Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo relativo a bajar los recursos del Fonden para San Felipe en Mexicali, Baja California, suscrito por los diputados Marina del Pilar Ávila Olmeda y Erik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario de Morena.

Los proponentes, diputados Marina del Pilar Ávila Olmeda, y Erik I. Morales Elvira, diputados por el estado de Baja California, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, fracción II, III, y numeral 2, Y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) fue creado el 13 de junio del 2003 a través de publicación en el Diario Oficial de la Federación; este fondo tiene como principal objetivo atender los estragos ocasionados por los desastres naturales cuando la magnitud de éstos supere las capacidades económicas y logísticas de las Entidades Federativas.

El 10 de octubre de 2003 se publicó un acuerdo en el que se establecieron las reglas de operación, entre éstas destacan los recursos otorgados tanto a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el objetivo de destinarlos para realizar las acciones y los mecanismos necesarios tendientes a reducir los riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales sobre la vida y bienes de la población, los servicios públicos y el medio ambiente.

El 15 de agosto del 2006 se emprendieron modificaciones en las reglas de operación para que mejorara su procedimiento y se ampliara el número de proyectos, con la posibilidad de poder hacer uso de los recursos autorizados en caso de cancelación o desistimiento.

Desde su creación a la fecha, y con el objetivo de obtener los recursos necesarios, se ha incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación año con año. El manejo y la puesta en marcha de estos montos de operación es responsabilidad directa de la Secretaria de Gobernación.

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió este lunes una declaratoria de emergencia para los municipios de Ensenada y Mexicali, del estado de Baja California, por el inminente impacto del huracán “Rosa”.

Según los últimos comunicados, dicho huracán Rosa, ubicado en el Pacífico, ya es categoría 2 y ha originado tormentas de fuertes a muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, así como grandes inundaciones en Baja California.

Dicho huracán al día de hoy derrumbo carreteras originando oleajes de 2 a 4 metros en las costas occidentales de la península de Baja California.

Este martes, Baja California esta devastada, con entre 3 y 6 pulgadas de lluvia (7.6 a 15.3 cm), mientras que hay zonas que alcanzaron las 10 pulgadas (25 cm).

En san Felipe, en el mismo estado, aunque aún no se tienen cifras oficiales son muchas las familias afectadas en sus hogares quedando damnificadas por las pérdidas, 50% de las calles están inundadas, los centros de salud como el IMSS tuvieron severos daños, La infraestructura carretera también se vio seriamente afectada, como ejemplo, la carretera puertecitos- laguna de Chapala colapso.

Por lo que bajo ninguna circunstancia es admisible que los recursos del FONDEN se usen como botín político o como caja chica de algún gobierno, su entrega debe ser lo más rápida posible ya que sirve para atender a damnificados que fueron castigados por la naturaleza.

Por la ineficiencia de las autoridades locales al no saber cómo dotar de obras que resultan necesarias en épocas de lluvias en sus entidades, el día de hoy solicitamos que se entreguen dichos fondos a la brevedad para aminorar las afectaciones de dichos actos.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de acuerdo

Único. - Que esta soberanía exhorte al Titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, liberen a la brevedad posible los recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) destinados a atender la problemática que dejó las lluvias e inundaciones del huracán rosa en san Felipe, baja california.

Dado en Palacio Legislativo a 4 de octubre del 2018

Diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda (rúbrica)

Diputado Erik I. Morales Elvira (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sedesol a establecer mesas de diálogo con los representantes de las estancias infantiles en cada una de las 32 entidades federativas para considerar sus demandas y propuestas en la definición de las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles de 2019, suscrita por los diputados Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Óscar González Yáñez y José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

Los que suscriben, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Óscar González Yáñez y José Luis Montalvo Luna, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de que en todas sus decisiones y actuaciones se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Como parte de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el año 2015 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, nuestro país debe “velar porque todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.”

Proyecciones del Consejo Nacional de Población señalan que para el año 2018 la población de niñas y niños en México de 0 a 5 años será de más de 13 millones, lo que representa a más de 10 por ciento del total de la población a nivel nacional.

En nuestro país los padres de familia se enfrentan al enorme desafío de conciliar la búsqueda de opciones de empleo y desarrollo profesional sin descuidar el cuidado de sus hijos en una etapa crucial para su crecimiento y formación.

En ello radica la importancia y trascendencia de la presente proposición con punto de acuerdo, en virtud de que busca asegura la viabilidad de los programas de estancias infantiles para que los padres de familia puedan incorporarse al mercado laboral, y al mismo tiempo que los encargados de prestar este servicio cuenten con las mejores condiciones para desarrollar sus funciones a fin de propiciar un desarrollo adecuado de las y los niños beneficiarios de este servicio.

Debido al incremento de la participación de los padres y madres en el mercado laboral y la evidencia de la importancia de la estimulación y educación temprana, el cuidado de los niños en estancias infantiles durante la primera infancia se ha convertido en una prioridad mundial para promover el desarrollo infantil temprano (DIT).

En el contexto internacional, los programas de desarrollo infantil temprano (DIT) en niños menores de cinco años han demostrado resultados positivos para favorecer el aprendizaje temprano y las habilidades cognitivas, y alcanzar un mejor nivel de desarrollo. Además, entre los efectos a largo plazo de este tipo de programas, podemos destacar:

• Una mayor cantidad de individuos que concluyen sus estudios de preparatoria.

• Un mayor número de años estudiados.

• La obtención de mejores ingresos y una reducción en el crimen y embarazo durante la adolescencia.

• Desde el punto de vista macroeconómico, existen datos que indican una recuperación de 3 a 7 dólares por cada dólar invertido en menores de 5 años.1

En nuestro país, en el año 2006 se creó el Programa Estancias Infantiles (PEI) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como respuesta a la demanda de cuidado infantil.

Actualmente el Programa de Estancias Infantiles apoya hogares con al menos una niña, o un niño de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en casos de niños o niñas con alguna discapacidad, de acuerdo con lo siguiente: madres, padres solos, tutores o principales cuidadores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la Línea de Bienestar (LB) y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios.2

El Programa de Estancias Infantiles cuenta con la Modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil, el cual va dirigido a las personas físicas o personas morales, que deseen establecer y operar una estancia infantil, o que cuenten con espacios en los que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil para la población objetivo del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, conforme a los criterios y requisitos establecidos en las reglas de operación.3

Las estancias infantiles además de garantizar un cuidado de calidad de las niñas y los niños a los que brinda servicios, también permiten que las madres puedan incorporarse al mercado laboral con la certeza de que sus hijos estarán bien cuidados, lo cual sin duda crea un circulo virtuoso, debido a que al recibir un ingreso adicional se abona a mejorar la economía familiar y por ende a las condiciones y acceso a servicios que tendrán los menores.

El Programa de Estancias Infantiles contribuye de manera significativa a mejorar la economía familiar. Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señalan que, si dicho programa se interrumpiera, 34 por ciento de los beneficiarios tendría que dejar su empleo para poder atender a sus hijos.4 Datos de la Secretaría de Desarrollo Social señalan que hasta el mes de julio de 2018, las estancias infantiles habían atendido a 313 mil 450 niñas y niños.

El estudio Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil es el primero que se realiza en niños menores de tres años en ambiente de estancias infantiles y llegó a la conclusión de que: “el tiempo de permanencia en el PEI a partir de seis meses incrementa, de forma significativa y progresiva, la probabilidad de tener un desarrollo normal independientemente del sexo y edad.5

En días recientes los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo organizamos el foro Retos y desafíos para el fortalecimiento de las estancias infantiles, hacía una mayor protección de niñas y niños durante la primera infancia . En dicho evento se contó con la presencia de los representantes de las más de 9 mil 300 estancias infantiles que existen a nivel nacional.

Este foro tuvo como objetivo escuchar las propuestas y demandas de los representantes de las estancias infantiles, para darles el cauce institucional que contribuya a mejorar las condiciones bajo las que operan. Quién mejor que ellos que conocen el día a día del funcionamiento y necesidades que se requieren en sus centros de trabajo para definir las principales problemáticas a las que se les debe dar respuesta.

Los participantes señalaron diversas problemáticas que van desde la insuficiencia de los recursos entregados por el gobierno federal, hasta lo relacionado con excesivas cargas administrativas.

Por ejemplo, las estancias infantiles reciben 900 pesos mensuales por cada niña o niño que atienden o mil 800 pesos en el caso de niños con alguna discapacidad, cantidad que resulta insuficiente para sufragar sus gastos y lo que pone en riesgo la viabilidad operativa de estas instancias.

Durante el foro, los representantes de estancias infantiles expresaron sus principales propuestas para mejorar las condiciones bajo las que operan, entre las que destacan los siguientes aspectos:

• Aumento de recursos federales.

• Apoyo para el mejoramiento de la infraestructura de las estancias infantiles.

• Creación de un convenio con autoridades municipales y estatales para que no se les considere como guarderías privadas.

• Que los hijos de madres responsables de estancias infantiles puedan también ser beneficiarias del programa.

• Que los asistentes que han cumplido con las certificaciones puedan estar a cargo de la estancia infantil cuando no se encuentra el responsable.

• Que no restringa el derecho de las madres a afiliarse.

• Que los niños que han cumplido cuatro años puedan continuar siendo beneficiarios hasta que concluya el ciclo escolar.

• Redefinir con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) la naturaleza jurídica de las estancias infantiles.

En el foro Retos y desafíos para el fortalecimiento de las estancias infantiles, hacía una mayor protección de niñas y niños durante la primera infancia , los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo asumimos el compromiso de impulsar las acciones institucionales que contribuyan a mejorar las condiciones bajo las que operan las estancias infantiles. Es por ello, que hoy presentamos esta proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución.

Con estas acciones los legisladores del Partido del Trabajo reafirmamos nuestro compromiso para contribuir a un desarrollo adecuado de las niñas y los niños y garantizar el respeto de los derechos de los infantes. Estos asuntos representan una de las principales prioridades de nuestra agenda legislativa.

Garantizar el interés superior de la niñez no sólo es una obligación constitucional de los Poderes del Estado mexicano, sino también un compromiso de los legisladores del Partido del Trabajo. Estamos convencidos que al mejorar las condiciones de nuestros niños en la primera infancia es la clave para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, establecer mesas de diálogo con los representantes de las estancias infantiles en cada una de las 32 entidades federativas para que, en la definición de las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles 2019, sean consideradas sus demandas y propuestas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Desarrollo Social que, una vez que sea notificada de la presente solicitud, ésta sea atendida en un plazo no mayor a 5 días naturales.

Notas

1 Rizzoli-Córdoba A, Vargas-Carrillo LI, Vásquez-Ríos R, Reyes-Morales H, Villasís-Keever MA, O’Shea-Cuevas G, et al. “Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil”, Boletín Médico del Hospital Infantil de México, Volumen 74, Issue 2, Marzo – Abril de 2017, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665114616301642 > Consultado el 19 de septiembre de 2018.

2 “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, Secretaría de Desarrollo Social, <

https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/estancia s-infantiles-para-apoyar-a-madres-trabajadoras> Consultado el 19 de septiembre de 2018.

3 Ibíd.

4 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Evaluación de Procesos del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 2012, citado en “Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil”, op cit.

5 Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil”, op cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.

Diputados: Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Óscar González Yáñez, José Luis Montalvo Luna (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta soberanía a realizar acciones para restringir la compra y el empleo de productos plásticos desechables de un solo uso; y explorar la utilización de biodegradables o materiales como el vidrio en las actividades parlamentarias, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados instruye a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que realice las acciones necesarias a fin de restringir la compra y el uso de productos plásticos desechables de un solo uso, y explore al mismo tiempo la utilización de productos biodegradables o materiales como el vidrio en las actividades parlamentarias, con objeto de establecer mejores prácticas en el Palacio Legislativo que procuren el cuidado de la salud y el ambiente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que desde 1950 hasta la actualidad se han fabricado alrededor de 8.3 mil millones de toneladas de plástico. La producción global de este material se ha disparado en los últimos 50 años. Anualmente se producen 311 millones de toneladas a escala mundial. De hecho, algunas estimaciones señalan que para 2020 la producción de plástico superará 500 millones de toneladas, lo que implicaría un incremento de 900 por ciento comparado con 1980.1

II. Que este escenario se agrava con este dato: 90 por ciento del plástico generado en el mundo se deriva de recursos no renovables y, por tanto, su lento proceso de degradación genera daños considerables al ambiente y la salud de los seres humanos. Desafortunadamente, sólo 14 por ciento de estos plásticos se recoge para su reciclaje.

III. Que la situación en torno a este tema en el país también resulta complicada. De acuerdo con la Asociación Nacional de Industriales del Plástico, en México hay 4 mil empresas en el sector manufacturero de este material.2 La producción de plástico en el país se estima anualmente por encima de 600 mil toneladas, representando un incremento de 60 por ciento en los últimos 5 años.

IV. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) señala en el cuarto párrafo del artículo 4o.: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud (...)” y agrega, en el quinto párrafo del citado artículo, que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho (...)”.

V. Que además del reconocimiento constitucional que se les otorga a los derechos a la salud y al medio ambiente sano, existe una obligación por parte de las instituciones del Estado Mexicano para garantizar la protección efectiva de estos derechos humanos.

Esta obligación resulta aún más evidente si nos remitimos al contenido del artículo 1o. de la CPEUM: “En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte (...)”. Además, “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (...)”.

VI. Que es necesario que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus competencias, realice una serie de acciones concretas para restringir el uso de productos plásticos en sus instalaciones, sobre todo los plásticos denominados “de un solo uso”.

VII. Que acciones como éstas, contra los productos plásticos, tienen como objetivo promover buenas prácticas en la Cámara de Diputados. Sin duda, es necesario que se explore la posibilidad de utilizar vidrio o materiales biodegradables en los utensilios y productos que sean requeridos en las instalaciones de esta soberanía, en especial durante el desarrollo de las actividades parlamentarias como la sesión del pleno o de las comisiones legislativas.

VIII. Que así, los integrantes de la LXIV Legislatura estaríamos cumpliendo la obligación constitucional de proteger el ambiente y la salud de los mexicanos.

IX. Que para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la Cámara, el cuidado del ambiente es un compromiso prioritario con los ciudadanos, ya que desde la LXIII Legislatura hemos insistido en este mismo asunto a través de la presentación de un punto de acuerdo por la diputada Verónica Delgadillo y una iniciativa por el diputado Clemente Castañeda, y quedó plasmado en el eje 4 de nuestra agenda legislativa para el periodo 2018-2021.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados instruye a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que realice las acciones necesarias a fin de restringir la compra y el uso de productos plásticos, principalmente los denominados como artículos plásticos desechable de un solo uso; y explore al mismo tiempo, la utilización de productos biodegradables o materiales como el vidrio dentro de las actividades parlamentarias, con el objeto de establecer mejores prácticas dentro del Palacio Legislativo que procuren el cuidado de la salud y el ambiente.

Notas

1 https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/datos-s obre-la-produccion-de-plasticos/

2 González Vergara, David; Massimi Revelo, Santiago; Medina Montes, Areli; y Sánchez López, Alinari. Producción y consumo sustentable de bolsas plásticas, Careintra e ITESO, julio de 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.

Diputados: Tonatiúh Itzcóatl Bravo Padilla (rúbrica), Jacobo David Cheja Alfaro (rúbrica), Lourdes Celenia Contreras González (rúbrica), Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, Alan Jesús Falomir Sáenz (rúbrica), Jorge Alcibiades García Lara, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbrica), Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica), María del Pilar Lozano Mac Donald, María Libier González Anaya (rúbrica), Ana Priscila González García (rúbrica), Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (rúbrica), Julieta Macías Rábago, Kehila Abigail Ku Escalante (rúbrica), Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica), Dulce María Méndez de la Luz Dauzon (rúbrica), Carmen Julia Prudencio González (rúbrica), Juan Francisco Ramírez Salcido (rúbrica), Mario Alberto Rodríguez Carrillo (rúbrica), Ariel Vázquez Rodríguez (rúbrica), Eduardo Ron Ramos, Jorge Eugenio Russo Salido, Ruth Salinas Reyes (rúbrica), Juan Carlos Villarreal Salazar (rúbrica), Martha Angélica Zamudio Macías, Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Alberto Ramos Tamez.


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT y el comisionado general de la Policía Federal a llevar a cabo acciones para cumplir la NOM-012-SCT2-2017, en materia de la circulación de autotransporte de doble remolque; y hacer públicas las acciones realizadas al efecto, a cargo de la diputada Juana Carrillo Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Juana Carrillo Luna, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I; 79, numeral 1, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al comisionado general de la Policía Federal a llevar a cabo las acciones conducentes con objeto de dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017 en materia de la circulación de autotransporte de doble remolque, y hacer públicas las acciones realizadas para el cumplimiento de la misma, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El autotransporte federal representa uno de los activos de mayor relevancia para nuestro país, al participar con poco menos de 6 por ciento del producto interno bruto (PIB), y originando aproximadamente 2 millones de empleos directos.

A través de este medio de transporte se traslada 81 por ciento de la carga terrestre y poco más de la mitad de la carga nacional, además de mover casi la totalidad del transporte de pasajeros.

Su importancia radica, que a través de este medio de transporte se mueve una gran cantidad de insumos, los cuales son demandados por las diversas ramas que conforman el sector productivo, además de distribuir los productos terminados a lo largo y ancho de nuestro país, convirtiéndolo en un eslabón fundamental para el desenvolvimiento de numerosas cadenas productivas.

Otra variable que contribuye al fortalecimiento de este sector, se refiere a la cantidad de empleos, directos e indirectos que este sector utiliza a corto y mediano plazo, y al relevante movimiento de productos que terminan en los anaqueles de las tiendas de todas las escalas, desde la tienda de la esquina, hasta el gran centro comercial, que terminan en un sinnúmero de hogares de las familias de nuestro país, que son transportados a través de estas unidades.

Una de las características del sector del autotransporte mexicano, es que la regulación que reglamenta este medio de transporte, permite la circulación de unidades de doble remolque por un importante número de las autopistas de nuestro país.

Lo que nos convierte en el uno de los pocos países que permite la circulación de autotransporte de carga con dos remolques y, por ende, se permite el transporte de unidades con el mayor peso y dimensiones para el servicio de carga, lo que en los hechos ha dado como resultado un incremento en el número de accidentes carreteros, en donde se ven inmiscuidas este tipo de unidades, ocasionando un importante número de decesos que han enlutado los hogares de cientos de familias en nuestro país.

La regulación vigente en otras naciones como Estados Unidos de América, China, Corea del Sur, España, Francia, Chile y Argentina, establecen un peso máximo permitido de hasta 40 toneladas, además en Canadá se permiten hasta 55 toneladas como máximo.

Para regular a estas unidades contamos con la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal”,1 la cual tiene como finalidad establecer las características y/o especificaciones que deben reunir los vehículos de transporte a fin de garantizar la protección de las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios.

Es importante hacer énfasis en que la regulación del peso y dimensiones de los vehículos que transitan por las carreteras y puentes de jurisdicción federal comprende la atención de diversos temas, como son: la seguridad de todos los usuarios de la infraestructura; el daño a pavimentos y puentes; la competitividad del sector autotransporte y la protección al medio ambiente.2

Sin embargo, a pesar de contar con una norma oficial permisiva, que válgase la redundancia, permite la circulación de dobles remolques con peso de hasta 60.5 toneladas, pudiendo incrementarse, con la obtención de un permiso especial otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 20 toneladas adicionales, la norma sigue siendo violada al circular continuamente con sobrepeso y por vías de comunicación que no cuentan con el material y la estructura necesarias para soportar el paso de estas pesadas unidades.

Esta situación, aunada a la operación de choferes sin la suficiente preparación o con largas jornadas de trabajo, han ocasionado múltiples accidentes a lo largo de la geografía nacional, provocando lamentables pérdidas humanas y daños materiales cuantiosos.

El número de accidentes se ha ido incrementando en lo que va del presente año 2018, se tienen registrados oficialmente, lo que implica que puede existir un mayor número de casos con los no registrados, 273 accidentes en los que se han visto inmiscuidos camiones con doble remolque, dando como resultado 188 personas fallecidas y 304 lesionados.

Las principales vías de comunicación donde suceden estos accidentes se ubican en las entidades de Veracruz, Tamaulipas, estado de México, Sinaloa y Michoacán.3

La sociedad civil también se ha manifestado en contra de esta regulación en donde, a través de la plataforma change.org, se han registrado aproximadamente 170 mil firmas que solicitan la prohibición de estas unidades.

En el Grupo Parlamentario de Morena, como parte de la cuarta transformación, queremos anteponer la seguridad de la ciudadanía a cualquier interés económico, consideramos moralmente inaceptable e insultante que con el objetivo de alcanzar ganancias económicas extraordinarias, se ponga en peligro la vida de miles de personas que circulan por las carreteras nacionales, y que tienen que “compartir” esta vía con estas unidades.

Es necesario recalcar y hacer énfasis que no estamos en contra de fomentar la productividad y el crecimiento de las empresas, pero sí consideramos inaceptable que se obtengan estas ganancias, poniendo en riesgo la seguridad de nuestras familias que circulan por estas vías de comunicación.

Por estas razones, convocamos a iniciar un nuevo diálogo nacional que busque definir las estrategias necesarias para minimizar los riesgos y tomar las decisiones pertinentes en esta materia, un diálogo que incluya la voz de las diversas empresas de autotransporte, de investigadores, de las familias afectadas, de legisladores, de las empresas usuarias de estas unidades, etcétera.

Sin embargo, como un primer paso considero imperativo el que se cumpla con lo dispuesto en la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, con objeto de evitar los abusos que actualmente se cometen por algunos autotransportistas, a la par de iniciar el dialogo mencionado en el párrafo anterior.

Por lo anterior me permito someter a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al comisionado general de la Policía Federal, a llevar a cabo las acciones conducentes con objeto de dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017 en materia de la circulación de autotransporte de doble remolque, y hacer públicas las acciones realizadas para el cumplimiento de la misma.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a convocar de forma inmediata a un diálogo nacional que busque definir las estrategias necesarias para minimizar los riesgos y tomar las decisiones pertinentes ante el riesgo que ocupa la circulación de unidades con doble remolque en las vías de comunicación nacional.

Notas

1 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508944&fecha=26/12/2 017

2 Ídem.

3 https:www.radioformula.com.mx Ya van 273 accidentes con doble remolque, Bimbo la que más registra.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.

Diputada Juana Carrillo Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al gobierno federal a incluir en el posicionamiento mexicano, en el contexto de la celebración de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, del 1 al 6 de octubre de 2018, el avance específico en las disposiciones de control de la oferta respecto a dicho convenio, en particular las acciones emprendidas en defensa de los productores nacionales de tabaco, suscrita por integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI y Morena

Los suscritos, diputados Martha Elena García Gómez, José Ramón Cambero Pérez, Margarita Flores Sánchez, Miguel Pavel Jarero Velázquez, Miriam Citlalli Pérez Mackintosh, María Geraldine Ponce Méndez, Carmina Yadira Regalado Mardueño y Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, diputados de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y de Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

El sector tabacalero ha sido históricamente una fuente importante de generación de empleos, riqueza y desarrollo en el país. Ésta planta ha estado presente en América desde épocas precolombinas y su consumo implica desde cuestiones culturales hasta supuestas propiedades medicinales. De hecho, se consideraba mercancía muy valiosa durante las épocas de la conquista, y los europeos no tardaron en trasladarla al otro lado del atlántico, con lo que comenzó su expansión.

El tabaco se produce actualmente en más de 100 países, y representa un impulsor para las economías de todos ellos, siendo la principal fuente de ingresos para el sector agrícola en algunos de ellos. Por lo que respecta a México, históricamente hemos sido uno los principales productores de tabaco. El tabaco es un producto que ha acompañado a México en su historia y desarrollo. Desde antes de la llegada de los europeos al continente americano, los indígenas ya lo consumían ya fuera como parte de sus eventos ceremoniales o como un hábito de su vida diaria.

El cultivo de esta planta representa el principal ingreso agrícola en el estado de Nayarit, y es un cultivo relevante en los estados de Veracruz, Chiapas, Guerrero y Tabasco. Más de 15 mil agricultores mexicanos viven de la siembra del tabaco, produciendo los insumos para una industria que en el País genera la principal fuente de ingresos para más de 30 mil personas.

México, en 2004 suscribió el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, comprometiéndose con ello a implementar medidas de restricción al acceso de estos productos. Así, en los últimos años, se han instaurado en el país regulaciones con distintos alcances tendientes a desincentivar el consumo de los productos de tabaco. A raíz de la promulgación de la Ley General para el Control de Tabaco el sector ha venido sufriendo, afectando fuertemente la generación de empleos y el bienestar económico de las regiones productoras.

En los últimos 15 años la producción anual de tabaco del país se ha reducido en más de dos terceras partes, pasando de 45 mil a 15 mil toneladas anuales, el equivalente aproximado a 343 millones de pesos de ingresos para los productores de tabaco, representando pérdidas millonarias para el sector y una baja en los empleos generados para los trabajadores del campo.

Como parte de la tendencia que impulsa el Convenio Marco de la OMS, en 2010 se reformó Ley de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) imponiendo un tributo de 35 centavos por cigarrillo, más un 160 por ciento sobre el valor total de la cajetilla.

Hasta 2010, el 99 por ciento de los cigarros que se consumían en el país eran legales y cumplían con todas las normas de salud y hacendarias. Sin embargo, a partir de 2011, el consumo de cigarrillos ilegales se elevó súbitamente, y pasó de un bien controlado 1 por ciento, hasta la participación que tienen hoy en día de 17 por ciento.

Los niveles impositivos que se establecieron con la reforma de 2010 a la Ley del IEPS, mismos que se proponen como un mínimo en el CMCT OMS buscaban desincentivar el consumo del producto y evitar que los jóvenes pudieran adquirirlo, sin embargo, el fenómeno de la ilegalidad ha impedido cumplir esos objetivos.

Particularmente en nuestro país, una mayor afectación a los productores de la hoja del tabaco podría resultar negativa si consideramos que los cárteles del narcotráfico muchas veces reclutan en sus filas a campesinos que, por diversas razones, han quedado en la ruina. Los agricultores que dependen de las ventas del tabaco podrían verse en este escenario, poniendo incluso en riesgo sus derechos humanos y su propia vida.

La importancia de continuar con el combate a las adicciones es innegable. La salud pública debe seguir siendo uno de los principales intereses de los gobiernos en sus diferentes órdenes. Sin embargo, también es cierto que las prácticas prohibicionistas y segregacionistas tienen importantes limitaciones que han llevado a su fracaso. Más allá de estigmatizar a los productores de tabaco, las políticas públicas para combatir el tabaquismo deben girar en torno a la prevención, particularmente en niños y adolescentes, así como al consumo responsable en los adultos que decidan fumar.

La próxima Conferencia de las Partes que tendrá lugar en Ginebra, Suiza del 1 al 6 de octubre de este año, en la cual una delegación mexicana participará, es una oportunidad para considerar este tipo de enfoque y tomar en cuenta la importancia del sector tabacalero como generador de empleos y una importante fuente de recursos para miles de familias en nuestro país. De ello depende la estabilidad y desarrollo económico y social de miles de personas cuyo único sustento es la producción de tabaco.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente propuesta de

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del gobierno federal para que, en el ámbito de sus competencias, y en el marco de la celebración de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, del 1 al 6 de octubre del presente, incluya en el posicionamiento de México el avance específico en las disposiciones de control de la oferta respecto a dicho convenio, particularmente las acciones emprendidas en defensa de los productores nacionales de tabaco, así como las medidas realizadas para cumplir con el artículo 17 relativas al apoyo a actividades alternativas económicamente viables.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 4 días del mes de octubre de 2018.

Diputadas: Martha Elena García Gómez (rúbrica), Margarita Flores Sánchez (rúbrica), Miriam Citlally Pérez Mackintosh, María Geraldine Ponce Méndez, Carmina Yadira Regalado Mardueño (rúbrica), Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (rúbrica).

Diputados: Miguel Pavel Jarero Velázquez (rúbrica), José Ramón Cambero Pérez.

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal y los 32 gobernadores a reforzar el fomento de campañas permanentes de lucha contra el cáncer de mama, promoviendo que el 19 de cada mes se considere “Día rosa, de la lucha contra el cáncer de mama”, así como a proyectar y destinar mayores recursos en la materia, a cargo de la diputada Laura Barrera Fortoul, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita Laura Barrera Fortoul, diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición, con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la principal causa de muerte a nivel mundial; en 2015 se calcula que provocó 8.8 millones de defunciones, y se identifican cinco tipos de cáncer responsables del mayor número de fallecimientos: cáncer pulmonar (1,69 millones de muertes), cáncer hepático (788 000 defunciones), cáncer colorrectal (774 000 muertes), cáncer gástrico (754 000 defunciones) y de mama (571 000 muertes).

El término cáncer engloba a un grupo de más de 100 diferentes tipos de la enfermedad que tiene como característica principal el rápido y desordenado crecimiento de células anormales.

Si bien todos estamos expuestos a padecer algún tipo de esta patología, desde los niños hasta las personas adultas mayores, en hombres y mujeres se han identificado tipos de cáncer comunes, así como otros exclusivos por sexo, aunque sin duda los tipos más frecuentes de cáncer son diferentes en el hombre y en la mujer.

Un tipo específico de gran mortandad a nivel mundial es el cáncer de mama.

Por sus características generales el cáncer de mama es una de las enfermedades que no hacen distinción entre la población de países desarrollados y en desarrollo y es el que tiene mayor presencia en las mujeres a nivel mundial, pues representa 16 por ciento de los tumores malignos diagnosticados. Otro dato relevante es que 69 por ciento del total de muertes por esta enfermedad se presentan en países en desarrollo donde la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas, dificultando su tratamiento exitoso

El cáncer de mama en etapas iniciales se presenta de manera subclínica en la mayoría de los casos, y generalmente es detectable por estudios de imagen (mastografía, ultrasonido y resonancia magnética) y en menor proporción por clínica (tumores palpables), por lo que la detección temprana sigue siendo el punto más importan ante de la lucha contra esta enfermedad, pues las posibilidades de curación son elevadas, en comparación con etapas más avanzadas y eso debe promoverse permanentemente.

Como cualquier otro tipo, el cáncer de mama comienza con la transformación de una sola célula, que puede tener su origen en agentes externos y en factores genéticos heredados. Al igual que otros tipos de cáncer, empieza con el crecimiento anormal o descontrolado de células, en este caso, de las localizadas en las mamas, principalmente en los conductos que llevan la leche hacia el pezón (cáncer de mama ductal), o en las glándulas que producen la leche (cáncer de mama lobulillares), motivo por el cual es más frecuente su presencia en las mujeres, aunque existen tumores malignos de mama menos comunes que afectan a los hombres, y aunque los índices de mortalidad son bajos, este género también tienen riesgo de desarrollarlo

Se ha detectado que cuenta con factores de riesgo de carácter comportamental y alimentario, similares de manera general a los causantes de las enfermedades crónico degenerativas más frecuentes que padecen los mexicanos, entre los que se encuentran el índice de masa corporal elevado, el consumo insuficiente de frutas y verduras, falta de actividad física y consumo de tabaco y alcohol, además de otros factores como la edad, la predisposición genética , no tener hijos o tener el primero después de los 35 años de edad, no dar leche materna y llevar una vida sedentaria.

En el caso específico de la obesidad, esta genera cambios hormonales que inciden en el crecimiento celular desordenado y se le relaciona, además del cáncer de mama, con otros tipos como el cáncer de endometrio, páncreas, riñón, colon y vesícula.

Respecto al cáncer de mama en México, en 2016 se observaron 16 defunciones por cada 100, 000 mujeres de 20 años y más, principal causa de mortalidad por tumores malignos en mujeres de 20 años y más, aunque cabe reiterar que no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. Durante el periodo de 2011 a 2016, el cáncer de mama se encuentra entre los cinco principales tipos de cáncer que sobresalen como causa de mortalidad en la población de 30 a 59 años.

Si bien el cáncer no es muy común en adultos jóvenes, existen varios tipos que pueden desarrollarse en ese periodo de la vida. Entre población de los de 26 a 29 años se observan cánceres cervicales, de mama y colon, cuya tendencia se incrementa con la edad.

El cáncer de mama destaca como la tercera causa de muerte por tumores malignos; en las mujeres se observa el mayor impacto en comparación con los varones, debido a que dos de cada 10 fallecimientos femeninos por cáncer se deben a esta enfermedad;

Ante este panorama, en el mes de octubre se lleva a cabo una campaña internacional, aumentando la atención y el apoyo prestados a la concientización, detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos.

Durante este mes, y en específico el día 19, se invita a portar un listón o moño rosa, que es el símbolo internacional usado por personas, compañías y organizaciones que se comprometen a crear conciencia sobre el cáncer de mama y mostrar apoyo moral a las mujeres con esta enfermedad, este distintivo se deriva del listón rojo relacionado con la concientización del sida.

En los últimos años se han intensificado actividades que se realizan en apoyo a las personas que sufren dicha enfermedad, en donde más allá de promover campañas de prevención y detección oportuna, con base en la autoexploración y mastografía, se encuentran otras estrategias de fomento y erradicación de esta enfermedad tabú, como las carreras deportivas, la iluminación en color rosa de edificios emblemáticos, congresos médicos, conferencias y demás estrategias de concientización.

Entre las políticas que el titular del Poder Ejecutivo Nacional en México promovió durante su mandato, fueron campañas de lucha contra esta patología. En el mes de octubre del año 2017 el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, encabezó la ceremonia en la que se encendió, en la Ciudad de México, el lazo rosa humano denominado “Lazo México”, conformado por alrededor de 15 mil trabajadores del Sector Salud, con el que arrancó la campaña contra el cáncer de mama en el “Mes de Sensibilización del Cáncer de Mama”

Tomando como un claro ejemplo de concientización adoptada sobre casos sensibles que deben promoverse entre la sociedad, se encuentra también el “Día Naranja” en donde en todo el mundo, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, decretado oficialmente por Naciones Unidas en 1999.

Actualmente este movimiento se celebra no solo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes y forma parte de una gran campaña denominada como “Campaña Naranja Únete, la cual fue puesta en marcha en 2008 por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de generar consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.

Es fundamental que el tema del cáncer, en cualquiera de sus tipos y vertientes, sea un asunto esencial de las agendas políticas y gubernamentales en México, en especial el cáncer de mama. Desde el Congreso de la Unión y los Congresos Locales, las y los legisladores debemos ser el ejemplo en procuración y fomento, desde nuestras trincheras e instalaciones de trabajo, de campañas y políticas permanentes de lucha contra el cáncer de mama, aunado a que debemos procurar, así como a proyectar y destinar mayores recursos para su atención.

En este sentido, consideramos oportuno también, que sea el día 19 de cada mes, y no sólo en el mes de octubre, fecha nacional en que se promuevan campañas y estrategias de concientización, prevención y detección oportuna y tratamiento de este tipo de cáncer.

Con el establecimiento de un “Día Rosa, de la lucha contra el cáncer de mama” desde el Congreso de la Unión y los Congresos estatales, será un paso importante para contribuir a la erradicación en el territorio nacional de este cáncer, que además significa un tema tabú que aún prevalece en regiones de nuestro país para con la autoexploración, así como la detección y tratamiento.

Derivado de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal y a los gobernadores de las 32 entidades federativas a reforzar el fomento de campañas y políticas permanentes de lucha contra el cáncer de mama, promoviendo que el día 19 de cada mes sea considerado el “Día Rosa, de la lucha contra el cáncer de mama” así como a proyectar y destinar mayores recursos en sus respectivos presupuestos anuales.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República y a las y los presidentes de los Congresos locales para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y responsabilidades, promuevan en sus instalaciones, de manera periódica y pública, campañas de concientización, prevención y detección oportuna, del cáncer de mama.

Fuentes

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (2016) ¿Qué es el Día Naranja y por qué se conmemora? Consultado a través de https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-el-dia-naranja-y-por-que-se -conmemora?idiom=es

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (2018) Cáncer de mama, consultado a través de http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/cancer-mama

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2018). Comunicado de prensa número 61/18, 2 de febrero de 2018 “Estadísticas a propósito del Día Mundial Contra el Cáncer (4 de febrero)” consultado a través de

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/apr oposito/2018/cancer2018_Nal.pdf

Organización Mundial de la Salud (OMS). (s. f.). Cáncer de mama: prevención y control. Carga de cáncer de mama. Consultado a través de http://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/index1.html

Presidencia de la República (2017) Encabeza Presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por su esposa, Angélica Rivera de Peña, inicio campaña contra cáncer de mama en el país, consultado a través de https://www.gob.mx/presidencia/prensa/encabeza-presidente-enrique-pena- nieto-acompanado-por-su-esposa-angelica-rivera-de-pena-inicio-campana-c ontra-cancer-de-mama-en-el-pais

Dado en el Palacio Legislativo, a 4 de octubre de 2018.

Diputada Laura Barrera Fortoul (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno, la Secretaría General de Gobierno y la Dirección General de Archivo y Notarías de Puebla a suspender de manera inmediata e indefinida cualquier procedimiento tendente a convocar al concurso de notarías en los distritos judiciales del estado, a cargo del diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y 2 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes

Considerandos

De acuerdo con la Ley del Notariado del Estado de Puebla, el notario público es el profesional del derecho investido de fe pública por el Estado que por delegación del Ejecutivo ejerce una función de orden público y tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así como autenticar y dar certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos instrumentos.

La importancia de la presente proposición radica en que la fe pública que da el notario es el soporte del principio de seguridad jurídica. Lo que es sustancial para la vida en sociedad.

La ley de notarios establece que la dirección y supervisión de la función notarial estará a cargo del ciudadano gobernador por conducto de la Secretaría General de Gobierno.

En Puebla, como en muchos otros estados del país, la institución del notariado en los últimos años ha sido viciada por el titular del Ejecutivo en el ocaso de su administración, volviéndola una prebenda con la que premia a familiares, amigos o aliados políticos, olvidando que su función primordial es proveer a la sociedad de una mayor certeza jurídica en los hechos y actos en los que interviene, contribuyendo así al fortalecimiento del estado de derecho.

Esta práctica ha hecho que al notario se le perciba como un agente económico y no como un delegatario de la fe pública, por lo que, el otorgamiento de las patentes para ejercer esta función ha respondido mayormente a los intereses económicos de aquellos que son “premiados” con las mismas y no a la necesidad de fortalecer el marco legal que nos rige y de dinamizar el desarrollo económico de nuestra entidad.

Al momento, no se ha hecho pública la necesidad de nuevas notarias, como lo señala la ley, es decir:

• Población beneficiada y tendencia de su crecimiento.

• Condiciones socioeconómicas de la población del lugar propuesto como sede.

• Dispersión poblacional y la dificultad de acceder al servicio por las condiciones geográficas.

• Considerable y notable desarrollo económico.

Elevar el número de notarios permite que más personas tengan acceso a sus servicios, contribuyendo a la certeza en la propiedad de su patrimonio y la expansión de la economía, al disminuir la informalidad, generar un mayor acceso a créditos e incrementando la creación de empleos; pero estos beneficios no podrán materializarse cuando los individuos acceden a este encargo no por una vocación de servicio a la sociedad, sino por un vocación de servir a sus intereses individuales y a los del que los premia.

Esto resulta trascendente, debido a que durante la presente y pasada administración estatal, los titulares del Poder Ejecutivo han realizado modificaciones a modo a la Ley del Notariado del Estado de Puebla, para que sus colaboradores y amigos pudieran acceder a una patente notarial, propiciando que gran parte de los que la obtienen, carezcan de una sólida formación jurídica y práctica profesional en la materia, generando dudas sobre su probidad para ocupar una estafeta tan delicada como la fe pública.

Prueba de lo dicho es que durante la administración 2011-2017 en Puebla, el Ejecutivo estatal, otorgó 29 notarias a individuos cuyo mayor mérito fue ser colaboradores incondicionales; llegando a más de cien notarias en la entidad. Desde diputados, secretarios de despacho, directores en áreas estratégicas de la administración estatal e inclusive familiares de estas personas fueron los beneficiados de esta repartición.

No es tolerable que en el ejercicio público, que aquellos que deben velar por el estado de derecho, sean los primeros en violentarlo, en un simple afán de perpetuar su poder e influencia a través del nombramiento de personas afines. Esto no es admisible en una sociedad cansada de estas prácticas y esta soberanía se debe pronunciar por terminar con ellas.

La emisión de una convocatoria para nombrar nuevos notarios en el estado de Puebla, debe ser postergada hasta que la administración estatal actual garantice un procedimiento transparente y en igualdad de condiciones, en el que participe cualquier individuo con una verdadera vocación de servicio al pueblo y cuyos méritos estén basados en el esfuerzo y no en la cultura del privilegio.

Encuentro Social considera que en el estado democrático de nuestra nación no podemos permitir que esta forma de ejercer el poder siga practicándose, debemos hacer todo lo posible para que nuestras entidades federativas y en la nación transite de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad de oportunidades, no debemos seguir alejando al pueblo de las instituciones que están ahí para servirle.

En un estado de derecho, la ley no debe modificarse para beneficio del grupo en el poder y el ejercicio público debe estar acompañado de una ética personal sólida, por lo que ningún individuo que carezca de ella debe acceder al mismo.

Por lo que es deseable que conforme transcurra esta LXIV Legislatura, se atienda una reforma íntegra a la Ley General del Notariado, basada en el decálogo que en su momento presentó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que así y de una vez por todas acabemos con esta práctica del Notario Carnal .

Por lo anteriormente expuesto y fundado se somete a la consideración de la asamblea el siguiente punto de acuerdo para exhortar respetuosamente al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, al titular de la Secretaría General de Gobierno de Puebla y al titular de la Dirección General de Archivo y Notarías del Gobierno de Puebla, para suspender de manera inmediata e indefinida cualquier procedimiento tendiente a convocar el concurso de notarías en todos los distritos judiciales del estado de Puebla, hasta que no exista un procedimiento que dé certeza de que la selección de nuevos notarios responde al bien común e interés legítimo del pueblo y no al de unos pocos.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, hace un atento y respetuoso exhorto al gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, al titular de la Secretaría General de Gobierno de Puebla y al titular de la Dirección General de Archivo y Notarías del Gobierno de Puebla, para suspender de manera inmediata e indefinida cualquier procedimiento tendiente a convocar el concurso de notarías en todos los distritos judiciales del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.

Diputado Miguel Acundo González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a garantizar recursos para la implantación y operación del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita Martha Tagle Martínez, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable soberanía, la proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En un comunicado el pasado 10 de septiembre de 2018 la Junta de Gobierno, instancia máxima del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, realizó un requerimiento urgente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitando recursos adicionales por un total de 126 millones de pesos para el Fideicomiso 1032. Fondo para la protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a razón de que al 30 de septiembre se agotan los recursos para el pago de las medidas de protección de 702 personas protegidas1 .

Recordemos que de los casi 300 millones de pesos que el mecanismo solicitó en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2018, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo depositó 200 millones a finales de abril de 2018; siendo estos recursos insuficientes, tomando en cuenta que el Mecanismo eroga un promedio de 21 millones al mes, y que en 2017 no hubo asignación de recursos.

Asimismo, en junio la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación solicitó una partida adicional por el mismo monto (126 millones de pesos) con el fin de poder hacer frente a las erogaciones de los meses de octubre 2018 a marzo 2019, tomando en cuenta que el presupuesto del 2019 se entrega en el mes de abril y el pago de las medidas de protección no puede detenerse2 .

De acuerdo con lo dispuesto por la cláusula tercera del contrato del fideicomiso, este tiene como fin:

i) Obtener, por conducto de la Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN), recursos económicos adicionales a los previstos en los presupuestos de egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal de conformidad con el artículo 48 de la ley;

ii) Destinar, en términos de las instrucciones de la CEN, recursos económicos exclusivamente, para la implantación y operación de las medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo, en términos de la ley, y

iii) Realizar, por instrucciones de la CEN, los demás actos de administración y pago que establezca la ley y demás disposiciones aplicables, para la implantación del mecanismo.

Situación financiera del mecanismo

Saldo acumulado y ejercido del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de derechos humanos y periodistas por año3 .

No contar con los recursos, significa que a partir del 1 de octubre de 2018, el Mecanismo retire más de 3 mil 500 medidas de protección a 702 personas beneficiarias y también a los 51 colectivos que tienen protección, por lo cual no podrá “garantizar la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo.”4

Actualmente, la defensa de los derechos humanos y el periodismo enfrentan un entorno complejo, cuyo abordaje y atención demandan esfuerzos integrales, multidisciplinarios y con la participación de todos los actores de gobierno y sociales involucrados.

En este sentido ejercer el periodismo en México es una situación de latente mordaza y miedo abyecto, que tiene de común denominador agresiones y amenazas, que en algunos casos cuestan la vida.

La libertad de expresión es un instrumento esencial para el adecuado funcionamiento de la democracia, para el desarrollo de sociedades más libres y justas, así como para el pleno ejercicio y protección de los derechos humanos.

Por ello es importante destacar que en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, Article 19 ha documentado 445 asesinatos por posible vínculo con su labor (incluyendo el del hijo de un de un periodista6 y dos voceadores)7 ,8 . Con 12 asesinatos en 2017, México igualó a Siria —país en guerra desde 2011 en el número de periodistas asesinatos.9 El año pasado no sólo fue el más violento en el país, sino que México se erige hoy día como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo.

“Es en el periodismo donde la información se vincula con quien paga o mata por ellas. La información se vuelve un tesoro que hay que buscar y que es más accesible para aquéllos con mayor capacidad económica”.10

Diferentes organizaciones, de la sociedad civil y colectivos, han emprendido una batalla para que dicho mecanismo que constituye solo una acción de protección no se quede sin recursos, pues las implicaciones serían contraproducentes ante este escenario adverso para el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos.

Igualmente la Asociación Nacional de Periodistas Desplazados México, que al tiempo de realizar diversas propuestas para atender la situación actual en la que viven periodistas y personas defensoras de derechos humanos, ha expresado que si bien la creación del Mecanismo es una acción necesaria y urgente, es imprescindible su fortalecimiento y monitoreo para el cumplimiento de la Ley de Protección. Asimismo, reiterar la necesidad de diseñar e implantar una política pública integral que permita brindar a esta población: protección, atención legal, asesoría psicológica, desarrollo de acciones preventivas y acciones coadyuvantes con las instancias necesarias (CEAV, Conavim, IMSS, ISSSTE, Sedesol), así como la generación de capacidades de autoprotección, aspectos necesarios para garantizar que las personas que ejercen la labor de defensa y libertad de expresión encuentren las condiciones necesarias para proteger su vida, seguridad, integridad y libertad.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a garantizar los recursos necesarios para la implementación y operación del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, mediante la asignación de los mismos.

Notas

1 “Urgen recursos para el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”. Disponible en línea: https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/articulos/urgen-recursos-para -el-mecanismo-de-proteccion-a-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y -periodistas

2 Fideicomiso 1032. Protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Disponible en línea:

https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/articulos/fide icomiso-1032

3 Ibídem.

4 https://www.gob.mx/defensorasyperiodistas/articulos/fideicomiso-1032

5 Las cifras incluyen el caso de Carlos Domínguez, columnista de El Horizonte de Matamoros, asesinado el 13 de enero de 2018 en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y de Pamela Montenegro, videobloguera asesinada en Guerrero el 5 de febrero de 2018.

6 Article 19 “Grupo armado irrumpe en estación de radio comunitaria”, 2 de agosto de 2014. https://goo.gl/ARGrkk

7 Incluyendo el caso de Alfonso Solana Tierrablanca, voceador de El Diario de la Tarde, asesinado el 21 de abril de 2015 en Iguala Guerrero. Article 19 “Epidemia del miedo a comunicar”. Informe trimestral, 2015, página 7. https://goo.gl/2BU1mY

8 Meréndez Hernández Tiul, voceador del tabloide El Choco, asesinado el 24 de enero de 2018 en la población Francisco Rueda, en Huimanguillo en Tabasco. “Voceador de El Choco es asesinado en Tabasco”, Article 19, 31 de enero de 2018. https:// goo.gl/v7SMF

9 La organización internacional Reporteros Sin Fronteras registró 12 asesinatos de periodistas en Siria en 2017. https://rsf.org/ es/periodistas-asesinados

10 Article19. “Informe. Libertades en Resistencia”. Página 15. Disponible en línea:

https://articulo19.org/wp-content/uploads/2017/04/Libert ades-en-Resistencia_Informe-2016-A19.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política a reducir el uso de productos de material plástico del tipo de polietileno y polipropileno, como los plásticos duros, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Arturo Roberto Hernández Tapia, diputado a la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y fracción II, numeral 1, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El plástico como principal contaminante.

Hasta mediados del XX, el plástico empezó a producirse a gran escala. Actualmente a nivel mundial, tenemos que lidiar con 8 mil 300 millones de toneladas de este material, de ellas más de 6 mil 300 millones se han convertido en residuos, y de ellos, 5 mil 700 millones de toneladas no han pasado nunca por un contenedor de reciclaje.

En México, 90 por ciento de la basura es material plástico de diversos tipos: polietileno (bolsas de plástico, botellas de refresco y agua) y polipropileno (plásticos duros como tapas de botella y popotes).

Segunda. Campaña Protección de los océanos, mares y costas de México

Los océanos poseen una gran riqueza natural que debe ser conservada y gestionada de manera sustentable, utilizando la mejor y mayor información científica y tecnológica disponible. Debe promoverse su desarrollo tanto para el bienestar de sus poblaciones, como para brindar a las generaciones futuras la posibilidad de usarlas y aprovecharlas con un mayor sentido de responsabilidad y equidad.

Los mares se están convirtiendo en los grandes basureros del mundo. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 13 millones de toneladas de plástico terminan en estos ecosistemas cada año, lo que genera severos daños a la flora y la fauna marina.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recientemente lanzó la campaña Protección de los océanos, mares y costas de México, con el propósito de que la sociedad en general tome conciencia de la importancia de cuidar y proteger nuestros recursos marinos contra una de las principales amenazas que actualmente enfrentan: la contaminación por plásticos de un solo uso.

Dicha campaña pretende informar a la población sobre las afectaciones que las personas hemos causado a los océanos, asimismo exhortar a un cambio de hábitos de consumo para detener la contaminación por plásticos de un solo uso.

Tercera. Marco legislativo y ambiental

La operación de este punto de acuerdo, será con fundamento en las leyes que regulan la preservación y cuidado del medio ambiente tales como:

- Artículo 1o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que a la letra dice, “la presente ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental”.

- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que menciona en el artículo 1 “La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refiere a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos en el territorio nacional”.

En el recinto de la honorable Cámara de Diputados se utiliza una gran cantidad de botellas, vasos y demás artículos fabricados con polietileno y polipropileno de un sólo uso, en contraposición a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que en el artículo 17 Bis establece: “La administración pública federal, el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Federación, expedirán los manuales de sistema de manejo ambiental, que tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades, con el fin de reducir costos financieros y ambientales”.

Por otro lado, está demostrado que ya no es suficiente la separación, clasificación y reciclaje del plástico. Si verdaderamente deseamos sumarnos al esfuerzo colectivo ambiental de transformación e impacto, a la Semarnat, así como al ahorro de recursos, como lo han propuesto algunos compañeros diputados de la presente Legislatura, debemos incidir mayormente al evitar su uso y ser ejemplo para los demás. El juez por su casa empieza.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política a reducir el uso de productos de material plástico de diversos tipos: polietileno por ejemplo bolsas de plástico, botellas de refresco y agua; y polipropileno por ejemplo plásticos duros como tapas de botella, popotes; en sus instalaciones.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.

Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conacyt a no suspender ninguna convocatoria, acción o ejercicio presupuestal de los programas estratégicos a su cargo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto y en el artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo.

Consideraciones

La política de ciencia y tecnología se desarrolla entre dos coordenadas que es necesario combinar, la innovación y la estabilidad. Los países que han alcanzado un alto grado de desarrollo tienen políticas de largo plazo que se adaptan gradualmente a necesidades naturalmente cambiantes en este campo.

La planeación y conducción institucional de la ciencia y tecnología en México ha sido exitosa en tanto que ha podido proveer un marco predecible para que los investigadores puedan hacer a mediano y largo plazo inversiones en esfuerzo, recursos humanos, estudiantes asociados, participación y cooperación internacionales, y adquisiciones de equipo e infraestructura considerables.

Por ello es deseable asegurar la continuidad de los proyectos de gran escala, dentro de los marcos en que fueron iniciados y de la evaluación por pares que institucionalmente procede.

En este contexto es importante darle centralidad a la agenda del desarrollo en ciencia y tecnología con los énfasis señalados, en virtud de los cuales se fomente la investigación y el desarrollo en entornos de confianza, certidumbre y reglas del juego explícitas.

Si bien, el resultado de las elecciones de julio pasado arrojó un mandato claro a favor de un cambio y de un partido político, es fundamental respetar el marco constitucional y legal del desempeño institucional, así como los márgenes correspondientes la temporalidad en virtud de las cuales se deben asumir y ejercer las atribuciones.

En tal orden de ideas, resulta poco comprensible la pretensión que fue expresada hace unos días por la doctora Maria Elena Álvárez-Buylla Roces, quien ha sido desginada como próxima directora del Conacyt por parte del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, al director de dicho órgano, a efecto de que se suspendieran diversos programas y acciones, pretendiendo fundamentarse en el acuerdo oficial relativo a los procesos de entrega-recepción.

El transigir en lo solicitado operativamente es inconsecuente con el desmpeño institucional, además de implicar que los actuales servidores públicos del Conacyt incurran en serias responsabilidades administrativas y de otro orden.

Por todo lo anterior, de la manera más respetuosa, es menester expresar un extrañamiento a la doctora Ávalez -Buylla, a efecto de que se ciña al orden constitucional y legal.

Igualmente, consideramos pertinente el exhortar al Conacyt para que no altere su plan de trabajo y que en el proceso de transición se pueda generar la estabilidad y seguridad que los múltiples actores en el sensible sector requieren para concentrarse en su trabajo.

Por virtud de lo anterior, se proponen los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Union exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que en el marco del proceso de transición no suspenda ninguna convocatoria, acción, o ejercicio presupuestal de los programas estratégicos a cargo de dicha institución.

Segundo. Se hace un llamado al equipo de transición del gobierno federal entrante y, de manera específica, a la doctora Maria Elena Álvárez-Buylla Roces a no obstaculizar el desarrollo de programas, presupuestos o acciones a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en detrimento del desarrollo científico, tecnológico y de innovación e innovación del país.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, Congreso de la Unión, 4 de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conacyt a no interrumpir el desarrollo de los programas presupuestarios bajo su responsabilidad, a cargo del diputado Brasil Alberto Acosta Peña, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, diputado Brasil Alberto Acosta Peña, integrante del Grupo Parlamentario del PRI en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es responsable de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México y es el gran promotor del desarrollo científico y tecnológico nacional como lo establece la Ley de Ciencia y Tecnología.

Esta institución de gran importancia nacional, es la responsable de coordinar diversos programas presupuestales que responden a las necesidades de financiamiento para cumplir con objetivos y líneas de acción estratégicas perfectamente definidas tanto por la Ley de Ciencia y Tecnología como en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Plan Nacional de Desarrollo.

Bajo su responsabilidad se encuentra la operación de diversos Fondos Sectoriales que las Dependencias y Entidades constituyen con el objeto de destinar recursos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente. También están bajo su responsabilidad cuatro Fondos Institucionales con fundamento en los artículos 23 y 24 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y cuya operación está a cargo de las diferentes áreas del propio Conacyt.

Además opera los Fondos Mixtos que apoyan el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado o Municipio, y el Gobierno Federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

A pesar de la existencia de un marco normativo en materia de presupuesto y gasto público, en un documento firmado el pasado 24 de septiembre por María Elena Álvarez-Buylla, propuesta para ser directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la próxima administración, solicitó suspender todas las convocatorias abiertas.

En particular argumentó: “Me permito solicitarle suspender toda convocatoria abierta dentro del Conacyt que pueda afectar y comprometer recursos presupuestales para el ejercicio 2019 y subsecuentes”.

Entre ellas la convocatoria 2018-01 Sagarpa-Conacyt, convocatoria 2018-2 Programa de apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación, además de la Convocatoria del Programa de Estímulos a la Innovación, Desarrollo Tecnológico e Innovación.

Asimismo, solicitó suspender recursos presupuestales para las convocatorias Fomix, Fordecyt 2018-6 a 2018-12 y Fondos Cibiogem, así como los contratos con el Fondo de Cultura Económica, principalmente.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el ejercicio del presupuesto está sujeto estrictamente a los calendarios autorizados de cada dependencia y entidad.

Así también, se debe considerar que los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento en el ejercicio del gasto, son sancionados de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La fracción IX del artículo 114 de la Ley en comento, es muy clara al señalar que los servidores públicos que “realicen acciones u omisiones que deliberadamente generen subejercicios por un incumplimiento de los objetivos y metas anuales en sus presupuestos”, serán sancionados.

Por lo tanto, en esta etapa de transición gubernamental, el ejercicio del gasto no puede suspenderse porque los servidores públicos pueden ser sujetos de sanciones por acción u omisión.

Más allá de las buenas intenciones que puedan ser esgrimidas por la María Elena Álvarez-Buylla, y su probable nombramiento como directora del Conacyt, no puede hacerse a un lado y desconocerse el marco jurídico-presupuestal que establecen los tiempos, mecanismos, formas de ejercicio y responsabilidades sobre los programas presupuestarios.

Los candidatos a ocupar una responsabilidad pública aún no cuentan con la personalidad jurídica y en muchos casos con la experiencia en administración pública para operar los procesos presupuestarios que son fundamentales para la realización de tareas tan importantes y trascendentes como el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados solicita al director del Consejo de Nacional de Ciencia y Tecnología, a no interrumpir el desarrollo de los programas presupuestarios bajo su responsabilidad y seguir cumpliendo, en tiempo y forma, con el marco legal que establece el ejercicio responsable de los recursos públicos.

Dado en el salón de sesiones del Palacio legislativo de San Lázaro, a los del honorable Congreso de la Unión, a los 3 días del mes de octubre de 2018.

Diputado Brasil Alberto Acosta Peña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades de Puebla a reforzar las acciones en materia de seguridad pública y prevención del delito, a cargo de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, Nayeli Salvatori Bojalil, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La presente proposición con punto de acuerdo, bajo el principio de respeto a la Soberanía estatal, así como a sus competencias y atribuciones en materia de seguridad pública, tiene el objetivo de hacer un atento exhorto a la autoridades estatales encargadas de la Seguridad Pública en el estado de Puebla, así como a los alcaldes de Coronango, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipa y San Pedro Cholula, a actuar con mayor eficiencia y eficacia en el desempeño de sus atribuciones de seguridad pública para el combate y prevención del delito ante el aumento de las conductas delictivas que se describen a continuación.

De acuerdo con el Reporte sobre delitos de alto impacto de julio de 2018, 1 del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, elaborado con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SE), en Puebla el año pasado por cada cien mil habitantes se cometieron 1.62 homicidios dolosos y feminicidios. En 2018 esta cifra aumentó en 15.22, lo que se traduce 1.87 víctimas por cada 100 mil habitantes.

El reporte también indica que en lo que va del año, en Puebla se abrieron mil 631 carpetas de investigación por el delito de robo con violencia, porcentualmente creció 13.24 por ciento respecto del año anterior. En el mismo periodo, el número de carpetas de investigación aumento 11.86. Para julio de 2018 se contabilizaron mil 188 carpetas. En ambos delitos, el estado ocupa el tercer lugar nacional.

En el caso de los 7 municipios señalados en este documento, conforme a la información de incidencia delictiva publicada por el SE, de 2015 a julio de 2018 entre todos los municipios sumaron 18 mil 30 delitos, lo cual corresponde a 8.9 por ciento de los cometidos en Puebla.

En el periodo señalado concentraron el mayor número de delitos San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, con 44.82, 23.73 y 22.11 por ciento, respectivamente. Tienen un crecimiento importante en la incidencia delictiva Cuautlancingo y Coronango, que de 2015 a 2017 aumentaron en 57.05 y 37.99 por ciento, respectivamente. Hasta julio de este año, en los dos municipios se cometieron 224 y 912 delitos; de continuar esta tendencia, podrían terminar con el doble de delitos cometidos el año anterior.

El grave problema de Puebla en el tema de violencia familiar de 2015 a julio de 2018, se contabilizaron un total de 21,241 denuncias por este delito. En tres años este fenómeno delictivo aumento en 26 por ciento y hasta julio de este año sumó 4 mil 304 denuncias. De continuar esta tendencia, podría terminar el año con el doble de denuncias.

El problema de violencia familiar que sufre el Estado no es ajeno a los siete municipios señalados en este exhorto, de 2015 a julio de 2018 se registraron mil 955 denuncias de este delito. Concentran la mayor parte de las denuncias San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, juntos suman 87.6 por ciento de ellas.

Si bien los 7 municipios tuvieron crecimiento considerable en las denuncias por violencia familiar, hay que poner especial atención en Juan C. Bonilla, Coronango, Cuautlancingo y San Pedro Cholula, que de 2015 a 2017 incrementaron estas denuncias en 100, 85.7, 58.9 y 53.8 por ciento, respectivamente.

En lo que va de 2018, en Cuautlancingo se han registraron 137 denuncias por violencia familiar, 135 denuncias en San Andrés Cholula y en San Pedro Cholula 100 denuncias. El análisis anterior nos indica que en estos municipios hay un serio problema en las relaciones intrafamiliares, por lo cual los gobiernos municipales actuales y los próximos a ocupar el cargo deberán de enfocarse en política públicas que reduzcan este delito, además de que estas conductas violentas pueden desencadenarse en otros ilícitos como lesiones, abuso sexual, feminicidio u homicidios si no se tiene una intervención temprana.

En un análisis de los diez principales delitos cometidos en los municipios señalados en este exhorto encontramos que en Coronango los delitos que han tenido un aumento importante son: el robo de coche sin violencia que de dos denuncias en 2015 paso a 41 en 2017, de igual manera el robo de coche con violencia paso en el mismo periodo de 5 a 33 denuncias y finalmente el robo a transportista con violencia que de no tener denuncia en 2015 pasó a 24 denuncias en 2017.

En el caso de Cuautlancingo, además del aumento de las denuncias de violencia familiar mencionada en párrafos anteriores, hay un serio problema con el robo de vehículos, de acuerdo a las denuncias presentadas en las agencias del ministerio público de 2015 a 2017, el robo de automóviles sin violencia aumentó 733 por ciento y con violencia en 971. También el robo con violencia a negocio en 3 años creció 489 por ciento y el robo a casa habitación sin violencia se duplicó en el mismo periodo.

En Juan C. Bonilla, los delitos con mayor incidencia, además de la violencia familiar, son el robo de coche sin violencia que de 2015 a 2017 paso de 3 a 18 denuncias, el robo a casa habitación sin violencia en el mismo periodo se duplicó, mientras que el robo a coche con violencia se cuadriplicó.

San Andrés Cholula ha tenido reducciones importantes en los delitos de fraude, lesiones dolosas, daño a la propiedad y robo a casa habitación sin violencia, sin embargo como se mencionó ha tenido un incremento en las denuncias de violencia familiar. Las autoridades municipales deben de prestar mucha atención al aumento en los delitos de robo de coche sin violencia y robo a negocio con violencia los cuales crecieron de 2015 a 2018 en 456 y 153 por ciento, respectivamente.

Los municipios de San Gregorio Atzompa y San Jerónimo Tecuanipan tienen una baja incidencia delictiva a comparación de los otros municipios. Además de los aumentos en la denuncias por violencia familiar no tienen aumentos considerables en otros delitos. Sin embargo, en ambos municipios se han dado algunos casos de robo de coche con violencia.

San Pedro Cholula ha tenido importantes logros en la disminución de los delitos de lesiones dolosas, fraude y especialmente en narcomenudeo, pero ha tenido un crecimiento significativo en los delitos de violencia familiar, robo de vehículo con y sin violencia y robo a negocio. En el caso de robo de vehículo sin violencia paso de 52 denuncias en 2015 a 208 a julio de 2018; de igual manera el robo a negocio con violencia en el mismo periodo creció en 739 por ciento y el robo de coche con violencia aumentó 320 en cuatro años.

Por lo expuesto y considerando que el gobierno de Puebla cuenta con la Secretaria de Seguridad Pública, la cual se rige por la Ley de Seguridad Pública del Estado, en los artículos 1, 4, fracciones III, V, y VI, así como por los numerales 6 y 13; y por lo que hace a los ayuntamientos del Estado a ceñir su actuación bajo lo dispuesto por los artículos 22, 23, 24 y 31 fracción I, de la ley citada.

Se les demanda a las autoridades señaladas que pongan atención en las conductas delictivas que pasan en Puebla y en los municipios señalados, en especial en los delitos que han tenido un importante crecimiento, lo cual demuestra una incapacidad en las instituciones de seguridad pública para cumplir sus funciones y dejar por tanto a la población expuesta a la delincuencia.

En mérito de lo anterior pongo a consideración de esta representación legislativa los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respetuosa de la soberanía del estado de Puebla, exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública estatal para que en acatamiento de sus atribuciones y competencias garantice la seguridad de las personas y sus bienes, asimismo, procure el diseño y ejecución de programas de prevención del delito orientadas a la disminución de la violencia familiar.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los presidentes municipales de Coronango, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipa y San Pedro Cholula a cumplir las acciones preventivas en materia de seguridad pública, debiendo coordinarse con las policía estatal y municipal en tiempo y forma, a fin de lograr la disminución de los delitos mencionados.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 4 de octubre de 2018.

Diputada Nayeli Salvatori Bojalil (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a agilizar los programas de reinserción laboral, y reconocimiento y validez de estudios para jóvenes migrantes retornados de EUA, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada federal María Libier González Anaya, integrante de la LXIV Legislatura, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Muchos de los jóvenes migrantes que se encuentran radicando en la Unión Americana llegaron a este país porque en su niñez fueron llevados por sus padres, algunos se encuentran inscritos en el programa de Acción Diferida (DACA), otros no cubrieron los requisitos para ingresar, pero en ambas situaciones han encontrado la posibilidad de ser empleados para tener un sustento diario y en algunos casos también obtienen beneficios indirectos como contar con número de seguridad social, aspirar a becas, poder tramitar la licencia de manejo, tarjeta de crédito, entre otros.

Todos estos beneficios han generado en la comunidad de jóvenes que radica en la Unión Americana, un sentimiento de identidad hacia la nación que les ha proporcionado durante años el sustento diario, educación y trabajo; de tal manera que al suspenderse toda nueva solicitud de inscripción por parte del Departamento de Seguridad Nacional al programa DACA, las oportunidades de desarrollo se ven truncadas, no existiendo otra alternativa más que la deportación; por lo que la mayoría estos jóvenes se ve en la necesidad de regresar al país que les vio nacer, enfrentándose a una situación que le es totalmente desconocida, en un país al que tampoco conocen y que al llegar solo encuentran desempleo y falta de oportunidades para incorporarse al sistema educativo nacional.

De acuerdo con las últimas cifras proporcionadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en ingles), el 78 por ciento de los beneficiarios de DACA procede de México; exactamente hay 618 mil 342 Soñadores mexicanos. Les siguen los salvadoreños (28 mil 371), los guatemaltecos (19 mil792) y los hondureños (18 mil 262).1

Según las estimaciones del Center for American Progress , un 46 por ciento está actualmente estudiando y, de ellos, un 83 por ciento también trabaja, lo que los ubica como personas altamente beneficiosa para la economía estadounidense.2

Un número considerable de estos jóvenes que regresan a México cuenta con un perfil académico y laboral que los convierte en una enorme riqueza en el ámbito laboral y profesional que debe aprovecharse, buscándose espacios para su inserción social en beneficio de cada uno de ellos y de la propia nación.

Al respecto, el gobierno mexicano implementó un conjunto de acciones para dar atención a los jóvenes soñadores que retornan a nuestro país, las cuales consideramos deben hacerse extensivas a todos los jóvenes en retorno con el propósito de garantizar la salvaguarda de sus derechos, permitiendo su reinserción en la sociedad mexicana de la mejor manera posible, garantizando el acceso a la educación, a un trabajo digno y a la salud que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza; en su comunicado número SRE/338, la Secretaría de Relaciones Exteriores detalla cuáles son estas acciones a las que hacemos referencia:

-Bolsa especial de trabajo en México para dreamers , a través de los consulados;

-Programa Crédito Joven para Dreamers en Estados Unidos y México;

-Oferta de becas en México y otros países;

-Acceso a la educación sin trámites innecesarios y revalidación inmediata; y

-Afiliación al Seguro Popular.

Estas acciones desde luego pueden contribuir a que los jóvenes que han retornado al país puedan contar con elementos para su subsistencia y desarrollo personal, ya que no es raro ver que estos jóvenes retornados se dediquen por sus propios medios a buscar la subsistencia diaria con el apoyo de sus familiares o conocidos, cuando los tienen, o en su caso a buscar el apoyo asistencial de las organizaciones civiles cuando están completamente solos.

En voz de varios de estos jóvenes conocemos el problema que les representa la revalidación de estudios y su incorporación al sistema educativo (el cual es completamente diferente al estadounidense), lo cual les impide seguir cursando sus estudios en nuestro país en aras de su desarrollo profesional.

Es por ello que ante el nulo apoyo para los jóvenes migrantes que retornan, hacemos un respetuoso llamado a las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo para que, atendiendo a un sentido de justicia y humanidad, se proporcione la debida atención a esta comunidad que es vulnerable al retornar a nuestro país en estas condiciones de desamparo.

Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta asamblea, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Educación Pública a que se agilicen los programas de reinserción laboral y de reconocimiento y validez de estudios para los jóvenes migrantes que han retornado de la Unión Americana.

Notas

1 Quiénes son los dreamers y qué pasará ahora con ellos?

en: https://www.20minutos.es/noticia/3127269/0/
dreamers-daca-sonadores-claves-deportacion-programa-estados-unidos/#xtor=AD-15&xts=467263

2 ibídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las Secretarías de Salud federal y de Oaxaca a hacer público el estado de la construcción de las unidades médicas de la jurisdicción 03, San Juan Bautista Tuxtepec, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Graciela Zavaleta Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La salud es considerada un derecho humano básico. En el país este derecho se encuentra enmarcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo cuarto del artículo 4o. donde se establece que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”.

El derecho a la salud otorga a las personas el derecho a acceder a los servicios de cuidado médico, por lo que el Estado se encuentra obligado a garantizar a sus connacionales la posibilidad de poder disfrutar del mejor estado de salud posible.

Para poder garantizar el derecho de acceso a la salud los países necesitan establecer servicios de salud que estén disponibles en cualquier circunstancia, accesibles para todos, de buena calidad y aceptables, es decir, que se ajusten a las necesidades de la población respetando las diferencias biológicas y culturales.

México, segunda economía de América Latina, invierte 5,8 por ciento del PIB en salud, cifra “bastante inferior” al 9 por ciento del promedio de los 35 países miembros y la tercera más baja del grupo, señala Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.1

En México el gasto que corresponde a las erogaciones para inversión se destinó una quinta parte para la creación de infraestructura física, mediante la elaboración de obra pública.2

El sector salud en el país ha tenido grandes complicaciones dentro de las que destacan la falta de insumos como los materiales de curación y medicamentos, sin embargo uno de los problemas que más afecta a la población limitando su derecho al acceso a los servicios de salud es la poca o nula infraestructura física.

Una de las entidades que se ha visto mayormente afectas por esta situación es Oaxaca, entidad que, además de contar con una sobresaturación en sus unidades médicas, cuenta con problemas de escasez de medicamentos, personal médico e infraestructura.

Esta entidad contaba hasta el 2012 con mil 540 unidades médicas que atendían a cerca de 3 millones 801 mil 962 habitantes. De estas unidades solo 109 pertenecen a Tuxtepec y atendían a 416 mil 824 habitantes, tanto derechohabientes como no derechohabientes.3

Oaxaca es uno de los estados que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se encuentran con mayor rezago social. En el área de salud, este organismo muestra que el 43.1 por ciento de la población no cuenta con derechohabiencia a servicios de salud, uno de los principales indicadores de rezago social.

Lamentablemente después de los sismos acaecidos el 7 y 19 de septiembre del año pasado, la situación en los servicios de salud de Oaxaca se agravó pues muchas unidades médicas se vieron afectadas, además de que en otros proyectos de infraestructura física no se aplicó el recurso e incluso no se gestionó lo necesario y por ende se encuentran sin concluir.

En la jurisdicción sanitaria número 03 esta situación se ha visualizado más, pues, a pesar de la necesidad que impera en la entidad, al menos once unidades médicas se encuentran en proceso o por iniciar los trabajos de infraestructura.

Tal es el caso del Centro de Salud San Juan Bautista Tuxtepec, el Centro de Salud Urbano de 4 Núcleos Básicos de San Bartolo, el Centro de Salud de 3 Consultorios, el Hospital de la Comunidad, el Hospital Básico Comunitario de San Felipe Jalapa de Díaz, el Centro de Salud con Servicios Ampliados, entre otros. Cada uno de ellos cuenta con características especiales que benefician en su totalidad a 157 176 habitantes en los centros de salud.

Aunado a lo anterior en esta jurisdicción se requiere la creación de tres Hospitales Generales que beneficiaran a 906 139 habitantes.

Se debe considerar que San Juan Bautista Tuxtepec es una de las ciudades más pobladas de Oaxaca por lo que la necesidad de contar con servicios de salud eficientes, eficaces y de calidad dan lugar a una mejor calidad de vida.

La Ley General de Salud, en su artículo 77 Bis 5, apartado B, fracción IV, menciona que es competencia de los gobierno estatales “programar, de las aportaciones para el Sistema de Protección Social en Salud, aquellos que sean necesarios para el mantenimiento, desarrollo de infraestructura y equipamiento conforme a las prioridades que se determinen en cada entidad federativa, en congruencia con el plan maestro que se elabore a nivel nacional por la Secretaría de Salud”, a pesar de que el Estado de Oaxaca es una de las entidades con el mayor número de pobres, e incluso es la entidad que alberga al municipio más pobre del país.

La prestación de los servicios de salud es deficiente y requiere de una gran inversión, principalmente de infraestructura, pues en las localidades del estado de Oaxaca la salud pende de un hilo, por lo que los enfermos deben arreglárselas solos.

La disponibilidad de la infraestructura y equipamiento sustenta el acceso de los usuarios a los servicios de salud y se convierte en una de las premisas básicas de su operación para la articulación funcional de la Red.4

Es necesaria la coordinación entre los tres niveles de gobierno para gestionar los recursos necesarios que permitan iniciara o concluir las construcciones de las unidades médicas del estado, principalmente de la jurisdicción 03 “San Juan Bautista Tuxtepec”.

Por los elementos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Secretaría de Salud federal y a la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca, a que hagan pública la situación en la que se encuentra la construcción de las unidades médicas de la jurisdicción 03 “San Juan Bautista Tuxtepec”, en el estado de Oaxaca.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca, para que en coordinación con el gobernador del estado, realicen las gestiones necesarias para que se inicie o concluyan las construcciones de diferentes unidades médicas de la jurisdicción 03 “San Juan Bautista Tuxtepec”, en el estado de Oaxaca.

Notas

1 Sin Autor. (10/11/2017). La salud de México va de mal en peor. Huffingtonpost Edition MX. Recuperado de https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/10/la-salud-en-mexico-va-de-m al-en-peor_a_23273227/

2 Sin autor. (2018). Recursos destinados al sector salud en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018. Senado de la República. Instituto Belisario Domínguez. Recuperado de
http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3832/1%20Publicaci%C3%B3n%20
Recursos%20destinados%20al%20sector%20salud%20PEF%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3 Inegi. (Sin Fecha). Infraestructura Oaxaca. Cuéntame. Inegi Recuperado de http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/oax/economia/infra estructura.aspx?tema=me

4 Donabedian, A. (2006). Planeación de unidades médicas. saludchiapas.gob. Salud Chiapas. Recuperado de

http://saludchiapas.gob.mx/doc/marco-normativo/federal/m anuales-y-modelos/6.-%20PlaneacionUnidadesMedicas.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a diversos congresos locales a derogar las excepciones que permiten el matrimonio infantil, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez y diputadas Laura Barrera Fortoul, Soraya Pérez Munguía, María Alemán Muñoz Castillo y Norma Adela Guel Saldívar, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6, 79, numeral 1, fracción II y 113, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos locales de diversos estados a derogar las excepciones que permiten el matrimonio infantil, considerando los siguientes:

Antecedentes

El matrimonio infantil es una de las principales causas, por costumbre, por tendencia social o de pueblos indígenas, que persiste en nuestra sociedad y que afecta la esfera de la niñez en México.

El matrimonio infantil es un problema mundial. Cada dos segundos una niña es obligada a casarse; el 14 por ciento de las niñas en países en vías de desarrollo se casarán antes de cumplir los 15 años; y una de cada tres, se habrá casado antes de cumplir los 18 años.1

El matrimonio infantil transgrede el derecho humano, independientemente de si la persona es una niña o un niño, pero es más común conocer que es una de las principales causas de abuso sexual y de explotación.

Las consecuencias del matrimonio infantil se pueden enlistar, pero no son finitas, podemos mencionar la “separación familiar ” como una de las causas de origen y que rompe con la célula de protección familiar.

Otra, que en algunos casos se da por machismo, inmadurez o diferencia de edad, es la “libertad a relacionarse con las demás personas de su edad o de distinto género ”, lo que rompe con la libertad de la persona de desarrollarse libremente, participar en las actividades comunitarias, y una reducción de las oportunidades de recibir una educación.

De igual forma, puede ser el vehículo o la ruta para generar “trabajos forzados”, “experiencias sexuales no apropiadas para la edad o sin su consentimiento”, “prostitución”, “violencia”, “embarazos no planificados”, “transmisión de enfermedades sexuales”, y cada vez más casos de VIH/Sida, entre otras cuestiones muy lamentables.

Los progenitores a veces consienten estos matrimonios por necesidades económicas. En estos casos, el matrimonio se considera como un medio para proporcionar a sus hijas una tutela masculina, protegerlas contra agresiones sexuales, evitar embarazos sin estar casadas, alargar sus años de fecundidad o de asegurar su obediencia en el hogar del marido.

En el caso de embarazos prematuros o no planificados, las niñas menores de 18 años tienen un riesgo mayor para ellas y para el bebé , que los embarazos de mujeres mayores de 20 años.

Se calcula que 14 millones de adolescentes de entre 15 y 19 años dan a luz cada año, en este tipo de embarazos adolescentes, el riesgo de que el bebé muera en su primer año de vida es de un 60 por ciento más que el de un bebé nacido de una madre mayor de 19 años. Incluso si el niño sobrevive, tiene más probabilidades de sufrir desnutrición, bajo peso al nacer, o problemas de desarrollo físico y cognitivo.

En México, más de 6 millones 800 mil mujeres de 12 a 17 años de edad han contraído matrimonio o viven en concubinato en el país,2 mismas que se desconoce su estado o condición personal, matrimonial y familiar.

El matrimonio de niñas es más frecuente en África subsahariana y en Asia meridional. En el Níger, el 77 por ciento de las mujeres de 20 a 24 años se casaron antes de cumplir los 18. En Bangladesh, la tasa era del 65 por ciento.

Para reforzar el tema y la prioridad de este punto de acuerdo, en México se casan 60 veces más mujeres menores de 15 años que hombres , es decir, el sexo femenino desde temprana edad está en un estado de vulnerabilidad.

La generalidad de los matrimonios infantiles detecta que solo el 14 por ciento de los niños menores de 15 años se casa con mujeres u hombres de entre 18 y 29 años . Y en el caso de los hombres de 15 a 17 años, más del 60 por ciento se une a personas de su mismo rango de edad.3

El derecho a elegir y aceptar libremente el matrimonio está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), que admite que el consentimiento no puede ser “libre y completo ” cuando una de las partes involucradas no es lo suficientemente madura como para tomar una decisión con conocimiento de causa sobre su pareja.4

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) estipula que el compromiso matrimonial y el casamiento de un niño o niña no tendrán efectos jurídicos y que se deben tomar todas las medidas necesarias, incluidas las legislativas, para especificar una edad mínima de matrimonio .

La edad recomendada por el comité sobre la eliminación de discriminación contra la mujer es de 18 años.

Por lo anterior, se muestra la siguiente tabla por entidad federativa que define la edad para contraer matrimonio por género y si existe alguna excepción en la norma que promueva el matrimonio infantil:

Como se observa, se ha logrado estipular como edad mínima los 18 años para contraer matrimonio en niñas, niños y adolescentes, pero, estados como Baja California, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tabasco, sigan permitiendo el matrimonio infantil, a través de dispensas, excepciones o estipulando una edad menor a la indicada en el artículo 45 de la Ley General de Derechos de niñas, niños y adolescentes .

Al respecto, Claudia Alonso Pesado, secretaría ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), ha expresado:

“Hay una falacia porque se dice que con el matrimonio van a proteger los derechos, la seguridad social, el servicio de salud, la capacidad para poder tener una familia [...] el matrimonio no es el vehículo para acceder a la protección integral de las niñas, niños y adolescentes”

Un tema en especial que afecta para erradicar el matrimonio igualitario es “la actitud, costumbre y prácticas en comunidades indígenas o de ciertas poblaciones en México ”, porque incluso a los progenitores que comprenden su efecto negativo les resulta difícil resistir las presiones económicas y sociales de la tradición.5

En México, no se han desarrollado programas sociales federales o locales que específicamente se dediquen a revisar las condiciones de vida personal, matrimonial y familiar de estas parejas , que por la razón que sea, contrajeron matrimonio o quizá viven en concubinato.

Por ello, es necesario el esfuerzo de las secretarías de administración pública federal y local de generar brigadas en zonas donde se tengan detectados los casos de matrimonio infantil para conocer las condiciones de vida de las personas y evitar cualquier alteración o daño irreparable en la vida de cada uno de los integrantes.

Enfrentarse a las actitudes y costumbres que promueven y toleran esta práctica es vital para cambiar la edad adecuada para contraer matrimonio.

La labor del Estado y de las instituciones de la sociedad civil es desarrollar y ejecutar unos sistemas que prevengan o rechacen esta práctica. Se necesitarían medidas por parte del gobierno que revisen el derecho consuetudinario y civil. Puesto que el matrimonio infantil está estrechamente relacionado con la escasez económica, el compromiso del gobierno de reducir la pobreza probablemente llevará a una disminución de los matrimonios infantiles.

Finalmente, en la Declaratoria de la LI Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, celebrada en Santa María Huatulco, Oaxaca, el 18 de noviembre de 2016, se tomó el siguiente Acuerdo:

“Vigésimo Segundo. Propuesta de usted como gobernador y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago, con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano que derivan de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y que constituyen un compromiso de los tres poderes y de los tres órdenes de gobierno, este pleno de gobernadores aprueba diez compromisos para la protección de la niñez y adolescencia en las entidades federativas:

6. Prohibición legal del matrimonio infantil sin excepciones ni distinciones. Concluir la armonización legal sin dispensas para la prohibición del matrimonio infantil. (Cumplimiento: diciembre 2016).”

Por lo anterior, el que suscribe someto a consideración de esta asamblea, la discusión y en su caso, aprobación del presente:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los congresos locales de Baja California, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tabasco a que, en sus legislaciones respectivas, establezcan de manera expresa como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años, sin que haya lugar a excepciones o dispensas que permitan el matrimonio infantil, en términos del artículo 45 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Segundo. Se solicita a los congresos locales que hagan pública la iniciativa respectiva; así como un informe en el que se detalle la fecha de su aprobación, publicación, entrada en vigor y los mecanismos implementados para su cumplimiento.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatales, a que, en el marco de sus competencias, implementen los programas y acciones necesarios para la erradicación del matrimonio infantil, así como el seguimiento de los casos que a la fecha se tengan registrados en las citadas entidades federativas.

Notas

1 https://plan-international.es/por-ser-nina/campana/matrimonio-infantil

2 Dato reportado por Save the Children a partir de censos y encuestas oficiales.

3 https://actualidad.rt.com/actualidad/259322-matrimonio-infantil-mexico- ninas-adolescentes-casarse

4https://www.unicef.org/spanish/protection/files/FactShe et_childmarriage_sp.pdf

5 Fondo de Población de las Naciones Unidas, El estado de la población en el mundo 2005: La promesa de igualdad: Equidad de género, salud reproductiva y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, FNUAP, Nueva York, 2005, pág. 50.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.

Diputados: Ignacio Moreira Valdez y diputadas Laura Barrera Fortoul, María Alemán Muñoz Castillo, Soraya Pérez Munguía y Norma Adela Guel Saldívar (rúbricas)

Con punto de acuerdo, para rendir un homenaje a los deportistas locales que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos de México 68, a 50 años de celebrados, a cargo del diputado Ernesto Vargas Contreras, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado federal Ernesto Vargas Contreras, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados de honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3: 79, numerales 1, fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición, al tenor de las siguientes.

Consideraciones

Los Juegos Olímpicos XIX de México 19681 se llevaron a cabo de 12 al 27 de octubre de 1968; participaron 112 países en 20 deportes y en 172 eventos. En la Olimpiada participaron 5 mil 516 atletas, de los cuales 718 mujeres y 4 mil 735 hombres.

En los Juegos Olímpicos del 68 el encendido del fuego olímpico por la atleta mexicana Enriqueta Basilio. El abanderado de nuestra delegación deportiva fue el pentatleta David Bárcenas Ríos.

La delegación nacional se ubicó en el sitio 11 de la justa olímpica al obtener un total de 9 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce.

• El 14 de octubre, José Pedraza Zúñiga obtuvo la medalla de plata en la marcha de 20 kilómetros.

• El 26 de octubre, el boxeador Mosca Ricardo Delgado obtuvo la medalla de oro.

• El boxeador pluma Antonio Roldán obtuvo para México la medalla de oro el 26 de octubre.

• Agustín Zaragoza, boxeador de peso medio conquistó la medalla de bronce el 26 de octubre.

• Joaquín Rocha, boxeador de peso completo, gano la medalla de bronce el 26 de octubre.

• La esgrimista María del Pilar Roldan ganó la medalla de plata en florete.

• El oro olímpico en 200 metros pecho fue alcanzado por el nadador Felipe Muñoz Kapamas.

• En los 800 metro libres, la mexicana María Teresa Ramírez obtuvo la medalla de bronce.

• Álvaro Gaxiola Robles obtuvo para nuestro país la medalla de plata en la disciplina de clavados, plataforma.

Las Olimpiadas de México 68 las ganaron Estados Unidos con 107 medallas, seguidos de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y de Japón

Medallero

Fuente: http://www.com.org.mx/ciclo-olimpico/mexico-1968/

Además de las medallas en los deportes oficiales, México obtuvo 10 medallas en frontón y tenis, que fueron deportes de exhibición. De ellas, cinco fueron de oro, una de plata y cuatro de bronce.

Datos del Comité Olímpico Mexicano señalan que en esta olimpiada se construyeron el Palacio de los Deportes, la Pista Olímpica de Remo y Canotaje, El Velódromo Olímpico Agustín Melgar, la Sala de Armas, la Alberca Olímpica Francisco Márquez, el Polígono Olímpico de Tiro y el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

A recordar que en los Juegos Olímpicos de México 68, se prohibió la participación de Sudáfrica, por sus políticas racistas, las Alemanias compitieron como países por separado por primera vez, y El Salvador, Honduras, Kuwait, Paraguay debutaron en el olimpismo mundial. Por primera vez se aplicaron exámenes antidoping y de sexo.

La Ruta de la Amistad fue una propuesta que hermanó a los pueblos del mundo con México; fue un corredor escultórico ubicado en el Anillo Periférico. Mathías Goeritz y Pedro Ramírez Vázquez desarrollaron el proyecto. La ruta cuenta con 17 km de largo y 22 esculturas creadas por artistas de Japón, México, Polonia, España y Estados Unidos.

Esta soberanía, no ha sido omisa a reconocer a los atletas mexicanos que ganan medallas olímpicas para nuestro país.

El 25 de septiembre de 2012, la Junta de Coordinación Política sometió a la consideración del pleno camaral acuerdo por el que se determina que la Cámara de Diputados rendirá un homenaje a los deportistas mexicanos que obtuvieron medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos celebrados en la ciudad de Londres, Inglaterra.

El homenaje a los medallistas se llevó a cabo en el marco de la sesión ordinaria del martes 25 de septiembre de 2012. En ella los grupos parlamentarios posicionaron hasta por tres minutos cada uno; destacando la participación del diputado y medallista olímpico de México 1968, Felipe Muñoz Kapamas.

Por lo anteriormente motivado, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3: 79, numerales 1, fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. En el marco del quincuagésimo aniversario de la celebración de los Juegos Olímpicos de México 1968, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión acuerda rendir un homenaje a los deportistas mexicanos que obtuvieron medalla en los Juegos Olímpicos de México 68 durante una sesión del pleno de este órgano camaral.

Nota

1 http://www.com.org.mx/ciclo-olimpico/mexico-1968/

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 4 de octubre de 2018.

Diputado Ernesto Vargas Contreras (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al INE a difundir un reporte detallado respecto al aplazamiento de la modalidad del voto electrónico para el sufragio de mexicanos residentes en el extranjero en el proceso 2017-2018, a cargo de la diputada María del Pilar Lozano Mac Donald, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María del Pilar Lozano Mc Donald, diputada del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que la honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo General del instituto Nacional Electoral a hacer público un informe detallado respecto al aplazamiento de la modalidad del voto electrónico para la emisión de votos de mexicanos residentes en el extranjero en las pasadas elecciones del primero de julio, así como de todo el proceso del voto postal para este mismo ejercicio, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que el pasado 30 de junio, en conferencia de prensa, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Enrique Andrade, informó que fueron 98 mil 454 sufragios recibidos de mexicanos provenientes de 106 países, de los cuales el 77 por ciento llegó de los Estados Unidos. El consejero reconoció que, aunque dicha cifra podría considerarse baja, en función de la comunidad de mexicanos fuera del país, en especial en Estados Unidos, enfatizo que, en relación con la participación de elecciones pasadas, en particular del 2012, se incrementó la participación 150 por ciento y el número de países de origen, que entonces fueron únicamente 95.

II. Que el primero de julio, a partir de las 8 de la mañana, camionetas del INE resguardadas por la Secretaría de Marina, trasladaron esos votos de la bodega del INE al Tecnológico de Monterrey con funcionarios y vecinos de las delegaciones de Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco, y para proceder al conteo de los votos.

III. Que el voto desde el extranjero vía postal representó un gasto de 280 millones de pesos, lo que significa un costo aproximado de dos mil 500 pesos por cada voto. Sin olvidar que posiblemente lo complicado de esta forma de votación influyó para que muchos mexicanos que ya habían tramitado su credencial no se registraran para votar.

IV. Que el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala:

“ 1. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrían ejercer su derecho al voto para elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos y senadores, así como de gobernadores de las entidades federativas y del jefe de gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las Constituciones de los estados o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

2. El ejercico del voto de los mexicanos residentes en el extranjero podrá realizarse por correo, mediante entrega de la boleta en forma personal en los módulos que se instalen en las embajadas o consulados o, en su caso por vía electrónica , de conformidad con esta Ley y en los términos que determine el Instituto”

V. Que en sesión de Consejo General del INE, el 15 de marzo de 2017, los consejeros votaron por unanimidad aplazar la posibilidad de implementar el voto electrónico para los mexicanos residentes en el extranjero, considerando que no sea seguro ni daría certeza en su aplicación.

VI. Que de acuerdo a los consejeros ya no había tiempo y representaba un gasto oneroso implementar esta modalidad, así que decidieron recibir los voto de los mexicanos radicados en el exterior por vía postal, modalidad que, al día de hoy, por declaraciones del mismo consejero encargado de la Comisión del Voto en el Extranjero, Enrique Andrade, “el voto postal resultó ser ya muy complicado, con grandes dificultades, y sumamente riesgoso”, y que diversos especialistas señalan que esta modalidad ya hizo crisis y está rebasado.

VII. Que diferentes académicos y especialistas en este tema, señalan que es completamente viable y posible esta modalidad del voto electrónico, siempre y cuando se hagan algunas modificaciones al marco legal y también de capacitación para ejercerlos, pero sin duda es necesario conocer los pormenores de esta opción para llevarla a cabo y también tener los detalles de lo ocurrido y la experiencia del pasado proceso respecto del voto postal, para que con esta información transitemos de una vez por todas a la modalidad electrónica para que más mexicanos puedan ser partícipes en la elección de los poderes públicos de su país.

VIII. La experiencia para la comunidad mexicana migrante les deja como lectura que el proceso de credencialización para obtener su credencial para votar con fotografía y el envío del paquete electoral para emitir su voto desde el extranjero vía postal, resultó insuficiente, con fallas de origen para su implementación, de elevada complicación para el migrante por la condición de la política de criminalización de la migración, insuficiente información y la ausencia de una verdadera voluntad política de parte de la autoridad electoral para que la comunidad migrante participara. La consecuencia ha sido la baja participación que no refleja el auténtico y mayoritario interés de participación de los mexicanos que viven en el extranjero.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) a hacer público un reporte detallado respecto al aplazamiento de la modalidad del voto electrónico para la emisión de votos de mexicanos residentes en el extranjero en las pasadas elecciones del primero de julio, así como un listado de las acciones que debe llevar a cabo para hacerlo una realidad en los próximos procesos electorales.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo General del Instituto Nacional Electoral haga público un reporte detallado de conclusiones sobre el proceso de voto postal llevado a cabo para mexicanos residentes en el extranjero en las pasadas elecciones del primero de julio, así como de las acciones que implementó durante el proceso electoral para hacer efectiva la participación de los mexicanos que viven en el exterior.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.

Diputada María del Pilar Lozano Mac Donald (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Puebla a revisar que el decreto por el cual se crea el organismo público descentralizado Ciudad Modelo no viole el artículo 115 constitucional, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada federal Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El veinte de enero de dos mil diecisiete, el secretario general de gobierno del estado, Diódoro Humberto Carrasco Altamirano, por petición de Rafael Moreno Valle Rosas, titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, presentó al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la iniciativa de decreto por la cual se crea el organismo público descentralizado denominado “Ciudad Modelo”.

La iniciativa crea el organismo público descentralizado del gobierno del estado “Ciudad Modelo”, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de prestar los servicios y funciones públicas en la zona de desarrollo industrial, urbano y ecológico en el municipio de San José Chiapa, Puebla, también abarca los municipios de San José Chiapa, Nopalucan, Soltepec, Rafael Lara Grajales y Mazapiltepec, todos de Puebla, conforme a sus atribuciones y los convenios suscritos con los ayuntamientos de esos municipios.

Dicha iniciativa fue aprobada el 27 de enero de 2017, publicándose en el Tomo DI, Número 20, Cuarta Sección del Periódico Oficial del Estado, el decreto del honorable Congreso de Puebla.

La Secretaría de Marina-Armada de México comenzará la construcción del proyecto estación naval con centro de mantenimiento en un predio ubicado en el municipio de San José Chiapa, mismo que es colindante con el polígono de Ciudad Modelo, por lo que se solicitó al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, sea incorporado el predio al organismo público descentralizado con la finalidad de que sea este el que preste los servicios públicos, a fin de que la Secretaría se encuentre en posibilidad de lograr el desempeño de sus actividades.

Por lo anterior se entiende que la descentralización consiste en una técnica de organización jurídica para encomendar actividades estatales delegables a entidades estructuralmente separadas de la administración pública centralizada, pero formando junto con ella el concepto total e íntegro de administración pública,1 sin embargo en este caso es de suma importancia tomar en cuenta las distintas afectaciones que trajo este proyecto a los municipios, principalmente en el tema ecológico denunciado por los medios de comunicación, así como el incumplimiento de los acuerdos asumidos por el gobierno del estado.

Aunado a lo anterior, en el artículo 115 constitucional, en la fracción II menciona que “los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.”; y fracción IV “los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor”, es necesario tener en cuenta la supremacía constitucional en este Decreto, ya que no solo afecta a la población, también se pone en riesgo las facultades de los municipios. La nueva integración del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y la situación política-social del país, obliga a revisar a fondo las acciones realizadas anteriormente, ya que podrían estar violando derechos constitucionales.

Por lo anteriormente expuesto, en términos de los preceptos legales invocados, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa y con apego a su soberanía al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla a revisar que el decreto, por la cual se crea el organismo público descentralizado denominado “Ciudad Modelo”, no viole lo consagrado en el artículo 115 constitucional.

Nota

1 Véase https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2002/2002583.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a fortalecer con sus homólogas locales acciones para erradicar los casos de depresión y evitar el aumento de suicidios por esa causa, especialmente entre mujeres y jóvenes, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las acciones que contribuyan a erradicar los casos de depresión en la población y evitar el aumento de suicidios por esta causa, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El trastorno por depresión se ha convertido en un grave problema de salud pública en el mundo, situación que ha sido fomentada por los hábitos creados por el uso de las nuevas tecnologías y el gran auge de las ciudades, entre otras circunstancias. En efecto, cada vez es más grande el número de personas que son diagnosticadas con un padecimiento relacionado con la salud mental.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la depresión es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.1

Este trastorno puede llegar a ser crónico o recurrente, dificultando sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave, puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave puede necesitar de medicamentos y psicoterapia profesional.

Se estima que más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión, un trastorno que es la principal causa de discapacidad, y más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad. Se puede deducir que muchas personas padecen ambas afecciones.2

La depresión si no es tratada adecuadamente, puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es diagnosticada de larga duración e intensidad moderada a grave, ya que puede causar un gran sufrimiento y alterar las actividades laborales, escolares y familiares, en ocasiones puede llevar al suicidio. Se estima que cada año se suicidan cerca de 800 mil personas, siendo la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.3

No obstante, aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados (y más de 90 por ciento en muchos países) no recibe esos tratamientos. Entre los obstáculos que existen para una atención eficaz se encuentran la falta de recursos económicos y de personal sanitario capacitado en clínicas, además de la estigmatización de los trastornos mentales y la evaluación clínica inexacta. A menudo las personas que no son correctamente diagnosticadas son tratadas con antidepresivos, lo que puede poner en peligro su integridad mental y física.

Este trastorno es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos, especialmente aquellos que han pasado por circunstancias vitales adversas (desempleo, luto, traumatismos psicológicos) tienen más probabilidades de sufrir depresión.

Existe una distinción fundamental entre la depresión en personas con y sin antecedentes de episodios maníacos, que pueden ser crónicos y tendientes a causar recaídas, especialmente cuando no se tratan, por lo que es importante tener en cuenta la siguiente distinción:

• Trastorno depresivo recurrente: se caracteriza por repetidos episodios de depresión, causando un estado de ánimo bajo, pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, así como una disminución de energía en sus actividades diarias. Muchas personas también padecen síntomas de ansiedad, alteraciones del sueño y del apetito, sentimientos de culpa y baja autoestima, dificultades de concentración e incluso síntomas sin explicación médica.

• Trastorno afectivo bipolar: este tipo de depresión consiste característicamente en episodios maníacos y depresivos separados por intervalos con un estado de ánimo normal. Los episodios maníacos cursan con estado de ánimo elevado o irritable, hiperactividad, logorrea, autoestima excesiva y disminución de la necesidad de dormir.

Está demostrado que los programas de prevención reducen este trastorno y entre las estrategias comunitarias eficaces para prevenirla se encuentran los programas escolares para promover un modelo de pensamiento positivo entre los niños y adolescentes. Asimismo, los programas de ejercicio para las personas mayores pueden ser eficaces para prevenir la depresión.

En México, según de la Secretaría de Salud (Ssa) y su Programa de Acción de Salud Mental, se calcula que más de 10 millones de personas sufrirán depresión en algún momento de sus vidas; en cuanto a la epidemiología, la Encuesta Nacional de Enfermedades Psiquiátricas (2000) reportó que el primer grupo de enfermedades mentales, los trastornos de ansiedad, representan 14 por ciento, mientras que las enfermedades que tienen que ver con el estado de ánimo están en 9.1 por ciento de la población.4

Los padecimientos que tienen que ver con la salud mental ocupan el cuarto lugar en complicaciones médicas, y la depresión es uno de los más frecuentes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que 29.9 por ciento de los habitantes mayores de 12 años sufren algún nivel de depresión ocasional, mientras que 12.4 por ciento los experimenta de manera frecuente.

La depresión es el principal problema en materia de salud mental pública por ser el padecimiento que afecta a las personas de entre 14 y 35 años y, sobre todo, por ser la primera causa mundial de suicidio y la cuarta como discapacidad, en relación con la pérdida de años de vida saludable. Este trastorno en la primera razón para el deterioro en la calidad de vida entre mujeres y la novena para los hombres.

La Secretaría de Salud también indica que en años recientes se han quitado la vida alrededor de seis mil personas por año, ocurriendo más de la mitad de esas muertes en menores de 35 años. El costo que la pérdida de estas vidas tiene para los familiares y para la sociedad mexicana es incuantificable. El Inegi indicó que la tasa de suicidio en el año 2015 fue de 2 por cada 100 mil mujeres y de 8.5 por cada 100 mil hombres.5

Asimismo, ocurrieron 2 mil 599 fallecimientos por lesiones autoinfligidas de jóvenes de 15 a 29 años, lo que representa una tasa de 8.2 suicidios por cada 100 mil jóvenes de este grupo de edad (mayor a la nacional).6

La adolescencia y los primeros años de la adultez de las personas son etapas que implican grandes cambios físicos y emocionales, en donde pueden llegar a sentir malestar emocional ante las diversas situaciones y factores estresantes que se les presenten, ya sea en la escuela, en su círculo social o directamente en su familia, causándoles algún conflicto emocional que afecte a su salud y calidad de vida.

La Ley General de Salud, en su artículo 72, indica que la prevención de las enfermedades mentales debe tener un carácter prioritario. Se basará en el conocimiento de los factores que afectan la salud mental, las causas de las alteraciones de la conducta, los métodos de prevención y control de las enfermedades mentales, así como otros aspectos relacionados con la salud mental.7

Ante este panorama, es necesario que la Secretaría de Salud, en coordinación con sus homólogas en los estados, fortalezca las acciones que contribuyan a erradicar los casos de depresión en la población y evitar el aumento de suicidios por esta causa, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, ya que son de los grupos más vulnerables de la población.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las entidades federativas, fortalezcan las acciones que contribuyan a erradicar los casos de depresión en la población y evitar el aumento de suicidios por esta causa, especialmente entre mujeres y jóvenes.

Notas

1 http://www.who.int/topics/depression/es/

2 http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/2017/es/

3 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/depression

4 https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/En-Mexico-10-millones-en-ri esgo-de-depresion-20170504-0042.html

5 http://www.inprf.gob.mx/ensenanza/info_cursos/2018/prevencion_suicidio. pdf

6 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/suicidios2017_Nal. pdf

7 http://www.salud.gob.mx/cnts/pdfs/LEY_GENERAL_DE_SALUD.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a hacer pública la información sobre la construcción de la obra del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México y respetar el amparo 103/2018, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a cargo del diputado Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario del PES

El que suscribe, diputado Francisco Javier Saldívar Camacho, integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

En 2014, como parte del programa nacional de infraestructura, el gobierno federal, comenzó con la construcción del llamado tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México. El cual, en su proyecto contempla una longitud de 57.7 kilómetro y seis estaciones de las cuales dos serán terminales y cuatro intermedias.

Esta obra que se tiene prevista que concluya a finales de 2018, presenta un atraso significativo y en su desarrollo ostenta una serie de irregularidades y violaciones a derechos fundamentales de comunidades indígenas, agrarias, comunales y ejidales.

De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su artículo 6o., numeral 1, inciso a), y numeral 2, establece que el gobierno deberá llevar a cabo consultas a los afectados por medidas administrativas susceptibles de afectar directamente a un pueblo indígena y comunidad agraria, con la finalidad de llegar a un acuerdo acerca de las medidas.

Ante esto, diversas comunidades como el pueblo originario de San Lorenzo Acopilco, se ha pronunciado a través de distintos medios de comunicación, denunciando la falta de consulta por parte del gobierno federal en el desarrollo y construcción de la obra. Lo cual viola lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.

Pues con la construcción de la infraestructura para el tendido de las vías de conducción, se dañaron irreversiblemente mantos acuíferos, manantiales, reservas de bosque, causando las comunidades de origen afectaciones en los recursos que por derecho les pertenecen.

De igual forma, la ciudadanía afectada por la construcción del Tren Toluca- Valle de México, presentó una demanda ante el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con el fin de suspender los trabajos de la misma, dando como resultado el amparo 103/2018, el cual suspende la ejecución por parte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para despojar un terreno ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

Sin embargo, ante todas estas inconsistencias aquí expuestas, el Gobierno Federal a través de la SCT, ha hecho caso omiso e incumplido con la resolución del Tribunal Federal continuando con los trabajos de construcción del tren.

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a hacer pública la información respecto a la obra del tren interurbano de pasajeros Toluca-Valle de México.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a que respete el amparo 103/2018 del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 4 de octubre de 2018.

Diputado Francisco Javier Saldívar Camacho (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a hacer públicas las acciones y averiguaciones iniciadas respecto a delitos y agresiones cometidos contra periodistas, a cargo del diputado Luis Javier Alegre Salazar, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Luis Javier Alegre Salazar, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II; y numeral 2, fracción I, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente; proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, para que haga públicas las acciones y averiguaciones que se han iniciado derivado de los delitos y agresiones que se han cometido en contra de periodistas, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Para abordar la problemática que se suscita en torno a violaciones a los derechos humanos de periodistas y como consecuencia lesionar la esfera jurídica que protege a la libertad de expresión, es necesario conceptualizar los términos de periodismo y periodista.

El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Para obtener dicha información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio testimonio.1

Periodista es aquella persona que se dedica en forma más o menos profesional al periodismo a través de cualquier medio, ya sea prensa escrita, radio, televisión y/o medios digitales. La labor del periodista está asociada con la investigación de noticias o problemáticas de interés público y actualidad a través de diversas fuentes verificables para su difusión. La figura del periodista es amplia y, de acuerdo con su medio de desempeño, puede ocupar el rol de reportero, editor, redactor, fotógrafo, diseñador, técnico y otros.2

Ahora bien, en México en los últimos años el periodismo se ha vuelto una profesión cuyo ejercicio se ha vuelto muy peligroso derivado de todas las investigaciones donde denuncian todas las demandas sociales, las actividades ilegales, así como, los actos de corrupción en los que se han visto envueltos diversas autoridades y funcionarios de la administración pública y la iniciativa privada.

Todas estas actividades totalmente lícitas y que son materia de su profesión han ocasionado que se vulneren los derechos de los periodistas que van desde amenazas de muerte, tortura y secuestro, llegando hasta lamentables homicidios.

Cabe mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6o. es garante del ejercicio del periodismo, al referir que: “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

En el mismo sentido, es preciso señalar que la libertad de expresión es un derecho fundamental que se encuentra garantizado en el artículo 7° de nuestra Carta Magna, mismo que refiere: “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.”

Derivado de lo anterior es evidente que el ejercicio del periodismo es un derecho fundamental y que toda persona tiene derecho al libre acceso de la información, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de comunicación.

Por otra parte, en el año de 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas, posteriormente en el año de 2010, su denominación es actualizada con base en el contexto sociopolíticos de ese entonces y se nombra como Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), misma que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), y está facultada de dirigir, coordinar y ejercer las investigaciones, y en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de periodistas en razón del ejercicio del derecho a la información y de la libertad de expresión.3

No obstante, lo anterior, de acuerdo a un informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por detrás de Siria, Irak, Francia y Brasil, México se ubica en la quinta posición entre los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo.4, 5

Según fuentes periodísticas en los años de 2000 a 2018 la Comisión Nacional de Derechos Humanos informa que se han registrado 133 homicidios en contra de periodistas mismos que a pesar de los pronunciamientos de la UNESCO, la propia CNDH, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), no ha atendido oportunamente dichas denuncias, ni ha dado justicia a dichos crímenes.6

En el mismo sentido es de vital reglamentar el Artículo 134 de la Constitución, para que la publicidad oficial influya en la sociedad como un constante promotor de la defensa de los derechos a la información pública, además de que promueva el reconocimiento de derechos, el cumplimiento de obligaciones, y la rendición de cuentas en todo el país; con el objetivo de presentar una iniciativa de ley, de equidad publicitaría.

La iniciativa aprobada en mayo del 2018 respecto a la ley de comunicación social, también denominada “Ley chayote”, tendrá que ser revisada y perfeccionada ya que no contempla transparencia, ni el debido uso de recursos públicos.

Evidentemente, no basta con dar cuenta del deterioro de los derechos humanos y de la libertad de expresión, sino entender de que? manera es posible plantear políticas públicas, que hagan factible ofrecer una solución sustentable a este problema. Tal parece que no se ha profundizado suficientemente en las causas y las razones últimas que explican la sistemática violación a los derechos humanos que padece México, en lo general, y el deterioro de la libertad de expresión, en lo particular.

Finalmente es necesario mencionar que, derivado de las lagunas legales, así como la ineficiencia de las autoridades que están obligadas a salvaguardar los derechos de los periodistas y la libertad de expresión, a la fecha existen un gran número de periodistas asesinados, mismos que sus carpetas de investigación no han sido resueltas, a continuación, enuncio alguno de estos nombres de periodistas asesinados en los años de 2017 y 2018, con la esperanza de que las autoridades tomen cartas en el asunto y resuelvan los casos de homicidios que tanto lastiman no solo al gremio sino a toda nuestra sociedad.

Cabe mencionar que los homicidios cometidos en contra de los periodistas Rubén Pat Cauich y José Guadalupe Chan, ciudadanos de Quintana Roo, se suscitaron estando bajo la protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, dicho mecanismo tiene la misión de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que sufren agresiones con motivo de su labor.7

Sin embargo, en éste 2018 tras cometerse los dos homicidios en contra de los periodistas Rubén Pat Cauich y José Guadalupe Chan, comprueba que el antes citado mecanismo carece de eficacia, por lo que es necesario que de forma inmediata se revisen los procedimientos que tiene el Mecanismo, para garantizar su objetivo y de ser necesario asignar mayores recursos para el mismo propósito.

Es claro que, dicha fiscalía a pesar de las denuncias, así como, las evidencias y publicaciones que diversos medios de comunicación durante esta administración, el ejecutivo no ha cumplido con su obligación de salvaguardar el derecho fundamental a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, que está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de lo expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y al titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, para que haga pública las acciones y averiguaciones que se han iniciado, así como las que han sido resueltas derivado de los delitos y agresiones que se han cometido en contra de periodistas en el ejercicio de la libertad de expresión.

Notas

1 http://www.sicom.cat/blog/definicion-de-periodismo/

2 https://www.definicionabc.com/comunicacion/periodista.php

3 https://www.proceso.com.mx/215152/david-vega-vera-nuevo-fiscal-para-la- atencion-a-periodistas

4 https://amqueretaro.com/el-pais/mexico/2016/11/02/mexico-es-el-quinto-p ais-mas-peligroso-para-los-periodistas-unesco

5 http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/cele brations/international-days/world-press-freedom-day/previous-celebratio ns/worldpressfreedomday2009000/themes/safety-of-journalists/

6 https://www.proceso.com.mx/532732/
la-cndh-documenta-133-crimenes-de-periodistas-en-los-ultimos-18-anos-90-de-ellos-estan-impunes

7 https://www.gob.mx/segob/documentos/
conoce-mas-sobre-el-mecanismo-de-proteccion-de-personas-defensoras-de-derechos-humanos-y-periodistas

Dado en la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, a 4 de octubre de 2018.

Diputado Luis Javier Alegre Salazar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat, la Profepa y los gobiernos locales a fortalecer en el ámbito de sus facultades las acciones para conservar las especies en riesgo de extinción y su hábitat, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a los gobiernos de los estados, para que en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones para la conservación de las especies en riesgo de extinción y su hábitat, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 3 de marzo del año en curso, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemoró el Día Mundial de la Vida Silvestre, exhortando a los gobiernos, la sociedad civil y los agentes del sector privado de todo el orbe, a que contribuyan a crear conciencia para velar por la supervivencia de los grandes felinos y de la preciosa y frágil diversidad biológica del mundo en que vivimos.1

Las especies en peligro de extinción, en sus numerosas formas, constituyen un elemento irremplazable de los sistemas naturales de la tierra, que tiene que ser conservado para el bien de la comunidad.

El tema de la extinción de los animales ha adquirido un lugar cada vez más preponderante en la agenda gubernamental de muchos países de todo el orbe. La Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su meta 15 “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad”, establece que se debe de Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.2

Para dimensionar la gravedad de esta problemática, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señala que a nivel global se ha perdido el 50 por ciento de los animales y plantas salvajes, y en algunas áreas aún más, a causa del cambio climático, pérdida de hábitat.3

Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), una parte significativa de cada familia animal está amenazada: un 33 por ciento de los corales, un 25 por ciento de los mamíferos, un 13 por ciento de las aves y un 41 por ciento de los anfibios.

La Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN4 muestra que de las 63 mil 837 especies evaluadas 19 mil 817 están amenazadas por la extinción, incluyendo el 41 por ciento de los anfibios, 33 por ciento de los corales formadores de arrecifes, 25 por ciento de los mamíferos, 13 por ciento de las aves y 30 por ciento de las coníferas.5

Tan sólo en América del Sur, son 14 mil 60 especies evaluadas bajo los criterios de la Lista Roja, donde 4 mil 445 se encuentran como amenazadas de extinción, es decir, casi el 32 por ciento de las especies evaluadas. El número de las especies más críticamente amenazadas asciende a 665, donde se encuentran desde el sapito leopardo, los monos araña, los jaguares hasta las tortugas.

Sólo por mencionar un ejemplo en Asia, hace poco más de un siglo, vivían en libertad 100 mil tigres; en la actualidad hay menos de 4 mil. El 96 por ciento de su población se ha perdido.6

Para el caso de México, en la actualidad, el país cuenta con 34 reservas, 17 santuarios y 4 monumentos naturales, además es uno de los 17 países con más diversidad en el orbe. Asimismo se cuenta con cerca de 200 mil especies diferentes equivalentes al 10 por ciento total de la población de flora y fauna que existe en el planeta, convirtiéndolo en uno de los países denominados megadiverso.7

El país cuenta con una gran variedad de ecosistemas debido a su ubicación geográfica, lo cual favorece a la diversidad de todas las especies. Sin embargo, las prácticas de destrucción de los ecosistemas siguen prevaleciendo en nuestro país.

La pérdida del hábitat y la caza furtiva forman parte de los desafíos más alarmantes que enfrentan las especies silvestres hoy en día. El tráfico de especies son amenazas más inmediatas para muchas especies.

Diversos medios periodísticos señalan que el pasado 22 de septiembre del año en curso, una hembra oso negro especie en peligro de extinción fue golpeada por un vehículo, al intentar cruzar una carretera federal 2 en el kilómetro 129+950 del tramo Ímuris-Cananea, lugar en que falleció.8

Otro caso lamentable fue la localización de un ejemplar de jaguar (Panthera onca ) presuntamente cazado por pobladores del ejido Las Perlas, en el municipio de Jesús Carranza, Veracruz.9

En este mismo sentido, el pasado 21 de abril la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente aseguró un ejemplar macho juvenil de jaguar que se encontraba en un domicilio particular de la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca, Morelos, el cual no contaba con las condiciones de seguridad para la ciudadanía y el animal.10

La norma mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 tiene como propósito identificar a las poblaciones de flora y fauna silvestres en riesgo, por medio de la integración de las listas correspondientes, así como establecer los criterios de cambio de categoría de riesgo para las especies, mediante un método de evaluación de su riesgo de extinción.11

Actualmente, la norma incluye en su listado a 2 mil 606 especies, de las cuales 49 son especies extintas, 475 están en peligro de extinción, 896 están amenazadas y mil 185 son sujetas a protección especial. Entre las especies que se encuentran en peligro de extinción en el país son el loro cabeza amarilla, totoaba, mono saraguato, guacamaya verde, guacamaya roja, jaguar y el mono araña, entre otras.12

De allí la trascendencia del presente punto de acuerdo, a través del cual se busca fortalecer las acciones del gobierno federal y de las entidades federativas, para la conservación de las especies en riesgo de extinción.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como a los gobiernos de los estados, a que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan las acciones para la conservación de las especies en riesgo de extinción y su hábitat.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos federal y de las entidades federativas a que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, implementen una campaña permanente de concientización para la conservación de las especies en peligro de extinción.

Notas

1 http://www.un.org/es/events/wildlifeday/index.shtml

2 http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/180131_ODS-metas-digit al.pdf

3 https://news.un.org/es/story/2017/03/1374751

4 La Lista Roja de Especies Amenazadas de UICN, como inventario mundial, permite alertar al respecto del estado de la biodiversidad mundial; sus aplicaciones a nivel nacional permiten a los tomadores de decisiones considerar las mejores opciones para la conservación de las especies.

5 https://www.iucn.org/es/regiones/am%C3%A9rica-del-sur/nuestro-trabajo/p ol%C3%ADticas-de-biodiversidad/lista-roja-de-uicn

6 http://www.un.org/es/events/wildlifeday/sgmessage.shtml

7 http://hidroponia.mx/la-biodiversidad-en-mexico/

8 https://www.uniradionoticias.com/noticias/sonora/540941/muere-osa-atrop ellada-en-carretera-entre-Imuris-y-cananea.html

9 https://www.proceso.com.mx/551954/la-profepa-alista-denuncia-tras-local izar-el-cuerpo-de-un-jaguar-en-las-perlas-veracruz

10 https://www.animalpolitico.com/2018/04/aseguran-jaguar-cuernavaca/

11 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/435/1/NOM_059_SEMARNAT_2010 .pdf

12 http://www.profepa.gob.mx/innovaportal/v/6580/1/mx.wap/especies_en_cate goria_de_riesgo.html

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 4 de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP y la Conagua a revisar y, en su caso, revocar las tarifas de agua en Tamaulipas, a cargo de la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Olga Patricia Sosa Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II; y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes

1. Antecedentes

En la Ley Federal de Derechos con vigencia a 2014 se realizaron modificaciones en los artículos relativos al cálculo de tarifas para el pago de derechos por consumo de agua.

Consideramos que las nuevas fórmulas tienen una intención positiva, pues prevén bases técnicas para determinar la disponibilidad de agua en cada cuenca, y con esa referencia asignar tarifas más elevadas a las zonas con menos disponibilidad de agua y viceversa. Sin embargo, esa lógica no se reflejó en el caso de Altamira, Tamaulipas.

La mayoría de las cuencas del país mantuvo una tarifa similar a la de años anteriores; sin embargo, Altamira tuvo un gravísimo incremento de 300 por ciento; es decir, 4 veces la tarifa anterior; siendo por mucho la zona más afectada de la república.

En 2013, antes de los cambios de la ley, la tarifa para Altamira era de 1.61 pesos por metro cúbico y a partir de los cambios ascendió a 6.36 en 2014. En 2018 es de 7.46.

La razón por la que Altamira resultó tan afectada es que en la nueva fórmula de la Ley Federal de Derechos (artículo 231) se incluyeron como parte de los consumos las “reservas decretadas para preservar el caudal ecológico de las cuencas”, con lo cual se refleja que la cuenca tiene menor disponibilidad de agua que la que realmente existe.

En la fórmula de la LFD se da a estas reservas tratamiento de “extracción”, mas esa agua nunca podrá ser retirada de la cuenca, como se establece en el artículo 41 de la Ley de Aguas Nacionales, la cual determina que los volúmenes decretados como “reservas” no podrán ser extraídas en tanto no se levante la veda o reserva mediante decreto del Ejecutivo federal.

Pocas cuencas tienen determinada una reserva de caudal ecológico, y el sur de Tamaulipas es la única zona del país que tiene decretada este tipo de reserva en el tramo final del río (en la desembocadura al mar).

Lo anterior produce una condición desfavorable para la zona, pues eleva considerablemente el costo del agua, lo cual genera una seria pérdida de competitividad y desventaja comparativa para atraer inversiones. Por citar algunos ejemplos: en Coatzacoalcos, la tarifa actual es de 1.87 pesos y la de Tuxpan de 2.45, comparado con 7.46 que corresponde al sur de Tamaulipas, pese a tener condiciones similares.

Por gestiones realizadas durante 2014 y 2015, se logró el reconocimiento del gobierno federal respecto al efecto económico negativo que se deriva de la aplicación de esta fórmula, quienes en la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, presentada el 8 de septiembre de 2015 como parte del paquete económico para el ejercicio fiscal 2016 señalaron:

En efecto, en las cuencas cuya disponibilidad relativa se haya disminuido a una de menor disponibilidad como consecuencia del establecimiento de una reserva de agua para caudal ecológico, traerá como resultado un incremento en el monto del derecho a cubrir, lo que impactará de forma significativa los pagos realizados por los contribuyentes en ejercicios fiscales anteriores.

Con esos fundamentos, el Congreso de la Unión, aprobó el artículo sexto transitorio de la ley Federal de Derechos para 2016, en el cual se otorgaba un descuento que atenúa la afectación económica de las empresas, sin embargo no puede considerarse una solución completa debido a que

a) El descuento autorizado decrece gradualmente (25 por ciento cada año) hasta desaparecer.

b) Las nuevas inversiones tendrán que adquirir el agua sin descuento.

c) La clasificación de esta cuenca, sigue siendo de zona de disponibilidad 2, lo cual no refleja la realidad hidrológica.

Al no considerar la reserva ecológica en la fórmula, el sur de Tamaulipas debería estar clasificado en la zona de disponibilidad número 3, con una tarifa de 2.45 por metro cúbico (que es la que realmente corresponde a sus condiciones hidrológicas) en lugar de estar en la zona de disponibilidad 2, con tarifa de 7.46.

La actividad industrial de Altamira, afectada por los incrementos de tarifas de agua genera alrededor de 100 mil empleos (directos e indirectos), contribuye significativamente al PIB del estado y beneficia comercialmente alrededor de 5 mil PYMES en la región y diversos estados del país.

2. Consideraciones

El artículo 4o. de las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dota a todas las personas del derecho humano al agua: Toda persona tiene derecho al 5 acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, salubre y asequible.

La Carta Magna puntualiza que el Estado garantizará este derecho.

El derecho al agua se vincula directamente con el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

El artículo 27 constitucional apunta que la ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos v comunidades, regulará el aprovechamiento del agua de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de los pobladores.

La Ley de Aguas Nacionales establece que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es la autoridad en materia hídrica y se constituye como órgano superior técnico, normativo y consultivo de la federación.

Pese a lo anterior, la Ley de Aguas obliga a la Conagua a estudiar con el concurso de los consejos de cuenca y organismos de cuenca los montos recomendables para el cobró de derechos del agua y tarifas de cuenca.

Los organismos de cuenca cuentan con la atribución de realizar estudios sobre la valoración económica y financiera de agua para apoyar el diseño de tarifas de cuenca y de derechos de agua; además, estudiar y proponer en concordancia con los Consejos de Cuenca, los montos recomendables para el cobro de los derechos de agua y tarifas de cuenca.

Por lo motivado, y con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II; y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Agua a revisar, y en su caso, revocar las tarifas al agua en el sur de Tamaulipas, en particular la zona de Altamira.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.

Diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Sistema Nacional de Protección Civil a atender de inmediato la declaración de desastre en Durango y Coahuila, y destinar recursos suficientes del Fonden, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que les confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando se considere de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Dentro de las atribuciones como diputada federal es de suma importancia atender las principales necesidades del pueblo que representamos, es por ello que el día de hoy pongo en manifiesto el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución, primeramente con la firme intención de respaldar las solicitudes de Declaratoria de Desastre presentadas por los estados de Durango y Coahuila, derivado de las inclemencias climatológicas consistentes en lluvias severas que se originaron en días anteriores dentro las demarcaciones de estas entidades federativas y segundo para exhortar de manera urgente al Sistema Nacional de Protección Civil para de manera inmediata destine los recursos suficientes para atender la declaración; tomando en consideración los siguientes pronunciamientos:

Durante la tercera semana del mes de agosto y trascurridos del mes de septiembre de la presente anualidad, fui conocedora presencial de una serie de precipitaciones lluviosas concurrentes donde los estados de Durango y Coahuila fueron los más afectados, principalmente en la región Laguna, donde si bien es cierto, esta forma parte de una zona industrialmente desarrollada, también lo es que, la misma no cuenta con la preparación adecuada respecto a este tipo de inclemencia, ya que las lluvias no son recurrentes o bien no aparecen, dejando en estado de indefensión situaciones similares como las que se describen.

Podemos comentar que los antecedentes de lluvias en la Región Laguna son escasas, por lo que los habitantes en general desconocen el nivel de alcance de las mismas, lo que reitera la baja protección propia y sobre todo gubernamental.

Al respecto es importante manifestar que únicamente en esta región conformada por municipios pertenecientes a de Durango y Coahuila hubo la existencia de más de 450 familias afectadas, además de daños a la infraestructura municipales de cada entidad federativa y por otro lado la capital de Durango, que registro más de 400 familias afectadas, además de deteriores en su infraestructura donde destacan zonas escolares, centro histórico, vialidades etc.

Es menester precisar que esta información únicamente contempla a las zonas más desarrolladas, pero sabemos que tanto en zonas urbanas y rurales, el índice de afectación es similar, lo que implique una problemática real y sobre todo que las mismas llegan a ser consideradas como zonas de desastre seberas.

Ahora bien, el pasado jueves 28 de septiembre, de nueva cuenta la fuerza de la naturaleza hizo sus estragos, al presentarse fuertes lluvias en estos estados, generando severas inundaciones, donde centenas de viviendas fueron afectadas, además de daños en escuelas, lugares públicos, etc., así mismo la capacidad del drenaje fue superada y en algunos puntos el agua alcanzó el metro de altura.

Al respecto es importante mencionar, que con las inundaciones las viviendas, vialidades, caminos, sufren afectaciones, en mayor o menor medida, debido a los altos niveles alcanzados por el agua, su salinidad, la saturación del suelo, las malas prácticas constructivas en los sistemas y los materiales utilizados. El problema está, en que su identificación requiere de evaluaciones técnicas precisas, porque las deficiencias que generan no son apreciables a simple vista. Sin embargo, la denuncia ciudadana habla de que se encuentran dentro de una situación real de pérdida “sus viviendas están colapsando” dejándolos sin su patrimonio principal, lo que resulta la inmediata atención y prioridad que debe darse en materia de protección civil.

Ahora bien, dicho exhorto está sustentando de acuerdo a la principal finalidad del El Fondo de Desastres Naturales (Fondeen), donde básicamente es un instrumento financiero mediante el cual dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, a través de las Reglas de Operación del propio Fondo y de los procedimientos derivados de las mismas, integra un proceso respetuoso de las competencias, responsabilidades y necesidades de los diversos órdenes de gobierno, que tiene como finalidad, bajo los principios de corresponsabilidad, complementariedad, oportunidad y transparencia, apoyar a las entidades federativas de la República Mexicana, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en la atención y recuperación de los efectos que produzca un fenómeno natural, de conformidad con los parámetros y condiciones previstos en sus Reglas de Operación.

Dado lo anteriormente citado, el día hoy comparezco ante esta Cámara de Diputados, principalmente para solicitar la inmediata resolución del presente punto de acuerdo, respecto a los considerandos planteados

Me permito concluir, que mi principal intensión respecto al multicitado planteamiento consiste en dar sustentabilidad, condiciones de vida idóneas y desarrollo del buen vivir de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la titular del Sistema Nacional de Protección Civil a fin de que en el ámbito de sus competencias ponga especial atención a las solicitudes de Declaratoria de Desastre presentadas por los estados de Durango y Coahuila, derivado de las inclemencias climatológicas consistentes en lluvias severas que se originaron en los meses de agosto y septiembre dentro las demarcaciones de estas entidades federativas; así mismo exhortar de manera urgente para que de manera inmediata destine los recursos suficientes provenientes del Fondo de Desastres Naturales para la atención de los mismos.

Ciudad de México, a 2 de octubre de 2018, Palacio Legislativo de San Lázaro, Cámara de Diputados

Diputada Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Guanajuato a implantar una estrategia de seguridad pública para atender en el corto plazo el aumento exponencial de la violencia y la inseguridad a fin de proteger la integridad y el patrimonio ciudadanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo que exhorta al gobierno del estado de Guanajuato para que implemente una estrategia de seguridad pública que atienda, en el corto plazo, el aumento exponencial de la violencia y la inseguridad en la entidad, a fin de proteger la integridad y el patrimonio de los guanajuatenses, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La administración recientemente concluida del gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, heredó una entidad con los más altos niveles de violencia registrados en su historia, ubicándola hoy en el primer sitio en este rubro a nivel nacional.

En efecto, a lo largo de la anterior gestión, se registró un incremento sostenido de la violencia e inseguridad, lo cual atenta contra la paz y el orden de la sociedad, así como con la integridad y el patrimonio de los habitantes.

Para dimensionar la gravedad de esta situación, basta señalar que, de acuerdo con medios periodísticos, el sexenio de Miguel Márquez Márquez sumó la cifra más alta de homicidios en la historia de Guanajuato, con más de 6 mil personas asesinadas de septiembre de 2012 al cierre de su mandato, entre los que se cuenta decenas de policías, víctimas colaterales, mujeres y niños.1

El saldo del gobierno estatal en materia de seguridad pública da cuenta de una situación grave que es urgente atender. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2017 el número de delitos cometidos fue de 117 mil 857, cifra que representa un aumento de 11 por ciento con respecto a 2016 y de 46.2 por ciento con relación a 2013.2 Ello equivale a 323 delitos cometidos diariamente el año pasado. El total de delitos registrados significó 11 mil 592 y 37 mil 235 más con relación a a los años de 2016 y 2013, respectivamente.

Destaca el crecimiento, tanto en términos absolutos como relativos, de los homicidios dolosos, que pasaron de 641 en 2013 a mil 96 en 2017, es decir, un aumento de 71 por ciento en dicho periodo. Así, el número de homicidios por cada 100 mil habitantes, aumentó de 14.83 en 2015 a 18.55 al cierre de diciembre del año pasado.

Pero, como se señaló anteriormente, la violencia no ha cesado en lo que va del presente año; por el contrario, continúa la tendencia al alza. Entre enero-agosto de 2018 se registraron 89 mil 353 delitos, cifra superior en 15 por ciento con relación a igual periodo del año previo, lo que significa que durante este lapso se cometieron 368 delitos diariamente.

Con un total de 295 casos, el mes de septiembre se catapultó como uno de los más violentos en varios municipios de Guanajuato. Irapuato encabeza la lista con al menos 60 casos cometidos; le siguen Salamanca, con 52, y León con 45 y posteriormente Pénjamo, con 22.

Durante este 2018, Guanajuato estaría acumulando 2 mil 430 ejecuciones, considerando la cifra oficial de agosto de 2 mil 135 casos que ya reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.3

Ante este panorama, no ha habido una respuesta eficaz de parte de las autoridades correspondientes para atender y revertir dicha situación. La ola de violencia se da en un contexto de transición de gobierno, que hasta el 25 de septiembre pasado estuvo encabezado por Miguel Márquez Márquez y cuyo nuevo titular es Diego Sinhúe Rodríguez Vallejo, también del Partido Acción Nacional (PAN).

El nuevo gobernador ha decidido ratificar a Álvar Cabeza de Vaca como secretario de Seguridad Pública y a Carlos Zamarripa Aguirre como responsable de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes fungían en dichos cargos en la anterior administración estatal, justamente cuando la incidencia delictiva alcanzó niveles sin precedentes.

Es importante destacar que del miércoles 26 de septiembre (cuando tomó protesta el nuevo gobernador) al 1 de octubre (ya con la nueva estrategia del nuevo gobierno de Diego Sinhúe Rodríguez) van 54 asesinatos registrados en diversos municipios del estado.4

Entre los homicidios cometidos destaca el de dos empresarios, uno hotelero y otro del sector gasolinero, lo que ha despertado preocupación e incertidumbre en el ámbito empresarial. Este representa un importante foco rojo, ya que como sabemos, la inseguridad desincentiva las inversiones y el turismo, con su impacto adverso sobre la economía en su conjunto. En contraparte, respetar el Estado de derecho y tener índices bajos de criminalidad, son elementos claves para la prosperidad económica y el bienestar social, de acuerdo con los especialistas.

Ante esta situación de inseguridad, el nuevo gobernador estatal afirmó: “Refrendo mi compromiso de trabajar todos los días para que Guanajuato recupere la seguridad. Sé muy bien que será una labor que exigirá todo nuestro empeño y energía (...)”.5

Resaltó que el combate a la inseguridad será la principal y más urgente tarea de su gobierno. Al respecto, definió algunas prioridades, entre las que destacan las siguientes: instruyó al secretario de Gobierno y al secretario de Seguridad Pública locales para que la nueva estrategia tenga como prioridades la creación del Consejo Estatal de Seguridad que deberá asegurar la adecuada coordinación de las fuerzas federales, estatales y municipales; el fortalecimiento permanente de las capacidades del gobierno en la prevención y el combate a la delincuencia, así como de las capacidades de la procuración de justicia para que los responsables del delito paguen por sus actos y evitar así la impunidad; mejorar el desempeño de las policías municipales con recursos financieros y políticas concretas para elevar sus capacidades, y así lograr que sirvan mejor a la gente; trabajar día con día para acercar la justicia a los ciudadanos y atender con humanidad y eficacia a las víctimas de la delincuencia; y fortalecer el tejido social para acercar oportunidades de ingreso y bienestar a todas la comunidades del estado.

Hasta el momento, sólo son buenas intenciones, ya que día a día, se siguen cometiendo delitos en diferentes municipios de la entidad, en perjuicio de la tranquilidad e integridad de las familias guanajuatenses. Resulta urgente una estrategia integral en materia de seguridad pública que atienda, en lo inmediato, la creciente ola de violencia que aqueja a la entidad, y que en el mediano y largo plazos, permita revertirla. Los ciudadanos necesitan saber qué va a hacer el nuevo gobierno para garantizar su integridad, cuándo y cómo lo va a hacer, ya que se trata de una de las demandas más apremiantes de la sociedad.

El artículo 21 de nuestra Constitución Política establece que: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

Por su parte, el artículo 11 de la Constitución Política del estado de Guanajuato establece que: “La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución”.6

El artículo 77, fracción IV, de la misma Constitución señala que el gobernador del estado debe procurar la conservación del orden, y vigilar la tranquilidad y la seguridad del Estado. Finalmente, el artículo 3o. de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato señala que la seguridad pública es una función a cargo del estado y sus municipios.

Como se desprende de la normatividad vigente, existe responsabilidad directa de las autoridades estatales correspondientes sobre la situación de inseguridad creciente que prevalece en la entidad.

Ante este panorama, resulta fundamental conocer la estrategia de seguridad pública que instrumentará en el corto plazo la nueva administración estatal para hacer frente a la ola de violencia que impera en diversos municipios de la entidad, a fin de restituir la paz y el orden, así como salvaguardar la integridad de las familias guanajuatenses.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a que implemente una estrategia de seguridad pública que atienda, en el corto plazo, el aumento exponencial de la violencia y la inseguridad en la entidad, a fin de proteger la integridad y el patrimonio de los guanajuatenses.

Notas

1 http://www.eluniversal.com.mx/estados/guanajuatoheredo-gobierno-de-marq uez-estela-de-muerte

2 http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2018.pdf;
http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Delitos-2017.pdf;

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadi sticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2013_092017.pdf

3 http://zonafranca.mx/con-un-total-de-295-homicidios-cierra-septiembre-c omo-el-mes-mas-violento-de-2018-para-leon-irapuato-y-salamanca/

4 http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-primeros-cinco-dias-de-sinhu e-en-guanajuato-54-asesinatos

5 http://www.24-horas.mx/2018/09/27/
ofrece-diego-sinhue-golpe-de-timon-en-estrategia-de-seguridad-en-guanajuato/

6 http://www.congresogto.gob.mx/
leyes?utf8=%E2%9C%93&query=Constituci%C3%B3n+Pol%C3%ADtica+del+Estado+de+Guanajuato

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los cuatro días de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Infonavit a suspender los desalojos de viviendas, la venta de cartera vencida, vivienda adjudicada y cobranza extrajudicial; y hacer público el procedimiento de cancelación de contrato en favor de la empresa Telra Reality, a la cual se encomendó el control del programa Cambiavit, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena y PES

Los que suscriben, Alejandro Carvajal Hidalgo, Julieta García Zepeda, Olegaria Carrasco Macías, Agustín García Rubio, Samuel Herrera Chávez, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Eraclio Rodríguez Gómez, Erasmo González Robledo y Julieta Kristal Vences Valencia, Carmen Patricia Palma Olvera, Graciela Zavaleta Sánchez Diputados Federales del Grupo Parlamentario de Morena y Miguel Acundo González del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, pertenecientes a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, proposición de punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho para todas las familias, a disfrutar de vivienda digna y decorosa, bajo los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar dicho objetivo.

El derecho universal a una vivienda, es uno de los derechos humanos, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, apartado 1 y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En ese sentido, desde su creación en el año de 1972, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tiene a su cargo esta importante misión, señalada dentro de su objeto, al señalar que deberá establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para la adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas.

Actualmente en distintos estados del país, se están llevando a cabo desalojos por parte del Infonavit, afectando a miles de familias, que han sido víctimas de la pérdida de su patrimonio por parte del instituto,1 que hoy ofrece uno de los créditos más altos del mercado,2 y que ante la inestabilidad en el empleo, aunado a los altos pagos que deben realizarse, inicia procedimientos jurídicos poco claros, en los cuales deja en estado de indefensión a los derechohabientes, hasta llegar al desalojo, abandonando con ello el objeto para el cual fue creado.

El Instituto desde hace algunos años, ha vendido a empresas los inmuebles adjudicados, así como los créditos de la cartera vencida, desvirtuando con ello el objeto para el que fue creado, y provocando con ello que solo unos cuantos se beneficien, ya que estas ventas se realizan en precios mínimos que, sin lugar a duda, si se ofreciesen al derechohabiente estarían en posibilidad de liquidar sus viviendas.

Misma problemática que ocurre con las empresas y despachos de abogados que subcontrata el Infonavit, para realizar los requerimientos de pago ante atrasos, que ya sea vía telefónica o mediante correo postal, ejercen actos de presión y violencia psicológica a través de llamadas telefónicas y visitas domiciliarias en contra de los titulares de los créditos, rebasando las facultades con las que cuentan, ya que no solo pone en riesgo el patrimonio, sino que trastoca la dignidad de las personas, con estas prácticas fuera de la ley, con simulaciones y engaños, tales como supuestas notificaciones de embargo que llegan a sus domicilio.

Finalmente, derivado de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit ) gastó 5 mil 88 millones de pesos para cancelar un contrato que, en su momento, fue aprobado a favor de la empresa Telra Reality , empresa contratada para el control del programa Cambiavit, un programa de movilidad hipotecaria que permite que los usuarios del instituto adquieran una segunda vivienda pese a tener un crédito vigente, sin embargo, el consejo de administración del instituto aprobó pagar la citada cantidad, para evitar “contingencias jurídicas” que pudieran afectar el inicio del programa de segunda vivienda, y así evitar una “práctica monopólica o de concentración” de oferta de vivienda al permitir que Telra mantuviera la propiedad y operara en forma exclusiva y discrecional la plataforma informática”.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía, con carácter de urgente , el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en estricto respeto al principio federalista de división de poderes, extiende un respetuoso exhorto al ciudadano director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a efecto de que, en cumplimiento a su mandato legal, suspenda los desalojos de vivienda en todo el territorio nacional, hasta en tanto no se revise la política pública en materia de vivienda.

Segundo . Suspenda la venta de cartera vencida y vivienda adjudicada a favor de particulares, analizando la prioridad que se tiene de respetar el derecho al acceso a la vivienda a favor de los derechohabientes.

Tercero. Suspenda la cobranza extrajudicial por parte del Instituto, realizada por empresas subcontratadas, salvaguardo en todo momento el respeto a la dignidad de las personas, y en un marco estrictamente apegado a derecho.

Cuarto . Haga público el procedimiento que llevó a cabo para el pago de 5 mil 88 millones de pesos por la cancelación del contrato a la empresa Telra Reality, empresa contratada para el control del programa Cambiavit, y que justifique el motivo de dicho pago, así como el impacto que tuvo este pago en los recursos de la subcuenta de vivienda propiedad de los trabajadores.

1 Con información de: “Por Amor a mi Casa”, Movimiento Amplio Social Sinaloense, Barzón Mazatlán.

2 Ver cuadro anexo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.

Diputados: Alejandro Carvajal Hidalgo, Julieta García Zepeda, Olegaria Carrasco Macías, Agustín García Rubio, Samuel Herrera Chávez, Edelmiro Santiago Santos Díaz, Eraclio Rodríguez Gómez, Erasmo González Robledo, Julieta Kristal Vences Valencia, Carmen Patricia Palma Olvera, Graciela Zavaleta Sánchez, Miguel Acundo González.

Anexo

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a suscribir los convenios de la OIT, en particular el número 183, relativo a la protección de la maternidad, sobre el cumplimiento del derecho a la lactancia de las trabajadoras, a cargo de la diputada Érika Vanessa del Castillo Ibarra, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra, integrante del grupo parlamentario de Morena de la LXIV, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esa soberanía la siguiente proposición de punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En noviembre de 2016, los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, el Derecho a la Salud, el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer y el Comité de los Derechos del Niño lanzaron un llamado conjunto a las naciones para proteger a los niños y a sus madres y facilitar prácticas óptimas de alimentación, tomar todas las medidas para proteger, promover y garantizar el amamantamiento y también para detener la promoción inapropiada de los sustitutos de la leche materna. Más de 800 mil niños podrían salvarse anualmente si los países asumieran la tarea de entender este asunto como una cuestión de Estado.

De acuerdo con los relatores, el derecho a la lactancia es el que tienen las mujeres a amamantar y los pequeños a ser amamantados. Ambos son sujetos de derecho. El derecho a la lactancia está relacionado directamente con el derecho a una alimentación adecuada y al cuidado de la salud, ambos objetivos contenidos en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Si bien, la decisión de amamantar, o de no hacerlo, es exclusivamente de cada mujer, los gobiernos deben proteger, promover y apoyar los derechos de todas las mujeres a amamantar. Las Naciones Unidas recomiendan:

-Reconocer legalmente el derecho de todas las mujeres, niños y niñas a la nutrición y a la salud.

-Proveer adecuados permisos de maternidad (por al menos cuatro meses pero preferiblemente por al menos seis meses), después del parto para facilitar la lactancia materna exclusiva.

-Proveer horarios flexibles de trabajo -por ley- para las madres que regresan al trabajo, incluyendo intervalos para amamantar.

-Proteger los derechos de las mujeres a amamantar en público.

-Capacitar a todo el personal de la salud, incluyendo a la profesión médica, parteras y parteros, enfermeras y enfermeros, sobre la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna.

-Proveer información sobre las ventajas de la lactancia materna, particularmente a las mujeres embarazadas para permitirles tomar decisiones bien informadas.

-Prevenir toda forma de promoción de los sucedáneos de la leche materna, biberones, tetinas, hada el público en general, pero especialmente hacia las mujeres, antes o después del parto.

-Solicitar facilidades a la patronal que permitan a las mujeres comenzar y continuar la lactancia materna, extraerse la leche y almacenarla.

-Sancionar a quienes presenten actitudes discriminatorias o juzguen el derecho a la lactancia en lugares públicos y/o laborales.

-Proteger la maternidad de las mujeres trabajadoras es esencial para los derechos de la mujer, para permitirle de combinar satisfactoriamente sus funciones sin estar expuesta a discriminación en el trabajo motivada por su papel de madre. La protección de la maternidad de las trabajadoras contribuye a la salud y el bienestar de las madres y sus bebés y por tanto a una sociedad más justa, igualitaria y equitativa.

Por lo antes fundado y expuesto, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía, la siguiente:

Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución

Único. Exhortar al Poder Ejecutivo federal a suscribir los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular el Convenio sobre la Protección de la Maternidad (núm. 183), referentes al cumplimiento del derecho a la lactancia de las mujeres trabajadoras.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 4 de octubre de 2018.

Diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a implantar por la Sagarpa acciones y programas tendentes a volver eficiente el uso del agua en la agricultura del país, a cargo de la diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la implementación de acciones y programas tendientes a eficientar el uso del agua en la agricultura de nuestro país.

Consideraciones

La agricultura es de suma importancia a nivel mundial, es la columna vertebral de cualquier país, no solo por la generación de alimentos y materias primas, sino también por la generación de oportunidades de empleo a una importante cantidad de la población, la agricultura es en gran medida una de las actividades económicas más importantes para el desarrollo de cualquier nación, México no es la excepción ya que en nuestros campos vive el 24 por ciento de la población.

Se reconoce la grandeza y bondades de la agricultura, sin embargo, debemos mencionar que es el sector que consume más agua, datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señalan que la agricultura utiliza tres cuartas partes del agua que se consume a nivel mundial; la industria utiliza 15 por ciento y el uso en los hogares es de un 10 por ciento únicamente. En México las actividades agropecuarias consumen el 76.3 por ciento del agua, los otros grandes consumidores son la industria y la generación de energía.

Sin duda, el vital líquido es esencial para la producción de alimentos que consume el ser humano, se requieren distintas cantidades de agua. Por ejemplo, para producir un kilogramo de maíz se necesitan 900 litros de agua; para un kilogramo de trigo 1,300 litros de agua y para un kilogramo de arroz 3,400 litros de agua. Por otra parte, se requieren 15,500 litros de agua para producir un kilogramo de res, lo cual incluye el agua que bebe la res a lo largo de su vida y el agua requerida para cultivar los granos que le sirven de alimento. Para alimentar a una persona adulta, con base en una dieta rica en proteínas, se requieren 5,000 litros de agua al día. Para alimentar a la misma persona, esta vez con base en una dieta vegetariana, se requieren 2,000 litros por día.

La encuesta nacional agropecuaria señala que en México la superficie agrícola total es mayor a 27 millones de hectáreas, de las cuales en el 81 por ciento casi 22 millones, se siembra en un año agrícola. De esta superficie sembrada, el 80 por ciento es de temporal y sólo un 20 por ciento tiene algún sistema de riego. Esta situación, coloca al país en la sexta posición a nivel mundial en cuanto a superficie con sistemas de riego. Las unidades con sistemas de riego junto con las de temporal tecnificado son el 46 por ciento de la superficie agrícola.

El tema clave respecto al consumo del agua en agricultura, no debe avocarse simplemente a incrementar la superficie de riego. De todas las unidades de producción agrícola en México, sólo el 12 por ciento cuentan con sistemas de riego. De estas el 78 por ciento utiliza un sistema rodado o por gravedad. Si bien este sistema es mucho más eficiente que la agricultura de temporal, es el más ineficiente en cuanto a ahorro de agua. En el lado opuesto, los sistemas de goteo y de micro aspersión que son los más eficientes respecto al consumo del agua, son utilizados sólo por el nueve y el cinco por ciento de las unidades de producción, lo que refleja la falta de políticas en la materia, la carencia de acciones y programas que ayuden a eficientar el uso del agua en la agricultura.

No se desconoce el programa o Componente de Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua del Programa de Productividad Rural que ha implementado la SAGARPA, pero datos del Compendio de Indicadores de Gestión y Resultados de la propia Secretaría, muestran la falta real de apoyos para el cuidado y manejo del agua en el sector de la agricultura, los conceptos de apoyo de mayor relevancia en inversión corresponden a las obras de captación, manejo y almacenamiento de agua con un promedio de 1.4 millones de pesos, es decir, el apoyo es irrisorio, para darnos una idea de las malas políticas implementadas por la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, la inversión total de los proyectos por hectárea de superficie atendida, el monto promedio fue de 18,857 pesos, lo que demuestra la falta de apoyo.

El agua es un recurso cada vez más escaso en México y el mundo. Por ello, para nuestro país, resulta imprescindible continuar mejorando la eficiencia en el uso del agua en la agricultura, así como promover su uso de manera sustentable.

Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 79, numeral 2, fracción III, y 65, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto de urgente y obvia resolución a la consideración de ese honorable pleno, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que implemente acciones y programas tendentes a eficientar el uso del agua en la agricultura de nuestro país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de octubre de 2018.

Diputada María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía se pronuncia contra cualquier acto de endurecimiento de la política migratoria que, en violación de los tratados internacionales suscritos por el país, menoscabe los derechos y la dignidad de los migrantes mexicanos y sus familias, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, diputados Juan Carlos Loera de la Rosa y Ulises García Soto, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia en contra de cualquier acto de endurecimiento de la política migratoria que, en violación a los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, tenga por objetivo o efecto el menoscabo de los derechos y la dignidad de los migrantes mexicanos y sus familias, al tenor de lo siguiente

Antecedentes

Primero. A nivel mundial la migración internacional ha crecido en volumen, alcance, complejidad e importancia demográfica en los últimos 20 años. Desde 1990, las corrientes migratorias internacionales se han vuelto cada vez más diversas y muchos países son en la actualidad simultáneamente países de origen, destino y de tránsito1 . Tal es el caso de México, país en el que también la migración de retorno es cada vez más visible, derivado de la política migratoria de Estados Unidos.

Segundo. Entre 1990 y 2013, América del norte registró el mayor incremento en el número de migrantes internacionales durante ese período –un aumento neto de 1,1 millones de migrantes al año. En 2013, las mujeres constituían 48 por ciento de la migración internacional2 .

Tercero. El mayor corredor migratorio del mundo se extiende entre Estados Unidos y México. Alrededor de 12 millones de migrantes internacionales mexicanos residen en Estados Unidos, mientras en México residen 1.2 millones de personas extranjeras. En 2017 hubo 167 mil 64 personas mexicanas retornadas desde Estados Unidos (8 mil 912 niñas y niños), mientras que México regresó a sus países de origen a 82 mil 237 migrantes (17 mil 93 niñas y niños), se reconoció como refugiadas a mil 907 personas (36 niñas y niños) y se otorgó protección complementaria a 918 (28 niñas y niños)3 .

Cuarto. Los Estados tienen la obligación de respetar, garantizar, defender y promover los derechos humanos de las personas migrantes, independientemente de su nacionalidad y estatus migratorio. Así como de velar por la garantía de los principios de unidad familiar y del interés superior del niño y la no devolución de personas que requieren protección internacional.

Quinto. La Ley de Migración, en el artículo 2 establece los principios que deben regir la política migratoria en México. Entre otros, se incluye el respeto irrestricto de los derechos humanos, la congruencia, el enfoque integral, la responsabilidad compartida, la hospitalidad y solidaridad internacional y la facilitación de la movilidad internacional de personas.

Consideraciones

Ante este contexto migratorio los Estados han desarrollado diferentes políticas migratorias, en su mayoría enfocadas al control y gestión de los flujos migratorios desde una perspectiva de seguridad nacional.

Paralelamente, ha habido diversas iniciativas desde la sociedad civil para revertir esta tendencia y promover una visión diferente de la migración en la que las personas migrantes y sus familiares sean el centro de las políticas y normatividad que rige la materia.

A nivel internacional, uno de estos esfuerzos es el Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), que se desprende del Foro Social Mundial, pensado desde 2005 como un proceso en construcción permanente, horizontal y descentralizado asumiendo como principios organizativos la autonomía, la autogestión y la autosuficiencia.

El FSMM busca la construcción de una nueva visión de la migración, detonar un cambio y fomentar la inclusión, el respeto, la igualdad, el reconocimiento y valoración de las diferencias. Busca construir un proceso social en favor de la defensa de los derechos de las personas migrantes y sus familiares que les incorpore en la discusión de sus necesidades y expectativas y soluciones; fortalezca los diálogos entre las redes sociales y las personas migrantes; y, sea capaz de influir en las decisiones de políticas públicas para hacer política de otra forma, no desde el poder sino desde las personas mismas y su visión de cómo enfrentar la realidad que viven y les hace migrar.

La octava edición del FSMM se llevará a cabo en la Ciudad de México, del 2 al 4 de noviembre de este año. Ello es un honor para México y se debe, desde los diferentes Poderes de la Unión, apoyar y fortalecer el esfuerzo de la sociedad civil mexicana por realizar este evento de talla mundial y de revertir la tendencia que en México se ha traducido en diferentes violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y de sus familiares, tanto en las comunidades de origen como en las de tránsito, destino y retorno.

Este foro constituye una oportunidad para mostrar uno de los grandes valores que nos ha caracterizado desde hace más de 500 años y que es la hospitalidad. La hospitalidad que continúa y continuará siendo parte indisoluble de nuestra cultura mexicana.

Los pueblos que viven alrededor de nuestras fronteras han sido y son ejemplo permanente de bienvenida y hospitalidad para quienes transitan, retornan o se establecen en esas regiones, muy a pesar de las políticas públicas decretadas desde los órganos de poder y más allá de las malas prácticas que agreden y violentan a las personas migrantes y sus familiares.

Estas políticas en la actualidad se han convertido en herramientas para la criminalización y militarización de nuestras fronteras. Pero esto debe cambiar y

México debe predicar con el ejemplo, y hacer una realidad en México la tolerancia, inclusión, acceso a regularización migratoria y, en general, el ejercicio de derechos que exigimos a Estados Unidos para la población migrante.

No debemos replicar prácticas de odio, discriminación e intolerancia. No debemos permitir que la agenda migratoria bilateral y regional se centre en un endurecimiento de la política de detección, detención y deportación ni en Estados Unidos, ni en México. No a más centros de detención migratoria en ambos lados de la frontera.

Para ello, es que se presenta este punto de acuerdo para invitar a esta soberanía a que más allá de las visiones partidistas, apoyemos las acciones públicas que se llevarán a cabo en favor de las personas migrantes. De manera específica, aquellas que se llevarán a cabo el próximo 12 de octubre, donde grupos y organizaciones de la comunidad en ambos lados de la frontera estarán dando la bienvenida a quienes cruzan día con día las fronteras políticas que dividen a las naciones y a nuestros pueblos.

Al siguiente día, el 13 de octubre, continúan las actividades en la línea fronteriza con un encuentro de familiares de migrantes separados por las políticas migratorias, en la que piden la presencia de legisladores en ambos lados de la frontera. Este encuentro anual es parte de la campaña “Abrazos Si, Muros No”.

Estas acciones nacen de las comunidades que viven y conviven con la migración todos los días. Son manifestaciones ciudadanas que tienen como objetivo reabrir el Paso del Norte (Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas), dándole la bienvenida a la paz, la cooperación y la reconciliación. Acciones que se oponen a la criminalización de la migración, lo cual significa: no a la detección, no a la detención, no a la deportación, no a los desplazamientos forzados y no a la separación de familias.

Por lo expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de la Cámara, con el siguiente resolutivo:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se pronuncia en contra de cualquier acto de endurecimiento de la política migratoria que, en violación a los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte, tenga por objetivo o efecto el menoscabo de los derechos y la dignidad de los migrantes mexicanos y sus familias.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión realizará las acciones que resulten conducentes para participar en las actividades que se realizarán el 12 y 13 de octubre en la frontera norte de México, en favor de la pacificación, la cooperación, la reunificación de las familias, la no separación de familias y la no criminalización de la migración en ambos lados de la frontera.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al Poder ejecutivo que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, se apoye la realización de dicho foro y se facilite, atendiendo a los requisitos legales para ello, la expedición de visas y el ingreso de quienes participarán en el 8o. Foro Social Mundial de las Migraciones.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión manifiesta su apoyo a la realización del 8o. Foro Social Mundial de las Migraciones, mismo que se llevará a cabo del 2 al 4 de noviembre del año en curso.

Notas

1 La situación demográfica en el mundo, 2014. ONU. ST/ESA/SER.A/354. Disponible en línea en:

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/
trends/Concise%20Report%20on%20the%20World%20Population%20Situation%202014/es.pdf

2 Ibídem.

3 Conforme a datos estadísticos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los cuatro días de octubre de 2018.

Diputados: Juan Carlos Loera de la Rosa y Ulises García Soto (rúbrica).