Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía se pronuncia contra cualquier acto de endurecimiento de la política migratoria que, en violación de los tratados internacionales suscritos por el país, menoscabe los derechos y la dignidad de los migrantes mexicanos y sus familias, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados Juan Carlos Loera de la Rosa y Ulises García Soto, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia en contra de cualquier acto de endurecimiento de la política migratoria que, en violación a los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, tenga por objetivo o efecto el menoscabo de los derechos y la dignidad de los migrantes mexicanos y sus familias, al tenor de lo siguiente

Antecedentes

Primero. A nivel mundial la migración internacional ha crecido en volumen, alcance, complejidad e importancia demográfica en los últimos 20 años. Desde 1990, las corrientes migratorias internacionales se han vuelto cada vez más diversas y muchos países son en la actualidad simultáneamente países de origen, destino y de tránsito1 . Tal es el caso de México, país en el que también la migración de retorno es cada vez más visible, derivado de la política migratoria de Estados Unidos.

Segundo. Entre 1990 y 2013, América del norte registró el mayor incremento en el número de migrantes internacionales durante ese período –un aumento neto de 1,1 millones de migrantes al año. En 2013, las mujeres constituían 48 por ciento de la migración internacional2 .

Tercero. El mayor corredor migratorio del mundo se extiende entre Estados Unidos y México. Alrededor de 12 millones de migrantes internacionales mexicanos residen en Estados Unidos, mientras en México residen 1.2 millones de personas extranjeras. En 2017 hubo 167 mil 64 personas mexicanas retornadas desde Estados Unidos (8 mil 912 niñas y niños), mientras que México regresó a sus países de origen a 82 mil 237 migrantes (17 mil 93 niñas y niños), se reconoció como refugiadas a mil 907 personas (36 niñas y niños) y se otorgó protección complementaria a 918 (28 niñas y niños)3 .

Cuarto. Los Estados tienen la obligación de respetar, garantizar, defender y promover los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio. Así como de velar por la garantía de los principios de unidad familiar y del interés superior del niño y la no devolución de personas que requieren protección internacional.

Quinto. La Ley de Migración, en el artículo 2 establece los principios que deben regir la política migratoria en México. Entre otros, se incluye el respeto irrestricto de los derechos humanos, la congruencia, el enfoque integral, la responsabilidad compartida, la hospitalidad y solidaridad internacional y la facilitación de la movilidad internacional de personas.

Consideraciones

Ante este contexto migratorio los Estados han desarrollado diferentes políticas migratorias, en su mayoría enfocadas al control y gestión de los flujos migratorios desde una perspectiva de seguridad nacional.

Paralelamente, ha habido diversas iniciativas desde la sociedad civil para revertir esta tendencia y promover una visión diferente de la migración en la que las personas migrantes y sus familiares sean el centro de las políticas y normatividad que rige la materia.

A nivel internacional, uno de estos esfuerzos es el Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), que se desprende del Foro Social Mundial, pensado desde 2005 como un proceso en construcción permanente, horizontal y descentralizado asumiendo como principios organizativos la autonomía, la autogestión y la autosuficiencia.

El FSMM busca la construcción de una nueva visión de la migración, detonar un cambio y fomentar la inclusión, el respeto, la igualdad, el reconocimiento y valoración de las diferencias. Busca construir un proceso social en favor de la defensa de los derechos de las personas migrantes y sus familiares que les incorpore en la discusión de sus necesidades y expectativas y soluciones; fortalezca los diálogos entre las redes sociales y las personas migrantes; y, sea capaz de influir en las decisiones de políticas públicas para hacer política de otra forma, no desde el poder sino desde las personas mismas y su visión de cómo enfrentar la realidad que viven y les hace migrar.

La octava edición del FSMM se llevará a cabo en la Ciudad de México, del 2 al 4 de noviembre de este año. Ello es un honor para México y se debe, desde los diferentes Poderes de la Unión, apoyar y fortalecer el esfuerzo de la sociedad civil mexicana por realizar este evento de talla mundial y de revertir la tendencia que en México se ha traducido en diferentes violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y de sus familiares, tanto en las comunidades de origen como en las de tránsito, destino y retorno.

Este foro constituye una oportunidad para mostrar uno de los grandes valores que nos ha caracterizado desde hace más de 500 años y que es la hospitalidad. La hospitalidad que continúa y continuará siendo parte indisoluble de nuestra cultura mexicana.

Los pueblos que viven alrededor de nuestras fronteras han sido y son ejemplo permanente de bienvenida y hospitalidad para quienes transitan, retornan o se establecen en esas regiones, muy a pesar de las políticas públicas decretadas desde los órganos de poder y más allá de las malas prácticas que agreden y violentan a las personas migrantes y sus familiares.

Estas políticas en la actualidad se han convertido en herramientas para la criminalización y militarización de nuestras fronteras. Pero esto debe cambiar y

México debe predicar con el ejemplo, y hacer una realidad en México la tolerancia, inclusión, acceso a regularización migratoria y, en general, el ejercicio de derechos que exigimos a Estados Unidos para la población migrante.

No debemos replicar prácticas de odio, discriminación e intolerancia. No debemos permitir que la agenda migratoria bilateral y regional se centre en un endurecimiento de la política de detección, detención y deportación ni en Estados Unidos, ni en México. No a más centros de detención migratoria en ambos lados de la frontera.

Para ello, es que se presenta este punto de acuerdo para invitar a esta soberanía a que más allá de las visiones partidistas, apoyemos las acciones públicas que se llevarán a cabo en favor de las personas migrantes. De manera específica, aquellas que se llevarán a cabo el próximo 12 de octubre, donde grupos y organizaciones de la comunidad en ambos lados de la frontera estarán dando la bienvenida a quienes cruzan día con día las fronteras políticas que dividen a las naciones y a nuestros pueblos.

Al siguiente día, el 13 de octubre, continúan las actividades en la línea fronteriza con un encuentro de familiares de migrantes separados por las políticas migratorias, en la que piden la presencia de legisladores en ambos lados de la frontera. Este encuentro anual es parte de la campaña “Abrazos Si, Muros No”.

Estas acciones nacen de las comunidades que viven y conviven con la migración todos los días. Son manifestaciones ciudadanas que tienen como objetivo reabrir el Paso del Norte (Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas), dándole la bienvenida a la paz, la cooperación y la reconciliación. Acciones que se oponen a la criminalización de la migración, lo cual significa: no a la detección, no a la detención, no a la deportación, no a los desplazamientos forzados y no a la separación de familias.

Por lo expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de la Cámara, con el siguiente resolutivo:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia en contra de cualquier acto de endurecimiento de la política migratoria que, en violación a los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, tenga por objetivo o efecto el menoscabo de los derechos y la dignidad de los migrantes mexicanos y sus familias.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión realizará las acciones que resulten conducentes para participar en las actividades que se realizarán el 12 y 13 de octubre en la frontera norte de México, en favor de la pacificación, la cooperación, la reunificación de las familias, la no separación de familias y la no criminalización de la migración en ambos lados de la frontera.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Poder ejecutivo que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, se apoye la realización de dicho foro y se facilite, atendiendo a los requisitos legales para ello, la expedición de visas y el ingreso de quienes participarán en el 8o. Foro Social Mundial de las Migraciones.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión manifiesta su apoyo a la realización del 8o. Foro Social Mundial de las Migraciones, mismo que se llevará a cabo del 2 al 4 de noviembre del año en curso.

Notas

1 La situación demográfica en el mundo, 2014. ONU. ST/ESA/SER.A/354. Disponible en línea en:

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/
Concise%20Report%20on%20the%20World%20Population%20Situation%202014/es.pdf

2 Ibídem.

3 Conforme a datos estadísticos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a 9 de octubre de 2018.

Diputados: Juan Carlos Loera de la Rosa y Ulises García Soto (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Jucopo a crear la comisión especial de la verdad para el esclarecimiento histórico y de justicia en los movimientos estudiantiles suscitados en México, a cargo del diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, José Ricardo Gallardo Cardona, diputado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta Soberanía, la presente proposición con base en las siguientes:

Consideraciones

Reflexionar sobre la problemática de la participación estudiantil y su capacidad de intervenir de manera organizada en la vida pública del país se torna una discusión inevitable, sobre todo en estos días de tanto ajetreo y violencia. Dos sucesos actuales tienen una proyección directa -aunque notablemente disímil-de aquellos días del agitado 68 mexicano: la movilización de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y los 43 normalistas desaparecidos en la manifestación de Ayotzinapa.

A pesar de que cada uno de estos movimientos encabezados por estudiantes entrañen distintos significados y los impulsen motivaciones diversas, todos tienen en común su carácter de resistencia ante los dictados de cierta autoridad establecida. Además, todos estos fenómenos sociales dan cuenta de la coyuntura nacional particular en la que se producen, por lo que el análisis conjunto y comparativo de estos acontecimientos aporta conclusiones importantes respecto de continuidades o cambios en las prácticas de participación juvenil a lo largo del tiempo. Hace 50 años que se produjo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la sura más importante entre fuerzas universitarias versus gobierno y ejército nacional. Antes de la nefasta noche de Tlatelolco, donde ocurrió la matanza de un número "incierto" de cadáveres que osciló entre 20 y 70 estudiantes reprimidos y desaparecidos en la Plaza de las Tres Culturas, el ejército entró a Ciudad Universitaria y coartó autoritariamente la autonomía universitaria de la UNAM.

Todo ello, ha contribuido a una desestabilización en el orden social de nuestro país; es necesario que, para un proceso de paz, el gobierno de México considerare el derecho a la verdad como un derecho de todo el pueblo mexicano, que garantice la objetividad,equidad e imparcialidad por ello, se propone la creación de la Comisión Especial de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico, y Justicia de los Movimientos estudiantiles suscitados en México; resulta necesario darle un estatuto jurídico que permita cumplir con su mandato, libre de presiones o acciones que pudieran perturbar su independencia.

La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2014) han señalado que "el derecho a la verdad se vincula de manera directa con los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, los cuales se encuentran establecidos en los artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana, asi como en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Asimismo, en determinados supuestos el derecho a la verdad guarda relación con el derecho de acceso a la información, contemplado en el artículo IV de la Declaración Americana y el artículo 13 de la Convención Americana" (p. 6) y que éste derecho es una obligación de los Estados, el cual no corresponde solamente a las víctimas y a sus familias, sino a toda la sociedad en general. Para esclarecer la verdad de manera complementaria a los procesos judiciales, han surgido las Comisiones de la Verdad (CV), las cuales han permitido romper los pactos de silencio y avanzar en la construcción colectiva de la verdad, tomando en cuenta el marco histórico, social y político, en la medida que son "órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años" (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2014, p. 10) en momentos de transición política de gobiernos autoritarios hacia regímenes democráticos o en el paso de conflictos armados internos y guerras civiles a la paz.

En este sentido, las CV han ayudado a dibujar una imagen del impacto de las violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH) y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), ampliar los contenidos de la historia, a establecer la verdad sobre el pasado y cómo esa verdad se asume en el presente y en el futuro; a develar la mentira institucionalizada; a convertirse en plataformas públicas para las organizaciones de derechos humanos y de víctimas (Beristain, 2011).

En este sentido, la verdad que se construye a través de la recolección de datos en las Comisiones de la Verdad, el cual se puede convertir en un factor restaurador que devuelve la dignidad a las víctimas y a su familia, transforman su dolor, ayuda a la elaboración del duelo y a la superación de la situación traumática, así como a restablecer la conciencia moral de la sociedad, la convivencia y los primeros cimientos de la reconciliación (Joinet, 1996).

Para que la Comisiones de la Verdad se legitimen, es necesario garantizar que sus informes sean conocidos por la sociedad a través de eventos de devoluciones y audiencias públicas donde participen las víctimas, sus familias y la sociedad, que también se pueda tener acceso en físico a los documentos o a unas cartillas pedagógicas, dado que usualmente se dejan los informes en la web y algunas personas, particularmente aquellas que viven zonas rurales, tienen acceso limitado a esta información.

Adicionalmente, es importante que las Comisiones tengan acceso a fondos económicos para el cumplimiento de algunas de sus recomendaciones. Por lo tanto, es indispensable que en la construcción de la Comisión de la Verdad parta de las inmunidades establecidas en la Convención sobre las Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, es decir, los comisionados deberán gozar de inmunidad contra arresto y detención, y contra toda acción judicial respecto a su trabajo.

En términos metodológicos, se recomienda que las Comisiones de la Verdad implementen medidas simbólicas, tengan pluralismo metodológico y enfoque diferencial, es decir, que incorporen metodologías que reconozcan las diversidades de género, étnicas, culturales y regionales, pues las victimizaciones por ejemplo en Colombia, dependen del grupo armado, de la región, la población víctima (mujeres, campesinos, afrocolombianos e indígenas), entre otras variable, con lo que es vital realizar deliberaciones y participaciones democráticas desde las regiones en la construcción de la verdad. Además, esta debe hacerse en clave restauradora, incluyendo la voz, las histerias y las necesidades de las víctimas, sus familias y la sociedad y no sólo de los victimarios y tenerse en cuenta las prácticas restauradoras.

Por lo anterior, someto a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de acuerdo

Primero.-La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que en uso de sus atribuciones, analice y en su caso determine la creación de la Comisión Especial de la Verdad para el Esclarecimiento Histórico y de Justicia en los Movimientos Estudiantiles suscitados en México, una vez realizado lo anterior lo someta a consideración del Pleno.

Segundo.-El objeto de la Comisión Especial serán las prácticas restauradoras, no sólo con las víctimas y sus familiares sino con la reconstrucción del tejido social para que en consecuencia impacte en la pacificación de nuestra nación.

Tercero.-La Comisión Especial estará integrada por el número de miembros que determine la Junta, en forma proporcional y fomentando la paridad de género.

Cuarto.-Una vez instalada la Comisión Especial deberá transparentar el debido proceso, como un principio de máxima publicidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y el Comité Técnico del Fonden a aprobar y liberar los recursos destinados a atender la declaratoria de desastre natural por la presencia de lluvia severa del 14 al 15 de junio de 2018 en seis municipios de Quintana Roo, suscrita por los diputados Arturo Escobar y Vega y Francisco Elizondo Garrido, de los Grupos Parlamentarios del PVEM y Morena

Quienes suscriben, diputados Francisco Elizondo Garrido, Arturo Escobar y Vega y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En los últimos meses se han presentado en nuestro país fenómenos climatológicos que han afectado de forma severa a diferentes entidades federativas, tal es el caso de Quintana Roo, debido a la magnitud de lo ocurrido en esa entidad no se ha podido revertir las secuelas que afectaron de forma directa a su población y a diversa infraestructura física estratégica para su desarrollo económico y social, por lo que se requiere el fortalecimiento de acciones urgentes por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para revertir estos efectos.

Los pasados días 14 y 15 de junio del año en curso, se presentaron en el estado de Quintana Roo lluvias severas que afectaron de forma importante a seis municipios de la entidad y a su población.

Como resultado de las lluvias atípicas, los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Tulum y Puerto Morelos, sufrieron inundaciones importantes, lo que ocasionó daños en viviendas, tramos carreteros de la red federal, carreteras alimentadoras y caminos rurales; lo que ha afectado de forma severa la dinámica social y económica de la entidad federativa.

De acuerdo con el boletín de prensa del 16 de junio de 2018, el gobernador del estado de Quintana Roo informó las afectaciones sufridas en los municipios de la entidad detallando lo siguiente:

“El gobernador Carlos Joaquín informa: ayer por la noche Bacalar fue la zona más afectada. Se han presentado inundaciones en las comunidades de Cobá y Uh-May, del municipio de Tulum; en Felipe Carrillo Puerto, y Lázaro Cárdenas.

La lluvia de Carrillo Puerto fue de 225.5 milímetros (mm), superando la máxima histórica para el mes de junio.

Bacalar tiene alrededor de 350 casas afectadas.

Lázaro Cárdenas alrededor de 300.

En Cancún las inundaciones son de hasta 45 centímetros.

En Puerto Morelos e Isla Mujeres sin evacuaciones.

Se registraron inundaciones en varias calles de Chetumal y Felipe Carrillo Puerto”.

Derivado de estos lamentables acontecimientos, con la finalidad de atender diversos municipios afectados de Quintana Roo, se realizaron por parte de la entidad, diversas acciones preventivas y reactivas ante las afectaciones sufridas, destacando que:

I. El 18 de junio de 2018 se emitió la Declaratoria de Emergencia (publicada en el Diario Oficial de la Federación, DOF, el 26 de junio del 2018) por la presencia de lluvia severa ocurrida el 14 de junio de 2018, en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar y Puerto Morelos del estado de Quintana Roo, y el 15 de junio de 2018 en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y Tulum de dicha entidad federativa; con lo que se posibilitó que pudiera acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para atender las necesidades prioritarias e inmediatas de la población para salvaguardar su vida y su salud.

II. El 18 de junio, con el objeto de gestionar la Declaratoria de Desastre Natural, el titular del Ejecutivo del estado de Quintana Roo, solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la corroboración del fenómeno natural perturbador descrito como lluvia severa del 14 al 15 de junio de 2018, que afectó a los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Tulum y Puerto Morelos, con la finalidad de poder acceder a los recursos del Fonden.

III. Con fecha del 19 de junio la Comisión Nacional del Agua, emitió su opinión técnica corroborando el fenómeno de lluvia severa del 14 al 15 de junio.

IV. El 20 de junio del año en curso, se emitió la Declaratoria de Desastre Natural; siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 del mismo mes, con fundamento a lo establecido dentro del artículo 61 de la Ley General de Protección Civil y el artículo 10 del Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales.

Con la expedición de la Declaratoria de Desastre Natural, así como con el cumplimiento del procedimiento establecido dentro del “Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales” y los “Lineamientos de Operación específicos del Fondo de Desastres Naturales”, para poder acceder a los recursos del Fonden, la entidad federativa cumplió lo requerido dentro de los marcos normativos, por lo que debe recibir los apoyos económicos.

Sin embargo, a la fecha el Comité Técnico del Fonden, no ha sesionado con la finalidad de liberar los recursos destinados para la entidad, con lo que se dilata la reconstrucción de las zonas afectadas y se impide el desarrollo social y económico de Quintana Roo, a pesar de ser obvio que ha transcurrido en exceso el plazo establecido en la normatividad interna del fideicomiso para atender el evento ocurrido en la referida entidad.

Cabe señalar que en concordancia con las reglas generales y los lineamientos de operación específicos del Fondo de Desastres Naturales, donde se establece el mecanismo procesal para la solicitud de recursos del fondo, de acuerdo a los criterios tiempo y forma, los recursos ya debieron de ser otorgados y liberados por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Comité Técnico del Fonden.

De esta forma se evidencia que entre las acciones pendientes por falta de la liberación y entrega de recursos económicos, de forma enunciativa tenemos las siguientes:

• La rehabilitación de tramos carreteros de la red federal, que sufrieron fallas y fracturas de la capa de concreto hidráulico, presentándose asentamientos en la superficie de rodamiento.

• Rehabilitación de carreteras alimentadoras y caminos rurales, que fueron severamente dañadas con azolves, deslaves, baches frecuentes y profundos.

Ante la necesidad de apoyar a los damnificados, así como continuar con la reconstrucción de la infraestructura dañada, consideramos oportuno que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Comité Técnico del Fonden, realicen las acciones necesarias para otorgar y liberar los recursos económicos para que el estado de Quintana Roo atienda las consecuencias generadas por las lluvias severas del 14 y 15 de junio.

Derivado de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y al Comité Técnico Fondo de Desastres Naturales; para que realicen las acciones pertinentes para que sean aprobados y liberados los recursos destinados para atender la Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de lluvia severa ocurrida del 14 al 15 de junio de 2018, en seis municipios del estado de Quintana Roo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputados: Francisco Elizondo Garrido, Arturo Escobar y Vega (rúbricas)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a incorporar en el programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la Cuenta Pública de 2018 a Córdoba, Veracruz, a cargo del diputado Juan Martínez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Juan Martínez Flores, diputado integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 2, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que incorpore en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2018 al municipio de Córdoba, Veracruz, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 74 constitucional, fracción VI, establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados revisar la Cuenta Pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar que se ha ajustado a los criterios señalados en el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas. Esta revisión se realiza a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ente regulado en el artículo 79 de nuestra Carta Magna.

La ASF se encarga de fiscalizar, de manera externa, el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales; conforme a sus estatutos, la función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Asimismo, en fechas recientes, el Congreso de la Unión ha legislado para crear un Sistema Nacional Anticorrupción, una Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, así como reformas en materia de contabilidad gubernamental, particularmente en materia de transparencia y rendición de cuentas, sin olvidar los tipos penales de responsabilidad de funcionarios públicos que incurran en desvió de recursos públicos para el enriquecimiento personal.

Es de suma importancia que la ASF incorpore en su Programa Anual de Fiscalización de 2018 al municipio de Córdoba, principalmente en los rubros de Participaciones Federales a Municipios y en lo concerniente a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

Ante lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que incorpore en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal de 2018 al municipio de Córdoba, Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputado Juan Martínez Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP, la Sener, la CRE y la CFE a revisar la metodología utilizada para determinar y calcular las tarifas finales del suministro básico doméstico en Yucatán, y proceder a su ajuste y disminución, a cargo de la diputada Cecilia Patrón Laviada, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, diputada de Yucatán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presento a consideración de esta asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, a revisar la metodología que se utilizó para la determinación y cálculo de las tarifas finales del suministro básico doméstico en el estado de Yucatán, y proceda a su ajuste y disminución, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:

I. Antecedentes

1. El 3 de mayo de 2018, el pleno de la Comisión Reguladora de Energía emitió el Acuerdo A/017/2018 por el cual modificó los diversos Acuerdos A/058/2016 y A/058/2017, relativos a las tarifas finales del suministro básico, para el periodo de abril a diciembre de 2018; cuyo resolutivo Primero señala:

“Segundo. Se expide la Metodología para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas finales del suministro básico, la cual permanecerá vigente de abril a diciembre de 2018, misma que se adjunta al presente como Anexo B y se tienen aquí por reproducida como si a la letra se insertare, formando parte integrante del presente Acuerdo”.

2. En su resolutivo Décimo Cuarto dispuso que dicha regulación económica estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2018 y, en su caso, se entendería prorrogada hasta que fueran expedidas las disposiciones administrativas de carácter general a que se refieren los artículos 138 de la Ley de la Industria Eléctrica y 47 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica.

3. El pasado 13 de septiembre de 2018, el pleno de la Comisión Reguladora de Energía, con dos votos en contra y cinco a favor, aprobó en sesión ordinaria la modificación de uno de los acuerdos relativo a las tarifas finales de suministro básico, comprendidas para el periodo septiembre a diciembre de 2018. De los siete comisionados de la CRE, sólo Montserrat Ramiro y Neus Peniche votaron en contra de modificar el anexo B del acuerdo A/017/2018.1

4. Diversos sectores han manifestado su rechazo a la modificación a las tarifas pues en su opinión, son injustificados y desproporcionados .2

5. El pasado 18 de septiembre de 2018, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó un punto de acuerdo en el que medularmente se exhorta a diversas autoridades federales a que revisen la Metodología y ajusten a la baja las tarifas eléctricas que aplican para el sector industrial en el estado de Guanajuato, dado que ese sector se ha visto gravemente afectado con los incrementos aplicados.

II. Consideraciones

1. La ubicación geográfica del estado de Yucatán en la península del mismo nombre, al sur del Trópico de Cáncer, y su escasa altitud, determinan el clima del estado: semiseco muy cálido y cálido ; el cual se distribuye en el 85 por ciento del territorio estatal , en una franja paralela a la costa, desde el oriente de río Lagartos hasta Dzilam de Bravo, Hunucmá y Celestún. El clima seco cálido se encuentra en la zona cercana al Golfo de México y al este de Telchac Puerto y el oeste de Puerto Progreso.

Su temperatura más baja oscila entre los 24 y 26 grados centígrados; y su temperatura media anual varía entre los 28 y 35 grados centígrados, aunque en algunas partes suele ser superior. Tan sólo en 2015, según el Servicio Meteorológico Nacional, se registraron numerosos días entre abril y junio con temperaturas máximas iguales o superiores a los 40 grados centígrados.

En verano existen los llamados “vientos alisios”, que soplan de manera constante sobre los trópicos y permiten mantener o bajar un poco el nivel de la temperatura en la zona.3

Este tipo de clima está presente en toda la península -más que en cualquier región del país- como se visualiza en el siguiente mapa:4

2. En esta región, el combate a la pobreza depende en gran medida de las políticas públicas y de los apoyos que reciban los habitantes para disminuir los costos del suministro básico de energía eléctrica; sólo así podrán atender necesidades básicas como son el uso de enfriadores o climas artificiales, dadas las altas temperaturas que llegan a registrase en la entidad por su ubicación geográfica .

3. Si bien las llamadas reformas estructurales, entre ellas, la energética, han tenido como propósito generar condiciones propicias para que los usuarios de energía eléctrica obtengan mejores tarifas y precios, lo cual se esperaba tuviera lugar en los dos años siguientes a la entrada en vigor de la reforma, a la fecha esos efectos benéficos son nulos; por el contrario, siguen siendo patentes los incrementos continuos en las tarifas.

La propia Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció en agosto de 2016 un segundo incremento consecutivo en las tarifas de consumo doméstico , justificando su decisión en la necesidad de compensar los incrementos que hubo en los costos de operación por los precios de los combustibles en el mes de julio. Las tarifas reportaron aumentos de entre 5 por ciento y el 7.5 por ciento. 5

4. Los usuarios domésticos de energía eléctrica en México pagan el suministro básico a través de diversas tarifas específicas,6 que se identifican como 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, y 1F; adicionalmente, se aplica la tarifa DAC (Tarifas domésticas de alto consumo). En todo los casos, pese a las reformas energéticas se han tenido incrementos considerables; tan sólo por mencionar, en la tarifa DAC para la región Sur-Penínsular, se tiene registrado un incremento del 26 por ciento entre enero de 2016 a enero de 2018.

5. Estos aumentos desmedidos, revelan la insensibilidad y la poca importancia que el gobierno que está por terminar su gestión tiene respecto de la población en general, y de aquellas regiones que por razón de su ubicación geográfica requieren de un tratamiento diferenciado en cuanto a las tarifas eléctricas que se les cobran.

6. La población de mi estado, diaria y cotidianamente, expresa su enérgico rechazo a estas medidas irresponsables, y como representante popular, hago eco de ese reclamo ; máxime cuando en Yucatán, a diferencia de otras regiones del país, la entidad cuenta con una capacidad de generación eléctrica total de 1581 megavatios, distribuida en cinco centrales generadoras termoeléctricas (tres de estas centrales se concentran en Mérida y las otras dos en Valladolid), lo que permite considerar como una región que contribuye significativamente a la generación de energía eléctrica y tiene gran potencial para el uso de energías renovables (en especial la energía solar, la eólica y el hidrógeno); no obstante ello, la población yucateca no se ha visto beneficiada con una mejor tarifa para el cobro del suministro de energía eléctrica que requiere para poner en marcha enfriadores o climas artificiales, dadas las altas temperaturas que llegan a registrase en la entidad por su ubicación geográfica .

Lo único que pide con ahínco la población de Yucatán, es que si el gobierno no los va a ayudar a salir adelante y a atender sus necesidades básicas, cuando menos que no los perjudique con estas medidas insensatas.

7. Por ello, respaldo el sentir de los yucatecos y exijo, al igual que lo hizo el diputado Jorge Arturo Espadas Galván para el estado de Guanajuato, que la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno federal en su conjunto, tomen cartas en el asunto y paren estos constantes y desmedidos aumentos.

Las autoridades exhortadas no pueden sostener que no tienen otra alternativa, o que no cuentan con las herramientas y el andamiaje legal o institucional para ello. Basta señalar que, precisamente, para evitar este tipo de distorsiones, se cuenta con una robusta normativa en materia energética, particularmente en lo tocante a la energía eléctrica.

El artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME), establece que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tiene entre sus obligaciones: a) fomentar el desarrollo eficiente de la industria , b) promover la competencia en el sector, c) proteger los intereses de los usuarios , d) propiciar una adecuada cobertura nacional y e) atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.

8. Asimismo, los artículos 2 y 4 de la Ley de la Industria Eléctrica (la LIE), determinan con claridad que el suministro básico es una actividad prioritaria para el desarrollo nacional y constituye un servicio de interés público cuya prestación se sujeta a los mandatos de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad.

9. Por ello se confiere al estado la facultad de establecer y ejecutar la política, regulación y vigilancia de la industria eléctrica a través de la Secretaría de Energía y la CRE, en el ámbito de su competencia técnica; y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la determinación final de las tarifas que aplicará en lo subsecuente la Comisión Federal de Electricidad.

10. En ese tenor, el artículo 12, fracción IV, de la LIE faculta a la Comisión para expedir y aplicar la regulación tarifaria a que se sujetará la operación de los suministradores de servicios básicos, así como de las tarifas finales del suministro básico en términos de lo dispuesto en los artículos 138 y 139 de la LIE.

11. El artículo 139 de la LIE señala que la CRE aplicará las metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas y de las tarifas finales del suministro básico; y el artículo 140, fracción I, del mismo ordenamiento, establece que uno de los objetivos de las metodologías es promover el desarrollo eficiente de la industria eléctrica, garantizar la continuidad de los servicios, evitar la discriminación indebida, promover el acceso abierto a la red nacional de transmisión y a las redes generales de distribución y proteger los intereses de los participantes del mercado y de los usuarios finales.

12. La idea de proteger a los usuarios y no incurrir en abusos se ratifica en el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica (RLIE); muestra de ello es el artículo 47, segundo párrafo que faculta a la CRE para establecer las contraprestaciones, precios y tarifas reguladas bajo principios que permitan el desarrollo eficiente de la operación y que protejan los intereses de los usuarios , sin reconocer las contraprestaciones, precios y tarifas que se aparten de dichos principios.

13. Con ese propósito, la CRE goza de las herramientas de evaluación que estime necesarias para lograr sus objetivos regulatorios, pudiendo realizar ejercicios comparativos y aplicar los ajustes que estime oportunos , según prevé el artículo 47 del RLIE.

III. Proposición

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con el siguiente punto de acuerdo:

Único . Se exhorta al gobierno federal a que, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, cancele el aumento anunciado a las tarifas eléctricas y en ejercicio de sus facultades, tome las medidas pertinentes para establecer una política clara respecto de estos precios; asimismo, revise la Metodología utilizada para la determinación y cálculo de las tarifas finales del suministro básico doméstico aplicable en el estado de Yucatán, y proceda a su ajuste y disminución , considerando la ubicación geográfica de la entidad, su clima, y la contribución al país en la generación de energía eléctrica, así como el hecho de que la población yucateca ha resentido negativamente los incrementos en las tarifas finales.

Notas

1 Modifica CRE acuerdo de tarifas básicas, Karla Omaña en Sección Zócalo de Reforma, 14 de septiembre de 2018, www.zocalo.com.mx/reforma/detail/modifica-cre-acuerdo-de-tarifas-basica s

2 Pide IP revisión de tarifas eléctricas, Verónica Gascón, 14 septiembre 2018, en Reforma,
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1491375&v=5&
urlredirect=https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1491375&v=5

3 Clima de Yucatán: Características Principales https://www.lifeder.com/clima-yucatan/

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/mapas/climatologia/

5 Tarifas eléctricas hilan dos meses con incrementos, Luis Carriles 01 de agosto de 2016, El Economista.

6 Consultable en https://www.cfe.mx/tarifas/Pages/Tarifas.aspx

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNBV y la Condusef a informar de sus acciones de verificación sobre el cumplimiento de las medidas dispuestas para brindar seguridad a quienes realicen operaciones y movimiento de recursos financieros a través de tarjetas de crédito y prepago, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4 y 79, numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las demandas más sensibles de las familias mexicanas es su seguridad, la protección de su vida, la salvaguardia, tanto de su integridad física, como de sus bienes y recursos. Por ello, uno de nuestros deberes como legisladores es el perfeccionamiento del marco legal que permita el desarrollo de las personas en un ambiente de paz y seguridad, así como del cabal cumplimiento de las leyes para lograr un verdadero estado de derecho.

En este sentido, debemos tener presente que los grupos delictivos cambian de manera recurrente sus modos de operación para sorprender a la población y evitar la actuación de las autoridades competentes, incluso haciendo mal uso de las nuevas tecnologías y de los mecanismos que facilitan las operaciones comerciales y bancarias a través de plataformas electrónicas y de dispositivos móviles.

Al respecto, se ha identificado en el último año el incremento de denuncias por hechos de extorsión o secuestro virtual o exprés, en donde se utilizan cuentas aperturadas con tarjetas emitidas por tiendas de conveniencia, como Oxxo, 7 Eleven y Soriana, sin cumplir con los procedimientos o protocolos necesarios para identificar plenamente a los titulares, y los clientes de operaciones financieras, lo cual ha facilitado en muchos casos la comisión de delitos y ha impedido la investigación y persecución del delito.

Estos comercios, en corresponsabilidad con instituciones bancarias, han ampliado sus actividades para recibir pagos por servicios, envíos de dinero, aperturas de cuenta y emisión de tarjetas de débito sin cumplir con los requisitos mínimos y protocolos de seguridad que permitan identificar a los titulares de dichas cuentas y de quienes les depositan, y de quienes cobran transferencias, abriendo un espacio de impunidad para la delincuencia, que aprovecha cualquier punto vulnerable para la comisión de conductas ilícitas.

El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, organización de la sociedad civil, en siete años construyó un banco de datos con más de 84 mil números telefónicos activos y más de 11 mil cuentas bancarias, también activas, en las que se depositan cantidades en efectivo que van de los 500 pesos a los 5 mil pesos en promedio para intentar y lograr extorsionar.1

A nivel nacional también trascendió que este tipo de cuentas y tarjetas bancarias son utilizadas como medio para lavar dinero del crimen organizado pero en montos pequeños. Un caso difundido en medios fue el de conversaciones de Joaquín Guzmán Loera, conocido como el “Chapo”, en que se mencionaba un depósito y su verificación por medio de las tiendas Oxxo. Bajo estas condiciones, al iniciar las investigaciones en locales comerciales en donde se realizaron depósitos o retiros de dinero vinculados con hechos delictivos, los encargados de los negocios no contaban con ningún mecanismo para identificar a las personas que hicieron uso de las cuentas o tarjetas. Asimismo, las instituciones bancarias relacionadas no contaban con información de las mismas.

Federico de Noriega, especialista en temas de lavado de dinero, señaló que existen riesgos de que se introduzcan recursos de procedencia ilícita al sistema financiero por medio de estos comercios bajo la figura de comisionistas, conocidos comúnmente como corresponsales bancarios, sin atender la regulación bancaria en materia de seguridad, pero sobre todo sin la verificación de las autoridades del cumplimiento de dichas medidas.2

El incumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los corresponsales bancarios, han permitido que delincuentes reciban dinero en una cuenta bancaria, en la que no existen documentos verificables de los datos del cliente, o de los receptores de transferencias; tal es el caso de los productos financieros de fácil acceso que se pueden adquirir sin los requisitos mínimos de seguridad, como la tarjeta Saldazo , lanzada desde 2014, por tiendas Oxxo, Banamex y Visa.

Esta tarjeta de débito puede ser adquirida en cualquier tienda de las mencionadas sin la celebración previas de un contrato; como parte de este servicio, se proporciona un número de celular a través del cual se pueden realizar transferencias y recibir notificaciones, contraviniendo flagrantemente y con la anuencia de las autoridades responsables, la legislación y evadiendo los mecanismos de seguridad creados, por el Congreso y el gobierno federal, para evitar el delito de extorsión y lavado de dinero por parte del crimen organizado.

Es de señalar que desde 2009, en esta Cámara de Diputados se aprobaron las reformas legales para establecer la figura de comisionista o corresponsal bancario y en 9 años se ha fortalecido el marco regulatorio bancario con medidas de seguridad para evitar delitos de extorsión y lavado de dinero. Asimismo, el gobierno federal emitió las Reglas de Carácter General, que establecen los requisitos necesarios de seguridad para la emisión de tarjetas bancarias, incluyendo normas específicas buscando el adecuado seguimiento de las operaciones que lleven a cabo tanto clientes como usuarios, abarcando los servicios que se otorguen en sucursal, y en los locales de corresponsales bancarios, tales como las tiendas Oxxo, como medidas para evitar las extorsiones, la prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.

Cabe señalar, que en las Disposiciones de Carácter General dispuestas por el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito,3 se establecen políticas de identificación del cliente, que incluyen medidas y procedimientos para la identificación, verificación y actualización de los datos proporcionados por los clientes en cualquier operación bancaria, ya sea hecha en sucursal o en corresponsales bancarios. De esta manera las instituciones bancarias y sus corresponsales tienen la obligación de integrar un expediente de todos sus clientes, para cualquier apertura de cuenta o de contrato que incluya información como:

• Nombre completo; fecha de nacimiento; nacionalidad; ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique el Cliente; domicilio particular en su lugar de residencia en que se pueda localizar; correo electrónico; Clave Única de Registro de Población y la clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave), cuando disponga de ellos, y número de serie de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.

• Asimismo, deberá recabar, incluir y conservar en el expediente de identificación respectivo copia simple de, al menos, los siguientes documentos relativos a la persona física de que se trate: (i) Identificación oficial con fotografía (ii) Constancia de la Clave Única de Registro de Población, (iii) Comprobante de domicilio y (iv) solicitud de apertura de cuenta o de celebración de Operación firmada por el cliente, en la que conste que dicha persona actúa para esos efectos a nombre y por cuenta propia o por cuenta de un tercero.

Como podemos observar, la regulación vigente cuenta con medidas de seguridad para operaciones bancarias y comerciales o de transferencia de recursos, que deberán llevarse a cabo en tiempo real mediante mecanismos de identificación que permitan verificar, tanto la autenticidad del cliente, como la del operador y del equipo, además de que se deberá generar un registro electrónico de todas las operaciones, y un comprobante para el cliente, medidas que brindan certeza jurídica y garantizan la plena identificación de las partes.

Pero nos queda bien claro, una cosa es que exista un amplio marco regulatorio y otra es la falta de cumplimiento por parte de los corresponsales bancarios. Pero más grave es la omisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) como entidades responsables de la verificación del cumplimiento de las normas de seguridad del sector bancario, específicamente para la supervisión y aplicación de acciones correctivas, en el caso que nos ocupa.

En efecto, es especialmente preocupante el caso de tiendas Oxxo, por los productos y servicios financieros que esta cadena comercial ofrece, ya que es el corresponsal bancario más grande del país con más de 17 mil puntos de venta, lo que representa más del 40 por ciento de los módulos registrados en la CNBV.

Mientras el trabajo de las autoridades en la materia sea insuficiente o limitado en torno a la vigilancia en torno al cumplimiento de la ley y la regulación en materia de seguridad de los servicios financieros, la población seguirá sufriendo los estragos de la inseguridad, al permitir que las tiendas mencionadas operen sin ninguna supervisión, abriendo espacios de actuación al crimen organizado.

Por ello, y con la finalidad de fortalecer la seguridad de las personas y sus recursos, se propone exhortar a las autoridades competentes a cumplir con sus obligaciones de supervisión para evitar la comisión de delitos en perjuicio de los habitantes de nuestro país

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . Se solicita a la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, fortalecer las acciones para garantizar el debido cumplimiento del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las Reglas de Carácter General en materia de Prevención de Actividades Ilícitas y de Lavado de Dinero, por parte de los comisionistas o corresponsales bancarios, tiendas Oxxo, 7 Eleven México, Soriana, así como por las instituciones bancarias relacionadas, lleve a cabo a la brevedad las investigaciones necesarias y se brinde información sobre esas acciones a esta soberanía.

Segundo . Se solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que dé a conocer las acciones para asegurar el cumplimiento de la regulación que deben acatar los comisionistas o corresponsales bancarios, tiendas Oxxo, 7 Eleven México, Soriana, así como por las instituciones bancarias relacionadas.

Tercero . Se solicita a las empresas operadoras como comisionistas o corresponsales bancarios, tiendas Oxxo, 7 Eleven México, Soriana, así como a las instituciones bancarias, el estricto cumplimiento de las medidas dispuestas para brindar seguridad a clientes y usuarios que realicen operaciones y movimiento de recursos económicos, a través de cuentas, tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas para evitar delitos de extorsión, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Notas

1 Las tarjetas exprés que facilitan extorsiones. Revista Líder Empresarial, disponible en:

https://www.liderempresarial.com/deinteres/las-tarjetas- expres-que-facilitan-extorsiones

2 Ibídem.

3 Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de abril de 2009, y reformadas en diversas ocasiones: Reforma DOF 16 de junio de 2010, Reforma DOF 9 de septiembre de 2010, Reforma DOF 20 de diciembre de 2010, Reforma DOF 12 de agosto de 2011, Reforma DOF 13 de marzo de 2013, Reforma DOF 25 de abril de 2014, Reforma DOF 12 de septiembre de 2014, Reforma DOF 31 de diciembre de 2014, Reforma DOF 10 de septiembre de 2015, Reforma DOF 24 de febrero de 2017, Reforma DOF 27 de diciembre de 2017.

Dado en Palacio Legislativo, a 9 de octubre del 2018.

Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a hacer de conocimiento público un informe de las acciones emprendidas para garantizar las condiciones laborales de los despachadores de gasolina, a cargo del diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez, Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, Vicente Alberto Onofre Vázquez, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o., numeral I, fracción I , 76, numeral 1, fracción II, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

La pobreza, la falta de empleo y la precariedad salarial lastiman a millones de mexicanas y mexicanos, particularmente a los grupos más vulnerables de la población. Dicha vulnerabilidad ha sido aprovechada por “seudoempleadores” que violentan una y otra vez sus derechos laborales con absoluta impunidad.

Ejemplo de lo anterior, son las condiciones laborales de las y los despachadores de gasolina, quienes no cuentan con contrato, salario, seguridad social ni las prestaciones que marca la ley. Situación que gracias a los medios de comunicación salió a la luz, permitiendo que la ciudadanía y la opinión pública tuvieran pleno conocimiento del caso, pero, sobre todo, evidenció, una realidad que había sido tolerada por las autoridades.

Los despachadores de gasolina, han encontrado como única fuente de ingreso las “propinas” de los consumidores, con las cuales solventan con dificultades las necesidades mínimas básicas de sus familias. Desventaja que ha sido aprovechada por los dueños de las gasolineras para evadir sus obligaciones patronales.

Es de señalar que, no solo carecen de un salario y de los mínimos beneficios de seguridad social y prestaciones de ley, sino que, a pesar de los riesgos a que están expuestos, carecen de capacitación y de toda medida de seguridad, trabajan jornadas de más de ocho horas diarias, deben comprar sus uniformes y, por si fuera poco, pagar un “derecho de piso” para poder trabajar.

Como si lo anterior no fuera suficiente, además, son obligados a cubrir una cuota mínima de venta de aditivos, aceites, anticongelantes y diversos productos. La cual, si no es cubierta, deriva en castigos como el cambio o ampliación de turno, así como, la inhabilitación para trabajar por algunos días o de forma permanente.

A los abusos descritos, debemos agregar que también se les obliga a firmar pagarés y hojas en blanco, como una medida que asegura el desaliento de posibles denuncias ante las autoridades.

La situación que padecen miles de despachadores, sin duda indignante, a pesar de haberse evidenciado en los medios de comunicación desde hace tiempo, y ante las exigencias de diversas organizaciones de la sociedad civil y legisladores, apenas el pasado mes de mayo del año en curso, la Secretaría del Trabajo en el marco de la 30 Convención Anual de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), llevó acabo la firma de un Convenio de concertación con representantes de empresas expendedoras de gasolina, con objeto de sentar las bases de colaboración entre autoridades, empresas y trabajadores, que permitan igualar y mejorar las condiciones laborales de los despachadores de gasolina, comprometiéndose ambas partes a dar a sus empleados un salario base, prestaciones de ley, así como, brindarles seguridad y salud en el trabajo.1

El secretario del Trabajo y Previsión Social, resaltó que, la dependencia, se encontraba trabajando en una política de formalización laboral, prevención, cuidado de la salud y seguridad de los trabajadores.2

Paradójicamente, desde la firma del convenio citado, hasta el día de hoy, no encontramos información oficial, ni se han dado a conocer a la opinión pública el estatus que guardan hoy los despachadores de combustible, los avances de las acciones para mejorar sus condiciones laborales, así como los de la referida política de formalización.

La omisión de las autoridades para dar una solución inmediata y eficiente ha perpetrado en el tiempo la violación a los derechos laborales de miles de mexicanos que, ante la falta de ingreso y acceso a oportunidades reales que les permita contar con un empleo digno, continúan sufriendo en soledad un sinfín de abusos, ante el temor a denunciarlos y perder su única fuente de ingresos.

La violación a sus derechos y la pobreza que se enfrentan diariamente, los coloca en una situación de alta vulnerabilidad frente a sus empleadores, particularmente porque una vez que han sido conocidos los hechos por parte de las autoridades, no se tomaron medidas contundentes y enérgicas que los beneficien, protejan o resarzan.

Hoy, estas ciudadanas y ciudadanos, a pesar de su esfuerzo cotidiano, de su trabajo y empeño para salir adelante, enfrentan serias dificultades para cubrir los básicos de su familia, como alimentación, vivienda, servicios, transporte, educación y salud. Y dada su condición laboral, ven casi imposible poder contar con seguridad social y una pensión. Problemática que perpetra el círculo de pobreza y desigualdad.

Esta legislatura, no puede pasar por alto el abuso y las omisiones. La cuarta transformación está obligada a diferenciar entre el derecho al salario y las propinas, entre el trabajo decente como lo establece la OIT y las actividades informales, entre la ley y la marginalidad normativa, entre lo justo y lo injusto.

Esta Cámara debe ser la voz de la ciudadanía, la voz de los indefensos, la voz del pueblo. Debe ser el dique que cierre el paso a la ilegalidad, a la corrupción y a las inequidades.

A más de cinco meses de haberse firmado el convenio, esta Legislatura, no puede esperar ni un minuto más para exigir una repuesta por parte de las autoridades. No puede porque son las y los mexicanos quienes, con su voto de confianza, imprimieron un sentido de clara urgencia a sus demandas.

Las despachadoras y los despachadores de gasolina, no son propiedad de otro, no son herramientas de trabajo que puedan ser utilizadas y desechadas. Son seres humanos y, por tanto, titulares de derechos, y sujetos a nuestra representación honesta y solidaria.

La dimensión del problema debe ser proporcional a la respuesta que emita este Órgano legislativo. De ahí que, propongo exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que, con base en los principios de transparencia y máxima publicidad, haga del conocimiento de la sociedad y de la opinión pública, un informe detallado de sobre el estatus que guardan el convenio de concertación celebrado entre dicha dependencia y los representantes de empresas expendedoras de gasolina, así la política de formalización laboral, prevención, cuidado de la salud y seguridad de los trabajadores gasolineros, destinados ambos instrumentos, a proteger y garantizar los derechos laborales y el acceso a la seguridad social de las y los despachadores de combustible.

En razón de lo antes expuesto y fundado, y con la firme convicción de que con esta legislatura ha llegado ya el tiempo de los ciudadanos, ha llegado ya el tiempo de la reivindicación social y de dar cauce a las causas más sentidas de la sociedad que por tanto tiempo han estado olvidadas, someto a esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que, con base en los principios de transparencia y máxima publicidad, haga del conocimiento de la sociedad y de la opinión pública, un informe detallado sobre el estatus que guardan, el convenio de concertación, celebrado entre dicha dependencia de la administración pública federal y los representantes de empresas expendedoras de gasolina, así como, la política de formalización laboral, prevención, cuidado de la salud y seguridad de los trabajadores gasolineros, destinados a proteger y garantizar los derechos laborales y el acceso a la seguridad social de los despachadores de gasolina.

Notas

1 https://www.gob.mx/stps/prensa/firman-stps-y-onexpo-convenio-para-forma lizar-a-trabajadores-gasolineros

2 Idem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Ssa a desarrollar programas integrales y campañas informativas para detectar síntomas de trastornos mentales que sean posible causa de suicidio entre adolescentes y jóvenes, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, José Luis Montalvo Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud estableció el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental, el cual contempla para este 2018 la temática “Los jóvenes y la salud mental en un mundo en transformación”. Asimismo, el organismo estableció el día 20 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio.

Consideramos relevante hacer referencia a estas dos ceremonias mundiales para sumar esfuerzos preventivos con el objetivo de buscar mecanismos para “crear resiliencia mental desde edades tempranas con el fin de evitar la angustia y las enfermedades mentales entre los adolescentes y los adultos jóvenes, así como para tratar las enfermedades mentales y lograr la recuperación”.1

La Organización Mundial de la Salud define al suicidio como violencia autoinfligida o violencia dirigida contra uno mismo. A nivel global el suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años,2 superando con ello, las guerras y los homicidios.

En México las cifras son más que alarmantes y denotan una tendencia creciente. Entre 2010 y 2016 el Inegi contabilizó más de 41 mil casos de defunciones por suicidio, el 45 % de esta cifra corresponde al grupo de personas que van de los 10 a los 29 años.3 Asimismo, de conformidad con un estudio realizado por The American Association of Suicidology los suicidios entre adolescentes y adultos jóvenes van en aumento, destacando los trastornos de ansiedad, conducta, personalidad o el abuso de sustancias.4 El problema puede ser más grave, de acuerdo a la psicopedagógica Blanca Gil Corona, ya que existe una cifra negra por casos no registrados como tal.5

En este contexto, en consideración de las cifras descritas y en virtud de que -como señala la OMS- la mitad de las enfermedades y trastornos mentales se presenten antes de los 14 años de edad, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos de la más alta prioridad echar andar programas integrales y estrategias informativas que brinden herramientas para lograr una mayor participación de los sectores social, de salud, padres y profesores.

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación conllevan a nuevas formas de interrelación, pero también contraen nuevas afectaciones sociales que pueden derivar en graves trastornos mentales, a lo que una campaña informativa que brinde información relevante a padres de familia, maestros y sociedad en general puede ser el comienzo de una estrategia nacional para dar fortaleza psicosocial a adolescentes y jóvenes.

Este exhorto tiene como prioridad incidir por parte de esta soberanía en la responsabilidad de transformar esa alarmante realidad en virtud de que “El suicidio puede preverse, ya que existen ciertas conductas que surgen a partir de que una persona empieza a considerar la opción de su muerte”.6

En el Partido del Trabajo, previsto en nuestros documentos básicos, tenemos como principio el luchar porque se les brinde atención suficiente y efectiva a los jóvenes de México. Por lo que el incremento del suicidio entre adolescentes y jóvenes en el país nos exige tomar acciones públicas lo antes posible. Por ello, creemos que es necesario el desarrollo de programas integrales y campañas informativas para detectar signos y síntomas que alerten de trastornos mentales como la depresión, que sean posibles causales de suicidio entre adolescentes y jóvenes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud a que desarrolle programas integrales y campañas informativas para detectar signos y síntomas que alerten de trastornos mentales que sean posibles causales de suicidio entre adolescentes y jóvenes y de esa manera evitarlos.

Notas

1 Día Mundial de la Salud Mental 2018, en:

http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day /2018/es/, consultado el 06 de octubre de 2018

2 Ibídem.

3 http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2018/09/Salud-en-la-Pr ensa-Digital-del-11-de-septiembre-de-2018.pdf, consultado el 06 de octubre de 2018

4 Aumenta el suicidio en menores de edad, en: https://www.eloccidental.com.mx/local/aumenta-el-suicidio-en-menores-de -edad-1980767.html, consultado el 06 de octubre de 2018

5 En México se consuma uno de cada ocho intentos de suicidio, en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-se-consuman-uno-de-cada -ocho-intentos-de-suicidio/1262130, consultado el 06 de octubre de 2018.

6 http://funsalud.org.mx/portal/wp-content/uploads/2018/09/Salud-en-la-Pr ensa-Digital-del-11-de-septiembre-de-2018.pdf, consultado el 06 de octubre de 2018

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la SRE a implantar medidas ante el traslado nocturno de niños migrantes a campamentos en Texas, EUA, suscrita por las diputadas Kehila Abigaíl Kú Escalante y María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Fundamento

Las suscritas, Kehila Abigail Ku Escalante y María Libier González Anaya, diputadas del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Desde que Donald Trump tomó protesta como presidente de los Estados Unidos de América (EUA), ha amenazado con deportar a miles de migrantes mexicanos y centroamericanos, entre ellos a niños que fueron separados de sus familias.

Cabe mencionar que hace pocos meses, miles de niñas y niños migrantes fueron puestos en jaulas por autoridades migratorias de EUA, esto en el estado de Texas, su falta fue cruzar sin papeles hacia ese territorio.1

De acuerdo con una nota publicada en el periódico The New York Times , en las últimas semanas, el Servicio Migratorio de Estados Unidos ha realizado operativos de segregación y concentración de niños en el desierto de Texas, violentando sus más elementales derechos, prácticas que en el mundo entero se deben superar y eliminar.

El artículo referido aborda los siguientes acontecimientos:

Durante la noche, cientos de niños son levantados de sus camas sin dar aviso a organizaciones de abogados ni a sus padres, y con mochila en hombro y algunas provisiones son transportados desde distintos lugares de EUA a un campamento en el desierto de Texas denominado Tornillo.

La mayoría de los niños habían sido alojados en casas y refugios privados, en donde dormían dos o tres niños por habitación, recibiendo visitas regulares de representantes legales asignados a sus casos, además de la impartición de clases formales para que continuaran con su educación.

Ahora en las carpas en Tornillo, Texas, los niños están en grupos de veinte y duermen alineados en literas. El acceso a los servicios legales es sumamente limitado y ya no tienen clases ni escuela.

Es evidente que esta situación ha superado a las autoridades migratorias estadounidenses, que han separado a más de trece mil niños de sus familias, la cifra más alta en la historia de EUA, siendo que en 2017 la cifra era de 2 mil 400 niños.2

Es por ello que se debe exhortar al Ejecutivo federal y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que implementen medidas para salvaguardar la integridad de las y los niños mexicanos que se encuentran en estos campamentos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por medio de los consulados y la Embajada Mexicana en los Estados Unidos de América, implemente las medidas correspondientes para dar apoyo a las y los niños que se encuentran en el campamento de Tornillo, Texas, obteniendo la información detallada de los niños mexicanos que se encuentran en esa situación. Así como ofrecer apoyo jurídico y psicológico a las niñas y niños migrantes como a sus familias.

Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a que exija el respeto a los derechos humanos de las y los niños retenidos en el campamento de Tomillo, Texas, así como implementar las medidas pertinentes ante los órganos internacionales en materia de derechos humanos.

Tercero. En virtud de que los gobiernos de México y Estados Unidos de América han asumido pública y notoriamente que en nuestro país convergen un gobierno federal en funciones y a punto de concluir, así como un gobierno electo a punto de iniciar, se conmina a que la administración en turno, incorpore a esta intervención al equipo que el presidente electo designe, para que en esta transición participen ambos gabinetes, y no haya resquicio político alguno en esta etapa de cambio de poderes, para que nuestros connacionales no sean maltratados y no permanezcan indefensos.

Notas

1 Aub, Max. “EU usa jaulas para niños migrantes como las que usó con talibanes”, periódico El Universal , publicado el 20 de junio del 2018. Disponible en < http://www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-usa-jaulas-para-ninos-migrantes- como-las-que-uso-con-talibanes-0>

2 Dickerson, Caitlin. “Cientos de niños migrantes fueron trasladados silenciosamente a un campamento en Texas”, periódico The New York Times , publicado el 1 de octubre de 2018. Disponible en <https://www.nytimes.com/es/2018/10/01/ninos-migrantes-campamento/>

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputadas: Kehila Abigail Ku Escalante, María Libier González Anaya (rúbricas)

Con punto de acuerdo, relativo a las condiciones físicas y materiales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y los avances en la resolución del pliego petitorio entregado por el alumnado el 8 de septiembre último, a cargo de la diputada Ana Lucía Riojas Martínez

La suscrita Ana Lucía Riojas Martínez, diputada sin partido de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 65 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El estudiantado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENAH, pasó casi un mes en paro de labores1 .

Dicho paro se inició como forma de mostrar solidaridad para con los estudiantes de bachillerato agredidos por grupos porriles en Ciudad Universitaria el pasado 3 de septiembre. Sin embargo continuó debido a que la asamblea de estudiantes de la ENAH decidió que ese era el mecanismo ideal para lograr que sus autoridades escolares y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, del cual depende la ENAH –según el artículo 5 de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia–, atendieran y resolvieran varias carencias y problemáticas que hoy aquejan tanto a estudiantes como a trabajadores y profesores de la ENAH.

La asamblea de Estudiantes en el pliego petitorio2 que presentaron el pasado 8 de septiembre tanto a las autoridades del INAH y como de la ENAH han expresado la precaria condición material, administrativa y académica de su institución educativa y han exigido una pronta resolución a estas problemáticas. Es de hacer notar que parte importante de dicho pliego petitorio expresa de manera puntual una preocupante situación de violencia de género dentro de dicha institución educativa que debe resolverse a la brevedad.

Por lo antes expuesto, presentamos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta a Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia y a Julieta Valle Esquivel directora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia a hacer públicas tanto las condiciones físicas y materiales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia cómo los avances en la resolución del pliego petitorio que les fue entregado por el alumnado de dicha institución el 8 de septiembre pasado.

Notas

1 La Jornada (2018). Sin diálogo, paro en la ENAH llega a 27 días. México, en línea. Disponible en
https://www.jornada.com.mx/2018/09/29/politica/012n1pol?partner=rss

2 Pliego Petitorio de la asamblea Estudiantil de la ENAH:
https://www.centrodemedioslibres.org/2018/09/11/pliego-petitorio-de-la-enah-en-paro/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputada Ana Lucía Riojas Martínez

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado a imponer acciones disciplinarias al legislador Ismael García Cabeza de Vaca por realizar actividades impropias durante el ejercicio de sus funciones, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Lidia García Anaya, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I; 79, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Senado de la República a imponer acciones disciplinarias al senador Ismael García Cabeza de Vaca, por realizar actividades impropias durante el ejercicio de sus funciones, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. En días pasados, diversos medios de comunicación difundieron diversas imágenes en las que captaron al senador Ismael García Cabeza de Vaca sosteniendo una charla sobre sexo servicio, cuando ocupaba un lugar en su escaño en el Senado de la República.1

II. Según los medios de comunicación, el senador interactúo en un chat privado con dos interlocutores más, haciendo alusión a una mujer y manteniendo una charla con connotaciones sexuales, como a continuación se ejemplifica: “Pásame el cel del padrote, no seas gacho, ya me la quiero zumbar”, a lo que García Cabeza de Vaca responde “ya somos dos”.2

III. En el artículo 10, fracciones I y VI, del Reglamento del Senado de la República se estipula lo siguiente:

“Artículo 10

1. Son obligaciones de los senadores:

I. Desempeñar el cargo con apego a la Constitución, la ley, este reglamento y demás disposiciones aplicables y participar en todas las actividades inherentes al mismo, con la dignidad y responsabilidad que corresponden a su investidura;

...

...

...

...

VI. Abstenerse de realizar actos incompatibles con las funciones que desempeñan, así como de hacer valer su condición de legisladores en beneficio propio;...”

IV. Ante la difusión de tales acciones, García Cabeza de Vaca, emite una disculpa pública3 por los términos misóginos que utilizó durante su conversación, los cuales afectaron la imagen de la ciudadana aludida.

V. Sin embargo, el Senado de la República no se ha manifestado en torno a los hechos cometidos por el legislador, y aun cuando él reconoció su responsabilidad, no ha aplicado ninguna acción disciplinaria, dejando impunes tales acciones y sin aplicación de lo establecido en el Reglamento de la Cámara de Senadores.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta de manera respetuosa al Senado de la República a imponer acciones disciplinarias al senador Ismael García Cabeza de Vaca, por realizar actividades impropias durante el ejercicio de sus funciones.

Notas

1 www.eluniversal.com.mx, ww.elfinanciero.com.mx

2 www.eluniversal.com.mx

3 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/cabeza-de-vaca-ofrece-disculpa-pub lica-joven-por-chat-sexual

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputada Lidia García Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de realizar programas, estrategias y campañas de difusión turística para posicionar a Campeche como destino con excelente competitividad, a cargo del diputado José del Carmen Gómez Quej, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado federal José del Carmen Gómez Quej, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, numeral I; 62 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta al titular de la Secretaría de Turismo para que a través del Consejo de Promoción Turística de México, realice, programas, estrategias y campañas de difusión turística, para posicionar al estado de Campeche como destino que oferta excelente competitividad, y con ello promover un mayor flujo de turistas y fomentar la atracción de inversiones que generen empleos y procuren el desarrollo regional y comunitario en la entidad.

Consideraciones

De acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno de la presente administración, el sector turismo se consolidó como un componente fundamental que permite fomentar el crecimiento económico, el desarrollo regional y la generación de empleos de calidad en el país. El mismo documento expone que ello permitió un crecimiento significativo en el arribo de turistas internacionales a México, al pasar de 15.9 millones (2012) a 39.3 millones (2017); cifra que representa un aumento de 67.9 por ciento en el flujo de llegadas.1

Asimismo se señala, que derivado de las acciones de promoción turística que tuvieron como objeto dar una proyección nacional e internacional a los diversos destinos turísticos, México pasó del lugar 13, en 2012, al sexto país con mayor número de visitantes en 2017.2

No obstante, y a pesar de los datos alentadores citados en el Sexto Informe de Gobierno, el estado de Campeche y particularmente Ciudad del Carmen atraviesan por una crisis severa en materia económica y turística, pues por citar un ejemplo, según datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre enero y diciembre de 2017 los puertos aéreos de Ciudad del Carmen, Veracruz, y Villahermosa, Tabasco, registraron un descenso en sus operaciones del 29 por ciento. Cabe señalar, que el estado de Campeche se ubicaba en el lugar 26, de 32, de las entidades más visitadas. Hoy, se encuentra en la posición 14.3

En el caso específico de Ciudad del Carmen, la drástica disminución observada desde 2014 y a la fecha en los precios del petróleo no sólo provocó una contracción en la actividad económica, sino también una caída de casi una tercera parte del flujo de viajeros internacionales que tienen vínculos con el negocio de los energéticos. Incluso, según la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, ante la falta de afluencia de huéspedes y los altos costos de mantenimiento, en dos años han cerrado 14 hoteles en el estado de Campeche.4

Más aún, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Ciudad del Carmen ha señalado que ante el desplome de los precios del petróleo existe una falta de pago a proveedores, provocando desaceleración en el consumo, razón por lo que muchas empresas y comercios no han podido mantener sus gastos operativos y han optado por cerrar. Esta crisis también alcanzo a restauranteros, minoristas, taxistas y a propietarios de inmuebles que alquilaban cuartos a trabajadores petroleros.5

Datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de agosto pasado referente a creación de empleos, señalan que el estado de Campeche perdió entre 2016 y 2017 alrededor de 23 mil empleos formales, lo que significa que su tasa anual de generación de empleo cayó en un 14.2 por ciento.6

Todo lo anterior en su conjunto ha impactado negativamente; e inclusive datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señalan que en las 16 zonas arqueológicas abiertas al público en el estado de Campeche y en sus cuatro principales museos: Fuerte de San Miguel, Fuerte de San José El Alto y Baluarte de la Soledad, en el municipio de Campeche, y Museo del Camino Real, en Hecelchakán, la afluencia de visitantes a estos puntos turísticos no ha crecido durante los últimos cinco años, e incluso, no figuran en los de mayor afluencia del país, como se muestra en la gráfica siguiente:

Museos y zonas arqueológicas con mayor afluencia al cierre de 20177

Ahora bien, Campeche es un estado que oferta excelente competitividad, entiéndase ésta como “la capacidad para competir en los mercados de bienes y servicios”.8 En ese sentido, el Plan Estatal de Desarrollo de Campeche 2015-2021 señala que Campeche es un estado que por naturaleza tiene vocación turística y, como ya se mencionó, cuenta con 16 zonas arqueológicas, pertenecientes a la antigua civilización maya, dotadas con caminos de acceso y el equipamiento básico para la atención al turista, más allá de que posee la tercera mayor oferta de vestigios prehispánicos en México.

Cuenta con dos museos de sitio y nuee espacios museográficos para complementar una importante oferta cultural. El 37 por ciento del territorio del estado lo representan áreas naturales protegidas, tanto en selva como en costa, lo que hace de Campeche el estado con la mayor extensión de protección y conservación de flora y fauna en México.9

Dos reservas de la biosfera: las selvas de Calakmul y los atractivos mangles de Los Petenes junto a Campeche. La Laguna de Términos, junto a Ciudad del Carmen, es santuario tortugas, manatíes y delfines, y al norte se encuentran las colonias de flamencos de río Celestún. Además, ríos y selvas ofrecen excelentes oportunidades para las actividades de naturaleza y aventura.

La ciudad histórica y fortificada de Campeche es la única ciudad amurallada en el territorio nacional y es Patrimonio Cultural de la Humanidad en la lista de Unesco; y la Antigua Ciudad Maya y Bosques Tropicales Protegidos de Calakmul, representa el único Patrimonio Mixto (Cultural y Natural) de México. Ambos sitios son los principales activos turísticos del estado de Campeche.10

No es menos importante señalar, que el estado de Campeche cuenta con dos Centros de Convenciones, en Ciudad del Carmen y San Francisco de Campeche, con la capacidad de albergar congresos, exposiciones y eventos masivos, así como para ajustarse a diversos tamaños de eventos, y equipados con tecnología de punta para apoyo logístico.11

Más aún, recientemente se han incorporado a la oferta turística estatal tres campos de golf de competición internacional, en los municipios de Campeche, Champotón y Carmen.12 Registros del gobierno del estado indican que Campeche cuenta con 8 mil 224 habitaciones hoteleras, de las que el 51.2 por ciento se encuentran en Ciudad del Carmen.

Existen dos aeropuertos internacionales en el estado, Ciudad del Carmen con conexiones regionales, nacionales e internacionales, y la ciudad de San Francisco de Campeche con vuelos a Ciudad de México. Sin embargo, es preciso señalar que recientemente la línea aérea Interjet ha cancelado vuelos por la ausencia de pasajeros en su ruta Campeche-Ciudad de México.

La caída de los precios del petróleo y la reducción en la producción del crudo han puesto en jaque a la entidad que dependía casi en su totalidad de la actividad petrolera. En virtud de ello, esta propuesta plantea la diversificación de su economía a través del turismo como palanca de desarrollo y disminuir su vulnerabilidad ante choques como los observados con la caída del precio del petróleo.

En ese sentido, se plantea que a través del Consejo de Promoción Turística dependiente de la Secretaría de Turismo se realicen campañas de difusión permanente en favor del estado de Campeche y en particular de Ciudad del Carmen, a objeto de que estos lugares sean vistos como destino turístico con excelentes ventajas competitivas en materia de calidad de los servicios y productos turísticos que ofertan, y no solo sean vistos como destino directamente vinculado con la actividad petrolera.

La Secretaría de Turismo, es la dependencia que ejerce la facultad de formular y conducir la política de desarrollo de la actividad turística nacional, tal como se estipula en el artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública,13 así como en el artículo 4 de la Ley General de Turismo.14

Señala el mismo ordenamiento en su artículo 2, fracción II, que la Secretaría de Turismo es la instancia que debe de establecer las bases para la política, planeación y programación de la actividad turística en todo el territorio nacional, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado.

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) es el:

“... organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, así como promocionar el sin fin de increíbles destinos y actividades que México te ofrece, en los mejores escenarios, naturales y culturales.”15

Por lo anterior expuesto, someto a su consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Turismo para que, a través del Consejo de Promoción Turística de México, realice programas, estrategias y campañas de difusión turística, para posicionar al estado de Campeche como destino que oferta excelente competitividad, y con ello promover un mayor flujo de turistas y fomentar la atracción de inversiones que generen empleos y procuren el desarrollo regional y comunitario en la entidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Turismo para que, de ser necesario el presente recurso legislativo, sea integrado para su seguimiento en razón del Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.

Referencias

1-2 Sexto Informe de Gobierno.- https://www.gob.mx/informe.

3 Secretaría de Comunicaciones y Transportes.-
http://www.sct.gob.mx/transporte/aeronautica-civil/inicio/

4 Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles.-http://www.hotelesmexicanos.org/

5 Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad del Carmen- www.canacocarmen.com.mx/

6 Subdelegaciones IMSS Campeche.-
www.segurosocial.social/subdelegaciones-imss/subdelgaciones

7 Portal del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de Turismo.-datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadesCulturales.aspx.

8 Diccionario Oxford de Economía.- http/www.Oxford-Dictionary-of-Economics.

9-12 Plan Estatal de Desarrollo de Campeche 2015-2021.- /www.campeche.gob.mx/ped2015-2021

13 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_150618.pdf

14 Ley General de Turismo.- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGT_130418.pdf

15 Consejo de Promoción Turística de México.-
https://www.ctpm.com.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de octubre de 2018.

Diputado José del Carmen Gómez Quej (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al presidente electo que aclare el instrumento por emplear a fin de consultar a los ciudadanos sobre la ubicación del nuevo aeropuerto, la metodología para validar las preguntas, el origen y monto de los recursos por utilizar, y la base legal para que el resultado sea vinculatorio, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo por el que se solicita al presidente electo aclare el mecanismo que se va a emplear para consultar a la ciudadanía sobre la ubicación del nuevo aeropuerto, la metodología para la validación de las preguntas, el origen y el monto de los recursos que se van a utilizar, así como la base legal para que el resultado sea vinculatorio, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Hace unas semanas el presidente electo planteó dos rutas para la elección de la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional del México (NAIM), la primera, cancelarlo, mantener el actual aeropuerto activo y construir dos pistas en la base militar de Santa Lucía; y la segunda, seguir con el proyecto en Texcoco y concesionar su operación.

En tal virtud, planteó someter el tema a una consulta ciudadana que se realizará en el mes de octubre para decidir el futuro del NAIM. Al respecto, es importante señalar que, de acuerdo con la encuestadora Consulta Mitofsky, al 64.9 por ciento de los mexicanos no le interesa participar en la consulta sobre el NAIM; menos de tres de cada 10 mexicanos han escuchado los debates sobre el aeropuerto que se dan en los medios; en casi un mes y a pesar de los debates, baja el interés en participar en la consulta de 45 por ciento a 31 por ciento.1

Sin embargo, hasta el momento hay más dudas sobre la manera en que se llevará a cabo dicha consulta, por ejemplo, lo que no se sabe es ¿qué mecanismo se va a utilizar para llevar a cabo la consulta? ¿Cuál será la metodología a emplear? ¿De dónde provendrá y a cuánto ascenderá el monto de recursos que se van a usar para tal propósito? ¿Qué empresas van a participar? y ¿Cuál será la base legal para que el resultado sea vinculatorio en la elección de un proyecto? Se trata de cuestiones fundamentales que la sociedad mexicana mínimamente debe conocer.

En contraparte, lo que se sí se sabe, son los alcances, impacto y beneficios concretos del proyecto del NAIM en marcha, de acuerdo con diversos actores que, inclusive, se han pronunciado a favor del proyecto en marcha.

Cabe recordar que el 29 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario oficial de la Federación la declaratoria de saturación en el campo aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez.2

La actividad aeroportuaria en México ha crecido de manera exponencial. Los datos son reveladores. La expectativa era que, para 2021, llegaran a México 42 millones de pasajeros, pero esa cifra se rebasó desde 2017, cuando se recibieron a 44.7 millones de personas.3

Ahora bien, para determinar la ubicación más adecuada Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) participaron especialistas de MITRE, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otros más, quienes hicieron estudios en aeronáutica, hidrológicos, geotécnicos y de viabilidad, quienes concluyeron que el mejor lugar es Texcoco.

En 2015, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (STC) le otorgó a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), la concesión para construir, administrar, operar y explotar el nuevo aeropuerto.

Entre los principales beneficios y alcances del NAIM, que se han dado a conocer a la opinión pública, se encuentran los siguientes:

• Será uno de los tres más grandes del mundo y podrá atender hasta 70 millones de pasajeros al año en su primera fase, y en su máximo desarrollo, a 125 millones.

• En su fase final, contará con seis pistas con una capacidad estimada de 195 a 200 movimientos de aeronaves por hora y de 1 millón 50 mil a 1 millón 100 mil movimientos anuales.

• Es seis veces más grande que el aeropuerto actual de la Ciudad de México.

• El costo total es de 13 mil 300 millones de dólares y se estima que la inversión privada contribuya con el 70 por ciento del financiamiento.

• El financiamiento de la obra no generará deuda pública. Tiene asegurado su financiamiento a través de 150 mil millones de pesos de ingresos aeroportuarios ligados a la bursatilización de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)4 y a la Fibra E, que se sustentan en las crecientes capacidades de movilización de pasajeros.

• En materia hidráulica, detonará obras de gran magnitud. Se duplicará la capacidad de regulación de la zona hasta 37 millones de metros cúbicos (60 veces el Estadio Azteca), disminuyendo el riesgo de inundaciones. Utilizará agua captada por las mismas lluvias: el 100 por ciento del agua residual será tratada y el consumo será 79 por ciento menor a la del aeropuerto actual.

• En materia ambiental, rescatará una zona ecológicamente degradada. Se generarán nuevas áreas verdes, entre las que destaca el Bosque Metropolitano, que se convertirá en el principal pulmón de la zona. Adicionalmente se acondicionarán nuevos humedales para proteger la biodiversidad y se reducirá la población afectada por altos niveles de ruido.5

En este mismo sentido –como se señaló anteriormente- diversos actores se han pronunciado a favor de la propuesta del NAIM, destacando los siguientes:

El Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC, ha planteado que el costo de construcción del aeropuerto en Texcoco asciende a 285 mil millones de pesos, mientras el de Santa Lucía sería de 385 mil 738 millones, por lo tanto, es 66 por ciento más costoso; en Texcoco se tiene un costo programado de 4.91 dólares por pasajero, hoy es de 6.28 dólares para el AICM, para el de Santa Lucía no se tiene información; la opción de Santa Lucía desaprovecharía la economía de escalas, por lo que Texcoco en el largo plazo es la mejor; y el costo anual por hora hombre de traslado para el año de inicio de operaciones sería para Texcoco de 21 mil 877 millones de pesos y para Santa Lucía sería de 28 mil 858 millones.6

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha señalado que la mejor opción es continuar con la construcción de la obra de infraestructura en Texcoco; se trata de un proyecto rentable que podría generar más de mil millones de dólares al año; por cada millón de pasajeros que usan el aeropuerto se crean mil empleos directos; ello se traduciría en 70 mil empleos directos, en la primera etapa del proyecto, y 135 mil empleos directos en su fase final, y ya en su operación máxima podrá crear hasta 450 mil empleos directos e indirectos.7

Mencionan, también, que Texcoco tiene ventajas en términos de capacidad de transporte de pasajeros, puede crecer hasta llegar a 135 millones por año, en contraste con los 65 millones de Santa Lucía; el proyecto de Texcoco mejorará los costos para las aerolíneas y los precios para los usuarios; permitirá una mayor conectividad con otros aeropuertos del país para fomentar la actividad turística y logística y la conectividad con las personas; y tiene el potencial de beneficiarse de la posición geográfica del país para convertirse en un centro de conexiones de pasajeros y carga competitivo a nivel internacional.

Asimismo, plantean que en términos de costos, Texcoco tiene asegurado su financiamiento a través de 150 mil millones de pesos de ingresos aeroportuarios ligados a la bursatilización de la TUA y a la Fibra E; que tiene 9 manifestaciones de impacto ambiental autorizadas favorablemente y se está avanzando en las medidas de mitigación requeridas; que la cimentación del aeropuerto en Texcoco ya tiene avances importantes, de más de 50 por ciento.

En cuanto al impacto ambiental, mencionan que ya ha sido evaluado y hay medidas de mitigación en marcha, y existen estudios y acciones que garantizan el funcionamiento hidrológico; y, por último, subrayan que la cancelación del proyecto del NAIM significaría la pérdida de más de 120 mil millones de pesos.

En este mismo orden de ideas, MITRE8 plantea que mantener en operación el actual AICM y habilitar la Base Militar de Santa Lucía como una segunda terminal aérea, no solo puede poner en riesgo la seguridad de las personas por el cruce en la ruta de descenso de las aeronaves, sino terminaría demorando aún más el tráfico aéreo en la capital del país; y que el plan alternativo resultaría en la creación de un sistema de espacio aéreo severamente congestionado y complicado que probablemente incrementaría las ya importantes demoras del tráfico aéreo y problemas operativos, que impedirían satisfacer la demanda futura de aviación en el área metropolitana de la Ciudad de México.9

Para el Colegio de Pilotos, el proyecto de operar dos aeropuertos como lo sería Santa Lucía y el AICM se ve poco viable y su saturación llegaría en corto plazo (de 5 a 8 años), de acuerdo a las cifras de crecimiento nacional en los últimos años que es del 6 al 7 por ciento.10

En síntesis, dada la trascendencia del NAIM, en cuanto a su ubicación geográfica, factibilidad, que es un proyecto a largo plazo, autofinanciable y sustentable, que contribuirá al desarrollo regional y a la generación de miles de empleos, es necesario contar con información que permita tener claridad sobre el mecanismo que se utilizará para la consulta ciudadana sobre su ubicación, la metodología para validar las preguntas que la integrarán, el origen y monto de los recursos que se van a utilizar, y la base legal para que el resultado sea vinculatorio en la elección de un proyecto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al presidente electo que aclare el mecanismo que se va a emplear para consultar a la ciudadanía sobre la ubicación del nuevo aeropuerto, la metodología para la validación de las preguntas, el origen y el monto de los recursos que se van a utilizar, así como la base legal para que el resultado sea vinculatorio.

Notas

1 file:///C:/Users/PCC/Downloads/201810_Mitofsky_Aeropuerto3.pdf

2 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5361802&fecha=29/09/2014

3 https://www.aicm.com.mx/estadisticas

4 Es una cuota fija que establece cada aeropuerto por derecho de uso y está incluido en el costo del boleto de avión de cada pasajero.

5 http://www.aeropuerto.gob.mx/index.php; http://www.presidencia.gob.mx/sextoinforme/

6 http://cicm.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/038_DictamenCICM_CT-Finan ciamiento.pdf

7 http://www.cce.org.mx/entrega-de-resultados-estudio-naim/

8 MITRE es una de las empresas estadounidenses sin fines de lucro, con origen en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, más prestigiadas a nivel internacional en asesoría de aviación, seguridad nacional y cibernética. Esta corporación ha dedicado más de 20 años a analizar las alternativas para desarrollar un nuevo sistema aeroportuario que satisfaga la demanda creciente de tráfico aéreo para el área metropolitana de la Ciudad de México.

9 https://www.reporteindigo.com/reporte/mitre-aeropuerto-en-santa-lucia-i nviable/

10 https://aristeguinoticias.com/1909/mexico/consulta-de-naim-innecesaria- aeropuerto-en-santa-lucia-se-saturaria-en-5-anos-industria-aeronautica/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 9 de octubre del año 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Chiapas a garantizar el desarrollo libre, transparente, democrático y respetuoso de la legalidad en el proceso electoral para renovar la dirigencia de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Clementina Marta Dekker Gómez , diputada ante la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I, y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En Chiapas, la entidad más pobre del país, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó, en su más reciente informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública, el destino de casi 190 millones de pesos que habiéndose asignado al sistema de salud de Chiapas, continuaban comprobación. Se trataba de recursos federales transferidos a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado para la operación del Régimen Estatal de Protección en Salud (REPSS). El presupuesto habría sido gestionado por el gobierno estatal a través de distintas cuentas bancarias con el supuesto objetivo de cubrir con compromisos salariales para trabajadores adscritos al instituto estatal de salud. Sin embargo, la investigación de la ASF ha revelado la inexistencia de registros formales sobre el personal que recibió estos montos, así como de los recibos de entrega y gasto correspondientes.

En suma, la ASF realizó en 2017 tres auditorías enfocadas al desempeño del sector salud en Chiapas. Sus trabajos se enfocaron en la evaluación de los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, a los recursos federales transferidos a través del acuerdo de coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la entidad federativa y al Programa de Inclusión Social Prospera en su componente Salud. En conjunto, estas auditorías dejaron ver una serie de irregularidades en la administración de los recursos por un monto de 187 millones 348 mil 662 pesos, dinero que habría sido transferido a cuentas distintas a las previstas a fin de utilizarse para fines ajenos a los inicialmente programados.1

De acuerdo con los dictámenes de la ASF, esos 187 millones de pesos habrían dejado de aplicarse en acciones para la atención a la salud de los chiapanecos y en cambio, habrían sido transferidos a cuentas bancarias no registradas para hacer transacciones de las que no existe comprobación, incluído el pago a personal que no tenía el perfil requerido para cierta plaza, pagos a personal sindicalizado que no estaba cubierto por esa partido, subejercicios sin rastro de comprobación y pagos a personas de las que no hay prueba de que hayan trabajado para la dependencia. Tan solo del monto total sin comprobar, la ASF detectó 158.1 millones pesos utilizados para fines distintos de los programados.

En la auditoría, a los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, a través del cual el gobierno de Chiapas recibió en 2017 4 mil 202 millones 197 mil pesos, la ASF detectó que el Instituto de Salud del Gobierno Estatal, encabezado por Leticia Guadalupe Montoya Liévano, abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) a través de la cual se realizaron transferencias a otras cuentas y fondos por 22 millones 974 mil 200 pesos, de los que se solicitó, por la anomalía del movimiento, acreditar con evidencia documental el destino y razón de los recursos. La cantidad más grande que reclamó la ASF fue la que se pagó a personal sindicalizado que no estaba considerado en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud. En este caso, el probable daño a la Hacienda Pública Federal se fijó en 73 millones 661 mil 710 pesos.

Tomando en cuenta esta información, no es difícil afirmar que la salud de los chiapanecos se encuentra en estado de destrucción a causa de la corrupción, el nepotismo y el enriquecimiento ilícito que ha caracterizado la administración de los recursos financieros destinados para este fin. En Chiapas, el colapso del sistema de salud pública comenzaría con la administración de Juan Sabines Gutiérrez, responsable por las primeras crisis de abasto de insumos y medicamentos en las unidades de la Secretaria de Salud estatal. La estrategia implementada sería obra del doctor James Gómez Montes, titular de la Secretaría de Salud a partir de la segunda mitad del ciclo sabinista.

Sin embargo, la llegada al gobierno de Manuel Velasco Coello implicó no sólo la permanencia de los esquemas de corrupción y desvío de fondos sino la agudización de la pulverización del sistema estatal de atención a la salud. Durante este sexenio se incrementó de forma significativa el daño al patrimonio y la suficiencia financiera del sector. Entre los responsables de este hecho destaca el doctor Francisco Ortega Farrera, quien desde las oficinas del Seguro Popular en Chiapas ideó, en contubernio con el dirigente estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), el doctor José Luis Díaz Selvas, los mecanismos administrativos para concretar la malversación de los recursos financieros asignados al sector. A su vez, fueron los responsables de extender y organizar la red de administradores corruptos que hoy por hoy es responsable del colapso del sistema público de salud en Chiapas.

Tales desvíos se encuentran ampliamente documentados en denuncias interpuestas por los propios trabajadores ante instancias procuradoras de justicia, entre las que destacan las desprendidas de la huelga de hambre realizada por nueve enfermeras en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el mes de abril de 2016,2 así como por señalamientos públicos realizados en diversos medios de comunicación por colectivos de pacientes, organizaciones civiles y ciudadanía en general.3

Destacan en este sentido las proposiciones con punto de acuerdo presentadas por el diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez durante la LXIII Legislatura, entre las que se incluyen diversos exhortos dirigidos a entidades del gobierno federal y del estado de Chiapas para garantizar el curso de investigaciones derivadas de las denuncias por ejercicio ilegal de las funciones públicas, la realización de mesas de trabajo para abordar el tema de las retenciones injustificadas de salarios y malversación de fondos de jubilación y el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios médicos-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios de la entidad. Todos estos hechos son manifestación de la red de corrupción que ha lastimado gravemente al sistema de salud pública estatal, a la sociedad y a los trabajadores de Chiapas.

En este contexto de opacidad y uso discrecional de los recursos públicos, amparada mediante un largo contubernio entre autoridades estatales y líderes sindicales del sector, la sección 50 del SNTSA vive un nuevo proceso electoral para renovar su dirigencia. Por un lado, la contienda enfrenta a quienes por décadas han permanecido al servicio de la cúpula gobernante de Chiapas; por otro, a los doctores y enfermeras que han denunciado desde hace años los actos de nepotismo y corrupción que constantemente azotan al sistema de salud pública estatal. Por los riegos que podría significar para su administración la elección de un grupo crítico de los arreglos que imperan actualmente entre la Secretaría de Salud del estado y el SNTSA, el gobernador Manuel Velasco Coello ha instruido todas las acciones a su alcance para garantizar el triunfo de la planilla encabezada por el doctor José Luis Díaz Selvas, actual secretario general de la Sección 50. Destaca la indicación, hecha a través de Francisco Ortega Farrera, ex titular de la Secretaría de Salud del Estado, a todos los directivos de jurisdicciones y hospitales para que intervengan en el proceso electoral en favor de la planilla de José Luis Díaz Selvas. Además, ha justificado el dispendio de recursos públicos para financiar la campaña Díaz Selvas e incluso se tiene registro de actos de intimidación cometidos contra trabajadores opositores para evitar que ejerzan su derecho al voto o que fortalezcan su organización.

Así pues, desde que asumiera funciones James Gómez Montes como secretario de Salud en Chiapas hasta el arribo a la titularidad de la dependencia de Francisco Ortega Farrera, el doctor José Luis Díaz Selvas ha acompañado desde distintos cargos, a veces mediante oportunas omisiones y otras veces a través de lucrativas colaboraciones, la perpetración de los actos de corrupción y desvío de fondos que han marcado la historia reciente del sistema de salud pública chiapaneco. Su papel protagónico en el perverso proceso de ordeña que ha vivido la Secretaría de Salud de Chiapas durante los últimos años le ha conseguido la impunidad suficiente para resguardar su integridad y continuar con su asociación delictuosa. Esto también le ha valido a Díaz Selvas el derecho de imponer a directores y administradores de jurisdicciones, hospitales y centros de salud en todo el estado, para desde ahí negociar la entrega de plazas y formalizaciones. En esta estrategia de tráfico de influencias destaca el papel de Malú Díaz Selvas, Jairo César Guillén Ramírez y Ana Lilia Velázquez López, trabajadores del Instituto de Salud estatal vinculados a Díaz Selvas, quienes han sostenido reuniones recientes con diversas agrupaciones de trabajadores para pactar prebendas entre el sindicato y la autoridad estatal.

En tanto esta situación no se atienda, la alianza entre el sindicato y la autoridad vigente seguirá causando perjuicios a la hacienda estatal y con ello al bienestar de todas las familias chiapanecas. No hay que olvidar que en la entidad existe una plantilla inflada de alrededor de 5 mil trabajadores cuyos salarios están siendo absorbidos en su totalidad con recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Como se observa, aunque legalmente el fin del FASSA consista en favorecer la consolidación de los sistemas estatales de salud y coadyuvar al fortalecimiento del sistema nacional de salud, hoy está siendo utilizado para cumplir con los compromisos salariales de alrededor de 3 mil trabajadores, contratados sin fuente clara de financiamiento. Peor aún, un buen número de ellos ni siquiera trabaja en la dependencia corroborando la existencia de onerosos aviadores, tal y como lo ha señalado la ASF.

En el mismo tenor, el sistemático incumplimiento de los lineamentos legales establecidos para la operación de los recursos destinados a la salud en Chiapas ha derivado en el colapso del Seguro Popular. Por ejemplo, la ley claramente señala que el 60 por ciento de los recursos asignados a este programa deben ser utilizados para el funcionamiento de los servicios de salud (se incluyen en este rubro la adquisición de medicamentos, material de curación, material quirúrgico, laboratorio, banco de sangre, entre otros) y que solo hasta el 40 por ciento se puede utilizar para la contratación de recursos humanos. Sin embargo, en Chiapas el Seguro Popular ha destinado hasta el 90 por ciento de su presupuesto para la contratación de personal. Esto obedece al control que ejerce el sindicato sobre la incorporación de nuevos trabajadores al sector, un control que la actual dirigencia se ha negado a perder dado que se ha convertido en la vía más fructífera para conquistar dividendos políticos. Por desgracia, mientras que la salud sirva como tablero de negoción política de unos cuantos, la responsabilidad de equipar y dotar de las condiciones necesarias a las unidades médicas para la atención integral de la sociedad permanecerá muy atrás en la lista de prioridades de cualquier gobierno.

En congruencia con nuestro compromiso de actuar como garantes de la democracia, la justicia y la cultura de la legalidad, principios rectores de la llamada Cuarta Transformación de México, los diputados y diputadas del Congreso de la Unión estamos llamados a intervenir para garantizar el respeto irrestricto a los derechos políticos de los trabajadores del sector salud en Chiapas, entre los que se incluye el derecho a la expresión, a la libre asociación y a la representación política. En el mismo sentido, debemos contribuir a evitar cualquier acto persecutorio o discriminatorio cometido en contra de quienes con dignidad se oponen a la perpetuación de una alianza corrupta entre la organización sindical y el gobierno del estado, responsable de graves afectaciones a la hacienda pública y del deterioro de los servicios de salud. En ese sentido es crucial que las autoridades estatales, incluyendo a su máximo titular Manuel Velasco Coello como a sus compinches más cercanos, se mantengan al margen del proceso electoral para la renovación de la dirigencia sindical de la Sección 50 de la SNTSA a fin de que se garantice su transparencia y legalidad.

Por todo lo expuesto y fundando, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de Chiapas a garantizar el desarrollo libre, transparente, democrático y respetuoso de la legalidad del proceso electoral para renovar la dirigencia de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y evite intervenir en cualquier sentido en favor de alguna de las candidaturas en contienda.

Notas

1 Barragán, D. Una maraña de cuentas, pagos sin recibo y premios “a un sindicato” esfuman 187 millones en Chiapas. En Sin Embargo . 25 de septiembre de 2018.

2 Valero, M. La crisis que llevó a enfermeras a huelga de hambre en Chiapas. En La Silla Rota . 12 de abril de 2017.

3 Mandujano, I. Denuncian crisis en hospitales por falta de presupuesto. En Proceso . 8 de diciembre de 2016.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de octubre de 2018.

Diputada Marta Dekker Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la reestructuración de la deuda pública directa de largo plazo de Nayarit, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, la diputada federal Mirtha Iliana Villalvazo Amaya integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6. numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, POR ELCUAL SE SOLICITA UN ANÁLISIS TÉCNICO DE LA COMISIÓN Bicameral en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios a la propuesta de

Iniciativa con Proyectos de Decretos por el que se Autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para que por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, lleve a cabo el Refínanciamiento y/o Reestructuración de la Deuda Pública Directa de Largo Plazo del Estado, contratada por conducto del Poder Ejecutivo, así como para la Contratación de un Nuevo Financiamiento hasta por la cantidad de $950,000,000.00 (Novecientos Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.), a ser destinado a Inversión Pública Productiva y para la Celebración de Diversos Actos Relacionados; se Reforma la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2018; y se Adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarít, para el Ejercicio Fiscal 2018, EN VIRTUD DE LOS RIESGOS QUE REPRESENTA PARA EL ESTADO Y SU VIABILIDAD FINANCIERA, UN ENDEUDAMIENTO QUE NO SEJUSTIFICACON PROYECTOS CONCRETOS, al tenor de la siguientes

Consideraciones

Derivado de la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, publicada en el DOF, con fecha 26 de mayo del 2015, se desprende la creación de la Comisión Legislativa Bicameral, misma que habrá de ser Integrada por, ocho miembros, cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República y cuatro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público o de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo previsto por el Articulo 38 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el DOF, con fecha 27 de abril del 2016.

La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, previene la integración y atribuciones de la Comisión Legislativa Bicameral, en congruencia con lo previsto por el Artículo 73, fracción VIII, numeral 4., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, de conformidad con la integración de comisiones, prevista por el Artículo 34, numeral 1, incisos c) y j), y demás correlativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que se trata de la conformación de una Comisión de naturaleza Bicameral.

En este marco, observo con preocupación que el C. Gobernador del Estado de Nayarit, solicita al Congreso del Estado su autorización para gestionar una deuda por 950 millones de pesos, esta solicitud se presenta en una iniciativa en la que se pide autorización para refinanciar la deuda que ya soporta el estado. En una propuesta que considero es incongruente, pues argumenta la salud financiera del estado, pero solicita refinanciar la deuda y la adquisición de una nueva deuda que significaría una mayor carga para las finanzas del estado.

Sin embargo, lo más grave es que en el texto de la iniciativa y para justificar el endeudamiento, sólo se enuncia que se destinará a inversión pública, sin especificar a qué proyectos y por qué monto se distribuirían estos recursos, quedando a criterio del ejecutivo el usos y disposición de los recursos, bajo el argumento de que el Congreso tiene considerados los rubros enunciados como inversión pública.

La ambigüedad y los mecanismos que se proponen para el manejo de la deuda, resultan preocupantes y considero representan un riesgo en un contexto en cual la tendencia general del endeudamiento de las entidades federativas es creciente, y en algunos casos, alcanza niveles poco manejables hecho que podría poner en riesgo la sustentabilidad financiera del gobierno para cumplir con sus responsabilidades constitucionales.

Desde finales de los años ochenta los déficits de los gobiernos de las entidades federativas se han incrementado. En 1994, estos déficits alcanzaron el 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB) y a finales de 2015, el déficit subnacional (entendido como el total de las obligaciones de las entidades federativas, los municipios y los organismos de las entidades federativas y los municipios) superó el 3.0% del PIB. Por otro lado, el promedio de la deuda de las entidades federativas respecto de sus Participaciones Federales creció de 64.5% en 1994 a 84.0% en 2015.

A pesar de que la deuda subnacional no compromete la viabilidad y la estabilidad macroeconómica a nivel nacional, el aumento de los niveles de deuda públicas de las entidades federativas puede repercutir en las finanzas públicas nacionales en caso de que no puedan solventar el servicio de la deuda.

En este contexto, el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa y la legislación secundaría de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la que se establecen mecanismos para un endeudamiento controlado y sostenible para las finanzas públicas de los gobiernos estatales y municipales.

La deuda pública de Nayarit reportada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal (SHCP) como proporción del PIB fue la novena más alta entre todas las entidades federativas durante 2016. Alcanzó una proporción de 4.6%.

Sin embargo, es importante tomar estos datos con cautela, puesto que sólo representan una proporción del total de la deuda estatal. Además del endeudamiento reportado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las entidades federativas pueden acumular otro tipo de pasivos; endeudarse con sus proveedores o pactar fideicomisos a cuenta del erario, entre otros. La opacidad en torno a los egresos locales ha ocasionado que estos datos sean de difícil acceso y que intentar reconstruirlos sea complicado. Por ese motivo no fueron tomados en cuenta en este análisis.

En este contexto, considero que cualquier solicitud de endeudamiento de los gobiernos de los estados y municipios debe contemplar con transparencia un desglose del destino que se le dará a esos recursos y que su uso debe ser de manera invariable para proyectos de inversión en infraestructura, beneficio social y con impacto para el desarrollo del estado.

Con base en lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente:

Proposicion con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución

Primero. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política, a que proceda a la integración de la Comisión Bicameral en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Segundo. Se exhorta a la Comisión Bicameral en materia de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para que a partir de su integración, realice un análisis Técnico-Financiero de los alcances e impacto sobre las finanzas públicas del estado de Nayarit, de la Iniciativa con Proyectos de Decretos por el que se Autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para que por conducto de la Secretaría de Administración y Finanzas, lleve a cabo el Refinanciamiento y/o Reestructuración de la Deuda Pública Directa de Largo Plazo del Estado, contratada por conducto del Poder Ejecutivo, así como para la Contratación de un Nuevo Financiamiento hasta por la cantidad de $950,000,000.00 (Novecientos Cincuenta Millones de Pesos 00/100 M.N.), a ser destinado a Inversión Pública Productiva y para la Celebración de Diversos Actos Relacionados; se Reforma la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el Ejercicio Fiscal 2018; y se Adiciona el Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2018, asi como de los riesgos e implicaciones de adquirir una deuda sin especificar su destino con transparencia.

Tercero. Se exhorta a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados a que solicite al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, una opinión técnica sobre el uso del Fideicomiso como instrumento financiero, para el manejo de los recursos producto de la deuda pública, tal como lo plantea el gobierno de Nayarit. Dado en el el palacio Legislativo de San Lázaro a 9 de octubre de 2018

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, la Sener, la CRE y la CFE a realizar acciones para proteger a las poblaciones de quirópteros afectadas por la instalación y el funcionamiento de aerogeneradores en territorio nacional, a cargo de la diputada Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Silvia Guadalupe Garza Galván, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6 numeral primero; 62, numeral segundo; así como los demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias para proteger a las poblaciones de quirópteros afectadas por la instalación y funcionamiento de aerogeneradores en territorio nacional, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Los murciélagos (quirópteros) representan el segundo grupo más diverso de mamíferos. Nuestro país ocupa el 6o. lugar en diversidad de murciélagos y posee el 10 por ciento de las especies del mundo.1 De este modo, en México habitan alrededor de 140 especies de quirópteros, representados en 8 familias, de las cuales 38 se encuentran clasificadas en alguna categoría de riesgo por la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.2 Los murciélagos no sólo son diversos por el número de especies que existen, a nivel mundial se han reportado más de 1,200, sino también por la diversidad de ecosistemas que habitan.

Con excepción de los polos, los murciélagos viven en todos los continentes y ecosistemas del mundo. Su alimentación incluye desde frutas, néctar y polen hasta insectos, peces, aves y pequeños mamíferos. Más del 70 por ciento de los murciélagos son insectívoros, el 24 por ciento se alimenta de frutas, y un 13 por ciento, más de 140 especies, se alimentan de néctar y polen de las flores. Únicamente 3 especies, es decir menos del 1 por ciento, se alimentan de sangre de mamíferos y aves.

Los murciélagos proveen servicios ecosistémicos clave, por ejemplo: la polinización, la dispersión de semillas, la producción de guano y el control de plagas agrícolas, todos de gran importancia económica. La economía de más de 40,000 familias mexicanas está íntimamente ligada con la polinización de agaves a través de la producción de tequilas y mezcales.

Aunado a lo anterior, el papel de los murciélagos es fundamental para mantener la salud de los ecosistemas de los que dependemos; también proporcionan beneficios directos que mejoran la calidad de nuestra vida diaria.

Por ejemplo, los murciélagos promueven la regeneración de las selvas al dispersar las semillas de las plantas pioneras que se encargan de iniciar el proceso de recuperación. Asimismo, muchas frutas que consumimos, como zapotes, chicozapotes, guayabas y pitayas, entre otras, dependen de los murciélagos para dispersar sus semillas. Los cactos columnares, tan característicos de los desiertos mexicanos, muchos de ellos en riesgo de extinción, desaparecerían de los paisajes de nuestro país si no fuera porque muchos murciélagos polinizan sus flores.3

Los magueyes y agaves, referencia típica de orgullo e identidad nacional, tienen una estrecha relación con los murciélagos. La producción del pulque, el tequila, el mezcal e incluso los gusanos de maguey y hasta las pencas para envolver la barbacoa y la cutícula de las hojas de agave para cubrir los mixiotes, dependen fundamentalmente de la existencia de los murciélagos para la polinización de estas plantas. Este proceso asegura también su diversidad genética, disminuyendo así su vulnerabilidad ante plagas y enfermedades. Es decir, sin murciélagos que polinicen las inflorescencias de los magueyes y agaves, no tendríamos ni tequila, ni pulque, ni mezcal, entre otros productos de gran importancia ecológica, económica y cultural.4

Debido a que 3 de cada 4 murciélagos se alimentan de insectos, se han convertido en aliados de los humanos ya que controlan plagas que afectan a la agricultura. Tan sólo en los estados fronterizos del norte de México habitan unos 30 millones de murciélagos guaneros o de cola libre, y cada millón de estos devora 10 toneladas de insectos cada noche, la mayoría de los cuales son considerados plagas. En zonas con presencia de murciélagos se ha reportado que colonias de al menos 5 millones de ejemplares pueden llegar a alimentarse de hasta 50 toneladas de insectos que atacan cultivos, en un radio de 100 kms.

Si se perdieran estas poblaciones de murciélagos, las cosechas mexicanas sufrirían graves daños. Los agricultores de todo México se benefician ya que se ha reportado que millones de murciélagos destruyen toneladas de insectos cada noche, insectos que de otra manera atacarían cultivos como el maíz, el algodón, el frijol, el jitomate, la soya y el chile, entre otros. Es destacable que los insecticidas no sustituyen el trabajo de los murciélagos, los insectos se hacen resistentes a cada aplicación de agroquímicos; estos últimos, además, contaminan el ambiente y los productos agrícolas que consumimos.5

Asimismo, en las selvas tropicales, que son de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial, los murciélagos frugívoros son responsables de dispersar la mayoría de las plantas pioneras que hacen que la selva se regenere.

A pesar de lo anterior, los murciélagos han sufrido de mala reputación, resultado de haberlos asociado con los vampiros, acusándolos de ser animales sucios, sedientos de sangre. Por tal razón, estos organismos han sido víctimas de gran presión y se han destruido de manera injustificable las cuevas, refugios o incluso las colonias con cientos, miles y hasta millones de murciélagos, poniendo en riesgo todos los beneficios derivados de la presencia de los murciélagos.

Los aerogeneradores y sus afectaciones a las poblaciones de murciélagos

De conformidad a la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Transición Energética, publicadas el 11 de agosto de 2014 y 24 de diciembre de 2015, respectivamente, la energía eólica se considera como una fuente renovable de energía. Si bien su desarrollo y expansión implica la generación de energía eléctrica de manera sustentable y en apoyo a las metas de reducción de emisiones de gases efecto invernadero, en línea con el Acuerdo de París y la Ley General de Cambio Climático, también se han documentado impactos negativos de los aerogeneradores en la vida silvestre, incluyendo la mortandad de murciélagos ocasionada por la colisión con las aspas de dichos aerogeneradores, así como cambios en los hábitos de alimentación y rutas de vuelo.

Hasta ahora se desconoce el motivo por el cual se presentan dichas colisiones, aunque algunos estudios sugieren que los murciélagos confunden los aerogeneradores con árboles o que las aspas de estos generan campos electromagnéticos que los desorientan.6

La Rumorosa, Baja California, es una de las áreas con mayor potencial para la producción de energía eólica en México, por lo que en 2009 se instaló el Parque Eólico La Rumorosa. A pesar de que la construcción de parques eólicos está regulada por la legislación mexicana, no existen lineamientos específicos que permitan evaluar el impacto real de estos proyectos sobre los murciélagos.

Por ello, ha habido propuestas para emitir lineamientos que permitan la evaluación y mitigación de los parques eólicos sobre las poblaciones de quirópteros, cuyas recomendaciones incluyen: “el monitoreo de la quiropterofauna durante al menos un año antes de la operación de los proyectos eólicos mediante el uso de detectores acústicos. Durante la operación, se sugiere registrar la mortalidad de murciélagos mediante la búsqueda de cadáveres, cubriendo las cuatro estaciones del año.” A ello se suma que los investigadores han identificado que: “el cambio en la velocidad de arranque de las turbinas constituye una medida de mitigación viable para los parques eólicos en Baja California y México.”7

En tal virtud, es indispensable que las autoridades competentes realicen las acciones necesarias para proteger a las poblaciones de quirópteros, algunas de ellas enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, y que están siendo afectadas por la instalación y funcionamiento de aerogeneradores en territorio nacional.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad para que, en el ámbito de sus competencias, realicen las acciones necesarias para proteger a las poblaciones de quirópteros afectadas por la instalación y funcionamiento de aerogeneradores en territorio nacional.

Notas

1 Medellín, R.A., et al. 2009. Conservación de especies migratorias y poblaciones transfronterizas, en Capital natural de México, vol. II: Estado de conservación y tendencias de cambio. Conabio, México, pp. 459-515. Disponible en:

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/pdf/CapNatMex/
Vol%20II/II11_Conservacion%20de%20especies%20migratorias%20y%20poblaciones%20tr.pdf.

2 Semarnat. 2018. Conservación de murciélagos en México. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/articulos/conservacion-del-murcielago-en-me xico?idiom=es.

3 Medellín, R.A. y Equihua, C.Z. Celebración del Murciélago. Revista ¿Cómo ves? 159. Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en: http://www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/159/celebracion-del-murciel ago.

4 Íbidem.

5 Brandt, D. Publimetro. 2015. Murciélagos, una especie necesaria para el medio ambiente. Disponible en:
https://www.publimetro.com.mx/mx/columnaunam/2015/10/16/
columna-unam-murcielagos-especie-necesaria-medio-ambiente.html.

6 Navarro, Karla, ¿Cómo impactan los parques eólicos en las poblaciones de murciélagos?, Agencia Informativa Conacyt, México, 9 de febrero de 2017.

7 Uribe, Minerva, Propuesta de guía para la evaluación y mitigación del impacto de los parques eólicos sobre la quiropterofauna en Baja California, México. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/319289021_

Dado en el salón de sesiones a 9 de octubre de 2018

Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita al presidente electo aclarar la legalidad con que lleva a cabo el Censo para el Bienestar, el origen de los recursos financieros y humanos, y las medidas de seguridad a fin de garantizar la protección de los datos personales de los encuestados, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al presidente electo que aclare con qué legalidad se está haciendo el Censo para el Bienestar, el origen de los recursos financieros y humanos para llevarlo a cabo, así como las medidas de seguridad para garantizar la protección de los datos personales de los mexicanos encuestados, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 3 de octubre, el presidente electo anunció, a través de sus redes sociales, que ya había iniciado el “censo casa por casa para la aplicación de los programas de bienestar”. Al respecto, la ex ministra Olga Sánchez Cordero, propuesta para ocupar la Secretaría de Gobernación, dio a conocer que 20 mil voluntarios recababan información de jóvenes, adultos, niños y mujeres.

De acuerdo con medios de comunicación, los denominados “servidores de la nación” recorrerán el país para levantar un censo con el que se seleccionarán a los beneficiarios de los programas sociales anunciados por el presidente electo.1

Los encuestadores irán casa por casa y harán varias preguntas para ver si el habitante de un hogar es considerado para alguno de los programas prioritarios que considera implantar el presidente electo.2

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía norma y coordina el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, realiza los censos nacionales e integra el sistema de cuentas nacionales. Además, el artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía establece: “Las denominaciones censo nacional o cuentas nacionales no podrán ser empleadas en el nombre ni en la propaganda de registros, encuestas o enumeraciones distintas de las que practique el instituto”.

Por lo que se refiere a los datos personales, es importante apuntar que de acuerdo con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2017, las autoridades tienen la obligación de resguardar la información personal de los ciudadanos de forma que las personas que se dedican a realizar el censo deberán garantizar la privacidad en el tratamiento de los datos, como refiere el artículo 6 de dicha ley:

Artículo 6. El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente. El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

La ley advierte que el responsable de los datos personales tiene la obligación de emitir aviso de privacidad, obtener el consentimiento libre de las personas a las que se solicitan sus datos y expresar los motivos de la información. De esta forma, todas las personas censadas deberán consentir expresamente el uso de sus datos, a la vez que las personas que realicen el censo deberán atender a lo siguiente:

Artículo 20. Cuando no se actualicen algunas de las causales de excepción previstas en el artículo 22 de la presente Ley, el responsable deberá contar con el consentimiento previo del titular para el tratamiento de los datos personales, el cual deberá otorgarse de forma:

I. Libre: Sin que medie error, mala fe, violencia o dolo que puedan afectar la manifestación de voluntad del titular;

II. Específica: Referida a finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas que justifiquen el tratamiento; y

III. Informada: Que el titular tenga conocimiento del aviso de privacidad previo al tratamiento a que serán sometidos sus datos personales.

En la obtención del consentimiento de menores de edad o de personas que se encuentren en estado de interdicción o incapacidad declarada conforme a la ley, se estará a lo dispuesto en las reglas de representación previstas en la legislación civil que resulte aplicable.

Lo anterior debe ser observado, toda vez que la protección de los datos personales constituye un derecho humano reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así mismo, es importante advertir que los denominados “Servidores de la nación” anotarán los datos de las personas censadas tales como son el nombre, la dirección, el teléfono y la situación escolar,3 que constituyen datos personales que obligatoriamente deben ser resguardados y atendidos por las autoridades.

Las personas que realizarán tal función son voluntarios, por lo que no queda del todo claro cómo es que se logrará garantizar el proceso de protección de datos personales. Lo anterior es relevante porque si bien no son funcionarios públicos, ellos están realizando una función de Estado y están solicitando datos personales para registrar a los beneficiarios de los programas sociales, de ahí que resulte necesario atender a un sistema que permita proteger la información que se estará manejando.

Todo dato constituye una fuente de información que, cuando es utilizada inadecuadamente, violenta la intimidad y la privacidad de las personas. Tal y como lo ha señalado la Organización de los Estados Americanos, se trata un derecho que se vincula con la intimidad, razón por la que se encuentra resguardado por los instrumentos internacionales de derechos humanos.4

El motivo principal por el cual se deben proteger los datos, obedece a que estos revelan quién eres, tus gustos, economía, salud y preferencias. El conocimiento de dicha información deja a las personas en un estado de vulnerabilidad en tanto que pueden ser utilizados para la comisión de actos delictivos que van desde el fraude, hasta el secuestro.

Por lo anterior resulta importante conocer los mecanismos que se están utilizando para proteger la información que se conoce a través del censo. A la par que también se debe conocer el aviso de privacidad que se emplea al momento del levantamiento.

El artículo 43 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que se “podrán aprobar recursos en el correspondiente Presupuesto de Egresos para cubrir los gastos de un equipo de asesores que apoye los trabajos del presidente electo, estableciendo para tal efecto un fondo específico que estará sujeto a las normas de ejercicio y fiscalización de los recursos federales que correspondan. Asimismo, se deberá informar al respecto en la Cuenta Pública”.

El fideicomiso está considerado en el artículo 3, último párrafo, del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, el cual autoriza 150 millones de pesos con cargo al ramo 23 y prevé las provisiones salariales y económicas. Sin embargo, el presidente electo ha señalado que dispondrá de estos recursos, en este escenario, es fundamental que se aclare el origen de los recursos para financiar la realización del Censo para el Bienestar.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita al presidente electo, aclarar con qué legalidad se está haciendo el Censo para el Bienestar, el origen de los recursos financieros y humanos para llevarlo a cabo, y las medidas de seguridad para garantizar la protección de los datos personales de los mexicanos encuestados.

Notas

1 https://noticieros.televisa.com/historia/ellos-levantaran-censo-program as-sociales-amlo/

2 http://www.nacion321.com/gobierno/ellos-son-los-servidores-de-la-nacion -de-amlo-que-visitaran-tu-casa

3 www.nacion321.com

4 Organización de los Estados Americanos,

http://www.oas.org/es/sla/ddi/proteccion_datos_personale s.asp

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 9 de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la urgencia derivada del brote epidémico de dengues hemorrágico y clásico en Chiapas, a cargo de la diputada Clementina Marta Dekker Gómez, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Marta Dekker Gómez, diputada ante la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 2, fracción III, numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

No cabe duda que la historia de Chiapas ha sido una marcada por la constante aflicción de la desigualdad, el despojo y la marginación. Sin embargo, de entre todas las calamidades e injusticias sociales, ha sido la pobreza el sello inconfundible de la realidad que por siglos ha caracterizado el devenir de la entidad. La carencia de la que han sido víctimas las mayorías en el estado, a menudo invisibilidades por arbitrio de los cacicazgos dominantes, ha sido causa y efecto de numerosas rebeliones, de grandes rezagos y el estancamiento histórico que ha sufrido la entidad. Desgraciadamente, la situación sólo se ha agravado a lo largo de los últimos años, como consecuencia del arribo al poder de gobiernos cuando no ineptos, corruptos, que han preferido enriquecerse a costa del extraordinario patrimonio natural y cultural que posee Chiapas, antes que avanzar en la solución de los grandes problemas que padece la entidad.

Así lo demuestran las mediciones más recientes del Coneval, que señalan que en Chiapas el 76.2 por ciento de la población vive en situación de pobreza y 31.8 por ciento lo hace en condiciones de pobreza extrema. Esto significa que al menos 1 millón 600 mil chiapanecos disponen de ingresos tan bajos que, aún si los dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no les alcanzaría para obtener los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Al mismo tiempo, los informes de Coneval señalan que en Chiapas, 20.7 por ciento de la población sufre carencias por acceso a servicios de salud, por lo que más de 1 millón 73 mil chiapanecos no cuentan con forma de acceder a servicios médicos de ningún tipo, incluidos los brindados por el Seguro Popular y las instituciones públicas de seguridad social.

Si bien la precariedad y carestía de servicios de salud de calidad ha sido un rasgo insuperable de la historia reciente del estado de Chiapas, la crisis se ha agravado en forma escandalosa a lo largo de la presente administración, encabezada por Manuel Velasco Coello. El gobierno saliente ha generado a lo largo de su administración una grave crisis en el sector salud permeado por la omisión, impunidad, ineficiencia, desabasto, violencia, abandono, opacidad y corrupción; que nuevamente se manifiesta al colocar en alto riesgo el estado de salud pública en la entidad de Chiapas debido a la alarmante epidemia de dengue hemorrágico y clásico. Las muertes registradas que ha cobrado la epidemia son al menos 11 personas, la cifra es difícil de precisar debido de la incierta y deficiente información de las autoridades correspondientes; así mismo, “en lo que va del año se han registrado mil 700 casos, confirmados por laboratorio”.1

Para contextualizar la gran ineficiencia del gobierno del estado de Chiapas, que hoy da como resultado una grave epidemia de dengue hemorrágico y clásico, debe considerarse que en los años 2016 y 2017 ya se vislumbraba de forma alarmante esta crisis de salud pública que hoy padece la entidad. Esto como consecuencia que en el año 2016 los casos de Dengue Hemorrágico tuvieron un repunte del 38.9 por ciento lo que colocó al estado de Chiapas en el segundo lugar a nivel nacional.2

En el mismo tenor, en el 2017 “el informe indicó que el estado de Chiapas es el que tiene la tasa de incidencia más alta respecto a los casos de dengue, con 8.18 por cada 100 mil habitantes” con un total de 440 casos de dengue hasta la semana 26.3 De igual manera, “durante el 2017 hubo 34 muertos por esta enfermedad en el país, donde Chiapas encabezó la lista de mortalidad con siete casos, esto de acuerdo al diagnóstico anual de la Secretaría de Salud”.4

“Datos de la Secretaría de Salud federal señalan que en México se han presentado 14.490 casos de dengue hemorrágico en lo que va del año y que existen 5.962 probables casos por confirmar, por lo que lanzó un llamado a la población para estar atento a los síntomas”.5 Lo que coloca al estado de Chiapas con el 11.7 por ciento de todas las infecciones a nivel nacional y en referencia con el 2017 el número de casos de dengue hemorrágico ha aumentado en 386. 3 por ciento.

En el municipio de Tuxtla Gutiérrez, se filtró un documento oficial donde la directora Vilma Mayte Messener Ramos del hospital “Pascasio Gamboa” Reconoce en el presente que la situación se encuentra bajo alerta epidemiológica, debido al incremento de casos con un atípico comportamiento y presentación de los síntomas. En dicho documento reporta 11 defunciones y dos de ellas correspondientes a mujeres embarazadas. Por lo que la secretaria de Salud estatal, salió a desmentir y descalificar dicho documento. Lo que sí es evidente y lacerante son las mil 700 personas que contrajeron el virus, a lo cual el estado no ha activados los protocolos correspondientes para hacerle frente a tan delicada situación de salud pública. “Las regiones donde se ha registrado el mayor número de casos son Tapachula y Huixtla; en las últimas fechas se ha incrementado el número en Tuxtla Gutiérrez”.6

Es necesario señalar que desde el mes de febrero se decretó una alerta por la transmisión de dengue, de acuerdo a Hermilo Domínguez Zarate, director de Salud pública en el estado de Chiapas. Por lo que no se explica que siete meses después de haber detectado de forma alarmante el brote de dengue se haya permitido y no prevenido la lamentable crisis de salud pública que hoy padecen los chiapanecos. Lo que demuestra que el estado no tomó las medidas correspondientes para contener la epidemia e incluso minimiza hasta el día de hoy la grave situación, violando así diversas leyes de nuestro sistema normativo nacional.

Como principales mandatos del orden jurídico mexicano, los legisladores debemos ser conscientes que los hechos aquí descritos amenazan seriamente la vigencia y validez del derecho humano a la salud, consagrado en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:

“Artículo 4...

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

...”

Asimismo, constituyen acciones violatorias de los principios establecidos en la Ley General de Salud, que al indicar las finalidades del derecho a la protección a la salud destaca:

“Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.”

Asimismo, atentan con lo dispuesto en las fracciones I y VI del artículo sexto del citado ordenamiento, en donde se señalan las obligaciones que, en el marco del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, tienen las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, que presten servicios de salud, incluido el gobierno del estado de Chiapas, a saber:

“Artículo 6o. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde a la edad, sexo y factores de riesgo de las personas,

II. Contribuir al desarrollo demográfico armónico del país;

III. Colaborar al bienestar social de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a menores en estado de abandono, ancianos desamparados y personas con discapacidad, para fomentar su bienestar y propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;

IV. Dar impulso al desarrollo de la familia y de la comunidad, así como a la integración social y al crecimiento físico y mental de la niñez;

V. Apoyar el mejoramiento de las condiciones sanitarias del medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la vida;

VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud...”

En este sentido, el artículo 71 Bis de la misma Ley General de Salud señala:

“Artículo 77 Bis 1. Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud de conformidad con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social.

La protección social en salud es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud , prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de: medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención.”

Sin duda, la crisis de salud por la que hoy atraviesa el estado de Chiapas está enraizada en el olvido y las injusticias estructurales de las que ha sido objeto históricamente el estado de Chiapas. Sin embargo, ello no puede eximir al Gobierno del Estado de la responsabilidad que la ley le ha conferido de garantizar la máxima accesibilidad de los servicios de salud para la población.

Por todo lo expuesto y fundando, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que atienda de forma inmediata, eficaz e integral la emergencia derivada del brote epidémico de dengue hemorrágico y dengue clásico que actualmente enfrenta el estado de Chiapas, a fin de garantizar en dicha entidad el pleno ejercicio del derecho humano a la salud.

Notas

1 Romero, G . Suman mil 700 casos de dengue hemorrágico en Chiapas; van 9 muertos. En Excélsior. 19 de septiembre de 2018.

2 Victorio, R . Chiapas, segundo lugar en casos de dengue. Cuarto Poder de Chiapas. En Cuarto Poder de Chiapas. 9 de marzo de 2016.

3 El Estado. Chiapas el estado con más casos de dengue en 2017: Secretaría de Salud. En El Estado/ Agencia Multimedios. 9 de julio de 2017.

4 Marroquín A . Ocupa Chiapas primer lugar por brote de dengue. En Mural Chiapas. 25 de julio de 2018.

5 EFE . Alerta en Chiapas por dengue hemorrágico. En Debate. 27 de septiembre de 2018.

6 Romero, G . Suman mil 700 casos de dengue hemorrágico en Chiapas; van 9 muertos. En Excelsior. 19 de septiembre de 2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018

Diputada Marta Dekker Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las 32 entidades federativas a utilizar por las respectivas fiscalías y los servicios forenses los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a fin de garantizar el registro genético, antropológico, médico y dactiloscópico de restos no identificados, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena

Suscribe, Rocío Barrera Badillo, diputada federal de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta los titulares del Ejecutivo de las 32 entidades federativas para que en el uso de sus funciones, exhorten a las fiscalías y al servicio forense de sus respectivas entidades, a utilizar los fondos necesarios del Presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para asegurar el registro genético, antropológico, médico y dactiloscópico de restos no identificados al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre de 2017, establece las consideraciones que se deben tomar con los restos humanos antes de ser inhumados por las autoridades con el fin estadístico y de datos que sugiere el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas.

De acurdo con la Ley General de la Salud, los cadáveres se clasifican de a siguiente manera: de personas conocidas y de personas desconocidas. Siendo clasificados en este segundo rubro aquellos cadáveres no reclamados dentro de las setenta y dos horas posteriores a la pérdida de la vida, aunado a aquellos cadáveres de los que se ignore su identidad. En conformidad con la Ley General de Salud, la regulación y el control sanitario sobre cadáveres sería responsabilidad de la Secretaría de Salud; sin embargo el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos establece, que la disposición de cadáveres de personas desconocidas, está sujeta a lo que señale el Ministerio Público.

Actualmente la capacidad que tienen los servicios periciales está rebasada. Jefes periciales entrevistados afirman que si bien el problema es más visible en entidades como Jalisco, Guerrero, Veracruz, Morelos y Tamaulipas, la falta de un manejo adecuado de cadáveres no reconocidos es un fenómeno generalizado en el país.1

La situación que prevalece es un problema tanto de salud pública como de derechos humanos,2 ocasionado en gran medida a que los gobiernos estatales no destinan presupuesto para crear nuevas instalaciones forenses, a pesar de encontrarse como un rubro de acción prioritaria. El dinero destinado a los procesos periciales en las entidades federativas está contenido, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Dicho fondo puede destinarse a varias otras labores relevantes como profesionalización, equipamiento, mejoramiento de instalaciones y percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público.

Está claro que es de gran relevancia destinar fondos a modernizar y dotar de una adecuada preparación y remuneración a las autoridades del Ministerio Público. Sin embargo, es de igual o mayor importancia dotar a los servicios periciales de la infraestructura necesaria para hacer frente a la crisis de cuerpos se acumulan en espera de ser incinerados o depositados en fosas comunes.

A pesar que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece un requerimiento expreso de identificación de la persona previo disposición del cuerpo, de acuerdo con el Tomo V del Informe Nacional de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2017, elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deja en evidencia que varios estados no logran cubrir las investigaciones periciales solicitadas. Los estados que menor porcentaje de las solicitudes periciales cubren son: Baja California Sur con 61.7 por ciento, la Ciudad de México con 72.8 por ciento, Guerrero con 74.1 por ciento y Morelos con 74.6 por ciento; importante mencionar que en el informe no se incluyen los datos de Sinaloa ni Tlaxcala.

Asimismo, el Informe Nacional de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2017 hace visible que existen estados que, con corte a noviembre de 2017, tenían más de 90 por ciento del presupuesto asignado por el FASP en 2017 bajo la categoría por aplicar. Siendo los estados con mayor retraso Yucatán con 99 por ciento pendiente por aplicar, Oaxaca con 97 por ciento pendiente por aplicar, y Jalisco con 91 por ciento pendiente por aplicar. Estos dos aspectos dejan entrever que no se trata solamente de la priorización del gasto en estos rubros sino de la aplicación y el otorgamiento de los mismos.

Es importante mencionar que en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se incluye la necesidad de reconocimiento de los restos humanos previo a su disposición final. Adicionalmente, que en el artículo 346 de la Ley General de Salud se establece que los restos siempre sera?n tratados con respeto, dignidad y consideración.

Por lo anterior, recalcar que el adecuado trato a los cuerpos es necesario para respetar la dignidad de las personas fallecidas y evitar la vulneración de las prerrogativas tanto de los fallecidos como de sus familiares.3 Asegurar el registro genético, antropológico, médico y dactiloscópico de restos no identificados es esencial para evitar violentar los derechos de sus familiares quienes tienen el derecho a conocer la verdad sobre la muerte de su seres queridos, asi? como el derecho a darle adecuada sepultura, conforme a sus creencias religiosas.4

Considerandos

1. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, establece:

Artículo 129. Las autoridades correspondientes deben recabar, ingresar y actualizar las muestras necesarias para ingresar los datos al Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas con el propósito de la identificación de un cadáver o resto humano antes de inhumarlo, a partir de los procedimientos establecidos por el protocolo homologado aplicable. Una vez recabadas las muestras a que se refiere el párrafo anterior, el Agente del Ministerio Público de la Federación podrá autorizar la inhumación de un cadáver o resto humano no identificado. En el caso de inhumación, se tomarán las medidas necesarias para asegurar que ésta sea digna, en una fosa individualizada, con las medidas que garanticen toda la información requerida

Ley General de Salud, estable en sus artículos 347 y 313 respectivamente:

Artículo 347. Para los efectos de este Título, los cadáveres se clasifican de la siguiente manera: I. De personas conocidas, y II. De personas desconocidas. Los cadáveres no reclamados dentro de las setenta y dos horas posteriores a la pérdida d

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud: 18 I. El control sanitario de las donaciones y trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos, por conducto del órgano desconcentrado denominado Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y II. La regulación y el control sanitario sobre cadáveres

Ley de Coordinación Fiscal, establece:

Artículo 45. Las aportaciones federales que, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente a: I. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones de seguridad pública vinculada al reclutamiento, ingreso, formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y depuración; II. Al otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los peritos, los policías ministeriales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, los policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios; así como, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes; III. Al equipamiento de los elementos de las instituciones de seguridad pública correspondientes a las policías ministeriales o de sus equivalentes, peritos, ministerios públicos y policías de vigilancia y custodia de los centros penitenciarios, así como, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes; IV. Al establecimiento y operación de las bases de datos criminalísticos y de personal, la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de las redes locales, el servicio telefónico nacional de emergencia y el servicio de denuncia anónima; V. A la construcción, mejoramiento, ampliación o adquisición de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros penitenciarios, de los centros de reinserción social de internamiento para adolescentes que realizaron una conducta tipificada como delito, así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública de las academias o institutos encargados de aplicar los programas rectores de profesionalización y de los Centros de Evaluación y Control de Confianza, y VI. Al seguimiento y evaluación de los programas relacionados con las fracciones anteriores. Los recursos para el otorgamiento de percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, los policías ministeriales o sus equivalentes, los policías de vigilancia y custodia y los peritos de las procuradurías de justicia de los Estados y del Distrito Federal, tendrán el carácter de no regularizables para los presupuestos de egresos de la Federación de los ejercicios subsecuentes y las responsabilidades laborales que deriven de tales recursos estarán a cargo de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal. Dichos recursos deberán aplicarse conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Los Estados y el Distrito Federal proporcionarán al Ejecutivo Federal, por conducto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la información financiera, operativa y estadística que les sea requerida.

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, estable en sus artículos 118 y 128 respectivamente:

Artículo 118. Ninguna autoridad podrá ordenar la inhumación, en fosas comunes, de cadáveres o restos humanos sin identificar, antes de cumplir obligatoriamente con lo que establece el protocolo homologado aplicable

Artículo 128. Los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados no pueden ser incinerados, destruidos o desintegrados, ni disponerse de sus pertenencias. Las Procuradurías y otras autoridades que tengan a su cargo servicios forenses deben tener el registro del lugar donde sean colocados los cadáveres o restos de personas cuya identidad se desconozca o no hayan sido reclamados. Cuando las investigaciones revelen la identidad del cadáver o los restos de la persona, el agente del Ministerio Público competente podrá autorizar que los Familiares dispongan de él y de sus pertenencias, salvo que sean necesarios para continuar con las investigaciones o para el correcto desarrollo del proceso penal, en cuyo caso dictará las medidas correspondientes. En caso de emergencia sanitaria o desastres naturales, se adoptarán las medidas que establezca la Secretaría de Salud.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Ejecutivo de las 32 entidades federativas para que en el uso de sus funciones, exhorten a las fiscalías y al servicio forense de sus respectivas entidades, a utilizar los fondos necesarios, del Presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para asegurar el registro genético, antropológico, médico y dactiloscópico de restos no identificados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputada Rocío Barrera Badillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la Sener, la SHCP, la CFE y la CRE un acuerdo nacional a fin de frenar los incrementos de las tarifas generales de electricidad en lo que resta de 2018, y revisar y ajustar las metodologías para determinar el cálculo de las reguladas, las máximas de los suministradores de último recurso y las finales del suministro básico, a cargo del diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe Ricardo García Escalante, diputado federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución bajo las siguientes

Consideraciones

El día 4 de octubre del 2018 se informó a través de un comunicado que la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) sostuvo mesas de trabajo con las autoridades responsables de la Industria Eléctrica Nacional (Comisión Federal de Electricidad, Comisión Reguladora de Energía y Hacienda) y se determinó que en lo que resta de 2018 no habrá más incrementos en las tarifas eléctricas de media y alta tensión. El titular de la Unidad Especializada de Energía de Canacintra, Francisco Leonardo Anzures, dijo que hicieron varios planteamientos, donde el principal fue evitar que las tarifas siguieran subiendo, para luego ver cómo bajarlas.1

A nivel estatal se han logrado acuerdos en Baja California,2 Coahuila, para la revisión de los usuarios que han recibido su facturación fuera del rango de lo habitual, principalmente para consumidores de media y alta tensión y para revisar el incremento que se aplicó en diciembre del 2017.

Estos acuerdos son resultado de las peticiones de los empresarios e industriales mexicanos por el impacto y pérdidas que han sufrido por los incrementos graduales que se han resentido en los dos últimos años y que han llegado hasta un 70 % como lo menciona Juan Pablo Castañón, del Consejo Coordinador Empresarial. La problemática ha sigo generalizada en todo el territorio nacional como lo manifestó la Canacintra en Puebla, la cual externó su preocupación por los costos desmedidos en las tarifas de electricidad las cuales han afectado en su productividad y competitividad a empresas de los sectores automotriz, textil, plástico, alimentos y metalmecánico.

No obstante los acuerdos logrados hasta el momento, no todos los actores económicos han podido negociar estos beneficios; por ejemplo, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) dijo que no ha llegado a ningún arreglo con las autoridades y que seguirán interponiendo amparos contra las alzas en las tarifas eléctricas.

Para algunos sectores de la industria y del comercio requieren se ajuste las metodologías para el cálculo de tarifas y que beneficie a todos los sectores económicos y de servicios para asegurar un verdadero impulso al crecimiento que requiere el país.

Exigimos se cumpla con lo que prometió el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Jaime Hernández el pasado 31 de enero 2018, respecto a “los aumentos en tarifas eléctricas presentados en algunas regiones del país a principios de año y que son atípicos” y ofreció la revisión de cada caso en particular”.3

Nuestro Partido en las anteriores y en la reciente legislatura, hemos alzado la voz en nombre de los ciudadanos que representamos, para que el cobro de las tarifas de energía eléctrica sean asequibles, justas y se adapten a las diversas condiciones climáticas, económicas y sociales de nuestro país. Para sector productivo nacional, la energía eléctrica es un insumo indispensable para generar empleo y crecimiento.

Se requiere como ya lo mencioné en una Iniciativa que presenté en este periodo ordinario, reducir la pobreza energética principalmente en los hogares y establecer tarifas accesibles para la industria, las pequeñas y medianas empresas y comercios sin afectar la viabilidad de la industria eléctrica nacional.

Diputados de nuestra bancada al igual que de otros partidos, hemos presentados exhortos a las autoridades correspondientes para revisar y cancelar los aumentos a las tarifas de electricidad. Esta problemática se presenta en Guanajuato, Nayarita, Yucatán, Baja California y Nuevo León por citar los problemas más recientes.

Estamos al final de un sexenio que ha castigado a la población y sobre todo a la industria nacional, es necesario y urgente establecer un acuerdo entre autoridades y los sectores productivos para evitar el aumento de tarifas de luz en lo que resta del año y revisar el cálculo de tarifas para que estas impulsen el crecimiento y el desarrollo que tanto nos urge y que redundará en beneficios para toda la población.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que a través de la Comisión Federal de Electricidad se congele cualquier aumento de tarifas para usuarios del servicio doméstico, industria y comercio en lo que resta del 2018.

Notas

1 http://www.milenio.com/negocios/frenan-alza-en-luz-para-canacintra-no-a -hoteles

2 http://www.canacintraens.org/facturacion/

3 https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1429703.logra-ip-acuerdo-co n-cfe.html

Dado en Palacio Legislativo, a 9 de octubre del 2018.

Diputado Ricardo García Escalante (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNS y las instancias locales de procuración de justicia a establecer instrumentos para facilitar la denuncia de préstamos ilegales, extorsiones y amenazas realizados por particulares por el medio de préstamos “gota a gota”, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad y a las instancias de procuración de justicia de las entidades federativas, a fin de que establezcan mecanismos para facilitar la denuncia de préstamos ilegales, extorsiones y amenazas, que realizan personas a través de un mecanismo de préstamos conocido como “gota a gota”, con el objetivo de investigar y combatir este delito, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Diversos medios periodísticos señalan que hace dos años comenzó a operar en el país una red de colombianos que prestan dinero a pequeños comerciantes y vendedores ambulantes en un esquema denominado “gota a gota”, que consiste en otorgar préstamos sin condiciones, pero con la exigencia de pagarlos diariamente durante 20 días, con intereses altísimos.1

Esta situación genera ganancias de hasta 100 millones de pesos a la semana (cinco millones de dólares), en perjuicio de la economía de los usuarios de dichos préstamos y de sus familias, además de su propia integridad.

Una investigación realizada por el noticiario En Punto de Televisa explica cómo operan los colombianos que ofrecen préstamos sin necesidad de fiadores, que cobran en pequeñas cuotas con intereses de hasta 20 por ciento, pero si la persona se retrasa con el pago, los prestamistas se llevan parte de su mercancía, golpean a los deudores e incluso amenazan a sus familiares.

Dicha investigación arroja que la red de prestamistas está integrada por mil 500 colombianos que llegaron a México como turistas y desde 2015 iniciaron a entregar tarjetas en mercados y pequeños comercios de la Ciudad de México y el estado de México.2

La forma de enganchar a la gente es ofrecer dinero en menos de dos horas aproximadamente sin fiadores ni garantías y el único requisito es tener un comercio y proporcionar una credencial de elector.

Ante dicha situación, los afectados no pueden interponer una denuncia porque el préstamo se hace de palabra, y las autoridades consideran este tipo de situaciones como una forma de lavar dinero.

Sin embargo, muchas personas han cerrado sus negocios ya que señalan que no pueden solventar la deuda en un lapso de 20 o 30 días, bajo la presión de las personas que acuden a las casas de los deudores para exigirles el pago.

Esta red opera en las delegaciones Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez e Iztapalapa y en las zonas centro, Tepito y La Merced, donde hay comercio ambulante. De igual manera, su presencia se ha detectado en 22 estados del centro y sur del país, aunque se han registrado casos en Baja California.

Un claro ejemplo son los ambulantes poblanos, quienes son las principales víctimas de colombianos que provienen de la Ciudad de México por temporadas para replicar en Puebla el modelo “gota a gota”, basado en prestar dinero con altos intereses y posteriormente cobrar mediante amenazas.3

En su mayoría, los prestamistas colombianos eligen como “clientes” al comercio informal porque es más fácil controlarlos, aunque también se han presentado casos que involucran a comerciantes establecidos.

Estas personas operan con un esquema de amenazas e intimidación a las personas que les hacen préstamos y, en algunos casos, probablemente están vinculados al robo de transeúnte y de cuentahabientes.

Durante el presente año han sido detenidos ocho sujetos que además tienen estancia ilegal en el país, motivo por el cual se dio reporte al Instituto Nacional de Migración (INM) para la deportación.

Tan sólo en 2017, hubo casos de colombianos y también de venezolanos que estaban vinculados al robo de relojes de lujo y robo a transeúntes, por lo que se tiene atención especial a este tipo de casos para que no permeen en la capital poblana.

Los denominados créditos exprés o este denominado “gota a gota”, que incluso no solicitan comprobantes de ingresos, suponen un alto riesgo de fraude en todo el país.

De allí la trascendencia y urgencia de que la Comisión Nacional de Seguridad y las instancias de procuración de justicia de las entidades federativas establezcan mecanismos para incentivar y facilitar la denuncia de préstamos ilegales, extorsiones y amenazas, con la finalidad de investigar y combatir este tipo de delitos, que atentan contra la integridad y la economía de los usuarios y sus familias.

La protección de la vida y salvaguarda del patrimonio de los habitantes son funciones ineludibles de los diferentes órdenes de gobierno. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, establece que la seguridad es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas.4

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad y a las instancias de procuración de justicia de las entidades federativas, a fin de que establezcan mecanismos para facilitar la denuncia de préstamos ilegales, extorsiones y amenazas, que realizan personas a través de un mecanismo de préstamos conocido como “gota a gota”, con el objeto de investigar y combatir este delito.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones, promuevan campañas informativas sobre los riesgos y el modo de operar de personas que prestan dinero en un esquema denominado “gota a gota”, a fin de incentivar su denuncia.

Notas

1 http://www.sinembargo.mx/22-11-2017/3354821

2 https://www.infobae.com/america/mexico/2017/11/22/gota-a-gota-como-los- narcos-colombianos-prestan-dinero-facil-en-las-calles-de-mexico-y-fuerz an-a-devolverlo-en-solo-20-dias/

3 https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/
ambulantes-de-puebla-victimas-de-los-colombianos-prestamistas-sspytm-1602674.html

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 9 de octubre del año 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos estatales a armonizar las leyes respectivas con el marco federal sobre la desaparición forzada de personas; y a los Poderes Ejecutivos estatales, a hacer públicos los avances en la implantación de la ley general en la materia, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La desaparición de personas, incluida la desaparición forzada, implica la privación de la libertad y en muchas ocasiones de la vida, lo que significa una violación pluriofensiva de derechos humanos, ya que además de causar daños irreparables a las víctimas, provoca sufrimiento en sus familiares, lo que genera un deterioro de la salud tanto física como mental, que repercute día a día en el desarrollo económico de las familias afectadas.

Según la ONU, desaparición forzada se refiere específicamente al “arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, por lo que se usa como estrategia para infundir terror a las personas.

El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General, en virtud de la resolución A/RES/65/209, expresó su preocupación, por el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo, como los arrestos, las detenciones y los secuestros cuando son parte de las desapariciones forzadas o equivalen a ellas, y por el creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares de personas que han desaparecido.

Sin embargo, aun cuando es la forma de desaparición que más atención ha merecido últimamente, la desaparición forzada es solo una de las causas de desaparición en México. En el país las personas desaparecen, diariamente, a manos del crimen organizado (hay muchas razones para vincular estos crímenes con fuerzas estatales), de crímenes de odio, y de otros crímenes que aquejan a la sociedad.

La desaparición de personas es uno de los problemas que más duele a nuestro país, que en los últimos años se ha exacerbado y que cada vez demanda más atención y solución por parte del Estado mexicano.

No sabemos cuántas personas están desaparecidas, no sabemos quiénes son, cómo son, ni cuáles son sus historias. La organización Data Cívica se ha dado a la tarea de registrar y enlistar los nombres de las personas desaparecidas que están identificadas en nuestro país; y hasta hoy el registro asciende a 33 mil 125 personas; sin embargo, no son todas.

En contraste, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, del gobierno federal, integra los datos de personas no localizadas obtenidos a partir de las denuncias presentadas ante la autoridad ministerial correspondiente. Este registro enlista, en el fuero federal, únicamente a 975 hombres y a 195 mujeres; y en el fuero común a 36 mil 265 personas (https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-da tos-de-personas-extraviadas-o-desaparecidas-rnped). Es evidente que, aun cuando la cifra negra sea incalculable, nos enfrentamos ante un problema de dimensiones mayores y de urgente atención.

El país ha suscrito y participado en varios mecanismos que buscan contribuir a la búsqueda de los desaparecidos y al establecimiento de mecanismos que eviten que las personas sigan desapareciendo, como fue la ratificación de instrumentos internacionales –como la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas (ratificada en 2002 por el Estado mexicano) y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas (ratificada en 2008 por él)– que obligan a los Estados parte a implantar un andamiaje legislativo que permita adecuar la normatividad existente en el país en la materia a los estándares internacionales, lo cual desde luego conduce a la plena y adecuada armonización legislativa entre la federación y los estados.

Uno de los avances logrados por el Estado fue la publicación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el 17 de noviembre de 2017, donde se establecen los tipos penales de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; no obstante, se requerirán esfuerzos decididos y coordinados entre autoridades federales, estatales y municipales para implantarla.

Como es el caso del establecimiento de fiscalías especializadas en todas las procuradurías locales, las cuales deberán investigar y perseguir los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, impulsando en todo momento su búsqueda.

La ley establece la creación de las comisiones locales de búsqueda, las cuales tiene como objetivo realizar todas las acciones y diligencias tendientes para dar con la suerte o el paradero de la persona hasta su localización, incluidas aquellas para identificar plenamente sus restos en caso de que estos hayan sido localizados, las cuales debieron entrar en funciones a partir de los noventa días posteriores a la entrada en vigor de la ley en comento.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó a los gobernadores de los estados, al jefe del gobierno de la Ciudad de México, a las legislaturas de los estados y a la ALDF, en materia de legislación integral sobre desaparición de personas, lo siguiente:

Una vez aprobada y expedida la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas, impulsar la armonización legislativa que corresponda, a fin de garantizar en todo momento el interés de las víctimas directas e indirectas, a partir de una investigación imparcial y eficaz tendente a la búsqueda en vida de la persona desaparecida, así como la identificación y sanción de los responsables.

Lo fundamental es la voluntad política de las entidades federativas así como una plena y óptima armonización entre la ley general y todas las leyes locales en las que interceda su implantación, así como el resto de las leyes federales en las que hay instrumentos relacionados con la problemática.

Por lo anterior propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los congresos estatales a armonizar el marco jurídico local en materia de desaparición forzada de personas.

Segundo. Se solicita a los titulares de los Poderes Ejecutivos estatales que hagan públicos a través de las instancias competentes los avances en la implantación de las fiscalías especializadas, la creación de las comisiones locales de búsqueda y las comisiones de atención de víctimas en las entidades federativas, así como los avances en la coordinación con los registros nacionales a que hace referencia la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las inversiones realizadas por la Consar y Pensionissste, a cargo del diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado del Grupo Parlamentario de Morena perteneciente a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2 fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición de punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El objetivo del sistema de pensiones es el de garantizar a los trabajadores un ingreso al término de su vida laboral y contribuir a la estabilidad de las finanzas públicas.1

Sin embargo, la precarización de los empleos, a través de las figuras como la subcontratación, la contratación por honorarios, la no inscripción a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o inscribirlos con salarios más bajos de los que realmente perciben se han convertido en la norma de la contratación y esta política laboral impacta directamente sobre los ingresos de los jubilados.

Otro de los factores que influye en las pensiones es el salario mínimo, por lo que debería ser acorde con lo que establece el artículo 123 constitucional señala que “Los salarios mínimos generales deberán de ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural”2 ; sin embargo la norma constitucional se queda corta en el contexto del sistema de pensiones, por lo que debemos impulsar un salario mínimo que logre un ahorro digno para los pensionados, ya que de acuerdo al Programa Nacional de Financiamiento y la Auditoría Superior de la Federación existe el riesgo de que 24.5 millones de cotizantes del IMSS y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) no reciban una pensión al término de su vida laboral debido al déficit financiero y actuarial de régimen de beneficios definidos, así como la falta de liquidez y solvencia del régimen de contribución definida.3

¿De cuánto estamos hablando? Las obligaciones financieras generadas por el sistema de pensiones ascendieron en 2016 a 1.7 billones4 de pesos, de éstos 649 mil pesos5 fueron absorbidos por el gobierno federal.

El ISSSTE, durante 2015, registró un déficit por 77 millones de pesos generado por el pago de pensiones asociadas al riesgo de trabajo, mismas que pagó el gobierno federal; sin embargo, ese mismo año Pensionissste decidió invertir 400 millones de pesos en activos financieros de la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), con esa inversión se convirtió en el principal accionista de una empresa que iba camino a la insolvencia.6

¿Y dónde están los informes que detallan las razones de esa inversión?

Otras de las inversiones que ponen en riesgo al sistema de pensiones son las denominadas Fibras, este fideicomiso es otro instrumento financiero que se utiliza para la construcción de parques industriales, plazas comerciales o bodegas. El fideicomiso más famoso actualmente es Fibra E, donde cuatro Afores: Inbursa, Pensionlssste, Profuturo y XXI Banorte, invirtieron 13 mil 500 millones de pesos, cifra equivalente a 0.9 por ciento de lo que pueden invertir en proyectos de infraestructura; este Fibra E corresponde al tan anunciado y rechazado proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sabemos que esta inversión corre el riesgo de ser cancelada, y de ser así ¿quién cubre el riesgo de la minusvalía de los ahorros de los trabajadores?, ya que de acuerdo a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro si los trabajadores deciden retirar sus ahorros de alguna de las Afores en el momento de la minusvalía serán ellos los que tengan que compensar las pérdidas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía con carácter de urgente u obvia resolución los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto al director general de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro y al director general del Pensionissste, a efecto de que, en cumplimiento a su mandato legal, haga públicas las inversiones realizadas en el Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibras) por parte de las Siefores, los intereses generados, las empresas que han adquirido dichos instrumentos y el impacto en el ahorro para los trabajadores.

Segundo. Haga público el impacto en el ahorro que generan las inversiones llevadas a cabo en el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, por medio de Fibras E.

Tercero. Se exhorte a Pensionissste a que haga públicas las evaluaciones financieras sobre las que se decidieron las inversiones en la empresa ICA durante el periodo 2014-2016 y sus resultados finales.

Notas

1 Auditoría Superior de la Federación (ASF)

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última modificación 27 agosto de 2018. Diario Oficial de la Federación.

3 ASF

4 Informe IMSS 2016

5 Cuenta Pública de 2016

6 Empresas ICA (BMV: ICA)

La gráfica anterior muestra el comportamiento de las acciones de la empresa Empresas ICA, SAB de CV de acuerdo a la Bolsa Mexicana de Valores la utilidad p/Acción es de -12.244067. Sobre la caída del valor de las acciones de la Serie ICA, el emisor en el boletín “eventos inusitados 20-03-2015” señala:

En relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación de los valores identificados con clave de cotización ICA*, la emisora informa no son de su conocimiento las causas que pudieron dar origen a los mismos y que éstos corresponden a condiciones propias del mercado.

Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento, y una vez llevado a cabo el procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores no es de su conocimiento que en los movimientos presentados hubieran tenido participación los miembros de su consejo de administración, directivos relevantes o su fondo de recompra. En caso de que, después de hacer una revisión más exhaustiva, se identificara información complementaria en este sentido, ésta será difundida hoy mismo o a más tardar el día hábil inmediato siguiente, por este mismo medio y conforme lo establece el marco normativo.

Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Alejandro Carvajal Hidalgo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a los gobiernos locales a fortalecer con el Ejecutivo federal sus acciones, estrategias y protocolos de auxilio, búsqueda, localización y rescate de niños y adolescentes desaparecidos o no localizados, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobierno de las 32 entidades federativas para que, en coordinación con el gobierno federal, fortalezcan sus acciones, estrategias y protocolos de auxilio, búsqueda, localización y rescate de niñas, niños y adolescentes desaparecidos o no localizados, ante el incremento sostenido de esta problemática en diversas demarcaciones del país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La desaparición de personas, constituye una problemática que se ha venido aumentando en distintas entidades y municipios del país, lo que atenta contra su integridad y derechos humanos fundamentales. Lo cual demanda la intervención pública urgente a través de la instrumentación de estrategias coordinadas entre los órdenes de gobierno para sancionar y prevenir este grave delito.

Para dimensionar la magnitud de dicho asunto, basta señalar que de acuerdo con estadísticas del fuero común del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en México más de 36 mil 265 individuos se encuentran en calidad de personas no localizadas, de ellos 26 mil 938 son hombres y 9 mil 327 son mujeres. Tamaulipas es la entidad que presenta el mayor número de sucesos con 5 mil 990 desaparecidos.1

Sin duda, uno de los sectores de la población más afectados es el de las niñas, niños y adolescentes, ya que, a decir de la Red por los Derechos de la Infancia, cada día desaparecen 4 de ellos y asesinan a por lo menos a 3.6 individuos.2

Conforme a dicha Red, durante el periodo comprendido entre elide diciembre de 2012 al 30 de abril de 2018, se ha reportado la desaparición de por lo menos 4 mil 980 niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 60 por ciento corresponden a mujeres entre 11 a 17 años de edad.3

Entre los municipios con el mayor número de casos destaca Puebla, Puebla con 389 pequeños desaparecidos, Tijuana, Baja California con 249; Ciudad Juárez, Chihuahua con 206 y Hermosillo, en el estado de Sonora con por lo menos 160 expedientes de menores no localizados.

Con en el objeto de contar con un panorama general de esta problemática, basta mencionar la situación que prevalece en algunas entidades y municipios, entre las que destacas las siguientes:

En el estado de Puebla, se han denunciado desapariciones en municipios como San Martín Texmelucan, Atlixco, Izúcar de Matamoros, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Teziutlán, Tecamachalco, Tehuacán y su capital, Puebla de Zaragoza.

En esta entidad, las acusaciones de desapariciones de infantes, aunado a la incapacidad de las autoridades y el desapego a los protocolos de actuación por parte de los elementos de seguridad estatal y municipal, han derivado en actos de linchamiento, cierre de vialidades, toma de instituciones gubernamentales y trasgresiones al orden público, lo cual atenta contra el Estado de Derecho y pone en riesgo la integridad de los habitantes.

Los sucesos presentados, se encuentra el homicidio de dos personas en el 2015, acusados de intentar secuestrar a una menor en el municipio de Ajalpan y dos personas más, quienes recientemente fueron torturadas y quemadas en las inmediaciones del ayuntamiento municipal de Acatlán de Osorio, señalados también como secuestradores de infantes.

Guanajuato es otra de las entidades federativas en donde no sólo se ha documentado la desaparición de niñas y niños, sino también, el maltrato y la violencia de la que son objeto, prueba de ello, es el albergue La Ciudad de los Niños, en Salamanca, en donde se constató castigos corporales, acontecimientos de violencia e irregularidades en los procesos de adopción.

La violencia en esta demarcación ha trastocado la seguridad de la población, incluyendo a niñas, niños y adolescentes. Cabe mencionar que en lo que va del año, más de 20 menores de edad han sido víctimas colaterales de los enfrentamientos que se dan entre grupos delictivos, que están en constante disputa por el control de las plazas y la venta de estupefacientes.

Por otro lado, en la actual administración del estado de Veracruz, se han incrementado las denuncias de desaparición de niñas y adolescentes, lo que, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, en su mayoría son utilizadas para venta de órganos y para fines de explotación laboral y sexual.

En este contexto, se ha contabilizado la desaparición de 12 niños al día, de conformidad con los informes del Colectivo por la Paz, principalmente en municipios como Xalapa, el Puerto de Veracruz y la zona serrana.4 Asimismo, los jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana han denunciado ser víctimas constantes de extorsiones, levantones y secuestros, sin que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto.

El director general de-la Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos, declaró que el 2017, fue uno de los años de mayor inseguridad para los niños en el estado de Veracruz, ya que se registró un incremento de por lo menos 30 por ciento del número de casos en secuestro o desaparición.

Este panorama poco alentador, constituye una trasgresión a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece en su capítulo Octavo el Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal, en específico a prevenir, atender y sancionar la trata de personas menores de 18 años y el tráfico de menores.

Bajo esta óptica, la finalidad del presente Punto de Acuerdo, es dar una mayor visibilidad a la problemática de desapariciones de niñas, niños y adolescentes de México, así como a promover el fortalecimiento de las acciones emprendidas y capacidades institucionales para atender de manera urgente dicha situación a efecto de garantizar su integridad y derechos humanos.

Para el Grupo Parlamentario del PRI, es toral asegurar un clima de seguridad, tranquilidad y bienestar para toda la población, en particular a las niñas, niños y adolescentes, que permita garantizar el interés superior de la niñez, contenido en el artículo 4, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Existe consenso entre los especialistas en el sentido de que la desaparición de personas es una práctica contra la dignidad humana, que implica la negación de todos los derechos humanos que agravia a la sociedad y, además, afecta y atenta no únicamente en contra de la persona desaparecida, sino también de sus seres queridos y sus allegados.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que, en coordinación con el gobierno federal, fortalezcan sus acciones, estrategias y protocolos de auxilio, búsqueda, localización y rescate de niñas, niños y adolescentes desaparecidos o no localizados, ante el incremento sostenido de esta problemática en diversas demarcaciones del país.

Notas

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. (2018). Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. 04/10/2018, de Secretaría de Gobernación Sitio web:

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/consulta-publi ca.php

2 Red por los Derechos de la Infancia en México. (2018). 04/10/2018, de p Sitio web:

http://derechosinfancia.org.mx/index.php?contenido=bolet in&id=160&id_opcion=73

3 Karina Palacios. (2018). En 6 años desaparecieron 4 mil 980 niños: Redim. 04/10/2018, de milenio.com

Sitio web: http://www.milenio.com/policia/6-anos-desaparecieron-4-mil-980-ninos-re dim

4 Juan David Castilla Arcos. (2018). Desaparecen 12 niños al día en ciudades de Veracruz. 04/10/2018, de En Contacto Sitio web: http://encontacto.mx/desapa recen-12-ninos-al-dia-en-ciudades-veracruz/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día 9 de octubre del año 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la proliferación de minas a cielo abierto en el país, a cargo del diputado Maximiliano Ruiz Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado federal Maximiliano Ruiz Arias, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneración Nacional, en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto como de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía con respecto a la proliferación de minas a cielo abierto en el país.

Consideraciones

La minería a cielo abierto, por definición, se concibe como una industria que origina inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y culturales. Se basa en la explotación de recursos no renovables encontrados bajo la corteza superficial de la tierra y su grado de impacto depende directamente del tipo de mineral que se pretende extraer.1

Existen diversas técnicas para realizar dicha actividad. Una de ellas es la aplicación de químicos para la extracción del terreno mediante el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Estas sustancias son altamente toxicas y se encargan de disolver los compuestos, con el objeto de obtener los minerales que se desean producir de la tierra.2

Dichas técnicas usadas por la minería a cielo abierto tienen fuertes impactos de todo tipo, entre los que se encuentran: la destrucción de la corteza terrestre, el daño a los acuíferos subterráneos, la contaminación de las aguas y el aire, la afección a la flora y fauna del entorno próximo a la explotación minera, y desde luego, los efectos negativos en la salud humana de las poblaciones que habitan de manera contigua a las minas.

Dado ello, actualmente en el mundo se debate en distintos niveles y ámbitos sociales la inclusión de políticas públicas efectivas para reducir sus efectos dañinos al medio ambiente. Sin embargo, en nuestro país a lo largo de los años se han producido distintos desastres ambientales y humanos asociados a este sector económico, normalmente causados por las malas prácticas llevadas a cabo durante esta actividad, pero también por las prácticas asociadas a la corrupción entre las empresas mineras y el propio gobierno.

Para ejemplificar esas situaciones, se pueden mencionar numerosos accidentes que han ocurrido en las minas, como lo sucedido en Pasta de Conchos en 2006 cuando explotó una mina, propiedad de Grupo México, que dejó un saldo de 65 mineros fallecidos.

O bien, se puede señalar los sonados casos del derrame de la empresa Buenavista del Cobre en el río Bucanuchi, en Sonora, y el caso de Minera San Xavier que llevó a la desaparición del cerro de San Pedro. Y como el sucedido en Durango, que dañó a la localidad de El Oro, donde 10 mil metros cúbicos de solución de cianuro fueron vertidas en el arroyo La Cruz. En todos los hechos antes mencionados, se observó una destrucción masiva de los recursos naturales y graves consecuencias de salud a los pobladores aledaños, perturbando incluso su tejido social.

Aun así, el caso más emblemático del grave deterioro que se quiere seguir haciendo al medio ambiente al amparo de las autoridades federales, es el de Los Cardones, de la empresa Desarrolladora Zapal, SA de CV, misma que pretende llevar a cabo una mina a cielo abierto en la zona de amortiguamiento, subzona de aprovechamiento especial, del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna.

En esta región hay un total 32 concesiones mineras que en su conjunto abarcan más de cien mil hectáreas, en una franja de 75 kilómetros que cruza de norte a sur, desde un punto cercano a La Paz, en el mar de Cortés, hasta casi llegar a la ciudad Todos Santos, en el océano Pacífico. Estas concesiones mineras se sobreponen en una extensión muy considerable con el polígono de la Reserva de la Biósfera de La Laguna.3

A pesar de ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó en su momento la Manifestación de Impacto Ambiental, sin embargo, la presión social de distintas organizaciones lograron que la propia institución retrocediera en su decisión, visibilizando también el hecho de que la empresa antes aludida, no ha podido documentar fehacientemente un permiso de ocupación previa que debería ser otorgado por los legítimos dueños de los terrenos, requisito indispensable para iniciar sus operaciones.

La implementación de este tipo de megaproyectos atenta contra el ambiente, además promueve prácticas, calificadas de legales, que incentivan la entrega de recursos públicos a las empresas mediante concesiones para la exploración y explotación de minerales o energéticos, aun cuando los resultados puedan ser con altos costos ambientales y sociales.

En México, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se modificó el artículo 27 constitucional, abriendo paso a la entrega de concesiones a las grandes compañías mineras, nacionales o extranjeras. A partir de entonces, bajo el discurso de más y mejores fuentes de empleo y riqueza económica, se han concesionado zonas del territorio mexicano a proyectos mineros a lo largo y ancho del país.4

Incluso, Greenpeace señaló que “a fines de 2014 se registraron un total de 25 mil 267 concesiones mineras que, según datos del Servicio Geológico Mexicano, amparaban una superficie concesionada de casi 26 millones de hectáreas, representando alrededor de 12.7 por ciento del territorio nacional”.5

Las concesiones mineras se otorgan en el ámbito federal y son el medio por el cual el Estado puede otorgar a los particulares ciertas actividades y permisos para explotar los recursos federales que la administración pública no puede desarrollar por la falta de capacidad técnica o económica.

Lamentablemente, los megaproyectos-concesiones de las minerías a cielo abierto se desarrollan dentro de un marco de faltas y omisiones de las propias autoridades federales a la legislación mexicana y a las recomendaciones de organismos internacionales.6 Pudiendo involucrar actos de corrupción que impiden el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental. Es indudable que este modelo nocivo de usufructo intervencionista que se ha caracterizado en México por contar con apoyo político y financiero no debe continuar.

Por ello, este exhorto acude a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Secretaría de Economía y a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas Naturales, a objeto de que apliquen de manera efectiva los marcos regulatorios en materia minera y velen por el beneficio social, la distribución de la riqueza pública, la conservación y la protección del equilibrio ecológico.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a revisar la correcta operación de las concesiones mineras a cielo abierto a objeto que reduzcan su impacto ambiental y social , ejerza sus atribuciones en materia de prevención de la generación, aprovechamiento, gestión integral de los residuos, de prevención de la contaminación de sitios y su remediación, de conformidad con lo previsto en la Ley para la prevención y gestión integral de los residuos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Economía en tanto que es la facultada de otorgar las concesiones mineras, asignaciones, permisos y autorizaciones en los términos de la Ley Minera, para que evite la proliferación de minas a cielo abierto en el país.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Economía para que, a través del Servicio Geológico Mexicano y en el ámbito de sus atribuciones, realice un estudio de investigación científico que certifique el grave deterioro ambiental que se pretende realizar con la construcción del proyecto minero denominado: Los Cardones, y que supone un efecto adverso significativo a cuencas y mantos acuíferos, a los territorios indígenas, ejidos y comunidades agrarias, así como a las poblaciones de La Paz y Los Cabos, y en términos generales a los ecosistemas y medio ambiente de la región.

Referencias

1-2 https://geoinnova.org/blog-territorio/?s=miner%C3%ADa+

3 Aristegui noticias.-https://www.laizquierdadiario.mx/22-de-Julio-dia-mundial-cont ra-la-mineria-a-cielo-abierto

4 https://www.proceso.com.mx/448151/se-concesiono-a-mineras-12-7-del-terr itorio-nacional-alerta-greenpeace

5 Greenpeace.org.http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2016/
ManualMiner%C3%ADa13%20may%202016_ Greenpeace.org.-VF.pdf

6 https://www.proceso.com.mx/448151/se-concesiono-a-mineras-12-7-del-terr itorio-nacional-alerta-greenpeace

Otras fuentes consultadas

- file:///C:/Users/EDER/Downloads/CESOP-IL-72-14-AguayMinerasenMexico-240 417.pdf

- https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2017/05/16/
mineras-acaparan-contaminan-y-sobrexplotan-el-agua-de-mexico/

- http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2018/sep/20180918-IV.html#Prop osicion10

- http://www.cbcs.gob.mx/index.php/boletines-2018/
3515-exhorta-congreso-del-estado-a-autoridades-para-defender-el-patrimonio-natural-de-bcs

- https://www.proceso.com.mx/448151/se-concesiono-a-mineras-12-7-del-terr itorio-nacional-alerta-greenpeace

Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de octubre de 2018.

Diputado Maximiliano Ruiz Arias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los afectados por el conflicto del funcionamiento de la granja porcícola en Homún, Yucatán; y a realizar un nuevo estudio que tenga como observancia el decreto número 117 del gobierno del estado, que establece el área natural protegida Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, a cargo del diputado Limbert Iván de Jesús Interián Gallegos, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Limbert Iván de Jesús Interián Gallegos, diputado de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En 2017, se dio inicio al proyecto de construcción y operación de una mega granja porcícola en el estado de Yucatán, con el objeto de albergar más de 49 mil cabezas de ganado, dicho proyecto es llevado a cabo por la empresa Producción Alimentaria Porcícola SPR de RL de CV (PAPO)” quien es la encargada de gestionar los permisos necesarios para empezar el funcionamiento de la granja, que en última instancia beneficiará al Grupo Porcícola Mexicano Kekén (la más grande empresa de producción de carne de cerdo del sureste).

El proyecto de 120 hectáreas se encuentra ubicado en la demarcación comprendida por la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes1 ; entre los municipios que integran dicha reserva, se encuentran Huhí, Sanahcat y Homún, mismos que son catalogados según el Decreto que establece el Área Natural Protegida Denominada Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, como subzonas de recarga, es decir, forman parte de la cuenca hidrográfica en la cual una gran parte de las precipitaciones se infiltran en el suelo (por condiciones climatológicas, geológicas y topográficas), llegando a recargar los acuíferos en las partes más bajas de la cuenca.

El inicio de las inconformidades se origina cuando el gobierno del estado otorgó en octubre de 2016, los permisos necesarios a la empresa PAPO, a fin de iniciar la construcción de la granja; uno de los problemas que han sido señalados por inconformes radica en que la sociedad PAPO fue creada por 14 socios (en su mayoría jóvenes que nada tienen que ver con el ramo porcino, además, los permisos que se les otorgaron, se dieron tan sólo cinco meses después de su constitución como sociedad.2

La planeación, construcción y operación de la granja se encuentra en el municipio de Homún; por tal motivo la población de la demarcación inicia con una serie de protestas que han ido en aumento. Las críticas se originan debido a dos temas importantes:

1. Los riesgos que representa un proyecto porcícola en esa zona que es estratégica para el abasto de agua de Yucatán, toda vez que de ella se extrae 42 por ciento del agua potable del estado y 19 por ciento del agua de la península.

2. Los pobladores acusan a las autoridades de aprobar los permisos a la empresa a través de irregularidades administrativas y legales que abaló la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado.

Con base en lo anterior, los pobladores mayas de Homún y los administradores turísticos de los cenotes, a través de la agrupación Ka’anan Ts’onot (Guardianes de los cenotes) promovieron tres amparos3 que aún no se han resuelto contra el inicio de operaciones de la granja. Uno de los argumentos que enarbolan los inconformes, es que la manifestación de impacto ambiental (MIA) que utiliza la empresa para justificar el inicio de sus operaciones, fue realizada y firmada por una cirujana dentista que no tiene los conocimientos técnicos para emitir un dictamen de esa manera.

Diversos académicos y técnicos en la materia se han sumado a la lucha en favor de los pobladores de Homún ya que de acuerdo con una investigación de Rosario Pérez y Gretel Cervantes publicada por Península (revista semestral del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, CEPHCIS, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en Yucatán), la mayoría de los biodigestores “no están bien manejados” y el programa del que forma parte “no logra reducir la emisión de metano pero desestima la contaminación del agua que en Yucatán, por las características del suelo y del acuífero”.

Asimismo, change.org contiene la petición “No a granja de cerdos en reserva natural en Yucatán”, que hasta ahora contiene 599 firmantes, misma que solicita una nueva evaluación por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a fin de detener el proyecto y construirlo en algún otro lugar más factible.4

En tanto se resuelven por la vía judicial las controversias, los pobladores de Homún y la agrupación Ka’anan Ts’onot que ha tomado la representación y la bandera de la lucha por la defensa de los cenotes, han realizado diversas manifestaciones en dependencias relacionadas con el asunto como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del gobierno del estado de Yucatán (Seduma), en espera de una respuesta satisfactoria.

A mediados de septiembre de este año y aún sin haberse resuelto todas las instancias legales, la empresa PAPO ha iniciado con el transporte e introducción de los primeros cerdos a la mega granja por lo que el colectivo Ka’anan Ts’onot convocó a una clausura simbólica de la granja el 21 de septiembre para manifestarse contra la imposición del proyecto que no sólo atenta contra la voluntad de la comunidad de Homún si no que representa un severo daño para la salud de todos los habitantes del estado.5

Durante la clausura simbólica fue llamado un gran contingente de cuerpos policiacos antimotines dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Yucatán para repeler a los manifestantes en las instalaciones de la granja mientras que, durante ese mismo momento, personal de la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudía a los desprotegidos sitios turísticos de cenotes a clausurarlos, aparentemente sin orden para ello, con el único fin de replegar y coaccionar el único medio de ingresos económicos con el que cuentan los manifestantes.

Aunado a lo anterior, el decreto 117 emitido por el gobierno del estado, por el que se creó el área natural protegida Reserva estatal geohidrológica del anillo de cenotes, establece en su artículo 8 de la declaratoria lo siguiente:

“Artículo 8. Dentro de la Reserva podrán realizarse actividades de desarrollo sustentable, siempre que sean compatibles con lo establecido en este decreto, el programa de manejo y otras disposiciones legales y normativas aplicables. Los interesados, previamente al inicio de dichas actividades, deberán obtener la autorización de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Se prohíbe realizar actividades que por su naturaleza impacten significativamente u ocasionen en el corto, mediano o largo plazo, impactos adversos al medio ambiente o a los ecosistemas.”6

Lo anterior eliminaría toda posibilidad de realizar algún tipo de acción que impacte de alguna forma al medio ambiente o al ecosistema, supuesto que se encuentra comprobado por diversos estudios, como el realizado y arriba citado por Rosario Pérez y Gretel Cervantes.

Por último, el Congreso del Estado de Yucatán aprobó el 25 de septiembre la creación de una comisión especial para atender única y exclusivamente el caso, además de la aprobación de un punto de acuerdo a fin de preservar el respeto y privilegiar el diálogo, además de un llamado para no caer en el autoritarismo en aras de resolver el conflicto que se ha suscitado entre los directivos de una granja porcícola ubicada en Homún y un grupo de pobladores de dicho lugar.7

En este orden de ideas, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Yucatán, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Ayuntamiento de Homún, en el ámbito de sus atribuciones, hagan públicas las medidas que se han tomado para encontrar una solución entre los afectados y evitar el daño irreversible que se podría generar en el ambiente, respecto al conflicto del funcionamiento de la granja porcícola en Homún.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán, realicen un nuevo estudio de impacto ambiental que tenga como observancia el decreto número 117 del gobierno del estado, que establece el área natural protegida denominada Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes.

Notas

1 La reserva fue denominada como tal por decreto del gobierno del estado de Yucatán, el 28 de octubre de 2013, misma que se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de esa fecha. Decreto que establece el área Natural Protegida Denominada Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes. DOGEY, Año CXVI, No. 32,477. Oct 28 de 2013.

2 Martínez Verónica, “Interesa a empresarios ser aparceros de Kekén”, Inforural (en línea), agosto 15 de 2017. Disponible en: https://www.inforural.com.mx/interesa-a-empresarios-ser-aparceros-de-ke ken/

3 Muñoz Ramírez Gloria, “Los de abajo. Guardianes de los cenotes de Yucatán”, La Jornada (en línea), junio 30 de 2018. Disponible en:

https://www.jornada.com.mx/2018/06/30/opinion/012o1pol

4 Petición disponible en: https://www.change.org/p/sagarpa-no-a-granja-de-cerdos-en-reserva-natur al-en-yucat%C3%A1n

5 “Convocan a clausura simbólica de la Granja Porcícola de Homún”, Infolliteras (en línea), septiembre 20 de 2018. Disponible en: http://www.infolliteras.com/articulo.php?id=43525

6 “LXII Legislatura muestra disposición para resolver conflicto en Homún”, Coordinación de Comunicación Social, H. Congreso del Estado de Yucatán. LXII Legislatura, septiembre 25 de 2018. Disponible en:

http://www.congresoyucatan.gob.mx/noticias/2018/lxii-leg islatura-muestra-disposicin-para-resolver-conflicto-en-homn

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputado Limbert Iván de Jesús Interián Gallegos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y la SE a liberar –por sus programas destinados a atender desastres naturales– recursos para resarcir los daños causados en Sinaloa por las precipitaciones pluviales derivadas de la depresión tropical 19-E, a cargo del diputado Maximiliano Ruiz Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado federal Maximiliano Ruiz Arias, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, numeral I; 62 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y al titular de la Secretaría de Economía, para que en el ámbito de sus atribuciones y a través de sus programas federales destinados a la atención de desastres naturales, liberen los recursos a fin de resarcir los daños en el estado de Sinaloa, causados por las precipitaciones fluviales derivadas de la denominada Depresión Tropical 19-E.

Consideraciones

Como es del conocimiento público, la semana pasada el estado de Sinaloa fue azotado por la Formación de Depresión Tropical 19-E, mismo fenómeno que generó severas afectaciones e inundaciones en varios municipios, dañando gravemente hogares y cientos de poblaciones que dio como resultado que miles de personas fueran evacuadas, suspensión de clases, e incluso personas fallecidas.

Además de dichas afectaciones, también hubo cierres carreteros, caminos anegados, canales desbordados y cortes de luz. Asimismo, regiones agrícolas inundadas, perdida de ganado y muy severas afectaciones al sector acuícola, mismos daños que la Secretaría de Agricultura y Ganadería de gobierno del estado de Sinaloa ha cuantificado en su conjunto en pérdidas por un monto de alrededor de 800 millones de pesos.1

Igualmente, se estiman 15 mil hectáreas afectadas en cultivos temporales y huertos, cantidad que significa que se dejaran de cosechar en el presente año cerca de 112 mil toneladas de cultivos, al tiempo que se verán impactados 58 mil empleos. Por otra parte, también se señala en los recuentos más de 13 mil cabezas de porcinos desaparecidos, o bien, que perecieron durante y después de las tormentas.2

En lo que se refiere al sector acuícola, el Consejo Directivo del Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa (Cesasin), ha informado que se presentaron daños y pérdidas de camarón en 28 granjas de cultivo de camarón.3 Esta institución, en un informe preliminar especifica que las granjas afectadas se encuentran en las Juntas Locales de Sanidad Acuícola siguientes:

• 4 Granjas ubicadas en la JLSA de Ahome

• 6 Granjas ubicadas en la JLSA de Guasave

• 10 Granjas ubicadas en la JLSA de Angostura

• 2 Granjas ubicadas en la JLSA de El Dorado

• 4 Granjas ubicadas en la JLSA de Navolato y

• 2 Granjas ubicadas en la JLSA de Cospita.

Las granjas antes mencionadas sufrieron, desde la pérdida de producción por desbordamientos por demasía de agua que rebasaron los niveles de las borderías en los estanques de engorda, hasta la destrucción de bordos, estructuras y caminos.

De igual manera, el impacto acuícola fue resentido en el municipio de El Fuerte, lugar que registró una alta mortandad de peces silvestres (de lobinas, tilapias y bagres) como consecuencia del deterioro ambiental de la calidad del agua; y en las jaulas flotantes de cultivo de tilapia se registraron afectaciones causadas por el exceso de arrastre de materia orgánica.4

Ante estos hechos, tanto el gobierno estatal como ambas Cámaras del Congreso de la Unión solicitaron a la Secretaría de Gobernación emitiera la Declaratoria de Zona de Desastre Natural para los municipios de las regiones centro y norte de Sinaloa, con el objeto de acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden). Cabe hacer mención, que dicho exhorto también se hizo extensivo a las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), de Salud (SS), de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y a la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Más aún, el que suscribe de igual manera presentó similar recurso legislativo para agilizar la entrega de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y que su ejecución de gasto se realice bajo criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

En abono de lo anterior expuesto, el presente punto de acuerdo acude a la Sagarpa para que en el ámbito de sus atribuciones ejerza los recursos por medio del Programa de Fomento a la Inversión y Productividad, en el componente de Apoyos a Pequeños Productores, en donde se cuenta con el Subcomponente de Atención a Siniestros Agropecuarios.

Y también exhorta a la Secretaría de Economía, para que mediante sus Programas Emergentes del Fondo de Apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme), impulse la recuperación económica en zonas afectadas, mediante el otorgamiento de crédito en condiciones preferenciales y esquemas crediticios no tradicionales a las Mipyme.

Inclusive; en la Secretaría de Economía a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) existe una línea de apoyos en el Fondo Nacional Emprendedor (FNE), dirigida a la Reactivación Económica de Sectores Productivos afectados en sus actividades económicas.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al titular de la Secretaría de Economía, para que en el ámbito de sus atribuciones y a través de sus programas federales destinados a la atención de desastres naturales, liberen los recursos a fin de resarcir los daños en el estado de Sinaloa causados por las precipitaciones pluviales derivadas de la denominada Depresión Tropical 19-E.

Referencias:

1-2.- El Noreste.-
https://www.noroeste.com.mx/publicaciones/view/valuan-danos-por-tormentas
-por-800-millones-en-agricultura-recursos-tardaran-en-llegar-1142919

3-4.- Comunicado: Consejo Directivo del Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Sinaloa (Cesasin).

5.-Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa.- www.diputados.gob.mx

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputado Maximiliano Ruiz Arias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP y la Dirección General del Tecnológico Nacional de México a establecer mesas de diálogo con los representantes estudiantiles y de los trabajadores del Instituto Tecnológico de Orizaba a fin de considerar sus demandas y propuestas para terminar el paro de labores indefinido en la institución, a cargo de la diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Dulce María Corina Villegas Guarneros, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los párrafos primero y segundo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de toda persona a recibir educación, así como que ésta tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el respeto a los derechos humanos.

En ese sentido, es necesario que los distintos órganos de gobierno que tienen a su cargo la impartición de la educación en el país en todos sus niveles sean vigilantes de ese derecho-obligación, y resuelvan de manera inmediata todo conflicto que se presente y que impida o restrinja el cumplimiento de los candelarios escolares previamente establecidos.

Ahora bien, llamo la atención de este órgano colegiado, para hacerles saber que actualmente en el Instituto Tecnológico de Orizaba, dependiente de la Dirección General del Tecnológico Nacional de México, y por ende de la Secretaría de Educación Pública existe un conflicto de carácter laboral-estudiantil que dio origen a un paro total indefinido de labores, mismo que data del 17 de agosto del presente año a la fecha, donde hay una afectación directa a más de cinco mil alumnos, puesto que están en peligro de perder el semestre.

Por un lado, los trabajadores del Instituto quienes iniciaron el paro indefinido demandan la remoción de su director Rogelio García Camacho, señalándolo de entre otras cosas, de la falta de claridad en asignación de plazas, falta de material y equipo en los laboratorios, equipo de cómputo si funcionar y falta de mobiliario elemental para que los alumnos tomen clase, señalándolo también de que en el periodo de inscripciones para cada semestre expide cerca de cinco mil fichas a un costo de mil doscientos pesos cada una, dinero que no transparenta y que no se ve reflejado en las instalaciones y equipamiento del plantel.

A su vez los estudiantes del Instituto Tecnológico de Orizaba acusan al director de lo mismo y agregan que ellos son los más afectados por el paro de labores que existe pues tienen el temor fundado de perder el semestre y agregan de que a pesar de que el instituto es reconocido a nivel nacional como una institución de alto nivel esto se debe a que cuentan con catedráticos competentes a pesar de la falta de recursos materiales, insistiendo que existe una calidad académica y gracias a esto las carreras están acreditadas al 100 por ciento con reconocimiento internacional , ya que de los casi 5 mil 700 alumnos matriculados, egresan el 74 por ciento, superando la expectativa de gestión de calidad que es del 60 por ciento, pero hay bastante deficiencia en los laboratorios de las diversas ingenierías ya que los equipos, herramientas y materiales que les hacen falta, por mencionar la carrera de Gestión Empresarial cuenta con la acreditación necesaria, pero no cuenta con los laboratorios para poder realizar prácticas básicas de acorde a su plan de estudios y situaciones como estas los ponen en desventaja ante el crecimiento del mundo globalizado.

Como es de verse, es de imperiosa necesidad que las autoridades educativas competentes como lo son el secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldan, y el director del Tecnológico Nacional de México, Manuel Quintero Quintero intervengan de manera inmediata para resolver el conflicto que se presenta en el Instituto Tecnológico de Orizaba a fin de que sus alumnos puedan salvar el semestre y con esto prevenir un conflicto mayor como el que recientemente vivimos con los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldan, y al el director del Tecnológico Nacional de México, Manuel Quintero Quintero , establecer mesas de diálogo con los representantes de los trabajadores y estudiantes del Instituto Tecnológico de Orizaba con el objeto de dar por terminado de manera inmediata con el conflicto que se presenta en ese Instituto, y de acuerdo al marco jurídico aplicable, se inicien los procesos administrativos correspondientes para investigar los señalamientos de corrupción que se hacen contra el director del plantel, Rogelio García Camacho.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Educación Pública y a la Dirección del Tecnológico Nacional de México, de que, una vez que sea notificada de la presente solicitud, ésta sea atendida en un plazo no mayor a 5 días naturales.

Salón de sesiones, a 9 de octubre de 2018.

Diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los fondos necesarios para reconstruir los hogares de los damnificados resultantes de la depresión tropical 19-E, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios de Morena, PAN y PRI

Merary Villegas Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía los presentes puntos de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los fenómenos naturales son manifestaciones que en ocasiones han producido desastres naturales en México el cual, por su ubicación geográfica, ha sido escenario de estas expresiones de la naturaleza, principalmente por sismos, depresiones tropicales, ciclones y huracanes. Se destruyen infraestructura urbana, viviendas, el patrimonio de las familias y algunas veces hasta la vida de las personas, independientemente de las condiciones económicas y sociales de la población.

A partir de los daños que ocasionó el sismo de 1985 en la Ciudad de México y el centro del país, en 1986 se constituyó el Sistema Nacional de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual implantó los métodos y procedimientos que establece acciones destinadas a proteger a la población contra peligros y riesgos presentes en las eventualidades de un desastre.

Hasta 1996, la respuesta de los gobiernos federal, estatales y municipales ante un desastre natural consistía en la reorientación del gasto presupuestado para reparar los daños sufridos por el fenómeno natural. Ese año se constituyó el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), con el propósito de atender de manera eficaz y oportuna los daños ocasionados a la población damnificada y a la infraestructura física pública no susceptible de aseguramiento, los cuales superan la capacidad de respuesta de las dependencias y entidades federativas.

Algunos objetivos del Fonden son apoyar a través del fondo revolvente a la población afectada; atender a la población afectada en sus necesidades inmediatas de protección a la vida, la salud, alimentación, vestido y albergue; atender la reparación de daños a la infraestructura pública y bienes públicos; y apoyar a las familias de bajos ingresos a la mitigación de daños a su patrimonio productivo y su vivienda.

Para lograr estos objetivos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aportará recursos adicionales a las dependencias y entidades federativas, con objeto de que la atención a un desastre de origen natural no afecte en lo posible los programas y proyectos normales en curso. De esta forma, los recursos del Fonden pueden distribuirse en dos rubros, el denominado Fondo Revolvente y los que son propiamente los gastos de reconstrucción.

Ante lo anterior, el pasado 20 de septiembre 11 municipios de Sinaloa fueron afectados por la depresión tropical 19-E: Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato y Culiacán. Ésta afectó más de 350 mil viviendas y dejó al menos 6 personas sin vida, pérdidas por más de 800 mil millones de pesos en el campo y decenas de comunidades incomunicadas.

Según estimaciones del secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, hubo una pérdida de 112 mil toneladas de diferentes productos agrícolas y 58 mil jornales; se estima que alrededor de 15 mil animales (entre ganado bovino, caprino, porcino, ovino y medio millón de aves) fallecieron como consecuencia de las inundaciones.

El 27 de septiembre, la Secretaría de Gobernación declaró desastre natural en 11 municipios de Sinaloa: Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato y Culiacán.

Tan grave es la situación que el secretario de Salud, José Narro Robles, anunció que se adelantará la tercera Semana Nacional de Salud para intensificar la prevención de enfermedades en 11 municipios afectados por inundaciones, pero adelantó que de ser necesario, ésta se prolongará siete días más para evitar brotes epidémicos.

El propio gobernador de Sinaloa ha solicitado a las Secretarías de Gobernación, y de Hacienda y Crédito Público que la partida del fondo revolvente del Fonden sea canalizada de inmediato en tanto se cumplen las reglas de operación, para acelerar la entrega de apoyos a damnificados y agrego: “La gente no puede esperar a que se cumplan los trámites burocráticos”.

Hay la preocupación de parte de los legisladores sinaloenses de Morena que estos recursos del Fonden no lleguen en su totalidad, ya que por las experiencias pasadas y los malos antecedentes del funcionamiento del Fonden en entidades donde han sufrido algún desastre natural, el recurso para la reconstrucción no llega.

Estos recursos para la reconstrucción son destinados después de levantar un dictamen técnico por parte de funcionarios del Fonden quienes son los que determinan los montos y las prioridades, según la emergencia y estos pueden tardar meses para determinarse, no existe un tiempo promedio para asignarse.

La propia Auditoría Superior de la Federación ha señalado que en Michoacán, Hidalgo, Baja California Sur e incluso un caso específico de Chiapas, en donde a los damnificados por los sismos del 2017 les dieron unas tarjetas Bansefi en donde se supone les depositarían dinero, pero eso jamás sucedió.

Especialistas como Leonardo Núñez González, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas especializado en políticas públicas, señaló que no es seguro que el apoyo federal llegue a los sinaloenses que perdieron su patrimonio a causa de las lluvias, así lo argumentan:

“Existe un riesgo latente, el problema está en los espacios de corrupción que se abren a partir de la emergencia”. ¿Con este antecedente podemos decir que están en riesgo los trabajos de reconstrucción aquí en Sinaloa, si vemos que en otras partes no se ha hecho gran cosa? Puedo decir que sí porque las características de todos los usos del Fonden siempre han dado espacio a ese riesgo, ya ha sucedido.

Ante estas dudas de que los apoyos lleguen, considero importante que estos recursos económicos que se van a destinarse a las familias que resultaron damnificadas por la tormenta Tropical 19-E en Sinaloa, deben manejarse los más transparente posibles para que no nos pase lo que en otros estados del país ha sucedido, por lo que someto a consideración de la Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que agilice los dictámenes técnicos para determinar la cantidad de recursos económicos que se deberá asignar para la reconstrucción a las familias de los 11 municipios de Sinaloa, Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato y Culiacán, afectados por el desastre natural de la depresión Tropical 19-E.

Segundo. Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, de la cual depende el Sistema Nacional de Protección Civil y cuyo instrumento financiero para subsanar desastres es el Fonden, que transparente el padrón de damnificados, montos asignados y la forma en que se asignará los recursos económicos para la reconstrucción de los hogares y patrimonio de las familias de los 11 municipios de Sinaloa, Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato y Culiacán, afectados por el desastre natural de la depresión tropical 19-E, mediante publicaciones en los medios de comunicación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputados: Merary Villegas Sánchez, Olegaria Carrasco Macías, Tatiana Clouthier Carrillo, Jesús Fernando García Hernández, José Jaime Montes Salas, Maximiliano Ruiz Arias, Lucinda Sandoval Soberanes, Nancy Yadira Santiago Marcos, Casimiro Zamora Valdez, Carlos Humberto Castaños Valenzuela, Alfredo Villegas Arreola, Lourdes Érika Sánchez Martínez (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y de Veracruz a establecer un plan urgente para revertir los daños ecológicos y económicos generados por el derrame de hidrocarburos en el arroyo Tepeyac, en Nanchital, el 28 de septiembre de 2018, y sancionar a los responsables, a cargo del diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, así como el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, así como al gobierno del estado de Veracruz y a Petróleos Mexicanos, para que, en el ámbito de sus competencias, coadyuven a establecer un plan urgente para revertir los daños ecológicos y económicos generados por el derrame de hidrocarburos en el arroyo Tepeyac, del municipio de Nanchital, Veracruz, el pasado 28 de septiembre del 2018, así también se exhorta a la PGR para que en el ámbito de sus atribuciones investigue y sancione a los responsables, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Tras el derrame de hidrocarburos que recientemente ocurrió en Nanchital, en el sur de Veracruz, la mortalidad de la flora y la fauna en la zona sigue, aumentando.

Lamentablemente, una vez más, miles de peces, aves y reptiles, como cocodrilos, perecieron a consecuencia de la irresponsabilidad de Pemex y sobre todo de las pésimas condiciones en que se encuentran sus duetos, principalmente por la falta de mantenimiento, provocó la mortandad de fauna acuática y terrestre en su municipio, y que hasta ahora representa peligro para la ciudadanía.

Por su parte, ecologistas que voluntariamente se han sumado a los trabajos y recorridos en la zona, coinciden que el daño provocado por el líquido en la región tardará varios meses para remediarse, y ante ello, la necesidad de denunciar a Pemex, a fin de tomar cartas en el asunto, quienes, además, hicieron la recomendación de suspender la pesca de manera inmediata.

Sin duda que esta situación, también afecta a los pescadores de la cabecera municipal de Nanchital, quienes muestran su preocupación al afirmar que pasaran hambre y desempleo ante el nuevo derrame de hidrocarburo registrado en el arroyo Tepeyac y las afectaciones al afluente del río Coatzacoalcos, por ser la pesca su principal actividad para sostener a sus familias.

Cabe señalar que los incidentes acontecidos en Nanchital, no son raros en la zona, ya que han sido varios los derrames de hidrocarburos ocasionados por Pemex en la zona, al menos en lo que va del año se han documentado dos casos de derrame de hidrocarburos, sin embargo, esta vez la situación se torna más compleja por los daños y el ecocidio generado.

Quiero informar que el pasado fin de semana, un servidor, conjuntamente con los pobladores, autoridades del municipio y ecologistas, nos dimos a la tarea de recorrer la zona afectada, y fuimos testigos de la desgracia ocasionada por Pemex, pudiendo observar cómo el agua del arroyo Tepeyac tomo un color amarillo, también son visibles los peces, aves, reptiles y toda clase de fauna sin vida a las orillas y flotando a lo largo del caudal.

Por ello, desde esta alta tribuna de la nación, me sumo al sentir de la población nanchiteca, calificamos como lamentables las declaraciones que recientemente hizo el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, al minimizar la situación y asegurar que no existe ningún daño ecológico en la región, cuando, por el contrario, nos encontrarnos frente a una tragedia, un ecocidio que en verdad nos duele a los veracruzanos, y que una vez más, es el producto de la deficiente operación que ha caracterizado a Pemex en los últimos años, llena de negligencias y falsos argumentos de culpa, que hoy nuevamente cobran la vida de nuestros ecosistemas, fauna y del medio ambiente de la región.

Es importante recordar que con la publicación de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, el 11 de agosto de 2014, y con la entrada en funciones de la misma a partir del día 2 de marzo de 2015, la Profepa carece de atribuciones para regular, supervisar y sancionar en materia de protección al medio ambiente las actividades del sector hidrocarburos, ahora esta atribución correspondo a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

En este tenor, como representantes de la población del sur de Veracruz, me sumo a las demandas de nuestra gente y, ante ello, pido la solidaridad de mis compañeras y compañeros diputados para exhortar con carácter de urgente a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno federal y estatal competentes a que actúen y coadyuven a establecer un plan urgente para revertir los daños ecológicos y económicos generados en la zona, así como para exhortar a la PGR para que en el ámbito de su competencia investigue y sanciones a los responsables del ecocidio ocasionado en el arroyo Tepeyac, del municipio de Nanchital, Veracruz, por el derrame de hidrocarburos de Pemex el pasado 28 de septiembre del 2018.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, Así como al Gobierno del Estado de Veracruz, para que en el ámbito de sus competencias coadyuven a establecer un plan urgente para revertir los daños ecológicos generados el pasado 28 de septiembre del 2018 en el arroyo Tepeyac, del municipio de Nanchital, Veracruz, por el derrame de hidrocarburos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue las causas que originaron el derrame de hidrocarburos, acontecido el pasado 28 de septiembre del 2018 en el arroyo Tepeyac, del municipio de Nanchital, Veracruz, a fin de determinar presuntas irregularidades en la actuación de Petróleos Mexicanos y en su caso, proceder conforme a la ley.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República, para que, en el ámbito de sus atribuciones, investigue las causas que originaron el derrame de hidrocarburos, acontecido en el arroyo Tepeyac, del municipio de Nanchital, Veracruz, el pasado 28 de septiembre del 2018 y, en su caso, proceda conforme a derecho contra los responsables.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la empresa productiva del estado Petróleos Mexicanos, a que repare los daños ecológicos y económicos, causados por el derrame de hidrocarburos, acontecido el día 28 de septiembre del 2018 en el arroyo Tepeyac, del municipio de Nanchital, Veracruz.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Puebla a instruir a las autoridades locales de procuración de justicia para que con la mayor brevedad realicen las investigaciones conducentes a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables del secuestro y homicidio del joven tuxtepecano José Andrés Larrañaga Canalizo, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, fracción II, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esa honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, que exhorta al gobernador del estado de Puebla a que instruya a las autoridades de procuración de Justicia de dicha entidad a que a la brevedad realicen las investigaciones que resulten conducentes para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables del secuestro y homicidio del joven tuxtepecano José Andrés Larrañaga Canalizo, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

La sociedad tuxtepecana, el suscrito y en general la sociedad oaxaqueña, nos encontramos profundamente consternados por la trágica muerte de nuestro conciudadano José Andrés Larrañaga Canalizo estudiante de 20 años de edad, quien fue víctima de secuestro y homicidio por tres supuestos compañeros de estudios.

José Andrés oriundo de Tuxtepec, Oaxaca se fue a estudiar la licenciatura a la Universidad de Ciencias y Desarrollo del estado de Puebla, hasta que el pasado primero de octubre se le vio por última vez alrededor de las 21 horas al salir de dicho centro universitario.

Lamentablemente, el cuerpo del estudiante fue hallado sin vida el cuatro de octubre del presente año en un paraje cercano a unos campos de cultivo de la localidad de Santa María Nenetzintla, perteneciente al municipio de Acajete por agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, al constituirse en un punto en donde detectaron tierra removida y luego de excavar, descubrieron el cuerpo del joven, que trasladaron al Servicio Médico Forense para practicarle la autopsia de ley y determinar las causas exactas del fallecimiento, además de concretar su identificación.

Diversos medios poblanos de noticias informaron que se encontraban detenidas las personas que presuntamente secuestraron y privaron de la vida al joven Larrañaga Canalizo y que eran supuestos amigos de él, siendo al parecer la motivación de la comisión de estos delitos, el pedir dinero por su rescate, pero que al ser descubiertos enterraron a nuestro tuxtepecano en el paraje donde fue encontrado, sin que se precisen las circunstancias o la forma en que fueron descubiertos.

Los presuntos responsables de los hechos delictivos están sujetos a investigación, de igual manera se siguen realizando diligencias en la zona para esclarecer los hechos y no se debe de pasar por alto, el hecho de que dichas personas fueron los que indicaron a las autoridades la ubicación donde se encontraba enterrado José Andrés.

Posterior al día en que se le vio por última vez, los familiares y amigos de José Andrés se dieron a la tarea de buscarlo hasta que se les notificó la terrible noticia de su fallecimiento.

Es doloroso para la familia y amigos de José Andrés las circunstancias en que una persona como él, que era un buen estudiante, un excelente hijo y amigo, así como una persona llena de ilusiones y planes de progreso en su vida, fue víctima de personas sin escrúpulos, que actúan con los más bajos instintos de la naturaleza humana, valiéndose de la confianza que les tenía el estudiante por ser condiscípulos universitarios, planearon su secuestro y homicidio con todas las agravantes de la ley.

Si bien el caso de secuestro y homicidio de José Andrés es desgraciadamente uno de miles que han sucedido en los últimos diez años y que han venido ocurriendo en demasía, la mayoría de personas que integran la sociedad mexicana tiene el temor de que ellos, sus familiares o amigos puedan ser víctimas de secuestro y sean privadas de la vida.

Es palpable la incapacidad del actual gobierno federal y de los gobiernos locales para hacer frente al aumento de la violencia y de la criminalidad, siendo una de las causas más habituales, el contubernio que existe de la delincuencia organizada y no organizada con las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, actos de corrupción, cohecho, extorsión, entre otros, que tanto daño le están generando a nuestro país y a las futuras generaciones, a eso hay que sumarle que con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, se ha posibilitado que los delincuentes con mayor facilidad se libren de ser sancionados y castigados.

Ha llegado el momento de que la sociedad civil, las autoridades y los encargados de las instituciones de seguridad pública, procuración y administración de justicia, hagamos un frente común para inhibir la comisión de actos delictivos, para integrar a todos los mexicanos y poder acceder a un desarrollo como nación, necesitando para ello de la voluntad de todos para cambiar, combatir y terminar con esas acciones que dañan a la sociedad.

Lamentamos enormemente el fallecimiento de José Andrés Larrañaga Canalizo y de todas y todos los que han sido víctimas como él y las legisladoras y los legisladores de Morena nos comprometemos a colaborar en las acciones que resulten necesarias para cambiar el futuro violento de México y poder restituir la paz, libertad y seguridad jurídica y social en nuestro país.

Derivado de los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobernador del estado de Puebla a que instruya a las autoridades de Procuración de Justicia de dicha entidad a que a la brevedad realicen las investigaciones que resulten conducentes para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables del secuestro y homicidio del joven tuxtepecano José Andrés Larrañaga Canalizo.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el nueve de octubre de dos mil dieciocho.

Diputado Irineo Molina Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la SEP y sus homólogas locales a reinstalar a los trabajadores de la educación unilateralmente separados del empleo por no participar en los procesos evaluatorios referidos en la fracción III del artículo 3o. de la CPEUM y la Ley General del Servicio Profesional Docente, a cargo de la diputada Adela Piña Bernal, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita diputada Adela Piña Bernal , integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes:

Antecedentes y consideraciones

Sin duda la educación es base esencial para lograr el crecimiento de una nación, constituye el eje principal de su progreso, esto si se considera que la técnica y la ciencia se mejoran gracias a la educación potenciando así el desarrollo económico, lo que la convierte en factor imprescindible para combatir la desigualdad social; sin dejar de mencionar que la educación es un derecho humano, así está reconocido explícitamente en la Constitución federal, el derecho a la educación se encuentra salvaguardado jurídicamente por su artículo tercero, así como en su ley reglamentaria, la Ley General de Educación.

De esta forma existe pleno consenso en cuanto a que la educación impartida en todas las escuelas de México tiene que ser integral, para lograrlo se requiere instrumentar e implementar diversas políticas públicas, si urgentes, pero no autoritarias y excluyentes, como lo fue la reforma educativa, una reforma fallida producto de un acuerdo cupular, producto del Pacto por México, cuyos resultados polarizaron a la nación, además de que profundizaron y agravaron la crisis económica y social, ahí tenemos los nulos resultados en beneficio de la población de las reformas laboral, fiscal y energética, todas ellas impuestas de manera antidemocrática, todas aprobadas precipitadamente sin dialogo y con exclusión social, favoreciendo solo intereses de grupo.

En México, la educación ha estado envuelta en múltiples problemáticas, que se han traducido en bajos niveles de aprovechamiento escolar y en altos índices de deserción escolar en todos los niveles, se trata de problemas profundos y estructurales, que se han pretendido endosar de manera irresponsable solamente al gremio magisterial, y a partir de esta consideración se comenzó a confeccionar una gran mentira, una simulación, porque nunca se trató de una verdadera reforma educativa, el 10 de diciembre de 2012 Enrique Peña Nieto presentó ante la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a los artículos 3o. y 73 constitucionales, que en realidad sentaba las bases de una reforma laboral, para establecer un régimen especial para las y los profesores de este país, nada que ver con un planteamiento técnico pedagógico en contenidos, programas, planes y libros de texto, con esa absurda invención de reforma constitucional Peña Nieto eludió su responsabilidad para verdaderamente atender los factores del rezago educativo.

Como era de esperarse en fast track , quienes detentaban la mayoría en el Congreso de la Unión aprobaron esta reforma, el 19 de diciembre los diputados y el 20 de diciembre los senadores, les bastaron menos de 10 días para aprobar ese atropello al magisterio. Para principios de febrero de 2013, la mayoría de los congresos estatales había ratificado la reforma, por lo que la Cámara de Diputados y el Senado de la República procedieron a emitir la declaración constitucional de ésta, siendo promulgada el 25 de febrero de 2013 y publicada en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente.

Con esta reforma constitucional se creó de facto un estado de excepción donde el legislador creó disposiciones que sólo son aplicables en perjuicio de las y los trabajadores de la educación, violentando disposiciones establecidas con anterioridad en la propia Constitución, como lo es su artículo 1o.

Así, en la fracción III del artículo 3o. constitucional, se dispuso que:

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo federal considerará la opinión de los gobiernos de los estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevará a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto de los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo.

Con este estado de excepción se violenta en perjuicio de las y los trabajadores de la educación, diversas disposiciones constitucionales, en primer término el artículo 1o. que establece la obligación de toda autoridad, de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, favoreciendo la protección más amplia posible a favor de la persona, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En este sentido, estamos ciertos que siempre debe darse la aplicación preferente de aquel ordenamiento que contemple un mayor beneficio al gobernado respecto de sus derechos humanos, pues puede suceder que exista contraposición entre un derecho humano que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo caso, si éste es de mayor beneficio para la persona, es el que debe aplicarse, acorde con los fines de justicia, equidad y solidaridad social perseguidos por el Constituyente Permanente a partir de la reforma realizada a este precepto en junio de 2011.

Este mismo precepto constitucional prevé la garantía de igualdad, misma que sólo puede entenderse en relación directa con las libertades consagradas en la propia Carta Magna, así la violación de esta garantía se relaciona íntimamente con diversas disposiciones constitucionales que igualmente resultaron vulneradas con la reforma educativa como fue el caso de los artículos 14 y 123.

Así el artículo 14 dispone que: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

Resulta evidente que la reforma educativa tiene aplicación respecto de derechos adquiridos o situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a su entrada en vigor, modificando situaciones jurídicas previstas con antelación en el propio cuerpo constitucional, particularmente por lo que hace al concepto de “Estabilidad en el Empleo”, consagrada en la fracción IX del apartado B del artículo 123.

Por su parte en la fracción IX del apartado B del artículo 123 dispone que: “Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada; en los términos que fije la ley.”

La reforma al artículo 3o. de la Constitución crea una excepción sui generis , en cuanto a la estabilidad del empleo, ya que condiciona la realización y la acreditación de la evaluación a la permanencia en el servicio profesional de los trabajadores de la educación.

Se crea un estado de excepción que sólo perjudica a los trabajadores de la educación y crea una contradicción entre dos artículos constitucionales, puesto que para el cese se requiere una causa legal justificada y por otro lado, la modificación al artículo 3o. menciona que la permanencia depende de la acreditación de una Evaluación Obligatoria, siendo que a ningún otro trabajador al servicio del Estado, se le requiere.

Por ende las leyes secundarias de esta reforma constitucional, resultaron igual de ominosas para los derechos laborales del magisterio: para agosto de 2013 en un acto verdaderamente vergonzoso, la Cámara de Diputados sesiona en una sede alterna, para en un periodo extraordinario de sesiones aprobar reformas a la Ley General de Educación y para aprobar la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, aprobando estas legislaciones la Cámara de Diputados el 22 de agosto y el Senado el día siguiente, igualmente en fast track , estando ausentes los actores más importantes de esa discusión: las y los maestros de México.

Luego en un hecho inédito en la historia del parlamentarismo mexicano, el mismo día de la sesión de Congreso General, el 1 de septiembre de 2013, se dio, como se acostumbraba, un albazo parlamentario en la Cámara de Diputados, sin acuerdos, sin diálogo, sin consenso, se impuso un ordenamiento inadmisible: la Ley General del Servicio Profesional Docente, que estableció procedimientos de sanción e incluso de separación del empleo de las y los trabajadores de la educación, segmentándolos y excluyéndolos de la legislación laboral, ya que si se reconoce que las y los maestros son trabajadores al servicio del Estado, se debe por consiguiente asumir que se encuentran regidos por el apartado B del artículo 123 constitucional y por su ley reglamentaria, pero esto fue desconocido e ignorado, el 3 de septiembre siguiente con gran rapidez en el Senado de la República se aprobó tan ominosa ley, en cuyos artículos octavo y noveno transitorios se menciona expresamente el atentado laboral contra las y los docentes que se nieguen a participar en las evaluaciones, que como ya se comentó están diseñadas como un instrumento intimidatorio y represivo:

“Octavo. El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con funciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el Título Segundo, Capítulo VIII de esta Ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen.

El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas de regularización del artículo 53 de la Ley, será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda.”

Noveno. El Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos Descentralizados que a la entrada en vigor de esta Ley tenga Nombramiento Provisional, continuará en la función que desempeña y será sujeto de la evaluación establecida en el artículo 52 de la presente Ley. Al personal que obtenga resultados suficientes en dicha evaluación, se le otorgará Nombramiento Definitivo y quedará incorporado al Servicio Profesional Docente conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Será separado del servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según sea el caso, el personal que:

I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación;

II. No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, o

III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previsto en el artículo 53”

Además de que se trata de evaluaciones estandarizadas, que consideran las características, particularidades y necesidades de cada entidad y región del país. Evaluaciones aplicadas bajo amenaza que están diseñadas para no ser aprobadas.

El linchamiento mediático de los últimos años ha sido brutal y la libertad de expresión del magisterio se ha pretendido coartar, quienes se oponen a las medidas punitivas de la mal llamada reforma educativa, en el mejor de los casos, han sido separados de sus empleos, y en el peor han sido levantados y desaparecidos.

“La aplicación sesgada de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) por parte de las autoridades educativas federales y estatales ha dado lugar al cese de docentes de la escuela pública, en diferentes estados del país. Aunque no se cuenta con un censo actualizado sobre los afectados, ni se tienen datos precisos acerca de la cantidad de trabajadores de la educación que fueron retirados, unilateralmente, de su trabajo, se estima que hay más de 500 profesores que han sido víctimas de este tipo de atropellos en México....

Específicamente y en forma lamentable, en el caso de Querétaro, el coordinador general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Enrique de Echavárri, recalcó, en febrero pasado, que “no habrá reinstalación de docentes dados de baja el año pasado”, al referir que el tema está cerrado y agotado. Cabe señalar que Querétaro es la entidad donde profesores organizados exigen la reinstalación de 127 maestros, que fueron cesados por no presentarse a las diferentes etapas de evaluación del desempeño, contempladas por la LGSPD, principal instrumento jurídico de la llamada “reforma educativa”.1

Se trata sin duda de una reforma laboral más que de una educativa, misma que ha afectado a todos los trabajadores de la educación, lo que se advierte claramente en los artículos 3o. y 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente (que constituye la esencia de la reforma educativa, centrándose únicamente en el personal docente):

“Artículo 3o. Son sujetos del servicio que regula esta ley los docentes, el personal con funciones de dirección y supervisión en la Federación, los Estados, el Distrito Federal y Municipios, así como los Asesores Técnico-Pedagógicos, en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado.

Artículo 52. Las Autoridades Educativas y los Organismos Descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado.

La evaluación a que se refiere el párrafo anterior será obligatoria...”

A partir de la lectura de estos preceptos se advierte claramente su aplicación retroactiva, idea que se complementa con lo dispuesto en el artículo octavo transitorio ya mencionado.

“Con lo anterior se demuestra que todos serán sujetos a esta evaluación, siendo retroactivo para las personas que tienen nombramiento definitivo y entrando en contradicción con la disposición del artículo 14 constitucional, que establece que ninguna ley dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, vulnerando de esta forma el principio de irretroactividad de la ley —el cual debe prevalecer—, ya que de lo contrario afectaría otro principio fundamental, que es el de la supremacía constitucional, que señala que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución...

Otra situación incongruente es que las evaluaciones que se realizan son subjetivas, y no engloban lo verdaderamente necesario para determinar la idoneidad de un docente, agregando a lo anterior que las autoridades que los evalúan no son puestas conforme al currículo, sino a compadrazgos....” 2

La oposición a la reforma educativa y a su evaluación punitiva es generalizada entre todo el magisterio, las y los profesores que se negaron a convalidar ese engaño y simulación de reforma, lo hicieron en un acto de reclamo al respeto de sus derechos y de su dignidad, que es en efecto el origen, la esencia y el fin de todos los derechos humanos.

La separación de las y los profesores de sus empleos por oponerse a una evaluación inconstitucional e ilegal resulta una grave violación a sus derechos fundamentales, misma que no puede tolerarse ni mucho menos continuar; en morena estamos ciertos de que se requiere una verdadera y auténtica reforma educativa, que en primer lugar reconozca y fortaleza la labor docente, para así contar con una educación pública, integral, laica, gratuita, científica y popular, que contribuya a la transformación de nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, al titular de la Secretaría de Educación Pública, y a las autoridades educativas de todas las entidades federativas, a reinstalar de manera inmediata a las y los trabajadores de la educación que unilateralmente han sido separados de sus empleos, por no haberse sujetado a los procesos de evaluación a que hace referencia la fracción III del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Servicio Profesional Docente, en virtud de que dicha separación es inconstitucional e ilegal, al estar sustentada en disposiciones violatorias de sus derechos humanos laborales, así mismo para que les sean realizados los pagos de todos sus salarios y demás prestaciones de que fueron privados desde su cese y hasta la reinstalación correspondiente.

Notas

1 https://www.sdpnoticias.com/nacional/2018/07/11/cesados

2 Morales Sandoval, Miguel Ángel.

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-de rechos/article/view/12024/13761

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputada Adela Piña Bernal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Conapred a formular las recomendaciones pertinentes por el presunto acto de discriminación que menoscaba la dignidad de las indígenas de El Pueblito, Querétaro, dadas las referencias a ellas como “inditas” a través de El Universal de la entidad el 27 de septiembre de 2018, a cargo de la diputada Irma Juan Carlos, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Irma Juan Carlos, diputada federal de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que en el ámbito de sus atribuciones, a realizar las recomendaciones pertinentes por el presunto acto de discriminación que menoscaba la dignidad de las mujeres indígenas de la localidad El Pueblito, en Querétaro, al referirse a ellas como “inditas” a través del medio de comunicación El Universal Querétaro, de fecha 27 de septiembre de 2018, al tenor de lo siguiente

Exposición de Motivos

Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes como lo son la Ley federal para Prevenir la Discriminación; Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Por lo que hace a los tratados podemos señalar: La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo.

De igual manera, la aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.1

Un derecho humano fundamental es el derecho a la igualdad y prohibición a la discriminación, en este sentido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que “todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes.

Se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado motivado por razones del origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De igual manera, queda prohibida toda práctica de exclusión que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos consagrados en nuestro orden jurídico.

En México los títulos de nobleza, privilegios u honores hereditarios no tendrán validez.2

Entrando en contexto, el día 27 de septiembre de 2018 se publicó en el medio de comunicación El Universal Querétaro un encabezado que a letra dice: Inditas buscan transcender , lo cual es una clara violación a los derechos humanos de las mujeres de la región de El Pueblito, en Querétaro . El encabezado, se acompaña de una fotografía en donde se observa a una mujer artesana de esa localidad, presentada en la portada del periódico.

La Constitución en su artículo primero, párrafo quinto, señala que:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Además, la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación que señala en su artículo primero, fracción tercera que, la discriminación es:

“Para los efectos de esta ley se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo;

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia”.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) realizada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), en México cuatro de cada diez personas sufren de discriminación. En el marco de las comunidades y pueblos indígenas3 se señalan lo siguiente:

• Los principales ámbitos donde las personas indígenas y las que tienen alguna discapacidad percibieron haber sido discriminadas en el último año, son los servicios médicos, la calle o transporte público, y en la familia.

• El 40.3 por ciento de la población indígena declaró que se le discriminó debido a su condición de persona indígena.

• El 57.1 por ciento de las mujeres de 18 años y más que se ocuparon en el último año como trabajadoras remuneradas del hogar declaró que en el país se respetan poco o nada sus derechos; le siguen en porcentaje la población indígena y personas con discapacidad.

• De la población indígena de 12 a 29 años:

– El 24.2 por ciento declaró haber sido discriminada por al menos un motivo o rasgo. En el caso de las mujeres, se trató del 24.7 por ciento.

– Al hablar de esta población indígena y que además pertenece al grupo de la diversidad religiosa, el 34.3 por ciento señaló haber sido discriminada.

– Cuando además se reportó con alguna discapacidad, la población que declaró haber sido discriminada representa el 32.9 por ciento, y cuando se suma la característica de ser mujer, el porcentaje se incrementa significativamente a un 51.7 por ciento.

• De la población indígena de 60 años y más:

– Un 26.7 por ciento señaló haber sido discriminada en el último año, debido a algún motivo o característica de su personalidad.

– Cuando esta misma población se reporta como parte de la diversidad religiosa, la prevalencia de discriminación es del 38.7 por ciento, incrementándose al referirse al grupo de mujeres con estas mismas características a un 41.1 por ciento.

– Por su parte, cuando se reporta con alguna discapacidad, el porcentaje que declaró discriminación en el último año, fue del 33.5; adicional si es mujer este dato representa el 33.6 por ciento.

El trato discriminatorio llega hasta los medios de comunicación, donde, por ejemplo “las mujeres indígenas suelen presentarse como sumisas y desvaloradas”, señala el Conapred.4

En este sentido el papel de los medios de comunicación para combatir o fomentar cualquier forma de discriminación es vita, ya que los medios de comunicación como la radio, la televisión, el internet, los periódicos transmiten y generan ideas de la gente, con ello, se vuelven referentes de información de la población en su cultura, sus costumbres, su ideología, etcétera.

En algunos casos con la utilización del lenguaje y/o las imágenes los medios de comunicación reproducen y fomentan las formas de discriminación hacia ciertos sectores de la población, en este caso, hacia las mujeres, en caso, a las mujeres indígenas, reproduciendo estereotipos de género y de contenido ofensivo, discriminatorio y degradante para la mujer.

El lenguaje puede ser discriminatorio o puede utilizarse para discriminar, señala Héctor Islas Azaïs, del Conapred. La manera más obvia “es con apelativos ofensivos empleados para descalificar, tratar como inferiores o insultar a individuos o grupos particulares como “visionudos”, “maracas”, “chachas”, “indios”, “negrines”,5 entre otros.

Los estereotipos encierran un conjunto de creencias, por ejemplo, en muchos lugares de país se piensa que el mexicano es una persona que trae sarape y sombrero dormido junto a un nopal, uno de los estereotipos más usuales en nuestro país es el que se ha generado alrededor de la palabra “indio”, las connotaciones que ha adquirido a lo largo de nuestras historia, señala Héctor Islas Azaïs, son múltiples, señala: que son pobres, casi no hablan español, viven en zonas rurales como campesinos, son herederos del pasado glorioso que contrasta con su actual condición de marginación y degradación, necesitan asistencia, son dóciles (si se levantan lo hacen liderados por un blanco o un mestizo), quieren seguir viviendo de acuerdo a su pasos (quieren seguir viviendo como indios),6 etcétera.

Además, referirse en diminutivos implica de manera directa una forma de discriminación, por ejemplo, el documento denominado 10 Criterios básicos para eliminar el lenguaje sexista en la administración pública federal7 señala que decir “los inditos...” no es necesario recurrir a diminutivos para mostrar respeto, en todo caso, lo correcto es “los pueblos indígenas...” .

El lenguaje discriminatorio no se puede normalizar, usar expresiones como “joto”, “negro”, “puñal”, “indito” o en este caso “inditas”, no debe ser una práctica cotidiana, menos cuando estas sean propagadas por los medios de comunicación. Al contrario, los medios de comunicación deben ser un instrumento para disminuir y erradicar el lenguaje discriminatorio, según una resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,8 señala que “...resulta claro que, a través de los medios de comunicación, los líderes de opinión despliegan sus ideas, convirtiéndose así en los sujetos a quienes se atribuye la misión de elaborar y transmitir conocimientos, teorías, doctrinas, ideologías, concepciones del mundo o simples opiniones, que constituyen las ideas o los sistemas de ideas de una determinada época y de una sociedad específica, valiéndose de la persuasión y no de la coacción. En consecuencia, los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la formación de una cultura pública que propicie la disminución y, en última instancia, la erradicación de discursos discriminatorios, ya que tienen un papel clave que desempeñar en la lucha contra los prejuicios y los estereotipos, y por lo tanto pueden contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades para todos”.

Además, el Conapred elaboró y difundió un Manual de Periodismo Escrito sin Discriminación, toda vez que, para éste Consejo, “los medios de comunicación hoy día forman una parte indisoluble del sistema democrático moderno. No hay como concebir democracia sin una prensa y medios de comunicación libre y vigorosa”.9

Por su parte, el manual señala que “lenguaje, materia prima indispensable del periodismo, es el andamio que sostiene los estereotipos, prejuicios negativos y estigmas, que se transforman en prácticas de injusticia, exclusión social y violación de derechos. Un lenguaje discriminatorio cumple la doble función de construir y confirmar la “inferioridad” de individuos y grupos, como las personas homosexuales, con obesidad, las trabajadoras sexuales y las del hogar porque les adjudica, de manera consciente o no, valores negativos”.10

En resumen:

• La Constitución Política de os Estados Unidas Mexicanos y las legislaciones secundarias garantizan y protegen la no discriminación en ninguna de sus formas.

• No es correcto utilizar un lenguaje despectivo, peyorativo o subjetivo, menos aún, en el ámbito público a través de un medio de comunicación.

• El lenguaje discrimina, sea emitido por cualquier persona, máxime por un medio de comunicación que tiene mayor impacto y que en todo caso debe ser un instrumento para erradicar dichas prácticas discriminatorias del lenguaje. En este caso se llaman “mujeres indígenas” no “inditas”.

• Existe una doble discriminación, uno por ser mujer y otra por ser de un grupo vulnerable.

• Nada justifica que se generalice la palabra “inditas” como una expresión “amigable” o “sin mala fe” o “porque así se llaman entre ellos”.

• La publicación viola los derechos humanos y es un acto de discriminación, toda vez que el encabezado de la publicación con intención o sin ella menoscaba la dignidad de las mujeres de El Pueblito, en Querétaro, por su origen étnico.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las recomendaciones pertinentes por el presunto acto de discriminación que menoscaba la dignidad de las mujeres indígenas de la localidad El Pueblito, en Querétaro, al referirse a ellas como inditas a través del medio de comunicación El Universal Querétaro, de fecha 27 de septiembre de 2018.

Notas

1 Visto en http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos octubre de 2018.

2 Visto en http://www.cndh.org.mx/Cuales_son_Derechos_Humanos octubre de 2018.

3 Visto en http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/
EstSociodemo/ENADIS2017_08.pdf Octubre de 2018

4 Visto en
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=3026&id_opcion=108&op=214 octubre de 2018.

5 Visto en
https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=1793&id_opcion=273&op=448 septiembre de 2018

6 Visto en
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/CI004.pdf septiembre de 2018

7 Visto en http://www.poderjudicialmichoacan.gob.mx/web/atencion/contenido/docs/
10%20criterios%20b%C3%A1sicos%20para%20eliminar%20el%20lenguaje%20sexista.pdf septiembre de 2018

8 Visto en https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2003/2003642.pdf octubre de 2018

9 visto en https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=4812&id_opcion=&op=447 octubre de 2018

10 visto en https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/EscritoSinD-WEB-Accss.pdf octubre de 2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2018.

Diputada Irma Juan Carlos (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del cuadragésimo cuarto aniversario de la declaratoria como Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo de la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del PES

La suscrita, diputada federal Adriana Paulina Teissier Zavala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XI, 62, numeral 2, y 76, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a consideración de esta soberanía la siguiente efeméride, al tenor de los siguientes

Considerandos

El historiador Raymundo Pérez Tapia reseña que Quintana Roo surgió como un legado del régimen porfirista en el año 1922, cuando por decreto emitido por el general Porfirio Díaz, se creó un territorio federal en el sureste, dividiendo con ello al estado de Yucatán. A dicho territorio le fue conferido el nombre del caudillo insurgente Andrés Quintana Roo.

La guerra de castas, demostró la incapacidad plena del gobierno de Yucatán para someter a los indios mayas. El territorio surgió, entre otros factores, con la finalidad de que el ejército de la federación pudiera hacer frente a los indios y pacificar la región.

Al ser el territorio una dependencia federal, recibía recursos económicos directos de la federación, y su gobierno era también responsabilidad del Estado, que era encomendado al Jefe Político del Territorio de Quintana Roo, recuerda Pérez Tapia.

El presidente Luis Echeverría dio Quintana Roo un periodo de prueba para experimentar su capacidad de autogestión y sostenimiento económico. Fue hasta 1972 cuando se decretó íntegramente al territorio como zona libre por un periodo de ocho años.

La capital del estado se situó en el municipio de Othón P. Blanco, en la Ciudad de Chetumal.

El martes 8 de octubre de 1974 se publicó en el Diario Oficial de la Federación1 la reforma Constitucional al artículo 43 para adicionar al estado de Quintana Roo al territorio nacional. En su artículo segundo transitorio se establece que el Estado de Quintana Roo tendrá la extensión territorial que comprende actualmente.

Los límites fijados para el estado fueron: La porción oriental de la Península de Yucatán, limitada por una línea divisoria que partiendo de la costa norte del Canal de Yucatán, sigue el meridiano 87 grados, 32 minutos, longitud oeste de Greenwich, hasta cortar el paralelo 21 grados, y de allí continúa hasta encontrar el paralelo que pasa por la torre sur de Chemax, veinte kilómetros al oriente de este punto, llega después al vértice del ángulo formado por las líneas que dividen los Estados de Yucatán y Campeche ?cerca de Put? que se localiza en el meridiano 19 grados, 39 minutos, 07 segundos de latitud norte y 89 grados, 24 minutos, 52 segundos de longitud oeste de Greenwich y desciende al sur hasta el paralelo límite de las Repúblicas de México y Guatemala, y las islas de: Cozumel, Cancún, Mujeres, Blanca y Contoy, situadas en el Mar Caribe y la de Holbox en el Golfo de México, así como las islas, islotes, cayos y arrecifes adyacentes a su litoral 8. La división interna del estado se estableció en siete municipios libres: Othón P. Banco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cozumel, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez e Isla Mujeres.

El decreto facultó al Ejecutivo federal para presentar una terna al Senado de la República a fin de nombrar un gobernador provisional en el estado de Quintana Roo. Fue elegido el licenciado David Gustavo Gutiérrez Ruiz, originario de Tabasco, para tal cargo, con la instrucción de convocar a la elección de una legislatura constituyente integrada por siete diputados propietarios y siete suplentes.

Las elecciones al Congreso Constituyente se verificaron el día 20 de noviembre de 1974, y la legislatura quedó conformada por los diputados: Pedro Joaquín Coldwell, Gilberto Pastrana Novelo, Abraham Martínez Ross, Alberto Villanueva Sansores, Sebastián Estrella Pool, Mario Bernardo Ramírez Canul y José Flota Valdez. La primera sesión de la Constituyente se celebró el día miércoles 25 de diciembre de 1974. El propósito fundamental de la Legislatura Constituyente era promulgar la primera Constitución Política del Estado de Quintana Roo, dicha Norma Suprema fue promulgada en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo el día 12 de enero de 1975.

Encuentro Social celebra que la más joven de las entidades federativas conmemore un aniversario más de su ascenso a estado de la unión; hace votos porque el progreso avance hacia la mejora de la vida de todas y todos, a que la democracia se consolide, y a tener un estado con una economía sólida y pujante.

Reiteramos nuestra voluntad para que a Quintana Roo le vaya bien.

Nota

1 http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?cod_diario=203140&pagin a=5&seccion=0

Diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (rúbrica)

Con motivo del 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

En el Grupo Parlamentario del PT conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental, observado el 10 de octubre de cada año desde 1992. La fecha fue instituida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con dos grandes objetivos: generar conciencia respecto a los problemas de salud mental que prevalecen en todo el mundo; e impulsar acciones en materia de prevención y atención.

Este tipo de esfuerzos, además de ser armónicos con las directrices de nuestra fracción parlamentaria, están sustentados en el orden jurídico vigente. El artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primera porción normativa dispone a la letra que: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por otro lado, en términos del artículo 1o. Bis de la Ley General de Salud, la salud consiste en un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.

Para 2018 el tema central elegido es: “Los jóvenes y la salud mental en un mundo en transformación”. Lo anterior, en atención a la relevancia de los cambios que se experimentan en la adolescencia y los primeros años de la edad adulta, tales como incursionar al mercado laboral o ingresar a la educación media superior y superior.

Asimismo, se toman en cuenta cuestiones como las tensiones que puede generar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación; el contexto social donde se desenvuelven; en su caso, las emergencias humanitarias (conflictos, desastres naturales y epidemias, entre otras); y por supuesto, escenarios que los hacen vulnerables a la angustia y padecimiento de enfermedades mentales.

Para poner en relieve la magnitud del día que conmemoramos basta señalar que, de acuerdo con la OMS, aunque las enfermedades mentales se presentan antes de los 14 años, en la mayoría de los casos no son detectadas ni tratadas oportunamente. Se trata de una problemática mayúscula, así lo demuestra el hecho de que el suicidio y la depresión son la segunda y tercera causa, respectivamente, de morbilidad entre adolescentes.

Otra problemática de las personas de 15 a 29 años es el uso nocivo del alcohol y de drogas ilícitas, mismas que pueden generar comportamientos peligrosos, destacando prácticas sexuales de riesgo, embarazo en adolescentes, deserción escolar, violencia familiar, accidentes de tránsito terrestre y trastornos alimenticios, todos en detrimento de su óptimo desarrollo, así como de la economía de las familias mexicanas y del propio Estado.

El panorama se agrava aún más si tenemos en cuenta que, según la propia OMS, la depresión afecta a más de 300 millones de personas a escala mundial. Este padecimiento puede causar sufrimiento y alteraciones en el ámbito familiar, laboral y académico. En escenarios extremos puede culminar en suicidio, al respecto, se estima que cada año se suicidan alrededor de 800 mil personas.

México no está exento de este complejo panorama. Debido a factores como la depresión, condición económica, ansiedad, violencia e inseguridad, el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública (los casos aumentaron constantemente del periodo de 2012 a 2016). Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante 2016 ocurrieron 6 mil 291 suicidios, cifra que representa una tasa de 5.1 suicidios por cada 100 mil habitantes.

El Inegi también indica que es entre los jóvenes de 20 a 29 años donde se registran las tasas más altas de suicidios, siendo sus principales causas los problemas familiares y amorosos, abuso de alcohol y drogas, ansiedad y depresión. Entre las personas de 20 a 24 años, la tasa asciende a 9.5 por cada 100 mil habitantes y en las de 25 a 29 años, de 8.2.

Nuestro país ocupa los primeros lugares de embarazos en adolescentes a nivel internacional, los que son de alto riesgo debido a que se trata de una etapa compleja para el ser humano, debido a que el organismo pasa por múltiples cambios físicos, biológicos, psicológicos, mentales sociales y sexuales. Las madres adolescentes (con mayor posibilidad de dar a luz un hijo con bajo peso o prematuro) registran los peores indicadores de salud materno-infantil, respecto a las de mayor edad.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental 2018, los integrantes del Grupo Parlamentario del PT nos adherimos a los fines de la fecha y hacemos el llamado a fomentar una cultura de la prevención entre la población mexicana, desde el seno familiar y las aulas de todos los niveles educativos, hasta los centros laborales y la sociedad en general.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)