Las acciones preventivas sin duda son acciones necesarias que contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida, pero el Estado debe ser consciente de que la obesidad y el sobrepeso se han convertido en problemas de salud que han rebasado las acciones preventivas, por lo que una política integral para la prevención y reversión debe considerar acciones reactivas con un enfoque social.

Para dimensionar el grave problema de salud, hago referencia a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 (Ensanut MC 2016): el 9.4 por ciento de la población encuestada refirió tener un diagnóstico médico previo de diabetes. Comparando con las encuestas previas, se observó un ligero aumento en la prevalencia con respecto a la Ensanut 2012 (9.2 por ciento) y un mayor aumento con respecto a la Ensanut 2006 (7 por ciento).

Considerandos

Primero. Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Segundo. Que el sobrepeso y la obesidad en México son graves problemas de salud pública, y en los últimos años, derivado de los hábitos alimenticios, el sedentarismo y la compleja estructura social que impera en nuestro país, en dónde comer alimentos “chatarra” es más barato que comer saludablemente, se ha incrementado la tasa de niños y adolescentes con problemas de obesidad y de sobrepeso.

Datos de la Ensanut indican que uno de cada tres adolescentes de 12 a 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio de 26 por ciento para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con este problema.

En cuanto a la prevalencia de obesidad en niños por entidad federativa en México, son seis las entidades que pasan de 20 por ciento de su población: Baja California Sur, Campeche, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.

Tercero. Que el 11 de septiembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se adiciona el artículo 24 Bis a la Ley General de Educación, para efectos de restringir la venta de “alimentos chatarras”, que a la letra dice:

“Artículo 24 Bis. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables, establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse el expendio y distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.

Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos de carácter nutrimental.”

Cuarto. Que el 16 de mayo de 2014, se publicó en el DOF el “Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema educativo nacional”, que en su numeral decimoctavo prohíbe la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, que por representar una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y la pongan en riesgo.

Quinto. Las disposiciones normativas citadas con anterioridad forman parte de la estrategia para prevenir y revertir los problemas de sobrepeso y obesidad infantil en nuestro país, sin embargo, a más de cinco años de su implementación, en las escuelas primarias y secundarias se siguen vendiendo alimentos con altos contenidos de sodio, grasas y azucares, es decir, la ley contra la comida chatarra en México es letra muerta.

Actualmente, no hay estadísticas oficiales públicas sobre la venta de comida “chatarra” en las escuelas, solamente el intento de la sociedad civil en el portal Mi escuela saludable, que establece por medio de acusaciones de padres de familias a las escuelas donde se siguen vendiendo “productos chatarras”, y a pesar de este esfuerzo, aún no se tienen datos certeros, de hecho, para el ciclo escolar 2017-2018, solamente se les ha dado seguimiento a 327 escuelas de todo el país.

De estos reportes, el 99 por ciento aseguró que se vendía comida “chatarra” de lunes a jueves; 67.5 por ciento señaló la venta de bebidas azucaradas y 96.2 por ciento que no hubo un comité que vigile la prohibición de la venta de comida “chatarra”, siendo la figura encargada de supervisar que no se vendan estos productos.1

Sexto. Que el Acuerdo citado en el considerando cuarto, en su artículo decimoséptimo, fracciones III y IV, faculta a las autoridades sanitarias y educativas para:

-Realizar visitas para supervisar las condiciones de higiene y seguridad en la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas, y

-Evaluar y dar seguimiento a las actividades de preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas para identificar el grado de cumplimiento de los criterios técnicos sobre la alimentación correcta, la higiene y la seguridad, así como los beneficios que se han generado en la mejora de los aprendizajes, la retención escolar y la participación de la comunidad.

Séptimo. Que la salud es una de las principales fuentes de bienestar de las personas y un indicador de desarrollo social de un país. Es también uno de los principales componentes del llamado capital humano y, como tal, uno de los determinantes del crecimiento económico y la pobreza de cualquier país.

Octavo. Que los niños obesos y con sobrepeso tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta y tienen más probabilidades de padecer a edades más tempranas enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, y ante la omisión de las autoridades educativas y sanitarias para darle seguimiento a lo dispuesto por la Ley General de Salud en su artículo 24 Bis, someto a consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen una evaluación en las escuelas del Sistema Educativo Nacional a efectos de supervisar el cumplimiento de los lineamientos que prohíben la venta y distribución de alimentos y bebidas que por representar una fuente de azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no cumplan con los criterios nutrimentales y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los alumnos y la pongan en riesgo.

Nota

1 Ximena Mejía, “Comida chatarra, aún presente en escuelas de México”. Excélsior , 20/08/2018.

Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/comida-chatarra-aun-presente-en-e scuelas-de-mexico/1259655

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días de octubre de 2018.

Diputada Ana Priscila González García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se solicita crear la comisión especial para la restauración y preservación ambiental de la cuenca del lago de Cuitzeo, a cargo del diputado Esteban Barajas Barajas, del Grupo Parlamentario de Morena

Considerandos

Primero. Que existen diversas disposiciones legales relacionadas con los derechos humanos y la protección ambiental de la siguiente forma:

-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o., establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

-La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948, en su artículo 25, establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar.

-Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 4o. y 25, establece que: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, y que “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable”.

-La Declaración de Río de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, los días 3 al 14 de junio de 1992, en sus principios 2, 10 y 11 establece que, los Estados tienen la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daños al medio ambiente, que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos.

-El artículo 113 de La Ley de Aguas Nacionales establece en su fracción XXVI que corresponde a la Comisión Nacional del Agua la administración de bienes nacionales entre otros: “Regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial”.

-La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), en sus artículos 7 y 8, atribuye a los estados y a los municipios facultades en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental en sus respectivas jurisdicciones.

-Artículo 32 Bis, fracción XXVI, de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “Regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de jurisdicción federal, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de corrección torrencial”.

Segundo. Que dentro de los antecedentes jurídicos derivados de la cuenca en comento se derivan los siguientes:

-El Ejecutivo federal y los ejecutivos de Guanajuato, Jalisco, estado de México, Michoacán y Querétaro, celebraron el 13 de abril de 1989, un Acuerdo de Coordinación para desarrollar programas y acciones sobre ordenamiento de la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, de saneamiento, de uso eficiente del agua y de conservación de cuencas y corrientes en el ámbito de la cuenca Lerma-Chapala.

-El 1 de septiembre de 1989, los participantes citados en el punto 1.2, suscribieron un acuerdo mediante el cual se constituyó un Consejo Consultivo de Evaluación y Seguimiento de los compromisos contraídos en el acuerdo del 13 de abril de 1989.

-El 28 de enero de 1993, los integrantes del Consejo Consultivo acordaron adecuar su funcionamiento a lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales, para tomar la forma de Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, decidiendo conservar los acuerdos y compromisos previos e incorporar a los usuarios de aguas nacionales de la cuenca.

-Lo anterior, con el objetivo de constituirse en un foro para la gestión integrada del recurso hídrico, de coordinación y concertación de objetivos, metas, políticas, programas, proyectos y acciones específicas en materia hídrica, en su ámbito territorial, de conformidad con las normas y principios que la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento establecen, en todo aquello que no sea de la exclusiva competencia de la Comisión Nacional del Agua, teniendo como objetivos específicos los siguientes:

- Promover el mejoramiento de la calidad del agua en la cuenca y propiciar su saneamiento.

- Promover el ordenamiento y regulación de los usos del agua.

- Mejorar la eficiencia en los usos actuales del agua.

- Promover el manejo y gestión integral de la cuenca y la preservación de sus recursos naturales.

- Contribuir al mejoramiento de la educación y la cultura de la sociedad con relación a la importancia del agua y de los recursos naturales.

- Participar en la solución de conflictos asociados a la competencia entre usuarios del agua y sus bienes inherentes en la cuenca.

-En el marco de esta estrategia y con el propósito de coadyuvar en la formulación, ejecución e implementación de programas y acciones para mejorar la gestión de los recursos hídricos en la cuenca del lago de Cuitzeo, y como respuesta a necesidad de conformar un órgano donde confluyan la población, actores y autoridades que participen ordenadamente en el análisis de la problemática y en la búsqueda de alternativas de solución que fomenten proyectos sustentables e inversiones, el Grupo de Seguimiento y Evaluación del Consejo de Cuenca Lerma-Chapala, en su LXXXIII Reunión Ordinaria, celebrada el 14 de enero de 2005 en Guadalajara, Jalisco, aprobó la conformación de la Comisión de Cuenca del Lago de Cuitzeo.

Tercero. Que el lago de Cuitzeo es el segundo de mayor extensión en México. La parte central esta cruzada por la carretera federal número 43, dividiendo al lago en dos vasos, este y oeste. Actualmente el vaso oeste está dividido por la autopista Morelia- Salamanca.

El lago de Cuitzeo es de gran importancia para la región, ya que contribuye a regular el clima de la cuenca, además de dar sustento y hábitat a diversas especies vegetales y animales, como el pato canadiense, y contribuir a la economía de miles de familias.

El origen de la cuenca del lago de Cuitzeo, se remonta al Cenozoico Medio Superior, cuya composición litológica corresponde a rocas ígneas extrusivas, con dacitas y tobas ácidas; así como, brechas volcánicas. Las rocas sedimentarias del Cuaternario son del tipo aluvial y lacustre, otras sedimentarias del Terciario Superior e Inferior son: las limonitas, areniscas y volcano clásticas; mientras que, en las cadenas montañosas hay rocas ígneas de basaltos y andesitas (Chávez Carmona et. al., 1994).

La cuenca está limitada, al este, por productos basálticos pliocuaternarios de la región de Queréndaro y el sistema geotérmico que conforma la caldera de los azufres, que ha generado grandes depósitos de piroclastos; el límite oeste de la cuenca corresponde al volcán Quinceo; al límite sur lo conforman la secuencia volcánica del oligoceno-mioceno de Mil Cumbres.

La cuenca hidrográfica del lago de Cuitzeo se encuentra en la parte centro-norte de Michoacán, cuyo origen es una cuenca cerrada determinada por fenómenos tectónicos y volcánicos.

La cuenca de Cuitzeo forma parte de la cuenca Lerma-Chapala y se encuentra comprendida, en la meso-región Centro-Occidente, se localiza dentro de la Región Hidrológico-Administrativa VIII (Lerma-Santiago-Pacífico), específicamente enclavada al sur de la cuenca Lerma-Chapala.

Cuarto. Que el río Grande de Morelia es el tributario más importante, con mil 577 km2, que se forma por los ríos Tiripetío y Tirio, a los cuales se les une el río Chiquito de Morelia. La cuenca tiene una superficie aproximada de 3 mil 675 km2, aunque algunos autores la consideran de 4 mil km2, la cuenca está delimitada por las coordenadas geográficas entre los 19° 26’ y 20° 08’ latitud norte y 100° 37 a 101° 28’ longitud oeste (Madrigal y Trujillo, 2000).

El 80 por ciento de la superficie se considera montañosa y de lomeríos; mientras que el 20 por ciento son terrenos planos. Las altitudes extremas varían de mil 800 a 3 mil 590 metros sobre el nivel del mar (Chávez Carmona et. al, 1994).

Quinto. Que en la cuenca se encuentra el segundo cuerpo de agua más grande del país, el cual presenta grandes periodos de desecación y ha sido considerado dentro de los humedales prioritarios para la conservación de especies migratorias (Villaseñor, 1994). Además, se presentan fuertes procesos migratorios entre los municipios integrantes de la cuenca sobre todo hacia la capital del Estado, siendo los municipios ribereños los más dinámicos en éste sentido, y de urbanización (especialmente en la ciudad de Morelia) y sus municipios conurbados (López, 2001).

Sexto. Que el espacio físico delimitado por el parteaguas natural de la cuenca de Cuitzeo lo integran superficies de 26 municipios parcial o totalmente, mostrados en el siguiente gráfico para su mejor comprensión, los municipios que pertenecen en su totalidad a la cuenca son: Huandacareo, Copándaro, Chucándiro, Cuitzeo, Santa Ana Maya, Tarímbaro, Álvaro Obregón, Indaparapeo; casi en su totalidad los municipios de Zinapécuaro, Queréndaro, Morelia, Acuitzio, Charo y parcialmente los de Lagunillas, Huiramba, Hidalgo, Huaniqueo, Quiroga, Pátzcuaro, Villa Madero y Villa Morelos de Michoacán; de Guanajuato, porciones reducidas de los municipios de Moroleón, Acámbaro, Uriangato, Yuríria y Salvatierra.

Séptimo. Que los usos del suelo son diversos, casi el 50 por ciento está dedicado a la agricultura, seguida de la ganadería, uso urbano y forestal en una mínima parte. En cuanto a la economía destaca la producción de aves ponedoras, seguida de pollos de engorda, cerdos, reses, chivos, borregos y colmenas para la extracción de miel.

La cuenca del lago de Cuitzeo se caracteriza por niveles de pobreza extrema, emigración y con bajos niveles tecnológicos.

Octavo. Que en la cuenca existen problemas ambientales tales como: oferta insuficiente de agua superficial, sobreexplotación de acuíferos, sequías, deterioro de la calidad del agua tanto superficial como subterránea, deterioro de suelos, deforestación por tala inmoderada, salinización de suelos agrícolas, pérdida de biodiversidad, siendo los más sobresalientes; la contaminación por los residuos sólidos municipales carentes de un eficiente manejo, falta de tratamiento de aguas residuales, todo ello por una planeación inadecuada de los recursos agrícolas y urbanos, carencia de un marco ético para el desarrollo sustentable, tanto de los propios habitantes de la zona como de las autoridades.

Los resultados de los estudios que tiene la UMSNH no coinciden con los de la UNAM, ya que según esta última institución la vegetación de la cuenca ha aumentado, al contrario de lo que dice la UMSNH, también existe diferencia entre los datos que se manejan sobre el espacio territorial que ocupa la cuenca, lo cual genera conflictos.

Noveno. Que el problema estructural de los programas de gobierno que se han establecido al interior de la cuenca es la desarticulación entre los gobiernos municipal, estatal y federal, además de la falta de un ordenamiento ecológico territorial de la región y que se otorgue el presupuesto suficiente para el inicio de acciones.

La problemática de la cuenca a nivel social es muy fuerte, entre los principales problemas está la migración por la situación de pobreza que prevalece en la región, la deficiencia de servicios de agua potable, el despilfarro de la misma en las zonas urbanas, la insuficiencia de drenajes y alcantarillado y el desperdicio del agua en las zonas de riego agrícola, lo que nos indica una relación directa también con el deterioro ambiental.

En el reconocimiento de la magnitud del problema diversas dependencias e instituciones de investigación estatales han trabajado de manera aislada y no se han visto reflejados los esfuerzos en algún avance en la restauración y sustentabilidad de la cuenca con el consecuente desgaste de recursos públicos que podrían aprovecharse mejor trabajando en conjunto.

El lago representa un humedal natural con diversidad de fauna migratoria y sin un programa de manejo para su conservación y aprovechamiento en sus diferentes dimensiones y necesidades humanas.

El lago con aproximadamente seis millones de años de antigüedad, es de naturaleza alcalina, siendo los carbonatos y bicarbonatos las sales predominantes, de acuerdo con los valores de PH encontrados.

Este lago es muy importante en materia ambiental debido a su contribución a la regulación del clima de la cuenca, además de constituir el hábitat de muchas especies vegetales y animales.

En aspectos económicos el lago contribuye al sustento de muchas familias de pescadores que extraen rana, mosco, charales, carpas, mojarra y tule, entre otros, por otra parte se utiliza el agua superficial como riego para zonas aledañas.

Décimo. Que en las últimas décadas, el lago de Cuitzeo se ha visto afectado en la disminución de su extensión y seguramente en la riqueza de especies, pero es actualmente cuando la situación de deterioro ambiental y envejecimiento del lago, ha provocado una serie de problemas, afectando tanto el aspecto biológico del mismo, como la economía y salud de los pobladores que se asientan en los alrededores, lo anterior exige la búsqueda de soluciones, tanto para detener la disminución de especies, como para ofrecer posibles alternativas para el manejo del suelo que ya ha dejado en su lugar en algunas partes el espejo de agua del lago.

El nivel del lago ha disminuido drásticamente por efectos del desequilibrio entre los procesos de precipitación y evaporación. De cuatro metros de profundidad reportados en 1946 disminuyó a 20 centímetros para 1981.

Los problemas de degradación por las diversas actividades antropogénicas dan como resultado un panorama de crisis general, lo cual conlleva a la desaparición de prácticas y costumbres de las comunidades ribereñas, paisajes de interés turístico y religioso.

Undécimo. Que la pérdida y degradación del lago de Cuitzeo tienen como causas, entre las principales, la invasión de terrenos para cambio de uso de suelo, inadecuado manejo hidráulico permitiendo como regulador del nivel la compuerta del dren la Cinta, la contaminación urbana, aguas de retorno agrícola, acarreo de azolves, la sobreexplotación del agua subterránea, la construcción de obras civiles como la autopista México-Guadalajara y la introducción de obras hidráulicas como diques y compuertas. Existe incumplimiento de la ley con la construcción de viviendas en las orillas del lago, aunado a ello el azolve por la deforestación de la cuenca que provoca la hipertroficación del lago, por otro lado la presencia proliferante de malezas acuáticas que actualmente cubren aproximadamente 13 mil hectáreas, lo cual impide la libre navegación y pesca, aunado a ello el lirio que frecuentemente destruye sus artes de captura (redes) el desequilibrio ecológico y la desecación por el ciclo de vida natural que presentan los lagos y los periodos secos de precipitación. La hipertroficación del lago también se debe a la cantidad excesiva de compuestos químicos como fosfatos y nitratos y aguas de retorno agrícola que recibe a través de las descargas de aguas negras, principalmente el vaso oeste que no cuenta con ningún efluente por lo que no hay una renovación de su agua, lo que ocasiona la acumulación de nutrientes, sales y materia orgánica en los sedimentos.

Las aguas del lago son contaminadas de manera permanente por las descargas de aguas residuales de los municipios aledaños, principalmente de Morelia, así mismo por las descargas agrícolas de la región Morelia-Queréndaro.

Otro de los principales problemas es la inundación y pérdida de miles de hectáreas de cultivo pertenecientes al Valle Morelia-Queréndaro, por el desequilibrio hidrológico del lago, en cuanto a la cantidad de agua que almacena, en años atrás hubo grandes periodos de sequía lo que permitió a los agricultores utilizar el suelo para cultivos (Programa de Recuperación de 990 ha del Distrito de Riego para Uso Agrícola), previo permiso de las autoridades, ahora por los cambios climáticos que actualmente estamos sufriendo, han sido invadidos por el agua provocando grandes pérdidas económicas.

Con base en lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que, con fundamento en los artículos 34, incisos b) y c), y 42 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, determine la creación de la Comisión Especial para la Restauración y Preservación Ambiental de la Cuenca del Lago de Cuitzeo y, una vez realizado lo anterior, lo someta a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

Segundo. El objeto de la Comisión Especial será emprender lo que se deriva de su denominación, en particular, atender la problemática del lago de Cuitzeo que deriven en establecimiento de modificaciones al marco legal y fomentar la implantación de políticas y programas específicos para la debida restauración ecológica necesaria así como la dotación anual del presupuesto federalizado para lograr los fines de la conservación de dicha cuenca.

Tercero. La Comisión Especial estará integrada por los miembros que determine la Junta de Coordinación Política, en forma proporcional a la representación en la Cámara de Diputados, siendo presidida por el grupo parlamentario del Partido de Morena.

Cuarto. Para el cumplimiento de su objetivo, dicha comisión especial podrá allegarse la información que considere pertinente; así como reunirse cuando lo considere necesario con las autoridades federales, estatales y municipales responsables, organizaciones civiles, y desempeñar cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo, en el ámbito de sus competencias.

Quinto. La Comisión Especial objeto del presente punto de acuerdo funcionará de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento para el Gobierno Interior y demás disposiciones aplicables, contando con la asignación de los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.

Sexto. La duración máxima de los trabajos que realice la Comisión Especial será el mes de agosto de 2021, sin perjuicio de que al cumplirse su objetivo para el cual fue creada, se extinga en forma anticipada, y por la importancia del tema no será rotatoria.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 18 de octubre de dos mil dieciocho.

Diputado Esteban Barajas Barajas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a investigar los asesinatos ocurridos en Reynosa, Tamaulipas, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, y artículo 62 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la proposición con puntos de acuerdo, bajo las siguientes consideraciones:

En el estado de Tamaulipas lamentablemente en los últimos años ha incrementado los actos violentos, así como los asesinatos que quedan impunes.

Es por ello, que a través del presente Punto de Acuerdo exhorto a las autoridades locales y federales a que se investigue el caso de 5 personas muertas y dos heridos, uno de ellos policía ministerial, es el saldo que quedó de los enfrentamientos y persecuciones armadas en el sector La Cañada e Hidalgo de esta Frontera a temprana hora de hoy, en Reynosa Tamaulipas, el día 29 de septiembre del año en curso.

Los incidentes violentos culminaron en el cruce de avenida Del Pasito y boulevard Hidalgo, bajo el nuevo puente elevado. Ahí quedaron 4 cuerpos de sujetos armados, uno bajo un vehículo y dos más en los costados exteriores.

Posterior al incidente del boulevard Hidalgo sujetos no identificados lanzaron “poncha-llantas” al poniente de la misma vialidad para afectar el tráfico.

Al inicio de la refriega ocurrió cerca de la iglesia católica de San Judas Tadeo otra balacera en la colonia La Cañada, después de las 9 horas en los momentos que se oficiaba una misa.

Los feligreses tuvieron que tirarse al suelo ante la cercanía de los disparos, Al menos un vehículo de un asistente al oficio religioso resulto con daños en los cristales.

Compañeras y compañeros diputados solicito su apoyo solidario con todo el apremio y urgencia que este tema amerita, en virtud de que minuto a minuto se están presentando matanzas en el estado de Tamaulipas.

Por lo anterior expuesto, pongo a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República a efecto de que se investiguen los asesinatos ocurridos en Reynosa, Tamaulipas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al presidente electo y su equipo de transición a considerar BCS y todo el territorio de las entidades federativas fronterizas en el proyecto de desarrollo de la zona económica norte y en la política de disminución impositiva, a cargo del diputado Isaías Gonzáles Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI

Isaías González Cuevas, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones II, IV y VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Baja California Sur es una Entidad Federativa que representa el 3.8 por ciento de la extensión territorial con respecto al total de la nación, con una superficie total de 75 675 km2 (setenta y cinco mil seiscientos setenta y cinco kilómetros cuadrados), contando con 5 municipios y 5 160 localidades urbanas y rurales, colinda al norte con Baja California, al este con el Golfo de California, y al sur y oeste con el Océano Pacífico, lo que la pone en un panorama distinto a los demás estados del país, debido a su condición insular y de aislamiento en la que se encuentra.

El costo de vida en la Entidad es más elevado, en gran medida por las tarifas que se pagan por servicios básicos indispensables, como, por ejemplo: el consumo de agua potable es más caro que en la capital de la república; los servicios de energía eléctrica y gas, cuentan con altos costos derivado del uso de aire acondicionado o sistemas de calefacción, necesarios por las condiciones climáticas extremas que vive la región, lo que representa un gran desafío para el desarrollo y la competitividad económica.

Asimismo, el productor interno bruto (PIB) de Baja California Sur representa el 0.8 por ciento con respecto al PIB nacional (2015), de cada 100 pesos aportados a la economía de Baja California Sur, 73.83 son por actividades terciarias, 22.32 por las secundarias y 3.85 por las primarias.

Sumado a que las actividades económicas de los sudcalifornianos enfrentan retos como la competencia comercial con Estados Unidos de Norteamérica, así como la lejanía en la que se encuentran los centros de producción del país, dan como resultado que la calidad de vida de los sudcalifornianos sea vea mermada considerablemente.

A manera de ejemplo, Tijuana se encuentra a 1,600 kilómetros de Baja California Sur, y a 1,800 kilómetros de ciudad de los Cabos. La gran mayoría de los productos que consumen los sudcalifornianos deben cruzar el mar de Cortés, por medio de transbordadores, o son importados, resaltando la dificultad comercial que presenta su zona geográfica.

De acuerdo a datos presentados por el Inegi, el comercio es el sector más importante de Baja California Sur, sin embargo, este ha venido a la baja en los últimos años, perdiendo capacidad económica en las últimas décadas, es por ello, que buscamos condiciones más justas, en razón de que la Entidad es considerada como parte de la región fronteriza desde el decreto del Gral. Lázaro Cárdenas del Río, como Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en 1936, cuya finalidad es fortalecer a su población y quedar integrado al país para salvaguardar la frontera territorial.

En tal virtud, el “Proyecto de Nación 2018- 2024, presentado por el Presidente Electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, detalla una “Zona Estratégica Norte”, cuyo proyecto es desarrollar una zona económica libre en toda la frontera norte del país para rescatar el potencial de la zona.

Dicho documento reconoce que los precios no son competitivos en la zona, y los impuestos indirectos son más altos en México que en Estados Unidos, por lo que propone un régimen de baja tributación con 20 por ciento de ISR a empresas e IVA entre el 7 por ciento y 8 por ciento en los estados localizados al Sur de Estados Unidos.

De la misma manera, el próximo Secretario de Hacienda designado, Carlos Úrzua, informó que la extensión del territorio en la cual se llevará a cabo el Proyecto antes mencionado, será de 30 kilómetros en la zona paralela de la línea fronteriza, y cito: “Vamos a tener un impuesto de IVA en esa zona franca y nada más, de probablemente el 8 por ciento”, fin de la cita.

En consecuencia, esto se traduce como una falta de integración de la zona económica de las regiones del sur de los estados que comprenden la franja fronteriza del norte de la República, provocando la desigualdad de oportunidades en la entidad, desatendiendo todo principio de equidad.

Considerar en la política económica y tributaria las diferencias y la existencia de diversas regiones, es un factor fundamental para reflexionar en una nación, cuando de desarrollo económico y social se trata, por ello, el trato diferenciado se justifica plenamente por el diferencial impositivo que hay con los países con los que se comparte frontera y en específico con la zona insular.

Debido a la disparidad geográfica y económica de Baja California Sur, la política fiscal debe contemplar al estado como una zona de desarrollo económico dentro de la frontera norte, con cargas tributarias diferentes y beneficios fiscales distintos que detonen el bienestar de esta región del país, impulsando la economía local y nacional, generando mayores recursos y coadyuvando en diversos rubros de la economía.

Por lo anterior solicitamos que se reconozca la realidad económica y la desigualdad fiscal de Baja California Sur y de toda la zona fronteriza, en comparación con las de nuestros países vecinos, donde la cercanía de la población a otros negocios con esquemas fiscales más atractivos, coloca a las empresas ubicadas en México en condiciones de desventaja que es necesario mitigar mediante un esquema fiscal diferenciado para reactivar la economía local.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, y a su equipo de transición, para que consideren al estado de Baja California Sur y a todo el territorio de las Entidades Federativas que conforman la franja fronteriza en el proyecto de desarrollo de la zona económica norte y en la política de disminución de impuestos.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 18 de octubre de 2018.

Diputado Isaías González Cuevas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a destinar recursos para prevenir, detectar y atender ITS, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada Nayeli Salvatori Bojalil del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura del honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

Antecedentes

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece en el artículo 4o., párrafo cuarto, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y por ende a los servicios de salud, los cuales son prestados de manera concurrente por la Federación y los estados.

De igual forma, el “Protocolo de San Salvador”, el cual tiene por objeto regular los derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales y del que México es parte, señala en su artículo 10 el derecho de la salud, entendido este como el disfrute de más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

Para ello, el Estado debe adoptar medidas tendientes a hacer efectivo dicho derecho, siendo algunos de estos, la educación de la población para la prevención y tratamiento de problemas de salud, la extensión de los beneficios de salud a todas las personas, así como la debida atención de las enfermedades.

Una de las enfermedades que aqueja a nuestra sociedad y en especial a Puebla, son las infecciones de transmisión sexual, en especial el virus de la inmunodeficiencia humana, conocido como VIH, el cual es un retrovirus que ataca el sistema inmunitario de una persona, causado la destrucción de los linfocitos CD4, evitando la constitución de anticuerpos para combatir infecciones; así como el Síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o Sida, siendo ésta la fase más avanzada por la infección del VIH.

De acuerdo con el Registro Nacional de Casos de VIH y Sida, elaborado por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y Sida (Censida) y la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud señala que en 2017 se diagnosticaron 14 mil 47 nuevos casos, 8 mil 290 de VIH y 5 mil 757 de sida. En lo que va de 2018, se han presentado 6 mil 827 casos, de los cuales 4 mil 183 son de VIH y 2 mil 644 son de sida y un acumulado desde 1983 de 198 mil 598 que padecen de esta infección.

Por lo que respecta a Puebla, en 2017, se notificaron 234 casos de sida y en lo que va de 2018, 125 casos y un acumulado de 8 mil 801 casos, lo que representa 4 por ciento a nivel nacional.

Si bien, el gobierno mexicano ha hecho diversos esfuerzos para contener la transmisión de esta infección, estos han sido insuficientes por la falta información y por los prejuicios que existen hacia las personas que enfrentan esta difícil situación.

De igual forma, la falta de recursos al ramo de salud para atender dicha problemática dificulta a que este grupo vulnerable pueda tener un acceso digno a los servicios de salud como a su tratamiento.

Censida, emite convocatorias de manera anual para que organizaciones de la sociedad civil puedan acceder a recursos federales, de manera que puedan coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones del estado en materia de salud.

Sin embargo, este recurso sólo puede ejercerse de manera temporal durante el segundo semestre del año, por lo que queda todo un semestre sin que éstas puedan apoyar a la causa.

Por lo que respecta a Puebla, existe el Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFASPE), el cual tiene por objeto suministrar recursos federales al Estado para la prevención, detección y atención de enfermedades, entre ellas las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH y sida.

En dicho acuerdo, se establece que para la detección, atención y tratamiento de esta infección, Puebla recibirá en 2018 la cantidad de 688 mil pesos de 202 millones 68 mil 699.26 pesos, es decir, únicamente se destina 0.34 por ciento de los recursos.

De lo anterior, se desprende que los recursos asignados son a todas luces insuficientes para atacar con seriedad este gran problema que afecta a un grupo vulnerable de nuestra sociedad, toda vez que, de acuerdo con reportes, una persona que padece de esta infección necesita de hasta 178 mil pesos para tener un tratamiento digno.

Por último, cabe recordar que el gobierno mexicano firmó en 2011 la “Declaración Política sobre el VIH y el Sida: en la vía rápida para acelerar la lucha contra el VIH y poner fin a la epidemia del sida para 2030” y la cual fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2016, con el objeto de realizar todas las medidas necesarias para la detección y atención integral del VIH y el sida erradicándolo para 2030.

Por lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla para que en el ámbito de sus atribuciones destinen los recursos necesarios para la prevención, detección y atención de infecciones de transmisión sexual en la Ley de Egresos del estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal de 2019.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el 18 de octubre de 2018.

Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a esclarecer los asesinatos de defensores de derechos humanos ocurridos en México de 2006 a la fecha y brindar apoyo a las familias de las víctimas, a cargo de la diputada Maribel Martínez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Maribel Martínez Ruiz, diputada en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El pasado 26 de septiembre, la organización “Mexicanos en el Exilio”, confirmó el lamentable fallecimiento de doña Sara Salazar Hernández, aguerrida defensora de los derechos humanos, de las mujeres y del medio ambiente.

Doña Sara o doña Blanca, como se le conocía en el valle de Juárez en Chihuahua, por su férrea lucha en contra de tiraderos tóxicos y radiactivos que el gobierno de Estados Unidos pretendía instaurar en la zona. Además de esa batalla, exigió el esclarecimiento del caso de las “muertas de Juárez” y denunció fieramente los atentados y detenciones arbitrarias e injustas en ese Estado.

Doña Sara no sólo lidio contra monstruos internacionales, contra la misoginia y los cárteles de la droga, tuvo, en lo personal, que enfrentar las muertes de un nieto, 4 hijas e hijos y una nuera, además de sufrir un sin número de amenazas y atentados, como lo fue el incendio provocado a su casa.

A unos días de su fallecimiento en Estados Unidos, país al que tuvo que migrar porque el gobierno mexicano no pudo protegerla a ella y su familia, también defensoras de derechos humanos, no habría ni cabría mayor homenaje y reconocimiento a su lucha y sacrificio por México que el esclarecimiento de las muertes violentas de su familia, sí, pero también de las defensoras y defensores de derechos humanos en México.

El informe “Defender los derechos humanos en México: El sexenio de la impunidad”, elaborado por el Comité Cerezo México, señala que, desde 2006 hasta mayo de 2018, 228 defensoras y defensores de derechos humanos han sido asesinados y 165 están desaparecidas (os).

Bajo este contexto, el legado de doña Sara Salazar Hernández debe convertirse en un arma de lucha para extirpar de la sociedad la violencia, la corrupción y la impunidad; por ello, propongo que el pleno de esta soberanía exhorte al gobierno federal para que a la brevedad posible se esclarezcan los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos ocurridos desde 2006 a la fecha y brinde apoyo efectivo a las familias de las víctimas, garantizando su seguridad y la no revictimización, además de la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración e implementación de dichos mecanismos de acción.

Asimismo, acatar de manera pronta y efectiva las recomendaciones hechas al Estado mexicano por el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, realizadas en enero de 2017 e informar a esta Soberanía el avance en el cumplimiento de las mismas.

De igual manera, esta Cámara de Diputados debe exhortar al gobierno federal a efecto de que implante políticas públicas para la protección de las y los defensores de derechos humanos desplazados, tal y como es el caso de la familia Reyes Salazar.

En virtud de lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal y a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones, se esclarezcan los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos ocurridos, desde 2006 a la fecha, en México y brinde apoyo efectivo a las familias de las víctimas, garantizando su seguridad y la no revictimización, además de la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración e implementación de dichos mecanismos de acción.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal a acatar de manera pronta y efectiva las recomendaciones realizadas al Estado mexicano por el relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en enero de 2017.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta al gobierno federal a efecto de que implemente políticas públicas para la protección de las y los defensores de derechos humanos desplazados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputados: Maribel Martínez Ruiz(rúbrica), Benjamín Robles Montoya (rúbrica), Margarita García García (rúbrica) y Claudia Angélica Domínguez Vázquez.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a valorar y sancionar con base en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público las infracciones cometidas en Tabasco y SLP, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Martha Angélica Tagle Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta honorable soberanía, el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El Estado mexicano es laico, de acuerdo con el artículo 40 de nuestra Constitución Política: somos una República representativa, democrática, laica y federal. Es la misma situación para los estados y municipios integrantes de la federación, que deben regirse por estos principios para su gobierno interno, indica el artículo 115 constitucional.

Por otra parte, la propia Constitución en su artículo 24 reconoce el derecho de toda persona a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión. Sin embargo, indica claramente que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.

No obstante, el pasado 7 de octubre la alcaldesa del partido Morena, Guadalupe Cruz Izquierdo, en el municipio de Centla, en Tabasco, rindió protesta durante sesión solemne en el cabildo. Acto seguido, en las mismas oficinas públicas ella y su equipo de trabajo fueron bendecidas bajo el manto de un rito de la iglesia protestante. La alcaldesa no se trasladó a la intimidad de su hogar o al recinto de la iglesia de su personal fe para ser bendecida, sino que llevó la religión a las oficinas civiles.

El 19 de septiembre el diputado local potosino por el Partido del Trabajo, Pedro César Carrizales Becerra, llevó a un sacerdote a sus oficinas legislativas para celebrar una liturgia católica de bendición.

Y así podríamos seguir enumerando una serie de eventos violatorios del Estado laico y que no son sancionados.

De acuerdo con la organización Católicas por el Derecho a Decidir, históricamente la laicidad se ha ligado a la separación entre el Estado y las iglesias, sin embargo, más que legislar en materia religiosa, la laicidad surge de la necesidad de que los Estados garanticen que, a pesar de la pluralidad de ideas, haya igualdad en el ejercicio de los derechos y libertades, independientemente de la religión, la convicción filosófica, la identidad de género u orientación sexual, y cualquier otra condición de la persona.

La laicidad del Estado no es una noción intangible, sino la condición imprescindible por excelencia para la garantía del ejercicio pleno de los derechos y las libertades, reconociendo que todos los seres humanos son iguales en dignidad. Algunos principios del estado laico son:

a) Respeto a la libertad de conciencia. La laicidad responde a las crecientes necesidades de una sociedad plural como la nuestra, garantizando a cada persona pensar, creer y sentir conforme a lo que su conciencia le dicte, por ello, la importancia de que el estado garantice la libertad de conciencia.

b) Autonomía de lo político frente a lo religioso. Un Estado laico asegura que el espacio público (que nos pertenece a todas las personas) se mantenga imparcial ante la diversidad de religiones y convicciones filosóficas, por tanto, evita la influencia de las creencias religiosas y la intervención de las iglesias en las leyes y políticas públicas, respetando así, los derechos de la ciudadanía (creyente o no).

c) Igualdad ante la ley y no discriminación. En un Estado laico no se privilegia ni se discrimina persona alguna, en cambio, se promueve una lógica inclusiva, que garantice una ciudadanía plena en igualdad de condiciones, respetando la pluralidad política y religiosa, la multiculturalidad étnica y la diversidad sexual.

d) Voluntad popular. Los estados modernos y democráticos deben estar al servicio del interés público, es decir, el interés de la ciudadanía, que se manifiesta en la voluntad popular y en el respeto a los derechos humanos, donde la legitimidad proviene de la soberanía popular hacia sistemas políticos democráticos.

Es evidente que, en los casos anteriormente citados, los principios del Estado laico han sido trasgredidos, por ello, es necesario que, la autoridad responsable ejerza su atribución para evaluar y, eventualmente, sancionar este comportamiento que atenta contra la pluralidad religiosa y de creencias que prevalece en México y, por tanto, de la convivencia ciudadana pacífica.

De acuerdo con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco en favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. La alcaldesa de Centla o el diputado de San Luis Potosí son agentes del Estado y en consecuencia deben apegarse al marco legal vigente y tal como lo señala el artículo 25 de dicha ley, deben abstenerse de participar en este tipo de actos en el ámbito de lo público, como fue el caso.

La laicidad del Estado es un principio constitucional que debe ser respetado. Muestra de la vigilancia y la protección de este principio la dio la sala regional Monterrey que determinó anular la elección del ayuntamiento de Huimilpan, en el estado de Querétaro, debido a que la candidata electa, Leticia Servín Moya, utilizó en la difusión de su campaña símbolos religiosos y expresiones de fe.

La Sala Regional señaló que con ello la entonces candidata violentó el mandato constitucional de separación Iglesia-Estado, por tanto, declaró la anulación de los comicios.

La Secretaría de Gobernación, como autoridad encargada por ley de la vigilancia del cumplimiento de estos preceptos y de la sanción de aquellos actos que los violenten. Artículo 25: “corresponde al Poder Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, la aplicación de esta ley”, y el artículo 32 que señala que “la imposición de dichas sanciones será competencia de la Secretaría de Gobernación, en los términos del artículo 30”.

En suma corresponde a la Secretaría de Gobernación tomar las medidas pertinentes en estos y todos los casos para que se valoren las infracciones a que se hacen tanto los ministros de culto que intervinieron, como las personas funcionarias de gobierno que están involucradas.

La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público indica entre las infracciones desde el apercibimiento, multa, clausura temporal de derechos de la asociación religiosa en el territorio nacional o bien en un Estado, municipio o localidad; hasta la cancelación del registro de asociación religiosa. Estas sanciones son competencia de la Secretaría de Gobernación, por ello, debe dar cuenta de cuáles han sido las sanciones en los innumerables casos que se han presentado.

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados expresa su respeto a la diversidad de cultos y creencias religiosas y hace un serio extrañamiento respecto los acontecimientos suscitados en los estados de Tabasco y San Luis Potosí por considerar que violentan claramente el principio constitucional de laicidad del Estado.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que, en el ámbito de sus atribuciones, valore y sancione las infracciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público cometidas en los estados de Tabasco y San Luis Potosí.

Dado en la honorable Cámara de Diputados, el 18 de octubre de 2018.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a informar a los trabajadores sobre la ratificación del Convenio 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los principios de sindicación y negociación colectiva, a cargo de la diputada Anita Sánchez Castro, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Anita Sánchez Castro , integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo estipulado en lo establecido por el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente proposición de urgente y obvia resolución con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

México se ha distinguido por el gran número de instrumentos internacionales signados en derechos humanos, lo que viene a cobrar especial relevancia con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 que introduce al orden jurídico nacional todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por nuestro país, resulta altamente significativo que todos esos derechos tengan ahora la jerarquía máxima del ordenamiento constitucional.

Entre dichos tratados destacan los relativos a la materia laboral, considerando tanto los documentos internacionales generales como los específicos en donde encontramos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) creada en 1919.

“Las razones fundamentales por las que se constituyó la OIT son:

I. Porque la paz universal debe basarse necesariamente en la justicia social.

II. Hay condiciones de trabajo en el mundo, que evidencian un estado de miseria y de injusticia social y es urgente cambiar tal panorama.

III. Si algún país o nación no adopta un régimen de trabajo realmente humano, eso sería un obstáculo a los pueblos del mundo que desean mejorar sus condiciones de vida.”1

La libertad sindical es un derecho fundamental de los trabajadores para organizarse y defender sus intereses, se trata de un derecho humano esencial, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes reglamentarias de los apartados A y B del artículo 123 de la Carta Magna y desde luego en diversos instrumentos internacionales ratificados por nuestro país:

En la Constitución federal

- Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto... No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad...”.

- Artículo 123, apartado A, fracción XVI . Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera.

- Artículo 123, apartado B, fracción X . Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes...

En la Ley Federal del Trabajo

- Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.

- Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa. Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la Ley.

- Artículo 358. A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicado o a no formar parte de él...

En la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional

- Artículo 67. Los sindicatos son las asociaciones de trabajadores que laboran en una misma dependencia, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes.

En cuanto a declaraciones y tratados internacionales ratificados por México:

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

- Artículo 20.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

- Artículo 22. 1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.....

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

- Artículo 8.

1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales, y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas;

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

- Artículo 16.

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole...

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”

Artículo 8.

1. Los Estados partes garantizarán:

a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados partes permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados partes también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente....

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación Número 87 de la OIT

- Este importante instrumento, que consta de un preámbulo y 21 artículos divididos en cuatro partes (Libertad sindical, Protección del derecho de sindicación, disposiciones diversas y disposiciones finales), fue adoptado en San Francisco, California, el 9 de julio de 1948, en el marco de la 31 Reunión del Consejo de Administración de la OIT, y ratificado por nuestro país desde 1950

Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo

- Por medio de esta declaración adoptada en 1998, los Estados Miembros de la OIT se comprometen (hayan o no ratificado los convenios pertinentes) a respetar y promover principios y derechos entre los que se encuentran la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.

Todo este andamiaje jurídico en materia de libertad sindical se va a ver fortalecido con la reciente ratificación en el Senado del Convenio número 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, acuerdo complementario del número 87.

“El Convenio 98 plantea su esencia en dos artículos iniciales; en el primero establece que los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. El segundo, protege a las organizaciones en su constitución, funcionamiento o administración. Su segundo párrafo parece diseñado para nuestro país: Se consideran actos de injerencia las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores.”2

Este convenio contiene disposiciones expresas dirigidas a la protección de los trabajadores a efecto de que éstos puedan ejercer libremente su derecho de asociación, esto es a pertenecer o no a un sindicato, sin ser despedidos o discriminados por ejercer este derecho. El convenio 98 también resulta muy importante al imponer a los Estados parte la obligación de proteger a las organizaciones de trabajadores de actos de injerencia y control por parte del patrón, así como para fomentar y proteger la negociación colectiva.

Después de décadas de lucha, en un hecho histórico, el día 18 de septiembre de 2018, el Senado por unanimidad ratificó el Convenio 98 de la OIT, sin duda un gran avance en el mundo laboral que fortalecerá la libertad y democracia sindical.

Sin embargo, las estadísticas nos indican que la mayoría de los trabajadores del país no conoce sus derechos laborales ni sindicales. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha declarado que los trabajadores acuden a esa dependencia por información con respecto a prestaciones, contratos o sea sus derechos básicos.

Es también sabido que los sindicatos “charros” y las centrales sindicales corporativas se han ocupado de mantener a la base trabajadora sin información, pues eso ayuda a su control y poder negociar sin consulta alguna, siempre por desconocimiento.

Ahora que se tiene la oportunidad de avanzar en la democratización de los sindicatos, es prioritario que los trabajadores conozcan sus derechos de sindicación y negociación colectiva, para que puedan ejercerlos libremente.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que informe de manera inmediata la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la aplicación de los Principios de Sindicación y de Negociación Colectiva, en todos los centros de trabajo, sindicatos, centrales y federaciones sindicales, para su debida aplicación.

Notas

1 Dávalos, José. Derecho del Trabajo I. Porrúa, México, novena edición, 1999, p. 46

2 Alcalde Justiniani, Arturo. “¿Y el Convenio 98 de la OIT, para cuándo?”

http://www.jornada.unam.mx/2013/04/06/politica/021a2pol

Dado en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 18 de octubre del 2018.

Diputada Anita Sánchez Castro (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Nuevo León a aplicar en su totalidad el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN

Raúl Gracia Guzmán, en su carácter de integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar respetuosamente al gobierno de Nuevo León a aplicar en su totalidad el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Exposición de Motivos

1. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) es de carácter presupuestal. Con él se transfieren recursos económicos a todos los estados y la Ciudad de México; con estos recursos se busca dar cumplimiento a los ejes estratégicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El FASP se orienta en 10 programas con prioridad nacional:

1. Desarrollo de capacidades en las instituciones locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.

2. Desarrollo, profesionalización y certificación policial.

3. Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial.

4. Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios.

5. Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.

6. Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.

7. Sistema nacional de información para la seguridad pública.

8. Sistema nacional de atención de llamadas de emergencia y denuncias ciudadanas.

9. Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.

10. Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas (Pública, 2018).1

2. De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos federales del FASP se determinarán anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación:

Artículo 44. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos federales, mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho fondo.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará la distribución de los recursos federales que integran este fondo entre los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (ley, 2018).2

3. Para determinar la distribución de los recursos destinados a cada entidad federativa, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a propuesta de la Secretaría de Gobernación y por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, utiliza criterios que incorporan el número de habitantes de los estados y de la Ciudad de México; el índice de ocupación penitenciaria; la implantación de programas de prevención del delito; o los recursos destinados a apoyar las acciones que en materia de seguridad pública desarrollen los municipios y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura, la Ley de Coordinación Fiscal establece:

La información relacionada con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación en dicho diario del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate (ley, 2018).

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, el fondo se entregará de manera mensual por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros 10 meses del año a todas las entidades federativas:

Este fondo se entregará mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez meses del año a los estados y al Distrito Federal, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo (ley, 2018).

4. Para tener un control de los recursos, todos los estados y la Ciudad de México reportarán trimestralmente a la Secretaría de Gobernación a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el ejercicio de los recursos del fondo, asimismo del avance y el cumplimiento de las metas. Para dar mayor transparencia al destino de los recursos, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales informarán trimestralmente de los montos que reciban, el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de este Fondo. Lo anterior, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y conforme a los formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

5. Nuevo León, dispone para 2018 de un total de 387 millones 91 mil 449.67 de pesos, de acuerdo con lo publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el anexo técnico del convenio de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2018. De ellos, la aportación federal fue de 267 millones 171 mil 93.00 pesos; y la estatal, de 119 millones 920 mil 356.67.3

Pese a contar con esta cantidad de dinero, el gobierno del estado ha ejercicio muy poco recurso: apenas 10 millones de pesos, 3 por ciento del presupuesto, centrándose el gasto en el sistema penitenciario y de justicia para adolescentes. Así se ve en lo publicado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública:

(Fondo de Aportaciones, 2018.)4

6. En Nuevo León, durante septiembre del año en curso se registraron 89 homicidios dolosos, una cifra que igualó el número más alto durante la actual administración que se registró el mes de febrero de 2016, de acuerdo con cifras publicadas por la Fiscalía General del Estado:

(Fiscalía General, 2018.)5

Como se observa, el número de homicidios es superior a la media y al cierre de mes, septiembre puede ser el periodo con el mayor número de asesinatos en todo el año.

Consideraciones

I. Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. El gobierno de Nuevo León enfrenta una crisis de inseguridad, de motines en diferentes penales. Por si eso fuera poco, el 3 de octubre del año en curso en el tutelar de menores de Escobedo se presentó un intento de fuga. Este escenario refleja la incapacidad del gobierno del estado para dar respuesta al reto en materia de seguridad que enfrenta la entidad.

Si bien para hacer frente a la inseguridad y los constantes eventos delictivos que se presentan se requieren recursos humanos y materiales, el recurso económico es la parte medular de esta tarea, sin embargo, a pesar de tener dinero el gobierno del estado no lo aplica, ejemplo de ello es la poca por no llamar nula aplicación de recursos otorgados por la federación y los que también aporta el gobierno estatal.

III. Es necesario que el gobierno de Nuevo León aplique los recursos destinados a cada programa de prioridad nacional, de lo contrario se podría generar un subejercicio e inverso al discurso de combate a la delincuencia se incrementaría la incidencia delictiva.

Por lo expuesto y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Nuevo León a aplicar en su totalidad el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.

Notas

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Recuperado de

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/fondo-de- aportaciones-para-la-seguridad-publica-fasp Revisión hecha el 8 de octubre de 2018.

2 Ley de Coordinación Fiscal. Recuperada de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pdf Revisión hecha el 8 de octubre de 2018.

3 Anexo técnico del convenio de coordinación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2018. Recuperado de

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/331356/AN EXO_T_CNICO_FASP_NUEVO_LEON_2018.pdf Revisión hecha el 9 de octubre de 2018.

4 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2018. Recuperado de http://www.sesnsp-met.com/ Revisión hecha el 9 de octubre de 2018.

5 Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Consulta las estadísticas de los homicidios dolosos registrados en Nuevo León. El índice delictivo general está detallado por mes y comprende de 2015 a 2018. Recuperado de https://fiscalianl.gob.mx/estadisticas/estadistica-de-homicidios-en-nue vo-leon/ Revisión hecha el 9 de octubre de 2018.

Fuentes consultadas

Fiscalía General, d. e. (9 de octubre de 2018). Consulta las estadísticas de los homicidios dolosos registrados en Nuevo León. El índice delictivo general está detallado por mes y comprende 2015 a 2018. Obtenido de https://fiscalianl.gob.mx/estadisticas/estadistica-de-homicidios-en-nue vo-leon/

Fondo de Aportaciones, p. l. (9 de octubre de 2018). Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal de 2018. Obtenido de

http://www.sesnsp-met.com/

Ley, d. C. (8 de octubre de 2018). Ley de Coordinación Fiscal. Obtenida de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/31_300118.pd

Pública, S. E. (8 de octubre de 2018). Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Obtenido de https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/fondo-de-aportaciones-pa ra-la-seguridad-publica-fasp

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2018.

Diputado Raúl Gracia Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a promover campañas informativas y de toma conciencia sobre los riesgos y las consecuencias del cáncer de cabeza y cuello, a cargo de la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Laura Barrera Fortoul, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, promueva campañas informativas y de concientización sobre los riesgos y las consecuencias del cáncer de cabeza y cuello, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Entre las enfermedades que aún padece la población en el mundo se encuentra el cáncer de cabeza y cuello. De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer (NCI, por sus siglas en inglés), los cánceres de cabeza y cuello son los cánceres de laringe, garganta, labios, boca, nariz y glándulas salivales.1 El cáncer en el ojo, cerebro, cuero cabelludo, piel, músculos, hueso y sangre no se consideran parte de este grupo.

La mayoría de los cánceres de cabeza y cuello son encontrados en las células epiteliales escamosas (células planas que recubren las superficies húmedas y mucosas) de estas estructuras y, estas células cancerosas se llaman carcinomas. El cáncer que se encuentra limitado a esta área de revestimiento externa se llama carcinoma in situ.

Entre los principales factores de riesgo de este tipo de cáncer se encuentran los siguientes:

• Uso de tabaco y el consumo de alcohol en exceso. Por sí solo, el tabaco se adjudica más de 75 por ciento de los casos de cáncer de cabeza y cuello. Los bebedores también son más propensos a desarrollarlo;

• Historia familiar, cuando hay algún antecedente familiar de este tipo de cáncer;

• Edad, la mayor parte de casos se encuentra en personas de 50 años o mayores, pero debido a la prevalencia del virus del papiloma humano (VPH) entre los jóvenes, la edad media para el cáncer de cabeza y cuello está reduciendo;

• Género, se ha encontrado que los hombres son más propensos que las mujeres a contraer ese cáncer;

• El VPH;

• Nutrición, las deficiencias de vitaminas o una diera alta en grasas y baja en vegetales, puede incrementa el riesgo; y

• Exposición en los lugares de trabajo, por respirar polvo de ciertas sustancias, incluidos madera, textiles, cuero, níquel y cromo; malas prácticas de higiene bucal; y radiación, es decir, exposición prolongada a la luz solar o a rayos X, principalmente.

Para dimensionar la gravedad y magnitud de esta enfermedad, basta señalar que ocupa en sexto lugar en los tipos más comunes de cáncer alrededor del mundo y representa 6 por ciento de todos los tumores.2 Se diagnostican 560 mil casos nuevos y ocurren 300 mil muertes anualmente y se estima que para 2020 el crecimiento y envejecimiento de la población dará lugar a una duplicación de esta cifras, con más de 1 millón de casos nuevos y más de medio millón de defunciones.3

Además de los efectos en la salud de los pacientes, el cáncer de cabeza y cuello, representa altos costos económicos para su tratamiento. En 2010, el costo global del tratamiento del cáncer fue de 153 billones de dólares y se estima que para 2020 sea de 174 billones. Se calcula que en Estados Unidos se gastan alrededor de 3.6 mil millones de dólares anuales en el tratamiento de dicho cáncer y es de señalar que el valor o el costo económico en algunos países pueden establecer limitaciones para los pacientes de más bajos ingresos.

México no escapa a los efectos de esta grave enfermedad. La población presenta un elevado índice de incidencia de varios tipos de cáncer, pero se conoce poco de otros que son igualmente mortales como el de cabeza y cuello. Cifras estimadas indican que representa 17.6 por ciento de los tumores y cada año se presentan 6 mil nuevos casos, mientras que es causante de 2 mil 300 muertes anuales.4

Estamos hablando de que un tercio de las personas a quienes se les detecta le cáncer, mueren. La tasa de mortalidad es alta porque la mayoría de los pacientes son diagnosticados en una etapa avanzada.5

La diversidad de síntomas y su similitud con otras enfermedades dificultan su diagnóstico oportuno. En efecto, en el país 70 por ciento de los casos de cáncer de cabeza y cuello se diagnostican en etapas avanzadas.6

Este tipo de cáncer ocurre con mayor frecuencia en personas de entre 20 y 40 años y su mayor problema es el diagnóstico porque en muchas ocasiones los pacientes confunden los síntomas del cáncer de cabeza con infecciones en la garganta.

Para atraer la atención mundial sobre el cuidado y control de este tipo de cáncer, en 2014 la Federación Internacional de Sociedades de Oncología de Cabeza y Cuello (IFHNOS, por sus siglas en inglés) declaró el 27 de julio como el Día Mundial de Cáncer de Cabeza y Cuello. Ese día está dedicado a la realización de jornadas de concientización, diagnóstico precoz, prevención y educación médica continua.

De acuerdo con los especialistas, la prevención, detección y atención oportuna son la mejor manera de combatir este y los otros tipos de cáncer que padecen muchos mexicanos actualmente. Para ello, es fundamental contar con la información necesaria sobre sus principales riesgos y consecuencias, así como una mayor concientización en torno a su impacto en la salud y la economía de las familias.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, promueva campañas informativas y de concientización sobre los riesgos y las consecuencias del cáncer de cabeza y cuello.

Notas

1 https://www.cancer.gov/espanol/tipos/cabeza-cuello

2 https://www.cancerquest.org/es/para-los-pacientes/cancer-por-tipo/cance r-de-cabeza-y-

cuello?gclid=EAIaIQobChMI8bSHhuTq3QIVkoppCh3uvgfjEAAYASA AEgLAfPD_BwE#risk-factors

3 http://www.medigraphic.com/pdfs/medicadelcentro/mec-2015/mec154s.pdf

4 https://www.debate.com.mx/salud/cancer-de-cabeza-cuello-diagnostico-tar dio-oncologia-20180728-0169.html

5 ttps://saludiario.com/cada-ano-se-registran-5-mil-900-casos-de-cancer-d e-cabeza-y-cuello-en-mexico/

6 http://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/en-m-xico-el-70-por-ciento-d e-c-ncer-de-cabeza-se-diagnostica-en-etapa-avanzada

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Laura Barrera Fortoul (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la colocación de kioscos electrónicos en los módulos de repatriación de la frontera norte, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada federal Claudia Angélica Domínguez Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 66, numeral 4, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o., párrafo octavo que “toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento.”1

Esta reforma establece en su artículo tercero transitorio que, en un plazo no mayor a seis meses, a partir de la entrada en vigor del decreto, las representaciones de México en el exterior, deberán implementar la expedición de las actas del Registro Civil a través de mecanismos electrónicos.

Como podemos observar la implementación de las tecnologías de la información en nuestras vidas, se hace cada vez más necesario, por ello, debemos seguir impulsando acciones que permitan garantizar nuestros derechos.

Para los que vivimos al interior del territorio mexicano es ahora más fácil adquirir un acta de nacimiento ante los Registro Civiles, con el simple hecho de dar el nombre y fecha de nacimiento, o en su caso, si contamos con una copia, podemos asistir a los centros comerciales y encontrar máquinas expendedoras de actas de nacimiento.

Pero, ¿qué pasa con nuestros connacionales que son repatriados por Estados Unidos a México, sin nada más que con lo que traen puesto?; a esos ciudadanos mexicano que por el hecho de ir a buscar a otras tierras un trabajo mejor pagado le son arrebatos sus pertenencias, para poder encontrar algún pretexto y deportarlos; a esos mexicanos que arriesgan su vida, día a día, no sólo durante sus jornadas de trabajo, sino también su travesía para cruzar la frontera norte.

De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, con base en la información registrada en los puntos oficiales de repatriación del Instituto Nacional de Migración, se informa que de enero a agosto de este año, se tramitaron un total de 16 mil 839 actas de nacimiento2 Es decir, en enero de este año se tramitaron 717 actas de nacimiento, para el mes de agosto la cifra se triplico, debido a que se tramitaron más de 2 mil 500 actas de nacimiento; lo anterior, como resultado de la política migratoria emprendida por nuestro país vecino del norte, en la que se ha intensificado la repatriación de nuestros connacionales, sólo basta mencionar que, durante el primer trimestre de 2018, se llevaron a cabo más de 48 mil deportaciones.

Cifra alarmante que nos obliga como representantes populares, a poner el tema sobre la mesa y discutirlo, buscar mecanismos que les permitan regresar a su lugar de origen con por lo menos algo más que agua y alimentos, es necesario otorgarles a su regreso a México, copia vigente de su acta de nacimiento, a fin de que puedan realizar diversos trámites, como la tramitación de su credencial de elector, solicitar la recuperación de sus hijos que se quedaron en Estados Unidos o el simple hecho de demostrar que son de nacionalidad mexicana.

Sabemos que existe un programa de repatriación, que ofrece, entre otros servicios, el de información y orientación de los diversos apoyos que pueden recibir los repatriados en México; agua y alimento para cubrir sus necesidades inmediatas; comunicación con el consulado mexicano si se desea hacer una denuncia en contra de la autoridad migratoria extranjera; asistencia médica y psicológica; llamadas telefónicas nacionales e internacionales para comunicarse con familiares o personas de su confianza; canalización a albergues temporales que cubran sus necesidades básicas; traslados locales a sus lugares de origen, albergues, oficinas de gobierno, otorgamiento al repatriado de una constancia sobre su ingreso; porque no también garantizarles el otorgamiento de un acta de nacimiento a través de estas máquinas expendedoras.

Por lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Exhortar a la Secretaría de Gobernación, para que a través del Instituto Nacional de Migración y la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal, puedan colocar kioscos electrónicos en los Módulos de Repatriación en la frontera norte, a fin de que los connacionales deportados obtengan una copia de su acta de nacimiento; e intensifiquen las acciones que actualmente realizan respecto de la entrega de actas de nacimiento.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

2 http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/V_Repatriacion_de_mexi canos_de_EUA

Palacio Legislativo, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP, la CRE y la CFE a aplicar una tarifa eléctrica especial en favor de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, no gubernamentales y sin fines de lucro, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las Comisiones Reguladora de Energía y Federal de Electricidad, a aplicar una tarifa eléctrica especial en favor de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y organizaciones sin fines de lucro, con base en las siguientes

Consideraciones

El artículo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la libertad de asociación de los ciudadanos mexicanos de manera pacífica y con cualquier objeto licito.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) se han convertido en una importante herramienta para influir en las políticas públicas, promover el empoderamiento de los ciudadanos, promover la transparencia y la rendición de cuentas, colaborar en la toma de decisiones de las autoridades, crear redes de participación, promover los derechos humanos, entre muchas otras cosas.

Nuestro país actualmente sufre una grave crisis de violencia, inseguridad y violaciones a los derechos humanos. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año se han registrado los niveles de violencia más altos en los últimos 21 años, tan sólo el pasado mes de julio se presentaron 2 mil 599 homicidios dolosos, la cifra más alta desde que el gobierno federal comenzó a llevar un registro.1

En el mismo sentido, en el periodo de enero a agosto de 2018, se han registrado un millón 229 mil 913 presuntos delitos en el territorio nacional, siendo las entidades con mayor registro de incidencia el estado de México con 179 mil 132, Ciudad de México con 152 mil 076, Jalisco con 80 mil 895 y Guanajuato con 89 mil 353 delitos.2

Asimismo, el estudio denominado El índice de paz en México 2018 del Institute for Economics and Peace (IEP), encontró que las principales causas del aumento de la violencia se debe entre otras causas al conflicto entre grupos criminales y su desmantelamiento, lo que ha provocado que al desarticularse, sus miembros regresen a la delincuencia común.

Es por ello que las organizaciones de la sociedad civil se encuentran realizando importantes contribuciones para fortalecer y restablecer el tejido social, tal es el caso de Tamaulipas, uno de los estados de la República Mexicana más golpeados por la delincuencia y que en algún momento fue considerado el más violento del país.3

En este estado del país, el gobierno del estado, específicamente la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, ha elaborado una estrategia para impulsar mediante el otorgamiento de programas sociales a las organizaciones de la sociedad con el fin de que en conjunto se implementen y promuevan acciones en materia de prevención del delito, reinserción y readaptación social, así como reducción en el índice de violencia.4

En consecuencia, considero conveniente que el gobierno federal también contribuya a fortalecer a dichas organizaciones para que puedan realizar sus actividades en favor de la sociedad y que los recursos que se gestionen, se apliquen en su mayoría a los fines para los que fueron constituidas.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a las Comisiones Reguladora de Energía y Federal de Electricidad, a aplicar una tarifa eléctrica especial en favor de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y organizaciones sin fines de lucro.

Notas

1 https://datos.gob.mx/busca/dataset/secretariado-ejecutivo-del-sistema-n acional-de-seguridad-publica

2 http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-del ictiva-acumulado.php

3 https://elpais.com/internacional/2015/04/15/actualidad/1429128474_28389 5.html

4 https://www.tamaulipas.gob.mx/bienestarsocial/bienestar-para-organizaci ones-de-la-sociedad-civil/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía a realizar una declaración institucional contra el Manual de Clasificación de Enfermedades Mentales, de la OMS, pues considera incongruencia o disforia de género la transexualidad, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III; 272; y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos; de tal suerte que toda persona tiene derecho al pleno disfrute de los derechos humanos, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición; incluyendo, el libre desarrollo de la personalidad y la identidad de género.

No obstante, las actitudes de transfobia, entendida como miedo, discriminación u odio contra las personas transgénero, sumamente arraigadas, a menudo combinadas con la falta de protección jurídica adecuada contra la discriminación basada en la identidad de género, exponen a muchas personas transgénero a violaciones flagrantes de sus derechos humanos. Dicha discriminación se expresa en el mercado laboral, en las escuelas, en los hospitales y son víctimas selectivas de ataques físicos: golpes, violencia sexual, tortura y asesinato por cuestiones de identidad de género.

Resulta entonces que el argumento en favor de extender a las personas transgénero los mismos derechos que gozan todas las demás personas no es radical ni complicado. Está fundamentado en dos principios esenciales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: igualdad y no discriminación. De ahí que todas las personas, cualquiera sea su sexo o identidad de género, tienen derecho a disfrutar de la protección establecida en las normas internacionales de derechos humanos que constituyen normas vigentes en México, incluido el respeto al derecho a la vida, el derecho a la integridad, al libre desarrollo de la personalidad, a vivir libre de tortura, al reconocimiento de su personalidad jurídica y a estar libre de discriminación.

Las personas transgénero están expuestas a una serie de vulnerabilidades, tales como la discriminación generalizada por parte de sus familias y de las comunidades étnicas a las que pertenecen, la violencia del crimen organizado, y la propensión a ser blanco de crímenes de odio, sin que exista ninguna política pública o estrategia de gobierno eficaz para protegerlas de dichos abusos y violaciones a su integridad.

Varios reportes dan cuenta de vulneraciones de los derechos humanos de las personas transgénero, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y detenciones arbitrarias, y que van más allá de la categorización generalizada de crimen de odio con que estos casos suelen etiquetarse y del contexto de violencia extendida que hay en México.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación correspondiente a 2017, del Inegi, las personas transgénero son el grupo poblacional más discriminado o violentado en el ejercicio y en la garantía de sus derechos y libertades fundamentales: 72 por ciento opinan que se respetan poco o nada los derechos de las personas transgénero en México; 33 por ciento de las mujeres y 41 de los hombres entrevistados no rentaría un cuarto de su vivienda a una persona transgénero. Varias organizaciones de la sociedad civil, así como observatorios especializados en la materia, señalan a México con el segundo país con mayor número de crímenes de odio hacía las personas transgénero y alertan sobre un promedio muy bajo de esperanza de vida para las mujeres transgénero, que no superaría 37 años.

Adicionalmente, el paradigma de la transfobia facilita una impunidad sistemática ante las violaciones de los derechos humanos contra esta población. Hay evidencias de la impunidad que se manifiesta en una cultura de silencio, que obstaculiza la interposición de denuncias, en la carencia de un enfoque diferenciado para el abordaje de los casos y en la ausencia de una normativa sobre identidad de género.

El derecho internacional define discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia u otro trato diferenciado que se base, directa o indirectamente, en un fundamento prohibido de discriminación y que tenga la intención de causar o anular o afectar el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de derechos garantizados por el derecho internacional.1

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha establecido que “en ninguno de nuestros tratados de derechos humanos existe letra pequeña o cláusula de exención oculta alguna que pudiera permitir que un Estado garantizara derechos plenos a algunos, pero se los denegara a otros exclusivamente por razón de su orientación sexual o su identidad de género”.2

Conforme a las normas internacionales de derechos humanos, la orientación sexual y la identidad de género figuran entre los motivos de discriminación que se prohíben, y esto significa que es ilegítimo hacer cualquier distinción en materia de derechos de las personas por el hecho de que sean lesbianas, gay, bisexual o transgénero, transexuales, travesti o intersexual, como lo es también por motivo del color de la piel, la raza, el sexo, la religión o cualquier otra condición.

Las personas transgénero experimentan discriminación en muchos y variados aspectos de la vida cotidiana. Sufren tanto de discriminación oficial, en la forma de leyes y políticas estatales que les prohíben ciertas formas de empleo y les niegan acceso a beneficios, como de discriminación extraoficial, en la forma de estigma social, exclusión y prejuicios, incluso en el trabajo, el hogar, la escuela y las instituciones de atención de la salud. Sin embargo, las normas internacionales de derechos humanos prohíben la discriminación sobre la base de la identidad de género. La identidad de género, al igual que la raza, el sexo, el color o la religión, no son fundamentos permisibles para establecer distinciones.

Pese a que el marco jurídico prevé que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, esta realidad jurídica no ha permeado las realidades sociales de las personas transgénero, transexuales y travestis, debido a que aún existen particulares y personas servidoras públicas que dentro de sus ámbitos de decisión e influencia, se empeñan en perpetuar acciones que estigmatizan, minimizan, menoscaban y anulan la dignidad, derechos y libertades de las personas transgénero. Dicha incertidumbre ha motivado la interposición de acciones legales por medio de las cuales se consulta al máximo tribunal del Estado mexicano, respecto de si las personas transgénero cuentan o no con los mismos derechos que el resto de la población.

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a favor del reconocimiento del derecho sustantivo a la igualdad jurídica de las personas transgénero, transexuales y travestis por medio de la protección de la autodeterminación, del derecho a la intimidad, de la propia imagen, de la identidad personal y sexual, como un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona.

Todas las personas tienen derecho a gozar, sin distinción, de todos los derechos como son: educación, alimentación, salud, vivienda, recreación, a un medio ambiente sano, a la identidad, al acceso a la cultura, al trabajo, a la libertad de opinión y de reunión, al libre tránsito y acceso lugares públicos y lugares abiertos al público dentro del territorio nacional, a la legalidad y la certeza jurídica, a la privacidad, al acceso a la justicia, a profesar la fe o religión que se elija, a la propiedad privada, entre otros. Incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o la exclusión, es considerado discriminación y, por tanto, es denunciable.

Desde 2009, el movimiento internacional Stop Transgender Pathologization ha elegido el 21 de octubre como el día de movilización y de campaña global para exponer y denunciar los efectos que conlleva la patologización de las identidades de género, corporalidades y subjetividades transgénero; instauró el 21 de octubre como Día Internacional de Acción por la Despatologización.

En México, las personas travestis, transgénero y transexuales se encuentran protegidas por el artículo 1o. de la Constitución que prohíbe la discriminación y por diversas normativas nacionales y estatales que consideran derechos garantizados la libre expresión de género.

El derecho a la rectificación del acta de nacimiento en nombre y género para personas travestis, transgénero y transexuales a través de un trámite administrativo de acceso público es una realidad en la Ciudad de México, Michoacán y Nayarit, al tiempo que en Hidalgo el Congreso realiza mesas de trabajo con la sociedad civil para que la entidad sea la cuarta en el país en permitir esta posibilidad.

La Constitución de la Ciudad de México incluyó a las poblaciones travesti, transgénero y transexual en el texto constitucional con base en dos principios primordiales: el derecho a la libre autodeterminación de los cuerpos y la libre construcción de la personalidad.

Ante lo expuesto, se considera necesario, en congruencia con las normativas mencionadas, que cualquier visión proveniente de la medicina u otra disciplina que vincule a las personas travestis, transgénero y transexuales con una anomalía, desorden o trastorno, atentaría contra el derecho a la no discriminación, a la igualdad de oportunidades y a la dignidad de la persona.

El señalamiento de una enfermedad hacia una población específica la estigmatiza y puede generar exclusión, prejuicios, discriminación y obstáculos en el desarrollo sociocultural de quienes integran los grupos poblacionales señalados, advierte el sociólogo Erwin Goffman en su teoría del estigma.

La inclusión, la mención y el abordaje de la condición trans en los manuales de salud mental o catálogos de trastornos mentales desarrollados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos (APA) vulneran los derechos de las personas travestis, transgénero y transexuales habitantes de la República Mexicana.

El abordaje de la condición transexual por la APA en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales se basa en el concepto de la disforia de género, terminología definida desde 1974 para señalar cuadros patologizantes en las dinámicas anímicas y mentales de personas que no se sienten identificadas con el género social adjudicado en concordancia con sus genitales al nacer.

De igual forma, la Organización Mundial de la Salud, en la undécima edición del Manual de Clasificación de Enfermedades Mentales (CIE-11) ha patologizado a las poblaciones travesti, transgénero y transexuales, al definir la condición en adultos y adolescentes como “una incongruencia marcada y persistente entre el género experimentado del individuo y el sexo asignado, que a menudo conduce a un deseo de ‘transición’, para vivir y ser aceptado como una persona del género experimentado a través del tratamiento hormonal, la cirugía u otras prestaciones sanitarias para alinear el cuerpo, tanto como se desee y en la medida de lo posible, con el género experimentado”.

La nueva clasificación de la transexualidad, considerada ahora “incongruencia de género” la desplaza de las enfermedades mentales y la coloca dentro del capítulo de las disfunciones sexuales, para quedar en una cuestión física, definiéndola, como la falta de adecuación del cuerpo al género que siente la persona. Así, la nueva visión patologizante de la transexualidad en el CIE-11, la coloca en el capítulo sobre “Condiciones relativas a la salud sexual” junto a otros conceptos como “disfunciones sexuales” o “trastornos relacionados con dolencias sexuales”.

Hasta ahora, el CIE-10 calificaba la transexualidad como “un deseo de vivir y ser aceptado como miembro del sexo opuesto, por lo general acompañado de malestar o desacuerdo con el sexo anatómico, y de deseo de someterse a tratamiento quirúrgico u hormonal para hacer que el propio cuerpo concuerde lo más posible con el sexo preferido”.

Tanto la visión de la OMS como de la APA, caen en contradicción con la herramienta internacional firmada por México, conocida como Los Principios de Yogyakarta, que busca garantizar los derechos a la orientación sexual e identidad de género. Resaltando que los catálogos mencionados, se oponen específicamente a los siguientes principios:

Principio 3: El derecho al reconocimiento de la Personalidad jurídica: La orientación sexual o identidad de género que cada persona defina para sí, es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de la autodeterminación, la dignidad y la libertad. Ninguna persona será obligada a someterse a procedimientos médicos, incluyendo esterilización, cirugía de reasignación de sexo y terapia hormonal como requisito para el reconocimiento legal de su identidad de género. Ninguna persona será sometida a presiones para ocultar, suprimir o negar su orientación sexual o identidad de género.

Principio 18: Protección contra abusos médicos: Ninguna persona será obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento, procedimiento o exámenes médicos o psicológicos, ni a permanecer confinada en un centro médico, con motivo de su orientación sexual o identidad de género. Con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual y la identidad de género de una persona no son, en sí mismas, condiciones médicas y no deberán ser tratadas, curadas o suprimidas.

Principio 19: El derecho a la libertad de opinión y de expresión: Incluyendo la expresión de la identidad o la personalidad mediante el lenguaje, la apariencia y el comportamiento, la vestimenta, las características corporales, la elección de nombre o cualquier otro medio, como también la libertad de buscar, recibir e impartir información e ideas de todos los tipos, incluso la concerniente a los derechos humanos, la orientación sexual y la identidad de género, a través de cualquier medio y sin consideración a las fronteras.

Los Principios de Yogyakarta sirvieron de base tanto para el mencionado Protocolo del Instituto Nacional Electoral para garantizar el voto de las personas travestis, transgénero y transexuales como en la actualización del Protocolo de Actuación Policial para los Derechos de las Poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero y Transexual, implantado por la Secretaría de Seguridad Publica de la Ciudad de México en octubre de 2018.

Por lo motivado y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se solicita a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que realice una declaración institucional contra el Manual de Clasificación de Enfermedades Mentales, o CIE-11, de la Organización Mundial de la Salud, por considerar a la condición transexual como una incongruencia o disforia de género.

Notas

1 Comité de Derechos Humanos, observación general número 18, párrafo 7; y Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general número 20, párrafo 7.

2 Alto Comisionado de las Naciones Unidas, “Normas internacionales de derechos humanos y orientación sexual e identidad de género”, campaña Libres e Iguales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y las entidades federativas a implantar una estrategia de prevención y detección oportuna del cáncer de mama con base en la autoexploración y mastografía a través de unidades médicas móviles con servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento, a cargo de la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, María Ester Alonzo Morales, diputada a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2, y 79, numerales 1, fracción II y 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se estima que el cáncer matará a 9.6 millones de personas en 2018, por lo que debemos de aumentar la atención y el apoyo prestados a la concientización, detección temprana y tratamiento adecuado. Según este organismo, en el mundo cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso y se registran 460 mil muertes anuales aproximadamente debido al cáncer de mama.

En México, el mes de octubre que se ha determinado como el Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama, nos hace un apremiante recordatorio sobre esta problemática, ya que el cáncer es la tercera causa de muerte.

En nuestro país se reportan 14 mil casos nuevos al año, de los cuales sólo 15 por ciento se diagnostican y atienden en etapas tempranas.

El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células anormales. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo e invadir el tejido circundante y puede también provocar metástasis en puntos distantes del organismo.1 Cuando el cáncer se detecta en una etapa temprana, las posibilidades de curación se potencializan. El cáncer más frecuente en las mujeres es el de mama, por ello desde el año 2006, gracias a la detección temprana y opciones de tratamiento, se ha demostrado que la tasa de mortalidad disminuye. Un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan, como ya se dijo, en una fase temprana.2

Debido a su impacto, y como iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año alrededor del mundo durante el mes de octubre se realizan diversos eventos cuya finalidad es “concientizar e incentivar la autoexploración mamaria y el diagnóstico temprano”, motivo por el cual se le conoce como Octubre: mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama.

Por su parte, el 19 del mismo mes se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, lo cual representa no sólo un apoyo moral sino un compromiso de los gobiernos de ejercitar acciones en beneficio de las mujeres que lo padecen.3

En México, la Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011 para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer de Mama contempla tres medidas de detección: la autoexploración, el examen clínico de las mamas y la mastografía.

“La primera debe promoverse de forma tal que las mujeres la realicen a partir de los 20 años; el examen clínico a partir de los 25 años y la mastografía de los 40 a los 69 años, cada dos años. En las mujeres mayores de 70 años, la mastografía se realiza bajo indicación médica ante antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama. Este estudio no se recomienda en mujeres menores de 40 años, pero puede realizarse si existe algún indicio de alteración de los senos en el examen clínico de mamas”.4

Pese a lo anterior, aproximadamente 60 por ciento de los casos lamentablemente se detectan en etapas avanzadas, lo que incrementa las probabilidades de muerte. En México, los factores de riesgo en adultos fueron: obesidad, inactividad física, consumo actual de tabaco, consumo doméstico de combustibles sólidos y consumo per cápita de alcohol.5

De ahí la imperiosa necesidad de su detección temprana a partir de dos actividades principalmente, que son:

• Diagnóstico temprano: consiste en conocer los signos y síntomas iniciales para facilitar el diagnóstico y el tratamiento antes de que la enfermedad alcance una fase avanzada.

• El cribado: es la aplicación sistemática de una prueba de detección en una población asintomática para descubrir anomalías indicativas de una lesión precancerosa. Algunos ejemplos son la inspección visual con ácido acético y el frotis de Papanicolaou para cáncer cervicouterino y la mamografía para el cáncer de mama.6

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) advirtieron que en 2016, en la Ciudad de México, los tumores malignos fueron la primera causa de muerte en mujeres de 15 a 64 años de edad; para mujeres de 35 a 64 años, el tumor de mama fue la causa con mayor proporción.

De acuerdo a la Secretaría de Salud federal, los casos nuevos por tumor de mama se han incrementado entre los años 2015 y 2017: de 11 mil 223 a 11 mil 541. La mayor incidencia de ha dado entre mujeres de 60 a 64 años, con alrededor de 89 casos nuevos por cada 100 mil mujeres.

Como se observa, el comportamiento de la incidencia de cáncer en México sigue el patrón internacional, en el sentido de que es una enfermedad que se incrementa con la edad y que los casos nuevos se presentan primordialmente en mujeres mayores de 40 años, durante la menopausia o posmenopausia.7

No obstante, en ocasiones, pese al tratamiento, puede haber decesos, generalmente debido a las complicaciones relacionadas con el debilitamiento del sistema inmunológico y con padecimientos como la diabetes, o bien, por algunos tratamientos como la quimioterapia, que resultan dañinos a largo plazo. La tasa de letalidad hospitalaria por cáncer de mama permite observar el grado de agresividad de la enfermedad, a través del número de personas fallecidas por ésta, en relación al total de egresos hospitalarios.8

Sin embargo, de acuerdo con el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), la supervivencia al cáncer de mama difiere alrededor del mundo. En países desarrollados como Suecia, Japón, Estados Unidos de América y Canadá, la supervivencia a esta enfermedad es mayor que en países de ingresos medianos y bajos.9

A saber, los tipos de cáncer que mayor mortalidad causan son: de mama, cervicouterino, hígado, estómago y tráquea, bronquios y pulmones.10

En otro asunto, es de mencionar que en ocasiones el realizarse una mastografía en una institución a cargo del gobierno puede implicar una muy larga espera, ya sea para obtener una cita o para poder recibir los resultados de estos estudios diseñados para prevenir y detectar el cáncer.

Así, las unidades médicas móviles constituyen una alternativa, ya que son un vehículo construido para la prevención del cáncer de mamá a través de la toma de mastografía, orientada al tamizaje de mujeres mayores de 40 años, acorde a la NOM 041-SSA2-2011, cuyo objetivo principal es incrementar la cobertura de detección del cáncer de mama con servicios accesibles, eficientes y de calidad.11 Estas unidades móviles médicas cuentan con mastógrafos y el respaldo de un centro de diagnóstico, con lo que se puede atender a un mayor número de mujeres, principalmente las que se encuentran marginadas y en zonas de difícil acceso. Con una adecuada focalización de las mismas se podrá duplicar el número de estudios de mastografía, reduciendo drásticamente los tiempos de entrega de resultados.12

En este sentido, es importante también tener en cuenta y destacar que 98 por ciento de los casos de cáncer de mama son curables, por eso el presente exhorto tiene como una de sus finalidades multiplicar el número de unidades médicas móviles. Ante este panorama, se hace necesario reforzar las estrategias ya empleadas en dos vertientes principalmente, la prevención y el tratamiento, en donde no sólo intervengan profesionales de la salud como médicos y enfermeras, sino un equipo multidisciplinario que atienda todas las dimensiones de la enfermedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas para que, en coordinación con las autoridades sanitarias responsables, implementen acciones para garantizar a las mujeres en zonas marginadas el acceso a los programas de prevención y detección oportuna de cáncer de mama.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas, a que refuercen una estrategia de prevención y detección oportuna con base en la autoexploración y mastografía a través de unidades médicas móviles que otorguen servicios de prevención, diagnóstico, tratamiento, vigilancia, seguimiento y tratamiento del cáncer de mama, con el fin de disminuir la tasa de mortalidad con un diagnóstico certero y oportuno para que puedan alcanzar su máximo potencial de vida.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Salud federal y de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, refuercen y fortalezcan la difusión, promoción y ejecución de los programas de prevención y detección oportuna de cáncer de mama, sin estimarse que el desarrollo de las acciones emprendidas representen un impacto presupuestal adicional al establecido para el cumplimiento y seguimiento de las actividades institucionales programadas.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas, Día Mundial contra el Cáncer, 4 de febrero, Disponible en:

http:// www.un.org/es/events/cancerday/

2 Ídem.

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2015), Estadísticas a propósito de... Día Mundial contra el Cáncer: Datos nacionales, Inegi, 16 de octubre 2015, en

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/mam a0.pdf

4 Diario Oficial de la Federación [DOF]. (2011, 9 de junio). Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer de mama. Diario Oficial de la Federación. Recuperado el 3 de septiembre de 2016, de:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194157&

5 Gobierno de la República, Secretaria de Salud (2013), Programa Sectorial de Salud 2013-2018. México: SSA.

6 Organización Mundial dela Salud (OMS, 2014), Perfiles oncológicos de los países, 2014. Disponible en:

www.who.int/cancer/country-profiles/es/

7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2015), Estadísticas a propósito de... Día Mundial contra el Cáncer: Datos nacionales, Inegi, 16 de octubre 2015, en

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/mam a0.pdf

8 Santos Cruz, Y. O. (2014). Protocolo Conocimiento sobre el cáncer de mama, técnica de autoexamen, actitudes y asociación con la práctica en mujeres derechohabientes a la Unidad de Medicina Familiar No. 066:

http://www.uv.mx/blogs/favem2014/files/2014/07/Protocolo -Yaren.pdf

9 Organización Panamericana de la Salud [OPS]. (2012). 19 de Octubre: Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama:
http://www.paho.org/par/index.php?option=com_content&view=article&id=796:19-octubredia-mundial-lucha-contra-cancer-mama&Itemid=255

10 Organización Mundial de la Salud (OMS), 2014, La batalla mundial contra el cáncer no se ganará únicamente con tratamiento, comunicado de prensa de CIIC y la OMS. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/cancer-report-2014020 3/es/

11 Secretaría de Salud, Acciones y Programas, Programa de Acción Específico Prevención y Control del Cáncer de la Mujer 2013 – 2018, consultado última vez el 03 de octubre de 2016, en http://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/cancer-de-mama-unidades-mo viles

12 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de octubre de 2018.

Diputada María Ester Alonzo Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Profepa y el gobierno de Sonora a tomar medidas contra la minera Corner Bay, a cargo de la diputada Hildelisa González Morales, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Hildelisa González Morales, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La minera Corner Bay (subsidiaria de Panamerican Silver Corp),1 que opera en Álamos, Sonora, ha dejado a su paso una severa contaminación en arroyos, en cientos de hectáreas sin reforestar y deudas que no ha pagado. Los ejidos El Sombrerito y El Maquipo, a 45 kilómetros de la cabecera municipal, han sido los más afectados. El método de extracción es tajo a cielo abierto, el cual ha sido severamente criticado y denunciado por el impacto ecológico, la contaminación del agua y el uso desmedido de ésta.

La contaminación del agua de los arroyos es particularmente preocupante. Del arroyo llega hasta los terrenos agrícolas, que están siendo severamente afectados. Los mantos freáticos se llenan de metales pesados y de cianuro. Hay, asimismo, problemas de drenaje ácido y de remoción de las cubiertas vegetales. El problema tiene varios años, y ha producido la muerte de animales por los altos niveles de contaminación en el pueblo, que daña el suelo, aire y aguas subterráneas.

Hasta ahora las autoridades locales, específicamente el ayuntamiento de Álamos, no han hecho nada para poner un alto a pesar de que se los habitantes se los han pedido en numerosas ocasiones. Aunado a esto, hay 93 familias a las que la empresa no ha pagado, y a quienes ha incumplido la negociación del uso de sus tierras.

La operación ilegal, el abuso y la violencia de las mineras extranjeras que operan en nuestro país son solo algunas de las denuncias que se han hecho en múltiples localidades y estados de la República. La minería es una de las actividades extractivas más dañinas para el medio ambiente, la salud y los derechos humanos, sin embargo, las empresas de este sector operan con el aval de distintas dependencias del gobierno mexicano.

La actividad minería provoca daños a la salud, causando cáncer, enfermedades respiratorias y pulmonares, problemas dermatológicos y padecimientos auditivos. Los problemas medioambientales tienen que ver con cómo se esparcen los residuos por suelo, aire y agua, además, en la flora y fauna, principalmente por el uso de químicos. El cianuro utilizado para la extracción de algunos minerales contamina fuentes hídricas y tierras que llegan a perder fertilidad. Socialmente los impactos en las zonas de extracción son el desplazamiento y migración local, así como conflictos que incluyen la resistencia y la división en la comunidad.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 se hizo hincapié en la necesidad de impulsar un crecimiento verde incluyente que facilite la preservación del patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo, reconociendo que México es el 1o. lugar en producción de plata en el mundo. Sin embargo, no se ha respetado la preservación del patrimonio natural ni la salud de las personas; ni se ha alcanzado el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de los recursos y el desarrollo de actividades productivas.

El Fondo Minero es y será insuficiente para remediar las afectaciones irreversibles a la salud, al medio ambiente, al patrimonio biocultural y al tejido social que está ocasionando la minería en México, particularmente la minería a cielo abierto.

Desafortunadamente ha habido mucha incidencia, impunidad y solapamiento por parte de las autoridades, tanto federales como locales, en los temas relacionados con minería. Sin embargo, no podemos seguir permitiéndolo, y desde este poder legislativo es nuestro deber moral y representativo velar por los intereses de cada comunidad y cada persona, así como el medio ambiente que son afectados por estas empresas extranjeras.

Por lo anterior, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a investigar y sancionar en caso de así requerirlo a la minera Corner Bay, que opera en la localidad de Álamos, Sonora.

Segundo: Se exhorta a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich a tomar las medidas necesarias en las gestiones de investigación, solución de conflictos y de, en caso de serlo necesario, sanción; en torno a la operación de la minera Corner Bay, en Álamos.

Nota

1 La mayor productora de plata en el mundo, que en 2005 produjo 12.5 millones de onzas provenientes de Bolivia, México y Perú.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Hildelisa González Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a expedir los lineamientos previstos en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de clasificación, distribución, comercialización y arrendamiento de videojuegos, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Mario Alberto Ramos Tamez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a expedir los lineamientos previstos en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de clasificación, distribución, comercialización y arrendamiento de videojuegos, así como del estatus que guardan su operación y funcionamiento, con base en las siguientes

Consideraciones

El 15 de diciembre de 2018 se aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación mediante el cual se aprueba la minuta con proyecto de decreto por el que reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública y de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de clasificación de videojuegos.

Dicha reforma de ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2018, tiene como objetivo principal que la Secretaría de Gobernación los lineamientos de clasificación respecto a los contenidos de los videojuegos que se producen, distribuyen y comercializan en nuestro país, con la finalidad de preservar el interés superior de la niñez mexicana y establece un plazo a la Secretaría de Gobernación de 180 días para emitir dicho ordenamiento jurídico, plazo que ha llegado a su término.

La importancia de dichos lineamientos de clasificación, radica en que existen cientos de videojuegos de contenido violento, lenguaje inapropiado, escenas de sexo explícito, que hacen referencia a la apología del delito, delincuencia organizada y apología del delito, que están a la libre disposición de menores de edad sin ninguna restricción, ya sea en medio físico o en plataformas de descargas digitales.

Actualmente, en el país se comercializan y distribuyen videojuegos con una clasificación internacional por edad, específicamente el de la Junta de Clasificación de Software de Entretenimiento (ESRB).1

Sin embargo, dicha clasificación, no se encuentra acorde con la realidad del país, en la cual, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año se han registrado los niveles más altos de violencia en los últimos 21 años.2

Ello, sumado a la forma en que el narcotráfico se ha introducido en la sociedad, hasta formar parte de la denominada narcocultura, palabra utilizada para hacer referencia al estilo de vida, comportamiento, lenguaje e incluso vestimenta de las personas inmiscuidas en el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Esa situación es preocupante, ya que actualmente los niños y los jóvenes imitan dichos estereotipos al ver permeadas sus oportunidades de proyectos viables de vida, y encontrarse en condiciones de alta marginación, maltrato, abandono o explotación infantil.

Por poner un ejemplo: hay un juego que puede descargarse en las plataformas digitales de manera gratuita, Narcos: Cartel Wars”, clasificado como “T” Adolescentes, supuestamente apto para personas mayores de 13 años, según la clasificación ESRB, pero que a decir de su propia descripción es una clara apología al narcotráfico: “Todo es razonable cuando corres tu propio cartel en el juego oficial de los Narcos. Envuélvete en el peligroso y emocionante rol de capo de un cartel den el juego oficial basado en la telenovela de éxito Narcos. Decide entre dominar por medio de la fuerza bruta o ganarte el respeto a través de la lealtad. Algunas veces gente mala hace cosas buenas... Al final tú decides ¿será “plata” o “plomo”?”3

Por ello considero imperativo exhortar a la autoridad correspondiente, en este caso a la Secretaria de Gobernación, para que a la brevedad posible, haga uso de sus atribuciones y expida los lineamientos contemplados en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ello, para evitar que los niños y los jóvenes continúen expuestos a un ambiente de violencia que impida su pleno desarrollo psicológico y pueda causar daños irreparables no solo en su conducta si no en su proyecto de vida.

Un estudio realizado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América en 2012 señala: “Cuando los niños y los adolescentes experimentan violencia de manera repetida o por periodos prolongados, su cuerpo y cerebro se apartan a enfocarse en su supervivencia... por lo que pueden engancharse en comportamientos delictivos como una manera de obtener una sensación de control sobre sus caóticas vidas y de lidiar con la confusión emocional y las barreras que genera la violencia para poder alcanzar la seguridad y el éxito”.4

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación a expedir los lineamientos previstos en el artículo 69 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de clasificación, distribución, comercialización y arrendamiento de videojuegos.

Notas

1 https://www.esrb.org/

2 https://datos.gob.mx/busca/dataset/secretariado-ejecutivo-del-sistema-n acional-de-seguridad-publica

3 Texto tomado de la plataforma digital

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ftxgam es.narcos&hl=es_MX

4 Department of Justice (2012). Report of the attorney general’s National Task Force on Children Exposed to Violence. Washington, DC: Department of Justice.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la inmediata atención para resolver la carencia de medicamentos y equipo especializado en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Graciela Zavaleta Sánchez, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la inmediata atención para resolver la carencia de medicamentos y de equipo especializado en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña al tenor de las siguientes

Consideraciones

Oaxaca es de los estados más pobres del país y el desarrollo humano no es posible por las graves carencias de los diversos índices, entre ellos el cuidado de la salud de sus habitantes. La precaria situación de servicios de salud ha llevado a desenlaces fatales. Hay ineficacia de servicios preventivos y de medicina familiar que permitan el desarrollo de la persona, especialmente de los niños. Se requieren de unidades médicas y hospitales especializados para la atención oportuna de los grupos más vulnerables. Particularmente los niños de Oaxaca eran atendidos en otras entidades del país con los consecuentes costos para sus familias quienes, además de la atención de los padecimientos, debían cubrir diferentes gastos generados por la estancia mientras transcurría la hospitalización como los costos de hospedaje, alimentos y otros servicios.

En Oaxaca algunos especialistas se dieron a la tarea de fundar instituciones para ocuparse de la niñez de la entidad. A mediados de la década de 1990 se constituyó una asociación que sería antecedente del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. De acuerdo con la historia del nosocomio difundida en su sitio oficial:1

“Un grupo de oaxaqueños, contagiados por el entusiasmo del doctor Guillermo Zarate Mijangos, constituyeron el 26 de abril de 1995, el Patronato Pro-Hospital del Niño Oaxaqueño, AC que, con aportaciones nacionales y extranjeras, públicas y privadas, de personas físicas y morales iniciaron la construcción del hospital el 30 de abril de 1996 en el lugar que hoy ocupa. Algunos de los fundadores de este Patronato fueron Diódoro Carrasco Palacios, doctor Octavio Corres Castillo, doctor Sergio Velásquez Rosas, doctor Horacio Tenorio Sandoval, doctor Erasto Pérez Medina, doctor Héctor Tenorio Rodríguez, señor Juan José Gutiérrez Ruiz, entre otros.

“El Hospital de la Niñez Oaxaqueña fue inaugurado el 29 de octubre de 1998 e inició sus actividades de atención médica el 16 de noviembre del mismo año con una plantilla laboral de 148 trabajadores, entre los que se contaban médicos especialistas, enfermeras y trabajadores administrativos, otorgando servicios de consulta médica, hospitalización, cirugías, laboratorio clínico, imagenología y servicio de transfusión. Su operación dependía entonces del propio Patronato con recursos obtenidos de donativos de particulares, empresarios y de organizaciones no gubernamentales”.

El siguiente paso en la conformación jurídica del Hospital de la Niñez Oaxaqueña fue el decreto número 234 del gobierno del estado de Oaxaca, publicado en el Periódico Oficial el 29 de octubre de 1998, por el que se constituyó como organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo estatal extinguiendo al patronato que le dio origen. De acuerdo con la información oficial:

“En abril de 2001 los representantes legales del Hospital firmaron dos contratos con el gobierno del estado, uno de donación y otro de comodato mediante los cuales se cedieron a este último el inmueble, los equipos médicos, quirúrgicos, de oficina y maquinaria de la unidad.

La evolución del hospital ha sido acelerada y algunos acontecimientos han marcado hitos en su historia como las acreditaciones que recibió el 24 de noviembre de 2006 para la atención de neonatos con prematurez, insuficiencia respiratoria y sepsis, el 8 de septiembre de 2008 para la atención del cáncer infantil y el 29 de noviembre de 2013 para la atención de la hemofilia en pacientes menores de 10 años. A principios de 2013 inició operaciones un tomógrafo de 64 cortes que le da certeza y oportunidad diagnóstica a los casos atendidos en el Servicio de Consulta Externa y Hospitalización.

En octubre de 2013 se puso en operación el servicio de hemato-oncología en el edificio anexo inaugurado en 2011 por presidente Felipe Calderón Hinojosa, con doce camas, área de terapia ambulatoria con seis sillones y dos camas, cuarto de mezclas de medicamentos oncológicos, sala de procedimientos, cuarto de curaciones y 21 trabajadores adicionales para fortalecer la atención de pacientes hospitalizados con cáncer, lo que permitió rehabilitar el espacio que anteriormente venía ocupando e instalar ahí el servicio de medicina interna.

Otro hecho importante en la vida el Hospital de la Niñez Oaxaqueña es la rehabilitación integral de la unidad quirúrgica, la cual se realizó con el apoyo del gobierno del estado a través de la ministración de 8 millones de pesos para los trabajos que consistieron en suministro e instalación del aire acondicionado grado médico, cambio de recubrimientos antibacteriales de piso y paredes, rehabilitación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, tomas de gases medicinales y aire grado médico... Gracias a este apoyo y al trabajo en equipo de los trabajadores, el 14 de noviembre de 2014, se lograron las acreditaciones para la atención de patologías quirúrgicas congénitas cardiovasculares, del aparato digestivo y de la columna vertebral el 14 de noviembre de 2014”.

No obstante, el Hospital de la Niñez Oaxaqueña ha pasado por crisis profundas derivadas de la falta de presupuestos suficientes debido a la incertidumbre jurídica al ser un organismo descentralizado y no sectorizado al sistema de salud del estado de Oaxaca. Las carencias son evidentes llegando al punto del paro de labores en 2017 donde los trabajadores del instituto protestan por la falta de materiales más elementales para proseguir con la noble labor de atención a los niños del estado de Oaxaca.

Entre las cuestiones más urgentes están la reducción de atenciones médico quirúrgicas por la falta de recursos necesarios rechazando a pacientes para ser canalizados a otras unidades médicas en Oaxaca; las citas médicas se suspenden y sólo permanece activa la atención de urgencias; algunas situaciones recientes reportaban que el personal estaría faltando en 30 por ciento de todas las áreas.

Se suma además la escasez de medicamentos que simplemente ya no se tienen o se proporcionan en tratamientos incompletos a pesar de que los niños atendidos, precedentes de las ocho regiones de Oaxaca y de comunidades de muy alta marginación, están inscritos al Seguro Popular por lo que se incumple con la obligación de proporcionar la atención médica adecuada para garantizar el derecho a la salud conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante la crisis de 2017, la falta de medicamentos provocó que en el área de urgencias no se contaran con insumos elementales como antibióticos, adrenalina, desinflamatorios, analgésicos o soluciones fisiológicas. A la par, el Hospital de la Niñez afrontó la renuncia de los médicos especialistas y de enfermería a quienes no se les habían pagado sus honorarios. En julio de ese mismo año los profesionales de la salud externaron a la opinión pública la imposibilidad de atención en las diversas áreas debido a “la carencia de material de curación y de medicamentos por la falta de regularidad en el abastecimiento de los mismos afectado a la población infantil más vulnerable del estado” lo anterior se ve más agravado por la ausencia de especialistas en diversas áreas: médicos, enfermería y de las áreas administrativas.

Otro problema reciente fue el de la instalación del tomógrafo de 64 cortes. De acuerdo con algunas informaciones periodísticas, Petróleos Mexicanos (Pemex) donó este equipo altamente sofisticado para la detección del cáncer. El costo estaría calculado en 23 millones de pesos; sin embargo, de acuerdo con declaraciones del subdelegado del Hospital de la Niñez, el tomógrafo fue destinado al Hospital Materno Infantil por lo que la transferencia del equipo resultó en los pacientes del Hospital de la Niñez:

“En este momento el hospital enfrenta la situación específicamente de la adquisición de un tomógrafo que llegó bajo un proyecto elaborado por el Hospital de la Niñez, solicitado a Pemex y que en su momento Pemex aceptó donar este equipo con otros más que ya están en el hospital, pero en sí el tomógrafo debió llegar el 28 de agosto de este año, en la cual por instrucciones del gobierno del estado lo transfieren al hospital materno infantil que aún no está en funciones, y que la necesidad del tomógrafo en el hospital es importante, por la atención de pacientes que llegan diariamente, en cuestión de traumatismos craneoencefálicos severos, graves y que es importante contar con dicho equipamiento ahorita en el hospital, aunado a eso, las topografías que se toman de los pacientes oncológicos ya sea por leucemias o por tumores sólidos”.2

Es evidente que la regulación jurídica del Hospital de la Niñez Oaxaqueña como organismo público descentralizado ha acendrado más la crisis. De acuerdo con la Asociación de Médicos, el presupuesto anual asignado al hospital es de una quinta parte de lo que requiere para su funcionamiento provocando un adeudo de 77 millones 690 mil pesos en el ejercicio fiscal de 2016. Para el ejercicio fiscal de 2018, el Congreso del Estado de Oaxaca asignó 29.3 millones de pesos para el presupuesto del nosocomio.3

En este sentido, es oportuno realizar un exhorto a las autoridades del gobierno del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, consideren la sectorización del Hospital de la Niñez Oaxaqueña además de realizar las medidas necesarias que permitan la pronta dotación de medicamentos necesarios para la salud de los niños: igualmente, es necesario que se realice una pronta aclaración que permita conocer cuál ha sido el destino del tomógrafo necesario para la detección de cáncer.

Por lo anterior expuesto, se presenta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, realice las acciones necesarias que permitan el abasto de medicamentos para los pacientes que hacen uso de los servicios del Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

Segundo. Se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que realice las aclaraciones oportunas que permitan conocer cuál es el destino del tomógrafo de 64 cortes destinado al Hospital de la Niñez Oaxaqueña y que, presuntamente, se integrará al patrimonio médico del futuro Hospital Materno Infantil de Oaxaca.

Tercero. Se exhorta al secretario de Salud del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, proceda a las gestiones administrativas y legislativas necesarias que permitan la sectorización del Hospital de la Niñez Oaxaqueña al Sistema de Servicios de Salud de Oaxaca.

Notas

1 Historia del Hospital de la Niñez Oaxaqueña en:

http://www.hno.oaxaca.gob.mx/?page_id=103

2 Decenas de Niños afectados por falta de tomógrafo. 26 de septiembre de 2018. En:

https://www.meganoticias.mx/salina-cruz/noticia/decenas- de-ninos-afectados-por-falta-de-tomografo/31029

3 En vilo 16mdp para el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, 25 de agosto de 2018, en:

http://oaxaca.eluniversal.com.mx/especiales/25-06-2018/e n-vilo-16-mdp-para-hospital-de-la-ninez-oaxaquena

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT a fortalecer con sus homólogas locales acciones que ayuden a prevenir y reducir el número de accidentes automovilísticos en el país, en especial entre los jóvenes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las acciones que ayuden a prevenir y reducir el número de accidentes automovilísticos en el país, especialmente en los jóvenes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los accidentes automovilísticos se han convertido en un problema de salud pública en muchos países, cuyas principales causas están relacionadas con el exceso de velocidad, por utilizar aparatos electrónicos o por el influjo de alguna droga como el alcohol de parte de los conductores, entre otras.

Para dimensionar la magnitud de esta grave problemática, basta señalar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año mueren cerca de 1.3 millones de personas en las carreteras del mundo, y entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales por los percances. Asimismo, son una de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios, y la primera entre personas de entre 15 y 29 años.1

Se estima que 93 por ciento de las muertes por accidentes de tránsito se producen en países de bajos y medianos ingresos, que sólo cuentan con 54 por ciento de los vehículos matriculados a nivel global.

La OMS indica que a medida que aumenta en un kilómetro por hora (km/h) la velocidad media de un vehículo, también crece en tres por ciento la incidencia de accidentes que produce traumatismos, y de 4 a 5 por ciento en la incidencia de accidentes mortales.

Sólo 47 países, que representan 13 por ciento de la población mundial, cuentan con leyes que contribuyen con mejores prácticas sobre la velocidad en zonas urbanas, por lo que es recomendable que en los países se establezca un límite de velocidad máximo en zonas urbanas no superior a 50 km/h, con la finalidad de garantizar la seguridad e integridad de la población.

Conducir bajo los efectos del alcohol con una concentración en la sangre mayor a 0.05 gramos por decilitro (g/dl) aumenta el riesgo de sufrir un accidente de tránsito, por lo que se recomienda un límite igual o inferior a 0.02 g/dl para los conductores. Solo 34 países tienen leyes nacionales sobre la conducción bajo los efectos del alcohol.

Usar un casco de buena calidad también ayuda a reducir el riesgo de muerte en 40 por ciento y de lesiones graves en 70 por ciento aproximadamente. En 44 países se cuenta con leyes sobre el uso del casco por los motociclistas, así como una norma específica para la calidad de los materiales.

Usar el cinturón de seguridad ayuda a reducir de 45 a 50 por ciento el número de traumatismos mortales y no mortales entre los ocupantes de los asientos delanteros, y de 25 a 75 por ciento entre los ocupantes de los asientos traseros.

La utilización de dispositivos de seguridad para niños reduce el riesgo de traumatismos graves hasta 80 por ciento, a diferencia de lo que ocurre cuando sólo se les protege con cinturones de seguridad. Además, hay 77 por ciento menos de probabilidades de que los niños que viajan en sillas de seguridad sufran alguna lesión durante un accidente, con respecto a los niños que no llevan ningún tipo de protección.

No obstante, ante la grave problemática el número de automóviles está creciendo exponencialmente. Para dimensionar lo anterior, basta señalar que según estimaciones en 2013 había más de 1.1 mil millones de automóviles en la Tierra, lo que significa un aumento de 57 por ciento de los 700 millones que se encontraban transitando en 2004.2

La OMS también indica que en la región de las Américas, las lesiones por el tránsito constituyen la causa de 154 mil 89 muertes cada año, lo que representa 12 por ciento del total de las muertes en el tránsito a nivel mundial (Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial 2015).3

En este mismo sentido, el documento denominado Leading causes of death, interactive visaulization, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), señala que en esta región el problema de seguridad vial es más grave en la población de jóvenes, ya que las lesiones por accidentes vehiculares representan la principal causa de muerte en niños de entre 5 y 14 años, y la segunda en el grupo de personas entre 15 a 19 años.

En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que existen más de 38 millones de vehículos automotores registrados, siendo los estados con menor volumen Colima con 283 mil y Campeche con 266 mil unidades en circulación.4

Según las Estadísticas de Vehículos de Motor Registrados en Circulación (VMRC) 2014, el primer lugar en cuanto a volumen de automóviles lo tiene el estado de México, con 5.1 millones, seguido por la Ciudad de México con 4.7 millones, mientras que Jalisco ocupa el tercer sitio con 3.1 millones.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), establece que nuestro país ocupa el séptimo sitio a nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en muertes por siniestros viales, con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y 24 mil decesos en promedio al año. Los siniestros viales constituyen la primera causa de muerte en jóvenes entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre la población general.

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS), indica que las causas de los accidentes en las carreteras federales, alrededor de 80 por ciento de las veces se deben al conductor, 7 por ciento al vehículo, 9 por ciento a los agentes naturales y sólo 4 por ciento al camino.5

Entre los principales factores que causan accidentes carreteros, los humanos representan el mayor porcentaje, debido a que conducen bajo los efectos del alcohol, medicinas y estupefacientes; realizan maniobras imprudentes y hacen caso omiso a los señalamientos por parte del conductor; conducen a exceso de velocidad; la salud física del conductor; así como conducir con fatiga, cansancio o con sueño.

Existen otros factores que contribuyen a este tipo de accidentes, entre los que se encuentran los siguientes: que los vehículos no tengan las condiciones adecuadas para su operación o no cuenten con el mantenimiento que requiere; causas climatológicas como la niebla, humedad, derrumbes, zonas inestables, hundimientos; así como errores de señalamientos viales o el mal estado de los caminos y carreteras.

No obstante, hay factores que influyen en las causas por las que los jóvenes tienen un mayor índice de accidentes, como es la inexperiencia ya que aprender a conducir correctamente requiere de tiempo y se necesita mucha práctica para llegar a ser un buen conductor.6

La Policía Federal indica que los hombres tienen cuatro veces más accidentes que las mujeres y que los hombres que viajan acompañados por sus amigos incrementa los riesgos de que sufran un accidente. También el uso de aparatos electrónicos como los celulares, o jugar carreras o arrancones son factores que pueden causar percances mortales.

El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), indica que alrededor de 40 por ciento de los mexicanos utiliza un celular mientras conduce. Observar la pantalla de un dispositivo móvil para contestar una llamada o leer un mensaje puede tardar de cuatro a siete segundos, por lo que una distracción por mínima que parezca incrementa hasta en 23 por ciento la posibilidad de sufrir un accidente.7

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación de la Secretaría de Salud, han elaborado programas y políticas en materia de seguridad vial y de prevención de accidentes, como es la Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2011-2020, cuyo objetivo central es disminuir el índice de mortalidad y lesiones en la población.

Los accidentes de tránsito ocasionados por los jóvenes son un grave problema que debe ser erradicado desde casa, por lo que es importante que los padres de familia o tutores, establezcan un diálogo sobre los peligros y la responsabilidad que conlleva manejar un vehículo automotor.

En este orden de ideas, se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las medidas que contribuyan a prevenir y reducir los accidentes automovilísticos en todo país, particularmente entre en los jóvenes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las acciones que ayuden a prevenir y reducir el número de accidentes automovilísticos en el país, especialmente en los jóvenes.

Notas

1 http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/

2 https://www.huffingtonpost.com/enrique-kogan/numero-de-vehiculos-en-el- mundo_b_6237052.html

3 https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html 3 4 h

ttps://www.eleconomista.com.mx/politica/Cuantos-autos-ci rculan-en-la-CDMX-diariamente-20160922-0101.html

5 http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/appmanager/portal/
desk?_nfpb=true&_pageLabel=portals_portal_page_m2p1p2&content_id=830068&folderNode=830052&folderNode1=810277

6 https://www.gob.mx/policiafederal/articulos/guia-para-prevenir-accident es-de-transito-en-jovenes?idiom=es

7 https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/mandar-mensajes-texto- primera-causa-accidentes-viales/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a generar programas de servicio social en las universidades para acompañar la labor de los elementos de tránsito municipal, a cargo de la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal de todo el país y aquellas que tienen la responsabilidad del mando único para que sus áreas encargadas de tránsito municipal se acerquen a las universidades e institutos de educación superior con el objetivo de generar programas universitarios de servicio social en los cuales los alumnos acompañen la labor de los elementos de tránsito municipal.

Asimismo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que en apego a la IX fracción del artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, valore la pertinencia y en su caso proponga al Consejo Nacional lineamientos para que las áreas encargadas de tránsito municipal dentro de las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal de todo el país y aquellas que tienen la responsabilidad del mando único, busquen establecer con las universidades e institutos de educación superior programas de servicio social en los cuales los alumnos universitarios acompañen la labor de los elementos de tránsito municipal con el objetivo de difundir la importancia del respeto a las normas de tránsito, fortalecer la cultura de la legalidad y generar mayor empatía entre ciudadanos, policías y no policías, con base en las siguientes

Consideraciones

Entre los orígenes de los problemas en materia de seguridad podemos encontrar la debilidad en el respeto a la legalidad, la falta de empatía entre autoridad policial de proximidad y ciudadanía y el deterioro de una cultura ciudadana que favorezca el respeto de los espacios públicos como son las calles, ciclo vías, plazas, parques públicos, etcétera.

En otras época, el impacto de dichos problemas en contextos poco democráticos se solventaba con prácticas policiales autoritarias que generalmente violaban derechos humanos de quienes alteraban el orden aceptado en esos espacios públicos y distanciaban al policía del ciudadano, tal y como solía suceder en nuestro país hasta el último cuarto del siglo XX. Ello implicaba el despliegue de fuerza policial por parte de la autoridad, sin un sustento legal claro, sin un criterio fundado y propiciando el paulatino abandono de la ciudadanía en los espacios públicos. Asimismo, cuando el abandono se generaba, también se retiraba la presencia policial dejando las plazas, calles y parques literalmente desolados y disponibles para la presencia de delincuencia común.

En consecuencia, en América Latina y México, durante los últimos 30 años, algunos sectores académicos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades han concentrado esfuerzos para acercar a ciudadanos y policías. Ello, con la intención de concientizar a los primeros sobre la importancia del respeto a la legalidad para el goce público de los espacios de todos y a los segundos sobre su doble condición de ciudadanía y policía, así como en la trascendencia de respetar derechos humanos y dar fundamento legal a cada uno de sus actos.

Dentro de esta gama de esfuerzos podemos encontrar reformas a códigos y leyes a lo largo y ancho de Latinoamérica; transformaciones institucionales en el ámbito de la profesionalización policial, como las que experimentó nuestro país durante los últimos 18 años; una gran cantidad de bibliografía; convenios institucionales para profesionalizar policías que hoy permiten interactuar en aulas a policías y civiles, por lo menos, en algunas universidades de Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México; foros académicos y ciudadanos como los que promueven año con año asociaciones como “Causa en Común” o el “Instituto para la Seguridad y la Democracia”; políticas como el programa “Policías Formadores de Ciudadanos” en Bogotá, Colombia, a finales de la década de 1990, o la reestructuración de cuadrantes en la Ciudad de México entre 2007 y 2012, por poner algunos ejemplos.

En este sentido, hoy podemos confirmar que esa es la ruta que requiere nuestra sociedad para mejorar la relación entre ciudadanos y autoridades en contextos democráticos. Sin embargo, aún nos quedan muchas áreas de mejora en esta misma dirección y una de esas áreas, sin duda alguna, está en generar mayor empatía.

Por todo lo anterior, presento a esta soberanía una propuesta con punto de acuerdo para que desde el Congreso de la Unión sigamos impulsando ese acercamiento entre ciudadanos, policías y no policías, a través de los programas de servicio social que hay en las universidades del país. Ello, haciendo un llamado a las policías municipales para que se acerquen a las universidades en busca de convenir ser incluidas en los programas de servicio social de los alumnos, en los aspectos relacionados con el tránsito municipal.

Así, se podría coadyuvar a disminuir las condiciones propicias para la corrupción, los ciudadanos no policías generarían mayor empatía con la labor policial de tránsito y la importancia de respetar las reglas de convivencia para una mejor circulación y los oficiales de tránsito podrían mostrar al resto de la ciudadanía la problemática que enfrentan diariamente.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal de todo el país y a aquellas que tienen la responsabilidad del mando único para que sus áreas encargadas de tránsito municipal se acerquen a las universidades e institutos de educación superior con el objetivo de generar programas universitarios de servicio social en los cuales los alumnos acompañen la labor de los elementos de tránsito municipal.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que en apego a la IX fracción del artículo 18 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, valore la pertinencia y, en su caso, proponga al Consejo Nacional lineamientos para que las áreas encargadas de tránsito municipal, dentro de las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal de todo el país y aquellas que tienen la responsabilidad del mando único, busquen establecer con las universidades e institutos de educación superior programas universitarios de servicio social en los cuales los alumnos acompañen la labor de los elementos de tránsito municipal con el objetivo de difundir la importancia del respeto a las normas de tránsito, fortalecer la cultura de la legalidad y generar mayor empatía entre ciudadanos, policías y no policías.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno, el Congreso y los ayuntamientos de Nuevo León a garantizar la seguridad de las personas y evitar riesgos de derrumbes en las construcciones locales, a cargo del diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

1. La mañana del 18 de octubre del año en curso, en la colonia Cumbres del Sol, en Monterrey, Nuevo León, la construcción de una plaza comercial de entre tres y cinco pisos se derrumbó.

2. Lo anterior generó que al lugar llegarán cuerpos de rescate y elementos de la Fuerza Civil, para brindar la atención debida a los lesionados y se comenzara la búsqueda de los desaparecidos.

3. Acto seguido, Miguel Perales, subdirector Operativo de Protección Civil de Nuevo León, confirmó el fallecimiento de cinco hombres y señaló que otros 13 fueron sacados de entre los escombros y llevados a los hospitales más cercanos para su atención.

4. Esta no es la primera vez que sucede algo parecido, en noviembre de 2017, en el fraccionamiento Antigua, al sur de Monterrey, hubo un derrumbe cuando una barda ubicada en el estacionamiento subterráneo, que era construida atrás de las viviendas, se cayó.

5. Los derrumbes en las construcciones han sido un tema que ha afectado a los ciudadanos de Nuevo León, y son hechos que no pueden repetirse cada año, es necesario prevenir y evitar estos accidentes, así como garantizar la paz y tranquilidad de las personas que laboran en las obras y de los ciudadanos que transitan, alrededor de la construcción.

6. En Nuevo León contamos con leyes como: Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, Ley de Fomento para la Construcción de Edificios de Estacionamiento de Vehículos y la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimento del Estado de Nuevo León.

7. Sin embargo, esto no ha evitado los accidentes, no se están cumpliendo las leyes y reglamentos a cabalidad, por ello es importante reforzar la vigilancia y construcción de obras en Nuevo León, así como informar a la población de los riesgos y protocolos a seguir en estos casos.

Requerimos el cumplimento estricto de las Leyes que garanticen la prevención de accidentes y derrumbes en Nuevo León, por lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León, con la finalidad de que a través de las instituciones correspondientes se cumplan las leyes, lineamientos y reglamentos que regulan la construcción de obras en Nuevo León.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de Nuevo León, con la finalidad de que a través de las instituciones correspondientes se informe a la población sobre los protocolos existentes para el caso de derrumbes de las obras en construcción.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la honorable Cámara de Diputados de Nuevo León con la finalidad de que se fortalezcan las leyes en materia de prevención de accidentes relacionados al derrumbe de obras y construcciones.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los presidentes municipales de Nuevo León con la finalidad de que se fortalezcan los mecanismos de prevención de accidentes relacionados con derrumbes de obras en construcción y que se elaborados reglamentos más estrictos en la materia.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de octubre de 2018.

Diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer las acciones para detectar, prevenir y erradicar el trabajo infantil, y garantizar el derecho de niños y adolescentes a la educación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al gobierno federal y los gobiernos de las 32 entidades federativas con el objeto de que fortalezcan las acciones para la detección, prevención y erradicación del trabajo infantil y se garantice el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que el trabajo infantil es una violación de los derechos humanos fundamentales, habiéndose comprobado que entorpece el desarrollo de los niños y que potencialmente les produce daños físicos psicológicos para toda la vida.1

Esta grave problemática es perjudicial para el desarrollo físico y mental de los niños e interfiere con su escolaridad, como:

Privándolos de oportunidades de asistir a la escuela, forzándolos a abandonar la escuela prematuramente o exigiéndoles asistir a la escuela y al mismo tiempo realizar tareas pesadas o de larga duración.

En este contexto, el trabajo infantil se ha constituido en un asunto de atención prioritaria en la agenda de los gobiernos de todo el mundo, ya que su impacto y daño a la niñez y a la sociedad se traducen en altos costos económicos y sociales.

Para dimensionar la magnitud de esta situación, cabe destacar que, de acuerdo con la OIT, a nivel global 218 millones de niños de entre 5 y 17 años están ocupados en la producción económica. Entre ellos, 152 millones son víctimas del trabajo infantil; casi la mitad, 73 millones, están en situación de trabajo infantil peligroso.2

En términos absolutos, casi la mitad del trabajo infantil (72 millones) se concentra en África; 62 millones en Asia y el Pacífico; 10.7 millones en las Américas; 1.1 millones en los Estados Árabes; y 5.5 millones en Europa y Asia Central.

Del total de este grupo de la población, 42 millones (28 por ciento) tienen entre 12 y 14 años; y 37 millones (24 por ciento), entre 15 y 17 años. Una cuarta parte de los niños ocupados en el trabajo infantil peligroso (19 millones) son menores de 12 años.

A nivel mundial, el trabajo infantil se concentra en primer lugar en la agricultura (71 por ciento), que incluye la pesca, la silvicultura, la ganadería y la acuicultura, y comprende tanto la agricultura de subsistencia como la comercial; el 17 por ciento de los niños en situación de trabajo infantil trabaja en el sector de servicios; y el 12 por ciento en el sector industrial, en particular la minería.

México no escapa a las consecuencias de esta grave problemática. Los resultados del Módulo de Trabajo Infantil (MTI), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2017, indica que el número de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años de edad ascendió a 29.3 millones de personas. De este universo, 3.2 millones (11 por ciento) realizaron trabajo infantil, siendo el 62.7 por ciento hombres y el 37.3 por ciento mujeres.3

La tasa de trabajo por entidad federativa reportó que el estado de Nayarit tuvo la mayor tasa con el 19.7 por ciento, siguiendo el estado de Zacatecas con el 18.9 por ciento, Campeche con el 18.1 por ciento y Tabasco con el 17.9 por ciento, mientras que las tasas más bajas se observaron en los estados de Aguascalientes con el 6.8 por ciento, Baja California con el 5.9 por ciento, Ciudad de México con el 5.4 por ciento y Querétaro con el 5.3 por ciento.

Asimismo, la tasa de trabajo infantil fue más alta en las áreas menos urbanizadas (localidades menores de 100 mil habitantes) con 13.6 por ciento a diferencia de las áreas más urbanizadas (localidades de 100 mil y más habitantes), donde el trabajo infantil alcanzó al 7.6 por ciento de la población de 5 a 17 años de edad.

En relación con los motivos por los que trabajan los niños, niñas y adolescentes, se destaca el pago de la escuela y gastos propios con el 22.1 por ciento, el gusto de ayudar con 21.9 por ciento, por aprender un oficio el 14.7 por ciento, por pagar deudas, no estudiar u otra razón el 12.8 por ciento y porque el hogar necesita de su aportación económica el 10.7 por ciento.

El trabajo infantil impacta negativamente en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, al comprometer su acceso a la educación y, por consiguiente, trasgrede sus derechos humanos constitucionales principalmente a la salud al bienestar y, sobre todo, a la educación, este último establecido en el artículo 3° de nuestra Ley Fundamental.

El Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018 se establece acciones interinstitucionales en concordancia a lo estipulado en su Objetivo 3: “Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situación de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral”, y una estrategia específica para contribuir a la erradicación del trabajo infantil.4

Con el propósito de fortalecer el marco jurídico nacional en materia de erradicación del trabajo infantil y protección de adolescentes trabajadores en edad permitida, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió el Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones, así como el de Seguridad y Salud en el Trabajo, que abrogan el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral.

Sin embargo, existen aún retos mayúsculos, por ello resulta apremiante seguir sumando esfuerzos para lograr el pleno desarrollo y mejorar la calidad de vida de la niñez mexicana. De allí la trascendencia del presente Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno Federal y los gobiernos de las 32 entidades federativas, con el propósito de que refuercen las acciones para erradicar el trabajo infantil, y garanticen el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al gobierno federal y a los gobiernos de las 32 entidades federativas con el objeto de que fortalezcan las acciones para la detección, prevención y erradicación del trabajo infantil y se garantice el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes.

Notas

1 https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/
Youthinaction/C182-Youth-orientated/C182Youth_Background/lang—es/index.htm

2 http://www.oit.org/global/topics/child-labour/lang—es/index.htm

3 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/Est Sociodemo/MdoTrabInf2018_06.pdf

4 http://www.stps.gob.mx/bp/gob_mx/librotrabajoinfantil.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 18 de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y el INM a respetar los derechos de la caravana de migrantes hondureños en su tránsito por aquí con destino a EUA, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Libier González Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

En fecha reciente, los medios de comunicación informan que migrantes hondureños se han organizado de manera colectiva para iniciar desde su país una caravana, que pretende cruzar por Guatemala, arribar a México y por aquí llegar a Estados Unidos de América.

La nota detalla que el ingreso se llevaría a cabo por la frontera sur desde donde pretenden seguir la ruta de miles de migrantes centroamericanos que cruzan México, en su intención de alcanzar condiciones de seguridad y mejoría económica.

Sin embargo, las autoridades migratorias mexicanas han anunciado a los “a los integrantes de la Caminata Migrante que, de arribar a los puntos de internación de la frontera sur de México, el personal de migración deberá revisar el cumplimiento de los requisitos que marca la ley, y a quienes no los cumplan, no se les permitirá el ingreso”.1

Señalando además que entre las atribuciones que les confiere la Ley de Migración se encuentran “vigilar la entrada y salida de personas al territorio mexicano.”2

Al respecto es conveniente recordar que las autoridades del Instituto Nacional de Migración están facultadas para regular el ingreso de extranjeros al país, independientemente de su situación migratoria; el artículo 7 de la Ley de Migración en su párrafo segundo establece:3

El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente ley.

Bajo el mismo tenor, el artículo 20 del mismo ordenamiento legal establece en la fracción II como atribución del Instituto Nacional de Migración

II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación;4

Como podemos apreciar hasta aquí, es facultad exclusiva del Estado mexicano a través del Instituto Nacional de Migración, cómo órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, controlar el acceso de extranjeros al país, bajo la propias leyes y reglamentos que ex profeso existen en la materia.

No obstante es preciso recordar que nuestro país rige su política migratoria con base en principios establecidos en la propia Ley de Migración, los cuales son retomados de los tratados y convenios internacionales que México ha suscrito como integrante de la comunidad internacional que busca el respeto de los derechos humanos de los migrantes.

Estos principios están consagrados en la propia ley en comento que en su artículo 2 refiere:

Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado mexicano los siguientes:

Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables...

En ningún caso una situación migratoria irregular configurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada. Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio.

Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.

Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.

Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho internacional.

Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden y la seguridad.

Los principios aquí señalados tienen justa aplicación en próximos días cuando la caravana de migrantes procedentes del país hermano de Honduras arriben a la frontera sur mexicana.

Consideramos que la condición de migrante no le resta valía a ningún ser humano, por tanto la autoridades mexicanas tiene la obligación de dar un trato humanitario y que bajo ninguna circunstancia se afecte la integridad, patrimonio y libertad de los migrantes hondureños.

Por lo expuesto presento ante esta asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular de la Secretaría de Gobernación y al comisionado del Instituto Nacional de Migración para que se respeten irrestrictamente los derechos de la “Caravana de Migrantes” procedentes de la República de Honduras en su tránsito por nuestro país con destino a Estados Unidos de América.

Notas

1 México impedirá paso de indocumentados en marcha de migrantes de Honduras a Estados Unidos. En https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/201810161082744610-mexi co-impedira-paso-indocumentados-a-eeuu/. Consultado el 16 de octubre de 2018.

2 Ibídem.

3 Ley de Migración. En http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_120718.pdf.

4 Ibídem.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la protección del trabajo doméstico, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe Silvia Lorena Villavicencio Ayala, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura federal, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, en el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En recientes fechas la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 9/20181 determinó que “...el hecho de que los empleados domésticos no se encuentren contemplados dentro del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, no vulnera, en si? y por si? mismo, el derecho humano a la seguridad social..., (dado) que los empleados domésticos no se encuentren contemplados dentro del régimen obligatorio del Seguro Social –dirigido a los trabajadores en general–, atiende a una diferenciación objetiva y razonable, a saber, que los empleados domésticos se distinguen intrínsecamente de los demás trabajadores, ya que la naturaleza y especificidades de su labor es de carácter especial.”

Así las cosas, la Corte determinó que es constitucional y sujeta a derecho la “distinción” en cuanto a la inscripción del Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano de Seguro Social, atribuyendo que “...el régimen voluntario del Seguro Social constituye un sistema de protección social suficientemente robusto que permite que los empleados domésticos obtengan y mantengan prestaciones sociales, con el fin de encontrarse protegidos contra circunstancias e imprevistos que puedan coartar sus medios de subsistencia e ingresos, así como poder generar un proyecto de vida en condiciones dignas; fin último al que esta? llamado el derecho humano a la seguridad social.”2

Con lo que finalmente se concluye que “el hecho de que los trabajadores domésticos se encuentren excluidos del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social no resulta violatorio del derecho humano a la seguridad social, pues como se ha razonado, dicho derecho fundamental se encuentra adecuadamente salvaguardado por el régimen voluntario del referido instituto.”3

Dicho lo anterior es fundamental exponer las condiciones del trabajo doméstico remunerado en México y la necesidad de realizar acciones que conduzcan al acceso con equidad a los derechos humanos.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), para el primer trimestre de 2017, hay 2 millones 480 mil 466 personas ocupadas en trabajo doméstico remunerado, cifra que representa 4.8 por ciento del total de ocupados. El trabajo doméstico remunerado en México es una actividad realizada en su mayoría por mujeres, ya que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 90 de cada 100 ocupados en esta actividad son mujeres. En ocupaciones como empleados domésticos, cuidadores de personas, lavanderos, planchadores y cocineros domésticos, la presencia de mujeres se incrementa a más de 93 mujeres de cada 100 trabajadores.4

Es notorio que el trabajo doméstico en México y en el mundo guarda una directa relación de género como se observa en la cita anterior, por ello es necesario considerar un rediseño de nuestra conceptualización sobre las relaciones laborales, las concepciones históricas y tradicionales, el rol de género y la forma en como este influye en la asignación de las actividades laborales, lo que nos conducirá a sin duda a una discusión en el Poder Legislativo para reformar el marco normativo y regulatorio de la seguridad social en México, de forma que sus beneficios se amplíen a otros grupos en situación de vulnerabilidad.

La realidad de las trabajadoras domésticas, en particular y enfáticamente, las mujeres, es una de las cuentas pendientes de nuestra sociedad, invisibles e indefensas, en una situación de franca desigualdad en relación a sus empleadores, patrones y las autoridades, son sin duda uno de los grupos sociales que mayor visibilidad y acciones afirmativas requieren para acceder a un piso mínimo de derechos humanos que les permita incorporarse al desarrollo, tal como se lee a continuación.

El trabajo doméstico es uno de los sectores laborales en los que las empleadas se encuentran en un estado de mayor vulnerabilidad. La falta de reconocimiento de derechos laborales, un sueldo poco competitivo y la discriminación son los tres problemas más frecuentes que enfrentan las trabajadoras domésticas. Además, este tipo de trabajo pertenece generalmente al sector informal o no estructurado, es decir, al que agrupa actividades que no están reconocidas, registradas ni protegidas por las autoridades del Estado.

...

Los factores de discriminación asociados a esta labor como los son el género, la condición de pobreza y la etnia indígena, así como el hecho de que las tareas domésticas no han sido reconocidas social ni legalmente como una labor con valor, han llevado a la invisibilizacio?n de las trabajadoras domésticas, han promovido su informalidad y han perpetuado la violación de los derechos humanos de quienes realizan estas labores.5

La descripción anterior expone una serie de factores a considerar, los cuales deben ser parte de la discusión y el debate, el principal quizá es el rol de género, la división sexual del trabajo ha manifestado una serie de construcciones históricas donde la asignación de las actividades laborales, el acceso a los medios de producción y derechos de propiedad, así como la determinación del ingreso, dependen fundamentalmente de género de la persona.

Así las mujeres tienen menores posibilidades de empoderamiento con relación a los varones y además el hecho de que 93 por ciento de las plazas de trabajo doméstico remunerado sean ocupadas por mujeres, determina que el rol de género en la asignación de las actividades laborales es un factor preponderante, tal como se lee:

Se marca la diferencia de géneros entre hombres y mujeres, señalando las jerarquías históricamente sobresalientes de los hombres y las mujeres que constituyen las relaciones humanas en todos los ámbitos sociales y primordialmente en el trabajo.

La mujer está condicionada y está en- marcada dentro de la marginación, reduciéndola a un espacio privado, por lo que no se le incluye en los procesos de toma de decisiones y de participación política y social. Los derechos que se les imponen y que ellas apropian son solamente a cuidar hijos y el hogar en general. Esto es un factor que por generaciones ha prevalecido, además de que implica un grado mayor de responsabilidad y una carga permanente de preocupación en sus vidas.

...

El trabajo doméstico aún no es reconocido socialmente y alrededor de él se crea un desprecio constante. El aspecto tangible del resultado de un trabajo del hogar desaparece casi instantáneamente, se invisibiliza, no recibe un valor real.

Por otro lado, el trabajo doméstico remunerado y no remunerado pocas veces esta? considerado cuando se trata de analizar el funcionamiento de la economía de una sociedad. Los datos proporcionados por los informes oficiales enfatizan el rol económico que la mujer desarrolla a partir de la esfera productiva en el trabajo fuera del hogar.

El trabajo doméstico vivido como responsabilidad exclusiva de todos los días repercute en la forma de pensar de las mujeres, en sus conflictos y en la vivencia de su identidad y de su proyección como personas, así como en su autoestima.6

De donde se concluye:

A partir de los casos de personas empleadas del hogar que por décadas han estado invisibles dentro de una sociedad que las margina y explota se han hecho leyes, pero aún no se respetan eficazmente sus derechos humanos. La discriminación hacia ellas va desde los nombres peyorativos hasta el abuso sexual como una forma de violencia contra ellas dentro de un lugar privado que no se rige por ninguna ley, por lo que ellas enfrentan una situación de indefensión al no saber que? hacer ni dónde acudir a pedir ayuda. Las personas trabajadoras del hogar, como cualquier trabajador, tienen los mismos derechos humanos laborales y merecen ser tratadas con dignidad.7

Ahora bien, el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo abre una puerta para replantear la forma en como las trabajadoras domésticas acceden a sus derechos laborales, este tratado internacional persigue los siguientes fines:

(E)l Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, adscrita a la Organización de las Naciones Unidas) sobre el trabajo decente para las personas trabajadoras del hogar. Este Convenio, adoptado el 16 de junio de 2011 en Ginebra, tiene como objetivo la defensa de sus derechos humanos –y por lo tanto laborales– para garantizar entre otras cosas, medidas que impidan su abuso y explotación. El documento esta? diseñado para que los países firmantes fomenten medidas que aseguren que las personas trabajadoras del hogar “disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así? como, si residen en el hogar para el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad.”

...

El Convenio 189 insta a los Estados miembros a establecer mecanismos de comunicación y diálogo con los actores involucrados, trabajadoras/es y empleadoras/es. Reconoce el derecho de asociación y de negociación colectiva (artículo 3). Aboga por el diseño y puesta en marcha de procedimientos para la investigación de quejas y abusos (artículo 15) y de medidas para la inspección de trabajo (artículo 17). Es objetivo principal del Convenio eliminar las medidas discriminatorias que afectan a las trabajadoras y los trabajadores del hogar y al resto de trabajadoras/es en aspectos como: horas de trabajo y descanso, salario, derecho a la seguridad y salud en el trabajo, condiciones de vivienda para quienes trabajan de planta, acceso a seguro social, protección de maternidad o erradicación de abusos.

México no ha ratificado ante el Senado de la República el Convenio 189 de la OIT. Cabe señalar que, desde la aprobación en 2011 de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, todos los convenios internacionales que se ratifiquen y que estén relacionados con estos derechos deberán incorporarse a la legislación nacional con rango constitucional. Es decir, la ratificación del Convenio 189 supondría de manera inmediata la regulación del trabajo del hogar en México en los términos que establece la OIT y que, sin duda, son mucho más protectores que los que recoge actualmente la Ley Federal del Trabajo.8

En conclusión es necesario ante la sentencia de la Suprema Corte en relación al directo 9/2018, un replanteamiento en la legislación laboral a partir de la ratificación del Convenio 189, por parte del Senado de la República, que dé inicio a una discusión en el Poder Legislativo federal, dada su atribución constitucional para expedir la normatividad en materia laboral, que conlleve a un rediseño de la política en materia de trabajo y seguridad social, como derechos humanos interdependientes e indivisibles, sobre todo a través de la creación de acciones afirmativas que garanticen y protejan a las trabajadoras del hogar.

El régimen voluntario del IMSS, es un paso que sin duda permite el acceso a la seguridad social para un gran número de mexicanas y mexicanos, o aún extranjeros que residen en nuestro país, pero que ante las necesidades de la población y sobre todo la presión económica existente sobre el sistema nacional de pensiones, es fundamental que exista una nuevo diseño institucional que permita incorporar otras formas de trabajo.

Sin duda este es uno de los retos de México hacia el futuro, consolidar a través de acciones afirmativas, el acceso a los derechos humanos consagrados en la ley, los cuales son la base para el desarrollo en plenitud.

Es por lo expuesto y de acuerdo a los artículos mencionados en el proemio que se presentan ante esta honorable asamblea popular, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Senado de la República, para que en uso de su facultad constitucional, ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, con la finalidad de proteger y garantizar el acceso a la seguridad social para las trabajadoras del hogar, como un derecho inalienable e interdependiente para el bienestar de este sector poblacional.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo federal, para que en el ámbito de sus atribuciones, establezca medidas y acciones tendentes a la incorporación de las trabajadoras y los trabajadores domésticos al régimen voluntario del Instituto Mexicano del Seguro Social, de forma que se garantice su acceso a la seguridad social.

Notas

1 Amparo Directo 9/2018 (Relacionado con el 8/2018), Ministro Ponente: Alberto Pérez Dayán, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2 Ibíd.

3 Ibíd.

4 Ayala García, M., “Trabajadoras invisibles: seguridad social y trabajo doméstico ante la Suprema Corte. El juego de la Suprema Corte, Nexos, 2018,

https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=9061

5 Calero Sánchez, N., La invisibilización de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores domésticos, Suprema Corte de Justicia de la Nación,

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/derechos_humanos/articulosdh/
documentos/2016-12/LA%20INVISIBILIZACION%20DE%20LOS%20DERECHOS%20DE%20LOS%20TRABAJADORES%20DOMESTICOS.pdf

6 Bautista, M., “El trabajo doméstico en México”, Revista Derechos Humanos, dfensor, número 1, 2012, páginas 12-17.

7 Ibíd.

8 Cebollada, M., El trabajo del hogar: Convenio 189 de la OIT y la legislación en México, Conapred; 2016

Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, en la sesión ordinaria del 18 de octubre de 2018.

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a prevenir y atender los principales problemas de salud visual, especialmente en los centros laborales y escuelas del país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las acciones que ayuden a prevenir y atender los principales problemas de salud visual, especialmente en los centros de trabajo y escuelas del país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la discapacidad visual puede limitar a las personas en la realización de tareas cotidianas y afectar su calidad de vida, así como sus posibilidades de interacción con el mundo circundante.1

La ceguera, la forma más grave de discapacidad visual, puede reducir la capacidad de las personas para realizar tareas cotidianas y caminar sin ayuda. La rehabilitación de buena calidad permite a las personas con diversos grados de discapacidad visual disfrutar de la vida, alcanzar sus objetivos y participar de manera activa y productiva en la sociedad actual.

La misma OMS indica que la visión es un sistema donde las imágenes se desplazan en forma de luz desde la parte anterior del ojo (la córnea) hasta su parte posterior (la retina), atravesando un complejo conjunto de nervios y fibras hasta llegar a distintas partes del cerebro, que las interpreta y, junto con otra información (como la auditiva y la memoria) determina el movimiento, las percepciones y la toma de decisiones de la persona.2

La visión tiene siete funciones que se muestran a continuación:

• Agudeza visual: definición o detalle con que se perciben los objetos (claridad).

• Campo visual: espacio que se abarca con la visión al mirar directamente al frente (visión periférica).

• Sensibilidad al contraste: capacidad para discriminar un objeto del fondo en el que se encuentra.

• Percepción del color: capacidad para distinguir distintos colores y la luz que emiten.

• Agudeza de Vernier: capacidad para discernir la discontinuidad en una línea (se emplea para detectar patrones).

• Agudeza estereoscópica: percepción de la profundidad.

• Umbral de adaptación a la oscuridad: capacidad para ver con poca luz.

De acuerdo con la OMS, la cifra estimada de personas con discapacidad visual en el mundo es de 253 millones, de las cuales 36 millones padecen de ceguera y 217 millones de discapacidad visual moderada a grave. El 81 por ciento de las personas con ceguera o discapacidad visual moderada a grave son mayores de 50 años.3

El número de niños con discapacidad visual es de aproximadamente 19 millones, de los cuales 12 millones la padecen debido a errores de refracción. De igual forma, 1.4 millones de menores de 15 años sufren ceguera irreversible y necesitan acceso a servicios de rehabilitación visual para optimizar su funcionamiento y reducir la discapacidad.

Según estimaciones, las principales causas mundiales de discapacidad visual moderada a grave son: los errores de refracción no corregidos (53 por ciento), las cataratas no operadas (25 por ciento), la degeneración macular relacionada con la edad (4 por ciento), la retinopatía diabética (1 por ciento).

Mientras que las principales causas de ceguera son las cataratas no operadas (35 por ciento), los errores de refracción no corregidos (21 por ciento) y el glaucoma (8 por ciento). Se estima que más del 80 por ciento del total mundial de casos de discapacidad visual se pueden evitar o curar.

La visión tiene una función primordial en la vida, ya que desde el nacimiento es fundamental para el crecimiento y el desarrollo de las personas. Asimismo, resulta de gran importancia en la comunicación, pues la mitad de la información se transmite de modo no verbal mediante gestos y expresiones faciales, y alrededor del 80 por ciento de la información de los sentidos procede de la visión.

No obstante, determinadas circunstancias y factores de vida actuales de las personas, como el uso excesivo de aparatos electrónicos (pantallas, computadoras, tabletas, Smartphone, etc.), la contaminación en las ciudades y los estilos de vida que conllevan mucho estrés y preocupaciones, han provocado la disminución y pérdida de la agudeza visual.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Facultades, Escuelas, Colegios y Consejos de Optometría, en México 50 millones de personas presentan algún problema visual, y menos de la mitad se atiende adecuadamente, esto se debe principalmente por la falta de acceso al cuidado de la salud visual.4

Un niño tiene entre una o dos dioptrías (unidad que evalúa el poder de refracción de la lente), que si no se trata a tiempo es probable que evolucione hasta un 50 por ciento, lo que aumentará gradualmente con el crecimiento, pues entre más alto sea el esfuerzo visual, más se desarrollará su condición.

Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, indican que como consecuencia de que somos un país con un alto porcentaje de enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, hipertensión, etc.), esto incrementa el riesgo de complicaciones, como la deficiencia visual. Los problemas más frecuentes de la visión son los defectos de refracción, que son:5

• Miopía, suele presentarse desde edades muy tempranas y cuya principal molestia es la visión borrosa lejana.

• Hipermetropía, suele estar presente desde el nacimiento, sin embargo, puede tener modificaciones durante el crecimiento, su principal síntoma es la fatiga visual al realizar actividades cercanas.

• Astigmatismo, puede existir a cualquier edad y puede estar presente en combinación con miopía o hipermetropía. La principal molestia es la distorsión de las imágenes lejanas o cercanas.

Según el Atlas de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB), hay 2 millones 237 mil 626 personas con deficiencias visuales, muchas de las cuales carecen de atención integral y acceso a servicios de salud oftalmológica.6

Del total de personas con problemas visuales más de 36 por ciento tiene alguna discapacidad de este tipo y cerca de 63 por ciento no utiliza alguna alternativa para sobrellevar las actividades de su rutina cotidiana.7

La Encuesta sobre los Hogares de 2015, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, revela que el 24.2 por ciento de las personas mayores de 3 años y más, usan lentes de armazón o de contacto.8 La Secretaría de Salud indica que en el país hay 3 mil 500 oftalmólogos para mantener a los pacientes sanos ocularmente.9

Con el objetivo de atender y prevenir las principales enfermedades de los ojos, durante la Tercera Reunión del Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento de las Enfermedades Visuales, la Secretaría de Salud ha puesto en marcha el Programa Nacional para la Prevención de la Discapacidad y Ceguera en México. Asimismo, a través de la Dirección de Asistencia Social, se han realizado en todo el país Jornadas del Programa “Para Verte Mejor”.

La OMS y el Organismo Internacional de Prevención de la Ceguera instauraron el segundo jueves del mes de octubre de cada año como el Día Mundial de la Visión, que tiene como finalidad dar a conocer al público la forma de prevenir una discapacidad visual y así tomar conciencia, para que al paso de los años se vayan eliminando los casos evitables de ceguera.10

En este orden de ideas se solicita a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en los estados, fortalezcan las acciones que contribuyan a prevenir y atender los principales problemas de salud visual, especialmente en los centros de trabajo y escuelas, con la finalidad de evitar posibles accidentes o complicaciones que pongan en riesgo su salud y calidad de vida.

La discapacidad visual constituye un problema de salud pública que puede prevenirse, ya que su atención no oportuna genera importantes afectaciones al bienestar y economía de los pacientes y sus familias.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las acciones que ayuden a prevenir y atender los principales problemas de salud visual, especialmente en los centros de trabajo y escuelas del país.

Notas

1 http://www.who.int/features/factfiles/blindness/es/

2 http://www.who.int/blindness/vision-report/Consultation_draft_World_rep ort_on_vision_ES.docx.

3 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual -impairment

4 http://www.milenio.com/estados/miopia-hipermetropia-problemas-visuales- comunes-mexico

5 http://www.unamglobal.unam.mx/?p=37970

6 http://www.jornada.com.mx/2017/10/13/sociedad/035n2soc

7 http://www.gaceta.unam.mx/20180208/lentes-inteligentes-para-debiles-vis uales/

8 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especial es2016_06_05.pdf

9 https://www.gob.mx/salud/prensa/409-se-conmemora-el-dia-mundial-de-la-s alud-visual-2017

10 https://www.gob.mx/conadis/articulos/12-de-octubre-dia-mundial-de-la-vi sion?idiom=es

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la problemática que enfrentan las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Las suscritas diputadas y diputados a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, II, III y IV; y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que sea considerado como de urgente y obvia resolución, en relación a la problemática que enfrentan las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 25 de la Constitución Federal dispone que deberán concurrir al desarrollo económico nacional el sector público, el sector social y el sector privado. Asimismo, establece que, bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas del sector social, sujetándolas a las modalidades que dicte el interés público.

La Constitución, también fundamenta en el artículo 73 la existencia de una Ley General de Sociedades Cooperativas, una de las formas de organización social que enumera la ley fundamental para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Por otra parte, el artículo 28, considera que no constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del gobierno federal o de las entidades federativas.

Más que una regulación, las disposiciones enunciadas representan el fundamento principal de las políticas de Estado mexicano en materia de promoción de empresas que integran la economía social y solidaria, en el marco de la actividad rectora del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

La ley define a la sociedad cooperativa como una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Otros principios que las rigen es la democracia, el desarrollo de la persona, la cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo. Su gestión está dirigida a las necesidades sociales o humanas y no al capital.

Por ello, estas formas de organización deben inscribirse en el proceso de desarrollo integral y sustentable del país y ser sujetas de promoción, protección y apoyo por parte del Estado. Desde luego, también de regulación.

En el contexto nacional actual, donde existe una economía con crecimiento casi imperceptible, una concentración desmedida del ingreso y de la riqueza, y altos niveles de pobreza; la solidaridad, la ayuda mutua, la integración y la organización colectiva deberían jugar un papel de mucha mayor relevancia.

Las cooperativas contribuyen al desarrollo económico y al bienestar social, en la medida en que representan una puerta de acceso a la vida laboral, y en algunos casos, a los satisfactores sociales básicos que difícilmente se obtienen en aquellos lugares que enfrentan la marginación, la pobreza y el abandono de las instituciones públicas. Las cooperativas también fungen como agentes de transformación y cohesión social.

Hay cooperativas con experiencias exitosas en materia de sustentabilidad, reconstrucción del tejido social, dignificación de las mujeres y rescate de las tradiciones en pueblos originarios. Ejemplos donde los socios son amas de casa, campesinos, jornaleros, choferes, albañiles, carpinteros, prestadores de servicios turísticos, maestros y comerciantes.

Es el caso de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Socap, que en distintas partes del territorio nacional, han contribuido a dinamizar economías locales y regionales, al permitir que comunidades rurales o indígenas tengan acceso a créditos y opciones que nunca obtendrían del sistema financiero que las ignora, y por tanto, los consideran excluyente y discriminatorio.

El sector de ahorro y crédito popular en nuestro país data de hace más de 60 años, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a 2016 existe un registro de 765 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, de las que apenas 152 se encuentran autorizadas; sus activos ascienden a más de 112 mil millones de pesos y se contabilizan aproximadamente 5.8 millones de socios.

Se calcula una presencia en alrededor de mil 727 municipios (70 por ciento), particularmente en los que se consideran de alta y muy alta marginación.

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015 muestra que el 76 por ciento de las localidades de hasta 15 mil habitantes y el 678 por ciento de las localidades urbanas hace frente a sus necesidades financieras mediante el préstamo “entre particulares”, lo que refleja el poco uso de servicios financieros.

El Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2016 muestra que apenas el 21.1 por ciento de los municipios rurales con población de hasta 15 mil personas cuenta con sucursales de intermediarios financieros, de los cuales la mitad son Socap, y apenas el 34 por ciento corresponde a bancos.

Como hemos comentado, las Socap contribuyen a dinamizar las condiciones socioeconómicas de las regiones. Pese a esto, algunas han venido denunciando que la autoridad encargada de supervisar su actividad financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ha implantado procesos administrativos que desconocen el carácter eminentemente social de las cooperativas, les ha formulado observaciones excesivas e impuesto cargas que se suman al ya de por si complejo entorno económico y la regulación inapropiada que enfrentan.

Las Socap han señalado que la CNBV instaura procesos aplicando criterios que se ubican en el contexto de la banca tradicional, a pesar de que, como hemos señalado, se trata de organizaciones con fines y objetivos sustancialmente distintos, que no buscan el lucro. Donde los socios son copropietarios; las operaciones son dirigidas a la satisfacción de necesidades o el bienestar individual y colectivo, entre otras diferencias.

Cabe mencionar, que el pasado septiembre, integrantes de las Sociedades Cooperativas Tosepantomin, estado de Puebla, Caja popular el Porvenir, Michocán, Caja Popular San Nicolás, de León, Guanajuato, Cooperativa 15 de septiembre, de Tecario, Michoacán, Cooperativa 11 de abril de Tacámbaro, Michoacán, Caja Maya del Sur, de Mérida, Yucatán; Caja Santa Cruz de Juventino Rosas, e integrantes del Consejo Superior del Cooperativismo, hicieron entrega de documentos a diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios, donde explican algunas de las siguientes problemáticas:

Además de la naturaleza social, la CNBV lleva a cabo distintos procedimientos y requerimientos que no atienden al contexto cultural ni el contexto social en que se desempeñan.

Hay casos en que para otorgar créditos, exige a la sociedad requiera la comprobación de ingresos con facturas, estados de cuenta o nómina que permita determinar la capacidad de pago del solicitante. Para quien vive en una zona rural indígena y labora en el campo, este requisito es imposible de cumplir.

En cuanto al pago de incentivos que se realizan a promotores por captar ahorros o colocar créditos, la CNBV exige pagar bajo esquemas internacionales de incentivos que no corresponden a una Cooperativa pues esta se integra de socios, no de accionistas.

En el caso de sociedades de reciente creación, se les requiere información financiera de más de 10 años de antigüedad.

Se han solicitado contratos de construcción de los años 60s, cabe señalar que es esa época no existía regulación en la materia, solo la Ley General de Sociedades Cooperativas (LGSC).

Existe duplicidad en procedimientos y requerimientos de FOCOOP y CNBV.

Se ha ordenado incluir en bases constitutivas de las Socap reglas que den facultad a la CNBV de decidir sobre las mismas, lo que corresponde a los socios.

Se impone la contratación de personal certificado en materia de prevención de casos lavado de dinero, lo cual representa un fuerte incremento de costos.

Existe duplicidad de funciones entre Comité de Auditoría y Auditor interno.

En la interpretación de la ley se opta por el criterio que afecta la Socap, lo que se traduce en sanciones económicas.

Obstáculos administrativos que hacen demasiado compleja la autorización y el reconocimiento legal.

Cabe aclarar que las Socap, manifestaron la disposición de cumplir cabalmente con el marco normativo y con los procedimientos, así como dar garantía de seguridad y transparencia a los ahorradores.

No obstante, señalan la urgencia de que se detengan procedimientos tendenciosos, que tienen la finalidad de detener sus operaciones o negar la autorización para funcionar. Ello, en clara contradicción con los principios y preceptos constitucionales que protegen a las sociedades cooperativas, y mandatan la promoción de su actividad en beneficio del desarrollo nacional.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, cita a una reunión de trabajo ante la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo, al titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de analizar la problemática que enfrentan las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, y en su caso, se revisen los procedimientos que han impuesto cargas excesivas u observaciones que ponen en riesgo la subsistencia o el funcionamiento de las Sociedades de Ahorro y Crédito a las que se hace referencia en la exposición de motivos que dio origen al presente acuerdo.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 18 de octubre de 2018.

Diputados: Ernesto Palacios Cordero, Marco Antonio Carbajal Miranda, Rocío Barrera Badillo, Erasmo González Robledo, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, Carmina Yadira Regalado Mardueño, Carlos Javier Domínguez Cano, Manuel López Castillo, Sandra Paola González Castañeda, Miroslava Sánchez Galván, Miguel Ángel Márquez González, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Francisco Javier Borrego Adame, Diego Eduardo del Bosque Villarreal, María Wendy Briceño Zuloaga, Maximiliano Ruiz Ariasi, Martina Cázarez Yáñez, Edith García Rosales, Laura Martínez González, Adela Piña Bernal, Lorena del Socorro Jiménez Andrade y Javier Hidalgo Ponce (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno federal a realizar acciones a fin de incorporar la zona del cráter de Chicxulub, Yucatán, en el programa internacional de geoparques de la UNESCO, pues supone patrimonio geológico, contribuye a la ciencia y posee relevancia histórica para la humanidad, a cargo de la diputada María Ester Alonzo Morales, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, María Ester Alonzo Morales , diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al gobierno federal, para que realice las acciones necesarias a fin de incorporar la zona del cráter de Chicxulub del estado de Yucatán al Programa Internacional de Geoparques de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por su patrimonio geológico, contribución a la ciencia y relevancia histórica para la humanidad, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En la trigésima octava Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), los Estados miembros ratificaron la creación del Programa Internacional de Geociencias y Geoparques.

En particular, respecto al Programa Internacional de Geoparques, destaca que uno de sus objetivos es incrementar las medidas de conciencia sobre la geo-diversidad del mundo y fomentar mayores esquemas o prácticas de cuidado, protección, educación, conocimiento y gestión de los sitios geológicos.

Se han reconocido al menos 140 geoparques en 38 países, entre los que se encuentran el de Satun en Tailandia, el de Madonie en Italia, el de Zhangjiajie en China y el de Itoigawa en Japón. Asimismo, por belleza también figura el geoparque de Langkawi en Malasia, el de Naturtejo da Meseta en Portugal y el de Cabo de Gata-Níjar en España.1

Nuestro país cuenta hasta el momento con dos geoparques registrados. El primero de ellos está ubicado en el estado de Hidalgo y abarca a municipios como Atotonilco el Grande, Epazoyucan, Huasca de Ocampo, Mineral del Chico, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Omitlán de Juárez, Pachuca de Soto y Singuilucan.2

Este geoparque está conformado por 31 geositios y se caracteriza por diversos depósitos minerales y la unión de provincias geológicas, además del cinturón volcánico Transmexicano y de la Sierra Madre Oriental.

El segundo de los espacios reconocidos es el denominado geoparque Mixteca Alta, el cual se extiende por 415 kilómetros cuadrados en nueve municipios del occidente del estado de Oaxaca.

Esta zona es considerada como la región más compleja de México desde una perspectiva geológica. Esto se debe a que los 37 geositios estudiados, presentan rocas metamórficas y plutónicas paleozoicas que datan de por lo menos 250 a 500 millones de años de antigüedad.3 Aunado a ello, también cuenta con un enorme patrimonio natural, gastronómico, cultural, arqueológico e histórico.

No obstante, por su extensión, belleza natural y características geológicas, en nuestro país existen muchas otras áreas que son aptas de ser incluidas al Programa Internacional de Geoparques de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre las cuales destaca la zona del cráter de Chicxulub en el estado de Yucatán.

De acuerdo con diversas investigaciones e instituciones de educación superior, el cráter de Chicxulub es el mejor conservado en el registro terrestre del planeta y se encuentra entre los cráteres de mayores dimensiones conformado hace más de 66 millones de años.

Fue en 1980 cuando la Universidad de California estableció la teoría del impacto de un meteorito en Yucatán, que habría provocado la extinción de los dinosaurios, y fue en 1989 cuando se identificó y delimitó en un diámetro de 200 kilómetros. Se estableció que el cráter fue generado por el impacto de un asteroide de 12 kilómetros que cual terminó con al menos el 76 por ciento de la vida en la tierra.

Por el potencial que presenta para la ciencia, recientemente se firmó un convenio para que la Universidad Nacional Autónoma de México establezca en esta demarcación la Unidad de Estudios Avanzados del Cráter de Chicxulub y se construya el Museo de la Luz, que será el laboratorio más importante del país en el ámbito de las ciencias de la tierra, con el que se pretende investigar aún más este laboratorio natural y difundir nuevos descubrimientos.4

El cráter de Chicxulub es parte de nuestro patrimonio geológico, ya que su formación tuvo múltiples impactos para la vida en el planeta. Por sus peculiaridades, ofrece una oportunidad inigualable de conocer nuestro pasado y asegurar su preservación para las próximas generaciones.

Ser parte de Global Geoparks de la Unesco representa un reconocimiento internacional que pone de manifiesto la importancia de la gestión de los sitios geológicos y paisajes destacados de una manera holística. Entre sus beneficios, destaca que busca aumentar la conciencia de la geo diversidad e impulsar las mejores prácticas de turismo, educación y protección.

Bajo estas directrices, resulta fundamental que se realicen las acciones necesarias para incorporar la zona del cráter de Chicxulub del estado de Yucatán, al Programa Internacional de Geoparques de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que realice las acciones necesarias a fin de incorporar la zona del cráter de Chicxulub del estado de Yucatán, al Programa Internacional de Geoparques de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por su patrimonio geológico, contribución a la ciencia y relevancia histórica para la humanidad.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2018). Unesco Global Geoparks. 12/10/2018, de Unesco Sitio web: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-science s/unesco-global-geoparks/

2 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2018). Comarca Minera, Geoparque, Hidalgo. 12/10/2018, de Geoparque Hidalgo Sitio web: http://www.geoparquehidalgo.com/

3 Geoparque Mixteca Alta. (2018). Geoparque. 12/10/2018, de GMA Sitio web: http://www.geoparquemixtecaalta.org/geositios-y-geosenderos/geositios

4 La Jornada Maya. (2018). UNAM impulsa investigación en cráter Chicxulub, en Yucatán. 12/10/2018. Sitio web: https://www.lajornadamaya.mx/2018-09-22/UNAM-impulsa-investigacion-en-c rater-Chicxulub—en-Yucatan

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 18 de octubre de 2018.

Diputada María Ester Alonzo Morales (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias federales a ejercer recursos correspondientes al anexo 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”; y a la CNDH, a difundir los efectos de esos recursos para reducir la brecha de desigualdad entre unas y otros, así como sus medios de evaluación, a cargo de la diputada Rocío del Pilar Villauraz Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta Comisión Permanente, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Compañeras y compañeros, la cuarta transformación inicia donde el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género comienzan, no alcanzaremos justicia social sin cerrar la brecha tan lasciva para nuestra sociedad que representa la desigualdad entre hombres y mujeres. En este sentido la planeación presupuestaria y el ejercicio sustantivo de los recursos públicos es fundamental. El espíritu del anexo 13 del presupuesto busca cerrar esa brecha, es necesario que en el pleno ejercicio de sus atribuciones las distintas dependencias federales apliquen no solo de forma eficiente si no eficaz estos recursos, así como su máxima difusión entre la población.

Es imperante en el marco de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2019, se cuente con la información necesaria para poder establecer las bases de un presupuesto que logre la igualdad sustantiva. Porque esta lucha no es de agendas políticas o de partido, porque a pesar que desde hace 11 años se cuenta con el transversal presupuestario, aún no podemos observar los avances que la política pública perfilaba, si vamos a entrar a los temas de transformar al país comencemos por no dilapidar recursos que solo cumplen con la letra, entremos a la discusión del origen y destino de los mismos, y este no es otro que el espíritu de las leyes en la materia refleja.

Por lo expuesto y fundado, se somete a su consideración los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente y obvia resolución

Primero: Se exhorta respetuosamente a los titulares de las dependencias federales que ejerzan recursos correspondientes al Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que con brevedad hagan pública la información sobre el impacto que estos recursos han tenido en la reducción de la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, así como de sus mecanismos de evaluación.

Segundo . Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos haga público los resultados del sistema de información con capacidad para conocer la situación que guarda la igualdad entre hombres y mujeres, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia.

Referencias

1 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados.

2 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506080&fecha=29/11/ 201

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para cancelar la licitación pública número LA006G1C003-E45-2108, relativa al contrato para prestar el servicio de telepeaje en 41 carreteras y autopistas, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; 62, numeral 3; 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, referente a cancelar la licitación pública número LA006G1 C003- E45- 2108 relativa al contrato para la prestación del servicio de telepeaje en 41 carreteras y autopistas del país.

Consideraciones

El pasado 26 de septiembre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) publicó la licitación número LA006G1 C003-E45-21 08 relativa a la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de telepeaje en 41 carreteras y autopistas del país, por lo que, la empresa que gane la licitación operará el cobro de las casetas hasta el 30 de marzo de 2023.

Se solicita la cancelación de la mencionada licitación ya que, en 2014, la licitación hoy vigente de 4 mil 250 millones de pesos generó un escándalo por acusaciones de irregularidades en el proceso que ganó la empresa Telepeaje Dinámico (Tedisa), seguida de múltiples fallas técnicas y problemas en la transición tecnológica al nuevo sistema.

Cabe destacar que precisamente por esos escándalos y la falta de limpieza en la asignación del multimillonario contrato, ahora la licitación no fue convocada por Caminos y Puentes Federales, operador de las carreteras, sino por Banobras, en su carácter de fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura, que, por ser un fideicomiso, no está sujeto a las restricciones de gasto anual del Presupuesto de Egresos.

Para nadie es desconocido y lo hemos dicho miles de veces, lamentablemente este fue el sexenio de la corrupción, de la opacidad en todos los ámbitos y por supuesto que los tentáculos alcanzaron mayormente a los contratos de infraestructura del gobierno federal, muestra de ello, es la actual licitación que está en manos de Telepeaje Dinámico (Tedisa), empresa perteneciente al consorcio Impulsora de Servicios Terrestres, relacionada con un empresario muy cercano al círculo del presidente Enrique Peña Nieto.

Por otra parte, es de señalar que el contrato con Tedisa vencía el 31 de julio de 2018, pero fue ampliado mediante adjudicación directa ocho meses más, por un monto de 463 millones de pesos.

Por las irregularidades que existieron en la anterior licitación y por el temor fundado de la corrupción que ha imperado en este gobierno, se presenta éste Punto de Acuerdo para que tal como lo señala nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 109, los servidores públicos deben actuar con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Por lo expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 79, numeral 2, fracción III, y 65, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados someto de urgente y obvia resolución a la consideración de ese honorable pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal y a Banobras a cancelar la licitación LA006G1C003 E45- 2108 relativa al contrato para prestar el servicio de telepeaje en 41 carreteras y autopistas concesionadas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días de mes de octubre de 2018.

Diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y la SHCP a efectuar acciones respecto al fideicomiso del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, la diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias respecto del fideicomiso del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, asegurando con ello que pueda continuar con sus labores y cumplir con sus obligaciones de protección de manera ordinaria en lo que resta del año y durante los primeros meses de 2019, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con cifras de organizaciones defensoras de los derechos de la libertad de expresión e información, en México se han asesinado en los últimos 17 años a 112 periodistas o personas vinculadas con los medios de comunicación, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado en el mismo periodo el asesinato de 130 comunicadores y comunicadoras, destacando también la desaparición de 20 personas más y la incidencia de 52 actos de ataque o amenaza contra medios de comunicación.1

A estas alarmantes cifras se deben de sumar las que se han documentado en los últimos años en relación a las agresiones, amenazas, desapariciones y asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos a nivel nacional, cuyas estadísticas nos indican que tan sólo en el año 2017 hubo 21 casos de asesinatos y 58 más de desaparición, según lo reportó en su informe anual la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos a inicios de este año.

Mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró en su recomendación general número 25 sobre esta problemática observó con preocupación que el nivel de agresiones a defensores civiles se ha incrementado en los últimos años; pues del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2015, ya que en este periodo en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de ese organismo nacional se integraron un total de 380 expedientes respecto de casos relacionados con personas defensoras, mientras que durante el último lustro (2011-2015) el número de quejas radicadas representaron 70.27 por ciento del total de quejas recibidas en el periodo de 2006 al 31 diciembre de 2015.

Ante este clima alarmante de amenazas, agresiones y violencia en contra de las y los periodistas y de las y los defensores de los derechos humanos, llama la atención que en el presupuesto de egresos 2018 no se hubiese contemplado los recursos financieros suficientes para garantizar la operación del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dependiente de la Secretaría de Gobernación y fue hasta el mes de abril de este año que se inyectó un recurso extraordinario a dicho Mecanismo por un monto de 200 millones de pesos, monto que ha resultado insuficiente y que sólo alcanzó a cubrir los gastos hasta el mes de septiembre.

Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como organizaciones civiles defensoras de los derechos fundamentales y la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han alertado en semanas recientes que haciendo una revisión del ejercicio presupuestal y de los montos asignados para el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no había erogado los recursos suficientes para asegurar la operación de dicho mecanismo por lo que resta del año y que tampoco tenían recursos para continuar brindando la seguridad a las más de 700 personas que son beneficiarias del mismo.

El pasado 19 de septiembre el consejo consultivo del mecanismo anunció que habían logrado acordar con la Secretaría de Gobernación para que se canalizaran al fideicomiso de este mecanismo un presupuesto adicional de aproximadamente 75 millones de pesos, logrando comprometer al titular de esa dependencia a gestionar y canalizar este monto a más tardar la primera semana del mes de octubre, sin embargo, dicho monto no ha sido redirigido desde la SHCP, dejando hasta el día de hoy, en una indefensión riesgosa a todas las y los beneficiarios tanto defensores de derechos humanos como periodistas.

Ante la ausencia de un presupuesto adicional que les permita continuar con su funcionamiento y ante el incumplimiento en que ha incurrido de dicho acuerdo el secretario de Gobernación, esta Cámara de Diputados exhorta de manera urgente a la SHCP a que destine los 75 millones de pesos comprometidos para garantizar la operación del mecanismo de protección y para que adicionalmente le asigne un presupuesto suficiente que asegure su funcionamiento y la protección a las personas beneficiarias durante los primeros meses de 2019.

Por las anteriores consideraciones y antecedentes, someto a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias respecto del fideicomiso del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, asegurando con ello que pueda continuar con sus labores y cumplir con sus obligaciones de protección de manera ordinaria en lo que resta del año y durante los primeros meses de 2019.

Nota

1 Véase la referencia que hace la organización civil Periodistas de a Pie sobre la incidencia delictiva en contra de las y los periodistas a nivel nacional en el periodo 2000-2017 https://www.periodistasdeapie.org.mx/cndh-reconoce-130-homicidios-de-pe riodistas-de-2000-a-2017.php

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al presidente de la Mesa Directiva de esta soberanía a instruir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para desistirse de cualquier recurso de inconformidad, apelación, revisión u otro presentado por ese órgano colegiado ante el Poder Judicial de la Federación por la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en el amparo en revisión 203/2017, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que solicita al presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados a que de manera inmediata se instruya a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que se desista de cualquier recurso de inconformidad, apelación, revisión o cualesquiera otro que se hubiese presentado por este órgano colegiado ante el Poder Judicial de la Federación por la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en el amparo en revisión 203/2017, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Asumiendo funciones claramente de un Tribunal en materia de derechos humanos y sorprendiendo gratamente a todas y todos los mexicanos el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito Judicial en Tamaulipas, resolvió hace un par de meses que el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, así como el asesinato de seis personas más, debería de ser investigado por una comisión independiente que garantice la verdad y asegure un proceso para acceder a la justicia, es decir, por una Comisión de la Verdad.

El Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas reconoció también que existe una alta probabilidad de que las personas que se encuentran detenidas por estos hechos hayan sido torturadas y que dicho supuesto no ha podido ni probarse ni descartarse simplemente porque no se han realizado los respectivos peritajes médicos y psicológicos (integrados en el Protocolo de Estambul) por parte de peritos independientes y confiables, pues dichos estudios los han realizado únicamente peritos de la propia Procuraduría General de la República (PGR), ordenando en ese sentido la reposición del procedimiento penal de todo el caso y la revisión de la actuación de la propia PGR a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos y no sólo a la luz de los bajísimos estándares de procuración de justicia a los que está acostumbrada dicha instancia federal.

La decisión de este tribunal en el caso Ayotzinapa abrió una nueva etapa en la protección de los derechos humanos en México pues ponderó el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la verdad como ejes que deberán de seguirse en la investigación de los hechos ocurridos aquella noche trágica del 26 y 27 de septiembre.

Esta decisión también cierra y da por muerta aquella “verdad histórica” que durante años este gobierno ha querido presentar como la única verdad de lo sucedido, y que ha sido cuestionada y refutada por especialistas nacionales e internacionales, la decisión judicial del Primer Tribunal Colegiado de Circuito de Tamaulipas es la mejor expresión de que en este tipo de casos de violaciones graves a los derechos humanos no puede imponerse un velo de impunidad, secrecía y falta de veracidad.

En este mismo sentido y siendo congruente con sus compromisos de campaña el presidente electo se comprometió el pasado 26 de septiembre, en una reunión con los familiares de los 43 estudiantes, a crear la Comisión de la Verdad para este caso, independientemente de que la resolución del Tribunal Colegiado quedara firme o siguiera siendo impugnada por las distintas instancias del gobierno federal que se han opuesto a acatar una decisión judicial trascendental para el país, innovadora, progresista y con una visión transversal de los derechos humanos.

Tras la resolución del fallo histórico, tanto la PGR como la Consejería Jurídica de la Presidencia y un sinnúmero de instancias estatales y federales han pretendido dilatar el cumplimiento de la sentencia de amparo asegurando con ello que el actual gobierno llegara a su término sin tener que acatar en sus términos la resolución del caso.

Formalmente la PGR impugnó la resolución alegando que era de “imposible cumplimiento material” y solicitó al Primer Tribunal Unitario del Decimonoveno Circuito que declara que la parte central del amparo donde se ordenaba la creación de una comisión de la verdad independiente en cual participaran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las organizaciones civiles que representan a los familiares de las víctimas e incluso organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos era imposible cumplirla en los términos que había sido ordenada.

Con esta primera inconformidad la PGR y diversas instancias del Estado de mexicano iniciaron una ola de recursos y alegaciones judiciales sin sustento, con la finalidad de obstaculizar el cumplimiento de la sentencia, llegando incluso a sumar hasta 200 recursos en contra de una sola resolución judicial que no busca otra cosa más que garantizar el derecho a la verdad y el derecho a la justicia de las víctimas.

Lamentable resulta la actitud de estas instancias del gobierno federal y de algunas fiscalías estatales así como de ex militares o ex policías que a título individual han participado en esta ola de impugnaciones, pero resulta absolutamente inaceptable que la propia Cámara de Diputados se haya sumado a esas impugnaciones y que hubiese instruido a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que impugnaran las resolución del Tribunal Colegiado de Tamaulipas particularmente a la parte de la sentencia que señala:

“1254. Vinculado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que para el debido funcionamiento de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala). Se requiere que se destinen los recursos económicos necesarios, para que ésta pueda desplegar sus actividades sin obstáculos ni dificultades, pero sobre todo para el logro de su cometido.

1255. En ese orden de ideas, respetuosa y atentamente se destaca la importancia de que se destinen los recursos presupuestarios que sean necesarios, para el adecuado funcionamiento de dicha comisión .

1256. Por tal motivo, se le solicita de la manera más atenta y respetuosa, tome en consideración lo expuesto, y en el marco de sus atribuciones adopte las medidas necesarias para que destinen los recursos presupuestarios que se requiera.

1257. Dado que lo anterior involucra las facultades de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hágase de su conocimiento, por conducto del presidente de la Junta Directiva en términos de los dispuesto en los artículos 23, numeral 1, inciso I) de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, para que en el marco de sus atribuciones se sirva a adoptar las medidas pertinentes a fin de dotar a la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala) de los recursos que requiera para su adecuado funcionamiento”.

Es decir, que esta Cámara de Diputados impugnó una resolución judicial histórica con la más alta perspectiva de derechos humanos simplemente porque le solicitaban asignarle presupuesto para su operación y funcionamiento a la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa.

Indignante resulta la respuesta de este Congreso de la Unión y lamentable también que algunos funcionarios de este órgano colegiado, obedeciendo indicaciones de no sabemos quién, hubiesen utilizado los recursos institucionales y la representación de esta legislatura para obstaculizar e impedir la puesta en marcha de tan valiosa comisión investigadora.

Atendiendo a todo esto, resulta urgente que esta soberanía actúe en congruencia y en consecuencia a todo lo que expresamos en la tribuna el pasado 26 de septiembre, cuarto aniversario de aquella noche trágica de Iguala y, en consecuencia, se instruya de inmediato al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara para que de manera inmediata instruya a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que se desista de cualquier recurso, inconformidad o impugnación que hubiese presentado en representación de esta Cámara de Diputados en el juicio de amparo en revisión 203/2017 y los correlacionados con éste que se refieran al mismo asunto de la Comisión de la Verdad.

Asimismo en aras de transparentar los procesos de toma de decisiones al interior de esta Cámara resulta de suma importancia que se presente un informe a la Junta Directiva, en donde se informen detalladamente las órdenes, responsables y acciones que se tomaron en relación a la impugnación o inconformidad que se presentó en relación al amparo en revisión 203/2017 del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito.

Atendiendo a todo lo anterior se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . Se solicita al presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados a que de manera inmediata se instruya a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que se desista de cualquier recurso de inconformidad, apelación, revisión o cualesquiera otro que se hubiese presentado por este órgano colegiado ante el Poder Judicial de la Federación por la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en el amparo en revisión 203/2017 (Comisión de la Verdad Caso Ayotzinapa).

Segundo. Se solicita a la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados que a su vez remita a la Junta de Coordinación Política un informe detallado en donde se señalen las acciones, las personas responsables, así como los documentos presentados ante el Poder Judicial de la Federación en relación a la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito en el amparo en revisión 203/2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el gobierno de Sonora a atender la grave escalada de violencia en la zona sur de la entidad, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, PAN, PES, PT y Movimiento Ciudadano

Los que suscriben, diputados federales por Sonora, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Marco Antonio Carbajal Miranda, María Wendy Briceño Zuloaga, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Manuel López Castillo, Carlos Javier Larmarque Cano, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Madelene Bonnafoux Alcaráz, Hidelisa González Morales, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Jorge Eugenio Russo Salido, integrantes de distintos grupos parlamentarios, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se exhorta, al titular del Ejecutivo federal y a la gobernadora de Sonora para que atiendan la escalada grave de violencia en la zona sur del estado, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Los recientes acontecimientos de violencia contra agentes de la policía municipal en los municipios de Guaymas, Hermosillo y Cajeme, que han provocado la muerte, solo en 48 horas de siete agentes policíacos, (con el agravante y las renuncias simultáneas del Fiscal General de Justicia y el secretario de Seguridad Pública en Sonora, son muestra que los gobiernos estatal y municipales han sido rebasados por esta problemática, al carecer de los recursos necesarios para enfrentar una ola de violencia que está aumentando considerablemente en todo el País. Por ello es necesario que las autoridades federales implementen acciones urgentes de atención a este caso y reducir la violencia en nuestra entidad federativa.

Segunda. Que en fecha 9 de octubre del corriente, el Congreso de Sonora, aprobó un acuerdo para que el gobierno federal asuma la seguridad pública en el estado, lo anterior en consideración de los supuestos planteados por el artículo 11, fracción I y 13 de la Ley de Seguridad Interior, a fin de recuperar la gobernabilidad democrática, la paz y la tranquilidad de las familias sonorenses; así mismo resolvió solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la finalidad de que estos organismos puedan evaluar la capacidad del gobierno del estado de Sonora para salvaguardar las garantías constitucionales de seguridad para los sonorenses.

Tercera. Si bien es cierto que estos acontecimientos están directamente relacionados con delitos del crimen organizado y su investigación compete, por ley, al gobierno federal, los gobiernos estatales deben crear mecanismos de atención inmediata a delitos de alto impacto, en particular los homicidios relacionados al crimen organizado.

Cuarta. El aumento en la incidencia de estos delitos hace pensar en la necesidad de redoblar esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad de los sonorenses. En este sentido, es necesario que las dependencias estatales encargadas de la seguridad lleven a cabo una estrategia concreta en relación con esta serie de delitos que alteran el buen desarrollo de la sociedad.

Quinta. Diversas entidades federativas han establecido protocolos específicos para una reacción inmediata a los delitos que presentan una mayor incidencia, con resultados favorables. Estos incluyen no solo una estrategia policíaca, legal y administrativa, sino de infraestructura humana y tecnológica que contenga aspectos como inversión en cámaras de vigilancia en las principales arterias de las ciudades con mayor incidencia delictiva para lograr un monitoreo efectivo y coordinado entre agentes policiacos y centros de control; diseño de círculos concéntricos alrededor del lugar en el cual se comete el delito, que ayude a la policía formar cercos alrededor de un sospechoso; y mecanismo de control escalonado de semáforos. Esta estrategia ha permitido que la Policía puede crear momentáneamente embotellamientos en la zona que dificulten el avance de los vehículos de los delincuentes.

Sexta. De acuerdo con las cifras del Semáforo Delictivo Nacional, al tercer trimestre del presenta año, los homicidios en Sonora han ido al alza. A la fecha, se contabilizan 456 casos; sólo en agosto se registraron 74 homicidios en Sonora, muy por encima de la media nacional, que se ubicó en 54 y casi el doble de la meta fijada en una reducción de 25 por ciento de los homicidios. Esto provocó que, durante los últimos cinco meses, el Semáforo delictivo de los homicidios en Sonora se muestre en rojo.

Séptima. Durante el 2018, los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, España y Reino Unido emitieron una alerta de viaje para Sonora por el aumento considerable de los índices de violencia que han traspasado fronteras. Esta alerta de viaje recomienda a los ciudadanos de estos países no viajar por tierra en el territorio sonorense, ante los riesgos que significan los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que operan en el país. El caso más relevante es el de Estados Unidos, que compara la violencia con países del medio oriente, como Irak o Afganistán, pues otorgó a varios estados de nuestro país el nivel más alto de alerta.

Octava. De acuerdo con el artículo 21 constitucional, la seguridad pública “es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley”, en sus respectivas competencias por ello de ser importante retomar la actuación de las autoridades para lograr la seguridad en Sonora.

Novena. En Morena somos partidarios de una estrategia de prevención que combata las causas de esta crisis de seguridad, pero también consideramos necesaria la fuerza coercitiva del sistema de justicia del Estado en contra de los delincuentes, con el objetivo de otorgar a los ciudadanos el derecho a la paz y la tranquilidad.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que a la brevedad y haciendo uso de sus facultades constitucionales, atienda la grave situación de violencia en el sur del estado de Sonora.

Segundo. Se exhorta a la titular del gobierno del estado de Sonora, para que, en uso de sus atribuciones, implemente un Protocolo para la atención inmediata a delitos de alto impacto en el estado de Sonora, poniendo especial atención en los municipios de Guaymas, Hermosillo, Cajeme y Navojoa.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputados: Heriberto Marcelo Aguilar Castillo (rúbrica), Marco Antonio Carbajal Miranda (rúbrica), María Wendy Briceño Zuloaga (rúbrica), Lorenia Iveth Valles Sampedro (rúbrica), Manuel López Castillo (rúbrica), Carlos Javier Larmarque Cano (rúbrica), Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo (rúbrica), Madelene Bonnafoux Alcaráz (rúbrica), Hidelisa González Morales (rúbrica), Ana Gabriela Guevara Espinoza, Jorge Eugenio Russo Salido (rúbrica), Irma María Terán Villalobos.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a revocar los decretos de reserva de agua y crear una comisión investigadora sobre su constitucionalidad y legalidad, así como las acciones realizadas por el director general de la Conagua a través de obras, servicios, contratos, concesiones, arrendamientos y adquisiciones celebrados, a cargo de la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal María de los Ángeles Huerta del Río, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 65, numeral 4; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Resulta a todas luces necesario que los 10 decretos de reserva de agua firmados por el Ejecutivo federal el pasado junio, a través de los cuales sustituyó el régimen de veda que protegía cerca de 300 cuencas hidrológicas en el país que concentran el 55 por ciento de lagos y ríos, por un régimen de reserva que, autoriza la extracción de agua sin límites claros, deben ser revocados de manera inmediata, toda vez que, evidencian con claridad intereses mezquinos y particulares, mediante los cuales pretenden privatizar el agua.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), derivado de estos decretos, y del acuerdo tomado el 1 de octubre, urdió entregar a partir del día 15 de este mes, en forma masiva, concesiones de aguas nacionales hasta agotar las disponibilidades a través de un sistema automático en línea.

Concesiones que, tendrán una vigencia de hasta 30 años, renovables por el mismo periodo, y podrán ser libremente vendidas y compradas. Las que serán otorgadas a través de un trámite digital, que ha sido estratégicamente diseñado para favorecer a los grandes empresarios, mineras, petroleras y privatizadores de los sistemas municipales de agua, a costa del derecho de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos, tal y como ha sido denunciado ya por diversas organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia.

La buena fe y tramitología digital que el Ejecutivo ha argumentado, no es más que una trampa para que los grupos menos favorecidos y quienes más necesitan el líquido vital, queden fuera del procedimiento, ya que, no cuentan con firma electrónica y diversos requisitos fiscales que les son exigibles.

Como fue denunciado en diversos medios de comunicación, se entregarán automáticamente concesiones de aguas nacionales hasta llegar a los topes de disponibilidad para cada acuífero y cuenca, quedando únicamente como zonas protegidas las que todavía cuentan con vedas.

Los referidos decretos y concesiones, son anticonstitucionales e ilegales, atentan contra los derechos humanos de millones de mexicanos, y constituyen una forma de corrupción mediante la cual, se pretende seguir saqueando la riqueza nacional.

La privatización y la concentración del agua en unas cuantas manos, constituye un delito de lesa humanidad, que este Poder Legislativo debe evitar, en tanto máximo órgano de representación popular.

El titular de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, debe ser llamado a rendir cuentas a la Cámara, para después ser sometido de manera inmediata a Juicio Político, toda vez que, se han objetivado las conductas previstas en la Ley Fundamental y, desde luego, se le deberán exigir las responsabilidades penales a que haya lugar, debido a las acciones y omisiones cometidas durante su encargo en contra de los recursos hídricos nacionales y de los derechos fundamentales de las y los mexicanos, las cuales, han sido documentadas ampliamente por mexicanos y extranjeros especialistas en la materia.

Si las aguas son de la nación, entonces la nación deberá exigirle cuentas a los funcionarios corruptos que han intercambiado la riqueza de México por la propia.

El daño en las cuencas a lo largo y ancho del territorio nacional, así como los decretos y acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación en materia de concesiones, son una muestra más de la opacidad, la discrecionalidad y la corrupción, en que la actual administración priista ha fincado su gestión gubernamental.

Por ello, es igualmente urgente frenar los decretos como imponer sanciones ejemplares al titular de la Conagua y los funcionarios responsables por su deshonestidad y falta de probidad.

Salvaguardar el líquido vital es, conservar el equilibrio de los ecosistemas, y por la tanto, conservar también la salud y la soberanía alimentaria; es una condición necesaria para el desarrollo y; es hacer efectivo un derecho humano, a través del cual se garantiza la sobrevivencia.

Despojar a los seres humanos de su derecho al agua, significa despojarlos de la vida.

De ahí que, para el nuevo proyecto de Nación, resulta indispensable implementar un enfoque multidimensional de la gestión de los recursos hídricos, bajo las mejores prácticas internacionales y con el aval de los pueblos y comunidades indígenas.

Queda claro que, si no existe una transparente y adecuada gestión del agua, prevalecerá el círculo de pobreza y desigualdad. Porque mientras unas cuantas manos la concentran, miles de niños, niñas y mujeres caminan kilómetros y kilómetros con botes sobre sus cabezas y hombros para calmar un poco la sed y tener posibilidades de sobrevivir.

Las concesiones previstas a través de Conagua-Digital, constituyen un crimen y una afrenta más contra el pueblo de México.

En razón de lo anterior, someto a consideración de esta asamblea, con carácter de urgente y obvia resolución, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exige al presidente de la República, ciudadano Enrique peña nieto, la revocación de los decretos y acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación en los meses de junio y octubre del año en curso, los cuales, a través del otorgamiento de concesiones autorizan la extracción de agua en perjuicio de la nación y del pueblo de México.

Segundo. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, solicita al titular de la Comisión Nacional del Agua, haga público el estado que guarda la dependencia a su cargo y explique a la ciudadanía bajo el principio de transparencia y máxima publicidad el estado de las Cuencas nacionales, la gestión realizada en beneficio de los recursos hídricos del país, así como sobre los alcances de los Decretos y Acuerdos citados en el numeral anterior.

Tercero. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Junta de Coordinación Política, integre en los términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una comisión investigadora que tenga por objeto revisar la constitucionalidad y legalidad de los decretos de reserva de agua, publicados en el Diario Oficial de la Federación el mes de junio del año en curso por el Ejecutivo federal y las acciones derivadas de los mismos; así como realizar una exhaustiva investigación sobre la legalidad de las acciones emprendidas por el titular de la Comisión Nacional del Agua, en el actual periodo de gobierno 2013-2018, a través de las obras, servicios, contratos, concesiones, arrendamientos, y adquisiciones, que se hayan celebrado.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Federal María de los Ángeles Huerta del Río (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a atender y reducir la problemática del suicidio, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Carmina Yadira Regalado Mardueño, diputada federal en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea legislativa de lo federal, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

a) Generalidades

Primera. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al suicidio como “un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal”.

De igual manera, este organismo internacional indica que un estimado de 800 mil personas se quitan la vida cada año, asimismo, el suicidio fue considerado como la segunda causa de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años de edad en el año 2015.1

Segunda. El 70 por ciento de los suicidios registrados en todo el mundo suceden en países de medianos y bajos ingresos, como lo es el caso de México, en este tenor de ideas es pertinente señalar que ocupamos el segundo lugar en incidencia de suicidios de adolescentes a nivel América Latina.

Tercera. El suicidio es un fenómeno multicausal pero predominantemente manifestado por trastornos mentales no atendidos correctamente como la depresión. La mayoría de los suicidios se producen en momentos de crisis, cuando las personas se encuentran en situaciones de enfrentamiento de sus problemas familiares, financieros, existenciales, laborales, de autoestima y desesperanza.

En el mundo, los métodos más empleados por las personas para quitarse la vida son:

• La ingesta de plaguicidas.

• El ahorcamiento.

• Los disparos con armas de fuego.

• Las laceraciones, cortes y heridas autoinfligidas con objetos punzocortantes con la finalidad de propiciarse la pérdida de sangre.

• La ingesta de medicamentos no prescritos.

Cuarta. Tanto la OMS, la OPS y la UNICEF recomiendan como medidas de prevención del suicidio las siguientes:

• La propagación de la problemática del suicidio en los medios de comunicación.

• La restricción del acceso a los medios de provocación del suicidio.

• La reducción del consumo nocivo del alcohol.

• Identificación temprana, tratamiento y atención de personas con problemas de salud mental y abuso de sustancias psicoactivas, dolores crónicos y trastornos emocionales agudos.

• Capacitación del personal sanitario no especializado, en la evaluación y gestión de conductas suicidas.

• Seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron suicidarse y prestación de apoyo comunitario.

b) Situación en México

Quinta. México enfrenta una crisis de salud pública respecto al tema del suicidio, por desgracia los números van en crecimiento y esto queda fundamentado por los datos esgrimidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ya que en el año 2013 se registraron 5 mil 909 suicidios, en 2014 un total de 6 mil 337 suicidios, en 2015 un total de 6 mil 348 y en el año 2016 se registraron 6 mil 370 defunciones a causas suicidas, y como se puede vislumbrar la tendencia no ha reducido considerablemente en ningún sentido.

Sexta. Las entidades federativas que cuentan con los más altos incides de suicidio de los últimos 3 años son Aguascalientes, Quintana Roo y Campeche.2

Es importante subrayar que en nuestro país la tasa de mortalidad por suicidio entre los años 2000 y 2015, han aumentado de 4 suicidios por cada 100 mil habitantes a 7 suicidios por cada 100 mil habitantes.

La Secretaría de Salud (SSA) en 2017 afirmo que cada 24 horas, 16 jóvenes mexicanos, de entre 12 y 24 años, terminan con su vida por diversas causas.

Séptima. La mayoría de los suicidios ocurridos en México son cometidos por varones con un estimativo del 80 por ciento de suicidios registrados cada año; en cuanto a las mujeres, estas representan el menor número porcentual con un 19.8 por ciento, lo que da por entendido que los hombres se suicidan tres veces más que las mujeres.

Un punto importante a tratar dentro del presente exhorto es el tema del suicidio infantil y adolescente femenino, ya que a pesar de que en el párrafo anterior se comentó que los hombres se suicidan más que las mujeres, esta regla no se sigue cuando hablamos de mujeres de 10 a 19 años, puesto que en dicho grupo etario las cifras de mujeres que comenten suicidio es mayor.

c) La responsabilidad del Estado mexicano en el tema del suicidio

Octava. Desde el año 2003, la Organización Mundial de la Salud en colaboración con la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, promovieron que cada 10 de septiembre se conmemorara el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concientizar a las naciones partes de la imperiosa necesidad de realizar acciones para reducir la incidencia del suicidio y su prevención eficaz.3

Novena. La Secretaría de Salud ha realizado el denominado Plan de Acción Especifico de Atención Psiquiátrica (2013-2018), el cual tiene dentro de sus objetivos prioritarios el realizar acciones de prevención y educación de los trastornos mentales prioritarios relacionados con el suicidio y sus factores de riesgo, 4 sin embargo, las cifras no mienten y esta estrategia impulsada por la Secretaría de Salud no se ha seguido al pie de la letra y si a esto le sumamos la poca atención que el gobierno le ha dado al tema de la salud mental, los 40 mil millones de pesos que se han recortado al presupuesto de salud general como mental en los últimos tres años, dan por afirmado la imperiosa necesidad de crear mejores condiciones en la salud de la población mexicana.

Por los argumentos extenuados con anterioridad, someto a consideración del pleno de esta Cámara

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta de respetuosamente a la Secretaría de Salud federal y las Secretarías de Salud de las entidades federativas, así como de la Ciudad de México, para que, en el ámbito de sus facultades y posibilidades presupuestales, refuercen las acciones conducentes para atender y reducir la problemática del suicidio.

Notas

1 OMS. (2014). Preventing suicide a global imperative . Septiembre 12, 2018, de World Health Organization Sitio web:

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/131056/9 789241564779_eng.pdf;jsessionid=9BD0CCD0CDAA52F174274EF3C7E7200D?sequen ce=1

2 Inegi. (2015). Estadísticas a propósito del día mundial para la prevención del suicidio. Septiembre 12, 2018, de Inegi Sitio web:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/sui cidio0.pdf

3 IASP. (2018). Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Septiembre 12, 2018, de IASP, sitio web: https://www.iasp.info/es/index.php

4 Ssa. (2013). Programa de Acción Especifico de Atención Psiquiátrica. Septiembre 12, 2018, de gobierno, sitio web:

http://www.sap.salud.gob.mx/media/267193/PAE_Atención-Ps iquiátrica.pdf

Dado en la Ciudad de México, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a disminuir el índice de inseguridad en las zonas turísticas y aledañas, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Carmina Yadira Regalado Mardueño, diputada de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primero . Durante las últimas décadas, a nivel mundial, el turismo representa uno de los sectores más importantes y de mayor crecimiento, del que se benefician diversos países en el aspecto económico.

Se calcula que este sector representa el 10 por ciento del producto interno bruto mundial, emplea al 10 por ciento de los trabajadores del planeta, y la Organización Mundial del Turismo espera que continuará creciendo a una medida anual del 3 por ciento hasta 2030.1

Segundo . El sector turismo iguala o incluso supera al de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingreso de numerosos países en desarrollo.

Tercero . Trasladándonos al ámbito nacional, el sector turístico ha dejado una derrama económica importante, que ha beneficiado a las comunidades aledañas a las principales zonas turísticas de nuestro país. Considerando que la población puede comerciar productos y artesanías típicas de la región, lo que representa percepción económica que ayuda a sostener a varias familias.

Tan sólo en el año 2017, México registró un nuevo récord en materia de turismo, con el arribo de más de 39 millones de turistas internacionales que dejaron una derrama económica por 21 mil 300 millones de dólares.2

Cuarto. El clima de inseguridad que se ha presentado en diversos estados de la república, pone en peligro la vida de visitantes extranjeros, nacionales y una de las principales fuentes de ingresos para el país.

Esta situación ha encendido focos rojos, tanto a nivel local como internacional, principalmente en aquellos países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, países que concentran 73.6% de visitantes internacionales que llegan a México, y que han emitido comunicados que alertan a sus ciudadanos de tomar precauciones en caso de viajar a las zonas turísticas del estado mexicano.

Sin lugar a duda, estos países y otros representan para México una derrama económica y cuyo problema de inseguridad atenta contra los intereses económicos de la nación. A continuación, se presenta una gráfica con las nacionalidades que más visitan el país.

Quinto. Los tres países citados anteriormente, han emitido una lista con 10 de las principales ciudades con destinos turísticos, que en algunos casos las autoridades de dichos países emiten que sus ciudadanos tienen estrictamente prohibido viajar a dichos lugares.

Entre estos lugares tenemos las siguientes estancias turísticas: Riviera Maya, Ciudad de México, Riviera Nayarit, Corredor Los cabos, Puerto Vallarta y Guadalajara, Monterrey, Mazatlán, Tijuana, Puebla y Mérida. A continuación se presenta un organigrama con los lugares señalados.

Sexto. Otros países que han mostrado su postura y emitido recomendaciones en caso de visitar el país:

Francia. El gobierno francés actualizó su alerta de viaje en febrero pasado, donde pidió “tener cuidado” en Baja California Sur, donde han presentado enfrentamientos entre bandas criminales.

Reino Unido. El gobierno británico se sumó a las alertas emitidas por Estados Unidos y Canadá, para que sus ciudadanos extremen precauciones en caso de que decidan viajar a la Riviera Maya.

Alemania. Recomendó en febrero pasado a sus ciudadanos extremar precauciones al viajar a algunos destinos en México, señalando que la violencia podría aumentar debido al periodo electoral, por ello pidió evitar visitar estados como Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Guerrero, Michoacán y Jalisco.

España. La Embajada en México emitió una alerta en febrero pasado para viajar al estado de Veracruz. Argumentando que la inseguridad que afecta a México se refleja en una elevada incidencia de delitos relacionada con secuestros, extorsión, narcotráfico y asaltos.3

Séptimo: Como se puede observar en el punto anterior, los sitios señalados por los países tanto europeos como de América del Norte muestran cifras alarmantes, que debe ser atendida a la brevedad por las autoridades de seguridad correspondiente a cada estado de la república, pues en algunos de los sitios señalados, corresponde a lugares que significan para el estado una fuerte fuente de ingresos.

Octavo: De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, hasta hace poco, México pasó del octavo al sexto lugar en recepción de turistas internacionales, al registrar 39.3 millones de visitantes extranjeros que arribaron al país el año pasado, con lo que supera a potencias como Reino Unido, Turquía y Alemania.

El país ascendió dos lugares en el ranking mundial al pasar del octavo lugar en 2016, con 35.1 millones de turistas internacionales, al sexto sitio, con 39.3 en 2017, lo cual representa además un crecimiento de 12% en el flujo de viajeros.4

Noveno: En este panorama es necesario que nuestras autoridades de seguridad pública y en coordinación con la Secretaría de Turismos implementen soluciones que ayuden a mejorar la calidad y servicios de los lugares turísticos de México, así como mejorar la imagen de seguridad de estos sitios en el aspecto internacional. Ya que el turismo se ha vuelto uno de los sectores que más derrama ha dejado para la economía.

Por lo que es necesario garantizar que los ciudadanos que visitan nuestro país gocen de seguridad plena, y se les invite visitar los diversos lugares turísticos con los que cuenta nuestro país.

Por lo acontecido anteriormente, someto a consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad, para que en coordinación con la Secretaria de Turismo formulen acciones que ayuden a blindar la seguridad pública en las principales zonas turísticas del país y de esta forma disminuya el índice delictivo

Notas

1 Organización Mundial del Turismo. (2018). Día Mundial del Turismo. Septiembre 15, 2018, de Organización de las Naciones Unidas Sitio web: http://www.un.org/es/events/tourismday/

2 MVS Noticias. (2018). México logra nuevo récord en materia turística en 2017. Septiembre 24, 2018, de MVS Noticias (Economía) Sitio web: http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/mexico-logra-nuevo-record-en-mat eria-turistica-en-2017-eduardo-sanchez-622

3 Animal Político. (2018). “Ciudades turísticas en México sufren por la inseguridad y el aumento en alertas de viaje”. Septiembre 24, 2018, de Animal Político Sitio web: https://www.animalpolitico.com/2018/03/ciudades-turisticas-mexico-alert as-viaje/

4 Expansión. (2018). México ocupa el sexto lugar en turismo a nivel mundial. Septiembre 24, 2018, de Expansión (economía) Sitio web: https://expansion.mx/economia/2018/08/27/mexico-ocupa-el-sexto-lugar-en -turismo-a-nivel-mundial

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Carmina Regalado Mardueño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a atender las demandas de los vecinos de Atlacomulco, Ixtlahuaca, Morelos, Jocotitlán, Almoloya de Juárez y Toluca, México, para garantizar el libre tránsito y la liberación de peaje de la Carretera Panamericana en los tramos “a” y “b” Toluca-Atlacomulco, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, Diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para la atención inmediata de las demandas de los vecinos de los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca, Morelos, Jocotitlán, Almoloya de Juárez y Toluca, consistentes en garantizar el libre tránsito y liberación del cobro de peaje de la Carretera Panamericana sobre el tramo “A” y “B” Toluca-Atlacomulco, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Carretera Panamericana es un sistema de vialidades de 48 mil kilómetros de largo que comunica a varios países del continente americano, iniciando en Alaska y llegando hasta la Patagonia en Argentina; el proyecto original consideró la integración de la región americana al conectar Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

En nuestro país esta ruta atraviesa por la carretera federal 45 que comunica a 14 estados de la república, iniciando con Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, estado de México, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, concluyendo en Chiapas.

Recordemos que los primeros intentos por integrar a los pueblos americanos datan de 1826 en el Congreso de Panamá, convocado por Simón Bolívar con la finalidad de construir el primer ordenamiento jurídico internacional para la cooperación e integración continental, esos son los orígenes de lo que hoy se conoce como el Sistema Interamericano.

Cabe señalar que la primera reunión de la Conferencia Internacional Americana fue el 2 de octubre de 1890, cuyo objeto fue discutir y recomendar a los respectivos gobiernos, la adopción de un plan de arbitraje para el arreglo de controversias que se suscitaran entre los países miembros, en lo referente al tráfico comercial y de los medios de comunicación.

De la Conferencia Internacional Americana se dio paso a la Unión Internacional de Repúblicas Americanas, la cual se transformó en Unión Panamericana y posteriormente a lo que hoy conocemos como la Organización de los Estados Americanos.

En la Quinta conferencia Internacional Americana celebrada en Santiago de Chile, del 25 de marzo al 3 de mayo de 1923, se resolvió recomendar a los Estados que forman parte, mejorar lo más pronto posible los elementos de transporte por medio de automóviles entre sus ciudades más importantes. Igualmente se recomendó remitir un informe sobre las carreteras de automóviles que posean, así como de las que estén en construcción o proyecto, de ahí nació la necesidad de celebrar la conferencia de carreteras de automóviles, para eficientar la construcción de un sistema de carreteras de los distintos países de América.

De acuerdo con el artículo 4 de la Convención Americana, los Estados Contratantes no permitirán que se pongan medidas aduaneras que interpongan obstáculo al tránsito internacional, se fomenta toda simplificación a los reglamentos aduaneros y a facilitar el tráfico internacional de vehículos automotores.

Los Municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca, Morelos, Jocotitlán, Almoloya de Juárez y Toluca, cedieron terrenos para la construcción de la carretera Toluca Atlacomulco, con dos tramos carreteros, conocidos como cuerpos “A” y “B”, los cuales serían de libre tránsito, porque pasan al interior de la Carretera Panamericana, sin embargo, se colocaron casetas de cobro de peaje para autotransporte en ambos cuerpos carreteros, tanto a particulares como concesionados, violando el tratado internacional de la Convención Americana.

Derivado de las manifestaciones de pobladores circunvecinos, el Gobierno del Estado de México, acordó que se exentaría de pago para el libre tránsito de la Carretera Panamericana, regulado por un padrón e identificadores para los vecinos, pero en el 2015 se da a conocer un nuevo proyecto para la modernización y construcción de un tercer cuerpo carretero confinado y concesionado en el espacio que actualmente ocupa el camellón central de la Carretera Panamericana, lo que afecta de nueva cuenta el libre tránsito de los vecinos que se ubican en las localidades circunvecinas, debido a que deben pagar el tránsito del cual actualmente están exentos, vulnerando sus derechos.

De aprobarse el presente punto de acuerdo estaríamos colaborando para solucionar la problemática de los habitantes de los citados municipios, señalando que es una demanda justa, legal y muy sentida.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 79, numeral 2, fracción III, y 65, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de ese honorable pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta al gobierno del estado de México, por conducto del director del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México, atender las demandas de los vecinos de los municipios de Atlacomulco, Ixtlahuaca, Morelos, Jocotitlán, Almoloya de Juárez y Toluca consistentes y garantizar el libre tránsito y liberación del cobro de peaje de la carretera Panamericana sobre el tramo “A” y “B” Toluca-Atlacomulco.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de octubre de 2018.

Diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a repartir entre la comunidad escolar los 67 mil ejemplares del libro Asalto al cielo. Lo que no se ha dicho del 68, impresos para tal fin, y hacer públicas las razones de la falta de distribución, en un posible acto de censura previa de las autoridades académicas, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Dolores Padierna Luna integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a que distribuya entre la comunidad universitaria los 67 mil ejemplares del libro Asalto al cielo. Lo que no se ha dicho del 68 que se imprimieron para tal fin, y haga públicas las razones que justificaron la no distribución del libro, al poderse constituir un posible acto de censura previa por parte de las autoridades de dicha universidad, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Uno de los aspectos que más se cuestionaba hace 50 años en plena efervescencia del movimiento estudiantil y social de 1968 era la falta de espacios libres y creíbles en los medios de comunicación –incluyendo las editoriales de libros– pues la mayoría de los espacios para la difusión de las ideas estaban controlados bajo el régimen de la censura previa que mediante la amenaza o la prebenda, mantenía acallados a los sectores críticos y disidentes de nuestra sociedad.

Por ello, una de las demandas que caracterizó al movimiento del 68 y que se convirtió en bandera de lucha para las generaciones posteriores, fue la lucha por la libertad de expresión, libertad que hasta el día de hoy sigue estando amenazada bajo otras figuras distintas a las utilizadas en aquel entonces, pero que se expresan de las más distintas maneras coincidiendo todas ellas en el mismo propósito de hace medio siglo: mantener acalladas a las voces disidentes e incómodas.

Guardando todas las proporciones del caso, a medio siglo de aquellas luchas emblemáticas, un libro y un escritor que abordaron la lucha del 68 en una investigación editorial, fueron objeto de medidas de censura por parte de personal administrativo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla quienes de manera poco clara e irregular han decidido no distribuir la obra producto de una investigación histórica y sociológica realizada en el marco de las obras de recuperación de la memoria histórica que se promovieron e nivel nacional para conmemorar el medio siglo de la lucha estudiantil.

Bajo el nombre Asalto al Cielo. Lo que no se ha dicho del 68 bajo el sello de Ediciones BUAP, el volumen editorial de 164 páginas impresas en color y vastamente ilustrado con imágenes plásticas y fotográficas1 , hace un importante recuento de la participación y movilización de miles de jóvenes de la Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Culiacán, Veracruz, Villahermosa y entre otras movilizaciones en demanda de libertad en los meses que precedieron a los hechos ocurridos el 2 de octubre en la plaza de las 3 culturas.

La editorial de la BUAP, imprimió un tiraje de 67 mil ejemplares con el propósito de que se distribuyeran en forma gratuita entre la comunidad universitaria en el marco de los actos conmemorativos de la generación del 68, sin embargo, y sin tener una justificación o razonamiento por parte de la dirección de la universidad, el rector José Alfonso Esparza Ortiz decidió mantener almacenado el libro y no distribuirlo como había acordado con los compiladores de la obra el profesor Enrique Condés y el periodista Jorge Meléndez.2

En la columna “La República de las Letras”, publicada el 17 de septiembre de este año, el periodista Humberto Musacchio señala que incluso el rector o la universidad adeudaban un monto millonario al impresor de la obra3 , sin que se tenga información certera sobre este último señalamiento formulado por el periodista, pero que concatenado a la no difusión de la obra, nos llama poderosamente la atención y nos preocupa.

Según lo que ha referido uno de los coordinadores de la obra, el rector Esparza Ortíz acordó con ellos, que no recibirían ningún pago por su trabajo, con la condición de que la BUAP asumiera la impresión y la distribución de la obra4 , condición a la cuál accedieron los coordinadores pues su principal intención era precisamente la divulgación de una parte de la memoria histórica no contada sobre lo que no se ha dicho del 68, sin embargo, hasta el día de hoy no han podido ver difundida su obra pues en un aparente acto de censura la BUAP se ha negado a repartirla entre su propia comunidad.

El libro Asalto al Cielo. Lo que no se ha dicho del 68 reúne importantes contribuciones sobre el tema entre los textos se destacan: “68 Fiesta libertaria y crimen de Estado”, de Joel Ortega Juárez (1946), estudiante de Economía de la UNAM en aquel momento; “Año de rebeliones y esperanzas”, del propio Condés Lara (1949), preso político en Lecumberri de diciembre de 1967 a junio de 1973; “Las chicas del 68”, de Esmeralda Reynoso Camacho (1951), representante de la Escuela Nacional Preparatoria; “Cincuenta años después”, de Jorge Meléndez Preciado (1944), quien era estudiante de la Escuela de Economía de la UNAM.5 Asimismo se cuentan en el mismo las participaciones de Rubén Aréchiga Robles (1950), miembro del Comité de Lucha de la Vocacional 3 del Instituto Politécnico Nacional (IPN); César Cansino (1962), escritor, académico y periodista; Jorge Poo Hurtado (1948) estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN6 .

Es por ello que esta obra representa un invaluable compendio de textos que deben y merecen ser leídos y conocidos no sólo por la comunidad universitaria de la BUAP sino por toda la sociedad en general.

Por esta razón, es imprescindible conocer las cusas y razones que motivaron al rector de la BUAP o al personal a su cargo, a no distribuir esta valiosa obra pues esta omisión deliberada tiene tintes de un acto de censura previa, acto contrario a los derechos humanos que no podemos dejar pasar inadvertidamente. Pero sobre todo, es urgente que los 67 mil ejemplares del libro cumplan con su objetivo y sean repartidos a la comunidad universitaria de la BUAP.

Por lo anterior, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a que distribuya entre la comunidad universitaria los 67 mil ejemplares del libro Asalto al cielo. Lo que no se ha dicho del 68 que se imprimieron para tal fin, y haga públicas las razones que justificaron la no distribución del libro, al poderse constituir un posible acto de censura previa por parte de las autoridades de dicha universidad.

Notas

1 Amador Tello, Judith. Asalto al Cielo... el libro censurado del 68. Proceso 10 de octubre de 2018. Disponible en: https://www.proceso.com.mx/554696/asalto-al-cielo-el-libro-censurado-de l-68 consultado el 16 de octubre de 2018.

2 Ídem.

3 Musacchio, Humberto. “La República de las letras”. Excélsior 17 de septiembre de 2018. Disponible en

https://www.excelsior.com.mx/opinion/humberto-musacchio/ la-republica-de-las-letras/1265536 consultado el 16 de octubre de 2018.

4 Amador Tello, Judith. Asalto al Cielo... el libro censurado del 68. Obra citada.

5 Amador Tello, Judith. Asalto al Cielo... el libro censurado del 68. Obra citada.

6 Ídem.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SFP a auditar a Fonatur Constructora, SA de CV, y –en su caso– comprobar su falta de rentabilidad, derivado de las observaciones formuladas por la ASF, a cargo de la diputada Brenda Espinoza López, del Grupo Parlamentario de Morena

Diputada Brenda Espinoza López, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de sus facultades, audite con carácter de urgente a Fonatur Constructora, SA de CV, y en su caso compruebe su no rentabilidad, derivado de las observaciones emitidas por la ASF en la auditoría número 2017-2-21W3H-15-0464-2018, al tenor de los siguientes:

Antecedentes y consideraciones

Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “...Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”...1 así como también en el segundo párrafo del mismo artículo señala que: “...El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo”...2

En ese orden de ideas, se debe destacar que, en el mes de abril, al inaugurar el Tianguis Turístico 2018 en Mazatlán, Sinaloa, el actual presidente de la República Enrique Peña Nieto informó que México ha avanzado dos lugares más en el ranking de las naciones más visitadas a escala mundial para pasar del octavo al sexto lugar, situación que nos da gusto por el sector turístico, sin embargo, esto contrasta con la situación financiera de una empresa del estado nacida para el apoyo del sector turístico como lo es Fonatur Constructora, SA de CV, la cual se constituyó en el año de 1976 con el nombre de Baja Mantenimiento y Operación, SA de CV, con el objetivo principal de prestar servicios de Conservación y Mantenimiento de Muebles e Inmuebles en los Centros Integralmente Planeados del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), posteriormente, con el fin de tener identidad y representación institucional, el 11 de diciembre de 2002 cambió su denominación por Fonatur-BMO, SA de CV, y cuyo objeto social principal fue prestar los servicios de mantenimiento, limpieza, operación, vigilancia, supervisión de instalaciones, la realización de obra pública y privada principalmente a Fonatur, así como la Administración Portuaria Integral de los recintos portuarios de Huatulco, en Oaxaca, y de San José del Cabo, en Baja California Sur.3

Cabe destacar que, de acuerdo con la página electrónica, dice que: “... a partir del 30 de abril de 2008, son Fonatur Constructora, SA de CV, una empresa dedicada a la realización de obra tanto pública como privada, así como la prestación de servicios relacionada con ésta que soliciten organizaciones, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal y demás Poderes de la Unión, empresas de toda índole y personas físicas o morales.

“Nos dedicamos a la construcción, edificación y demolición de instalaciones e infraestructura, así como de bienes y muebles e inmuebles, que requieran organizaciones, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal y demás Poderes de la Unión, empresas de toda índole y personas físicas o morales.”...4

Sin embargo, a decir del a Auditoría Superior de la Federación, al concluir la Auditoría Cumplimiento Financiero número: 2017-2-21W3H-15-0464-2018, dicha empresa no es rentable o dicho en otras palabras la misma se encuentra quebrada.

Dicha auditoría tuvo por objetivo el de: “...fiscalizar la gestión financiera para verificar que los derechos y obligaciones se originaron por operaciones propias según su objeto; evaluar su rentabilidad en relación con los gastos de operación y las cuentas por cobrar; que las cuentas por pagar corresponden con su capacidad de pago y que su registro contable cumplió con la normativa.”...5

Teniendo como resultados los siguientes:

-“...Fonatur Constructora, SA de CV, no es una empresa rentable, ya que las pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 2017 ascendieron a 963,351.9 miles de pesos.

-El rubro de cuentas por cobrar a corto plazo por 457,599.8 miles de pesos, registró 373,514.9 miles de pesos (81.6 por ciento), que carecen de documentación que sustente los derechos de cobro, dentro de los que destacan 318,994.5 miles de pesos que corresponden a Semarnat (Obra Parque Bicentenario).

-Las cuentas por pagar a proveedores, por 353,175.9 miles de pesos, incluyen 80 juicios civiles y mercantiles en contra de la entidad fiscalizada, por 345,101.7 miles de pesos, de los cuales 52 juicios se tienen con sentencias firmes en las que el juez ordenó el pago a favor de terceros y están en vías de ejecución.

-Se registraron 16,015.2 miles de pesos por concepto de mejoras, rehabilitaciones y mantenimiento de bienes que no son propiedad de Fonatur Constructora, SA de CV.

-Falta evidencia documental de la liquidación de 127 trabajadores, por 1,729.4 miles de pesos.

-Faltan comprobantes de materiales y servicios, por 1,174.7 miles de pesos

-La entidad dejó de operar en septiembre de 2017.”...6

Por lo tanto, de dicha auditoria se desprende los malos manejos que se han hecho respecto de Fonatur Constructora, SA de CV, máxime que dejó de operar en septiembre de 2017, como se señala, lo que tiene graves repercusiones en el sector turístico y económico del país.

Cabe destacar que la ASF, recomienda:

“...Que Fonatur Constructora, SA de CV, evalúe las condiciones financieras que presenta para solicitar la procedencia de su disolución o liquidación ante las autoridades competentes, o, en su caso, defina el destino de sus actividades.”... 7

Ahora bien, la Secretaría de la Función Pública tiene por objeto el de vigilar las actividades de los servidores públicos federales, auditar el gasto de recursos federales y coordina a los órganos internos de control en cada dependencia federal, entre otras funciones, en ese orden de ideas y toda vez que existen elementos por los cuales se presumen malos manejos de Fonatur Constructora, SA de CV, mismos, que se confirman con la auditoría número 2017-2-21W3H-15-0464-2018, en la que se determinaron 12 observaciones las cuales generaron: 15 recomendaciones, 1 promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y 2 pliegos de observaciones, y adicionalmente, en el transcurso de la auditoría, se emitieron oficios para solicitar o promover la intervención de las instancias de control competente con motivo de cuatro irregularidades detectadas.

Por lo tanto y al hacer un análisis de la multicitada auditoría y sus resultados, es de exhortase a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de sus facultades, audite con carácter de urgente a Fonatur Constructora, SA de CV, y en su caso determine y realice las acciones necesarias para sancionar a los responsables de su quebranto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Función Pública para que, en el ámbito de sus facultades, audite con carácter de urgente a Fonatur Constructora, SA de CV, y en su caso compruebe su no rentabilidad, derivado de las observaciones emitidas por la ASF en la auditoría número 2017-2-21W3H-15-0464-2018, y en su caso determine y realice las acciones necesarias para sancionar a los responsables de su quebranto.

Notas

1 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm consultado el 15/10/18 a las 11:52

2 Ídem 1

3 http://www.fonaturconstructora.gob.mx/es/quienes_somos/index.asp?pg=B&sec=1 Consultado el 15/10/18 12:15 horas.

4 Ídem 3

5 http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Fichas/Ficha_DE_a.pdf

6 Ídem 5

7 Ídem 5

Dado en el recinto legislativo de San Lázaro, el 18 de octubre de 2018.

Diputada Brenda Espinoza López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Segob y la SRE a aplicar eficientemente las políticas de protección de menores y adolescentes, y garantizar su seguridad en la migración, privilegiando el interés superior de la niñez, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena

La proponente, Marina del Pilar Ávila Olmeda, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es bien sabido que la falta de desarrollo económico, social y político forman parte de los principales impulsores para la migración de países centroamericanos hacia Estados Unidos de América y Canadá, en los últimos años esto ha dado lugar a un incremento de la migración de tránsito que recorre el territorio nacional, de la frontera sur hacia la frontera norte, en busca de mejores condiciones económicas.

Actualmente, México enfrenta uno de los mayores desafíos en materia de política migratoria, la migracion de menores de edad, los niños, niñas y adolescentes internacionales deciden viajar solos para cruzar la frontera de Estados Unidos en primer lugar por el deseo de reunirse con sus familiares, en segundo término, para mejorar su nivel de vida a través del desempeño de un trabajo y, otros simplemente para escapar de la violencia familiar o de la explotación sexual a que son sometidos.

Cada año, alrededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde Estados Unidos hasta México. De éstos, 18 mil viajan solos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM).

Según la Secretaría de Gobernación, durante 2015 el número de niños y adolescentes migrantes llevados ante la autoridad mexicana se incrementó 54.6 por ciento respecto al año previo y mucho más respecto del registro de 2011 a 2013.

De 2012 a 2018 se ha puesto a proceso migratorio a 138 mil menores de edad. De ellos, casi 73 mil estaban acompañados, mientras que los otros 65 mil viajaban sin ninguna compañía.

Honduras, Guatemala y El Salvador concentran 98 por ciento de los menores migrantes detenidos por las autoridades migratorias mexicanas. Una tercera parte son niñas.

En 2011, por ejemplo, fueron 3 mil 320 jóvenes de entre 12 y 17 años de edad presentados ante la autoridad. En 2015, durante los primeros 10 meses el nivel era ya de 18 mil 183 menores de edad. Y 2015 cerró con 35 mil 704 presentados y 28 mil devueltos por retorno asistido.

México registró en los primeros cuatro meses de este año 2018, a 4 mil 485 bebés y niños migrantes menores de 12 años en presunta situación administrativa irregular, de los cuales 269 hacían la travesía hacia la frontera norte sin la compañía de un familiar adulto.

Los nacionales de Guatemala son el grupo mayoritario del flujo total, cuando predominaban los hondureños. Sin embargo, de los que viajaban solos hacia el norte (sin el acompañamiento de un familiar adulto), sobresalen los menores guatemaltecos.

De enero a octubre de 2015, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación reportó el crecimiento sostenido de los niños y adolescentes guatemaltecos; en ese momento ya había superado en 76 por ciento todo el recuento de 2014.

El número de ciudadanos extranjeros irregulares presentados pasó de 127 mil 332 en 2014 a 191 mil 172 en 2015. De éstos, 3 mil 416 fueron deportados (por violar las leyes mexicanas) y 123 mil 985 tuvieron el llamado retorno asistido. 1

El número de casos de niños, niñas y adolescentes extranjeros que migraban sin la compañía de un adulto y fueron detectados por autoridades migratorias mexicanas aumentó en 333 por ciento de 2013 a 2015 (5 mil 596 y 18 mil 650 casos, respectivamente), por lo que esta problemática requiere toda la atención para garantizar que sus derechos sean respetados.

El 97 por ciento de los niños migrantes en 2015 provenía de Honduras (27.4 por ciento), Guatemala (49.6) y El Salvador (20.5). La mayoría de ellos eran adolescentes de entre 12 y 17 años. En el mismo año hubo más de 11 mil eventos de repatriación de niñas, niños y adolescentes migrantes mexicanos desde Estados Unidos. De ellos, 84 por ciento (9 mil 841) viajaba sin la compañía de un adulto.

Antes que migrantes, los niños y niñas son personas con derechos que deben ser respetados, sin importar su nacionalidad, situación migratoria, raza, etnia, sexo o religión.2

Particularmente en las fronteras, el interés que ha despertado la participación de niños y adolescentes en la migración internacional, hace necesario su seguimiento y un análisis de mayor profundidad, que hasta ahora es limitado debido a la ausencia de cifras estadísticas confiables. Esto hace necesario mejorar los operativos de levantamiento de la información y recurrir al apoyo de organizaciones no gubernamentales y asociaciones que atienden las necesidades de esos migrantes para procurar una mejor aplicación de los instrumentos de captación y atención.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “profunda preocupación” por la situación de las niñas y niños migrantes no acompañados que están llegando a la frontera sur de Estados Unidos. La CIDH hizo un llamado a las autoridades estadounidenses para que tomen en cuenta que solo son niñas y niños”.

Son aterradoras las cifras que arroja la CIDH, en donde hace constar que se han registrado más de 100 denuncias de abuso físico, verbal y sexual por parte de los agentes en contra de las niñas y niños detenidos.

Muchos de los niños que se mantienen detenidos en EU sufrieron diferentes abusos, los que incluyen falta de comida y alimentos, condiciones insalubres en sus celdas, falta de mantas, ropa y colchones limpios y adecuados. Es decir, que los niños migrantes de este país o de cualquier otro que llegan a Estados Unidos sufren violencia durante la detención y son maltratados durante su estancia en los centros de migración.

En el caso de los menores mexicanos, éstos son entregados en la frontera al Instituto Nacional de Migración, que los traslada a refugios temporales del DIF mientras familiares son contactados y si se prolonga su estancia pernoctan en una red de albergues de migrantes destinados para menores de edad, según el informe presentado por la CIDH.

Los niños y las niñas pueden sufrir graves violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos en su intento por cruzar la frontera sin compañía, en su paso por México, pueden sufrir accidentes (asfixia, deshidratación, heridas); ser enganchados a redes del crimen organizado; ser sometidos a explotación sexual o laboral; sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación o perder la vida en el momento del cruce, entre muchas otras cosas, por lo que la protección de sus derechos debe ser prioridad para las autoridades migratorias en México, es fundamental asegurar que estos niños y niñas reciban un trato digno por parte de las autoridades, que les sean respetados sus derechos y les sea garantizada la reunificación familiar.

Hagamos un llamado a las autoridades para que fomenten la atención, protección, educación y las oportunidades de preparación para la vida activa que necesitan con tanta urgencia y asi poder poner fin a la migracion de menores, creando un mejor ambiente para su desarrollo, tanto fisico como mental.

Necesitamos medidas firmes de coordinación y cooperación a través de las fronteras, por parte de los funcionarios de aduanas y de los encargados de hacer cumplir la ley, necesitamos implementar coadyuvar entre las naciones para así poder dar la protección a los derechos de los niños y migrantes en general, informar a las personas que podrían estar en contacto con estos pequeños, concientizarlas de que son sólo niños y niñas, aleccionarlos para actuar con calidad humana en caso de tener contacto con un menor inmigrante, esto para para proteger sus derechos, y así evitar que sean violentados.

Tenemos una enorme responsabilidad, debemos tener en cuenta los diversos factores y consecuencias que tiene la migración infantil, las autoridades mexicanas responsables de la regulación del flujo migratorio, deben implantar de forma urgente, en el marco de la política nacional de migración, acciones para evitar que más menores se expongan para querer cruzar la frontera, y en el caso en que las niñas, los niños y los jóvenes crucen por el territorio nacional hacia Estados Unidos, que atiendan y protejan en todo momento la integridad de los menores y siempre se vele por sus derechos humanos.

Por lo motivado y fundado someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta, a la Secretaría Gobernación y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que apliquen eficientemente las políticas de protección de menores y garantizar la seguridad en la migración de las niñas, niños y adolescentes, privilegiando el interés superior de la niñez.

Notas

1 http://www.jornada.unam.mx/2016/02/29/politica/004n2pol

2 http://www.unicef.org/mexico/spanish/17043.htm

Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la PGR y diversas autoridades de Guanajuato a realizar de manera expedita las investigaciones de los sucesos, ocurridos el pasado 10 de octubre, donde perdió la vida el recién nombrado director de Tránsito y Transporte de Apaseo el Alto, Santos Alonso Cerritos, a cargo del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

Daniel Gutiérrez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 59, 176 y demás aplicables y relativas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, dirigido a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría General de Justicia del estado de Guanajuato, Secretaría de Gobernación y gobierno de Guanajuato, a fin de que se realicen de manera pronta y expedita las investigaciones en relación a los sucesos ocurridos el pasado 10 de octubre del presente año en el que perdió la vida el recientemente nombrado director de Tránsito y Transporte del municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, Santos Alonso Cerritos , al tenor de lo siguiente:

Antecedentes

Al mediodía del viernes 11 de mayo de 2018 fue asesinado el candidato a la alcaldía de Apaseo el Alto por Morena, Remedios Aguirre Sánchez.

De acuerdo a una nota del periódico El Financiero , “la zona conocida como los Apaseos, -que comprende Apaseo el Alto y Apaseo el Grande-, se ha caracterizado en el último año como un punto en el cual se ha desatado una guerra entre autoridades y delincuentes por el robo de hidrocarburo o también conocido como “huachicol”, además de ser conocida como zona donde opera la célula criminal Cártel de Santa Rosa.”1

El pasado 12 de septiembre Azael Gerardo Alatorre Santillán, director del Mando Único en Apaseo el Alto, adscrito a las Fuerzas de Seguridad Pública, fue asesinado cuando circulaba por la carretera Salamanca-Celaya, a la altura de Villagrán. Su escolta también perdió la vida.

En dicha carretera, a la altura del entronque a Villagrán, hombres armados que circulaban en dos camionetas salieron al paso en una aparente emboscada y dispararon a sus víctimas con armas largas, entre ellas “cuernos de chivo” lo anterior de acuerdo al reporte de la agencia de información Proceso. 2

Consideraciones

De acuerdo a lo reportado el pasado 10 de octubre de 2018 por el sitio informativo periódico Correo de Guanajuato, “A unas horas de haber sido nombrado director de Tránsito y Transporte de Apaseo el Alto, Santos Alonso Cerritos, fue asesinado a balazos al interior de un restaurante bar denominado Las Barbas del Jefe” de dicha cabecera municipal.

“Según las primeras versiones el asesinato ocurrió alrededor de las 6:20 de la tarde; mediante un reporte a cabina de emergencias a cargo del Mando Único se dio a conocer el suceso en donde reportaban numerosas detonaciones al interior del negocio ubicado sobre la calle Venustiano Carranza esquina 18 de Diciembre a una cuadra de la Central de Autobuses.

“Al arribar paramédicos y policía estatal localizaron a un hombre boca abajo y con varias lesiones a lo que confirmaron ya no presentaba signos vitales.

Se supo que al lugar arribaron sujetos armados y al ver a la víctima abrieron fuego hasta causarle la muerte para después darse a la fuga sin precisar el rumbo que tomaron.

“En el lugar trascendió que el occiso se trataba de Santos Alonso Cerritos quien fuera candidato a regidor por el Partido Encuentro Social en las pasadas elecciones, era ex policía municipal en Apaseo El Alto e inició campaña José Remedios Aguirre Sánchez, el candidato de Morena asesinado durante la contienda electoral.”

De igual manera, se sabe que unas horas antes María del Carmen Ortiz Terrazas tomó posesión como alcaldesa de Apaseo y en ese mismo evento se dio a conocer el nombramiento de Santos Cerritos como director de Tránsito y Transporte de Apaseo el Alto.

Los anteriores tres asesinatos son clara muestra de la dificil situación en matería de seguridad que enfrente el municipio de Apaseo El Alto, en Guanajuato, y de la imperante necesidad de garantizar la seguridad de los habitantes y las autoridades de dicho municipio. Dado lo anterior se plantea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados expresa su pesar por el homicidio del ciudadano Santos Alonso Cerrito, director de Movilidad y Transporte del municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato, y reprueba los actos de violencia que se han presentado en dicho municipio en meses recientes;

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato a investigar con prontitud y eficacia el homicidio de Santos Alonso Cerrito y a llevar a los responsables materiales e intelectuales ante la justicia, así como a rendir un informe por escrito ante esta asamblea, en un tiempo máximo de 30 días, sobre el estado de las investigaciones de los tres asesinatos ocurridos durante y posteriormente al proceso electoral 2017-2018;

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, así como al gobierno de Guanajuato para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen las acciones necesarias para garantizar la seguridad ciudadana, la convivencia pacífica y la gobernabilidad en el municipio de Apaseo el Grande, en diálogo y coordinación permanentes con las autoridades dicho municipio que recientemente asumieron sus cargos;

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a garantizar la debida atención a las víctimas directas, indirectas y potenciales por los actos de violencia en el municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato.

Notas

1 http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/
asesinan-a-candidato-de-morena-a-la-alcaldia-de-apaseo-el-alto-guanajuato

2 https://www.proceso.com.mx/550741/ejecutan-al-director-del-mando-unico- en-apaseo-el-alto-y-a-su-escolta

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y de Morelos a atender la recomendación número 34/2018, de la CNDH, respecto a la construcción del Paso Exprés de la autopista Cuernavaca-Acapulco, a cargo de la diputada Alejandra Pani Barragán, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Alejandra Pani Barragán, diputada federal del Grupo Parlamentario Morena, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), al titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al gobernador del estado de Morelos, a los integrantes del honorable ayuntamiento de Cuernavaca y al titular de la Procuraduría General de República, para que atiendan la Recomendación 34/2018 recientemente emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la construcción del Paso Exprés de la autopista Cuernavaca-Acapulco, con base en lo siguiente:

Exposición de Motivos

En el mes de abril del año 2017 fue inaugurada por el presidente de la República Mexicana, licenciado Enrique Peña Nieto, la obra de infraestructura carretera denominada Paso Exprés, la cual está ubicada en el municipio de Cuernavaca, Morelos, a 85 kilómetros al sur de Ciudad de México y 290 kilómetros al norte del municipio de Acapulco, Guerrero. Tiene una longitud de 14.5 kilómetros, y a diario circulan por ella más de 100 mil vehículos; el costo total de la obra superó los 2 mil 213 millones de pesos.

Solo durante la construcción del Paso Exprés se registraron más de 80 accidentes viales, los cuales dejaron un saldo de 22 personas muertas, cifra que a la fecha se sigue incrementando, teniendo como causas principales la falta de señalización adecuada, las peligrosas vallas de concreto que separan los carriles centrales y que no permiten a los vehículos que sufren alguna avería poder orillarse a un acotamiento seguro, el mal estado de la carpeta asfáltica en algunos tramos que genera el descontrol del volante para los conductores, la incipiente iluminación, entre otras anomalías.

El hecho más conocido y lamentable por las deficiencias de la construcción de esta obra carretera, fue el suscitado el día 12 de julio de 2017, fecha en que perdieron la vida padre e hijo al caer su vehículo en un socavón que se formó en este Paso Exprés.

Aunado a lo anterior, en la actualidad todavía existen varias afectaciones en los inmuebles y servicios públicos de vecinos de las colonias que colindan a lo largo del tramo carretero, mismas que no han sido resueltas por las autoridades correspondientes.

Ante estas situaciones el pasado día 10 de octubre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que mediante investigaciones y pruebas periciales respectivas, que se ha determinado la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la aparición del socavón, esto debido a la negligencia y posibles actos de corrupción en la construcción del Paso Exprés, señalando también como responsable al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.

Por lo anterior, la CNDH emitió la Recomendación 34/2018, dirigida a Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes; a Alfredo Vara Alonso y a Roberto Ramírez de la Parra, directores generales del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), respectivamente; a Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador del estado de Morelos y a los integrantes del ayuntamiento de Cuernavaca.

La CNDH acreditó la falta de planeación e irregularidades en el diseño, licitación, contratación de empresas, así como un posible esquema reiterado de alteración administrativa durante la construcción por la SCT y Banobras, pues la vialidad no contaba con los estudios ni permisos necesarios en materia medio ambiental e hidráulica al momento de ampliarse a 10 carriles y no ocho como originalmente se había previsto en el proyecto.

Además, no se contemplaron todos los cruces de agua y drenaje que podían afectar la obra; muchos de los permisos fueron solicitados una vez adjudicada la licitación, durante la ejecución de los trabajos o incluso no fueron tramitados; y pese a la advertencia que manifestaron las constructoras y la Comisión Estatal del Agua, la SCT no reparó el desbordamiento de la tubería del drenaje que cruza el kilómetro 93+857 en donde se formó el socavón, lo que influyó en el hundimiento de la vialidad.

También la CNDH señala la responsabilidad de Conagua al no informar a la SCT de todos los puntos de afectación hidráulica por la obra del Paso Exprés, en particular donde se abrió el socavón, y por no realizar visitas de verificación y aplicar sanciones a los responsables de la ejecución de la obra sin los permisos respectivos.

Asimismo, la CNDH estableció que el ayuntamiento de Cuernavaca omitió dar mantenimiento al drenaje; dejó acumular la basura en el alcantarillado del drenaje que cruza el socavón y fue rebasada su capacidad de respuesta durante el hundimiento.

En tanto, el gobierno del estado de Morelos, a través de Protección Civil, omitió asumir el mando ante el accidente de las dos personas que perdieron la vida y no generó las condiciones de seguridad que impidieran los accidentes de dos personas más.

Respecto del posible esquema de corrupción de Banobras y la SCT, la CNDH observó irregularidades en la ejecución de la obra, en el proceso de licitación y la contratación con las empresas, que generaron alza de 67.94 por ciento en el costo previsto de mil 134 millones 215 mil 941.01 pesos y el aumento de siete meses en el tiempo de ejecución, sin la autorización de la Función Pública.

La CNDH precisó que la construcción de esa vialidad también causó la muerte de dos personas más, una de las cuales perdió la vida al circular en motocicleta y ser golpeada por un cable de luz de alta tensión suelto, y la otra cayó de un paso peatonal sin barandal, ni señalamiento de peligro alguno.

La CNDH, en su Recomendación 34/2018, solicita para las víctimas una compensación y que se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; se ofrezca disculpa pública institucional a las víctimas y a sus familiares por las violaciones a derechos humanos cometidas en su agravio y se publique en su página web oficial por un periodo de un año.

La CNDH subraya que es necesario imponer sanciones ejemplares, ya que será un disuasivo para que casos como el socavón no vuelvan a presentarse, ya que de otra manera, el riesgo de su repetición seguirá latente.

Así también, la CNDH ha entregado a la PGR los resultados de sus investigaciones, para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral en la correspondiente carpeta de investigación.

Considerandos

Una de las atribuciones que la CNDH tiene para proteger y defender los derechos humanos es la facultad de emitir recomendaciones a las autoridades responsables, tal y como se establece en el artículo sexto, fracción III, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dichas recomendaciones son públicas no vinculatorias ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo antes descrito, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al gobernador de Morelos, a los integrantes del honorable ayuntamiento de Cuernavaca y al titular de la Procuraduría General de República, para que atiendan la Recomendación 34/2018 recientemente emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la construcción del Paso Exprés de la autopista Cuernavaca-Acapulco.

Segundo. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República para que integre los resultados de las investigaciones hechas y presentadas por la CNDH, para que considere las evidencias recabadas y el análisis integral de las mismas en la correspondiente carpeta de investigación, a fin de que se determine la probable comisión de delitos por acción u omisión de servidores públicos respecto de la construcción del Paso Exprés de la autopista Cuernavaca-Acapulco.

Fuentes

Periódico Excélsior de fecha 10-10-2018.

Periódico El Siglo de Torreón 10-10-2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 18 de octubre de 2018.

Diputada Alejandra Pani Barragán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla a reforzar el plan de seguridad implantado y tomar medidas para disminuir la inseguridad, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En Puebla destaca el crecimiento de los homicidios y de los feminicidios, en particular; el aumento de los asaltos con violencia, especialmente el robo a combustible, trenes y vehículos.

De tal manera que la violencia se instaló cuando el crimen organizado encontró en el robo de combustible una variante a sus actividades. El vulgarmente conocido “huachicoleo” se disparó en 3 mil 28 por ciento durante el gobierno estatal de Rafael Moreno Valle Rosas, de acuerdo con el número de tomas clandestinas detectadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) en su sexenio.

Los asesinatos por el control de la extracción y venta ilegal de hidrocarburos ocurrieron ya en la administración de Antonio Gali Fayad, secretario de Infraestructura en el sexenio morenovallista, quien llegó al Poder Ejecutivo local el 1 de febrero de 2017.

A cuatro años y ocho meses, los municipios del centro del estado de Puebla quedan inmersos en violencia e inseguridad, provocada, como ya se mencionó, por la operación de bandas delictivas dedicadas al robo de hidrocarburo, hechos que ubican a Puebla como el primer lugar en robo de combustibles a ductos de Pemex en el país, con un promedio de 6.5 tomas clandestinas diarias en el presente año.

De acuerdo con el reporte de Pemex publicado en un diario, en el primer semestre del 2018 cerraron con mil 175 puntos de ordeña, lo que representó un récord para un periodo similar en años previos, cuando se detectaron 732 en 2016 y 669 en 2017.

Esta situación deriva en que el gobierno del estado tomara por decreto el control de la seguridad en los municipios de San Martín Texmelucan, Ciudad Serdán y Tehuacán, mientras que asumió la responsabilidad en Amozoc y Santiago Miahuatlán como colaboración con los ayuntamientos.

A la par se multiplicaron los asaltos a trenes, de acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la cual ubicó a Puebla en el segundo lugar de incidencia a nivel nacional durante 2017, con un total de 230 casos, sólo superada por Veracruz con 276 reportes. Pero los grupos delincuenciales han acelerado su actividad y han convertido al estado en el más peligroso para esta actividad. A consecuencia de esto, en el presente año solo al mes de junio se han registrado 294 casos y esta cifra ya supera las denuncias presentadas el año pasado.

El gobierno poblano reconoció la presencia del crimen organizado hasta el 20 de noviembre de 2017, a través del secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, tras la localización de varios cuerpos humanos en la capital poblana, algunos con signos de tortura.

El 11 de junio pasado, la Secretaría de Gobernación federal identificó tres municipios de Puebla como foco rojo para la elección, ante la presencia de Los Zetas y del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Se trata de San Martín Texmelucan, Palmar de Bravo y Tecamachalco; el gobierno estatal asumió el mando de la seguridad pública de Texmelucan el 2 de mayo pasado, ante denuncias de colusión de las bandas delictivas con los policías municipales, luego de que entre el 3 de marzo y el 20 de abril fueron realizados tres hallazgos con un saldo de seis cuerpos descuartizados dentro de bolsas de plástico, los cuales contenían mensajes firmados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La misma intervención ejecutó la autoridad estatal en Ciudad Serdán el 21 de junio, por razones similares: una ola de ejecuciones, secuestros y robos.

Por su parte, en Tehuacán, el ingreso fue realizado el 23 de agosto, donde fueron vinculados 23 uniformados; el resto permaneció desempeñando sus funciones pero bajo el mando estatal. En este último los mandos policíacos no fueron aprehendidos por no estar en el lugar y haber obtenido un amparo posterior.

Aun así, los hechos delictivos siguen presentándose en la ciudad, tales como secuestros, extorsión, robo a pequeñas y medianas empresas, hasta la muerte de un estudiante del Instituto Tecnológico de Tehuacán (ITT), ocurrido el 5 de octubre, a la par de un ataque armado a un empresario.

El fenómeno de la violencia ha aumentado, entre otras cosas, por dos factores que expresan una grave falla institucional: la corrupción de los gobiernos y la incapacidad y negligencia de los responsables de la seguridad pública. Este fenómeno en Puebla adquiere niveles de escándalo. La existencia de bandas de huachicoleros y de asaltatrenes no se explica sin la complicidad de las autoridades municipales, de los empleados de Pemex y de otros personajes ligados a las empresas perjudicadas. El feminicidio, ese abominable delito, permanece en la impunidad por la negligencia de las autoridades, una negligencia que lo mismo es complicidad que cinismo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno del estado de Puebla, así como a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, a que, haciendo uso de sus facultades, proceda inmediatamente a reforzar el plan de seguridad implementado en el estado y a tomar las medidas correspondientes, ya que la entidad ocupa el segundo lugar en violencia e inseguridad a nivel nacional.

Dado en el Palacio Legislativo, el 18 de octubre de 2018.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a velar mediante la Segob y el INM por los derechos humanos y proteger la integridad de la caravana migrante proveniente de Honduras durante su estadía en el país, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La migración hacia el norte es la tendencia predominante en América Central, México y el Caribe. México, desde donde miles de personas emigran cada año principalmente a Estados Unidos, sigue ocupando una posición destacada como país de origen. También es un importante país de tránsito para los migrantes que viajan hacia el norte en dirección a la frontera sur de Estados Unidos.

Durante muchos años, la inmensa mayoría de los migrantes irregulares detenidos al intentar cruzar la frontera de los Estados Unidos y México eran mexicanos. Sin embargo, en 2014, y nuevamente en 2016, las detenciones de centroamericanos procedentes de la región del triángulo norte, compuesta por Guatemala, Honduras y El Salvador, superaron en número a las de mexicanos en la frontera de Estados Unidos y México

En México, el número total de habitantes nacidos en el extranjero pasó de 970 mil en 2010 a casi 1,2 millones en 2015; la mayoría de ellos eran estadounidenses. Con todo, Estados Unidos es por mucho el destino más popular de los migrantes de América Central: en 2015, el 78 por ciento de los migrantes centroamericanos vivía en Estados Unidos, y solo el 15 por ciento, en otros países de la región y en México.

La emigración desde América del Sur, impulsada por las crisis económicas y la inestabilidad política de los países de origen, suele estar relacionada con el trabajo ya la desigualdad. Los dos principales países de destino de los migrantes de América del Sur son los Estados Unidos y España, donde residen 2,8 millones y 1,8 millones de migrantes sudamericanos respectivamente.1

La falta de recursos económicos, asistencia médica digna y la situación ya insostenible de violencia que se vive en los países del triángulo norte principalmente propician este tipo de acciones.

Reflejo de las estadísticas antes planteadas, el sábado 13 de octubre un grupo de más de 2 mil hondureños comenzaron una caminata en San Pedro Sula, 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, hacia la frontera con Guatemala para llegar a Estados Unidos, una ruta de 2 mil kilómetros plagada de obstáculos y de peligros que existen a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, entre ellas las redes de tráfico de migrantes, trata de personas, tráfico de órganos, prostitución, entre muchos otros que constituyen una lucrativa industria controlada por grupos de delincuencia organizada.

El domingo una voluntaria que asistía a los migrantes estimó que habría unos mil 600 tratando de cruzar, pero este lunes se calculó alrededor de dos mil, los medios locales consideraron que cientos más podrían unirse, ante ello las autoridades de Guatemala anunciaron que prohibirían el ingreso de los migrantes hondureños si estos no cumplían con los requisitos legales para entrar en dicho país. Tras permanecer unas varias horas en la frontera, los migrantes hondureños, que superaban en número a la policía, empezaron a caminar y los uniformados no pudieron hacer mucho para detenerlos. Las patrullas de policía se limitaron acompañar la caravana algunos kilómetros dentro de Guatemala.

Por su parte el presidente estadounidense Donald Trump advirtió este martes a su homólogo de Honduras que debe frenar la caravana de migrantes y llevarla de vuelta a su país de origen, de lo contario no habrá más dinero ni ayuda para Honduras.2

La caravana de migrantes que esperan atravesar suelo guatemalteco y mexicano con el objetivo de hacerse de una nueva vida en Estados Unidos, no es más que una muestra clara de las desigualdades en América Latina, producto de un modelo económico neoliberal derredor, trayendo consigo un panorama devastador, algo que el mundo no puede negar.

La manifestación reciente de nuevas olas migratorias produce grandes aportes para los países, pero también genera problemas. Por un lado, la migración “favorece el desarrollo, genera válvulas de escape al desempleo, remesas del destino al origen” y, por otro lado, también lo frena porque se pierden “personas de alta calificación, capital humano y social relevante”, asegura Jorge Martínez, experto en migraciones de la división de población de la Cepal.

México enfrenta una gran responsabilidad al ser país para este caso de tránsito y retorno, esta situación obliga a las autoridades mexicanas a velar por los derechos de los migrantes y a proteger su integridad durante el tiempo de estadía en tierras mexicanas, al igual que a brindar atención y apoyo de retorno a todas esas personas que sean deportadas, actuado con intimo apego a la ley, con la finalidad de que dejen de cometerse detenciones arbitrarias en las que los migrantes sufren abusos, repercusiones físicas, por parte de autoridades migratorias mexicanas, así como la desintegración de familias, en las que muchas veces los menores sufren repercusiones psicológicas que derivaban en traumas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal mediante la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Migración, a velar por los derechos y proteger la integridad de los migrantes que integran la caravana migrante proveniente de honduras, durante el tiempo de su estadía en tierras mexicanas.

Notas

1 Informe sobre las migraciones en el mundo 2018, Principales características y novedades en América Latina y el Caribe América Central, México y el Caribe.

2 https://www.eluniversal.com.mx/mundo/trump-advierte-honduras-que-frene- caravana-de-migrantes-hacia-eu

Dado en el Palacio Legislativo, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la inmediata atención de la problemática en el sector salud, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando se considere de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La salud tiene una importancia vital para todos los seres humanos, ya que es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad.

El derecho a la salud, es aquel que la persona tiene como condición innata, el derecho a gozar de un medio ambiente adecuado para la preservación de su salud y el acceso a una atención integral de salud.

Este derecho es inalienable, y es aplicable a todas las personas sin importar su condición social, económica, cultural o racial. Para que las personas puedan ejercer este derecho, se deben considerar los principios de accesibilidad y equidad.

De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce la salud como derecho inalienable e inherente a todo ser humano; esto implica la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de todos sus ciudadanos, no sólo asegurando el acceso a la atención de salud, sino también la atención adecuada e inmediata.

En este contexto, el artículo cuarto constitucional establece que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.”

De lo anterior se desprende que el derecho a la protección de la salud es consagrado por nuestras leyes, como una garantía social y se prevé la concurrencia de la federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general.

En segunda parte, el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional, ordena al legislador definir las bases y modalidades para el acceso de los servicios de salud, así como disponer la concurrencia entre los distintos órganos de gobierno sobre la materia, de acuerdo con lo establecido con la fracción XVI del artículo 73 constitucional.

Ahora bien, de la consideración del derecho a la salud como derecho fundamental deriva que el sistema de prestaciones que se establezca para hacerlo realidad debe tener por lo menos las tres siguientes características: Universalidad, Equidad y Calidad.

La Universalidad, derivada conceptualmente del derecho fundamental de la protección de la salud, es decir a toda persona.

La equidad, que implica que los servicios sanitarios públicos deberán ser financiados principalmente por los impuestos y no por el pago de cuotas de sus usuarios. Y finalmente:

La Calidad, es un requisito no solamente de la existencia misma del sistema, si no que los servicios que se prestan dentro del mismo sean excelentes; y como puede desprenderse de varios preceptos del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996, en materia de derechos sociales y como consiguiente en materia del derecho a la protección de la salud, donde se establece un obligación negativa de no regresividad y como complemento un deber positivo de progresividad por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas.

En tal virtud, podemos concluir que el acceso al derecho a la salud, tiene que canalizarse en una esfera de crecimiento, cosa contraria en consideración al actual declive de nuestro sector salud en todo el territorio nacional.

En consecuencia y de acuerdo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo internacional al cual pertenece nuestro país junto a otras 43 naciones, el cual lleva a cabo diagnósticos actualizados sobre la situación que guardan diversos aspectos relacionados con el crecimiento y desarrollo económico, en este caso en particular a una evaluación pública respecto al Sector Salud mexicano del pasado año de ejercicio 2017, en cual plasma cinco ejes de problemática en el aspecto de la salud de manera siguiente:

1. Estado de la salud : si bien ha aumentado, la esperanza de vida en México es una de las más bajas de la OCDE, mostrándose un decrecimiento en los últimos diez años. Esto se debe en buena parte a los limitados recursos disponibles para salud en nuestro país, con los consecuentes impactos en el acceso y la calidad de prevención y atención.

2. Factores de riesgo: si bien se ha avanzado notablemente en la disminución de las tasas de consumo de tabaco y alcohol, las cuales se encuentran por debajo de los promedios de la OCDE; nos falta avanzar en lo referente a situaciones de enfermedades no transmisibles y enfermedades crónicas degenerativas.

3. Acceso: si bien se ha incrementado la afiliación de población a los servicios institucionales de salud, gracias a la cobertura brindada por el “Seguro Popular”, a través del cual se han logrado incorporar aproximadamente 50 millones de mexicanos al servicio, la cobertura se encuentra por debajo del promedio de los países de la OCDE; asimismo, el servicio médico brindado, la dotación de medicamentos y la funcionalidad de instalaciones no responden a los requerimientos de calidad y calidez que la población incorporada merece.

Si bien es cierto que el acceso al Seguro Popular es benéfico para millones de pacientes que no habían tenido la posibilidad de una cobertura en atención a la salud, el mismo tiene innumerables deficiencias derivado de que no cubre en su totalidad los servicios, pero las penurias del paciente del Seguro Popular no sólo se enfocan a la saturación, falta de medicamentos, así como de especialistas, si no después de pasar por este viacrucis , gran parte de las personas tienen que pagar por los servicios que reciben.

Tan solo en un año, los pacientes fuera de estos beneficios han pagado más de 53 millones de pesos por tratamientos.

Y es que el Seguro Popular no cubre por ejemplo, infartos cardiacos en personas mayores de 60 años, accidentes cerebrovasculares, diálisis después de insuficiencia renal, esclerosis múltiple y cáncer de pulmón, ni siquiera accidentes comunes, porque de nueva cuenta deja en evidencia el deficiente sector salud al ofrecer un servicio supuestamente gratuito.

Al respecto, es menester pronunciar que la inconformidad ciudadana recae en este tercer punto, correspondiente al acceso al derecho a la salud como un derecho universal, derivado de la problemática al recibir servicios de salubridad deficientes, como lo son instalaciones de salud (hospitales, clínicas etcétera), personal adecuado que proporcione la atención médica necesaria (doctores, enfermeras, especialistas, etcétera), el suficiente abastecimiento de insumos de prevención y atención de todo tipo de enfermedades (medicamentos, vacunas), una correcta contención a familiares o tutores de los pacientes (excelente trato físico y emocional) y por ultimo un esquema de prevención de enfermedades, en tal sentido la falta y el poco acceso a estos aspectos de salud denigran la calidad de vida, por lo que son consideradas como unas de las grandes preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero la responsabilidad recae en el Estado al proporcionar deficientes servicios de Salud.

4. Calidad de la atención: el crecimiento en la cobertura del servicio ha traído de manera paralela, una deficiente atención médica por sobrecargas de trabajo del personal médico; un servicio proporcionado a sus afiliados limitado, en instalaciones insuficientes o en malas condiciones y con equipamiento de mala calidad y en medio de una aguda carencia de medicamentos.

5. Recursos : el gasto en salud per cápita se encuentra muy por abajo del promedio de los países de la OCDE. En este aspecto nuestro país sólo se encuentra por encima el lugar número 31 de los países miembros. Nuestro gasto en salud promedio por persona en México es de mil 80 dólares. Si lo comparamos con nuestros socios comerciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): Estados Unidos de América y Canadá, éstos tienen un gasto en salud promedio por habitante de 9 mil 892 dólares y Canadá 4 mil 753 dólares respectivamente.

Por otro lado, la deficiencia no sólo contiene lo descrito en el párrafo anterior si no también la falta de personal medico capacitado, por ello el otorgamiento de recursos también en presupuesto y financiamiento suficiente para el acceso a contratación de personal médico, enfermería, especialistas, etcétera.

En este aspecto, es importante precisar que el otorgamiento de los recursos públicos para el sector salud recae principalmente en el Estado y la administración pública, pero en este caso en particular a nosotros los legisladores como un poder de gobierno vigilante de los derechos sociales del pueblo que representamos, no sólo como una facultad, si no como una obligación.

Esta obligación debe precisarse en otorgar los recursos económicos necesarios y deben ser plasmados en cada Presupuesto de Egresos de cada año de ejercicio fiscal, mismo que será destinado de acuerdo a las necesidades de los tres órdenes de gobierno que busquen el bien común de la protección de la salud.

Ahora bien, el derecho a la salud se encuentra recogido en diversos tratados internacionales de derechos humanos y desde luego en muchos de los textos constitucionales modernos y en tal virtud y de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:

“Artículo 133.

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas.”

Al respecto la tesis que lleva por rubro “Tratados internacionales. Son parte integrante de la ley suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales. Interpretación del artículo 133 constitucional.”

Establece que:

“La interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter nacional, integrado por la Constitución federal, los tratados internacionales y las leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo de la Constitución federal y por encima de las leyes generales, federales y locales, en la medida en que el Estado mexicano al suscribirlos, de conformidad con lo dispuesto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho internacional consuetudinario “pacta sunt servanda ”, contrae libremente obligaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional.”

Es por ello, con la finalidad de dar certeza jurídica a lo planteado y respecto a lo citado en el párrafo que antecede, me permito invocar los siguientes tratados internacionales que sustentan mi dicho:

• Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996.

• La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José).

Por lo anterior, estoy ante la necesidad de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de Subsecretaría de Egresos ponga especial atención en el otorgamiento de los recursos económicos necesarios dentro del presupuesto federal para subsanar el deficiente sector salud, además de que el mismo cumpla con los requerimientos establecidos en tratados internacionales y por la OCDE respecto al acceso a la protección de la salud como derecho universal.

Y por último, exhortar a las Comisiones legislativas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, a fin de que vigilen el recurso otorgado en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2019 en los ramos que correspondan al sector salud.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que a través de la Subsecretaría de Egresos garantice a la Secretaría de Salud la capacidad complementaria para cubrir la amplia necesidad en política pública en protección a la salud en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de 2019.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las Comisiones legislativas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el ámbito de sus atribuciones vigilen el recurso otorgado al Sector Salud dentro del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal de 2019.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de solicitar la puesta en marcha de acciones que contribuyan a erradicar la problemática existente en el sector salud, específicamente en los temas de infraestructura, acciones de prevención, abastecimiento de medicamentos y vacunas, insalubridad de las dependencias de salud, falta de personal médico, delegados y directivos eficientes; y las demás que se deriven de una extensa investigación sobre la eliminación y buen desenvolvimiento del Sistema de Salud mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al magistrado electoral de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación a excusarse de conocer en la impugnación de los comicios a la gubernatura de Puebla, en abono de la legalidad, independencia e imparcialidad de ese órgano jurisdiccional, a cargo del diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución , al tenor de las siguientes

Consideraciones

La legalidad, independencia e imparcialidad son principios rectores de la función jurisdiccional; pero, en materia electoral, representan una condición esencial para solventar los principios constitucionales de libertad y autenticidad que deben distinguir a los procesos electorales como garantía de que la voluntad popular ha depositado su confianza y mandato en una autoridad. Es decir, la legalidad, independencia e imparcialidad con que se conduzcan las autoridades jurisdiccionales electorales, deviene en legitimidad.

El principio de imparcialidad está previsto en el artículo 17 constitucional y sobre éste ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se trata de una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas.

Ante ello, las figuras legales de impedimento, inhibición, excusa y recusación en el medio judicial, son instrumentos de que se valen los propios juzgadores para, sin faltar a sus obligaciones de eficiencia y probidad, salvaguardar el principio de imparcialidad en la función jurisdiccional.

Es precisamente la necesidad de garantizar que el estado de Puebla tenga una representación legítima en la figura del gobernador constitucional, la que nos motiva a solicitar a esta Cámara de Diputados que haga un llamado a la autoridad jurisdiccional federal en materia electoral para que garanticen el principio de imparcialidad, mediante el uso de la figura de la excusa o, en su caso, la recusación de uno de sus integrantes.

En este momento, de la resolución imparcial de las impugnaciones presentadas en contra del proceso electoral poblano, que culminó con la votación del pasado 1 de julio, depende la legitimidad del próximo gobierno y, en consecuencia, la estabilidad de nuestra entidad.

La corrupción y el abuso de poder desplegado desde el gobierno local de Puebla durante todo el proceso electoral y especialmente durante la jornada electiva, para favorecer al partido político oficial y su candidata, no se corresponden con la jornada comicial nacional, en general libre y auténtica, vaya, democrática. Es preciso limpiar ese proceso y para ello es menester la justa e, insistimos, imparcial resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esa posibilidad está empañada por la falta, hasta el momento, de una excusa para participar en la resolución de las impugnaciones presentadas por parte del magistrado José Luis Vargas Valdés, siendo que su proceder imparcial está públicamente cuestionado, dados los lazos familiares que le unen con el equipo jurídico de una de las partes en la impugnación.

Son públicos los indicios de un potencial conflicto de interés del magistrado al tener cercanía personal y parentesco político con uno de los abogados que defiende la causa de la candidata oficialista Martha Érika Alonso Hidalgo. El nexo es el señor Peter Bauer, uno de los abogados que conduce la defensa de la candidata. La hermana de Bauer es la esposa del magistrado Vargas, lo que les hace cuñados, una condición suficiente para que, en potencia, la imparcialidad en el magistrado se encuentre comprometida, pudiendo marcar un sesgo en la actuación el órgano de justicia federal.

La cuestión anterior suficiente para que el funcionario judicial se encuentre en un conflicto de interés. Ello, para no mencionar el conocido lazo de amistad que les une.

Al respecto, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone los impedimentos que rigen en la vida judicial, así como las obligaciones de excusa y las formas para su desahogo.

El artículo 146 de dicho ordenamiento, relacionado con el artículo 220, establece como causas de impedimento para que un magistrado electoral conozca de un asunto, entre otras, tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores. O bien, tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de dichas personas.

Por su parte, el artículo 189 de la misma Ley Orgánica establece como competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral conocer y resolver sobre las excusas o impedimentos de los magistrados electorales que la integran. Es decir, la Sala Superior puede conocer también de una recusación, pues ésta trata de determinar un impedimento.

Pues bien, en el caso, se actualiza el impedimento, ya que el abogado Bauer participa en la defensa jurídica de la candidata Martha Érika Alonso, lo que constituye un hecho público y notorio, y resulta que dicho litigante es pariente en línea colateral, por afinidad, en el segundo grado del magistrado Vargas.

Existe pues un potencial conflicto de interés en el magistrado que debe inhibirlo de participar en la resolución del asunto tan relevante de la nulidad en la elección para la gubernatura poblana. El magistrado José Luis Vargas debe excusarse de conocer, como se lo ordena el artículo 220 de la Ley Orgánica a la que está sujeto. Pero, si muto propio el juzgador no reconoce dicha condición, es obligación de la Sala Superior del Tribunal Electoral analizar el impedimento, por vía de recusación.

Debe tenerse en cuenta que el magistrado ya se ha excusado de conocer otros juicios en cuyo manejo ha intervenido su cuñado, como lo fue el juicio SUP-RAP-193/2018, que implico a la empresa Radiomóvil Dipsa, SA, con una petición de ser disculpado de conocer del caso, toda vez que su esposa es hermana del abogado Bauer, quien era el representante legal de la compañía privada.

Parentesco que nuevamente pone en relieve un conflicto de interés que no solo nos obliga a levantar la voz para proteger la legalidad de las decisiones judiciales, sino que también nos impulsa a impedir que influyan en las resoluciones judiciales motivos ajenos a la justicia y al derecho, así como a preservar la credibilidad de las decisiones y las razones jurídicas, teniendo en cuenta que nada distorsiona más el buen funcionamiento del estado de derecho que las decisiones judiciales que se sustentan en razones, motivos o intereses personales.

Es entonces una cuestión de suma importancia que esta honorable Cámara de Diputados exhorte al magistrado de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, para que se excuse de conocer el caso Puebla, toda vez que es conocido su parentesco con Peter Bauer quien, de una forma u otra, participa en la defensa jurídica de Martha Érika Alonso Hidalgo, circunstancia pública y notoria, a pesar de que la gestión del caso se estuviera realizando por interpósita persona.

Por lo expuesto y fundado, solicito a esta soberanía sean aprobados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación José Luis Vargas Valdés para que se excuse de conocer y participar en la resolución del asunto relativo a la elección para el cargo de gobernador del estado de Puebla.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que, en su caso, se determine el impedimento del magistrado José Luis Vargas Valdés para conocer el asunto relativo a la elección para el cargo de gobernador del estado de Puebla, a fin de garantizar la debida imparcialidad, independencia, certeza y legalidad en substanciación y resolución de las impugnaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputado Benjamín Saúl Huerta Corona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que publique la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Catemaco y Coatzacoalcos, Veracruz, y liberar los recursos a fin de atender los desastres ocasionados por las fuertes lluvias registradas por el frente frío número 6, estacionado en el Golfo de México, a cargo de la diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6 numeral 1 fracción I, 79 numerales 1 fracción II y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente someto a consideración de esa Honorable Soberanía, la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que publique la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Catemaco y Coatzacoalcos, Veracruz, y liberar los recursos a fin de atender los desastres ocasionados por las fuertes lluvias registradas por el frente frío número 6, estacionado en el Golfo de México, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Desastres, estados de emergencia y perturbación en la vida, salud y seguridad de la sociedad, relacionados con fenómenos hidrometereológicos se han vuelto una noticia constante a nivel mundial. Situación de la cual México no ha quedado excluido, ya que cada año es común escuchar reportes de esta naturaleza en alguna entidad de la república.

Tal como es el caso de los hechos ocurridos los días 15, 16 y 17 de octubre del presente año en el sur del estado de Veracruz, fechas en las que se han experimentaron lluvias intensas, generadas como consecuencia de un fenómeno hidrometeorológico provocado por el frente frío número 6, el cual se ha manifestado con precipitaciones pluviales de agua en promedio de más de 134 litros por metro cuadrado, en el sur de la entidad, así como la presencia de un mini tornado en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz y vientos con rachas de de 75 kilómetros por hora, lo que ha traído como consecuencia inundaciones, deslaves, caída de árboles, casas sin techo, desbordamientos de ríos y la evacuación de más de setecientas familias en la región.

El fenómeno meteorológico permanece estacionado en el Golfo de México ocasionando lluvias intensas que están haciendo estragos en los Municipios de Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Catemaco y Coatzacoalcos, Veracruz.

El caso más grave hasta el momento es en el Municipio de San Andrés Tuxtla, donde hay presencia de deslaves sobre caminos en comunidades como Tonalapan y Tepanca, así como en el Remolino, Ramal y Montaña. El río Tajante, que cruza esa región, ya se desbordó en algunos puntos, lo que ha obligado a las autoridades municipales a evacuar a familias a albergues seguros. Cabe señalar que el Presidente Municipal, el C. Octavio Pérez Garay solicitó al Gobierno del Estado la declaratoria de emergencia inmediata. Sin embargo no ha tenido respuesta.

Una situación similar ocurre en el Municipio de Santiago Tuxtla, donde el río Tepango, se ha desbordado y se han evacuado familias a diversos albergues de la zona.

En el Municipio de Cosoleacaque se reportan unas 120 familias de 8 colonias afectadas y se anunció que el Ejército Mexicano aplicará el Plan DN III, luego de evacuarlos.

En el Municipio de Coatzacoalcos se reportaron vientos de gran intensidad que generaron la presencia de un mini tornado, por lo que se reporta el desprendimiento de un considerable número de techos de lámina, la caída de árboles y cortes de energía principalmente en las colonias Puerto México y Benito Juárez.

La realidad, es que los daños son cuantiosos, dado que el fenómeno climatológico no solo ha impactado la infraestructura y las viviendas, sino que pone en riesgo el sustento diario de miles de familias que viven al día y que hoy no tienen ingresos para subsistir, porque sus sitios de trabajo quedaron destruidos y los canales de comercialización de sus productos obstruidos.

Dicha situación ha puesto en un estado de vulnerabilidad y de grave peligro a los habitantes de los municipios de Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Catemaco y Coatzacoalcos, Veracruz.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional el sistema frontal número 6 con características de estacionario sobre el sur de Veracruz seguirá cubriendo la vertiente occidental del Golfo de México, manteniendo los nublados con potencial para tormentas muy fuertes a intensas. Por lo que se mantiene un grave estado de alerta en el sur del estado de Veracruz.

Es importante que se tenga presente que en dicha entidad las lluvias continuarán manifestándose durante los próximos días, intensificando su potencial, representando un riesgo constante para la población de los municipios de Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Catemaco y Coatzacoalcos, Veracruz. Los ciudadanos afectados por esta contingencia, están padeciendo la pérdida de sus bienes, sus tierras de labranza y producción, así como sus lugares de trabajo, esta es una responsabilidad a la que el Gobierno no puede ser esquivo en la inmediata aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), ya que aún se corre el grave riesgo de que los mismos se incrementen de no brindarles la ayuda pertinente.

Por lo que consideramos urgente que la Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil de dicha Secretaría, en el ámbito de sus respectivas competencias lleven a cabo la publicación de la Declaratoria de Emergencia que se solicita en el presente Pedimento, a efecto de que se pueda acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en beneficio de los municipios afectados por las lluvias severas registradas en el estado de Veracruz, producto del frente frío número 6.

Por lo anteriormente expuesto, elevo a la consideración del Pleno de esta Honorable Soberanía por URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN la siguiente Proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que lleve a cabo la Declaratoria como zona de desastre natural por la contingencia provocada por las fuertes lluvias registradas por el frente frío número 6, estacionado en el Golfo de México, para los municipios de Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Catemaco y Coatzacoalcos, Veracruz.

SEGUNDO. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que la Declaratoria como zona de desastre natural se publique en el Diario Oficial de la Federación de conformidad con el artículo 61 de la Ley General de Protección Civil y en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 10 de las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.

TERCERO. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que la Declaratoria como zona de desastre natural se expida para efectos de poder acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Protección Civil y su Reglamento, así como las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, y se pueda beneficiar a los municipios de Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Catemaco y Coatzacoalcos, Veracruz, afectados por el frente frío número 6, estacionado en el Golfo de México.

LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil dieciocho.

Diputada Dulce María Méndez de la Luz Dauzón

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Con motivo del Día Mundial sobre la Reconstrucción Mamaria, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XI; 62, numeral 2, y 76, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a consideración de esta soberanía la siguiente efeméride, al tenor de los siguientes

Considerandos

El Breast Reconstruction Awarness Day (BRA Day) o Día Mundial sobre la Reconstrucción Mamaria es una iniciativa que promueve la educación, la conciencia y el acceso de las mujeres a la reconstrucción mamaria post-mastectomía por cáncer de mama (CaMa). A nivel mundial uno de los principales mensajes de esta conmemoración es que “cada mujer merece tener acceso a información precisa e imparcial para que pueda tomar una decisión informada para su proceso de reconstrucción”.

Cáncer de mama en México

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que el cáncer más frecuente entre las mujeres es el de mama. A nivel mundial representa 16 por ciento de todos los cánceres femeninos y se estima que cada año se detectan 1.38 millones de nuevos casos.

En América Latina, el CaMa es también la principal causa de muerte por un tumor maligno en la mujer, con 43 mil 208 defunciones y una tasa de mortalidad promedio de 13 en la región, que varía de 5.0 en Guatemala a 22.6 defunciones por cada 100 mil mujeres en Uruguay.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, tan sólo en el año 2012 fallecieron alrededor de 37 mil mujeres por tumores malignos en México, entre los cuales se encuentra con mayor incidencia los CaMa, cuello uterino y ovario ocasionando en conjunto 30.9 por ciento de todas las defunciones por cáncer en mujeres.

La reconstrucción mamaria contribuye a la recuperación de la salud porque:

• Posibilita recuperar una imagen adecuada.

• Evita la pérdida de autoestima.

• Impide que las emociones negativas se apoderen del estado de ánimo y se cronifiquen.

• Mejora la postura y facilita la caminata mediante el uso de prótesis para mantener la posición simétrica de los hombros.

Actualmente el Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga ha lanzado la convocatoria para la segunda Macro-Campaña de Reconstrucción de Mama para llevar a cabo las intervenciones durante el mes de octubre y lograr la intervención de aquellas mujeres que deciden tomar el último paso para su recuperación total.

Por lo anterior, es importante enfatizar el valor terapéutico de la reconstrucción mamaria como parte del proceso de rehabilitación de las pacientes que, posterior a su detección, diagnóstico y tratamiento, se encuentran libres de CaMa, pero con limitaciones para su reincorporación a sus actividades sociales y productivas.

Actualmente los sistemas de salud estatales entre los años 2010 y 2017 llevaron a cabo menos de mil 400 reconstrucciones. En este contexto destaca el caso del estado de México que realizó 200 procedimientos en el último año, sin incluir el término en su legislación estatal; la segunda entidad con mayor número de procedimientos fue la Ciudad de México, misma que actualmente cuenta con una legislación especializada y contempla en su legislación la reconstrucción mamaria como derecho de todas las mujeres.

Debemos entender el justo reclamo de las mujeres mexicanas para lograr un tratamiento integral que incluya la reconstrucción mamaria a la cual todas, las que así lo decidan, deben tener acceso y librar el sinuoso camino de una enfermedad discapacitante y permitirles cerrar el círculo de la enfermedad.

Sin duda, entendemos que el trabajo desarrollado por el Sistema Público de Salud es un parteaguas y un importante legado para las mexicanas que abre la puerta de la recuperación total de las mujeres sobrevivientes de cáncer a un porvenir sin límites.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de octubre de 2018.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con motivo del 15 de octubre, Día Internacional de la Mujer Rural, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El 15 de octubre del 2008 se conmemoró por primera vez el Día Internacional de las Mujeres Rurales, luego de una ardua lucha por reconocer los derechos de las comunidades rurales, sobre todo de las mujeres que forman parte de estas.

La intención de esta conmemoración es crear conciencia sobre la situación que enfrentan las mujeres rurales en su día a día y en consecuencia generar acciones afirmativas que propicien una mejor calidad de vida en su contexto.

Es indispensable destacar que las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y regionales de los sistemas de producción. Empoderar a este colectivo es imprescindible para el bienestar de las personas, familias y de sus comunidades.

Es urgente replantear las políticas públicas dirigidas al campo y desarrollar estrategias con perspectiva de género que permitan el diseño y aplicación de programas encaminados a disminuir las desigualdades y propiciar un mejor desarrollo en las regiones rurales que en muchas ocasiones además son parte de territorios que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas.

En el ámbito internacional son las mujeres quienes producen el 60 por ciento de los alimentos del mundo, pero sólo son dueñas del 2 por ciento de las tierras toda vez que no tienen voz ni voto en las asambleas. Asimismo, mencionar que solamente el 0.1 por ciento de los donativos a nivel mundial apoya proyectos que atienden al cambio climático y derechos de las mujeres.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) en América Latina son Perú y Jamaica quienes lideran la región sobre los derechos de las mujeres en cuanto a pertenencia de la tierra con un 30 por ciento, continua Chile, Panamá y Santa Lucía con 29 por ciento y posteriormente se encuentra México con el 15.7 por ciento. Lo anterior refleja la brecha de desigualdad existente entre mujeres y hombres existentes en Latinoamérica.

Nuestro país se sitúa por debajo de los estándares deseados aun cuando en 1993 se llevó a cabo el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) mismo que buscaba regular los derechos ejidales y parcelarios, lo cual abrió la posibilidad de parcelar individualmente las tierras comunales. Sin embargo, al depender el proceso de la autorización de las asambleas comunales en las que estaban al frente los hombres, la mayoría de las mujeres fueron excluidas de participar en la decisión. En esta regulación muchas tierras que eran de patrimonio familiar pasaron a propiedad individual de los hombres “jefes de hogar”.

Por otra parte, el tema de las mujeres, el género y su participación en los asuntos públicos debe reflejar resultados de manera inmediata debido a que las mujeres deben estar en los órganos de incidencia donde se toman las decisiones de la comunidad. En nuestro país, la representación de mujeres en comunidades rurales no ha alcanzado la paridad, sin embargo, en las elecciones del 2018, de los mil 613 ayuntamientos en disputa, 440 mujeres resultaron electas, lo que representa el 27 por ciento, una proporción sin precedentes. Asimismo, destacar la participación para contender por la presidencia de la República de María de Jesús Patricio Martínez quien no logró recabar las firmas que se requerían para su candidatura ciudadana, sin embargo, colocó en la coyuntura nacional al sector indígena que siempre ha estado invisibilizado, y que habita particularmente en zonas rurales, agregando causas de desigualdad a las que ya persisten en estas personas, lo cual nos indica que aún tenemos una deuda histórica con ese sector.

En ese mismo sentido, recordar que son las mujeres rurales organizadas quienes han trabajado de manera constante para reconstruir las comunidades afectadas por los sismos ocurridos en 2017 en las entidades de Oaxaca, Guerrero, Morelos y Puebla, lo cual es una labor que debe ser reconocida y fortalecida por las instituciones del Estado.

Recientemente la organización Fondo Semillas ha iniciado el proyecto #MujeresReconstruyendo mismo que busca visibilizar la ardua tarea que el Estado dejó pendiente y en el que las mujeres asumieron la responsabilidad de sus comunidades para llevar a cabo el proceso de reconstrucción.

Ante esta disyuntiva, como legislativo no podemos hacer caso omiso, sino que debemos generar las condiciones que propicien una mejor calidad en estas comunidades. No podemos seguir haciendo política mediática, sino involucrarnos en los problemas que enfrentan las comunidades rurales, debemos entender que somos el puente conector entre los problemas sociales y su solución.

A una década de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, hago un llamado a que nos sensibilicemos y reconozcamos la importancia que representan las mujeres rurales en la actualidad, siendo éstas agentes clave para el desarrollo económico, político y social de los países.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de octubre de 2018.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)