Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 5126-IV, martes 2 de octubre de 2018

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, relativo a las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas oaxaqueñas, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía se congratula por la renegociación del TLCAN y felicita al gobierno de la república por el trabajo realizado para materializar el acuerdo, que traerá al país más inversiones y generación de empleo, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, los gobiernos locales y los ayuntamientos a implantar estrategias y acciones para evitar que la población de comunidades afectadas haga justicia por propia mano; y destinar mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a las localidades que requieran atención de riesgo de inseguridad e ingobernabilidad, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PES
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Puebla y la PGR a apresurar las investigaciones sobre la denuncia por presunta desaparición forzada del defensor de los derechos ambientales Sergio Rivera Hernández; y realizar acciones para su inmediata búsqueda y localización, a cargo de la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sedesol a establecer mesas de diálogo con los representantes de las estancias infantiles en cada una de las 32 entidades federativas para considerar sus demandas y propuestas en la definición de las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles de 2019, suscrita por los diputados Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Óscar González Yáñez y José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta soberanía a realizar acciones para restringir la compra y el empleo de productos plásticos desechables de un solo uso; y explorar la utilización de biodegradables o materiales como el vidrio en las actividades parlamentarias, suscrita por integrantes el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía acuerda prohibir el uso de productos de plástico de diversos tipos en sus instalaciones y dependencias, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, relativo a implantar un programa de regularización, emplacamiento y empadronamiento de los vehículos usados de procedencia extranjera internados en el país, a cargo del diputado Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas instituciones y los servicios médicos forenses de las entidades federativas y de la Ciudad de México a actuar conforme a los protocolos operativos, los reglamentos y las NOM para el manejo de cadáveres, según los principios de respeto y trato digno de los cuerpos, a cargo de la diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se condena la violencia contra niñas y adolescentes en el estado de México, a cargo de la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía acuerda considerar el 27 de septiembre fecha relevante nacional y que los tres Poderes de la Unión ensalcen la importancia del general Vicente Guerrero Saldaña como el consumador de la independencia de México, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Segob y la SHCP a liberar los recursos del Fonden a fin de agilizar la entrega de bienes materiales para proteger la vida, la salud, la alimentación y el suministro de agua a las familias damnificadas por las recientes lluvias en Sinaloa, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, para realizar un censo por regiones de las instalaciones deportivas y de los servicios brindados en ellas, a cargo de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a hacer públicos los avances en torno a la denuncia sobre el caso de espionaje con el programa Pegasus, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a hacer pública la información pormenorizada sobre el cumplimiento de objetivos, metas, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al presidente electo a hacer pública la información sobre el proyecto de reforma que formará la Guardia Civil Nacional, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán a difundir la información relacionada con las acciones y los resultados de seguridad pública implantados durante esta administración en la entidad, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias a garantizar la seguridad de los habitantes y los turistas del puerto de Acapulco y refrendar el respeto de los derechos humanos de los integrantes de la policía local, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Coahuila a solucionar la grave crisis del sistema de seguridad social de los trabajadores de la educación, a cargo del diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a instaurar y fortalecer con las instancias de seguridad pública y procuración de justicia, así como con los municipios, protocolos de actuación en materia de prevención, atención y acción en caso de linchamientos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a ministrar los recursos al Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula por la Secretaría de Finanzas local, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la Semarnat y la Conanp a emitir la declaratoria de sitio Ramsar para el humedal La Ciénega, de Tláhuac, Ciudad de México, a fin de que se agregue a la lista de sitios protegidos por la convención relativa a los humedales de importancia internacional, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la LX Legislatura del Congreso del estado de México a analizar la viabilidad de abrogar el decreto 317 que expide la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado el 10 de agosto de 2018 en la Gaceta de Gobierno local, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, el Conapred y el Inmujeres a garantizar la aplicación de la NOM en igualdad laboral y no discriminación para erradicar la discriminación múltiple contra mujeres por razones de género o discapacidad; e informar a esta soberanía sobre el avance de la certificación de los centros de trabajo públicos, privados y sociales en dicha norma, a cargo de la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Veracruz a devolver con observaciones al Congreso el decreto que adiciona el capítulo tercero Bis, “Acoso cibernético”, y en éste el artículo 196 Bis, al título VI del libro segundo del Código Penal local, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y la CNH a hacer públicos los estudios de impacto ambiental de las prácticas de exploración y explotación de gas natural de lutitas en México vinculadas a la técnica de fracturación hidráulica proyectadas para la cuenca de Burgos y Tanlajás, Tamuín, San Antonio y Ébano, San Luis Potosí, a cargo del diputado Cipriano Charrez Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP, la CRE y la CFE a promover acciones que garanticen la condonación total de los adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de energía eléctrica de diversos municipios de Veracruz y la eliminación de la tarifa doméstica de alto consumo; y analizar y establecer ajustes tarifarios preferenciales en ese estado, Campeche, Chiapas y Tabasco, suscrita por el diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Órgano Interno de Control en el INE a iniciar una investigación sobre los integrantes del Consejo General del órgano público local electoral de Puebla y a los 26 consejos distritales locales por los actos o las omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del instituto vinculados a faltas graves que hayan afectado los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad durante los comicios de 2017-2018 para gobernador, a cargo de la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atender con la mayor brevedad por la Ssa y resolver el desabasto de Ciclofosfamida y Purinetho, indispensables para la atención de cáncer, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la STPS a tomar medidas inmediatas que deriven en acciones de verificación y observación de las próximas elecciones para representantes del STPRM, a fin de garantizar transparencia, equidad e imparcialidad, voto libre y secreto, y respeto inalienable de los derechos laborales básicos, a cargo del diputado Manuel Gómez Ventura, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a practicar una revisión a la Conapesca por el contrato número DGI-20-03-045-2014, referido a la obra Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca; y al Órgano de Control Interno de la Sagarpa, a iniciar una indagatoria por presuntos actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Conapesca en la reconstrucción de la escollera este en Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, en el contrato DGI/FONDEN/20-01-064-2018, a cargo del diputado Víctor Blas López, del Grupo Parlamentario de Morena
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedapa de Oaxaca a hacer de conocimiento público el proceso de regionalización ganadero aplicado durante el periodo 2012-2018 y efectuar reuniones regionales a fin de implantar un proceso de reestructura de sistemas de producción ganadera y pecuaria, así como estrategias regionales de conservación de los recursos naturales, para incluirlos en la estrategia de la administración 2018-2024, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

Con motivo del 50 aniversario de la matanza estudiantil, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Con motivo del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, relativo a las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas oaxaqueñas, a cargo de la diputada María del Carmen Bautista Peláez, del Grupo Parlamentario de Morena

María del Carmen Bautista Peláez, diputada del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional a LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4; 76, numeral 4; 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución, relativo a las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A través de diversos medios de comunicación, el martes 28 de agosto se dio a conocer a la opinión pública la inusitada mortandad de más de 300 tortugas de las especies golfina y laúd frente a las costas de Oaxaca. La información destacó que “a 3 millas náuticas, frente a la Barra de Santa María Colotepec, cientos de tortugas marinas fueron encontradas muertas al quedar atrapadas en mallas de pesca”.1

El hallazgo motivó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CNANP), órganos desconcentrados de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, mismas que, en el ámbito de su competencia, se dieron a la tarea indagar las causas y circunstancias de la mortandad de las especies protegidas, tortuga golfina (Lepidochelys olivacea) y tortuga laúd (Dermochelys coriácea).

De acuerdo con el comunicado de Profepa, del 28 de agosto de 2018, determinó que la causa de la mortandad fue debido al enmallamiento de los ejemplares en redes prohibidas. Así puede leerse:

Determina Profepa que enmallamiento de más de 300 tortugas marinas fue con red prohibida de pesca ribereña en costas de Oaxaca.

La Profepa atendió la mortandad de más de 300 tortugas marinas de nombre común golfina, las cuales se encontraban enmalladas en el mar frente a la Barra de Colotepec, Jurisdicción del municipio de Santa María Colotepec, distrito de Pochutla, Oaxaca.

• Tipo de red donde quedaron atrapadas las tortugas es de pesca ribereña para atrapar pez ojoton, es decir, no es usada para la extracción de camarón o atún.

• Profepa atiende mortandad de tortugas enmalladas; e investiga el caso para obtener información de los presuntos responsables.

• Encuentra a los quelonios en avanzado grado de descomposición; la causa de la muerte fue por ahogamiento derivado de artes de pesca prohibidos.

• Profepa y Conapesca entablarán comunicación con pescadores para concientizarlos por el no uso de redes prohibidas, mismas que afectan a especies marinas en riesgo.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendió la mortandad de más de 300 tortugas marinas de nombre común golfina (Lepidochelys olivacea ), las cuales se encontraban enmalladas en el mar frente a la Barra de Colotepec, Jurisdicción del municipio de Santa María Colotepec, distrito de Pochutla, Oaxaca.

Personal de la Profepa, en coordinación con elementos la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), el Centro Mexicano de la Tortuga, la Universidad del Mar, pescadores y personal del municipio de Santa María Colotepec, dieron atención a los reportes de los habitantes de la zona, por lo que se acudió al lugar e investigar el caso.

Por las características físicas externas en las que se encontraron a los quelonios, tales como el color y tamaño del caparazón de dichas tortugas marinas, se determinó que se trata tortugas marinas de nombre común golfina (Lepidochelys olivacea ).

En el lugar ubicado en la coordenada 15° 48’ 08.48” latitud norte y 96° 59’ 50.21” longitud oeste, jurisdicción del municipio de Santa María Colotepec, distrito de Pochutla, Oaxaca, se efectuó el entierro de más de 300 tortugas marinas. De acuerdo con los expertos en la materia, dichos quelonios tenían aproximadamente 8 días de haber fallecido dentro del mar, por ahogamiento, toda vez que estaban enredadas con mallas de pesca prohibidas de 120 metros de longitud aproximadamente y monofilamento nylon de 6 pulgadas.

Es importante resaltar que dichos ejemplares, al momento de la atención, se encontraban en avanzado estado de descomposición, y algunos ya fragmentados.

Por ello y para evitar focos de contaminación, las tortugas marinas fueron enterradas en dos fosas con medidas de 6 por 6 metros y 4 por 5 metros, con una profundidad de 2 metros cada uno, mismas que fueron excavadas con el apoyo una maquinaria pesada tipo retroexcavadora marca Caterpillar.

La especie de vida silvestre antes descrita se encuentran enlistada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 “Protección ambiental-especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio lista de especies en riesgo”, como en peligro de extinción (P).

Asimismo, se encuentra enlistada en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y acuerdo por el que se establece veda para las especies y subespecies de tortuga marina en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como las del Océano Pacífico incluyendo el Golfo de California, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 1990.

Cabe señalar que tanto la Profepa como la Conapesca harán recorridos por la zona y entablarán comunicación con los pescadores del lugar, a fin de concientizarlos sobre el no uso de redes prohibidas que afectan a las especies marinas en riesgo.

Con esto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) refrenda su compromiso con la conservación y preservación de la fauna marina. Con el objeto de contar con más información se exhorta a la ciudadanía en general que aporte información que permita la identificación del presunto o presuntos responsables de la muerte de estas tortugas marinas, a fin de llevar a cabo las investigaciones correspondientes por parte de esta Procuraduría.2

Las tortugas golfina y laúd son especies que se encuentran bajo veda por lo que está prohibida su captura, comercialización y aprovechamiento. De conformidad con el acuerdo por el que se establece veda para las especies y subespecies de tortuga marina en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como las del Océano Pacífico incluyendo el Golfo de California, publicado el 31 de mayo de 1990 en el Diario Oficial de la Federación, las arriba señaladas “constituyen un recurso natural que forma parte de la riqueza pública de la nación que el Estado tiene el deber de conservar para que su aprovechamiento rinda los mayores beneficios a la economía nacional”.

El régimen de protección en zonas protegidas, playas y santuarios lleva diversas acciones e instrumentos mismos que se señalan en el acuerdo citado anteriormente y que se puntualizan a continuación:

a) El establecimiento de campamentos tortugueros en las principales playas de arribazón durante los periodos de reproducción de las nueve especies y subespecies que desovan en territorio mexicano.

b) Disminución del universo de usuarios de estos recursos, reservados legalmente para su aprovechamiento a las sociedades cooperativas da producción pesquera desde 1972.

c) El establecimiento de un régimen de vedas parciales y totales por especie

d) La declaratoria de dieciséis zonas de reserva y sitios de refugio ubicados en las costas del Golfo de México y Océano Pacífico para evitar el deterioro de las condiciones ecológicas del medio natural y la contaminación, tendentes a proteger en dichas zonas y en una franja marítima de cinco millas náuticas la reproducción y anidación de las tortugas marinas por decreto publicado el 28 de octubre de 1986 en el Diario Oficial de la Federación.

e) Adopción de esquemas de aprovechamiento para que comunidades pesqueras e indígenas tuvieran diversificación de actividades en relación con la explotación de recursos derivados de las especies protegidas de tortugas.

Este mismo acuerdo señala la veda total e indefinida para las especies de tortugas marinas existentes en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México y Mar Caribe, así como las del Océano Pacífico incluyendo el Golfo de California denominadas: “tortuga golfina” (Lepidochelys olivacea) y “tortuga laúd” (Dermochelys coriacea) entre otras especies que se enlistan de forma exhaustiva.

El acuerdo citado establece las prohibiciones para las especies protegidas y, en caso de incidencias, cuáles deberían ser los protocolos a seguir en caso de que alguna de las especies fuera capturada por actividades y operaciones de pesca. Así se lee en los artículos segundo y tercero:

Articulo Segundo. Queda estrictamente prohibido extraer, capturar, perseguir y molestar o perjudicar en cualquier forma a todas las especies y subespecies de tortugas marinas en aguas de jurisdicción federal del Golfo de México, Mar Caribe, Océano Pacifico y Golfo de California, así como en las playas de todo el territorio nacional donde arriben para desovar, al igual que destruir sus nidos y recolectar, conservar o comerciar sus huevos.

Artículo Tercero. Los ejemplares de cualquier especie de tortuga marina capturadas incidentalmente durante las operaciones de pesca comercial de otras diferentes, deberán ser devueltas al mar, independientemente de su estado físico, vivas o muertas, quedando en consecuencia prohibida su retención y transportación a bordo de las embarcaciones pesqueras.

A mayor abundamiento, la Semarnat ha publicado diversos programas de protección para la conservación de la especie,3 entre los que se encuentran las tortugas laúd y golfina mismos que exponen la problemática y desarrollan los subprogramas de conocimiento, manejo, restauración, protección, cultura y gestión de las especies.

En este documento se lee que la “tortuga laúd es la más oceánica de las tortugas marinas y por lo mismo, una de las que menos se conoce. Es el reptil marino más grande que existe; en el Caribe pueden llegar a medir hasta 178 cm (largo curvo del caparazón) y pesar hasta 500 kg. Los laúdes del Pacífico mexicano son más pequeñas, alcanzan una talla promedio de 142 cm de largo curvo de caparazón. Sus características anatómicas y fisiológicas la hacen muy diferente al resto de las tortugas, y la colocan como el único miembro viviente de la familia Dermochelyidae”. 4

La golfina es “la especie de tortuga marina más abundante en el mundo y es también la más pequeña de la familia Cheloniidae. Se caracteriza por tener un caparazón casi circular, este tiene más de 15 escudos mayores, cinco dorsales y frecuentemente más de cinco pares laterales, aunque también puede presentar desigualdad en el número de escudos en ambos lados; el par lateral anterior está en contacto con el escudo precentral. El plastrón tiene cuatro escudos inframarginales. La cabeza es mediana y triangular, presenta dos pares de escamas prefrontales, el pico es córneo, no es aserrado pero tiene con un reborde alveolar interno. La cola del macho se asoma por debajo del caparazón. Posee dos garras en cada una de sus cuatro extremidades...”5

De acuerdo con el programa al que se ha hecho mención, las principales causas de declinación de la población de las especies de tortugas protegidas pueden determinarse entre otras, en la captura incidental por la “pesquería con palangre, redes de deriva, de arrastre y cerco principalmente, tanto en aguas nacionales como internacionales”. A mayor abundamiento, otros factores además de la pesca incidental son el incremento de actividades humanas y la contaminación de los mares con plásticos donde los ejemplares tienden a ingerir basura como bolsas, envases y plásticos.

Las costas del estado de Oaxaca tienen playas y zonas de conservación importantes que son santuarios para la anidación de tortugas. La tortuga golfina, la especie más impactada en la reciente mortandad registrada por el uso de redes prohibidas para la pesca, y laúd encuentran en las playas oaxaqueñas un lugar seguro para la anidación; sin embargo, es necesario tomar en cuenta las actividades pesqueras ribereñas que no perjudiquen a estas especies, dichas actividades son vitales para el desarrollo de las comunidades pesqueras que tienen su principal fuente de subsistencia en la pesca.

En este sentido se considera oportuno el exhorto al secretario de Medio Ambiente y Recurso Naturales para que, en el ámbito de su competencia, realice la revisión y fortalecimiento de los Programas de Protección para la Conservación de la Especie de tortugas protegidas a fin de disminuir las altas tasas de mortandad en costas del estado de Oaxaca.

Igualmente se considera el exhorto al Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, en el ámbito de su competencia, considere el fortalecimiento de protocolos de prevención y actualice los estudios de fuentes potenciales de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas estado de Oaxaca.

Es oportuno el exhorto al procurador federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de su competencia, realice las indagatorias y se deslinden las responsabilidades a fin de interponer la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra de quien o quienes resulten responsables por las altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas Estado de Oaxaca.

Finalmente, se estima el exhorto al secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado a reforzar los programas de capacitación y de canalización de recursos necesarios para realizar alternativas adicionales de pesca, que no impacten el ecosistema de especies de tortugas protegidas, y permitan el incremento de ingresos económicos en beneficio de pescadores ribereños del estado de Oaxaca.

Por lo anterior expuesto, se presenta a la consideración de esta honorable asamblea, por ser de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de su competencia, realice la revisión y fortalecimiento de los Programas de Protección para la Conservación de la Especie referidas a las tortugas amenazadas a fin de disminuir las altas tasas de mortandad de especies registradas en costas del estado de Oaxaca.

Segundo. Se exhorta al comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas para que, en el ámbito de su competencia, considere el fortalecimiento de protocolos de prevención y actualice los estudios de fuentes potenciales de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del estado de Oaxaca.

Tercero. Se exhorta al procurador federal de Protección al Ambiente para que, en el ámbito de su competencia, realice indagatorias y deslinde responsabilidades a fin de interponer la denuncia penal correspondiente ante la Procuraduría General de la República en contra de quien o quienes resulten responsables de conductas u omisiones que causaron altas tasas de mortandad de especies de tortugas protegidas en costas del estado de Oaxaca.

Cuarto. Se exhorta al secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura del gobierno del estado a reforzar los programas de capacitación y de canalización de recursos necesarios para realizar alternativas adicionales de pesca, que no impacten el ecosistema de especies de tortugas protegidas, y permitan el incremento de ingresos económicos en beneficio de pescadores ribereños del estado de Oaxaca.

Notas

1 “Mueren cientos de tortugas marinas en Oaxaca por malla de pescadores”, 28 de agosto, 2018, en https://elrio.mx/mueren-cientos-de-tortugas-marinas-en-oaxaca-por-malla -de-pescadores/

2 En https://www.gob.mx/profepa/prensa/determina-profepa-que-enmallamiento-d e-mas-de-300-tortugas-marinas-fue-con-red-prohibida-de-pesca-riberena-e n-costas-de-oaxaca?idiom=es

3 Semarnat. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Programa de Acción para la Conservación de la Especie, tortuga laúd. En https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/350180/PACE_Tortuga_Laud .pdf

4 Ibid. Página 15

5 Cfr. Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Programa de Monitoreo de la Tortuga Golfina (Lepidochelys olivacea) en el Parque Nacional Lagunas de Chacahua, 2008, en http://www.conanp.gob.mx/acciones/fichas/chacahua/info/info.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputada María del Carmen Bautista Peláez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual esta soberanía se congratula por la renegociación del TLCAN y felicita al gobierno de la república por el trabajo realizado para materializar el acuerdo, que traerá al país más inversiones y generación de empleo, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto acuerdo, por el que la Cámara de Diputados se congratula por la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y felicita al gobierno de la república por el trabajo realizado para la materialización de este importante acuerdo, que traerá al país más inversiones y generación de empleo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Desde su creación, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha generado importantes beneficios para los tres países miembros, promoviendo el crecimiento económico, las inversiones, el comercio trilateral y haciendo de la región una de las más productivas y competitivas del mundo. A partir de este acuerdo, México incrementó el comercio con sus socios en más de 470 por ciento, convirtiéndose en uno de los mayores exportadores del mundo y en un socio elemental para Estados Unidos y Canadá.

Actualmente, la región representa más de 25 por ciento del PIB mundial, genera el 16 por ciento del comercio global, es el área de mayor comercio del planeta y alberga a más de 482 millones de personas, equivalente al 7 por ciento de la población mundial.

El comercio trilateral generado por el acuerdo asciende a por lo menos 2.8 mil millones de dólares al día, lo cual representa un poco más de 25 por ciento del producto interno bruto del mundo.

Entre los beneficios de este pacto comercial, destaca la generación de empleos, la atracción de inversiones y la modernización de nuestra cadena productiva, así como el fortalecimiento del estado de derecho, generando certidumbre para las operaciones de comercio exterior y las inversiones multilaterales.

Nuestros socios norteamericanos representan más de 50 por ciento de la participación en la inversión extranjera directa en México, y 75 por ciento de los alimentos que importamos proviene de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. De cada 100 dólares de intercambio comercial que el país realiza con el mundo, 60 dólares son el resultado del comercio con Estados Unidos y Canadá.

Este tratado ha consolidado a Estados Unidos y Canadá entre nuestros principales socios comerciales, con los que intercambiamos diariamente productos como partes automotrices, electrodomésticos, equipos de comunicación y alimentos.

Hace más de un año que dio comienzo una nueva etapa en la relación trilateral. Los socios norteamericanos tomaron la decisión de modernizar el TLCAN, a fin de potencializar el comercio y convertir a Norteamérica en la región más competitiva del mundo.

México siempre vio en la renegociación una oportunidad para explorar nuevas ventajas e intensificar el comercio trilateral, por ello, los negociadores mexicanos imprimieron una perspectiva ganar-ganar en el proceso, con el objetivo de beneficiar a la región en conjunto y no sólo los intereses unilaterales de un país en particular. El país siempre se mostró abierto a la negociación y la construcción de acuerdos.

Fueron más de 250 reuniones de trabajo con representantes de los sectores productivos del país, entre representantes del sector campesino, productores agropecuarios, inversionistas, consultores, instituciones educativas y representantes del sector cultural.

El proceso de renegociación representó un gran reto para los países miembros, pero gracias a la voluntad política y al diálogo, hemos llegado todos a buen puerto. El 30 de septiembre, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, anunciaron la finalización de las negociaciones y el pacto de un nuevo acuerdo trilateral que renovará nuestras relaciones y dará un nuevo impulso al comercio y las inversiones en la región.

En todo momento, la propuesta de México impulsó el libre mercado y el acceso justo de los productos mexicanos a los mercados de nuestros socios.

El nuevo acuerdo permitirá a la región de América del Norte profundizar su integración productiva, a fin de continuar siendo una de las regiones más competitivas del mundo. Ahora, el siguiente paso será el análisis y la ratificación por el Senado de la República y los órganos legislativos respectivos de nuestros socios.

Reconocemos que el equipo negociador tuvo las capacidades para concretar un acuerdo que se traducirá en grandes beneficios para México durante los próximos años, permitiendo un mayor comercio entre Estados Unidos y Canadá, con nuevas regulaciones para sancionar actos fraudulentos como hechos de corrupción, una mayor participación de las empresas nacionales en las cadenas productivas.

La experiencia y el conocimiento de los negociadores mexicanos fueron elementos fundamentales para defender los intereses de México y proteger sectores sensibles para nuestro país. Gracias a su esfuerzo, hoy nos congratulamos de celebrar un nuevo tratado que se traducirá en la creación de millones de empleos y en múltiples beneficios económicos para nuestra población.

Para México, es innegable que el TLCAN, ha sido uno de los principales motores de crecimiento y desarrollo económico, así como de la competitividad y la apertura con el exterior. Este nuevo acuerdo creará un mercado más libre y un comercio justo que fortalecerá el crecimiento económico en la región.

Por ello, el presente punto de acuerdo tiene el propósito de expresar una muestra de felicitación al Gobierno de la República por haber materializado la renegociación de un tratado más moderno junto con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados se congratula por la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y felicita al Gobierno de la República por el trabajo realizado para la materialización de este importante acuerdo que traerá a nuestro país más inversiones y generación de empleo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 2 de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal, los gobiernos locales y los ayuntamientos a implantar estrategias y acciones para evitar que la población de comunidades afectadas haga justicia por propia mano; y destinar mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a las localidades que requieran atención de riesgo de inseguridad e ingobernabilidad, a cargo de la diputada María Rosete, del Grupo Parlamentario del PES

La que suscribe, diputada María Rosete , integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a esta soberanía para su resolución, proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a los gobiernos de las entidades federativas y de los ayuntamientos, implementen estrategias de prevención y acciones que eviten incitar a la población de las comunidades afectadas a hacer justicia por propia mano; se destinen mayores recursos económicos, logísticos, de seguridad, de manera inmediata, a los municipios y localidades que requieren atención urgente por encontrarse en situación de riesgo de inseguridad e ingobernabilidad, y se establezcan rutas de vigilancia en los municipios y localidades que representan mayor índice de delincuencia e inseguridad para la población, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Entre los compromisos asumidos por Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su campaña política a la Presidencia de la República, ocupan un lugar fundamental los referentes a la atención oportuna y eficaz de las demandas ciudadanas en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.

Se plantea instituir nuevamente la Secretaría de Seguridad Pública federal, para que se ocupe de la estrategia de seguridad del país, y se rediseñen las estrategias para el combate a la delincuencia, ya que hasta el momento no han rendido resultados favorables, a pesar de que las fuerzas armadas participan en labores de seguridad pública.

En México, la criminalidad está tomando más características violentas en ciertas regiones, y su lucha se vuelve cada vez más complicada e implica a más personas fallecidas. Es necesario recurrir a acciones muy concretas y enérgicas para su solución.

Estamos padeciendo un aumento acelerado de homicidios violentos, secuestros, asaltos, violaciones y corrupción de corporaciones policiales que, al enterarnos de los índices de criminalidad y de la ausencia de políticas eficaces que garanticen plena seguridad en lo individual y en lo colectivo, nos alarman. A este problema se suma la insuficiencia e ineficiencia de los servicios de seguridad.

Es urgente un mayor compromiso y respuestas inmediatas en los ámbitos de la seguridad pública, la procuración y la impartición de justicia, para no poner en riesgo el Estado de derecho.

Los mexicanos nos hemos enfrentado a crisis económicas recurrentes, se han destruido los hilos del tejido comunitario que facilitan respuestas y comportamientos negativos. Se ha agravado la delincuencia en general, lo que también ha derivado la comisión de otros ilícitos cometidos por las mismas víctimas.

Debido a la constante movilidad social se han establecido diversos asentamientos urbanos irregulares, lo que los convierte en centros de marginalidad por las dificultades para dotarlos de servicios, además de facilitar la delincuencia en estos lugares y ser presas de las extorsiones por parte de las autoridades.

Con la carencia de expectativas de superación social y la incapacidad de los gobiernos federal y locales para crear e impulsar condiciones necesarias para vivir, como se mandata en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es posible la generación de un clima de resentimiento y desesperanza entre sus habitantes, y se afecte a otros sectores de la sociedad con manifestaciones agresivas y violentas.

Sin educación, sin empleo, sin salud, los jóvenes se convierten en el grupo más vulnerable. La presencia de pandillas o grupos conformados por jóvenes con conductas orientadas a cometer delitos, ha agravado la situación de inseguridad.

Mientras no se garantice que la ciudadanía logre su bienestar personal y familiar dentro del respeto al orden jurídico, que las instituciones no favorezcan las condiciones para el mejor desarrollo del individuo y lo protejan contra las actividades delictivas que ponen en riesgo su vida, su salud, su economía, su libertad o sus bienes, no cesará la amenaza de que las personas sigan respondiendo mediante violencia para castigar por propia mano a los presuntos delincuentes.

En los primeros años de este siglo, la delincuencia en México ha crecido desmesuradamente y la seguridad pública, que restringe el campo de acción de ésta, ha ido erosionando la credibilidad de las instituciones y las normas que rigen la convivencia social, al prevalecer un distanciamiento entre los gobiernos y la sociedad.

La respuesta de la población ante la incapacidad de los cuerpos de seguridad, incluyendo a las fuerzas armadas, ha puesto en problemas de gobernabilidad a diversas localidades del país, al crearse mecanismos de autodefensa y de cuerpos de seguridad formados por civiles, que en algunos casos han tomado en sus manos la aplicación de la justicia, poseen armas prohibidas y se despliegan al margen de la ley.

La seguridad pública debe entenderse como un factor esencial de gobernabilidad, que contribuya sustancialmente a la integración social del país y al fortalecimiento del pacto federal.

El Índice de Paz México 2018 (IPM), elaborado por el Institute for Economics and Peace (IEP), think tank independiente, apartidista y sin fines de lucro que colabora con organizaciones intergubernamentales en la medición y comunicación del valor económico de la paz, con sede en Sídney, Australia, y oficinas en Nueva York, Ciudad de México y La Haya, señala que el incremento de la delincuencia organizada en México ha sido producto de la debilidad institucional.

Un think tank es una institución independiente que realiza investigación sobre políticas públicas.

El reporte en mención indica que, el año 2017 ha sido el más violento desde que se tiene registro, deteriorándose 10.7 por ciento con respecto a 2016.

Peor aún, por las altas cifras de violencia colocan a nuestro país en la posición 140 de 163 países en el Índice Global de Paz 2018, entre Etiopía y Palestina.

De acuerdo con el IEP, el Índice de Paz México examinó tres grandes rubros: las cifras de la violencia, los costos económicos de la violencia y el estado de los aspectos que contribuyen a la paz.

Sobre las cifras de la violencia en el país, el IPM indica que en 2017 éstas tuvieron un aumento de 25 por ciento con respecto a 2016, al registrarse 29 mil asesinatos. La mitad de los homicidios se atribuyen al crimen organizado.

Las entidades con los mayores niveles de violencia son: Zacatecas, Colima, Baja California, Guerrero y Baja California Sur.

Por el contrario, los más seguros son: Yucatán, Tlaxcala, Campeche, Coahuila y Chiapas.

Con respecto a los costos económicos de la crisis de violencia, los datos del IPM muestran que en 2017, éstos ascendieron a 4.72 billones de pesos, lo que equivale al 21 por ciento del producto interno bruto (PIB), y un aumento de 15 por ciento en comparación con 2016.

En su estudio, el IEP señala que esta cifra es ocho veces mayor que la inversión pública en salud, y siete veces mayor que la inversión en educación durante 2017.

Esta cifra se calcula a partir de los daños materiales, lesiones físicas o trauma psicológico derivados de los incidentes violentos, así como los efectos del miedo a la violencia que alteran el comportamiento de la economía.

Sobre la paz, el IPM concluye que la sociedad ha hecho lo necesario para ir a una sociedad en paz, y el Estado ha sido rebasado en los conceptos de buen funcionamiento del gobierno, bajos niveles de corrupción, lo que “posibilita la acción del crimen organizado” por la debilidad institucional.

Sin lugar a duda, 2018 superará los récords de homicidios históricos de México si la tasa en el número de delitos sigue creciendo a un ritmo acelerado. En lo que va del año, hasta junio, se han registrado 20 mil 506 homicidios.

Durante la campaña electoral, de septiembre de 2017 al 26 de mayo de 2018, se registraron al menos 102 asesinatos de políticos.

Sumado a esto y como ya se mencionó, la aplicación de la justicia en propia mano o el delito de linchamiento, no solo demuestra la crisis de la impartición de justicia, sino vulnera los derechos de los acusados y afecta el tejido social.

El hartazgo social por la inseguridad y por las actividades de la delincuencia organizada ha sido un método de control social ante la ingobernabilidad y la deficiencia de las corporaciones policiacas.

Durante el presente año de 2018, los casos de linchamiento en México han aumentado. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 25 personas han sido linchadas y otros 40 intentos fueron frustrados.

En los últimos 26 años, en nuestro país se han perpetrado alrededor de 366 linchamientos en diferentes entidades, principalmente en la zona centro-sur.

Un estudio del Senado de la República refiere que, en la mitad de los casos de linchamiento, las personas cometieron el delito de robo; el 16 por ciento atropellaron a alguien o tuvieron un accidente de tránsito; y un siete por ciento fueron acusados de cometer violación, asesinato o secuestro.

Desafortunadamente y lo más preocupante es que, la raíz de los linchamientos tiene que ver con algunas noticias y mensajes falsos o rumores que han circulado a través de la red sobre supuestos secuestros de niños, y las víctimas eran inocentes.

Las entidades con mayor número de linchamientos registrados son el estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Oaxaca.

Medios de comunicación locales de Puebla informan que en esa entidad ha habido más de 100 intentos de linchamiento en 2018.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, párrafo I, el Código Penal Federal, en su artículo 16, además de diferentes jurisprudencias y leyes estatales prohíben hacer justicia por propia mano.

Constitución Política

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Código Penal Federal

Artículo 16. En los casos de exceso de legítima defensa o exceso en cualquier otra causa de justificación se impondrá la cuarta parte de la sanción correspondiente al delito de que se trate, quedando subsistente la imputación a título doloso.

La ola de inseguridad que padecemos no se detiene, a pesar de los esfuerzos que han realizado las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y todo indica que este 2018 será el más violento en la historia de México.

Es preocupante ver que hemos llegado a niveles en donde, en promedio, se cometen 82 asesinatos por día, y entre tres o cuatro personas por cada hora.

Además, el involucramiento de menores en los delitos es muy preocupante. La participación de niños y jóvenes en delitos violentos y actividades de alta peligrosidad cada vez es mayor, sin que veamos que se esté trabajando al respecto.

Vemos una apatía de las autoridades ante la problemática de la inseguridad, dan la apariencia que ya se rindieron o bajaron la guardia, porque ya termina el sexenio o algunas administraciones locales.

Es ante estos vacíos que el linchamiento se vuelve una práctica común entre algunas localidades o sectores sociales. Pongámonos a pensar que estas acciones ponen en riesgo el tejido social, afectan a las familias, generan una espiral de violencia y deterioran aún más la imagen de las instituciones.

Ante la urgencia e importancia de los compromisos asumidos por la próxima Presidencia de la República, resulta necesario que la futura acción de gobierno articule cuidadosa y sistemáticamente las políticas específicas y estrategias que den sustento a sus propuestas.

En este sentido, es imperativo proceder a la adopción de nuevas políticas en materia de prevención del delito, que reconozcan las constantes transformaciones que realiza la actividad delictiva y antisocial en el contexto de las condiciones económicas y culturales en las que se desarrolla.

Estas políticas de prevención deben incluir medios para valores comunes, a fin de que se reconozca la responsabilidad personal y de la comunidad, así como la necesidad de un desarrollo social y comunitario, y con él la disminución de las oportunidades para cometer delitos.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta Soberanía sea aprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Gobernación, se diseñe e implemente una estrategia de prevención y acciones que eviten incitar a la población de las comunidades afectadas a hacer justicia por propia mano.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y de los ayuntamientos, a garantizar el estado de derecho y a tomar las acciones necesarias para prevenir y detener los actos de linchamiento.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, destine mayores recursos económicos, logísticos, de seguridad, de manera inmediata, a los municipios y localidades que requieren atención urgente por encontrarse en situación de riesgo de inseguridad e ingobernabilidad.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que, en coordinación con las distintas fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales, se establezcan rutas de vigilancia en los municipios y localidades que representan mayor índice de delincuencia e inseguridad para la población.

Se somete este punto de acuerdo a consideración de esta Soberanía, para su resolución.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, 2 de octubre de 2018.

Diputada María Rosete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Puebla y la PGR a apresurar las investigaciones sobre la denuncia por presunta desaparición forzada del defensor de los derechos ambientales Sergio Rivera Hernández; y realizar acciones para su inmediata búsqueda y localización, a cargo de la diputada Inés Parra Juárez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, la diputada federal Inés Parra Juárez integrante de la Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, en el que se exhorta a la Fiscalía General de Puebla y a la Procuraduría General de la República a apresurar las investigaciones sobre la denuncia por presunta desaparición forzada del defensor de los derechos ambientales Sergio Rivera Hernández, así como a realizar todas las acciones necesarias para su inmediata búsqueda y localización, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Enclavada en el corazón de la Sierra Negra de Puebla, la comunidad indígena de Coyolapa ha vivido en los últimos 2 años un proceso de organización comunitaria de resistencia para oponerse a la construcción del sistema hidroeléctrico (hidroeléctrica) Coyolapa-Atzala impulsada por el Grupo Ferrominero de México, en particular por la Minera Autlán, pues este proyecto acarreará importantes afectaciones comunitarias y medioambientales en varias de las comunidades que hoy se mantienen en resistencia.1

En este marco de resistencia indígena, el activista y defensor del medioambiente Sergio Rivera Hernández ha venido encabezando en la comunidad de Coyolapa y en otras comunidades vecinas un proceso organizativo para exigir el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y para impedir que se avance en la imposición de este megaproyecto que no fue consultado con las comunidades que les afecta e involucra.

La “Minera Autlán” ha propiciado un esquema de división en las comunidades que opera en dos niveles; el primero de ellos ha sido provocar el enfrentamiento interno entre la población y el segundo nivel ha sido corrompiendo a las autoridades municipales para facilitar los permisos y amedrentar a las personas opositoras de este proyecto. Los presidentes municipales de San Pablo Zoquitlán, Fermín González León, y de Tlacotepec de Díaz, Cirilo Trujillo Lezama, han utilizado la propia infraestructura y al personal del gobierno de estos municipios para favorecer los intereses de la minera, incluso, han conformado un grupo armado para intimidar y amenazar a las personas que se oponen a la Minería, y así mantener el control de la zona.

El pasado 23 de agosto en la comunidad de Coyolapa, Rivera Hernández se encontraba conduciendo una motocicleta cuando comenzó a ser perseguido por dos camionetas en las que iban 4 sujetos, 1 de ellos identificado plenamente por testigos presenciales como un sicario ligado al presidente municipal de Zoquitlán, ese día la camioneta embistió a Sergio Rivera, para luego llevárselo de forma violenta mientras era encañonado con armas de grueso calibre.

El activista indígena y defensor del medioambiente, ya había recibido previamente varias amenazas, y otros actos de intimidación, uno de ellos ocurrió el 28 de junio de cuando este mismo grupo de sicarios ligados a la presidencia municipal, lo detuvo ilegalmente en compañía de 2 activistas más, todos ellos miembros de la resistencia indígena contra la hidroeléctrica e integrantes del Movimiento Indígena Agrario Zapatista (MAIZ), los 3 fueron golpeados y amenazados de muerte; sobre estos hechos se presentó una denuncia formal en la Fiscalía de Tehuacán, quedando registrada bajo el número CDI/1935/2018 sin que hasta el momento se hayan tenido algún resultado en dicha investigación.

Los familiares de Sergio Rivera, acompañados de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, han expresado públicamente que tanto la Fiscalía General del estado de Puebla como la Procuraduría General de la República cuentan con las respectivas carpetas de investigación, integradas bajo la posible comisión del delito de desaparición forzada, ya que se presume la participación de agentes municipales en su desaparición.

Sin embargo, 12 días después de haber desaparecido Sergio Rivera, ninguna de las 2 instancias de procuración de justicia han atinado a dar con su paradero, ni mucho menos han dado resultados satisfactorios sobre los responsables de este ilícito que además es calificado como de violación grave a los derechos humanos.

Por ello, esta Cámara de Diputados exhorta y urge a ambas instancias de procuración de justicia a que realicen todas las labores que sean necesarias y que destinen todos los recursos materiales, tecnológicos y humanos que tengan a su disposición para realizar las acciones de búsqueda y localización inmediata del defensor de los derechos ambientales, así como para que identifiquen, acusen y procesen a las personas que sean responsables de este delito, así como de los otros delitos que sufrió previamente el activista indígena nahua y de los cuáles ya tienen conocimiento ambas instancias.

De igual manera para que garantice la integridad y la seguridad de la familia del activista, de sus compañeros de la resistencia y de todas aquellas personas que puedan ayudar en las investigaciones ministeriales que se realizan.

Por todo, ello y dada la urgencia de esta proposición ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta para que en el ámbito de las atribuciones, funciones y responsabilidades de la Fiscalía General de Puebla y de la Procuraduría General de la República realicen todas las acciones necesarias, así como destinen todos los recursos materiales, tecnológicos y humanos que se requieran para buscar y localizar al defensor de los derechos del medioambiente Sergio Rivera Hernández, así como para que investiguen la posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, identificando, procesando y acusando eventualmente a los responsables de este crimen ante el Tribunal competente y se cancele todo hecho de impunidad por omisión dolosa o contubernio de parte de las instancias procuradoras como impartidoras de justicia.

Nota

1 Ver publicación del diario La Jornada sobre este proyecto en http://ojarasca.jornada.com.mx/2017/08/11/repudio-en-la-sierra-negra-hi droelectricas-mineria-y-consultas-forzadas-244-7256.html

Salón de sesiones, a 2 de octubre de 2018.

Diputada Inés Parra Juárez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sedesol a establecer mesas de diálogo con los representantes de las estancias infantiles en cada una de las 32 entidades federativas para considerar sus demandas y propuestas en la definición de las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles de 2019, suscrita por los diputados Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Óscar González Yáñez y José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

Los que suscriben, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Óscar González Yáñez y José Luis Montalvo Luna, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, somete a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución al tenor de las siguientes

Consideraciones

El párrafo noveno del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de que en todas sus decisiones y actuaciones se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Como parte de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el año 2015 con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, nuestro país debe “velar porque todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria.”

Proyecciones del Consejo Nacional de Población señalan que para el año 2018 la población de niñas y niños en México de 0 a 5 años será de más de 13 millones, lo que representa a más de 10 por ciento del total de la población a nivel nacional.

En nuestro país los padres de familia se enfrentan al enorme desafío de conciliar la búsqueda de opciones de empleo y desarrollo profesional sin descuidar el cuidado de sus hijos en una etapa crucial para su crecimiento y formación.

En ello radica la importancia y trascendencia de la presente proposición con punto de acuerdo, en virtud de que busca asegura la viabilidad de los programas de estancias infantiles para que los padres de familia puedan incorporarse al mercado laboral, y al mismo tiempo que los encargados de prestar este servicio cuenten con las mejores condiciones para desarrollar sus funciones a fin de propiciar un desarrollo adecuado de las y los niños beneficiarios de este servicio.

Debido al incremento de la participación de los padres y madres en el mercado laboral y la evidencia de la importancia de la estimulación y educación temprana, el cuidado de los niños en estancias infantiles durante la primera infancia se ha convertido en una prioridad mundial para promover el desarrollo infantil temprano (DIT).

En el contexto internacional, los programas de desarrollo infantil temprano (DIT) en niños menores de cinco años han demostrado resultados positivos para favorecer el aprendizaje temprano y las habilidades cognitivas, y alcanzar un mejor nivel de desarrollo. Además, entre los efectos a largo plazo de este tipo de programas, podemos destacar:

• Una mayor cantidad de individuos que concluyen sus estudios de preparatoria.

• Un mayor número de años estudiados.

• La obtención de mejores ingresos y una reducción en el crimen y embarazo durante la adolescencia.

• Desde el punto de vista macroeconómico, existen datos que indican una recuperación de 3 a 7 dólares por cada dólar invertido en menores de 5 años.1

En nuestro país, en el año 2006 se creó el Programa Estancias Infantiles (PEI) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como respuesta a la demanda de cuidado infantil.

Actualmente el Programa de Estancias Infantiles apoya hogares con al menos una niña, o un niño de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes de cumplir los 6 años) en casos de niños o niñas con alguna discapacidad, de acuerdo con lo siguiente: madres, padres solos, tutores o principales cuidadores que trabajan, buscan empleo o estudian, cuyo ingreso per cápita por hogar no rebasa la Línea de Bienestar (LB) y declaran que no tienen acceso a servicios de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios.2

El Programa de Estancias Infantiles cuenta con la Modalidad de Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil, el cual va dirigido a las personas físicas o personas morales, que deseen establecer y operar una estancia infantil, o que cuenten con espacios en los que se brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil para la población objetivo del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, conforme a los criterios y requisitos establecidos en las reglas de operación.3

Las estancias infantiles además de garantizar un cuidado de calidad de las niñas y los niños a los que brinda servicios, también permiten que las madres puedan incorporarse al mercado laboral con la certeza de que sus hijos estarán bien cuidados, lo cual sin duda crea un circulo virtuoso, debido a que al recibir un ingreso adicional se abona a mejorar la economía familiar y por ende a las condiciones y acceso a servicios que tendrán los menores.

El Programa de Estancias Infantiles contribuye de manera significativa a mejorar la economía familiar. Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social señalan que, si dicho programa se interrumpiera, 34 por ciento de los beneficiarios tendría que dejar su empleo para poder atender a sus hijos.4 Datos de la Secretaría de Desarrollo Social señalan que hasta el mes de julio de 2018, las estancias infantiles habían atendido a 313 mil 450 niñas y niños.

El estudio Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil es el primero que se realiza en niños menores de tres años en ambiente de estancias infantiles y llegó a la conclusión de que: “el tiempo de permanencia en el PEI a partir de seis meses incrementa, de forma significativa y progresiva, la probabilidad de tener un desarrollo normal independientemente del sexo y edad.5

En días recientes los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo organizamos el foro Retos y desafíos para el fortalecimiento de las estancias infantiles, hacía una mayor protección de niñas y niños durante la primera infancia . En dicho evento se contó con la presencia de los representantes de las más de 9 mil 300 estancias infantiles que existen a nivel nacional.

Este foro tuvo como objetivo escuchar las propuestas y demandas de los representantes de las estancias infantiles, para darles el cauce institucional que contribuya a mejorar las condiciones bajo las que operan. Quién mejor que ellos que conocen el día a día del funcionamiento y necesidades que se requieren en sus centros de trabajo para definir las principales problemáticas a las que se les debe dar respuesta.

Los participantes señalaron diversas problemáticas que van desde la insuficiencia de los recursos entregados por el gobierno federal, hasta lo relacionado con excesivas cargas administrativas.

Por ejemplo, las estancias infantiles reciben 900 pesos mensuales por cada niña o niño que atienden o mil 800 pesos en el caso de niños con alguna discapacidad, cantidad que resulta insuficiente para sufragar sus gastos y lo que pone en riesgo la viabilidad operativa de estas instancias.

Durante el foro, los representantes de estancias infantiles expresaron sus principales propuestas para mejorar las condiciones bajo las que operan, entre las que destacan los siguientes aspectos:

• Aumento de recursos federales.

• Apoyo para el mejoramiento de la infraestructura de las estancias infantiles.

• Creación de un convenio con autoridades municipales y estatales para que no se les considere como guarderías privadas.

• Que los hijos de madres responsables de estancias infantiles puedan también ser beneficiarias del programa.

• Que los asistentes que han cumplido con las certificaciones puedan estar a cargo de la estancia infantil cuando no se encuentra el responsable.

• Que no restringa el derecho de las madres a afiliarse.

• Que los niños que han cumplido cuatro años puedan continuar siendo beneficiarios hasta que concluya el ciclo escolar.

• Redefinir con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) la naturaleza jurídica de las estancias infantiles.

En el foro Retos y desafíos para el fortalecimiento de las estancias infantiles, hacía una mayor protección de niñas y niños durante la primera infancia , los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo asumimos el compromiso de impulsar las acciones institucionales que contribuyan a mejorar las condiciones bajo las que operan las estancias infantiles. Es por ello, que hoy presentamos esta proposición con punto de acuerdo, con carácter de urgente y obvia resolución.

Con estas acciones los legisladores del Partido del Trabajo reafirmamos nuestro compromiso para contribuir a un desarrollo adecuado de las niñas y los niños y garantizar el respeto de los derechos de los infantes. Estos asuntos representan una de las principales prioridades de nuestra agenda legislativa.

Garantizar el interés superior de la niñez no sólo es una obligación constitucional de los Poderes del Estado mexicano, sino también un compromiso de los legisladores del Partido del Trabajo. Estamos convencidos que al mejorar las condiciones de nuestros niños en la primera infancia es la clave para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al secretario de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña, establecer mesas de diálogo con los representantes de las estancias infantiles en cada una de las 32 entidades federativas para que, en la definición de las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles 2019, sean consideradas sus demandas y propuestas.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Desarrollo Social que, una vez que sea notificada de la presente solicitud, ésta sea atendida en un plazo no mayor a 5 días naturales.

Notas

1 Rizzoli-Córdoba A, Vargas-Carrillo LI, Vásquez-Ríos R, Reyes-Morales H, Villasís-Keever MA, O’Shea-Cuevas G, et al. “Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil”, Boletín Médico del Hospital Infantil de México, Volumen 74, Issue 2, Marzo – Abril de 2017, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1665114616301642 > Consultado el 19 de septiembre de 2018.

2 “Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras”, Secretaría de Desarrollo Social, <

https://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/estancia s-infantiles-para-apoyar-a-madres-trabajadoras> Consultado el 19 de septiembre de 2018.

3 Ibíd.

4 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Evaluación de Procesos del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 2012, citado en “Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil”, op cit.

5 Asociación entre el tiempo de permanencia en el Programa de Estancias Infantiles para niños en situación de pobreza y el nivel de desarrollo infantil”, op cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputados: Claudia Angélica Domínguez Vázquez, Óscar González Yáñez, José Luis Montalvo Luna (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta soberanía a realizar acciones para restringir la compra y el empleo de productos plásticos desechables de un solo uso; y explorar la utilización de biodegradables o materiales como el vidrio en las actividades parlamentarias, suscrita por integrantes el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados instruye a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que realice las acciones necesarias a fin de restringir la compra y el uso de productos plásticos desechables de un solo uso, y explore al mismo tiempo la utilización de productos biodegradables o materiales como el vidrio en las actividades parlamentarias, con objeto de establecer mejores prácticas en el Palacio Legislativo que procuren el cuidado de la salud y el ambiente, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Que desde 1950 hasta la actualidad se han fabricado alrededor de 8.3 mil millones de toneladas de plástico. La producción global de este material se ha disparado en los últimos 50 años. Anualmente se producen 311 millones de toneladas a escala mundial. De hecho, algunas estimaciones señalan que para 2020 la producción de plástico superará 500 millones de toneladas, lo que implicaría un incremento de 900 por ciento comparado con 1980.1

II. Que este escenario se agrava con este dato: 90 por ciento del plástico generado en el mundo se deriva de recursos no renovables y, por tanto, su lento proceso de degradación genera daños considerables al ambiente y la salud de los seres humanos. Desafortunadamente, sólo 14 por ciento de estos plásticos se recoge para su reciclaje.

III. Que la situación en torno a este tema en el país también resulta complicada. De acuerdo con la Asociación Nacional de Industriales del Plástico, en México hay 4 mil empresas en el sector manufacturero de este material.2 La producción de plástico en el país se estima anualmente por encima de 600 mil toneladas, representando un incremento de 60 por ciento en los últimos 5 años.

IV. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) señala en el cuarto párrafo del artículo 4o.: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud (...)” y agrega, en el quinto párrafo del citado artículo, que “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho (...)”.

V. Que además del reconocimiento constitucional que se les otorga a los derechos a la salud y al medio ambiente sano, existe una obligación por parte de las instituciones del Estado Mexicano para garantizar la protección efectiva de estos derechos humanos.

Esta obligación resulta aún más evidente si nos remitimos al contenido del artículo 1o. de la CPEUM: “En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte (...)”. Además, “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (...)”.

VI. Que es necesario que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus competencias, realice una serie de acciones concretas para restringir el uso de productos plásticos en sus instalaciones, sobre todo los plásticos denominados “de un solo uso”.

VII. Que acciones como éstas, contra los productos plásticos, tienen como objetivo promover buenas prácticas en la Cámara de Diputados. Sin duda, es necesario que se explore la posibilidad de utilizar vidrio o materiales biodegradables en los utensilios y productos que sean requeridos en las instalaciones de esta soberanía, en especial durante el desarrollo de las actividades parlamentarias como la sesión del pleno o de las comisiones legislativas.

VIII. Que así, los integrantes de la LXIV Legislatura estaríamos cumpliendo la obligación constitucional de proteger el ambiente y la salud de los mexicanos.

IX. Que para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la Cámara, el cuidado del ambiente es un compromiso prioritario con los ciudadanos, ya que desde la LXIII Legislatura hemos insistido en este mismo asunto a través de la presentación de un punto de acuerdo por la diputada Verónica Delgadillo y una iniciativa por el diputado Clemente Castañeda, y quedó plasmado en el eje 4 de nuestra agenda legislativa para el periodo 2018-2021.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados instruye a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros para que realice las acciones necesarias a fin de restringir la compra y el uso de productos plásticos, principalmente los denominados como artículos plásticos desechable de un solo uso; y explore al mismo tiempo, la utilización de productos biodegradables o materiales como el vidrio dentro de las actividades parlamentarias, con el objeto de establecer mejores prácticas dentro del Palacio Legislativo que procuren el cuidado de la salud y el ambiente.

Notas

1 https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/datos-s obre-la-produccion-de-plasticos/

2 González Vergara, David; Massimi Revelo, Santiago; Medina Montes, Areli; y Sánchez López, Alinari. Producción y consumo sustentable de bolsas plásticas, Careintra e ITESO, julio de 2010.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputados: Tonatiúh Itzcóatl Bravo Padilla (rúbrica), Jacobo David Cheja Alfaro (rúbrica), Lourdes Celenia Contreras González (rúbrica), Juan Martín Espinoza Cárdenas (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, Alan Jesús Falomir Sáenz (rúbrica), Jorge Alcibiades García Lara, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbrica), Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica), María del Pilar Lozano Mac Donald, María Libier González Anaya (rúbrica), Ana Priscila González García (rúbrica), Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (rúbrica), Julieta Macías Rábago, Kehila Abigail Ku Escalante (rúbrica), Adriana Gabriela Medina Ortiz (rúbrica), Dulce María Méndez de la Luz Dauzon (rúbrica), Carmen Julia Prudencio González (rúbrica), Juan Francisco Ramírez Salcido (rúbrica), Mario Alberto Rodríguez Carrillo (rúbrica), Ariel Vázquez Rodríguez (rúbrica), Eduardo Ron Ramos, Jorge Eugenio Russo Salido, Ruth Salinas Reyes (rúbrica), Juan Carlos Villarreal Salazar (rúbrica), Martha Angélica Zamudio Macías, Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica), Mario Alberto Ramos Tamez.

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía acuerda prohibir el uso de productos de plástico de diversos tipos en sus instalaciones y dependencias, a cargo del diputado Arturo Roberto Hernández Tapia, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Arturo Roberto Hernández Tapia , diputado federal de la honorable LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y fracción II, numeral 1, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes:

Consideraciones

Primera. El plástico como principal contaminante.

Hasta mediados del XX, el plástico empezó a producirse a gran escala. Actualmente, a nivel mundial, tenemos que lidiar con 8.300 millones de toneladas de este material, de ellas más de 6.300 millones se han convertido en residuos, y de ellos, 5.700 millones de toneladas no han pasado nunca por un contenedor de reciclaje.

En México, el 90 por ciento de la basura es material plástico de diversos tipos: polietileno (bolsas de plástico, botellas de refresco y agua) y polipropileno (plásticos duros como tapas de botella y popotes).

Segunda. Campaña “Protección de los océanos, mares y costas de México”

Los océanos poseen una gran riqueza natural que debe ser conservada y gestionada de manera sustentable, utilizando la mejor y mayor información científica y tecnológica disponible. Debe promoverse su desarrollo tanto para el bienestar de sus poblaciones, como para brindar a las generaciones futuras la posibilidad de usarlas y aprovecharlas con un mayor sentido de responsabilidad y equidad.

Los mares se están convirtiendo en los grandes basureros del mundo. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 13 millones de toneladas de plástico terminan en estos ecosistemas cada año, lo que genera severos daños a la flora y la fauna marina.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recientemente lanzó la campaña “Protección de los océanos, mares y costas de México”, con el propósito de que la sociedad en general tome conciencia de la importancia de cuidar y proteger nuestros recursos marinos contra una de las principales amenazas que actualmente enfrentan: la contaminación por plásticos de un solo uso.

Dicha campaña pretende informar a la población sobre las afectaciones que las personas hemos causado a los océanos, asimismo exhortar a un cambio de hábitos de consumo para detener la contaminación por plásticos de un solo uso.

Tercera. Marco legislativo y ambiental

La operación de este punto de acuerdo será con fundamento en las leyes que regulan la preservación y cuidado del medio ambiente tales como:

- Artículo 1o. de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que a la letra dice, “la presente ley regula la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños cuando sea exigible a través de los procesos judiciales federales previstos por el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias, los procedimientos administrativos y aquellos que correspondan a la comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental”.

- Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, que menciona en el “artículo 1: “La presente ley es reglamentaria de las disposiciones de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que se refiere a la protección al ambiente en materia de prevención y gestión integral de residuos en el territorio nacional”.

En el recinto de la honorable Cámara de Diputados y de sus dependencias, se utiliza una gran cantidad de botellas, vasos y demás artículos fabricados con polietileno y polipropileno de un sólo uso, en contraposición a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que en el artículo 17 Bis establece: “La administración pública federal, el Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Federación expedirán los manuales de sistema de manejo ambiental, que tendrán por objeto la optimización de los recursos materiales que se emplean para el desarrollo de sus actividades, con el fin de reducir costos financieros y ambientales”

Por otro lado, está demostrado que ya no es suficiente la separación, clasificación y reciclaje del plástico. Si verdaderamente deseamos sumarnos al esfuerzo colectivo ambiental de transformación e impacto, a la Semarnat, así como al ahorro de recursos, como lo han propuesto algunos compañeros diputados de la presente Legislatura, debemos incidir mayormente al evitar su uso y ser ejemplo para los demás. El juez por su casa empieza.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de la honorable LXIV Legislatura del Congreso de la Unión acuerda prohibir el uso de productos de material plástico de diversos tipos: polietileno (bolsas de plástico, botellas de refresco y agua) y polipropileno (plásticos duros como tapas de botella, popotes) en sus instalaciones y dependencias.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputado Arturo Roberto Hernández Tapia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a implantar un programa de regularización, emplacamiento y empadronamiento de los vehículos usados de procedencia extranjera internados en el país, a cargo del diputado Salvador Rosas Quintanilla, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado federal Salvador Rosas Quintanilla , del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes:

Consideraciones

La franja fronteriza del norte del país integrada por los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas con sus 80 municipios de los que 38 tienen una frontera física con Estados Unidos de América en los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas y se caracterizan por su dinamismo, heterogeneidad, avanzado desarrollo y convergencia económica que, de acuerdo con datos del Inegi, los coloca como uno de los motores de desarrollo del país, ya que generan un producto interno bruto (PIB) de aproximadamente 3.2 billones de pesos (27.2 por ciento del PIB nacional).

No obstante, estas condiciones geográficas, sociales y económicas, el desempeño de este indicador en los últimos años ha sido diferente por factores como el crecimiento poblacional, la pérdida de poder adquisitivo por los efectos de las reformas fiscales de 2014 y los altos índices delictivos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al tercer trimestre del 2016, en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en promedio, el 63 por ciento de la población económicamente activa ocupada, percibía una remuneración de tres o menos salarios mínimos diarios, lo que es equivalente a un ingreso mensual igual o menor a los 6 mil 135 pesos mensuales.

Así pues, el presupuesto familiar resulta limitado, por lo que es más viable adquirir un auto usado de procedencia extranjera, para posteriormente importarlo al territorio nacional al amparo de la Ley Aduanera o del decreto emitido para ello. Señala la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), corroborado por estadísticas elaboradas por Inegi, que existen alrededor de siete millones de vehículos usados provenientes del extranjero internados en México de forma irregular, mismos que en un setenta por ciento han sido introducidos por personas de escasos recursos, los cuales no pueden comprar un auto nuevo ni son sujetos de crédito. Por lo que regularizar su estadía en el país no afecta a las armadoras existentes en nuestra nación, No se trata de un fenómeno nuevo, se estima que entre 2004 y 2014 ingresaron al país 7.5 millones de vehículos ligeros a través de la frontera norte.1 En este último año se ha registrado un aumento. Entre enero y abril de 2018 se importaron a México 44 mil 497 vehículos usados, 17 por ciento más que lo reportado en el mismo lapso del año pasado.2

Ahora bien, resultado de las dificultades administrativas, la diferencia entre el valor efectivamente pagado y el valor que la SCHP asigna para determinar los impuestos y derechos de importación, la importación difícilmente se realiza en los términos que marca la ley, cayendo en las cifras de vehículos usados de procedencia extranjera irregulares antes señalados, generando problemas como:

-Imposibilidad para su identificación o la de su propietario, situación de irregularidad que es aprovechada por los criminales ya que, al carecer de medios de identificación, son susceptibles de ser usados en actos delictivos. En el contexto de la crisis de violencia que se vive en ciertas zonas del país, es importante hacer notar el vínculo entre los vehículos no registrados y las acciones delictivas. En Baja California, por ejemplo, el 85 por ciento de los delitos, se efectúan en autos chocolate ,3 mientras que en Tamaulipas se estima que un 80 por ciento de los delitos son cometidos por personas que se transportan a bordo de unidades de origen extranjero sin registro alguno.4

-No cuentan con seguro de daños o responsabilidad civil; al respecto cabe destacar las acciones implementadas por el gobierno de Tamaulipas, en donde por instrucciones del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, se otorga un seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros de forma gratuita a quienes realicen su refrendo vehicular 2018.5

-Incumplimiento de las normas en materia ambiental vigentes.

-El Estado mexicano deja de percibir ingresos por concepto de importación, registro vehicular, emplacamiento, verificación vehicular entre otros.

-Falta de certeza jurídica con relación a su patrimonio, en este caso sus automóviles, generando condiciones de inseguridad y corrupción derivado del miedo a perder su patrimonio, al ser víctimas de extorsión, fraudes por parte de asociaciones que venden gestorías para la supuesta regularización de los vehículos, sin que estas tengan valor jurídico ante la autoridad.

Cabe señalar que atendiendo lo anterior, adicionalmente a las normas en materia aduanal y de comercio exterior, se han implementado Tratados, Acuerdos, Decretos (Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado con fecha del 1 de julio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación) y acciones de gobierno cuyo objetivo han sido el establecimiento de estímulos y otros incentivos de orden económico y administrativo, con la intención de regularizar esta clase de vehículos.

Y de esa manera incidir positivamente en la economía de las familias y brindar certeza jurídica; sin embargo estas acciones aún son insuficientes, por lo que, el que suscribe considera que es necesario y urgente que esta soberanía conmine al Ejecutivo federal, a la SHCP y a los gobiernos de los estados que comprenden la franja fronteriza, para que en el marco de sus competencias, facultades y en total colaboración, implementen programas de regularización, emplacamiento y empadronamiento de los vehículos usados de procedencia extranjera ; que resulten sencillos de cumplir y sobre todo a costos accesibles.

Solo así, el Estado genera acciones integrales en beneficio de los habitantes de esta región del país, al regularizar su patrimonio y brindar certeza jurídica de una manera económica, generar condiciones de mejor seguridad pública al disminuir el uso de vehículos irregulares para actos delictivos y de manera indirecta incidir en la competitividad y economía de la región.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, como de urgente y obvia resolución, la aprobación de la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en coordinación con los titulares de los gobiernos de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas y sus respectivas Secretarías de Finanzas, implementen un programa de regularización, emplacamiento y empadronamiento de los vehículos usados de procedencia extranjera internados al país, sencillo y económico para los ciudadanos , para fortalecer todas las acciones existentes que promueven la regularización de los mismos, generar certeza y seguridad jurídica del patrimonio de las personas y disminuir la posibilidad de que esos vehículos irregulares sean usados en actos delictivos.

Notas

1 Arena Pública, En la última década, carros chocolate son más de la mitad de los autos nuevos vendidos, 17/02/15:

https://www.arenapublica.com/articulo/2015/02/17/3123

2 El Financiero , Importación de autos ‘chocolate’ sube 17 por ciento, 25/06/18: http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/importacion-de-autos-chocolate- sube-17

3 Frontera, Autos “Chocolate” involucrados en 85 por ciento de delitos, 11/05/17:

https://www.frontera.info/EdicionEnLinea/Notas/Noticias/
11052017/1212729-Autos-Chocolate-involucrados-en-85-de-delitos.html

4 Excélsior, Ocho de cada 10 delitos son en carros ‘chocolate’ en Tamaulipas, 11/12/17: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/11/1207125 5 Gobierno de Tamaulipas, gobierno de Tamaulipas otorgará seguro vehicular a contribuyentes cumplidos, 01/01/18: https://www.tamaulipas.gob.mx/2018/01/gobierno-de-tamaulipas-otorgara-s eguro-vehicular-a-contribuyentes-cumplidos/

Otras fuentes

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/estadis tica/default.aspx http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/Diaz-AvilesChimal.pdf http://www.inegi.org.mx/rde/2018/04/01/caracteristicas-sociodemografica s-del-asentamiento-poblacional-en-la-frontera-norte-mexico/

http://mapserver.inegi.org.mx/eventos/cng2007/cng2007/pr esentacionconvencion2007rauls.gonzalez.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputado Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas instituciones y los servicios médicos forenses de las entidades federativas y de la Ciudad de México a actuar conforme a los protocolos operativos, los reglamentos y las NOM para el manejo de cadáveres, según los principios de respeto y trato digno de los cuerpos, a cargo de la diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la asamblea la presente proposición con puntos acuerdo, por los que se exhorta a los servicios médicos forenses de las entidades federativas y de la Ciudad de México a actuar conforme a los protocolos operativos, los reglamentos y las normas oficiales para el manejo de cadáveres, conforme a los principios de respeto y trato digno para los cuerpos.

Consideraciones

La fragilidad humana es innegable: todos los días se está expuesto a situaciones de riesgo, ya sea por factores naturales, como son los meteorológicos, sísmicos y el deteriorado equilibrio ambiental, también por factores sociales como la violencia por enfrentamientos armados, inseguridad local, epidemiología y hasta accidentes relacionados con medios de transporte. Estas situaciones son sólo un ejemplo de aquellas circunstancias que pueden implicar una pérdida masiva de vidas humanas.

El manejo de los cuerpos sin vida implica estar preparados en un amplio espectro, de infraestructura, de capital humano, la especialización y reglas claras respecto de que instituciones y quienes son los responsables de preverlo y atenderlo. Todo esto redunda en lograr un trato digno a los restos humanos y también a los que le sobreviven.

Así, la identificación de los cadáveres, el trato digno y la preservación del derecho de las familias de localizar a sus seres queridos suponen un derecho fundamental de las víctimas que se encuentra vinculado con los principios de dignidad humana y el derecho a la verdad.

El trabajo médico legal es un pilar en el que se proyecta la calidad de las instituciones de Estado y su capacidad para cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo primero constitucional, en materia de respeto, promoción y protección de los derechos humanos.

Los objetivos del trabajo médico-legal son: hacer un diagnóstico de la muerte, rescatar los cuerpos y sus restos, establecer su identidad, estimar el momento de la muerte y las causas de la muerte en forma individual cuando proceda, explicar las circunstancias en las cuáles se produjo, preparar los cadáveres y restos para su disposición final, entre otros.

Las muertes violentas exigen sin excepción este tratamiento. Esto es porque el cuerpo humano es el principal indicio que requiere trabajo criminalístico. Adicionalmente, y con base en el establecimiento de la identidad de las víctimas, es importante notificar a la familia. Para ello es necesario utilizar las bases de datos de personas no localizadas o desaparecidas.

En el marco de la investigación de los delitos de homicidio doloso y feminicidio, el cadáver constituye un elemento fundamental para la obtención de indicios, esto es porque en él quedan registrados elementos relacionados con los hechos delictivos.

De ahí que para preservar el principio de mismidad (en el cual se da certeza a la prueba) es necesario cumplimentar con el procedimiento de la cadena de custodia. Para ello, se han emitido diversos acuerdos y protocolos en la materia, que establecen las obligaciones de los intervinientes en la investigación. Se destaca la Guía nacional de cadena de custodia, emitida por las Conferencias Nacionales Conjuntas de Procuración de Justicia, y de Secretarios de Seguridad Pública.1

La violación de los procedimientos establecidos, así como el mal manejo del cadáver, pueden llegar a derivar en violaciones en la cadena de custodia y la contaminación de los datos de prueba lo cual deriva en violaciones al procedimiento.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a agosto se registraron 28 mil 786 denuncias por homicidio; adicionalmente, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, se registran 975 hombres y 195 mujeres no localizadas entre 2014 y 2018.

De lo anterior se desprende que es imperante localizar e identificar los cuerpos localizados a fin de poder devolverlos a las familias.2 Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en los protocolos del Servicio Médico Forense y del área de servicios periciales de las fiscalías y procuradurías.

Pese a lo anterior, recientemente se han identificado que las áreas del Servicio Médico Forense no cuentan con la capacidad suficiente para atender y resguardar los cadáveres. Hacen falta recursos humanos e infraestructura para cumplimentar con la obligación de procesar el cuerpo identificarlo y devolverlo a la familia.

Se detectó que al menos 6 ciudades de la república han adquirido cámaras frigoríficas especiales para almacenar cuerpos sin identificar que ya no caben en las instalaciones de los servicios médicos forenses. Además, se destaca que en Veracruz hay alrededor de 600 cuerpos sin identificar que han sido recuperados, en su mayoría de fosas clandestinas.3

La situación se agrava si tomamos en cuenta que los cuerpos no están debidamente resguardados de conformidad con las normas sanitarias; sino que son almacenados sin la refrigeración necesaria, lo cual puede llegar a generar epidemias y problemas de sanidad, precisamente por el fenómeno de falta de salubridad.

Se destaca la aparición de la caja de un tráiler que contenía 157 cuerpos sin vida en Jalisco.

Los cuerpos humanos en estado de descomposición constituyen foco de infecciones; de ahí la importancia de preservar los cadáveres adecuadamente. Todas las autoridades tienen la obligación de preservar los cuerpos, identificarlos y tratarlos con respeto. Pero, además, tienen la importante obligación de contar con las instalaciones necesarias para contener y resguardar un cuerpo en estado de descomposición a fin de cuidar la salud de la población aledaña a las zonas de almacenamiento.

Las fiscalías y procuradurías de los estados, así como los servicios médicos forenses, tienen la obligación de contar con los recursos materiales y humanos necesarios para cumplimentar con la obligación de otorgar un trato digno a los cadáveres, agilizar los procesos de identificación de personas y entrega de cuerpos a los familiares. Adicionalmente, deben trabajar conforme a los regímenes sanitarios, tanto nacionales como internacionales, con objeto de preservar la salud de las personas cercanas a las zonas de resguardo de restos humanos.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a todas las procuradurías y fiscalías generales de justicia de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como a los servicios médicos forenses, a realizar un análisis sobre las capacidades de infraestructura de resguardo y preservación de cadáveres a fin de identificar los problemas y solventarlos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los servicios médicos forenses de las entidades federativas y de la Ciudad de México a actuar conforme a los protocolos operativos para el manejo de cadáveres, atendiendo los principios de respeto y trato digno de los cuerpos.

Notas

1 Disponible para consulta en la dirección electrónica

http://www.secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/normateca/
protocolos/VF10GuaNacionalCadenadeustodia28-10-2015.pdf

2 Disponible para consulta en la dirección electrónica http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-De litos-2017.pdf. Consultado el 23 de septiembre de 2018.

3 http://www.sinembargo.mx/25-09-2018/3476009

Referencias

El Universal, “Van 126 cadáveres hallados en fosas”. Disponible para consulta en la dirección electrónica http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/184759.html Consultado 24 de septiembre de 2018.

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-meto dologia/CNSP-Delitos-2017.pdf Consultado el 23 de septiembre de 2018.

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-meto dologia/CNSP-Delitos-2017.pdf Consultado el 24 de septiembre de 2018.

Cecilia Castro García, “El respeto al duelo en la recuperación de un desastre”.

Organización Panamericana de la Salud, Manejo de cadáveres en situaciones de desastre.

http://www.ops.org.bo/textocompleto/imc23896.pdf Consultado el 24 de septiembre de 2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 2 de octubre de 2018.

Diputada Sara Rocha Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condena la violencia contra niñas y adolescentes en el estado de México, a cargo de la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, Claudia Reyes Montiel, diputada del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con base en las siguientes

Consideraciones

En días pasados, debido a la alarmante situación de violencia que enfrentan mujeres, niñas y adolescentes en el estado de México, organizaciones, víctimas y colectivos, exigieron a las autoridades correspondientes, emitir una segunda declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en toda la entidad.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la entidad mexiquense es el lugar más peligroso para ser niña o adolescente. Desde el año 2015, se han registrado 32 casos de feminicidios de menores de edad, lo que vuelve al territorio el número uno a nivel nacional en esta problemática. Adherido a esto, ocupa el primer sitio en homicidios dolosos de mujeres menores de edad con 102 casos de los 696 reportados en las cifras oficiales, y el segundo lugar en lesiones dolosas contra este mismo grupo al registrar mil 479 víctimas de 12 mil 866.1

Aunque desde julio de 2015 ya opera una AVGM en once municipios: Ecatepec, Tlalnepantla, Toluca, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl; organizaciones han denunciado que las acciones de la alerta “no han tenido el impacto necesario para prevenir o mitigar el grave fenómeno de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres”.2

En los once municipios, durante los tres años de la AVGM, se han registrado 113 feminicidios de los 228 en todo el estado. Es decir, al año se cometieron aproximadamente 76 de estos crímenes en la entidad.3

Además, el estado de México es, en todo el país, el de mayor número de casos de mujeres desaparecidas, con mil 790 oficialmente registrados, representando la situación un aumento en los últimos tres años de 227 por ciento.4

De acuerdo a cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), los asesinatos de mujeres en territorio mexiquense ocurren con extrema violencia, siendo 6 de cada 10 casos con estas características; asimismo, 59.76 por ciento de los cuerpos fueron localizados en lugares públicos.

Todas estas cifras indican que el estado de México no es sólo es el lugar más peligroso para ser niña o adolescente, sino también el más peligroso para ser mujer. El número de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en la entidad es casi dos veces superior que en otros estados de la República.5 Las autoridades no pueden mantenerse indiferentes y omisas ante esta situación.

Al respecto, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en julio del presente año formuló recomendaciones específicas sobre la situación de las mujeres en México y le pidió al Estado mexicano “adoptar medidas urgentes para prevenir las muertes violentas, los homicidios y las desapariciones forzadas de mujeres, incluso abordando las causas profundas de dicha violencia, incluida la violencia armada, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, los estereotipos discriminatorios, la pobreza y la marginación”.

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD celebra que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) admitiera en pasados meses la solicitud de sociedad civil para que sea declarada una segunda Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de México, y se conformara el grupo interinstitucional de trabajo que evalúa la solicitud de ésta.6

Sin embargo, nos sumamos a la exigencia de sociedad civil para que el grupo interinstitucional emita “un informe y recomendaciones a las autoridades mexiquenses que contemple la implementación de medidas urgentes de prevención, investigación, sanción y combate a la desaparición de mujeres en la entidad”.7

Garantizar la vida y el libre desarrollo de las mujeres es una obligación de Estado, a la que el gobierno está fallando en la entidad mexiquense, debemos poner un alto al aumento de esa violencia que cobra la vida de miles de niñas, adolescentes y mujeres.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este pleno, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión condena la violencia contra niñas y adolescentes que azota al estado de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres a hacer público el informe del grupo interinstitucional de trabajo con recomendaciones que contemplen la implementación de medidas urgentes de prevención, investigación, sanción y combate a los feminicidios y desaparición de mujeres y niñas en el estado de México.

Notas

1 Hernández, S. Estado de México: el lugar más peligroso para ser niña o adolescente”. Consultado en línea el 18 de septiembre de 2018 en: https://www.mexico.com/nuestras-causas/estado-de-mexico-el-lugar-mas-pe ligroso-para-ser-nina-o-adolescente/

2 Animal Político. “Colectivos y familiares exigen segunda alerta de género en el Edomex; la que está activa no funcionó, acusan”. Consultado en línea el 22 de septiembre de 2018 en:

https://www.animalpolitico.com/2018/09/segunda-alerta-ge nero-edomex/

3 Ramos, F. “Tres años de Alerta: 228 feminicidios en Edomex”. Consultado en línea el 22 de septiembre de 2018 en línea en: https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/tres-anos-de-alerta-228-feminici dios-en-edomex.-en-los-11-municipios-con-alerta-de-violencia-de-genero- contra-las-mujeres-persisten-agresiones-1874353.html

4 Animal Político. “Colectivos y familiares exigen segunda alerta de género en el Edomex; la que está activa no funcionó, acusan”. Consultado en línea el 22 de septiembre de 2018 en:

https://www.animalpolitico.com/2018/09/segunda-alerta-ge nero-edomex/

5 Leticia, G. “Edomex encabeza casos de mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas en el país, alerta ONG”. Consultado en línea del 19 de noviembre de 2018 en:

https://www.proceso.com.mx/541929/edomex-encabeza-casos- de-mujeres-adolescentes-y-ninas-desaparecidas-en-el-pais-alerta-ong

6 Ibídem

7 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputada Claudia Reyes Montiel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que esta soberanía acuerda considerar el 27 de septiembre fecha relevante nacional y que los tres Poderes de la Unión ensalcen la importancia del general Vicente Guerrero Saldaña como el consumador de la independencia de México, a cargo del diputado Víctor Adolfo Mojica Wences, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Víctor Adolfo Mojica Wences, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Que la historia la hacen los vencedores es una verdad inocultable; es una realidad a veces cruel e injusta que se ha puesto de manifiesto a lo largo de los tiempos históricos en el mundo y en nuestro país.

Quienes detentan el poder se erigen en héroes que cosechan para sí y los suyos los beneficios de la victoria obtenida muchas veces por el esfuerzo, la sangre y la vida, de miles que generalmente son olvidados para siempre y por siempre. Hasta que vuelven a ser necesarios.

Esa historia se ha repetido en nuestro México cientos, miles de veces, no solo con los mexicanos de abajo, sino incluso con nuestros héroes.

El olvido en que la federación conservadora ha tenido al estado de Guerrero, y especialmente a la región Tierra Caliente, es tan solo una parte de la historia cruel e injusta que han construido los ganadores de ayer.

La federación no solo ha olvidado al estado cuyo héroe le dio nombre, sino al caudillo que a México dio la Independencia y a quienes lo ayudaron y nunca lo dejaron solo en la etapa más difícil de la lucha independentista: los calentanos de Guerrero y Michoacán.

Pareciera un castigo premeditado, pareciera que los conservadores no digieren todavía la separación de España y que están decididos a mantener en el castigo a quienes con su lucha y esfuerzo lo hizo posible: Vicente Guerrero y los guerrerenses, especialmente los calentanos.

Porque fue en la Tierra Caliente, el espacio geográfico en donde don Vicente Guerrero, un humilde comerciante y arriero, junto con los calentanos, mantuvieron la llama de la lucha y el ideal por construir una nación propia, luego que fueran derrotados líderes de la talla de don Miguel Hidalgo y el mismísimo Morelos.

¡No hay un solo pueblo de Tierra Caliente que no tenga las huellas de la lucha de Independencia, y el recuerdo de don Vicente Guerrero!

Cuatro años bastaron a Guerrero y los calentanos para demostrar al realista Gabriel Armijo en el Cerro del Barrabas o a Agustín de Iturbide en la Sierra Madre del Sur de qué tamaño era su amor a la libertad y el deseo de construir una patria nuestra. ¡Nunca pudieron derrotarlo!

Fue don Vicente Guerrero y los calentanos los que se impusieron al destino al que nos querían condenar los españoles y sus descendientes en México: la dependencia y la dominación política ad perpetuam.

No fue cualquier cosa la Independencia. Tal vez por eso los conservadores no perdonan a nuestro estado y a los calentanos. La marginación y el abandono a que nos han sometido, así lo demuestra.

A la figura histórica de don Vicente Guerrero no le ha ido mejor. Quienes abandonaron la lucha de Independencia mediante la figura del indulto, fueron quienes alcanzaron la presidencia de México. Fueron quienes lo traicionaron y lo pusieron en manos de sicarios. Fueron quienes olvidaron el compromiso de lograr la Independencia absoluta de la patria y permitieron la imposición de un príncipe extranjero.

Mi patria es primero dijo ante el indulto ofrecido.

Los que escriben la historia han olvidado la importancia histórica y social de Vicente Guerrero, su humildad y desprendimiento en Acatempan, tal vez porque no era español o criollo, y nos impusieron el festejo del inicio de la lucha independentista, pero no la consumación de la misma.

Señoras y señores diputados de esta legislatura:

Considerando lo anteriormente expuesto.

Considerando la importancia que nuestra Independencia ha tenido para los mexicanos.

Considerando la importancia histórica de la figura y liderazgo de Don Vicente Guerrero, quien se mantuvo en lucha en lugar de rendirse o indultarse.

Considerando la importancia de todos aquellos que contribuyeron a la Independencia de México.

En virtud de lo anterior, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados acuerda considerar el día 27 de septiembre fecha relevante nacional y al mismo tiempo los tres Poderes de la Unión ensalzaran la importancia del General Don Vicente Guerrero Saldaña como el consumador de la Independencia de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputado Víctor Adolfo Mojica Wences (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la Segob y la SHCP a liberar los recursos del Fonden a fin de agilizar la entrega de bienes materiales para proteger la vida, la salud, la alimentación y el suministro de agua a las familias damnificadas por las recientes lluvias en Sinaloa, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que liberen recursos del Fondo Revolvente dentro del Fondo Nacional de Desastres, a fin de agilizar la entrega de bienes materiales necesarios para la protección de la vida, la salud, alimentación, y suministro de agua para las familias damnificadas por las recientes lluvias en Sinaloa, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nos encontramos en la temporada de ciclones y tormentas tropicales. México por su posición bioceánica, es uno de los países más afectados, principalmente en las zonas costeras. De acuerdo con Protección Civil, el 70 por ciento de la población y del territorio es susceptible a los fenómenos meteorológicos.

Durante los últimos días, el estado de Sinaloa se ha visto fuertemente afectada por las intensas lluvias derivadas de la depresión tropical 19-E, ocasionando la muerte de varias personas y la pérdida de miles de viviendas y cosechas.

En esta entidad federativa, se registraron desbordamientos de arroyos, aumento en los niveles de las presas e inundaciones en zonas urbanas, rurales y áreas de cultivo.

Inicialmente, casi 60 mil usuarios se quedaron sin energía eléctrica, 150 mil personas sin agua y más de 1,800 se refugiaron en albergues.

Las lluvias registradas afectaron por lo menos 20 mil hectáreas de cultivos agrícolas y provocaron la muerte de 500 mil aves, según un reporte preliminar dado a conocer por el Secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del estado de Sinaloa.1 Hasta el miércoles 26 de septiembre, alrededor de 12 mil alumnos del centro y norte del estado continuaban sin clases.

La infraestructura carretera también se vio seriamente afectada, ya que 870 kilómetros presentan algún tipo de daño, presentando un mayor perjuicio la del tramo “Los Mochis-Ciudad Obregón, Culiacán-Las Brisas y las carreteras que conectan a las comunidades de Angostura, El Fuerte y Navolato.

El gobierno federal aún se encuentra haciendo las evaluaciones de los daños, además, a través del Comité Nacional de Emergencias, informó que, derivado de los efectos causados por la Depresión Tropical 19-E en diferentes entidades federativas, se han movilizado equipos y maquinaria de trabajo para el restablecimiento de las vías de comunicación, atención médica y potabilización de agua.

La Cruz Roja Mexicana también ha desplegado personal, ambulancias y ayudado en el transporte de ayuda humanitaria.

Como en otras ocasiones de emergencia, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía han respondido al desastre con solidaridad, instalando centros de acopio de víveres y de primera necesidad para ayudar a las personas damnificadas. Sin embargo, es imprescindible que los recursos por parte del gobierno se agilicen para poder atender la emergencia más eficaz y oportunamente.

De acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el clima no mejorará, toda vez que en los próximos días se prevén tormentas intensas y lluvias torrenciales al noroeste del territorio nacional.2

Según los últimos comunicados, el huracán Rosa, ubicado en el Pacífico, ya es categoría 2 y originará tormentas de fuertes a muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima, así como tormentas muy fuertes en Baja California Sur.3

Ante este escenario, se ha recomendado a la población extremar precauciones y atender el llamado de las autoridades, ya que las lluvias podrían generar más deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de ríos y arroyos o afectaciones en caminos y carreteras, así como inundaciones, lo que pondría en riesgo a la población de estas entidades.

Es importante señalar que el pasado 20 de septiembre, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una Declaratoria de Emergencia para los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato y Culiacán del estado de Sinaloa.

Con esta declaratoria se activan los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), a fin de que se puedan atender las necesidades y la reconstrucción de las poblaciones afectadas. Asimismo, el Ejército y Marina se encuentran colaborando en las labores de auxilio a la población.

Para la asignación de los recursos del Fonden se deben realizar procedimientos administrativos; sin embargo, la situación de emergencia demanda acciones inmediatas para atender las necesidades de alimentación, abrigo y salud de los afectados.

En este sentido, el Fondo Revolvente del Fonden tiene como objetivo proporcionar suministros de auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para la protección de la vida y la salud de la población.4

La situación del estado de Sinaloa cumple perfectamente con el perfil para acceder a los recursos del Fondo Revolvente del Fonden, es urgente liberar recursos de este mecanismo para poder atender con mayor prontitud las necesidades de la población sinaloense.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que liberen recursos del Fondo Revolvente dentro del Fondo Nacional de Desastres, a fin de agilizar la entrega de bienes materiales necesarios para la protección de la vida, la salud, alimentación, y suministro de agua para las familias damnificadas por las recientes lluvias en Sinaloa.

Notas

1 Javier Cabrera Martínez. (2018). Lluvias afectan 20 mil hectáreas de cultivos en Sinaloa. 24/09/2018, El Universal, sitio web: http://www.eluniversal.com.mx/estados/lluvias-afectan-20-mil-hectareas- de-cultivos-en-sinaloa

2 Pronóstico extendido a 96 horas, Servicio Meteorológico Nacional, disponible en: http://smn,conagua.gob.mx/es/pronostico-extendido-a-96h

3 “Rosa ya es huracán categoría 2”, Conagua, disponible en: http://www.gob.mx/conagua/prensa/rosa-ya-es-huracan-categoria-2?idim=es

4 “Reglas generales del Fondo de Desastres Naturales”, Secretaría de Gobernación, disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/23751/Reglas_Generales_d el_Fondo_de_Desastres_Naturales_Fonden_3_de_diciembre_de_2010.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 2 de octubre de 2018.

Diputados: René Juárez Cisneros, Arturo Escobar y Vega, Reginaldo Sandoval Flores, Alberto Esquer Gutiérrez, José Ricardo Gallardo Cardona, Juan Carlos Romero Hicks, Merary Villegas Sánchez, Alfredo Villegas Arreola, Casimiro Zamora Valdez, Nancy Yadira Santiago Marcos, Lucinda Sandoval Soberanes (rúbricas).

Con punto de acuerdo, para realizar un censo por regiones de las instalaciones deportivas y de los servicios brindados en ellas, a cargo de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Gabriela Guevara Espinoza, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) a que a través de una institución pública educativa del estado realice un censo por regiones de las instalaciones deportivas y los servicios que en ellos se brindan, lo anterior con la finalidad de conocer el estado que guardan cada uno, para así fortalecer el desarrollo de las actividades deportivas, físicas y recreativas en la República Mexicana, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El artículo 4, párrafo último de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Correspondiéndole al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

La Ley General de Cultura Física y Deporte en sus artículos 41 fracción IV, 90 y 91 refieren que las autoridades competentes de la federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios, se coordinarán entre si? o con instituciones del sector social y privado para promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura para la cultura física y el deporte, en coordinación con las respectivas asociaciones deportivas nacionales.

Que corresponde a la Subdirección del Deporte de la Conade, dirigir las políticas públicas y los programas a favor del desarrollo del deporte nacional en sus diversas manifestaciones, a través de la coordinación del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade), la planeación, formación, capacitación, certificación de profesionistas y técnicos del ámbito deportivo, y el uso de tecnologías de información.

Que dentro de sus funciones se encuentran las de:

• Fomentar y coordinar la participación democrática, planificada e integral de los miembros del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade) a efecto de coadyuvar en las tareas de impulso al deporte y la cultura física entre las diferentes comunidades deportivas del país.

• Establecer las políticas del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (Renade), con la colaboración de los integrantes del Sinade utilizando tecnologías de vanguardia, con el apoyo de los Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte (CEID).

Que con fundamento en lo dispuesto por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y de conformidad con la propuesta y opinión favorable del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se aprueba la creación del Comité Técnico Especializado Temático con carácter permanente, el cual tiene por objetivo general el de ser la instancia de coordinación interinstitucional donde se identifiquen y desarrollen acciones conjuntas para la captación, integración, producción, procesamiento, sistematización y difusión de la información que sirvan de base para la consolidación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

Que tiene por objetivos específicos los de colaborar en la integración del Catálogo Nacional de Indicadores que se establece en la fracción II del artículo 33 y en el artículo 56 de la Ley del SNIEG, proponer y vigilar la implementación de la normatividad en materia de información de cultura física y deporte, entre otros.

Que dentro de sus actividades a realizar deberán:

• Definir los conceptos necesarios para la medición de los diferentes elementos de la cultura física y el deporte.

• Revisar la información existente en las unidades del estado para evaluar su calidad y validez a fin de ser explotada o mejorada; así como identificar las nuevas necesidades de información.

• Coordinar la integración, organización y sistematización de la información generada por las principales fuentes de información (registros administrativos, encuestas y censos) que operan en los sectores público, privado y social, y que incluyen datos sobre las características de las instalaciones para la cultura física y el deporte, las personas atendidas y ubicación.

A nivel internacional nuestro país ha firmado y ratificado diversos convenios a favor de las y los niños y adolescentes, ejemplo de ello es la Convención sobre los Derechos de los Niños proclamada en 1989 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la cual se señala que:

“Los estados parte reconocen el derecho de la niñez al descanso y la diversión, a jugar y realizar actividades recreativas apropiadas para la edad, y a participar libremente en la vida artística y cultural”. Los niños no sólo tienen derecho a jugar, sino que los estados deben “proveer oportunidades para el desarrollo de actividades culturales, artísticas y recreativas” . Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989).

Como parte de su compromiso de propiciar una vida sana y proporcionar una educación de calidad, en el periodo extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas sobre la Infancia, en mayo de 2002, los líderes mundiales se comprometieron a:

• “Promover la salud física, mental y emocional de los niños, incluidos los adolescentes, por medio del juego, los deportes, actividades de esparcimiento y la expresión artística y cultural.”

• “Proporcionar instalaciones y oportunidades de acceso a actividades deportivas y de recreación en las escuelas y comunidades”.

• “Un mundo apropiado para los niños” (2002).

“La educación física y la práctica de los deportes son un derecho fundamental de todo el mundo”. Artículo 1 de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte (UNESCO, 1978).1

La infraestructura del deporte y recreación comprende las instalaciones, sistemas, bienes y servicios que permiten el deporte y la recreación. Las infraestructuras municipales, el agua y los sistemas de suministro de energía, transporte, comunicaciones, seguridad y otros sistemas que proporcionan bienes y servicios para la operación y mantenimiento, son partes de la infraestructura.

A partir del periodo 1989-1994, las instalaciones deportivas y los servicios que se prestaban por parte de las autoridades encargadas del deporte en nuestro país, constituyeron el soporte fundamental que brinda la infraestructura deportiva en su conjunto para fortalecer el desarrollo de las actividades deportivas, físicas y recreativas en la República Mexicana.

El proyecto de Infraestructura y Equipamiento Deportivo apoyo? la creación y el mejoramiento de las instalaciones deportivas a través de la emisión de la normativa necesaria que ayudo? en la elaboración de proyectos de construcción, rehabilitación, adaptación, para lo cual estableció y superviso? la aplicación de la normativa federal vigente en cada materia.

Desde el inicio de los trabajos del periodo gubernamental 2001-2006, los proyectos de infraestructura deportiva fueron redireccionados hacia la remodelación y rehabilitación de instalaciones ya existentes. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) apoyo? proyectos dirigidos a la creación, rehabilitación y remodelación de instalaciones deportivas, así como acciones de equipamiento tanto en entidades que fueron sede de las fases finales de la Olimpiada Nacional, así como a determinados estados que cumplieron con las especificaciones técnicas que establece el área responsable del proyecto para el otorgamiento de apoyos en la materia.

El proyecto también considero? apoyar el fortalecimiento de la infraestructura de la propia Conade, a fin de contar con instalaciones administrativas y operativas propias, tanto en el Centro Paralímpico Mexicano, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, el edificio que ocupa la Dirección General y dos de sus áreas sustantivas.

Para contar con los apoyos en materia de infraestructura y equipamiento deportivo, el área responsable cuenta con diversos instrumentos jurídicos que le establece como normativa para el cumplimiento de sus objetivos, los cuales se fundamentan tanto en las Reglas de Operación e Indicadores de Evaluación vigentes, publicados en el Diario Oficial de la Federación; además, de la suscripción de la legislación federal aplicable: Convenios de Coordinación y Colaboración, Convenios de Concertación y Colaboración, Anexos Específicos, Acuerdos de Coordinación en Materia de Infraestructura y/o Equipamiento Deportivo y Bases de Coordinación.

Los apoyos con los que cuenta son:

a) Apoyos económicos para el desarrollo de proyectos y eventos deportivos especiales, capacitación, certificación e investigación, de los Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte (CEID), así como para contribuir al cumplimiento de las acciones y del objeto social de los beneficiarios del fondo.

b) Material y equipo deportivo para apoyar la imagen institucional de las delegaciones deportivas, así como para programas deportivos municipales, delegacionales y estatales, además de servicios de hospedaje y alimentación en instalaciones de la Conade principalmente, de acuerdo con la disponibilidad.

c) Apoyo para proyectos de infraestructura deportiva (Construcción, ampliación, rehabilitación, mejoramiento y equipamiento de las instalaciones deportivas).

Y sus objetivos específicos del Fondo de Infraestructura Deportiva (FID) son:

• Impulsar la Infraestructura deportiva del país, a través de apoyos para la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones deportivas, orientadas a la práctica del deporte y la cultura física.

• El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene la finalidad de fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios deportivos para la práctica del deporte en general y el alto nivel competitivo.

• El equipamiento deportivo comprende el conjunto de bienes muebles instalados, necesarios para el funcionamiento de los espacios deportivos y para la práctica del deporte en general, no incluye vestuario, blancos, prendas de protección, artículos deportivos ni suministros de oficina, entre otros.

Con los cambios de gobiernos municipales, estatales y federales, los titulares de las instituciones encargadas del deporte en nuestro país, se ha creado infraestructura deportiva en demasía. Estos espacios deportivos no son creados con la finalidad de ser espacios en donde se dé la práctica del deporte en sus diversos ámbitos, ya que no se realizan los estudios previos con los cuales se puedan conocer las necesidades de la población, en realidad se convierten en una erogación sin justificación técnica que en el mejor escenario presupone un desconocimiento y en el peor un acto de corrupción, y se utilizan presupuestos millonarios del erario para infraestructura generalmente inservible, ya que no cuentan con un proyecto claro para utilizarlos adecuadamente y quedan como un elefante blanco.

¿Señores diputados, ustedes sabían que nuestro país es uno de los países que más pistas de atletismo tienen con características a nivel mundial? ¿Sabían que existen un sin número de albercas olímpicas en todo el país? ¿Y que se han construido numerosos diamantes de beisbol?

Esto es un error en el que han caído varias administraciones, y no sólo en lo deportivo. Hay diversos de inmuebles que se construyen sin planeación alguna, pero el Congreso no está exento de esta responsabilidad, porque como todos los presentes sabemos, el presupuesto se aprueba y en muchas ocasiones etiqueta aquí. Y cuando se les piden cuentas a los servidores públicos, argumentan que ellos dejaron las instalaciones, no refieren que no las dejaron funcionando, en operación y con una administración adecuada.

Que al 31 de diciembre de 2015 hubo un subejercicio de 248.5 millones de pesos (mdp) que representó 7.3 por ciento del universo seleccionado y a la fecha de la auditoría un subejercicio de 55.3 mdp, que representó 1.6 por ciento.

La infraestructura deportiva en nuestro país se encuentra en el Registro Nacional de Instalaciones Deportivas. Dicha base de datos concentra la información de infraestructura deportiva pública y privada de nuestro país, siendo este un buen punto de partida para conocer cuál es la realidad de nuestro país en materia de infraestructura y conocer en dónde se tiene que avanzar y cuáles son los cambios que se tiene que realizar en esta materia. Sin embargo, es importante mencionar que dicho registro, no cuenta con información actualizada al año 2018 y a pesar de contar con información correcta, para realizar el censo exacto, se necesita aun de más información.

Por lo expuesto y fundado, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a que, a través de una institución pública educativa del estado, realice un censo por regiones de las instalaciones deportivas y los servicios que en ellos se brindan, lo anterior con la finalidad de conocer el estado que guardan cada uno, asimismo es necesario saber:

1. ¿Cuántas instalaciones deportivas por región existen en total en nuestro país?

2. De éstas, ¿cuántas son para uso de alto rendimiento, deporte amateur, etcétera?

3. Dimensiones, localización y función de las instalaciones deportivas.

4. ¿A qué segmento de la población se destinan?

5. ¿Cuál es el número de usuarios, qué tipos de servicios brindan, con qué servicios cuenta y si dichas instalaciones son autosustentables?

Lo anterior, para así fortalecer el desarrollo de las actividades deportivas, físicas y recreativas en la República Mexicana.

Nota

1 Deporte Recreación y Juego, (UNICEF)

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/5571_S PORT_SP.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a hacer públicos los avances en torno a la denuncia sobre el caso de espionaje con el programa Pegasus, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, Emmanuel Reyes Carmona, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2 fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El reportaje “Gobierno espía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos” señaló que entre enero de 2015 y julio de 2016 fueron ejecutados diversos ciberataques en contra de comunicadores y activistas mexicanos orquestados por el gobierno de México, que adquirió un software de espionaje llamado Pegasus desarrollado por la compañía israelí NSO Group Technologies Ltd .

De acuerdo con la investigación, “la empresa que diseñó el malware condiciona su venta a que se utilice únicamente para vigilar criminales, o prevenir amenazas de seguridad nacional.”1 Sin embargo, entre las personas que fueron espiadas destacan ciudadanos como Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola y Salvador Camarena, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), lo que se contrapone a la condición de venta del programa informático y demuestra que más allá de utilizar la tecnología para combatir al crimen organizado, ésta se usa para espiar a activistas y periodistas. Los hechos fueron objeto de una querella radicada en el expediente FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017.

Debido al escándalo que resultó la exposición de la vigilancia a ciudadanos mexicanos, en el año 2017 NSO Group Technologies Ltd declaró que “en circunstancias en las que exista una investigación oficial por mal uso de su producto”, su política es terminar las ventas comerciales y suspender las actividades existentes hasta saber el resultado de la investigación.2

Pese a lo señalado, el 18 de septiembre del año en curso, el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, publicó un reporte que señala que el malware Pegasus sigue siendo utilizado en nuestro país para actividades de vigilancia.

En el documento, señalan que entre agosto de 2016 y agosto de 2018 fueron detectadas mil 91 direcciones IP y mil 14 dominios que coinciden con la infraestructura de NSO Group Technologies Ltd ; también identificaron tres operadores de Pegasus activos en México. Aunado a esto, los ataques incluyeron suplantación de los dominios del sitio de noticias Animal Político , y del servicio de noticias por SMS UNO Noticias a través de la estrategia de phishing. 3

“La evidencia sugiere que existen 17 posibles infecciones de este malware todavía vigentes [y que pese a la] investigación en curso, esto no parece haber resultado en el término de las operaciones de Pegasus en el país”.4

Al respecto, organizaciones de la sociedad civil han señalado que se debe constituir un panel de gente experta que investigue el uso de Pegasus en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

El uso ilegal de software espía en el país no es un tema menor, las autoridades están obligadas a proteger a la ciudadanía no a espiarla o amedrentarla. El uso de los recursos públicos no puede ejecutarse en contra de la sociedad mexicana sino a su favor y en la total transparencia.

Garantizar el derecho a la verdad y la justicia, es una obligación institucional a la que no podemos darle la espalda. Además, el derecho a la privacidad no puede ser allanado por las autoridades.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a hacer públicos los avances en torno a la denuncia presentada por el caso de espionaje con el programa tecnológico Pegasus, que fue radicada en el expediente FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a constituir un panel de personas expertas de talla nacional e internacional para que de manera imparcial y exhaustiva investiguen el uso de Pegasus en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y otra que resultara afectada

Notas

1 BBC Mundo, “Cómo es Pegasus , el software capaz de vigilarte usando la cámara y el micrófono de tu teléfono en el centro de un escándalo de espionaje en México”. Consultado en línea el 23 de septiembre en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40336088

2 Animal Político . “Pegasus sigue activo en México: suplantan identidad de Animal Político para espiar”. Consultado en línea el 23 de septiembre de 2018 en:

https://www.animalpolitico.com/2018/09/pegasus-suplantan -identidad-animal-politico/

3 Conocido como suplantación de identidad, es un término informático que denomina un modelo de abuso informático y que se comete mediante el uso de un tipo de ingeniería social, caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta (como puede ser una contraseña, información detallada sobre tarjetas de crédito u otra información bancaria). El cibercriminal, conocido como phisher, se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo común un correo electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea o incluso utilizando también llamadas telefónicas.

4 Animal Político . “Pegasus sigue activo en México: suplantan identidad de Animal Político para espiar”. Consultado en línea el 23 de septiembre de 2018 en:

https://www.animalpolitico.com/2018/09/pegasus-suplantan -identidad-animal-politico/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a hacer pública la información pormenorizada sobre el cumplimiento de objetivos, metas, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esa honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, su carácter de presidente de la Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a que a la brevedad haga pública la información pormenorizada sobre el cumplimiento de los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción del Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar , de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

La caña de azúcar (Saccharum Officinarum ), perteneciente a la familia de las gramíneas, originaría de Asia, donde su cultivo comenzó alrededor del año 327 antes de cristo, y cuya producción se extendió a Europa en el Siglo IV de esa era, misma que fue adoptada por culturas como la griega y romana, así como por los árabes que la llevaron a Siria y a Egipto, en este último país fue en donde se perfecciono el proceso de refinado.

Por lo que hace al continente americano, la caña de azúcar llega con los colonizadores españoles, siendo Santo Domingo el primer país donde se cultivó a gran escala y expandiéndose a Cuba, México y a otros países de América del Sur y del Caribe.

A finales de los ochenta, más de 90 países eran productores de azúcar. En México más de 15 entidades federativas producen caña de azúcar, procesada en aproximadamente 60 ingenios, distribuidos en las zonas de producción cañera.

Después se la segunda década del siglo pasado y hasta 1980, los ingenios azucareros eran manejados por el Estado, por lo que dicha industria estaba sumamente subsidiada y la política en cuanto a la producción de caña de azúcar era sumamente errática.

En el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari se propuso vender los ingenios a la iniciativa privada, supuestamente ante la urgencia de su modernización, por ello fueron vendidos a precios sumamente bajos a un pequeño grupo de empresarios, entre los que se encontraban socios de empresas refresqueras.

Entre 1988 y 1990 la agroindustria azucarera mexicana atravesaba por un exceso de oferta en el mercado interno por grandes volúmenes importados, la desestabilización del mercado, el sobreendeudamiento y cartera vencida, de igual manera, existía un limitado acceso al crédito, había un incremento de costos de producción y la fijación de precios era castigada hasta con un 15% por debajo del precio concertado, además de tener un estancamiento en la productividad de los campos cañeros e ingenios con pérdida de rentabilidad, lo que imposibilitaba el pago de deudas y el cierre definitivo de varios de estos.

En 2001, el entonces presidente Vicente Fox tomó la decisión de estatizar 27 ingenios con costo al erario público, supuestamente para paliar la crisis de la industria azucarera, pero estos ingenios arrastraban considerables deudas en rubros como obligaciones fiscales, de seguridad social, deudas por créditos, así como aquellas que fueron contraídas con productores y jornaleros, que ascendían a más de 3 mil millones de dólares, lo que finalmente tuvo un costo fiscal de más de 19 mil millones de pesos.

Ante esto, los sectores que integraban la industria azucarera, instancias gubernamentales y académicas emitieron diversas propuestas para elevar la eficiencia, productividad y competitividad de dicha industria, coincidiendo en que se tenían que restructurar las bases técnicas y financieras de dicha actividad, para tecnificarla y volverla más redituable, lo que requería de inversiones para modernizarla y abatir los costos de producción, así como para sostener el ritmo de la demanda interna, favorecer la rentabilidad de dicha agroindustria y para su exportación, principalmente a Estados Unidos de América, en suma, dicha agroindustria tenía que poder competir en mercados interno y externo mediante el mejoramiento de la productividad, la calidad y los precios.

Otro aspecto que la agroindustria azucarera nacional urgía enfrentar, era el de la necesidad de abatir sus costos para mantener permanencia en el mercado internacional y competir con edulcorantes sustitutos, cuyo consumo desde hace más de dieciocho años ha ido en aumento.

El 22 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, misma que se basa en iniciativas presentadas por diversos partidos políticos, ante la ausencia de un marco jurídico de la agroindustria que dispusiera la creación de instituciones y políticas públicas claras que fomentaran dicho sector.

El objeto de dicha ley consiste en consolidar a la agroindustria azucarera, y normar las actividades asociadas a la agricultura de contrato y a la integración sustentable de la caña de azúcar, los procesos de la siembra, el cultivo, la cosecha, la industrialización y la comercialización de la caña de azúcar, sus productos, subproductos, coproductos y derivados, con la intención de tornarla en una actividad estratégica más competitiva y contar con la capacidad de operación frente a las condiciones de competencia global y a los mecanismos desregulatorios que establece la Ley Federal de Competencia Económica.

La intención de regular dicha agroindustria, era enfrentar los problemas que atravesaba, como el hecho de que se incumpliera el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las Cartas Paralelas que favorecieron la importación de jarabe de maíz de alta fructuosa y la importación de maíz amarillo de los Estados Unidos de América para producir este jarabe en México, que tuvieron como consecuencia que la agroindustria azucarera presentara altas pérdidas por acumulación de inventarios y la colocación de azúcares en el mercado internacional a precios de excedentes, situación originada por el desplazamiento del azúcar en el consumo industrial nacional por este tipo de jarabe, provocando una competencia desleal tanto al ramo azucarero como a los maiceros mexicanos.

Como ya hemos mencionado, desde finales de los años ochenta se han realizado diversas propuestas, estudios y políticas para potenciar la agroindustria azucarera, pero hay que hacer notar un aspecto, y este radica en que en nuestro país, la agroindustria azucarera no se comporta de manera homogénea, en esto tenemos que ser bien claros, ya que las condiciones en que se desarrolla la industria cañera y los ingenios azucareros son muy distintas, eso sin contar con la afectación que dicha industria ha venido sufriendo los últimos años, por el aumento del consumo de jarabe de maíz de alta fructosa, mismo que es el mayor insumo de las refresqueras trasnacionales y que produce en gran escala Estados Unidos.

La actividad azucarera mexicana, como sistema agroindustrial se integra por dos elementos, el campo y la industria, en cada uno coexisten productores de caña e industriales que cuentan con distintos elementos para la producción, en el aspecto agrícola, hay plantaciones en las que se implementan técnicas modernas que elevan la producción, pero también hay productores de menor escala cuyo rendimiento es menor y tienen elevados costos de producción, esta situación también se da en los ingenios, además de los dos subsectores se ven afectados por los altos costos por transportar el producto de los campos de cultivo a los ingenios.

La producción de azúcar nacional, es una actividad económica importante toda vez que dicha industria genera 930 mil empleos directos y aproximadamente 2.2 millones de empleos indirectos, además de que es un sector económico de alto impacto social que sigue enfrentando muchos problemas debido a la sobreproducción de azúcar a nivel mundial, que provoca que disminuya la exportación del producto a los mercados internacionales, sobre todo en el mercado de nuestro vecino del Norte, Estados Unidos, además de que se está dando una disminución en la demanda interna, debido a la satanización del azúcar por ser supuestamente causante de obesidad y diabetes tipo 2 y sobre todo, ante la ejecución de políticas erróneas de las anteriores administraciones, lo que provoca que el precio de azúcar fluctué ampliamente según la brecha entre producción y consumo, los niveles de inventarios y los flujos de comercio exterior, creando incertidumbre y volatilidad en los precios para los consumidores de azúcar no solo en México, sino también en la región.

Ante esta situación, consideramos necesario contar con la información pormenorizada sobre el cumplimiento de los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción contenidas en el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, así como las medidas que se han implementado en el último sexenio para aumentar la rentabilidad, productividad, competitividad, sustentabilidad de la agroindustria de la caña de azúcar, así como de los esquemas implementados para aumentar la inversión en el campo cañero y en la industria azucarera, incluyendo el monto de los recursos que se han utilizado en la ejecución de los programas para promover el mejoramiento de dicha agroindustria.

Es importante enfatizar que la emisión y remisión de la información mencionada, servirá para establecer un punto de partida para evaluar el estado en que se encuentra la agroindustria azucarera, así como en la toma de decisiones y acciones que deberán convertirse en la política pública a implementar por el nuevo gobierno, que sirvan para consolidar eficazmente a esta industria, por pertenecer a un sector económico esencial para el desarrollo nacional y no cometer los errores y políticas erráticas de administraciones pasadas.

Derivado de los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en su carácter de presidente de la Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a que a la brevedad haga pública la información pormenorizada sobre el progreso y cumplimiento de los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción contenidas en el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar, así como las acciones implementadas en el último sexenio para aumentar la rentabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de la agroindustria de la caña de azúcar, incluyendo los esquemas implementados para aumentar la inversión en el campo cañero y en la industria azucarera, y el monto de los recursos utilizados en la ejecución de los programas para promover el mejoramiento de dicha agroindustria.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 2 de octubre de 2018.

Diputado Irineo Molina Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al presidente electo a hacer pública la información sobre el proyecto de reforma que formará la Guardia Civil Nacional, suscrita por integrantes de diversos grupos parlamentarios

Los que suscriben, diputados federales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se solicita al presidente electo que haga pública la información sobre el proyecto de reforma que conformará la guardia civil nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 29 de septiembre, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el presidente electo afirmó que realizaría una reforma con el objeto de unificar las corporaciones del Ejército, la Marina y la Policía Federal a fin de crear una guardia civil nacional.

Planteó que la situación de inseguridad que actualmente experimenta el país hacen inviable el regreso de los soldados y los marinos a los cuarteles y es precisamente por ello, que tales corporaciones buscan ser transformadas y unificadas en una nueva institución encargada de atender las atareas de seguridad pública.

En este respecto resulta importante advertir que el Ejército y la Marina son instituciones creadas para realizar tareas de seguridad nacional. Nuestras Fuerzas Armadas han constituido un pilar fundamental para el desarrollo histórico de nuestro país. Sus integrantes surgen de nuestro pueblo y arriesgan a diario su vida por resguardar la integridad física de nuestra población.

Si bien es cierto que el ejército ha realizado funciones de seguridad interior desde el 2006, también lo es que su tarea se ha centrado en actos directamente relacionados con el combate al crimen organizado.

El 21 de diciembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior, con el objetivo de regular y liminar las acciones del ejército cuando realizan acciones de seguridad Interior.

Cuenta con un principio de temporalidad, que establece que toda acción realizada por el ejército debe estar limitada a un tiempo y espacio específico. Adicionalmente, establece que las acciones del ejército en tareas de seguridad pública deberán estar delineadas por la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. (Ley de Seguridad Interior, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de2017.)

La razón por la cual se delinean y contienen las tareas del Ejército en el marco de la seguridad pública se debe precisamente a su naturaleza y forma de organización. Las fuerzas armadas son instituciones militares que se rigen bajo el principio del derecho castrense. Su función central es la preservación de la paz nacional ante la amenaza inminente. Se conforman como un cuerpo táctico que reacciona ante situaciones que atentan contra la soberanía del país.

Por el contrario, las fuerzas de seguridad pública son de orden civil y parten de acciones preventivas que buscan atender y preservar la paz ante la posible comisión de delitos.

De acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos las instituciones de seguridad pública se regulan de la siguiente manera:

Artículo 21. ...

...

La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Atendiendo al texto constitucional, la seguridad pública no es una actividad exclusiva de la federación, sino que se trata de una función que es competencia de los tres órdenes de gobierno, preserva el orden y la paz social.

Por el contrario, las fuerzas armadas son instituciones federales que se encuentran bajo el mando único del presidente de la república. Su formación institucional no se funda en la prevención sino, en la reacción. Es decir que el ejército actúa ante un desastre o un eminente riesgo a la seguridad de México.

De ahí que las tareas de seguridad pública que actualmente realiza se encuentren limitadas a una temporalidad y justificadas ante situaciones de violencia que superan la capacidad de atención que la policía federal, estatal o municipal pueda brindar a los ciudadanos.

Es así como la creación de la guardia civil nacional genera grandes cuestionamientos en torno a cómo habrá de operar. Esto es porque, en principio, no hay una policía, sino que existen policías de investigación, centradas en la persecución de ilícitos y policías de prevención que realizan acciones de seguridad pública. Unas se encuentran adscritas a las fiscalías y procuradurías de los Estados y otras dependen de las Secretarías de Seguridad Pública.

Adicionalmente, se debe advertir que a nivel federal que existen 183 mil 525 militares, 66 mil 91 marinos y 56 mil 575 policías federales que cuentan con entrenamientos específicos de conformidad con la institución a la cual pertenecen. En este sentido cabría preguntarnos cómo unificar tales cuerpos con formaciones distintas.

Finalmente, otra duda que cabría atender es qué ocurrirá con las actividades de seguridad pública que actualmente realizan los estados y los municipios. Mucho se ha referido sobre la necesidad de fortalecer los cuerpos locales y sin embargo, parecería que la propuesta actual tiende a desaparecerlos, lo cual atenta contra el principio del federalismo en México.

Es evidente que no es posible tomar a la ligera una propuesta de esta magnitud. Los mexicanos requerimos información precisa que permita realizar un verdadero análisis del impacto.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita al presidente electo, que haga pública la información sobre el proyecto de reforma que conformará la guardia civil nacional.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 2 de octubre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Michoacán a difundir la información relacionada con las acciones y los resultados de seguridad pública implantados durante esta administración en la entidad, a cargo del diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, Francisco Javier Huacus Esquivel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El actual modelo de seguridad pública en México se encuentra en una situación insostenible, donde la inseguridad, la violencia y grupos delictivos atentan contra el bienestar de los ciudadanos. Los gobiernos y estatales han incumplido la responsabilidad de garantizar la ley y la seguridad en vastos territorios del país. Lamentablemente, las estrategias impulsadas en la materia por más de una década por los diferentes niveles de gobierno, fallaron con el propósito de consolidar un Estado mexicano garantista de la libertad y del derecho de los mexicanos.

En diversos estados de la república, las autoridades han sido suplantadas de sus funciones constitucionales por los poderes fácticos, ante los profundos vacíos de autoridad y ante una decreciente economía, razones que provocaron el crecimiento de la impunidad.

Michoacán, uno de los estados más agobiados por la violencia pública, requiere un golpe de timón en el rubro de la seguridad pública. El estado de indefensión social de los michoacanos y michoacanas, exige la reorientación integral del combate a la inseguridad al atender la gravedad del problema, así como las causas de la ingobernabilidad.

Esta recurrente crisis de seguridad en la entidad originó la aparición de grupos ciudadanos armados, que asumieron el control de la seguridad de sus comunidades y localidades, derivado del desdén y la incapacidad de las autoridades del estado para dar certidumbre y atender el añejo problema de la inseguridad.

Además de asumir el control de su territorio por un tema de orden y legalidad, los grupos comunitarios armados carecen de un fundamento jurídico que les permita un reconocimiento legal del gobierno de Michoacán.

Actualmente, en Michoacán municipios como San Juan Nuevo Parangaricutiro, Aquila, Coalcomán, Chinicuila y Tepalcatepec cuentan con comités de seguridad pública y otros actúan sin el amparo institucional o de las autoridades formales encargadas de procurar justicia y prevenir los delitos.

Asimismo, se implantaron las denominadas “mesas de seguridad y justicia”, con objeto de conjugar esfuerzos entre el gobierno estatal y diversos actores de la sociedad, para diseñar una agenda común para trabajar sobre ella de forma sistemática. Y donde la efectividad recaería en la generación de confianza entre ciudadanos y autoridades, y en los resultados concretos que ofrecerían a problemáticas locales específicas.

Sin embargo, por la carencia de recursos públicos y un marco jurídico, estas mesas solo han actuado como voceras que contribuyen con opiniones que solo legitiman la acción de las autoridades involucradas en este formato preventivo de los delitos, sin que se los resultados hayan mejorado la percepción y la realidad de los ciudadanos.

Durante 2017, Michoacán registró mil 277 homicidios dolosos, solamente 10 menos que en 2016, según el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Publica. Asimismo, en la lista de los 50 municipios más violentos de México durante estos 8 meses del año se encuentran 5 michoacanos: Zamora ocupa el lugar 20, Morelia el 23, Lázaro Cárdenas el 26, Apatzingán el 32 y Uruapan el 37.

Por ello, como Partido del Trabajo asumimos la responsabilidad de exigir al gobierno de Michoacán y a la federación resultados que garanticen un territorio con pleno estado de derecho. Como diputado del distrito 12 de Apatzingán, coadyuvaré y seguro estoy de que también el resto de los integrantes del Grupo Parlamentario del PT para recuperar la paz y el orden de los michoacanos.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta respetuosamente al gobierno de Michoacán a hacer pública la información relacionada con las acciones y los resultados de seguridad pública implantados durante esta administración en el estado con objeto de erradicar la inseguridad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputado Francisco Javier Huacus Esquivel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas dependencias a garantizar la seguridad de los habitantes y los turistas del puerto de Acapulco y refrendar el respeto de los derechos humanos de los integrantes de la policía local, a cargo del diputado Raymundo García Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PRD

El diputado Raymundo García Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial del Turismo (OMT) señala que el turismo se ha convertido en un eje fundamental en el desarrollo del comercio internacional en especial por la fuente de ingreso que este representa para países con una alta diversificación de destinos.

La misma organización informó en su análisis Panorama OMT del Turismo Internacional , que México subió dos lugares en 2017 en el ranking mundial frente a lo registrado en 2016. El país recibió 39.3 millones de turistas internacionales el año pasado, 68 por ciento más que en 2012.1

Según la Secretaría de Turismo, a traves de su informe de resultados de la actividad turística en 2018 dio a conocer que:

• El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales ascendió a mil 941 millones de dólares, lo que representa un incremento de 0.7 por ciento con respecto a enero de 2017.

• La balanza por concepto de viajeros internacionales registró un superávit de 916 millones de dólares, nivel inferior en (-) 10.6 por ciento al observado en enero de 2017.2

Que el turismo para el país, en materia de generador de empleo, ocupa un papel de relevancia pues como dio a conocer la Secretaría de Turismo (Sectur) en el cuarto trimestre de 2017, la población ocupada en el sector turismo de México rebasó los 4 millones 95 mil empleos, cifra que marca un máximo histórico de la serie desde 2006 y representó 8.6 por ciento del empleo total nacional.

Si bien es cierto que se han emprendido acciones para colocar al país México e impulsarlo como un destino atractivo a través de la diversificación e innovación de la oferta de producto y consolidación de destinos existe una materia pendiente por atender, la seguridad.

En 2017 México se ubicabá en la posición 22 de 136 países en el índice de Competitividad de Viajes y Turismo, pero en materia de seguridad se encontraba en la posición 113 de los mismos 136, esto según el reporte elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF).

El informe anteriormente citado subraya que, junto con la sustentabilidad ecológica de la infraestructura turística, la inseguridad es uno de los principales obstáculos que frenan el turismo en México.3

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2018 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), destaca que durante 2017 se cometieron 33.6 millones de delitos del fuero común.4

Que unos de los estados más denominado como de los más peligrosos según lo definió el estudio Índice de Paz México 2018, es Guerrero, el cual se posiciona en el segundo lugar nacional.

El estado de Guerrero pasó del lugar 32 que ocupó en 2016, al 31 en 2017, esto derivado a la escalada de violencia en Baja California Sur.

La entidad registró una tasa de homicidio persistentemente alta, para 2017 aumentó 12 por ciento, para ubicar este delito en 69 por cada 100 mil habitantes.

El estado de Guerrero se ubica dentro de los estados peor calificados en el Índice de Paz Positiva México (IPPM) junto con Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Morelos.

Que Guerrero ocupa el sitio 27 en percepción de seguridad en espacios públicos, pues sólo 22 por ciento de la población dijo sentirse segura en su municipio.

Según el Observatorio Nacional Ciudadano, en la entidad guerrerense durante el año 2017, se superó la tasa nacional de cuatro delitos: homicidio doloso más feminicidio (195.90 por ciento), secuestro (78.18 por ciento), homicidio culposo (13.13 por ciento) y extorsión (6.4 por ciento).5

Que dentro de Guerrero los tres municipios más poblados superaron las tasas estatales y nacionales de los cinco delitos analizados.

Los mayores problemas en Acapulco fueron en materia de homicidio doloso más feminicidio, secuestro del fuero común y extorsión, al superar las tasas nacionales en un rango entre 82.75 y 314.00 por ciento respectivamente.6

Que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Publica y Justicia Penal, AC, elaboró el ranking de las ciudades de más de 300 mil habitantes, con las tasas de homicidio más elevadas del mundo, dentro de las cuales destaca Acapulco, Guerrero, en tercer lugar.

Que datos como los anteriormente citados provocan que el turismo se vea impactado de manera negativa, ejemplo de lo anterior en el caso del estado de Guerrero, el Departamento de Estado del país vecino incluyó, una prohibición para que el personal de gobierno visite dicha entidad, incluyendo Acapulco, municipio que ha tenido un incremento en sus niveles de inseguridad en los últimos años.

Que como una acción para contrarrestar los datos anteriores el pasado 25 de septiembre fuerzas federales y estatales entraron a la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco.

Que los ejecutores de las acciones en el municipio de Acapulco fue el denominado Grupo de Coordinación Guerrero, integrado por las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el gobierno del estado de Guerrero.

Que en el operativo se realizaron labores de desarme a policías municipales y verificaciones al personal, se verificaron chalecos antibalas, armamento, cartuchos, radios comunicadores quedando bajo resguardo del estado.

Se ejecutaron órdenes de aprehensión contra mandos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública del ayuntamiento.

Que como acción principal se informó que todos los elementos que conforman la seguridad municipal serán evaluados y sometidos a exámenes de control de confianza.

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación, al gobierno del estado de Guerrero, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina y a la Procuraduría General de la República, para que en el ámbito de su competencia y tras el operativo en la Secretaría de Seguridad Publica del Municipio de Acapulco, se garantice la paz social y la seguridad de los habitantes del municipio así como de los turistas nacionales e internacionales que acudan al puerto de Acapulco.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación, al gobierno del estado de Guerrero y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se garantice el respeto a los derechos humanos de los integrantes de la policía municipal del ayuntamiento de Acapulco.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación y al gobierno del estado de Guerrero para que haga públicos los resultados del operativo realizado en el municipio de Acapulco el pasado 25 de septiembre de 2018.

Notas

1 http://www2.unwto.org/

2 http://www.datatur.sectur.gob.mx

3 https://www.weforum.org/

4 Los delitos del fuero común son los que afectan directamente a las personas en lo individual.

5 http://onc.org.mx/

6 Ibíd.

7 https://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputado Raymundo García Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Coahuila a solucionar la grave crisis del sistema de seguridad social de los trabajadores de la educación, a cargo del diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal , integrante del Grupo Parlamentario Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La salud y la seguridad social son dos de los componentes principales que constituyen las responsabilidades a cargo del Estado, junto con otras funciones, como la educación, el empleo, la seguridad ciudadana, la seguridad jurídica, que hoy por hoy preocupan y movilizan a la sociedad mexicana para mejorar y asegurar la viabilidad de las instituciones encargadas de ello.

En todos los países, los esfuerzos gubernamentales están encaminados a satisfacer las necesidades básicas de la población, con el objeto de dar cumplimiento a sus responsabilidades y que puedan garantizar el constante mejoramiento material e intelectual de la sociedad.

En nuestro país, los artículos 1o, 4o, 123 apartado A, fracción XXIX, y apartado B, fracción XI, así como el 116 de la Constitución, obligan a los estados a crear las instituciones indispensables para asegurar que los trabajadores mexicanos y sus familias podamos disfrutar del derecho humano a la seguridad social, que básicamente está integrada por los servicios de pensiones y de salud en favor de los trabajadores en lo general, sujetos a una relación de trabajo, sin mengua de que se dicten disposiciones de protección en materia de salud a favor de la población en general no sujeta a una relación laboral, y cuyos pilares a nivel nacional están constituidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, este último responsable de otorgar los beneficios de tal naturaleza a los trabajadores al servicio del estado.

Los sistemas nacionales de seguridad social ya referidos están complementados con los sistemas locales de seguridad social de las entidades federativas, a cargo de los gobiernos estatales, como los encargados de garantizar los servicios de esta naturaleza y que se ofrecen en favor de los trabajadores del estado, de los municipios, de los organismos descentralizados, así como de los autónomos que dependen de ellos, buscando constantemente mejorar las disposiciones legales e institucionales, siempre fundados en las disposiciones constitucionales ya referidas.

Por lo que se refiere al estado de Coahuila, la seguridad social guarda una condición atípica y contraria a los principios generales que caracterizan a este subsistema, pues a diferencia de la mayoría de las entidades federativas, en Coahuila hay una dispersión de los esfuerzos que se concretan en una diversidad de instituciones que hacen que estas tengan recursos insuficientes derivados de su diversidad, y también por los usos indebidos de los recursos públicos por parte de quienes los administran, en connivencia muchas veces con los propios funcionarios de la administración pública estatal.

Coahuila se destaca por tener más de 10 sistemas de seguridad social, pues el propio gobierno del estado tiene tres sistemas, uno de los trabajadores al servicio del estado, otro al servicio de los trabajadores de la educación del estado y otro al servicio del Poder Judicial del estado, además de siete subsistemas del mismo número de municipios, que en su conjunto, aunque bien intencionados, contravienen los principios de igualdad y de solidaridad que debe caracterizarlos.

Por lo que se refiere al sistema de seguridad social de los trabajadores de la educación de Coahuila, éste se encuentra dividido, indebidamente, en dos instituciones encargadas de otorgar las prestaciones de ley: la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación y el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación Pública del Estado en el que cada ente se administra de forma independiente, pero con el denominador común de que ambas administraciones y sus directores generales son nombrados, debido a las disposiciones legales vigentes, por la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, contraviniendo con ello mandatos constitucionales, convencionales y legales, de nivel federal que le imponen al Estado la obligación de otorgar la prestación de estos servicios como garante de la seguridad social, por lo que, al propiciarse esta contravención por la normas legales que rigen a las instituciones, evidentemente está abdicando el gobierno de Coahuila de su responsabilidad y cuyos resultados generan onerosas cuotas a cargo de los sujetos obligados y un grave deterioro de los servicios, cuyas consecuencias se traducen en una grave afectación a los derechos humanos de los trabajadores, establecidos en la Constitución.

Por lo que respecta a la prestación que ofrece el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación, y derivado de los antecedentes que referimos, se encuentra en una situación crítica que afecta gravemente la atención a la salud de los trabajadores de la enseñanza, de los pensionados y sus beneficiarios, ya que ha generado como resultado que la atención médico-hospitalaria languidezca y que se incumpla con las disposiciones que se contienen en la propia Ley General de Salud y en las correlativas leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, al establecer en la legislación local cargas económicas adicionales a las cuotas y aportaciones obrero- patronales, como son los copagos, los planes de protección, créditos y fondos de garantía que contravienen los principios de la seguridad social. Siendo una institución que debiera cumplir de manera permanente con la prestación de servicios a la salud para todos los derechohabientes, ésta padece graves deficiencias en sus clínicas y hospitales regionales, así como en sus clínicas periféricas por la falta de médicos suficientes, por el desabasto de medicamentos, detrimento en la calidad de los servicios de urgencias y hospital, tanto como de los servicios de radiología y laboratorios, que han derivado incluso en fallecimientos de derechohabientes.

El servicio médico, en la práctica, se ha convertido en un negocio para las administraciones del mismo, porque la ley permite que el manejo de los recursos financieros, la contratación de personal y los convenios que se celebran con los proveedores tengan que ser consultados con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Sección 38, desviándose de los fines que tiene encomendados.

Igualmente se ha incurrido en prácticas contrarias a los principios de la administración pública y ética al apartarse las disposiciones legales contenidas en la Ley de Entidades Paraestatales que obliga a que los responsables del funcionamiento del Servicio Médico sean profesionales competentes, y cuya contravención genera el uso indebido de los recursos de que disponen las clínicas creadas para otorgar servicios a los derechohabientes y beneficiarios.

Por la razón anterior, es conveniente que la institución regrese a sus orígenes para que pueda cumplir cabalmente con sus fines basado en los artículos 1o, 4o, 13, 14, 16. 123. 116 y 133 de la Constitución federal referidos a garantizar el derecho humano a la salud, la no retroactividad en perjuicio de persona alguna, la garantía de igualdad jurídica, así como el derecho a la seguridad social, los principios de solidaridad, de proporcionalidad y equidad y el principio pro persona .

Es necesario asentar, como verdad inobjetable, que los trabajadores de la educación desde hace más de siete años han hecho todo lo que legalmente está permitido hacer a los ciudadanos para resolver los temas de fondo, desde presentar iniciativas de reformas a las leyes que no sean lesivas a los derechos adquiridos, hasta un plantón de 70 días en las Plaza de Armas de Saltillo y Torreón, además de la interposición de juicios de amparo, la presentación formal de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (que por cierto recientemente emitió una sentencia favorable en uno de los aspectos del problema), siempre por la vía pacífica y atendiendo los cauces institucionales, a diferencia del gobierno del estado, quien se ha mostrado renuente para proponer alternativas de solución definitivas sobre este asunto del cual es responsable principal. Por tanto, sea por justicia social, por respeto a los derechos humanos, por razones humanitarias y por motivos de estabilidad social, conviene que el gobierno de Coahuila y el Congreso del estado resuelvan inmediatamente este problema porque estamos ante temas muy sentidos como la garantía de las pensiones, del derecho a la salud y de que se tenga ya una nueva Ley del Servicio Médico que ponga fin a tanto atropello e injusticia y siente las bases para asegurar una ordenada, eficiente y transparente administración que evite el desvío y el dispendio de recursos, que tanto daño ha causado a los trabajadores de la educación de Coahuila .

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el presente.

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de Unión exhorta al gobernador del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, a dar solución a la grave crisis del sistema de seguridad social de los trabajadores de la educación del estado, y que en particular resuelva las deficiencias y carencias en la prestación del servicio médico que como garante obligado debe procurar a los trabajadores y pensionados del sistema educativo estatal, de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro .

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Coahuila para que de forma inmediata dictamine y apruebe la iniciativa de reformas a la Ley del Servicio Médico que desde hace más de cuatro meses fue presentada por la coalición de trabajadores de la educación pública de Coahuila, apegándose en todo momento en dicha aprobación a los principios constitucionales que rigen la seguridad social.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreral (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a instaurar y fortalecer con las instancias de seguridad pública y procuración de justicia, así como con los municipios, protocolos de actuación en materia de prevención, atención y acción en caso de linchamientos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, en coordinación con las instancias de seguridad pública, de procuración de justicia y los municipios, instrumenten y, en su caso, fortalezcan los protocolos en materia de prevención, atención y acción en caso de linchamientos, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El pasado 30 de agosto se dio a conocer la noticia del linchamiento de Alberto, de 56 años, y Ricardo, de 21, quienes fueron acusados de intentar secuestrar a dos niños en el municipio de Acatlán de Osorio, en Puebla. A pesar de ser inocentes, ambas personas fueron quemadas vivas.

Esta tragedia es sólo un ejemplo de los 187 linchamientos y tentativas de linchamiento que se han registrado en lo que va del año 2018. Si bien es cierto que el fenómeno alude a problemas de seguridad pública e incertidumbre en las poblaciones, también lo es que este tipo de prácticas son violatorias de los derechos humanos de las víctimas y sumamente graves para el ejercicio y el buen desarrollo de una cultura de la paz.

Los linchamientos implican una violación al artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya que no respetan la presunción de inocencia, además de imponer tratos denigrantes a la persona.1

De acuerdo con Raúl Rodríguez Guillén, del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, los linchamientos son agresiones y castigos infligidos a individuos a quienes se asocia con delitos de tan distinta gravedad como la que representan el abuso policíaco, el robo, el atropellamiento, la violación, el secuestro. No son un fenómeno nuevo. Han existido en diferentes etapas de la vida social de México y América Latina, pero actualmente, por sus características y contexto, el fenómeno adquiere un carácter novedoso.2

Es así que cuando la localidad asume las funciones de seguridad pública, lo hacen sin respeto a los derechos humanos y sin que se acredite la existencia o no de un delito, lo cual establece una ola de violencia que desestabiliza el orden y la estructura del estado de derecho.

Precisamente por tales motivos, el Estado es el único que tiene acceso al uso legítimo de la violencia, tal y como lo establece el primer párrafo del artículo 17 constitucional que a la letra refiere: “Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.”

Esta garantía jurídica se estableció con la finalidad de conformar una justicia eficaz, pronta y expedida. El ejercicio de la violencia es siempre restrictiva y represora, de ahí que existan procedimientos específicos que permitan probar la culpabilidad de una persona antes de violentar o restringir los derechos.

Los linchamientos se han convertido en un auténtico problema para la sociedad y para el buen ejercicio de la seguridad pública y la policía preventiva. Sobre todo, en los estados de Puebla, México y Ciudad de México, en donde se registran el 60 por ciento de los linchamientos registrados en todo México.3

Resulta importante mencionar que en la gran mayoría de estos casos la policía preventiva y los cuerpos de seguridad pública no han podido intervenir, a fin de salvaguardar la vida de las víctimas, lo cual refleja una falta de entrenamiento y acción por parte de los cuerpos de seguridad que deberían actuar de manera inmediata ante tales disturbios, a fin de controlar a las personas, proteger a la víctima y, —en caso de que la víctima sea culpable de algún delito— proceder a depositarla ante las autoridades pertinentes.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que, en coordinación con las instancias de seguridad pública, de procuración de justicia y los municipios, instrumenten y, en su caso, fortalezcan los protocolos en materia de prevención, atención y acción en caso de linchamientos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que a través de las instancias competentes realicen campañas que fomenten la cultura de la denuncia ciudadana y la no violencia.

Notas

1 http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3856/C I_39.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2 Rodríguez Guillén, Raúl, Veloz Ávila, Norma Ilse, Linchamientos en México: recuento de un periodo largo (1988-2014). El Cotidiano [en linea] 2014, (Septiembre-Octubre) : [Fecha de consulta: 1 de octubre de 2018] Disponible en:

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32531885018> ISSN 0186-1840

3 https://notiguia.tv/2018/09/24/impunidad-en-mexico-desata-oleada-de-lin chamientos/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 2 de octubre del año 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Oaxaca a ministrar los recursos al Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula por la Secretaría de Finanzas local, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

Con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de diputados, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el presente punto de acuerdo de urgente resolución, a fin de hacer un exhorto al titular del Poder Ejecutivo de Oaxaca, con el objeto de que sea llevada a cabo de manera urgente, a través de la Secretaría de Finanzas del estado, la ministración de los recursos en favor del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula. El presente punto de acuerdo se presenta al tenor de lo siguiente:

Exposición de Motivos

El Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula (ITSTE), es un organismo público descentralizado creado en el año 2010 bajo el decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. El 23 de julio del año 2014 se crea el Instituto Tecnológico Nacional de México, teniendo dentro de sus facultades establecer la coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipios para la mejor prestación de los servicios de educación superior tecnológica de su competencia.

Derivado de lo anterior, la SEP, el gobierno del estado de Oaxaca y el Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula, han llevado a cabo la firma de diversos convenios, siendo el último de ellos dentro del marco del programa presupuestario de expansión de la oferta educativa a nivel superior en el año 2014.

Sin embargo, hasta el momento sigue existiendo un incumplimiento por parte del gobierno estatal quien acumula diversos adeudos presupuestarios al no realizar las ministraciones correspondientes a los años que van de 2006 a 2017, en lo relativo a gastos de operación equivalente a 22 millones 254 mil 479.31 pesos.

Asimismo, existe adeudo que asciende a 36 millones de pesos en lo correspondiente a los programas de Infraestructura Educativa y Escuelas al Cien; que aunado al saldo pendiente de este año por servicios personales, suman un total de poco más de 60 millones.

Los montos que se indican en los párrafos anteriores, son esenciales para la operación del Instituto Tecnológico y de no realizarse las ministraciones a la brevedad posible, los directivos se verán imposibilitados en realizar las operaciones propias que lleva a cabo esta noble institución, dejando en descuido a estudiantes y plantilla docente, quienes hacen su mejor esfuerzo por ser partícipes de un México mejor.

Una de los asuntos que el ITSTE requiere atender con urgencia, es lo relacionado con infraestructura y equipamiento. Recordemos que, derivado de los sismos suscitados en septiembre del año pasado, se dejaron de ocupar espacios otorgados por el municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, por lo cual se tuvieron que reacomodar en los espacios existentes, limitando las posibilidades de ampliar el ingreso de los jóvenes a la educación superior, así como de la impartición de clases que actualmente se realiza.

Es importante recalcar que es obligación del gobierno federal y municipal establecer los mecanismos de atención que requieran todas y cada una de las escuelas del país sin importar su nivel (básico, medio superior o superior). De no ser beneficiados con programas que dignifiquen el sistema educativo, se estaría dejando a los jóvenes sin las herramientas necesarias para procurar su bienestar y desarrollo.

Derivado de lo aquí presentado, es que solicitamos se haga este exhorto, preocupados por la falta de sensibilidad que el gobierno del estado de Oaxaca ha tenido hacia el ITSTE, pues son los miembros de esa comunidad estudiantil los que sufren a diario las vicisitudes de no contar con los recursos necesarios para ampliar y otorgar una de las cosas más importantes que el servicio público debe ofrecer: educación de calidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos someten a consideración de esta honorable Cámara, con carácter de urgente resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo de Oaxaca, con el objeto de que sea llevada a cabo de manera urgente, a través de la Secretaría de Finanzas del estado, la ministración de los recursos en favor del Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula.

Segundo. Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputados: Margarita García García, Ángel Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la Semarnat y la Conanp a emitir la declaratoria de sitio Ramsar para el humedal La Ciénega, de Tláhuac, Ciudad de México, a fin de que se agregue a la lista de sitios protegidos por la convención relativa a los humedales de importancia internacional, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García , en mi calidad de diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Que la zona de los humedales de Tláhuac está formada por una extensión de reserva ecológica, formada de 400 a 800 hectáreas, dependiendo de la actividad pluvial. Se ubica en la carretera Tláhuac–Chalco y forma un sitio de gran importancia debido a que es uno de los pocos restos de hábitat húmedo dentro del valle de México, refugio de aves migratorias provenientes de Norteamérica, así como especies nativas de la zona.i

Que, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, la Ciénega de Tláhuac–Xico es hoy en día el refugio más importante de la cuenca de México para aves acuáticas migratorias, las cuales viajan cada año distancias grandes para descansar, anidar y alimentarse durante la época de invierno, para luego continuar su viaje a Centroamérica. El humedal de Tláhuac cuenta con tres especies de anfibios, siete de reptiles, al menos 200 aves migratorias y 50 especies residentes.ii

Que en 1997, la Conabio nombra a la ciénaga de Tláhuac como uno de los últimos ambientes que pueden dar alimento y refugio a una gran variedad de aves,iii inscribiéndola en el programa de Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICAS),iv del mismo modo la ciénaga de Tláhuac se encuentra en una superficie reconocida por la Unesco, desde 1987, como Patrimonio Mundial Cultural y Natural por su importancia medio ambiental.

Que seis de las especies de aves acuáticas observadas en el humedal se encuentran bajo algún estatus de protección por el gobierno mexicano, lo que remarca la trascendencia del humedal. Aun así, la zona solo ha sido reconocida como Área de Importancia para la Conservación de las Aves y como Suelo de Conservación, lo que no ha bastado para regular la expansión urbana que pone en riesgo la viabilidad del humedal. Considerando que se trata de una de las últimas zonas importantes para las aves acuáticas en la Ciudad de México, además de reptiles, peces, anfibios, alguno de ellos endémicos, su conservación debe ser prioritaria

Que sin embargo, las principales problemáticas que tiene el humedal en Tláhuac son la falta de una cultura ambiental que los proteja de acciones y conductas inadecuadas, insalubridad, la contaminación, las construcciones legales e ilegales y la desecación.v

Que el humedal de Tláhuac no solo tiene una gran importancia desde el enfoque eco sistémico; también tiene un gran valor como un regulador de los flujos pluviales de la periferia.

Que pese a que desde 2015 se hizo la solicitud correspondiente para que se diera la inclusión del humedal de Tláhuac dentro de los sitios Ramsar, no sólo como sistema lacustre de gran importancia ecológica, sino también como regulador del ciclo hidrológico de la zona, ésta no se ha cumplido.

Que una de las principales amenazas para este humedal es la urbanización, ya que por su proximidad a los poblados de Xico y Tláhuac es un sitio latente de construcción, a esto hay que sumarle los asentamientos humanos irregulares y todos los efectos negativos que generan las diferentes actividades humanas que se realizan en esta zona.

Que es importante recordar que el humedal de Tláhuac tiene un estatus de “Suelo de Conservación”, que está regulado por el gobierno de Ciudad de México. Sin embargo, estas categorías no garantizan la protección del humedal de Tláhuac, ya que en los últimos años ha aumentado su fragilidad ecológica por la invasión de asentamientos humanos irregulares en la zona.vi

Que el artículo 27, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean.”

Que el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la letra, dice:

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.”

Que dentro de los tratados internacionales suscritos por México se encuentra la Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, mejor conocida como Convención Ramsar. Este tratado tiene carácter intergubernamental y fue aprobado el 2 de febrero de 1971 en la localidad iraní de Ramsar.

Que México se adhiere a la Convención Ramsar el 20 de diciembre de 1984 (DOF del día 24 de enero de 1985), entrando en vigor el 4 de julio de 1986. Por lo mismo, nuestro país se compromete a proteger los humedales que él mismo ha señalado para su inclusión en la lista de Sitios Ramsar. Dentro de las obligaciones que adquieren los estados firmantes de la Convención está la establecida en el artículo 2, numerales 1 y 2, que a la letra dicen:

“1 Cada Parte Contratante designará humedales idóneos de su territorio para ser incluidos en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, en adelante llamada ‘la Lista’, que mantiene la Oficina establecida en virtud del artículo 8. Los límites de cada humedal deberán describirse de manera precisa y también trazarse en un mapa, y podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así como las islas o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal, y especialmente cuando tengan importancia como hábitat de aves acuáticas.

2. La selección de los humedales que se incluyan en la Lista deberá basarse en su importancia internacional en términos ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o hidrológicos.”

Que nuestro país, siendo miembro de la Convención Ramsar, logró la protección de 142 sitios designados como Humedales de Importancia Internacional (sitios Ramsar), con una superficie de 8 millones 657 mil 57 hectáreas,vii sin que hasta el momento los humedales de Tláhuac cuenten con el beneficio.

Que para efectos de la fracción XIV del artículo 70 del Reglamento Interior de la Semarnat, es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) la instancia responsable de fungir como “Autoridad Administrativa” ante la Convención Ramsar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al gobierno federal, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas a emitir la declaratoria de Sitio Ramsar para el humedal de “la ciénaga” ubicado en Tláhuac, Ciudad de México, con la finalidad de que se agregue a la lista de sitios protegidos por la convención relativa a los humedales de importancia internacional.

Notas

i Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México. Consultado en:

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM09DF/deleg aciones/09011a.html

ii Secretaría de Medio Ambiente. Un paraíso el humedal de la Ciénega. Consultado en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/educacionambiental/index.php/en/2018/un- paraiso-el-humedal-de-la-cienega-de-tlahuac

iii Conabio. Ciénega de Tláhuac. Consultado en:http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/C-73.html

iv ACAI, Consultado en: http://avesmx.conabio.gob.mx/FichaRegion.html#AICA_37

v San-Miguel Villegas, R. 2010. Tesis de Maestría. La expansión Urbana en el Suelo de Conservación de la Delegación Tláhuac. Flacso, Sede México

vi La Ciénega. Consultado en: http://www.dumac.org/dumac/habitat/esp/notas/notas_diciembre/tlahuac1.h tm

vii Sitio Ramsar México. Consultado en:

https://www.ramsar.org/es/humedal/mexico

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días de octubre de 2018.

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la LX Legislatura del Congreso del estado de México a analizar la viabilidad de abrogar el decreto 317 que expide la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado el 10 de agosto de 2018 en la Gaceta de Gobierno local, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, José Luis Montalvo Luna, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La fracción XI del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del Estado de brindar bases mínimas de seguridad social a los trabajadores.

En este sentido, en 1946 la seguridad social en el Estado de México se fundamentó institucionalmente, para que en el año de 1951 se promoviera la Ley de Pensiones de Empleados del Estado de México y Municipios.

En 1956, la XXXIX Legislatura del Estado de México creó la Comisión Administrativa Mixta con la Ley de Servicios Médicos y Asistenciales para los Empleados del Gobierno del Estado de México y sus Municipios así mismo aprobaron la incorporación del departamento médico asistencial al esquema de pensiones.1

Al cierre de 2016, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) tenía registrados a más de un millón 120 mil derechohabientes, de los cuales más de 370 mil son servidores públicos y 54 mil 442 pensionados y pensionistas.2

En lo que se refiere a la cobertura de servicios de salud, el ISSEMYM cuenta con 112 unidades médicas: 4 hospitales de tercer nivel, 10 hospitales de segundo nivel y 90 de primer nivel y 8 unidades médicas. Por otra parte, para el otorgamiento de las prestaciones socioeconómicas, el Instituto cuenta con 3 unidades de atención y 8 oficinas de atención a derechohabientes.3

Actualmente, el número de servidores públicos, pensionados, pensionistas y beneficiarios con registro de afiliación colocan al ISSEMYM como el tercer instituto de seguridad social con el mayor número de derechohabientes afiliados, solo por debajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Las cifras dan cuenta de la importancia y trascendencia del ISSEMYM, no sólo para garantizar servicios de salud para los servidores públicos del Estado de México, sino también para garantizar una jubilación para los trabajadores.

En este sentido, el pasado 25 de julio de 2018, el Congreso del Estado de México aprobó una nueva Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, la cual lejos de beneficiar a los trabajadores, significa un retroceso para las conquistas alcanzadas.

La exposición de motivos de la Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios contiene un diagnóstico en el que se concluye que, el actual “...esquema de beneficios y cuotas y aportaciones vigentes, el Sistema Solidario de Pensiones del ISSEMYM resulta insostenible. “Sin embargo, dicho análisis omite señalar que diversas instituciones públicas del Estado de México tienen adeudos correspondientes por concepto de enteros de cuotas y aportaciones de seguridad social y préstamos a servidores públicos que ascienden a más de mil 900 millones de pesos, esto a pesar de que mes con mes se hace el descuento puntual de sus cuotas a los trabajadores.

El decreto establece un nuevo Sistema de Pensiones basado en el Sistema de Cuentas Individuales y Pensión Garantizada, las cuales serán operadas por Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore). El artículo 93 de la Ley del ISSEMYM señala que, A cada Servidor Público se le abrirá una cuenta individual en una Administradora. Los Servidores Públicos podrán solicitar el traspaso de su cuenta individual a una Administradora diferente a la que opere la cuenta en los casos previstos en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 4

De acuerdo a la exposición de motivos, los principales beneficios de transitar a hacia un Sistema de Pensiones administrados por las Afores son:

• Que la pensión para cada Servidor Público sería, proporcional a sus aportaciones más los intereses de toda su vida laboral.

• El Servidor Público es dueño de su cuenta individual, éste tiene la certidumbre de que los recursos que aporta no serán utilizados para otros fines, que cumpliendo los requisitos de Ley podrá retirarlos sin mayor trámite y que, en caso de fallecimiento, sus beneficiarios podrán disponer de los mismos.

• La pensión depende de la cantidad de recursos que el Servidor Público y las Instituciones Públicas hayan depositado en la cuenta individual,

• El Servidor Público elija su edad de retiro siempre que los recursos en la cuenta individual sean suficientes para tener una pensión de al menos 30% mayor a la Pensión Garantizada.

En los hechos, el Sistema de Pensionados Individualizado ha beneficiado principalmente a las Afores, ya que éstas pagan menos intereses a los trabajadores y cobran mayores comisiones. De acuerdo a una proyección realizada por la OCDE una comisión de uno por ciento sobre el saldo de una cuenta reduce el ahorro acumulado en 20 por ciento en un periodo de 40 años.5 En este sentido, actualmente las Afore cobra en promedio una comisión 1.021%6 lo que significa que bajo este esquema los servidores públicos del Estado de México recibirán una pensión menor a la que actualmente perciben bajo el actual Sistema de Pensiones.

Se dice que los recursos que se aportan a las Afore no podrán ser utilizadas para otros fines, no obstante, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro informó que, en la emisión de la tercera Fibra E, las afore Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI - Banorte emitieron un total de 13 mil 500 millones de pesos para la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.7 Es decir, se utilizaron los recursos de los trabajadores en un proyecto del que actualmente se discute su viabilidad, poniendo en riesgo el patrimonio miles de familias mexicanas.

Por otra parte, aunque se señala que los servidores públicos podrán elegir su edad de retiro, cumpliendo con el requisito de que los recursos de la cuenta individual sean suficientes para tener una pensión de al menos 30% mayor a la Pensión Garantizada. No obstante, en días recientes Fernando López Macari, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señaló que, la población que se registró ante el IMSS a partir de 1997 o el ISSSTE después de 2007 no cubrirá las semanas para jubilarse. De acuerdo a sus estimaciones, más del 76 por ciento de las personas que forman parte de la generación Afore no alcanzarán las más de mil 250 semanas necesarias para una jubilación.8

Los datos son contundentes y evidencian que el Sistema de Pensiones Individualizado que entrará en vigor el primero de enero de 2019, no sólo no beneficiara a los trabajadores, sino que también es muy probable que estos no cuenten con los recursos necesarios para cumplir que les permitan alcanzar su jubilación.

Ante la gravedad de esta situación, en el grupo parlamentario del PT, consideramos que debe abrogarse la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) publicada el 10 de agosto de 2018 en la Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, por ser contraria a los intereses de los servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a su Soberanía, exhorta a la LX Legislatura del Congreso del Estado de México para que, en el ámbito de sus atribuciones analice la viabilidad de abrogar el decreto 317 que expide la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios publicado el 10 de agosto de 2018 en la Gaceta de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México.

Notas

1 “La Creación del ISSEMyM” Gobierno del Estado de México <http://www.issemym.gob.mx/tu_issemym/historia> Consultado el 27 de septiembre de 2018.

2 Informe Anual del ISSEMyM 2016, en: file:///C:/Users/Consulta%202/Downloads/Informe%202016.pdf, consultado el 25 de septiembre de 2018

3 “Historia ISSEMYM”, Gobierno del Estado de México, <http://www.issemym.gob.mx/tu_issemym/historia> Consultado el 25 de septiembre de 2018.

4 Gaceta Parlamentaria del Poder Legislativo del Estado de México. Año 3, No.124, 25 de julio de 2018, <http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/mainstream/Acti vidad/Gaceta/LIX/GP-124%20(25-JUL-18).pdf> Consultado el 27 de septiembre de 2018.

5 “Las comisiones que cobran las Afore importan...y mucho”, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,

<https://www.gob.mx/consar/articulos/las-comisiones-q ue-cobran-las-afore-importan-y-mucho> Consultado el 30 de septiembre de 2018.

6 “Comisiones vigentes en 2018”, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,

<https://www.gob.mx/consar/articulos/comisiones-vigen tes-en-2016> Consultado el 30 de septiembre de 2018.

7 Afores Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI - Banorte invirtieron en NAIM: Consar, El Universal,

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/finanzas/
inbursa-pensionissste-profuturo-y-xxi-banorte-invirtieron-en-naicm-consar Consultado el 30 de septiembre de 2018.

8 “76% de los mexicanos de la generación Afore no alcanzará pensión: IMEF”, El Financiero,

<http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/
76-de-los-mexicanos-de-la-generacion-afore-no-alcanzaran-pension-imef> Consultado el 30 de septiembre de 2018.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 2 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS, el Conapred y el Inmujeres a garantizar la aplicación de la NOM en igualdad laboral y no discriminación para erradicar la discriminación múltiple contra mujeres por razones de género o discapacidad; e informar a esta soberanía sobre el avance de la certificación de los centros de trabajo públicos, privados y sociales en dicha norma, a cargo de la diputada Katia Alejandra Castillo Lozano, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Katia Alejandra Castillo Lozano, diputada del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, del numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo bajo los siguientes

Considerandos

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), se entiende por discriminación a la práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmediato a determinada persona o grupo, que a veces no se percibe, pero que en algún momento todos lo han causado o recibido.1

Existen ciertos grupos de la población que son más vulnerables a ser víctimas de discriminación, ya sea por alguna característica física, su forma de vida, origen étnico, edad, discapacidad, condición social o económica, así como su condición de salud, embarazo, lengua, religión, preferencias sexuales, estado civil, e incluso sexo o género.

Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.2

De acuerdo con la fracción III, del artículo 2, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, se entiende por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades.

De acuerdo con el artículo 9 de la mencionada ley, se considera como discriminación la prohibición a la libre elección de empleo, la restricción de oportunidades de acceso, permanencia y ascenso; el estabelecimiento de diferencias en las remuneraciones, prestaciones y condiciones laborales para trabajos iguales, la falta de accesibilidad en el entorno físico, transporte, en servicios e instalaciones abiertos al público; así como la denegación de ajustes razonables que garanticen, en igualdad de condiciones, el goce o ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, además de la promoción o realización de violencia física, sexual, psicológica, patrimonial, por edad, género, discapacidad, apariencia física, forma de vestir, hablar entre otras.

Uno de los tipos de discriminación que ha cobrado relevancia en los últimos años es la discriminación por razones de género, la cual se produce cuando se trata de manera desigual a la persona según su género. Esta problemática no se basa únicamente en las diferencias de género, sino también en cómo las personas reciben un trato diferente debido a esas diferencias.

El Conapred, en su estudio Discriminación de género. Las consecuencias de la democracia , menciona que, a lo largo de la historia, en todas las sociedades conocidas, las mujeres han enfrentado, como colectivo, la discriminación social y sus consecuencias. Ello significa básicamente que, con independencia de sus formas específicas, en toda cultura –especialmente en las que llamaremos tradicionales– encontramos que lo femenino, y por asociación las mujeres y sus actividades, carecen de prestigio, de poder y derechos.

Si bien las mujeres históricamente han pugnado por el reconocimiento de sus derechos políticos, sociales y económicos, su situación actual dista mucho de los que la Constitución política del país y sus leyes secundarias han estipulado.

Un ejemplo claro es la situación laboral del género femenino, pues de acuerdo con Instituto Nacional de las Mujeres de 2001 a 2016 la tasa de participación económica de las mujeres pasó de 35.3 a 43.4 por ciento. No obstante, su inserción en el mercado sigue siendo desfavorable, pues 57.2 por ciento de las mujeres que trabajan lo hacen en el mercado informal, con las consecuentes desventajas: bajos salarios y escasa o nula protección social.

En el informe presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se menciona que, aunque las mexicanas ingresaron cada vez en mayor número a la fuerza de trabajo durante las dos últimas décadas, los resultados de su participación en la fuerza laboral, salarios y calidad de trabajo, en la comparación de los hombres, siguen siendo muy pobres, pues en su mayoría las mujeres trabajan de manera informal, siendo una de las principales fuentes de empleo el trabajo doméstico remunerado.

Lamentablemente en los estudios elaborados por diferentes instituciones sólo se han enfocado en la discriminación por razones de género sin considerar la discriminación múltiple a la que se enfrentan las mujeres del país.

Si bien los trabajos remunerados para las mujeres no han logrado incluir a todas e incluso cuando se obtiene la diferencia de salarios se convierten en una nueva problemática, las mujeres que presentan otro tipo de vulnerabilidad como algún tipo de discapacidad tienden a ser discriminadas por doble razón: una por el hecho de ser mujer y otra por tener alguna discapacidad.

En el país existen cerca de 5.7 millones de personas con algún tipo de discapacidad, siendo en su mayoría personas con discapacidad motriz, seguida de las personas con discapacidad visual, auditiva, mental y deficiencia en la comunicación. Por sexo la presencia de discapacidad aumenta en las mujeres siendo 51.1 por ciento de la población con discapacidad, mientras que los hombres con discapacidad son 48.9 por ciento.

Cuando la discapacidad, el hecho de ser mujer y las barreras sociales se unen, dan como resultado una situación de vulnerabilidad mayor en las mujeres respecto a los hombres con discapacidad y mucho mayor entre éstos y los que no cuentan con ninguna discapacidad.

En cuanto al trabajo, las personas con discapacidad perciben menos ingresos por realizar las mismas actividades que aquellas que no viven en esta condición, si a esto se le suma el hecho de que ni las mujeres que cuentan con todas sus capacidades perciben un salario igual al de sus semejantes la situación de las mujeres con discapacidad se torna alarmante, pues además de tener discapacidad y ser mujer se le puede agregar su situación de pobreza.

Recientemente la Asociación Civil Transversal envió a la CEDEW el Informe sombra sobre la situación de mujeres con discapacidad , en el que especifica que de conformidad con información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los hombres con discapacidad tienen el doble de posibilidades que las mujeres de tener trabajo.

En el país, únicamente 27.6 por ciento de las mujeres con discapacidad mayores de 15 años son económicamente activas a diferencia del 52.9 por ciento de los hombres con discapacidad. Asimismo, un mayor porcentaje de los hombres (50.4 por ciento) tienen como principal fuente de ingresos su trabajo en comparación con las mujeres con discapacidad (30.1 por ciento). Las mujeres con discapacidad tienen pocas oportunidades en el ámbito laboral lo que incrementa su situación de vulnerabilidad, pues quienes consiguen empleo se ubican en puestos de baja calificación, con desprotección salarial y con una amplia brecha de ingresos laborales; ya que las personas con discapacidad ganan por su trabajo 66.5 por ciento de los que ganan sus pares sin discapacidad.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad menciona en su artículo 11 que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social promoverá el derecho al trabajo y empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral.

Para lo anterior, de acuerdo con la fracción I del mismo artículo, la Secretaría debe prohibir cualquier tipo de discriminación por motivo de discapacidad en la selección, contratación, remuneración, tipo de empleo, reinserción, continuidad, capacitación, liquidación laboral, promoción profesional y asegurar condiciones de trabajo accesibles, seguras y saludables.3

Además de lo anterior el gobierno federal puso en marcha la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, mediante la cual se establecen los requisitos para que los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y tamaño, integren, implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores.

La anterior es una herramienta que ha dado pie para que diferentes instituciones tanto públicas como privadas generen espacios para personas con algún tipo de discapacidad y, en su caso, no se les discrimine por su condición, de la misma forma se busca que por medio de ésta exista una cultura laboral donde el sexo, edad o cualquier condición no sea un obstáculo para la inclusión laboral.

Sin embargo, tal como lo mencionó Marcela Etornod, en el foro Cultura de la paz y prevención de la violencia , “la discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas es la más grave y extendida violación a sus derechos humanos y es la más naturalizada y tolerada en la sociedad”, es por ello que todos los esfuerzos encaminados a una mayor distribución equitativa entre hombres y mujeres garantiza una sociedad más prospera y pacífica.

El problema de las mujeres con discapacidad es el dilema de la identidad de una persona que experimenta múltiples desventajas respecto a la desigualdad de poderes entre hombres y mujeres con discapacidad; ellos gozan de mayores privilegios, ya que históricamente el papel otorgado al hombre es la independencia y como productor económico.4

Es necesario reconocer la discriminación múltiple a la que se enfrentan millones de mujeres, pues en muchos casos esta discriminación combina género y discapacidad con otras condiciones socioeconómicas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y al Instituto Nacional de las Mujeres a que, en conjunto, garanticen la aplicación de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación que permitan erradicar la discriminación múltiple a la que se enfrentan las mujeres por cuestiones de género y/o discapacidad, y al mismo tiempo, haga público el avance de la certificación de los centros de trabajo públicos, privados y sociales en dicha norma.

Notas

1 Conapred. (s.f.) Discriminación e igualdad. 10/09/2018, de Conapred Sitio web:

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142

2 Ibídem.

3 Cámara de Diputados. (2018). Ley General para la inclusión de la Persona con Discapacidad. 10/09/2018, de Cámara de Diputados Sitio web:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718 .pdf

4 Prieto, A. (s.f.) Discriminación múltiple: mujeres con discapacidad en México. 11/09/2018, de Gobierno de la República Sitio web:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/249671/Di scriminacionmultiplemujerescon.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputada Katia Alejandra Castillo Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al gobierno de Veracruz a devolver con observaciones al Congreso el decreto que adiciona el capítulo tercero Bis, “Acoso cibernético”, y en éste el artículo 196 Bis, al título VI del libro segundo del Código Penal local, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Claudia Domínguez Vázquez, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para ser considerada como de urgente u obvia resolución, bajo la siguiente

Exposición de Motivos

El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un principio fundamental de los estados democráticos contemporáneos y que consiste en garantizar la libertad de expresión, a la letra dicho artículo dispone “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el estado.”

La sociedad mexicana es cada vez más participativa en los asuntos públicos y en la crítica permanente hacia sus gobernantes usando para ello medios tradicionales como la caricatura, escritos, verbales y usando las modernas tecnologías de la comunicación como el internet y haciendo lo que se denomina “memes” que no son sino sátiras de la actividad de los personajes públicos.

Debemos mencionar que es impensable establecer límites a la libertad de expresión de los gobernados cuando en ejercicio de sus derechos fundamentales satirizan alguna persona pública.

Hace 50 años el movimiento estudiantil en México clamaba, entre otros aspectos, por la defensa de la libertad de expresión. Y hoy esta libertad de expresión se ve afectada en, el caso particular, por la aprobación por parte de la legislatura del estado de Veracruz, misma que el pasado jueves 27 de septiembre aprobó una adición del artículo 196 Bis al código penal de dicho estado para establecer el delito “De acoso cibernético”, a la letra se estable lo siguiente: “Artículo 196 Bis. Se impondrán de seis meses a dos años de prisión, y hasta cien días de trabajo a favor de la comunidad, a quien, utilizando cualquier medio de comunicación digital, difunda información lesiva o dolosa de otra persona, revelando, cediendo o trasmitiendo una o más imágenes, grabaciones audiovisuales o textos que dañen su reputación o su autoestima y le causen con ello afectación psicológica, familiar, laboral o en su entorno cotidiano”.

La definición de lo que es el delito de “Acoso cibernético”, prevista en el artículo 196 Bis antes citado es sumamente abierta y en particular en lo que se refiere a “Imágenes o textos”, ya que en opinión de algún particular pudiera constituirse en su perjuicio en la actualización del delito previsto en el artículo en cuestión.

Sin embargo, para quienes ejercen algún cargo público esta disposición legal puede constituir un instrumento que les permita presentar denuncias penales a quienes los critiquen utilizando “memes”, y con ello, en la práctica, ejercer censura sobre los gobernados para que nadie ose criticarlos.

Es por ello que someto a su consideración la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución con el siguiente petitorio:

Artículo Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Veracruz a que ejerza la facultad que le confiere el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Veracruz y devuelva con observaciones al Congreso el decreto que adiciona el capítulo Tercero Bis, con la denominación “Acoso cibernético” y en este el artículo 196 Bis, al título VI del libro segundo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputada Claudia Domínguez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sener y la CNH a hacer públicos los estudios de impacto ambiental de las prácticas de exploración y explotación de gas natural de lutitas en México vinculadas a la técnica de fracturación hidráulica proyectadas para la cuenca de Burgos y Tanlajás, Tamuín, San Antonio y Ébano, San Luis Potosí, a cargo del diputado Cipriano Charrez Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Cipriano Charrez Pedraza, diputado federal a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

1. El proceso de fracturación hidráulica fue introducido en la industria de la explotación de hidrocarburos en 1940 en Estados Unidos por la compañía Halliburton; sin embargo, el método cobra relevancia a partir de 1986 cuando es usado por primera vez en Texas en la cuenca de gas de lutitas Barnett, que cubre veinticuatro condados y está ubicada en la parte centro norte del estado, en las inmediaciones de la ciudad de Dallas. Barnett Shale, como se conoce, resultó un área de prueba a partir de la cual la aplicación de fracturación hidráulica, en conjunto con la técnica de perforación horizontal, han permitido el desarrollo de la industria a lo largo del territorio estadounidense. Actualmente, la cuenca Barnett tiene más de dieciséis mil pozos perforados y durante el año 2012 da cuenta del 31 por ciento de la producción de gas natural en pozos de Texas (TRRC, 2012).1

2. El proceso de extracción para un pozo productor comercial comienza con la etapa de perforación vertical, que se realiza a una distancia promedio de entre uno a cinco kilómetros (Rahm, 2011: 2975), más allá de la cuerpos subterráneos de agua que se localizan a una distancia de entre diez y trescientos metros, lo que constituye una primera causa de atención sobre el posible impacto en el sistema hídrico de la región. La siguiente etapa es la perforación horizontal, que cubre un distancia promedio de mil 600 metros (Pennsylvania Department of Environmental Protection , 2010). Sin embargo, es la etapa de fracturación hidráulica uno de los puntos de mayor interés desde el punto de vista del manejo ambiental en la explotación del gas.

3. El proceso de fracturación hidráulica consiste en inyectar agua mezclada con substancias químicas a través del pozo para generar fracturas en la roca de lutita y permitir así la liberación del gas. El ciclo del uso de agua en el procedimiento de fractura se puede descomponer, de acuerdo con la Agencia de Protección al Medio Ambiente de Estados Unidos, en las siguientes fases: adquisición, mezcla de químicos, inyección, flujo de aguas residuales generadas, disposición y tratamiento de agua residual (EPA, 2011: 19).

4. En la primera fase, el impacto ambiental se observa en la extracción de agua ya que, según estimaciones conservadoras, el proceso requiere una cantidad de agua según estimaciones conservadoras, de entre 7.6 y 15 millones de litros (API, 2010: 5) por pozo. Si bien otros estudios colocan la cifra entre 9 y 29 millones de litros (Wood et al., 2011: 19) ya que los pozos generalmente se perforan en etapas de fracturación múltiple, de tal manera que un pozo puede dar lugar a diferentes perforaciones horizontales que implican inyección de agua. Esta puede ser extraída de fuentes superficiales como ríos o lagos cercanos, mediante un proveedor local o mediante fuentes de agua subterránea, lo que se genera competencia con los usuarios locales de agua (usos doméstico y agrícola, principalmente).

5. La fase de mezcla de químicos implica una serie de riesgos, si bien los componentes de la fórmula no están sujetos de diseminación pública en su totalidad ya que se consideran secretos comerciales —trade secrets — (Davis, 2012: 180). Recientemente se han publicado estudios que confirman el uso de substancias potencialmente nocivas para la salud; en el estudio de Colborn et al. (2011) sobre los efectos a la salud de los químicos usados en la extracción de gas natural, los autores reportan que se ha identificado un conjunto de 632 químicos, sin embargo de estos los autores analizan un subconjunto de 352 químicos y concluyen que: el 25 por ciento puede causar cáncer o mutaciones, el 37 por ciento puede afectar el sistema endócrino, entre el 40 por ciento y el 50 por ciento puede afectar el cerebro/sistema nervioso, inmune o sistema cardiovascular, e hígado, más del 75 por ciento podrían afectar la piel, los ojos, y otros órganos sensoriales, el sistema respiratorio y gastrointestinal (Colborn, et al., 2011: 1039). De este modo, el riesgo ambiental se observa en posibles derrames incidentales que contaminen las fuentes de agua superficiales o terrenos adyacentes al área del pozo y su manejo previo a la inyección.

6. La fase de inyección consiste en introducir el fluido a alta presión a través del pozo con la finalidad de generar grietas en la zona de rocas que contienen el gas; la composición de este flujo puede variar entre los sitios, no obstante, en promedio, se estima que se integra por un 98 por ciento de agua y el resto en un compuesto químico. Al respecto, según la compañía Halliburton, que tiene operaciones cerca de la frontera con México en la cuenca de Ford Shale en Texas, señala que este flujo se compone por 93.36 por ciento de agua y 6.64 por ciento en compuestos químicos (Halliburton, 2013). En esta fase, los riesgos principales son: la contaminación de los cuerpos de agua subterráneos mediante la filtración de las substancias químicas o la migración del gas hacia los cuerpos de agua subterráneos. Al respecto existe evidencia substancial desde la perspectiva geológica de que las substancias químicas aplicadas fluyen hacia la superficie a través de las fallas naturales y las generadas por el procedimiento de extracción de gas (Myers, 2012: 873).

7. La fase de flujo de aguas residuales generadas presenta riesgos adicionales, ya que una proporción de entre 10 por ciento y 70 por ciento del agua inyectada regresa a través del pozo una vez que el gas es liberado (EPA, 2012: 19), lo que equivale a un volumen de entre 1.5 y 10.5 millones de litros de agua contaminada, que no solo contiene la mezcla de químicos inicialmente usados para el proceso de fracturación de las capas rocosas de lutitas, sino que ahora contiene trazas de material conocido como sustancias de ocurrencia natural (NOS por sus siglas en inglés), que incluyen elementos radioactivos como uranio, torio o radio (EPA, 2012: 18) o (Harper, 2008: 5); el fluido residual que regresa contiene otras substancias conocidas como componentes orgánicos volátiles (VOC) como queroseno, benceno y tolueno, cuyos efectos negativos sobre el sistema nervioso son reconocidos (Colborn et al., 2011: 1041).

8. En la fase de disposición y tratamiento se presentan tres escenarios de riesgo de interés: el primero es el procedimiento de reinyección del agua, práctica que busca depositar los fluidos en pozos a profundidades considerables creados expresamente con el objetivo de contener el fluido residual, sin embargo como ya se ha señalado la presión del flujo natural podría generar filtraciones hacia la superficie a través de las fisuras subterráneas. Este tipo de disposición es altamente controvertida en Estados Unidos ya que a partir de la reforma energética de 2005, se realizaron modificaciones a la ley de protección de los recursos hídricos para eliminar regulación que imponía barreras a esta práctica y actualmente es una práctica legal (Congressional Research Service, 2014: 8).

9. El segundo riesgo asociado a esta fase es el tratamiento inadecuado de los flujos de agua residuales cuando son enviados a plantas de tratamiento, ya que su descarga posterior al tratamiento se hace en cuerpos de agua que son la fuente de consumo para la población. El punto de controversia respecto a esta práctica en países como Estados Unidos es que la regulación en materia de agua (Clean Water Act ), no considera ilegal este método de tratamiento y únicamente regula esta práctica mediante un programa de permisos denominado Sistema Nacional de Eliminación de Descargas Contaminantes (NPDES, por sus siglas en inglés).

10. La tercera práctica usada en esta fase es la disposición del líquido en pozos temporales de evaporación, que son depósitos que buscan, mediante efectos del calor solar, contribuir a la evaporación de estos fluidos (EPA, 2012: 20). Esta práctica representa un riesgo para flora, fauna y actividad humana de la zona al entrar en contacto con los vapores de substancias notablemente tóxicas.

11. Adicional a las fases del ciclo del agua revisado, el deterioro ambiental también se hace evidente en la zona de construcción del pozo, ya que requiere de un espacio adicional de entre 1.5 a 2.5 hectáreas para alojar equipo de perforación, almacenar substancias químicas, arena y los camiones que transportan estos materiales; su adecuación implica limpiar el área de vegetación.

12. A medida que la práctica de fracturación hidráulica se ha extendido en países como Estados Unidos y Australia en la última década, los efectos de la inyección de químicos y agua han generado numerosos casos de afectación local y, paralelamente, los estudios que analizan estos efectos se han incrementado. Osborn et al. (2011) estudian el caso de la migración de metano a los acuíferos en la cuenca Marcellus (una de las más importantes en Estados Unidos por el volumen de sus recursos de gas de lutitas) y Utica, localizadas en los estados de Pensilvania y Nueva York, respectivamente. Estos autores encuentran que la concentración de metano en los depósitos de agua superficial cercanos a los sitios de perforación de pozos de gas de lutitas es, en promedio, diecisiete veces más elevada a lo observado en sitios no activos (Osborn et al., 2011: 2), lo que potencialmente representa un riesgo para la población.

13. En 2012, el estudio de Rozell y Reaven evalúa los riesgos de contaminación en cada etapa del proceso de fractura usando datos de la cuenca Marcellus en Pensilvania, área en la que se presentaron ante la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA) un total de 623 violaciones ambientales, de salud y de seguridad relacionadas al proceso de extracción durante el periodo entre julio de 2009 a junio 2010 (Rozell y Reaven, 2012).

14. Como respuesta al incremento de la controversia sobre los impactos de largo plazo de la práctica de fracturación hidráulica sobre la calidad de las fuentes de abastecimiento de agua para consumo humano y actividades productivas como la ganadería y la agricultura, actualmente se observa una tendencia restrictiva en el marco regulatorio ambiental de esta actividad en Estados Unidos.

15. Ante las directrices de la política energética nacional y el potencial detectado de gas no convencional de lutitas en México, se ha generado un interés institucional en los últimos seis años por incursionar en la extracción de este recurso; sin embargo, la tecnología empleada en la extracción, denominada fracturación hidráulica, recientemente se ha convertido en centro de controversia ambiental en países como Estados Unidos, país que es el pionero en el desarrollo de esta práctica.

16. La evidencia revisada de fuentes institucionales, como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, así como a través de diversos análisis académicos arbitrados, muestran que el proceso de fracturación hidráulica es un proceso potencialmente de impacto ambiental significativo y, en particular, con riesgos de contaminación de los recursos hídricos a nivel local.

17. Por su parte, el marco regulatorio vigente en México, si bien desde una perspectiva general contiene medidas que limitan teóricamente la práctica de fracturación hidráulica, éstas no contemplan medidas específicas que lo prohíban. Lo anterior es por la naturaleza no convencional que implica la combinación de procedimientos innovadores escasamente usados en el país, por lo que la revisión de su impacto ambiental debe ser una prioridad que lleve al diseño de medidas regulatorias para proteger los recursos hídricos locales antes de avanzar con una fase de desarrollo masivo de explotación del gas de lutitas en México como el ya proyectado en los estados de Coahuila, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.

18. Es por tanto, que a partir de las consideraciones anteriores estamos obligados a saber qué sucede en México con las prácticas que ya se tienen en materia de esta técnica (fracking ) y las que están por licitarse en febrero del 2019, mismas que se tenían contempladas para este año, sin embargo, debido a la solicitud de revisión de contratos en la materia que está proponiendo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, éstas se pospusieron en su trámite de licitación. Estamos obligados a llevar a cabo un proyecto federal que evalúe el impacto ambiental y, en particular, los riesgos de uso y contaminación de las fuentes de agua potable vinculadas a la fracturación hidráulica y aprovechar la experiencia en materia legislativa de regiones específicas de Estados Unidos donde este procedimiento ha sido prohibido con base en los riesgos que representa para la contaminación de mantos acuíferos y fuentes de abastecimiento de agua potable.

19. Frente a la opacidad de los servidores públicos de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para informar sobre el impacto ambiental de la práctica del fracking , y sobre los riesgos de contaminación de los acuíferos y los cuerpos de agua superficiales, esta honorable Cámara de Diputados en su LXIV Legislatura no puede permanecer ajena. Es imperativo que los encargados de administrar y salvaguardar los recursos en materia energética, comparezcan ante esta Soberanía.

Por lo anteriormente expuesto se presenta esta proposición de urgente y obvia resolución con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a fin de que hagan públicos los estudios de Impacto Ambiental y la información sobre las medidas de protección de los recursos hídricos, referentes a la explotación de hidrocarburos por medio de la técnica de fractura hidráulica proyectados para la Cuenca de Burgos y los municipios de Tanlajás, Tamuín, San Antonio y Ébano, San Luis Potosí.

Nota

1 “Uso de agua en la extracción de gas de lutitas en el noreste de México. Retos de regulación ambiental”. José Luis Manzanares Rivera El Colegio de la Frontera Norte. Dirección para correspondencia:jlmanzanaresrivera@gmail.com.

Bibliografía

API (American Petroleum Institute) (2010) “Water management associated with hydraulic fracturing. API Guidance Document HF2”, Washington, D. C., American Petroleum Institute, first edition, junio. En: <http://www.api.org/Standards/new/api-hf2.cfm> [Accesado el miércoles, 06 de febrero de 2013] [Links].

California State, “Uniform Trade Secrets Act. section 3426.1” En:

<http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?sectio n=civ&group=03001-04000&file=3426-3426.11> [Accesado el jueves, 11 de abril de 2013] [Links].

Clean Water Act of 1972, Sec. 502, 33 U.S.C. 1362, et seq (2002). En: <http://www.epw.senate.gov/water.pdf> [Accesado el lunes, 08 de abril de 2013] [Links].

Colborn, T. et al. (2011) “Natural gas operations from a public health perspective” Human and Ecological Risk Assessment An International Journal. Vol. 17, núm. 5, pp.1039-1056. [Links]

Coldwell, J. (2013) “Con la exploración y explotación de gas no convencional, podría haber gas más barato y limpio”. México, Secretaría de Energía-Instituto Mexicano del Petróleo 20 de marzo 2013. En: <http://www.imp.mx/comunicacion/gaceta/?imp=nota&nota=130322esp> [Accesado el lunes, 07 de enero de 2013] [Links].

Comisión Nacional de Hidrocarburos (2013) “Reporte de actividad exploratoria”. En:

<http://www.cnh.gob.mx/_docs/Reportes_IH/Reporte_de_A ctividad_Exploratoria_Abr_2013.pdf> [Accesado el martes, 02 de abril de 2013] [Links].

CRS (Congressional Research Service) (2014) “Safe Drinking Water Act (SDWA): A Summary of the Act and Its Major Requirements” En: <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL31243.pdf> [Accesado el viernes, 07 de marzo de 2014] [Links].

————— (2013) “Hydraulic Fracturing and Safe Drinking Water Act Regulatory Issues” En:

<https://www.fas.org/sgp/crs/misc/R41760.pdf> [Accesado el 07 de diciembre de 2013] [Links].

Davis, C. (2012) “The politics of “fracking”: Regulating natural gas drilling practices in Colorado and Texas”Review of Policy Research.Vol., 29, núm. 2, marzo, pp. 177-191. [Links]

Energy Information Administration (2011) “World shale gas resources: An initial assessment of 14 regions outside the United States” Arlington VA, US Energy Information Administration/U.S. Department of Energy, February 17. En:

<http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pd f/fullreport.pdf> [Accesado el miércoles, 06 de febrero de 2013] [Links].

EPA (Environmental Protection Agency) (2011) “Plan to study the potential impacts of hydraulic Fracturing on Drinking Water Resources”. En
http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class2/hydraulicfracturing/
upload/hf_study_plan_110211_final_508.pdf [Accesado el martes, 02 de abril de 2013] [Links].

EPA (Environmental Protection Agency) (2012) “Study of the potential impacts of hydraulic fracturing on drinking water resources”. En <http://www2.epa.gov/hfstudy/study-potential-impacts-hydraulic-fract uring-drinking-water-resources-progress-report-0> [Accesado el miércoles, 03 de abril de 2013] [Links].

FRAC Act. (2011) S. 587—112th Congress: FRAC Act. Wen: <http://www.govtrack.us/congress/bills/112/s587> [Accesado Abril, 12, 2013] [Links].

Halliburton, Hydraulic Fracturing” Fluids disclosure” (2013) En: <http://www.halliburton.com/public/projects/pubsdata/Hydraulic_Fract uring/fluids_disclosure.html> [Accesado el viernes, 12 de abril de 2013] [Links].

Haluszczak, L. O., A. W. Rose y L. R. Kump (2013) “Geochemical evaluation of flowback brine from Marcellus gas wells in Pennsylvania, USA” Applied Geochemistry. Vol. 28, pp. 55-61. [Links]

Harper, J. A., (2008) “The Marcellus Shale-An old new’ gas reservoir in Pennsylvania” Pennsylvania Geology.Middletown, PA, Bureau of Topographic and Geologic Survey, Pennsylvania Department of Conservation and Natural Resources, vol. 38, núm.1, pp.2-13. [Links]

Jenner, S., A. J. Lamadrid (2013) “Shale gas vs. coal: Policy implications from environmental impact comparisons of shale gas, conventional gas, and coal on air, water, and land in the United States” Energy Policy. 53, pp. 442-453. [Links]

Kharak, Y. K. et al. (2013) “The energy-water nexus: Potential groundwater-quality degradation associated with production of shale gas” Procedia Earth and Planetary Science. Vol. 7, pp. 417-422. [Links]

Legiscan Louisiana House Bill 957. En:
http://legiscan.com/LA/bill/HB957/2012 [Accesado el martes, 16 de abril de 2013] [Links].

Legiscan Pennsylvania House Bill 1950. En:
http://legiscan.com/PA/bill/HB1950/2011 [Accesado el martes, 16 de abril de 2013] [Links].

Legiscan Indiana House Bill 1107 en
http://legiscan.com/IN/bill/HB1107/2012m [Accesado el martes, 16 de abril de 2013] [Links].

Legiscan New Jersey (2010) Assembly Resolution 112. En <http://legiscan.com/NJ/text/AR112/id/217467> [Accesado el martes, 16 de abril de 2013] [Links].

Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente (1988) Diario Oficial de la Federación.México (28 de enero de 1988). En <http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php> [Accesado el martes, 02 de mayo de 2013] [Links].

Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (2008) Diario Oficial de la Federación. México (28 de noviembre de 2008). En <http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php> [Accesado el martes, 02 de mayo de 2013] [Links].

Ley de Aguas Nacionales (1992) Diario Oficial de la Federación. México (01 de diciembre de 1992). En

<http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php> [Accesado el martes, 02 de mayo de 2013] [Links].

Myers, T. (2012) “Potential contaminant pathways from hydraulically fractured shale to aquifers” Ground Water. Vol. 50, núm. 6, noviembre-diciembre 2012, pp. 872-882. [Links]

Nicot, J. P. y B. R. Scanlon (2012) “Water use for shale gas production in Texas, U.S.A” Environmental Science & Technology. 2012, dx.doi.org/10.1021/es204602t; 46: 3580-3586. [Links]

Osborn, G. S. et al. (2011) “Methane contamination of drinking water accompanying gas-well drilling and hydraulic fracturing” PNAS, Washington, D. C., National Academy of Sciences, vol. 108, núm. 20, pp. 8172-8176. [Links]

Pemex (2013) “Plan de negocio de Pemex, 2013-2017”. En <http://www.pemex.com/files/content/pn_13-17_121107.pdf> [Accesado el, 06 de marzo de 2013] [Links].

————— (2012) “Potencial de recursos no convencionales asociado a plays de Aceite y gas de lutitas en México”. En

<http://www.pemex.com/files/content/120801_lutitas_pe p.pdf> [Accesado el, 06 de marzo de 2013] [Links].

Pennsylvania Department of Environmental Protection (PDEP), (2010), “Hydraulic fracturing overview” Frac Focus, Ground Water Protection Council/Interestate Oil and Gas Compact Commission. En: <http://fracfocus.org/hydraulic-fracturing-how-it-works/hydraulic-fr acturing-process> [Accesado el miércoles, 10 de abril de 2013] [Links].

Rahm, D. (2011) “Regulating hydraulic fracturing in shale gas plays: The case of Texas” Energy Policy.Elsevier, vol. 39, núm. 5, pp. 2974-2981 [Links]

Rozell, D. J. y S. J. Reaven (2012) “Water pollution risk associated with natural gas extraction from the Marcellus Shale” Risk Analysis. Society for Risk Analysis.Vol. 32, núm. 8, pp. 1382-1393. [Links]

Secretaría de Economía [publicación digital] (2011) “Panorama minero del estado de Coahuila” En:

<http://www.sgm.gob.mx/pdfs/COAHUILA.pdf> [Accesado el miércoles, 06 de marzo de 2013] [Links].

————— (2012) “Anuario estadístico de la minería mexicana” México, D. F. SGM, pp.1-540. Enhttp://www.sgm.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view& id=59&Itemid=67 [Accesado el miércoles, 06 de marzo de 2013] [Links].

Secretaría de Energía [publicación digital] (2007) “Programa sectorial de energía 2007-2012”. En:

<http://www.cnh.gob.mx/_docs/8_Programa.pdf> [Accesado el miércoles, 06 de febrero de 2013] [Links].

————— (2012a) “Sistema de información energética”. En: <http://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=temas&fromCua dros=true> [Accesado el miércoles, 06 de febrero de 2013] [Links].

————— (2012b) “Memoria documental del fondo sectorial Conacyt Sener-Hidrocarburos”. En:

<http://www.sener.gob.mx/irc/spedt/MD_FH_E3.pdf> [Accesado el lunes, 07 de enero de 2013] [Links].

————— (2013a) “Estrategia nacional de energía, 2013-2027”. En: <http://www.energia.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2013/ENE_2013-2027.pdf> [Accesado el lunes, 07 de enero de 2013] [Links].

————— (2013b) “Discurso del 14 de enero 2013” En: <http://sener.gob.mx/portal/Default.aspx?id=2362> [Accesado el lunes, 07 de enero de 2013] [Links].

Semarnat (1996) “NOM-001-Semarnat-1996, “Límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales” Diario Oficial de la Federación. México, D.F., Secretaría de Gobernación, 6 de enero. En:

<http://www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/documents/ht ml/aguaresidual.html> [Accesado el martes, 16 de abril de 2013] [Links].

Theodori, G. L. (2012) “Public perception of the natural gas industry: Data from the Barnett Shale” Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy. Vol. 7, núm. 3, pp. 275-281. [Links]

TRRC (Texas Rail Road Commission) (2012). En:

<http://www.rrc.state.tx.us/data/fielddata/barnettsha le.pdf> [Accesado el lunes, 08 de abril de 2013] [Links].

TRRC (Texas Rail Road Commission) (2013) “Eagle Ford information”. En: <http://www.rrc.state.tx.us/eagleford/#gas> [Accesado el lunes, 08 de abril de 2013] [Links].

Urbina, I. (2009) “Regulation lax as gas wells’ tainted water hits rivers”, New York, 2 de noviembre 2011. En: <http://www.nytimes.com/2009/11/03/opinion/03tue3.html?_r=0> [Accesado el jueves, 11 de abril de 2013] [Links].

Vermont Legislative Bill Tracking System. En:

http://www.leg.state.vt.us/database/status/summary.cfm?B ill=H.0464&Session=2012> [Accesado el martes, 16 de abril de 2013] [Links].

Won-Woo, L. (2004) “US lessons for energy industry restructuring: Based on natural gas and California electricity incidences” Energy Policy. Vol. 32, pp, 237-259. [Links]

Wood. R. et al. (2011) Shale gas: a provisional assessment of climate change and environmental impacts. A report commissioned by the Cooperative and undertaken by researchers at the Tyndall Centre. University of Manchester. [Links]

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de octubre del 2018.

Diputado Cipriano Charrez Pedraza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SHCP, la CRE y la CFE a promover acciones que garanticen la condonación total de los adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de energía eléctrica de diversos municipios de Veracruz y la eliminación de la tarifa doméstica de alto consumo; y analizar y establecer ajustes tarifarios preferenciales en ese estado, Campeche, Chiapas y Tabasco, suscrita por el diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Eulalio Juan Ríos Fararoni y diputados del Grupo Parlamentario de Morena, por los estados de Veracruz, Campeche, Chiapas y Tabasco, integrantes de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, así como el artículo 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad, a promover las acciones necesarias que garanticen la condonación total de los adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de energía eléctrica de diversos municipios del estado de Veracruz y la eliminación total de la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), así como analizar y establecer ajustes tarifarios preferenciales en los estados de Veracruz, Campeche, Chiapas y Tabasco, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con la promulgación de la reforma energética, el actual Ejecutivo federal aseguraba se potenciaría la competitividad del sector energético y más aún, vendrían importantes beneficios para la economía del país que se traducirían en mejores oportunidades de desarrollo y condiciones de vida para las y los mexicanos, especialmente para nuestra población más vulnerable.

Lamentablemente todos somos testigos que la realidad ha sido otra, traduciéndose en aumentos a la gasolina, el diésel, gas y, si fuera poco, sumarle los cobros excesivos por el servicio de energía eléctrica que hoy en día sigue afectando a la sociedad mexicana.

En este orden, en los últimos años los altos cobros por el servicio de energía eléctrica, han constituido un problema social objeto del reclamo constante por parte de la población usuaria del país, a consecuencia de mecanismos poco transparentes que establecen altos costos tarifarios, irregularidades en la toma de lecturas, transformadores deficientes, cortes de luz e infinidad de fallas técnicas del servicio cuya responsabilidad, corresponde a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lo anterior ha traído un descontento generalizado y el surgimiento de actos de resistencia civil por parte de los usuarios de las comunidades rurales, donde la población se ha organizado con el objetivo de exigir tarifas justas, a través del reconocimiento a movimientos amplios y diversos, principalmente en los estados del sur del país como Veracruz, Campeche, Chiapas y Tabasco de no pago a las altas tarifas de energía eléctrica, y en otros casos, en un contexto de crisis económica, también ha proliferado las prácticas recurrentes de puentear los medidores de energía para evitar estos cobros excesivos.

Así es como la población en estas regiones del país ha buscado, por la vía de la resistencia, contrarrestar las agresiones estructurales de un sistema que ha puesto enormes barreras para imposibilitarles el acceso a este servicio básico, como forma de rechazo al modelo neoliberal en México.

En el caso espacial de Veracruz, ante las altas temperaturas que predominan en sus regiones por sus características geográficas y climatológicas que suelen rebasar más de 40 grados centígrados e inciden directamente en el consumo de electricidad, desde hace varios años la sociedad organizada ha unido esfuerzos y desahogado batallas legales contra la paraestatal con el principal objetivo de lograr tarifas bajas y justas, consecuentemente, para evitar cobros excesivos por la Comisión Federal de Electricidad.

Cabe señalar que como consecuencia de las altas temperaturas, la población en gran parte de la entidad veracruzana, tiende a utilizar aparatos electrodomésticos para regular el clima y mantener la conservación de sus alimentos y por tanto, el consumo suele ser aún mayor que en otras regiones.

Habitantes de los municipios de Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Jáltipan, Mecayapan, Nachital, Oluta, Oteapan, Chinameca, Pajapan, Tatahuicapan, Texistepec, Soteapan, Soconusco y Zaragoza, son claros ejemplos de las anomalías presentadas por el servicio, al grado de sumarse también en algunos casos a la resistencia de pagar montos extremadamente excesivos y arbitrarios.

Frente a esta situación, el Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, recientemente ha exigido a la Comisión Federal de Electricidad disminuir las tarifas en favor de los usuarios de Veracruz, considerando injusto que al ser la principal entidad productora de energía de México, y donde se ubica la planta nucleoeléctrica más grande de Latinoamérica, que genera más de 35 por ciento de producción de energía para todo el país. tenga las tarifas más caras del país, y ante ello, ha reiterado la exigencia para que la paraestatal, realice un análisis, diagnóstico y propuesta clara y objetiva para que el estado de Veracruz tenga mejores condiciones en tarifas como usuarios y lleguen beneficios directos de ahorro al bolsillo de nuestra población veracruzana. Es importante resaltar que, en circunstancias similares al estado de Veracruz, también se encuentran los estados de Campeche, Chiapas y Tabasco.

Compañeras y compañeros legisladores, la relevancia del presente punto de acuerdo radica en promover mejores condiciones en la prestación del servicio de energía eléctrica, pero sobre todo, se encamina a brindar pronta atención a las quejas de los cobros excesivos y arbitrariedades realizadas por la Comisión Federal de Electricidad.

Luego entonces, como representantes de la población del país, tenemos la responsabilidad de atender las demandas de nuestra gente y ante ello, el compromiso de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales, principalmente, del derecho que tienen todos los mexicanos de disfrutar de una vivienda digna y decorosa como establece el artículo 4 constitucional bajo el sustento de diversos instrumentos internacionales en la materia.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Federal de Electricidad a promover las acciones necesarias que garanticen la condonación total de los adeudos a los usuarios finales del servicio doméstico de energía eléctrica de diversos municipios del estado de Veracruz y la eliminación total de la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), así como analizar y establecer ajustes tarifarios preferenciales en los estados de Veracruz, Campeche, Chiapas y Tabasco.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputados: Eulalio Juan Ríos Fararoni, Carmen Medel Palma, Rafael Hernández Villalpando, Juan Martínez Flores, Bonifacio Aguilar Linda, Rosalba Valencia Cruz, Rodrigo Calderón Salas, Manuel Gómez Ventura, Paola Tenorio Adame, Jaime Humberto Pérez Bernabé, Ricardo Francisco Exsome Zapata, Zaira Ochoa Valdivia, Dorheny García Cayetano, Carmen Mora García, Flora Tania Cruz Santos, Erasmo González Robledo, Teresa Burelo Cortazar, Estela Núñez Álvarez, Ediltrudis Rodríguez Arellano, Gregorio Efraín Espadas Méndez, Manuel Rodríguez González, Leticia Arlett Aguilar Molina, Ciro Sales Ruiz, José Luis Elorza Flores (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Órgano Interno de Control en el INE a iniciar una investigación sobre los integrantes del Consejo General del órgano público local electoral de Puebla y a los 26 consejos distritales locales por los actos o las omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del instituto vinculados a faltas graves que hayan afectado los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad durante los comicios de 2017-2018 para gobernador, a cargo de la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Laura Martínez González, diputada del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 65 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. Con fecha 1 de julio del 2018 se llevó a cabo la elección de gobernador constitucional en el estado de Puebla de Zaragoza.

Conforme a los procedimientos electorales de ley, el miércoles siguiente al de la elección, se celebró ante la autoridad electoral local, los cómputos distritales en cada uno de los 26 distritos locales.

Derivado de dichos resultados, el 8 de julio del 2018 el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla aprobó el acuerdo relativo al cómputo final de dicha elección, por lo tanto, declaró la validez de la elección y elegibilidad de la candidatura ganadora, postulada por la coalición “Por Puebla al Frente”, integrada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración.

Por lo que de acuerdo con dichos resultados, la candidatura de la coalición “Por Puebla al Frente” obtuvo 1 millón 153 mil 79 votos, esto es el 38.14 por ciento, en tanto que la candidatura de la coalición “Juntos Haremos Historia” obtuvo 1 millón 31 mil 43 votos, esto es el 34.10 por ciento.

De tal suerte que, no estando conforme con los resultados de dicha elección, el partido Morena presentó ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla recursos de inconformidad en los 26 distritos electorales en los que solicitó el recuento total de votos en dicha elección.

Mismos que una vez radicados ante el tribunal competente, este con fecha 3 de septiembre de 2018 resolvió su improcedencia, esto es, la improcedencia respecto del recuento total de la elección a la gubernatura del estado.

Por lo que ante dicha determinación del Tribunal local se presentaron sendos recursos de revisión constitucional , los cuales en razón de competencia legal, tocó conocer a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Quien al efecto, mediante sentencia definitiva del pasado 19 de septiembre del 2018 tuvo a bien revocar la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, ordenando la realización de un recuento total de votos en los 26 distritos electorales, lo anterior de conformidad con ordenado en la sentencia radicada en los expedientes SUP-JRC-176/2018 al SUP-JRC-201/2018.

Siendo que ante lo resuelto, dicha Sala Superior mediante boletín informativo de la misma fecha informó a la opinión pública lo siguiente:

“Ante ello, la Sala Superior, en plenitud de jurisdicción, realizó un análisis de las actas de cómputo distrital, advirtiendo que durante los cómputos distritales se presentaron diversas irregularidades relacionadas con el debido cómputo de la votación y los paquetes, falta de documentación, y el llenado de las actas correspondientes.

De ahí que las magistradas y magistrados consideraron que la actuación de la autoridad electoral administrativa local fue deficiente y afectó los principios rectores en la materia, como son los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad. Asimismo, señalaron que el actuar deficiente de la autoridad, las inconsistencias, falta de precisión y de claridad, no garantizan certeza respecto de los resultados de la elección de gubernatura de Puebla.

En consecuencia, para lograr resultados veraces, reales y ajustados a los hechos, garantizando el principio de certeza y la confianza en el resultado de los cómputos, la Sala Superior ordenó llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en la totalidad de las casillas de los 26 distritos electorales que integran el estado de Puebla, precisando que el resultado que se obtenga, no prejuzgara sobre el estudio que debe realizarse sobre la validez o nulidad de la elección.”

Segunda . Toda vez que la máxima autoridad electoral calificó en la sentencia definitiva e inatacable de referencia que el resultado final de la elección de gobernador constitucional (su cómputo final) fue violatorio de los principios electorales de certeza y legalidad ante un actuar deficiente de la autoridad administrativa local, resulta pertinente a todas luces aprobar el presente exhorto.

Máxime cuando con “la reforma electoral de 2014”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del mismo año, se creó al Instituto Nacional Electoral como nueva autoridad nacional electoral encargada de coparticipar y supervisar la organización de las elecciones de los estados, siendo incluso la responsable en la designación de los funcionarios electorales estatales, en el caso concreto, de los consejeros electorales integrantes de los Consejos Generales de cada estado de la república, los cuales a su vez tienen la obligación constitucional de velar por la certeza y legalidad de los procesos electorales locales, so pena de ser removidos en caso de incurrir en actos violatorios de la ley.

Siendo que ello se funda en el mismo marco constitucional y legal donde se tiene que es facultad del Instituto Nacional Electoral realizar en una forma semicentralizada en coordinación con las autoridades electorales locales, la función electoral, organizando y delineando algunas de las principales fases de los procesos electorales locales;

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al respecto señala:

“Artículo 41 .

...;

Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen esta Constitución y las leyes:

a) Para los procesos electorales federales y locales:

1. La capacitación electoral; 2. La geografía electoral, así como el diseño y determinación de los distritos electorales y división del territorio en secciones electorales; 3. El padrón y la lista de electores; 4. La ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; 5. Las reglas, lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales; 6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y 7. Las demás que determine la ley.

...;

Apartado C. En las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de organismos públicos locales en los términos de esta Constitución, que ejercerán funciones en las siguientes materias:

1. Derechos y el acceso a las prerrogativas de los candidatos y partidos políticos; 2. Educación cívica; 3. Preparación de la jornada electoral; 4. Impresión de documentos y la producción de materiales electorales; 5. Escrutinios y cómputos en los términos que señale la ley; 6. Declaración de validez y el otorgamiento de constancias en las elecciones locales; 7. Cómputo de la elección del titular del poder ejecutivo ; 8. Resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral, y conteos rápidos, conforme a los lineamientos establecidos en el Apartado anterior; 9. Organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados en los mecanismos de participación ciudadana que prevea la legislación local; 10. Todas las no reservadas al Instituto Nacional Electoral, y 11. Las que determine la ley.

En los supuestos que establezca la ley y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos del Consejo General, el Instituto Nacional Electoral podrá: a) Asumir directamente la realización de las actividades propias de la función electoral que corresponden a los órganos electorales locales; b) Delegar en dichos órganos electorales las atribuciones a que se refiere el inciso a) del Apartado B de esta Base, sin perjuicio de reasumir su ejercicio directo en cualquier momento, o c) Atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los órganos electorales locales, cuando su trascendencia así lo amerite o para sentar un criterio de interpretación.

Corresponde al Instituto Nacional Electoral designar y remover a los integrantes del órgano superior de dirección de los organismos públicos locales, en los términos de esta Constitución.

Artículo 116 .

...;

IV. De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral, garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta última disposición;

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad;

Por su parte la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales indica:

“Artículo 30.

1. Son fines del Instituto:

a) Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

b) Preservar el fortalecimiento del régimen de partidos políticos;

c) Integrar el Registro Federal de Electores;

d) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;

e) Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los procesos electorales locales;

...;

Artículo 102 .

1. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales estarán sujetos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos previsto en el Título Cuarto de la Constitución.

2. Los Consejeros Electorales de los Organismos Públicos Locales podrán ser removidos por el Consejo General, por incurrir en alguna de las siguientes causas graves:

a) Realizar conductas que atenten contra la independencia e imparcialidad de la función electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;

b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;

...;

g) Violar de manera grave o reiterada las reglas, lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto en términos de la Base V, Apartado B), inciso a), numeral 5 del artículo 41 de la Constitución. Para los efectos de este inciso se considera violación grave, aquélla que dañe los principios rectores de la elección de que se trate.

Artículo 104.

1. Corresponde a los organismos públicos locales ejercer funciones en las siguientes materias:

a) Aplicar las disposiciones generales, reglas, lineamientos, criterios y formatos que, en ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución y esta ley, establezca el instituto;

...;

h) Efectuar el escrutinio y cómputo total de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad federativa que corresponda, con base en los resultados consignados en las actas de cómputos distritales y municipales;

i) Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la elección a los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría de votos así como la constancia de asignación a las fórmulas de representación proporcional de las legislaturas locales, conforme al cómputo y declaración de validez que efectúe el propio organismo;

j) Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo en la entidad de que se trate;

k) Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares de las elecciones que se lleven a cabo en la entidad, de conformidad con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que para el efecto emita el Instituto;

...;

n) Ordenar la realización de conteos rápidos basados en las actas de escrutinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los resultados el día de la jornada electoral, de conformidad con los lineamientos emitidos por el Instituto;

ñ) Organizar, desarrollar, y realizar el cómputo de votos y declarar los resultados de los mecanismos de participación ciudadana que se prevean en la legislación de la entidad federativa de que se trate;

o) Supervisar las actividades que realicen los órganos distritales locales y municipales en la entidad correspondiente, durante el proceso electoral;

...;

Artículo 487 .

1. El Órgano Interno de Control es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; tendrá además a su cargo la fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto.

2. El titular del Órgano Interno de Control tendrá un nivel jerárquico equivalente a Director Ejecutivo.

3. El titular del Órgano Interno de Control será designado por la Cámara de Diputados, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a propuesta de instituciones públicas de educación superior, mediante los procedimientos y en los plazos que fije la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El titular del Órgano Interno de Control durará en su encargo seis años, y podrá ser reelecto para un solo periodo inmediato posterior al que se haya desempeñado, si cumple con los requisitos previstos en esta ley y en el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

4. El electo rendirá la protesta de ley ante el Consejo General.

5. El Órgano Interno de Control contará con la estructura orgánica, personal y recursos que apruebe el Consejo General a propuesta de su titular, de conformidad con las reglas previstas en este Capítulo.

6. En su desempeño, el Órgano Interno de Control se sujetará a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.”

Tercera . Es el caso que el Tribunal Federal Electoral en su sentencia definitiva del 19 de septiembre del 2018 resolvió que los actos de la autoridad electoral administrativa, es decir, el Instituto Electoral del estado de Puebla, fueron violatorios de los principios electorales de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, en su fase de cómputos distritales, dado que se presentaron diversas irregularidades relacionadas con el debido cómputo de la votación y los paquetes, así como la falta de documentación, y el llenado de actas, con lo cual el cómputo final de dicha elección está viciado, ha lugar a que esta Soberanía realice el presente exhorto para que esa autoridad realice en el ámbito de sus atribuciones una revisión y evaluación respectiva sobre dichos resultados.

Pues como se puede corroborar del marco normativo, al Instituto Electoral del Estado de Puebla conforme a sus atribuciones le corresponde los cómputos distritales y el cómputo final de la elección d gobernador.

De tal suerte que si dichos actos fueron calificados por el máximo tribunal electoral de la materia como actos deficientes, ello podría ser una causal de responsabilidad de los integrantes del Consejo General Electoral de Puebla, y a su vez de los consejeros distritales del mismo órgano electoral pertenecientes a los 26 distritos locales, quienes evidentemente validaron cómputos que se acreditó fueron totalmente irregulares, de ahí que se haya ordenado el recuento del total votos de la elección de gobernador constitucional de Puebla de Zaragoza.

Por lo antes expuesto, presentamos a esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral para que inicie una investigación a los integrantes del Consejo General del Órgano Publico Local Electoral de Puebla y a los 26 Consejos Distritales locales, por los actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos del Instituto vinculados con faltas graves, que hayan afectado los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad durante el proceso electoral 2017–2018 para elegir gobernador en dicha entidad.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputada Laura Martínez González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atender con la mayor brevedad por la Ssa y resolver el desabasto de Ciclofosfamida y Purinetho, indispensables para la atención de cáncer, en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, a cargo de la diputada Rocío Barrera Badillo, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Rocío Barrera Badillo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestro país se registran anualmente poco más de cinco mil casos nuevos de cáncer en menores de edad.1 Asimismo, la Secretaría de Salud2 ha señalado que el cáncer infantil representa la primera causa de muerte por enfermedad en niñas y niños de entre 5 y 14 años, cobrando más de dos mil vidas anuales, principalmente en los estados de Campeche, Tabasco, Colima, Chiapas y Veracruz.

En materia de salud nuestra Constitución Política es clara y contundente: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud” y la ley reglamentaria del artículo 4º constitucional contiene las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud.

Dicho lo anterior, nuestra Carta Magna obliga al Estado Mexicano al cumplimiento irrestricto del derecho a la protección de la salud, el cual tiene como principio rector la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana.

En este orden de ideas, la Ley General de Salud dedica un capítulo especial a la atención de las enfermedades de alto costo, en el que se establece la existencia del “Fondo de la Protección contra Gastos Catastróficos” , en los siguientes términos:

Artículo 77 bis 29 .- Para efectos de este Título, se considerarán gastos catastróficos a los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, definidos por el Consejo de Salubridad General, que satisfagan las necesidades de salud mediante la combinación de intervenciones de tipo preventivo, diagnóstico, terapéutico, paliativo y de rehabilitación, con criterios explícitos de carácter clínico y epidemiológico, seleccionadas con base en su seguridad, eficacia, costo, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren.

Con el objetivo de apoyar el financiamiento de la atención principalmente de beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud que sufran enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos, se constituirá y administrará por la Federación un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, con reglas de operación definidas por la Secretaría de Salud.

A partir de ello, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, es responsable de verificar el suministro puntual de la previsión presupuestal a que se refiere este Fondo y con dichos recursos las instituciones médicas están en posibilidad de realizar diagnósticos y los tratamientos médicos para atender el cáncer infantil. En este orden de ideas, las acciones que han trascendido por su efectividad en la erradicación de esta enfermedad son las cirugías, quimioterapias y las radioterapias.

Por consiguiente, los medicamentos que se necesitan en la atención de este padecimiento deben estar garantizados para que los tratamientos se realicen en forma ininterrumpida y que la mejoría de la salud no corra riesgo por algún tipo de desabasto.

Desafortunadamente, un grupo de padres de familia cuyos hijos son pacientes de cáncer en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”,3 de la Ciudad de México, han solicitado la intervención de las autoridades debido a que se está presentando un desabasto de los medicamentos “ciclofosfamida ”4 y “purinethol ”,5 necesarios para el tratamiento oncológico de sus pequeños. Esta situación tiene más de 30 días, tiempo en el cual se ha suspendido el tratamiento en algunos niños y en otros casos los padres han tenido que absorber el costo de los medicamentos.

Si tomamos en cuenta que el hospital no tiene una fecha exacta en la que se asegure que contará con los medicamentos citados anteriormente y, por otro lado, subrayamos que el costo aproximado de éstos oscila entre los 1,300 y 1,800 pesos y que en algunos casos se requieren dos o tres frascos a la semana, esta situación se convierte en una emergencia, que requiere la intervención inmediata de la Secretaría de Salud Federal.

Dicho lo anterior, la urgencia de este punto de acuerdo radica en la solidaridad que debe asumir el Poder Legislativo frente a la necesidad que tienen decenas de niños de continuar con el tratamiento que puede salvarles la vida.

Quiero enfatizar que estamos hablando de vidas humanas. Esto no es juego. Si para algunos este es un problema simplemente de retraso en la entrega de medicamentos, para los familiares de estos pequeños los minutos valen oro y la prolongación de esta situación pone en riesgo la salud o la vida de los niños que son atendidos en el hospital Federico Gómez.

No omito señalar que, ante la negativa de las autoridades de resolver esta situación, el pasado 25 de septiembre, más de 60 familiares de estos pequeños se manifestaron en el cruce de las avenidas de reforma e insurgentes, como una medida desesperada para que se les dé una respuesta favorable. Sin embargo, al día de hoy, la situación sigue igual.

El Poder Legislativo no puede ser ajeno al dolor que están enfrentado los pequeños y sus familias, de ahí la urgencia compañeras y compañeros diputados, para que este punto de acuerdo sea votado en forma inmediata y que la autoridad correspondiente solvente dicha situación en beneficio de esos pequeños que tanto necesitan sus medicamentos.

Algo que ha llamado la atención de los padres de familia de los niños, es la especulación sobre la posibilidad de suministrar un medicamento distinto al que se había prescito, ante la necesidad de continuar con el tratamiento, lo que no garantiza un adecuado procedimiento para la atención de la salud de los pequeños y genera incertidumbre si forma parte del listado de medicamentos autorizados.6

Finalmente, consideramos pertinente que la Secretaría de Salud informe de manera pormenorizada el estatus de este problema en toda la República y si la razón es materia presupuestal, será necesario que la proyección se haga de conocimiento de esta Cámara de Diputados para que en el año 2019 está situación no se vuelva a repetir.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que, a través de la Secretaría de Salud, atienda a la brevedad y se resuelva en forma urgente el desabasto de los medicamentos ciclofosfamida y purinethol, cuyo suministro es indispensable para la atención de cáncer infantil, en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita al titular de la Secretaria de Salud hacer público un informe pormenorizado sobre las razones del desabasto de medicamentos oncológicos en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, en el cuál se precise, entre otros puntos, si los medicamentos sustitutos para tratar el cáncer infantil se encuentran inscritos en el catálogo de medicamentos oficiales y si la razón es de índole presupuestal, se haga del conocimiento de este Poder federal la proyección indispensable para cubrir las necesidades de la población objetivo.

Notas

1 http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/02/02/
existen-mas-de-5-mil-casos-de-cancer-pediatricos-al-ano-en-mexico-unam-2769.html

2 http://tinyurl.com/ya5tdc6x

3 http://himfg.com.mx/

4 La ciclofosfamida es un medicamento empleado para tratar algunos tipos de cáncer. Es un agente citostático alquilante, con un amplio espectro antineoplásico. Inhibe la multiplicación de las células tumorales, pero también puede actuar sobre algunas células sanas, por lo que produce efectos adversos.

5 Mercaptopurina, también llamada 6-mercaptopurina o abreviadamente 6-MP, es un medicamento inmunosupresor que se emplea en el tratamiento de algunos tipos de cáncer, principalmente leucemia linfocítica aguda.

6 http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/medicamentos_gobmx. html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputada Rocío Barrera Badillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la STPS a tomar medidas inmediatas que deriven en acciones de verificación y observación de las próximas elecciones para representantes del STPRM, a fin de garantizar transparencia, equidad e imparcialidad, voto libre y secreto, y respeto inalienable de los derechos laborales básicos, a cargo del diputado Manuel Gómez Ventura, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Manuel Gómez Ventura, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79 numeral 2. fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

La lucha sindical en nuestro país es el resultado de tensiones intestinas entre las hegemonías del poder y la clase trabajadora que en el devenir de nuestra historia han marcado sucesos históricos de gran violencia, con episodios de acuerdos y negociaciones dentro del marco de la ley que no siempre fueron garantes de justicia e igualdad.

Hablar de sindicalismo en estos días es sinónimo de corporativismo laboral, de corrupción, de violación a los derechos de los trabajadores y por ende de sus garantías individuales, así como también de complicidades que derivaron en un gran saqueo sistemático a la nación.

Especialistas e investigadores prestigiados afirman, inclusive, que hoy los sindicatos en México no son factor de deliberación ni de movilización, sino de contención, represión, desfalco y corrupción, todo lo contrario a los propósitos que dieron origen a la sindicalización y al resto del mundo.

En la primera mitad del siglo XX se acuña el término de charrazo como símbolo de sumisión de los sindicatos ante el Gobierno y la empresa, generando perpetuidad de liderazgos y, por ende, la extinción total de democracia al interior. Se abandonaron en su totalidad las luchas revolucionarias primigenias, convirtiéndose de facto los sindicatos en gremios al servicio del poder dentro del entramado político y al servicio del gobierno, en consecuencia, del Partido Revolucionario Institucional, con el único fin de controlar los liderazgos, asegurado así su afiliación política y generando votos, sumisión y agremiados. La fórmula era que el gobierno en turno simulaba generación de empleos, aumentos salariales y supuestos apoyos en materia de salud, vivienda y educación, siendo entonces imposible pensar en disidencias y democracia al interior de los sindicatos con la consigna de que cualquier diferencia o manifestación de inconformidad se resumía en la exclusión inmediata. Los líderes sindicales tomaron una posición de control absoluto cuyo poder ilimitado al amparo de la ley por el fuero constitucional que los colocaba en un ámbito de total impunidad y manejo discrecional de los recursos materiales y humanos.

Romero Deschamps, el hoy líder sindical, encarna el charrismo en su máxima expresión, aún con niveles de derroche y poder dignos de una novela de terror o de ciencia ficción, basta revisar el legado que ha dejado durante las décadas que lleva al frente del gremio, en las que igualmente ha ocupado cargos en las diferentes cámaras, una y otra vez, como una burla al sistema sindical y al sistema político.

Los escándalos van desde un Ferrari edición limitada que regala a su hijo, los viajes de su hija en yates y aviones privados, relojes caros, acusación de desvió de recursos por más de 116 millones de dólares a la campaña del 2000 y por si fuera poco como una burla más al pueblo mexicano y al gremio sindical, negoció como siempre por debajo de la mea con sus socios su reelección hasta el 2024.

Por si fuera poco, en este entramado oscuro de poder ilimitado y exceso de poder en la esfera sindical, cabe mencionar, por ejemplo, la cláusula 251 cuya suma de más de 7 millones de pesos mensuales se destinan a las más ridículas partidas para gastos discrecionales, desde viajes para los líderes, como cremas faciales antiarrugas, arreglos florales, botellas de alcohol y pastillas para adelgazar, entre varios productos violentando en su más alto sentido al pueblo mexicano y sobre todo a las familias que hoy son gravemente golpeadas sumidas en crisis de abasto en la canasta básica, así como de empleo digno , ya ni hablamos de salud y seguridad que son los grandes pendientes.

Estamos viviendo tiempos de transición en todas las esferas del Gobierno con la próxima llegada a la presidencia de la república de Andrés Manuel López Obrador que recoge todos los anhelos y aspiraciones de un pueblo mancillado y lastimado que gime y clama justicia y que mostró que ninguna hegemonía ni mafia de poder lo vencerá y decidió emanciparse de los yugos del sistema represor y saqueador tomado una nueva ruta, la cuarta Transformación que sugiere cambios radicales en todos los niveles de gobierno así como del legislativo ,que le otorguen al pueblo el verdadero poder republicano que durante muchas décadas ha luchado por obtener.

En días pasados y de manera histórica tras casi tres años de estar en la “congeladora”, el Senado aprobó por 78 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Convenio 98 de la Conferencia Internacional del Trabajo, sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicatos y negociación colectiva, que implicará una reforma a la Ley Federal del Trabajo y la eliminación de los “contratos de protección”, como los outsourcings provocando por obvias razones convulsiones y amagos estériles de la ahora oposición que por obvias razones en defensa de sus mezquinos intereses intentaron mostrar su inconformidad alegando “acuerdo mordaza”

La Cuarta Trasformación sugiere estatura de miras y voluntad política obedeciendo sobre todo al mandato del pueblo y en este caso de todos los gremios sindicales que con más fuerza se organizan como sindicalismos emergentes en donde nuevos líderes están empujando por tomar lo que por ley les pertenece y fortalecer el Sindicalismo Petrolero que además ha sostenido a nuestro país durante años aun a pesar del gran saqueo por parte de la mafia del poder.

Cabe mencionar que nuestra carta magna es específica y clara en el sentido a la defensa de las garantías individuales y derechos humanos en el artículo 1o., que a la letra dice; “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

En este sentido le pedimos a la titular de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social en el ámbito de sus competencia tenga a bien articular mecanismos que observen y verifiquen que los próximos comicios de elecciones de representantes sindicales se den dentro de los términos de legalidad, transparencia, equidad e imparcialidad asegurando el voto libre y secreto ,que seguramente escribirá la nueva historia de la lucha democrática sindical y por ende la extinción total de las prácticas corruptas y violentas del charrismo sindical petrolero.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a tomar medidas inmediatas que deriven en acciones de verificación y observación de las próximas elecciones a representantes sindicales del STPRM garantizando transparencia, equidad e imparcialidad, voto libre y secreto, así como el respeto inalienable de los derechos fundamentales de las y los trabajadores sindicalizados.

Cualquier injusticia contra una sola persona representa una amenaza hacia las demás Montesquieu

Referencias

1. http://www.ilo.org/legacy/spanish/inwork/cb-policy-guide/
conveniosobreelderechodesindicacionydenegociacioncolectivanum98.pdf

2. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/El-sindicalismo-en-Mexico-un-gi gante-dormido-20180513-0003.html

3. https://elpais.com/internacional/2017/12/19/mexico/1513702484_633032.ht ml

4. https://newsweekespanol.com/2018/08/pemex-caja-chica-petroleros-gastos- sindicatos/

5. http://www.imagendelgolfo.mx/noticiasveracruz/coatzacoalcos-minatitl-on-sur/
41229179/quieren-voto-secreto-en-elecciones-del-stprm-en-el-sur.html

6. https://www.proceso.com.mx/551845/el-senado-ratifica-el-convenio-98-sob re-derechos-sindicales-y-contra-contratos-de-proteccion-patronal

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de septiembre del 2018.

Diputado Manuel Gómez Ventura (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a practicar una revisión a la Conapesca por el contrato número DGI-20-03-045-2014, referido a la obra Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca; y al Órgano de Control Interno de la Sagarpa, a iniciar una indagatoria por presuntos actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Conapesca en la reconstrucción de la escollera este en Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, en el contrato DGI/FONDEN/20-01-064-2018, a cargo del diputado Víctor Blas López, del Grupo Parlamentario de Morena

Víctor Blas López , en mi calidad de diputado federal del Grupo Parlamentario de Morena, de esta LXIV Legislatura, con fundamento en el artículo 79, apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I, y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

Consideraciones

Primero señalamiento. El 5 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación1 decreto por el que se crea la Comisión Nacional Acuacultura y Pesca como un órgano desconcentrado de la administración pública federal dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de conformidad a lo establecido en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Que la Comisión Nacional Acuacultura y Pesca tiene como funciones las conferidas en el artículo 35, fracción XXI, del a Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, misma que señala:

“Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

...

XXI. Fomentar la actividad pesquera a través de una entidad pública que tendrá a su cargo las siguientes atribuciones:

a) Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas;

b) Promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de los productos pesqueros en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes;

c) Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que requiere el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares;

d) Proponer a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación la expedición de las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero;

e) Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, proponiendo al efecto, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las normas oficiales mexicanas que correspondan;

f) Promover la creación de las zonas portuarias, así como su conservación y mantenimiento;

g) Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo humano de productos pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos productos y de materia prima a la industria nacional; y”

Segundo. Que la Comisión Nacional Acuacultura y Pesca mediante Licitación Pública Nacional número LO-008100001-N67-2014, sometido a concurso el proyecto denominado “Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, municipio Villa Tututepec, de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca”, y cuyo alcance consistieron en la ampliación de la Escollera Este con una longitud de 120.00 metros lineales y la construcción de la Escollera Oeste con una longitud de 170.00 metros lineales, conformadas a base de capas de cubos de concreto premezclado en Núcleo, Capa Secundaria, Berma y Coraza en sección trapezoidal, el cual se adjudicó bajo el amparo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. DGI-20-03-045-2014, consistente en la construcción de “Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, municipio Villa Tututepec, de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca” conforme a lo dispuesto por a los artículos 27, fracción I y 30, fracción I, de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas.

El mencionado contrato No. DGI-20-03-045-2014 señala, entre otras, las siguientes:

“Cláusulas

Primera. Objeto del contrato. “la comisión” encomienda a “El Contratista” la realización de una obra consistente en “Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, Municipio Villa Tututepec, de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca”, y este se obliga a realizarse hasta su total terminación y satisfactoria recepción de la misma por parte de “La Comisión”, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas, el proyecto ejecutivo, las especificaciones generales, complementarias y particulares, los términos y condicionantes en materia de impacto ambiental, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos.

Segunda. Monto del contrato. El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato es de $76,363,383.19 /Setenta y seis millones trescientos sesenta y tres mil trescientos ochenta y tres pesos 19/100 M.N.), que sumados a $12´218,141.31 (Doce millones doscientos dieciocho mil ciento cuarenta y un pesos 31/100 M.N.) de 16 por ciento de impuesto al valor agregado, suman un monto total de $88’581,524.50 (Ochenta y ocho millones quinientos ochenta y un mil quinientos veinticuatro pesos 50/100 MN ), los compromisos de ejercicios subsecuentes al primero quedarán sujetos, para su ejecución y pago, a las disponibilidades presupuestales que la H. Cámara de Diputados autorice.

Tercera. Plazo de ejecución. El Contratista se obliga a realizar la obra objeto de este contrato en un plazo de 403 días naturales, y se obliga a iniciarlo el día 24 de noviembre de 2014 y concluirlo el día 31 de diciembre de 2015, de conformidad con el programa de ejecución general de los trabajos previamente autorizados por “La Comisión” y que forma parte integrante del presente contrato.

Por su parte, el contrato DGI/FONDEN/20-01-064-2018 señala, entre otros puntos, las siguientes:

“cláusulas

Primera. Objeto del contrato. “La Comisión” encomienda a “El Contratista” la realización de una obra consistente en “Reconstrucción de la Escolleras Este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, municipio Villa Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca, para atender los daños al sector pesquero ocasionados por la presencia del sismo con magnitud 7.2 el 16 de febrero de 2018, en 59 municipios del estado de Oaxaca”, y este se obliga a realizarse hasta su total terminación y satisfactoria recepción de la misma por parte de “La Comisión”, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas, el proyecto ejecutivo, las especificaciones generales, complementarias y particulares, los términos y condicionantes en materia de impacto ambiental, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos.

Segunda. Monto del contrato. El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato es de $36,956,890.70 (Treinta y seis millones novecientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa pesos 70/100 MN), que sumados a $5,913,102.51 (Cinco millones novecientos trece mil ciento dos pesos 51/100 MN) de 16 por ciento de impuesto al valor agregado, suman un monto total de $42,869,993.21 (Cuarenta y dos millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos 21/100 MN).

Tercera. Plazo de ejecución. El Contratista se obliga a realizar los trabajos objeto de este contrato en un plazo de 122 días naturales, y se obliga a iniciarlo el día 1 de agosto de 2018 y concluirlo el día 30 de noviembre de 2018, de conformidad con el programa de ejecución general de los trabajos previamente autorizados por “La Comisión” y que forma parte integrante del presente contrato.

...”

Tercero. De la consulta a la clave de cartera asignada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, número 1408I000003, a las cuentas públicas de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 se encontró que por la obra referida, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca ha erogado la cantidad $162’125,309.00 (ciento sesenta y dos millones, ciento veinticinco mil tres cientos nueve pesos 00/100 MN)

Es decir, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, de manera inexplicable, más del doble de lo originalmente presupuestado para la mencionada obra. Tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Asimismo se denuncian la falta de trasparencia en los procesos de adjudicación directa de los contratos que se relacionan a continuación:

En virtud que en las contrataciones se observa que se adjudicaron en base a los supuestos de excepciones a la Licitación del artículo 42, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas sin que se acredite dicha excepción, además de no ofertar las mejores condiciones al estado en cuanto a economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y trasparencia al ser montos que van de $16’051,656.22 al más alto de $86’976,798.90 con periodos de 122 a 270 días naturales y que en dichos contratos a pesar de ser distintas razones sociales, en seis de estas presentan domicilios fiscales y/o domicilios establecidos en su contrato iguales, diez fueron constituidos en la misma notaría número 19 en el estado de Oaxaca y tres tienen los mismo accionistas y/o representantes legales.

Cuarto. Que los reportes ejercidos del contrato número DGI.-20-03-045-2014 en la cuenta de la Hacienda Pública de 2017 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son de $34,843,552.00 (Treinta cuatro millones ochocientos cuarenta y tres mil quinientos cincuenta y dos 00/100 M.N.), para dar un total de $162,125,309.00 (ciento sesenta y dos millones ciento veinticinco mil trescientos nueve pesos 00/100 M.N.). Es decir un sobre costo de $73´543,784.50 (setenta y tres millones quinientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta y cuatro pesos 50/100 M.N.)

Cabe mencionar que ya se concluyó la ampliación de los trabajos de la Escollera Este. Adicionalmente la supervisión de obra no reporto al 28 de anomalía o daño alguno al 28 agosto del 2018, faltando por construir únicamente la Escollera Oeste.

No obstante lo anterior, se observó que la Conapesca por conducto de la Dirección General de Infraestructura con recursos del Fonden adjudico el 27 de julio de 2018 el Contrato de Obra Pública a precios unitarios y tiempo determinado No. DGI/FONDEN/20-01-064-2018, por Asignación Directa para la “Reconstrucción de la Escollera Este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, municipio de Villa Tututepec de Nelchor Ocampo Juquila, Oaxaca” para atender los daños al sector pesquero, ocasionados por la presencia del sismo con magnitud 7.2 el 16 de febrero de 2018, en 59 municipios del estado de Oaxaca, por un monto de $42’869,993.21 (cuarenta y dos millones ochocientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos 21/100 MN) incluye IVA y un periodo de ejecución de 122 días naturales del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2018.

Motivo por lo que habrá de constatar estos hechos al existir incongruencias en la celebración de este último contrato y los trabajos ejecutados y reportados del primer contrato número DGI.-20-03-045-2014, al no informarse daño alguno en la estructura de la Escollera Este. En este orden de ideas, se deberán realizar investigaciones a fin de comprobar que se dio cumplimiento los ordenamientos legales y a la normatividad aplicable como la integración de las empresas y su experiencia de obras similares.

Asimismo, de los informes presentados por la Auditoría Superior de la Federación se desprende que no se realizó ninguna auditoría al proyecto denominado “Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, municipio Villa Tututepec, de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca”. Es decir, la ausencia de una revisión o inspección a la contabilidad de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca del órgano interno de control ha generado un sobre ejercicio de los recursos aprobados, duplicando el costo del proyecto consistente en la construcción de “Escolleras de Boca de Cerro Hermoso, municipio Villa Tututepec, de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca”.

Quinto. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales.

El artículo 74, fracción VI, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala:

“Artículo 74. ...

VI...

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha autoridad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.

...”

Por su parte la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación señala

“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73, fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de:

I. La Cuenta Pública;

II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión;

III...

IV...

Para efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de estados y municipios, entre otras operaciones.”

Finalmente el Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación indica:

“Artículo 2. La representación, trámite y resolución de los asuntos competencia de la Secretaría, corresponde originalmente al Secretario del Despacho. Para el desahogo de los asuntos de su competencia, el Secretario se auxiliará de:

D. Los órganos administrativos desconcentrados siguientes:

...

La Secretaría contará con un Órgano Interno de Control que se regirá por el Título Cuarto del presente Reglamento.

Artículo 38. Al frente del Órgano Interno de Control, habrá un Titular designado en los términos del artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, quien en ejercicio de sus facultades se auxiliará por los titulares de las áreas de responsabilidades, auditorías y quejas, designados en los mismos términos, quienes serán designados por la Secretaría de la Función Pública, y dependerán jerárquica y funcionalmente de ésta.

Con base a las disposiciones legales invocadas y antecedentes señalados, someto a la consideración de este pleno la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que realice una auditoría a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) por el proyecto referido a la obra denominada “Escolleras en Boca de Cerro Hermoso, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo Juquila, Oaxaca”.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al órgano interno de control de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca a que inicie una investigación por la presunta comisión de actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en la Reconstrucción de la Escollera Este en la Boca de Cerro Hermoso, Laguna de Pastoría, municipio de Villa Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca, en el contrato DGI/FONDEN/20-01-064-2018.

Nota

1 DOF: 05/06/2001. Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=763882&fec ha=05/06/2001

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputado Víctor Blas López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedapa de Oaxaca a hacer de conocimiento público el proceso de regionalización ganadero aplicado durante el periodo 2012-2018 y efectuar reuniones regionales a fin de implantar un proceso de reestructura de sistemas de producción ganadera y pecuaria, así como estrategias regionales de conservación de los recursos naturales, para incluirlos en la estrategia de la administración 2018-2024, a cargo de la diputada Rosalinda Domínguez Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

La presente diputada Rosalinda Domínguez Flores , integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Que la ganadería en México es una de las actividades productivas más dinámicas en el medio rural, es una actividad del sector primario que incluye su cuidado y alimentación, a su vez está enfocada básicamente en la generación de alimentos para consumo humano.

Esta acción hace referencia a la domesticación de los animales como cerdos, vacas, pollos, borregos, etcétera.

La ganadería se practica en una gran parte de pastizales del territorio nacional con una extensión cercana 74 millones 499 mil hectáreas, lo que significa el 39 por ciento del territorio.

Que en México las cabezas de ganado han descendido hasta 16.605 millones de cabezas en 2016 que son 515 millones menos que en 2015, esta cifra es la más baja en 59 años en México.

Conjuntamente continúa habiendo un descenso en el consumo de carne bovina. El consumo per cápita descendió de 17,7 kilogramos por habitante en el año 2008 hasta 13,7 kilogramos para lo que llevamos de 2016.1

Que la relación de lo anterior, según lo da a conocer el Consejo Mexicano de la Carne, se apunta al alto precio de los insumos para alimentar al ganado, mientras que especialistas apuntan a la baja en el poder adquisitivo del consumidor que se viene registrando en los últimos años.

Ante este escenario, los productores de carne mexicanos han tenido que buscar acciones en el comercio internacional, por ello la industria cárnica ha encontrado en las exportaciones los beneficios que no ha podido alcanzar en el mercado local. Desde 2009 han aumentado cerca de 28 mil toneladas métricas hasta más de 161 mil de toneladas métricas en 2015.

Que la carne del sector porcino muestra para México un aumento en los precios durante el año 2016 y se ha embarcado en nuevos mercados exportadores como China, ha visto también un beneficio en la devaluación de su moneda frente al dólar, lo cual ha evitado una gran entrada de carne porcino procedente del país.2

El segmento avícola continúa siendo el líder en producción y exportación, esto debido a que está siendo apuntalado en gran parte por el menor costo tanto de compra como de producción y apoyado en un consumo doméstico importante, en 2015 representó el 1,79 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional. Conformando también el 22 por ciento del PIB agropecuario y el 37 por ciento del PIB pecuario de acuerdo con los datos de Sagarpa.

En conclusión, el coordinador general de ganadería de la Sagarpa declaró que el sector ganadero ha registrado exportaciones de carne de res por 245 mil toneladas, 130 mil de carne de cerdo y un millón de becerros de pie.

Asimismo, vale señalar que nuestro país ocupó el lugar séptimo a nivel mundial con una producción de 9 millones 400 mil toneladas de proteína animal.3

Sin embargo, lo anterior, también es importante resaltar que en el sector ganadero existen dos polos en la dinámica, sobre todo por la importancia que ha adquirido la ganadería en la economía regional y por los elementos estrictamente productivos, con su entorno ecológico, hasta las cuestiones socioeconómicas y políticas, con ellos ha surgido algo denominado “ganaderización” o “ganaderización de la agricultura”.4

Que el sureste de nuestro país cuenta con ventajas que están siendo desaprovechadas, esta región requiere una correcta distribución de los recursos y canalizarlos para que esta inversión sea rentable y eficiente.

Que la producción ganadera del sur sureste, determina un vasto abanico de posibilidades para el país pues delinea una gran riqueza natural, infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria.

Esta región además de los grandes beneficios naturales, es portadora de un gran porcentaje de la población.

Que la falta de forrajes de alta calidad, inversiones para establecer centros modernos, así como carecer de estructura como los son cámaras de almacenamiento y la carencia de un apropiado sistema de comercialización, impiden el desarrollo al 100 por ciento de esta actividad, principalmente en la zona sur sureste.

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que haga de conocimiento público el proceso de regionalización ganadero aplicado durante el periodo 2012-2018.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) del estado de Oaxaca, realice reuniones regionales en la entidad, con la finalidad de entregar a la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), un proceso de reestructura de sistemas de producción ganadera y pecuaria, así como estrategias regionales de conservación de los recursos naturales, para ser integrados e incluidos en la estrategia de la administración 2018-2024.

Notas

1 https://www.industriaalimenticia.com/

2 Ibid.

3 www.ganaderia.com

4 Las contradicciones de la expansión ganadera en las fronteras, pág. 113

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los dos días del mes de octubre de 2018.

Diputada Rosalinda Domínguez Flores (rúbrica)

Efemérides

Con motivo del 50 aniversario de la matanza estudiantil, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

“La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento”.

Leon Gieco

Hace cincuenta años, los jóvenes del Movimiento del 68 alzaron la voz y se movilizaron pacíficamente contra un régimen corrupto, para exigir el respeto a los derechos humanos de los presos políticos, el cese del hostigamiento violento por parte de las autoridades estatales y el respeto a la autonomía universitaria.

Lejos del diálogo, las respuestas del gobierno fueron francotiradores apostados en departamentos y azoteas aledañas y militares del “Batallón Olimpia” infiltrados entre los asistentes al mitin que se llevaba a cabo en la Plaza de las Tres Culturas; provocando caos, dolor, muerte y cientos de desapariciones forzadas.

La tarde del 2 de octubre del 68 constituyó un antes y un después en nuestra historia moderna, especialmente para quienes la vivieron en carne propia y para nosotros los ciudadanos libres que compartimos con solidaridad su luchan y nos hemos negado a creer las “verdades oficiales” por parte del Estado, que no son más que mentiras que usan los corruptos para perpetuarse en el poder.

Con profundo respeto quiero agradecer a los estudiantes del 68, que con su rebeldía nos legaron un México más plural y democrático; sin su sacrificio sería impensable la pluralidad política y la transición democrática que se ha dado en los últimos veinticinco años en nuestro país.

No podríamos hablar como lo hacemos el día de hoy de derechos humanos, feminismo, búsqueda de los desaparecidos sin la gallardía de la generación del 68. Esa tarde empezó el nacimiento de una nueva forma de concebir la libertad del ciudadano y sus múltiples formas de expresarse y asociarse. Hace cinco décadas los jóvenes nos mostraron que sí es posible soñar y pensar diferente, con sus voces y puños elevados sentaron las bases del cambio democrático.

Recordar el 2 de octubre no garantiza que en México el asesinato de estudiantes a manos de los cuerpos de seguridad del Estado no vuelva a suceder, quienes han levantado la voz en contra del régimen son perseguidos y desgraciadamente no hay que ir muy lejos, a los familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal Superior Isidro Burgos de Ayotzinapa no se les ha hecho justicia.

¡No lo olvidamos ni mucho lo vamos a superar como lo sugirió Peña Nieto!

¿Acaso se puede superar el “absurdo” impuesto por la violencia y la ineficacia del gobierno priista?

¿Acaso los padres de los cientos de jóvenes desaparecidos en nuestro país podrán alguna vez superar aquellas pérdidas que nos lastiman a todos como mexicanos?

No lo olvidamos. Mantengámoslo en la memoria; estemos juntos para alzar la voz ante las injusticias y no permitamos que los que quieren que olvidemos se salgan con la suya.

Si bien es cierto, el dolor de un país bañado en sangre a veces nos derrumba, pero hoy con la misma rebeldía de la generación del 68; levantémonos una y otra vez para cambiar este México plagado de desgracias.

El 2 de octubre no se olvida, porque es parte de lo que somos como mexicanos.

El 2 de octubre no lo olvidaremos nunca, porque la sangre derramada de los estudiantes en el suelo, es la misma que recorre nuestras venas.

El 2 de octubre no se olvida y sigue vivo, porque estamos en movimiento, luchando con valor por un México libre, justo e igualitario.

¡El 2 de octubre no se olvida!

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 2 de octubre de 2018.

Diputada Ana Priscila González García (rúbrica)

Con motivo del 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El 28 de septiembre se asumió como el día por la despenalización del aborto, en el contexto del V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, realizado en San Bernardo, Argentina, en el año de 1990. Esta propuesta fue hecha por la delegación brasileira, para rescatar el 28 de septiembre de 1888, cuando en Brasil se declaró la libertad de vientres, asegurando la libertad a todos los hijos (as) nacidos de mujeres esclavas.1

A partir de este momento, las organizaciones comprometidas con la campaña, organizan y promueven todos los años acciones para sensibilizar a la sociedad e incidir en los gobiernos acerca del grave problema de salud pública, derechos humanos, justicia social y equidad de género que entraña el aborto inseguro e ilegal; de ahí, la necesidad de generar políticas públicas para despenalizarlo.

El objetivo de la campaña es crear sinergia en el movimiento feminista latinoamericano y caribeño, alrededor de la lucha por el aborto legal y seguro.

A partir de 2009 esta campaña latinoamericana y caribeña se internacionaliza y se extiende por Europa, en África también se iniciaron campañas en países como Ghana.2 Para el año 2010 la campaña contaba con mujeres organizadas de 19 países y por cinco redes regionales.

En 2011, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR), en inglés Women’s Global Network for Reproductive Rights WGNRR, histórica organización internacional creada en 1984 para defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, asume y se incorpora a impulsar la campaña

A partir de 2012 la campaña internacional adopta el 28 de septiembre como “Día de acción” como una de sus actividades más importantes.3

En 2014 se realizan más de 100 actividades en 65 países. La conmemoración del día en sí mismo y la necesidad de abortos seguros incrementan el conocimiento de la problemática entre un mayor número de líderes de gobierno, prensa y medios de comunicación.

En 2015 la campaña internacional decidió cambiar el nombre por Día Internacional por el aborto seguro. Se solicitó a ONU que adoptara el día como uno oficial de las Naciones Unidas.

El relator especial de Derechos Humanos de la ONU declaró en 2016 que: “Los abortos inseguros continúan matando decenas de miles de mujeres alrededor del mundo”

Recientemente en Argentina vimos la movilización multitudinaria, con la propuesta de ley para despenalizar el aborto coordinada por la Campaña por la despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.

El derecho internacional de los derechos humanos apoya el derecho de las mujeres embarazadas a decidir autónomamente en cuestiones relacionadas al aborto, sin interferencia por parte del Estado o de terceros.

En nuestra región el estatus legal del aborto es complejo y desigual, existe la legalidad en Uruguay, Puerto Rico, Cuba y Ciudad de México, en México. En Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela contamos con la legalización por causales. Mientras que persiste la restricción total en aquellos países donde abortar está totalmente prohibido como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua o República Dominicana.

Aquí en nuestro país, en todas las entidades federativas, el aborto no se penaliza por la causal violación y solo en algunos estados por causal salud, y solo en Yucatán por cuestiones económicas.

Esta fecha nos debe servir para recordar que los gobiernos deben tomar todas las medidas necesarias, para asegurar que las mujeres dispongan de acceso informado y voluntario a servicios de aborto legal y seguro como parte del ejercicio de sus derechos reproductivos y de otros derechos humanos. Los servicios de aborto deben ser establecidos en conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo los que se refieren a servicios de salud adecuados. Pues para todas las mujeres, se trata de una cuestión de igualdad y para algunas, simplemente de una cuestión de vida o muerte.

Notas

1 Campaña 28 de septiembre, Red nacional de mujeres en URL:
http://www.rednacionaldemujeres.org/index.php/campanas/28-de-septiembre

2 Campaña 28 de septiembre, en URL:
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_Acción_Global_por_un_aborto_legal_y_seguro

3 http://www.safeabortionwomensright.org/what-is-28-sept/

Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de octubre de 2018.

Diputada Martha Angélica Tagle Martínez (rúbrica)