Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a reforzar la aplicación de la normativa regulatoria, y ejercer y transparentar los recursos recaudados por el IEPS a los alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, a cargo del diputado Érik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Érik Isaac Morales Elvira, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo citado por el artículo por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, en su fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y a través de sus dependencias competentes, se refuerce la aplicación de la normatividad regulatoria y se ejerzan de forma adecuada y transparente los ingresos recaudados, por concepto del impuesto sobre producción y servicios a los alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas.

En función de que el ingreso obtenido por el cobro del impuesto por concepto de IEPS, a alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, deberá destinarse a programas de promoción, prevención, detección, investigación, tratamiento, control y combate al sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas; así como la ejecución de una adecuada estrategia de fomento para la cultura física y deporte que permita resarcir los daños causados por la alta ingesta de los productos antes mencionados, situación por la que resulta indispensable proveer de los recursos necesarios a las autoridades competentes en cada materia.

Exposición de Motivos

En los últimos años, en nuestro país se ha presentado un crecimiento en los índices de personas que padecen de diabetes. Los datos arrojados por el informe Panorama de la salud 2017, presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estiman que cerca del 16 por ciento de la población en nuestro país se ve afectada por dicho trastorno. Lo cual implica que, de los países pertenecientes a la OCDE, considerando una media del 7 por ciento de la población con dicha enfermedad crónica, México se encuentra en una situación crítica al rebasar la media de los países miembros, con lo que se posiciona en el primer lugar de padecimientos por diabetes.

En cuanto hace a lo correspondiente a obesidad y sobrepeso, la tasa de México supera en 18.6 por ciento a la media de los 34 países de la OCDE, la cual es de 53.9 por ciento. Además, 19.4 por ciento corresponde a obesidad y 34.5 por ciento a sobrepeso.

El estudio realizado por la OCDE destaca que México es de los países con peores hábitos alimenticios, mayor sobrepeso y obesidad en la región.

Lo cual tiene como consecuencia que las enfermedades crónicas relacionadas con el sobrepeso representen 7 de las 10 principales causas de muerte, las dos más relevantes son diabetes y enfermedades del corazón.

Por lo que es posible considerar que México tiene una epidemia de obesidad. De acuerdo a la OCDE, se estima que para 2030 el 40 por ciento de los adultos mexicanos tendrán obesidad, principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas.

La salud vista como un derecho humano, de acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales correspondientes, deberá garantizarse su protección y efectividad con el objetivo de promover un adecuado desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.

La omisión en el actuar de las autoridades para combatir la problemática que aqueja a gran parte de la población, propicia una serie de dificultades derivadas, tales como la inminente debilidad en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud por los altos costos que genera la atención médica, la disminución en la calidad y esperanza de vida de las y los mexicanos, y la disminución en la productividad que ocasiona un desbalance en el desarrollo personal, profesional y económico.

Según la Organización Mundial de la Salud, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad se debe a un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas, ocasionado por los factores siguientes:

• Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa; y

• Un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización.

A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura; el transporte; la planificación urbana; la cultura física y deporte; el medio ambiente; el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos y la educación.

Para ello, al inicio de la gestión del Gobierno saliente, se propuso, sin resultados óptimos, una Estrategia Nacional para la Prevención y Control del sobrepeso, obesidad y la diabetes. En ella se proponían medidas enfocadas a estabilizar y revertir el proceso y las implicaciones que se han generado por los altos índices de sobrepeso y obesidad.

Aunado a ello, se consideró la posibilidad de adoptar la Estrategia Mundial de la OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud mediante una estrategia integral que no sólo tuviera su base en la prevención y atención médica, sino que también sea posible incidir en cambios al estilo de vida, la promoción de una alimentación correcta y la disminución del sedentarismo, a través de acciones en diversos entornos, como lo son el familiar, el educativo, el laboral y el comunitario.

Sin embargo, según cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el presupuesto de salud disminuyó más de 20 por ciento durante este sexenio. Las finanzas públicas y el sector salud se han encontrado limitados en tratar a aquellos pacientes afectados. Ante tal situación, el IMCO se ha encargado de analizar los siguientes preceptos que se reflejan en lo siguiente:

• Cobertura insuficiente: más de 16 millones de mexicanos carecen de algún tipo de protección financiera en salud;

• Desabasto de medicamentos: solo el 61 por ciento de las personas con diabetes, hipertensión y dislipidemia que acudieron a los servicios estatales de salud lograron obtener todos los medicamentos para cubrir su tratamiento.

• Largos tiempos de espera: en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en los sistemas estatales de salud, los tiempos de espera aproximadamente son de dos a tres veces mayores que en el sector privado, respectivamente.

Situación por la que resulta indispensable considerar que el problema de la diabetes y el sobrepeso no se soluciona con la implementación de una estrategia en lo particular, sino que debe ser acompañada de alternativas que en su conjunto puedan lograr un mayor impacto. Los que sí es claro es que la escasa actividad física es factor para un menor gasto calórico, situación que acompañada de los inadecuados hábitos alimenticios propicia la problemática de salud por la que está pasando nuestro país.

México tiene la tasa más alta de sobrepeso y obesidad en mayores de 15 años, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe Panorama de la Salud 2017, tal como se mencionó anteriormente.

El 72.5 por ciento de la población en la nación tiene esos problemas, de los cuales, 33.3 por ciento tiene obesidad y 39.2 por ciento sobrepeso. En los últimos 10 años el porcentaje de población con obesidad se incrementó 3.3 por ciento; no obstante, Estados Unidos continúa siendo el país con mayor población con ese mal, 38.2 por ciento tiene esta condición.

“Las altas tasas de obesidad son uno de los principales problemas de salud pública”, subrayó el organismo.

La obesidad está reduciendo drásticamente la calidad y esperanza de vida en México, al constituir un factor de riesgo para muchas enfermedades crónicas, indica la OCDE.

México es el país con la tasa de obesidad más alta en adultos de América Latina y ocupa el sexto lugar en los índices de obesidad de niños y adolescentes, señala un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con el informe, la tasa de obesidad de adultos en México es de 28.9 por ciento de la población, seguido por Argentina (28.3 por ciento), Chile (28 por ciento) y Dominica (27.9 por ciento), entre otros países.

En cuanto a la tasa de obesidad en los niños y adolescentes (entre 5 y 19 años de edad), México ocupa el sexto lugar de la región con un 14.8 por ciento de la población, seguido de Bahamas (con 17.3 por ciento), Argentina (16.9 por ciento), Chile (15.2 por ciento), Dominica (15 por ciento) y República Dominicana (15 por ciento).

“Con los estudios que hemos hecho en la OMS, en estos momentos recomendamos subir el impuesto a las bebidas azucaradas hasta un 20 por ciento, México subió el 10 por ciento, eso es un gran paso, pero lo recomendable es que aumentara a un 20 por ciento “, remarcó Willumsen.

Explicó además que aparte del aumento de impuestos, también es recomendable incentivar un cambio de dieta hacia verduras, frutas y alimentos frescos, con la subvención de esos productos para ayudar especialmente a las personas con bajos ingresos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó sobre la necesidad de cambiar los hábitos alimenticios en México, donde el 73 por ciento de la población adulta padece sobrepeso u obesidad: siete de cada 10 adultos, cuatro de cada 10 jóvenes y uno de cada tres niños.

Ante tal situación, en la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del sobrepeso, obesidad y la diabetes, se establecieron parámetros que permitieran fomentar una mayor cultura de la actividad física, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tuviera objetivos claros en la promoción y fomento del deporte a través de la aplicación de la Ley General de Cultura Física y Deporte mediante la coordinación entre la Federación, los Estados y los Municipios para fomentar, promover e instrumentar mecanismos que permitieran el desarrollo de actividades deportivas y con ello lograr la preservación del derecho a la cultura física y el deporte promovido por el artículo 4 de la Constitución mexicana.

Sin embargo, la estrategia se quedó en buenas intenciones porque durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se presentó una importante reducción del presupuesto a la Conade, mismo que asciende a un 70 por ciento aproximadamente.

En el año de 2013, se emitió el primer presupuesto del Gobierno de Peña Nieto, en el cual se destinaron cerca de 7,179 millones de pesos para la Comisión Nacional de Deporte, sin embargo, en el año 2018 apenas se lograron canalizar 2,108 millones de pesos.

Lo cual no sólo vuelve fallida la estrategia para prevenir y erradicar la obesidad y la diabetes, sino que también da pauta a que por la omisión de establecer adecuadas políticas públicas encaminadas al desarrollo integral de la persona se vulneren derechos como el de cultura física y práctica del deporte.

En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tratado reconocido en razón del artículo 133 de la Constitución Política, se menciona que la educación física, la actividad física y el deporte pueden reportar diversos beneficios individuales y sociales, como la salud, el desarrollo social y económico, el empoderamiento de los jóvenes, la reconciliación y la paz, y que para lograr la procuración de un derecho al deporte de calidad todo el personal, tanto el profesional como el voluntario, debe tener acceso a una formación, una supervisión y un asesoramiento apropiados.

En la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, se exhorta a que los poderes públicos, en todos sus órdenes de gobierno, favorezcan las actividades físicas y deportivas en función de la aplicación de las normas correspondientes y de las políticas que permitan, a través de disposiciones fiscales adecuadas, la promoción, el estímulo y el control.

Tanto los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, como la Ley General de Cultura Física y Deporte y demás disposiciones aplicables, son claros en considerar como derecho de todas y todos los mexicanos el ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte, atribuyendo la obligación al gobierno mexicano de proveer las herramientas necesarias para su satisfacción plena.

Aunque para lograr una disminución en la problemática de salud es indispensable la ejecución de otras estrategias como la reducción en la ingesta de comidas de alto contenido calórico y bebidas azucaradas, mismas que en el abuso de su consumo ocasionan enfermedades crónicas como la obesidad, diabetes e hipertensión.

Tal situación propició la implementación de un impuesto por el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con una alta densidad calórica, con el fin disminuir su consumo derivado del alza en los precios.

En cuanto hace a las bebidas saborizadas, en términos del artículo 2 fracción I inciso G de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la cuota del impuesto aplicable será de $1.17 por cada litro. En cuanto hace a los alimentos no básicos con densidad calórica alta, tales como botanas y productos de confitería, en términos del artículo 2 fracción I inciso J del mismo ordenamiento, se establece un impuesto del 8 por ciento.

Situación que ha propiciado una creciente y siempre por encima de las expectativas recaudación por dicho impuesto especial. Según el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 se estima la recaudación de 46,545.5 millones de pesos por concepto de IEPS sobre bebidas saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad calórica.

Tal es el caso que, en el primer trimestre del presente año, los alimentos mejor conocidos como chatarra dejaron al erario público ingresos por 7,602 millones de pesos. Para el caso de las bebidas saborizadas, al mismo primer trimestre, el gobierno obtuvo ingresos por 5,709 millones de pesos.

Sin embargo, a pesar de que el aumento en el cobro del IEPS está íntimamente relacionado con propiciar la reducción en el consumo de los productos gravados, éste no ha sido acompañado de políticas públicas encaminadas a resolver los problemas originados por su consumo excesivo, tal como lo fueran en los rubros de salud y deporte.

Al contrario, no hay claridad ni certeza de que el destino de los recursos recaudados por el concepto del IEPS se encuentren en programas y proyectos enfocados a solucionar o paliar la problemática en salud por la que pasa nuestro país, manteniéndose una gran opacidad en su uso.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados emite un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y a través de sus dependencias competentes, se refuerce la aplicación de la normatividad regulatoria y se ejerzan de forma adecuada y transparente los ingresos recaudados por concepto del impuesto sobre producción y servicios a los alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas;

Segundo. La honorable Cámara de Diputados emite un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que del ingreso obtenido por el cobro del impuesto por concepto de IEPS, a alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, sea destinado, en una cantidad proporcional al cincuenta por ciento de lo recaudado, a programas de promoción, prevención, detección, investigación, tratamiento, control y combate al sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas ocasionadas por los males anteriormente mencionados;

Tercero. La honorable Cámara de Diputados emite un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que del ingreso obtenido por el cobro del impuesto por concepto de IEPS, a alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, sea destinado, en una cantidad proporcional al cincuenta por ciento de lo recaudado, a la ejecución de una adecuada estrategia integral de fomento a la cultura física y deporte, lo cual permita resarcir los daños causados por la alta ingesta de los productos antes mencionados, situación por la que resulta indispensable proveer de los recursos necesarios a las autoridades competentes en materia deportiva.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputado Erik Isaac Morales Elvira (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SCT a ampliar y construir la infraestructura carretera de BCS, dada la falta de caminos en la entidad, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PT

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someten a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La infraestructura carretera es medular para la competitividad, el desarrollo económico y la calidad de vida de la población. No obstante, prevalecen grandes desafíos a nivel nacional, sin que Baja California Sur sea la excepción, prueba de ello es que persisten notables necesidades en materia de mantenimiento, modernización y ampliación de vialidades para garantizar que éstas sean seguras y se encuentren en condiciones óptimas.

Derivado de las nuevas reglas que se deberán diseñar por parte del nuevo gobierno para una asignación del presupuesto con absoluta transparencia sin dar cabida nunca más a los denominados “moches”. En el PT, estamos del lado de la gente, así como del respeto y pleno cumplimiento de los principios constitucionales de transparencia, legalidad y rendición de cuentas.

En este tenor, es oportuno referir que Baja California Sur ha sufrido daños considerables a causa de diferentes fenómenos naturales. Basta recordar que el 19 de septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Desastre Natural por el impacto del huracán Newton el día 6 de septiembre de dicho año (mismo que derivó en daños patrimoniales, lesiones de la población y decesos), en cinco municipios de la entidad: Comondú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé.1

Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos de la máxima importancia que desde esta soberanía impulsemos acciones encaminadas a garantizar infraestructura en condiciones adecuadas, toda vez que no sólo es el modo de movilidad por excelencia en el territorio nacional, sino que también tiene marcados beneficios para la población por la derrama económica que genera, y los empleos directos e indirectos que produce.

No obstante, tanto el gobierno federal como el estatal se distinguen por la ausencia o mínimos resultados en materia de conservación, mantenimiento y reconstrucción de infraestructura en Baja California Sur.

El asunto es de tales dimensiones que incluso el Congreso de Baja California Sur se ha pronunciado al respecto. Sobre el particular, cabe destacar que, a finales de septiembre del año en curso, dicha representación aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que agilice la terminación de las obras destinadas a la ampliación del tramo Ciudad Constitución-La Paz, solicitud que derivó por el retraso por más de cuatro años que se registra en los trabajos de esta parte de la carretera peninsular.2

En el mismo tenor, a principios de agosto de 2018 se dio a conocer en diversos medios de comunicación que debido a falta de mantenimiento quedaría fuera de servicio la presa conocida como El Higuahil ubicada en Comondú, lo cual implica afectaciones a más de 700 pozos agrícolas y pecuarios.3 Entre otras cuestiones, casos como el mencionado, implican notables afectaciones para la población, toda vez que no sólo es el modo de movilidad por excelencia, sino que también tiene marcados beneficios para la población por la derrama económica que genera, y los empleos directos e indirectos que produce.

Sobre el particular, es oportuno referir que, durante 2017, la producción ganadera en Baja California Sur registró 23 mil 774 toneladas de productos como ganado y ave en pie, carne en canal, huevo para plato y miel con un valor de la producción de 715 millones de pesos. Por lo que respecta al municipio de Comondú, éste es el principal productor de leche en la entidad con el 63 por ciento.4

A partir de las consideraciones vertidas, queda de manifiesto que es imperativo que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lleven a cabo las acciones solicitadas en el presente asunto.

Cabe mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en el rubro de conservación y mantenimiento carretero, a Baja California Sur le fueron asignados 192 millones 142 mil 554 de pesos por concepto de conservación de infraestructura carretera y 73 millones 139 mil 414 para la conservación y estudios y proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras.5

El objetivo del exhorto formulado en la presente proposición con punto de acuerdo radica en garantizar que los trabajos de conservación, construcción y reconstrucción de obras cumplan puntualmente con sus objetivos de modernizar la red de carreteras de la entidad. Asimismo, busca contribuir a mantener en buen estado infraestructura como la carretera Transpeninsular Licenciado Benito Juárez , La Paz-Ciudad Insurgente, La Paz-Pichilingue, el tramo Cabo San Lucas-La Paz y todas las vialidades que permiten a la población trasladarse para desarrollar actividades de todo tipo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo la ampliación y construcción de la infraestructura carretera del estado de Baja California Sur, en atención de la grave problemática de falta de caminos que prevalece en dicha entidad.

Notas

1 Segob, DOF: 19/09/2016 Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de huracán Newton el día 6 de septiembre de 2016, en 5 municipios del Estado de Baja California Sur,

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5452904&fecha=19/09/2016

2 El Informante. Baja California Sur. (2018). “Exige Congreso de BCS a SCT concluir trabajos de reparación en la Transpeninsular.” El Informante. Baja California Sur, http://elinformantebcs.mx/exige-congreso-bcs-sct-concluir-trabajos-repa racion-la-transpeninsular/.

3 @bcsnoticias. (2018). Por falta de mantenimiento, queda fuera de servicio presa en Comondú. @bcsnoticias, http://www.bcsnoticias.mx/por-falta-de-mantenimiento-queda-fuera-de-ser vicio-presa-en-comondu/.

4 Sagarpa, Producción Ganadera en Baja California Sur, (consultado en línea), disponible en: https://www.gob.mx/sagarpa%7Cbajacaliforniasur/articulos/produccion-gan adera-en-baja-california-sur

5 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, (consultado en línea) disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291 117.pdf p.158

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la SCT, a hacer publico un informe sobre las fallas identificadas en la línea 3 del tren ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara, a cargo del diputado Itzcóatl Tonatihuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Diputado ltzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 79 numeral 1, fracción 11, y numeral 2, fracciones IV, V y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución mediante el cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para que se realice una investigación de las posibles fallas técnicas que tiene la obra del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara y, en su caso, se deslinden responsabilidades; a que hagan público un informe sobre los costos y plazos que implicará corregir las fallas técnicas, así como quién cubrirá los mismos; y en tanto no se corrijan las fallas técnicas no se ponga en operación la línea del Tren Ligero para salvaguardar la seguridad de las personas, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Compartiendo la relevancia del proyecto de infraestructura y movilidad que representa la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara correspondiente a la Línea 3, que permitirá mejorar la movilidad de alrededor de 230 mil pasajeros de los municipios metropolitanos de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, este proyecto tiene como entidad responsable de su ejecución a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal,

• Hace cuatro años y medio, el 28 de abril de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto, anunció el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, entre cuyos proyectos se contempló la Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara con una inversión de recursos públicos de 17,693 millones de pesos.

• Sin embargo, con base a transparencia presupuestaria de la Secretaria de Hacienda, se observa que a la fecha el costo del proyecto asciende a 29,288 millones de pesos, lo que representa un incremento de 66% con respecto al monto original, cabe señalar que en el mismo periodo la inflación fue de 24% y el incremento del dólar de 44%, por lo que el costo del proyecto se disparó por encima de cualquiera de estos indicadores.

• Asimismo, de los contratos de obra que se suscribieron, todos debieron concluir entre octubre de 2016 y marzo de 2017, por lo que la obra acumula un retraso de casi dos años, pues por poner un ejemplo la construcción del túnel de 4 kilómetros se previó concluyera en marzo del 2017, sin embargo la tuneladora, que no la obra civil, terminó su trabajo hasta el 24 de mayo de 2018, es decir 14 meses después del plazo estipulado.

• Pero también los dos tramos de viaductos elevados tuvieron retrasos superiores en más de año y medio, lo que por supuesto ha impactado en el incremento de la obra, y ha pospuesto su inauguración y puesta en marcha hasta el próximo año 2019.

• Asimismo en el mes de junio del presente año decenas de casas, 25 locales comerciales y 150 vehículos resultaron afectados por inundaciones suscitadas por el desvió de colectores pluviales y drenaje derivados de la obra de la construcción del tren ligero.

II. El Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, anuncio que, sin poner en marcha y funcionamiento para el público usuario, inauguraría la Línea 3 del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el día 20 de Noviembre del presente año, omitiendo señalar que la construcción de dicha línea presenta fallas de instalación en 700 placas de neopreno ya instaladas que sirven como amortiguadores para evitar las vibraciones entre columnas y trabes del viaducto elevado.

El Gobernador electo del estado de Jalisco, lng. Enrique A/faro, fue quien informó a la ciudadanía sobre algunas fallas técnicas en la obra Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara; en particular señaló que los neoprenos instalados (que sirven como amortiguadores que evitan las vibraciones entre columnas y trabes) fallaron y tendrán que ser reemplazados por unos nuevos; que solventar la falla implicaría tener que levantar de nuevo las trabes (desarmando las vías y la red eléctrica que ya están instaladas); que es importante que se informe cuánto va a costar arreglar la falla técnica de los neoprenos y cuánto tiempo se va a llevar solucionar el problema; y si hay garantías de que la falla técnica no pondrá en riesgo a los usuarios del servicio.

III.- En respuesta, la delegación estatal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) confirmó que sí se sustituirán 700 placas de neopreno -el plástico amortiguador que evita las vibraciones del tren mientras recorre el paso elevado de la Línea 3-. Sin embargo, negó enfáticamente que para ello se desmontarán las trabes junto con las vías y red eléctrica ya instaladas, como señaló Alfare.

"No se desarman vías ni la red eléctrica, porque estas placas de neopreno se colocan entre los apoyos (columnas) y las trabes mecánicas. Lo único que se va a utilizar es una grúa, un gato hidráulico,se va a levantar cinco milímetros, se retirará la placa de neopreno que no cumple con la calidad, y se sustituyen por aquella que se verificó que sí cumplirá con su cometido", declaró Salvador Fernández Ayala, delegado de la SCT en Jalisco.

La SCT informó que en tres meses se sustituirá el neopreno existente (de 5 a 7 años de durabilidad) por otro de mayor calidad (10 años de durabilidad). El costo de su colocación correrá a cuenta de la empresa constructora, no del erario federal.

"Trabajamos con la garantía de entregar un Tren Eléctrico seguro y confiable, y subsanaremos fallas de inmediato", dijo Salvador Fernández. "No se subirá a nadie hasta que todos y cada uno de los elementos que conforman el Tren estén debidamente certificados en su calidad" .1

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración la siguiente proposición con:

PUNTO DE ACUERDO

Primero.- Se exhorta al Presidente de la República y al Titular de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para que se realice una investigación de las posibles fallas técnicas que tiene la obra del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara y, como consecuencia, se deslinden responsabilidades; que hagan público los costos y plazos que implicará corregir las fallas técnicas de la obra del Tren Ligero, así como quién cubrirá los mismos; y en tanto no se corrijan las fallas técnicas no se ponga en operación la línea del Tren Ligero para salvaguardar la seguridad de las personas .

Segundo.- Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para que lleve a cabo una auditoría con respecto del gasto, instalación, calidad y especificaciones de las 700 placas de neopreno ya instaladas que deberán ser sustituidas por no cumplir con la calidad y especificaciones requeridas y que ponen en riesgo la puesta en marcha y operación de la Línea 3 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Notas

1 El Informado. 20 de noviembre de 2018 . Sección Jalisco . Alfaro señala fallas en obras de L3;delegado de SCT rechaza gravedad https://www .informador .mx/jalisco/Alfa ro-senala-fallas -en-obras-de -L3-delegado-de -SCT­ rechaza-gravedad-20181120-0035 .htmI

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 noviembre de 2018

Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano LXIV Legislatura

Atentamente
Diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a impartir justicia expedita para el puntual esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades con relación al operativo instaurado en San Juan Ixhuatepec el domingo 11 de noviembre del año en curso, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada María Eugenia Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con base en las siguientes

Consideraciones

El pasado domingo 11 de noviembre del año en curso, un contingente policíaco de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (CDMX) llevó a cabo de forma violenta y arbitraria, un operativo en la comunidad de San Juan Ixhuatepec, conocida también como San Juanico, municipio de Tlalnepantla, para realizar la detención de una persona acusada del robo a una gasolinera ubicada en la alcaldía de Gustavo A. Madero, casi en los linderos con el municipio y el poblado citados.

En razón a que el presunto delincuente logró huir hacia el territorio mexiquense, la corporación policiaca organizó su persecutoria con alrededor de 150 granaderos, logrando cercarlo y efectuar la detención.

Sin embargo, en su cometido actuaron con brutalidad y saña hacia los pobladores que fueron encontrando sin que éstos hubieran tenido algo que ver con el supuesto hecho delictivo; asimismo, realizaron detenciones ilegales y arbitrarias y destrozos tanto a vehículos como a puestos de comercios ambulantes y las puertas de varios inmuebles, sin razón alguna más que la impunidad y la ira desmedida, de todo lo cual existen y circulan evidencias, tanto en diversos medios de información como en las redes sociales.

De acuerdo a la información proporcionada por un clérigo de la comunidad, se estima que por lo menos 40 personas fueron agredidas por la fuerza pública,1 tanto con toletes, tubos, puñetazos y patadas, hasta con el uso de varias armas de fuego de parte de algunos granaderos.2

Tales acciones generaron el rechazo colectivo de los pobladores, lo que condujo a que éstos se movilizaran y los enfrentaran, provocando el bloqueo de algunas vialidades importantes como la autopista México-Pachuca y la presencia de encapuchados que empezaron a vandalizar y a cometer latrocinios, lo que fue impedido por los propios habitantes de San Juan Ixhuatepec.

Ante tal estado de cosas, los pobladores han manifestado sus exigencias a través de un pliego petitorio de 11 puntos, donde requieren entre algunos puntos fundamentales, tanto la destitución del secretario de Seguridad Pública de la CDMX, como la identificación de los responsables del operativo y las causas que lo justificaron. Asimismo, demandan el puntual esclarecimiento de los hechos y el necesario deslinde de responsabilidades, tanto del operativo como de los actos vandálicos que se detonaron en consecuencia, así como la impartición de justicia pronta y expedita para determinar también la reparación urgente y perentoria de los daños materiales, físicos y psicológicos a los agraviados y a los detenidos de manera injusta e ilegal.

De igual forma, para imposibilitar el que haya represalias hacia los afectados, se está exigiendo que se garantice el respeto a los derechos humanos de los habitantes de San Juanico mediante la intervención de las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Único. Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública a expedir justicia pronta y expedita para el puntual esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades con relación al operativo instrumentado por tal dependencia en el poblado de San Juan Ixhuatepec, el pasado domingo 11 de noviembre del año en curso, así como a determinar la reparación urgente y perentoria de los daños materiales, físicos y psicológicos a las personas agraviadas.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/columna/hector-de-mauleon/nacion/en-san- juan-ixhuatepec-hubo-mano-negra

2 https://aristeguinoticias.com/1411/mexico/un-policia-disparo-directamen te-a-mi-esposa-y-mi-sobrino-testimonio-de-san-juan-ixhuatepec/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputada María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a fortalecer acciones para prevenir y atender las enfermedades respiratorias a consecuencia de la temporada de frío, a cargo de la diputada Frinne Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Frinne Azuara Yarzábal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación las autoridades de salud en las 32 entidades federativas, fortalezcan sus acciones para prevenir y atender las enfermedades respiratorias, a consecuencia de la temporada de fríos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las enfermedades respiratorias cada año toman gran relevancia durante los dos últimos meses del año en todo el territorio nacional, derivado de la entrada de los denominados frentes fríos, con lo que se da inicio al periodo de tormentas invernales que inician en noviembre y culmina generalmente por el mes de mayo.

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) describe a los frentes fríos como el límite entre dos masas de aire con diferente temperatura o contenido de vapor de agua. Lo que quiere decir que la masa de aire frío al ser más denso empuja por debajo a la masa de aire caliente, obligando a este aire cálido a elevarse.1

El SMN ha realizado un informe en el cual se menciona que de acuerdo a la primera versión de la perspectiva de la temporada de frentes fríos 2018-2019, de octubre a diciembre del año en curso, se prevé la entrada de 16 frentes fríos a México, cifra superior al promedio, que es de 14.2

De octubre a diciembre, se estiman temperaturas más bajas que su media histórica en regiones del norte de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Es importante destacar que un frente frío y su masa de aire pueden generar lluvias, granizo, descenso brusco de temperatura, bajas temperaturas, heladas, nevadas, vientos fuertes, vientos del norte en el Golfo de México, así como tormentas invernales.

Durante este mes se ha presentado la primera tormenta invernal de la temporada en combinación con el frente frío número 10, el cual ha causado un descenso de la temperatura en la mayor parte del país, así como la caída de nieve o aguanieve, en zonas serranas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas, extendiéndose también a zonas montañosas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, estado de México.

Ante esta situación, la población se vuelve más propensa a contraer alguna enfermedad a consecuencia de las bajas temperaturas que pueden ir desde un resfriado común hasta una posible neumonía que puede provocar la muerte si no se atiende con oportunidad.

Entre las enfermedades más frecuentes que pueden presentarse durante esta temporada, se encuentran las siguientes:

• Resfriado común. Tiene como principales síntomas la secreción y congestión nasal, así como estornudo. También puede estar presente dolor de garganta y cabeza, tos, entre otros síntomas.3

• Influenza. Es una enfermedad aguda de las vías respiratorias y se clasifica en tres tipos: A, B y C. La fiebre mayor a 38°Celsius, la tos, el dolor de cabeza y dolor muscular, y de articulaciones son algunos de los síntomas más comunes.

• Faringitis. Es una molestia en la garganta que causa hinchazón de la parte posterior de la faringe, entre las amígdalas y la laringe. El principal síntoma es el dolor de garganta, además de fiebre, ganglios linfáticos inflamados en el cuello y dolor cabeza.

• Bronquitis. Es la inflamación de las vías aéreas principales que llevan aire hacia los pulmones, provocando que se estrechen las vías respiratorias, lo cual dificulta la respiración.

• Neumonía. Es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta los pulmones, causando una dolorosa respiración y limitando la absorción de oxígeno. Este problema de salud es causado por diversos agentes infecciosos como virus, bacterias u hongos.

En la mayoría de los casos las personas enfermas se recuperan en poco tiempo, algunos de ellos sin la necesidad de recibir tratamiento médico. Sin embargo, en niños pequeños, personas de edad y personas aquejadas de otras complicaciones médicas graves, las puede conllevar graves complicaciones de la enfermedad subyacente, provocar neumonía o causar la muerte.4

Para dimensionar la gravedad de esta problemática, basta señalar que, de acuerdo con el Informe Semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza 2018-Semana Epidemiológica 04, del 1 de octubre de 2017 al 25 de enero de 2018, se confirmaron mil 509 casos positivos de influenza, un 17 por ciento más que el mismo periodo anterior, en el que se presentaron mil 252 casos.5

Del total de casos que se han presentado en dicha temporada, mil 208 son del virus tipo A (H3N2), 210 de B, 63 de influenza A, y 28 de A (H1N1), el más letal. En el caso de las personas fallecidas, 22 fueron por contagio de influenza tipo A (H3N2), 3 de B, 2 de A (H1N1) y 1 de A.

Las entidades federativas con mayor número de casos confirmados fueron la Ciudad de México (310), Querétaro (144), Estado de México (138), Coahuila (99) y Tlaxcala (78), que en conjunto suman el 51 por ciento del total del país. Los estados donde han muerto más personas por influenza son Guanajuato (4), Ciudad de México (3), Coahuila (3), Tlaxcala (2) y Aguascalientes (2), que en conjunto suman el 50 por ciento.

De acuerdo con especialistas médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), las neumonías representan la tercera causa de morbilidad (entre el 20 y el 35 por ciento de los casos atendidos por año), así como de mortalidad en la misma institución.6

Asimismo, entre 2010 y 2016 se observó una concentración de casos graves de neumonía en la población entre 40 y 60 años de edad. Los costos directos asociados a esta enfermedad en el país pueden rondar desde los 23 mil pesos hasta los 80 mil pesos.

La atención oportuna de padecimientos relacionados con las tormentas invernales puede evitar que se agraven y que puedan conducir a la muerte, por lo que es necesario que Secretaría de Salud Pública ayude a prevenir y atender las enfermedades respiratorias en toda la población, especialmente en los sectores más vulnerables del país, con el objeto de proteger su salud y economía familiar.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud para que, en coordinación las autoridades de salud en las 32 entidades federativas, fortalezcan sus acciones para prevenir y atender las enfermedades respiratorias, a consecuencia de la temporada de fríos.

Notas

1 https://smn.cna.gob.mx/es/climatologia/pronostico-climatico/frentes-fri os

2 https://www.gob.mx/smn/prensa/
de-octubre-a-diciembre-de-2018-se-preve-que-16-frentes-frios-ingresen-a-mexico-178292

3 http://www.hsj.com.mx/noticias-hsj/las-5-enfermedades-respiratorias-mas -comunes-en-invierno.aspx

4 http://www.who.int/topics/influenza/es/

5 https://www.animalpolitico.com/2018/02/influenza-contagio-mexico/

6 https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/neumonia-una-de-la s-primeras-causas-de-atencion-de-salud-en-mexico

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 20 de noviembre de 2018.

Diputada Frinne Azuara Yarzábal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades de Puebla encargadas de procurar y administrar justicia a dar cauce expedito a las denuncias presentadas por robo de ganado en el norte de la entidad, a cargo del diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del PES

Miguel Acundo González, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades encargadas de procuración y administración de justicia del estado de Puebla a dar cauce pronto y expedito a las denuncias presentadas con motivo del robo de ganado en la región norte del estado de Puebla, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

La Unión Ganadera Regional del Norte de Puebla cuenta con mil 357 agremiados en 20 asociaciones ganaderas locales, situadas en 17 municipios del estado; dichas personas tienen inventariadas cerca de 163 mil cabezas de ganado.

Derivado del ambiente generalizado de inseguridad que padece el país y, de forma particular, el norte del estado de Puebla, el sector ganadero sufre, desde hace seis años, el embate de la delincuencia a través del “abigeato” o robo de ganado.

El sector ganadero de la región ha denunciado, en diversas ocasiones y en diferentes foros, el aumento sin precedente del robo de ganado; son innumerables las denuncias interpuestas, por los ganaderos que lo han sufrido, ante la Fiscalía General del estado; mención aparte merecen otros tantos que, por temor a las represalias de los criminales, optan por no denunciar el delito.

Dicha situación daña, de forma grave, el patrimonio; la seguridad y el bienestar de los ganaderos de la región, poniendo en riesgo el desarrollo y consolidación de la actividad en la zona norte del estado de Puebla.

Si bien la Unión Ganadera, desde hace varios años, ha exigido la intervención de las autoridades estatales y federales para que se persiga el robo de ganado y se redoblen los esfuerzos de vigilancia, en carreteras y caminos, para detener a los delincuentes que trasladan ganado robado, no han encontrado respuesta.

Las autoridades ministeriales de Puebla han sido omisas en la persecución de dicho delito, contribuyendo al aumento en su incidencia.

Existen denuncias penales que datan del año 2014, sin que, a la fecha, haya procedido ninguna de las decenas de denuncias presentadas por los agremiados de la Unión Ganadera.

Por otro lado, los ganaderos denuncian que las autoridades fitosanitarias se encuentran rebasadas por el fenómeno delictivo del robo de ganado, en tanto no cuentan con el personal suficiente para detectar y denunciar el traslado y venta del ganado robado, provocándose así que los delincuentes operen sin el menor recato en toda la región, transportando y vendiendo lo robado sin las menores restricciones.

Es importante mencionar también que el número de robos de ganado no denunciados representan más del doble de los denunciados. La razón es la falta de garantías para los ganaderos que denuncian el robo de su ganado, pues tienen que confiar en una autoridad ineficiente, que muy pocas veces logra integrar debidamente las investigaciones para consignar a los indiciados, menos aún una sentencia.

Esta situación inhibe la presentación de denuncias, pues los ganaderos no ven la utilidad de ir a presentar una denuncia, con las molestias que ello implica, si al final la autoridad no realizará ninguna investigación para perseguir, detener y procesar a los delincuentes; además, muchos ganaderos temen denunciar el delito, pues temen a los delincuentes y la autoridad no les garantiza la integridad y seguridad física de sus personas y familias.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a las autoridades encargadas de procuración y administración de justicia del estado de Puebla, a dar cauce a las denuncias presentadas con motivo del robo de ganado en la región norte del estado de Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputado Miguel Acundo González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las caravanas provenientes de Honduras y El Salvador, suscrita por la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT, e integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios

Los diputados abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto los artículos 6, numeral 1, fracción I; 66, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I, II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con base en las siguientes

Consideraciones

Geográficamente, México es un país estratégico en el tema migratorio, dado que lo convierte en un país de origen, tránsito, destino y retorno. Por él transitan al año más de 400 mil personas provenientes de Centroamérica, pasan por la frontera sur en específico por los estados de Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas, cabe destacar que, por este último, se estima ingresan más de 150 mil migrantes de manera irregular.

Como podemos observar, el tema de la migración en México no es un tema menor, por ello debemos poner en la mesa una agenda migratoria en la que participen los representantes de los diversos países centroamericanos de donde provienen los migrantes. Debemos ser congruentes, por un lado, nosotros hemos estado pidiendo un acuerdo migratorio con Estados Unidos de América (EUA), mismo que no ha podido concretarse, y por otro lado, no hemos buscado acuerdos migratorios con los países de Centroamérica.

Lo anterior, debido a que por nuestro país están transitando tres caravanas, en su mayoría de hondureños y salvadoreños, sin lugar a dudas es preocupante, y es preocupante porque a menos de un mes de su llegada, tenemos conocimiento de que se encuentran desaparecidos más de 80 personas, que por la falta de compromiso del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, al no proporcionarles los autobuses que les había prometido para su traslado a la Ciudad de México, decidieron seguir su camino por sus propios medios; de igual forma, se ha denunciado por parte del padre Alejandro Solalinde Guerra y Pueblos Sin Fronteras, la desaparición de más de 60 niños que viajaban con sus padres en la primera caravana.

De acuerdo con un informe presentado por el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el licenciado Édgar Corzo Sosa, a los integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios, comentó que las acciones de las autoridades federales, estatales y municipales se han visto rebasadas por el gran número de migrantes que entró al país, que aún y cuando ya se les había informado sobre la llegada de la primera caravana, no se tomaron las medidas precautorias para su arribo y han optado por realizar acciones de contención en lugar de asistencia humanitaria.

Sin embargo, gracias a la ayuda de la sociedad civil, es como se ha logrado, en la medida de lo posible, solventar las necesidades de niños, niñas, adolecentes, mujeres y adultos mayores, que son el sector más desprotegido de esta caravana, sin dejar de mencionar a más de 90 personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), que son discriminados y acosados.

Se sabe de muchas quejas sobre el mal trato que se ha dado a los migrantes, desde el sobrevuelo de un helicóptero sobre los migrantes, la utilización de gases lacrimógenos, la utilización de equipos antimotines, la fumigación a que fueron expuestos, la separación de niños de sus padres obligándolos a regresar a su país, las deportaciones a través de engaños, entre otras, acciones.

Necesitamos saber qué harán los estados por los que transitarán las caravanas durante su recorrido para Estados Unidos, no debemos olvidar que son tres caravanas, que si bien la primera, es la que está siendo punta de lanza, hay dos o tres más en el territorio mexicano.

Varios son los frentes que se deben cuidar, como son la seguridad y vigilancia, la protección a las niñas, niños y adolescentes, así como a las mujeres embarazadas, y a los adultos mayores; la búsqueda y localización de las personas consideradas como desaparecidas; el monitoreo de su salud ante cualquier brote de epidemia; conocer aproximadamente cuantas personas conforman los contingentes; debemos pugnar porque se establezcan medidas ayuda humanitaria y no de contención, debido a que nuestro país adoptó la Declaración de Nueva York, por lo que estamos obligados, entre otras acciones, a proteger los derechos humanos de todos los refugiados y migrantes, independientemente de su condición.

Debemos actuar ante la inminente situación que se nos presentará respecto de aquellos migrantes que no puedan atravesar la frontera, es decir, que haremos con los miles de migrantes que se queden en la franja fronteriza, como ocurrió con los haitianos.

Finalmente, debemos evitar en la medida de lo posible, que los migrantes sean víctimas de crimen organizado, estafas, extorsiones, violencia sexual, tráfico de personas, secuestros, arrestos, deportaciones y abuso policial.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos los siguientes

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Primero. Que la Procuraduría General de la República dé a conocer a la sociedad las acciones realizadas sobre las diversas denuncias de las que se tiene conocimiento respecto de la desaparición de más de 120 migrantes hondureños y salvadoreños, entre los que se encuentran niñas, niños y adolescentes.

Segundo. Se solicita al Instituto Nacional de Migración dé a conocer a la sociedad sobre el número de migrantes deportados y repatriados, así como llevar a cabo un censo, sobre el número de personas que han entrado a nuestro país, en el marco de las caravanas provenientes de Honduras y el Salvador.

Tercero. Se exhorta al Instituto Nacional de Migración para que refuerce el debido cumplimiento del protocolo de actuación para asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en procedimientos administrativos migratorios.

Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que busque apoyo internacional en el marco de la Declaración de Nueva York, a fin de hacerle frente a la contingencia de las caravanas que transitan en nuestro país provenientes de Honduras y el Salvador.

Quinto. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para qué a través de la Policía Federal, salvaguarde la integridad de las personas, en las zonas fronterizas, las aduanas, garitas, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, a fin de garantizar la integridad física de los migrantes.

Sexto. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación para qué en el ámbito de sus competencias, formule y ejecute acciones de coordinación entre la federación, los estados y los municipios que permitan garantizar la integridad física de las personas y la preservación de los bienes propiedad de los migrantes; así como atender el auxilio de estos niveles de gobierno para la protección de la seguridad púbica de la sociedad.

Séptimo. Se exhorta a los Sistemas DIF Nacional, estatales y de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus competencias, implementen acciones que permitan brindar una atención adecuada a las niñas, niños y adolescentes, en especial por lo que hace a la asistencia social y al otorgamiento de estancia.

Octavo. Se exhorta a la Secretaría de Salud y a las secretarías de salud estatales, para que lleve a cabo acciones de vigilancia epidemiológica sanitaria, atención médica y psicológica de los migrantes que están transitando por el territorio nacional.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputados: Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica), Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica), Javier Julián Castañeda Pomposo, Nelly Maceda Carrera (rúbrica), María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos (rúbrica), Óscar Rafael Novella Macías (rúbrica), Maximino Alejandro Candelaria (rúbrica), María Libier González Anaya (rúbrica), María Eugenia Leticia Espinosa Rivas (rúbrica).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la STPS a reforzar las acciones y medidas de supervisión tendentes a erradicar la discriminación laboral por edad; y al Conapred, a redoblar esfuerzos para evitar esas prácticas, a cargo de la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada Lourdes Celenia Contreras González, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano; con fundamento en el artículo 71, fracción II, artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6, numeral 1, fracción I, artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados; respetuosamente somete a consideración del pleno de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a reforzar las acciones y medidas de supervisión tendientes a erradicar la discriminación laboral por edad, y asimismo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a redoblar esfuerzos para evitar estas prácticas, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las dinámicas sociales en los últimos años, los cambios culturales en materia laboral y las nuevas realidades que viven los trabajadores obligan a los gobiernos a modificar de manera permanente las políticas sociales para dar respuesta a las problemáticas que surgen, sin embargo, estas no siempre van acompañadas de los mecanismos necesarios para enfrentar el problema lo que conlleva a convertirse en una dificultad social, como lo es la falta de oportunidades y discriminación que viven las personas que buscan trabajo y son discriminadas por edad. De acuerdo a diversos estudios, señalan que la discriminación por edad consiste en tratar a una persona (empleado o solicitante del empleo) de manera menos favorable por su edad.

A nivel mundial la pirámide poblacional se ha modificado y cada día son más los adultos de 40 años o más que viven discriminación. Para 2010, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),1 existen en nuestro país aproximadamente 120.5 millones de personas, asimismo con las proyecciones que estima el Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2017 habitaban en el país casi 13 millones de personas de 60 años y más. De igual manera con datos de la Encuesta Intercensal 2015 del mismo organismo, nuestro país el estimado de población de mujeres y hombre de 35 a 44 años se concentra en un estimado de 16 818 431 personas, población que en su mayoría se enfrenta a la discriminación laboral. Sin embargo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred),2 señala que la discriminación laboral comienza a partir de los 35 años, en donde más del 90 por ciento de anuncios laborales dejan fuera a las personas en el rango que antes mencionado, señalan además que la oferta laboral los deja fuera de las mejoras oportunidades, teniendo que aceptar sueldos irrisorios. Detallan que ser mayor de 35 años en México es motivo de discriminación laboral, aunque el talento de estos profesionales sea un gran soporte para las empresas, advierten especialistas en recursos humanos.

A pesar de que en nuestro marco jurídico se precisa desde la Carta Magna en su artículo primero, último párrafo que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.3

De la misma forma, la Ley Federal del Trabajo en su artículo 133, establece que “Queda prohibido a los patrones o a sus representantes:

I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio;

II. ...

Asimismo, la Ley Federal para prevenir la Discriminación, puntualiza en su artículo 9, párrafo primero, que “Con base en lo establecido en el artículo primero constitucional y el artículo 1, párrafo segundo, fracción III de esta Ley se consideran como discriminación, entre otras; dentro del numeral III “Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo;”

A nivel internacional, otros países han avanzado en la materia al contar con leyes específicas para disminuir la discriminación en este sentido, Estados Unidos cuenta con la denominada Ley de Discriminación por Edad en el Empleo, basados en información de la Comisión de Oportunidades del Empleo de este país, indican que aplica a empleadores privados con 20 a más empleados, a gobiernos estatales y locales, agencias de empleos, organizaciones laborales y al gobierno federal, en la cual señalan que es ilegal discriminar a una persona debido a su edad con respecto a cualquier termino, condición o privilegio de empleo, incluida la contratación, pero más allá, se refiere también al despido, compensación, beneficio, asignaciones de trabajo y capacitación.4

Sobre el mismo punto, es de destacar que lo que conocemos como anuncios o avisos de trabajo en general, en la normativa antes señala hace que sea ilegal incluir preferencias de edad, limitaciones o especificaciones en anuncios a avisos de trabajo, sin embargo, existen sus excepciones ya que lo permite solo en raras circunstancias en que se demuestre que la edad es una “calificación ocupacional de buena fe”, razonablemente necesaria para el funcionamiento normal de la empresa.4

Es relevante destacar que el Congreso de esta nación reconoció que el costo de proporcionar ciertos beneficios a los trabajadores mayores es mayor que el de proporcionar esos mismos beneficios a los trabajadores más jóvenes.

El no contratar a personas mayores de cierta edad es un daño grave colateral, ya que en su mayoría son los pilares de una familia, quienes tienen hijos estudiando, responsabilidades específicas y son motor importante en la economía de nuestro país. Nos encontramos a pocos años de que la pirámide poblacional se invierta en relación a la edad, por lo que es urgente realizar acciones eficaces que permitan atender esta problemática.

Mujeres y hombres merecen respeto y reconocimiento por su experiencia, por su desarrollo y conocimientos, a quienes se coarta su derecho a un trabajo en igualdad de oportunidades, enfrentando obstáculos para poder conseguir un empleo. La otra realidad es que muchos empleadores buscan pagar bajos sueldos y menores prestaciones, para ello promueven contratar jóvenes qué a pesar de su talento, conocimiento y entusiasmo, aceptan condiciones que no les permiten crecer laboralmente.

Por ello, es responsabilidad de todos replantear nuevas políticas que permitan resolver estas prácticas que enfrenta este sector de la población, donde autoridades, empresas y ciudadanos debemos trabajar para reorientar las políticas públicas que busquen generar igualdad de oportunidades sin importar la edad.

Es importante reconocer, que se han promovido estrategias para eliminar estas prácticas excluyentes, sin embargo, estas no han sido suficientes, la realidad es que siguen de manera exponencial por parte de las empresas y los reclutadores.

Quien ha vivido o vive esta situación pasan por momentos de frustración, de coraje y de importancia, aunado a la depresión y desesperación. Quienes tienen una familia y son pilar económico. Esta discriminación los ha orillado a malbaratar su conocimiento, toda su experiencia por sueldos irrisorios y en ocasiones se ven obligados a subemplearse.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos de urgente u obvia resolución a la consideración de este órgano legislativo la presente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Secretaria del Trabajo y Previsión a que implemente acciones y medidas para evitar la discriminación laboral por edad, y en su caso aplicar las sanciones correspondientes a las empresas que incumplan la ley.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a redoblar esfuerzos para evitar estas prácticas discriminatorias en materia laboral.

Notas

1 Inegi (2010) Disponible al día 18 de octubre de 2018 en:

2 Conapred (https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=4974&id_opcion=&op=447

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/marco.htm

4 https://www.eeoc.gov/spanish/laws/types/age.cfm

5 Ibídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre del 2018.

Diputada Lourdes Celenia Contreras González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a atender a los vecinos y las comunidades afectados por las obras de construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, a cargo de la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora, del Grupo Parlamentario del PRD

La que suscribe, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someta a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la empresa Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de CV, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la secretaría del ramo del gobierno del estado de México , para que atiendan a los vecinos y comunidades afectados por las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, con base en las siguientes

Consideraciones

1. Las obras de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México iniciaron en el mes de septiembre de 2014 en 4 mil 430 hectáreas de propiedad federal ubicadas en el lecho de lo que fuera el Lago de Texcoco, en la región oriente del valle de México.

2. Pese que el presidente de la República Enrique Peña Nieto dijo al inaugurar la obra que en la misma serían protegidos los derechos de los habitantes de las colonias y comunidades colindantes, tal cosa nunca se observó. Por el contrario, desde que comenzó la construcción del nuevo aeropuerto se produjeron afectaciones en las comunidades de la zona y en los bienes de los vecinos, las cuales fueron ignoradas por las autoridades responsables.

3. Las autoridades y la empresa encargadas de la obra se adhirieron a los Principios de Ecuador, que son directrices asumidas a nivel global por grandes proyectos de infraestructura, para supuestamente garantizarla responsabilidad social y prácticas de gestión ambiental acertadas, lo mismo que comprometen un desarrollo urbano ordenado y el mejoramiento de los espacios públicos de la zona de influencia del proyecto, con la finalidad de impulsar el desarrollo en su área de influencia.

4. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia del Poder Ejecutivo encargada de la realización de la obra, de lo que se desprende que es responsable de las afectaciones que la misma ha producido en perjuicio de las comunidades y vecinos de la región.

5. La empresa Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de CV es una empresa de participación estatal mayoritaria responsable de construir, administrar, operar y explotar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, conforme al título de concesión otorgado por el gobierno federal y publicado en el Diario Oficial con fecha 26 de enero de 2015, de lo que se desprende que es corresponsable de las afectaciones mencionadas.

6. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la secretaría del mismo ramo del gobierno del estado de México, son las dependencias de la administración pública encargadas de la aplicación de las leyes de protección del medio ambiente y de la vigilancia de su observancia por parte tanto de las dependencias oficiales, como de los particulares.

7. La construcción del nuevo aeropuerto requirió la explotación de más de 160 minas de extracción de tezontle y basalto, entre otros materiales pétreos, cantidad que excede la considerada en la manifestación de impacto ambiental de la obra. También necesitó de la remoción de escombro y lodos salinos altamente contaminados y su depósito indebido en socavones y tiros, sin los estudios ambientales requeridos por la norma. Todo ello ha ocasionado perjuicios ambientales y patrimoniales a las comunidades y vecinos de la región, incluidos daños a sus bienes inmuebles, de salud, arqueológicos, ambientales y en las vías de comunicación y tránsito de las localidades.

8. Las comunidades y vecinos directamente afectados se ubican en los municipios de Acolman, Atenco, Axapusco, Otumba, San Martín de las Pirámides, Tecámac, Temascalapa, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tezoyuca, todos ellos del estado de México, quienes demandan atención y solución a los problemas ocasionados por la obra mencionada.

9. La cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco, anunciada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador el pasado 29 de octubre, no repara los daños ocasionados por la obra, los cuales persisten y deben ser reparados, independientemente de que ésta siga o no, y sin que sea impedimento para ello el que concluya la actual administración e inicie un nuevo periodo de gobierno federal.

Con base en las anteriores consideraciones, se propone el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . Se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la secretaría del mismo ramo del gobierno del estado de México a atender a los vecinos y comunidades afectados por las obras de construcción del nuevo aeropuerto internacional de México de Texcoco, adopten las medidas necesarias para detener inmediatamente las obras de construcción y sus colaterales , y para reparar las afectaciones que han sufrido.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Sagarpa a reforzar por el Senasica la implantación de cercos sanitarios en los procesos de importación de nauplios, larvas, postlarvas, reproductores, productos y subproductos derivados del camarón para detectar de forma preventiva la presencia de la enfermedad de la cabeza amarilla u otros males exóticos que pudieran afectar la producción de camarón nacional, a cargo del diputado Maximiliano Ruiz Arias, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Maximiliano Ruiz Arias, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III; y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en el marco de sus atribuciones, refuerce la implantación de cercos sanitarios en los procesos de importación de nauplios, larvas, postlarvas, reproductores, productos y subproductos derivados del camarón, para que, de forma preventiva se detecte la presencia de la enfermedad de la cabeza amarilla (Okavirus) u otras enfermedades exóticas que pudieran afectar a la producción de camarón nacional, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Es atribución de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), establecer las medidas sanitarias pertinentes para prevenir, controlar, combatir y erradicar enfermedades y plagas de las especies acuáticas, con la finalidad de proteger su salud y la del hombre.

Es facultad de la Sagarpa expedir las normas oficiales mexicanas y establecer las medidas de diagnóstico, detección, erradicación, prevención, y control para evitar la introducción y dispersión de enfermedades, determinar y clasificar las patologías de alto riesgo; así como para evaluar los daños, restaurar las áreas afectadas y establecer procesos de seguimiento en esta materia.

Lo anterior, de conformidad con la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la finalidad de mantener en operación la vigilancia de enfermedades y plagas de este tipo de animales.

Si bien el territorio nacional es libre de varias enfermedades y plagas, denominadas exóticas, que tienen impacto negativo para la producción del sector pecuario, acuícola, pesquero y colateralmente a la salud pública y de los ecosistemas; ante la sospecha de productores del sector pesquero y acuícola nacional de que alguna de las enfermedades toxicas, como la enfermedad de la cabeza amarilla, pudieran permear a nuestro país a través de los procesos de importación, en el caso específico del camarón, es que se presenta el exhorto relativo a esta inquietud.

En América Latina y el Caribe el cultivo de camarones es una de las actividades que han cobrado mayor importancia para el desarrollo de ciertas regiones en las últimas décadas, tan solo en nuestro país, el camarón es un recurso que se captura en altamar en su forma silvestre con métodos de pesca sustentable, pero también es un producto que se puede cultivar por medio de granjas camaronícolas.

Actualmente hay en territorio nacional alrededor de 1,447 granjas dedicadas a la producción, comercialización y distribución de camarón, cuyas aportaciones representan un eje estratégico para la seguridad alimentaria de la población y para el desarrollo económico regional y nacional.

Empero, como en cualquier otra actividad de cultivo de organismos acuáticos, presenta condiciones vulnerables en materia sanitaria que pueden limitar su desarrollo.

Uno de los ejemplos de vulnerabilidades en la camaronicultura de la región de América Latina y el Caribe es el virus de la cabeza amarilla o enfermedad de la cabeza amarilla (Okavirus).

Las especies que cumplen los criterios para ser consideradas susceptibles a la infección por este virus, según el Manual de las pruebas de diagnóstico para los animales acuáticos, de la Organización Mundial de Sanidad Animal, son el langostino jumbo (P. monodon), el camarón patiblanco (P. vannamei), el camarón azul (P. stylirostris), el camarón carpintero (Palaemonetes pugio) y el camarón jinga (Metapenaeus affinis; Organización Mundial de Sanidad Animal, Manual de las pruebas de diagnóstico para los animales acuáticos,

http://www.oie.int/index.php?id=2439&L=2&htmfil e=chapitre_yellow_head_disease.htm).

Una de las maneras de transmisión de la infección por este virus resulta la cohabitación de camarones nunca antes infectados con camarones infectados, que pudiera resultar de procesos de importación.

Los efectos por la infección en los recursos de camarón, aunque no son características particularmente de esta enfermedad, consisten de manera principal en la rápida acumulación de mortalidades de los productos.

Se identifica de manera general a los camarones moribundos por la presentación de un aspecto descolorido y un color amarillento en el cefalotórax. Por su nivel de letalidad, es una de las infecciones más importantes de los camarones de cultivo. Sus efectos en regiones productivas resultan en afectaciones por el impacto económico, que se da en muchos casos, por la pérdida total de la producción en cuestión de días tras la aparición del virus.

Resultado de estas características es el principal miedo que productores acuícolas mexicanos tienen. Es preocupante que camarones infectados con patógenos altamente peligrosos entren a nuestro país bajo el carácter de importación y contaminen las granjas de cultivo, y a su vez repercutan significativamente en la producción nacional.

Si bien el 9 de octubre de 2012, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se declara el territorio de los Estados Unidos Mexicanos como zona libre de la enfermedad de la cabeza amarilla en el camarón de cultivo, a seis años de su publicación y ante las inquietudes del sector productivo nacional de este crustáceo, es necesario garantizar que el territorio nacional permanezca libre de la enfermedad de la cabeza amarilla.

Con el presente acuerdo no se busca violentar los tratados de libre comercio que el Gobierno de la República ha suscrito con otros países, sino por el contrario, que los convenios, acuerdos y tratados de libre comercio se fortalezcan tomando las medidas necesarias para garantizar el libre intercambio comercial de animales, sus productos y subproductos, cuando cumplan las medidas sanitarias nacionales e internacionales.

Un ejemplo para motivar a la Sagarpa y sus órganos competentes a intensificar y promover acciones en esta materia, reside en que, en octubre de 2017, medios de comunicación digital hondureña informaron que el gobierno mexicano suspendió las importaciones de camarón hondureño por la supuesta presencia en su producción de la enfermedad de la cabeza amarilla.

Se informó que con fecha 20 de octubre de 2017, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, de México comunicó al Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de Honduras la decisión de suspender las importaciones de camarón.

La comunicación fue mediante el oficio número B00.02.04.1218/2017 del Senasica, donde se informa que a un contenedor con 23 mil kilogramos de camarón de cultivo congelado procedente de Honduras se encontró evidencia de fauna de acompañamiento (peces y otras especies no determinadas), por lo que se detectaron irregularidades en la certificación de origen. El Senasica decidió que de manera precautoria y para evitar la posible dispersión de la enfermedad de la cabeza amarilla, la suspensión de autorizaciones de importación provenientes de Honduras hasta contar con la seguridad de que estas mercancías no representan o puedan representar un riesgo sanitario a la camaronicultura mexicana.

En semanas recientes del cuarto trimestre de 2018 ha circulado también por medios de comunicación hondureños y mexicanos, la versión de una posible reapertura del mercado mexicano para el camarón cultivado en el territorio hondureño. Se estima que el Senasica publique en fechas próximas la hoja de requisitos referente a la importación al mercado mexicano para el camarón hondureño o emita comunicado al gobierno de aquel país.

Entre las acciones para reabrir el mercado a Honduras, se ha informado por medios hondureños que, en febrero pasado, el secretario de Desarrollo Económico de Honduras, Arnaldo Castillo, envió al Secretario de Economía de México, Ildefonso Guardado Villarreal una carta buscando una solución al problema. El argumento reside en que no existen ni han existido elementos que prueben la existencia del virus en la temporada 2017-2018 de la producción de camarón.

Entre los efectos generales en Honduras por la suspensión de importaciones de camarón, se encuentra el hecho de que México es el principal destino para el camarón que se cultiva en los departamentos de Choluteca y Valle, en aquel país.

La FAO ha informado en los Perfiles sobre la pesca y la acuicultura por países que los productos pesqueros y acuícolas hondureños están destinados a los mercados internacionales, en los que México figura entre los principales compradores de camarones, langostas y tilapias.

Si bien estos datos son alentadores por la exportación de estos productos a nuestro país, el sector acuícola mexicano se ha declarado en alerta desde 2017 por la posible presencia de la enfermedad de la cabeza amarilla y el temor de que pudiera afectar las granjas camaroneras de los distintos estados de producción, entre los que destaca Sinaloa, Nayarit, y Sonora.

Actualmente se teme que la entrada de camarón de procedencia hondureña contenga la enfermedad de la cabeza amarilla o cualquier otra enfermedad o plaga exótica que pudiera afectar la producción de camarón, que se sumaría a las problemáticas nacionales respecto a que, en este año, la temporada de camarón inició con una caída de precios en el mercado de Estados Unidos.

Es imperativo entonces que la Secretaría del ramo refuerce la procuración de condiciones sanitarias y medidas de vigilancia epidemiológica prevención, diagnóstico, trazabilidad, control de la movilización, transporte, tránsito, comercialización e importación de nauplios, larvas, postlarvas, reproductores, productos y subproductos derivados del camarón.

Con la ejecución correcta de estas medidas la producción de camarón en nuestro país resultará una actividad más competitiva y rentable, pues mejorará el estatus sanitario y consecuentemente impulsará la comercialización nacional e internacional de este producto y sus derivados.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, en el marco de sus atribuciones, refuerce la implantación de cercos sanitarios en los procesos de importación de nauplios, larvas, postlarvas, reproductores, productos y subproductos derivados del camarón, para que, de forma preventiva se detecte la presencia de la enfermedad de la cabeza amarilla (Okavirus) u otras enfermedades exóticas que pudieran afectar la producción de camarón nacional.

Fuentes

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (2018). Cultivo de camarón, producción acuícola de calidad [en línea]. Consultado el 14 de noviembre de 2018 a través de

https://www.gob.mx/conapesca/articulos/cultivo-de-camaro n-produccion-acuicola-de-calidad?idiom=es

Diario Oficial de la Federación. Acuerdo mediante el cual se dan a conocer en los Estados Unidos Mexicanos las enfermedades y plagas exóticas y endémicas de notificación obligatoria de los animales terrestres y acuáticos [en línea]. Consultado el 14 de noviembre de 2018 a través de

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/210722/
ACUERDO_mediante_el_cual_se_dan_a_conocer__en_los_Estados_Unidos_Mexicanos_las_enfermedades_y
_plagas_ex_ticas_y_end_micas_de_notificaci_n_obligatoria_de_los_animales_terrestres_y_acu_ticos.pdf

Diario Oficial de la Federación. Acuerdo por el que se declara al territorio de los Estados Unidos Mexicanos como zona libre de la enfermedad de la cabeza amarilla en el camarón de cultivo [en línea]. Consultado el 14 de noviembre de 2018 a través de

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5271665&fecha=09/10/2012

FAO (2018). El estado mundial de la pesca y la acuacultura 2018 [en línea]. Consultado el 14 de noviembre de 2018 a través http://www.fao.org/3/I9540ES/i9540es.pdf

FAO (2018). Perfiles sobre la pesca y la acuicultura por países [en línea]. Consultado el 14 de noviembre de 2018 a través de

http://www.fao.org/fishery/facp/HND/es

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables [en línea]. Consultada el 14 de noviembre de 2018 a través de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPAS_240418 .pdf

OIE (2018) 2 2018). Manual de las pruebas de diagnóstico para los animales acuáticos [en línea]. Consultado el 14 de noviembre de 2018, a través de

http://www.oie.int/fileadmin/Home/esp/Health_standards/a ahm/current/chapitre_yellow_head_disease.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputado Maximiliano Ruiz Arias (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a garantizar el derecho a la educación obligatoria de los adolescentes en privación de libertad, a cargo de la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI

La que suscribe, diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que, en coordinación con la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Educación Pública, instrumenten, fortalezcan y amplíen sus acciones, a fin de garantizar el derecho a la educación obligatoria de las y los adolescentes en privación de libertad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Ley General de Educación establece que la educación es un proceso permanente que tiene como objeto adquirir, transmitir y acceder al conocimiento y a la cultura. Por su relevancia, contribuye al desarrollo humano y transformación de la sociedad.

En este sentido, nuestro país ha consolidado avances importantes en los últimos años en la materia, prueba de ello, es que según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la cobertura de la educación primaria ha llegado a ser “casi universal”, asimismo, en educación media superior se ha incrementado la matricula, los apoyos económicos y su infraestructura.

Pese a estos resultados, aún existen importantes desafíos por atender a otras poblaciones que no son tan visibilizadas como los adolescentes en conflicto con la ley o adolescentes en privación de la libertad, a quienes también se les deben garantizar condiciones efectivas para asegurar la educación obligatoria.

En este contexto, nuestra Constitución Política señala en su artículo 3o. que toda persona tiene derecho a recibir educación y que la educación básica y media superior son obligatorias.1

Su relevancia radica que en la educación básica, se estimula la formación de hábitos y se inicia con la socialización del conocimiento científico y diversas disciplinas sociales. Por su parte, en la educación media superior se amplía la información y los conocimientos, comprendiendo el bachillerato y el profesional técnico.

Por su parte, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes indica en su artículo 51, que las personas adolescentes tienen el derecho a cursar el nivel educativo que le corresponde y a recibir instrucción técnica o formación práctica sobre un oficio, arte y enseñanza sobre diversas áreas de conocimiento.2

Para contar con un panorama general de la población que se encuentra en esta situación, basta indicar que hasta el 2016, de acuerdo con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, en nuestro país se contaba con un poco más de 12 mil 274 adolescentes menos en conflicto con la ley (mil 389 del fuero federal y 10 mil 885 del fuero común), los cuales se encuentran en al menos 54 centros de reclusión.

Es importante destacar que de los mil 389 del fuero federal, había 262 internados y mil 127 en externación. Aunado a ello, la primera Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal arrojó que casi el 60 por ciento de los adolescentes privados de la libertad tienen entre 18 y 22 años, y que 25.5 por ciento presentaba un rango de edad entre 16 y 17 años. De ellos, al menos el 95.3 por ciento sabía leer y escribir, y más de 75.9 por ciento tiene estudios de educación básica.3

En el 2017, el 82.2 por ciento contó con una sentencia, de ellos 65 por ciento cumplió con alguna medida de sanción no privada de la libertad y el 17.2 por ciento cumplió alguna medida de restricción o sanción en algún centro de internamiento. De los adolescentes que se encontraban en internamiento, por lo menos el 41.2 por ciento tenía una sanción entre 1 y 3 años y 35.5 por ciento entre 3 y 6 años, principalmente.

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati), han sido fundamentales en los procesos de alfabetización y en el incremento de sus capacidades y habilidades para su inserción en el mercado laboral o en algún esquema de autoempleo.

Desde el 2016, se está llevando a cabo la Estrategia Educativa para Adolescentes en Conflicto con la Ley por parte del INEA, que involucra a organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada. Esta medida, no sólo busca cambiar las actitudes que se encuentran recluidos, sino coadyuvar en su proceso formativo4 y el Cecati desarrolla planes de formación y capacitación para la vida y el trabajo.

Aunque los resultados son alentadores, consideramos que estos esfuerzos deben ser fortalecidos en las entidades federativas, a través de un mayor involucramiento de las autoridades educativas con el sistema penitenciario.

Esta colaboración, estamos seguros se contribuirá a una formación integral que responda y atienda las necesidades educativas y sociales de este grupo poblacional, pero que también contribuya a su reintegración familiar y reinserción social y comunitaria.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados de honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que, en coordinación con la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Educación Pública, instrumenten, fortalezcan y amplíen sus acciones, a fin de garantizar el derecho a la educación obligatoria de las adolescentes y los adolescentes en privación de libertad.

Notas

1 Honorable Congreso de la Unión. (2018). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 15 de noviembre de 2018, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

2 Honorable Congreso de la Unión. (2016). Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 15 de noviembre de 2018, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNSIJPA.pdf

3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2018). Resultados de la primera Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal. 16 de noviembre de 2018, de Inegi. Sitio web

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/bol etines/2018/EstSegPub/ENASJUP2017.pdf

4 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. (2016). Presenta INEA estrategia educativa para Adolescentes en Conflicto con la Ley. 16 de noviembre de 2018, de INEA. Sitio web

https://www.gob.mx/inea/prensa/presenta-inea-estrategia- educativa-para-adolescentes-en-conflicto-con-la-ley

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 20 de noviembre de 2018.

Diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla a investigar por la Secretaría de Salud local y, en su caso, sancionar las irregularidades relacionadas con el presunto ambiente de acoso laboral en la jurisdicción sanitaria 1 de Huachinango, a cargo del diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del PES

Miguel Acundo González, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 6 y las fracciones I y V del Apartado 2 del artículo 79, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta, al Ejecutivo del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Salud del estado, para que investigue y en su caso sancione las irregularidades relacionadas con el presunto ambiente de acoso laboral en la Jurisdicción Sanitaria 1 de Huauchinango, Puebla, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

Trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud del estado de Puebla, se acercaron al suscrito, para denunciar el presunto acoso laboral de que son objeto los trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de Huauchinango, Puebla.

Manifiestan que desde hace poco más de un año, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, les ha exigido, de forma grosera y autoritaria, trasladarse del hospital en que laboran actualmente a unas supuestas nuevas instalaciones del Hospital Urbano, dichas instalaciones además de ser más pequeñas, carecen de un dictamen de protección civil, certificando que el edificio es seguro para la integridad del personal médico y los pacientes; a pesar de lo anterior, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, dio la orden verbal para trasladar el mobiliario del hospital a la nueva sede, incluyendo el reloj checador, lo anterior, sin dar aviso por escrito como lo establece la normatividad de la Secretaría de Salud.

Asimismo, los trabajadores refieren que las instalaciones a donde pretenden trasladar la sede de la Jurisdicción Sanitaria, son obsoletas e inoperantes, lo que provocara el colapso de la atención medica de la población en la región, pues el espacio resulta insuficiente para atender la demanda médica.

Los trabajadores refieren que las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria están ejerciendo acciones tendientes a colapsar la operatividad de los servicios de salud en la región y ejercer presión sobre los trabajadores con la intención de despedir a los trabajadores que no acepten las imposiciones del Jefe de la Jurisdicción o fincarles responsabilidades administrativas para dañar sus expedientes laborales.

Los trabajadores sindicalizados han reusado el cambio a la nueva sede de la jurisdicción a causa de todas las irregularidades antes descritas, por lo que han acordado permanecer en las oficinas que venía ocupando la jurisdicción, informando de lo anterior a la secretaría general de su sindicato, quien envista de los hechos apoya la decisión de sus agremiados.

Como consecuencia de la displicencia y arrogancia de un burócrata la Jurisdicción Sanitaria número 1 de Huauchinango, Puebla, se encuentra operando en dos sedes desde hace ya poco más de un año, afectando de manera grave, la prestación de los servicios de salud.

Los líderes sindicales señalan, que pese a que la Secretaría de Salud del estado, ordenó el regreso de las oficinas de la jefatura jurisdiccional al edificio que venían ocupando, el encargado de la jurisdicción junto con el coordinador de jurisdicciones, no han acatado lo convenido, manteniendo su decisión arbitraria de cambiar la sede de la misma.

Ante la falta de acuerdos, los trabajadores se han visto en la necesidad de buscar el apoyo de la Secretaria de Salud federal, para gestionar la rehabilitación de las instalaciones que ocupan, con la intención de rehabilitar baños, instalación eléctrica, agua y drenaje, así como pintar e impermeabilizar el edificio.

Asimismo, denuncian la intimidación ejercida por el encargado de la jurisdicción, para presionar a los trabajadores de la jefatura con la intención de obligarlos a acceder a cambiar el lugar donde presten sus servicios.

Sólo gracias a la solidaridad de la comunidad y del personal médico ha sido posible rehabilitar las instalaciones situadas en la calle Lázaro Cárdenas, pues el jefe de la jurisdicción había ordenado cortar los servicios de agua, luz, telefonía e internet, con la intención de dejar inoperante el edificio; la generosidad de habitantes y médicos ha permitido el pago para la reconexión de los servicios cancelados por la autoridad de la jefatura.

Por último, los trabajadores me trasmitieron su preocupación sobre la necesidad de contar con mayores recursos financieros para la operación de la Jurisdicción Sanitaria 1 de Huauchinango, pues actualmente resultan insuficientes las instalaciones médicas existentes para atender la demanda en la región.

Asimismo, exigen que se destituya al actual Jefe de jurisdicción a quien califican de un burócrata ignorante y prepotente, carente de sensibilidad y conocimientos profesionales en materia de salud y medicina; debido a lo anterior, exigen se nombre a un nuevo encargado de la jefatura de la Jurisdicción Sanitaria, que además de ser médico este comprometido con la salud y bienestar de los pobladores de la región.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, al Ejecutivo del estado de Puebla, a través de la Secretaría de Salud del estado, para que investigue y, en su caso, sancione las irregularidades relacionadas con el presunto ambiente de acoso laboral en la Jurisdicción Sanitaria 1 de Huauchinango, Puebla.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputado Miguel Acundo González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Ejecutivo federal a garantizar que el cambio de administración no afecte el funcionamiento del programa Paisano durante la temporada vacacional de fin de año, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Margarita García García, integrante del Grupo Parlamentario del PT a la LXIV Legislatura, de conformidad con lo establecido por los artículos 62, numeral 3, y 79, numeral 2, fracción III, y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Programa Paisano fue creado en 1989, como resultado de la exigencia de diversas organizaciones sociales, particularmente de la comunidad mexicana residente en los Estados Unidos de América, derivada de la problemática que nuestros con nacionales migrantes enfrentaban en su travesía de regreso a territorio nacional, a manos de servidores públicos.

El portal de internet del Instituto Nacional de Migración señala que el objetivo del Programa Paisano es “procurar el respeto de los derechos de los mexicanos que residen en el extranjero y regresan a México de forma temporal, por medio de la coordinación de programas y servicios a los que pueden acceder en los consulados y en las Representaciones del INM en Estados Unidos, así como en su ingreso, tránsito y estancia en México y su posterior retorno”.

Asimismo, en el propio portal electrónico se señala que el Programa funciona mediante un mecanismo de coordinación interinstitucional, donde colaboran 39 dependencias y cuenta con una Dirección Nacional que coordina 32 Enlaces estatales adscritos a las Delegaciones Federales, con 3 representaciones en Estados Unidos ubicadas en los consulados de México en Chicago, Illinois; Los Ángeles, California; y Houston, Texas.

En síntesis, el objetivo central del programa es proteger a nuestros con nacionales y brindarles facilidades durante su ingreso, tránsito, estancia y salida del país.

Si bien es cierto que el programa es permanente, es durante las temporadas vacacionales de semana santa, verano, así como las fiestas de fin de año, cuando se intensifica su aplicación.

Es justo reconocer que, desde su creación y hasta la fecha, el Programa Paisano ha funcionado razonablemente bien. Sin embargo, también es necesario señalar que, lamentablemente, a veintinueve años de su creación, la situación no ha cambiado mucho; nuestros paisanos continúan siendo víctimas de extorsión, robo y abuso de autoridad por parte de diversas autoridades mexicanas, desde militares, agentes policiales de todos los niveles de gobierno, hasta agentes migratorios.

Nos encontramos muy cerca de la temporada vacacional de fin de año y esta vez coincidirá con diversos factores que resulta necesario tener en consideración; por un lado el relevo en la administración federal el próximo 1 de diciembre, por otro lado, el paso de la caravana migrante procedente de Centroamérica con destino a los Estados Unidos de América, misma que ha generado ya una reacción hostil por parte del gobierno del vecino país del norte, que ha anunciado ya el despliegue de fuerzas militares en la frontera con México.

Ante tal panorama, es indispensable garantizar la adecuada operatividad y funcionamiento del Programa Paisano, a fin de salvaguardar la seguridad y los derechos de nuestros con nacionales que regresan a México para la temporada navideña, misma que dará inicio a partir del 10 de noviembre.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este Pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución:

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal a garantizar la operatividad y funcionamiento del Programa Paisano durante la temporada vacacional de fin de año, con el fin de salvaguardar la seguridad y derechos de nuestros connacionales durante su ingreso, tránsito, estancia y salida del país.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal a trabajar en coordinación con el equipo de transición del próximo gobierno, a fin de que el cambio de administración no afecte la normal operación del Programa Paisano.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 20 de noviembre de 2018.

Diputada Margarita García García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a reforzar las acciones y medidas de atención de niños y adolescentes migrantes que viajan solos o acompañados procedentes de Centroamérica, a fin de garantizar su protección y derechos humanos en su paso por México, a cargo de la diputada Lourdes Celenia Contreras González, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Lourdes Celenia Contreras González, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, respetuosamente someto a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría Gobernación, la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para reforzar las acciones y medidas de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan solos o acompañados procedentes de Centroamérica, a fin de garantizar su protección y derechos humanos a su paso por los Estados Unidos Mexicanos, en la conocida como “Caravana Migrante”, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La migración de niñas, niños y adolescentes centroamericanos que viajan con o sin acompañantes por México y tienen por objetivo llegar y residir en Estados Unidos de América, en la conocida como “Caravana Migrante”, fenómeno social de las relaciones internacionales trascendente porque involucra a unos de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, los menores de edad, quienes son candidatos a ser víctimas de múltiples delitos como el ser violentados en su integridad física y psicológica.

La migración infantil con o sin acompañante es un asunto caótico, desafiante de los conceptos, modelos y razonamientos preestablecidos. Por tal, se presenta como un caso generado de la modernidad, focalizado a testimonios y estadísticas sobre todo después de 2011, con la llamada “crisis de los niños migrantes”,1 cuando el gobierno estadounidense registró un incremento exponencial en el número de niñas, niños y adolescentes no acompañados que llegaron de forma ilegal a los Estados Unidos de América, principalmente provenientes de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala (Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, 2009).1

La migración infantil con o sin acompañante es un fenómeno social con complicaciones para contabilizar, ya que se posee difíciles limitantes. La primera variable es que quienes realizan este trayecto se encuentran en el anonimato, por lo que es difícil conocer nombres, edad y sexo. La segunda variable es lo difícil que es conocer su nacionalidad, pues por motivos de su propia seguridad aseguran ser oriundos del país de tránsito por donde atraviesan. La tercera variable es el factor geográfico: durante los 3 mil kilómetros de recorrido, infantes se van sumando al trayecto, otros quedan bajo tutela del gobierno del país por donde atraviesan y otros son repatriados por las autoridades correspondientes.

El Instituto Nacional de Migración de México2 afirma que en 2009 fueron devueltos por autoridades migratorias mexicanas 4 mil 10 adolescentes menores de 18 años (3014 niños y 996 niñas); 696 menores de 11 años, de los que 633 viajaban acompañados y 63 no acompañados. De esta última cifra de niñas y niños de 0 a 17 años, las nacionalidades correspondían mil 765 a Guatemala, mil 601 a Honduras, 549 a El Salvador y 5 a Nicaragua.

Los datos sobre el flujo de extranjeros menores de edad presentados al Instituto Nacional de Migración3 muestran un incremento sistemático, desde 2010, sea en el grupo de 12 a 17 años o en el de menos de 12 años, cuya cifra se duplicó con creces entre 2011 y 2013. El mayor crecimiento corresponde al periodo enero-septiembre de 2014, periodo en el que el flujo total superó al total registrado en 2013 (17 mil 322 y 9 mil 630, respectivamente)

En años más recientes, los datos que arroja el flujo de extranjeros menores de edad presentados al Instituto Nacional de Migración muestran un incremento sistemático, particularmente a partir de 2012, sea en el grupo de 12 a 17 años o en el de menos de 12 años, cuyo monto se duplicó con creces entre 2012 y 2015. De enero a noviembre de 2015 la cifra de menores presentados ya superó la reportado en 2014 (32 mil 293 y 23 mil 96, respectivamente).4

Si bien se ha registrado un incremento general de menores migrantes presentados, el grupo de 0 a 11 años muestra un crecimiento preocupante en lo que va de 2015, al registrar una cifra superior a la del mismo periodo del año previo (8 mil 353 y 12 mil 277, respectivamente).5

Los niños, las niñas y los adolescentes migrantes que viajan con o sin acompañante, sin la atención correcta, responsable y humana intervención por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría Gobernación, la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia podrían ser sujetos de múltiples peligros que surgen de manera paralela al fenómeno migratorio, desde los menos graves como los asaltos o lesiones, hasta los más graves como la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral, adopciones ilegales, matrimonios convenidos, intoxicación por consumo de drogas y hasta victimas de homicidio.

El Estado mexicano ha tomado acciones prontas ante dicha problemática, en 2011, entro en vigor la Ley de Migración que garantiza un tránsito seguro para los menores de edad; para ello se creó de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, cinco nuevos albergues y nuevas estancias para otorgar servicios médicos a la niñez migrante con o sin acompañante por todo México. Para dar más certeza jurídica, entra en vigor la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México para garantizar el pleno respeto, promoción y protección a sus garantías individuales sin importar nacionalidad.

La obvia y urgente resolución es a razón que los niños y adolescentes –sin la madurez apropiada y con bajo desarrollo cognoscitivo– son incapaces de asimilar y adaptarse a los agresivos obstáculos durante el trayecto desde su país de origen hasta Estados Unidos de América. Por ende, su paso por México debe ser ordenado y seguro, reconociendo el derecho a la libre movilidad y de toda persona a solicitar el reconocimiento de refugiado ante la eventual llegada de la caravana de migrantes hondureños.

Por lo expuesto sometemos a consideración de este órgano legislativo la presente proposición, de urgente u obvia resolución, con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría Gobernación, la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para reforzar las acciones y medidas de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan solos o acompañados procedentes de Centroamérica en la llamada “Caravana Migrante”, a fin de garantizar su protección y derechos humanos a su paso por el país, de conformidad con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular al que México recién se adscribió en julio de 2018.

Notas

1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (2009) Disponible el día 18 de octubre de 2018 en

http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spe/SPE-ISS-21-09. pdf

2 Instituto Nacional de Migración (2016). Disponible el 27 de noviembre de 2016 en https://www.gob.mx/inm

3 Instituto Nacional de Migración (2018). Disponible el 18 de octubre de 2018 en http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadist icas/Medidas_de_facilitacion_migratoria/H_2010_2013/En%20Foco%202412201 5.pdf

4 Ibídem.

5 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembrede 2018.

Diputada Lourdes Celenia Contreras González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de solicitar a la Jucopo de esta soberanía que apruebe la creación de la comisión especial para la conmemoración del quinto centenario del choque de dos culturas en 1519 y la caída de la gran Tenochtitlán en 1521, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Rubén Terán Águila, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 2 fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, con el fin de que se apruebe la creación de Comisión Especial para la conmemoración del quinto centenario del choque de dos culturas en 1519 y el ocaso de la gran Tenochtitlán en 1521, al tenor de las siguientes

Consideraciones

“Es legítimo presentar a la Historia de México como una sucesión de rupturas y uniones...”

Octavio Paz

En el año de 2019, en el marco de la LXIV Legislatura, los diputados federales tendremos la oportunidad de conmemorar los 500 años del inicio de la Conquista de México y la caída de la Gran Tenochtitlán.

Los españoles arribaron a la cuenca del Valle de México, asiento de Tenochtitlán, capital del Imperio Mexica, el 8 de noviembre de 1519. El gran emperador Moctezuma Xocoyotzin, quien recibió con grandes honores a Cortés y lo alojó en el Palacio de Axayácatl, fue hecho prisionero y, poco después, murió a consecuencia de una pedrada infligida por los propios mexicas, en medio de una trifulca, según versión del propio Cortés, asentada en la segunda de sus Cartas de Relación.

Al morir Moctezuma, ascendió al poder Cuitláhuac, pero poco pudo hacer por el Imperio, pues murió pronto, a causa de la viruela, y fue sucedido en el trono el joven Cuauhtémoc. El 13 de agosto de 1521 Cuauhtémoc fue capturado, lo que significó la caída definitiva de Tenochtitlán en manos de los españoles.

La Conquista de Tenochtitlán representó el sometimiento del poderoso Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, ante el rey Carlos I de España. La caída en manos de los conquistadores españoles, con Hernán Cortés al mando, ocurrió tras dos años de complejos movimientos militares y políticos, en los que participaron como aliados de los españoles los pueblos totonacas y tlaxcaltecas, que junto con otros pueblos como los yopes o los purépechas, vivió el asedio constante del Imperio Mexica y sus afanes permanentes de expansión y dominación regional.

Este largo proceso de conquista comenzó el 8 de noviembre de 1519 y se prolongó hasta el 13 de agosto de 1521, cuando la ciudad cayó después de 75 días de lucha encarnizada. Esta fecha marca el inicio de uno de los periodos históricos más largos y complejos de dominación colonial, de sometimiento de los pueblos originarios de Mesoamérica y de reemplazo total de las formas sociales previas: tres siglos de profundas transformaciones económicas, raciales, religiosas y culturales que, entre 1521 y 1821, configuraron el rostro de lo que después sería la Nación mexicana.

En su largo recorrido a Tenochtitlán, Hernán Cortés se encontró en el camino con diversas sociedades nativas. Primero tuvo contacto con los totonacas, grupo maya tributario de los mexicas, quienes los tenían sometidos a una tiranía insoportable, robándoles a jóvenes para sacrificarlos o usarlos como esclavos, exigiéndoles cuantiosos tributos o abusando de sus mujeres. Al conocer la circunstancia de este pueblo, Cortés vio la oportunidad de ofrecerles una alianza para liberarlos del yugo mexica, a cambio de hombres y apoyo para su campaña militar. Los totonacas aceptaron sin dudarlo.

El caso tlaxcalteca es similar. Al avanzar hacia el altiplano central, los españoles se dirigieron hacia Tlaxcala para tratar de concertar con ellos una alianza en contra de los Aztecas. Por ello, los tlaxcaltecas , asediados por los mexicas, encuentran en Cortés y sus otros aliados una posibilidad de acuerdo y la promesa de librarse de la constante amenaza de sometimiento ante el gran Imperio Azteca.

Es importante señalar que Tlaxcala no era un pueblo tributario del imperio azteca, era más bien, una confederación de señoríos con una población aproximada de 150 mil personas, que sumaban fuerzas para luchar y defenderse de los ataques de los mexicas. Los señoríos de Tlaxcala eran Tizatlán, Ocotelulco, Tepetícpac V Quiahuixtlan, y en el año de 1519, los señores más influyentes eran Maxixcatzin, tlatoani de Ocotelulco, y Xicoténcatl el viejo, de Tizatlán.

Según Moctezuma II, los mexicas nunca sometieron a Tlaxcala para que sus guerreros jóvenes tuvieran un enemigo cercano con el cual combatir. Por ello, los tlaxcaltecas vivían en continuo estado de guerra y con diversas privaciones: su territorio estaba rodeado por los aliados o tributarios de los mexicas y no usaban productos como la sal o el algodón, pues les estaba vedado comerciar con otros pueblos.

Contrario a lo que se piensa, los tlaxcaltecas no se aliaron de manera inmediata con los españoles; al contrario, por ser un pueblo eminentemente guerrero, los combatieron encarnizadamente. Después de innumerables enfrentamientos, los españoles, debilitados y desalentados, enfermos, con escasos alimentos y presas de las inclemencias del tiempo, comenzaron a cuestionarse los esfuerzos empeñados en las batallas darían frutos. Fue entonces cuando Cortés decidió intentar un pacto con su aguerrido enemigo.

Mientras que la explotación y marginación eran la marca de la existencia cotidiana para los indígenas y los esclavos llegados de África, los criollos aspiraban a consolidar su “derecho” a ocupar cargos importantes, un derecho que le pertenecía exclusivamente a los peninsulares, y que comenzó generar resentimientos. En este contexto, resulta natural que fuera un criollo, don Miguel Hidalgo y Costilla, quien iniciara el movimiento independentista que nos dio patria y libertad.

El resultado de la conquista fue la imposición de nuevas conductas sociales, políticas, jurídicas, religiosas y culturales. En el ámbito jurídico, una de las nuevas conductas que se desarrolló fue la creación de un aparato burocrático que creció con la fundación de villas, sentando las bases de la estructura de las ciudades que conocemos en el país y que dieron los espacios necesarios para la evangelización. Este periodo no sólo fue de cambios materiales, sino también de cambios en la espiritualidad de la población: el proceso de colonización trajo consigo la cruz evangelizadora en las espadas de los conquistadores.

Talía Morales en su magnífica reseña de El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, señala:

“Paz analiza la psicología, las expresiones y actitudes comunes de la sociedad mexicana, tratando de desenterrar en la historia de nuestro país, el origen de las mismas. En este libro, el autor realiza una profunda reflexión sobre los efectos de la conquista en el pueblo mexicano, misma que ha quedado impregnada en el pensamiento colectivo como una violación que ha degenerado en varios síntomas como el malinchismo, que forman parte de nuestra esencia actual.”

Esta transformación cultural de la Nueva España tuvo etapas bien definidas. Primero, con la formación de ciudades por parte de la Corona española, se fueron creando espacios para que los misioneros pudieran hacer su labor libremente. Con ello notaron que la occidentalización de los indígenas debía llevar un proceso centrado en la educación de jóvenes para que éstos se lanzaran después a conquistar su propio mundo. De ahí en adelante la occidentalización de la Nueva España tuvo una mezcla interesante por los modos en que los propios indígenas interpretaban y enseñaban el mundo occidental a su propia gente.

Por otro lado, los misioneros españoles son los que probablemente tuvieron mayor influencia en la transformación cultural, pues estuvieron en mayor contacto con la población originaria, adentrándose en un proceso de estudio meticuloso de las prácticas y costumbres religiosas de los indígenas para “combatirlas”. Sin embargo, esto generó que algunos misioneros dieran nacimiento a los estudios etnográficos del Nuevo Mundo. Uno de los que más destacan es el del Fray Bernardino de Sahagún, cuyos escritos permitieron que gran parte de la cultura mexica pudiera preservarse.

Como resultado de esta mezcla espiritual y de costumbres quedó una huella en las nuevas formas de vida comunitaria de los territorios conquistados, donde el centro de las actividades cotidianas se centraba en los alrededores de las iglesias.

Tal y como lo menciona Octavio Paz en su afamada obra El laberinto de la soledad.

“La primera reunión consistió en la conversión de los vencidos a una fe universal, el cristianismo.”

Años después, durante este mismo proceso de transformación, los mexicanos del siglo XVIII en su afán de emular a los españoles, conquistaron Texas y Tamaulipas, de conquistados pasaron a ser conquistadores e iniciaron un proceso de colonización continental con el consecuente establecimiento de sistemas de dominación.

Es importante señalar que, a pesar de las adversidades que existieron en este proceso coyuntural, hay aspectos positivos del encuentro de las culturas europeas e indígenas que incidieron en el enriquecimiento cultural de Latinoamérica. Generalmente, el individuo nunca se cuestiona qué es lo que le hace tener una identidad latinoamericana y, particularmente, una identidad mexicana, ignorando que esta identidad es el resultado de un proceso de fusión de distintas culturas del mundo.

En México se pueden observar cuatro elementos que componen a la cultura mexicana: la cultura indígena, la cultura europea que se mezcló con la llegada de los españoles a América, la cultura francesa y la cultura anglosajona que ha influido a México desde el siglo XX, siendo la segunda la que determinó la evolución de México tal y como lo conocemos en nuestros días.

Es importante puntualizar que, como un resultado más de la Conquista, la Corona española, en particular, y el mundo, en general, se beneficiaron con metales preciosos como el oro y la plata, plantas ornamentales como la nochebuena, técnicas de agricultura, y alimentos como el maíz, el aguacate, el tomate y el chocolate, entre otros. En contraparte, el Continente Americano se benefició con técnicas arquitectónicas, científicas, tecnológicas y jurídicas además de la unificación de Latinoamérica por medio del idioma, la escritura y la religión.

Lo antes mencionado es sólo una parte de lo que debemos considerar para el completo e íntegro análisis de este evento histórico que marcó para siempre la historia de nuestro país.

No vamos a conmemorar la Conquista y posterior caída de la Gran Tenochtitlán, sino el hecho histórico que marcó de manera definitiva la historia de nuestro país.

De la conquista de la Gran Tenochtitlán se han investigado y escrito un sinnúmero de páginas, con datos ciertos, falsos o incorrectos, con versiones incluso contradictorias. Por ello, la creación de una Comisión Especial para conmemorar el quinto centenario de la conquista de México y la caída de México-Tenochtitlán, dará la magnífica oportunidad de conocer un poco más un evento fundacional, celebrado por unos, denostado por otros, pero que merece ser conmemorado por todo lo que significó y sigue significando para el desarrollo de nuestra nación.

Con la formación de esta Comisión Especial tendremos la posibilidad de realizar una serie de actividades como foros, consultas, eventos culturales, exposiciones junto con la Embajada de España en México, publicaciones, cortometrajes, acuñación de monedas conmemorativas, y otras más que se detallaran en el programa de trabajo respectivo, así como establecer mecanismos de coordinación, colaboración, participación y difusión para que los detalles de la Conquista sean divulgados de manera adecuada y podamos conocer y profundizar en el papel jugado por todos y cada uno de los actores que intervinieron en dichos acontecimientos.

“La Conquista, la Independencia y la Revolución son momentos clave en la historia del mexicano, pues todos lo marcaron y lo alteraron psicológicamente.”

Octavio Paz

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta soberanía sea aprobado el siguiente:

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Primero. Se solicita a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, integre la Comisión Especial para la conmemoración del quinto centenario del choque de dos culturas en 1519 y el ocaso de la Gran Tenochtitlán en 1521, con el fin de reflexionar sobre los importantes sucesos históricos que cambiaron de manera definitiva la historia de nuestro país.

Segundo. La Comisión Especial para la conmemoración del quinto centenario del choque de dos culturas en 1519 y el ocaso de la Gran Tenochtitlán en 1521, se compondrá por integrantes representantes de todos los grupos parlamentarios, con base en el criterio de proporcionalidad e inclusión.

Tercero. Se solicita de manera respetuosa a este honorable pleno y a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura, se instale la Comisión Especial para la conmemoración del quinto centenario del choque de dos culturas en 1519 y la caída de la Gran Tenochtitlán en 1521y dure en funciones hasta la terminación de la Sexagésima Cuarta Legislatura Federal.

Cuarto. La Comisión Especial para la conmemoración del quinto centenario del choque de dos culturas en 1519 y la caída de la Gran Tenochtitlán en 1521, presentará programa de trabajo a la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados para su aprobación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputado Rubén Terán Águila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la alcaldía de Iztapalapa a atender las observaciones de la ASF dadas a conocer a través del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2017, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de la alcaldía de Iztapalapa a atender, con prontitud y transparencia, las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, dadas a conocer a través de su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2017, en el que se identificaron presuntas irregularidades por un monto superior a los 345 millones de pesos en el uso, destino y comprobación de los recursos públicos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La transparencia, rendición de cuentas y el uso adecuado de los recursos públicos constituyen componentes indispensables para una gestión pública eficiente en las delegaciones de la Ciudad de México.

Al respecto, nuestro marco jurídico es claro. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 134 que los “recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

A pesar de estar estipulado en nuestras leyes, existen hechos en los que se ha documentado su uso incorrecto o faccioso, tal es el caso de la alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México, en donde la Auditoría Superior de la Federación ha detectado anomalías por un monto de 345 millones de pesos.1

A través del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2017, se han dado a conocer múltiples violaciones en materia de información financiera y registro de transferencias, por tal motivo, se consumaron trasgresiones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual indica que se deberá registrar de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias de la administración pública.2

En particular con la auditoría “762-DS-GF”, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Capital del país, se identificó falta de documentación sobre pagos en alumbrado público, trabajos de mantenimiento y servicios informáticos o complementarios; asimismo, no se encontró respaldo de pagos ejercidos para el arrendamiento en el suministro de agua y servicios de impresión.

Por estas inconsistencias se determinó que en la pasada administración de la alcaldía de Iztapalapa, se realizó un gasto ineficiente y poco trasparente de los recursos asignados por estos fondos, hechos que derivaron en el incumplimiento de los objetivos y metas comprometidas con la población.

Aunado a ello, en el ejercicio del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales, también se constataron posibles daños a la Hacienda Pública Federal por un saldo de 2 millones 499 mil 400 pesos. Esto quedó evidenciado al concluir la auditoría 763-DS-GF.

Con base en este ejercicio de auditoría presupuestal, en el uso de estos recursos se dieron faltas a nuestro marco jurídico, principalmente, los relacionados con el registro e información financiera de las operaciones y destino de los recursos conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.3

Estas mismas inconsistencias, se ubicaron en los gastos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), el cual recibió sólo en el ejercicio fiscal 2017 un monto de mil 159 millones 148 mil 900 pesos.

Por su parte, la auditoría “762-DS-G” dejó de manifiesto posibles daños a la Hacienda Pública por 345 millones 971 mil 200 pesos, lo cual representa casi la mitad de los fondos revisados por la Auditoría Superior de la Federación, quien determinó que la administración de la alcaldía realizó una gestión ineficiente y poco apegada a la normativa.

Lamentablemente, no es la primera ocasión en que la Auditoría Superior de la Federación ha identificado alguna anomalía en esta alcaldía, ya que con anterioridad se dio a conocer que en la demarcación se realizaron pagos sin contar con el catálogo de conceptos, los catálogos de presupuesto y los oficios de autorización de obra, por lo que existen indicios de posibles actos de corrupción.

Durante la gestión de la entonces delegada de Iztapalapa, Dione Anguiano Flores, se denunciaron por parte de organizaciones de la sociedad civil y grupos de vecinos actos de nepotismo; malos manejos y desvíos de recursos públicos; así como el incremento en los índices delictivos que vulneran la vida, integridad y patrimonio de la población.

Ante este panorama, es fundamental garantizar el ejercicio de los recursos públicos con eficiencia, economía, transparencia y honradez, en beneficio de los capitalinos y sus familias. Es importante destacar que los resultados de las auditorias revelan un presunto daño al erario público, lo que es inadmisible en una demarcación donde la población enfrenta importantes rezagos sociales.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de la alcaldía de Iztapalapa a atender, con prontitud y transparencia, las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, dadas a conocer a través de su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2017, en el que se identificaron presuntas irregularidades por un monto superior a los 345 millones de pesos en el uso, destino y comprobación de los recursos públicos.

Notas

1 Phenélope Aldaz. (2018). Detecta ASF fallas por 345 mdp en Iztapalapa. 15 de noviembre de 2018, de El Universal. Sitio web

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/detecta-as f-fallas-por-345-mdp-en-iztapalapa

2 Honorable Congreso de la Unión. (2018). Ley General de Contabilidad Gubernamental. 15 de noviembre de 2018, de Diario Oficial de la Federación. Sitio web http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG_300118.pdf

3 Auditoría Superior de la Federación. (2018). Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017. 15 de noviembre de 2018, de ASF Sitio web:

http://informe.asf.gob.mx/Documentos/Fichas/Ficha_GF_a.p df

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 20 de noviembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las desproporcionadas tarifas de energía eléctrica cobradas en BCS, a cargo de la diputada Ana Ruth García Grande e integrantes del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, diputada Ana Ruth García Grande y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 y 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 6, numeral 1, fracción 1, 77 y 79, numeral 2, fracción III y IV del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución, por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía, a fin de que se establezcan acuerdos inmediatos para revisar y ajustar a la baja las tarifas eléctricas que se están cobrando en Baja California Sur, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Baja California Sur es un estado de mar y desierto árido, de una importante variación de temperatura alta con respecto a otras entidades del país, durante la mayor parte del año, condición que requiere la utilización permanente de sistemas de clima artificial para paliar dichas condiciones climáticas, ya en la vida diaria, ya en la conservación de insumos alimenticios.

De vocación eminentemente turística, Baja California Sur ha visto en el sector empresarial, especialmente el ramo turístico en todas sus variantes, un indiscutible aliado que a la vez que difunde nuestras bellezas naturales coadyuva de manera importante en la integración de la economía local generando empleo, consumiendo materia prima a nuestros productores lugareños y contribuyendo al sostenimiento del país mediante el pago de sus obligaciones tributarias.

Derivado de su especial ubicación geográfica y a su separación del macizo continental, las tarifas eléctricas aplicables en Baja California Sur son generalmente más elevadas que en otros estados de la República; esto se afirma luego de la revisión histórica del establecimiento de estas tarifas en la información cuantitativa de la propia Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, asumiendo que año con año estos costos ya de por sí altos se ven mayormente disparados en los meses de primavera y verano, en la presente anualidad y una vez llegada la estación de otoño, los ciudadanos en Baja California Sur han visto incrementadas hasta en 200 y 300 por ciento dichas tarifas, sin que al día de la fecha exista un posicionamiento oficial que justifique esta mezquina medida que ha hecho inasequible el servicio de energía eléctrica para muchos ciudadanos sudcalifornianos, muchos de los cuales hoy día la racionan y la utilizan sólo en horas específicas y de forma segmentada, desde luego en horarios donde el clima se torna más inclemente y, aun así, el recibo por el cobro del servicio llega con sumas cuantiosas, aun teniendo pocos o escasos bienes de menaje doméstico que consumen energía eléctrica y, más aun, después de someterse a revisión de la instalación eléctrica de su finca de acuerdo a los procedimientos que impone la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Resulta indiscutible que es obligación del Estado garantizar a los ciudadanos el derecho humano consagrado en el artículo 4 de la Constitución General de la República, refiriéndonos específicamente al de contar con una vivienda digna y decorosa, la cual no se concibe desprovista de energía eléctrica, misma que actualmente se raciona en muchas regiones de Baja California Sur por lo oneroso e inasequible del servicio, de ahí que resulte imperante la reconsideración de las tarifas actuales así como la modificación de la metodología para su fijación en un afán de paliar las condiciones climáticas y el tipo de economía regionalizada con que cuenta nuestro estado, mismo que tiene un nivel de vida caro.

A más de lo anterior, no se debe soslayar que Baja California Sur cuenta con un amplio sector de pesca rivereña para la extracción de diversas especies a lo largo y ancho de su extenso territorio estatal. Este sector de la economía se beneficia de la extracción para autoconsumo y se conforma de muchas poblaciones costeras cuya principal y casi única fuente de empleo resulta ser la pesca a baja escala. Este sector y estas poblaciones se encuentran muy retiradas debido a la amplia dispersión geográfica y a la baja densidad poblacional del estado, conformándose en economías aisladas con pocas posibilidades de crecimiento. Es por tanto fácil entender que su precaria economía no permite ciertamente grandes lujos y puede decirse que sus pobladores viven prácticamente al día y con apenas lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas, por lo cual estas tarifas eléctricas que actualmente se les están cobrando no sólo llegan a ser injustas, desproporcionadas e inasequibles, sino que además son inhumanas al convertirse en generadoras de pobreza y endeudamiento para estos ciudadanos que apenas aspiran a ganar los 2 mil 686.14 pesos del salario mínimo mensual general en México, pues se les está facturando el aludido servicio hasta por encima de los cinco mil pesos mensuales.

Qué decir del sector empresarial, que ante esta situación extrema que se vive en los últimos días en Baja California Sur, se han visto obligados a tomar medidas desesperadas para enfrentar esta realidad. Por dar un ejemplo, la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), hizo un llamado a sus miembros del municipio de La Paz, Baja California Sur, para que se apaguen las luces cada jueves, desde las 7 hasta las 9 de la tarde, como una desesperada medida de ahorro y como una protesta silente en contra de la injusta tarifa. Lo anterior genera paralelamente otras eventualidades económicas dado que las horas citadas es cuando mayor afluencia clientelar tienen estos establecimientos.

Al día de hoy, en el municipio de La Paz, Baja California Sur, ya se han perdido cuando menos trescientos empleos directos como consecuencia de las medidas de contención y protesta que este sector tiene que realizar al no poder solventar sus costos de operación.

En este contexto, existe un clamor generalizado de los ciudadanos y de los empresarios en Baja California Sur en el sentido de que se debe revisar el alza inmoderada y subrepticia de las tarifas de energía eléctrica, y de que se deben tomar medidas que las disminuyan, tomando en cuenta la sui géneris climática de nuestro estado, amén de que esto se convierta en un paliativo a las diversas cargas económicas que los empresarios del ramo tienen que afrontar, so riesgo de, incluso, seguir cerrando establecimientos comerciales del sector como consecuencia de esta alza al costo de la energía.

Considerando que las instancias a quienes se dirige el presente exhorto se encuentran involucradas en el tema toral del presente documento, y al hecho de que dadas sus atribuciones legales y reglamentarias, el órgano regulador que fija las tarifas que no son de consumo básico lo es la Comisión Reguladora de Energía, y quien fija las tarifas de consumo básico lo es la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es inconcuso que pueden éstas, en la oportunidad de lo inmediato y dada la urgencia del caso, establecer acciones dentro de sus respectivas competencias para contener el estado de cosas que en la materia persisten en Baja California Sur, ofreciendo por ejemplo, subsidios temporales e incluso la modificación de la metodología virtud de la cual se fijan las tarifas eléctricas, dejando de considerar a nuestro estado como entidad “no aislada” y desincorporándola de esta clasificación, a efecto de que no se le castigue con alzas parejas con el resto de las entidades que conforman el macizo continental, y de esta manera adecuar a la realidad económica y territorial dichas tarifas en beneficio de nuestros conciudadanos.

Por lo anterior, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

De urgente u obvia resolución.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía, y a la Comisión Reguladora de Energía, a fin de que se revisen detalladamente las fórmulas y metodologías tarifarias que permitan la disminución de las tarifas eléctricas que se están cobrando actualmente en Baja California Sur y se establezcan acciones inmediatas, como en el caso serían subsidios temporales, que ayuden a paliar la afectación a estos sectores en tanto se lleva a cabo dicha revisión.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputada Ana Ruth García Grande (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a revisar los planes de educación física y aumentar la carga horaria de la materia en los planes de estudio del nivel básico, a cargo de la diputada Geraldina Isabel Herrera Vega, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, Geraldina Isabel Herrera Vega, diputada federal de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal a revisar y elaborar, en conjunto con la Secretaria de Salud y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, los planes de educación física dentro de los planes de estudio y aumentar la carga horaria que recibe la materia de educación física en la planeación de estudio subsecuentes, con base en las siguientes

Consideraciones

I. Al segundo semestre de 2018, el porcentaje de población de 5 a 19 años de edad con sobrepeso y obesidad infantil en México, de acuerdo con el Indicador del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, fue de 28.2 por ciento.

II. Según indicadores de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, México ocupa el primer lugar en proporción general de población con sobrepeso u obesidad .

III. Entre los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, se estima que uno de cada tres niños tiene sobrepeso . Esto es un dato que debe alarmar a todos los grupos de interés, puesto que impacta directamente a la salud pública, el bienestar social y la economía nacional.

IV. Según el Estudio Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino, realizado en 2016, en relación a la actividad física en México, el 82.8 por ciento de los niños y niñas de entre 10 y 14 años no se categorizan como activos al realizar menos de 60 minutos de actividad física de moderada a vigorosa durante la semana, de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud . En adolescentes, el 39.5 por ciento se consideran como no activos , de acuerdo con la misma recomendación.

V. Actualmente, la distribución semanal de la materia de educación física en México, de acuerdo con el “plan y programas de estudio para educación básica”, emitida por la Secretaría de Educación Pública, a nivel preescolar y primaria solo se destinan 40 horas anuales a la educación física, de las 600 horas en jornadas regulares de estudio , lo que equivale, aproximadamente, a una hora de educación física a la semana. A nivel de secundaria se contemplan 80 horas divididas en dos sesiones semanales de las mil 400 horas en jornadas regulares de estudio.

VI. De acuerdo con el estudio Obesity Update, realizado en 2017, el problema del sobrepeso y la obesidad a nivel mundial se cita frecuentemente como una pandemia no transmisible y de alguna manera silenciosa. Las proyecciones de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económicos, estiman que las tasas de obesidad seguirán incrementándose al menos hasta 2030 , en México se estima que el 39 por ciento de la población serán obesos para dicho año.

VII. Utilizando estimaciones de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económicos y la Organización de las Naciones Unidas se pronostica que para el año 2030, México tendrá más de 57 millones de habitantes con obesidad , de realizarse dicha estimación, el costo de atención y tratamiento tendría una carga importante para el presupuesto en salud pública.

VIII. La educación física en nivel preescolar propicia la construcción de los patrones básicos de movimiento en las niñas y niños, a partir del esquema corporal, así como de la comunicación y la interacción con los compañeros, mediante actividades lúdicas y de expresión; además propicia experiencias y conocimiento que favorecen su corporeidad en los diferentes contextos en que se desenvuelven.

IX. De la misma forma, la educación física dentro de la educación primaria favorece el que los alumnos desarrollen el conocimiento de sí mismos, su capacidad comunicativa y de relación, además de sus habilidades y destrezas motrices con diversas manifestaciones que favorezcan su corporeidad.

X. A nivel de secundaria la educación física , continúa el proceso formativo de las alumnas y alumnos, posibilita el que ellos acepten su cuerpo y reconozcan su personalidad e interactúen con sus compañeras y compañeros en actividades en las que se ponga en práctica un estilo de vida saludable.

XI. Respecto del marco jurídico relativo, el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

“Artículo 3o. (...) La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.”

XII. En el plano internacional, la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, elaborada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, establece que al momento de planear las políticas relativas a la educación física, la participación de los diversos sectores interesados es fundamental para poder tener una visión estratégica.

“Artículo 3. Todas las partes interesadas deben participar en la creación de una visión estratégica que determine las opciones y prioridades en materia de políticas.

3.1. Una visión estratégica de la educación física, la actividad física y el deporte es un requisito previo para equilibrar y optimizar las repercusiones de las opciones y prioridades en materia de políticas en distintos niveles.

3.2. Todas las partes interesadas, en particular las administraciones nacionales y locales encargadas del deporte, la educación, los jóvenes, la salud, el ocio activo, el desarrollo, el urbanismo, el medio ambiente, el transporte y las cuestiones de género y de discapacidad, así como las organizaciones intergubernamentales, los movimientos olímpico y paraolímpico, las organizaciones deportivas, las entidades no gubernamentales, los círculos empresariales, los medios de comunicación, los educadores, los investigadores, los profesionales del deporte y los voluntarios, los participantes y su personal de apoyo, los árbitros, las familias, así como los espectadores, comparten la responsabilidad de formular y respaldar las políticas relativas a la educación física, la actividad física y el deporte; y todas las partes interesadas antes mencionadas deberían tener la posibilidad de ejercer esa responsabilidad.”

XIII. Por su parte, el artículo 29, fracción I, inciso A), de la Convención de los Derechos del Niño señala:

“Artículo 29.

1. Los Estados parte convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades (...).”

XIV. En ese sentido, la Ley General de Educación en diversas fracciones del artículo 7o. establece:

“Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

I. Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas;

(...)

IX. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte; (...).”

XV. De igual forma, la misma ley en su artículo 12o., en su fracción XII, indica:

“Artículo 12o. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:

(...)

XIII. Intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica y de educación física y deporte, así como participar con la Secretaría de Cultura en el fomento de las relaciones de orden cultural con otros países y en la formulación de programas de cooperación internacional en materia artística y cultural, y (...).”

XVI. Desde la perspectiva de salud, la Ley General de Salud establece en las fracciones II y IV del artículo 65o.:

“Artículo 65. Las autoridades sanitarias, educativas y laborales, en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán:

(...)

II. Las actividades recreativas, de esparcimiento y culturales destinadas a fortalecer el núcleo familiar y promover la salud física y mental de sus integrantes;

(...)

IV. Acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de adultos, acceso al agua potable y medios sanitarios de eliminación de excreta.”

XVII. De igual manera, el artículo 30o., en su fracción I, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, señala:

“Artículo 30. La Conade tiene las siguientes atribuciones:

I. Las que conforme a los ordenamientos legales aplicables, correspondan a la SEP en materia de cultura física y deporte, excepto aquellas que las disposiciones legales o reglamentarias le atribuyan expresamente a dicha secretaría; (...)”

La honorable Cámara de Diputados reconoce los múltiples beneficios que brinda la educación física en la formación y estimulo en la adquisición de hábitos saludables a temprana edad. En concordancia con el mandato constitucional, así como de instrumentos internacionales y leyes nacionales general.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta soberanía, la siguiente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a hacer una revisión exhaustiva de los planes y programas de educación física en los niveles de educación básica, con objeto de realizar modificaciones que permitan crear hábitos y capacidades desarrollados a través del conocimiento del cuerpo, ejercitación adecuada y la práctica de deportes a temprana edad y, en consecuencia, combatir el incremento de la obesidad en los mexicanos.

Notas

https://www.oecd.org/els/health-systems/Obesity-Update-2 017.pdf

https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/wpp2017_k eyfindings.pdf

https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/obesidadylaec onomiasdelaprevencion.html

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209093/EN SANUT.pdf

https://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/descargables/bi blioteca/basica-educ-fisica/1LpMEducacion-Fisica_Digital.pdf

Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2018. LXIV Legislatura.

Diputada Geraldina Isabel Herrera Vega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales y de Sonora a evaluar en conjunto la viabilidad de eximir del pago de peaje de las casetas C2 “Hermosillo”, C4 “Esperanza”, C5 “Fundición” y C6 “La Jaula”, en la carretera federal 15, a cargo del diputado Carlos Javier Lamarque Cano, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Carlos Javier Lamarque Cano, diputado federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Reconociendo que el desarrollo social es la evolución y el mejoramiento en las condiciones de vida de los individuos de una sociedad. Lo cual implica mejorar y optimizar sus condiciones de salud, educación, seguridad ciudadana, empleo, entre otros aspectos. Todo ello con el objeto de disminuir los niveles de pobreza, desigualdad, exclusión, aislamiento y vulnerabilidad de sus ciudadanos.

Que el desarrollo económico contribuye al logro del desarrollo social, toda vez que estimula el acceso a los servicios de calidad en educación, salud, vivienda, comunicación, esparcimiento y por consiguiente a cubrir sus necesidades fundamentales.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND 13-18) señala que:

“El desarrollo social debe ser la prioridad de un México incluyente . Muchos mexicanos se enfrentan a una serie de factores que los mantienen en círculos viciosos de desarrollo donde las oportunidades de progreso son escasas”1

“Una economía que quiere competir a nivel mundial necesita contar con una infraestructura que facilite el flujo de productos, servicios y el tránsito de personas de una manera ágil, eficiente y a un bajo costo ”1

Que la Meta Nacional VI.2 Un México Incluyente del PND 13-18, en el objetivo 2.5, establece que el Estado deberá:

“Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna ”2

Entonces es necesario reconocer que la edificación de carreteras ha sido, es y será un factor fundamental en el desarrollo económico, social, político y cultural de nuestro país. Por consiguiente incentiva la construcción de infraestructura la cual permite integrar y comunicar a todas las regiones de la República Mexicana.

Es por ello que si bien en México de acuerdo con el artículo 36, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le corresponde:

“XII. Fijar las normas técnicas del funcionamiento y operación de los servicios públicos de comunicaciones y transportes y las tarifas para el cobro de los mismos , así como otorgar concesiones y permisos y fijar las tarifas y reglas de aplicación de todas las maniobras y servicios marítimos, portuarios, auxiliares y conexos relacionados con los transportes o las comunicaciones; y participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el establecimiento de las tarifas de los servicios que presta la administración pública federal de comunicaciones y transportes. ”3

Y que la red de autopistas se encuentra operada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), organismo encargado de la administración, mantenimiento y construcción de las autopistas. El cual opera tres tipos de carreteras: red propia, red privada y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Por lo que el artículo 5o. de la Ley Federal de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal señala:

“Artículo 5o. Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios auxiliares.

Corresponden a la Secretaría,4 sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la administración pública federal, las siguientes atribuciones:

I. ...

II. Construir y conservar directamente caminos y puentes;

III. a VII. ...

IV. Establecer las bases generales de regulación tarifaria...

V. a IX. ...”

Sin embargo, es necesario que se reconozca y se ponga atención en que la construcción, remodelación y en su caso ampliación de algunas carreteras, ha generado una carga económica para un importante número de habitantes de algunas entidades federativas. Tal es el caso del estado de Sonora, particularmente de algunas poblaciones lindantes con la Carretera Federal 15, en su tramo “Estación Don-Nogales”.

En el año 2008 se llevó a cabo la firma del convenio de coordinación entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el gobierno del estado de Sonora para la modernización carretera de dicho caminos. En tal acuerdo se señaló que la “carretera de cuatro carriles” fue financiada con recursos de la entidad, sin que la federación le proporcionase servicios y recursos suficientes, para ser un camino seguro y adecuado para el tránsito vehicular, toda vez que dicha vía desde su construcción no ha cumplido con las especificaciones técnicas y mantenimientos adecuados.

Situación que ha limitado, incluso reducido, el desarrollo socioeconómico de la región, situaciones importantes que repercuten además en el desarrollo del país. Ya que de contar con vías adecuadas, seguras y libres de tránsito entre éstas se lograría su desarrollo social (educación, salud, urbanización y más), económico (comercial, turístico, etcétera) y cultural.

Es cierto que a lo largo y ancho de las carreteras federales de las cuales se desprenden las autopistas de cuota operadas por los concesionarios particulares y estatales. Éstas, en muchos casos, no han traído beneficio alguno de manera directa a la economía de las personas que viven en municipios que cuentan con una caseta de cobro, pues limitan así su progreso, más aún, frenan su desarrollo de forma sostenible.

Según estudios realizados en otros países sobre el costo por kilómetro de las cuotas en su infraestructura carretera, revelan que las cuotas aplicadas en las plazas de cobro en México, son de las más caras de mundo. Como lo es el libramiento de Nogales concesionado y operado por el gobierno del estado de Sonora y el cual tiene un costo por kilómetro de 3.76 pesos.

Aunado a lo anterior, es preciso recordar que Capufe dio a conocer, a principios de año, el incremento en el precio de las casetas en las carreteras que opera alrededor de la República Mexicana. Tal incremento porcentual promedio fue del 16 por ciento en 40 de sus tramos carreteros en el país.

Con base en lo señalado, podemos afirmar que el costo en las plazas de cobro es excesivamente alto, en un país en donde el 43.6 por ciento de la población está en situación de pobreza; lo cual se traduce en que 4 de cada 10 habitantes tiene esta condición. Situación que debe ineludiblemente tomarse en consideración si de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de los 53.4 millones de personas pobres en el país, 9.4 están en pobreza extrema.

Un gran número de estas vías carreteras de cobro atraviesan comunidades donde el ingreso per cápita por día no supera el salario mínimo, y muchas de ellas por ser comunidades pequeñas y aisladas de la capital, no cuentan con lo necesario para sus habitantes. Por ello es básico e importante su traslado a otras ciudades para poder trabajar y satisfacer sus necesidades de salud y alimentarias. Tal contexto sin duda pone en grave riesgo la economía de esas familias que son obligados a pagar una cuota de peaje, la cual siempre, o casi siempre, son excesivas.

Como se refirió, una de las carreteras más importantes de México es la denominada, México-Nogales: la cual recorre siete estados del país y está conformada por 2 mil 378 kilómetros. Recorre los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, México y Ciudad de México, y en el tramo “estación Don-Nogales” existen cuatro casetas de peaje –conocidas como C2 “Hermosillo”, C4 “Esperanza”, C5 “Fundición” y C6 “La Jaula”–, las cuales vulneran el derecho de libertad de tránsito, ya que no se cuenta con carretera libre federal para los residentes de Navojoa, Ciudad Obregón y Hermosillo, obligándoles a pagar forzosamente las respectivas cuotas para entrar y salir de sus localidades.

Y una de las reiteradas demandas de los sonorenses ha sido el pleno respeto de la libertad de tránsito, consagrado en diversos instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) la cual señala en su artículo 22:

“Artículo 22. Derecho de Circulación y de Residencia

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales.

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás.

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público.”

En el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos se establece en el artículo 12 que:

“Artículo 12

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia.

2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio.

3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto.”

Y en el Artículo 11 de nuestra Carta Magna que dispone:

“Artículo 11

1.“Todo hombre tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes...”

Pues desde hace más de una década representantes populares de diversos partidos políticos, han elevado la exigencia del cese en los cobros de peaje en las autopistas que cruzan el Estado, a causa de la falta de rutas alternas para los sonorenses. Ello con la firme intención de garantizar el libre tránsito, sin costo alguno, en dicho territorio, lo cual permita acceder a una vida digna y un desarrollo sostenible de la región.

Toda vez que la situación que muestra la población de esta región de Sonora, requiere de una expedita solución, pues el tiempo avanza y es más evidente la falta de compromiso y cumplimiento de las autoridades competentes para la solución de esta problemática social. Es hora que el gobierno federal y estatal atiendan este apremiante asunto.

Resulta congruente a los considerandos anteriores, el someter a la atención y aprobación del alto cuerpo colegiado de esta Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sus respectivos órganos, así como con a las autoridades estatales y municipales del estado de Sonora, en el ámbito de sus respectivas competencias, evalúen en conjunto la viabilidad de eximir del pago de peaje de las casetas C2 “Hermosillo”, C4 “Esperanza”, C5 “Fundición” y C6 “La Jaula”, situadas en la carretera federal 15, en el estado de Sonora, para con ello promover el desarrollo y progreso de la región.

Notas

1 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 , páginas 16 y 80. Recuperado de: http://pnd.gob.mx/.

2 Obra citada, página 119.

3 Diario Oficial de la Federación (15 de junio de 2018). Ley Orgánica de la Administración Pública Federal . Artículo 36, fracción XII. Secretaría de Gobernación. México, Ciudad de México. Recuperado de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153_150618.p df.

4 Secretaría : Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, (2018). Diario Oficial de la Federación del 25 de junio de 2018. Recuperado de

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/27_250618.pd f.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputado Carlos Javier Lamarque Cano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y locales a garantizar que las páginas web y los servicios electrónicos institucionales sean asequibles para las personas con discapacidad, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los gobiernos federal y de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, garanticen que las páginas web y los servicios electrónicos institucionales sean accesibles a las personas con discapacidad, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La tecnología es una herramienta que cada vez se vuelve más importante para la vida de las personas, volviéndose casi indispensable para la realización diaria de sus actividades, que pueden abarcar desde pagar algún producto o servicio en línea hasta la coordinación de una empresa por medio de aplicaciones móviles.

De acuerdo con resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017, en México se registraron 71.3 millones de usuarios de Internet en 2017, 5.8 millones más que los reportados en 2016.1

El grupo de población con mayor número de usuarios de internet es el de los hombres de 18 a 34 años de edad, casi el 85 por ciento de la población de este grupo usa este servicio, mientras que el grupo de edad con menor uso son las mujeres de 55 años y más.

Las principales actividades de los usuarios de Internet durante el mismo año, fueron: obtener información (96.9 por ciento), entretenimiento (91.4 por ciento), comunicación (90.0 por ciento), acceso a contenidos audiovisuales (78.1 por ciento) y acceso a redes sociales (76.6 por ciento).

Asimismo, ya sea mediante conexión fija o móvil, 17.4 millones de hogares disponen de Internet (50.9 por ciento del total nacional), lo que significa un incremento de 3.9 por ciento respecto al año anterior.

En cuanto a los dispositivos móviles, se estima que el 72.2 por ciento de la población de seis años o más utiliza el teléfono celular, lo que se traduce a que ocho de cada 10, disponen de celular inteligente, con lo cual tienen la posibilidad de conectarse a Internet.

De los usuarios de celular inteligente, 36.4 millones han instalado alguna aplicación en sus teléfonos: el 92.1 por ciento instaló mensajería instantánea, el 79.8 por ciento herramientas para acceso a redes sociales, el 69.7 por ciento instaló aplicaciones de contenidos de audio y video, mientras que 16.0 por ciento instalaron alguna aplicación de acceso a la banca móvil.

En cuanto a los usuarios de computadora, se estima que 50.6 millones de entre seis años o más cuentan con al menos una, lo que es equivalente al 45.3 por ciento del total de la población en este rango de edad. No obstante, esta cifra es menor en 1.7 puntos porcentuales respecto al registrado en 2016, el cual alcanzó el 47 por ciento.

Hay que destacar que las personas con discapacidad y las personas mayores se están viendo afectadas por esta revolución tecnológica, de la misma manera que cualquier otro ciudadano. Sin embargo, existen herramientas, tanto hardware como software, que son de uso específico para un grupo específico de personas y otras que benefician a un grupo más amplio de usuarios.2

Algunas de las ayudas técnicas más utilizadas son los lectores y magnificadores de pantalla, sistemas de reconocimiento de voz, líneas de braille, navegadores sólo de texto, emuladores de teclado, pantallas táctiles, filtros de teclado, dispositivos de entrada alternativos, así como herramientas de validación y reparación, solo por mencionar las más destacables.

Ante este panorama, el gobierno federal y el de los estados se han puesto a la vanguardia de las circunstancias tecnológicas, mediante la creación e innovación de sitios web que ayuden a que la población pueda conectar fácilmente con lo que está ocurriendo en el país y sus gobernantes.

Sin embargo, aún falta que los medios tecnológicos que se están utilizando por parte de los sectores gubernamentales puedan llegar a los sectores más vulnerables del país, ya que como se puede constatar en los datos antes mencionados, solamente los sectores más jóvenes son los más activos en las plataformas de internet.

Hay que mencionar, que algunos de los sitios webs de los estados no están a la vanguardia tecnológica, por lo que es difícil que una persona con discapacidad o que sea mayor de edad tenga complicaciones para poder acceder a consultar o a realizar algún trámite.

La iniciativa de la Alianza Global de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y Comunicación y el Desarrollo (G3ict) reconoció en 2015 la Política de accesibilidad Web del Gobierno de la República como una de las cinco políticas de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación más importantes.

El acuerdo impulsado por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaría de la Función Pública, ha establecido diferentes medidas que el gobierno federal debe seguir para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la información pública, aplicaciones y sitios web gubernamentales, así como a cualquier otro contenido del gobierno en formato digital.

De esta manera, se promueve mayor igualdad y se busca que las personas con discapacidad se inserten en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Además de que se beneficien de las acciones que, por medio de la Estrategia Digital Nacional, se llevan a cabo en favor de la inclusión digital universal.

Según información publicada en el portal México Digital, creada por el gobierno federal, la mayoría de los cinco objetivos que comprende la Estrategia Digital Nacional, presentan un cumplimiento por arriba del 80 por ciento (transformación gubernamental, 100 por ciento; economía digital, 80 por ciento; transformación educativa, 100 por ciento; salud universal y efectiva, 80 por ciento; e innovación cívica y participación ciudadana, 88 por ciento).3

No obstante, en lo que respecta a datos abiertos, sólo 25 gobiernos locales han publicado en Internet información referente a sus programas, contrataciones y presupuesto, entre otros archivos.

En el país, el acceso a internet es un derecho garantizado por la Constitución Política ya que es un habilitador de otros derechos fundamentales como el derecho a la información, derecho a la privacidad y derecho de acceso a las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.4

Este derecho fue implementado por la reforma en telecomunicaciones en 2013, con lo que México se convirtió en el octavo país a nivel mundial en garantizarlo a su ciudadanía.

Garantizar la accesibilidad de toda persona a las tecnologías de la información y comunicación en el país, constituye un tema fundamental para la población y el país en su conjunto, por lo que es necesario fortalecer las políticas públicas de acceso de internet y el uso de dispositivos tecnológicos, así como una mayor inclusión de aquellas personas que tienen alguna discapacidad.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos federal y de las entidades federativas para que, en el ámbito de sus atribuciones, garanticen que las páginas web y los servicios electrónicos institucionales sean accesibles a las personas con discapacidad.

Notas

1 http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/Otr TemEcon/ENDUTIH2018_02.pdf

2 https://www.gob.mx/conadis/articulos/el-mundo-de-las-tic-s-y-la-discapa cidad?idiom=es

3 https://www2.deloitte.com/mx/es/pages/dnoticias/articles/estrategia-dig ital-nacional-mexico.html

4 https://www.gob.mx/gobmx/articulos/en-mexico-el-acceso-a-internet-es-un -derecho-constitucional

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 20 de noviembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a un programa de vivienda a bajo costo para migrantes mexicanos en el extranjero y de retorno que les permita hacerse de un patrimonio posibilitador del bienestar familiar, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada María Libier González Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Una de las mayores aspiraciones de los mexicanos que se trasladan a trabajar al extranjero es hacerse de un patrimonio que les permita tener estabilidad económica, así, tener un lugar donde vivir se convierte en una prioridad que les genere mejores condiciones de bienestar para ellos y sus familias, muchas de las cuales se quedan en el país, en espera de las remesas que les permitan subsistir.

Poder contar con una vivienda digna es una aspiración del migrante que les permitirá consolidar el patrimonio familiar, para de ahí partir a mayores proyectos que les generen prosperidad, esta aspiración no sólo está presente en los mexicanos que están en el extranjero, lo es de aquellos que retornan después de un periodo de estadía más o menos largo y que al encontrarse nuevamente en el país carecen de vivienda propia para habitar.

Para los migrantes mexicanos que viven en el extranjero es paradójico que no obstante contar con un empleo, no existan esquemas de financiamiento más allá de los que ofrecen las instituciones bancarias, los cuales tienen tasas de interés demasiado altas, por lo que corresponde al Estado mexicano quien recibe una muy alta cantidad de dólares por concepto de remesas, producto del trabajo de estos mexicanos, implementar programas que coadyuven a la adquisición de vivienda en México, ya sea para sus familias o cuando ellos deseen retornar.

Si bien es cierto que la Comisión Nacional de Vivienda ha implementado un programa de financiamiento para autoconstrucción, con poco impacto, a partir de la cantidad que ofrece ($66,000.00 pesos mexicanos)1 y los requisitos que establece; por lo que se hace necesario crear esquemas de financiamiento que sean atractivos para el migrante mexicano, que tengan como características principales: montos de crédito que posibiliten realmente la adquisición de vivienda y que se ofrezcan a tasas preferenciales, es decir, a bajo costo, partiendo de las circunstancias laborales de estos trabajadores mexicanos.

El proceso de reinserción social de los migrantes mexicanos en retorno es difícil cuando después de residir durante un tiempo determinado en la unión americana regresan al país y no tienen un lugar para habitar, habida cuenta de que el tiempo que vivió en el extranjero su finalidad primera era establecerse de manera definitiva en aquel país.

La decisión de regresar a México, que bien puede ser de manera voluntaria o cuando es repatriado, viene acompañada en muchos casos de no tener una vivienda donde alojarse, lo que empeora aún más su precaria y vulnerable situación.

Si bien es cierto que alguno de los migrantes mexicanos regresa con un pequeño capital hecho con el esfuerzo de su trabajo, no todos han tenido esa posibilidad, por lo que es urgente llevar a cabo programas de manera extraordinaria que les permitan a todos ellos tener un lugar donde alojarse, atendiendo de esta manera lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4o. párrafo sexto: “Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”2

De acuerdo con el Anuario de migración y remesas México 2018 , las cifras de migrantes mexicanos en situación de retorno son las siguientes:

“Entre 2009 y 2016, fueron retornados 1.4 millones y removidos 2.2 millones de mexicanos desde Estados Unidos de América (EUA).

En 2017, aumentaron las deportaciones de mexicanos con estancias largas en EUA respecto al año anterior, pasando de 24 a 39 por ciento del total de los eventos contabilizados para cada año.

Jalisco, Michoacán, estado de México, Baja California y Guanajuato fueron las entidades con más retornados entre 2010 y 2015.

Entre 2015 y 2017, 27.1 por ciento de los retornados trabajaba en el sector informal y 77.1 por ciento carecía de prestaciones de salud por su empleo.”3

En razón de alojamiento 61.8 por ciento de los retornados viven en casa propia, 21.2 por ciento rentan y 15.0 por ciento viven en una casa prestada. 4

Si bien es cierto que a los migrantes mexicanos les es difícil obtener créditos hipotecarios, por no aportar cuotas a alguno de los institutos públicos que existen, así como tampoco contar con un patrón, que entere las partes proporcionales que los institutos solicitan para el establecimiento de cuentas de vivienda o, en su defecto, acogerse al programa del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para mexicanos que trabajan por su cuenta o en la informalidad, ya que éste establece como condición primordial estar registrado en el régimen de incorporación fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), condición que no aplica para el mexicano retornado por haberse encontrado fuera del país.

En ese sentido, es que se hace un exhorto a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que dentro de sus atribuciones implemente programas extraordinarios de vivienda, cuyo objetivo sea atender las necesidades de los migrantes en el extranjero y de retorno así como sus familiares que carecen, no sólo de un lugar de destino, sino también de un lugar dónde vivir, para que de esta manera puedan hacerse de una vivienda a bajo costo, que les permita en el mediano y largo plazo cubrir el crédito al que son sujetos, de la misma manera que lo puede hacer un empleado ordinario que cotice al Infonavit o al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), garantizando la igualdad derechos entre los mexicanos que aquí radican y quienes son retornados; pero aún más, a fin de hacer efectiva la garantía constitucional de tener vivienda digna y decorosa.

Por último, es digno de mencionar que la Ley de Migración en su artículo 2, señala como una de las responsabilidades del Estado mexicano: “Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional.”

Por lo anteriormente expuesto presento ante esta asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que, en el ámbito de sus atribuciones, impulse programas de vivienda a bajo costo para migrantes en el extranjero y de retorno, que les permita hacerse de un patrimonio que posibilite el bienestar familiar.

Notas

1 Apoyos a la vivienda del migrante. https://www.gob.mx/conavi

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm.

3 Anuario de Migración y Remesas. México 2018. Pag.70. En https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/08/1707_AnuarioMig racionRemesas_2018.pdf. Consultado el 12 de noviembre de 2018.

4 Anuario de Migración y Remesas. México 2017. Pag.70. En https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2017/08/1707_AnuarioMig racionRemesas_2017.pdf. Consultado el 12 de noviembre de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputada María Libier González Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los calentadores de agua solares y los de gas LP o natural, a cargo de la diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Ana Lilia Guillén Quiroz, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, relativo a los calentadores de agua solares y calentadores de agua solares con respaldo de un calentador de agua que utilizan como combustible gas licuado del petróleo (gas L.P.) o gas natural.

Consideraciones

En la actualidad, además de las energías primarias, como el petróleo, carbón y gas natural, que son fuentes susceptibles de agotamiento y que además, deterioran el medio ambiente, existen otro tipo de energías más seguras y menos contaminantes, llamadas renovables, que producen energía de forma natural, como son el sol, el viento y el agua, cuyo aprovechamiento no agota la fuente de la que se obtiene.

Ante ello, en atención a que el agua es un recurso natural, vital para la subsistencia del ser humano e indispensable para el desarrollo de sus actividades diarias, se ha buscado una alternativa económica, natural e inagotable, mediante los calentadores solares, empleando la energía solar para calentarla y evitar la emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes.

De ahí, que el 28 de agosto de 2018 se publicara en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018, Rendimiento térmico, ahorro de gas y requisitos de seguridad de los calentadores de agua solares y de los calentadores de agua solares con respaldo de un calentador de agua que utiliza como combustible gas L.P. o gas natural. Especificaciones, métodos de prueba y etiquetado, aparentemente, con el objetivo de regular el rendimiento térmico, ahorro de gas y especificaciones de seguridad de los calentadores solares de agua; sin embargo, dejando de lado el interés social y la promoción de la energía solar en todas sus formas, se excluyeron los calentadores solares de baja presión y tubos evacuados, provocando una evidente competencia desleal.

Lo anterior es así, pues la precitada norma oficial, en su apartado referente a los métodos de prueba de resistencia a la presión hidrostática y de resistencia al impacto, contiene algunas peculiaridades, que tienen como finalidad prohibir la importación, fabricación y comercialización, específicamente, de los calentadores solares de agua de baja presión y de tubos evacuados.

Tomando en consideración que, en relación al primero de ellos, resulta injustificable la exigencia de una presión mínima para operar con tanques elevados de hasta 30 metros de altura, cuando los calentadores solares de agua de baja presión, son aptos para operar con tinacos, aun ubicados a 1.5 metros de altura, además de que se contrapone con lo establecido en la norma internacional para calentadores solares de agua ISO 9806:2017 (9806:2013 versión español), que únicamente dispone que la presión de ensayo debe ser 1.5 veces la presión máxima de operación especificada por el fabricante.

Ahora, por lo que ve al método de prueba de resistencia al impacto, cuyo objeto es determinar hasta qué punto el calentador solar soporta los efectos causados por granizo, resulta incongruente establecer que éste deba practicarse con una esfera de acero y no así, con bolas de hielo como lo establece la ISO 9806:2017, máxime que la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional ha señalado que no se tiene información alguna respecto de la dimensión del granizo en los eventos registrados, y que además son atípicos.

Especificaciones que impiden la libre competencia, pues la referida norma, únicamente regula la comercialización de los calentadores solares de cama plana o colector plano de alta presión, no obstante, que más de 16.6 millones de hogares en México pueden usar equipos que no trabajen a presiones cercanas a las que se exigen, tan es así que, desde su entrada al mercado, los calentadores solares de baja presión y tubos evacuados, han garantizado el acceso seguro al calentamiento solar de agua, siendo los más idóneos para más de 30 millones de casas que usan un tinaco, en donde habitan 72 millones de mexicanos, de los cuales únicamente 815 han presentado quejas en todo el país, durante el periodo comprendido entre los años 2012-2018, de acuerdo a datos proporcionados por la propia Procuraduría Federal del Consumidor.

Concentrando así, en un monopolio, un artículo de consumo necesario y obligando a los consumidores a pagar precios exagerados, con una ventaja exclusiva e indebida a favor de personas determinadas, contrario a lo establecido por el artículo 28 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que de forma puntual prohíbe los monopolios, cuya práctica es severamente castigada por la ley y debe ser perseguida con eficacia por las autoridades. Aunado de un costo elevado de los calentadores de los dos tipos, dejando sin la obtención de un salario a 39 mil empleados directos y 120 mil empleos indirectos.

Por lo expuesto y considerando un asunto de urgencia notoria y obvia resolución, propongo al pleno de este honorable Congreso de la Unión para su votación y, en su caso, aprobación los siguientes Puntos de Acuerdo

Primero . La honorable Cámara de Diputados exhorta a los secretarios de Energía, y de Economía, al director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y al presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, al director general de Normas y al presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía y al director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía la cancelación de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018, Rendimiento térmico, ahorro de gas y requisitos de seguridad de los calentadores de agua solares y de los calentadores de agua solares con respaldo de un calentador de agua que utiliza como combustible gas L.P. o gas natural.

Segundo . Asimismo, la Cámara de Diputados exhorta a las mismas autoridades hacer público el estudio de las características que cumplen con los estándares de seguridad de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018 en comparación con la Norma Oficial Mexicana ISO 9806:2017.

Tercero . Del mismo modo, la Cámara de Diputados exhorta a las autoridades ya mencionadas a la creación de una nueva norma oficial mexicana que regule de forma adecuada e incluyente a todos los equipos de calentamiento solar de agua, partiendo de una revisión minuciosa de los puntos relativos a los métodos de prueba de resistencia a la presión hidrostática y de resistencia al impacto, con la participación activa de todos los sectores interesados.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Competencia a realizar una investigación minuciosa sobre posibles prácticas monopólicas relativas en la creación de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-ENER/SCFI-2018, así como la investigación de concentraciones ilícitas con fines de lucro en la realización de dicha norma oficial mexicana.

Quinto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Competencia a promover la libre competencia y el crecimiento de la competitividad de las empresas mexicanas, así como impulsar el acto regulatorio ante las tendientes prácticas monopólicas.

Sexto. La honorable Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Federal de Competencia a difundir entre los consumidores publicidad positiva de las diferentes empresas de calentadores solares de agua para generar confianza entre los mismos, fomentadas en normas oficiales mexicanas que correspondan a productos técnicos científicos dirigidos a la satisfacción eficaz y que contengan todos los estándares de seguridad establecidos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputada Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Semarnat y la Conafor a presentar la evaluación técnica que explique a detalle la propiedad y el régimen de tenencia de la tierra y las acciones implantadas para proteger los derechos de ejidatarios, comuneros y pueblos indígenas, a cargo de la diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Nancy Yadira Santiago Marcos, del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los bonos de carbono cuya interpretación general para muchos se relaciona con acciones bursátiles de gran interés para empresas e industrias, de ninguna manera debe poner en riesgo y a la venta los derechos de las tierras, bosques y selvas del planeta, menos aún, el gobierno puede desconocer los derechos indígenas de propiedad ejidal y comunal o utilizarlos como herramienta de control para facilitar el despojo y desplazar a estos sectores acusándolos de ser narcotraficantes.

Las comunidades indígenas, comunales y ejidales, por este factor no pueden perder derechos de propiedad, capacidad de dominio y decisión sobre lo que debe hacerse o dejar de hacer en las tierras donde habitan.

La comercialización de los bonos de carbono provenientes de emisiones capturadas por bosques a cargo de comunidades dentro de los cinco proyectos piloto del programa de Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD), implica la demostración de la titularidad legal de dicho carbono y presentar un mecanismo de reparto de beneficios acorde con leyes internacionales.

Esa es la condición que impone el Banco Mundial y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) para que el país acceda a un financiamiento por unos 60 millones de dólares a cambio de los bonos emitidos.

Consecuentemente, el documento Iniciativa de reducción de emisiones (IRE) 1 , señala que “la propiedad de las emisiones evitadas no está determinada por la propiedad o tenencia de la tierra y no puede ser adjudicada a los pequeños propietarios, comunidades o ejidos, pues la deforestación es un delito grave”.

En ese sentido, el gobierno tiene la capacidad legal de transferir los permisos de reducción de emisiones al Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) y la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) establece que la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para el arreglo del dividendo de réditos se catalogará en los planos nacional, estatal y local.

En el primer caso la Conafor, como responsable de ejecutar la iniciativa, recibirá los recursos generados por los pagos por resultados a cuenta de las emisiones reducidas, que captará vía fondos nacionales como el de cambio climático o el forestal.

Los recursos serán distribuidos a los estados de acuerdo con el desempeño de éstos en las emanaciones recortadas y finalmente figuran los propietarios o titulares de derechos de suelo boscoso, como ejidos, comunidades o privados.

El gobierno federal recibirá ese pago y será canalizado a los estados, estableciendo los mecanismos para garantizar que esos beneficios lleguen a los dueños y habitantes de las áreas involucradas, sin embargo, el gobierno debe, por un lado, demostrar la capacidad del programa para transferir los derechos del carbono al fondo respectivo, y por otro acreditar que ha respetado los derechos de propiedad a la tierra y los recursos de los potenciales titulares en las áreas contabilizadas.

La iniciativa de referencia, IRE, no aborda cómo cumplirá con el marco legal internacional, y tampoco establece los parámetros de respeto a los derechos de los potenciales titulares de la tierra y los recursos naturales.

Al no existir una fundamentación específica que defina tanto la naturaleza legal de las reducciones de emisiones como de su propiedad en el marco legal mexicano, el país optó por adoptar una posición interpretativa de la Constitución y las leyes civiles y penales para asegurar que goza de tal titularidad, ya que de acuerdo con la Ley Federal de Entidades Paraestatales se le otorga jurisdicción a la Conafor para realizar negociaciones, pero esto no se refiere necesariamente a la propiedad de la reducción de emanaciones.

La estrategia nacional REDD+ (Enaredd+) para aplicar ese programa, enmarcado dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) y el gobierno han firmado diversos acuerdos al respecto.

Se trata de un plan de acción que financia programas nacionales en países en desarrollo para combatir la deforestación, reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y fomentar el acceso de los países participantes al apoyo técnico y financiero con esos fines.

La iniciativa pertenece al Programa Conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones Provocadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques y actualmente abarca a 64 naciones.

México tiene unos 88 millones de hectáreas cubiertas de árboles que son parte de los territorios de unas dos mil 300 comunidades, las cuales poseen unas 600 empresas forestales, según el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.

México, donde hay al menos 11 proyectos REDD+ y otras 38 iniciativas forestales, pierde anualmente unas 150 mil hectáreas, según el Observatorio Global de los Bosques, entre 2000 y 2010, las emisiones de CO2 por deforestación totalizaron 45 millones de toneladas.

Nuestro país adoptó la meta de cero deforestaciones para 2030, en ese orden de ideas, el manejo de los bonos de carbono ha puesto en conflicto a las comunidades forestales con el gobierno, pues los tenedores de la tierra señalan que los beneficios corresponden a las comunidades.

En cuanto al ingreso por la venta de reducción de emisiones, se espera que los pagos por los resultados de disminución sean recibidos a través del Fondo de Carbono, pero la suma dependerá del volumen y el precio acordado en el contrato.

La IRE estipula una línea base de emisiones de 24 millones de toneladas de CO2, las emanaciones serán reducidas en 80 por ciento durante los primeros cuatro años de la iniciativa, a una tasa anual de 20 por ciento y equilibrada a 80 por ciento en el quinto año.

El problema radica en la propiedad del CO2, pues el gobierno puede reclamar el CO2 de las áreas naturales protegidas o de las áreas núcleo, por ser de jurisdicción federal, pero no de las comunidades o los ejidos.

La (Enaredd+) señala que la distribución de beneficios a nivel nacional se hará considerando las reducciones efectivas de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera derivadas de la disminución de la deforestación y degradación forestal, la conservación y gestión sostenible de los bosques, y el aumento de las reservas forestales de carbono en cada estado y región.

En cuestión de salvaguardas sociales y ambientales, la propuesta, a la cual sólo falta la aprobación de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, estipula la distribución equitativa de beneficios para los propietarios de los terrenos forestales y la certidumbre y respeto a los derechos de propiedad y posesión legítima y acceso a los recursos naturales de los propietarios y legítimos poseedores de la tierra.

Si Conafor insiste en apropiarse del derecho a comercializar los bonos, el trato corre el riesgo de ventilarse en cortes internacionales, como el mecanismo de quejas del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques FCPF. El gobierno debe demostrar su titularidad legal para proceder con el contrato de venta.

El carbono capturado es de los ejidos y tenemos que encontrar la manera de dar continuidad al proyecto, los propietarios tienen derecho a recibir un porcentaje por la venta del CO2.

Es fundamental que el gobierno clarifique y explique a detalle no sólo la propiedad y el régimen de tenencia de la tierra, sino también la capacidad de emitir legalmente unidades de reducción de emisiones evitadas, de acuerdo con el marco legal nacional, y de alcanzar un contrato de venta, de transferir esas unidades al Fondo del Carbono y de recibir y distribuir los recursos financieros. El mecanismo para la distribución de beneficios aún no ha sido definido y se desconoce cómo será transferido de la esfera nacional a la estatal.

De acuerdo la estrategia nacional Enaredd+ para aplicar este programa, enmarcado dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF), siendo este un plan de acción que financia reducir las emisiones de dióxido de carbono y fomentar el acceso de los países participantes.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal, desde el ámbito de sus respectivas atribuciones, haga pública una evaluación técnica que explique a detalle la propiedad y el régimen de tenencia de la tierra, las acciones implementadas para proteger los derechos de ejidatarios, comuneros y pueblos indígenas, su capacidad para emitir unidades de reducción de emisiones evitadas, los contratos de venta que se tienen considerados para transferir dichas unidades al fondo del carbono, así como la distribución de esos recursos financieros, de acuerdo con la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE).

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión Nacional Forestal, desde el ámbito de sus respectivas atribuciones, haga pública cuál es la distribución equitativa de beneficios en los estados donde se implementa, ya que el mecanismo para la distribución de beneficios aún no ha sido definido y se desconoce cómo será transferido.

Nota

1 Documento Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE), 3 de noviembre 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputada Nancy Yadira Santiago Marcos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, la Conapesca y el Inapesca a conceder permisos de pesca comercial de camarón en embarcaciones menores, en favor de las cooperativas pesqueras chiapanecas, y asesorar a éstas para tener acceso a los apoyos otorgados por los programas federales, a cargo del diputado José Luis Elorza Flores, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, José Luis Elorza Flores, diputado federal a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

La pobreza y rezago económico que presenta el sureste del país con respecto al norte no es producto de la casualidad ni la mala suerte, se debe a diversos factores históricos, entre ellos, a la aplicación de políticas públicas que han favorecido al norte por su cercanía a los Estados Unidos, de tal forma que por décadas los apoyos otorgados por el gobierno federal para la creación de infraestructura e insumos productivos han sido destinados en su mayor parte a la zona norteña, y si bien, esta desafortunadamente no ha alcanzado los niveles de desarrollo y bienestar que se goza en los países desarrollados, su situación es mejor a la que presentan los estados sureños.

En el caso de la pesca, fue a los estados norteños a los que la federación dotó de embarcaciones de altura para la pesca del camarón, de tal forma que esta flota aumentó de 1,375 embarcaciones en 1970, a 2,836 en 1982, lo cual fue un gran apoyo, ya que el camarón por su valor comercial es de los principales productos del mar a los que tienen acceso nuestros pescadores.

Al día de hoy, de las pesquerías mexicanas la del camarón aporta la mayor cantidad de recursos económicos, siendo el valor de la producción en el año 2014 de 9 mil millones de pesos, y en cuanto a volumen ocupa el tercer lugar, con 158 mil toneladas para el mismo año. A la vez, en las exportaciones se encuentra en el lugar número uno de las especies pesqueras, siendo Estados Unidos de América, Japón e Italia sus principales destinos.

De esta producción, son los estados del noroeste, Sinaloa y Sonora, los que aportan la mayor cantidad, con 67 mil y 39 mil toneladas respectivamente. En contraparte, el estado de Chiapas en las estadísticas oficiales aporta tan solo 6 mil 800 toneladas, aunque este dato es engañoso, ya que en las costas chiapanecas se encuentra este recurso en abundantes cantidades.

El que la producción camaronera de Chiapas estadísticamente sea tan pequeña se debe a que es la flota de otros estados es la que efectúa las capturas en los litorales chiapanecos, es decir, son los barcos de otros estados los que pescan el camarón y lo descargan en sus respectivos puertos base, de tal forma que en el registro oficial la producción obtenida en costas chiapanecas se anota como producción de otros estados.

Actualmente la flota mayor camaronera en el Pacífico consta de 834 embarcaciones, de estas, el 90 por ciento se concentra en los estados de Sonora y Sinaloa, en contraparte, tan solo 2 embarcaciones camaroneras están registradas en puertos del estado de Chiapas. De tal forma que son 832 las embarcaciones posibilitadas para efectuar capturas de camarón enfrente de las costas chiapanecas que provienen de otros estados, y si bien, no todas ejercen este derecho, cálculos conservadores mencionan que son alrededor de 250 embarcaciones las que se desplazan del norte al sur para pescar el camarón en los últimos meses de la temporada.

Por su parte, las capturas chiapanecas del mencionado crustáceo se llevan a cabo por medio de embarcaciones menores, es decir, pangas, que trabajan bajo el amparo de permisos para la captura de camarón de esteros, de tal forma que el camarón que se encuentra enfrente de la mayor parte de la costa del estado está “vedado” para los pescadores chiapanecos.

Son decenas los pescadores chapanecos que desean participar en la pesca ribereña de camarón, con embarcación menor, en aguas marinas aledañas al litoral, con red de arreste, como se lleva a cabo en otros estados del país, pero, no cuentan con el permiso respectivo para llevar a cabo esta actividad. Además de la negativa de la autoridad pesquera para otorgarles los permisos, su precaria situación económica también constituye un obstáculo insalvable. Recordemos que la población de Chiapas presenta el mayor rezago socioeconómico con respecto del resto del país, de la población chapaneca mayor de 15 años, el 15 por ciento es analfabeta, 31.7 por ciento no ha concluido los estudios de primaria; 13.45 por ciento de los ocupantes de las viviendas habitadas carecen de agua entubada; 44.4 por ciento vive hacinado;

11.8 por ciento habita en viviendas con piso de tierra; y 62.5 por ciento de su población ocupada gana dos o menos salarios mínimos al día.

Uno de los argumentos por los que no se otorgan permisos de pesca comercial a los pescadores de Chiapas es el de que la pesquería Camarón del Pacífico está aprovechada al máximo rendimiento sustentable, como lo señala la última actualización de la Carta Nacional Pesquera, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 11 de junio del presente año, pero, el que se otorguen permisos de pesca de camarón a los pescadores ribereños chapanecos, en nada afecta a las poblaciones de este crustáceo de los estados de Sinaloa hasta Oaxaca, si bien, pueden ser las mismas especies sobre las que la flota mayor llevan a cabo sus capturas, no son las mismas poblaciones, por lo que la mortalidad por pesca en el sur no afecta a las poblaciones de camarones del norte, y viceversa.

Si bien, el camarón, como todos los demás recursos marinos que se encuentran dentro del mar territorial y la Zona Económica Exclusiva son propiedad de la nación, y esta, por efectos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede otorgar concesiones para su explotación, como es el caso de los pescadores ajenos al estado de Chiapas, que al amparo de una concesión llegan a las costas chiapanecas a extraer camarón, pero, lo que la autoridad pesquera no está tomando en cuenta es que las concesiones en materia de recursos pesqueros deben de responder al beneficio social y tener por objeto el de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, como también lo señala el artículo 27 de nuestra carta magna.

Por lo anterior, no vemos como justo que se les niegue a los pescadores chiapanecos la posibilidad de pescar camarón en las costas de su estado, y se les excluya de los apoyos que la federación destina para el fomento de la pesca de estas especies, actividad que contribuiría a abatir los rezagos socioeconómicos de la población rural chapaneca.

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y al Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se concedan permisos de pesca comercial de camarón en embarcaciones menores, por medio de redes de arrastre, operando en aguas marinas de jurisdicción federal adyacentes al litoral del estado de Chiapas, en favor de las cooperativas pesqueras chiapanecas que así lo soliciten, y asesore a estas cooperativas con la finalidad de que puedan acceder a los apoyos que se otorgan a través de los programas federales de fomento a la actividad pesquera.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputado José Luis Elorza Flores (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedatu a incorporar al gobierno de Tlaxcala en el Programa Regional de Desarrollo Sur-Sureste, a cargo del diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Rubén Terán Águila, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la Sexagésima Cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta soberanía, para su resolución, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para que, en el ejercicio de sus atribuciones, incorpore al estado de Tlaxcala al Programa Regional de Desarrollo Sur-Sureste, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El Programa Regional de Desarrollo se sustenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 26), que faculta al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática; los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y los programas de desarrollo, así como en la Ley de Planeación, que en sus artículos 14, 25 y 34 establece las características, objeto y coordinación de los programas regionales, en acuerdo con las entidades estatales y los gobiernos municipales.

Por otra parte, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicadas en enero de 2013, le otorgaron a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) entre otras facultades, las de formular las políticas públicas que armonicen las ventajas productivas de las regiones del país; proyectar y coordinar la planeación regional con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y elaborar los programas regionales

La Sedatu encabezó dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) los trabajos relativos a acercar las oportunidades y el desarrollo a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de población, con la creación de los Programas Regionales de Desarrollo.

En ese sentido, se consideró prioritario establecer las bases para superar las desigualdades entre regiones, instrumentando un sistema de planeación para el desarrollo regional y un marco de relaciones intergubernamentales alrededor del mismo, para la implementación de acciones conjuntas y continuas de los tres órdenes de gobierno, y con respeto al marco de libertad de cada región, estado y municipio, para crear las condiciones para conducir su propio destino con plena armonía con el resto del país, e incorporar a los sectores social y privado como actores fundamentales en el proceso de planeación.

Estos programas, a partir de un marco regional funcional, definen objetivos, estrategias, y líneas de acción que promuevan la competitividad de la actividad productiva a partir del reconocimiento de aptitudes y potencialidades y, así, contribuir a elevar la calidad de vida de las personas. Para lograr un mayor impacto, los programas promueven la transversalidad y coordinación intersectorial e intergubernamental con una visión integral del territorio.

Para la estructura de la regionalización funcional, se consideraron cinco niveles de unidades de análisis:

• Sistemas Urbano Rurales,

• Subsistemas Urbano Rurales,

• Centros Articuladores del Sistema,

• Centros Integradores de Servicios Básicos Urbanos y

• Centros Integradores de Servicios Básicos Rurales.

En la región Centro, donde está incorporado Tlaxcala, pertenecen el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco, y estos 3 estados de manera natural concentran la mayor cantidad de población, esta alta concentración hace que necesariamente sea un centro de fuerte atracción de diferentes recursos, desde monetarios hasta naturales.

Las regiones Norte, Centro y Sur del Programa Regional de Desarrollo, tienen acceso, entre otros, a incentivos tales como

• Fomento a la creación de más empleos y negocios formales, promoción del otorgamiento de apoyos y transferencias a proyectos de fomento al empleo de la región.

• Otorgamiento de apoyos para la incorporación de negocios y unidades económicas al sector formal.

• Promoción de la evaluación y mejora de apoyos a las actividades económicas y al empleo de la región.

• Apoyos, transferencias y créditos a los productores del sector primario, MIPYMES y emprendedores de la región.

• Acceso a apoyos y transferencias a las vocaciones y fortalezas de la región.

• Promoción del desarrollo de negocios que aprovechen las vocaciones y fortalezas en servicios de salud, turismo, recreación, diseño y desarrollo de software, alta tecnología y comercialización.

Sin embargo, estos alicientes no se distribuyen de manera equitativa.

Por ejemplo, podemos observar en el Programa Regional de Desarrollo Centro 2014–2018, publicado por la Dirección General de Desarrollo Regional, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, en el apartado de Proyectos Estratégicos, destacan la conclusión y consolidación de los ejes carreteros troncales (corredores) para la competitividad nacional en las rutas de intercambio comercial con las regiones de Asia Pacífico y Norteamérica, indicando en la tabla 49 de dicho documento 10 Proyectos de Infraestructura Carretera, sin asignarle ninguno al estado de Tlaxcala.

De igual manera de los cinco Proyectos de Infraestructura ferroviaria, que se presentan en la tabla 50 del apartado de Proyectos Estratégicos del citado documento, ninguno fue asignado a Tlaxcala,

Asimismo, en el Anexo 1: Proyectos Estratégicos, del citado documento, de 108 proyectos, solo 3 relacionados con el transporte se asignaron a Tlaxcala, aunque los ubican en el estado de Jalisco:

• Libramiento norponiente de la ciudad de Apizaco.

• Modernización de la carretera Ciudad Industrial Xicoténcatl I-Nicolás Bravo-Ciudad Industrial Xicoténcatl II-Huamantla.

• Rehabilitación y modernización del Aeropuerto Atlangatepec.

Podemos observar que ninguno de estos llamados Proyectos Estratégicos del programa Regional de Desarrollo del Centro 2014-2018 impactan directamente a Tlaxcala, es decir cuál es la ventaja de la pertenencia a la región Centro si a Tlaxcala no se le considera en estos Proyectos, y cuando se le considera de manera mínima, se le ubica en una entidad federativa diferente.

La región Sur-Sureste del Programa Regional de Desarrollo, por sus características de mayores proporciones de población en condiciones de pobreza, escaso acceso a servicios de salud, vivienda e infraestructura, bajos niveles de ingresos y escolaridad goza de mayor acceso de los incentivos antes mencionados.

El estado de Tlaxcala posee condiciones económicas y sociales similares a las de las nueve entidades federativas que actualmente integran la región Sur-Sureste, cabe resaltar que siete de éstas se ubican dentro de las de las diez entidades con mayor pobreza en el país.

Tlaxcala, con respecto de las 32 entidades federativas, ocupó el lugar 5 en porcentaje de población en pobreza y el 14 en porcentaje de población en pobreza extrema, según datos del INEGI.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta Soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que, en el ejercicio de sus atribuciones, lleve a cabo una reclasificación de estado de Tlaxcala a efecto de que se le pueda incorporar al Programa Regional de Desarrollo Sur-Sureste.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputado Rubén Terán Águila (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a velar por el interés superior de la niñez migrante acompañada y no acompañada de los menores que viajan en las “caravanas migrantes”, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, Ulises García Soto, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás aplicables, se permite presentar ante esta soberanía proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“Migrar, resistir, construir y transformar”

En días pasados, al menos 4 mil migrantes hondureños han dejado su país debido a las terribles condiciones de inseguridad, pobreza, violencia y de las violaciones a derechos humanos en Honduras, según información de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

Debido a lo anterior han conformado las llamadas Caravanas Migrantes con la intención de poder llegar la frontera norte de México para internarse en Estados Unidos de América.

Ante esto, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió con la amenaza de movilizar tropas armadas para cerrar la frontera con México. Además, realizó la exigencia al gobierno de México para frenar el flujo migratorio.

Estas exigencias tuvieron tanto en el presidente Enrique Peña Nieto como en el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, actuando en consecuencia y demostrando una incapacidad para tomar decisiones autónomas y libres; han decidieron limitar el avance de la mencionada caravana.

Sin embargo, pese a reforzar la seguridad en la frontera sur, parte de la caravana migrante que partió de Honduras hace más de una semana con más de 4 mil personas, logró cruzar ilegalmente el río fronterizo y evadir la vigilancia de cientos de policías mexicanos, esto provocó enfrentamientos violentos y sobre todo vulneró la seguridad tanto para los migrantes como para los agentes a cargo de resguardar la frontera. Después de horas de tensión y un enfrentamiento una multitud acabó sobrepasando el primer cordón policial guatemalteco y cruzó hasta un puente que une ambos países ante la mirada de los agentes. Ante estos actos y luego del cruce de cientos de migrantes, la tensión aumentó y la policía mexicana empleó gases lacrimógenos.

Estas acciones agravaron la situación de vulnerabilidad de los migrantes y, sobre todo, abrió la posibilidad para que se violentaran los derechos humanos de la población migrante que conforma la caravana.

Así, miles y miles de personas se agolparon el viernes en Tecún Uman, en la frontera entre México y Guatemala huyendo de la pobreza y violencia en su país y continúan firmes en su empeño por llegar a Estados Unidos pese a las amenazas del presidente Donald Trump de cerrar la frontera sur con México y de cortar las ayudas económicas a Honduras, El Salvador y Guatemala.

Se calcula que alrededor de 25 o 30 por ciento de la composición de la caravana está compuesta por menores de edad, es decir alrededor de mil niñas, niños y adolescentes, algunos que viajan solos y otros que viajan con sus padres o familiares. Según el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Las largas caminatas, el calor, el frio y las condiciones propias de un viaje tan agreste ponen en riesgo la salud y la integridad de esta población en condiciones vulnerables, es decir la de los menores de edad, especialmente.

Antecedentes

Desde diciembre de 2017, la Organización de Estados Americanos advirtió y denunció las múltiples irregularidades en las elecciones presidenciales hondureñas. Además, recomendó la celebración de nuevos comicios que ayudaran a garantizar la estabilidad política y en pro de la paz.

La inestabilidad política trajo consigo una serie de enfrentamientos en los que al menos murieron 22 personas y dónde se sospecha que varías de esas personas pudieron ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Para abril de 2018, la formación del grupo de centroamericanos Viacrucis Migrante 2018 buscó llegar a Estados Unidos por vía terrestre en un mes con la ayuda de la organización Pueblo Sin Fronteras, organización que prestó ayuda técnica para encontrar formas de transportarse y medidas de seguridad para evitar que caigan en manos de asaltantes durante su trayecto.

La creciente problemática de la inmigración no regulada se incrementó desde 2014, cuando se creó el plan Frontera Sur, con el cual el gobierno estadounidense ha buscado frenar los flujos migratorios tanto de México como de Centroamérica promoviendo la acción judicial contra los migrantes aumentando así el número de migrantes deportados.

El objetivo central del plan Frontera Sur ha sido trasladar de manera virtual la frontera estadounidense hasta los límites de México con Guatemala y Belice. De esta manera y a través del reforzamiento de la línea fronteriza para 2017 fueron expulsados al menos 29 mil hondureños de México, según cifras de la Secretaría de Gobernación.

Como consecuencia directa de este endurecimiento en la frontera sur, organizaciones humanitarias como WOLA, se ha documentado el incremento de violaciones a los derechos humanos de los migrantes. En su reporte de 2017 sobre la frontera sur de México, WOLA asegura que algunos agentes migratorios utilizan escopetas y aparatos de descargas eléctricas.

Aunado a este estudio, el último reporte de Médicos Sin Fronteras afirmó que el 68.3 por ciento de los migrantes centroamericanos sufre violencia cuando transita por México y el 31 por ciento de las mujeres en tránsito, además, es víctima de ataques sexuales.

Las caravanas han sido una táctica usada comúnmente por activistas para atraer la atención a los solicitantes de asilo. En la última caravana se contabilizaron al menos mil migrantes de los cuales por lo menos 100 solicitaron asilo en Estados Unidos de América.

Una de las causas principales de la migración es la violencia en Centroamérica que continúa ocasionando que la gente huya de sus hogares y pese a la disminución en las tasas de homicidio en Honduras y en El Salvador, ambos países son de los más violentos en el mundo. Las pandillas conocidas como “maras” también son comunes en el territorio y viven a costa de extorsionar a los dueños de pequeños negocios y familias.

El motivo principal de la creación de estas caravanas es debido a la percepción de seguridad que les provoca viajar juntos, así, hacer el viaje por México hasta la frontera estadounidense podría resultar menos peligroso, esto debido a que en la recta final del camino hacia el norte, los grupos de delincuencia organizada se aprovechan de los migrantes.

Las caravanas que transitan México es un síntoma de una crisis humanitaria que se presenta en los países de Centroamérica y que también inmiscuye a México y Estados Unidos. Desde ya décadas se ha desestimado el desarrollo regional y la transferencia de tecnologías hacia Centroamérica y países en vías de desarrollo, lo que ha agudizado la pobre, la falta de empleo y las desigualdades entre países vecinos. En consecuencia, las personas se ven en la necesidad de migrar para alcanzar mejor oportunidades de vida en países septentrionales.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo 1o.:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse...

...

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad...

...

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

En consecuencia, del artículo 1o. de la Constitución queda establecido que todas las personas gozarán de los derechos humanos, así como de las garantías para su protección, que las autoridades deben respetar y proteger estos derechos y que las personas no pueden ser discriminadas por su origen, nacionalidad o condición, en este caso, la condición de migrantes.

Los que promovemos el presente punto de acuerdo, estimamos que no debe criminalizarse, perseguirse ni dar un trato indigno a las personas que cruzan en las caravanas rumbo al norte del país. En cambio, se debe velar por el respeto a sus derechos, hacer de su conocimiento las garantías a que tienen acceso; es decir, a solicitar asilo o refugio al Estado mexicano y, en su caso, a la repatriación segura. A transitar por el territorio nacional de manera segura y con acceso a la seguridad pública y a la justicia. Y sobre todo a que en ningún momento se les discrimine, ni mucho menos por las instituciones del Estado.

México siempre ha sido un país con una larga tradición de hospitalidad para con los demás pueblos, llámense españoles, chilenos, argentinos, italianos, libaneses, israelitas, etcétera; por ellos, México debe ser fiel a sus principios y no anteponer estos a intereses comerciales que pongan en duda la calidad moral y ética de los mexicanos y sus gobernantes.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia dijo que “los adolescentes que llegaron a México con la caravana migrante siguen necesitando ayuda para garantizar su protección y bienestar”.

Aunado a la condición de migrante, los niños y los ancianos corren el riesgo mayor de padecer enfermedades por sus sistemas inmunológicos más débiles acentuados por las dificultades de las largas marchas. En consecuencia, y para que el problema no se convierta en uno de salud pública, el Estado mexicano debe atender y velar por las niñas, niños y adolescentes.

Para el 5 de noviembre se reportó por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la desaparición de alrededor de 100 migrantes centroamericanos en Veracruz.

La transformación empieza siendo congruentes con los mejores principios de solidaridad humana.

En mérito de lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, a velar por el interés superior de la niñez migrante acompañada y no acompañada de los menores de edad que viajan en las denominadas “caravanas migrantes”, en su trayecto hacia el norte, garantizando su seguridad y a velar por el respeto de los derechos humanos al cruzar por la República Mexicana, en el marco de solidaridad con los pueblos hermanos latinoamericanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores a tomar una postura de respeto y dignidad a la soberanía nacional y a la libre autodeterminación en el marco del respeto a los derechos humanos de los individuos que cruzan por México en las caravanas provenientes de Centroamérica.

Fuentes

https://heraldodemexico.com.mx/orbe/
bartolo-fuentes-el-organizador-de-la-caravana-migrante-senala-gobierno-de-honduras/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45932801
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45930297
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45930186
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45921004
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45885042
http://www.revistaconsideraciones.com/2018/10/19/la-caravana-busca-sueno-americano-huye-pesadilla-hondurena/
https://www.excelsior.com.mx/global/cinco-puntos-para-entender-la-caravana-migrante/1236194
https://www.buzzfeed.com/melissaamezcua/esta-es-la-historia-de-la-caravana-de-migrantes-que-tiene-a

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputado Ulises García Soto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a verificar la aplicación y el cumplimiento de la NOM-007-SSA3-2012 para la organización y el funcionamiento de los laboratorios clínicos, y demás normas aplicables, y señalar las medidas y las acciones de vigilancia sanitaria a fin de que los laboratorios clínicos cumplan requisitos de calidad y competencia, a cargo de la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 2; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En todas las enfermedades, el diagnóstico es una de las tareas fundamentales de los médicos y la base para un tratamiento eficaz; en el caso del cáncer, el tratamiento suele llegar muy tarde, 14 de 100 fallecimientos en México son por esta causa, representando la tercera causa de muerte a nivel nacional.

A pesar de estas cifras alarmantes, existe la posibilidad de que entre el 30 por ciento y el 50 por ciento de las incidencias de cáncer se puedan evitar, para ello es necesario reducir los factores de riesgo y aplicar estrategias preventivas con base científica.

Adicionalmente, si el cáncer se detecta a tiempo y se trata adecuadamente, las posibilidades de recuperación son excelentes. En el caso de los niños, la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el correcto manejo, pueden mejorar el pronóstico y aumentar las posibilidades de sobrevida.

El 90 por ciento de los tipos de cáncer se puede curar con un diagnóstico oportuno, desafortunadamente el 75 por ciento de los casos de cáncer en menores de 18 años en México se diagnostican en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que incrementa considerablemente el tiempo y costo del tratamiento, y disminuye de manera importante la posibilidad de curarse.

Debido a lo anterior, es importante realizar de manera oportuna los estudios de diagnóstico necesarios, entre ellos análisis clínicos y biopsias, ya que cuando existen concentraciones altas o bajas de ciertas sustancias en el cuerpo pueden ser un signo de cáncer. Los análisis de sangre, orina y de otros fluidos del cuerpo, analizados en el laboratorio sirven para medir esas sustancias y ayudan a los doctores a realizar un diagnóstico certero.

Como se ha señalado, la posibilidad de que se cure o de que se maneje satisfactoriamente un enfermo de cáncer depende en gran medida, de un diagnóstico oportuno, por lo tanto, los laboratorios clínicos deben ser capaces de proporcionar resultados correctos, en los que se pueda confiar y para ello, ser técnicamente competentes.

Para los usuarios que requieren este servicio (médicos clínicos y pacientes), elegir un laboratorio que asegure la máxima competencia técnica y que aplique los protocolos y las normas existentes es fundamental, de tal forma que se garantice que las decisiones clínicas que se toman, así como los resultados son fiables, minimizando riesgos para la seguridad del paciente y aumentando la calidad del diagnóstico.

La parte clave, es que haya controles de calidad y que el laboratorio haya sido acreditado y certificado conforme a la norma.

En el caso de la atención a enfermedades como el cáncer, éstas tienen que ser atendidas en hospitales que pasan por un proceso de acreditación, es decir, que cumplen con los requisitos y estándares de infraestructura, personal médico, insumos y medicamentos para brindar servicios de calidad en la atención médica especializada.

Siendo de vital importancia lo antes mencionado, una de las ocupaciones fundamentales del sector salud tendría que ser, velar por los resultados de los análisis clínicos, y, en consecuencia, la falta de acreditación de los laboratorios en la materia.

Actualmente existen cerca de 5 mil laboratorios de análisis clínicos en el país, de los cuales sólo 110 están acreditados; países como Francia, cuentan con 890 acreditaciones; Australia tiene acreditados 500 laboratorios; mientras que Canadá tiene 196 acreditaciones para laboratorios.

Lo anterior implica un riesgo para la población, ya que las decisiones de los médicos están basadas en estudios de laboratorios clínicos sin acreditación, por lo tanto, existe una preocupación por los errores más comunes que se generan al interior de estas instituciones públicas y privadas, pues se sabe que menos del 5 por ciento cumplen con la norma NMX-EC-15189-IMNC-2015.

Esta norma mexicana, especifica los requisitos de la calidad y competencia en los laboratorios clínicos, para el desarrollo de sus sistemas de gestión de la calidad y la evaluación de su propia competencia, también puede ser utilizada para confirmar o reconocer la competencia de los laboratorios clínicos por los clientes del laboratorio, autoridades regulatorias y organismos de acreditación, que marca los requisitos de calidad y competencia de estos establecimientos (http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5393609&fecha=26/05/ 2015). Esta norma coincide totalmente con la norma internacional ISO 15189:2012, Medical Laboratories Requirements for Quality and Competence .

La acreditación es el acto que da la seguridad y avala que los laboratorios (ensayos, calibración, clínicos, forenses e investigación), unidades de verificación (organismos de inspección) y organismos de certificación, ejecuten las regulaciones, normas o estándares correspondientes con precisión para que comprueben, verifiquen o certifiquen los productos y servicios que consume la sociedad.

Como hemos señalado, la prevención es de suma importancia, así como la detección oportuna, de ahí la importancia de manejar con gran exactitud los estudios que permiten detectar a tiempo cualquier enfermedad en niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres y adultos mayores; la falta de laboratorios acreditados y que den seguimiento a la normatividad mexicana, como es la aplicación de la NOM-007-SSA3-2012, son un obstáculo para garantizar el derecho a la salud consagrado en el artículo 4o. constitucional.

Los cambios producidos durante los últimos años en el sector salud han motivado un constante incremento en las pruebas de laboratorio, tanto en cantidad como en variedad y complejidad, y han transformado al laboratorio clínico en una parte cada vez más importante de la atención del paciente.

El laboratorio clínico como se ha señalado es el lugar donde los profesionales y técnicos en análisis clínicos, analizan muestras biológicas humanas que contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. También se conoce como laboratorio de patología clínica, y utiliza las metodologías de diversas disciplinas como la bioquímica (también llamada química clínica) hematología, inmunología y microbiología.

Los laboratorios demuestran su competencia técnica, asegurando la calidad de los resultados de los exámenes clínicos a través la comprobación del cumplimiento con los requisitos sobre estructura y organización, ética e imparcialidad, sistema de gestión de la calidad, personal, equipo, procedimientos técnicos, validación de métodos, calibración, trazabilidad, etcétera; establecidos en las normas oficiales mexicanas “NOM” como la NOM-007-SSA3-2012 y normas mexicanas “NMX” como la NMX-EC-15189-IMNC-2015.

Al tener la certeza que los laboratorios clínicos cuentan con la acreditación vigente expedida por una entidad de acreditación que reconozca su competencia técnica y su confiabilidad, estaremos en posibilidad de obtener resultados precisos muy satisfactorios y con ello brindar certeza, competencia técnica, transparencia, confianza y calidad en el diagnóstico médico.

Es de suma importancia señalar, que en México, como resultado de un desarrollo cada vez más dinámico por parte de la sociedad, la población debido a sus ocupaciones, reducción de tiempo e incluso por comodidad o hasta ignorancia, deciden en la desesperación por encontrar una solución inmediata a sus problemas, realizarse los análisis sin verificar si el laboratorio cuenta con alguna certificación o si reúne las condiciones necesarias para un resultado certero.

Por tal motivo, es necesario considerar que la población, independientemente de su condición, particularmente aquellos que padecen una enfermedad y requieren un diagnóstico preciso, tienen derecho a la salud, en consecuencia, es necesario dirigir, vigilar y aplicar la normatividad a los laboratorios clínicos para que garanticen la calidad en el servicio y permitan una atención y un tratamiento con calidad y con certeza.

Para garantizar lo anterior, debe de verificarse la aplicación de la NOM-007-SSA3-2012 y demás normatividad aplicable, así como la NMX-EC-15189-IMNC-2015; de igual forma, debe de reforzarse su aplicación y establecer programas para su conocimiento y vigilar el cumplimiento de la normatividad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del gobierno federal a verificar la aplicación y cumplimiento de la norma NOM-007-SSA3-2012 y demás normas aplicables a laboratorios clínicos, para generar las acciones necesarias que den cumplimiento a las especificaciones que se deben satisfacer para la organización y funcionamiento de los mismos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades sanitarias competentes en la materia a realizar las acciones necesarias en las 32 entidades federativas, para que, resultado de verificar la aplicación y el cumplimiento de las normas aplicables a los laboratorios clínicos, aplique las sanciones correspondientes a los establecimientos que no cumplan con la normatividad aplicable y, en su caso, realizar la clausura temporal o definitiva, parcial o total de los mismos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a hacer públicas, las medidas y acciones de vigilancia sanitaria que realiza para la aplicación de la norma NMX-EC-15189-IMNC2015 para que los laboratorios clínicos cumplan con los requisitos de calidad y competencia.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica).

Con punto de acuerdo, relativo a vigilar y proteger a los pescadores de Oaxaca a fin de evitar extorsiones por autoridades de la Sagarpa, y regular sus permisos para ejercer la actividad, a cargo del diputado Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Armando Contreras Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados; con fundamento en lo que disponen los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite someter a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

La costa mexicana tiene una longitud de alrededor de 11,500 km de extensión, La producción pesquera del país proviene tanto de la pesca por captura (realizada utilizando diferente artes de pesca según el tipo de peces y la zona), como por acuacultura (producción por cultivo). La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (Food and Agriculture Organization) posicionó a México en el lugar 17 de la producción pesquera a nivel global (2010), lo que equivale a una contribución del 0.95% a la producción mundial total.

En el Estado de Oaxaca; en sus 597 kilómetros de litorales, donde la producción agropecuaria y pesquera creció en 28.1 por ciento, en los últimos cinco años. Tiene un volumen de producción anual de más de 20 mil 331 toneladas de producto de mar de las cuales 525 toneladas están distribuidas en especies como: tiburón, cazón, guachinango, camarón, barrilete, jurel, mojarra, pargo, atún, lisa, raya etcétera, y en acuacultura tilapia y trucha, la actividad pesquera se coloca como una de las principales actividades productivas en el Estado de Oaxaca. La región de la costa va a lo largo del Océano Pacífico, limita al norte con la Región de la Sierra Sur; al este con el Istmo de Tehuantepec; al oeste con el estado de Guerrero y al sur con el Océano Pacífico, ocupa el 11% del territorio estatal comprende todo los Distritos de: San Pedro Pochutla, Santa Catarina Juquila, Santiago Jamiltepec.

La costa oaxaqueña, desde los arenales de Llano Grande en las estribaciones de Santiago Pinotepa Nacional, hasta los confines de Puerto Paloma e Isla Palizada, en los límites con Chiapas, atesora playas y litorales de portentosa belleza. Todo el litoral es propicio para la pesca y su impulso económico para el Estado.

El delegado de Sagarpa indicó que, en materia de pesca y acuacultura a través de la Conapesca, se ejerció un promedio de 40 millones anuales.

Como es del conocimiento público, el sector pesquero mexicano contribuye con sólo el 0.2% del PIB. Siendo un gran generador de fuentes de empleo, así como de ingresos económicos para el país. Además de ser una importante fuente de alimentación, la pesca genera más de 350 mil empleos directos y más de 2 millones de empleos indirectos.

Por lo anterior es de suma importancia la producción de alimentos de alta calidad nutricional como son los pescados y mariscos, se debe posicionar la actividad acuícola como estrategia en la provisión de alimentos y desarrollo regional.

Más sin embargo éstos esfuerzos han sido en vano recordemos que con el terremoto del año pasado la pesca en Oaxaca cayó abismalmente, dejando el gobierno estatal sin apoyo a los pescadores. Aunado a ello las autoridades del Estado de Oaxaca, otorgó permisos de pesca deportiva a éstos pescadores que practican la pesca con fines de comercialización, sin querer cambiar los permisos, lo que ocasiona extorsiones por parte de autoridades de Sagarpa por éste motivo, se debe fortalecer y potencializar a este sector tan importante y apoyar a los pescadores y a sus familias, protegiendo y revisando la normatividad de los permisos a nuestros pescadores.

La extorsión y hostigamiento de nuestros pescadores, quienes han trabajado en la mar desde tiempos inmemoriales, disminuyen la dinámica económica, crea corrupción y limita la labor, a pesar de ello se siguen realizando su trabajo con apego a la ley, usando las artes de pesca reglamentarias, esperando se tenga una legislación digna y a la altura que merecen nuestros pescadores y se aplique correctamente por el nuevo Gobierno Federal para reactivar ordenadamente la pesca en el país y cumpla con su aportación a la generación de riqueza y a la autosuficiencia alimentaria en México.

La extorsión se denomina como la presión que un individuo ejerce sobre el otro para obligarlo a actuar de cierto modo, y de esta forma obtener un beneficio económico o de otro tipo. La extorsión es uno de los delitos de alto impacto, que más ha aumentado y que nuestro sector pesquero ha estado viviendo estos últimos meses a cargo de autoridades de la Sagarpa. La pesca deportivo-recreativa es la que se practica con fines de esparcimiento o recreación con las artes de pesca previamente autorizadas por la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS). Los permisos para la pesca deportivo-recreativa se expedirán a personas físicas nacionales o extranjeras y serán individuales, improrrogables e intransferibles. Y los permisos de pesca deportiva no coinciden y son totalmente diferentes a los permisos que deben tener los pescadores que se dedican a la comercialización de su producto. En consecuencia, esto provoca extorsiones por parte de las autoridades a nuestros pescadores del Estado de Oaxaca.

La pesca es el principal benefactor alimenticio en México, sin embargo, un Estudio Social de la Pesca en México, realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO 2010), indicó que el nivel de bienestar de las comunidades pesqueras está por debajo del promedio nacional, ya que la mitad de los trabajadores del mar sobreviven con 500 pesos a la semana, sobre todo en entidades como Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Nayarit.

Para poder sufragar sus gastos deben pasar por diferentes etapas como la rentabilidad o compra de barcos, así como reparaciones, pago de trabajadores pesqueros, etcétera, éstos problemas son lo que enfrentan el sector pesquero, y aunado a ello se enfrentan con la extorsión de trabajadores de Sagarpa; por lo anterior, deben dejarlos continuar con su trabajo, que no sólo sirve para beneficio de los pescadores y su familia, sino de un estado, inclusive de un país.

Por ello se debe dejar trabajar digna y libremente a los pescadores del Estado de Oaxaca, mismos que son sujetos de codicia y extorsiones de personal de Sagarpa; quienes desde hace meses y años, viven con la incertidumbre de poder estar en alta mar sin ser víctimas de la extorsión. Contando con permisos coherentes y viables para tener una pesca por comercialización.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente proposición;

Punto de Acuerdo

Único: Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal y al titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. (Sagarpa) para vigilar y proteger a los pescadores del Estado de Oaxaca con la finalidad de evitar extorciones por parte de autoridades de Sagarpa, a pescadores oaxaqueños en tierra y mar, así como regular sus permisos para pesca.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de noviembre de 2018.

Diputado Armando Contreras Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a diseñar e implantar políticas públicas para proporcionar cobertura universal efectiva y de alta calidad en el sector salud del estado de México, a cargo del diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Diputado Juan Ángel Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario Morena de la LXIV Legislatura, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud como “el estado de completo bienestar físico, mental y social”. En México, el derecho a la salud está reconocido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y garantiza el acceso de todos los mexicanos a este servicio fundamental.

Sin embargo, el sistema de salud pública en México se encuentra en crisis, los sistemas de salud deberían contar con recursos suficientes para salvaguardar y promover la cobertura universal de salud, para satisfacer las necesidades de salud de sus poblaciones.

El Segundo Estudio de la OCDE sobre el Sistema de Salud de México 2016, destaca la desigualdad e ineficiencia del Sector Salud en nuestro país. Según el reporte demuestra que el nivel del gasto público de México en este rubro es comparativamente bajo, a diferencia de otros países de la OCDE, lo que se traduce en una limitada capacidad de respuesta del sistema para proporcionar una cobertura efectiva y de alta calidad.

Por los motivos antes señalados, el gasto del bolsillo de los mexicanos para obtener una mejor atención en el sector privado, es bastante alto, representando en diversos casos de enfermedades crónicas hasta el 45 por ciento. En la última década, a pesar de los esfuerzos por mejorar la calidad y atención del servicio, el gasto del bolsillo no ha disminuido, afectando gravemente a la población más vulnerable.

Datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, AC, el gasto del bolsillo para enfermedades como la hipertensión, diabetes mellitus, hepatitis viral, leucemia entro otras enfermedades crónicas, puede condicionar a una familia a caer en pobreza, ya que cubrir los gastos ocasiona endeudamiento hasta la venta el patrimonio familiar.

En cuestiones de cobertura, es insuficiente. Según los indicadores de la OCDE, en el Panorama de la Salud 2017, la mayoría de los países alcanzo la cobertura universal de los costos de cuidado de la salud, exceptuando por 6 países, incluyendo México. Aproximadamente 16 millones de mexicanos carecen de algún tipo de protección para los cuidados de la salud, de igual manera, el desabasto de medicamentos, es un problema en incremento en el sector, alrededor del 61 por ciento de la población se abastece con los medicamentos completos dentro de los servicios públicos.

El número de mexicanos que asisten a los servicios privados de salud es bastante alto, de hecho, un dato relevante es que México muestra una proporción desorbitante de hospitales privados a comparación de los públicos, con 11.4 hospitales públicos y 28.6 hospitales privados por cada millón de habitantes.

Lo anterior es derivado, además de la baja inversión en el sector, de la corrupción que impera en el campo de la salud pública. Mariclaire Acosta, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, menciono que el sector salud representa “un caldo de cultivo” para la corrupción; el desvió de recursos, la falta de personal preparado y servicios, así como la nula transparencia y rendición de cuentas.

El Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, estimo que cada año se pierden 200 mil millones de dólares por corrupción en el cuidado de la salud a nivel mundial. En México existe una deficiencia hasta del 20 por ciento en los servicios de salud. Dependiendo de la región dicho porcentaje puede variar.

En el caso del Estado de México, el Inegi declaró que es la entidad con mayor número de actos de corrupción. Pagos carentes de documentación comprobatoria, contratos celebrados con empresas fantasma, sobreprecios pagados por los estados y no entregar el ISR retenido a los trabajadores del sector salud; son irregularidades que destacan. Adicionalmente, los informes de la Auditoria Superior de la Federación, cada año muestran grandes inconsistencias presupuestales en dos ramos, el seguro popular y el Fondo de Aportaciones en Servicios de Salud. Los reportes muestran una serie de prácticas indebidas para la desviación de recursos que se replica de manera sistemática año con año.

El último informe de la ASF, identifico pagos con los recursos del FASSA por 23 millones 639 mil 600 pesos a personal que no se encuentra registrado en nómina, de igual manera realizo pagos por concepto de Cuotas y Aportaciones Obrero-Patronal de Seguridad Social por un monto de 573 millones 661 mil pesos que incluye recargos y actualizaciones por 9 millones 113 mil pesos. En el caso de PROSPERA, se encontró la duplicidad de cuentas bancarias del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) para la recepción y manejo de recursos.

Se hicieron observaciones por 1,270 millones, 750 millones y 36. 6 millones de pesos en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de la Salud, Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación entre la Secretaria de Salud y el Estado de México y PROSPERA respectivamente.

Aunando a lo anterior expuesto, existe una crisis de desabasto de medicamentos, materiales de curación e insumos básicos para la atención de calidad. Además de la crisis de salud por la que atraviesa del sector salud en el Estado de México, en los últimos años se ha convertido en crisis financiera. La deuda del sector salud asciende a más de 9 mil millones de pesos, de los cuales aproximadamente el 60 por ciento es con proveedores de insumos.

De acuerdo con el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el Estado de México registra el gasto público en salud más bajo a nivel nacional, con 2 mil 55 pesos por persona al año, a comparación de Aguascalientes de 25 mil 641 pesos per cápita y el promedio nacional es de 6 mil 206 pesos.

El gasto total promedio en salud es de 8 mil 194 pesos; de los cuales 6 mil 206 son gasto público, mil 987 gasto de bolsillo, y una aproximación del gasto privado de 2 mil 338; es decir, una composición 73/27 de gasto público y gasto de bolsillo en términos generales. En el Estado de México la composición es 59/41.

Otro rubro que destaca en los altos índices de corrupción es el Hospital Regional de Alta Espacialidad de Zumpango. Dichos hospitales representan para la mayoría de los mexicanos el único acceso a medicina especializada. En el reporte de Salud Deteriorada, se presentó un análisis minucioso que desnuda la alta corrupción estructural y sistemática que existe en el sector salud en el Estado de México.

En primer lugar, se analizó la ubicación de dichos hospitales, la conclusión es que se basaron en criterios políticos, no técnicos, ni en base a las necesidades de la población. Por ende, remite a diversas inconsistencias y a la subutilización de los recursos destinados.

Resulta que la ocupación promedio del HRAE es menor al 50 por ciento, un dato impactante es que los primeros dos años no alcanzaron ni el 20 por ciento de ocupación. En el ámbito de la tecnología, los resultados son deficientes. A pesar de contar con equipos especializados, como el sistema de cirugía robótica llamado Sistema Da Vinci, su promedio de utilidad es de tan solo del 7.6 por ciento. En cuestión de mastografías y resonancias, se realzan alrededor de .86 y 1.06 diarias respectivamente.

EL HRAE de Zumpango tiene el peor desempeño en la oferta para el tratamiento de diversas enfermedades crónicas, la pésima gestión del sector salud ha dado como resultado la muerte de miles de mexiquenses que no pudieron acceder a los servicios básicos, e inclusión de millones de familias a la pobreza, que no pudieron acceder y carecieron de servicios especializados, por los gastos generados enfermedades crónicas.

Por lo anteriormente expuesto me permito someter al pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador del Estado de México a que instruya a las dependencias involucradas en el sector salud, a trabajar de manera conjunta, con el fin de establecer políticas públicas y estrategias urgentes para proporcionar una cobertura universal efectiva y de alta calidad.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud del Estado de México a implementar una política integral que incluya la selección, compra, abasto y principalmente uso racional de medicamentos, además hacer públicas las estrategias y mecanismos que realizaran para cumplir con el abasto de insumos básicos para el sector salud.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Gobernador de Estado de México, Alfredo del Mazo Maza y a la Secretaria de Salud del Estado de México a revisar el contrato de Asociación Público – Privada (APP) del HRAE Zumpango, para mejorar las condiciones estipuladas con la empresa y hacer públicos los mecanismos y medios que implementaran para eficientar los gastos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018

Diputado Juan Ángel Bautista Bravo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades federales, estatales y municipales a impulsar campañas dirigidas a difundir mayor información sobre las enfermedades cardiacas que afectan a niños y adolescentes, a cargo de la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en la LXIV Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción I del artículo 6, el artículo 79, numeral 2, y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta respetuosamente a las autoridades federales, estatales y municipales para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsen campañas dirigidas a difundir mayor información sobre las enfermedades cardíacas que afectan a las niñas, niños y adolescentes y aumentar las acciones preventivas, así como considerar recursos suficientes para que el sector salud pueda dar atención a este grave problema, privilegiando el interés superior de la niñez. Lo anterior, en el marco del el Día Universal del Niño, celebrado el 20 de noviembre y a exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud federal a que, en el ámbito de sus facultades, realice a la brevedad la evaluación de los programas y acciones que en materia de prevención de enfermedades cardiovasculares en niñas, niños y adolescentes que se encuentren a su cargo, a fin de instrumentar las modificaciones necesarias para obtener mejores resultados. Asimismo, para que realice las acciones pertinentes para el desarrollo de modelos innovadores en la atención de dichas enfermedades, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Constitucionalmente existe una protección amplia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cabe recordar que el artículo 4o. constitucional explícitamente señala que “en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”. Por su parte, el artículo 73 faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de infancia: “expedir leyes que establezcan la concurrencia de la federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea parte”.

La reforma al artículo anterior permitió consolidar la reforma en materia de derechos humanos de los niños y niñas ya que, aunque se había firmado la Convención sobre los Derechos del Niño, no se le había otorgado al Congreso facultad expresa para que legislara al respecto.

Los dos artículos citados a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que dota de jerarquía constitucional a los tratados internacionales suscritos, ponen en evidencia que el andamiaje legal de protección a los derechos humanos de las niñas y los niños existe.

Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que hace falta una seria transformación de la estructura social, política y cultural que permita volver tangible lo establecido en el marco jurídico actual, para proteger los derechos reconocidos por nuestra Constitución y por los tratados internacionales que hemos signado. Sin un cambio de visión y sin la voluntad política de los diferentes actores políticos, se vuelve ocioso pensar en que efectivamente se pueden hacer valer los derechos reconocidos.

En este trabajo parlamentario se busca como objetivo principal presentar una de las más graves afecciones que atacan a nuestra niñez. Cada una de las condiciones patológicas que forman parte del cúmulo al que se le denomina “enfermedades cardiovasculares” (ECV) ocupan los primeros lugares entre las principales causas de muerte no sólo en México, sino a nivel mundial. La reflexión que nos deja la revisión de las estadísticas es muy dura, a nuestras niñas, niños y adolescentes los afectan muchos tipos de defectos cardíacos que se convierten en verdaderas pesadillas para los pacientes y sus familias y también para el sector salud, quienes ven como día con día su presupuesto no es suficiente para atender los procedimientos médicos.

Estos defectos cardíacos a veces son menores y otros son más serios. Los defectos pueden ocurrir dentro del corazón o en los vasos sanguíneos grandes por fuera de este. Algunos defectos cardíacos pueden necesitar cirugía inmediatamente después de que el bebé nazca. En otros casos, el paciente puede esperar meses o años hasta que lo operen afectando de manera constante su calidad de vida.

Una cirugía puede ser suficiente para reparar el defecto cardíaco, pero algunas veces se necesita una serie de procedimientos, para los cuales, las familias de los afectados se enfrentan al grave problema de que es muy difícil encontrar información para poder acceder a las instancias que permitan su pronta atención y si a eso sumamos que en México se estima que al año nacen alrededor de 20 mil niños con algún tipo de alteración cardiaca y que de acuerdo con reportes de la Secretaría de Salud, las enfermedades cardiacas ocupan el tercer lugar por causas de muerte en niños menores de un año de edad, sumado a la falta de recursos destinados a la prevención y atención de estos males, nos encontramos de frente con una terrible realidad para nuestras niñas, niños y adolescentes.

Se tienen registradas cerca de 200 cardiopatías congénitas distintas, la cuales tienen su origen al comienzo del embarazo cuando se está formando el corazón. Estos padecimientos pueden afectar diversas funciones del corazón y constituyen uno de los defectos de nacimiento más comunes; pueden ser tan graves que la vida de quienes las padecen peligre inmediatamente después de nacer. Dentro de la problemática relacionada a enfermedades cardiacas en niñas, niños y adolescentes debemos señalar aquellas que requieren cardiocirugía pediátrica para reparar los defectos cardíacos con los que nació un niño (defectos cardíacos congénitos) y cardiopatías que el niño presenta después del nacimiento y que necesitan cirugía. La cirugía y la información de los males cardíacos que afectan a los menores es necesaria que se tome como una prioridad por los tres niveles de gobierno. Por ello consideramos que esta propuesta debe atenderse y tomarse en cuenta en las agendas de todos los grupos parlamentarios, ya que nuestra misión como legisladores es trabajar por que las niñas, niños y adolescentes gocen a plenitud de sus derechos, y a tener acceso a los derechos que la propia Constitución les reconocen.

Este trabajo parlamentario es presentado en el marco del Día Universal del Niño, que se celebra todos los años el 20 de noviembre, y es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo. Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.

Las Naciones Unidas celebra el Día Universal del Niño el 20 de noviembre, porque es la fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado.

El objetivo del Día Universal del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por tanto, que más sufre las crisis y los problemas del mundo. Este día mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido.

Por ello, en esta fecha tan importante, debemos hacer un llamamiento sobre las necesidades de los más pequeños de nuestra sociedad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta a las autoridades federales, estatales y municipales, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, impulsen campañas dirigidas a difundir mayor información sobre las enfermedades cardíacas que afectan a las niñas, niños y adolescentes y aumentar las acciones preventivas, así como considerar recursos suficientes para que el sector salud pueda dar atención a este grave problema, privilegiando el interés superior de la niñez. Lo anterior, en el marco del el Día Universal del Niño, celebrado el 20 de noviembre.

Segundo. El pleno de la Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a que, en el ámbito de sus facultades, realice a la brevedad la evaluación de los programas y acciones que en materia de prevención de enfermedades cardiovasculares en niñas, niños y adolescentes que se encuentren a su cargo, a fin de instrumentar las modificaciones necesarias para obtener mejores resultados. Asimismo, para que realice las acciones pertinentes para el desarrollo de modelos innovadores en la atención de dichas enfermedades.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y el gobierno de Chiapas a anticipar la entrega de insumos agrícolas al periodo de siembra y garantizar así la seguridad en la producción de cultivos básicos, a cargo del diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

A partir de la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en septiembre de 2015, se busca en México poner fin a la pobreza y al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición en un marco de desarrollo sostenible en tres dimensiones: económico, social y ambiental.

Para estos propósitos, la estrategia programática para la agricultura consiste en facilitar el acceso a la justicia para todos y orientar los esfuerzos para la atención de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente.

En este marco, la política agrícola requiere impulsar una estrategia para construir un mejor rostro para el campo y el sector agroalimentario en su conjunto, con un enfoque de productividad, rentabilidad y competitividad, que sea incluyente e incorpore el manejo sustentable de los recursos naturales.

Se debe apoyar con proyectos productivos a grupos de mujeres y hombres que habitan en núcleos agrarios para que incrementen su productividad, otorgar incentivos preferentemente a los proyectos agroalimentarios; apoyar preferentemente a la población en condiciones de mayor marginación y vulnerabilidad; otorgar incentivos para la implementación de proyectos productivos de ampliación o escalamiento; incentivar la constitución legal de los beneficiarios con el objeto de coadyuvar a la eliminación de la pobreza.

Para cumplir con los objetivos y metas del desarrollo sostenible, en cada ejercicio presupuestal debe promoverse el éxito en la producción agrícola, propiciando que la operatividad de los programas para el campo se realice entre los meses de marzo a mayo, para cumplir en tiempo y forma con el calendario biológico del cultivo y así incrementar los volúmenes de producción. Se busca impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante capital físico, humano, tecnológico y pleno respeto a los ciclos biológicos de los procesos de producción de cultivos básicos.

Hay que garantizar la seguridad alimentaria.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) del Gobierno Federal y la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Chiapas, al beneficiar a los productores del sector rural con paquetes de apoyo a cultivos básicos, maíz y frijol, deben eliminar intermediarios políticos y canalizar los apoyos a los productores del campo en forma directa y apegarse a la cronología del proceso de producción de los cultivos así como de su ciclo biológico (Marzo a Mayo debe entregarse a más tardar).

Como diputado federal integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, promuevo la obligación de contribuir a garantizar la soberanía alimentaria para lograr el bienestar y la paz social de nuestro país; así como a refrendar el compromiso de garantizar el derecho de toda persona a una alimentación y nutrición dignas, abatir la pobreza y vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, a través del impulso de acciones necesarias para materializar la efectiva aplicación de la normativa agrícola y ambiental, por lo que someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación del Gobierno Federal y a la Secretaría del Campo del Gobierno del Estado de Chiapas, para que, con toda oportunidad, se anticipe la entrega de insumos agrícolas (plaguicidas, abonos y fertilizantes) al periodo de siembra, comprendido entre Marzo y Mayo y así garantizar la seguridad en la producción de cultivos básicos del Estado de Chiapas, como son el maíz y frijol, entre otros.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 20 de noviembre de 2018.

Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SEP a informar periódica y públicamente sobre el avance y cumplimiento del Programa de Inversión en Certificados de Infraestructura Educativa Nacional, a cargo de la diputada Jannet Téllez Infante, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Jannet Téllez Infante, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, 79, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública, a informar periódica y públicamente el avance y cumplimiento del Programa de Inversión en Certificados de Infraestructura Nacional (CIEN), al tenor de las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), Escuelas al CIEN es el programa del gobierno federal diseñado para garantizar que los planteles educativos sean de calidad. Es a través del Instituto que se distribuyen recursos a los estados con el fin de que éstos realicen diversas mejoras: atención a daños en muros, pisos, techos, ventanas, pintura, impermeabilización, escaleras, barandales, instalación eléctrica, servicios sanitarios, entre otras cosas.

La primera emisión de estos certificados se lanzó el 4 de diciembre de 2015, por más de 8 mil 500 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores, estableciendo que la cobertura del programa en los tres años subsecuentes sería la siguiente: 33 mil planteles de 2 mil 11 municipios del país, beneficiando a 5.2 millones de estudiantes, de los cuales 1 de cada 3 pertenecerían a escuelas indígenas.1

Sin embargo, según lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante 2016 únicamente se ejercieron 4 mil 791 millones de pesos de los 15 mil 970 millones de pesos asignados al programa. Es decir, sólo se gastó 30 por ciento del dinero, lo que a su vez impactó en el incumplimiento de los objetivos del programa.

En los resultados de la Auditoría Superior de la Federación desde 2016, se advierte que el programa no ha funcionado como debería, ya que estados como Oaxaca que es de las entidades más pobres del país, únicamente ejercieron recursos en 65 planteles educativos.

Para 2017, el entonces titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, anunció una inversión en la materia de 80 mil millones de pesos. De ese total, según Nuño, 50 mil millones se destinarán a dejar en condiciones dignas 33 mil planteles de educación básica.

Posteriormente a ello, nuestro país sufrió dos sismos de gran impacto los cuales dejaron graves consecuencias en materia de infraestructura escolar, impidiendo que miles de niños puedan recibir una educación de calidad como lo mandata el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece:

“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado –federación, estados, Ciudad de México y municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”.

La educación que imparte el Estado, tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa, y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.2

No obstante lo anterior, la crisis de infraestructura escolar continúa siendo uno de los grandes rezagos que tiene el gobierno federal hasta el día de hoy, en la que miles de estudiantes no cuentan con planteles dignos para recibir la educación a la que tienen derecho.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que informe periódica y públicamente a la ciudadanía, el avance y cumplimiento del programa Escuelas al CIEN.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Educación Pública difundir por los medios electrónicos que considere oportunos sobre el ejercicio de los recursos del programa Escuelas al CIEN.

Notas

1 www.gob.mx/inifed/artículos/que-son-escuelas-al-100-102263?idiom=es

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de noviembre de 2018.

Diputada Jannet Téllez Infante (rúbrica)