Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a impartir justicia expedita para el puntual esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades en el operativo instaurado el domingo 11 de noviembre de 2018 en San Juan Ixhuatepec, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada María Eugenia Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

El pasado domingo 11 de noviembre del año en curso, un contingente policíaco de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México llevó a cabo de forma violenta y arbitraria, un operativo en la comunidad de San Juan Ixhuatepec, conocida también como San Juanico, municipio de Tlalnepantla, para realizar la detención de una persona acusada del robo a una gasolinera situada en la alcaldía de Gustavo A. Madero, casi en los linderos con el municipio y el poblado citados.

En razón a que el presunto delincuente logró huir hacia el territorio mexiquense, la corporación policíaca organizó su persecutoria con alrededor de 150 granaderos, logrando cercarlo y efectuar la detención.

Sin embargo, en su cometido actuaron con brutalidad y saña hacia los pobladores que fueron encontrando sin que éstos hubieran tenido algo que ver con el supuesto hecho delictivo; asimismo, realizaron detenciones ilegales y arbitrarias y destrozos tanto a vehículos como a puestos de comercios ambulantes y las puertas de varios inmuebles, sin razón alguna más que la impunidad y la ira desmedida, de todo lo cual existen y circulan evidencias, tanto en diversos medios de información como en las redes sociales.

De acuerdo a la información proporcionada por un clérigo de la comunidad, se estima que por lo menos 40 personas fueron agredidas por la fuerza pública, tanto con toletes, tubos, puñetazos y patadas, hasta con el uso de varias armas de fuego de parte de algunos granaderos.

Tales acciones generaron el rechazo colectivo de los pobladores, lo que condujo a que éstos se movilizaran y los enfrentaran, provocando el bloqueo de algunas vialidades importantes como la autopista México-Pachuca y la presencia de encapuchados que empezaron a vandalizar y a cometer latrocinios, lo que fue impedido por los propios habitantes de San Juan Ixhuatepec.

Ante tal estado de cosas, los pobladores han manifestado sus exigencias a través de un pliego petitorio de 11 puntos, donde requieren entre algunos puntos fundamentales, tanto la destitución del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, como la identificación de los responsables del operativo y las causas que lo justificaron. Asimismo, demandan el puntual esclarecimiento de los hechos y el necesario deslinde de responsabilidades, tanto del operativo como de los actos vandálicos que se detonaron en consecuencia, así como la impartición de justicia pronta y expedita para determinar también la reparación urgente y perentoria de los daños materiales, físicos y psicológicos a los agraviados y a los detenidos de manera injusta e ilegal.

De igual forma, para imposibilitar el que haya represalias hacia los afectados, se está exigiendo que se garantice el respeto a los derechos humanos de los habitantes de San Juanico mediante la intervención de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

Por lo expuesto, me permito poner a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, a expedir justicia pronta y expedita para el puntual esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades con relación al operativo instrumentado por tal dependencia en el poblado de San Juan Ixhuatepec, el pasado domingo 11 de noviembre del año en curso, así como a determinar la reparación urgente y perentoria de los daños materiales, físicos y psicológicos a las personas agraviadas.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/col umna/hector-de-mauleon/nacion/en-san-juan-ixhuatepec-hubo-mano-negra

2 https://aristeguinoticias.com/1411/mexico/un-policia-disparo-directamen te-a-mi-esposa-y-mi-sobrino-testimonio-de-san-juan-ixhuatepec/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2018.

Diputada María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a llevar a cabo una reingeniería integral de procesos y del tabulador de sueldos, según el perfil profesional de todos los trabajadores, para cumplir el artículo 127 de la CPEUM y en materia de remuneraciones de los servidores públicos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con base en las siguientes

Consideraciones

El desarrollo integral de las personas tiene que ver con la existencia de condiciones adecuadas en su día a día, como su vivienda, trabajo, vida cultural y ambiental. La base esencial para que el ser humano pueda desarrollar sus capacidades, tiene que ser con la aplicación de las normas; pues son los derechos que posibilitan a las personas y sus familias a gozar de un nivel de vida adecuado.

Por ello, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) son necesarios en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, pero a su vez constituyen uno de los grandes desafíos para los derechos humanos. Durante los últimos años el interés ha sido promover, garantizar y proteger esta gama de derechos, implementando estrategias y políticas necesarias para asegurarlos.

De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amplió su razonamiento y precisó que la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “implica el deber de organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y, en general, de todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos”.

Los cambios sociales y del sistema político mexicano en los últimos años han seguido un camino de consolidación democrática para el país, lo cual se ha reflejado en nuestra normatividad.

Por ello, no podemos dejar de lado el grave problema por el que actualmente atraviesan los profesionales de la salud, pues existe una profunda discrepancia en el tabulador que actualmente se maneja dentro de las Secretarías de Salud estatal y federal; y la remuneración que obtiene por sus funciones y grados académicos. En el en muchas ocasiones les asignan un salario inferior del que les corresponde de acuerdo a ley.

Como claro ejemplo, tenemos, al Frente Nacional de Químicos Profesionales de la Salud, cuyo único objetivo es tener certidumbre laboral y respeto a su profesionalización. Pues, estos profesionales de salud, son perfiles calificados, que cuentan con títulos de licenciatura, y cédula, y en muchos casos con nivel de posgrado; pero incongruentemente les asignan áreas laborales inferiores como técnicos y muchas veces hasta los ubica como auxiliares de laboratorio, para asignar salarios realmente dolosos e indignantes a los profesionales de la química.

Debido a esto, es necesario llevar a cabo una reingeniería integral de procesos y tabulador de sueldos, de acuerdo al perfil profesional de todos los trabajadores, para dar cumplimiento al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su ley reglamentaria en materia de remuneraciones de los servidores públicos. Con el firme propósito de mejorar la forma de organización del trabajo para garantizar el pleno desarrollo profesional.

Como legisladores es nuestro deber promover y garantizar, el irrestricto respeto a nuestra ley; de tal modo que esto permita visibilizarse en mejorar la profesionalización y condiciones de los trabajadores al servicio del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que, en acuerdo con las representaciones sindicales, se lleve a cabo una reingeniería integral de procesos y al tabulador de sueldos, de acuerdo al perfil profesional de todos los trabajadores, para dar cumplimiento al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su Ley Reglamentaria en materia de remuneraciones de los servidores públicos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2018.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a promover acciones a fin de prevenir la generación de residuos y asegurar su gestión integral adecuada; y a las 32 entidades federativas, a garantizar el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Son muchos los avances alcanzados en materia de regulación de residuos sólidos urbanos; actualmente contamos con una Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos cuyo objeto es garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano, propiciando el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; además de prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación.

En dicha legislación, atendiendo a su carácter de Ley General, se señalan las competencias de los diferentes órdenes de gobierno, en donde el objetivo común es reducir los impactos negativos contra el ambiente provocados por una deficiente gestión integral de los residuos, así como para incentivar la participación de las industrias y sociedad en general, para llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de hacernos responsables de los residuos que generamos.

A pesar de contar con una legislación especializada en la materia, el problema no disminuye; para darnos una idea de la dimensión de la problemática sirven de sustento los datos del informe del Banco Mundial: What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management , el cual señala que la producción de residuos ha ido en aumento, desde los 3.5 millones de toneladas diarias en 2010 a cerca de 6 millones proyectados para 2025.

Resaltando que a las diferentes ciudades del mundo se les sumarán unos mil 400 millones de personas en 2025, mismos que producirán aproximadamente 1.42 kilogramos de basura urbana al día, más del doble de los 0.64 kilogramos promedio producidos actualmente, lo que significa que en los próximos 10 años pasarán de generarse 680 millones a 2,200 millones de toneladas de residuos en las ciudades al año.

Respecto al estado actual, los países que más residuos generan son los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aportando el 44 por ciento de la generación total de residuos a nivel mundial; contrastando, Medio Oriente, África Subsahariana y Asia sur son las regiones que menos aportan a la generación de nuevos residuos con menos del 18 por ciento entre las tres regiones.

Nuestro país no experimenta una situación diferente, datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en su Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2015, señalan que se generan poco más de 53 millones de toneladas de residuos sólidos al año, lo que equivale aproximadamente a 175 veces el volumen de la pirámide del Sol de Teotihuacán o 231 veces el estadio de futbol más grande del país;1 lo que significa que una persona produce 1.2 kilogramos de dichos residuos al día.

Ante esta situación, sigue predominando el manejo básico de los residuos sólidos urbanos el cual consiste en recolectar y disponer dichos residuos en rellenos sanitarios, desaprovechando aquellos que son susceptibles a reincorporarse al sistema productivo, lo que disminuiría la demanda y explotación de nuevos recursos, a diferencia de países como Suiza, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suecia, Austria y Dinamarca; donde la disposición final de éstos en rellenos sanitarios es de menos del 5 por ciento.2

Sin duda, una inadecuada gestión de los residuos trae consigo problemas ambientales, sociales, políticos, financieros y de salud incosteables e irreversibles. Por lo que hace a las afectaciones ambientales, actualmente se están utilizando espacios limpios como tiraderos a cielo abierto para lo cual ha sido necesaria la inversión de más de 10 millones de pesos para sanear alrededor de 1,603 de estos tiraderos; asimismo, ha quedado evidenciada la disminución de la biodiversidad debido a la degradación ambiental, utilizado aproximadamente 61 mil 253 millones de pesos para su restauración.

No menos importantes son los impactos en la salud humana, datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señalan que al año se destinan alrededor de 26 mil 427 millones de pesos para la atención de pacientes con algún tipo de cáncer relacionado a la contaminación por residuos. Sin dejar de mencionar las 150 mil defunciones prematuras a nivel global por contaminación de ozono; así como diversas enfermedades como paros cardiacos, derrames, enfermedades del corazón, insuficiencia cardiaca, bronquitis crónica, asma y enfisema.

Lo anterior en sí representa un panorama grave y urgente de atender, sin embargo, no se puede omitir señalar las afectaciones financieras derivadas del manejo integral de los residuos sólidos urbanos, en donde uno de los sectores más afectados es la producción agrícola, sin dejar de mencionar la nula recaudación fiscal debido a la existencia de mercados informales de compra y venta de materiales, en donde se han dejado de recaudar más de 5 mil millones de pesos al año.

De todo lo anterior es que resulta de gran importancia promover la prevención, aprovechamiento, tratamiento y el manejo adecuado de los residuos sólidos, a través de la participación de los diferentes sectores de la población; incorporación de nuevas tecnologías y adecuación de la legislación aplicable.

Hoy contamos con dicha legislación, pero no ha sido ejecutada de manera eficiente, existen entidades en las que persisten los problemas en la prestación del servicio de recolección, provocando en muchos casos el surgimiento de tiraderos clandestinos lo que resulta en un foco de infección y propagación de fauna nociva.

Al respecto, datos de la Semarnat refieren que, de las 32 entidades federativas, sólo en 13 se realizan actividades para la recolección selectiva de residuos sólidos urbanos, actividad asociada a la separación de origen que tiene como objetivo facilitar el proceso de valoración; las restantes, siguen empleando la recolección mixta o mezclada, es decir, el 89 por ciento de los residuos son recolectados sin que hayan sido separados.

Son pocos los estados y municipios en donde los esquemas de separación de residuos resultan exitosos, por lo que una gran cantidad de éstos son enviados a los sitios de disposición final, aumentando los impactos ambientales asociados a esta actividad.

En lo que se refiere a la valorización y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, México presenta un rezago en el tema, al contar únicamente con 17 plantas de selección ubicadas en 14 entidades federativas, las cuales recuperan aproximadamente el 1.31 por ciento del total de residuos sólidos urbanos generados, sumándole el 4.24 por ciento de los residuos recibidos en los centros de acopio y el 4.07 por ciento de la actividad informal; por lo que únicamente se recupera el 9.63 por ciento del 40 por ciento de los residuos que son susceptibles a aprovechamiento a través de reciclaje, según el más reciente Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (2012).

Para el caso específico de México, el 79 por ciento de la generación total de los residuos sólidos urbanos es enviada a disposición final, mientras que la tendencia mundial es reducirla considerablemente y aprovecharlos al máximo, lo que representa una importante área de oportunidad.

Sin duda, el tema de manejo integral de los residuos sólidos urbanos representa un reto para cualquier administración, no obstante, no se trata sólo de diseñar un marco jurídico que, si bien es indispensable, lo cierto es que su ejecución es lo más importante.

En este sentido, se considera impostergable hacer un llamado para que se diseñen e implementen los planes y acciones que consideren pertinentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asignadas a las autoridades federales, locales o municipales, encargados del correcto manejo y destino final de los residuos sólidos, lo que sin duda contribuirá al mejor cumplimiento de las metas de saneamiento y protección al ambiente.

Derivado de lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a efecto de que promueva acciones para prevenir la generación de residuos y su gestión integral adecuada; así como la educación y capacitación continuas de personas, grupos u organizaciones de todos los sectores de la sociedad, con el objeto de modificar los hábitos negativos en la producción y consumo de bienes que impactan negativamente en el medio ambiente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a efecto de que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezcan la reducción, el reúso, y reciclaje de residuos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales de las 32 entidades federativas a efecto de que garantice el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de control de los residuos sólidos urbanos.

Notas

1 Residuos Sólidos Urbanos: la otra cara de la basura. Semarnat. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39412/RESIDUOS_SOLIDOS_U RBANOS-_ENCARTE.pdf

2 Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Semarnat. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/residuos-solidos-urban os-rsu

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de noviembre de 2018.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Emilio González Martínez, Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas, Rogelio Rayo Martínez y Jesús Carlos Vidal Peniche.


Proposiciones

Con punto de acuerdo, relativo a la inseguridad pública en Michoacán, a cargo de la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

María Chávez Pérez, en su calidad de diputada federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Primera . El secretario de Seguridad Pública del estado de Michoacán de Ocampo, Juan Bernardo Corona Martínez, declaro el 14 de noviembre de 2018 que se retiraban de la base de operación mixta instalada en Morelia, a raíz de que el municipio de Morelia anuncio que no firmaría el convenio de mando único.1

“Yo lo menciono como es, nosotros tuvimos que replegar a nuestro personal a raíz de que el municipio de Morelia anuncio que no firmaba el mando único”.

El municipio de Morelia sigue condicionado por la Secretaría de Seguridad Pública estatal por no firmar el convenio de seguridad que propuso el gobierno del estado de Michoacán.

Las bases de operación mixtas, al estar conformadas por elementos municipales, estatales, de inteligencia de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) e incluso elementos del Ejército, están bajo la tutela y rectoría de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ante la situación de la Comisión Municipal de Seguridad, encabezada por Julissa Suárez Bucio, destacó que el ayuntamiento capitalino garantiza la seguridad de los ciudadanos que residen en el fraccionamiento más grande y más densamente poblado del país, con más de 22 mil habitantes.

Segunda . Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las obligaciones en materia de seguridad publica en los artículos 21, párrafo noveno, 73, fracción XXIII, y 115 fracción III, inciso h), mismo que la letra señalan:

“Artículo 21 ...

...

...

...

...

...

...

...

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios , que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

...”

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

“I a XXII...

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.

...”

Artículo 115 . Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:

I y II. ...

III. ...

a) a g)

h) Seguridad pública , en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e...”

Por su parte le Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, en materia de seguridad publica establece las obligaciones en materia de seguridad pública en sus artículos 60 fracción XII y 123 fracción V inciso h), mismos que al letra rezan:

“Artículo 60 .

Las facultades y obligaciones del Gobernador son:

I... XI

XII. Supervisar la formación e instrucción de las fuerzas de seguridad pública del Estado y apoyar, en su caso, a los cuerpos de seguridad pública municipal, policía preventiva y tránsito municipales .

La policía preventiva municipal, acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

Artículo 123. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos:

I a IV

V. Proporcionar en sus jurisdicciones los servicios de:

h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito.

La policía preventiva municipal estará al mando del presidente municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador del estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue de fuerza mayor o alteración grave del orden público. El Ejecutivo federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde éste resida habitual o transitoriamente; e”

En este orden de ideas, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone:

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad pública y tiene por objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en esta materia.

Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional .

Artículo 2 . La seguridad pública es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos .

...

Artículo 3 . La función de Seguridad Pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las instituciones policiales, de procuración de justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, de la supervisión de medidas cautelares, de suspensión condicional del procedimiento de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de penas, así como por las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta ley.

Artículo 4 . El Sistema Nacional de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la Seguridad Pública.

La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública .

Artículo 39 . La concurrencia de facultades entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, quedará distribuida conforme a lo siguiente:

A...

B. Corresponde a la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias :

I. Garantizar el cumplimiento de la presente ley y demás disposiciones que deriven de ésta ;

II. Contribuir, en el ámbito de sus competencias, a la efectiva coordinación del Sistema ;

III a XI...

XII. Destinar los fondos de ayuda federal para la seguridad pública exclusivamente a estos fines y nombrar a un responsable de su control y administración ;

XIII a XV...

Los estados y los municipios podrán coordinarse para hacer efectivo lo previsto en el artículo 115, fracciones III, inciso h) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las leyes estatales de seguridad pública podrán establecer la posibilidad de coordinación, y en su caso, los medios para la más eficaz prestación del servicio de seguridad pública entre un estado y sus municipios .”

Artículo 40 . Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las instituciones de seguridad pública se sujetarán a las siguientes obligaciones:

I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución ;

II...

III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho ;

IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;

V a XI...

XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda ;

XIII a XVII...

XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando ;

XIX a XXVIII...

Artículo 41 . Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las Instituciones Policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes:

I a VII...

VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda ;

IX a XI”

Tercera . Por su parte la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho a la Seguridad Pública en nuestro País2 ha señalado que:

“Al Estado mexicano le corresponde actuar con eficiencia, eficacia y firme determinación para lograr una sociedad en la que impere el estado de derecho. En consecuencia, el respeto a la ley constituye la base fundamental para una convivencia social armónica y el pleno desarrollo nacional; para que éste prevalezca y se garantice la seguridad de las personas y sus bienes, se requiere que los individuos y las autoridades se conduzcan conforme a las leyes, y cuando éstas son violentadas es necesaria, entonces, la actuación decidida del Estado en el combate a la inseguridad.

El derecho fundamental a la seguridad pública implica una obligación a cargo del Estado, para que establezca los mecanismos necesarios a fin de prevenir el delito y, en su caso, sancionarlo conforme a las leyes . A partir de la reforma a los artículos 21 y 73, fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1994, se establecieron las bases para el establecimiento de un sistema integral de coordinación institucional en materia de seguridad pública entre los tres ámbitos de gobierno, a fin de combatir el problema de la delincuencia.

En el ámbito municipal, el artículo 115, fracciones III, inciso h), y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos de seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, de policía preventiva municipal y de tránsito. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador del estado le transmita en los casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

Ante esa perspectiva, el Estado mexicano, en sus tres ámbitos de gobierno, se encuentra obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución y el conjunto de leyes que de ella emanen, en beneficio de la sociedad y de los individuos. Entre esos beneficios destacan el pleno goce de los derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones, así como el respeto de los habitantes hacia las autoridades.”

Cuarta . Es en extremo preocupante la retirada institucional de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, como órgano encargado de prestar la función de seguridad pública, sobre en todo en un contexto donde los delitos han ido al alza durante la administración de Silvano Aureoles Conejo.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Publica reporta que, durante 2018, de enero a agosto, en Michoacán se han cometido un total de 30 mil 982 delitos: 3 3 mil 666 en enero; 3 mil 620 en febrero; 4 mil 110 en marzo; 3 mil 956 en abril; 4 mil 139 en mayo 3 mil 805 en junio, 3 mil 740 en julio y 3 mil 740 en agosto. Del total de ilícitos mil 448 fueron homicidios, de ellos 845 fueron dolosos y 14 feminicidios. Es decir, caso el 3 por ciento son delitos de violencia extrema.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017 4 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que la tasa de prevalencia delictiva 5 en Michoacán aumento un 7.5 por ciento en 2016, al pasar de 19 mil 784 víctimas en 2015 a 21 mil 263 víctimas en 2016 por cada 100 mil habitantes. Es decir, al menos 1 de cada 5 personas que habitan en Michoacán fueron víctimas de un algún delito.

En cuanto a incidencia delictiva 2015-2016 , es decir, la tasa de delitos, 6 la Envipe 2017 refiere que en Michoacán se cometieron 23 mil 876 delitos en 2015, llegando a 26 mil 366, es decir que existió un alza de 10.4 por ciento de delitos con respecto al año anterior.

Sobre la percepción de la población respecto de la situación actual sobre la inseguridad pública en Michoacán es del 77.6 por ciento , es decir, 3 de cada 4 personas en Michoacán consideran que la inseguridad es un grave problema, como se muestra en la siguiente tabla:

Percepción sobre Seguridad Pública y otros factores7

Por su parte el empresariado michoacano ha advertido del desastre que guarda la seguridad en Michoacán. En este sentido el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia (Canaco), Luis Navarro García señalo que después de ser nuevamente “nota nacional”, tras el asesinato de quien fuera candidata del Partido Verde Ecologista de México, a diputada local por el Distrito 22 de Múgica, Maribel Barajas Cortés, además de los hechos violentos en algunas zonas como la Tierra Caliente y el Bajío, Navarro García se “inhibe” la inversión porque “da miedo”.

“Si hay la posibilidad de crecer, pero como inversionista ves que hay inseguridad pues te da miedo y mejor guardas tu dinero o lo inviertes en otro lugar; siempre un inversionista busca dónde poder llevar su patrimonio y que tenga ganancias y no pérdidas. Y aquí, ven la problemática y no quieren venir”.8

En este orden de ideas, el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos lanzó recientemente una advertencia a sus connacionales para que eviten viajar a Colima, Guerrero, Michoacán , Sinaloa y Tamaulipas, debido al aumento de los delitos violentos como el homicidio, robo, secuestro y robo a mano armada.

A través de un comunicado publicado en el sitio oficial de la Oficina de Servicios Consulares,9 el gobierno estadounidense señaló:

“Ejercer mayor cautela en México debido al crimen. Algunas áreas tienen mayor riesgo.

Los delitos violentos, como el homicidio, el secuestro, el robo de autos y el robo, son generalizados.

El gobierno de EEUU tiene una capacidad limitada para proporcionar servicios de emergencia a los ciudadanos de EEUU. En muchas áreas de México, ya que los empleados del gobierno de EEUU tienen prohibido viajar a estas áreas.

Los empleados del gobierno de EEUU tienen prohibido viajar interurbanos después del anochecer en muchas áreas de México. Los empleados del gobierno de EEUU tampoco tienen permitido conducir desde la frontera de EEUU a México desde o hacia el interior de México.

No viaje a :

Estado de Colima por delito;

Estado de Guerrero por delito;

Estado de Michoacán por delito;

Estado de Sinaloa por delincuencia;

Estado de Tamaulipas por delito;

Estado de Michoacán - Nivel 4: No Viajar.

No viaje debido al crimen. Los empleados del gobierno de EEUU tienen prohibido viajar en el estado de Michoacán, a excepción de las ciudades de Morelia y Lázaro Cárdenas y el área al norte de la carretera federal de peaje 15D.

Los empleados del gobierno de EEUU tienen prohibido viajar por tierra, excepto en la carretera federal de peaje 15D.

Los empleados del gobierno de los Estados Unidos pueden volar a Morelia y Lázaro Cárdenas...”

Como puede observarse, no existe en solo rubro en que no haya empeorado la seguridad. La tasa de prevalencia delictiva, incidencia delictiva, o percepción de inseguridad de instancias oficiales, los reportes de la sociedad civil organizada, del sector empresarial o de los reportes que a nivel internacional se emiten con respecto de Michoacán.

Quinta . Es así que de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los convenios internacionales y a las disposiciones generales legales en materia de seguridad pública, así como en la Constitución política del estado de Michoacán y las leyes que de ella emanan, la función de seguridad pública, es un derecho humano, cuya función debe ser prestada de manera concurrente y coordinada por le estado de sus tres niveles de gobierno, Federal, estatal y municipal.

Ninguna de estas autoridades puede retrotraerse de esta obligación de hacer respetar y promover los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que el estado mexicano es parte.

El abandono institucional de la seguridad pública, es el incumplimiento de una obligación. Es precisamente lo que dio origen al gravísimo problema que padece México en general y Michoacán en particular. No se puede dejar de proporcionar la función de seguridad pública porque no se firme un convenio, meta constitucional y extra legal.

Esto equivale a abandonar la población a su suerte a manos de la delincuencia, a sabiendas de los graves problemas que se presentan en la capital del Estado. La retirada institucional de la policía estatal en el municipio de Morelia, deja en estado de precariedad la seguridad de los ciudadanos y representa una grave falta a la Constitución Federal, locales y leyes que de ella emanan.

Esto debe ser corregido de inmediato. No hacerlo es una irresponsabilidad política de enormes proporciones.

Acuerdo

Único. Se exhorta al gobernador del estado de Michoacán de Ocampo, ingeniero Silvano Aureoles Conejo, para que en el ámbito de su competencia, cumpla con sus responsabilidades constitucionales, convencionales y legales para prestar la función de seguridad pública a fin de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos en todo el estado de Michoacán, incluido el municipio de Morelia, e instruya al secretario de Seguridad Publica para que de inmediato se coordine con el municipio de Morelia a fin de proteger a los ciudadanos de la capital del estado, y se restablezca su participación, sin condición alguna, en las bases de operación mixta que operan en el municipio.

Notas

1 La Voz de Michoacán, 17 de noviembre de 2018, página 10-A.

2 Informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el ejercicio efectivo del derecho a la seguridad pública en nuestro país http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2006_segpublic a.pdfhttp://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2006_segp ublica.pdf

3 Incidencia delictiva del fuero común 2018. Instrumento para el registro, clasificación y reporte de delitos y las víctimas CNSP/38/15. http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-De litos-2018.pdf La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas. Datos preliminares al 20 de septiembre de 2018, con corte al 31 de agosto de 2018.

4 La Envipe permite hacer estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas y a los hogares en los delitos de robo total de vehículo; robo parcial de vehículo; robo en casa habitación; robo o asalto en calle o transporte público; robo en forma distinta a las anteriores (como carterismo, allanamientos con robo en patio o cochera, abigeato); fraude; extorsión; amenazas verbales; lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros y delitos sexuales).

Delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, robo de combustible y trata de personas, entre otros en este tipo de categorías, no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización.

5 La tasa prevalencia delictiva se mide por el número de víctimas por cada 100 mil habitantes y es uno de los principales indicadores que se genera con las encuestas de victimización. Boletín de Prensa número 417/17 26 de septiembre de 2017. Nota Técnica Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017 Página 5.

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envi pe/envipe2017_09.pdf

6 Incidencia Delictiva permite medir la tasa de delitos por cada 100,000 habitantes para la población de 18 años y más en 2016 Idem. Pág 8. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_0 9.pdf

7 Idem. Página 18. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_0 9.pdf

8 Contramuro. Abril, 16, 2018. Inseguridad frena inversiones para Michoacán y Morelia. https://www.contramuro.com/inseguridad-frena-inversiones-para-michoacan -y-morelia/

9 https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/Interna tional-Travel-Country-Information-Pages/Mexico.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2018.

Diputada María Chávez Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al programa Mujeres Pyme, a cargo de la diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada María de los Ángeles Ayala Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura correspondiente a la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, por la cual se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través del presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, se lleven a cabo adecuadas y permanentes actividades relacionadas con la puesta en marcha de la convocatoria, difusión e información respecto del programa denominado Mujeres Pyme, a fin de que la población en general y, de manera específica, las mujeres emprendedoras, conozcan la existencia, bondades, obtención de apoyos y acceso a los beneficios que ofrece dicho programa, la cual se justifica al tenor y bajo las siguientes

Consideraciones

1. La página oficial de la Presidencia de la República , publicó un artículo referente a la puesta en marcha del programa denominado Mujeres Pyme , en el cual, se hicieron las siguientes manifestaciones y precisiones:

“En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente Enrique Peña Nieto en el año 2016, anunció el programa Mujer Pyme1 , el cual tiene como objetivo otorgar créditos en condiciones preferenciales a mujeres emprendedoras y que ello contribuya a que logren su autonomía económica.

El programa Mujer Pyme apoya con créditos que van desde 50 mil hasta 5 millones de pesos, a tasas más bajas que las que cobra la banca comercial en este tipo de créditos, y a plazos más favorables.

Principales aspectos del programa Mujer Pyme:

• Se eliminan las barreras más frecuentes para el acceso de las mujeres al financiamiento, como son el aval, el obligado solidario o las garantías hipotecarias en algunos casos.

• Ofrece una tasa de interés preferencial de entre 9 y 10 por ciento, comparada con el promedio de este tipo de instrumentos en el mercado, que varía entre 12 y 20 por ciento, y

• El portafolio de crédito asciende a mil millones de pesos”.

2. Por otro lado, el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) también se pronunció respecto del programa Mujeres Pyme y, para tal efecto, estableció lo siguiente:

El programa Mujeres Pyme2 busca el desarrollo y consolidación de micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, con acceso a financiamiento preferencial y a herramientas de desarrollo empresarial.

Mujeres Pyme ofrece los siguientes beneficios:

• Acompañamiento especializado para el fortalecimiento de tu negocio, de acuerdo con el nivel de desarrollo en que se encuentre.

• Acceso a financiamiento con tasas de interés preferenciales de entre 9 y 9.9 por ciento anual fijo, dependiendo el monto solicitado y con plazos hasta 5 años.

• Préstamos desde 50,000.00 hasta 5 millones de pesos.

• Sin aval u obligado solidario ni garantía hipotecaria en créditos hasta 500,000 pesos. Y de 500,000 hasta 2.5 millones de pesos, sin garantía hipotecaria.

• Si tu empresa ha recibido asesoría por parte de alguna incubadora o aceleradora reconocida por el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), el proceso es más rápido”.

3. Al respecto y, no menos importante, resulta trascendental la participación del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) , el cual se pronunció por el programa Mujeres Pyme, de la siguiente manera:

“Programa Mujeres Pyme

¿Para quién es?3

Empresas y negocios liderados por mujeres, de cualquier giro en comercio, industria o servicios, que requieran desarrollar su modelo de negocio y recursos financieros para crecer.

¿Qué beneficios tiene?

Acceso a financiamiento con tasas de interés preferenciales de hasta 14.5 por ciento anual fijo, dependiendo el monto solicitado y con plazos hasta 5 años. Préstamos desde 50,000.00 hasta 5 millones de pesos. Sin aval u obligado solidario ni garantía hipotecaria en créditos hasta 500,000 pesos, y de 500,000 hasta 2.5 millones de pesos, sin garantía hipotecaria.

¿Qué se requiere?

Ser mujer y tener entre 18 y 75 años. Ser dueña de un negocio con al menos 2 años de antigüedad en el régimen formal (ya sea como persona física o persona moral). Si tu empresa es una persona moral, deberás acreditar ante el banco que la propiedad mayoritaria (51 por ciento) y las principales decisiones gerenciales son de mujeres, con los siguientes documentos:

Acta constitutiva de la empresa; identificación oficial de la o el representante legal y registro federal de contribuyentes (RFC) de la empresa. Debes contar con buen historial crediticio e información legal y financiera actualizada.

Si participas en el nuevo Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) puedes solicitar el programa Crezcamos Juntas, para negocios con al menos un año de antigüedad.

¿Cómo funciona?

Hay dos maneras de acceder al financiamiento:

Llama al 01-800 NAFINSA (623 4672) y digita la opción 2 “financiamientos”, donde te asignarán a un(a) ejecutivo(a) que te apoyará en el proceso de solicitud de crédito ante las instituciones financieras participantes, o acude directamente a una sucursal de las instituciones financieras participantes y solicita tu crédito Mujeres Pyme”.

4. Resulta también importante en este tema, mencionar el punto de vista establecido por Nacional Financiera (Nafin), el cual, al pronunciarse por el programa Mujer Pyme, tuvo a bien establecer lo siguiente:

“Al encabezar el foro Ecosistema empresarial de la mujer , una reunión interinstitucional con entidades financieras de diversos países, el director general adjunto de Banca Emprendedora de Nacional Financiera4 , Tonatiuh Salinas, convocó a dichas instituciones a analizar y estudiar mejores prácticas de financiamiento en apoyo a las mujeres.

Con esquemas de este tipo, dijo, se logrará un desarrollo más equitativo en el país. Aseguró, en este sentido, que el programa de financiamiento Mujer Pyme, Alianza Contigo busca conjuntar la equidad de género con una política completa de inclusión de la mujer a los servicios financieros.

El programa Mujer Pyme fue anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 8 de abril, durante la celebración del Día Internacional de la Mujer en Aguascalientes, con la finalidad de que este sector de la sociedad tenga un mayor acceso al crédito en mejores condiciones.

Del 8 de marzo del año pasado a la fecha, precisó Tonatiuh Salinas, se han otorgado con este programa 3 mil 450 millones de pesos en beneficio de mil 350 mujeres y se ha logrado consolidar a 12 empresas al día.

Durante su participación, Inez Murray, directora ejecutiva del Global Banking Alliance, reconoció la poca accesibilidad que tienen las mujeres en muchos países y estratos de la sociedad a los servicios financieros, y habló de la necesidad de fortalecer el empoderamiento de las mujeres en ámbitos laborales y económicos, entre otros.

Por su parte, Verónica Zavala Lombardi, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Interamericana de Inversiones en México, coincidió en la necesidad de abrir más puertas de financiamiento para las mujeres y destacó la importancia de que las mujeres asuman cargos de dirección en las empresas y los gobiernos.

La presidenta de la Comisión Mujeres Empresarias de Concanaco, Patricia Araujo de la Torre, mencionó que hace falta brincar las barreras actuales para poder lograr una equidad entre hombres y mujeres en lo que a oportunidades laborales se refiere, pero se requiere un trabajo en conjunto de todos los sectores.

El vicepresidente de Gestión de Negocios del Banco BHD León de la República Dominicana, Daniel Gutiérrez, dijo que en el banco desarrollan esquemas para respaldar y fortalecer a mujeres micro empresarias, profesionistas y jefas de familia.

Luz María de la Mora, directora del Programa WEConnect Internacional, advirtió que actualmente son pocas las mujeres que ingresan a carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Situación, dijo, que si no lo resolvemos a tiempo nos puede poner en una nueva desigualdad y desventaja para el futuro.

En el marco de este evento, el director general adjunto de Banca Emprendedora de Nafin firmó un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CNIC) representada por Gustavo Arballo Luján, para promover el ahorro y la inversión, canalizar apoyos financieros y técnicos, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, que se dediquen a la actividad industrial, comercial o de servicios.

Requisitos para acceder a Mujer Pyme

Para acceder a este financiamiento de 50 mil hasta cinco millones de pesos a pagar en 36 meses más tres meses de gracia, la empresa debe tener un año de operación.

El crédito se paga a una tasa anual fija de 9.9, de 9.5 por ciento si el financiamiento es mayor a un millón de pesos y de 9.0 por ciento si rebasa los 2.5 millones de pesos.

Si el crédito es de hasta 500 mil pesos, no se requiere aval ni garantía hipotecaria; un financiamiento de hasta 2.5 millones precisa de garantía hipotecaria y los requisitos para un crédito de hasta cinco millones de pesos, dependerán de cada institución financiera”.

5. Por último, resulta pertinente mencionar que la institución financiera denominada Santander, publicó en su página de internet, la información y características del programa Mujeres Pyme, aduciendo para ello lo siguiente:

“Mujeres Pyme5 , es respaldado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y Nacional Financiera (Nafinsa), está dirigido a empresas lideradas por mujeres que requieran desarrollar su modelo de negocio y recursos financieros para crecer.

¿Por qué acercarse a esta ayuda? La plataforma te ofrece importantes beneficios, entre ellos:

• Acompañamiento especializado para el fortalecimiento de tu negocio, de acuerdo con el nivel de desarrollo en el que se encuentre.

• En créditos de hasta 500 mil pesos no se requiere aval u obligado solidario ni garantía hipotecaria.

• Además, si tu empresa ha recibido asesoría por parte de alguna incubadora o aceleradora reconocida por el Inadem, el proceso de concesión del crédito es mucho más rápido.

Para acceder a este apoyo, es necesario completar un cuestionario que determinará las áreas de tu negocio que requieren asesoría.

¿Cómo iniciar tu solicitud?

• Genera una clave de acceso con tu cuenta de correo electrónico en la siguiente liga: empresarias.inmujeres.gob.mx/index.php?solicitaclaveacceso.

• Una vez activada, ingresa a la aplicación y registra los datos complementarios de tu solicitud.

• Recibirás un aviso con instrucciones detalladas para la siguiente etapa.

Para saber más sobre el programa Mujeres PyME, visita el sitio: empresarias.inmujeres.gob.mx o escribe al correo electrónico empresarias@inmujeres.gob.mx”.

Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente establecidas y a fin de continuar con el apoyo irrestricto a las mujeres emprendedoras de nuestro país, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través del presidente del Instituto Nacional del Emprendedor, se lleven a cabo adecuadas y permanentes actividades relacionadas con la puesta en marcha de la convocatoria, difusión e información respecto del programa denominado Mujeres Pyme, a fin de que la población en general y, de manera específica, las mujeres emprendedoras, conozcan la existencia, bondades, obtención de apoyos y acceso a los beneficios que ofrece dicho programa.

Notas

1 https://www.gob.mx/gobmx/articulos/que-es-programa-mujer-pyme

2 https://www.inadem.gob.mx/programa-mujeres-pyme/

3 http://empresarias.inmujeres.gob.mx/

4 https://www.gob.mx/nafin/es/prensa/
convoca-nafin-a-bancos-de-diversos-paises-a-analizar-mejores-practicas-de-financiamiento-para-las-mujeres

5 https://www.santanderpyme.com.mx/detalle-noticia/conoce-el-programa-muj eres-pyme.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2018.

Diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedena a hacer pública la información relativa a la infraestructura física ocupada hoy por la base militar 34-D, “Santa Lucía”, y el costo estimado de su traslado y reubicación, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscribimos, diputadas y diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones IV, V y VI, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional, haga pública la información relativa a la infraestructura física que actualmente ocupa la Base Militar 37-D - Santa Lucía y el costo estimado de su traslado y reubicación, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reciente cancelación del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, dista mucho de ser un tema agotado en el debate público.

El anuncio de la decisión quedó envuelto en una profunda controversia, al basarse en un cuestionado proceso de consulta pública que adoleció de graves problemas de credibilidad y certeza en cuanto a su estructuración y desarrollo. Además, se llevó a cabo en una abierta violación a los procedimientos que la Constitución General de la República prevé para la salvaguarda y adecuado ejercicio de un derecho político de los ciudadanos cuya tutela recae en el Congreso de la Unión. Apenas inicia una etapa de mayor profundidad en el análisis técnico, presupuestal, pero sobre todo social y humano de las consecuencias que esta decisión tendrá en el futuro de nuestro país.

No puede haber peor política pública que la que se hace con improvisación en el análisis, con abierto desconocimiento de los fundamentos técnicos en que debe de sostenerse y con frivolidad política.

La mala política pública niega la evidente realidad de una situación, para imponerse a partir de las circunstancias políticas coyunturales que apenas reaccionan frente a los problemas inmediatos, pero que nunca resuelven los problemas de largo plazo que impactan en el desarrollo económico y social de una nación.

La cancelación del proyecto de construcción del aeropuerto en la zona de Texcoco será un tema presente a lo largo de todo este gobierno que aún inicia, y muy probablemente de los que le sigan, por el profundo impacto que tendrá no solo en la política de infraestructura y comunicaciones de nuestro país por los próximos años, sino por los efectos que tendrá en el desarrollo urbano –en todas sus dimensiones– de la corona regional del Centro de México, también denominada “Megalópolis de México”.

Uno de los problemas más importantes que se ha dejado de lado en el debate público de los últimos días es el de la situación de las fuerzas armadas de México, del Ejército y de la Fuerza Aérea, que actualmente desarrollan actividades en la base militar 37 – D, Santa Lucía, que ocupa la zona en que se ubicará el nuevo proyecto aeroportuario que desarrollará el próximo gobierno federal.

La institucionalidad y disciplina de nuestras fuerzas armadas, aunada a su alejamiento de los espacios del debate político, provocó que muchos de los argumentos técnicos que éstas pudieron haber aportado al proceso de toma de decisiones de los funcionarios designados del próximo gobierno hayan quedado notoriamente desconsiderados.

Planteamientos de orden táctico-militar, logístico-operacional, humano-profesional y financiero- presupuestal han sido notoriamente ignorado por la opinión pública, los especialistas y muy particularmente por los funcionarios responsables del próximo gobierno. No se ha desarrollado un análisis serio de lo que ocurrirá cuando la Base Militar sea cerrada y trasladada a otro sitio geográfico. Peor aún, esta cuestión ha sido soslayada- por los funcionarios del nuevo gobierno como parte fundamental del nuevo proyecto aeroportuario en esa zona.

Los antecedentes muestran el uso que las instalaciones militares han tenido desde sus nacimiento, aun antes de ser una base aérea o el campo militar que hoy es uno de los más extensos y estratégicos para el país.

En 1941, el gobierno del estado de México decretó que 2 mil 328 hectáreas, pertenecientes a la ex hacienda de Santa Lucía, Zumpango, fueran concedidas a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que en dichos terrenos se construyera una escuela para los hijos de los soldados. Esta determinación da una idea de la manera en que se ha ido utilizando la base militar, no sólo para el despegue o aterrizaje de aviones.1

El proyecto de acondicionamiento para construir la base aérea y el traslado de aviones y elementos de la Fuerza Aérea Mexicana radicados en Balbuena hacia el estado de México, tardó al menos 7 años: de 1952 a 1959.2

No debe omitirse que la base aérea de Santa Lucía “General de División Alfredo Lezama Álvarez” (quien fue su comandante del 1 de agosto de 1961 al 28 de junio de 1964, fecha en que falleció), está situada al sureste del municipio de Zumpango en terrenos que también anteriormente fueron parte de una formación lacustre: el Lago de Xaltocan.3

El mayor recurso natural con que cuenta la región de Zumpango-Santa Lucía es el agua, tanto la que se deposita en la laguna de Zumpango, como la que se extrae de mantos acuíferos subterráneos, del sistema del Gran Canal y la proveniente de los túneles del desagüe del valle de México. Predominantemente el uso del suelo en el municipio es de carácter agrícola, 67 por ciento.4

Ahora bien, en específico la localidad de Santa Lucía está determinada por la actividad y la población militar, que se calcula superior a las diez mil personas, contando efectivos destacamentados y sus familias. Los habitantes no asociados al campo militar rebasan 3,639 habitantes del lugar, con aproximadamente 951 viviendas no militares.5

En la actualidad la Base Aérea Militar Número 1 es la más grande e importante de México, ya que dentro de su jurisdicción se encuentran las comandancias de las Alas de Combate y de Reconocimiento y Transportes, con nueve escuadrones de vuelo, con más de 150 aeronaves a su cargo, además del complejo logístico de la Fuerza área Mexicana, la Escuela Militar de Tropas Especialistas de Fuerza Aérea. Cuenta también con los servicios técnicos y generales propios de la Base Aérea, disponiendo para satisfacer sus necesidades de alimentación y salud con la 7ª. Compañía de Intendencia, con capacidad de atender a 1,800 comensales y una enfermería militar de segundo nivel de atención.

Dígase fuerte: en la actualidad la base aérea es parte de las instalaciones de todo el complejo del Campo Militar Número 37-D en donde operan diversas radios ayuda y la Estación Meteorológica Militar Número 1.

A las dos pistas y su zona de hangares, torre de control y espacio de maniobras, se suman una unidad habitacional, un centro de convivencia infantil, un jardín de niños, una escuela primaria, una tienda departamental, un hospital regional de zona militar, un centro de rehabilitación y de odontología, el Cine Sedena Santa Lucía, un deportivo y gimnasio militares, una oficina de de Telecom y una sucursal de Banjército.6

Desde febrero de 2010, se reinauguró y funciona el Museo Militar de la Aviación de la Secretaría de la Defensa Nacional, que cumple cabalmente con los parámetros establecidos por el Consejo Internacional de Museos y que le otorgó el registro oficial como museo militar.7

A casi 3 mil efectivos militares que se encuentran destacamentados y en servicio en la base, se suman 4 mil de sus familiares y una población flotante de alrededor de 3 mil personas diarias.

Esa infraestructura permite que la Base tenga plena capacidad operativa como la columna vertebral de la movilidad área militar con la que la Secretaría de la Defensa Nacional apoya a los ciudadanos mexicanos.

Podemos afirmar sin duda alguna que la Base Aérea Militar y el Campo Militar 37-D, no son sólo un asentamiento militar, sino en toda la extensión de la palabra, una ciudad militar.

La función de esta ciudad tiene dos dimensiones:

La primera, representa la capacidad de movilización rápida de efectivos en apoyo de las fuerzas federales que enfrentan a la delincuencia organizada en cualquier zona del país.

México actualmente cuenta con 18 bases aéreas, y 10 estaciones, las cuales están distribuidas en el noroeste, noreste, centro y suroeste. Sin embargo, de las bases en el centro del país, Santa Lucía es la única, siendo la más cercana, la de Zapopan, Jalisco.

En esta estratégica Base Área y campo militar 37-D operan de forma permanente al menos 9 escuadrones aéreos de primer nivel, entre los que destacan: 1) Escuadrón Aéreo 101 que opera aeronaves Bell 412, EC725 Cougar y UH-60 Black-Hawk; 2) Escuadrón Aéreo 112 que opera aeronaves Bell 212 y MD-530F; 3) Escuadrón Aéreo 301 que opera aeronaves C-295; 4) Escuadrón Aéreo 302 que opera aeronaves C-130 y C-27J; 5) Escuadrón Aéreo 303 que opera aeronaves Mi-17; 6) Escuadrón Aéreo 502 que opera aeronaves B-727-264 Adv y Boeing 737-800 y 8MC; 7) Escuadrón de Vigilancia Aérea que opera aeronaves C-26 y Embraer 145 y 8) el Escuadrón Aéreo Foto técnico que opera aeronaves C-90.8

El segundo aspecto es más relevante aún, pues representa la capacidad de rápida respuesta para la aplicación del Plan DN-III en auxilio a las y los mexicanos víctimas de los desastres en cualquier estado del país.

Esto ha hecho de la Base Aérea de Santa Lucía un elemento esencial para definir las capacidades de despliegue táctico de hombres y mujeres militares en auxilio a la población a lo largo y ancho de nuestro territorio.

Existe un tercer elemento digno de atención. Se basa en testimonios de habitantes de la zona y de los propios operarios de la base, que han sido recogidos por diversos medios informativos en las últimas semanas. Se trata del factor climatológico y meteorológico que si bien no ha sido un impedimento para las operaciones aéreas militares, podría serlo para la aviación civil. Simplemente ha estado ausente de la discusión pública sobre esta región; el hecho de que por casi la mitad del año, correspondiéndose con los meses húmedos y fríos en la región, amplios bancos de niebla se extienden por toda la zona hasta avanzado el medio día.

El teniente de la Fuerza Aérea Mexicana y controlador de vuelos, Martín Juárez Méndez, ha manifestado en diferentes medios, que en diversas épocas del año la Base Aérea y Militar de Santa Lucía, presenta complicaciones con los bancos de niebla, conocidos en la jerga militar como “nubes con hueso”, debido a la escasa visibilidad a dos metros de distancia, por lo que sería complicado operar ahí un aeropuerto civil, cuyas actividades se desarrollan 24 horas diarias los siete días de la semana.9

Los bancos de niebla dificultan aterrizajes en horas que pueden considerarse pico para la aviación civil y son condiciones climatológicas propias de la orografía de la región, que por las condiciones de humedad dificultan las operaciones continuas del actual aeropuerto militar.

Estos hechos deben conocerse para ser valorados por la opinión pública. No deben menospreciarse ni ignorarse los testimonios de los habitantes de la zona y del personal militar respecto a las condiciones meteorológicas imperantes de la zona. Hacer caso omiso de esta situación conlleva el riesgo de construir un “elefante blanco”, como el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, que nunca pudo operar a plenitud hasta que fue sustituido por otro edificado en terrenos adecuados para su operación.

Por ello, al plantear el traslado de esta ciudad militar es indispensable hacer un análisis de fondo de lo que esto conllevará en las distintas dimensiones que representa.

Y hay que hacerlo con responsabilidad, pues lo que está en juego es la viabilidad de un proyecto de infraestructura decisivo para el país.

La reubicación de las unidades militares ahí destacamentadas con sus correspondientes servicios de apoyo; la reinstalación de los servicios aeroportuarios de la Fuerza Aérea Mexicana y la rearticulación de sus esquemas tácticos de movilidad operativa aérea; la reubicación de las familias del personal militar, del hospital y de los demás servicios que a lo largo de los años se les han instalado como parte de un prolongado esfuerzo presupuestal, tendrán un nuevo costo que deberá ser considerado en el ejercicio presupuestal del próximo año.

Esta erogación de no poca cuantía es adicional en todos los sentidos a los costos financieros de indemnizaciones, reparaciones y afectaciones a las empresas e instituciones financieras y bancarias involucradas en la cancelación del proyecto que se desarrollaba en Texcoco.

Este es un impacto financiero y presupuestal que hasta el momento se ha mantenido fuera de la luz del debate público.

¿Se cargará completamente esta erogación al presupuesto de las fuerzas armadas? Si es así, deberá valorarse cuidadosamente para hacer las previsiones correspondientes en el proyecto del Presupuesto de 2019, de tal manera que permitan a nuestro Ejército planear cuidadosamente el traslado y la reubicación de esta Ciudad Militar en términos del correcto aseguramiento y preservación de las capacidades tácticas del personal armado que apoya a nuestra población, y al mismo tiempo, cumplir en términos del adecuado aseguramiento de las condiciones de calidad de vida que las familias militares asentadas en la zona ya habían alcanzado.

En el fondo del debate se encuentra también el tema de la seguridad de las y los usuarios del aeropuerto que se desarrollará en Santa Lucía, y que no puede convertirse en forma alguna en el escenario de una tragedia nacida de la imprevisión y el descuido propios de una decisión política de coyuntura.

Por lo expuesto, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión aprueba el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional a que antes de la entrega de las iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio presupuestal de 2019, haga públicos los informes técnicos, operativos y presupuestales relativos al traslado y reubicación de la Base Militar 37-D, en Santa Lucía, estado de México y de los servicios urbanos y comerciales de apoyo que constituyen esta ciudad militar, en los cuales se determine el costo presupuestal estimado total de dicho traslado.

Asimismo, se exhorta a esa dependencia a que haga públicos los estudios, informes y reportes de observación meteorológica relacionados con las operaciones aéreas en dicha base militar desde su establecimiento en esa zona o desde que sean disponibles y hasta la fecha, a efecto de que las instancias técnicas y operativas del gobierno federal y de seguridad aérea nacional e internacional, lleven a cabo las labores de análisis y planificación correspondientes al desarrollo de proyecto aeroportuario.

Notas

1 Quevedo, José (27 de noviembre de 2017). Base Aérea Militar Número 1 “P.A. Alfredo Lezama Álvarez”». México Aeroespacial.

2 Ídem consultado 9 de noviembre de 2018.

3 El Águila Naciente, la institucionalización militar de México tras la Revolución, Senado de la República, Comisión de Defensa Nacional, LXI Legislatura.

4 Enciclopedia de los municipios de México, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM15mexico/municipi os.

5 Plan de Desarrollo Municipal, Zumpango de Ocampo, Estado de México, www.
PLAN%20DE%20DESARROLLO%20MUNICIPAL%202016%202018%20ZUMPANGO%20.pdf

6 Nava Amezcua, Rodrigo. La Fuerza Aérea Mexicana en Los Altos Vuelos de la Aviación Militar . Relatos e Historias de México, No. 91, abril de 2016.

7 González García, Leonardo. Museo Militar de Aviación Al Rescate del Patrimonio y la historia de la Aviación Mexicana. Relatos e Historias de México, No. 91, abril de 2016.

8 Nava Amezcua, Rodrigo. La Fuerza Aérea Mexicana en Los Altos Vuelos de la Aviación Militar obra citada.

9 Controlador: por niebla, complicado Santa Lucía,

https://www.razon.com.mx/mexico/consultado 9 de noviembre de 2018.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados a 27 de noviembre de 2018.

Diputados: Dulce María Sauri Riancho, Benito Medina Herrera (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a revisar los proyectos de inversión solicitados por Hidalgo, Nuevo León, destinados a promover el progreso social y, en su caso, brindarle los folios correspondientes, a cargo de la diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren la fracción I del artículo 6, y los artículos 79 y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El debate en torno al federalismo fiscal se ha retomado con fuerza. Sobre todo, en un contexto donde las desigualdades regionales se han exacerbado y la asignación de recursos vía el pacto fiscal es conducido principalmente por la población relativa de una entidad o un municipio.

En mi calidad de diputada del distrito VII de Nuevo León y en reconocimiento pleno de la división de poderes, considero necesario que el Estado mexicano tome medidas para que las regiones más desfavorecidas estén en posibilidades de cambiar su realidad al impulsar el desarrollo y crecimiento económico desde lo local.

La premisa de este punto de acuerdo surge del reconocimiento de que a menos de que encaucemos recursos adicionales para promover un desarrollo regional sólido y sustentable no lograremos cerrar la brecha de desigualdad. Adicionalmente, la mejor forma de impulsar el crecimiento económico y el desarrollo local pasa por el impulso activo a la inversión en obra pública que al ser complementaria entre los actores económicos y la sociedad civil genera un ecosistema emprendedor virtuoso donde se detona el desarrollo económico.

En México, los recursos públicos que se destinan a los municipios no brindan carta libre para su ejecución, en el caso de los municipios, la fracción III del artículo 115 constitucional señala que deben ser destinados a funciones y servicios públicos específicos, como

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público;

c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

d) Mercados y centrales de abasto;

e) Panteones;

f) Rastro;

g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;

h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e

i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

Y aunque en su ejercicio deben cumplir lo señalado en el artículo 134 constitucional:

Los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

La realidad es que las mayores y más apremiantes necesidades se correlacionan con inseguridad y marginación, además, por la forma en que se distribuyen las participaciones, estas se concentran en los municipios urbanos de alta densidad poblacional y consecuentemente los municipios pequeños no cuentan con los recursos suficientes para cumplir con sus funciones ni con la provisión de servicios públicos que establece el artículo 115 constitucional.

Hidalgo, Nuevo León, es de pequeña extensión territorial: 170 kilómetros cuadrados. En él residen 13 mil 836 personas que habitan en 5 mil 250 viviendas. De ellas, 94.65 por ciento tiene electricidad; 91.21, agua entubada; 93.20, excusado o sanitario; 73.69, radio; 92.21, televisión; 90.83, refrigerador; 79.35, lavadora; 55.82, automóvil; 26.81, computadora personal; 30.25, teléfono fijo; 71.22, teléfono celular; y 17.89, internet.

En 2018, la Ley de Ingresos Municipal de Hidalgo señala ingresos totales por 75 millones 418 mil pesos para el ejercicio. Los municipios de similar tamaño poblacional como General Terán o China tienen ingresos de 150 millones 983 mil pesos y 133 millones 15 mil pesos, respectivamente. Lo anterior implica que la disposición presupuestal por habitantes de China es de 12 mil 276 pesos, 10 mil 205 para General Terán y de sólo 5 mil 451 pesos en Hidalgo. Lo anterior es un asunto atípico que merma las posibilidades de desarrollo de Hidalgo, Nuevo León.

En la exposición de motivos de la llamada “Iniciativa para fortalecer el federalismo fiscal” que el Ejecutivo federal presentó ante la Cámara de Diputados en 2007, dando origen a las modificaciones de la Ley de Coordinación Fiscal, se argumentó que para modernizar el Pacto Fiscal se requería que contara con mejores incentivos para fortalecer la hacienda pública de los tres órdenes de gobierno. A una década de su implementación tales objetivos no se han cumplido, la nueva fórmula de repartición de las participaciones federales en lugar de premiar a las entidades federativas por su esfuerzo recaudatorio hace que el tamaño poblacional sea el principal componente explicativo de los montos entregados (Arrechederra, F.; y Urzúa, C., La Ley de Coordinación Fiscal en México: una crítica aritmética (8 de octubre de 2018, https://ideas.repec.org/p/ega/docume/201602.html). Ello deja a los municipios de baja población, como Hidalgo, en evidente desventaja.

Esta proposición también forma parte del esfuerzo por promover el desarrollo regional, los municipios deben contar con mecanismos de acción presupuestaria para impulsar el desarrollo. En vista de lo anterior, considero prioritario que la Cámara de Diputados exhorte al Ejecutivo federal a destinar recursos por un monto de 20 millones de pesos al ayuntamiento de Hidalgo, Nuevo León, para inversión en obra pública.

Por lo fundado y motivado someto a consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a revisar los proyectos de inversión solicitados por el ayuntamiento de Hidalgo, Nuevo León, destinados a promover el progreso social en dicho municipio; y en su caso, se le brinden los folios correspondientes.

Dado en la sede de la Cámara de Diputados, a 27 de noviembre de 2018.

Diputada Laura Érika de Jesús Garza Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de dar respuesta oportuna a las solicitudes del permiso general para la compra, el almacenamiento, la venta o el consumo de artificios pirotécnicos remitidos por los comerciantes del tianguis de pirotecnia San Pablito, en Tultepec, México, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El uso de fuegos artificiales en las celebraciones nacionales forma parte de nuestra identidad como mexicanos. Son tradiciones que nos han legado prestigio y distinción dentro del contexto internacional, una de las más importantes tiene que ver con la pirotecnia, la que representa la principal actividad económica y cultural del municipio de Tultepec, en el estado de México.

La pirotecnia es factor de comunión y unidad familiar que por generaciones se reproducen, y en la actualidad este oficio es la única fuente de ingresos para gran parte de la población o el complemento al salario de otros tantos.

Lo anterior, nos constriñe en la obligación permanente de garantizar que las actividades relacionadas con dicho sector productivo se lleven a cabo con plena observancia y cumplimiento al marco normativo vigente en la materia.

El estado de México es una entidad federativa en la que se estima que en más de 72 municipios existe presencia de fabricantes de pirotecnia constante y 53 con actividad temporal. Cabe destacar que en el estado de México se produce el 60 por ciento de la pirotecnia a nivel nacional.1

En este orden de ideas, nos preocupa el caso particular del tradicional tianguis de pirotecnia de San Pablito, en Tultepec, del cual dependen directamente 300 familias -y otros cientos más indirectamente- de la comercialización de fuegos artificiales, quienes ven mermadas sus opciones de sustento diario así como de desarrollo, al no contar con los permisos de funcionamiento toda vez que a la fecha cumplen cabalmente con los requisitos solicitados para el mismo.

En este sentido, a decir del director del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, Derek Isaac Cancino Aguilar, se concluyó a mitad del presente año con los procesos correspondientes para tramitar como si fuera la primera vez el permiso de funcionamiento.

Por otro lado, el propio funcionario calificó al tianguis de la pirotecnia de San Pablito como el “más importante” por la cantidad de producto que se comercializa, así como por su ubicación geográfica y una gran concentración de artesanos.2

Para poner en relieve la magnitud del presente asunto, cabe mencionar que de acuerdo a cifras del Inegi Tultepec tiene 131 mil 567 habitantes,3 de los cuales, más del 65 por ciento depende de la pirotecnia. En este orden de ideas, si tenemos en cuenta que el tianguis de pirotecnia San Pablito se constituye como el principal centro del desarrollo regional, las autoridades responsables estarían obligadas a potencializar con protocolos que garanticen la seguridad de las personas que allí se desenvuelven.4

En este orden de ideas, un aspecto medular alrededor de la pirotecnia en México y en entidades como el estado de México, es la prevención, elemento que a su vez tiene como base protocolos, medidas y recomendaciones de seguridad encaminadas a inhibir accidentes que deriven en menoscabo a la salud e integridad de la población, como es el caso de quemaduras (por cohetes, pólvora y fuegos artificiales) o bien, afectaciones ocasionadas por los altos índices de contaminación que pueden llegar a producir con un manejo y control inadecuado.

En el Partido del Trabajo estamos a favor de preservar la pirotecnia nacional, porque además de ser el sustento de miles de familias, forma parte de nuestra identidad y riqueza cultural. Pero también estimamos de la máxima importancia garantizar condiciones de seguridad en la fabricación, uso, venta, traslado, almacenamiento, exhibición y por supuesto, quema de fuegos artificiales.

Para ponderar la pertinencia de las acciones planteadas en el presente asunto, es oportuno referir que las consecuencias por accidentes relacionados con el manejo inadecuado de la pirotecnia van desde quemaduras leves, hasta pérdida o daño permanente de extremidades, e incluso, en fallecimientos.

A través de la presente proposición con punto de acuerdo, se busca que en el marco de sus respectivas atribuciones, la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno del estado de México resuelvan las solicitudes del permiso general para la compra, almacenamiento, venta y/o consumo de artificios pirotécnicos que le han sido remitidos por los comerciantes del mercado de pirotecnia de San Pablito, en Tultepec, para que la economía de éstos no sea vulnerada.

Cabe recordar que es atribución exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) otorgar permisos para elaborar, almacenar, transportar, vender y quemar artificios pirotécnicos5 a través de la expedición del permiso general y/o el extraordinario.6

En el caso del estado de México, para la gestión de dichos permisos, se requiere presentar documentos emitidos por instancias municipales y estatales reguladas por el gobierno del estado de México, a través de la Coordinación General de Protección Civil, en conjunto con el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia.

En este sentido, llama la atención que desde el año 2016 el gobierno del estado de México ha retrasado las acreditaciones y permisos necesarios para que la Sedena otorgue los permisos respectivos, impactando en las ventas de los productores y comerciantes de Tultepec, mismas que han sido afectadas hasta en un 80 por ciento.

Ante ello, durante el mes de septiembre del presente año, los representantes de los productores y comerciantes consiguieron un acuerdo para poder comercializar sus productos durante las fechas patrias y en la temporada decembrina, fechas en las que se presentan la mayor demanda de estos productos.

No obstante, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que la fuente de ingreso de las familias que dependen de la pirotecnia no debe estar sometida a negociaciones coyunturales, sobre todo si los productores y comerciantes cumplen y están en disposición de acatar las medidas que garanticen la seguridad. Esto ha causado un golpe muy fuerte para la economía del municipio donde tengo el honor y la responsabilidad de representar a una población de más de 130 mil habitantes7 (casi 40 mil personas se dedican a la elaboración de productos pirotécnicos).8

Tultepec es uno de los municipios con niveles de marginación y pobreza muy marcados. Por si esto no fuera suficiente, con la falta de una política pública que brinde la oportunidad de incrementar su potencial económico por su perfil de gran productora artesanal de pirotecnia con reconocimiento a nivel mundial, no sólo se está cerrando la posibilidad de dar sustento y opciones de desarrollo a miles de familias y de seguir abonando a una de las principales atracciones turísticas que representa la pirotecnia de Barrios y Pueblos del país, sino que también se está dando pie a la consolidación del contrabando de pirotecnia proveniente de China.

Ante este panorama, los integrantes del Grupo Parlamentario del PT hacemos el llamado a que el Congreso de la Unión contribuya a salvaguardar nuestras tradiciones, como lo es la pirotecnia motor de la economía en el municipio de Tultepec, sin dejar de lado la salvaguarda de la integridad y vida de la población.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y al gobierno del estado de México para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, lleven a cabo las acciones necesarias para dar respuesta oportuna a las solicitudes del permiso general para la compra, almacenamiento, venta y/o consumo de artificios pirotécnicos que le han sido remitidos por los comerciantes del tianguis de pirotecnia de San Pablito, en Tultepec, estado de México, en virtud de que el retraso en la entrega de estos permisos ha tenido como consecuencia graves afectaciones a la economía familiar de quienes se dedican a esta actividad productiva.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y en coordinación con las autoridades del gobierno del estado de México y los representantes de los vendedores de pirotecnia de la entidad, fortalezca los protocolos para garantizar la seguridad de los productores, comercializadores y consumidores de artesanías pirotécnicas, así como coadyuven al fortalecimiento de los protocolos de seguridad de los comerciantes del tianguis de pirotecnia San Pablito, en Tultepec, estado de México.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo Estatal de Protección Civil del estado de México para que, en el marco de sus atribuciones, fortalezca las medidas y acciones en materia de prevención de accidentes y quemaduras por cohetes, pólvora y fuegos artificiales en la entidad, con énfasis en el tianguis de pirotecnia San Pablito, en Tultepec, estado de México, a fin de salvaguardar la seguridad de la población.

Notas

1 Importancia Social y económica de la Pirotecnia en México, <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/269970/1_IMPORTANCIA _PIROTECNIA_RODARTE.pdf> Consultado el 8 de noviembre de 2018.

2 “Sin fecha de reapertura para tianguis de San Pablito”,

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sin-fecha- de-reapertura-para-tianguis-de-san-pablito, Consultado el 21 de noviembre de 2018

3 Inegi,
http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15 #tabMCcollapse-Indicadores, Consultado el 21 de noviembre de 2018

4 Programa Anual de Trabajo 2018–2019, de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres, aprobado el día 21 de noviembre de 2018.

5 En el párrafo segundo y tercero del artículo 37 de la Ley Federal de Armas y Explosivos se establece que:

El control y vigilancia de las actividades y operaciones industriales y comerciales que se realicen con armas, municiones, explosivos, artificios y substancias químicas, será hecho por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los permisos específicos que se requieran en estas actividades serán otorgados por la Secretaría de la Defensa Nacional con conocimiento de la Secretaría de Gobernación y sin perjuicio de las atribuciones que competan a otras autoridades.

6 El artículo 42 de la Ley Federal de Armas y Explosivos señala lo siguiente:

Los permisos específicos a que se refiere el artículo 37 de esta Ley, pueden ser:

I. Generales, que se concederán a negociaciones o personas que se dediquen a estas actividades de

manera permanente;

II. Ordinarios, que se expedirán en cada caso para realizar operaciones mercantiles entre sí o con comerciantes de otros países, a las negociaciones con permiso general vigente, y

III. Extraordinarios, que se otorgarán a quienes de manera eventual tengan necesidad de efectuar alguna de las operaciones a que este Título se refiere.

7 Inegi, en:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15 #tabMCcollapse-Indicadores

8 Tultepec y su explosiva industria de 300 millones de pesos, en: https://www.forbes.com.mx/tultepec-y-su-explosiva-industria-de-300-mill ones-de-pesos/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las acciones para garantizar la salud de los integrantes de la caravana migrante, a cargo de la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Maiella Gómez Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, así como el artículo 79, numeral 1, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco internacional de los derechos humanos no existe una definición estricta de “migración en tránsito”, sin embargo, puede conceptualizarse como: “la estancia temporal de los migrantes en uno o varios países, con objeto de llegar a otro destino definitivo.”1

Atendiendo a dicha definición, es importante subrayar que el elemento de temporalidad es indefinido, no puede calificarse de breve, o largo, y es el tiempo de permanencia en un lugar particular, entre otros, un factor que aumenta o disminuye el riesgo de los migrantes a sufrir una serie de atentados y abusos contra sus derechos humanos, ya sea porque hayan caído en la miseria, discriminación y abuso basado en género, o hayan quedado “desamparados” por carecer de protección jurídica y no puedan obtenerla del país de tránsito o no deseen obtenerla.2

Como contexto internacional, previo estudio del tema que nos ocupa, en la Región de las Américas el número de migrantes transfronterizos aumentó entre 2000 y 2015 en un 36%, para situarse en 63,7 millones; el número de desplazamientos internos ascendió a 7,1 millones, protagonizada mayormente por niños no acompañados que huyen de situaciones de violencia.3

Ahora bien, el pasado 13 de octubre de 2018, aproximadamente 1.600 migrantes partieron de San Pedro Sula, Honduras hacia la frontera de México, con la finalidad de llegar a Estados Unidos. Al llegar a la frontera entre Guatemala y México sumaban cerca de 4.000. Con el paso de los días, más personas se han ido integrando a este fenómeno conocido ya como “caravana migrante” y diversas fuentes, como la Organización de Naciones Unidas (ONU), señalan que actualmente suman alrededor de 7.000 personas, entre las cuales también se encuentran guatemaltecos y salvadoreños.4

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) ha manifestado su preocupación respecto los migrantes que se encuentran en situación irregular, es decir, sin reconocimiento de estancia legal en nuestro país y en los que se encuentran aquellos provenientes de Honduras, toda vez que la clandestinidad les sitúa en una condición de vulnerabilidad que impide disfrutar de los derechos que toda persona en nuestro país, sin distinción, tiene reconocidos, con especial atención a grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad y víctimas de delitos.5

La situación de vulnerabilidad puede entenderse, en una de sus vertientes, como una mayor probabilidad de una persona de sufrir una restricción o impedimento en el disfrute de un derecho. En el caso particular de los migrantes, el miedo a ser denunciado y consecuentemente deportado constituye un elemento subjetivo que les inhibe el acudir, ej. a realizar una denuncia a instituciones de seguridad pública por algún delito del que se fue probable víctima, o bien, acudir a instalaciones del Sector Salud o particulares para atender una cuestión médica; son mucho más propensos que el resto de la población a la discriminación y a la marginación.6

En la misma línea de razonamientos, acorde a datos de la Organización Mundial de la Salud, los problemas en el rubro más frecuentes entre los migrantes son las lesiones accidentales, la hipotermia, las quemaduras, los accidentes cardiovasculares, la diabetes y la hipertensión, trastornos psicosociales, uso de drogas, trastornos nutricionales, alcoholismo y exposición a la violencia, y el problema principal para combatir dichas enfermedades es la interrupción de la atención profesional, ya sea por obstáculo para acceder a ella o por ser deficientes.7

Es así que la resolución 29/2 del Consejo de Derechos Humanos solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) que presentase al Consejo, antes de su 31er período de sesiones, un estudio sobre la situación de los migrantes en tránsito, incluidos los niños y los adolescentes no acompañados, así como las mujeres y las niñas, en consulta con los Estados y otras partes interesadas, entre ellas las organizaciones regionales y de la sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos.8

En estrecha relación a lo previo, el ACNUDH publicó diversas recomendaciones de principios y lineamientos que debe seguir México en materia de salud migratoria9 consistentes, esencialmente, en proveer atención médica y revisiones generales idóneas, sobre todo de enfermedades transmisibles como prioridad, colocando personal médico capacitado en las zonas de geográficas de acceso migratorio.10 En términos de la Organización Mundial de la Salud:11

“Un acceso rápido a la atención de salud puede comportar la curación del enfermo y evitar la propagación de enfermedades; por lo tanto, interesa tanto a los migrantes como al país receptor velar por que la población residente no se vea innecesariamente expuesta a la importación de agentes infecciosos. Asimismo, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades no transmisibles, como la diabetes y la hipertensión, pueden evitar que las afecciones vayan a más y que pongan en peligro la vida del enfermo.”

Dentro de este universo de atención médica, se urge, además, a garantizar medidas de protección a grupos vulnerables, esencialmente a niños y mujeres. Los primeros por generalmente viajar solos, su prevalencia a infecciones agudas y nula vacunación médica oportuna,12 y los segundos, toda vez que este grupo se enfrenta recurrentemente dificultades propias de su sexo, sobre todo en el ámbito de la salud materna, sexual y reproductiva, así como la violencia; debe garantizarse atención especializada de salud maternal, pre y post natal, emergencias obstétricas, entre otras de la misma esfera.13

Por otra parte, del estudio de los recientes hechos suscitados en la materia, sobre todo los distintos posicionamientos entre los gobiernos de las entidades federativas y federación, resulta evidente que existen áreas de fortaleza en el sistema de coordinación de la migración desde una óptica de derechos humanos que permita proteger en mayor medida los derechos de los migrantes en tránsito hacia Estados Unidos.

En respuesta al fenómeno migratorio objeto de esta proposición, la Secretaría de Gobernación publicó el 17 de octubre un comunicado de contenido siguiente:14

(...)

Segundo. Toda persona que ingrese a territorio nacional y desee solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado o ser beneficiario de medidas de protección complementaria, deberá hacerlo individualmente, de conformidad con la legislación vigente.

La Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiados es la institución encargada de procesar y analizar dichas solicitudes. La legislación nacional vigente establece un periodo de hasta 45 días hábiles, prorrogables por un periodo igual, para resolver sobre las solicitudes. Durante este tiempo el solicitante deberá permanecer en una estación migratoria, a cargo del Instituto Nacional de Migración.

(...)

Simultáneamente, de manera conjunta, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación emitieron comunicado el pasado 20 de octubre de 2018, donde informaron:15

“Se canalizó de manera ordenada y segura a 640 personas a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, dando prioridad a grupos familiares, en particular con niños, niñas, adolescentes, mujeres, mujeres embarazadas y adultos mayores. Estos migrantes expresaron su interés de solicitar refugio y han sido trasladados a una instalación mexicana destinada para atenderlos por el INM en Tapachula, Chiapas. Personal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha acompañado las labores del INM y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), para la atención oportuna de este grupo.

(...)

Las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores agradecen la asistencia y el apoyo que organizaciones de la sociedad civil y otras como la Cruz Roja Mexicana, han ofrecido a los migrantes. Ambas dependencias continuarán coordinando esfuerzos con dichos actores, así como con las dependencias federales y los gobiernos estatales y municipales que asisten a la población migrante en territorio mexicano.”

Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una solicitud a entidades federativas y federación para que implementen medidas cautelares y humanitarias para la protección y auxilio inmediato a niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores, con discapacidad y a quienes requieran atención especial entre quienes participan en el fenómeno migratorio multicitado.16

Como se advierte, existe certeza de que se han realizado acciones en materia de protección a los derechos de los migrantes, sobre todo de la salud, pero no existe constancia ni estadística que exponga que las necesidades sanitarias fundamentales de los migrantes sean atendidas de forma adecuada, lo que plantea preocupación con respecto a la equidad, la cohesión social y la integración de aquellos.

En tal virtud, en términos de las atribuciones así plasmadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se solicita a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Salud Federal, así como a sus homólogas en las Entidades Federativas, primero, a que informen de manera clara, precisa y suficiente, qué tipo de servicios de salud se ofrecen a los migrantes en tránsito; una estadística que permita conocer cuántos beneficiarios migrantes existen en materia de servicios de salud, así como su distinción por grupo (mujeres, niños, tercera edad), y los esquemas de coordinación y/o colaboración generados para tal efecto. Segundo, a que se refuercen todas las actividades tendientes a la garantía de los derechos de los migrantes en tránsito en nuestro país, en apego a un principio de prevención que debe regir en la protección de los derechos fundamentales de toda persona.

El requerimiento se sustenta, fundamentalmente, en que el Estado Mexicano debe guiar su actuar garante conforme a dos principios universalmente reconocidos en la materia: principios de precaución y prevención. El primero conduce a un accionar destinado a evitar o disminuir riesgos ciertos; hay identificación plena del factor que produce el daño (migración irregular) y de este (daño a la salud); en cambio, el principio precautorio se aplica a los riesgos inciertos, es decir, se desarrolla dentro de un espectro de incertidumbre en cuanto a la existencia y consecuencias de una conducta o actividad determinada en materia de migración irregular, por lo que la elección de las acciones preventivas, como el refuerzo del despliegue de servicios de salud, se lleva a cabo a partir de la evidencia científica existente sobre los posibles impactos de aquella.17

Por lo manifestado, someto a consideración de esta H. Soberanía el siguiente exhorto de urgente resolución:

Proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Salud, y a sus homólogas en las entidades federativas, a que, en el ámbito de su competencia, refuercen e informen las acciones realizadas para garantizar la salud de los integrantes de la caravana migrante, especialmente las dirigidas a grupos vulnerables, suscrito por la diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Salud Federal, así como a sus homólogas en las Entidades Federativas:

1. A que hagan público e informen de manera clara, precisa y suficiente, qué tipo de servicios de salud se ofrecen a los migrantes en tránsito; una estadística que permita conocer cuántos beneficiarios migrantes existen en materia de servicios de salud, así como su distinción por grupo y los esquemas de coordinación y/o colaboración generados para tal efecto.

2. A que se refuercen todas las actividades tendientes a la garantía de los derechos de los migrantes en tránsito en nuestro país, sobre todo las dirigidas a grupos de población migrante vulnerable.

Notas

1 Organización de las Naciones Unidas. Situación de los migrantes en tránsito: Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Publicado en el 31er periodo de sesiones del Consejo de derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 27 de enero de 2016. P. 3 [Consúltese en: http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10356.pdf]

2 Consejo de Europa, Asamblea Parlamentaria, “Countries of transit: meeting new migration and asylum challenges”, Informe (Doc. 13867), 11 de septiembre de 2015. “El Consejo señala que los países que reciben migración en tránsito, de la forma que sea, rara vez, si acaso alguna, son exclusivamente “países de tránsito”, muchos son también países de destino y/o de asilo (pág. 3)” Así citado en Organización de las Naciones Unidas. Situación de los migrantes en tránsito: Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Publicado en el 31er periodo de sesiones del Consejo de derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 27 de enero de 2016. P 4 [Consúltese en: http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10356.pdf]

3 Organización de las Naciones Unidas. Situación de los migrantes en tránsito: Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Publicado en el 31er periodo de sesiones del Consejo de derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 27 de enero de 2016. [Consúltese en:

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10356 .pdf]

4 Victorio, R. (2018). 10 claves para entender la caravana de migrantes que se dirige a EE.UU. [online] Russia Today. Disponible en: https://actualidad.rt.com/actualidad/293231-claves-entender-caravana-mi grante-eeuu [consultado el 24 oct. 2018].

5 Derechos humanos de las personas migrantes que transitan por México. (n.d.). [ebook] México: Instituto Nacional de Migración. Disponible en: http://www.inm.gob.mx/static/pdf/DH_PERSONAS_MIGRANTES_TRANSITAN_MEXICO .pdf [Consultado el 24 oct. 2018].

6 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2018). Migraciones y derechos humanos. [online] Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Migrants/Pages/MigrationAndHumanRightsI ndex.aspx [Consultado el 24 oct. 2018].

7 Organización Mundial de la Salud. (2017). Preguntas frecuentes sobre salud y migración. [online] Available at:

http://www.who.int/features/qa/88/es/ [Consultado el 25 oct. 2018].

8 Organización de las Naciones Unidas. Situación de los migrantes en tránsito: Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Publicado en el 31er periodo de sesiones del Consejo de derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 27 de enero de 2016. P.19 [Consúltese en: http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10356.pdf]

9 Recommended principles and guidelines on human rights at international borders. (2014). [online] Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pp.25, 31, 35. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/OHCHR_Recommended_Prin ciples_Guidelines.pdf [Consultado 26 oct. 2018].

10 Guideline 5: Human rights in the context of immediate assistance States and, where applicable, international and civil society organizations, should consider:

(...)

2. Providing individual health and medical screenings as a matter of priority. Competent medical staff should be present at the point of rescue or interception, or disembarkation for migrants at sea, to carry out screenings and refer persons for further medical attention including mental health referrals where appropriate.

(...)

11 Organización Mundial de la Salud. Op. Cit. Respuesta a la pregunta: ¿Qué tipo de acceso a la atención de salud recomienda la OMS para refugiados y migrantes?

12 Daniela Reale, “Protecting and supporting children on the move: Translating principles into practice” en Children on the Move (Ginebra, OIM, 2013), págs. 67 y 68. Así citado en Organización de las Naciones Unidas. Op. Cit. P. 6

13 Guideline 7: Identification and referral states and, where applicable, international and civil society organizations, should consider9: Identifi cation and referral of migrants who may be at particular risk at international borders.

(...)

6. Ensuring that measures taken in respect of women who are pregnant, new and/or breastfeeding mothers include access to maternal health services, pre- and post-natal care, emergency obstetric services and access to sexual and reproductive health information and services.

(...)

Guideline 8: Avoiding detention states and, where applicable, international and civil society organizations, should consider10: Prohibition of arbitrary detention

(...)

13. Providing migrants in detention with unconditional access to adequate medical and health care. Such care should be age, gender, culturally and linguistically appropriate and provided by qualified staff whose primary role is to ensure the health of persons in detention. Persons with specific health needs, including those related to pre- and post-natal care, HIV and mental health, should receive appropriate care.

(...)

14 Secretaría de Gobernación. Medidas del gobierno de México ante la eventual llegada a la frontera sur de la caravana de migrantes hondureños. Comunicado oficial publicado en portal electrónico el 17 de octubre de 2018. Consultado el 2 de noviembre de 2018 Consúltese: https://www.gob.mx/segob/prensa/medidas-del-gobierno-de-mexico-ante-la- eventual-llegada-a-la-frontera-sur-de-la-caravana-de-migrantes-honduren os-178838

15 Secretaría de Gobernación. Ayuda humanitaria, una de las prioridades en la atención a migrantes centroamericanos. Comunicado oficial publicado en portal electrónico el 20 de octubre de 2018. Consultado el 4 de noviembre de 2018 Consúltese: https://www.gob.mx/segob/prensa/ayuda-humanitaria-una-de-las-prioridade s-en-la-atencion-a-migrantes-centroamericanos-179217?idiom=es

16 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Solicita CNDH medidas cautelares y humanitarias, para la protección y auxilio de personas en contexto de migración, en especial de los grupos vulnerables que participan en la “caminata del migrante”. Comunicado de Prensa DGC/312/18, publicado en Ciudad de México, a 17 de octubre de 2018. Consultado el 1 de noviembre de 2018.

Recuperado de: http://cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_312.pdf

17 Época: Décima Época. Registro: 2011357. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, abril de 2016, Tomo III. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.3o.A.17 A (10a.). Página: 2507 Medio ambiente. características de los principios de prevención y precautorio, aplicables a los riesgos en esa materia.

Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la explotación de recursos naturales en Tlatlauquitepec, Puebla, violatoria de los derechos humanos de los ciudadanos, a cargo del diputado David Bautista Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado David Bautista Rivera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con puntos de acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

El estado de Puebla es conocido en el país por su amplia diversidad cultural, así como por ser un estado con un extenso ecosistema vegetal y natural, casi como todos los estados del sureste mexicano, que es deseado y anhelado por grandes empresarios nacionales y extranjeros por su alta riqueza natural.

Sin embargo, el actual sistema económico, aunado a la reforma energética implementada en 2014 en nuestro país, permite la implementación de proyectos extractivos o los llamados popularmente “Proyectos de muerte”, tales como minería a cielo abierto, hidroeléctricas, gasoductos, parques eólicos, parques geotérmicos, y los pozos de explotación de fracking . Esa situación ha provocado múltiples violaciones a derechos humanos y ha generado graves riesgos de destrucción del medio ambiente.

Puebla es uno de los principales destinos para empresas transnacionales, mismas que llegan, expropian, explotan y deterioran las condiciones de vida y el ecosistema poblano. Cabe señalar que los grupos directamente afectados son los habitantes de la Sierra Norte de Puebla, de manera concreta quienes se encuentran en municipios como Hueyapan, Tlatauquitepec, Teziutlán, Zaragoza, Cuetzalan del Progreso, entre otros, mismos que se reconocen como municipios con población mayoritariamente indígenas.

En 2012, la minera Autlán, SA de CV, requirió ante la Secretaría de Medio Ambiente y de Economía el uso de suelo en la Sierra Norte, para realizar exploraciones en terrenos ubicados en la zona limítrofe de Cuetzalan y Zautla. Aunque en un principio la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó el permiso para la instalación del proyecto “El Aretón”, a fines de 2013 este proyecto de exploración fue aprobado. De acuerdo con la aprobación del expediente “21PU2013MD021” en julio de 2013 y publicado en noviembre del mismo año en la Gaceta Ambiental, los trabajos de exploración se realizarían mediante barrenación a diamante en terrenos ubicados en la zona limítrofe de Cuetzalan y Zautla. La actividad minera amenaza a la Reserva de Bosque Mesófilo de Montaña más grande de la Sierra Nororiental Poblana.

Se debe recordar que el artículo primero constitucional señala que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Los derechos humanos afectados por las concesiones a las empresas como grupo Ferrominero. SA de CV, Compañía Minera Autlán, Minas Santa Martha, SA de CV, José Humberto Canal Castellanos y Socio, Real de Gemas SA de C, Víctor Manuel Animas Arellano, entre otras, las cuales al llevar a cabo sus actividades violan los derechos a la propiedad, la salud, el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente saludable, derecho de los pueblos a la paz, derecho de los pueblos a gozar y disponer plenamente de sus recursos naturales y derecho de los pueblos a la autodeterminación.

En el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a que estos sean consultados acerca de ese tipo de inversiones.

En virtud de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación –de forma enunciativa mas no limitativa– señala una serie de situaciones genéricas consideradas de impacto significativo para los grupos indígenas, razón suficiente para la procedencia de la aplicación de la consulta en situaciones como: 1) la pérdida de territorios y tierra tradicional; 2) el desalojo de sus tierras; 3) el posible reasentamiento; 4) el agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural; 5) la destrucción y contaminación del ambiente tradicional; 6) la desorganización social y comunitaria; y 7) los impactos negativos sanitarios y nutricionales, entre otros.

Además, el artículo segundo de la Carta Magna señala el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y autonomía, para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, así como conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras. Esto implica, por parte de las autoridades, determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Asimismo, México se ha comprometido a respetar el Convenio Número 169, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que obliga a realizar consultas libres e informadas para llevar a cabo acciones que afecten las condiciones de vida de sus pueblos.

Por lo anterior, en el municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, surge en enero de 2014 una organización de vecinos con el apoyo y asesoría del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales (Cupreder), ante la preocupación de la aprobación de actividades mineras e hidroeléctricas en la región. En conjunto, se crea un estudio técnico sobre el uso de suelo del municipio, con información e identificación de un total de 53 zonas de atención territorial, con la finalidad de salvaguardar la vida y los recursos naturales.

Desde el tres de abril de 2014, se ha solicitado al ayuntamiento municipal que tiene la administración, dé respuesta a las inquietudes de los afectados. Aunque el estudio técnico acompañado con más de 3 mil firmas fue recibido, hasta el momento no ha tenido respuesta.

Por lo expuesto, se propone los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al Gobierno Federal, para que suspenda todas las concesiones y proyectos de explotación de recursos naturales en el municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, hasta en tanto se lleven a cabo las consultas amplias e informadas a las Comunidades, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Segundo. Se exhorta al gobierno federal, para que asuma las conclusiones del estudio técnico que realizó el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, que permitió identificar 53 zonas de atención territorial, con los riesgos que representa para la comunidad el hacer un uso indebido de las mismas.

Tercero. Se exhorta al Presidente municipal entrante de Tlatlauquitepec, Puebla, para que asuma la defensa de los ciudadanos que han sido afectados en sus derechos humanos por las concesiones a las empresas como grupo Ferrominero, SA de CV, Compañía Minera Autlán, Minas Santa Martha, SA de CV, José Humberto Canal Castellanos y Socio, Real de Gemas, SA de C, Víctor Manuel Ánimas Arellano, entre otras, las cuales al llevar a cabo sus actividades violan los derechos a la propiedad, a la salud, el derecho a la seguridad e integridad personal, el derecho a la vida, el derecho a un medio ambiente saludable, derecho de los pueblos a la paz, derecho de los pueblos a gozar y disponer plenamente de sus recursos naturales y derecho de los pueblos a la autodeterminación.

Cuarto. Se exhorta al presidente municipal entrante de Tlatlauquitepec, Puebla, atienda a la solicitud realizada por los afectados para que, con fundamento en lo establecido en los artículos primero, segundo, octavo y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les proporcione en todo tiempo la protección más amplia a sus derechos humanos, de manera específica el derecho de los pueblos a la autodeterminación.

Ciudad México, a 27 de noviembre de 2018.

Diputado David Bautista Rivera (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las tasas del IEPS aplicado a gasolinas, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en ejercicio de sus atribuciones, establezca la reducción en un 50 por ciento a las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a gasolinas, en el proyecto de la Ley de Ingresos que será parte del Paquete Económico 2019, que en su momento presentará el titular del Ejecutivo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En Estados Unidos, los precios de la gasolina han tenido una tendencia a bajar en un espacio de seis años, caso contrario a lo que sucede en México, donde subieron 64 por ciento durante el mismo período, y con una tendencia a incrementarse de forma constante en los próximos años.

Los subsidios a la gasolina son una mala política económica. Llenan los bolsillos de los ricos más que los pobres, y fomentan el uso excesivo de combustible fósil. Si revisamos los costos de los combustibles en México encontramos la siguiente información al 19 de octubre del 2018:

1. El precio más alto para la Premium en todo el país es de 22.69 pesos, y para la Magna es de 21.40, en el municipio de Mascota, Jalisco.

2. En tanto, el diésel se vende en un máximo de 22.06, en San Martín de Bolaños, Jalisco.

3. El precio más bajo para la Premium es de 17.16, en Juárez, Chihuahua; para la Magna es de 15.19 en Matamoros, Tamaulipas, y para el diésel es de 18.99, en Minatitlán, Veracruz.1

En promedio, los precios de los combustibles en todo el país se establecen en:

Premium: $20.92 por litro

Magna: $19.38 por litro

La movilidad del precio de la gasolina se da por que se incluyen impuestos también, dado que el combustible es un producto altamente gravado por las autoridades.

Dentro del precio de la gasolina al público está incluido el IVA, el impuesto al valor agregado, y junto a él está el IEPS (impuesto especial sobre productos y servicios), así ambos conforman parte del precio al público.

Resulta muy interesante ver como los precios internacionales del petróleo y sus derivados se han estabilizado, lo que ha generado una tendencia a la baja en los precios de los combustibles en el país vecino del norte, los Estados Unidos. Sin embargo, en nuestro país, estas tendencias no se han visto reflejadas en los precios de la gasolina y el diésel. Muy por el contrario, la gasolina va a la alza en nuestro país.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿Por qué en nuestro país no se refleja esa tendencia a la baja? La respuesta tiene que ver con los componentes que forman los precios de las gasolinas en nuestro país, en donde toman como precios de referencia, el WTI y el Brent, es solo una parte de lo que compone el precio total de la gasolina en nuestro país. El precio se compone de distintas variables: precio de referencia, margen de refinación, logística (transporte), ajuste por calidad, Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS), IVA y IEPS de entidades federativas.2

En el caso de los precios de referencia, estos se mantienen fluctuantes día con día, por lo que factores como el tipo de cambio y el precio del petróleo afectan este componente. Asimismo, el IEPS ha funcionado como amortiguador y estabilizador del precio, ya que a pesar de que se estableció que quedaría fijo este año, el gobierno sigue interviniendo en el mercado vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), debido a las fluctuaciones en el tipo de cambio y en los precios de referencia, ¿cómo lo hace?

La respuesta: Baja los impuestos (estímulo fiscal) cuando la tendencia es alcista y los sube cuando bajan, es por eso que no hay grandes movimientos en los precios hacia arriba o hacia abajo.3

A pesar de que el IEPS, los precios de referencia y el tipo de cambio se han estabilizado, el precio de la gasolina en nuestro país no baja. Estos aumentos tienen que ver con la falta de infraestructura de almacenamiento, la capacidad de refinación para petrolíferos, la regulación del mercado y sus condiciones de competencia.

Debemos considerar que los precios de futuros para el petróleo y sus derivados tienen una tendencia alcista, por lo tanto, todavía no hay incentivos para que bajen los precios de manera significativa y por ello debemos solicitar de manera inmediata la reducción del IEPS a la gasolina y el diésel, ya que el precio hasta ahora se ha mantenido de una manera artificial.

En este trabajo parlamentario se solicita al gobierno federal que abandone la política de “estímulos” al IEPS de combustibles y establezca una cuota fija que garantice que no haya pérdida recaudatoria y así el público pagaría el precio según condiciones de mercado, lo que ocasionaría que habría los respectivos ajustes en la demanda en caso de precios más caros.

Con este exhorto, lo que se busca es que no se vea más afectada la economía de los mexicanos, ya que al incrementarse el costo de los combustibles, suben todos los costos de los productos

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El pleno de esta Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que, en ejercicio de sus atribuciones, elimine definitivamente las tasas del impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a gasolinas, en el proyecto de la Ley de Ingresos que será parte del Paquete Económico 2019, que en su momento presentará el titular del Ejecutivo.

Bibliografía consultada

CEFP (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas), 2017, “Evolución de los precios de las gasolinas en México 2016 – 2017”, México.

CRE (Comisión Reguladora de Energía), 2017, “Retos y avances de la reforma energética: La perspectiva de la CRE”, 29 de marzo.

DOF (Diario Oficial de la Federación), 2016, “Acuerdo por el que se dan a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación”, 27 de diciembre.

Gutiérrez-R., Roberto, 2017, “La simple aritmética de la nueva política de precios de las gasolinas y el diésel”, Economía Informa No. 4014, mayo-junio.

Gutiérrez-R., Roberto (Coordinados), 2017, Presente y Prospectivas de la Reforma Energética de México: una Evaluación Multidisciplinaria, México: UAM - Iztapalapa.

Gutiérrez-R., Roberto, 2017, Reporte macroeconómico de México, Vol. VIII, Núm. 1. México, Enero 2017.

IBD (Instituto Belisario Domínguez), 2017, “Aspectos relevantes para la determinación del precio de la gasolina en 2016 y 2017”, enero.

Reyes Tépach Marcial, 2012, “Impacto económico de los deslizamientos de los precios de las gasolinas y el diésel en México”, Explanans, vol. 1, núm. 2, julio-diciembre.

Notas

1 www.dpuntodata.com.

2 https://petroquimex.com/PDF/NovDic17/Determinacion-del-Precio.pdf

3 https://www.gob.mx/cre/articulos/precios-vigentes-de-gasolinas-y-diesel

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días de noviembre del 2018.

Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y el Inmujeres a promover entre dependencias de la APF y la sociedad civil la incorporación a la campaña HeForShe, a cargo de la diputada Margarita Flores Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Margarita Flores Sánchez, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres a promover entre dependencias de la Administración Pública Federal y la sociedad civil la adhesión a la campaña HeForShe , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La conmemoración del 65 Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en nuestro país represento una fecha para continuar trabajando en impulsar acciones que permitan garantizar a las mujeres pleno goce de sus derechos humanos.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, aprobada en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas, señala como obligación de los Estados Partes, en su artículo 5, inciso a), el “Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”.1

He For She (en español, Nosotros por Ellas) es una campaña de la ONU que menciona como objetivo principal el “invitar a la gente a través del mundo a unirse en una fuerza sólida y visible a favor de la equidad de género”.2 Dicha campaña fue lanzada mediante un discurso ofrecido el día 20 de septiembre de 2014 por la actriz británica Emma Watson, en su papel de embajadora de Buena Voluntad de las Naciones Unidas.3

La campaña HeForShe busca llegar al público con la estrategia Impact 10X10X10, solicitando la ayuda de tres sectores que son bases de la sociedad moderna: gobiernos, universidades y empresas, y desde entonces ha tenido gran éxito en cuanto a adhesiones en México y en sus dos modalidades: individual y colectiva.

Cabe mencionar, que el Ejecutivo federal se sumó a esta iniciativa el 8 de marzo de 2015;4 asimismo, el 22 de febrero del 2106, la Secretaría de Gobernación se suscribió a esta gran campaña, la cual no tiene fines políticos ni de lucro, busca sumar a hombres y niños como agentes de cambio, junto a las mujeres, en pro de la igualdad de género sustantiva.

De acuerdo con datos de ONU Mujeres, en México, para el mes de octubre del 2017, ocupó el tercer lugar entre los países con mayor actividad en la campaña HeForShe , 55 instituciones de gobierno, empresas, museos, fundaciones y universidades mexicanas se sumaron formalmente al movimiento.5

Cabe mencionar que el Instituto Nacional Electoral y los nueve partidos con registro nacional se han sumado a la campaña HeForShe , de cara a las elecciones 2017 y 2018. Entre los compromisos que se adoptaron se encontraba: que los partidos deberían establecer en sus plataformas los derechos humanos de las mujeres; capacitar a todas las candidatas y candidatos en materia de género, igualdad sustantiva y no discriminación; garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos directivos partidistas; así como implementar un protocolo de prevención, atención, sanción y reparación del daño en casos de violencia política contra las mujeres, al interior de los partidos.

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral ha emprendido diversas acciones con el objetivo de garantizar la plena participación política de las mujeres y la prevención de violencia política en su contra.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el presente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de las Mujeres a promover entre dependencias de la Administración Pública Federal y la sociedad civil la adhesión a la campaña HeForShe.

Notas

1 “Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer” Consultado en línea el 21/11/2018: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm

2 “Our mission” Consultado en línea el 21/11/2018:

http://www.heforshe.org/en/our-mission

3 Comunicado de prensa de ONU-Mujeres. Consultado en línea el 21/11/2018: http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/9/20-september-heforshe-pre ss-release

4 Comunicado de prensa de ONU-Mujeres. Consultado en línea el 21/11/2018: http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2015/03/el-pr esidente-de-la-republica-se-une-a-he-for-she

5 Comunicado de ONU Mujeres. Consultado en línea el 21/11/2018:

http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulo s/2017/10/heforshe-partidos-politicos

Dado en la Cámara de Diputados, a los 27 días de noviembre de 2018.

Diputada Margarita Flores Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a evaluar y, en su caso, tomar medidas conducentes a volver eficiente el sistema estatal de transporte público, a cargo de la diputada Carolina García Aguilar, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Carolina García Aguilar, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En mayo de 2013 el gobierno del estado de México implementó el Decálogo del Transporte en el estado de México. Las acciones a emprender de esta estrategia estatal fueron:

1. Servicio de calidad. Mediante capacitación, uniformes y gafetes de identificación y afiliación al IMSS a los trabajadores del volante.

2. Participación ciudadana mediante un 01 800 para quejas y denuncias.

3. Modernización del servicio, mediante estrategias como el prepago, internet inalámbrico en las unidades y un sistema de información de rutas y horarios.

4. Revisión periódica de unidades para abatir accidentes y contaminación se establecerán centros de inspección obligatoria de las condiciones mecánicas de las unidades.

5. Mobiliario urbano multimodal.

6. Instalación de cámaras de videovigilancia y botones de emergencia conectados al sistema 066, ampliación del transporte rosa, intensificar operativos de la policía del transporte estatal.

7. Ampliación del “Mexibus”.

8. Reordenamiento de rutas en el valle de Toluca.

9. Erradicar unidades “piratas”.

10. Foros de consulta para concretar estas acciones.

Una investigación del medio Métrica, periodismo y transparencia (http://metricadigital.com/la-historia-del-desorden-en-transporte-del-e domex) denominada “Historia del desorden en transporte público del estado de México” que se incumplió con el 70 por ciento del decálogo.

Que sólo se cumplieron los puntos 2, o sea el 01 800, la ampliación del Metrobus, y las campañas en contra de la “piratería”.

Lo anterior, no ha resuelto el desorden en el transporte público estatal. El asunto, materia de la presente proposición, es de enormes dimensiones:

• 61 mil camionetas, vagonetas, combis, unidades tipo Van y estaquitas doble cabina.

• 102 mil taxis en todas sus modalidades; y

• 30 mil taxis y colectivos “piratas”.

• 200 mil operadores.

• 4 secretarios de transporte en el sexenio de Eruviel Ávila.

• Mueve 8 millones de viajes al día.

• El Instituto del Transporte del estado de México cuenta con 160 mil inspectores.

Al día de hoy, según el medio citado, los abusos hacia usuarios del servicio público de pasajeros no han sido frenados:

• Cobros de pasaje no autorizados

• Robos al interior de las unidades con desenlaces fatales en algunos casos,

• Mala prestación del servicio,

• Operadores no capacitados,

• Clonación de placas

Sin embargo, la situación está más complicada de lo que los medios lo registran:

Las unidades

• Unidades sin identificación

• Sin placas

• Con plástico en las ventanas

• Con llantas deterioradas

• Interiores sucios y deteriorados

• Sin faros para luces en la noche

• Con luces de neón

• Sin seguridad en las puertas

Los choferes

• Choferes sin educación vial

• Conductores manejando en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas

• Con abusos hacia las mujeres

• Viajan en la noche con las luces apagadas

• Abusos en el cobro de las tarifas en casos de emergencia

• Circulando a altas velocidades

• Bajando pasaje hasta en el tercer carril de las vías

• Hacen base en vialidades principales y en las salidas del Metro

El estado de México, es tierra nadie.

Datos de diferentes medios afirman que a la fecha en el estado de México la Secretaría de Movilidad reporta que existen 50 rutas de transporte público que interconectan a la entidad con la Ciudad de México. Todas están clasificadas como de alto riesgo. Estas rutas se concentran principalmente en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl, blancos de ataque de bandas delincuenciales.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del estado de México, en los primeros días de este año se denunciaron ante autoridades ministeriales 875 robos con violencia contra unidades de trasporte público (495 en promedio por mes), amén de los 78 casos más contra operadores de taxis.

Creciente es la cifra de asaltos: 325 por mes en 2017 y 495 en lo que va de 2018.

De 155 mil unidades de transporte público, 80 mil son “piratas”. Por su parte, la Cámara Nacional del Autotransporte, Pasaje y Turismo del estado de México, afirma que 70 por ciento de las unidades de transporte público circulan sin concesiones. El transporte irregular es aquel vehículo que no tiene placas, documentos, o con láminas particulares que realiza algún servicio de transporte público, así como aquel vehículo que esté debidamente concesionado para dar el servicio pero que no se ajusta o trabaja según su autorización.

La gravedad del caso, amerita que esta Cámara intervenga efectuando un respetuoso exhorto al ciudadano gobernador constitucional de la entidad, a fin de que garantice el ordenamiento del transporte público en beneficio de los mexiquenses que todos los días abordan unidades para asistir a realizar sus actividades cotidianas.

Con fundamento en lo motivado y con base en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, con respeto a su soberanía, al gobierno del estado de México a evaluar, y en su caso, tomar las medidas conducentes a fin de contar con un sistema estatal de transporte público eficiente, seguro, limpio y ordenado, y con ello ordenar el transporte público en la entidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2018.

Diputada Carolina García Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de intensificar acciones y programas de colaboración en materia de prevención y contención del delito para garantizar la salvaguarda, la integridad y los derechos de las personas, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita,. Ana Karina Rojo Pimentel, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La violencia que sufre actualmente la población mexicana se traduce en un problema de seguridad pública, derivado por hechos demográficos, psicológicos y sociales, ya que la ciudadanía vive constantemente atemorizada de ser parte de una cifra más en las estadísticas delictivas.

Este sentimiento de inseguridad general de la población no simplemente trata situaciones aisladas, sino situaciones que se han vuelto estructurales, que derivan de aspectos sociales multifactoriales y que se convierten en un factor que opera de forma negativa en contraste con la información oficial.

Prueba de ello es el balance de incidencia delictiva del primer trimestre de 2017 en comparación a la misma de periodos anteriores, ya que los índices muestran un aumento de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Contrastando los valores absolutos del primer trimestre de 2017 con el mismo lapso en al año inmediato anterior, se observa el incremento de 29.48 por ciento de los homicidios dolosos, de 12.57 por ciento de los homicidios culposos, de 19.75 por ciento de los secuestros del fuero federal y común, de 29.55 por ciento de las extorsiones, de 32.31 por ciento de los robos con violencia, de 13.10 por ciento de los robos de vehículos, de 3.18 por ciento de los robos a casa habitación, de 47.43 por ciento de los robos a negocio, de 31.69 por ciento de los robos a transeúnte y de 5.74 por ciento de las violaciones.1

La perspectiva actual en materia de seguridad y justicia es compleja. El Estado mantiene un trance de violencia aunado a las circunstancias que lo detonan, las políticas públicas contra la delincuencia no han sido las más adecuadas, dado que esta problemática continúa y está en pleno crecimiento, delitos que han sido identificados por años. Y solo han sido paliativos que se crean, esto producto de los resultados presentados en los distintos foros institucionales y de la sociedad, pero es primordial estudiar las desigualdades socio económicas, así como no permitir se siga con las prácticas actuales de impunidad y de corrupción.

Estos hechos se demuestran en la constante lucha entre los diferentes grupos de delincuencia organizada y contra el Estado, con el único propósito de ganar territorio y poderío sin prejuicio alguno. Otra es la impotencia institucional para intervenir y combatir el delito, la corrupción de autoridades, mandos institucionales y de algunos sectores de la sociedad, que ven en la delincuencia organizada un modus vivendi integral como un falso ofrecimiento en el desarrollo económico; la poca capacidad y falta de resultados frente al lavado de dinero, así como la minimización del aumento en la inseguridad, la delincuencia y la violencia con la que dan cuenta las autoridades a interrogantes fundadas en solidas evidencias.

Las cifras de incidencia delictiva son preocupantes en diversas regiones de nuestro país. Datos de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 (Envipe) describen que a nivel nacional se estima hay 25.4 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de 29 mil 746 víctimas por cada 100 mil habitantes durante el 2017.2

De esta manera y derivado de este estudio, se puede asegurar que la delincuencia en sus diferentes modalidades se está consolidando con 193 mil 671 víctimas. Pero principalmente se ha generado un incremento en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Puebla, estado de México y Ciudad de México.

Asimismo, es importante señalar que en este mismo periodo, en el área metropolitana del valle de México, la tasa delictiva fue de 31 mil 175, en diferentes modalidades, por cada 100 mil habitantes.

En la tabla del Inegi a continuación se describe la estimación del Envipe, que señala los principales delitos que se cometieron a nivel nacional en 2017, y representa una tasa de 1.3 delitos por víctimas del delito en diferentes modalidades, generando 33.6 millones de delitos a nivel nacional, todos asociados a más de 25 millones de víctimas.

El Envipe permite estimar que, a nivel nacional, la cifra negra del muestreo 2018, asciende a 93.2 por ciento de los delitos cometidos, los cuales no hubo denuncia o no se inició carpeta de investigación durante 2017.

Las razones para no denunciar son la pérdida de tiempo, desconfianza en la autoridad, trámites largos y difíciles, actitud hostil de la autoridad y miedo a la extorsión.

Los niveles de no denuncia en las diversas regiones en estudio superaron en todos los casos el 50 por ciento; el porcentaje de no denuncia más elevado se obtuvo en la región valle de México (73.6 por ciento), seguido por Ciudad de México (71.9 por ciento).3

A nivel nacional, 64.5 por ciento de la población de 18 años y más considera la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa, seguido del desempleo y aumento de precios.

A medida de síntesis de este muestreo, describe que en Chiapas, la principal preocupación es la pobreza, Campeche el desempleo y el resto de las entidades es la inseguridad.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como a las secretarías de Seguridad Pública de Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, estado de México, Ciudad de México, Querétaro y Puebla, intensifiquen en el ámbito de sus atribuciones, acciones y programas de colaboración en materia de prevención y contención del delito, para garantizar la salvaguarda, integridad y derechos de las personas.

Notas

1 http://onc.org.mx/tag/delincuencia-en-mexico/

2 http://www.beta.inegi.org.mx/co nten id osI sa I a d ep ren sa/bo I eti n es/20 18/EstSegP u b/ envi pe 20 18_09. pdf

3 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/l/479/17.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 27 de noviembre de 2018.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a Pemex, la Semarnat, la ASEA y el gobierno de Tabasco a hacer público un informe sobre las circunstancias jurídicas en que se desarrolla el proyecto de la refinería Dos Bocas, en Paraíso, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, Diputada Julieta Macías Rábago, en nombre propio y de las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 2, así como 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Mario Molina, Premio Nobel de Química, señaló acertadamente en nuestro país “mientras las personas no se quejen y no sea muy visible, el gobierno no le da prioridad” a los temas ambientales y de contaminación.

El pasado 16 de noviembre, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), presentó una denuncia ante la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA), señalando que en septiembre la empresa SCCA contratada por Pemex realiza trabajos de desmonte de vegetación en el predio en el que se pretende desarrollar el proyecto de la refinería Dos Bocas, sin contar para ello con la autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo requeridos.

Se trata de un predio de 300 hectáreas, el cual ha señalado Gustavo Ampugnani, Director Ejecutivo de Greenpeace México, contaba con vegetación selvática y manglares y constituía una zona prioritaria de conservación ecológica para el municipio Paraíso.

La presencia de vegetación previa al desmonte en dicho predio puede constatarse a través de una simple búsqueda de imágenes de satélite a través de la plataforma Google Maps y a pesar de ello Adán Augusto López, Gobernador electo de Tabasco se ha empeñado en declarar que hace ochenta años que no existe selva en el mismo.

Como consecuencia de la denuncia presentada por CEMDA, el pasado 21 de noviembre la ASEA emitió un comunicado informando que han requerido información a Pemex y otras autoridades estatales y federales para identificar las posibles irregularidades y presuntas responsabilidades que puedan existir como consecuencia de las actividades denunciadas.

El proyecto de esta refinería ha sido impulsado por la administración entrante como uno de sus principales desarrollos de infraestructura y como base de la estrategia energética del próximo sexenio, para lo cual incluso fue incluido en la consulta organizada por Morena el pasado fin de semana.

A pesar de ello, Josefa González Blanco, próxima titular de Semarnat, ante señalamientos al respecto declaró que ni ella ni el gobierno entrante tienen conocimiento al respecto, ya que ellos aún no son autoridades en funciones. De igual forma señaló que las actuales autoridades son los únicos responsables de cualquier acto irregular que se haya llevado a cabo y que será a partir del 1 de diciembre en que ella pueda indagar y tomar acciones al respecto.

Lo anterior evidencia la grave y preocupante circunstancia en la que el gobierno entrante impulsa un proyecto del cual parece no tener información suficiente, poniendo en duda ya no solo la legalidad del desmonte sucedido, sino la viabilidad del proyecto completo, así como de la estrategia energética del próximo sexenio.

Es indispensable que las decisiones que tome el Gobierno Federal entrante sean respetuosas de la legalidad y del medio ambiente, pero también que existan elementos para asegurar que estos son viables y convenientes para el país.

Por lo expuesto y en atención a que, para Movimiento Ciudadano, la protección del medio ambiente y el respeto a la legalidad y el Estado de derecho son prioridades, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta a Petróleos Mexicanos a haga pública la autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo que fundamentan desmonte del predio, así como los estudios de factibilidad que fundamentan el proyecto de la refinería Dos Bocas.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que haga público un informe sobre las circunstancias jurídicas en que se desarrolla el proyecto de la refinería Dos Bocas.

Tercero. Se exhorta al Gobierno del Estado de Tabasco a que haga público un informe sobre la situación jurídica de propiedad, uso de suelo y calidad de zona de conservación que corresponden al predio en el que se realizó el desmonte denunciado.

Cuarto. Se exhorta a la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente a que haga público un informe con el resultado de las inspecciones que correspondan, así como las responsabilidades que de la denuncia resulten.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2018.

Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Julieta Macías Rábago (rúbrica), Alberto Esquer Gutiérrez, María del Pilar Lozano Mac Donald, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Alán Jesús Falomir Sáenz, Ana Priscila González García, Ariel Rodríguez Vázquez, Carmen Julia Prudencia González, Dulce María Méndez de la Luz Dauson, Eduardo Ron Ramos, Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Geraldina Isabel Herrera Vega, Jacobo David Cheja Alfaro, Jorge Alcibiades García Lara, Jorge Eugenio Russo Salido, Juan Carlos Villareal Salazar, Juan Francisco Ramírez Salcido, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Kehila Abigail Ku Escalante, Lourdes Celenia Contreras González, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, María Libier González Anaya, Mario Alberto Ramos Tamez, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Martha Angélica Tagle Martínez, Ruth Salinas Reyes, Martha Angélica Zamudio Macías.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a generar y fomentar campañas permanentes de mayor alcance para prevenir embarazos adolescentes, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguiente

Consideraciones

El embarazo adolescente es aquel que se produce entre el comienzo de la edad fértil y el final de la etapa adolescente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece la adolescencia entre los 10 y 19 años.

Los embarazos en adolescentes, desde ya hace algunos años, ha mantenido niveles muy altos, De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 16 millones de adolescentes de 15 a 19 años y aproximadamente un millón de niñas menores de 15 años dan a luz. En este contexto México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que actualmente existen en el país 22.4 millones de mujeres y hombres adolescentes entre los 10 y 19 años de edad. El embarazo en adolescentes cobra cada vez mayor importancia debido a que 1) las mujeres de 15 a 19 años de edad constituyen el grupo de mayor tamaño entre los grupos quinquenales de mujeres en edad fértil; y 2) la disminución de la fecundidad en adolescentes es menor que en otros grupos de edad, tanto por su bajo uso de anticonceptivos (solamente 37.6 por ciento de las adolescentes empleó un método en su primera relación sexual y 45 por ciento usó uno en la última; en ambos casos, principalmente métodos con poca efectividad).1

Esta situación no sólo rompe con los planes de vida de los y las adolescentes, también tiene riesgos de salud como lo expone el doctor Valdés Dacal S “Con respecto a las enfermedades relacionadas con el embarazo, las adolescentes sufren más complicaciones que la mujer adulta, entre las que podemos citar la toxemia, la eclampsia y las anemias. Son más proclives también a los partos pretérminos, que pueden llevar incluso a la muerte, o a recién nacidos de bajo peso, prematuridad, traumas obstétricos y un riesgo elevado de muerte prenatal en el transcurso del primer año de vida. Además, en la embarazada adolescente se suma el riesgo nutricional, pues se añaden a las necesidades normales de su crecimiento, las del feto que engendra.”2

El actual gobierno de la República ha emprendido diversas acciones para disminuir los embarazos en adolescentes a través de una estrategia multisectorial denominada Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (Enapea), cuyo objetivo es “reducir el número de embarazos en adolescentes en México con absoluto respeto a los derechos humanos, particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Sus dos grandes metas son: a) Reducir el embarazo en adolescentes es una de las principales metas de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea). Para ello se plantea disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en 50 por ciento la tasa especifica de fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años (TEF15-19) para el año 2030”.3

Que el derecho a la salud es universal y uno de los derechos humanos fundamentales para todas las personas, tal y como lo contempla el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

Que en todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos como lo establece el artículo 2 de la ley general.

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la presente ley. Para tal efecto, deberán:

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;

II. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y

III. Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados internacionales en la materia.

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.

Que la Ley General de Salud establece el derecho a la protección de la salud de la población, a través de acciones de promoción de la salud, así como de prevención y control de enfermedades, entre otras.

Pese a los programas y acciones implementadas por la Secretaría de Salud, éstas no han logrado cumplir sus objetivos planteados, por ejemplo, en el estado de Puebla 17.9 por ciento de las mujeres que dieron a luz eran adolescentes, colocando a Puebla como una de las entidades con mayor incidencia.

Por lo anterior expuesto, someto a consideración de este pleno el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud para generar y fomentar campañas permanentes de mayor alcance para prevenir los embarazos en adolescentes.

Notas

1 Principales indicadores de salud sexual y reproductiva de adolescentes por entidad federativa, 2009 (Fuente: Consulta interactiva de datos, CONAPO). Consúltese también:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/98138/ENA PEA_Marzo.pdf

2 Valdés Dacal S, Essien J, Bardales J, Saavedra MD, Bardales E. Embarazo en la adolescencia. Incidencia, riesgos y complicaciones. Rev Cubana Obstet Ginecol. 2002;28(2). Disponible en:

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&p id=S0138-600X2002000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=es

3 Véase:
https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/
estrategia-nacional-para-la-prevencion-del-embarazo-en-adolescentes-33454

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2018.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al transporte de carga en actividades de construcción y agricultura de Sinaloa, a cargo del diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo, al secretario de Comunicaciones y Transportes y al titular del Poder Ejecutivo en Sinaloa a determinar lo conducente para lograr condiciones de competencia, de conformidad a la resolución sobre la investigación del servicio público de transporte de carga en general con dimensión circunscrita a Sinaloa, del órgano constitucional autónomo dedicado a preservar la competencia económica del país, para que se dé certeza jurídica en la liberación del transporte de carga en la actividades de construcción y agricultura de Sinaloa, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El transporte por vía terrestre es el modo más importante en México, en términos de producción, volumen y empleo. Más de la mitad del valor del comercio internacional de México se realiza por vía terrestre, la mayor parte del mismo en la frontera con Estados Unidos.1

Sinaloa es pieza clave en la producción y exportación de productos agrícolas, ya que Sinaloa provee el 30 por ciento de la producción agrícola de México. Sin embargo, el campo sinaloense, hoy día, presenta indicadores de agotamiento que se reflejan en el escaso crecimiento de la productividad, así como en su baja competitividad y rentabilidad.2 Aunado a ello, las barreras de auto proveerse del servicio de transporte de carga a los agricultores y bloqueos en el traslado de sus cosechas como medida de presión para contratar con alianzas del transporte.

La Comisión Federal de Competencia Económica (en adelante Cofece) como órgano autónomo constitucional, con objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes, llevó a cabo en el 2015 la investigación IEBC-002-2015.

Dicha investigación sobre el servicio público de transporte de carga en general con dimensión circunscrita al estado de Sinaloa,3 determinó 14 medidas correctivas por existir elementos que determinaron preliminarmente la falta de condiciones de competencia efectiva en el mercado del servicio público de transporte de carga, las mismas que fueron notificadas por oficio en el 2016 al gobernador y al Congreso, ambos de Sinaloa.

La resolución final, del pleno de la Cofece, en febrero de 2017, requirió al Ejecutivo y legisladores de Sinaloa realizar las reformas legales y administrativas necesarias para:

1. Eliminar el régimen de concesiones y permisos de zona y sustituirlo por la adopción de un “régimen único de permisos”.

2. Establecer procedimientos para que la Dirección de Transporte resolviera las solicitudes de permiso con objetividad, previsibilidad y certeza.

3. Determinar los precios del servicio de acuerdo con las condiciones de mercado y sin la intervención de los prestadores ya existentes. Los precios deben definirse por la libre concertación entre usuarios y prestadores del servicio, y no por decisión del gobernador.

4. Establecer mecanismos y normas que impidan el conflicto de interés. Evitar que los servidores públicos responsables de regular la actividad sean o tengan vínculos con los concesionarios.

5. Suprimir restricciones para la realización de actividades económicas. En particular, eliminar cualquier referencia a la propiedad de los bienes a ser transportados, a efecto de que las empresas constructoras y agrícolas puedan, de convenir a sus intereses, auto proveerse el servicio.4

En observancia de la resolución del pleno, el Congreso del estado realizó las reformas necesarias para eliminar las barreras normativas detectadas mediante Decreto 153 de fecha 8 de junio de 2017, publicado en el Periódico Oficial “El estado de Sinaloa” número 75, del 12 de junio del mismo año.5

Por otra parte, el Ejecutivo de Sinaloa, a la fecha, no ha realizado las reformas administrativas necesarias para la liberación del transporte de carga en Sinaloa. No ha ejercido su facultad reglamentaria al haberse cumplido el término previsto por la Cofece para eliminar dichas barreras y el determinado por el Poder Legislativo local, por lo que la ausencia de la expedición del Reglamento de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa se ha utilizado para no ejecutar el decreto del congreso de la entidad federativa referida.

Los agricultores y constructores aún se ven impedidos para transportar, se sigue limitando la eficiencia a agricultores y constructores con bloqueos por parte de las alianzas de transportistas. Un hecho que debe ser atendido a la brevedad por el aumento de bloqueos en los últimos meses.

Es de suma importancia dar concordancia de las autoridades que velarán por el cumplimiento a la ley con el reglamento en mención, ya que en el vigente se contemplan procedimientos derogados a raíz de la expedición del Decreto 153. Por ejemplo, el anterior Consejo Técnico Estatal de Vialidad y Transporte no puede seguir determinando criterios de política pública, debe entrar en funciones el órgano técnico previsto en la legislación estatal donde no formen parte del mismo agrupaciones de transportistas quienes eran los que opinaban sobre el otorgamiento de nuevas concesiones y elaboraban estudios de fijación de tarifas.

Esta Cámara de Diputados tiene la facultad de fijar posición en relación a algún asunto específico de interés nacional y al ser un órgano constitucional autónomo la Cofece, deben observarse sus resoluciones ya que como bien lo refiere este órgano: “este es un ejemplo de la importancia de que las autoridades federales y locales auditen sus marcos jurídicos, con el fin de eliminar barreras a la competencia en los distintos mercados”,6 en específico en el transporte de carga.

En otras palabras, la eliminación de las barreras a la competencia en el servicio público de transporte de carga debe realizarse en las demás entidades federativas de nuestro país y Sinaloa, al ser el primero como objeto de estudio, ha avanzado en el tema pero debe concluirse el proceso y el gobernador del estado no debe ser omiso en lo que ha determinado un órgano constitucional autónomo con objeto garantizar la libre competencia en el territorio mexicano.

Si bien es cierto que la Cofece cuenta con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia, entre otras, los diputados federales, como representantes de los ciudadanos, debemos fijar posición al respecto porque al final del día son ellos a quienes les impacta directamente el no contar con un servicio de transporte competitivo.

Por citar un ejemplo, las barreras incrementan los costos de llegar a los puertos marítimos del estado y otros modos de transporte, generando un sobrecosto al tener que utilizar puertos cercanos de otros estados.7 Apenas en marzo de 2017 inició el dragado en Mazatlán para recibir embarcaciones de mayor capacidad que lo vuelvan competitivo con otros puertos del Pacífico, pero debe complementarse con un servicio de transporte de carga competitivo. Por su parte, el puerto de Topolobampo carece aún de conectividad terrestre con la frontera Chihuahua-Estados Unidos.8

En el Plan Estatal de Desarrollo de Sinaloa se establece que el sector agropecuario del estado ha tenido un ritmo de crecimiento menor al de la economía nacional y estatal.9 El PIB potencial del estado de Sinaloa pudiera aumentar en 0.2 puntos porcentuales en caso de registrarse los beneficios esperados con la ejecución de la legislación estatal que libera el transporte de carga, entre ellos el ahorro en costos y la eficiencia en el servicio.

Es de considerarse que en otras entidades federativas del país no existen condiciones de competencia y que la Cofece ha detectado obstáculos regulatorios, verbigracia como en Sinaloa, en Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Sonora y Tabasco impiden a los agentes económicos proveerse a sí mismos del servicio de transporte de carga.10 El presente punto de acuerdo es una pauta para que se genere mayor bienestar a los consumidores finales que son los ciudadanos y no se replique en otros estados la inobservancia de implementar marcos jurídicos pro competencia en el servicio de transporte de carga.

Es por ello, y dada la importancia de contar con el ordenamiento jurídico por parte del Ejecutivo del estado de Sinaloa que provea en la esfera administrativa la exacta observancia de la legislación estatal en materia de transporte, asimismo la relevancia de dar certeza jurídica a los transportistas de carga y más aún a los sinaloenses, ciudadanos que pagan por el servicio, que el que suscribe pone a consideración de esta soberanía con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo en el estado de Sinaloa para que atienda a la brevedad las recomendaciones realizadas por la Comisión Federal de Competencia Económica con base en el expediente IEBC-002-2015, emitido el once de agosto de dos mil dieciséis, con el propósito de crear la normatividad necesaria que genere condiciones de competencia y libre concurrencia en el sector del transporte de carga, particularmente en las actividades de construcción y agricultura del estado de Sinaloa.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo en Sinaloa para que publique a la brevedad en el Reglamento de Tránsito y Transporte del Estado de Sinaloa las reformas realizada a la Ley de Tránsito y Transporte, así como medidas de carácter administrativo, para liberar las barreras a la competencia y libre concurrencia a fin de generar certeza jurídica al sector del transporte de carga de la entidad.

Notas

1 Revisión de la Regulación del Transporte de Carga en México. Resumen. OCDE/Secretaría de Economía, 2017. Disponible en: https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/Resumen-Regulacion-Transport e-Mexico.pdf

2 Cfr. Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, p., 17.

3 https://www.cofece.mx/cofece/images/AI/17-08-16-DICTAMEN-TRANSPORTE-SIN ALOA.pdf

4 Cfr. Cofece. Análisis de casos. Barreras a la competencia en el transporte público de carga en Sinaloa. Junio 2017.

5 Edición vespertina

6 Cfr. Cofece. Análisis de casos. Barreras a la competencia en el transporte público de carga en Sinaloa. Junio 2017.

7 Investigación sobre el servicio público de transporte de carga en general en el Estado de Sinaloa. Procedimiento de investigación para determinar barreras a la competencia y libre concurrencia. IEBC- 002-2015. Dirección General de Mercados Regulados. Abril 2017.

8 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, p., 22.

9 Ibidem, p., 17.

10 Comunicado 32-2017 de la Cofece. Sinaloa toma acciones para eliminar barreras a la competencia en transporte de carga.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2018.

Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer las campañas de comunicación en espacios públicos y en medios de difusión nacional para promover en esta temporada navideña la compra de artesanías y artículos mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía y al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, fortalezcan las campañas de comunicación en espacios públicos y en medios de difusión nacional, con el objeto de promover la compra de artesanías y artículos hechos en México durante la temporada navideña 2018, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), señala que las artesanías son una expresión artística cuyos cimientos descansan en las tradiciones de una comunidad. Su base es la transmisión de conocimiento a través de generaciones, muchas veces en forma oral, por lo que conecta por una parte con el patrimonio inmaterial.1

En este sentido, el oficio de las artesanías ha sido uno de los empleos más emblemáticos ya que representa la identidad e historia de una comunidad.

Las artesanías se basan en sus características distintivas, que pueden ser utilitarias, estéticas, artísticas, creativas, vinculadas a la cultura, decorativas, funcionales, tradicionales, simbólicas y significativas religiosa y socialmente.

De acuerdo con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), en todo el país, el 66 por ciento de indígenas se dedica a la actividad artesanal y alrededor del 70 por ciento son mujeres.2

Asimismo, la población potencial con la que trabaja Fonart está compuesta aproximadamente por 600 mil artesanos que viven por debajo de la línea de bienestar.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Consumo Cultural de México (ENCCUM), en 2017, indica que en número de personas de 12 años y más de edad, que respondieron haber elaborado una artesanía fue de 11 millones 791 mil 856.3

Algunas de las principales artesanías producidas en el país, por entidad federativa, son las siguientes: Chaquira, en Baja California; ámbar y semillas, en Chiapas; huaraches, en Colima; máscaras, en Durango; papel maché y velas, en Morelos; barro, en Nayarit; ixtle, en Sonora y Zacatecas; vara, en Tlaxcala; bordados tradicionales, en Oaxaca y Veracruz; y orfebrería, en Yucatán, entre otras.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen cerca de 12 millones de artesanos, el 10 por ciento de la población que contribuyen a la economía de nuestro país, lo que arroja importantes cifras que destacan la importancia de los artesanos y la comercialización de sus piezas.

En el sector cultura aportan al PIB el 20.3 por ciento, equivalente a poco más de 91 mil millones de pesos; mientras que en el sector Turismo su aportación es poco más de 62 mil millones de pesos, lo que hace del artesano un generador de economías locales, contribuyendo al desarrollo de las regiones del país.4

México es el tercer país más importante en actividad artesanal a nivel mundial, competitivo en calidad, variedad y belleza; las artesanías nos representan dentro y fuera del territorio nacional.

Nuestro país preside el Programa Iberoamericano de las Artesanías, Iberartesanías, que tiene por objetivo unir esfuerzos que permitan fortalecer su promoción, fomento y comercialización, lo que ha posibilitado que artesanos nacionales participen en exposiciones y ferias internacionales.

Basta señalar que, durante el periodo de enero-diciembre del 2016, la actividad turística registró cifras históricas al incrementarse 9 por ciento el flujo de turistas internacionales, mientras que la captación de divisas aumentó 10.4 por ciento, resultados que consolidan a este sector como uno de los principales motores de la economía del país.5

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) indica que cada temporada de celebración de la Navidad y el Año Nuevo se deja una derrama económica estimada en 419 mil 600 millones de pesos en todo el país.6

En este sentido, resulta indispensable instrumentar acciones que permitan fortalecer la comercialización de las artesanías, sobre todo, durante esta temporada del año, con la finalidad de mejorar el bienestar y calidad de vida de los artesanos y sus familias, ya que constituye su principal fuente de empleos e ingresos.

Es fundamental que la Secretaría de Economía y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, en coordinación con las entidades federativas, fortalezcan las campañas de comunicación en espacios públicos y en medios de difusión nacional, con el objeto de promover la compra de artesanías y artículos hechos en México durante la temporada navideña.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Secretaría de Economía y al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, fortalezcan las campañas de comunicación en espacios públicos y en medios de difusión nacional, con el objeto de promover la compra de artesanías y artículos hechos en México durante la temporada navideña 2018.

Notas

1 http://www.unesco.org/new/es/santiago/culture/creative-industries/craft s-design/

2 https://www.uv.mx/redssss/files/2014/03/Fondo-Nacional-para-el-Fomento- de-las-Artesanias.pdf

3 https://www.fonart.gob.mx/web/images/temas_de_interes/2017/Las_artesani as_en_la_ENCCUM.pdf

4 https://www.fonart.gob.mx/web/index.php/8-fonart?start=20

5 http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/NoticiasdelSector.aspx

6 http://www.concanaco.com.mx/?s=NAVIDAD+Y+EL+A%C3%91O+NUEVO

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al día 27 de noviembre del año 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al IFT a emitir en un plazo no mayor de 60 días los lineamientos generales a los cuales deberán sujetarse los concesionarios y prestadores autorizados del servicio de acceso a internet, a cargo de la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, Ana Gabriela Guevara Espinoza, diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a que en un plazo no mayor a 60 días y de conformidad con el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión emita los lineamientos de carácter general a los cuales deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet, bajo las siguientes:

Consideraciones

La palabra neutralidad de la red fue acuñada en el año 2002 por el profesor en derecho Tim Wu, para una columna en el periódico norteamericano The New York Times. La neutralidad de la red son un conjunto de políticas enfocadas a un internet libre, a favor de los usuarios, los proveedores del servicio de internet tienen que ofrecer el acceso equitativo e igualitario a servicios y contenido.1

Esto quiere decir que ninguna compañía proveedora de servicios de internet podrá dar preferencias a ninguna empresa, ni incrementar ni reducir la velocidad de los usuarios y que estos tengan libre acceso a la red, sin bloqueo de contenidos.

En diciembre del 2017 en los Estados Unidos de Norte América, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) puso fin a la neutralidad de la red impulsada por el presidente Barack Obama, ahora las empresas tienen la facultad de dar prioridad a los sitios de internet que paguen más, favoreciendo los intereses de las grandes empresas.

En México desde el año 2014 contamos con una protección a la neutralidad de la red que se encuentra en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los artículos 145 y 146. En dichos artículos se establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, tendrá que realizar lineamientos mediante los cuales los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet deberán de cumplir.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mismo que a la letra señala que:

Artículo 145. Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet deberán sujetarse a los lineamientos de carácter general que al efecto expida el Instituto conforme a lo siguiente:

I. Libre elección . Los usuarios de los servicios de acceso a Internet podrán acceder a cualquier contenido, aplicación o servicio ofrecido por los concesionarios o por los autorizados a comercializar, dentro del marco legal aplicable, sin limitar, degradar, restringir o discriminar el acceso a los mismos.

No podrán limitar el derecho de los usuarios del servicio de acceso a Internet a incorporar o utilizar cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos que se conecten a su red, siempre y cuando éstos se encuentren homologados;

II. No discriminación. Los concesionarios y los autorizados a comercializar que presten el servicio de acceso a Internet se abstendrán de obstruir, interferir, inspeccionar, filtrar o discriminar contenidos, aplicaciones o servicio;

III. Privacidad . Deberán preservar la privacidad de los usuarios y la seguridad de la red;

IV. Transparencia e información. Deberán publicar en su página de Internet la información relativa a las características del servicio ofrecido, incluyendo las políticas de gestión de tráfico y administración de red autorizada por el Instituto, velocidad, calidad, la naturaleza y garantía del servicio;

V. Gestión de tráfico. Los concesionarios y autorizados podrán tomar las medidas o acciones necesarias para la gestión de tráfico y administración de red conforme a las políticas autorizadas por el Instituto, a fin de garantizar la calidad o la velocidad de servicio contratada por el usuario, siempre que ello no constituya una práctica contraria a la sana competencia y libre concurrencia;

VI. Calidad . Deberán preservar los niveles mínimos de calidad que al efecto se establezcan en los lineamientos respectivos, y

VII. Desarrollo sostenido de la infraestructura. En los lineamientos respectivos el Instituto deberá fomentar el crecimiento sostenido de la infraestructura de telecomunicaciones.

Asimismo, el artículo Quinto Transitorio señala que:

Quinto. El Ejecutivo Federal deberá emitir, dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la expedición del presente Decreto, las disposiciones reglamentarias y lineamientos en materia de contenidos establecidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que se expide por virtud del presente Decreto.

...

Es así que con base en los artículos citados con antelación vemos la existencia de un vacío jurídico, ya que aun y cuando la norma es muy precisa al señalar que el instituto deberá emitir los lineamientos correspondientes, ya han pasado más de tres años y no se ha dado cabal cumplimiento.

Considero fundamental el hecho de defender el derecho que tienen todos los ciudadanos de este país a gozar de un internet en la misma calidad, velocidad y capacidad contratada por el usuario. Respetando en todo momento el contenido, origen, destino, terminal o aplicación de acuerdo con lo señalado en el artículo 146 de la Ley de la materia.

Por lo anteriormente expuesto, es que considero necesario se dé cabal cumplimiento al mandato de ley en el que se señala que los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet deberán sujetarse a los lineamientos de carácter general que al efecto expida el Instituto, y someto a la consideración de esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones a que, en un plazo no mayor a 60 días y de conformidad con el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, emita los lineamientos de carácter general a los cuales deberán sujetarse los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a internet.

Nota

1 https://verne.elpais.com/verne/2017/12/14/mexico/1513291964_258807.html

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.

Diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a realizar acciones urgentes para disminuir la escalada de hechos delictivos y violentos desatada en el país el presente año, a cargo del diputado Irineo Molina Espinoza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito diputado Irineo Molina Espinoza, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 79 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esa H. Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas Autoridades a realizar urgentemente las acciones necesarias para disminuir la escalada de hechos delictivos y de violencia que se ha desatado en el País en lo que va del presente año, garantizando la seguridad y respeto de los derechos humanos, así como el restablecimiento del estado de derecho, de acuerdo a las siguientes

Consideraciones

México está atravesando por momentos críticos ante la criminalidad que no fue frenada por la actual administración, la delincuencia organizada y no organizada no distingue clases sociales, niveles económicos, ni cargos o funciones.

Miles de familias que han sido afectados por la violencia que ha ido en aumento, o que algunos de sus integrantes han sido víctimas de la misma y de hechos delictivos piden que se ponga fin a la violencia y han denunciado el grave estado en que se encuentra la nación.

Cada día 90 familias mexicanas sufren la pérdida de un ser querido que es víctima de homicidio, con más de 22 mil asesinatos en diez meses, la violencia que golpea el país ha llegado a cifras record.

2018 será considerado para México como el año más violento en los últimas dos décadas, por lo que se estaría culminado el presente año con un 18 por ciento más de homicidios que en 2017 que a su vez, fue un 18 por ciento más violento que en 2016, según datos de la organización Semáforo Delictivo que utiliza cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En un país donde 98 por ciento de los crímenes siguen en la impunidad, el deterioro que vive el país y que afecta a todas las clases y sectores de la sociedad, incluida la clase política, que en tan solo en el periodo de transición que comenzó el 1 de julio de este año hasta el día de hoy, por lo menos 34 políticos y 19 de sus familiares han sido asesinados.

La violencia e inseguridad nuevamente son los temas que más preocupan a las y los mexicanos, por lo que resulta apremiante satisfacer esta demanda social que pide seguridad y paz en toda la república.

Los homicidios dolosos en el país aumentaron 16.5 por ciento en los primeros diez meses del año, si se compara con el mismo periodo de 2017.

Los registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan 24 mil 22 carpetas de investigación abiertas por muertes violentas de enero a octubre de 2018, por lo que este año podría considerarse como el año más violento desde que se tiene registro.

Julio de 2018 ha sido el más sangriento hasta el día de hoy, con 2 mil 629 homicidios, la cifra más alta desde 1997, año en que se empezaron a implementar estadísticas de incidencia delictiva.

Guanajuato encabeza las cifras de homicidios con 2 mil 162 entre enero y octubre del presente año, entidad que sufre el embate de organizaciones criminales que se pelean el predominio en la extracción ilegal de hidrocarburos, extorsión y el secuestro.

En segundo lugar se ubica el estado de México con mil 905, en tercer lugar esta Guerrero con mil 864, Jalisco con mil 596, Chihuahua con mil 531, Veracruz con mil 227, Michoacán con mil 125 y la Ciudad de México con 990.

De igual forma, información generada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, refiere al aumento del uso de armas de fuego para cometer asesinatos, hay un incremento histórico de prácticamente 70 por ciento de estos crímenes perpetrados por ese tipo de armas, 15 por ciento más de lo que muestran los informes de años recientes, por lo que en lo que va de 2018, el acumulado enero-octubre es de 24 mil 22 crímenes de ese tipo.

El repunte histórico ocurrió en julio pasado con 2 mil 269 carpetas por homicidio doloso, mientras que en el mes octubre de este año hubo un repunte de secuestros en el país al pasar de 82 en septiembre a 88 en octubre, la segunda cifra más alta de 2018, de igual manera, ha habido un nivel más alto en cuanto a robos al llegar a 63 mil 220 carpetas en octubre y en los diez primeros meses del año casi 600 mil denuncias.

A pesar de los esfuerzos, los problemas en materia de seguridad pública son enormes y los niveles de violencia en diversas partes del país rebasaron la estrategia del actual gobierno federal, es decir, que dicha estrategia resultó ineficaz para la defensa de la ciudadanía y no logró detener el aumento de los índices de homicidios y otros tipos de delitos, inseguridad y violencia.

Ante esto, será un reto para el presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador adoptar una nueva estrategia y desarrollar otro tipo de enfoque en el que las fuerzas encargadas de atender la seguridad pública de las y los mexicanos, respete los derechos humanos y en las que la población pueda depositar su plena confianza.

Las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario de Morena nos unimos al reclamo de la sociedad mexicana, ya que muchos de nosotros hemos vivido en carne propia la inseguridad, la violencia y hemos sido víctimas de diversos delitos, para solicitar de manera urgente acciones para disminuir y combatir el incremento de delitos y de violencia en todo el país y recuperar la paz y seguridad pública.

De igual manera las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena nos comprometemos a colaborar en las acciones que resulten necesarias para cambiar el futuro violento de México y poder restituir la paz, libertad y seguridad jurídica y social en nuestro país.

Derivado de los argumentos expuestos, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión se solidariza con las víctimas que ha dejado el aumento de la criminalidad y violencia registrados en lo que va del presente año, con sus familiares, así como con el pueblo de México y desde el ámbito legislativo se compromete a implementar las reformas o adecuaciones a las leyes que resulten pertinentes para fortalecer las instituciones de procuración y administración de justicia, de asistencia a las víctimas, la legislación penal y procesal penal, que den pie para implementar acciones más eficientes y eficaces para combatir, prevenir y sancionar los hechos delictivos y la violencia que imperan en casi todo el país, con total apego al respeto de los derechos humanos y con el fin primordial de restablecer el estado de derecho, la paz y la seguridad en las entidades federativas en las que sufren estos fenómenos sociales que tanto afectan la vida de las y los mexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia; de Secretarios de Seguridad Pública o sus equivalentes; del Sistema Penitenciario; de Seguridad Pública Municipal; a los Consejos Locales e Instancias Regionales y al Secretariado Ejecutivo de dicho sistema, para que de manera urgente se reúnan para formular y ejecutar las acciones necesarias para revertir el aumento de los delitos y de violencia que han imperado en el presente año en diversas entidades federativas de la república mexicana, a fin de preservar las libertades, el orden y la paz públicos, brindando atención prioritaria a las víctimas de estos fenómenos sociales y a sus familiares.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a los gobernadores, y a las autoridades locales y municipales de los estados de Baja California, Colima, Chihuahua, estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, que de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional de Seguridad Pública han registrado en el presente año mayor número de homicidios dolosos, para que en el ámbito de sus competencias, garanticen mediante acciones conducentes implementadas a la brevedad, la seguridad pública en dichas entidades, se combatan, prevengan, investiguen y sancionen este tipo delito y demás ilícitos que pongan en peligro la vida, integridad y derechos de las personas, así como para que preserven las libertades, el orden y la paz públicos, brindando protección y apoyo que en derecho proceda a las víctimas y a sus familiares.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho.

Diputado Irineo Molina Espinoza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al IFT a tomar medidas para garantizar el cumplimiento de la obligación prevista en la fracción VIII del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a cargo del diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Suena el teléfono, y tras contestar, a uno le toman desprevenido los gritos de un menor, puede ser niña o niño. “¡Ayúdame papá!” se escucha entre balbuceos entrecortados por alguien que llora sin cesar, entonces, el presunto secuestrador se hace con la llamada para pedir la recompensa por el menor, como si este fuera el hijo de quien recibe la llamada.

Ese es el modus operandi con mayor popularidad en México, de acuerdo a un nuevo reporte del Consejo Ciudadano, el mismo que da cuenta de una alarmante alza en llamadas de este tipo: de enero a agosto de 2017 hubo 206 mil reportes de este tipo, de personas que lamentablemente fueron víctimas de este tipo de conductas.

Este número de llamadas se vuelve más alarmante cuando se sabe que en el mismo año salieron cinco millones de llamadas de las cuales 63.95 por ciento a líneas fijas y 36.05 por ciento a líneas móviles, esto según datos de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones; de las cuales 3.7 millones de llamadas de extorsión salen desde las cárceles, según datos Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Es decir, la delincuencia organizada realiza alrededor de 3.7 millones de llamadas al año desde teléfonos celulares y casetas fijas en cárceles federales y estatales, las cuales en su mayoría son para extorsionar, según un informe del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (IFT) enviado al Senado.

El informe deriva de una investigación del IFT en siete penales con población de 20 mil reos y que se ubican en distintas regiones del país con características diversas. Los operadores móviles dieron seguimiento a un estudio de 2016, refiere el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria del Senado.

El Comité Especializado de Estudios de Investigación en Telecomunicaciones, expone que cada semana, en un solo penal, se realizan hasta 219 mil 700 llamadas.

La investigación capturó resultados casi idénticos de 2016 y 2017, lo que evidencia la “Inutilidad de los equipos bloqueadores de señal Instalados. En algunos penales estatales cada semana se realizan más de 43 mil llamadas usando solamente 90 equipos y en federales más de 19 mil, con igual número de equipos.

Es decir, con los datos que se tienen, es notoria la falta de cumplimiento a la obligación contenida en la fracción VIII del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo texto es:

“Artículo 190 . Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:

VIII. Colaborar con las autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo se cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación.

El bloqueo de señales a que se refiere el párrafo anterior se hará sobre todas las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción en los equipos terminales de comunicación y en ningún caso excederá de veinte metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos a fin de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios a los usuarios externos. En la colaboración que realicen los concesionarios se deberán considerar los elementos técnicos de reemplazo, mantenimiento y servicio.

Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen;”

Es decir las concesionarias tienen la obligación de bloquear las llamadas que salgan de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, situación que como se puede observar no se cumple a cabalidad y el Instituto Federal tiene la obligación de exigirles el cumplimiento de esta obligación o en caso contrario tomar la medidas necesarias para que se dé cumplimiento a lo mandatado por la ley, lo que trae consigo la disminución considerable a medio plazo de la extorsión por medio de llamadas telefónicas.

Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que tome las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la obligación contenida en la fracción VIII del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que se bloqueen las llamadas que provengan de centros penitenciarios, esto por parte de las concesionarias de telecomunicación y autorizados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2018.

Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer las campañas informativas sobre los riesgos latentes en el hogar durante la temporada decembrina, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, fortalezcan las campañas informativas sobre los riesgos latentes que existen en los hogares con motivo de la temporada decembrina, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La temporada decembrina es aquella época del año que se identifica por las temperaturas gélidas que prevalecen en gran parte del país y por las festividades de Navidad y Año Nuevo; no obstante, también es el periodo donde aumenta el número de accidentes dentro del hogar, que pueden ir desde una intoxicación por el uso de leña dentro de las casas para aminorar el frío, hasta incendios a causa de cortos circuitos por el uso de series de luces navideñas.

Los árboles de Navidad, esferas y series de luces multicolores son parte primordial en las festividades; sin embargo, al ser elementos peligrosos es recomendable colocar los árboles lejos de las vías de circulación de la casa, situarlos lejos de elementos inflamables, no sobrecargar los enchufes con muchas series navideñas y al salir de casa o al dormir, no dejar las luces encendidas.

De acuerdo con Protección Civil 60 por ciento de los incendios que se registran en diciembre, tanto en casas como centros de trabajo, son ocasionados por accidentes con árboles de Navidad, por lo que la prevención en casa y en los centros de labores es la clave para combatir estos incidentes.1

En la mayoría de las veces, los incendios se deben a que los árboles de Navidad de plástico o las series de luces no cumplen con los estándares de calidad o no son resistentes al fuego.

Otro de los problemas serios que se presentan en esta temporada, son el uso de fuegos artificiales. De acuerdo con la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México (Sedesa), los hospitales especializados en la atención de quemaduras, atienden al año entre 900 y mil pacientes. Especialmente en esas fechas los casos incrementan hasta 30 por ciento por la quema de pirotecnia que deja resultados graves como la pérdida de oído, manos y dedos por las fuertes explosiones.2

Es importante mencionar que de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), durante el mes de diciembre es común que aumenten también los niveles de contaminación debido a este tipo de actividades, principalmente los días 24, 25 y 31 de diciembre, y el primero de enero.3

Asimismo, el uso de pirotecnia en las calles o los hogares es responsable de que aumente el número de incendios, ya que al ser objetos explosivos y no previsibles, pueden causar graves destrozos al hacer contacto con algún objeto inflamable como el papel, la hierba seca, diversos plásticos, entre otros, por lo que evitar su consumo y su uso es esencial para erradicar los riesgos y accidentes que lamentar.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) establece que las quemaduras menores o leves, generalmente no representan riesgos. Sin embargo, las grandes o profundas (de segundo o tercer grado) pueden provocar lesiones o problemas emocionales y físicos. En quemaduras más grandes o profundas, la persona puede presentar infecciones, quedar desfigurada, con cicatrices y perder movilidad en una o varias partes del cuerpo.4

Ante la presencia de quemaduras, se recomienda lavar la zona afectada con agua tibia y jabón neutro durante 20 minutos; en las quemaduras de primer grado, recomienda aplicar crema hidratante; en las quemaduras de segundo y tercer grado deben ser valoradas por un médico y si la quemadura es extensa, se sugiere cubrir la zona con lienzos limpios y húmedos durante el traslado al hospital.

Es importante destacar que uno de los sectores más vulnerables es el de los niños, ya que especialistas de la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD), indican que los accidentes relacionados con artículos explosivos aumentan 30 por ciento en esta temporada.5

Cabe destacar que seis de cada diez accidentes con fuegos artificiales ocurren con niños de entre cinco y 14 años de edad. 5 por ciento de estos casos, suelen ser quemaduras severas.

Según estadísticas del Sistema Nacional de Protección Civil, las lesiones más comunes por quemaduras se presentan en manos con 30 por ciento, en los ojos, 28 por ciento, y 15 por ciento de los percances afecta cara y cabeza.

Otro de los problemas más comunes en esta temporada es el uso leña dentro de los hogares, especialmente en las zonas del país donde las temperaturas son muy bajas, ya que suelen ocurrir intoxicaciones que pueden causar la muerte por las noches cuando no se toman las medidas adecuadas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que 4.5 millones de hogares del país (13.4 por ciento del total) usan leña como combustible para cocinar. En 13.9 por ciento de esos casos existe una estufa ahorradora o eficiente de leña; 14.4 por ciento utilizan estufas o fogones que tienen habilitada una chimenea y en 71.6 por ciento de los casos, emplean fogones que no poseen chimenea.6

Uno de los gases que se desprende de esta combustión es el monóxido de carbono que se produce mediante la quema de carbón, gasolina, keroseno, petróleo, propano o madera como en los motores de automóviles, parrillas de carbón o leña, sistemas de calefacción o estufas.7

Este gas puede acumularse en espacios cerrados o semicerrados y los síntomas más comunes de la intoxicación por monóxido de carbono son dolor de cabeza, mareos, debilidad, náuseas, vómitos, dolor de pecho y confusión.

En razón de lo anterior, es de suma importancia que en esta temporada decembrina se implementen acciones que ayuden a disminuir este tipo de accidentes en el hogar, los cuales pueden terminar con la vida de las personas o que causen un grave daño a sus familias y a su patrimonio.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Coordinación Nacional de Protección Civil para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, fortalezcan las campañas informativas sobre los riesgos latentes que existen en los hogares con motivo de la temporada decembrina.

Notas

1 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/26/1203740

2 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2017/12/19/quemaduras-ninos-a umenta-30-fin-ano.html

3 https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/el-dano-de-la-pirotecnia-a-la -salud-y-el-medio-ambiente-547105.html

4 http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/quemaduras-cohetes

5 https://www.jornada.com.mx/2017/12/21/sociedad/033n3soc

6 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/Grf iaMdoAmte/MOHOMA2018_06.pdf

7 https://www.gob.mx/salud/articulos/intoxicacion-por-monoxido-de-carbono

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SCT y la Segob a llevar a cabo labores de prevención y rendición de cuentas a fin de proteger a las caravanas de migrantes y erradicar la extorsión a que son sometidas, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Parte fundamental de nuestra economía, y de nuestra identidad, es la dinámica que hay entre México y nuestros connacionales que habitan en Estados Unidos. Por décadas de nuestro país han emigrado millones de personas en búsqueda de una vida mejor, dejando aquí a sus familias.

Parte de la dinámica de estos intercambios y asentamientos es procurar volver, a sus comunidades, a sus ciudades, a sus redes; por lo menos una vez al año. Cientos de miles de emigrantes regresan a México en diciembre. La mayoría cruzan la frontera por tierra, y manejan entre cientos y miles de kilómetros para llegar a sus hogares. En ocasiones, para hacer el camino más llevadero, y como forma de posicionamiento político, el trayecto lo llevan a cabo en caravanas migrantes.

Desafortunadamente, estas empresas suelen verse obstaculizadas y atormentadas por actos de corrupción y de extorsión por los órganos que deberían fungir como protectores del camino: las policías federales.

El programa paisano se creó, en cierta medida, en respuesta a esta problemática. Sin embargo, es una iniciativa de la que se encarga el Instituto Nacional de Migración, y abarca más dependencias y situaciones críticas para los migrantes. En esta ocasión nuestra intención es que tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como la misma Policía Federal rindan cuentas y se hagan cargo de esta situación.

Esta temporada navideña se presta especialmente para la extorsión en carreteras y casetas, no sólo a quienes regresan de Estados Unidos sino a todos los usuarios. Son prácticas deleznables y que tienen que ser erradicadas cuanto antes, pero específicamente monitoreadas en esta temporada.

Por lo anterior, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero: Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efectuar las labores de monitoreo pertinentes en los trayectos y puntos clave a fin de brindar protección y defensa a los migrantes de retorno.

Segundo: Se exhorta a la Secretaría de Gobernación a exigir la debida rendición de cuentas y a monitorear el desempeño de la Policía Federal a fin de evitar las extorsiones en las carreteras federales de nuestro país.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2018.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conagua a garantizar con los ayuntamientos el acceso, la disposición y el saneamiento de agua en la región hidrológico-administrativa del Pacífico Sur, a cargo de la diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

Durante los últimos años se ha incrementado la cobertura en el porcentaje de la población que tiene acceso al servicio de agua potable para uso doméstico, donde según datos de la Comisión Nacional del Agua, en 2015 señala que se ha alcanzado una cobertura del 92.5 por ciento a nivel nacional. Sin embargo, dicha cifra hace visible que aún existen ciertos sectores de la población rezagados de dicho derecho, sobre todo aquellos que habitan en zonas rurales, ya que de ese porcentaje nacional, solamente el 81.6 por ciento corresponde a estas zonas.1

De acuerdo con las mismas estadísticas, la zona con menor cobertura de disposición de agua potable es la Región Hidrológico-Administrativa del Pacífico Sur, la cual se agrupa en un organismo de cuenca y abarca territorios dentro de los estados de Oaxaca y Guerrero, según la división establecida en el Acuerdo de Circunscripción Territorial de los Organismos de Cuenca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2010.

Con base en datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística en 2015, se puede encontrar que las entidades con menor porcentaje de agua potable son, en primer lugar, Guerrero, con el 84.6 por ciento, y en segundo lugar, Oaxaca, con el 85.5 por ciento. Específicamente, toda la Región del Pacífico Sur tiene una cobertura del 84.57 por ciento, donde si se hace un desglose, se puede señalar que el porcentaje que corresponde a las zonas urbanas es del 88.19 y de las zonas rurales 79.10.2

Se debe tener presente que la evolución de los porcentajes de cobertura debe contemplarse a la par del crecimiento poblacional y la concentración en centros de población, donde el mantenimiento de un determinado porcentaje de cobertura implica la incorporación de nuevos habitantes al servicio, por lo que esto implica mayores esfuerzos por parte de las autoridades del agua para garantizar dicho derecho fundamental.

Es importante señalar que la carencia al acceso o disposición de agua es un factor de pobreza, en cuanto a la metodología adoptada por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Según el Índice Ethos1 de pobreza para México, la variable de ingreso es la que más contribuye a la pobreza en un 22 por ciento, sin embargo, le sigue el servicio sanitario y de acceso al agua potable con un 20 por ciento. Esto quiere decir que el 41 por ciento del factor pobreza tiene que ver con la cantidad y calidad del recurso hídrico.

A pesar de dichas cifras, es importante señalar que, de acuerdo a estudios de la Conagua, el agua renovable, es decir, la cantidad de agua que es renovada por la lluvia y el agua proveniente de otras zonas, en las regiones del sureste es siete veces mayor que la disponible en el resto de las regiones hidrológico-administrativas, de donde forma parte El Pacífico Sur con 10 374 metros cúbicos de agua renovable per cápita, en contraste con los mil 583 metros cúbicos del norte, centro y noroeste.

De esta manera, se puede decir que, a pesar de las condiciones climatológicas e hidrométricas privilegiadas que tiene la zona sureste del país, el recurso hídrico no está llegando a sus poblaciones más cercanas, lo cual está directamente ligado a la Política Nacional Hídrica que instrumenta la Conagua, a través de sus Organismos de Cuenca, y que no ha priorizado como destino de inversión en obra pública federal de infraestructura hídrica a aquellas regiones con menor cobertura.

Otros factores importantes que no han permitido dar una mayor cobertura en dicha región han sido los conflictos políticos y agrarios intermunicipales, que condicionan el paso de las tuberías y la operación de los equipos; y el agotamiento de las fuentes de agua o la falta de mantenimiento preventivo que ha provocado que se suministren solamente 350 litros de agua por segundo, de los mil 500 necesarios para sus centros de población y zonas rurales.

En el marco de dichos esfuerzos, el gobierno federal ha destinado 105 millones 769 mil 910 pesos del año 2013 al 2016 para infraestructura hidráulica dirigida al servicio de agua potable y saneamiento,3 teniendo un incremento de gasto inversión del 4.6 por ciento con respecto al mismo periodo de la administración pasada,4 lo cual hace necesario un incremento en el gasto programado en dicho rubro, priorizando a la Región Pacífico Sur con el fin de destinar recursos, ya que tiene los niveles más bajos de cobertura de agua potable.

El agua es un recurso estratégico para atender las necesidades sociales básicas de la población mexicana e impulsar el desarrollo económico de actividades productivas relacionadas a su uso, aprovechamiento o explotación en el país. Por lo cual debe ser prioridad del gobierno federal, coordinar acciones con los gobiernos estatales y municipales de Oaxaca y Guerrero dirigidas a incrementar la inversión, construcción y mantenimiento de infraestructura hidráulica con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la calidad del recurso hídrico.

Dichos esfuerzos deben ir encaminados a garantizar el ejercicio pleno del derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, el cual está consagrado en el párrafo sexto, del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el cual obliga al Estado mexicano a garantizar dicho esfuerzo.

El Estado mexicano se ha suscrito a acuerdo internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), mediante el cual acepta obligaciones para garantizar el derecho al agua bajo los principios que peste conlleva, acuerdo el cual fue ratificado por el Senado el 12 de mayo 1981.

Uno de los principios básicos de dicho derecho es que el abastecimiento de agua debe ser suficiente y continuo, donde, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), se necesitan entre 50 y 100 litros de agua por persona cada día para cumplir con dicho precepto.5

En este sentido, según cifras del Inegi, obtenidas de la Encuesta Nacional de los Hogares 2016, el 47.4 por ciento de los hogares con el servicio de agua potable y saneamiento disponen del recurso hídrico diariamente, mientras en Guerrero solamente el 26 por ciento de la población lo dispone, lo cual nos permite ver que el resto de su población dispone de agua cada tercer día, dos veces a la semana, una vez por semana o de vez en cuando, donde la media nacional de porcentaje de la población que dispone del recurso de manera cotidiana es el 72.7 por ciento, con lo que dicha región está muy alejada.6

Por otro lado, el agua para uso personal o doméstico debe ser saludable y aceptable, en tanto debe estar libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que ponen en amenaza la salud humana; al igual que debe presentar un color, olor y sabor adecuado para ambos usos.

De acuerdo con informes de la Conagua y con base en tres indicadores construidos para la medición de la calidad del agua -como los de Demanda Bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO), Demanda Química de oxígeno (DQO) y Sólidos Suspendidos Totales (STO)-, en la Región Pacífico Sur, de una muestra de 550 sitios, se apunta excelente calidad del 76.8 por ciento en DBO, 4.2 por ciento en DQO y 33.6 por ciento en SST durante el año 2015.7

Asimismo, para que este derecho se cumpla, el agua debe ser asequible, por lo cual debe poder disponerse de ella económicamente y a través de los servicios públicos, es decir, las contribuciones fiscales a través del pago de derechos, no debe superar el 3 por ciento de los ingresos totales del hogar, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y por otro lado debe existir la infraestructura necesaria para la prestación de dicho servicio público dentro del hogar, del trabajo, instituciones de salud e instituciones académicas.

En el presente 2018, la tarifa promedio por consumo de agua doméstico de la región Pacífico Sur, corresponde a 56.4 pesos mensuales por cada 10 mil litros, el cual corresponde al promedio que consume cada familia en los estados de Guerrero y Oaxaca.8 Además, si se contrastan dichos datos con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, se puede ver que el ingreso mensual de dicha región es de 2 mil 278 pesos,9 donde el gasto en servicios de agua potable representa el 2.47 por ciento de sus ingresos.

A pesar de que dicho porcentaje se encuentra por debajo del promedio de 3 por ciento recomendado, se debe tomar en cuenta que estados como Oaxaca y Guerrero se encuentran en los tres primeros lugares con menor ingreso a nivel nacional, sólo por arriba del estado de Chiapas, lo cual puede tener un mayor costo social para esta región, haciendo necesario que se disminuyan las tarifas en dicha región.

En caso de que la Conagua, en coordinación con los gobiernos municipales de la Región Pacífico del Pacífico Sur, no instrumente nuevas acciones para garantizar dicho derecho fundamental de la humanidad, podría ocasionar problemas de salud para las poblaciones que no tienen acceso al servicio de agua diario, ya que el recurso hídrico forma parte de uno de los elementos más importantes en la nutrición de las personas, y que cumple múltiples funciones en nuestro organismo.

Así como lo señala la OMS, una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la capacidad productiva de ciertas comunidades.10 De esta manera, debe resaltarse que, de seguir existiendo la falta del acceso al agua de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible, seguirán incrementándose los niveles de pobreza en dicha región, donde se encuentra parte de la población con mayores carencias del país.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que, en el ámbito de sus atribuciones, y en coordinación con los gobiernos municipales correspondientes, instrumente nuevas acciones encaminadas a garantizar el ejercicio pleno del derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, priorizando la Región Hidrológica-Administrativa del Pacífico Sur.

Notas

1 Conagua. (2016). Atlas del Agua en México, p. 70. Consultado el 19 de noviembre de 2018 en: http://201.116.60.25/publicaciones/AAM_2016.pdf

2 Inegi. (2015). Estadísticas a propósito del día mundial del agua. Consultado el 20 de noviembre de 2018 en:

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/agu a2016_0.pdf

3 Cifras obtenidas con base a Semarnat. (2016). Cuarto Informe de Labores, p. 58. Consultado el 20 de noviembre de 2018 en:

http://files.conagua.gob.mx/transparencia/4to_Informe_de _Labores_2015-2016%20SEMARNAT_CONAGUA.pdf

4 Cifras obtenidas con base a Conagua. (2014). Programa Nacional Hídrico 2014-2018, p. 39. Consultado el 20 de noviembre de 2018 en: http://files.conagua.gob.mx/transparencia/PNH2014-2018.pdf

5 Organización de las Naciones Unidas. (2015). The Human Right to Water, p. 2. Consultado el 20 de noviembre de 2018 en:

http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_ water_and_sanitation_media_brief.pdf

6 Inegi. (2017). Encuesta Nacional De los Hogares 2016, p. 17-18. Consultado el 21 de noviembre de 2018 en: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/ contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/promo/enh2016_resulta dos.pdf

7 Conagua. (2016). Estadísticas del Agua en México, p. 220. Consultado el 21 de noviembre de 2018 en: http://201.116.60.25/publicaciones/EAM_2016.pdf

8 Cifras obtenidas con base a Sistema de Información de Tarifas de Agua Potable. (2017). Tarifas de uso doméstico. Consultado el 21 de noviembre de 2018 en: http://187.189.183.90/grafica.php#

9 Inegi. (2017). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, p. 31. Consultado el 21 de noviembre de 2018 en:
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/enigh/nc/2016/doc/presentacion_resultados_enigh2016.pdf

10 Organización Mundial de la Salud. (2015). Nutrición. Consultado el 21 de noviembre de 2018 en:

http://www.who.int/topics/nutrition/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días de noviembre del 2018.

Diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a garantizar que el diseño y la formulación del próximo Programa Nacional de Cultura Física y Deporte tengan como uno de los ejes rectores la observancia de la perspectiva de niñez, a cargo de la diputada Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, Martha Elena García Gómez, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración del pleno de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, a efecto de que en el diseño y formulación del próximo Programa Nacional de Cultura Física y Deporte tenga como uno de sus ejes rectores la observancia de la perspectiva de niñez, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El noveno párrafo del artículo 4o. constitucional establece que, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Que ese mismo principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Más aún, en el último párrafo del mismo artículo se estipula que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, por lo que corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

Ahora bien, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en el derecho a la salud y a la seguridad social, que los tres órdenes de gobierno deberán promover en todos los grupos de la sociedad y, en particular, en quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de la niñez y adolescencia, los principios básicos de salud y nutrición, así como, combatir la desnutrición crónica y aguda, sobrepeso y obesidad, así como otros trastornos de conducta alimentaria mediante la promoción de una alimentación equilibrada, el consumo de agua potable, el fomento del ejercicio físico , e impulsar programas de prevención e información sobre estos temas.

En esa circunstancia, la vigente Ley General de Cultura Física y Deporte dispone, en su artículo 2, como finalidades de la normativa las de:

-Elevar, por medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el nivel de vida social y cultural de los habitantes en las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

-Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades.

-Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la prevención del delito.

En tanto que, al referirse al programa nacional en la materia estipula que el Ejecutivo federal, a través de Conade, procurará establecer en el Plan Nacional a su cargo, los objetivos, alcances y límites del desarrollo del sector; así como, el deber de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en relación con la cultura física y el deporte.

Específicamente, determina que la Conade — como conductora de la política nacional—, en coordinación con la SEP, integrará el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte teniendo como base la elaboración de diagnóstico nacional , estatal y municipal, el cual debe contemplar al menos:

-Una clara definición de objetivos y metas.

-La formulación de estrategias, tomando en cuenta criterios de coordinación institucional para el aprovechamiento de los recursos públicos y privados.

-El diseño de políticas que aseguren la efectiva participación del sector privado en la actividad deportiva nacional.

-El plan de inversiones con los presupuestos de los principales programas y proyectos de inversión pública de los distintos entes deportivos y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución; así como, su rendición de cuentas.

En ese orden, las conclusiones de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de medio camino 20161 (Ensanut MC 2016) mostraron que:

-El aumento de la masa grasa que se manifiesta en exceso de peso (sobrepeso y obesidad) es el problema nutricional más frecuente en la población escolar, adolescente y adulta, el aumento en la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad durante las tres últimas décadas es preocupante por los efectos adversos del exceso de peso en la salud.

-La prevención del exceso de peso reclama acciones integrales y coordinadas entre el gobierno, organizaciones comunitarias, escuelas, la familia, los profesionales de la salud y la industria.

Destacando el citado documento que el gobierno mexicano enfrentó dicho problema de salud pública mediante una política nacional llamada Estrategia para la Prevención del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, siendo la misma Ensanut-MC 2016 la base de su evaluación.

En cifras , la Ensanut 2016 subraya que en cuanto al estado de nutrición, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 11 años de edad disminuyó de 34.4 por ciento en 2012 a 33.2 por ciento en 2016, una reducción de 1,2 puntos porcentuales; sin embargo la diferencia no fue estadísticamente significativa.

Asimismo, el fenómeno del sobrepeso y la obesidad entre niñas y niños presentó el siguiente panorama:

-Las prevalencias de sobrepeso (20.6 por ciento) y de obesidad (12.2 por ciento) en niñas en 2016 fueron muy similares a las observadas en 2012 (sobrepeso 20.2 por ciento y obesidad 11.8 por ciento).

- En niños hubo una reducción estadísticamente significativa de sobrepeso entre 2012 (19.5 por ciento) y 2016 (15.4 por ciento) que resultó estadísticamente significativa; mientras que las prevalencias de obesidad en 2012 (17.4 por ciento) y 2016 (18.6 por ciento) no fueron estadísticamente diferentes.

Por localidades y regiones:

-La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue mayor en localidades urbanas que en las rurales (34.9 por ciento vs 29.0 por ciento) y las diferencias entre regiones no fueron estadísticamente significativas.

Mientras que, en adolescentes, la encuesta encontró que:

-En adolescentes de entre 12 y 19 años la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad fue de 36.3 por ciento, 1.4 puntos porcentuales superior a la prevalencia en 2012 (34.9 por ciento). Sin embargo, esta diferencia no es estadísticamente significativa.

-La prevalencia de sobrepeso (26.4 por ciento) en adolescentes de sexo femenino en 2016 fue 2.7 puntos porcentuales superior a la observada en 2012 (23.7 por ciento). Esta diferencia es estadísticamente significativa. En cambio, la prevalencia de obesidad (12.8 por ciento) es similar a la observada en 2012 (12.1 por ciento).

-En los adolescentes de sexo masculino no hubo diferencias significativas entre 2012 y 2016. La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en áreas urbanas pasó de 37.6 por ciento en 2012 a 36.7 por ciento para 2016, mientras dicha prevalencia en áreas rurales aumentó 8.2 por ciento en el mismo periodo de tiempo. Las diferencias entre regiones no fueron estadísticamente significativas.

Por cuanto a la actividad física se encontró lo que a continuación transcribimos.

Entre niñas y niños:

- Cerca de una quinta parte de los niños y niñas de entre 10-14 años de edad (17.2 por ciento) se categorizan como activos , realizando al menos 60 minutos de actividad física moderada a vigorosa los 7 días de la semana, de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

-Se observó que los niños son más activos (21.8 por ciento) comparado con las niñas (12.7 por ciento).

-La prevalencia de niños que pasan 2 horas o menos/día frente a pantalla disminuyó de 28.3 por ciento a 22.7 por ciento de 2006 a 2016, siendo en esta última encuesta menor en niños que en niñas (21.0 por ciento vs. 24.4 por ciento).

Mientras que entre adolescentes:

- En adolescentes la prevalencia de actividad física suficiente, definida como 420 minutos/semana de actividad moderada-vigorosa, aumentó de 56.7 por ciento a 60.5 por ciento de 2012 a 2016, siendo en esta última encuesta, mayor en hombres que en mujeres (69.9 por ciento vs 51.2 por ciento).

-La proporción de adolescentes con un tiempo frente a pantalla dos horas o menos/día, disminuyó ligeramente de 27.1 por ciento a 21.4 por ciento de 2006 a 2016, este cambio fue mayor en las mujeres (28.6 por ciento vs. 17.4 por ciento) comparado con los hombres (25.7 por ciento vs. 25.3 por ciento)

La importancia de una encuesta como la Ensanut es que se obtiene información que da cuenta del tamaño y trayectoria del fenómeno que representa el sobrepeso y la obesidad y los retos que debe enfrentar la administración pública, y permite planear de qué manera ha de combatirse.

En esa línea se inscribe la presente proposición, en demandar de la autoridad, que ejecute estrategias y líneas de acción con énfasis en las edades tempranas por considerar que ellas se anidan las condiciones que determinan la calidad de vida en la adultez de las personas.

Los resultados de dicha encuesta muestran poco avance en el combate de estos flagelos, de salud pública, que de no afrontarlos efectivamente consumirán ingentes recursos presupuestales para su atención, y representarán afectaciones en las economías domésticas de las familias de los enfermos.

En conclusión, como se valoró en la Ensanut, el problema es de tal magnitud que demanda acciones inmediatas para detener su avance, por lo que se requiere que las dependencias a cargo de programar las acciones en materia de cultura física y deporte las formulen atendiendo un principio básico de rango constitucional: el interés superior del niño, por cuanto a que es en las edades tempranas cuando física y mentalmente el ser humano se prepara para afrontar la vida adulta en la mejor condición de salud, lo que hará de ellas personas productivas en beneficio propio y de la comunidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de:

Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal para que garantice la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 125, fracciones V y VI, de la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, con el propósito de incentivar las actividades físicas entre niñez y adolescencia como una forma de favorecer su derecho a la salud.

Nota

1 La cual tuvo como fin aportar información que permita conocer la magnitud, distribución y tendencias del sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición, la evolución de los factores de riesgo y el desempeño de la estrategia (Enasut MC 2016); ver: http://transparencia.insp.mx/2017/auditorias-insp/12701_Resultados_Encu esta_ENSANUT_MC2016.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días de noviembre de 2018.

Diputada Martha Elena García Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer las acciones que contribuyan a prevenir y atender oportunamente el padecimiento del VIH/sida entre la población mexicana, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, fortalezca las acciones que contribuyan a prevenir y atender oportunamente el padecimiento del VIH/SIDA entre la población mexicana , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es una enfermedad que infecta a las células del sistema inmunitario, alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema inmunitario, con la consiguiente “inmunodeficiencia”.1

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH.

Esta enfermedad continúa siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial, que ha cobrado ya más de 35 millones de vidas. Tan solo en 2016, un millón de personas fallecieron en el mundo por causas relacionadas con este virus.2

Se estima que a finales del mismo año había aproximadamente 36.7 millones de personas infectadas por el VIH en el mundo y se produjeron 1.8 millones de nuevas infecciones, de los cuales el 54 por ciento de los adultos y el 43 por ciento de los niños infectados están en tratamiento antirretrovírico (TAR) de por vida. La cobertura mundial del TAR para las mujeres infectadas que están embarazadas o en periodo de lactancia es del 76 por ciento.

Cabe destacar que existen grupos poblacionales que merecen especial atención por correr un mayor riesgo de infección por el VIH, como son los hombres que tienen relaciones homosexuales, los consumidores de drogas inyectables, los presos y personas que están recluidas en otros entornos, los trabajadores sexuales y sus clientes, y los transexuales.

De acuerdo con las estimaciones de la OMS, solamente el 70 por ciento de las personas infectadas por el VIH conocen su estado serológico. Para alcanzar el objetivo fijado del 90 por ciento, otros 7.5 millones de personas necesitan acceder a servicios de diagnóstico de esta infección. A mediados de 2017, un total de 20.9 millones de personas infectadas por el VIH se encontraban dentro de programas de TAR.

En 2016, la OMS publicó la segunda edición de sus directrices unificadas sobre el uso de los antirretrovirales en el tratamiento y la prevención de la infección por el VIH. En ellas se recomienda proporcionar TAR de por vida a todas las personas infectadas, incluidos los niños, adolescentes y adultos, y las mujeres embarazadas y que amamantan, con independencia de su estado clínico y de su recuento de linfocitos CD4. Hasta julio de 2017 habían adoptado esta recomendación 122 países, que abarcan el 90 por ciento de las personas infectadas por el virus.

Debido a la magnitud, riesgos y consecuencias de esta enfermedad, la Organización de las Naciones Unidas instauró el Día Internacional del Sida, que se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988. Con motivo de esta fecha se dan a conocer los avances contra la pandemia de VIH/sida causada por la extensión de la infección del VIH.3

En México, de acuerdo con un boletín de 2017, elaborado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH y el Sida, a diciembre de 2016, 220 mil personas vivían con VIH (200-240 mil). Para 2020, el país estima que serán 250 mil.4

A junio del 2016, un total de 141 mil personas tenían acceso a tratamiento antirretroviral en todo el país y se presentan alrededor de 12 mil nuevas infecciones por VIH al año. Asimismo, se ha reducido en un 15 por ciento la tasa de incidencia estimada del VIH, de 2005 a 2016 (0.12-0.10 por cada mil habitantes).

Se estima que cada día en el país, en promedio, 33 personas adquieren el VIH y la tasa de mortalidad fue de 3.8 por 100 mil habitantes, siendo de 1.3 en mujeres y 6.4 en hombres.

Existe una prevalencia de VIH en la población de 15-49 años del 0.3 por ciento, lo que significa que tres de cada mil personas vive con VIH en ese grupo de edad, la cual muestra una tendencia estable.

De acuerdo con la tipología de Onusida, México tiene una epidemia concentrada, en la que existen poblaciones que son clave en la respuesta a la epidemia. Las prevalencias de VIH en estas poblaciones clave son: hombres que tienen sexo con hombres (17.3 por ciento), personas que se inyectan de drogas (5.8 por ciento), mujeres trabajadoras sexuales (0.7 por ciento) y hombres trabajadores sexuales (24.1 por ciento), así como mujeres trans (15-20 por ciento).

Un estudio de Censida establece que en siete zonas urbanas de México (Cancún, Quintana Roo; Mérida, Yucatán; Ciudad del Carmen, Campeche; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Villahermosa, Tabasco, Oaxaca, Oaxaca, y Puebla, Puebla), dio como resultado las siguientes prevalencias (muestrales) del VIH en poblaciones clave: hombres que tienen sexo con hombres (20.75 por ciento), mujeres trans (19.83 por ciento) y mujeres trabajadoras sexuales (1.21 por ciento).

En 2016, se realizaron al menos 1 millón 169 mil detecciones de VIH en mujeres embarazadas, de un total de 2.2 millones de mujeres embarazada en el país, según registros de las instituciones del sector salud público. 61 por ciento de las mujeres embarazadas con VIH iniciaron tratamiento antirretroviral por primera vez en su vida.

Dentro de la legislación nacional se creó la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, “Para la prevención y el control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana”, que tiene por objeto establecer y actualizar los métodos, principios y criterios de operación de los componentes del Sistema Nacional de Salud, respecto de las actividades relacionadas con la prevención y control, que abarcan la detección, el diagnóstico oportuno, la atención y tratamiento médico de la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).5

La situación del VIH/Sida en nuestro país es un problema de salud pública que debe atenderse con prontitud, con la finalidad de mantener este padecimiento controlado entre la población; sin duda, la mejor manera de hacerlo es mediante adecuados programas de prevención, que contribuyan a proteger la salud y la economía de los pacientes y de sus familias.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas, fortalezca las acciones que contribuyan a prevenir y atender oportunamente el padecimiento del VIH/Sida entre la población mexicana.

Notas

1 http://www.who.int/topics/hiv_aids/es/

2 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

3 https://www.gob.mx/impi/articulos/dia-mundial-de-la-lucha-contra-el-sid a-137324

4 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/275582/Boletin_D_aMundia l2017.pdf

5http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/VIH/Leye s%20y%20normas%20y%20reglamentos/Norma%20Oficial%20Mexicana/NOM-010-SSA 2-2010%20SIDA.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 27 días de noviembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las plazas otorgadas por las instituciones de salud, a cargo de la diputada Carmen Medel Palma, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Carmen Medel Palma, diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera. En México, la carrera de médico cirujano se ha considerado como una fase propedéutica para acceder a la especialización. Desde luego, la mayor parte de los egresados de la carrera de medicina aspiran a realizar cursos de posgrado.

En ese contexto, el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM) se ha convertido para los sustentantes, en un parteaguas en su preparación, pues además de constituir la primera etapa para ingresar al Sistema Nacional de Residencias Médicas, implica para ellos la posibilidad de ejercer la profesión de una manera digna y con una retribución en promedio buena o ejercerla en condiciones limitadas.

Es de esta manera que el ENARM funge como un instrumento de medición de conocimientos de medicina general que se construye con base en una metodología basada en evaluación educativa enfocada a la solución de problemas médicos.

Segunda. La Secretaría de Salud a través de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, es la encargada de establecer la coordinación entre el sector salud y el educativo para la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos de acuerdo a las necesidades actuales y futuras de la población, tal y como lo indica el reglamento.

Aunado a lo anterior y por acuerdo presidencial del 19 de octubre de 1983, se creó la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), como organismo colegiado interinstitucional, de consulta, asesoría y apoyo técnico de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Salud, así como de otras dependencias e instituciones del sector público, social y privado, en asuntos de común interés en materia de formación de recursos humanos para la salud.

Es entonces, a través de la comisión que se intensifican las acciones para conciliar la cantidad de los recursos con la calidad, así como la matrícula con la capacidad del Sistema Nacional de Salud para la instrucción clínica y el mercado laboral.

De aquí que, la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, además de tener a su cargo la elaboración y aplicación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, constituya un factor importante para la formación del personal de salud.

Tercera. De acuerdo con cifras del Comité de Posgrado y Educación Continua de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, del ENARM aplicado entre el periodo de 2001 a 2016, 382 mil 186 aspirantes presentaron el examen y tan sólo 94 mil 336 fueron seleccionados1 , es decir, existe una gran disparidad entre los sustentantes y los seleccionados como se muestra en la siguiente tabla:

De manera más específica, en 2016 más de 36 mil médicos generales compitieron a través del ENARM por una de las, aproximadamente, 8 mil 250 plazas ofertadas2 . Mientras que en la XLII edición del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, la del presente año y a pesar de que se presentó la mayor demanda en la historia de esta prueba con 46 mil 200 aspirantes registrados, la oferta académica siguió siendo de únicamente 8 mil plazas para médicos mexicanos y 500 lugares para extranjeros3 .

De lo que se concluye que, las plazas ofertadas por las distintas instituciones de salud para realizar una especialidad médica, son a todas luces insuficientes en relación a la demanda actual de profesionales de la salud en el país, pues de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, para México el indicador de médicos por cada mil habitantes está muy por debajo (1.4) de los indicadores internacionales, ya que en comparación con otros países de la región como Canadá, es de 2; en los Estados Unidos de 3.1; en la Comunidad Económica Europea destaca que España, Francia y Alemania tienen cifras similares con 3.5 médicos por 1000 habitantes y Cuba, el país que tiene un indicador más alto con 6.6 médicos por 1000 habitantes.4

Como parte complementaria, además de las pocas plazas ofertadas, la logística para su distribución no garantiza que los médicos laboren en las zonas del país en donde se tiene mayor demanda, ya que la mayor parte de ellas se concentra en la Ciudad de México cuando al interior de la República Mexicana existe mayor necesidad.

Cuarta. Si bien es cierto que la dificultad del examen es un factor determinante para aprobarlo o no, también destaca la poca transparencia, inequidad y dudosa objetividad en la calificación de los reactivos, toda vez que el Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas se compone de 450 reactivos de opción múltiple y es aplicado en diferentes regiones del país en días consecutivos, por lo que, cada día se utilizan diferentes versiones que presumen contener las mismas características de dificultad.

En virtud de lo anterior y para la etapa de calificación, los puntajes se agrupan por especialidad. Seleccionando así a los sustentantes de acuerdo a su puntaje y hasta que se cumpla con un cupo, es decir, el criterio primario utilizado para seleccionar a los sustentantes es el porcentaje de respuestas correctas dividido entre los reactivos; pero en el dado caso que hubiese un empate, se consideran sucesivamente el puntaje en medicina interna, pediatría, ginecobstetricia y cirugía y finalmente, el grado de dificultad de los reactivos respondidos de forma correcta5 . Situación que genera incertidumbre en la objetividad de la calificación.

Quinta. Ahora bien, el recurso económico recaudado por la aplicación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas es otro aspecto a destacar ya que tan sólo en 2016 fue de aproximadamente, 108 millones de pesos por cuotas de inscripción6 . Cifra de la que se desconoce el destino y que adiciona un argumento más en favor de que la elaboración y calificación del ENARM se desarrolle bajo los más altos estándares de calidad que en la actualidad siguen estando en duda.

Por lo expuesto y considerando el déficit de profesionales de la salud por número de habitantes en el país, así como las vacantes ofertadas por las instituciones médicas para el acceso a una especialidad médica, además de las posibles jubilaciones y contrastándolo con el número actual de médicos existentes, aunado al ritmo actual de formación de los profesionales de la salud; sin dejar de lado la discrecionalidad en el manejo de los recursos recaudados por la aplicación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, someto a consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular de la Secretaría de Salud a realizar los ajustes administrativos y presupuestales necesarios para incrementar el número de plazas otorgadas por las diferentes instituciones de salud para realizar una especialidad médica y responder a la demanda actual de médicos especialistas en diferentes áreas profesionales de la salud que cubran las necesidades de atención a la salud de la población.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacer del dominio público el destino de los recursos recaudados por la aplicación del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas en los últimos cinco ejercicios fiscales.

Notas

1 IMSS. El ENARM y las escuelas y facultades de medicina. Un análisis que no le va a gustar a nadie. [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 19 de noviembre de 2018 http://www.redalyc.org/jatsRepo/4577/457751260014/html/index.html)

2 Barajas Ocha, Aldo. Equidad, validez y confiabilidad del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas: oportunidades para mejorar. [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 20 de noviembre de 2018 de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/EXAMEN%20DE%20RESIDENCIA%202016%20(2 ).pdf)

3 IMSS, obra citada.

4 Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS). Salud en las Américas. Panorama regional y perfiles por país. Edición 2012. Washington, EU: OPS/OMS; 2012. p. 14.

5 Barajas Ocha, Aldo. Equidad,validez y confiabilidad del Examen Nacional para Aspirantes a Residencias Médicas: oportunidades para mejorar. [Electrónico]. (Recopilado de World Wide Web el 20 de noviembre de 2018 de

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/EXAMEN%20DE%20RESIDEN CIA%202016%20(2).pdf)

6 Ibíd., página 501

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 27 de noviembre de 2018.

Diputada Carmen Medel Palma (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a promover campañas informativas, preventivas y de atención sobre el asma, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, promuevan campañas informativas, de prevención y atención sobre el asma, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas, en la que muchas células y productos celulares tienen un papel importante; la inflamación incrementa la respuesta de la vía aérea y produce episodios recurrentes de sibilancias, dificultad respiratoria, tiraje intercostal, tos y opresión torácica de predominio nocturno y matutino, con obstrucción variable al flujo aéreo y reversible de manera espontánea o con tratamiento.1

Para dimensionar la magnitud de esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala los siguientes datos y aspectos relevantes:

• En la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma.

• Es la enfermedad crónica más frecuente en los niños.

• Está presente en todos los países, independientemente de su grado de desarrollo. Más de 80 por ciento de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y medios-bajos.

• A menudo el asma no se diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado, creando así una importante carga para los pacientes y sus familias, y pudiendo limitar la actividad del paciente durante toda su vida.2

Es importante subrayar que el asma es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en el mundo. Puede afectar a cualquier ser humano, independientemente de la raza, edad o sexo. No distingue condición socioeconómica ni región geográfica, ya que afecta tanto a población de las grandes ciudades como a la de zonas marginales y rurales. A pesar de un creciente y vertiginoso conocimiento de la enfermedad, derivado de la investigación básica, clínica y epidemiológica, aún se carece de un recurso terapéutico que permita la curación de los enfermos.3

Los especialistas afirman que la enfermedad es cien por ciento controlable en la mayoría de los casos. A pesar de la abundante información disponible, es desafortunado que el subdiagnóstico y el subtratamiento sean realidades de la práctica médica cotidiana.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México 7 por ciento de la población padece asma, lo cual significa aproximadamente 8.5 millones de personas enfermas por este padecimiento respiratorio crónico. La Dirección General de Información en Salud señaló que en 2013 se registraron en el país 126 mil 952 egresos hospitalarios por todas las enfermedades respiratorias, de los cuales 25 mil 630 correspondieron a asma (20 por ciento de las enfermedades respiratorias).

La población de 0 a 14 años de edad es la más afectada, seguida de las personas de entre 15 a 64 años. Entre los egresos hospitalarios, 47 son por defunción (0.03 por ciento de todas las causas de muerte en el país), para una tasa de mortalidad de 1.8 por cada 1000 egresos.

Es importante señalar que el asma se encuentra dentro de las primeras 20 causas de enfermedad en nuestro país y, del total de casos registrados, cerca de 30 por ciento se presenta en el grupo de 5 a 14 años de edad (población escolar).4

De igual manera, es una de las 10 primeras causas de atención de urgencias y consulta externa, debido a la falta de diagnóstico y control adecuado de los pacientes.5

Asimismo, se tienen bien reconocidas las deficiencias de mayor impacto en la atención de los pacientes, entre las que destacan el diagnóstico erróneo, el uso reducido de pruebas de utilidad clínica (espirometría), el uso habitual de medicamentos no indicados en el control de esta enfermedad (mucolíticos, antitusígenos, antihistamínicos, antibióticos, entre otros) y, en cambio, el pobre uso de tratamientos útiles (corticosteroides y broncodilatadores inhalados).

Otra problemática vinculada con esta enfermedad radica en que los gastos en salud impactan negativamente tanto a los pacientes y sus familiares, como a las instituciones de salud.

Desde hace más de dos décadas los expertos en asma en nuestro país se han dado a la tarea de difundir de manera periódica el conocimiento relacionado con el asma; sin embargo, pese a los importantes esfuerzos, los desafíos son mayúsculos.

Dentro de estos esfuerzos, destaca la iniciativa del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas y de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, AC (SMNyCT), varias instituciones y asociaciones médicas se han sumado al esfuerzo para desarrollar la Guía Mexicana del Asma 2017 (GUIMA 2017).

Se trata de una una herramienta de amplio y fácil acceso para mejorar la atención de los pacientes con asma y evitar los deplorables resultados de un mal diagnóstico y un mal control de este padecimiento.

Desde 1998, cada año el primer martes del mes de mayo, se conmemora el Día Mundial del Asma, una iniciativa para concientizar a la población acerca de la enfermedad y la posibilidad de su control para evitar que limite a las personas en sus actividades diarias. El lema para el 2018 es “Nunca Demasiado Pronto, Nunca Demasiado Tarde”.6

En conclusión, el asma representa un importante problema de salud pública que afecta a millones de personas en nuestro país, principalmente niños, por lo que es urgente implementar campañas informativas a nivel nacional, que ayuden a conocer los riesgos y consecuencias de este padecimiento, a la vez que implementar medidas oportunas para su prevención y atención.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades federativas, promuevan campañas informativas de prevención y atención relativas al asma.

Notas

1 http://revistaalergia.mx/ojs/index.php/ram/article/view/91/253

2 https://www.who.int/respiratory/asthma/es/

3 htthttp://revistaalergia.mx/ojs/index.php/ram/article/viewFile/271/405p s://www.who.int/respiratory/asthma/es/

4 https://www.insp.mx/avisos/4640-asma-infantil-salud-publica.html

5 https://www.gob.mx/salud/prensa/204-conmemora-hjm-dia-mundial-del-asma- 2018-con-jornada-de-concientizacion

6 http://www.respirar.org/index.php/respirar/iniciativas/dia-mundial-del- asma

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las pérdidas originadas por las inclemencias climáticas en el sector agrícola, a cargo de la diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Alma Marina Vitela Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo solicitando se considere de urgente resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Dentro de las atribuciones como diputada federal es de suma importancia atender las principales necesidades del pueblo que representamos, es por ello que el día de hoy pongo en manifiesto el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución, primeramente con la firme intención de respaldar las solicitudes de los distintos agricultores que producen el frijol y el maíz de la Región Lagunera, derivado de las inclemencias climatológicas consistentes en las bajas temperaturas severas que se originaron en días anteriores dentro las demarcaciones de municipios del estado de Durango, por la entrada del frente frío número 10 de esta temporada invernal; además de exhortar de manera urgente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para que, de forma inmediata, destine los mecanismos necesarios de solvencia sobre la perdida de los cultivos; y segundo exhortar a la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural de Durango (SAGDR), a fin de solicitar acciones de atención para el sector agrícola de los municipios que sufrieron pérdidas cuantificables por las bajas temperaturas, tomando en consideración los siguientes pronunciamientos:

La semana comprendida entre los días 12 y 16 de noviembre pasados, tuvimos del conocimiento de la entrada del frente frío número 10, correspondiente al periodo invernal de este año, donde sin duda se ha puesto en manifiesto como uno de los más severos respecto a los frentes transcurridos.

Entre de las principales inquietudes de la suscrita, siempre me he pronunciado respecto a la importancia del sector agrícola, ya que forman parte del núcleo económico y de desarrollo de nuestro país, es por ello la firme intención de respaldar a este sector, como tema prioritario al respecto de pérdidas de su inversión. En tal sentido, me he permitido exponer una problemática derivada de las inclemencias originada en los pasados días donde las bajas temperaturas sobrepasaron los menos un grado centígrados (-1°).

Los daños por bajas temperaturas pueden producirse en todas las plantas, pero los mecanismos y la tipología del daño varían considerablemente. Algunos cultivos como el maíz y el frijol experimentan daños fisiológicos cuando están sometidos a temperaturas por debajo de 10 °C, bastante por encima de las temperaturas de congelación. Sin embargo, el daño por encima de 0 °C es más por enfriamiento que por helada y esto genera la pérdida total del cultivo.

Las bajas temperaturas concentradas en el norte del país han originado pérdidas cuantificables en los cultivos de cientos de productores del estado de estado de Durango, sobresaliendo los municipios de Guadalupe Victoria, Santa Clara, Lerdo, Gómez Palacio y Tlahualilo, en este último, las cifras no han terminado de contabilizarse, pero se tiene el conocimiento que existen más de 12 mil hectáreas perdidas respecto al cultivo de frijol. En rangos generales, podemos establecer que los cultivos cuantificados se encuentran en pérdida total y de difícil reparación o bien, que no existe posibilidad de que puedan generar algún tipo de producción.

Es importante manifestar que las contingencias climatológicas del presente año han golpeteado significativamente a la Región Lagunera, primeramente respecto a la falta de precipitaciones pluviales que originaron que los cultivos de maíz y frijol no se desarrollaran en tiempo y forma, plasmando una pérdida del 12 por ciento por ciento de estos cultivos; posteriormente el exceso de agua que originaron las lluvias los pasados meses de agosto y septiembre creando pérdidas en un 27 por ciento, resultando que la suscrita presentara un punto de acuerdo con la finalidad de exhortar a la autoridades competentes a fin de atender la problemática de los agricultores, y para finalizar las pérdidas aún no cuantificables en su totalidad derivadas de las bajas temperaturas de los distintos frentes fríos del periodo invernal.

Dado lo anterior, nos permite concluir que para este año 2018 que finaliza, la producción de frijol y maíz será en números menores a los establecidos en años anteriores, además que si este problema no fuera poco, también influye en cuanto a las pérdidas económicas, puesto que actualmente el precio del frijol y maíz va a la baja, solo por comentarlo en términos generales.

Es importante manifestar que el presente punto de acuerdo no únicamente va encaminado a impulsar el apoyo al sector agrícola de mi estado que represento, sino que también lo dirijo para todas las entidades federativas que se encuentran en la misma problemática, ya que es cierto que las bajas temperaturas han afectado de forma considerable a la mayoría de los estados del país.

El daño a este sector, sin duda afecta de manera significativa a los ciudadanos, donde su principal crecimiento económico sustentable deriva de la productividad que se generan sus cultivos, no solo en el aspecto personal, sino de dependientes que conforman un núcleo familiar, además poner en consideración que la cosecha muchas de las veces de forma temporal, lo que incrementa el grado de afectación a los agricultores.

Dado lo anteriormente citado, el día hoy comparezco ante esta Cámara de Diputados, principalmente para solicitarle a la inmediata resolución del presente punto de acuerdo, respecto a los considerandos planteados y sobre todo que el mismo cumpla con el principal objetivo, que es exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a fin de que ponga principal atención a la demanda ciudadana involucrada dentro de la pérdida del cultivos del sector agrícola, en cualquiera que sea su producción

Asimismo, exhortar en calidad de urgente a las secretarías a nivel estatal que tengan competencia con el impuso al campo y agrícola a fin de que implemente acciones contundentes respecto al grado de damnificación ocurrida en el sector agrícola de forma general por bajas temperaturas y las pérdidas cuantificables de sus cultivos dentro de sus demarcaciones territoriales, así como realizar acciones de trabajo interinstitucional con la secretaría federal, para impulsar el apoyo de los seguros sobre las perdidas agrícolas.

Me permito concluir, que mi principal intención respecto al multicitado planteamiento consiste en dar sustentabilidad, condiciones de vida idóneas y desarrollo del buen vivir de los ciudadanos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a fin de que, en el ámbito de sus competencias, ponga especial atención a las pérdidas originadas por las inclemencias climatológicas dentro del sector agrícola del país, así como la emisión de mecanismos y políticas que contribuyan a la sustentabilidad de los agricultores que perdieron sus cultivos, ya sea por sequía, precipitaciones pluviales en exceso y las recientes bajas temperaturas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de impulsar los Seguros Agropecuarios correspondientes que ayudan a proteger a los productores contra los efectos de fenómenos climatológicos adversos.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la secretarías estatales de competencia con el desarrollo y del campo y la agricultura, a fin de que implemente acciones contundentes respecto al grado de damnificación ocurrida en el sector agrícola de forma general por bajas temperaturas y las pérdidas cuantificables de sus cultivos dentro de sus demarcaciones territoriales, así como realizar acciones de trabajo interinstitucional con la secretaria federal, para impulsar el apoyo de los seguros sobre las pérdidas agrícolas.

Palacio Legislativo, a 27 de noviembre de 2018.

Diputada Alma Marina Vitela Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al Instituto Municipal de la Mujer en Mexicali, BC, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena

La proponente, Marina del Pilar Ávila Olmeda, diputada por el estado de Baja California en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 2, fracciones II, III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las mujeres contribuyen al desarrollo de diversas maneras: mediante el cuidado de la casa y de los hijos ayudan a renovar la fuerza de trabajo remunerado; participan en la economía informal como medio de allegarse recursos para la manutención de la familia y realizan labores voluntarias para resolver problemas sociales y comunitarios que el gobierno no tiene capacidad de atender. De acuerdo con datos de la ONU, las mujeres desempeñan dos tercios del trabajo mundial.

Los datos sobre lo que las mujeres reciben a cambio de este esfuerzo revelan una gran desigualdad: obtienen solamente 10 por ciento de los ingresos y poseen menos de uno por ciento de las propiedades del mundo; se encuentran excluidas de la mayoría de los proyectos sociales y de la toma de decisiones de gobierno.

Ésta es una, entre otras razones de peso, para que se tomen en cuenta la voz y las necesidades de las mujeres en el diseño de las políticas públicas y en el cumplimiento de las gestiones gubernamentales en todos los ámbitos de la vida colectiva.

La experiencia nos ha enseñado que, para lograr la inclusión de respuestas a las necesidades y los reclamos de las mujeres en los planes de gobierno, es útil la existencia de instancias expresamente dedicadas a encontrar la forma y las herramientas para lograrlo, mediante la institucionalización de la protección a las mujeres.

Uno de los procesos que inciden directamente en la transición a la democracia apoyados por el actual gobierno federal, es la institucionalización de la protección a las mujeres con las políticas públicas. En la búsqueda de mecanismos e instrumentos que contribuyan a promover la igualdad de oportunidades y la participación plena de las mujeres en los ámbitos público y privado, se ha dispuesto contribuir con medios y recursos para que las mujeres logren el acceso, el control y el disfrute efectivo y equitativo de sus derechos, de los beneficios del desarrollo nacional, en un entorno libre de discriminación y de violencia.

La equidad de género como asunto de agenda nacional, se inserta como una cuestión cuya atención necesariamente transformará las prioridades, la planeación, las estrategias, los objetivos y las metas de cada una de las instituciones, así como sus interrelaciones internas y externas. El gobierno mexicano reconoce que la manera de conseguir la inserción de la equidad debe ser planteada a través de acciones de reforma en las leyes, normas, políticas y presupuestos.

En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo otorga un lugar importante dentro de la agenda nacional al desarrollo integral de las capacidades de hombres y mujeres en condiciones de equidad.

Es necesario que a fin de lograr la transversalización en todos los niveles e instancias de gobierno del país, se continúe promoviendo e impulsando la creación de instancias para asistencia a la mujer y en donde ya existen, promover su fortalecimiento.

Una de ellas es a través de las instancias municipales de las mujeres en su carácter de autoridad formal del municipio, quien tiene la función de organizar la vida comunitaria, articulando el conjunto de relaciones políticas, económicas, culturales y sociales establecidas entre las diferentes personas que la integran, así como entre éstas y las autoridades de los tres ámbitos de gobierno.

Introducir un enfoque de igualdad de las mujeres en las políticas de desarrollo en el municipio significa promover la equidad y nuevas identidades, reduciendo o eliminando las causas y los efectos de la discriminación en este rubro.

Esto implica:

• Ofrecer una lectura de desarrollo que incorpore el enfoque de equidad entre los géneros a cada problema, a cada alternativa de solución, así como a cada uno de los elementos y etapas del proceso de formulación de las políticas públicas locales.

• Reconocer y respetar los intereses de las mujeres, incluyéndolos de manera equitativa en los planes, programas y proyectos, a partir del reconocimiento de su diversidad económica, cultural y territorial.

• Generar y consolidar actoras y actores políticos, potenciando la contribución de la mujer en los procesos de toma de decisiones, a través del desarrollo de personas con mayor poder de autodiagnóstico, decisión y gestión.

• Construir socialmente el desarrollo, transformando sus actuales paradigmas mediante la generación del propósito alternativo ligado a nuevas identidades y significados simbólicos de lo masculino y lo femenino.

• Generar la información y el conocimiento necesarios para tomar, monitorear y evaluar decisiones de desarrollo desde el punto de vista de las relaciones entre los géneros.

• Incrementar la capacidad de interpretación técnica de decisión política de las y los actores y de los grupos de interés en torno a la problemática de género en el desarrollo de las localidades, mediante la generación de la aptitud, la información y los instrumentos para tal fin.

• Conseguir compromisos y responsabilidades sociales e institucionales permanentes y crecientes para diseñar, financiar, ejecutar, monitorear, evaluar y rediseñar proyectos de desarrollo de las mujeres.

La incorporación de la ayuda a las mujeres en las instancias del gobierno municipal requiere de cambios en sus políticas y prácticas institucionales, así como en las relaciones sociales, porque es precisamente a través de las mismas que se refuerzan y se mantienen las desigualdades y desventajas que las afectan.

Para corregir las desigualdades y desventajas que existen entre hombres y mujeres, es necesaria una institución que en el ámbito municipal gestione acciones desde la planeación, organización, ejecución y control de programas y proyectos en los que se busque conciliar intereses de mujeres y hombres, con el fin de eliminar las brechas de género y promover la igualdad de oportunidades.

Un gobierno municipal que busque incorporar de las mujeres en su quehacer cotidiano debe integrar a la población en procesos incluyentes y participativos, construir alianzas con actores de los gobiernos estatal y federal, así como de la sociedad civil. Como estrategia de difusión, debe crear y fortalecer redes sociales, conocer la condición y posición de las mujeres a través del análisis de género, mediante sistemas de información diferenciados por sexo, y lograr gestiones más transparentes.

Una de las actividades principales de las instancias municipales es la de crear proyectos destinados a responder a las convocatorias del Inmujeres, utilizando el Fondo para el Desarrollo de las Instancias Municipales de la Mujer (Fodeimm). Este proyecto tiene como propósito impulsar proyectos abordados desde la perspectiva de género aplicados a la administración pública, tales como:

a. Asesoría jurídica. Incluye la promoción de los derechos de las mujeres. Orientación y canalización de casos de trámite de pensión alimenticia. Orientación, asesoría y canalización de denuncias por algún tipo de violencia a las mujeres.

b. Asesoría psicológica. Incluye la atención permanente en terapia individual. Diseño de actividades grupales de identificación de violencia. Pláticas y conferencias sobre temas como violencia en el noviazgo, autoestima, detección de la depresión. También la respectiva atención y canalización de casos concretos a dependencias especializadas.

c. Apoyo para el empleo. Se realiza a través de la canalización al Servicio Estatal de Empleo. Promoción del autoempleo. Creación de programas de apoyo a mujeres en situación de desempleo. Realización de Ferias del Empleo y la coordinación con entes públicos y privados promotores y generadores de empleo.

d. Atención en temas de salud de la mujer. Incluye la solicitud y acercamiento de servicios médicos a bajo costo o gratuitos: detección de cáncer, diabetes, osteoporosis, obesidad, hipertensión, entre otros; además, la gestión para la presencia de unidades móviles con servicios médicos en las colonias.

e. Capacitación. Se imparten cursos, talleres, conferencias, pláticas y actividades diversas para la población en general, con el objetivo de ir generando una cultura de respeto y de igualdad entre los hombres y las mujeres de los municipios.

f. Investigación. Realización de diagnósticos situacionales de las mujeres. Recopilación de material de información cuantitativa y cualitativa de diversos temas relativos a la mujer, entre otros.

g. Otras iniciativas novedosas. Son las iniciativas particulares de cada Centro o Instituto que, a pesar de que pueden estar o no relacionadas con los niveles antes mencionados, tienen una acción característica que las convierte en iniciativas novedosas (http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/programas/mujer/11_Publicaciones/ 11.1.pdf)

Pero aún a costa de todo esto, Mexicali sea el único municipio del estado de Baja California que no cuenta con un Instituto Municipal de la Mujer, esto es una muestra del poco interés que el XXII Ayuntamiento tiene en el tema de defensa de los derechos de la población femenina, a pesar de estar publicada su creación desde 2005 en el Periódico Oficial número 35.

La ombudsperson de Baja California, Melba Adriana Olvera Rodríguez señaló la falta de un Instituto de la Mujer en el municipio de Mexicali, e informó que en lo que va del año se han recibido 81 quejas en la defensoría por presuntas violaciones a derechos de mujeres y niñas.

Debemos trabajar para proteger a este sector tan vulnerable, vemos con tristeza que cada día aumentan los feminicidios, las muertes de mujeres, desapariciones, la violencia, esto no puede ser tolerado bajo ninguna circunstancia, el alcalde, el cabildo y el Congreso de Baja California debe brindar las condiciones para que las mujeres tengan una vida libre de todas las formas de discriminación y violencia que socialmente se han dado en nuestro municipio y que han sido invisibilizadas por una negligencia, perpetuando las conductas que han permanecido históricamente.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al alcalde y al cabildo de Mexicali, Baja California, a que implementen las acciones necesarias para que se instale el Instituto Municipal de la Mujer a la brevedad posible, ya que Mexicali es el único municipio de Baja California que no aplica en este rubro y que con esto invisibiliza, niega y excluye los derechos y la igualdad de género de las mujeres mexicalenses.

Segundo. Se exhorta al Congreso de Baja California a proporcionar los medios para la instalación del Instituto Municipal de la Mujer a la brevedad posible.

Dado en Palacio Legislativo, a 27 de noviembre de 2018.

Diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los cupos de importación, aplicación y cobro de cuotas compensatorias de carne de pollo proveniente de terceros países, a cargo del diputado José Ricardo Delsol Estrada, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, en su calidad de secretario de la Comisión de Ganadería de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Economía para que se abstenga de emitir resolución sobre nuevos cupos de importación y cancelar la vigencia del cupo de importación de carne de pollo proveniente de terceros países, además de ordenar y vigilar la aplicación y cobro de las cuotas compensatorias a las importaciones de piernas de pollo y muslo, resueltas por la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI), al tenor de los siguientes

Considerandos

Que el 15 de mayo de 2013, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el “Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación”, mediante el cual dicha autoridad estableció el arancel-cupo aplicable a las mercancías que a continuación se indican, comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), siempre que el importador cumpla con los lineamientos que expida la Secretaría de Economía y cuente con un certificado de cupo expedido por la misma:

Con lo anterior, la autoridad exenta de impuestos las importaciones de carne de pollo fresca, refrigerada o congelada ; siempre que cuenten con el certificado de cupo expedido por la SE.

Para efectos de lo anterior, la SE argumentó que dicha exención tenía como objetivo resolver la problemática de insuficiencia de abasto de carne de pollo ocasionada por la contingencia de influenza aviar que se presentó en diversas zonas del país que tenían producción significativa , (Guanajuato y Jalisco), provocando incrementos en los precios.

Que el 16 de mayo de 2013, la SE publicó en el DOF el “Acuerdo por el que se da a conocer el cupo para importar, con el arancel-cupo establecido, carne de pollo”; en el que dicha autoridad reitera que desde mediados de 2012 se han presentado en el país contingencias sanitarias de influenza aviar de alta patogenicidad que han afectado los niveles de producción de huevo y pollo , provocado aumentos injustificados de precios.

Que, en razón de lo anterior, mediante dicho Acuerdo la SE estableció un cupo agregado para importar en 2013, carne de pollo fresca, refrigerada o congelada, libre de arancel, siendo 300,000 toneladas; instaurando el mecanismo y criterio de asignación para el 50% de este cupo, señalando la necesidad de determinar el mecanismo de asignación para el resto del cupo. Tal acuerdo fue modificado mediante diverso publicado el 8 de agosto de 2013, para establecer el mecanismo de asignación para el resto del cupo.

Posteriormente, el 28 de febrero de 2014 la Secretaría de Economía publicó el “ACUERDO que modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo para importar, con el arancel-cupo establecido, carne de pollo”; el cual en sus considerandos establece que debido a que la producción nacional de carne de pollo aún no ha recuperado el ritmo de crecimiento que registró en los años previos a las contingencias sanitarias de influenza aviar, era necesario ampliar la vigencia del cupo a que se refiere el Acuerdo; estableciendo así un cupo agregado para importar, del 16 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2015, carne de pollo fresca, refrigerada o congelada, libre de arancel.

Nuevamente el 20 de junio de 2014, la SE público en el DOF un Acuerdo mediante el cual flexibiliza los criterios de asignación de cupo a efecto de que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a más asignaciones de cupo. Asimismo, el 22 diciembre de 2015 la autoridad citada publicó el “Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo para importar, con el arancel-cupo establecido, carne de pollo”; el cual establece un cupo agregado para importar, del 16 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 2017, carne de pollo fresca, refrigerada o congelada, libre de arancel; argumentando nuevamente que esto debido a las ccontingencias sanitarias de influenza aviar en los Estados Unidos de América y México que puedan afectar la estabilidad del mercado interno y el poder de compra de los consumidores.

Que el 26 de diciembre de 2017, mediante acuerdo publicado en el DOF la SE, nuevamente amplió la vigencia del cupo, sosteniendo que deben mantenerse abiertas las opciones de proveeduría externa, como una medida que complemente la producción nacional, bajo la justificación de evitar un desabasto de este producto, dado que nuestro país no estuvo exento de brotes de influenza aviar durante el 2017 ; ampliando así la vigencia del cupo a la importación de carne de pollo, al 31 de diciembre de 2019.

Como se puede observar de lo anterior, en diversas ocasiones la Secretaría de Economía ha prorrogado la vigencia, bajo el argumento inicial de resolver la problemática de insuficiencia de abasto de carne de pollo ocasionada por la contingencia de influenza aviar en el país .

No obstante, la situación bajo la cual se argumentó a favor de la publicación del cupo unilateral de carne de ave en el 2013 (brotes de influenza aviar altamente patógena), no prevalece al día de hoy .

Para efectos de comprobar lo anterior, es necesario comparar el escenario inicial del tema de influenza aviar A/H7N3 de alta patogenicidad en México con el panorama actual, el cual en su etapa inicial en 2012, de acuerdo al informe de Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad, Agroalimentaria (SENASICA) de fecha 18 de octubre de 2018, indica que en 2012, la mortandad de aves fue de 10millones 223 mil 633, la mayoría, gallina de postura comercial, siendo que los reportes hasta la fecha antes mencionada, señalan 4 mil 590 muertes, correspondientes a predios de traspatio; indicando también el SENASICA en dicho informe que el último caso de Influenza Aviar A/H7N3 que presentó en granjas tecnificadas fue en abril de 2017 .

Aunado a lo anterior, la autoridad sanitaria antes señalada, mediante su página electrónica oficial el 26 de octubre del presente, reportó que emitió un comunicado a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en francés) para informar el cierre de cuatro focos de influenza aviar de alta patogenicidad AH7N3, reportados a ese organismo internacional en el primer semestre de 2018; lo anterior, al constatar que en un plazo mayor a tres meses no se han detectado problemas sanitarios asociados a la presencia de Influenza Aviar.

Lo antes señalado, es un indicativo muy importante del control que se tiene en el país de la enfermedad y de que la erradicación total de la Influenza Aviar está cada vez más cerca.

Por otra parte, es de señalarse la preocupación del caso de Brasil, dado que no se tiene un tratado de libre comercio, memorándum de entendimiento sanitario y se han dado deficiencias en sus sistemas de procesamiento y sacrificio; así como diversas inconsistencias entre la documentación y el contenido de los embarques importados.

En suma de lo anterior, es necesario señalar lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prevé la posibilidad de que el Congreso de la Unión faculte al Ejecutivo para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país o la estabilidad de la producción nacional.

Del citado artículo se observa que la disminución o supresión de las cuotas de exportación e importación, o restricción y para prohibición de las importaciones o las exportaciones, únicamente obedecen a las siguientes causas:

1. Urgencias;

2. Regular el comercio exterior;

3. Regular la economía nacional; o

4. Estabilizar la producción nacional.

De igual modo el artículo 5, fracción V, de la Ley de Comercio Exterior, faculta a la Secretaría de Economía a asignar cupos de exportación e importación; para tal efecto, el artículo 23 de citada Ley establece que para la determinación del volumen y valor de los cupos dicha autoridad deberá considerar las condiciones de abasto y la oferta nacional del producto sujeto a cupo, además de escuchar la opinión de los integrantes de la cadena productiva.

En este contexto, como se puede observar de párrafos anteriores, en los diversos, publicados en el DOF por la Secretaría de Economía, el objeto del cupo establecido estuvo basado en todo momento en resolver la problemática de insuficiencia de abasto de carne de pollo en el territorio mexicano, ocasionada por la contingencia de influenza aviar que se presentó en diversas zonas del país que tenían producción significativa, a saber Guanajuato y de Jalisco, situación que provocaba de acuerdo a lo señalado por la citada autoridad un incrementos en los precios.

Así, como se puede corroborar en párrafos anteriores dicha situación no prevalece en la actualidad, por lo que no se actualiza ninguna de los supuestos previstos en el artículo 131 Constitucional, ya que no existe una situación urgente, o una necesidad de fijar un cupo para regular o mantener la economía del país, como lo argumento en su momento la autoridad competente, tan es así que el Senasica recientemente informo el cierre de 4 focos.

En este sentido, al no subsistir las causas que originaron el establecimiento de esta medida, no existe motivación, ni sustento legal, para continuar con la vigencia del cupo establecido para carne de pollo .

Problemática resolución de UPCI - No aplicación de cuota compensatoria

El 6 de agosto de 2012, se publicó en el DOF la “Resolución final de la investigación antidumping sobre las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia. Mediante dicha Resolución, la Secretaría de Economía determinó la aplicación de cuotas compensatorias definitivas a las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de los Estados Unidos de América.

En esa misma resolución, la SE determino no aplicar las cuotas compensatorias, con el fin de no sobredimensionar su efecto en el mercado, hasta en tanto se regularizara la situación derivada de la contingencia sobre el virus de la Influenza Aviar tipo A, subtipo H7N3.

El 25 de noviembre de 2016 se publicó en el DOF el Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias; en el que se comunicó a los productores nacionales y a cualquier persona que tuviera interés jurídico, que las cuotas compensatorias definitivas impuestas (incluidas las de pierna y muslo originarias de Estados Unidos de América) se eliminarían a partir de la fecha de vencimiento que se señaló en el mismo para cada uno, salvo que un productor nacional manifestara por escrito su interés en que se iniciar.

Que, conforme a lo anterior, el 30 de junio de 2017 Bachoco manifestó su interés en que la Secretaría iniciara el examen de vigencia de la cuota compensatoria.

El 2 de agosto de 2017, la SE publicó en el DOF la Resolución que declaró el inicio del examen de vigencia de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de los Estados Unidos, fijando como periodo de examen el comprendido del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017 y como periodo de análisis el comprendido del 1 de julio de 2012 al 30 de junio de 2017.

El 27 de agosto de 2018 se publicó en el DOF la “Resolución Final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de los Estados Unidos de América, independientemente del país de procedencia”; resolviendo en la parte que nos ocupa, lo siguiente:

“368. Se prorroga la vigencia de la cuota compensatoria a que se refiere el punto 4 de la presente Resolución por cinco años más, contados a partir del 7 de agosto de 2017.

369. La cuota compensatoria a que se refiere el punto 4 de la presente Resolución, no se aplicará en virtud de lo dispuesto en el punto 365 de la presente Resolución.”

(énfasis añadido)

De lo antes transcrito es de destacarse que la autoridad, determinó que el dumping continúa; resolviendo así, que debe prorrogarse la vigencia de la cuota compensatoria; no obstante, en contraposición a su determinación resuelve a su vez que no se aplicará la cuota , con el objeto para prevenir un posible desabasto provocado por los casos de influenza aviar presentados en el país, hasta en tanto se regularice la situación.

Tales razones se expresan en los siguientes puntos de la resolución; mismos que resulta necesario resaltar, por lo a continuación se transcriben:

“349. La Secretaría observó que en las publicaciones del DOF que presentaron como prueba las contrapartes, se acuerdan cupos para importar carne de pollo ante nuevos brotes de influenza aviar que pudieran reducir inevitablemente la producción y el abasto de carne de pollo, con posibles afectaciones a la estabilidad del mercado interno.

350. Asimismo, observó que en los informes al OIE que presentaron como prueba se advierte que se detectaron, en acciones de vigilancia rutinaria de las autoridades sanitarias, varios casos en aves, con una susceptibilidad en más de 150 mil ejemplares, dentro de una granja en Jalisco, por lo que las autoridades procedieron al sacrificio de las aves en condiciones autorizadas, a la desinfección y a la delimitación de zonas de afectación, así como a la aplicación de acciones cuarentenarias para el control del foco infeccioso.

351. Por lo anterior, la Secretaría determinó que las condiciones que dieron origen a la no aplicación de las cuotas compensatorias determinadas en la Resolución Final, continuaron vigentes en el periodo analizado.

(...)

365. Considerando que aún no se han modificado las circunstancias por las cuales se determinó no aplicar la cuota compensatoria a las importaciones de pierna y muslo de pollo originarias de los Estados Unidos, tal como se señaló en el punto 351 de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping, la Secretaría determina no aplicar la cuota compensatoria referida en el punto 4 de esta Resolución, con el fin de no sobredimensionar el efecto de ésta en el mercado, hasta en tanto se regularice la situación.”

Como se puede observar de los puntos anteriores, la determinación de la autoridad de no cobrar la cuota compensatoria se basa en posibles brotes de influenza aviar que pudieran reducir la producción y en consecuencia el abasto de carne de pollo .

En este orden de ideas, la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía, resolvió a favor de la industria avícola mexicana, en el sentido de que las exportaciones de los EEUU hacia México, se realizan bajo prácticas desleales de comercio; no obstante, la misma autoridad dictamina que por razones sanitarias, no se cobrarán dichas cuotas , situación que deja en desventaja a la industria avícola nacional productora de carne de ave; sin sustento, dado que como ya se señaló en párrafos anteriores dicha situación sanitaria no subsiste en la actualidad .

Aunado a que las causas que motivaron a la autoridad a determinar la aplicación de la cuota no se encuentran vigentes; la multicitada resolución transgrede la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues dicha resolución no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que el artículo 89 F de la Ley de Comercio Exterior, instauran lo siguiente:

“Artículo 89 F.- La Secretaría publicará en el Diario Oficial de la Federación el inicio del examen de vigencia de cuota compensatoria y notificará a las partes de que tenga conocimiento, para que, en un plazo de 28 días contados a partir del día siguiente de su publicación en dicho órgano informativo, manifiesten lo que a su derecho convenga.

...

IV. La Secretaría dictará la resolución final dentro de un plazo máximo de 220 días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución de inicio del examen en el Diario Oficial de la Federación, mediante la cual podrá:

a. Determinar la continuación de la vigencia de la cuota compensatoria por cinco años adicionales contados a partir de la fecha de vencimiento. En esta determinación la Secretaría podrá modificar el monto de la cuota compensatoria.

b. Eliminar la cuota compensatoria.

Durante el tiempo que dure el examen de vigencia continuará el pago de cuotas compensatorias.”

Del artículo anterior podemos observar que el examen de la vigencia de la cuota compensatoria, tiene por objeto:

1. Determinar la continuidad de la vigencia de dicha cuota; pudiendo modificar la cuota; y

2. Eliminar la cuota compensatoria.

Como se puede observar, la Ley de Comercio exterior no prevé la posibilidad de determinar el no cobro de la cuota compensatoria mediante esta resolución; además de que existe una contraposición de la autoridad al determinar por una pate que, persisten las causas y no se han modificado las circunstancias de prácticas desleales que causan daño a la producción nacional; y, por otra parte, establecer la no aplicación de dichas causas, pues de no aplicarse, se permite que se siga causando el daño a la producción nacional.

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía para que se abstenga de emitir resolución sobre nuevos cupos de importación y cancelar la vigencia del cupo de importación de carne de pollo proveniente de terceros países, además de ordenar y vigilar la aplicación y cobro de las cuotas compensatorias a las importaciones de piernas de pollo y muslo, resueltas por la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2018.

Diputado José Ricardo Delsol Estrada (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al cumplimiento de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y los impedimentos de los juzgadores para conocer de juicios de amparo donde hay elementos objetivos de los que podría derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, a cargo del diputado Juan Carlos Loera de la Rosa, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Juan Carlos Loera de la Rosa, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente: proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Poder Judicial de la federación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura, a cumplir y hacer cumplir de forma irrestricta la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, dado el mandato constitucional, así como los impedimentos de los juzgadores para conocer de juicios de amparo, donde existen elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, como lo son los amparos contra la Ley de Remuneraciones, al tenor de lo siguiente

Antecedentes y consideraciones

Primero. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen los límites máximos de remuneraciones que pueden percibir los funcionarios de los órganos de los Poderes de la Unión, así como de aquellos organismos que la constitución les otorga autonomía, es decir, de todos aquellos servidores públicos, sin distinción alguna.

Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.

En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.

Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del Presupuesto de Egresos, prevé el artículo 74, fracción IV, de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 127. Los servidores públicos de la federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:

I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.

VI. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.

Segundo. El artículo 51 de la Ley de Amparo, señala claramente los supuestos en los cuales, los juzgadores no pueden conocer de demandas en las que exista riesgo de parcialidad hacia alguna de las partes, particularmente la fracción VIII, la cual establece que los juzgadores no pueden conocer de un procedimiento en los que pudiera derivarse riesgo de pérdida de imparcialidad, como lo es, que un juzgador al cual, también le aplica la misma ley en sus remuneraciones resuelva en favor del quejoso, ya que así verá beneficiada su propia condición en cuanto a ñas remuneraciones que percibe.

Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento:

I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo;

II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior;

III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo;

IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación;

V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada;

VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento;

VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y

VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.

Tercero. Por su parte la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala en su artículo 155, la protesta que deben realizar los juzgadores al momento de asumir su encargo, siendo la obligación de guardar y hacer guardar la Constitución.

¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de (el que se confiera al interesado) que se os ha conferido; guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? El interesado responderá: Sí protesto. La autoridad que tome la protesta añadirá: Si no lo hiciereis así, la nación os lo demande.

Cuarto. Por su parte Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece claramente que dicha norma es Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución, señalando que los sujetos obligados a su cumplimiento son todos los servidores públicos, incluyendo a los integrantes del Poder Judicial de la federación.

Artículo 1. La presente ley es Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional.

Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, es servidor público de la Federación toda persona que de manera temporal o permanente desempeña una función, empleo, cargo o comisión en los órganos, unidades y demás áreas en que se organizan:

I. El Poder Legislativo federal;

II. El Poder Judicial de la federación;

III. Los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia Constitución reconoce autonomía o independencia;

IV. Los tribunales administrativos de la federación;

V. La Procuraduría General de la República;

VI. La Presidencia de la República;

VII. Las dependencias federales, y

VIII. Los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal y aquellos entes no sujetos al régimen paraestatal cuando la remuneración respectiva esté afecta directa o indirectamente al presupuesto federal.

Quinto. El 21 de noviembre de 2018, diversos medios informativos, de los que destaca La Jornada, dieron cuenta de la interposición de una demanda de amparo del Tribunal Colegiado del décimo segundo circuito contra la Ley de Remuneraciones.

La magistrada del Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito, de la que se desconoce su nombre, según la nota periodística, obtuvo una suspensión provisional en la tramitación de un amparo contra la reducción de salarios.

El juicio de amparo se tramita ante el Juzgado Décimo de Distrito con residencia en Sinaloa, quién resolvió la suspensión provisional a favor de la funcionaria de esa entidad en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

De acuerdo con la nota periodística, el amparo con número de expediente 747/2018, el juez ordenó que no se le apliquen a la magistrada los artículos señalados de inconstitucionales mientras se resuelva la suspensión definitiva de los actos reclamados.

En la misma nota se rescata un párrafo, el cual, señala uno de los motivos que sustentaron el otorgamiento de la suspensión.

“De negarse la suspensión, previsiblemente, se atentaría contra el principio de independencia del Poder Judicial, considerado como una garantía de verdad, libertad, respeto de los derechos humanos y justicia imparcial, libre de influencias externas, ello además en trasgresión directa al artículo 17 de la Constitución Política, que reconoce el derecho humano de acceso a la justicia” indicó el juez en la sentencia.

Sexto. Es importante señalar que en una interpretación sistemática de los dispositivos antes señalados, los jueces están impedidos a conocer de amparos contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, por lo tanto, su aplicación es absoluta.

Desde ministros a jueces federales, se encuentran impedidos para conocer de juicios de amparo que en su caso se interpongan contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, toda vez que la propia ley de amparo señala en el artículo 51, las causales de impedimento para que los juzgadores conozcan de juicios en donde tengan un interés o bien, en aquellos en aquellos asuntos donde pudiera derivarse riesgo de pérdida de imparcialidad.

Es importante recordar que esta ley es reglamentaria de la reforma constitucional a los artículos 75 y 127, la cual, expresamente señala las restricciones salariales a todos los servidores públicos de todos los poderes, y lo que se hizo fue acabar con simulaciones de austeridad de los anteriores gobiernos.

Por lo tanto, no existe atentado contra la imparcialidad o bien contra la división de Poderes, en virtud de que es un mandato de jerarquía constitucional.

La Ley de Amparo es muy clara, en el artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior; VIII. ...implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.

Ante ello, se hace un llamado a los integrantes del Poder Judicial de la federación a cumplir con su protesta de guardar y hacer guardar la Constitución, así como cumplir de forma irrestricta la Constitución y sus leyes.

Los integrantes del Poder Judicial de la federación, al negarse a cumplir con los mandatos constitucionales, en cuanto a su remuneración, tal como lo señalan los preceptos constitucionales, se estaría dejando un precedente peligroso de atentado a la Constitución, así como pérdida de credibilidad en su actuar de impartición de justicia.

En suma, en ningún momento se niega el derecho de cualquier persona a tener acceso a la impartición de justicia, así como el derecho de aquel que sienta conculcado su derecho a acudir ante los tribunales para reclamar lo que considere necesario, sin embargo, por lo que hace a la Ley de Remuneraciones, todos los servidores públicos incluyendo a los juzgadores, deben acatar el mandato constitucional expresado en los artículos 75 y 127, en cuanto al límite de las remuneraciones, de ninguna manera negamos el derecho a la justicia, por el contrario todos deben tener derecho de audiencia y también todos debemos cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta al Poder Judicial de la federación, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Consejo de la Judicatura, a cumplir y hacer cumplir de forma irrestricta la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, dado el mandato constitucional, así como los impedimentos de los juzgadores para conocer de juicios de amparo, donde existen elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, como lo son los amparos contra la Ley de Remuneraciones

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los veintisiete días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.

Diputado Juan Carlos Loera de la Rosa (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 28 de noviembre, Día Nacional del Sordo, a cargo de la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del PRI

De acuerdo con el Diccionario de Lengua de Señas Mexicano de la Ciudad de México, Pedro Ponce de León, nacido en Valladolid en 1520, fue el primer educador de sordo. Cuarenta años más tarde, Juan Pablo Bonet publicó en 1620 su Reducción de letras y arte para enseñar a hablar a los mudos , donde se explica los métodos que utilizaba en la instrucción de sordos. La figura más importante en la educación de los sordos en el siglo XVII fue Abad de L’Epée (1712-1789), quien fundó la primera escuela pública para sordos en Francia

En México, don Benito Juárez García promulgó la ley que estableció la Institución de Escuelas Públicas para Sordos el 15 de abril de 1861. Asimismo, Eduardo Huet fundó la Escuela Municipal de Sordos el 14 de febrero de 1867, cuya primera sede fue el Colegio de San Gregorio.

Este último, pasó del régimen municipal al nacional, pues el 28 de noviembre de 1867 se decretó en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Escuela Nacional de Sordomudos (ENS) en la Ciudad de México de la que Huet fue director durante el periodo de 1867 a 1878.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la “discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales.

Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.”

El reconocimiento de los derechos humanos de las personas auditivas al recordar los acuerdos firmados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Sordas, firmado por México en el 2006”, por tanto, la comunidad “demanda el seguimiento y cumplimiento de todos los acuerdos de esta convención que entró en vigor en nuestro país el 3 de mayo del 2008”.

En nuestro país, para atender el tema de la inclusión, se crea el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018. Elaborado conforme a las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y publicado en el DOF el 30 de abril de 2014, el cual establece dentro de sus objetivos lo siguiente:

“Objetivo 1. Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en los programas o acciones de la administración pública.

Objetivo 2. Mejorar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de salud, así como a la atención de salud especializada.

Objetivo 3. Promover el diseño e instrumentación de programas y acciones que mejoren el acceso al trabajo de las personas con discapacidad.

Objetivo 4. Fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la educación inclusiva y especial, la cultura, el deporte y el turismo.

Objetivo 5. Incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las tecnologías de la información para las personas con discapacidad.

Objetivo 6. Armonizar la legislación para facilitar el acceso a la justicia y la participación política y pública de las personas con discapacidad”.

La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2, fracción VI, define a la persona sorda como aquella que tiene alguna deficiencia del sentido auditivo que le limita a sostener una comunicación y socialización regular y fluida en lengua oral y reconoce tres grupos de sordos: los sordos señantes, los hablantes y los semilingües.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México habitan 5 millones 739 mil 270 de personas con discapacidad, de los cuales el 12.1 por ciento tiene una discapacidad auditiva.

Por tal motivo, en México se retoma que cada 28 de noviembre como Día Nacional de Sordos, a fin de concientizar a la población sobre los diferentes obstáculos que viven las personas con discapacidad auditiva y de esta forma reflexionar como pueden incluirlos de forma justa en la sociedad.

Un día nacional es la fecha de mayor significado que una nación simbólicamente adopta y por medio de la cual promueve la unidad de todos sus ciudadanos. Algunas recuerdan fechas de tal trascendencia que además de ser de importantes para las naciones en cuestión lo son también para la Humanidad entera.

En este caso, se trata de un día de carácter reivindicativo donde las comunidades sordas, las personas sordas de las distintas regiones y países visibilizan su realidad ante el mundo, donde expresan sus demandas en cuestión de derechos y en el cual se pone de relieve la riqueza de la cultura sorda.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2018.

Atentamente

Diputada Martha Garay Cadena (rúbrica)

Con motivo del segundo aniversario luctuoso de Fidel Castro Ruz, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT

El hombre no es totalmente dueño de su destino.

El hombre también es hijo de las circunstancias de las dificultades, de la lucha... los problemas lo van labrando como un torno labra un pedazo de material. El hombre no nace revolucionario.

Fidel Castro Ruz

El pasado 25 de noviembre se cumplieron dos años de la muerte de uno de los hombres más influyentes de América Latina, el gran revolucionario y estadista Fidel Alejandro Castro Ruz, principal referente de la Revolución Cubana que surgió con una postura humanista frente al mundo. Hoy recordamos al visionario que transformó la realidad de Cuba con mejores condiciones humanas al consolidar las bases para que las personas tuvieran un bienestar en común y una vida digna.

No se pueden omitir las acciones positivas que logró con la Revolución Cubana, movimiento que posicionó a Cuba como un país progresista a nivel mundial, poniendo el ejemplo al lograr la alfabetización de toda la población, así mismo, cabe destacar la mejora del nivel educativo del país y el fortalecimiento del sector salud que por ende garantiza la accesibilidad universal del mismo. No cabe duda que con estas acciones su principal objetivo fue apostar al capital humano para desarrollar al máximo a su nación.

Cabe destacar su importante contribución en la formación de médicos, maestros y técnicos cubanos en todos los continentes, denotando su apoyo humanitario a los países necesitados, ejemplo del activo humano fue el sismo del 19 de septiembre de 2017 que sacudió a México, donde la brigada médica internacional Henry Reeve asistieron al auxilio de los damnificados.

Tal vez las condiciones que marcaron su vida para caracterizarlo como un hombre sensible, solidario y preciso en el discurso, fueron los primeros años de su niñez y juventud, ya que aprendió a leer y a escribir en una escuela pública rural de Biran, para que posteriormente cursara la escuela primaria en el colegio católico La Salle y Dolores, en la Ciudad de Santiago de Cuba, donde se graduó del bachillerato en letras en 1945.

Su formación en doctor en derecho y licenciado en derecho y ciencias sociales, le permitieron una cercana relación con los movimientos sociales que luchaban por la justicia y la defensa de las personas y sectores más vulnerables de Cuba.

El 16 de octubre de 1953 ante el juicio en su contra por los asaltos del cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes Fidel Castro escribió “La historia me absolverá”, dejando plasmado la situación desoladora en la que se encontraba su persona, pero más aún, dejando a relieve las condiciones sociales, económicas y políticas que vivía la isla, y en efecto, a más de sesenta años de sus palabras, el presente aclaró la cortina de humo de la historia, gratificando la construcción histórica de sus acciones.

Hoy en día, podemos ratificar el legado de sus acciones, muestra de ello son los Datos de la Unicef donde revelan que entre 2008 y 2012 la tasa total de alfabetización de adultos en la isla fue del 99.8 por ciento, cifra que demuestra el compromiso con el pueblo cubano.

Uno más de los logros que la Revolución Cubana trajo fue la instauración de un sistema de salud envidiado por varios países desarrollados, ejemplo de la calidad de médicos en la isla, según datos de la Unicef la tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años pasó de 13 por cada 1.000 nacimientos en 1990 a 6 en 2012.

Dentro de los logros de la Revolución Cubana que Fidel Castro impulsó fue la apertura del deporte a toda la población caribeña, llevando a Cuba a posicionarse como una verdadera potencia a nivel mundial, dejando en claro que no solo es un derecho de pueblo si no un estilo de vida.

La idea de Castro sobre la unidad y emancipación –pensamiento que se considera como el anhelo de los pueblos del mundo–, no solo marcó a la sociedad cubana al lograr disminuir la división social, bajo la premisa de igualdad de derechos sociales, políticos y económicos, sino también promovió la creación de organismos internacionales como Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), Comunidad del Caribe (Caricom) y Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), por mencionar algunos.

A propósito del segundo año luctuoso de Fidel Castro y en el marco de la cuarta transformación de nuestro país, no podemos dejar pasar el pensamiento y acciones de tan brillante hombre que deja un legado en Latinoamérica, su ideología progresista contribuye a robustecer la agenda social, política y económica de nuestra nación, para lograr un país con equidad social.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2018.

Atentamente

Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)