Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a fortalecer los medios de acción considerados en el plan Estás en tu Casa para atender la seguridad y protección de los derechos humanos del éxodo migrante centroamericano, a cargo de la diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 26 de octubre, el presidente Enrique Peña Nieto, anunció la implantación del Plan “Estás en tu casa”, a través del cual se aseguraba, que se brindarían opciones de trabajo temporal para los integrantes del éxodo migrante centroamericano, en tanto resuelvan su situación migratoria.

Esto, bajo la condición de que las personas migrantes registren su estancia en el país ante el Instituto Nacional de Migración o el reconocimiento de su condición como refugiados, solicitando su incorporación al Programa de Empleo Temporal (PET) y teniendo acceso a servicios de salud, trámites y estancia en albergues, estando obligadas a permanecer en los estados de Oaxaca y de Chiapas, en donde, por cierto, ni siquiera se menciona en este plan, la ubicación de los albergues, ni existe una oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la primera entidad mencionada.1

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, alrededor de 5 mil 347 migrantes han ingresado a México, de los cuales 2 mil 300 están en espera de ser beneficiarias del PET, población para la cual serán destinados $ 80 millones de pesos.2

No obstante, se debe entender que se trata de un fenómeno de desplazamiento forzado por razones humanitarias, de extrema pobreza y de inseguridad que sufren estos migrantes en sus países de origen. Se presume que 2 mil 307 de ellos son menores de edad y 2 mil 234 mujeres, además de personas mayores de edad.

Solamente en Chiapas se encuentran registradas 3 mil 230 solicitudes de refugio y 27 en Oaxaca, siendo que se les brinda asistencia a únicamente mil 650 de ellas en el albergue del Recinto Ferial de Tapachula. Esto debido a que no existen los albergues suficientes para poder alojar a nuestros hermanos centroamericanos, además de que los que actualmente están operando ya se encuentran al tope de su capacidad.3

Si bien, se debe reconocer la solicitud de apoyo a la que recurrieron las autoridades mexicanas con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), también es importante señalar que persiste la incapacidad institucional que tiene la Comar para dar respuesta a estas solicitudes y ofrecer sitios de alojamiento, ya que incluso desde 2017, de 14 mil 596 solicitudes ,que se recibieron previo a este movimiento, más del 50% no tienen resolución aún, acumuladas a las ya existentes desde el año 2016.4

A su vez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado que, en las instalaciones del Recinto Ferial, las niñas, niños y adolescentes se encuentran expuestos a situaciones de problemas psicológicos y de desarrollo, relacionados con experiencias de su pérdida de libertad y separación forzada.

Asimismo, se ha documentado que este grupo vulnerable del éxodo migrante, el cual cuenta incluso con la presencia de mujeres embarazadas, ha sido víctima de las altas temperaturas que enfrentan durante su caminata, causándoles deshidratación y fiebre, además de que la falta de instrumentos y espacios de higiene les podría provocar enfermedades infecciosas que se podrían propagar fácilmente.

La misma CNDH, ha solicitado a las autoridades investigar el caso en que una persona fue golpeada por un servidor público del INM en el municipio de Arriaga, Chiapas, y el sobrevuelo de un helicóptero de la Policía Federal a pocos metros de altura, en el Río Suchiate de la misma entidad, que puso en riesgo a un grupo de personas en este contexto de movilidad.

Por su parte, con el acercamiento de integrantes de este éxodo migrante a la Ciudad de México, se hace notar la falta de coordinación del gobierno federal con autoridades locales, ya que en la capital del país se ha habilitado el estadio Jesús Martínez de Ciudad Deportiva para su recibimiento, mientras el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, declaraba no contar con información oficial sobre el tema.5

Sobre este tema, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México estima que llegarán cerca de 5 mil personas migrantes, teniendo diferentes rutas y contingentes, ya que a la primera y segunda movilización de migrantes se le unirá una tercera que actualmente se encuentra transitando hacia el municipio de Tapachula, grupo el cual no se encuentra considerado por la protección del Estado mexicano.6

Es por ello que la propuesta del gobierno federal, plasmada en el denominado Plan “Estás en tu casa” resulta insuficiente para atender la seguridad y protección de los derechos humanos de las personas que integran este éxodo migrante, ya que solamente contempla el ejercicio de recursos ya previstos por las Reglas de Operación del PET, que prevé el destino de este financiamiento para atender contingencias.

Del mismo modo, el llamado plan dispone del reconocimiento de derechos ya contemplados por la Ley de Migración, y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, es decir, no existen medidas de fondo, mediante la formulación de una política pública integral, que atiendan el fenómeno migratorio que suscita nuestro país en estos momentos, y refrende su solidaridad con los pueblos hermanos.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a formular e implementar una política pública integral que garantice la seguridad y protección de los derechos humanos de las personas integrantes del éxodo migrante centroamericano.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a las autoridades federales y estatales, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil, a garantizar la seguridad y vigilancia en las rutas por las que transita el éxodo migrante centroamericano, así como brindar la asistencia humanitaria y hacer de su conocimiento los derechos a los cuales son sujetos, privilegiando el interés superior de la niñez.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que haga pública la información relacionada a las personas que se encuentran instaladas en los albergues, así como los procedimientos y situación en la que se encuentran sus solicitudes de refugio, a fin de dar puntual seguimiento a sus actividades.

Notas

1 Segob. (2018). El presidente Enrique Peña Nieto anuncia el plan “Estás en tu casa” en apoyo a los migrantes centroamericanos que se encuentran en México. Consultado el 31 de octubre de 2018 en:

https://www.gob.mx/segob/prensa/el-presidente-enrique-pe na-nieto-anuncia-el-plan-estas-en-tu-casa-en-apoyo-a-los-migrantes-cent roamericanos-que-se-encuentran-en-mexico-180268?idiom=es

2 Noticieros Televisa. (2018). Migrantes no ponen en riesgo soberanía de México, dice Navarrete Prida. Consultado el 31 de octubre de 2018 en:

https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/migrant es-no-ponen-riesgo-soberania-mexico/

3 Segob. (2018). Atención de las autoridades mexicanas a los migrantes centroamericanos. Consultado el 03 de noviembre de 2018 en:

https://www.gob.mx/segob/prensa/atencion-de-las-autorida des-mexicanas-a-los-migrantes-centroamericanos-181045

4 Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. (2018). México está obligado a brindar protección a personas desplazadas centroamericanas; no presenciamos una caravana sino un desplazamiento forzado. Consultado el 02 de noviembre de 2018 en:

http://gtpm.mx/wp-content/uploads/2018/10/COMUNICADO_E%C C%81XODO-HONDURAS-22102018.pdf

5 Reforma. (2018). Contemplan 80 millones de pesos para migrantes. Consultado el 1 de noviembre de 2018 en:

https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/
default.aspx?id=1529641&md5=8741a21aa5bdca3b0d55d929384245e8&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

6 Milenio Digital (2018). “Tercer caravana migrante se divide para llegar a Oaxaca. Consultado el 11 de noviembre de 2018 en: http://www.milenio.com/estados/tercer-caravana-migrante-divide-llegar-o axaca.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de noviembre de 2018.

Diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Profeco a promover de inmediato una efectiva coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para implantar medidas conducentes a evitar que en el “buen fin” los proveedores incurran en publicidad engañosa y evitar el reetiquetado de precios, en perjuicio de los consumidores, a cargo de la diputada Dulce Alejandra García Morlan, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Dulce Alejandra García Morlan, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional representado en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, por la cual se exhorta respetuosamente al Titular la Procuraduría Federal del Consumidor, para que dentro del ámbito y en el ejercicio de sus atribuciones, promueva de manera inmediata una efectiva coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales que correspondan, para implementar las medidas necesarias con la finalidad de evitar que en el próximo fin de semana comercial conocido como “buen fin” que abarcará del 16 al 19 de noviembre, los proveedores lleven a cabo acciones de publicidad engañosa y se evite, a toda costa, el reetiquetado de precios en los productos en perjuicio de los consumidores, la cual se justifica al tenor y bajo las siguientes:

Consideraciones

1. La presente proposición con punto de acuerdo se en virtud de que la celebración de la jornada comercial conocida como el “Buen Fin”, está próxima a realizarse y esta Cámara de Diputados tiene la obligación legislativa de pronunciarse al respecto de manera previa a dicho evento.

2. La Ley Federal de Protección al Consumidor establece en el artículo 1, fracción VII, que dicha ley es de orden público e interés social y de observancia en toda la República, sus disposiciones son irrenunciables y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, convenios o estipulaciones en contrario y que el objeto de dicha esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores siendo principios básicos en las relaciones de consumo la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.

3. Por su parte, el artículo 24, fracción IX Ter, de dicha ley dispone, además, que la Procuraduría Federal del Consumidor tiene, entre sus atribuciones, promover la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales que corresponda, a fin de asegurar la protección efectiva al consumidor en contra de la información o publicidad engañosa o abusiva.

4. No menos importante resulta indicar que la citada ley dispone en los primeros tres párrafos del artículo 32 lo siguiente:

a) La información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables, claros y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

b) Para los efectos de esa ley, se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta, y

c) La información o publicidad que compare productos o servicios, sean de una misma marca o de distinta, no podrá ser engañosa o abusiva en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior.

5. Ahora bien, tomando en consideración lo establecido por la ley de la materia, no podemos olvidar ni, mucho menos, pasar por alto, que a lo largo de la existencia del fin de semana comercial conocido como “Buen Fin”, la inmensa mayoría de los proveedores llevan a cabo acciones indebidas en perjuicio de los consumidores como lo es el incrementar los precios de manera previa al fin de semana comercial, con la finalidad de que los días en que se lleve a cabo la jornada de el “Buen Fin”, se reetiqueten los productos bajando los precios previamente incrementados, haciendo creer al público consumidor la existencia de una oferta o reducción en los precios, lo cual se realiza mediante acciones de publicidad engañosa, burlando así la buena fe de los consumidores.

6. Por lo expuesto y con la finalidad de proteger los derechos de los consumidores, se estima adecuado y prudente hacer un cordial exhorto al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a fin de que, en ejercicio de sus atribuciones, lleve a cabo las medidas necesarias con base en la ley de la materia, para salvaguardar los derechos de los consumidores ante cualquier práctica mal sana que intenten llevar a cabo los proveedores durante la celebración de la próxima jornada comercial conocida como el “Buen Fin”

Ahora bien, en términos de las manifestaciones anteriormente establecidas, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al titular la Procuraduría Federal del Consumidor, para que dentro del ámbito y en el ejercicio de sus atribuciones, promueva de manera inmediata una efectiva coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales que correspondan, para implementar las medidas necesarias con la finalidad de evitar que en el próximo fin de semana comercial conocido como “buen fin” que abarcará del 16 al 19 de noviembre, los proveedores lleven a cabo acciones de publicidad engañosa y se evite, a toda costa, el reetiquetado de precios en los productos en perjuicio de los consumidores.

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de noviembre de 2018.

Diputada Dulce Alejandra García Morlan (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a promover una amplia inclusión de los adultos mayores en actividades culturales y deportivas, a cargo de la diputada Marcela Guillermina Velasco González, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Marcela Guillermina Velasco González, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta respetuosamente al gobierno federal para que, a través de las secretarías de Salud y de Cultura y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, fortalezca las acciones que promuevan una amplia inclusión de los adultos mayores en actividades culturales y deportivas , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Los adultos mayores constituyen uno de los sectores de la población más vulnerables, ya que todas sus capacidades se ven reducidas en gran medida por el paso del tiempo, afectando su condición física y mental, lo que influye de manera directa en el desarrollo de sus actividades diarias.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la población está envejeciendo rápidamente y estima que entre 2015 y 2050 la proporción de la población mayor de 60 años se multiplicará casi por dos, pasando del 12 por ciento al 22 por ciento.1

De acuerdo con los especialistas, son muchos los factores sociales, psíquicos y biológicos que determinan la salud mental y física de las personas mayores. Además de las causas generales de tensión con que se enfrenta todo el mundo, muchos adultos mayores se ven privados de la capacidad de vivir independientemente por dificultades de movilidad, dolor crónico, fragilidad u otros problemas mentales o físicos, de modo que necesitan asistencia a largo plazo.

Adicionalmente, son más frecuentes las experiencias como el dolor por la muerte de un ser querido, un descenso del nivel socioeconómico como consecuencia de la jubilación, o la discapacidad, factores que pueden ocasionarles aislamiento, pérdida de la independencia, soledad y angustia.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece la edad de 60 años para considerar que una persona es adulta mayor, aunque en los países desarrollados se considera que la vejez empieza a los 65 años.2

No obstante, aunque la edad cronológica es uno de los indicadores más utilizados para considerar a alguien viejo o no, ésta por sí misma no brinda un índice exacto sobre la situación en la que se encuentran los sentimientos, deseos, necesidades y las relaciones de una persona.

Por lo anterior, es muy importante que mantengan en cuidado su estado de salud acudiendo a revisión médica de manera preventiva, así como permanecer activos durante el mayor tiempo posible, mediante actividades deportivas o culturales que sigan fortaleciendo sus capacidades.

Con el objeto de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares y la salud ósea y funcional, y de reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT), depresión y deterioro cognitivo, la OMS recomienda lo siguiente:3

-Los adultos de 65 años en adelante deben realizar 150 minutos semanales de actividades físicas moderadas aeróbicas, o bien algún tipo de actividad física vigorosa aeróbica durante 75 minutos, o una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas.

-La actividad deberá practicarse en sesiones de 10 minutos, como mínimo.

-Con la finalidad de obtener mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de edades podrán dedicar hasta 300 minutos semanales a la práctica de actividad física moderada aeróbica, o bien 150 minutos semanales de actividad física aeróbica vigorosa, o una combinación equivalente de actividad moderada y vigorosa.

-Los adultos mayores con movilidad reducida realicen actividades físicas para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más a la semana.

-Se realicen actividades que fortalezcan los principales grupos de músculos dos o más días a la semana.

-Cuando los adultos de mayor edad no puedan realizar la actividad física recomendada debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos en la medida en que se lo permita su estado.

La evidencia disponible demuestra de forma contundente que, en comparación con los adultos mayores menos activos y las personas mayores físicamente activas:

-Presentan menores tasas de mortalidad por todas las causas.

-Tienen un perfil de biomarcadores más favorable para la prevención de las enfermedades cardiovasculares, la diabetes de tipo 2 y la mejora de la salud ósea, y

-Presentan una mayor salud funcional, un menor riesgo de caídas, unas funciones cognitivas mejor conservadas, y un menor riesgo de limitaciones funcionales moderadas y graves.

En este mismo sentido, el acercamiento de las expresiones artísticas en las personas ayuda a su desarrollo, en el caso de los adultos mayores todas aquellas actividades culturales contribuyen en el retraso de ciertos padecimientos mentales, además ser acciones inclusivas en la sociedad.

En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 13.8 millones de personas de 60 años y más, lo que representa un crecimiento de 8.6 por ciento con respecto a las cifras del 2014 (1.1 millones más de adultos mayores).4

Las cifras también indican que este segmento representa 11.3 por ciento del total de la población; es decir, uno de cada 10 mexicanos es adulto mayor de 60 años. Con respecto al género, se observa que la composición poblacional prevalece incluso en las personas adultas mayores: 53.8 por ciento del total de adultos mayores es de mujeres y 46.2 por ciento es de hombres.

De igual forma, el 85.9 por ciento de este segmento de la población ha recibido algún cuidado preventivo de salud en el último año, frente a 14.1 por ciento que no los recibe. Dichos cuidados consisten, principalmente, en pruebas de diabetes, presión arterial, peso y talla.

En el primer trimestre de 2017, la tasa de participación económica de la población de 60 y más años es de 34 por ciento, mientras que la población no económicamente activa representa 66 por ciento y de este, más de la mitad (54 por ciento) se dedican a los quehaceres del hogar.5

La encuesta también señala que en el país hay 33.5 millones de hogares y en 30.1 por ciento de estos reside al menos una persona de 60 y más años. La composición de los hogares, donde vive al menos un adulto mayor, es clasificado como familiar en un 83.5 por ciento, en tanto que el resto (16.5 por ciento), lo conforman los hogares unipersonales o corresidentes (donde no hay ningún lazo de parentesco entre sus integrantes).

Un aspecto que vulnera a las personas de edad es no tener un apoyo al interior del hogar. En el país hay 1.6 millones de personas de 60 y más años que viven solas y la mayoría son mujeres (63 por ciento). Otro aspecto que vulnera a los hogares con al menos un adulto mayor es que su único ingreso proviene de una o varias personas que tienen 60 y más años: 37.1 por ciento (3.7 millones) de estos hogares cumple con dicha condición.

En la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2014, una proporción de 24.1 por ciento de los adultos mayores declaró hacer deporte o ejercicio físico y el tiempo promedio dedicado a la semana es de 4.3 horas. En cuanto a la asistencia a eventos culturales, deportivos y de entretenimiento, 8.3 por ciento de las personas de 60 y más años dedican parte de su tiempo a estas actividades con un promedio de 4.1 horas a la semana.

Mientras que el artículo 9 indica que la familia de la persona adulta mayor deberá cumplir su función social; por tanto, de manera constante y permanente deberá velar por cada una de las personas adultas mayores que formen parte de ella, siendo responsable de proporcionar los satisfactores necesarios para su atención y desarrollo integral.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal para que, a través de las secretarías de Salud y de Cultura y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, fortalezca las acciones que promuevan una amplia inclusión de los adultos mayores en actividades culturales y deportivas.

Notas

1 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/la-salud-mental-y-lo s-adultos-mayores

2 http://www.adultomayor.cdmx.gob.mx/index.php/quien-es-el-adulto-mayor

3 http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_olderadults/es/

4 https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/
Condiciones-sociodemograficas-de-los-adultos-mayores-en-Mexico-20170905-0134.html

5 http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017/edad2017_Nal.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días de noviembre de 2018.

Diputada Marcela Guillermina Velasco González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la desaparición del joven Carlos Arturo Morales Alfaro, ocurrida el 24 de octubre del presente año en Comitán de Domínguez, Chiapas, a cargo de la diputada María Roselia Jiménez Pérez, del Grupo Parlamentario del PT

La suscrita, María Roselia Jiménez Pérez, diputada federal a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracciones I y II, ambos del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas a que dé a conocer el porqué de sus omisiones en la investigación del joven Carlos Arturo Morales Alfaro, desaparecido el 24 de octubre del presente año, en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas.

Exposición de Motivos

La sociedad mexicana, a lo largo y ancho del país, vive una profunda ola de inseguridad. Los homicidios, robos y muchos otros delitos, que agravian a la sociedad quedan impunes. Hay hechos lamentables, en donde mujeres son asesinadas con saña y eso genera la atención de los medios de comunicación y la típica respuesta de la autoridad investigadora, de que van a realizar su tarea para “dar con los responsables y aplicar todo el peso de la ley”.

De la delincuencia nadie está a salvo, integrantes de esta soberanía han enfrentado el dolor de la pérdida de un ser querido.

El estado de Chiapas no está al margen del clima generalizado de violencia y de la impunidad con que operan los delincuentes. En días pasados, el 24 de octubre, desapareció el joven Carlos Arturo Morales Alfaro, en la ciudad de Comitán de Domínguez. Los padres del joven se constituyeron ante la autoridad ministerial para presentar su denuncia y que se abriera la carpeta de investigación, sin embargo, la respuesta de la autoridad fue de evadir su responsabilidad de investigar, en particular el licenciado Ali Reybel Arista Chávez, al decirles a los padres: “Señora, hay casos más importantes que el caso de su hijo, tenemos cosas más importantes”. Lo volvió a repetir: “su hijo está vivo y su ubicación es en Cintalapa, porque ahí fue donde su celular dejo de funcionar”.

Esta dilación en investigar por parte de los licenciados Javier López González y Ali Reybel Arista Chávez produjo que sus omisiones se tradujeran en que se privara de la vida al joven Carlos Arturo Morales Alfaro.

El cuerpo del joven fue encontrado sin vida el 31 de octubre del año en curso, en la ciudad de Cintalapa, Chiapas.

Vale preguntarnos si el marco jurídico que tenemos para perseguir a la delincuencia es el correcto y si las familias encuentran protección al amparo de la ley cuando algún ser querido resiente un delito. De qué sirve que el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantice los derechos de la víctima o del ofendido, por la comisión de un delito, si las autoridades investigadoras se niegan abrir las carpetas de investigación o haciéndole se quedan sin investigar absolutamente nada.

Los padres del joven Carlos Arturo Morales Alfaro reclaman justicia, ellos agotaron las vías jurídicas previstas en la ley, pero estas no les dieron ninguna respuesta.

Lo peor que le puede pasar a este país es que la impunidad prevalezca, pero si a la impunidad le sumamos la negligencia de las autoridades para cumplir sus tareas, el daño resulta más grave.

Es por ello que hago mía la justa demanda de los familiares para exigir justicia y por eso presento la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que la Fiscalía General de Justicia de Chiapas dé a conocer a los padres el porqué de sus omisiones en la investigación de la desaparición del joven Carlos Arturo Morales Alfaro.

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a consideración de esta asamblea proposición con

Punto de Acuerdo

Único . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General de Justicia del estado de Chiapas a hacer del conocimiento de los padres del joven, quien desapareció y fue asesinado en dicho estado, el porqué de sus omisiones en la investigación con expediente R.A. 2288-019-0601-2018.

De igual forma que dé a conocer a la sociedad chiapaneca las medidas que implementarán para evitar que su omisión en la investigación de delitos se traduzca en violaciones de los derechos humanos y garantías constitucionales de los gobernados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2018.

Diputada María Roselia Jiménez Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a considerar el principio de género en la formación de las mesas directivas y la rotación de las presidencias correspondientes, a cargo de la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. A lo largo de su historia, nuestra Constitución política ha sido objeto de numerosas modificaciones, sin embargo, aquéllas que benefician directamente a las mujeres son contadas. Entre una de las más importantes reformas se encuentra la del artículo 34 constitucional, promulgada en 1953, que permitió reconocer la ciudadanía de las mujeres. Otra reforma constitucional es aquella realizada en 1974, que modificó los artículos 4, 5 y 123 para establecer la igualdad jurídica entre mujeres y hombres.

En 2001 tuvieron lugar otras dos reformas constitucionales fundamentales. La primera, modifica el artículo 1 para consagrar la prohibición de toda discriminación motivada, entre otras, por el género. La segunda, la reforma del artículo 2 constitucional estableció que se debe garantizar la participación de las mujeres indígenas en condiciones de equidad, así como la obligación de las autoridades de propiciar su incorporación al desarrollo.

Otro avance significativo es la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos que, entre otras cosas, reconoce que toda persona goza de dichos derechos, así como de los mecanismos de garantía reconocidos tanto en nuestra Constitución política como por tratados internacionales, además de la obligación del Estado mexicano, en todos sus niveles de promoverlos, protegerlos y garantizarlos.

Como parte de la reforma constitucional de 2011, también resulta necesario destacar la reforma al artículo 133, que establece el principio de supremacía constitucional de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte. En razón de ello, es que instrumentos encaminados a la protección de los derechos humanos de las mujeres como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y Convención Belem do Pará se convierten en ley suprema.

Por último, se encuentra la reforma política-electoral de 2014 que eleva a rango constitucional la paridad de género en las candidaturas a la Cámara de Diputados, Senado y congresos estatales.

Sumado a estas reformas constitucionales, también fueron promulgadas leyes generales encaminadas principalmente a la protección de los derechos humanos de las mujeres, tales son los casos en 2003 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en 2006 la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Así las cosas, el artículo 14 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala: “Los congresos de los estados, con base en sus respectivas constituciones, y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con arreglo a su Estatuto de Gobierno, expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, política y objetivos que sobre la igualdad entre mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley.”

II. Como se describió anteriormente, en 2014 se elevó a rango constitucional la paridad de género en las candidaturas para los congresos federal y locales.

La paridad de género tiene por objeto la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, asimismo, se trata de una medida permanente que tiene como fin garantizar la inclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisiones.

Dicho principio constitucional tuvo su primera prueba en el proceso electoral 2014-2015, donde a través de diversas resoluciones de los tribunales, la paridad también fue introducida a candidaturas a nivel municipal. Es decir, la paridad fue reconocida en dos dimensiones: vertical y horizontal.

Desde su elevación a rango constitucional, la paridad de género ha permitido alcanzar grandes avances en el empoderamiento político de las mexicanas, principalmente en el Poder Legislativo tanto federal como local.

En el proceso electoral reciente se lograron resultados sin precedentes que permitieron contar con un Congreso de la Unión paritario por primera vez en la historia de México.

No obstante, la paridad de género por sí misma no garantiza la igualdad sustantiva. Esta tiene que estar acompañada de nuevas medidas para mantener el avance del empoderamiento de las mujeres.

III. En las diferentes leyes orgánicas de cada uno de los congresos locales se observa el papel fundamental que realizan las mesas directivas en el desarrollo de los trabajos legislativos, siendo importantes en su actuar en cómo se lleven a cabo las discusiones y votaciones, así como las deliberaciones que se den en las sesiones del pleno. Sin embargo, en muy pocas de las leyes orgánicas en cuestión establecen el principio de género en la conformación de sus mesas directivas, y en ninguna de éstas se garantiza este principio en la elección de la presidencia. Aunado a lo anterior, en algunas de las leyes orgánicas la periodicidad de la rotación de las mesas directivas es únicamente por tres ocasiones, e incluso con posibilidad de reelección.

Tabla 1Principio de equidad de género en la conformación de la mesa directiva de los congresos locales observado en sus respectivas leyes orgánicas:

Fuente: elaboración propia con base en las leyes orgánicas de los congresos locales.

IV. En virtud de los razonamientos antes expuestos, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los congresos locales de las entidades federativas, con estricto respeto a su soberanía, a considerar el principio de género en la conformación de sus mesas directivas y en la rotación de sus presidencias.

Notas

1 http://www.congresoags.gob.mx/Transparency/getlaws#

2 http://www.congresobc.gob.mx/w22/index_legislacion.html

3 http://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos-legislativos/leyes

4 http://www.congresocol.gob.mx/web/Pagina/index.php/c_biblioteca/constit ucion

5 http://legislacion.congresocam.gob.mx/index.php/leyes-focalizadas/antic orrupcion/110-ley-organica-poder-legislativo

6 www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/LEY_0068.pdf?v=Nw==

7 http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/leyes/in dex.php

8 http://aldf.gob.mx/archivo-19b60a18b17119f626e931be1cb15dd4.pdf

9 http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa60.pd f

10 http://congresodurango.gob.mx/trabajo-legislativo/legislacion-estatal/

11http://www.secretariadeasuntosparlamentarios.gob.mx/le yes_y_codigos.html

12 http://www.congresogto.gob.mx/leyes

13 http://congresogro.gob.mx/inicio/index.php/marco-normativo-del-h-congre so-del-estado

14 http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/LEYES_VIGENTE S/leyes_vigentes-lxiv.html

15 http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/ Listado.cfm#Leyes

16 http://congresomich.gob.mx/trabajo-legislativo/

17 http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LOCONGEM.pdf

18 http://www.congresonayarit.mx/media/1145/ley-organica-congreso.pdf

19 http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/

20 http://congresooaxaca.gob.mx/legislacion_estatals

21 http://congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_content&view=arti cle&id=10690&Itemid=576

22 http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/
LEY-ORGANICA-DEL-PODER-LEGISLATIVO-SEPTIEMBRE-19-2018.pdf

23 http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L152017092 6082.pdf

24 http://congresosanluis.gob.mx/legislacion/leyes?page=4

25 http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/leye s/zip/ley_organica_congreso_7-may-2018_.pdf

26 http://www.congresoson.gob.mx/Transparencia/Leyes

27 http://lxii.congresotabasco.gob.mx/trabajo-legislativo.php

28 www.congresotamaulipas.gob.mx/LegislacionEstatal/LegislacionVigente/Ver Ley.asp?IdLey=64

29 http://www.legisver.gob.mx/Inicio.php?p=le

30 http://www.congresoyucatan.gob.mx/legislacion/leyes

31 http://www.congresozac.gob.mx/content/leyes/leyes.htm

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2018.

Diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la CNDH a realizar gestiones a fin de asegurar en las playas del país el acceso incluyente generalizado, sobre todo para las personas con discapacidad, y emitir medidas cautelares y acciones jurídicas a efecto de garantizarlo, a cargo de la diputada Mónica Almeida López, del Grupo Parlamentario del PRD

Con fundamento en la facultad que otorga la fracción I del artículo 6o., así como el artículo 79 en su inciso 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la que suscribe, diputada Mónica Almeida López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, pone a consideración de esta asamblea legislativa el siguiente punto de acuerdo que tiene por objeto girar atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a efecto de que en el ámbito de su competencia y, de manera coordinada, realice gestiones que dentro de sus facultades estime pertinente y suficientes para que el acceso a las playas del país sea inclusivo para todas las personas, sobre todo aquellas que cuenten con alguna discapacidad y, asimismo, se emitan las medidas cautelares y acciones jurídicas para garantizar que esto ocurra, al tenor de los siguientes razonamientos de hecho y de derecho que se señalan en las siguientes

Consideraciones

1. Objeto del punto de acuerdo:

Por medio de este punto de acuerdo se tiene por objeto coadyuvar a garantizar que todas las playas a nivel nacional sean incluyentes acorde a los tratados internacionales y demás legislación en la materia.

2. Contexto global

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha mantenido a la vanguardia respecto de los procesos de la comunidad internacional en materia de derechos humanos, al reconocer que todos los seres humanos poseen derechos inalienables.

Es en este proceso donde se forja el cambio de paradigma de un modelo médico asistencialista a un modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad, es donde se genera una corresponsabilidad de la sociedad, el Estado y las personas con discapacidad.

Lo anterior se ve reflejado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que fue aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta convención tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Es por ello que debemos modificar nuestra cultura de percepción de las personas con discapacidad en virtud de que poseen los mismos derechos que cualquier persona, iniciando con el Estado, sus políticas públicas y sus acciones en concreto, por lo que todos debemos propiciar su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.1

La propia convención señala 5 acciones para crear una sociedad incluyente:

• Promueve la eliminación de barreras físicas, de información, de comunicación y lograr que se tenga una actitud positiva hacia las personas con discapacidad, interactuando de manera cordial con ellas

• Cuando desarrolles una actividad o brindes un servicio, pregunta a la persona con discapacidad (auditiva, intelectual, física, psicosocial o visual), la mejor manera de proporcionarlo.

• No limites la autonomía de las personas con discapacidad con actitudes de sobreprotección o rechazo.

• Confía en las capacidades, méritos y habilidades de las personas con discapacidad, todos podemos contribuir a la construcción de una sociedad incluyente.

• Procura que todos los espacios, bienes y servicios, sean adecuados para cualquier persona, sin necesidad de hacer grandes modificaciones.

En razón de ello tratándose de desarrollo sostenible y prosperidad urbana se observa que se requiere de un marco institucional que proponga el ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y urbanos para toda la población

La justicia social relacionada con el acceso equitativo, oportuno y fácil de recursos para toda la población se podrá lograr en un contexto de igualdad generalizada no sólo ante la ley sino ante las oportunidades de desarrollo urbano

Sin embargo, tanto la localización de las viviendas en contextos de segregación y fragmentación urbana, como determinadas prácticas discriminatorias en espacios públicos, son elementos que inhiben procesos de inclusión y la interacción social generada desde la confianza y la seguridad. En este sentido, se debe hacer énfasis en uno de los principales derechos urbanos, como lo ese el acceso equitativo de una vivienda adecuada con espacios públicos incluyentes y servicios urbanos accesibles y de calidad para el conjunto de la población.

En la Conferencia Internacional Hábitat III, celebrada en la ciudad de Quito en octubre del 2016, se contemplaron ciertas acciones clave para promover procesos incluyentes en las ciudades como el compromiso político de los gobiernos de equiparar las condiciones de la ciudadanía según sus necesidades y así alcanzar una vida digna. Otro compromiso es contemplar una serie de mecanismos institucionales que favorezcan dinámicas de inclusión social y no discriminación, promoción de participación ciudadana en el acceso universal a los servicios urbanos, procesos de planificación espacial, así como el reconocimiento del papel complementario entre los gobiernos nacionales y locales en el desarrollo urbano incluyente (ONU-Hábitat, 2016). En el marco de la atención y el respeto de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en las ciudades se debe trabajar alrededor de las necesidades específicas de los grupos vulnerables o de atención prioritaria y de los retos que surgen por la exigibilidad de los mismos en torno a los servicios públicos, la economía urbana, la participación ciudadana y el uso inclusivo de los espacios públicos

Desde la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, en 2008, países como chile han asumido un modelo centrado en las personas, el respeto de sus derechos y el fomento de su independencia y autonomía, el cual nos desafía a abandonar el asistencialismo y generar las condiciones que permitan a las personas en situación de discapacidad su plena inclusión social y una efectiva igualdad de oportunidades, lográndose la atención inclusiva cuando a calidad del servicio que entregamos es la misma para todos nuestros usuarios y usuarias sin distinción.

Derivado de esto se formuló un Modelo de Sistema Integral de Formación y Atención Ciudadana Inclusiva, en el cual se entrega información esencial y criterios técnicos destinados a promover la participación de personas con discapacidad y brindar las orientaciones para evitar acciones de discriminación o que atenten contra la autonomía de ellas, permitiendo el pleno ejercicio y goce de los derechos de las personas con discapacidad.

Además de considerar las particularidades de las personas en situación de discapacidad de origen motor o físico, de origen auditivo, de origen intelectual y por causa psíquica, se implementaron orientaciones generales y prácticas sobre los aspectos que se deben considerar para una atención inclusiva, particularmente referidos a la accesibilidad universal del espacio de atención.

Por tanto, existen criterios generales que se deben tomar en consideración para poder contar con espacios públicos que cuenten con las características y medidas de accesibilidad universal para personas con discapacidad en los espacios públicos:

• Realizar adaptaciones que sean accesibles para todas las personas, desde el ingreso al lugar hasta el espacio de atención.

• Implementar rampas de acceso en la entrada del edificio u oficinas donde se realiza la atención de público.

• Los mesones de atención de público debieran ser accesibles, ser más bajos para que una persona en silla de ruedas pueda ser atendida y mirar a la persona que lo atiende, quedando a un nivel que le facilite la consulta que realiza.

• Puertas más anchas, de 90 centímetros, de tal manera que permitan el ingreso de una persona que se traslada en una silla de ruedas.

• Baños accesibles (que contemplen puertas anchas en los accesos, barras de apoyo, etcétera).

• Contemplar el uso del ascensor cuando los espacios de atención de público están en otros pisos. Se debe considerar también el uso de señalética indicando el acceso de los ascensores y el teclado en Braille de los botones del ascensor.

• Verificar que en el trayecto no existan escaleras, peldaños o desniveles que dificulten el traslado de la persona con movilidad reducida o que se traslada en silla de ruedas.

• Considerar que los espacios de atención estén ubicados en el primer nivel de un edificio, sobretodo en casos donde no existe ascensor y accesibilidad para llegar hasta los otros pisos.

Tratándose de accesibilidad se tiene contemplado la ruta accesible y la cadena de accesibilidad como los factores determinantes para lograr contar con espacios incluyentes, en lo particular la ruta accesible se comprende como el espacio de circulación continua con características específicas que permitan asegurar un desplazamiento seguro de todas las personas.2 Esta ruta accesible se debe implementar en todos los espacios, tanto en el entorno (espacio público exterior) como en el acceso a la zona de atención y las dependencias en las que se atiende público, contando con las siguientes particularidades:

• Tener un ancho mínimo continuo que permita la circulación de personas con discapacidad usuarias de sillas de rueda, bastones o personas que caminen o se desplacen juntas, como personas mayores por ejemplo. Se considera que un rango entre 1,20 y 1,50 metros cumple con esta característica.

• Debe tener un pavimento estable y de superficie homogénea, es decir que no tenga resaltes u otras características que generen algún grado de dificultad para desplazarse u orientarse, como por ejemplo lo que producen los pisos adoquinados.

• Debe ser antideslizante, tanto en seco como mojado y no debe tener elementos sueltos o cambios bruscos de material que sean inseguros, como puede suceder con las rejillas metálicas en una circulación peatonal, o cierto tipo de pavimentos que al mojarse se tornan resbaladizos, con el consiguiente riesgo de caída para las personas que los usan, tanto para personas con o sin discapacidad.

• Deberá estar libre de obstáculos, gradas o cualquier barrera que dificulte el desplazamiento y percepción de su recorrido. En caso de existir diferencias de nivel estas se deberán solucionar de manera que implique el menor esfuerzo posible a las personas, y que su desplazamiento siga siendo de manera autónoma.

Por su parte la cadena de accesibilidad se entiende como el conjunto dinámico y secuencial de actividades asociadas al quehacer de las personas realizadas en distintos ámbitos, esta cadena de accesibilidad hace referencia a la capacidad de acceder y egresar de un entorno, de desplazarse y circular por los distintos espacios que lo conforman, de aproximarse y usar los distintos elementos que existan en él. Además se considera necesario recibir información de dicho entorno, permitiendo y promoviendo también la comunicación (interactiva y no interactiva) en condiciones de autonomía, facilidad y seguridad. La cadena de accesibilidad aplicada a un espacio de atención debe considerar entonces las acciones de: acceder y egresar, desplazarse y circular, aproximarse y utilizar, comunicar e informar, teniendo un desglose específico de acuerdo con lo siguiente:

• La conexión: El acceso a la zona de atención debe estar conectado a la zona de estacionamientos o a través de la vereda hasta las zonas de transporte público. En el caso de contemplar estacionamientos, deberán proveerse al menos el mínimo de dotación según establezca la norma, y en caso de no contar con ellos, se debe verificar la ubicación de los estacionamientos accesibles de uso exclusivo en el entorno

• Acceso: La zona de atención debe ser de fácil acceso, si el acceso se encuentra en el mismo piso pero a distinto nivel, se deben contemplar rampas de pendiente suave, que en lo posible suba una altura de hasta 8 centímetros por cada metro de largo de la rampa (hasta 8 por ciento de pendiente) con pasamanos en dos alturas para facilitar el desplazamiento y movilidad de distintas personas. Si no fuese posible instalar una rampa de estas características, se puede considerar algún tipo de elevador, o sistema mecánico de desplazamiento, siempre y cuando este pueda ser usado de manera autónoma por las personas. Considerando esto, la llamada silla oruga no es una opción para espacios de atención a público.

• Desplazamiento horizontal: Es fundamental permitir un desplazamiento cómodo, seguro y en condiciones de autonomía. Para ello es necesario mantener la continuidad de la ruta accesible; es decir considerar un espacio de circulación libre de un ancho mínimo que permita el paso simultáneo de dos personas, se sugiere 1,20 metros en este espacio se puede desplazar también una persona en silla de ruedas, una persona que utiliza bastones y otras personas con discapacidad, o bien que tenga el mismo ancho de la vía de evacuación a la que se conecta. Por lo mismo es importante que este espacio de circulación no sea interrumpido por otros elementos que al ser funcionales generen que se dificulte el tránsito, como podría ser colocar asientos para espera, dispensadores de números, mobiliario o información del servicio o tipo de atención que se entrega.

• Desplazamiento vertical: Asimismo, en caso de que el espacio de atención al público se encuentre en otro piso, se debe asegurar que exista un sistema de elevación adecuado, privilegiando el uso de ascensores, que idealmente permitan que una persona en silla de ruedas pueda girar en 360° (para ello el ascensor debe medir al menos 1,40 metros de ancho y de fondo). Además el ascensor accesible debe considerar aviso de llegada e indicación del piso, tanto en audio como visualmente. Estos dispositivos se deben ubicar a una altura tal que permita su visualización incluso cuando el dispositivo está lleno

• Escalera: También debe cumplir requisitos de accesibilidad y seguridad, entre los que podemos destacar que exista una clara diferenciación cromática entre la huella (parte horizontal del peldaño) y la nariz de grada (la punta del peldaño), evitar el uso excesivo de huinchas o elementos antideslizantes u ornamentales que dificulten una clara percepción de cada peldaño. Asimismo en las contrahuellas (parte vertical del peldaño) se sugiere que sean sólidos.

• Aproximación y uso: Es importante considerar una adecuada acción de aproximarse a los elementos que se consideran prioritarios al momento de plantear un espacio de atención, como es el sector de informaciones, mesón de atención, la zona de espera y los dispositivos y/o elementos necesarios para realizar este proceso, como dispensadores de número, forma de llamado para atender, etc. Para todos estos elementos se debe considerar un acceso libre y expedito, y un espacio de maniobra que permita su utilización; por lo que es importante el establecer rangos de altura que permitan su uso a la mayor cantidad de usuarios posibles. Se sugiere que el mesón de atención cuente con al menos un tramo de ancho suficiente que permita atender a dos personas simultáneamente y que la cubierta se encuentra a una altura máxima entre 0,78 y 0,83 metros, y asimismo que cuente con una altura libre bajo cubierta entre 0,70 y 0,75 metros, y que tenga mínimo 0,30 metros de profundidad.

• Servicios higiénicos: Para considerar una atención inclusiva es muy importante contar con servicios higiénicos que cumplan con los estándares de accesibilidad y diseño universal, de esa manera promovemos también la posibilidad de la inclusión laboral. Un baño accesible debe contar con una puerta de ancho suficiente, se sugiere puerta de 0,90 metros de ancho y que preferentemente abra hacia el exterior. En su interior debe permitir que se pueda girar en 360° considerando un diámetro libre de giro de 1,50 metros, que permitirá maniobrar a una silla de ruedas. Este giro puede considerar la parte de abajo del lavamanos, siempre que este no cuente con pedestal u otro elemento que pueda interferir. Asimismo, debe contar con un espacio de transferencia esto es un espacio libre de 0,80 metros de ancho x 1,20 de largo, al menos a un costado del inodoro, para posicionar la silla de ruedas y poder trasladarse desde ella al artefacto.

• Seguridad y emergencias: Se deben considerar estándares de accesibilidad y asimismo protocolos para resguardar la seguridad de todas las personas en situaciones de emergencia, y especialmente la de personas con discapacidad. Entre algunas de las medidas a considerar está la de cerrar o proteger el espacio de sombra bajo escaleras que se encuentren en vías de evacuación.

3. Antecedentes, el caso de Jalisco:

Con fecha de 17 de mayo de 2016 se inauguró la primera playa incluyente en Jalisco.3 A su vez, sería la primera playa con estos parámetros a nivel nacional tal como lo ha establecido el gobierno, ubicada en el municipio de Cihuatlán, en la población de Cuastecomates.

Entre las diversas acciones que se llevaron a cabo por parte del Gobierno del Estado de Jalisco para lograr este cometido resalta que se adaptaron “señaléticas, accesos, vialidades, mobiliario urbano y anfibio, además de ser una playa cardioprotegida al contar con equipo para brindar primeros auxilios, personal capacitado y atención médica de urgencias.”4 A decir del propio ente público también se llevaron a cabo las siguientes acciones:

“Vialidad y banquetas sin desniveles, cajones de estacionamiento para personas con discapacidad, mapas y señalización en braille, guías podotáctiles, zonas de descanso, ciclopuerto, área para mascotas (perros guías), equipamiento urbano y anfibio, pasarela en playa, baños accesibles, plazoleta en acceso a playa, telefonía, una planta de tratamiento de aguas residuales, instalaciones subterráneas de agua, drenaje y electricidad.”5

Las dependencias que hicieron esto posible fue el Sistema DIF Jalisco, la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, y la Secretaría de Turismo, logrando con ello una acción innovadora a favor de un sector prioritario que se estima que cuenta con 300 mil personas.

Esta política pública es acorde a los tratados internacionales en la materia y la legislación vigente, en donde se salvaguarda entre otros derechos la movilidad de las personas con discapacidad, y la posibilidad que puedan acceder a diversos servicios públicos. Entre los tratados internacionales que se puede mencionar que hace alusión al derecho en cuestión cabe resaltar el artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, el cual se cita dada la importancia que tiene para al acuerdo en cuestión:

“Los Estados parte adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:

• a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;

• b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible;

• c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;

• d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con discapacidad.6

Este artículo citado a su vez tiene relación con el principio de inclusión plena establecido en el numeral 3 de este acto jurídico convencional a nivel internacional. Con ello se da a entender que el Estado debe garantizar que toda persona, sin importar que cuente con una discapacidad, se logre poder realizar su proyecto de vida brindando las mismas oportunidades que aquellas personas que no cuentan con esta situación.

4. Otros casos de playas incluyentes:

Frente a estos casos cabe resaltar que actualmente se cuenta con casos aislados como es el caso de Playa del Carmen, que fue el primer caso en donde se logró una playa incluyente en el 2013, y se le sumaron otra en dicha localización, otra en Cancún, siendo todas focalizadas en el estado de Quintana Roo.

A su vez, se le ha sumado en Guerrero, en la playa denominada “Bahías de Papanoa”, en el municipio de Tecpan de Galeana. Vale la pena señalar que actualmente, no existe a nivel federal, más allá de esfuerzos estatales y municipales, una política pública específica para lograr el que existan acciones concretas en materia de playas incluyentes, problemática que en el siguiente apartado se desarrolla en su integridad.

5. Problemática nacional:

Si bien fue emblemático dicha política pública, hasta la fecha no se le ha dado seguimiento para que las demás playas a nivel nacional puedan contar con dicha infraestructura. A lo largo del tiempo se ha podido constatar que las costas nacionales carecen de los elementos básicos para que las personas puedan acceder a las playas y gozar de ella de manera plena; sobre todo tratándose de las personas con discapacidad.

Estos vacíos contravienen la Constitución Política Federal la cual establece en su artículo 27,7 así como la fracción I del artículo 7o. de la Ley General de Bienes Nacionales que establece que las playas son bienes públicos para el provecho de todos los mexicanos, mismo que se cita para lograr mayor claridad en cuanto al objeto de este punto de acuerdo:

“Artículo 7. Son bienes de uso común:

IV. Las playas marítimas, entendiéndose por tales las partes de tierra que por virtud de la marea cubre y descubre el agua, desde los límites de mayor reflujo hasta los límites de mayor flujo anuales;”8

En ese sentido queda claro que en tanto se sigan llevando sólo acciones aisladas y fragmentadas a favor de la población, sobre todo respecto de las personas con discapacidad, para acceder a un bien público, de manera efectiva se están violando distintos derechos humanos. El gobierno del estado y el federal, acorde al principio pro homine, y de progresividad y no regresividad, deben adoptar hasta el máximo de sus recursos para lograr que se erradiquen las barreras para el pleno disfrute de los derechos humanos tal como se establece en el artículo 2o. del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.9

Lamentablemente, tras indagar en los diversos programas presupuestarios del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018, este es omiso en establecer recursos para lograr el cometido mencionado.10 Si bien las playas son bienes públicos nacionales, esto no es óbice para que el Poder Ejecutivo y las demás dependencias, realicen las acciones correspondientes, o generar las gestiones para que puedan coordinarse con las autoridades competentes.

Como representantes populares, y acorde a la protesta de ley que hicimos, a efecto de garantizar los derechos humanos de las personas al tomar protesta como diputados federales, requerimos tomar medidas pertinentes para hacer frente a la presente problemática, llevando a cabo una postura política en común que se traduzca en el acceso de las playas a todos los jaliscienses.

6. Propuesta:

Es por ello que a través de este punto de acuerdo promovemos que se gire atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a efecto que se tomen las medidas precautorias pertinentes, y demás acciones legales, dentro del ámbito de competencia de estos organismos constitucionales autónomos para que:

a) Se garantice el acceso irrestricto a las playas mexicanas acorde a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley General de Bienes Públicos; y

b) Se lleven a cabo acciones de planeación y presupuestación para garantizar el acceso a las playas nacionales a todas las personas como es el caso de las personas con discapacidad acorde a los tratados internacionales vigentes en el país.

7. Pertinencia de la propuesta:

Este llamamiento político tendrá la pertinencia jurídica consistente en que de aplicarse, las personas tendrán mayor seguridad jurídica en cuanto a la previsibilidad del pleno goce de sus derechos humanos, para disfrutar del patrimonio natural que son las playas y que nos corresponden como mexicanos. A su vez, se contarán con los elementos necesarios para establecer servicios homologados de calidad para resguardar el debido acceso para acceder a las playas ubicadas en el estado de Jalisco.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Gírese atento y respetuoso exhorto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a efecto que en el ámbito de su competencia y de manera coordinada, realice gestiones que dentro de sus facultades estime pertinentes y suficientes para que el acceso a las playas del país sea inclusivo para todas las personas, sobre todo aquellas que cuenten con alguna discapacidad, y asimismo se emitan las medidas cautelares y acciones jurídicas para garantizar que esto ocurra.

Notas

1 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/2015-2016/08-sociedad-in cluyente.pdf

2 http://www.sence.cl/601/articles-8105_archivo_01.pdf

3 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (2016) Inauguran Cuastecomates primer playa y pueblo incluyente del pacífico, julio 2018, de gobierno del estado de Jalisco, sitio web

https://siop.jalisco.gob.mx/prensa/noticia/914

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Oficina del Alto Comisionado (2006) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, julio 2018, de las Naciones Unidas, sitio web

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/core instruments.aspx

7 Cámara de Diputados, (2018) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, julio 2018, sitio web

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

8 Ibídem. (2018) Ley General de Bienes Nacionales, julio 2018, sitio web

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/267_190118.p df

9 Oficina del Alto Comisionado. (1966) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, julio 2018, de Naciones Unidas, sitio web:

https://www.ohchr.org/SP/Professionalinterest/Pages/cESc r.aspx

10 Periódico Oficial El Estado de Jalisco (2018) Presupuesto de Egresos de 2018. Volumen II, julio de 2018, de gobierno del estado de Jalisco, sitio web

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicoo ficial.jalisco.gob.mx/files/12-28-17-iv-vol_ii_0.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 13 de noviembre de 2018.

Diputada Mónica Almeida López (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Conade y las federaciones deportivas nacionales a transparentar sus reportes sobre el gasto de recursos públicos recibidos en el ejercicio de 2018 y exhibirlos a los ciudadanos, a cargo del diputado Sebastián Aguilera Brenes, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Sebastián Aguilera Brenes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Comisión Nacional del Deporte, así como a las federaciones nacionales del deporte, a transparentar y exhibir al público sus reportes de gastos sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos en el Ejercicio 2018 , al tenor de lo siguiente:

Antecedentes y Consideraciones

Primero. Las asociaciones deportivas nacionales están reconocidas como federaciones deportivas mexicanas por la Ley General de Cultura Física y Deporte, que en su Capítulo II establece la naturaleza jurídica de las mismas y, de manera clara, las obligaciones que les corresponden, dadas las importantes tareas en materia del deporte que desempeñan.

Por método, se considera importante trascribir los textos legales a fin de robustecer la fundamentación del presente punto de acuerdo.

“Artículo 50. La presente Ley reconoce a las Federaciones Deportivas Mexicanas el carácter de Asociaciones Deportivas Nacionales, por lo que todo lo previsto en esta Ley para las Asociaciones Deportivas, les será aplicable.

Las Asociaciones Deportivas Nacionales regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus Estatutos Sociales, la presente Ley y su Reglamento, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

Artículo 51. Las Asociaciones Deportivas Nacionales debidamente reconocidas en términos de la presente Ley, además de sus propias atribuciones, ejercen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando en este caso como agentes colaboradores del gobierno federal, por lo que dicha actuación se considerará de utilidad pública. Además de las actividades propias de gobierno, administración, gestión, organización y reglamentación de las especialidades que corresponden a cada una de sus disciplinas deportivas, ejercen bajo la coordinación de la Conade las siguientes funciones públicas de carácter administrativo:

I. Calificar y organizar en su caso, las actividades y competiciones deportivas oficiales;

II. Actuar en coordinación con sus asociados en la promoción general de su disciplina deportiva en todo el territorio nacional;

III. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en la formación de técnicos deportivos y en la prevención, control y represión del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos y métodos no reglamentarios en el deporte;

IV. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en el control, disminución y prevención de la obesidad y las enfermedades que provoca;

V. Colaborar con la Administración Pública de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en la prevención de la violencia en el deporte y eventos o espectáculos públicos o privados en materia de activación física, cultura física o deporte;

VI. Actuar como el organismo rector de su disciplina deportiva, en todas sus categorías, especialidades y modalidades, en la República Mexicana;

VII. Representar oficialmente al país ante sus respectivas federaciones deportivas internacionales, y

VIII. Ejercer la potestad disciplinaria en los términos establecidos en la presente Ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables.”

Segundo. Por su parte, el Acuerdo número 681 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Deporte publicado por la Secretaria de Estado de Educación en el Diario Oficial del 28 de febrero de 2013, que a la letra señala:

“con el propósito de lograr los objetivos planteados, la Conade impulsará el desarrollo de proyectos específicos de conformidad con las disposiciones contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación vigente”.

“con el propósito de ofrecer un mayor número de alternativas para la práctica deportiva, se otorgarán apoyos a las Asociaciones Deportivas Nacionales de deportes olímpicos y no olímpicos, tanto para la consecución de sus programas operativos anuales, como para la realización de acciones y eventos deportivos relevantes, dentro del marco de su objeto social”.

Como se puede apreciar, en el apartado cuarto del citado acuerdo se contemplan como beneficiarias, por un lado, a las entidades federativas y a las entidades deportivas por otro, correspondiendo a la Conade, como unidad administrativa responsable del programa, evaluar y dictaminar la viabilidad de las solicitudes de apoyo.

Esto es, la Conade es el órgano que debe mantener de forma continua vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las federaciones.

Tercero. Diversas notas periodísticas han dado a conocer circunstancias que revelan la poca transparencia de las federaciones, así como de la propia Conade.

Desde marzo del presente año, se reveló que la Auditoría Superior de la Federación respecto de la Cuenta Pública 2016, encontró diversas anomalías en la administración de los recursos entregados a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

La administración de Alfredo Castillo Cervantes, entre otras violaciones, cometió las siguientes faltas que pueden ser constitutivas de responsabilidad:

-Gasto ineficiente y opacidad en el manejo de recursos públicos.

-Los fondos fueron mezclados con ingresos ajenos al erario.

-Documentación de anomalías en la comprobación de gastos.

-Contratación de personal no capacitado para el puesto que desempeña.

-Recursos ociosos en cuentas bancarias, indebidamente para generar dividendos o intereses.

-Recursos que fueron manejados por organizaciones no facultadas para ello y opacidad en adjudicaciones.

-Nepotismo al interior de la Conade.

No se debe pasar por alto una grave falta a la Ley General de Cultura Física y Deporte, la cual prohíbe la entrega de dinero a gobiernos o asociaciones deportivas que no hayan comprobado gastos, o bien que no manejen los recursos en materia de deporte de forma transparente.

Pese a lo anterior, la ASF encontró que la Conade entregó recursos a entidades federativas y asociaciones sancionadas en las que incluso se inauguraron instalaciones deportivas.

En su dictamen del 11 de enero último, la ASF expuso en términos generales las anomalías cometidas por la Conade en 2016, entre las que destaca que los beneficiarios de los apoyos administraron recursos por 213 millones 921 mil 900 pesos, dinero que apareció en cuentas bancarias distintas a las notificadas por la Conade, es decir, los recursos fueron administrados de forma personal, mantuvieron sin ejecutar 266 millones 771 mil 100 pesos y comprobaron a destiempo 565 millones de pesos.

Además de lo anterior, no se pudieron comprobar el uso de 113 millones 895 mil pesos por concepto de convenios para la modernización o construcción de instalaciones deportivas.

Tampoco fueron reportados los rendimientos que los fondos públicos generaron en cuentas bancarias que corresponden a 13 convenios y dos adendas (modificaciones de contrato).

Ahora bien, por lo que hace a las federaciones, entre las anomalías detectadas por la ASF, resalta la Federación de Vela, la cual ejerció 1 millón 989 mil 200 pesos en uniformes y equipo deportivo, cuando en realidad sólo acudieron a Río de Janeiro tres de sus deportistas, siendo un gasto excesivo para el numero de deportistas que acudieron a la contienda internacional.

La Federación Ecuestre Mexicana destinó 152 mil 100 pesos a la compra de boletos de entradas para nueve oficiales técnicos, de los cuales cinco carecían de acreditación oficial, es decir, a costa del erario entraron a la contienda internacional personas que no tenían justificada su asistencia.

Entre los grandes escándalos en los que se vio envuelta la Conade resalta el gastó 3.9 millones de pesos en la compra de 270 trajes de gala de las marcas Hugo Boss y Pineda Covalin, utilizados para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Río.

Cuarto. Por obviedad de razón, es necesario y urgente pedir rendición de cuentas, todo esto de acuerdo con la Ley de Transparencia.

Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta Cámara, con el siguiente resolutivo:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Deporte, así como a las federaciones nacionales del deporte, a transparentar y exhibir al público sus reportes de gastos sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos en el Ejercicio 2018.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 13 días de noviembre del año 2018.

Diputado Sebastián Aguilera Brenes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a revisar la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento de la presa El Cuchillo, en el marco del acuerdo de coordinación suscrito en noviembre de 1996, y emitir opinión de factibilidad y viabilidad técnica a partir de la reducción del área de riego del distrito 026 Bajo Río San Juan, Tamaulipas, y del crecimiento demográfico en el área metropolitana de Monterrey, suscrita por los diputados Ricardo Flores Suárez y José Martín López Cisneros, del Grupo Parlamentario del PAN

Ricardo Flores Suárez y José Martín López Cisneros, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, someten a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

Como todos los años, en los meses de octubre y noviembre en el estado de Nuevo León, se agudiza una de las crisis que más aquejan a la entidad. La falta de agua, no sólo por los bajos niveles en sus presas como parte del efecto del cambio climático sino por la obligación que desde hace 22 años el estado asumió en el sentido de enviar 189 millones de metros cúbicos de agua desde la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez en el estado de Tamaulipas.

En noviembre de 1996, los titulares del Ejecutivo estatal de Nuevo León y Tamaulipas, suscribieron acuerdos de coordinación con la Gerencia Estatal en Nuevo León de la Comisión Nacional del Agua en los que se comprometieron desde 1997, a iniciar la construcción del emisor necesario para conducir las aguas residuales tratadas provenientes de la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana, a la presa Marte R. Gómez del estado de Tamaulipas para concluir en 1998.

Por su parte, el gobierno del estado de Tamaulipas se comprometió a otorgar todas las facilidades para la construcción de dicha obra y a elaborar en coordinación con la Comisión Nacional del Agua un programa calendarizado de inversiones para eficientar el uso de las aguas del Distrito de Riego 026 Bajo Río San Juan, mediante la rehabilitación, el mejoramiento de infraestructura y la utilización de tecnología moderna.

Los gobiernos de las entidades federativas de Nuevo León y Tamaulipas se obligaron desde 1996 a continuar realizando el programa de reducción de fugas en el sistema de distribución de agua potable de la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana, a efecto de aumentar la eficiencia física del sistema.

Por su parte, el gobierno del estado de Nuevo León y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey con el apoyo técnico de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) se comprometió a concluir las obras para permitir operar en condiciones óptimas el acueducto El Cuchillo-Monterrey hasta alcanzar un gasto de cinco metros cúbicos por segundo.

De conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, la Comisión Nacional del Agua, desde 1996 tiene la responsabilidad de analizar durante el mes de noviembre de cada año, con base en la información al 31 de octubre, sobre la disponibilidad total de las aguas y determinar en el mes de noviembre, los volúmenes a usar de la presa El Cuchillo, para asegurar el abastecimiento de la Ciudad de Monterrey y su zona metropolitana, el acueducto regional China-Los Aldama-Acabuz y para el uso de riego en los distritos de riego 026 Bajo Río San Juan Tamaulipas y 031 Las Lajas en Nuevo León. Asimismo, a partir del 1 de mayo de cada año la Conagua revisará la disponibilidad de sus fuentes de abastecimiento, con la finalidad de reprogramar, si es el caso, su utilización para el resto del año.

A partir de 1996, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey IPD, se obligó a retornar las aguas residuales tratadas de la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana, con la calidad que establece la norma oficial mexicana aplicable, a través del emisor con capacidad de 8 metros por segundo y con ello asegurar el retorno mínimo de 189 millones de metros cúbicos a la presa Marte R. Gómez, así como respetar los derechos legalmente concesionados que quedaron inscritos en el padrón de usuarios de la cuenca del río San Juan.

También se acordó que el excedente de los 8 metros cúbicos por segundo de agua residual que se generen por la ciudad de Monterrey y su zona metropolitana serían reusados por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, IPD. Y una vez en operación el citado emisor debía vigilarse por los gobiernos estatales de Nuevo León y Tamaulipas en los ámbitos de sus jurisdicciones correspondientes, con el apoyo de la Conagua.

Se previó en los citados acuerdos de 1996, que en que el distrito de riego 026 Bajo Río San Juan, no recibiere el volumen total convenido, se procedería a compensar este déficit a los usuarios y la Conagua asumió la responsabilidad de determinar con base en las condiciones específicas de cada caso, el origen de la fuente de compensación.

En el citado instrumento la Conagua, asumió la responsabilidad en la actualización del padrón de usuarios de aguas nacionales superficiales de la cuenca del río San Juan y se previó que los usuarios del distrito de riego 026 Bajo Río San Juan, podrían participar y por escrito hacer sus propuestas al consejo de cuenca correspondiente.

Como puede observarse, la presa y dique El Cuchillo tiene como objetivo principal el aprovechamiento del río San Juan, con el fin de proporcionar agua potable a la ciudad de Monterrey y áreas conurbadas del estado de Nuevo León.

Por lo anterior, resulta obligado no perder de vista la hidrografía del estado de Nuevo León y principalmente la de su capital con respecto al suministro de agua como factor indispensable para el desarrollo urbano e industrial, que resultan innegables sobre todo cuando se reconoce que Monterrey, a través de su historia, ha luchado contra las adversidades que implican encontrarse ubicada en una zona semidesértica, con periodos cíclicos de sequías prolongadas y, en contraste, de abundancia de lluvias . Lo anterior de acuerdo con el portal web http://www.sadm.gob.mx/

Adicionalmente, de acuerdo con el experto en hidrometeorología, Doroteo Treviño, de la Conagua, el trasvase de agua a Tamaulipas en 2018, pone en riesgo el abastecimiento para el verano del año entrante. http://www.elfinanciero.com.mx 06 de agosto de 2018.

“De los 754.49 millones de metros cúbicos que al 5 de agosto almacena la presa El Cuchillo, se perfila trasvasar al menos 250 millones al embalse Marte R. Gómez, esta última del estado tamaulipeco. El trasvase dejará a la presa El Cuchillo con un llenado de 50 por ciento de su capacidad, similar al de La Boca, que se encuentra en 51.28, y por encima del embalse Cerro Prieto, que está en un 42.06. El panorama de lluvias para Nuevo León no es el mejor, ya que al menos para agosto hay una reducción en las posibilidades de precipitaciones.”

Ahora bien, el estudio El área metropolitana de Monterrey en el año 2020 de Gustavo Garza, profesor-investigador del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de México: “desde mediados del siglo pasado, la zona metropolitana de Nuevo León ha presentado un elevado ritmo de crecimiento poblacional: de menos de medio millón de habitantes en 1950, la población rebasó los 2 millones en 1980, para alcanzar los 4.1 millones en 2010. A la par con la multiplicación de su población, el área urbanizada del área metropolitana de Monterrey (AMM), durante este periodo también se ha extendido enormemente, llegando a cubrir un área de casi 900 kilómetros cuadrados (km2) en 2010.”

A 22 años de distancia de la firma del acuerdo de 1996, es imposible justificar que el distrito de riego 026 Bajo Río San Juan Tamaulipas considerado como área de riego cuente actualmente con las mismas dimensiones y que el 1 de mayo de cada año, la Comisión Nacional del Agua, no observe al momento de revisar la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento de la presa El Cuchillo para reprogramar su utilización para el resto del año, que el río San Juan, es el más importante de Nuevo León y es el que abastece de agua al área metropolitana de Monterrey (integrada por la capital del estado y 11 municipios más) y con ello, su crecimiento demográfico que indiscutiblemente no sólo compromete el abastecimiento promedio del vital líquido a dicha, sino el de futuras generaciones de Nuevo León.

Ante la problemática sistemática que año con año afecta a los habitantes de Monterrey, Nuevo León, resulta cuestionable continuar con un esquema que a todas luces resulta caduco debido a que el destino de los recursos hídricos que motivaron el convenio de 1996, fue para uso de riego a Tamaulipas.

En este marco, el 30 de octubre del presente año el diputado Raúl Gracia Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó un exhorto al Ejecutivo federal para que a través de las instancias correspondientes y en coordinación con el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, implemente medidas de solución y atienda la problemática de escasez de agua que enfrentan los municipios de Doctor Arroyo, Mier y Noriega, Galeana, Iturbide y Aramberri. De igual forma, exhortó al director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza González, a suspender los cobros que realiza el organismo en los municipios de Doctor Arroyo y Aramberri, asimismo en los municipios en donde no cumple con la distribución del recurso.

Por lo anterior, los diputados federales de Nuevo León estamos convencidos que la Comisión Nacional del Agua, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con funciones de derecho público en materia de gestión de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes, debe revisar urgentemente la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento de la presa El Cuchillo para analizar y emitir una opinión objetiva sobre la factibilidad y viabilidad técnica del convenio suscrito entre Nuevo León y Tamaulipas a partir de los criterios de crecimiento demográfico de la zona metropolitana de Monterrey y del reconocimiento constitucional del derecho humano al agua de febrero de 2012.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de este órgano legislativo, la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua para que en el ámbito de sus atribuciones, revise la disponibilidad de las fuentes de abastecimiento de la presa El Cuchillo en el marco del acuerdo de coordinación con fecha noviembre de 1996 y emita opinión de factibilidad y viabilidad técnica a partir de la reducción del área de riego del distrito 026 Bajo Río San Juan Tamaulipas y del crecimiento demográfico de la zona metropolitana de Monterrey que comprende los municipios de Apodaca, Cadereyta de Jiménez, García, San Pedro Garza García, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza, Santa Catarina y Santiago del estado de Nuevo León.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2018.

Diputados: Ricardo Flores Suárez, José Martín López Cisneros (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las estrategias de coordinación con las alcaldías y agilizar, desarrollar y transparentar las acciones y los recursos destinados a la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, a cargo de la diputada Claudia Pastor Badilla, del Grupo Parlamentario del PRI

Quien suscribe, Claudia Pastor Badilla, integrante del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamentos en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las estrategias de coordinación con las autoridades de las alcaldías y agilizar, desarrollar y transparentar las acciones y los recursos destinados para los trabajos de reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En el proceso de reconstrucción de la Ciudad de México, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, se han identificado diversas irregularidades en el uso, destino y comprobación de los recursos públicos destinados a dicho objetivo, entre los que destacan pagos injustificados, sobrecostos, subejercicios y malversación de fondos.

Sólo la Contraloría General del Gobierno capitalino ha detectado anomalías administrativas y económicas, por lo que se presumen daños importantes a la hacienda pública a consecuencia de un ejercicio ineficiente y poco transparente.

Hay suficientes indicios de que por lo menos 9 dependencias han incurrido en faltas a nuestro entramado jurídico e institucional por un gasto de 67 millones 389 mil pesos, por lo que se han entablado por lo menos 18 observaciones. Estos recursos públicos fueron aprobados entre el 19 de septiembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018.1

Aunado a lo anterior, se han documentado inconsistencias en los procesos de construcción de obras, por ejemplo, en el reencarpetamiento de vialidades primarias como el Canal de Miramontes y avenida Escuela Militar en Coyoacán. En estos trabajos se han denunciado sobrecostos y trabajos inconclusos, a pesar de que la Comisión para la Reconstrucción, aprobó un presupuesto de al menos 807 millones de pesos.

De acuerdo con personas damnificadas, se han contratado empresas con fines distintos a los requeridos a quienes se les ha comprado artículos para la construcción a sobrecostos y de dudosa calidad. Existe el caso de una proveedora dedicada a la venta de productos textiles que suministró productos para la reconstrucción.

En su conjunto, por la limitada atención por parte de las autoridades locales, se están violando derechos humanos fundamentales como el acceso a la vivienda, a la seguridad, a la salud y a la educación de niños y adolescentes.

La falta de acciones adecuadas y el uso ineficaz de los presupuestos públicos, impide que las familias damnificadas recobren su tranquilidad, patrimonio y servicios básicos, en perjuicio de su bienestar y calidad de vida.

Además, limitan o detienen el proceso de reconstrucción, particularmente en la zona oriente de la Ciudad de México, por tal motivo, grupos como la Organización Damnificados Unidos que aglutina más de 800 predios afectados, ha solicitado agilizar los trámites para la aprobación de proyectos, la demolición de edificios dañados y la liberación de recursos para la reconstrucción.2

En Tláhuac continúan predios sin contar con estudios geofísicos, los cuales determinan la viabilidad de reconstruir o ser reubicado y en algunas zonas de Iztapalapa aún no se concluyen los estudios técnicos de suelo.

Por su parte, si bien en Xochimilco se han realizado trabajos de demolición de casas afectadas, el retiro de escombro y el inicio en los trabajos de remodelación y construcción de viviendas aún es lento, poco coordinado y transparente.

Durante las sesiones del Consejo Consultivo de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, damnificados aseguraron que los actuales censos no están completos, que hasta ahora no les han entregado folios y que las labores de demolición y retiro de escombros no se han realizado conforme a los cronogramas de obras.

En Benito Juárez no hay condiciones institucionales que den certeza a las familias damnificadas que recibirán algún apoyo por parte de las autoridades de la alcaldía o del gobierno de la Ciudad de México.

Peor aún, señalan que no han recibido asesoría o información básica sobre el proceso de redensificación que se llevará a cabo en la demarcación. Es importante indicar que, con este mecanismo, los dueños no sólo ceden parte de sus predios para que los desarrolladores privados edifiquen más espacios y puedan financiar la construcción, sino además les solicitan que pongan en garantía sus propiedades, lo cual pone en riesgo su patrimonio.

Hasta el momento, muchas de las personas afectadas no han firmado algún documento que lo ampare de que será beneficiario de algún programa gubernamental, por el contrario, sólo han recibido de las autoridades información de que pronto se firmará un primer fideicomiso.

Pese a que la alcaldía Benito Juárez fue una de las más damnificadas, los trabajos de reconstrucción son lentos, muestra de ello, es que aún no se concluye la entrega de certificados de afectaciones y en muchos predios aún no inician los trabajos de remoción, retiro de escombros y reconstrucción.3

Ante este panorama, es necesaria la realización de un censo definitivo que permita conocer con certeza el número y la ubicación de las personas damnificadas.

Lo descrito genera incertidumbre sobre la continuidad de los trabajos y su conclusión, por lo que es indispensable su seguimiento por los órganos responsables y auditoría, a fin de sancionar y prevenir casos de corrupción, peculado y hasta conflicto de interés.

Desde el inicio de las labores de reconstrucción, un distintivo ha sido la poca transparencia con las que se han ejercido los recursos públicos orientados para este fin. En este contexto, la página creada para informar sobre el desarrollo de los trabajos está inconclusa debido a que sólo se limita a mencionar que para este año se cuenta con un presupuesto de 6 mil 855 millones 925 mil 61 pesos, pero no muestra de manera detallada y oportuna las acciones que se están realizando o se van a implementar, los beneficiarios y los montos de recursos que se utilizarán para recuperar el patrimonio de las personas afectadas.

Ciertas evidencias permiten identificar favoritismos para ciertas empresas o desarrollos inmobiliarios, por lo que no se están priorizando las necesidades más apremiantes de la ciudadanía, sino que el proceso de reconstrucción se está llevando a cabo bajo un enfoque de mercado que genera ganancias a personas cercanas a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno de la Ciudad de México a fortalecer las estrategias de coordinación con las autoridades de las alcaldías y agilizar, desarrollar y transparentar las acciones y los recursos destinados para los trabajos de reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Notas

1 Phenélope Aldaz (2018). “Anomalías por 67 mdp para la reconstrucción”, 6 de noviembre de 2018, de El Universal, sitio web:

http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/anomalias-p or-67-mdp-para-la-reconstruccion

2 Proceso (2018). “Damnificados del 19S piden al nuevo encargado para la reconstrucción acelerar los trabajos”, 6 de noviembre de 2018. Sitio web: https://www.proceso.com.mx/525175/damnificados-del-19s-piden-al-nuevo-e ncargado-para-la-reconstruccion-acelerar-los-trabajos

3 Agustín Salgado (2018). “No hay certeza sobre el programa de reconstrucción en Benito Juárez”, 7 de noviembre de 2018, de Animal Político , sitio web:

https://www.animalpolitico.com/2018/09/programa-reconstr uccion-benito-juarez/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 13 de noviembre de 2018.

Diputada Claudia Pastor Badilla (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Puebla y el ayuntamiento de Teziutlán a atender y solucionar el conflicto laboral derivado del despido de trabajadores municipales, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya e integrantes del Grupo Parlamentario del PT

El que suscribe, diputado Benjamín Robles Montoya, en nombre propio y de las diputadas Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García y Claudia Domínguez Vázquez, integrantes del Grupo Parlamentario del PT a la LXIV Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 62, numeral 3, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Integrantes del sindicato único “Emiliano Zapata”, que agrupa a trabajadores del ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, denuncian haber sido víctimas de violaciones a sus derechos laborales, a manos de funcionarios que integran la nueva administración municipal, misma que entró en funciones el 15 de octubre, encabezada por el presidente municipal Carlos Peredo Grau.

Señalan que el pasado 15 de octubre, sin previo aviso y sin razón alguna, les fue impedido el acceso a su centro de trabajo por instrucciones del presidente municipal entrante, haciendo uso de elementos policiacos quienes les cerraron el paso. Asimismo, aseguran que cuando pudieron tener acceso, se percataron que las chapas de sus oficinas fueron forzadas y les fueron sustraídas pertenencias personales.

A partir de entonces, denuncian que su secretario general, Pablo Tirado Allinar, así como algunas mujeres agremiadas han sido objeto de amenazas de muerte.

Los hechos relatados por los miembros del sindicato único Emiliano Zapata constituirían violaciones a sus derechos humanos y laborales y les colocan en un estado de indefensión y falta de certeza y seguridad jurídicas, pero implicarían, además, el desconocimiento de su sindicato por parte de autoridades de la nueva administración pública municipal de Teziutlán.

Al respecto, es necesario señalar que dicho sindicato obtuvo su toma de nota el 14 de junio de 2018, otorgada por el magistrado presidente del honorable Tribunal de Arbitraje del estado de Puebla, licenciado José Luis Ayala Corona, tal y como consta en el expediente de registro sindical RS 1/2018.

Ante la cerrazón y la falta de diálogo con autoridades municipales y estatales, los trabajadores afectados han acudido a esta Cámara en busca de ser escuchados, a fin de lograr su reinstalación en sus puestos de trabajo.

Ante esta problemática, resulta necesario que el nuevo gobierno municipal de Teziutlán, así como el gobierno del estado de Puebla, atiendan el conflicto de manera inmediata y se busque, mediante el diálogo y la conciliación, una solución que beneficie tanto a las trabajadoras y los trabajadores como al propio ayuntamiento.

De igual forma, hacemos un llamado para que, en caso de ser necesario, las instancias federales competentes tomen cartas en el asunto para facilitar el diálogo y la resolución del conflicto.

Por lo antes expuesto, someto a consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de Puebla y al gobierno municipal de Teziutlán, Puebla, a atender y dar solución al conflicto laboral derivado del despido de trabajadores de dicho ayuntamiento, integrantes del sindicato único “Emiliano Zapata”.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a dar seguimiento al conflicto laboral entre el ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, y trabajadores de dicho ayuntamiento, integrantes del sindicato único “Emiliano Zapata”, e intervenir en el marco de sus atribuciones, a fin de propiciar la pronta y satisfactoria solución del conflicto.

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 13 de noviembre de 2018.

Diputados: Benjamín Robles Montoya (rúbrica), Maribel Martínez Ruiz (rúbrica), Margarita García García, Claudia Domínguez Vázquez.

Con punto de acuerdo, relativo a realizar acciones para retirar de las costas de la laguna de Términos, Campeche, las embarcaciones identificadas como Titán 2, Caballo Azteca, Caballo de Trabajo, Caballo Eclipse y Zafiro Endeavour, a cargo de la diputada Ana Priscila González García, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Ana Priscila González García, diputada federal de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el presente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

México, por su ubicación geográfica, es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, dentro de los ecosistemas terrestres y marinos. El lugar por excelencia donde se concentra la mayor biodiversidad marina, que en términos económicos se considera invaluable, es en los arrecifes de coral.

México tiene arrecifes en el océano Pacífico, el mar Caribe y en los golfos de California y de México. Los arrecifes coralinos proporcionan alimento, productos de exportación, empleos en la industria del turismo, protección del litoral y medicamentos, entre otras cosas. Es difícil calcular con exactitud el valor que los arrecifes de coral aportan al desarrollo económico de un país. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima el valor económico de los arrecifes de coral entre 100 mil y 600 mil dólares por kilómetro.1

Mucho se ha escrito de la función que cumplen los arrecifes como la barrera natural por excelencia para la reducción de riesgos de desastres en caso de huracanes, tormentas y ciclones; los arrecifes de coral y las dunas reducen la energía del oleaje y, por ende, la erosión costera. Durante el huracán Wilma , por ejemplo, el arrecife de coral disipó en más de 90 por ciento la energía de la marea de tormenta en Puerto Morelos, Quintana Roo. De acuerdo con estimaciones realizadas, el valor de sustituir la protección costera de las barreras naturales formadas por los arrecifes por infraestructura artificial y considerando los daños evitados, entre ellos, las inundaciones es de 10.7 mil millones y de 18 millones de dólares por kilómetro.2

Visibilizando en términos económicos la necesidad apremiante de proteger, conservar y restaura los arrecifes de coral en México, hago referencia al caso concreto materia del presente punto de acuerdo: el área natural de Laguna de Términos, en Campeche.

La región formada por la Sonda de Campeche y la Laguna de Términos forma un sistema ecológico muy complejo debido al intercambio de masas de agua que ocurren en las diferentes épocas del año.

Muchas especies se benefician significativamente de esta zona, ya que la utilizan con fines de alimentación, reproducción o crianza. La organización biológica de las poblaciones en gran medida está íntimamente ligada con los procesos deltaicos y de estuarios, pero también está relacionada con la cercanía a los sistemas coralinos; además, la heterogeneidad de hábitats da como resultado comunidades con un alto número de especies.

La empresa Oceanografía, que daba servicios petroleros a Pemex, dejó cinco barcos abandonados en Isla del Carmen, dentro del Área Natural Protegida de Laguna de Términos, las cuales son: “Titán 2”, “Caballo Azteca”, “Caballo de Trabajo”, “Caballo Eclipse” y “Zafiro Endeavour”.

Sus residuos, como diésel, aceite y fibra de vidrio, amenazan la pesca y la biodiversidad del lugar, compuesta por delfines, manatíes, tortugas, cocodrilos, garzas, pelícanos, jaguares y otras especies. Los barcos encallaron y han sido presas del saqueo por los llamados chatarreros. A pesar de las denuncias de la sociedad civil, desde hace tres años ninguna autoridad se ha encargado de remolcarlos u ordenar su desmantelamiento. Dos de los barcos se incendiaron en los últimos meses. Uno más se volteó y quedó así, con el casco por encima del nivel del mar.

Pescadores advierten que hay fugas de aceite usado de los barcos hacia el mar. Ya están cortando lo que es la zona de marea, va a ser más difícil tratar de remolcarlos mar afuera, hay un inminente derrame de las sentinas, que contienen aceite usado”, dijo Miguel Benítez, miembro de Ecovigilantes Carmen, AC.

Cada uno de los cinco barcos ha dejado su rastro de erosión en los últimos tres años, se han perdido kilómetros de playas. El abandono de los barcos ha generado inseguridad en la región, denuncian vecinos de la Isla del Carmen. No hay quien responda por el daño ecológico y las autoridades de la Federación se responsabilizan entre ellas.

Profepa dice que le corresponde a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), organismo descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; mientras que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas dice que le corresponde a la Profepa, en conjunto con la Secretaría de Marina. La Profepa señaló que el 11 de junio del 2018, la empresa Oceanografía acordó iniciar los trámites ante la Semarnat para el retiro de los cinco barcos, pero ningún trámite ha realizado.3

Es cierto que no existe valor económico para determinar la afectación sufrida en el parque nacional, pero con el recurso obtenido en la actualización de los supuestos normativos contenidos en la LGEEPA como resultado del daño y riesgo de contaminación a los recursos naturales de ecosistemas de coral, se puede mitigar el impacto ambiental, ocasionado.

La impunidad y la corrupción en México están haciendo que perdamos nuestros arrecifes, biodiversidad marina y erosionando nuestras costas Por lo anterior, solicito la sensibilidad de esta Cámara de Diputados con el fin de aprobar los siguientes puntos petitorios:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Marina y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen las acciones necesarias para retirar de las costas de la Laguna de Términos, en Campeche, las embarcaciones “Titán 2”, “Caballo Azteca”, “Caballo de Trabajo”, “Caballo Eclipse” y “Zafiro Endeavour”.

Segundo. Se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente para que presente ante el Ministerio Público la denuncia por la posible comisión de delitos ambientales derivados del encallamiento de las embarcaciones identificadas como “Titán 2”, “Caballo Azteca”, “Caballo de Trabajo”, “Caballo Eclipse” y “Zafiro Endeavour”, y haga público el estado jurídico del caso concreto.

Tercero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Secretaría de Marina y de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen la investigación y determinen la sanción aplicable a quien resulte responsable, en términos del artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de los artículos 7 y 8 del Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de Evaluación de Impacto Ambiental, por las embarcaciones identificadas como “Titán 2”, “Caballo Azteca”, “Caballo de Trabajo”, “Caballo Eclipse” y “Zafiro Endeavour”, y hagan público el estado jurídico del caso concreto.

Cuarto. Se exhorta al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente para que, en términos del artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, realice las acciones necesarias a fin de que se reparen los daños causados por las embarcaciones identificadas como “Titán 2”, “Caballo Azteca”, “Caballo de Trabajo”, “Caballo Eclipse” y “Zafiro Endeavour”, y haga público el estado jurídico del caso concreto.

Notas

1 AIDA, La Protección de los Arrecifes de Coral en México.

http://www.aida-americas.org/sites/default/files/Informe _Corales_Mexico.pdf

2 Idem.

3 Con información de Noticieros Televisa: Guillermo López Portillo, Barcos abandonados de Oceanografía amenazan área natural de Laguna de Términos, disponible en: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/oceanografia-abandona- barcos-area-natural/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días de noviembre de 2018.

Diputada Ana Priscila González García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la apremiante atención de la creciente inseguridad en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, a cargo de la diputada Graciela Zavaleta Sánchez, del Grupo Parlamentario de Morena

Graciela Zavaleta Sánchez, diputada a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo a la urgente atención de la creciente inseguridad en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, del estado de Oaxaca al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como en otras regiones del país, Oaxaca vive una situación de grave y creciente inseguridad que afecta a diversos municipios. El pasado 10 de octubre, dos centros nocturnos en la ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec fueron atacados con granadas causando heridas a seis personas. Los niveles de violencia en esa localidad han rebasado los límites. De acuerdo con informaciones divulgadas en medios, “de enero a agosto de 2018, mil 346 personas fueron asesinadas en Oaxaca, entidad gobernada por Alejandro Murat Hinojosa. Los casos de delitos contra la vida y la integridad corporal, en el mismo periodo, alcanzaron los 6 mil 452”.1

Las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2017 para el estado de Oaxaca del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) indican que más de 23 por ciento de los hogares del estado de Oaxaca tuvieron en su seno una víctima del delito durante 2016. La misma encuesta afirma que sólo se denunció 7.3 por ciento de los delitos en el estado y sólo 5.4 por ciento inició la averiguación previa como demuestran las cifras de 2016.2

La situación de violencia continúa al alza. En la actual administración estatal se han propuesto estudios para conocer de qué manera es necesario afrontar la problemática. Así se ha desarrollado el Plan Estratégico Sectorial Gobernabilidad y Seguridad. Subsector: Seguridad Pública 2016-2022 del gobierno del estado de Oaxaca ofreciendo aspectos particularmente alarmantes. Así indica que “en el tema de seguridad, la entidad pasó de un ser un estado medianamente seguro a uno con una situación de inquietante inseguridad. La percepción sobre inseguridad en Oaxaca pasó, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi, de ocupar un cuarto lugar entre los temas que más preocupaban a la ciudadanía oaxaqueña en 2016 a un tercer lugar en 2017”.3

Oaxaca requiere de medidas efectivas que permitan la mejor aplicación de recursos y la realización de acciones para prevenir el delito. En el primer semestre de 2018, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó 21 mil 159 delitos en Oaxaca destacando homicidios, feminicidios, robo con violencia a casa habitación, de vehículos, violencia intrafamiliar, extorsión, narcotráfico y delitos electorales. Esto representa un incremento de 46 por ciento de las estadísticas registradas en el primer semestre de 2017 cuando se denunciaron 14 mil 442 delitos.

A mayor abundamiento, el mismo plan estratégico señala que “nunca antes como ahora, los índices delictivos y de impunidad exhibidos en los registros y reportes del gobierno del estado habían crecido de manera considerable y, en algunos casos, de forma alarmante. El incremento en la incidencia delictiva en el estado ha provocado una fuerte demanda ciudadana hacia las instancias gubernamentales para que incremente las acciones destinadas a su combate, se realice una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno y poderes del Estado, así como una mayor eficacia en su ejecución que garantice mejores resultados”.4

El plan estratégico mencionado también realiza un diagnóstico de la situación de las corporaciones policiales oaxaqueñas destacando algunos de los problemas que enfrentan los elementos. Entre ellos, un salario mensual menor a los 8 mil pesos, escasa capacitación y la carencia de recursos para estar debidamente equipados, padecen enfermedades como obesidad, hipertensión, gastritis y miopía. Y el plan abunda:

“La escasa de capacitación oportuna, eficiente y adecuada ha provocado que un número importante de los 8 mil 684 elementos policiales estatales registrados en 2016 carezcan de las herramientas técnicas, legales y operativas para realizar sus labores con apego a las disposiciones que establece el sistema de justicia penal acusatorio, propiciando con ello que se susciten violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de los imputados, lo que ha derivado en la liberación de individuos confesos de cometer delitos de diversa naturaleza, incluyendo a integrantes de la delincuencia organizada involucrados en la comisión de delitos de alto impacto o capturados en flagrancia”.5

La situación de la creciente violencia en Oaxaca llegó al punto de que los miembros del crimen organizado hayan rebasado al poder y reacción de las corporaciones municipales y estatales: todos los días, por ejemplo, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec padece mayor inseguridad. Asesinatos y ejecuciones se dan a plena luz del día mientras la ejecución de acciones para la prevención del delito y la violencia en Oaxaca se ha caracterizado por no ir de la mano de los programas estatales de prevención y combate al delito.

Son urgentes las medidas efectivas que permitan la mejor aplicación de recursos y la realización de acciones para prevenir el delito. La alarmante violencia en el estado de Oaxaca se viene agudizando particularmente con los hechos enunciados cuando a principios de octubre se atacaron establecimientos usando armas de alto poder y de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Por lo anterior se considera un exhorto al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que dé a conocer cuáles han sido los resultados de los convenios suscritos con el gobierno del estado de Oaxaca en el diseño de las políticas públicas destinadas a la población social de la violencia y de la delincuencia además de un exhorto al gobernador del estado de Oaxaca para que explique cuáles han sido las razones del incremento en el porcentaje de delitos y de la violencia en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y active las medidas y protocolos necesarios a fin de prevenir la comisión de delitos en ese municipio.

Por lo anterior expuesto, se presenta a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que dé a conocer cuáles han sido los resultados de los convenios suscritos con el gobierno del estado de Oaxaca para el diseño de las políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y de la delincuencia.

Segundo. Se exhorta al gobernador del estado de Oaxaca para que, en el ámbito de su competencia, active las medidas y protocolos necesarios para la urgente atención de la creciente inseguridad y explique cuáles han sido las razones del incremento en el porcentaje de delitos y de la violencia en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, del estado de Oaxaca.

Notas

1 Desconocidos arrojan granadas en bares de Tuxtepec, Oaxaca; hay un muerto y varios lesionados, 2 de octubre, 2018, en: https://www.am.com.mx/2018/10/11/mexico/lanzan-cuatro-granadas-en-bares -de-san-juan-bautista-tuxtepec-oaxaca-519573

2 Inegi, Envipe, 2017 en: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/enchogares/regulares/ envipe/2017/doc/envipe2017_oax.pdf

3 Gobierno del estado de Oaxaca 2016-2022. Plan Estratégico Sectorial Gobernabilidad y Seguridad. Subsector: Seguridad Pública 2016-2022, Introducción, p. 1. Versión PDF.

4 Ibídem, p.14.

5 Ibídem. p.19.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2018.

Diputada Graciela Zavaleta Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno de Nuevo León a liberar recursos económicos a fin de organizar y celebrar elecciones extraordinarias en Monterrey, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala Superior del TEPJF, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, fracción II, numeral 2, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía, el presente punto de acuerdo con base en las siguientes:

Consideraciones

El pasado 30 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió anular la elección del municipio de Monterrey, con lo que revocó las resoluciones del Tribunal Estatal Electoral y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con cuatro votos a favor y tres en contra.

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeline Otálora, argumentó que lo que procedía era declarar la nulidad de la elección, por ello ordenó a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León que se convoque a una elección extraordinaria en un periodo no mayor de 60 días.

Asimismo, el proyecto presentado por el magistrado Felipe Fuentes Barrera mencionó que se debía anular la elección, según él, por un cúmulo de violaciones.

El magistrado sostuvo, además, que debido a la diferencia de 0.89 por ciento entre el primer y segundo lugar, que ocuparon los candidatos del PAN, Felipe de Jesús Cantú, y del PRI, Adrián de la Garza, respectivamente, se debía pasar por el tamiz de la nulidad de esta elección.

Por su parte, el consejero presidente de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Mario Alberto Garza, en recientes declaraciones, expresó que, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral, asumirá parte de los costos en la logística para la organización y celebración de la elección extraordinaria para el municipio de Monterrey que tiene proyectado a realizarse el próximo 16 de diciembre del presente año.

Sin embargo, en forma totalmente irresponsable y carente de todo sustento jurídico, el gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, ha declarado que el estado no tiene dinero para pagar las elecciones extraordinarias de Monterrey.

Lo declarado por el gobernador es sumamente grave, porque en un año eminentemente electoral, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben tomar todas las providencias presupuestales requeridas para que en caso de que exista la necesidad de convocar a elecciones extraordinarias, como lo fue en Monterrey, éstas puedan realizarse sin mayor problema.

El gobernador Rodríguez Calderón es negligente al negarse a entregar los 44 millones de pesos que la Comisión Estatal Electoral, en voz de su presidente, Mario Alberto Garza, le ha solicitado para poder llevar cabo el proceso electoral extraordinario para Monterrey.

Además de que el gobernador, por su negativa, la cual no tiene sustento legal ni económico, estaría violentando la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que originaría que entrara en desacato flagrante, y negaría el derecho fundamental a los ciudadanos de Monterrey de elegir libremente a sus autoridades.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, para que, a la brevedad, libere los 44 millones de pesos solicitados por la Comisión Estatal Electoral para la organización y realización de las elecciones extraordinarias ordenadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el municipio de Monterrey.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a emitir el Reglamento de la Ley General de Salud, en materia de Control Sanitario de Cannabis Medicinal, a cargo de la diputada Martha Angélica Tagle Martínez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Martha Tagle Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El día 21 de abril de 2016, el Ejecutivo federal remitió al Senado de la República la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y se reforma el párrafo tercero del artículo 195 del Código Penal Federal.

Con fecha 19 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal”, el cual entró en vigor el día 20 de julio de 2017.

En dicha reforma se adicionó el artículo 235 Bis, que establece un mandato expreso para que la Secretaría de Salud diseñe y ejecute políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol (THC).

En el artículo 237, en relación con la cannabis, se eliminó la prohibición expresa de siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo.

En el diverso 290, se precisó que las autorizaciones para importar substancias que otorga la secretaría de salud, también podrán concederse en relación con los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana.

Al artículo 245, fracción V, se le adicionó un párrafo precisando que los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1 pro ciento o menores de THC y que tengan amplios usos industriales, podrán comercializarse, exportarse e importarse cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria.

En el artículo 198 del Código Penal Federal se establece que no será punible la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud.

Finalmente, en el artículo cuarto de su régimen transitorio de otorga un mandato de 180 días a partir de su publicación, para que la Secretaría de Salud emita la regulación respectiva.

El anteproyecto de este reglamento, elaborado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), fue sometido a consulta pública por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer). Luego de la publicación del anteproyecto, en noviembre de 2017, se dieron 60 días para someterlo a consulta pública.

En la consulta pública se emitieron 159 comentarios de particulares, organizaciones de la sociedad civil y de pacientes quienes mostraron mayoritariamente su inconformidad respecto al contenido del anteproyecto. Los comentarios fueron recopilados por la Cofemer, ahora Conamer en el Dictamen Total Final en el que le sugiere a la Cofepris incluir algunos cambios:

• Valorar la pertinencia de incorporar en el anteproyecto de referencia disposiciones claras con las que se regule la siembra, cultivo y cosecha de cannabis para fines médicos no científicos, como pudiera ser el caso de las preparaciones caseras, entre otros.

• Establecer un sistema de disponibilidad regulada para las personas que contenga medidas tales como: cantidades máximas de plantas en el posesión de los interesados; el otorgamiento de licencias a productores privados o comerciales, así como a puntos de distribución de las semillas y las plantas, a efecto de contar con una red de proveedores autorizados, entre otros,1 con la finalidad de asegurar el acceso de la Cannabis a las personas que la requieran por cuestiones médicas y evitar restricciones que podrían generar problemas de salud pública.

• Aprovechar la oportunidad para incorporar en el anteproyecto las disposiciones regulatorias para la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte y demás relacionadas al proceso de transformación de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, permitiendo a los agentes involucrados, desarrollar ampliamente cada una de ellas, siempre que su destino final sea el del uso medicinal y donde también se incorporan disposiciones para cualquier tipo de insumo para la salud que pueda ser desarrollado con derivados de la cannabis.

• Armonizar los instrumentos reglamentarios, normativos y administrativos vigentes para investigación, producción, importación, exportación y publicidad de los insumos de la salud, acorde a lo señalado en la reforma de la LGS y el Código Penal, a efecto de evitar generar instrumentos regulatorios innecesarios.

• Valorar la existencia de mecanismos regulatorios alternos que correspondan al nivel de riesgo de la elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte y demás actividades relacionadas con los productos regulados por el anteproyecto, como pudiera ser el CBD y otros cannabinoides no psicoactivos.

• Se recomienda nuevamente a la SSA valorar la pertinencia de prever en la regulación propuesta esquemas que faciliten y aceleren el ingreso al mercado mexicano de aquellos productos derivados de la cannabis.

La fecha límite para emitir el Reglamento de acuerdo a lo aprobado por el Congreso de la Unión, era el 16 de diciembre del 2017. Con lo que la Cofepris encabezada por el Comisionado Julio Sánchez y Tepoz ha estado en falta durante casi un año.

El retraso de las autoridades para emitir el reglamento ha afectado a los pacientes que necesitan esto medicamentos y el uso terapéutico de estas sustancias para tratar distintos padecimientos haciendo nulo el derecho constitucional a la atención de su salud.

La autoridad regulatoria ha tenido acceso a información pertinente para emitir normatividad y hasta la fecha no lo ha hecho. Los lineamientos publicados el día 30 de octubre del presente año, no responden a las necesidades de los pacientes y suponen un fraude y simulación a la ley, ya que no responden al espíritu del decreto publicado y estos no son el recurso normativo idóneo para establecer obligaciones y requisitos a los particulares que quisieran producir e importar medicinas, medicamentos y suplementos derivados de la cannabis.

Estos lineamientos establecen en su artículo primero que tienen por objeto “establecer los criterios que la autoridad sanitaria utiliza para la evaluación y dictamen de las solicitudes de autorizaciones competencia de la Cofepris respecto a:

I. La regulación en materia de control sanitario de la cannabis y sus derivados farmacológicos, con fines médicos y científicos, y

II. Los criterios sanitarios para la comercialización, exportación e importación de productos con amplios usos industriales que contengan derivados de la cannabis en concentraciones de 1% o menores de THC. Las disposiciones del presente lineamiento son obligatorias para la Cofepris en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma.

Asimismo, en su artículo cuatro señala que “la aplicación en el ámbito administrativo corresponde a la Secretaría [de salud] por conducto de Cofepris.

Dicho lo anterior podemos afirmar que ese lineamiento emitido por la Cofepris, contraviene el cuarto transitorio del decreto publicado el 19 de junio de 2017, que mandata a la Secretaría de Salud armonizar los reglamentos y normatividad en el uso terapéutico del THC.

Estos lineamientos, como lo señaló la comisión de mejora regulatoria, sobrerregulan y obstaculizan el acceso de pacientes a su tratamiento, por lo que es necesario hacer un llamado al Ejecutivo federal a que emita un reglamento que si prevea todos los escenarios posibles que puedan representar obstáculos para el ejercicio del derecho a la salud de los mexicanos, ejerciendo la facultad regulatoria que le otorga la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los lineamientos emitidos por la Cofepris representan una limitante para que las y los pacientes que necesitan derivados de la cannabis para uso terapéutico pueda tener fácil acceso a dichos productos, negando con ello el ejercicio de diversos derechos, particularmente su derecho a la salud.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito legislador someto a consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados hace un extrañamiento a la Secretaría de Salud ya que los lineamientos emitidos por la Cofepris, con fecha 30 de octubre de 2018 para el control sanitario de la cannabis y derivados de la misma, contravienen el espíritu de la reforma en materia de uso medicinal y terapéutico de cannabis, obstaculizando el acceso a medicamentos derivados de cannabis a pacientes mexicanos.

Segundo: La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que en uso de las facultades regulatorias que le otorga el artículo 89 constitucional emita las disposiciones necesarias para armonizar los reglamentos y normatividad para dar cumplimiento al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 19 de junio de 2017garantizando el derecho a la salud de las y los mexicanos.

Nota

1 Room, Robin, et al. Políticas sobre el cannabis. Fondo de cultura económica. Beckley Foundation. México.2013.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 13 de noviembre de 2018.

Diputada Martha Tagle Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la Segob y el gobierno y los ayuntamientos de BC a implantar una estrategia que derive en acciones para disminuir y, en su caso, erradicar el aumento del robo de automóviles en la entidad, a cargo de la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, del Grupo Parlamentario de Morena

Martha Patricia Ramírez Lucero, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1, artículo 6o., y el artículo 79, numeral 2, fracciones III, IV y V, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero . Con la reforma constitucional del 29 de enero de 2016 al artículo 21 de nuestra Carta Magna, quedó establecido que la seguridad pública es una función del estado, e igualmente dispone la obligación para la federación, las entidades federativas y municipios de coordinarse a fin de conformar un Sistema Nacional de Seguridad Pública, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la Constitución federal señala.

Es por esto, que las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno tienen la responsabilidad y la obligación de coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la agenda en seguridad pública y conformar dicho sistema.

Derivado de lo anterior, y conforme al estricto derecho, apegados a la delegación de competencias que dicta la norma, es facultad de la federación a través de las autoridades de su jurisdicción, proyectar las políticas públicas que conduzcan en acciones efectivas para garantizar el trabajo organizado entre la federación, los estados y los municipios.

Segundo. En términos de la legislación en nuestro país, existen diferentes modalidades de robo, y para efectos de este documento nos ocuparemos específicamente del robo de vehículo automotor terrestre, este delito representa además de un golpe fuerte a los bolsillos de las familias mexicanas, un problema que permea de muchas otras maneras a la sociedad en general, y que de él se derivan muchos otros indicadores, como lo son, por mencionar algunos, el incremento en el gasto familiar por concepto de movilidad, ya que el precio del transporte público en Baja California es uno de los más elevados en el país y no necesariamente es de los mejores, una percepción de inseguridad latente en la ciudadanía, el aumento en el costo de los seguros para automóviles, mercado negro o ilegal de autopartes, delincuencia organizada, robo con violencia, y un sinfín de problemas generados por este conflicto.

Es para tomar en consideración que este atentado contra el patrimonio, no sólo afecta al propietario del bien, sino por el contrario, su espectro de perjuicio es exponencial, ya que, si tomamos en cuenta que el automóvil suele ser el medio de transporte no sólo para el dueño del mismo, sino de toda o gran parte de la familia del susodicho, este delito toma mayor importancia y preocupación si le sumamos estos hechos a los motivos ya mencionados en el párrafo anterior.

Tercero. Existen datos oficiales en nuestro país que nos muestran estadísticas de los índices delictivos tanto a nivel nacional como local, esta compilación de información se encuentra difundida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, la cual nos manifiesta un aumento notorio en la tasa de robos a vehículos automotores terrestres a nivel nacional, específicamente a carros de cuatro ruedas y motocicletas, llegando a la cantidad hasta el mes de septiembre del año en curso un total de 123 mil 259 autos de cuatro ruedas y 25 mil 453 motocicletas hurtadas.1

De ellos casi la mitad de los robos de coche de cuatro ruedas fueron con violencia sumando 47 mil 804.

En Baja California han ocurrido hasta la misma fecha (enero a septiembre) 11 mil 791 robos de automóviles, de los cuales 1 mil 86 fueron perpetrados con violencia y de los 530 robos de motocicletas 77 fueron con violencia.

El mismo secretariado arroja datos de 2017, y respecto a ellos el indicador más preocupante es que casi 12 de cada 100 de los robos de automóviles ocurridos a nivel nacional son realizados en el estado fronterizo, ya que de los 167 mil 963 hechos delictivos de esta índole en toda la nación, 19 mil 732 fueron en Baja California, esto significa 11.74 por ciento, y estos números parecen no tener un decremento, por el contrario, desde que se tiene información oficial, estos siempre han ido en aumento.

La información aquí presentada es un reflejo de la impunidad y el tan violentado estado de derecho que impera en el estado, la cual nos muestra la triste realidad y la situación de emergencia que azota a nuestro país en lo general, y a los bajacalifornianos en lo particular, ubicando a Baja California en el vergonzoso primer lugar en robo de vehículos por cada 100 mil habitantes.

Los números son fríos, contundentes y por sí mismos preocupantes, y ante tal inoperancia, tibieza y pasividad con que se actúa, es presumible que exista entonces un grado de involucramiento de las autoridades encargadas de la prevención e investigación del delito. Estos datos muestran una realidad contraria a la que pregona su gobernador, quien en números es el titular del Ejecutivo estatal con más robos de automóviles por entidad federativa.

Cuarto. Es del dominio público que Baja California no puede presumir de ser un lugar seguro, conocido es por su alta incidencia en homicidios dolosos, ocupando los primeros lugares nacionales en este triste y penoso rubro, y que sumado a lo anterior y para complementar la lista de estos terribles indicadores también agregamos otros delitos que se cometen en la entidad fronteriza con Estados Unidos de América, que son robos a casa habitación, secuestros y extorsiones, violaciones, robos con violencia, etcétera, lo cual en su acumulado, lo que deja ver es que permanece la incidencia delictiva al alza, y a la población en un punto de total vulnerabilidad, haciendo inútiles las políticas que implementan los tres órdenes de gobierno y una crisis acrecentada en el ámbito de seguridad estatal, al punto en el que su territorio se encuentra en un estado de ingobernabilidad, con una ausencia de mando, que aleja irremediablemente al turismo tanto nacional como internacional, y hace que los inversores no volteen a ver este lado de la frontera.

Ante tales consideraciones, y en vista de la innegable problemática que ataca Baja California es necesario que esta soberanía solicite a la Secretaría de Gobernación, al titular del Ejecutivo del estado de Baja California y a los gobiernos municipales, implementen de manera urgente una estrategia que permita garantizar la seguridad y el patrimonio de los ciudadanos que habitan el estado.

Por todo lo anterior, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación para que, en coordinación con el gobierno de Baja California y los ayuntamientos del estado, de manera inmediata implemente los protocolos necesarios que ayuden a bajar el índice de robos vehiculares, así como elaborar diagnósticos e identificar factores de riesgo para disminuir la creciente tasa de robos a vehículos automotores terrestres en Baja California.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobernador del estado de Baja California para que fortalezca sus políticas públicas encaminadas a disminuir la creciente tasa de robos de vehículos automotores terrestres en el estado.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos municipales de Baja California, para atender el creciente índice de robo de vehículos automotores terrestres en coordinación con el gobierno del estado de Baja California y el gobierno federal.

Nota

1 Página Oficial del Secretaria Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/nueva-metodologia/CNSP-Un idades%20robadas%202015-2018.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2018.

Diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los congresos locales a reformar los códigos civiles y las leyes respectivos para garantizar el derecho al cambio de nombre y la adecuación de los registros públicos y los documentos de identidad a través del procedimiento administrativo ante el registro civil correspondiente, a cargo de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numerales 1, fracción II, 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno, con carácter de urgente u obvia resolución, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas, para que realicen las reformas necesarias a los Códigos Civiles locales y leyes aplicables, para que se garantice el derecho al cambio de nombre y a la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad, a través de un procedimiento administrativo ante el Registro Civil correspondiente, conforme a la identidad de género auto-percibida de las personas , al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Hablar de los derechos humanos implica hablar de la libertad e igualdad, derechos garantizados por la Constitución Política Mexicana y por muy diversos tratados internacionales desde hace décadas. De esta forma, el Estado mexicano está obligado desde el primer artículo de la Constitución Política, a “promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”;1 así como “prohibir toda discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana.”2

Bajo este orden de ideas, México ha buscado garantizar los derechos de distintas minorías, adoptando medidas legislativas y de políticas públicas a nivel federal, para cumplir con dicho propósito de manera progresiva. Uno de los sectores de la población que son objeto directo de estos derechos trabajados en el aletargamiento de la conciencia social, es la población de la diversidad sexual.

Para entender la amplitud del universo en cuestión, debemos entender qué abarca a la población lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual y transgénero, condiciones que salen de la heteronormatividad.

Para hablar de la identidad trans, como uno de los sectores de este colectivo, nos remitimos a los Principios de Yogyakarta, que lo definen como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente profundamente y que puede o no corresponder con el sexo asignado al nacer. Dicha identificación puede o no llevar una modificación de la apariencia o función corporal, a través de tratamientos hormonales, médicos, quirúrgico o de otra índole. Es aquí donde el Estado debe brindar las facilidades para que este sector pueda llevar a cabo las adecuaciones correspondientes a sus documentos de identidad y ser protegido en todo momento por las leyes.

En el año 2015, la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal modificó el Código Civil para el Distrito Federal, para que cualquier ciudadano que así lo deseara, pudiera cambiar su nombre o identidad sexual de manera sencilla y sin necesidad de un juicio. Siendo esta entidad de la república la primera en dar estas facilidades a la población trans. De esta manera, la capital del país se convirtió en referente y lugar donde este sector de la población podía acudir a realizar este trámite administrativo ante el Registro Civil, presentando los documentos necesarios y el llenado de formatos correspondientes; de esta manera, en el primer año, 940 personas solicitaron cambiar género del masculino al femenino, mientras que 560 a la inversa.

No obstante los cambios en diversos códigos civiles, la modificación de los papeles de identidad de las personas trans se ha convertido en un peregrinar largo y costoso en muchas ocasiones y sigue siendo un problema a resolver en las legislaciones locales.

En sesión de “17 de octubre de 2018, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió a propuesta de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, el amparo en revisión 1317/2017; [...] derivado de una negativa a dar trámite a una solicitud formulada ante el Registro Civil de un municipio del estado de Veracruz para que se modificara el acta de nacimiento de la persona solicitante con motivo de una reasignación sexogenérica (adecuación tanto del nombre como el dato relativo al género).”3 Resolviendo en conceder el amparo, respecto al fragmento del artículo del Código Civil que implica discriminación indirecta y contraviene al artículo 1o. de la Constitución.

“Al respecto, se precisó que el cambio de nombre y en general la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad para que éstos sean conformes a la identidad de género auto-percibida constituye un derecho protegido tanto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos como por la Constitución, pues la adecuación de la identidad de género permite garantizar el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad, el derecho a la privacidad, el reconocimiento de la personalidad jurídica y el derecho al nombre; por lo que los Estados tienen la obligación de reconocer, regular y establecer los procedimientos adecuados para tal fin.”

De esta forma, en dicha propuesta, “la Primera Sala concluyó que el procedimiento idóneo debe cumplir con los siguientes cinco requisitos:

a) deben estar enfocados a la adecuación integral de la identidad de género auto-percibida;

b) deben estar basados únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos como certificaciones médicas y/o psicológicas u otros que puedan resultar irrazonables o patologizantes;

c) deben ser confidenciales, además, los cambios, correcciones o adecuaciones en los registros y los documentos de identidad no deben reflejar los cambios de conformidad con la identidad de género pero deben tomarse medidas a fin de evitar defraudar a terceros;

d) deben ser expeditos, y en la medida de lo posible, deben tender a la gratuidad; y, e) no deben exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas y/o hormonales.4

Es decir, respetando la autonomía de las entidades federativas y sus propios códigos civiles, pretendemos evitar cualquier tipo de discriminación indirecta y vulneración al artículo 1o. constitucional; buscamos que se garanticen los derechos de las personas trans, a través del cambio de nombre, de la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad, conforme a la identidad de género auto percibida por el/la solicitante. De esta forma se garantiza el desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad y al nombre, el derecho a la privacidad, y; al reconocimiento jurídico.

Por lo anteriormente motivado y fundado, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los congresos de las entidades federativas para que realicen las reformas necesarias a los códigos civiles locales y leyes aplicables, para que se garantice el derecho al cambio de nombre y a la adecuación de los registros públicos y de los documentos de identidad, a través de un procedimiento administrativo ante el Registro Civil correspondiente, conforme a la identidad de género auto-percibida de las personas, atendiendo al procedimiento idóneo propuesto por el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Notas

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1o., tercer párrafo.

2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1o., quinto párrafo.

3http://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/notic ia.asp?id=5775. Noviembre 2018

4 idem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de noviembre de 2018.

Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer un medio interinstitucional y transversal que dé cabal cumplimiento a los resolutivos del examen periódico universal A/HRC/WG.6/31/L.5, emitido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a cargo de la diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Silvia Lorena Villavicencio Ayala, diputada del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta honorable soberanía la siguiente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el marco de las acciones contra el crimen organizado, las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano han ido en aumento de forma grave y reiterada. Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la prensa nacional reportó, en diversas ocasiones, cómo miembros de las fuerzas de seguridad mexicana fueron implicados en graves violaciones a los derechos humanos, desde ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura. Sin embargo, hay que decirlo, en nuestro país, la historia de violaciones a los derechos humanos es larga, en distintas etapas y administraciones de gobierno.

Recordemos la masacre ocurrida en 1995 en la comunidad de Acteal, Chiapas, en la administración de Ernesto Zedillo; la ocurrida también en Tanhuato, Michoacán, en mayo de 2015; el caso Tlatlaya en junio de 2014; y el caso Ayotzinapa ocurrido en ese mismo año, por mencionar sólo algunos.

Cuarenta y cinco indígenas Tzotziles fueron asesinados el 22 de diciembre de 1997 a manos del Estado mexicano, mientras oraban en una iglesia de la comunidad de Acteal perteneciente al municipio de Chenalhó, Chiapas. Del número de víctimas que se tiene documentado, 9 eran hombres adultos, 20 mujeres y 16 era niñas, niños y adolescentes.

En este suceso, habitantes de la zona de Chenalhó denunciaron como responsables a grupos armados y entrenados por paramilitares. El gobierno federal inició una investigación y, al final, de los 34 indígenas que fueron condenados a 26 años de prisión, solo 2 aceptaron haber sido autores materiales del asesinato.

A pesar del deslinde de responsabilidades, por parte del entonces secretario de Gobernación, cuando sucedieron los hechos, en 2008, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH ) señaló que existió una responsabilidad del Estado por la masacre. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó que hubo manipulación del sistema de justicia a favor del Estado. En ese mismo año, 2008, los detenidos fueron liberados por sedición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por irregularidades en el debido proceso.

Otro caso que cobró relevancia en los últimos años fue Tlatlaya. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, militares ejecutaron a 15 de los 22 muertos hallados el 30 de junio de 2014, la versión que manejaron los distintos medios y gobiernos fue que los muertos eran criminales y habían muerto en un fuego cruzado con los militares.

Según la recomendación 51/2014 emitida por la CNDH para la Sedena, la PGR y al entonces gobernador del estado de México, la escena del crimen fue alterada con la intención de simular un contexto de enfrentamiento. Sin embargo, de acuerdo con la recomendación, no fue posible establecer precisamente quienes presenciaron, ordenaron y toleraron las violaciones de derechos humanos que fueron cometidas.

El caso Tanhuato, ocurrido en el estado de Michoacán en mayo de 2015, cobró relevancia por el grado de violencia. Según en el informe presentado por la CNDH, en el suceso murieron 43 personas en un enfrentamiento entre un supuesto grupo armado y la Policía Federal.

De acuerdo con el entonces presidente de la CNDH, la Policía Federal hizo uso excesivo de la fuerza, manipuló evidencia y trató de manera indigna algunos cadáveres. De igual modo, reportes periodísticos informaron que la Policía Federal torturó civiles, sembró armas, cartuchos, manipuló la posición de los cuerpos. Sobre todo, se ejecutaron a por lo menos a 22 personas, 4 más murieron por el excesivo uso de fuerza y el motivo de la muerte de otras 15 personas no pudo determinarse. Según la CNDH, durante los siguientes 15 meses después del hecho, ni la dirección de la Policía Federal, ni los directivos de la Comisión Nacional de Seguridad, ni la Secretaría de Gobernación hicieron nada para determinar lo acontecido en Tanhuato.

Y uno de los últimos casos, quizá el caso que ha cobrado mayor relevancia internacional, fue el de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa. A más de 4 años del suceso, las autoridades no han podido determinar exactamente lo sucedido y la posible implicación del Estado mexicano.

Es necesario que las instituciones encargadas de procurar seguridad y justicia acaten las distintas recomendaciones hechas por organismos internacionales y se conduzcan conforme a lo establecido por sus protocolos de seguimiento y cuando haya que castigar, no queden impunes tan graves violaciones.

Consideraciones

Primera. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero, señala que la principal responsabilidad del Estado es promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte, adicionalmente observará los principios de progresividad, universalidad, interdependencia e indivisibilidad y citando al artículo primero en su tercer párrafo se encuentra la razón que fundamenta la proposición con punto de acuerdo, tal como se lee: En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Segunda. La misma Constitución, en el artículo 133, establece que los tratados internacionales serán “Ley Suprema en la Unión”, con lo que su observancia es obligatoria para todas las autoridades.

Tercera. La resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos de la Organización Naciones Unidas establece la figura de “Examen Periódico Universal”, a fin de establecer directrices para el cumplimiento de los diversos tratados relativos de los que un Estado se considera parte, en dicho examen se emitirán diversas resoluciones que deberán ser de carácter vinculante a fin de concretar los fines descritos en cada tratado.

Cuarta. De los puntos anteriores se colige que en virtud del mandato del artículo 1o. constitucional, por mediación del artículo 133 de la misma norma suprema, los resolutivos del “Examen Periódico Universal A/HRC/WG.6/31/L.5”, emitidos por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, deberán tener un carácter vinculante, expedito y resolutorio , de forma que sus observaciones tengan el seguimiento adecuado.

De lo anterior se desprende que la Cámara de Diputados no puede ser ajena a este proceso de respuesta de los resolutivos del Examen Periódico Universal A/HRC/WG.6/31/L.5, por lo que se insta a esta honorable soberanía a crear dentro de sus atribuciones reglamentarias a construir un órgano cuya misión sea el acompañamiento de las acciones que den respuesta puntual a cada uno de los puntos mencionados en dicho documento.

Es por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio que se presenta ante esta honorable soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a instalar un mecanismo interinstitucional y transversal que de puntual cumplimiento a los puntos resolutivos del Examen Periódico Universal A/HRC/WG.6/31/L.5, emitido por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Segundo. La Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política, acuerda instalar un órgano de vinculación y seguimiento a los puntos resolutivos del Examen Periódico Universal A/HRC/WG.6/31/L.5, emitido por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, de acuerdo a las facultades y responsabilidades expresadas en la Ley Orgánica de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Dado en el pleno de la Cámara de Diputados, en la sesión ordinaria del 13 de noviembre de 2018.

Diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a Pemex a hacer pública diversa información sobre el robo de combustibles en el país, a cargo de la diputada Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Dolores Padierna Luna, diputada federal integrante de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados por el Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 6, fracción I, 79, numeral 2, fracciones III y IV, y demás aplicables del Reglamento, somete a consideración la proposición con punto de acuerdo de urgente resolución por el que se exhorta al titular de Petróleos Mexicanos, para que se haga pública múltiple información relacionada al robo de combustibles en el país, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A lo largo del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, el mercado ilícito de hidrocarburos creció exponencialmente y se diversificó. Las acciones emprendidas por el gobierno han sido insuficientes a tal grado que esta problemática han afectado la vida del país en múltiples ámbitos (al respecto se detalla adelante). Múltiples datos, ilustran la complejidad e incremento de los ilícitos:

• El propio director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Alberto Treviño Medina, ha señalado públicamente que el robo de combustibles ocasionó a esta empresa productiva pérdidas en 2017 por hasta 30 mil millones de pesos.1

• Otra forma de aproximar los efectos del robo de combustibles, es considerar la desviación volumétrica anual en los sistemas de transportes de refinados. Es decir, las pérdidas en términos del volumen de los combustibles. En este sentido, la unidad de medida utilizada es el número de barriles.2 Entre 2015 y 2017, la desviación volumétrica se duplicó, esto implicó casi 16 millones de barriles perdidos en el último año. Para 2018, se estima que la desviación volumétrica sea de 17.4 millones de barriles. Solamente en septiembre, también de este mismo año, se tuvo una desviación de 59,510 barriles diarios.3

• Otro indicador es el número de tomas clandestinas. Esta información es de gran valía pues si bien la sustracción directa de hidrocarburos se presenta en distintas modalidades, la más preocupante es precisamente la instalación de las tomas clandestinas. Estas no solo se presentan en la mayoría de los sistemas de trasporte por ducto del país, sino que es una actividad que se ha utilizado en gran medida por la delincuencia organizada con importantes efectos sociales. Apenas el pasado 11 de octubre, al comparecer ante esta soberanía, el director general de Pemex señaló que: en el sexenio, las tomas habían crecido en 262 por ciento; en el mismo periodo, el número total se encontraba en el alrededor 40 mil tomas y, que el presente año, ha sido el peor en cuanto al número de tomas encontradas.4

Estos datos, confirman la magnitud del crecimiento de la problemática relacionada al mercado ilícito de hidrocarburos. Como se mencionó, ha llegado a tal punto que el país enfrenta graves consecuencias en diversos ámbitos: serios daños a instalaciones estratégicas de Pemex; incremento de situaciones de violencia, deterioro del medio ambiente, riegos a la salud, mayor presencia de grupos de la delincuencia organizada en menoscabo de las autoridades locales y federales, aumento de la corrupción, conflictos políticos y sociales, entre otros.

Debido a su complejidad, tendencia de crecimiento e impacto en múltiples ámbitos para el país, el problema discutido puede considerarse como un asunto de Estado. Es decir, trasciende a una ideología o gobierno y demanda acción articulada e integral de diversas instituciones públicas. Por ejemplo, es fundamental el rol de Pemex pero implica la colaboración de autoridades federales y locales, que de acuerdo al ámbito de su competencia, tengan alguna injerencia en coadyuvar a resolver este fenómeno delictivo.

A pesar de lo hasta aquí señalado, más allá de las declaraciones púbicas y las estimaciones que se pueden realizar con algunos datos de Pemex, esta empresa ha sido omisa en hacer pública la información que permita conocer con detalle las diversas aristas de la problemática. Por ejemplo, sería de gran relevancia tener mayor claridad sobre: las principales características identificadas del mercado ilícito de hidrocarburos; la forma en que se realizan estimaciones del costo económico relacionado; los principales impactos económicos, ambientales y sociales observados; el seguimiento de casos de corrupción asociados al interior de Pemex; grupos de la delincuencia organizada identificados así como sus redes de sustracción y comercialización; resultados pormenorizados de las principales medidas emprendidas, entre diversos otros asuntos relacionados. Esta información sería de gran relevancia para enriquecer la planeación y diseño de políticas públicas del equipo de transición del gobierno que se encuentra próximo a entrar en funciones así como para la propia labor legislativa en esta soberanía y la Cámara de Senadores.

Por lo hasta aquí mencionado, es indispensable que antes del cambio de gobierno, la actual administración de Pemex aborde con seriedad este asunto y haga pública toda la información que pueda ser de utilidad para fortalecer diversos mecanismos institucionales como son: la evaluación de desempeño de su propia unidad administrativa de coordinación encargada de enfrentar el robo de hidrocarburos, los múltiples procesos en materia de seguridad, la protección del medio ambiente, las acciones realizadas para la mitigación de impactos sociales negativos, los resultados de la coordinación entre niveles de gobierno, entre otros.

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de ésta asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Dirección General de Pemex a que realice un diagnóstico que identifique los principales temas relacionados al fortalecimiento institucional que realiza para combatir el robo de combustibles en el país, incluyendo estimaciones de costos e impacto, que permita enriquecer la planeación y diseño de políticas públicas del equipo de transición del gobierno que se encuentra próximo a entrar en funciones así como para la labor legislativa de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.

Notas

1 Declaraciones públicas de Carlos Alberto Treviño Medina, director general de Pemex, en conferencia conjunta con el vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, en abril del presente año. Ver por ejemplo: García, Karol (2018). Pemex pierde 30 mil millones de pesos por robo de combustible. El Economista. Recuperado de:

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-pierde-30 000-mdp-por-robo-de-combustible-20180410-0065.html; El Universal (2018). Pemex reporta pérdidas de 30 mil millones de pesos en 2017 por robo de combustible. El Universal. Recuperado de:

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/pemex-rep orta-perdidas-de-30-mmdp-en-2017-por-robo-de-combustible,

2 Ver por ejemplo, Pemex (2018). Informe anual 2017. México: Pemex. Recuperado de: http://www.pemex.com/acerca/informes_publicaciones/Documents/Informe-An ual/Informe_Anual_2017.pdf; Comparecencia de González Anaya en 2017, entonces director de Pemex, en la Cámara de diputados. Cámara de Diputados (2017). Nota N°. 8136. México: Cámara de Diputados. Recuperado de:

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/ Agencia-de-Noticias/2017/10-Octubre/18/8136-Combate-al-robo-de-combusti ble-ya-arroja-algunos-resultados-como-la-reduccion-del-volumen-de-su-de sviacion-en-cerca-del-30-por-ciento-Gonzalez-Anaya

3 Cálculos propios con base en Pemex (2018). Sitio oficial de Pemex. Recuperado de: http://www.pemex.com/Paginas/default.aspx. Cabe también mencionar, que de acuerdo a esta misma fuente, el 86 por ciento del robo de combustible se concentra en 13 de los 56 sistemas de transporte y almacenamiento en el país y el producto más robado es la gasolina regular o magna (45 por ciento en promedio). Destaca también que el 58 por ciento del robo de combustible se concentra en 4 estados: Hidalgo, Puebla, Guanajuato y el Estado de México.

4 Cámara de Diputados (2018). Versión estenográfica, 11 de octubre. México: Cámara de Diputados. Recuperado de: http://cronica.diputados.gob.mx/PDF/64/2018/oct/181011-1.pdf

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2018.

Diputada Dolores Padierna Luna (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 367 aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

“Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis”. –Sor Juana Inés de la Cruz–

A 367 años del nacimiento de una de las mujeres más brillantes de la historia de la humanidad, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, recordamos con respeto y admiración a Sor Juana Inés de la Cruz, Juana de Asbaje, destacada religiosa de la Orden de San Jerónimo y extraordinaria escritora mexiquense que es reconocida por estar adelantada a su época y marcar la pauta para el paulatino empoderamiento de las mujeres en nuestro país.

Aunque no hay pleno consenso sobre la fecha de su nacimiento, la mayoría de los autores coinciden en que dicho acontecimiento se remonta al 12 de noviembre de 1651, en San Miguel Nepantla, estado de México. Sus padres fueron don Pedro Manuel de Asbaje (de origen vizcaíno) y doña Isabel Ramírez.

Con todos los factores en contra, en el México del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz desafió con valentía e inigualable éxito las marcadas desigualdades entre mujeres y hombres, la lucha en torno a la educación, la sabiduría y la escritura como sus instrumentos de cambio social en un contexto donde las posibilidades de progreso de las mujeres eran nulas o inexistentes.

Hoy recordamos a la poeta y dramaturga que destacó por su inteligencia nata, valor, lucidez, carácter y determinación. Además, ponemos en relieve la majestuosidad de su pensamiento y obra –legado que sigue vivo hasta nuestros días.

En el marco de esta conmemoración, cabe mencionar algunos de los pasajes más emblemáticos de la vida de la mujer que ha sido y sigue siendo inspiración para millones de niñas, adolescentes y mujeres en México y el mundo. En la primera etapa de su vida, estuvo bajo el cuidado de su abuelo, Don Pedro Ramírez, con quien creció rodeada de libros en la biblioteca de la Hacienda de Panoayan, aspecto que le permitió aprovechar su potencial.

Desde sus primeros años dejó de manifiesto ser una niña prodigio, con apenas tres años ya leía, a los ocho ya escribía poesía y en tan sólo 20 lecciones aprendió latín. En 1659 se fue a vivir a la capital del país. Debido a su notable talento, a los catorce fue invitada como dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo, quien le brindó protección y cuidados, mismos que le permitieron continuar con su formación.

Las capacidades y virtudes de esta mexiquense ejemplar fueron de tales dimensiones que el Virrey hizo que un grupo de letrados de diferentes facultades la evaluaran, obteniendo resultados brillantes. En 1667 ingresó al Convento de San José de Carmelitas Descalzas, pero la rigurosa disciplina de la orden afectó gravemente su salud, obligándola a abandonarlo unos meses después.

No obstante, su vocación la llevaron a reincorporarse a la vida religiosa, ahora en el Convento de San Jerónimo, donde tomó los votos definitivos y se convirtió en Sor Juana Inés de la Cruz en febrero de 1669. Como fue a lo largo de su vida, dentro del convento siempre se distinguió por su devoción y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones, así como por su pasión e inclinación hacia el estudio de la ciencia y las letras.

Aunado a lo anterior, durante este periodo siguió ampliando su ya vasta cultura, robusteciendo su preparación académica. Para la poetisa mexiquense adquirir, cuestionar y generar conocimiento fue más que un hábito de estudio y se convirtió en una forma de afrontar la vida.

También conocida como la -Décima Musa- (debido a la valentía con la que enfrentó y superó los cánones de aquella época), es reconocida a nivel mundial por ser una de las máximas exponentes de la literatura del barroco novohispano del siglo XVII, siendo un personaje fundamental dentro de la literatura universal. Asimismo, es considerada la última gran poeta de los siglos de oro.

Su extraordinaria obra contempla textos de diferentes géneros, tales como poemas; romances; redondillas; décimas; glosas; sonetos; liras ovillejos; silvas, villancicos; letras y autos sacramentales; y prosas. Todas con la característica fundamental de motivar las más grandes emociones que puede experimentar el ser humano.

El legado que nos ha dejado es incalculable y va más allá de sus obras escritas, entre las que destacan los siguientes poemas: La sentencia del justo; Sentimientos de Ausente; Amor inoportuno; Nacimiento de Cristo; Expresa los defectos; Letras para cantar; A una rosa; Excusándose; Oración traducida del latín; Ante la ausencia; Día de comunión; y Teme que su afecto.

Igual de importantes son las comedias tituladas: Los empeños de una casa; y La segunda Celestina, a las que se suman obras como los Sonetos y villancicos; Carta atenagórica y Respuesta a Sor Filotea; La inundación Castálida; Veintiún sonetos de amor y otros poemas; Primero sueño y otros escritos; El divino Narciso; Antología poética; Poesía lírica .

En el Partido del Trabajo, recordamos y homenajeamos con respeto a Sor Juana Inés de la Cruz, mujer adelantada a su tiempo que desde su infancia hasta su muerte (ocurrida el 17 de abril de 1695 a causa de una peste de fiebre que atacó al Convento de San Jerónimo), destacó por la lucidez e innovación de sus ideas; y por su valentía e ingenio para atreverse a cambiar paradigmas en un contexto que resultaba prácticamente imposible.

En mi carácter de diputada federal por el distrito 2 (Santa María Tultepec), estado de México y como orgullosa mexiquense, hago votos para que mujeres y hombres preservemos su memoria y legado. Reconozco que gradualmente hemos roto barreras para avanzar hacia una plena equidad e igualdad de género, pero también advierto que siguen vigentes grandes áreas de oportunidad que únicamente podrán ser superadas con el esfuerzo conjunto de mujeres y hombres.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)