Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, relativo a la protección y salvaguardia de niños y adolescentes que viajan solos en la caravana migrante centroamericana, a cargo de la diputada Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, diputada federal de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracciones I y II, del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados, presenta a esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones contextuales, culturales y estadísticos

a. Migración Internacional

Según datos del Banco Mundial y del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en los últimos 8 años, los datos globales señalan que la migración internacional ha aumentado de modo vertiginoso, pasando de ser 173 millones de personas en 20001 , a 222 millones en 20102 , y a 244 millones en 20153 .

Factores como escases de trabajo, así como la ola de violencia que se ha desatado en diversos países, especialmente latinoamericanos, han sido los principales causantes de este tipo de migración, siendo Estados Unidos de América uno de los principales países para residir.

Asimismo, las estadísticas señalan que las mujeres y niños representan un poco menos de la mitad de los migrantes internacionales. La proporción de niños y mujeres migrantes cayó del 49 por ciento en 2000 a 48 por ciento en 2016, mientras que los hombres encabezan la lista siendo 65 por ciento4 .

b. Migración infantil en América Latina

Dentro del fenómeno migratorio, países como Guatemala, El Salvador, Venezuela, Honduras y México encabezan la lista de los principales países con población altamente migrante; entre ellos, se encuentran niñas, niños y adolescentes, algunos de los cuales van en compañía de sus padres, de sus familiares u otros más que migran solos o con algún grupo de amigos5 .

Si bien es cierto que los causantes internacionales de la migración afectan las decisiones de los infantes a migrar, existen otro tipo de factores adheridos a dicha decisión, como la pobreza, la violencia intrafamiliar e incluso la trata con fines de explotación sexual y laboral que sufren en su país de origen6 .

Las estadísticas señalan que tan sólo en 2015 había en Estados Unidos casi 250 millones de migrantes de origen mexicano, guatemalteco, hondureño y salvadoreño; de los cuales 10 por ciento de los migrantes eran niñas, niños y adolescentes (NNA) que oscilaban entre los 8 y 15 años de edad.

Además, el número de menores asegurados por las autoridades mexicanas pasó de 10 mil 353 en 2008 a sólo 4 mil 43 en 2010, año en el que alcanzó su punto más bajo. En 2012 volvió a repuntar cuando 6 mil 100 menores fueron asegurados; creciendo en 2013 a 8 mil 350 y en 2014 a 21 mil 5477 .

Hasta el 2013, la gran mayoría (alrededor de 80 por ciento) de las niñas, niños y adolescentes alojados y repatriados por la autoridad migratoria mexicana estaba constituida por adolescentes de entre 12 y 17 años.

Sin embargo, en 2014 se alcanzaron cifras mucho más altas en el aseguramiento de menores migrantes, y casi cuatro de cada diez niñas y niños tenían de entre 0 y 11 años de edad. Es decir, en 2014 aumentaron los dos grupos de menores que pueden ser considerados de mayor vulnerabilidad por razones de género y edad.

La gran mayoría de los menores extranjeros asegurados en México son originarios de los países centroamericanos, principalmente originarios de Guatemala (46 por ciento) y Honduras (33 por ciento).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), cada año, alrededor de 40 mil niñas y niños y adolescentes que migran son repatriados desde Estados Unidos a México, de éstos, aproximadamente 18 mil viajan solos. Al mismo tiempo, en 2007, 5 mil 771 infantes centroamericanos fueron repatriados desde México a sus países de origen.

c. Caravana Migrante y NNA migrantes

El 12 de octubre de 2018, la Caravana de Migrantes, proveniente predominantemente de Honduras y en menor cuantía de Guatemala, ha sido un fenómeno que no sólo ha llamado la atención del gobierno encabezado por Donald Trump, sino por los gobiernos de México, Guatemala y Honduras.

Y es que no es para menos, pues aunado a las razones ya mencionadas como detonantes de la migración, los fenómenos de delincuencia, encabezados por el grupo denominado “los maras” y las pocas posibilidades de empleo dentro de sus fronteras8 .

Entre el 19 y el 22 de octubre, su llegada a la frontera sur de México ha llamado la atención debido a que dicha movilización está generando gastos y transferencias de parte de instituciones nacionales para su atención, entre ellas la Secretaría de Gobernación a través del INM, el SIPINNA y la Comar, la SRE, la CNDH, el gobierno de Chiapas, entre otros; además de los organismos internacionales en materia de protección y defensa de los derechos humanos.

En este sentido, dadas las circunstancias y las estadísticas antes citadas, es de carácter indispensable velar en todo aspecto por las niñas, niños y adolescentes migrantes, toda vez que en la travesía a la que valientemente se enfrentan son vulnerables tanto física como mentalmente y en su mayoría victimas de diversas violaciones a sus derechos.

Además de ser cooptados por el crimen organizado, con el fin de sumarse a ellos en el tráfico de personas y de drogas al grado de perder la vida en los enfrentamientos que estos llegan a tener con carteles opositores.

Es por ello, que se debe abordar el tema de la protección de estos menores, garantizar y salvaguardar sus derechos, así como su integridad física y asegurar su bien jurídico tutelado el cual es la vida9 .

No obstante,

• El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o Unicef (United Nations International Children’s Emergency Fund), Agencia de la ONU para refugiados (ACNUR), ACNUDH y la ONU, al día de hoy no han mandado ninguna ayuda humanitaria, aunque expresan su preocupación hacia este hecho de la caravana y expresan su preocupación, por las vías diplomáticas, en la defensa de los derechos humanos.

• El Programa interinstitucional de atención a menores migrantes y fronterizos no se ha posicionado al respecto ni genera esquemas de protección que garanticen la integridad de los menores. Además de estar únicamente presente en la frontera norte del país.

• Para que el punto de acuerdo que se refiere tenga éxito y sea turnado a las comisiones pertinentes, es necesario realizar ciertas consideraciones que a continuación se presentan.

Consideraciones

1. Respecto al Instituto Nacional de Migración

Que el Instituto Nacional de Migración, por medio de la Secretaría de Gobernación, y con fundamento en el artículo 71 de su normatividad, establezca grupos de protección especializados en la atención de las a niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan solos o acompañados dentro de la caravana de migrantes proveniente de Centroamérica y que se encuentren en territorio nacional; además de garantizar su protección y defensa de sus derechos, con independencia de su nacionalidad o situación migratoria.

Que de acuerdo a las actividades habituales de los Grupos Beta se brinde atención especializada en materia de rescate y salvamento de las niñas, niños y adolescentes que viajan solos, así como de asesoría legal y orientación; sin violentar, intimidar o vulnerar su integridad.

2. Respecto al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes

Que de conformidad con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en sus artículos 89 al 101, garantizar de forma prioritaria la asistencia social y protección consular de las niñas, niños y adolescentes migrantes que viajan solos dentro de la caravana.

Que, a través del artículo 96 de la presente ley, queda prohibido devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

3. Respecto al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

Que, a partir del principio del interés superior de la niñez, es obligación del DIF el de garantizar la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como también la de atender a esta población que viajan solos en la caravana y la de habilitar espacios, alojamiento, alimentación y atención psicológica a través de los sistemas nacional, estatales y municipales.

En virtud de los antecedentes y consideraciones expuestos, propongo a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Instituto Nacional de Migración para que a través de las funciones que le confiere la Ley de Migración y su Reglamento, trabaje conjunta y coordinadamente para coadyuvar los esfuerzos con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y el DIF Nacional, estatal y municipal en materia de atención, protección y salvaguarda de las niñas, niños y adolescentes que viajan solos en la caravana; así como de establecer la oportuna y pronta comunicación con las representaciones consulares de sus países de origen, sobre los procedimientos de protección consular, alojamiento y situación jurídica; de conformidad con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos de los migrantes.

Notas

1 http://www.beta.inegi.org.mx/temas/migracion/ el día 26 de octubre de 2018. Lo que equivalía al 2.8% de la población mundial.

2 Ibídem. Que representa 3.2 por ciento de la población mundial.

3 Ibídem. Que representa un 3.3 por ciento de la población mundial.

4 https://elpais.com/internacional/2017/03/08/mexico/1488949162_923238.ht ml el día 26 de octubre de 2016.

5 COLEF, Detención y devolución de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, páginas 5-7, México 2015. Que ofrece una visión y una clasificación más amplia respecto a la migración infantil y de adolescentes.

6 Ibíd. Páginas 7-11

7 Ibídem.

8 De modo más específico: 1) Honduras tiene las tasas más altas de muertes violentas según la ONU, todo esto generado por pandillas y la violencia de género. 2) Según la ACNUR la violencia de pandilla está impulsando el éxodo de los hondureños. 3) Los hondureños han privatizado todos los servicios como la salud; la educación y ahora tiene todos estos tienen que comprar todo para poder sobrevivir. 4) La mayoría de los entrevistados, niños y adolescentes, mencionan al grupo de “los maras” como motivo de su decisión para migrar.

9 https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6931.htm 29 de octubre de 2018.

Palacio Legislativo a los 8 días del mes de noviembre de 2018.

Diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez (rtúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las autoridades responsables para que hagan del conocimiento público el proyecto ejecutivo de la refinería que se planea construir en Dos Bocas, Tabasco, se garantice el estado de derecho, se considere la opinión de los expertos en la materia y se realice un ejercicio de consulta pública constitucional, objetiva y transparente, a fin de no poner en riesgo las finanzas públicas y el desarrollo del país, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la Honorable Asamblea la Proposición con Punto de Acuerdo, de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones:

Durante la campaña política, el ahora presidente electo planteó rehabilitar seis refinerías y construir dos nuevas, entre ellas la de Atasta, Campeche, y en Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco. Posteriormente, ya como presidente electo, anunció la construcción solo de la segunda.

Aún se desconocen con precisión los costos de la obra, el inicio de los procedimientos de licitación y las empresas contratadas con este objetivo. Se desconoce la titularidad de los predios en donde se edificará, ya que, a decir del gobernador electo del estado de Tabasco, las inversiones se desarrollarán en el Puerto de Dos Bocas, polígono en donde el actual Gobierno Federal decidió instalar la Zona Económica Especial en los municipios de Centla, Paraíso, Cunduacán, Comalcalco y Cárdenas.

Se ha dicho sin ningún tipo de sustento técnico, que esta nueva refinería aportaría entre 300 mil y 400 mil barriles diarios, y se espera que los trabajos se desarrollen en por lo menos cuatro años con un gasto que superaría los 6 mil millones de dólares.

La construcción de infraestructura petrolera es fundamental para el desarrollo del sector y el crecimiento económico de México, sin embargo, tratándose de un tema técnico, deben seguirse los criterios de especialistas en la materia y realizarse diversos estudios e investigaciones que determinen la viabilidad de los proyectos y la idoneidad del lugar donde se ubicará.

Es necesario tener en cuenta los impactos ambientales, sociales y económicos, así como criterios de carácter técnico, de otro modo se corre el riesgo de derrochar recursos, causar daños en el entorno o no obtener los beneficios esperados. Las decisiones en materia de infraestructura deben hacerse desde una perspectiva de política pública y objetivamente, no con base en posturas políticas o ideológicas.

La construcción de la Refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, antes de todo empecinamiento o capricho político, requiere de elementos técnicos y procedimientos administrativos que se deben cumplir para conocer la viabilidad del proyecto.

Requiere un estudio de impacto ambiental, de factibilidad y análisis de suelo, un análisis costo-beneficio, aunado a un proyecto ejecutivo que, por tratarse de una obra de infraestructura, se deben observar las disposiciones relativas al registro de nuevos programas y proyectos de inversión, para que cuente con una clave de registro en la Cartera de Programas y Proyectos de Inversión.

Lo anterior, a efecto de que se pueda prever la disponibilidad presupuestaria para esta obra de infraestructura en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Pese a ello, aún hay diversos aspectos que permanecen en la opacidad. ¿Dónde están los estudios de impacto ambiental, de factibilidad y análisis de suelo que requieren su tiempo para determinar la viabilidad de una obra de infraestructura?

Sin estos elementos, no se puede elaborar un proyecto ejecutivo y, por ende, no se le puede asignar recursos presupuestales porque se estaría violando diversas normas en materia ambiental, de construcción y de responsabilidad hacienda que tendría consecuencias de responsabilidad administrativa y penales.

Debido a la mala planeación según expertos en la materia, esta obra generará problemas de ordenamiento territorial, dificultad para atender las necesidades de los trabajadores y congestión en la zona, ya que no cuenta con la infraestructura y los servicios básicos para las nuevas necesidades, es decir, provocaría problemáticas adicionales para la población.

Este proyecto va a generar impactos ecológicos en los predios que actualmente son utilizados para fines rurales y agropecuarios, ya que, con la construcción de esta nueva refinería, pasarán a ser de vocación industrial.

Violentando la normatividad federal en materia de obras públicas, el pasado 26 de septiembre el Congreso del Estado de Tabasco aprobó una reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para no hacer licitaciones públicas cuando se trate de proyectos de desarrollo.

Al respecto, la Comisión Federal de Competencia Económica indicó que de entrar en vigor la reforma “se afectaría de manera grave el proceso de competencia y libre concurrencia en las contrataciones públicas en dicha entidad, […] amplía sin fundamentación objetiva el margen de discrecionalidad de la autoridad en la asignación de contratos, al extender los supuestos de excepción a la licitación pública y la adjudicación directa de contratos, con los consecuentes riesgos en el debido ejercicio del presupuesto público”.1

Señala que las licitaciones públicas son el medio idóneo para asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad en la contratación de obras, bienes y servicios. Así lo establecen las leyes vigentes de obras y de adquisiciones de Tabasco, en línea con lo que mandata el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Alertó que al descartar el uso de métodos competidos en las contrataciones se favorece la contratación de empresas poco eficientes, comprometiendo la permanencia de competidores capaces de ofrecer mejores alternativas de calidad y precio a las instituciones públicas, distorsionando con ello el mercado con daños que van más allá de un solo proceso de contratación pública.

Finalmente, resulta fundamental recoger la opinión de los ciudadanos, ya que es una obra de impacto nacional, que puede afectar la finanzas públicas y el desarrollo del país.

La creación de empleos y la derrama económica derivados de este tipo de proyectos son elementos importantes, sin embargo, también deben considerarse los elementos que afectan la vida diaria de las comunidades, como el desabasto de agua, contaminación, pérdida del hábitat, medidas de seguridad, la situación legal de los terrenos donde se construirán, entre otros.

En este sentido, con el objetivo de garantizar el bienestar de las comunidades afectadas, es necesario tomar en cuenta sus opiniones, por lo que los proyectos planeados deben ser sometidos a una consulta en aras de la participación ciudadana y el desarrollo de nuestra democracia.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente u obvia resolución:

Punto de Acuerdo

Único. La H. Cámara de Diputados exhorta a las autoridades responsables para que hagan del conocimiento público el Proyecto Ejecutivo de la refinería que se planea construir en Dos Bocas, Tabasco, se garantice el Estado de Derecho, se considere la opinión de los expertos en la materia y se realice un ejercicio de consulta pública constitucional, objetiva y transparente, a fin de no poner en riesgo las finanzas públicas y el desarrollo del país.

Notas

1 https://www.cofece.mx/el-decreto-que-reforma-las-leyes-de-obras-publicas-y-adquisiciones-de-tabasco-violenta-los-principios-constitucionales-de-libre-competencia-cofece/

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 8 de noviembre de 2018.

Atentamente

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a establecer por la Segob un protocolo para garantizar los derechos humanos de niños y adolescentes migrantes acompañados, no acompañados o separados nacionales extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana, conforme a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo del diputado Javier Castañeda Pomposo, del Grupo Parlamentario del PES

El suscrito, Javier Castañeda Pomposo, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 79, numeral 2, fracciones III y VI; 113 y 139, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal licenciado Enrique Peña Nieto, a fin de que gire instrucciones inmediatas al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Jesús Alfonso Navarrete Prida, para que con base a las atribuciones y facultades a ella conferidas:

Establezca un protocolo para garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana, que mandata la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como los tratados internacionales de los que México es parte, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con fecha del 23 de octubre de 2018 esta honorable Cámara de Diputados aprobó a petición de la Junta de Coordinación Política, un punto de acuerdo que en su segundo numeral exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para proteger y garantizar los derechos de las niñas y niños, que, solos o acompañados, forman pare de la caravana migrante, y a que se respete, proteja y garantice el interés superior del menor.

Aunado a esto la presente proposición de punto de acuerdo que me permito presentar, es con la finalidad de que se integre una coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal es decir la Secretaría de Gobernación, Secretaria Desarrollo Social el Instituto Nacional de Migración, las direcciones estatales del migrante en los estados fronterizos y los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (DIF). gobiernos de los estados y gobiernos municipales, para implementar medidas especiales de protección de los derechos humanos de aproximadamente más de mil quinientos niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados y no acompañados que integran la caravana migrante, provenientes en su mayoría del país de Honduras.

Es de vital importancia que se respeten los derechos a que son sujetos las niñas, niños y adolescentes, que establece nuestra constitución y la ley general de la materia, siendo el caso de que actualmente recorre por nuestro país una caravana de personas en contexto de migración provenientes de Centroamérica y en ella participan niñas, niños y adolescentes.

Actualmente en nuestro país, no está integrado un protocolo de coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, para implementar medidas especiales de protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes, desplazados por la situación económica de sus países, violencia, crimen organizado y amenazas.

Siendo el caso de que estas autoridades deben de adoptar medidas de protección para garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana.

Las autoridades de estos tres los órdenes de gobierno deberán proporcionar, de conformidad con sus competencias, los servicios correspondientes a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria.

Al instituto nacional de migración, le corresponde determinar la condición migratoria de la niña, niño o adolescente, y el Sistema Nacional DIF o sistemas de las entidades, según corresponda, deberán brindar la protección que prevé la ley general de la materia y demás disposiciones aplicables.

El principio del interés superior de la niñez es una consideración primordial que se tomará en cuenta durante el procedimiento administrativo migratorio al que estén sujetos niñas, niños y adolescentes migrantes, en el que se estimarán las posibles repercusiones de la decisión que se tome en cada caso.

Las autoridades responsables y competentes deberán coordinarse para observar y evaluar los procedimientos de atención y protección especial de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes, previstos en la Ley de Migración, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, debiendo ser primordial el observar en todo momento el principio del interés superior de la niñez y los estándares internacionales en la materia.

Los tres niveles de gobierno en coordinación conjunta, una vez en contacto con la niña, niño o adolescente adoptaran las medidas correspondientes para la protección de sus derechos humanos y, en consecuencia, darán una solución que resuelva todas sus necesidades de protección, debiendo tomar en cuenta sus opiniones y privilegiando la reunificación familiar, excepto que sea contrario a su interés superior o voluntad.

Para garantizar la protección integral de los derechos, los Sistemas Nacional, Estatales y Municipales DIF, habilitarán espacios de alojamiento o albergues para recibir a niñas, niños y adolescentes migrantes. Asimismo, acordarán los estándares mínimos para que los espacios de alojamiento o albergues brinden la atención adecuada a niñas, niños y adolescentes migrantes.

Los espacios de alojamiento de niñas, niños y adolescentes migrantes, respetarán el principio de separación y el derecho a la unidad familiar, de modo tal que, si se trata de niñas, niños o adolescentes no acompañados o separados, deberán alojarse en sitios distintos al que corresponde a las personas adultas. Tratándose de niñas, niños o adolescentes acompañados, podrán alojarse con sus familiares, salvo que lo más conveniente sea la separación de éstos en aplicación del principio del interés superior de la niñez.

Debiéndose de establecer medidas que garanticen los derechos humanos en los casos siguientes; devolver, expulsar, deportar, retornar, rechazar en frontera o no admitir, o de cualquier manera transferir o remover a una niña, niño o adolescente cuando su vida, seguridad y/o libertad estén en peligro a causa de persecución o amenaza de la misma, violencia generalizada o violaciones masivas a los derechos humanos, entre otros, así como donde pueda ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En los casos de que los Sistemas DIF identifiquen, mediante una evaluación inicial, a niñas, niños o adolescentes extranjeros que sean susceptibles de reconocimiento de condición de refugiado o de asilo, lo comunicarán al Instituto Nacional de Migración a fin de adoptar medidas de protección especial.

El Sistema Nacional DIF y los sistemas de las entidades federativas, en coordinación con las instituciones competentes, deberán identificar a las niñas, niños y adolescentes extranjeros que requieren de protección internacional, ya sea como refugiado o de algún otro tipo, a través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario mediante la adopción de medidas de protección especial.

El Sistema Nacional DIF deberá diseñar y administrar las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados, incluyendo, entre otros aspectos, las causas de su migración, las condiciones de tránsito, sus vínculos familiares, factores de riesgo en origen y tránsito, información de sus representantes legales, datos sobre su alojamiento y situación jurídica, entre otros, y compartirlo con la procuraduría federal de protección de niñas, niños y adolescentes.

Los derechos humanos son universales, inalienables e indivisibles y por lo tanto se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como personas titulares de derechos y obligaciones sin distinción de su condición socioeconómica, étnica, de religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, nacimiento, edad o cualquier otra condición social propia o la de sus padres.

Los derechos fundamentales consagrados por los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la declaración universal de derechos humanos, el pacto internacional de derechos civiles y políticos, el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, la convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial; la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la más reciente convención sobre las personas con discapacidad enumeran un vasto número de derechos que son también relevantes y plenamente aplicables para la protección de los derechos de las personas menores de 18 años.

Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos fundamentales consagrados por los instrumentos internacionales, y conforme al principio de igualdad y no discriminación, la protección de los derechos humanos y su ejercicio y goce corresponde a todos los seres humanos incluyendo las niñas, niños y adolescentes sin distinción alguna.

Sin embargo, ha sido necesario adoptar instrumentos vinculantes para reafirmar esa protección a grupos específicos de población atento la persistente y sistemática violación de esos derechos sea por razones de edad, raciales, de género, o por tener alguna discapacidad.

La oficina de UNICEF en México ha trabajado intensamente, en colaboración con el gobierno de México, en la creación de políticas, medidas y acciones concretas encaminadas al cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes tanto mexicanos como extranjeros.

La mesa de diálogo interinstitucional sobre niñas, niños y adolescentes no acompañados y mujeres migrantes es un foro de discusión sobre políticas y responsabilidades sobre los niños y niñas migrantes cuyo objetivo es crear mecanismos integrales de protección para los niños y niñas migrantes.

La mesa fue instalada el 30 de marzo del 2007 en México, por la subsecretaría de población, migración y asuntos religiosos de la secretaría de gobernación y participan en ella la OIM, UNICEF, ACNUR, así como la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional DIF, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, entre otras instituciones.

La mesa es coordinada por la subsecretaria de población, migración y asuntos religiosos de la secretaría de gobernación y se constituye como un órgano interinstitucional estratégico relativo a la situación de las niñas, niños y adolescentes no acompañados y las mujeres migrantes. Su objetivo es evaluar la coordinación interinstitucional, intercambiar información y acordar las medidas y niñas, niños y adolescentes no acompañados y mujeres que entren o salgan del territorio nacional.

Desde el año 2001 hasta el año 2006 el DIF nacional y los DIF locales han establecido 23 albergues en la frontera norte que forman parte del programa interinstitucional de atención a menores fronterizos; en éste último año atendieron a más de veinte mil niñas, niños y adolescentes mexicanos que fueron repatriados desde los estados unidos.

Estos albergues forman parte de una red que trabaja para garantizar los derechos de los niños migrantes no acompañados tanto en el momento de la repatriación como en el retorno a sus lugares de origen.

Entre las funciones generales de los albergues en la frontera norte relacionadas con los migrantes podemos mencionar las siguientes:

A) reciben a los niños, niñas y adolescentes migrantes y repatriados.

B) les brindan alojamiento, alimentación, servicios de salud y vestido.

C) buscan y localizan a sus familiares.

D) entregan a los niños, niñas y adolescentes a los familiares que acrediten la filiación en el mismo alberge.

E) en el caso de que las familias de bajos recursos que no puedan trasladarse a los estados del norte para recoger a las niñas y niños, los alberges buscan financiamiento para enviarlos a sus lugares de origen y reunificarlos con sus familias.

F) se canaliza a los niños a sus lugares de origen.

La red está compuesta por albergues públicos y privados. En la frontera norte 13 albergues son del Sistema DIF, 4 del DIF y del Instituto Nacional de Migración, y 6 de organismos no gubernamentales participantes en el programa.

En la frontera sur está en funcionamiento un albergue en Tapachula, Chiapas que atiende niños y niñas centroamericanos.

La elaboración de un protocolo de atención y protección a niñas, niños y adolescentes migrantes debe ser sustentado en los siguientes fundamentos jurídicos: la constitución política de los estados unidos mexicanos contempla en sus artículos 1, 4 y 11, la igualdad de derechos humanos que gozan todas las personas que se encuentran en territorio nacional y la obligación de las autoridades en los tres órdenes de gobierno a la aplicación de tratados internacionales en materia de protección de niñas, niños y adolescentes.

Que la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, publicada en el diario oficial de la federación el 4 de diciembre de 2014 tiene entre uno de sus objetos el reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, garantizando su protección independientemente de su nacionalidad o su situación migratoria.

Que el artículo 2 de la ley de migración, publicada en el diario oficial de la federación el 25 de mayo de 2011 establece como uno de los principios en los que debe sustentarse la política migratoria del estado mexicano, el del interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o permanente en México.

Que el artículo 112 de la ley de migración, regula el procedimiento para la atención de niñas, niños y adolescentes migrantes.

Que el artículo 89 de la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, establece, entre otras cosas, que en tanto el instituto nacional de migración determine la condición migratoria de niña, niño o adolescente, el sistema nacional DIF o sistema de las entidades, según corresponda, deberá brindar la protección que prevé la ley de referencia y demás disposiciones aplicables.

Que el artículo 90 de la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, determina que las autoridades competentes deberán observar los procedimientos de atención y protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, previstos en la Ley de Migración, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, debiendo observar en todo momento el principio de interés superior de la niñez y los estándares internacionales en la materia.

Que adicionalmente, el artículo 106 del reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que el instituto nacional de migración debe dar aviso inmediato a la procuraduría federal cuando inicie un procedimiento administrativo migratorio que involucre a niñas niños o adolescentes, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, a efecto de que esta última ejerza las atribuciones que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su reglamento le confieren.

La procuraduría federal, por su parte deberá en lo conducente, actuar conforme a lo establecido en el artículo 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Que el artículo 169 del Reglamento de la Ley de Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2012, establece que, para todas las decisiones relativas al tratamiento de niñas, niños o adolescentes por parte de la autoridad migratoria, debe prevalecer el interés superior de la niñez.

Que el artículo 105 del Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que el instituto nacional de migración en coordinación con la procuraduría federal de protección de niñas, niños y adolescentes, debe emitir un protocolo para asegurar que los procedimientos administrativos migratorios que involucren a niñas, niños y adolescentes respeten los principios y derechos que establece la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes y se privilegie el interés superior de la niñez;

Que, en cumplimiento a dicho mandato, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, actuó coordinadamente con este instituto para emitir un protocolo.

Que el plan nacional de desarrollo 2013-2018, publicado en el diario oficial de la federación el 20 de mayo de 2013, establece en la meta nacional México con responsabilidad global como línea de acción en la estrategia 5.4.4 el diseño y ejecución de programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes, como niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, víctimas de delitos graves cometidos en territorio nacional, personas con discapacidad y adultos mayores.

Que el programa especial de migración 2014-2018, publicado en el diario oficial de la federación el 30 de abril de 2014, establece en su estrategia 1.2 promover la coordinación y participación corresponsable, nacional e internacional, de los distintos actores en la atención del fenómeno migratorio, así como en su línea de acción 1.2.9 generar mecanismos de coordinación interinstitucional para la atención integral a niñas, niños y adolescentes repatriados y potencialmente migrantes, y

Que en todas las decisiones y actuaciones el estado mexicano velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; como lo son entre otros la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, guiando el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a las niñas, niños y adolescentes.

Por lo anteriormente expuesto se solicita a esta honorable asamblea se dispense el trámite correspondiente para que la presente proposición con punto de acuerdo económico sea discutida y aprobada en esta misma sesión, por ser esta urgente y de obvia resolución y bajo el siguiente punto resolutivo:

Punto de Acuerdo

De urgente y obvia resolución:

Único. la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, licenciado Enrique Peña Nieto, a fin de que gire instrucciones inmediatas al titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Jesús Alfonso Navarrete Prida, para que con base a las atribuciones y facultades a ella conferidas:

Establezca un protocolo para garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto de movilidad humana que actualmente transitan en caravana en nuestro país.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2018.

Diputado Javier Julián Castañeda Pomposo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que exhorta a la SHCP a reforzar la aplicación de la normativa regulatoria, y ejercer y transparentar los recursos recaudados por el IEPS a los alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, a cargo del diputado Érik Isaac Morales Elvira, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Erik Isaac Morales Elvira, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo citado por el artículo por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, en su fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo, de urgente u obvia resolución por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones y a través de sus dependencias competentes, se refuerce la aplicación de la normatividad regulatoria y se ejerzan de forma adecuada y transparente los ingresos recaudados, por concepto del impuesto sobre producción y servicios a los alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas.

En función de que el ingreso obtenido por el cobro del impuesto por concepto de IEPS, a alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, deberá destinarse a programas de promoción, prevención, detección, investigación, tratamiento, control y combate al sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas relativas; así como la ejecución de una adecuada estrategia de fomento para la cultura física y deporte que permita resarcir los daños causados por la alta ingesta de los productos antes mencionados, situación por la que resulta indispensable proveer de los recursos necesarios a las autoridades competentes en cada materia.

Exposición de Motivos

En los últimos años, en nuestro país se ha presentado un crecimiento en los índices de personas que padecen de diabetes. Los datos arrojados por el informe Panorama de la salud 2017, presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estiman que cerca del 16 por ciento de la población en nuestro país se ve afectada por dicho trastorno. Lo cual implica que, de los países pertenecientes a la OCDE, considerando una media del 7 por ciento de la población con dicha enfermedad crónica, México se encuentra en una situación crítica al rebasar la media de los países miembros, con lo que se posiciona en el primer lugar de padecimientos por diabetes.

En cuanto hace a lo correspondiente a obesidad y sobrepeso, la tasa de México supera en 18.6 por ciento a la media de los 34 países de la OCDE, la cual es de 53.9 por ciento. Además, 19.4 por ciento corresponde a obesidad y 34.5 por ciento a sobrepeso.

El estudio realizado por la OCDE destaca que México es de los países con peores hábitos alimenticios, mayor sobrepeso y obesidad en la región.

Lo cual tiene como consecuencia que las enfermedades crónicas relacionadas con el sobrepeso representen 7 de las 10 principales causas de muerte, las dos más relevantes son diabetes y enfermedades del corazón.

Por lo que es posible considerar que México tiene una epidemia de obesidad. De acuerdo a la OCDE, se estima que para 2030 el 40 por ciento de los adultos mexicanos tendrán obesidad, principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas.

La salud vista como un derecho humano, de acuerdo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales correspondientes, deberá garantizarse su protección y efectividad con el objetivo de promover un adecuado desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de las y los mexicanos.

La omisión en el actuar de las autoridades para combatir la problemática que aqueja a gran parte de la población, propicia una serie de dificultades derivadas, tales como la inminente debilidad en la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud por los altos costos que genera la atención médica, la disminución en la calidad y esperanza de vida de las y los mexicanos, y la disminución en la productividad que ocasiona un desbalance en el desarrollo personal, profesional y económico.

Según la Organización Mundial de la Salud, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad se debe a un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas, ocasionado por los factores siguientes:

• Un aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa; y

• Un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización.

A menudo los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud; la agricultura; el transporte; la planificación urbana; la cultura física y deporte; el medio ambiente; el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos y la educación.

Para ello, al inicio de la gestión del Gobierno saliente, se propuso, sin resultados óptimos, una Estrategia Nacional para la Prevención y Control del sobrepeso, obesidad y la diabetes. En ella se proponían medidas enfocadas a estabilizar y revertir el proceso y las implicaciones que se han generado por los altos índices de sobrepeso y obesidad.

Aunado a ello, se consideró la posibilidad de adoptar la Estrategia Mundial de la OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud mediante una estrategia integral que no sólo tuviera su base en la prevención y atención médica, sino que también sea posible incidir en cambios al estilo de vida, la promoción de una alimentación correcta y la disminución del sedentarismo, a través de acciones en diversos entornos, como lo son el familiar, el educativo, el laboral y el comunitario.

Sin embargo, según cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el presupuesto de salud disminuyó más de 20 por ciento durante este sexenio. Las finanzas públicas y el sector salud se han encontrado limitados en tratar a aquellos pacientes afectados. Ante tal situación, el IMCO se ha encargado de analizar los siguientes preceptos que se reflejan en lo siguiente:

• Cobertura insuficiente: más de 16 millones de mexicanos carecen de algún tipo de protección financiera en salud;

• Desabasto de medicamentos: solo el 61 por ciento de las personas con diabetes, hipertensión y dislipidemia que acudieron a los servicios estatales de salud lograron obtener todos los medicamentos para cubrir su tratamiento.

• Largos tiempos de espera: en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en los sistemas estatales de salud, los tiempos de espera aproximadamente son de dos a tres veces mayores que en el sector privado, respectivamente.

Situación por la que resulta indispensable considerar que el problema de la diabetes y el sobrepeso no se soluciona con la implementación de una estrategia en lo particular, sino que debe ser acompañada de alternativas que en su conjunto puedan lograr un mayor impacto. Los que sí es claro es que la escasa actividad física es factor para un menor gasto calórico, situación que acompañada de los inadecuados hábitos alimenticios propicia la problemática de salud por la que está pasando nuestro país.

México tiene la tasa más alta de sobrepeso y obesidad en mayores de 15 años, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en su informe Panorama de la Salud 2017, tal como se mencionó anteriormente.

El 72.5 por ciento de la población en la nación tiene esos problemas, de los cuales, 33.3 por ciento tiene obesidad y 39.2 por ciento sobrepeso. En los últimos 10 años el porcentaje de población con obesidad se incrementó 3.3 por ciento; no obstante, Estados Unidos continúa siendo el país con mayor población con ese mal, 38.2 por ciento tiene esta condición.

“Las altas tasas de obesidad son uno de los principales problemas de salud pública”, subrayó el organismo.

La obesidad está reduciendo drásticamente la calidad y esperanza de vida en México, al constituir un factor de riesgo para muchas enfermedades crónicas, indica la OCDE.

México es el país con la tasa de obesidad más alta en adultos de América Latina y ocupa el sexto lugar en los índices de obesidad de niños y adolescentes, señala un nuevo informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con el informe, la tasa de obesidad de adultos en México es de 28.9 por ciento de la población, seguido por Argentina (28.3 por ciento), Chile (28 por ciento) y Dominica (27.9 por ciento), entre otros países.

En cuanto a la tasa de obesidad en los niños y adolescentes (entre 5 y 19 años de edad), México ocupa el sexto lugar de la región con un 14.8 por ciento de la población, seguido de Bahamas (con 17.3 por ciento), Argentina (16.9 por ciento), Chile (15.2 por ciento), Dominica (15 por ciento) y República Dominicana (15 por ciento).

“Con los estudios que hemos hecho en la OMS, en estos momentos recomendamos subir el impuesto a las bebidas azucaradas hasta un 20 por ciento, México subió el 10 por ciento, eso es un gran paso, pero lo recomendable es que aumentara a un 20 por ciento “, remarcó Willumsen.

Explicó además que aparte del aumento de impuestos, también es recomendable incentivar un cambio de dieta hacia verduras, frutas y alimentos frescos, con la subvención de esos productos para ayudar especialmente a las personas con bajos ingresos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) alertó sobre la necesidad de cambiar los hábitos alimenticios en México, donde el 73 por ciento de la población adulta padece sobrepeso u obesidad: siete de cada 10 adultos, cuatro de cada 10 jóvenes y uno de cada tres niños.

Ante tal situación, en la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del sobrepeso, obesidad y la diabetes, se establecieron parámetros que permitieran fomentar una mayor cultura de la actividad física, por ejemplo, que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte tuviera objetivos claros en la promoción y fomento del deporte a través de la aplicación de la Ley General de Cultura Física y Deporte mediante la coordinación entre la Federación, los Estados y los Municipios para fomentar, promover e instrumentar mecanismos que permitieran el desarrollo de actividades deportivas y con ello lograr la preservación del derecho a la cultura física y el deporte promovido por el artículo 4 de la Constitución mexicana.

Sin embargo, la estrategia se quedó en buenas intenciones porque durante el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se presentó una importante reducción del presupuesto a la Conade, mismo que asciende a un 70 por ciento aproximadamente.

En el año de 2013, se emitió el primer presupuesto del Gobierno de Peña Nieto, en el cual se destinaron cerca de 7,179 millones de pesos para la Comisión Nacional de Deporte, sin embargo, en el año 2018 apenas se lograron canalizar 2,108 millones de pesos.

Lo cual no sólo vuelve fallida la estrategia para prevenir y erradicar la obesidad y la diabetes, sino que también da pauta a que por la omisión de establecer adecuadas políticas públicas encaminadas al desarrollo integral de la persona se vulneren derechos como el de cultura física y práctica del deporte.

En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tratado reconocido en razón del artículo 133 de la Constitución Política, se menciona que la educación física, la actividad física y el deporte pueden reportar diversos beneficios individuales y sociales, como la salud, el desarrollo social y económico, el empoderamiento de los jóvenes, la reconciliación y la paz, y que para lograr la procuración de un derecho al deporte de calidad todo el personal, tanto el profesional como el voluntario, debe tener acceso a una formación, una supervisión y un asesoramiento apropiados.

En la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, se exhorta a que los poderes públicos, en todos sus órdenes de gobierno, favorezcan las actividades físicas y deportivas en función de la aplicación de las normas correspondientes y de las políticas que permitan, a través de disposiciones fiscales adecuadas, la promoción, el estímulo y el control.

Tanto los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, como la Ley General de Cultura Física y Deporte y demás disposiciones aplicables, son claros en considerar como derecho de todas y todos los mexicanos el ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte, atribuyendo la obligación al gobierno mexicano de proveer las herramientas necesarias para su satisfacción plena.

Aunque para lograr una disminución en la problemática de salud es indispensable la ejecución de otras estrategias como la reducción en la ingesta de comidas de alto contenido calórico y bebidas azucaradas, mismas que en el abuso de su consumo ocasionan enfermedades crónicas como la obesidad, diabetes e hipertensión.

Tal situación propició la implementación de un impuesto por el consumo de bebidas azucaradas y alimentos con una alta densidad calórica, con el fin disminuir su consumo derivado del alza en los precios.

En cuanto hace a las bebidas saborizadas, en términos del artículo 2 fracción I inciso G de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la cuota del impuesto aplicable será de $1.17 por cada litro. En cuanto hace a los alimentos no básicos con densidad calórica alta, tales como botanas y productos de confitería, en términos del artículo 2 fracción I inciso J del mismo ordenamiento, se establece un impuesto del 8 por ciento.

Situación que ha propiciado una creciente y siempre por encima de las expectativas recaudación por dicho impuesto especial. Según el artículo 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018 se estima la recaudación de 46,545.5 millones de pesos por concepto de IEPS sobre bebidas saborizadas y alimentos no básicos con alta densidad calórica.

Tal es el caso que, en el primer trimestre del presente año, los alimentos mejor conocidos como chatarra dejaron al erario público ingresos por 7,602 millones de pesos. Para el caso de las bebidas saborizadas, al mismo primer trimestre, el gobierno obtuvo ingresos por 5,709 millones de pesos.

Sin embargo, a pesar de que el aumento en el cobro del IEPS está íntimamente relacionado con propiciar la reducción en el consumo de los productos gravados, éste no ha sido acompañado de políticas públicas encaminadas a resolver los problemas originados por su consumo excesivo, tal como lo fueran en los rubros de salud y deporte.

Al contrario, no hay claridad ni certeza de que el destino de los recursos recaudados por el concepto del IEPS se encuentren en programas y proyectos enfocados a solucionar o paliar la problemática en salud por la que pasa nuestro país, manteniéndose una gran opacidad en su uso.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados emite un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y a través de sus dependencias competentes, se refuerce la aplicación de la normatividad regulatoria y se ejerzan de forma adecuada y transparente los ingresos recaudados por concepto del impuesto sobre producción y servicios a los alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas;

Segundo. La honorable Cámara de Diputados emite un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que del ingreso obtenido por el cobro del impuesto por concepto de IEPS, a alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, sea destinado, en una cantidad proporcional al cincuenta por ciento de lo recaudado, a programas de promoción, prevención, detección, investigación, tratamiento, control y combate al sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico degenerativas ocasionadas por los males anteriormente mencionados;

Tercero. La honorable Cámara de Diputados emite un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que del ingreso obtenido por el cobro del impuesto por concepto de IEPS, a alimentos no básicos con alta densidad calórica y bebidas azucaradas, sea destinado, en una cantidad proporcional al cincuenta por ciento de lo recaudado, a la ejecución de una adecuada estrategia integral de fomento a la cultura física y deporte, lo cual permita resarcir los daños causados por la alta ingesta de los productos antes mencionados, situación por la que resulta indispensable proveer de los recursos necesarios a las autoridades competentes en materia deportiva.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2018.

Diputado Erik Isaac Morales Elvira (rúbrica)

Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SCT, a llevar a cabo la ampliación y construcción de la infraestructura carretera del estado de Baja California Sur, en atención a la problemática de falta de caminos que prevalece en dicha entidad, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PT.

Los que suscriben, Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III del Reglamento de la Cámara de Diputados y demás disposiciones aplicables, someten a consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la presente proposición con Punto de Acuerdo de Urgente u Obvia Resolución, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La infraestructura carretera es medular para la competitividad, el desarrollo económico y la calidad de vida de la población. No obstante, prevalecen grandes desafíos a nivel nacional, sin que el Estado de Baja California Sur sea la excepción, prueba de ello es que persisten notables necesidades en materia de mantenimiento, modernización y ampliación de vialidades para garantizar que éstas sean seguras y se encuentren en condiciones óptimas.

Derivado de las nuevas reglas que se deberán diseñar por parte del nuevo gobierno para una asignación del presupuesto con absoluta transparencia sin dar cabida nunca más a los denominados “moches”. En el PT, estamos de lado de la gente, así como del respeto y pleno cumplimiento de los principios constitucionales de transparencia, legalidad y rendición de cuentas.

En este tenor, es oportuno referir que el Estado de Baja California Sur ha sufrido daños considerables a causa de diferentes fenómenos naturales. Basta recordar que el 19 de septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaratoria de Desastre Natural por el impacto del huracán Newton el día 6 de septiembre de dicho año (mismo que derivó en daños patrimoniales, lesiones de la población y decesos), en 5 municipios de la entidad: Comondú, La Paz, Loreto, Los Cabos y Mulegé.1

Bajo esta tesitura, los integrantes del Grupo Parlamentario del Trabajo consideramos de la máxima importancia que desde esta Soberanía impulsemos acciones encaminadas a garantizar infraestructura en condiciones adecuadas, toda vez que no sólo es el modo de movilidad por excelencia en el territorio nacional, sino que también tiene marcados beneficios para la población por la derrama económica que genera, y los empleos directos e indirectos que produce.

No obstante, tanto el gobierno Federal como el estatal, se distinguen por la ausencia o mínimos resultados en materia de conservación, mantenimiento y reconstrucción de infraestructura en Baja California Sur.

El asunto es de tales dimensiones, que incluso el Congreso de Baja California Sur se ha pronunciado al respecto. Sobre el particular, cabe destacar que, a finales de septiembre del año en curso, dicha representación aprobó exhortar al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para que agilice la terminación de las obras destinadas a la ampliación del tramo “Ciudad Constitución-La Paz”, solicitud que derivó por el retraso por más de cuatro años que se registra en los trabajos de esta parte de la carretera peninsular.2

En el mismo tenor, a principios de agosto de 2018, se dio a conocer en diversos medios de comunicación que debido a falta de mantenimiento quedaría fuera de servicio la presa conocida como “El Higuahil” ubicada en Comondú, lo cual implica afectaciones a más de 700 pozos agrícolas y pecuarios.3 Entre otras cuestiones, casos como el mencionado, implican notables afectaciones para la población, toda vez que no sólo es el modo de movilidad por excelencia, sino que también tiene marcados beneficios para la población por la derrama económica que genera, y los empleos directos e indirectos que produce.

Sobre el particular, es oportuno referir que, durante 2017, la producción ganadera en Baja California Sur registró 23 mil 774 toneladas de productos como ganado y ave en pie, carne en canal, huevo para plato y miel con un valor de la producción de 715 millones de pesos. Por lo que respecta al municipio de Comondú, éste es el principal productor de leche en la entidad con el 63%.4

A partir de las consideraciones vertidas, queda de manifiesto que es imperativo que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lleven a cabo las acciones solicitadas en el presente asunto.

Cabe mencionar que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en el rubro de conservación y mantenimiento carretero, al estado de Baja California Sur le fueron asignados 192 millones 142 mil 554 de pesos por concepto de conservación de infraestructura carretera y 73 millones 139 mil 414 para la conservación y estudios y proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras.5

El objetivo del exhorto formulado en la presente proposición con punto de acuerdo radica en garantizar que los trabajos de conservación, construcción y reconstrucción de obras cumplan puntualmente con sus objetivos de modernizar la red de carreteras de la entidad. Asimismo, busca contribuir mantener en buen estado infraestructura como la carretera Transpeninsular Lic. Benito Juárez, La Paz-Ciudad Insurgente, La Paz-Pichilingue, el tramo Cabo San Lucas-La Paz y todas las vialidades que permiten a la población trasladarse para desarrollar actividades de todo tipo.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente propuesta.

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN

Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en el ámbito de sus atribuciones, se lleve a cabo la ampliación y construcción de la infraestructura carretera del Estado de Baja California Sur, en atención de la grave problemática de falta de caminos que prevalece en dicha entidad.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.

Notas

1 Segob, DOF: 19/09/2016 Declaratoria de Desastre Natural por la ocurrencia de huracán Newton el día 6 de septiembre de 2016, en 5 municipios del Estado de Baja California Sur,

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5452904&fecha=19/09/2016

2 El Informante. Baja California Sur. (2018). “Exige Congreso de BCS a SCT concluir trabajos de reparación en la Transpeninsular.” El Informante. Baja California Sur, http://elinformantebcs.mx/exige-congreso-bcs-sct-concluir-trabajos-repa racion-la-transpeninsular/.

3 @bcsnoticias. (2018). Por falta de mantenimiento, queda fuera de servicio presa en Comondú. @bcsnoticias, http://www.bcsnoticias.mx/por-falta-de-mantenimiento-queda-fuera-de-ser vicio-presa-en-comondu/.

4 Sagarpa, Producción Ganadera en Baja California Sur, (consultado en línea), disponible en: https://www.gob.mx/sagarpa%7Cbajacaliforniasur/articulos/produccion-gan adera-en-baja-california-sur

5 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, (consultado en línea) disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_291 117.pdf p.158

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho.

Atentamente

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, la PGR y la CNS a revisar la aplicación del artículo 381 Ter del Código Penal Federal para combatir el abigeato, a cargo del diputado Eduardo Ron Ramos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, diputado federal Eduardo Ron Ramos, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal, al encargado del Despacho de la Procuraduría General de la República y al Comisionado Nacional de Seguridad a-que revisen la aplicación del artículo 381 Ter del Código Penal Federal a fin de combatir de manera eficaz el delito de abigeato, al tenor de los siguientes:

Considerandos

La ganadería representa un pilar fundamental en el desarrollo económico y social de nuestro país, se trata de una actividad histórica que ha sido sustento de las familias mexicanas y que ha brindado la oportunidad de exportar productos ganaderos. En la actualidad, la ganadería representa una de las mayores actividades económicas de autoconsumo y de intercambio comercial por lo que su protección ante los índices de robo de ganado es una tarea fundamental en el quehacer legislativo.

De acuerdo con datos de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el PIS primario se integra por la agricultura (63.4 por ciento), la ganadería (30.6 por ciento), el aprovechamiento forestal (3.1 por ciento), la pesca (2.6 por ciento) y los servicios relacionados (0.3 por ciento), por lo que es evidente el papel que juega la ganadería para la economía de nuestro país y pone de manifiesto la importancia de cuidar a los productores de posibles pérdidas de su ganado debido a la ola de inseguridad y violencia que se vive en nuestro país.

El Código Penal Federal define al delito de abigeato como aquel que consiste en el robo de animales de cría, o cuatrerismo, por lo que atenta directamente al patrimonio de los productores ganaderos.

Los altos índices del delito registrados desde hace más de una década motivaron la reforma al Código Penal Federal en 2017, mediante la cual el abigeato es considerado como un delito y se especifica la sanción para quien lo cometa:

Artículo 381 Ter. Comete el delito de abigeato, quien por sí o por interpósita persona se apodere de una o más cabezas de ganado, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas.

Se considerará ganado, para los efectos de este delito, a las especies: bovina, caballar, asnar, mular, ovina, caprina, porcina o de una o más colonias de abejas en un apiario; así como aquél domesticado, bravo, de pezuña, ganado mayor o ganado menor, independientemente de la actividad típica del animal.

Por tal delito, se impondrán de dos a diez años de prisión.

Se equiparará al delito de abigeato y se sancionará con la misma pena que éste, el sacrificio de ganado sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

Pese a la reforma de 2017, el delito de abigeato no ha disminuido; por el contrario, la cifra sigue aumentando. De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública perteneciente a la Secretaría de Gobernación (Segob), los robos violentos de ganado aumentaron de 12 a 30 denuncias diarias, lo que significa 150 por ciento más que en el primer semestre del 2017.

Durante el primer semestre de 2018, los cinco estados con más robos a ganado fueron Tabasco (265), Veracruz (258), Aguascalientes (224), Jalisco (220) y Guanajuato (214). Además, en los datos de Segob se observa que, respecto a 2017, el robo de ganado en 2018 creció 8.2 por ciento, ya que hasta agosto del presente año se han registrado 97 casos.

Cabe destacar que el delito de abigeato afecta directamente al sector ganadero que está constituido por aproximadamente siete millones de mujeres y hombres quienes con su trabajo contribuyen con el 8% del Producto Interno Bruto que representa el sector primario.

En ese tenor, el pasado 22 de octubre, la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú levantó la voz y a través de un comunicado publicado en el periódico Reforma (página 5) y La Razón (página 17) manifestó su inconformidad ante la omisión, por parte de las autoridades competentes, de perseguir y castigar el delito del abigeato.

Asimismo, denuncian que a pesar de que la reforma del 2017 fue un avance en materia de tipificación del delito, aun no se han desarrollado las herramientas necesarias para que los productores ganaderos puedan protegerse ante los constantes robos.

Es así que se hace evidente la necesidad de que tanto el titular del Ejecutivo federal, así como el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República y al Comisionado Nacional de Seguridad asuman la responsabilidad y el compromiso de vigilar y sancionar los delitos que afectan directamente al sector ganadero.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo federal, al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República y al comisionado nacional de Seguridad a que revisen la aplicación del artículo 381 Ter del Código Penal Federal a fin de combatir de manera eficaz el delito de abigeato.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2018.

Diputado Eduardo Ron Ramos (rúbrica)


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Chiapas a atender según los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia de San Cristóbal de las Casas en la causa penal número 28/2018, a cargo del diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabe, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo establecido en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. El pasado viernes 29 de octubre del presente, el Juzgado de Primera Instancia en materia penal del distrito judicial de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, dictó sentencia absolutoria en la causa penal 28/2018, en favor de Omar Fernando Rosales Toledano, debido a la ilegalidad de su detención y a la no configuración del delito de feminicidio, decretando su inmediata y absoluta libertad, persona que se encontraba presa desde el 16 de junio de 2013.

Ante la sentencia señalada la Fiscalía General del Estado de Chiapas inició una campaña de desprestigio contra Omar Fernando Rosales Toledano y la jueza Isabel Álvarez Ramos, esta última amenazada por investigaciones a cargo del fiscal Anticorrupción del estado.

Segunda. La Fiscalía General del Estado de Chiapas, en voz e imagen del licenciado Luis Alberto Sánchez Sánchez, hace pública la condena y rechazo de la sentencia dictada por la jueza Isabel Álvarez Ramos.

https://www.fge.chiapas.gob.mx/prensa/
articulo.aspx?id_articulo=863A1A34-85E7-413D-8F2A-F1C32718B85E

Esa videograbación que se ha reproducido en medios de comunicación, redes sociales y organizaciones de la sociedad civil, aunado a la amenaza pública en contra de la Juez.

Tercera. La Fiscalía General del Estado de Chiapas convierte un asunto judicial en un asunto de propaganda mediático que afecta la dignidad de los involucrados y atenta contra sus derechos humanos y garantías contenidos en los artículos 1o., 17, 18, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Acorde con las disposiciones señaladas, los artículos 3o., 5o. y 9o. de la Constitución Política del Estado de Chiapas se señala que la Fiscalía General de la Entidad se encuentra obligada a actuar con imparcialidad, objetividad y legalidad garantizando los derechos humanos y el debido proceso de los involucrados. Aunado a ello, el artículo 22 del máximo ordenamiento prohíbe la infamia, misma que se ha impulsado desde una institución del Estado de Chiapas en medios de comunicación y redes sociales.

Por lo anterior, someto a consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , en los términos siguientes:

Único. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la manera más atenta y con pleno respeto a la autonomía, exhorte a la Fiscalía General del Estado de Chiapas para que, con observancia de los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad, atienda la sentencia dictada en la causa penal 28/2018, por el juzgado de primera instancia de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; y se realice a través de los cauces legales con plena garantía a sus derechos fundamentales constitucionales; que no atente contra la dignidad de las personas involucradas, y evite a toda costa el vulnerar sus derechos humanos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2018.

Diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres niveles de gobierno, así como a los organismos autónomos federales y estatales, a promover e implantar en los edificios públicos respectivos mobiliario urbano para estacionar bicicletas, a cargo del diputado Adolfo Torres Ramírez, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Adolfo Torres Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 3, fracción XX, 6, fracción I, 62, numeral 2, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

Todos coincidimos en que el tema de la movilidad ocupa la agenda nacional e internacional y tiene como objetivo que países con ciudades, con características de movilidad como las de la Ciudad de México, transiten al uso de sistemas de transporte más seguros, más ecológicos, más eficientes y más asequibles.

Los estudios y estimaciones que realizó la Organización de las Naciones Unidas, señalan que para 2030 la población mundial superará los 8 mil 500 millones de personas, y evidentemente las necesidades de movilidad no sólo se incrementarán, pueden colapsarse si no se implementan acciones integrales y eficaces.

Nadie puede negar que implementar acciones de movilidad urbana es absolutamente necesario y loable, su ejecución deriva en beneficios para los ciudadanos, con ella se logran ciudades más limpias, con menos contaminación, desplazamientos más sencillos y económicos, se mejora la salud, en general, se logra un bienestar económico y social y un tránsito más fluido en las ciudades.

Ahora bien, en nuestro caso en particular, el tema se hace apremiante cuando la Ciudad de México ha sido catalogada a escala mundial como una de las de mayor tráfico: Ciudad de México (59 por ciento de tiempo extra en cada viaje); Bangkok, Tailandia (57); Estambul, Turquía (50); Río de Janeiro, Brasil (47); y Moscú, Rusia (44) como las más saturadas, según el estudio Tomtom Traffic Index, de 2016.

Los mexicanos invertimos demasiado tiempo en trasladarnos, la media nacional de tiempo de traslado es de 43.6 minutos. La cifra es mayor en zonas metropolitanas (57.1) y centro (48.1) del país que en el norte (43.6) o en el sur (25.7). Esta tendencia es parecida respecto a las zonas urbanas (44.5) que la rural (37.6), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte elaborada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Y es de entenderse, si en la Ciudad de México la calidad, saturación y fragmentación del transporte público ha impulsado el aumento del uso del automóvil.

Este uso excesivo trae aparejado consecuencias negativas para la sociedad, tales como, muertes por hechos de tránsito, contaminación del aire (con muertes y enfermedades relacionadas con ella), generación de gases de efecto invernadero), congestión vial, contaminación auditiva, pérdida de productividad, fragmentación social, etcétera.1

Respecto a las muertes por hechos de transito las cifras son preocupantes, el año pasado de enero a noviembre, falleció un promedio de 32 personas diariamente por este tipo de accidentes. Estas cifras se han incrementado, cada año, pues las víctimas mortales por estos hechos en 2015 registraban un promedio de 30.3 casos diarios, en 2016 de 31.8 y en 2017 llegó a 32.6 casos, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dados a conocer a mediados de diciembre del año pasado.

Respecto a 2018, de enero a septiembre fallecieron 9 mil 583 personas, un promedio diario de 35.4 víctimas. El número de víctimas por lesiones asciende a 23 mil 178, lo que hace un total de 32 mil 762 víctimas a escala nacional por hechos de tránsito, es decir, en promedio 121 víctimas diariamente.2

En la Ciudad de México hay 4 millones de vehículos en circulación, y 22 millones de traslados ocurren cada día, lo que equivale a más de un traslado por persona por día. Con pocos vehículos de pasajeros, la congestión es creada principalmente por autos con un solo ocupante, según datos de la Secretaría del Medio Ambiente.

Los efectos negativos del uso del automóvil incrementarán en medida que se privilegie este medio de transporte, y lamentablemente la realidad nos muestra que la tendencia en su uso es alarmante, si observamos que de 6.5 millones de vehículos que se tenían registrados en 1990 para 2010 aumentó a 20.8 millones de vehículos, según datos proporcionados por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo y la organización Movilidad Urbana Sustentable.

Otro de los efectos negativos en el ámbito económico lo ha documentado el Instituto Mexicano para la Competitividad: afirma que el aumento de las horas-persona ocasiona pérdidas económicas, si en México se lograra reducir los tiempos de traslados en una media de 38 minutos (como acontece en Nueva York) los capitalinos (y las empresas) podrían generar entre 11 mil 500 y 33 mil millones de pesos extra por año”.3

La movilidad en el país ha adquirido tal relevancia que instancias como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en 2012 decidió pronunciarse sobre este tema, asignándole la jerarquía de derecho humano, definiéndolo como el derecho de toda persona y de la colectividad a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad y aceptable, suficiente y accesible que, en condiciones de igualdad y sostenibilidad, permita el efectivo desplazamiento de todas las personas en un territorio para la satisfacción de sus necesidades y pleno desarrollo.4

Los factores que años atrás impulsaron el uso del automóvil particular han evolucionado, y las prioridades de los ciudadanos han cambiado. La tendencia se hace ineludiblemente a la inversa, propiciando la disminución en el uso del vehículo particular, creando alternativas más eficientes y sustentables como un transporte público de calidad y la movilidad no motorizada.

En este contexto, que amerita la atención de todos los actores es oportuno preguntarnos: ¿Cómo queremos que sea nuestra ciudad en los próximos veinte años? Responder a esta pregunta con base en la problemática actual de las ciudades mexicanas y los beneficios que ofrece el uso de la bicicleta permite dar sentido a la creación de la infraestructura urbana que propicie el uso de la bicicleta.

El uso de este transporte no motorizado representa una solución integral a la situación de nuestro país, sobra decir, que además el uso de la bicicleta, genera grandes beneficios de salud, económicos, de espacio, medio ambientales, por citar algunos.

Por ello resulta inaplazable adecuar el entorno urbano para su debida integración con el sistema de transporte público, tanto con la creación de carriles de rodamiento como con espacios para resguardo o estacionamiento, si logramos esto se contrarrestaría los principales inhibidores en el uso de la bicicleta: la inseguridad vial y la falta de espacios donde resguardarlas.

De estos dos factores, si bien se han reportado avances en la creación de la red de ciclovías, en cuanto a la adecuación de lugares de resguardo o estacionamiento, también denominados ciclopuertos, la infraestructura es escasa convirtiéndose en un problema para quienes tienen la posibilidad de realizar un trayecto en bicicleta, pues al llegar a su destino, no existe un espacio en el cual se pueda depositar o estacionar la bicicleta de manera segura, lo que a su vez inhibe su uso.

Los espacios de depósito de bicicletas, colocados estratégicamente en relación con el transporte público, como puede ser en las estaciones de camión y metro, contribuyen a la integración de ambos sistemas de transporte.

Si fusionamos ambos elementos urbanos, estos dan servicio a todo aquel que se transporta en bicicleta y que además de promover nuevos viajes en ésta; reivindica y dignifica su uso ofreciendo espacios exclusivos y ordenados en la ciudad.

Les pido que reflexionemos, si continuamos construyendo más calles, avenidas y ejes viales, más automotores veremos; y si generamos ciclovías y ciclopuertos más bicicletas veremos.

Los ciclopuertos son una estructura ciclística básica, sencilla y económica de implantar, su existencia atrae clientes y visitantes regulares a la zona donde se instala, generando derrama económica, recordemos el peatón tiende a comprar, el automovilista no.

En comparación con los sitios destinados a los automóviles, los ciclopuertos ofrecen mayores beneficios, en un espacio estándar de 6 metros que ocupa un vehículo chico donde solo llega de 1 a 4 personas, si se instala un ciclopuerto este puede alojar por lo menos a 12 personas en bici.

Lo idóneo sería que la infraestructura urbana privilegiara la existencia de ciclopuertos, pero la realidad no es así, por ello que, el gobierno debe de contribuir a generar este tipo de espacios beneficiando la movilidad de las ciudades, instalando ciclopuertos en la sede donde se ubican las diversas instituciones públicas.

Las zonas donde se ubican estas dependencias públicas, son espacios concurridos y no cuentan con estacionamientos, pese a que reciben a cientos de personas entre empleados y ciudadanos, una forma de solucionar la congestión en la zona, mejorar la economía y fomentar el uso de bicicleta, es la implantación de ciclopuertos.

Para ejemplificar, si el Ejecutivo federal implantara ciclopuertos en sus dependencias otorgaría de forma inmediata a 1 millón 567 mil empleados federales la posibilidad de llegar a su trabajo en bicicleta. A escala estatal, los gobiernos respectivos favorecerían a los 2.3 millones de servidores públicos estatales; y en el plano municipal y de las alcaldías se beneficiaría a 1 millón 32 mil 745 personas.5

El Poder Judicial de la Federación beneficiaria a 48 mil 125 servidores públicos.

Hoy, el tema de la movilidad requiere múltiples acciones, necesitamos avanzar con acciones que día a día nos acerquen al objetivo final e integral que requiere nuestro país. Necesitamos soluciones prácticas a las necesidades de movilidad, es por ello, que este punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel federal, estatal y municipal y Organismos Autónomos a nivel federal y estatal, para que adopten en la sede de sus dependencias la infraestructura urbana de resguardo o estacionamiento de bicicletas (ciclopuertos).

En mérito de lo anterior, nos permitimos poner a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Exhórtese a los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de los tres niveles de gobierno, así como de los organismos autónomos federales y estatales, para que promuevan e implanten mobiliario urbano para el estacionamiento de bicicletas en los edificios públicos que ocupan.

Notas

1 Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo, Movilidad Inteligente,

http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/Movilidad-Inte ligente-CDMX.pdf

2 Registro, clasificación y reporte de delitos y las víctimas, CNSP/38/15, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, octubre de 2018.

3 Gabriel Tarriba y Gabriela Alarcón. Movilidad competitiva en la zona metropolitana de la Ciudad de México: diagnóstico y soluciones factibles. Instituto Mexicano para la Competitividad, enero de 2012. Disponible en

http:// imco.org.mx/wp-ontent/uploads/2012/1/costos_congestion_en_zmvm2_final_a bril.pdf

4 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Informe especial sobre el derecho a la movilidad en el Distrito Federal 2011-2012. México, 2013, página 34. Disponible en

http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/06 /informe-movilidad.pdfQ

5 Inegi, Censo Nacional de Gobierno 2017,

http://www.beta.inegi.org.mx/programas/cnijf/2013/

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2018.

Diputado Adolfo Torres Ramírez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Segob a analizar y, en su caso, realizar los ajustes necesarios a efecto de modificar los contenidos de la televisión abierta del país, sobre todo en el lapso de 20:00 a 23:00 horas, para hacerlos acordes con el espíritu constitucional de fomentar la educación integral y cultural, así como promover mejores actitudes y conductas en niños y adolescentes, a cargo del diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, diputado por el estado de Coahuila de Zaragoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a que analice y, en su caso, realice los ajustes necesarios a efecto de modificar la programación de la televisión abierta del país, con la finalidad de que sea acorde con el espíritu constitucional de fomentar su educación integral y cultural, así como promover mejores actitudes y conductas en niños y adolescentes, especialmente en el horario de 20:00 a 23:00 horas.

Consideraciones

De acuerdo con diversas organizaciones de la sociedad civil que se han acercado a esta soberanía, en México la programación de los distintos canales de televisión, presentan infinidad de programas con alto contenido de violencia y sexo, que ha afectado la formación y la actitud de niños y adolescentes.

En referencia a lo anterior, la doctora Magdalena Cerón Rodríguez, en su artículo El niño y la televisión 1 señala que en la época actual la televisión juega un papel muy importante en el desarrollo y la educación de nuestros hijos, por lo que es importante saber en qué forma influyen en los niños los programas de televisión, los comerciales y más aún el tiempo que pasan frente al televisor sin relacionarse con su familia, su medio y dejando atrás otras actividades importantes como lo son los juegos, deportes, y la convivencia con otros niños.

En cierta forma, la actitud pasiva del niño frente al televisor evita que ellos desarrollen su creatividad, limita su imaginación y condiciona también que puedan tornarse imitadores activos de conductas violentas, consumidores compulsivos, entre otras.

El contenido es importante, habitualmente los programas con exceso de violencia invitan a los niños a imitar comportamientos que pudieran ser peligrosos, también se debe de tener presente que en la época actual existe un importante contenido sexual aún en programas catalogados para toda la familia, transmitiendo a los niños y adolescentes inquietudes sexuales a muy temprana edad, sin ser dirigidos adecuadamente, es decir, no toman en cuenta riesgos ni precauciones que debieran tener presentes.

Los comerciales son mensajes que los niños están captando en forma constante pues se transmiten repetidamente y logran trascender en niños pequeños, a veces por lo melodiosos, coloridos, chuscos e ingeniosos, suelen proporcionar mucha información en pocos segundos, se considera que un niño puede recibir un promedio de mil anuncios televisivos en un año, el grueso de estos anuncios invita a consumir en forma exagerada, juguetes, dulces, cereales, refrescos, tabaco y alcohol, tratando de convencer que estas conductas conducen a la felicidad o a la popularidad, por lo que los niños necesitan la orientación de un adulto para explicarles que mucho de ese consumo puede no ser necesario o incluso cual puede ser nocivo para la salud.

Por otra parte, la doctora Cerón, sostiene que el tiempo que un niño invierte frente al televisor no necesariamente es nocivo, por el contrario, puede aportar cosas muy positivas en cuanto a conocimientos y recreo, sin embargo, es importante cuidar lo que el niño ve, el tiempo que invierte y no olvidar que la televisión no debe de cuidarnos a los niños cuando estamos lo suficientemente ocupados como para dedicarle tiempo y cuidado a un niño.

De acuerdo con el artículo número 54 de la American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.2 [...] El mirar televisión es uno de los pasatiempos más importantes y de mayor influencia en la vida de niños y adolescentes. Los niños en los Estados Unidos de América (EUA) miran la televisión durante un promedio de tres a cuatro horas al día. Cuando se gradúan de la escuela secundaria habrán pasado más tiempo mirando televisión que en el salón de clase. Mientras la televisión puede entretener, informar y servirle de compañía a los niños, también puede influenciarlos de manera indeseable.

El mismo artículo destaca que: [...] El tiempo que se pasa frente al televisor es tiempo que se le resta a actividades importantes, tales como la lectura, el trabajo escolar, el juego, la interacción con la familia y el desarrollo social. Los niños también pueden aprender cosas en la televisión que son inapropiadas o incorrectas. Muchas veces no saben diferenciar entre la fantasía presentada en la televisión y la realidad. Están bajo la influencia de miles de anuncios comerciales que ven al año, muchos de los cuales son de bebidas alcohólicas, comidas malsanas, comidas de preparación rápida y juguetes.

Dicho documento señala que los niños que miran demasiada televisión están en mayor riesgo de sacar malas notas en la escuela, leer menos libros, hacer menos ejercicio y tener sobrepeso.

Por otra parte, la violencia, la sexualidad, los estereotipos de raza y de género y el abuso de drogas y alcohol son temas comunes en los programas de televisión. Los niños jóvenes son impresionables y pueden asumir que lo que ellos ven en televisión es lo normal, seguro y aceptable. Por consecuencia, la televisión también expone a los niños a tipos de comportamiento y actitudes que pueden ser abrumadores y difíciles de comprender.

En el ámbito internacional, existe la Convención sobre los Derechos del Niño, 3 de la cual México forma parte y reconoce que, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, el niño debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Asimismo, que debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.

El artículo 17 de la citada Convención establece que: [...] Los estados parte reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán porque el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental.

En México, nuestra Carta Magna4 señala en su artículo 4o. que: [...] En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Por otra parte, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 5 que establece el derecho de las personas menores de edad al acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para tales efectos, el estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la presentación de dichos servicios.

El artículo 68 de la mencionada Ley establece que: [...] De conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión respecto a la programación dirigida a niñas, niños y adolescentes, así como los criterios de clasificación emitidos de conformidad con la misma, las concesiones que se otorguen en materia de radiodifusión y telecomunicaciones deberán contemplar la obligación de los concesionarios de abstenerse de difundir o transmitir información, imágenes o audios que afecten o impidan objetivamente el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, o que hagan apología del delito, en contravención al principio de interés superior de la niñez.

En el mismo sentido, el artículo 226 Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 6 establece que: [...] a efecto de promover el libre desarrollo armónico e integral de niñas, niños y adolescentes, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3o. constitucional y otros ordenamientos legales, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá:

Reforzando lo anterior, el artículo 228 de la citada ley establece que los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o de televisión y audio restringidos, deberán hacer del conocimiento público la clasificación y advertir de contenidos inadecuados para las personas menores de edad, de conformidad con el sistema de clasificación que se establezca en las disposiciones reglamentarias.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a que analice y, en su caso, realice los ajustes necesarios a efecto de modificar la programación de la televisión abierta del país, con la finalidad de que sea acorde con el espíritu constitucional de fomentar su educación integral y cultural, así como promover mejores actitudes y conductas en niños y adolescentes, especialmente en el horario de 20:00 a 23:00 horas.

Notas

1 Rodríguez Magdalena Dra “El niño y la Televisión”, Cerón.; consultado el 2 de noviembre de 2018 en: http://www.mipediatra.com/infantil/television.htm

2 American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2014, consultado el 2 de noviembre de 2018 en:

https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/
Facts_for_Families_Pages/Spanish/Los_Ninos_y_la_Television_54.aspx.

3 Organización de las Naciones Unidas, (ONU), Convención sobre los Derechos del Niño, consultado el 4 de noviembre en:

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc. aspx.

4 Cámara de Diputados, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consultado el 3 de noviembre de 2018 en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm.

5 Cámara de Diputados, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, consultado el 3 de noviembre de 2018 en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm.

6 Cámara de Diputados, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, consultado el 3 de noviembre de 2018 en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2018.

Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a revisar los medios para el traslado de restos de mexicanos muertos en EUA hacia el país y aumentar el apoyo del pago de gastos funerarios a los familiares con probada necesidad económica, a cargo de la diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto los artículos 6, numeral 1, fracción I; 66, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo con base en las siguientes

Consideraciones

México un país de tradiciones. En días pasados una de las celebraciones más coloridas y significativas, sin lugar a dudas, es la celebración del Día de los Muertos, en estas festividades honramos a través de ofrendas, a nuestros seres queridos que han muerto. Colocamos sus retratos, comida y bebida que más les agradaba, alegrándola con las flores de cempasúchil, las cuales según nuestras creencias iluminan su camino para que encuentren su hogar y disfruten de lo ofrendado.

De ahí la importancia de ayudar a los familiares de nuestros connacionales muertos en Estados Unidos de América (EUA), para que puedan traer de vuelta a sus seres queridos.

De acuerdo con una publicación del periodo El Universal , se informa que de 2010 a 2016, regresaron a México en un féretro 33 mil 328 mexicanos, lo que significa que en promedio por año regresaron 4 mil 700 restos, de los cuales dos de cada cinco, eran originarios de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Guerrero. Asimismo, señala que, el 2015 fue el año en que más cadáveres regresaron, con un total de 5 mil 103 cuerpos. Al respecto la Secretaría de Relaciones Exteriores, pagó el regreso de dos de cada tres mexicanos fallecidos en EUA, gastando aproximadamente 5 millones 258 mil dólares para su traslado.1

Como se puede observar en las cifras antes mencionadas, es de suma importancia tomar acciones que permitan dar seguimiento a estas tareas.

Por otro lado, el pasado mes de octubre asistí a un foro migrante en los Ángeles, California, ahí se plantearon entre otras problemáticas que era muy difícil y complicado llevar a cabo los trámites de traslado de cuerpos de sus familiares que han muerto en territorio estadounidense; manifestaron que los tiempos para enviarlos de regreso, por mucho superan el plazo de diez días que, si bien les iba, lograban traerlos después de 25 días o un mes.

Como es sabido por todos nosotros, muchos de nuestros ciudadanos se van en busca del sueño americano, ingresando aquel país sin documentos, por lo que al morir es mucho más complicado realizar su repatriación.

México, ofrece a través de sus consulados el programa de Traslado de Restos, el cual asesora y atiende a los familiares para que puedan llevar a cabo el visado de los documentos que le son requeridos; el trámite puede ser de entre cinco a diez días, después de fallecido, esto dependerá de la causa de muerte, la disponibilidad de los vuelos, los servicios de la funeraria, y por supuesto, no menos importante, realizar el pago para el traslado, mismo que puede variar de entre 2 mil 500 a 3 mil 500 dólares, lo que significa un gasto de entre 50 mil y 70 mil pesos.

El asunto no es nada fácil, no sólo es la pena que aqueja a los familiares por la muerte de sus seres queridos, también deben enfrentar los tortuosos trámites administración, así como el muy elevado costo para el pago de la funeraria.

Por ello, hacemos eco de las demandas expuestas en este foro migrante, en el que han expresado de manera triste y lamentable, la realidad a la que se enfrentan al momento de tramitar el regreso de los restos de sus hijos, esposos o hermanos, a efecto de que en los consulados se lleven a cabo acciones que permitan agilizar los trámites, así como, en la medida de lo posible, ampliar a un mayor número de solicitantes que demuestren probada necesidad económica, apoyo para el pago de los gastos funerarios.

Debemos garantizar que los mexicanos que mueren fuera de este país tengan el derecho de regresar a su patria, para que puedan ser enterrarlos junto a sus abuelos, padres, hijos o hermanos, esto habla de nuestra identidad, nuestras costumbres y creencias. Sólo me resta decir, “México lindo y querido... si muero lejos de ti.... Que digan... que estoy dormido y que me traigan aquí...”.

Por lo anteriormente expuesto, propongo los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que revise los mecanismos para el traslado de restos de mexicanos muertos en Estados Unidos de América hacia nuestro país, con el fin de hacerlos más eficientes y con ello solventar los obstáculos que se presentan en la tramitación administrativa de los documentos que se requieren para el traslado.

Segundo. Se exhorta a los consulados, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que, en la medida de posible, aumenten el apoyo del pago sobre los gastos funerarios de aquellos familiares que demuestren probada necesidad económica.

Nota

1 http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2017/05/17/e n-ataud-el-ultimo-viaje-de-los-repatriados

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2018.

Diputada Claudia Angélica Domínguez Vázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a establecer un programa especial ante el arribo de la caravana migrante a Tamaulipas para garantizar los derechos humanos de los miembros de ésta y refugiados, según la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, aprobada por la Asamblea General de la ONU, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo, Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y del Instituto Nacional de Migración, para que en conjunto establezcan un programa especial ante el arribo de la Caravana Migrante al estado de Tamaulipas para garantizar los derechos humanos de los migrantes y refugiados como lo establece la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así como se asegure el derecho al libre tránsito de las personas residentes, ciudadanos estadounidenses y ciudadanos fronterizos y se garantice la cadena de comercio internacional ante un eventual cierre parcial o total de la frontera con los Estados Unidos de América (EUA), con base en las siguientes

Consideraciones

Como resultado de la adopción, en septiembre de 2016, de la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, la Asamblea General de la ONU y los países firmantes, entre ellos México, acordaron desarrollar un pacto mundial para establecer una migración segura, ordenada, regular y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Este documento pretende mejorar la forma en que la comunidad internacional responde a los grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, así como recomienda medidas específicas necesarias para para aliviar la presión sobre los países de acogida, mejorar la autosuficiencia de los refugiados, ampliar el acceso a las soluciones de terceros países y mejorar las condiciones en los países de origen para facilitar el regreso de forma segura y digna.

Se contempla que existen aproximadamente 65 millones de personas desplazadas por la fuerza, de las cuales 21 millones tienen la calidad de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos.1

Son muchas las causas por las cuales se están registrando grandes movimientos migratorios: políticas, económicas, sociales, humanitarias, en fin, estos fenómenos mundiales requieren de enfoques y soluciones mancomunadas entre los países de origen, receptores y de tránsito, ya que estos pueden verse afectados de manera desproporcionada debido a que su capacidad se ve rebasada, lo que afecta el desarrollo de dichas naciones.

El pasado 19 de octubre, una nutrida caravana de migrantes provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras ingresó a nuestro país, con la pretensión de llegar a EUA por nuestra frontera norte.

En este sentido, el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha ordenado la implementación de la operación Faithfuul Patriot (Patriota Fiel) para impedir el paso de los migrantes centroamericanos en su territorio, que incluye el despliegue de 5 mil 200 soldados en los estados de Texas, Arizona y California2 , e incluso ha declarado, en su cuenta de twitter, que si nuestro país no detiene el avance de la caravana, cerrará su frontera sur.3

Muchos son los retos que debe afrontar México ante este desplazamiento de personas, el primero de ellos, es proporcionarles ayuda humanitaria, así como garantizarles el respeto a los derechos humanos, principalmente a las mujeres, niñas y niños, quienes se encuentran en una condición mayor de vulnerabilidad, tal y como lo establece la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes.

En segundo lugar, nuestro país debe buscar los acuerdos necesarios con el gobierno de EUA, para que ante el arribo de la Caravana Migrante a la zona fronteriza a la que pertenece Tamaulipas, no se vea afectado el libre tránsito de personas residentes, ciudadanos americanos, ciudadanos mexicanos y se garantice el flujo habitual de las cadenas comerciales internacionales.

Lo anterior, buscando proteger paralelamente el intercambio cultural, educativo, comercial, específicamente en las ciudades fronterizas entre las que por ejemplo, 10 por ciento de los 7 mil 500 estudiantes de la Universidad Internacional de Texas AM (TAMIU) en Laredo, son mexicanos.4 Asimismo, buscando salvaguardar las dinámicas en las aduanas fronterizas de Tamaulipas, como el puente de comercio mundial entre Nuevo Laredo y Laredo, que es el considerado la conexión terrestre más importante de América Latina ya que cruzan aproximadamente 14 mil camiones y mil 800 vagones de ferrocarril de carga diarios, además de tener la mayor la capacidad de importación y exportación del país, recaudando más de 20 por ciento del IVA del total nacional y se estima que en la región Laredo se realiza 40 por ciento del intercambio comercial entre EUA y México.5

Es por todo lo anterior que propongo a esta soberanía se exhorte al titular del Poder Ejecutivo, a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y del Instituto Nacional de Migración a implementar un programa especial ante el arribo de la Caravana Migrante al estado de Tamaulipas, para garantizar los derechos humanos de los migrantes y refugiados como lo establece la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y asimismo, garantice el derecho al libre tránsito de las personas residentes, ciudadanos americanos, ciudadanos fronterizos que viajan diariamente entre ambos países a trabajar o estudiar, y además se garantice el flujo de las cadenas de comercio internacional ante un eventual cierre parcial o total de la frontera con EUA.

En consecuencia, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal, y a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y del Instituto Nacional de Migración del gobierno de la República, para que se coordinen y establezcan un programa especial ante el arribo de la Caravana Migrante al estado de Tamaulipas, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de los migrantes y refugiados como lo establece La Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, a que se asegure el derecho al libre tránsito de las personas residentes, ciudadanos estadounidenses y ciudadanos mexicanos y se garantice el flujo regular de las cadenas de comercio internacional ante un eventual cierre parcial o total de la frontera con los Estados Unidos de América.

Notas

1 Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, ver en: http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/71/L.1

2 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46092777

3 https://twitter.com/realdonaldtrump

4 https://www.vice.com/es_latam/article/a33xvk/historias-de-la-frontera-l os-dos-laredos

5 http://www.iccedenuevolaredo.org/icce/index.php/51-prontuario-2018/194- prontuario-socioeconomico-binacional-2018

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2018.

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Sagarpa y la CFE a implantar acciones de apoyo a los productores agropecuarios y habitantes en general de las poblaciones nayaritas afectadas por el huracán Willa, a cargo del diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Miguel Pavel Jarero Velázquez, diputado federal a la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6o. y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

El 23 de octubre del presente año a las 19:38 horas el huracán Willa de categoría 3 tocó tierras nayaritas, con vientos de 195 y rachas de 240 kilómetros por hora, provocó inundaciones, deslaves y desbordamiento de arroyos y ríos.

En la madrugada del 24 de octubre se anuncia una emergencia por las crecientes de los ríos Acaponeta y San Pedro, horas más tarde las inundaciones alcanzaron a la mayoría de los municipios de la costa norte de Nayarit.

Las aguas fuera de cause de dichos ríos provocaron graves afectaciones, sobre todo en los municipios de Acaponeta, Del Nayar, Huajicori, Rosamorada, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan, tanto en las áreas urbanas como en las zonas rurales.

Toneladas de lodo y basura cubrieron las áreas urbanas y los campos agrícolas, por ejemplo, en el municipio de Tuxpan, la fuerza del agua del río desbordado generó tantos daños que algunas casas tendrán que ser demolidas. Los Sandovales, una comunidad nayarita prácticamente desapareció, al quedar sus casas enterradas por el lodo que arrastró a su paso el desbordamiento del río Acaponeta, y afectaciones como estas se repite en varios municipios nayaritas.

El lodo y basura no tan sólo cubrieron las áreas urbanas, sino también, los campos agrícolas que previamente habían sido preparados para la próxima siembra, con lo cual, todo el trabajo de labranza, las semillas y en algunos cultivos, las plantas ya en pie, se perdieron, arruinándose las cosechas de chile, maíz y frijol, entre otras. Pequeños ganaderos y pescadores ribereños igualmente resultaron damnificados en sus medios de subsistencia, animales de corral, artes de pesca y pangas, fueron arrastrados por las corrientes fluviales fuera de control.

Cuando menos son 180 mil los damnificados, de estos 100 mil lo perdieron todo, entre ellos los agricultores, quienes además de ver destruidas sus viviendas, enseres domésticos, víveres, ropas y demás posesiones materiales, ven con desasosiego la pérdida de los cultivos que dan sustento a sus familias, ante esta tragedia, los productores agropecuarios nayaritas difícilmente podrán recuperarse sin ayuda de la federación.

Dada la magnitud de los daños, la sociedad civil de forma solidaria comenzó a prestar ayuda a los afectados, a la par exigir a los tres órdenes de gobierno el que desde sus respectivas atribuciones hicieran lo conducente para que se emitiera la declaratoria de desastre natural, y con ello se activen los instrumentos financieros de apoyo contenidos en el Fonden, destinados a la atención de los efectos de desastres naturales, imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad de respuesta financiera de las dependencias y de las entidades federativas, como es el caso que nos ocupa.

El miércoles 31 de octubre y luego de múltiples presiones, la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de desastre natural para 8 municipios de Nayarit, siendo estos, los municipios de Huajicori, Acaponeta, Tecuala, Rosa morada, Tuxpan, Ruiz y Santiago y El Nayar.

Ahora bien, la atención del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) sólo contempla la infraestructura municipal, estatal y federal, en vivienda, redes de energía eléctrica, autopistas y carreteras, por lo que se requiere que otras instancias del gobierno de la republica intervengan. Es necesario que los productores del sector agropecuario nayaritas afectados por el huracán Willa sean apoyados con capital de trabajo, semillas, fertilizantes, diésel, entre otros insumos.

En este sentido nos referimos a la necesidad de activar de inmediato un plan emergente de apoyo a las actividades primarias, que contemple entre otras medidas la implantación del Componente Atención a Desastres naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: Dicho componente tiene como población objetivo a los productores de bajos ingresos, que no cuenten con algún tipo de aseguramiento público o privado, que se vean afectados por desastres naturales relevantes para la actividad agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola, como es el caso que da motivo a esta proposición con punto de acuerdo.

A la vez, es prioritario reactivar la economía de la región afectada, dando facilidades para el acceso a los insumos productivos, como puede ser el caso de los energéticos, en particular, de la corriente eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad, puede solidarizarse con las poblaciones afectadas, dispensando el pago por lo que resta del año de la energía eléctrica que suministra, con lo cual también ayudaría a las finanzas familiares de los habitantes de dichas poblaciones. Entonces, por una parte, las actividades productivas podrán recuperarse de forma más rápida al ahorrarse el pago de este insumo, las familias tendrán un mayor poder adquisitivo y la región podrá regresar a su normalidad en un menor tiempo.

Por lo expuesto, y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que a la brevedad implemente el Componente Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, para los municipios nayaritas de Acaponeta, Del Nayar, Huajicori, Rosamorada, Ruíz, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan. A la par, apoye con semillas, fertilizantes y diésel, a los agricultores de dichos municipios del estado de Nayarit, afectados por el huracán Willa.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Comisión Federal de Electricidad, al no cobro en lo que resta de presente año de la energía electica que suministra en los municipios nayaritas de Acaponeta, Del Nayar, Huajicori, Rosamorada, Ruíz, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan, afectadas por el huracán Willa.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2018.

Diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SEP y el Inmujeres a impulsar una acción afirmativa en la educación básica, mediante la implantación de políticas públicas que permitan contenidos formativos para las niñas y los niños en el valor del respeto de los derechos humanos, específicamente el relativo a la igualdad entre mujeres y hombres, a cargo del diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Jorge Arturo Espadas Galván, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ante la Sexagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presento a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de las Mujeres, para que en el ejercicio de sus atribuciones impulsen una acción afirmativa en la educación básica mediante la implementación de políticas públicas que permitan contenidos formativos para las niñas y niños en el valor del respeto a los derechos humanos, específicamente el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, impactando esta materia en toda la comunidad educativa, al tenor de los siguientes antecedentes y consideraciones:

I. Diagnóstico

Premisa

Sí la desigualdad entre mujeres y hombres tiene raíces culturales, debemos modificar estas raíces desde la edad más temprana posible de los seres humanos, como Estado es a partir de la educación. Impulsar la cultura respeto e igualdad de mujeres y niñas, hombres y niños desde la escuela, educación básica, preescolar, primaria y secundaria, es factor para combatir estereotipos de género y prevenir futuras conductas que atenten contra la mujer.

Establecer las bases para un cambio cultural tiene especial relevancia en el modelo educativo por medio del cual formamos a las mujeres y hombres del mañana, un modelo educativo que considera y debe considerar a la comunidad educativa en su conjunto, en el caso que nos ocupa, las niñas, niños que tiene el carácter de alumnos, su maestras y maestros, las personas que ocupan cargos administrativos y de dirección en la escuela y las madres y los padres de familia, sostenemos esto porque de lograr influir en este entorno educativo mediante la aplicación de contenidos que se fundamentan en el respeto al principio de igualdad entre mujeres y hombres, coadyuva a la sensibilización y aplicación de las personas adultas mencionadas pero son parte fundamental en el desarrollo de las y los menores, buscando como meta que la igualdad entre mujeres y hombres sea un valor a manera de conocimiento adquirido que se refleje a lo largo de su vida.

Partimos del reconocimiento de las diferencias que existen entre mujeres y hombres pero con la claridad de que estas diferencias se vuelvan el origen de tratos des iguales, de dominación de un sexo a otro, de violencia de género, de estereotipos sexuales, por el contrario buscamos que se forme una cultura en la que mujeres y hombres estén libres de atavismos sexistas y que se constituyen en un obstáculo para el pleno desarrollo de esas niñas y niños.

La desigualdad en perjuicio de la mujer tiene antecedentes muy arraigados y esto se refleja en diversos informes nacionales e internacionales, pero para efectos de la presenta propuesta nos referimos particularmente a los siguientes:

-En el documento denominado Educación 2030 de la Unesco, Declaración de Incheon y Marco de Acción, se establece como meta garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y establece como uno de sus objetivos, el 4.7 De aquí a 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios, y establece que los sistemas educativos pocas veces integran plenamente enfoques transformadores, por ende establecen que es vital asignar unan función destacada al fortalecimiento de la contribución de la educación al logro de los derechos humanos, la paz y la ciudadanía responsable, desde el ámbito local hasta el mundial, la igualdad entre hombres y mujeres, esto después de sostener que los logros destacables en materia de educación desde el año 2000, cuando se fijaron los seis objetivos de la Educación para Todos (EPT) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). No obstante, esos objetivos no se alcanzaron en el plazo fijado de 2015,

-Por su parte la Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación de la Unesco señala que el derecho de todos los niños y todas las niñas a la educación se afirma en numerosos tratados y textos internacionales, y se ha ratificado en instrumentos tanto vinculantes como no vinculantes desde el punto de vista jurídico., por consiguiente, los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir el derecho de todos los alumnos a la educación, debemos reconocer que en los últimos 15 años se han registrado progresos significativos a nivel mundial en la ampliación del acceso a la educación, especialmente en el nivel primario, sin embargo, según las cifras más recientes de la Unesco, unos 263 millones de niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, la mayoría de ellos niñas, actualmente no asisten a la escuela (Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo, 2016). Las proyecciones indican que 25 millones de estos niños nunca pondrán un pie en el aula. Existen importantes disparidades de género, ya que las niñas representan dos tercios del número total de menores que no asisten a la escuela.

Por ello la acción afirmativa propuesta busca dotar de herramientas pedagógicas y administrativas de evaluación a la comunidad educativa principalmente a mamás y papás y personal docente para incorporar de manera eficaz la educación en valores y respeto de los derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres.

El Programa Sectorial de Educación 2014-2018 incluye en sus Estrategias y líneas de acción el tema de derechos humanos y la igualdad entre mujeres y hombres. Su Estrategia “1.7. Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación integral.”, contempla la línea de acción “1.7.3 Impulsar la coordinación de escuelas y familias para construir una convivencia respetuosa de los derechos humanos y la perspectiva de género.”

En la Estrategia “2. Impulsar la perspectiva de género y de derechos humanos en los procesos de planeación y evaluación del sector educativo”, se encuentra la línea de acción “3. Incorporar de manera transversal en el sector educativo el principio de interés superior de la niñez y la adolescencia.”

Dentro de las líneas de acción transversales se encuentra la Estrategia “3. Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres” en la cual se incluyen las siguientes líneas de acción “1. Difundir los derechos y adoptar acciones afirmativas para garantizar el goce de los derechos de niñas, adolescentes y jóvenes.”; “3. Promover la inclusión de los temas de derechos humanos de las mujeres en los planes de estudio de todos los niveles educativos.” y; “18. Fortalecer la educación sexual con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y competencias para la vida en todos los niveles y modalidades educativas.”

Como se puede observar, el programa sectorial en la materia contiene estrategias y diversas líneas de acción que sustentan las diferentes acciones de política púbica que la SEP instrumenta, para impulsar la perspectiva de género y de derechos humanos en el ámbito escolar incluyendo al mismo tiempo a las familias de los educandos.

En esta tarea participan las subsecretarías de Educación Básica y de Educación Media Superior y los órganos desconcentrados, con el objeto de dar pleno cumplimiento al artículo 1o. constitucional en materia de derechos humanos.

Sin embargo, es un hecho que hace falta trabajar más para promover el respeto a los derechos humanos, la equidad de género, la tolerancia, y en particular, la observancia irrestricta del principio de interés superior de la niñez y la adolescencia.

“Los derechos humanos se hacen valer con actitudes, la canalización racional de nuestros sentimientos y emociones, con la madurez intelectual y con convicción moral. Todas ellas virtudes que pueden ser inculcadas mediante una educación y un sistema educativo realmente comprometido con la juventud y la infancia a la que está dirigido y mediante una sociedad interesada en formar individuos libres, autónomos, responsables y con ciudadanos y ciudadanas comprometidas con el desarrollo de su sociedad y con el bien común.”1

En este sentido, se estima pertinente instar a través de este mecanismo parlamentario a efecto de que las dependencias competentes tomen acciones para instrumentar o, en su caso, reforzar las políticas públicas en la materia.

II. Acciones afirmativas, sus elementos

Interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 1o., párrafo quinto; 4o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1, y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer;

Elementos fundamentales de las acciones afirmativas:

a) Objeto y fin. Hacer realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una representación o un nivel de participación equilibrada, así como establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. Eliminar cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural contra la mujer.

b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus derechos. Garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres;

c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos. Promover y acelerar la participación política de las mujeres.

III. Acción afirmativa propuesta

Establecer una política pública con acciones específicas a efecto de educar a las niñas y niños en el valor del respeto a los derechos humanos, específicamente el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, impactando en esta materia a toda la comunidad educativa, política que debe reflejarse en los instrumentos de planeación de las escuelas del nivel básico, en todo el país.

IV. Marco Jurídico

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación...

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

Además:

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y...

-Ley General de Educación

Artículo 2o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables.

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social.

En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7o.

Artículo 7o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes:

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos;

VI Bis. Fomentar la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y cultural;

Artículo 32. Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, en términos de lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta Ley.

Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes:

VIII. Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación;

IX. Impulsarán programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores, que les permitan dar mejor atención a sus hijos para lo cual se aprovechará la capacidad escolar instalada, en horarios y días en que no se presten los servicios educativos ordinarios;

XV. Apoyarán y desarrollarán programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia escolar desde el hogar y el respeto a sus maestros;

V. Elementos de la acción afirmativa propuesta

a) Objeto y fin. Involucrar en la construcción de cultura de igualdad material entre mujeres y hombres desde la educación básica mediante la participación de los actores del proceso educativo, educandos, padres de familia y docentes, para alcanzar de la igualdad de entre mujeres y hombres.

b) Destinatarias. El grupo de personas beneficiarias de la presente acción son las mujeres y niñas.

c) Conducta exigible. Establecer una política educativa que cuente con herramientas pedagógicas que permitan permear el reconocimiento, respeto e impulso de una cultura de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, niños y niñas, desde la infancia, el hogar y la escuela; educandos, padres de familia y docentes en la educación básica.

VI. Acciones propuestas

La propuesta de la acción afirmativa consiste en llevar a cabo una política pública dentro del centro o comunidad escolar, esto de manera gradual para que al cabo del ejercicio del primer año de la administración sexenal, el 20 por ciento de las escuelas públicas de educación básica, concretamente en el nivel primaria, se encuentren permanentemente trabajando con las acciones y actividades contenidas en la política pública. Estas acciones son las siguientes:

1. Diagnóstico. Aplicar una evaluación para determinar la situación de la escuela y la comunidad educativa en torno a la visión y realidad de la igualdad entre mujeres y hombres mediante la recopilación de información sobre diversos aspectos del entorno educativo en el que se desarrolla la vida escolar y analizarlos desde la perspectiva de género.

2. Planeación. Dentro del esquema de la planeación y evaluación de la gestión educativa para apoyar y fortalecer el quehacer escolar, el Proyecto Educativo Escolar, establecer condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, partiendo de las asignaciones de responsabilidades entre madres y padres de familia, personal docente y administrativo. Esta actividad deberá encontrar sustento en los proyectos educativos de zona, sector, municipal, regional, de subsistema y estatal, asimismo debe basarse en el trabajo colaborativo y participativo de toda la comunidad educativa.

3. Capacitación docentes. Como promotores del desarrollo y ejecución del proyecto educativo escolar en su calidad de servidoras y servidores públicos, el personal docente y directivo deben contar con las herramientas necesarias para favorecer la educación en igualdad de género, tanto con educandos como con madres y padres de familia, por ello se debe dentro de los espacios destinados a la capacitación se abordaran de manera particular talleres para el conocimiento e implementación de estrategias para la igualdad de género atendiendo al nivel educativo de que se trate.

4. Capacitación madres y padres de familia. Como actores fundamentales de la formación de las y los niños, los padres de familia deben contar con los elementos necesarios para asumir la igualdad entre mujeres y hombres y participar de ella con sus hijas e hijos, por ello deben establecerse espacios de trabajo entre docentes y madres y padres de familia, donde los primeros puedan informar, capacitar y sensibilizar a los segundos sobre la trascendencia de la educación en igualdad. Esta capacitación debe representar a las madres y padres de familia la posibilidad de llevar a la práctica dentro del hogar la igualdad como valor intrínseco del ser humano y la eliminación de estereotipos sexistas.

5. Materiales educativos. El consejo escolar de participación social en la educación, de cada institución pública que preste el servicio de educación básica, desarrollara un análisis de los materiales escolares existentes y propondrá la generación o adquisición de otros materiales y recursos educativos, ello con la finalidad de que se cuente exclusivamente con materiales educativos no sexistas y por el contrario fomenten la cultura de igualdad en las niños y niños.

6. Trato Igualitario. Derivado de la capacitación, tanto en la escuela como en el hogar se debe incentivar a las niñas y niños a participar por igual en las tareas y a compartir por responsabilidades de la misma forma.

7. Práctica de Valores. La suma de los puntos anteriores se refleja en una educación-formación con base en el respeto a la persona como igual, libre de estereotipos sexistas y con énfasis en la importancia del valor de la igualdad de niñas, niños, mujeres y hombres, esto en todas y cada una de las actividades que se desarrollan ene le entorno educativo procurando trascender al entorno familiar, propiciando una formación que permita un cambio cultural en la comunidad educativa, previniendo discriminaciones sexistas futuras.

8. Evaluación. Establece un sistema de evaluación de manera anual, a partir de la realización del diagnóstico, aplicando el mismo esquema para determinar los cambios sustantivos que se han generado con cada una de las acciones realizadas e implementadas en un año escolar. Medir el grado de avance en el logro del objetivo planteado y la eficacia de las acciones ejecutadas.

VII. Proposición

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con el siguiente punto de:

Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal para que, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres, impulse una acción afirmativa en la educación básica mediante la implementación o, en su caso, fortalecimiento de políticas públicas que faciliten contenidos formativos para las niñas y niños en el valor del respeto a los derechos humanos, específicamente el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, impactando esta materia en toda la comunidad educativa.

Nota

1 Delgado Ballesteros, Gabriela. Educar en y con derechos humanos. Revista Perseo, número 4, junio 2013. UNAM. Consultada en: http://www.pudh.unam.mx/perseo/educar-en-y-con-derechos-humanos/

Dado en el palacio legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2018.

Diputado Jorge Arturo Espadas Galván (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la SE a agilizar y agotar las instancias para lograr que México sea excluido de la medida 232 y se libere el arancel impuesto al acero y el aluminio, a cargo del diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI

El suscrito, Fernando Donato de las Fuentes Hernández, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, numeral 2; 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción III, y 100, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de las siguientes:

Exposición de Motivos

El pasado 30 de septiembre México–Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo sobre la reforma del Tratado de Libre Comercio (TLCAN).

Dicho acuerdo beneficia a toda la región, y a la zona le representa más de 25 por ciento del PIB mundial, además de generar más del 16 por ciento del comercio global, lo cual equivale al 7 por ciento de la población mundial.

Es de resaltar que el acuerdo genera un comercio cercano a los 2.8 mil millones de dólares diarios y que, gracias a él, nuestro país ha incrementado su comercio con sus socios en más de 450 por ciento.

Con esto se consolidan Estados Unidos y Canadá como nuestros principales socios comerciales, siempre buscando la generación de empleos, la atracción de inversiones, generando certidumbre para las operaciones de comercio exterior y las inversiones multilaterales.

Para México, el TLCAN, ha sido uno de los principales motores de crecimiento y desarrollo económico, así como de la competitividad y la apertura con el exterior.

Durante la negociación, México buscó impulsar un libre mercado, estableciendo las mejores condiciones de acceso de los productos mexicanos a los mercados de nuestros socios.

Sin embargo y poco antes de llegar a un acuerdo, el gobierno de Estados Unidos impuso aranceles a dos productos importantes en nuestro país, como lo son el acero y el aluminio.

Dicha medida se sustentó en una investigación realizada por el gobierno de Estados Unidos amparada en su Ley de Expansión Comercial de 1962 y en la cual se determinó que la importación de acero y aluminio se estaba realizando en grandes cantidades y constituían una amenaza a la Seguridad Nacional de Estados Unidos, como se define en la sección 232.

Con ese argumento, a partir del 1 de junio entraron en operación los aranceles impuestos las importaciones de acero con un 25 por ciento y al aluminio con un 10 por ciento.

El gobierno de nuestro país inmediatamente tomó medidas imponiendo aranceles equivalentes a 3 mil millones de compras de México a Estados Unidos, sobre quesos, puerco, manzanas y otros productos.

Sin embargo, consideramos que lejos de considerar a México un riesgo alguno para la seguridad nacional de Estados Unidos, deberían considerarnos son socios estratégicos bajo los siguientes argumentos:

México es parte de la cadena de valor de Estados Unidos para todo tipo de productos siderúrgicos, y los sectores en ambos países son complementarios entre sí.

México y Canadá comparten la problemática de sobrecapacidad y comercio desleal que provocó la implementación de la medida bajo Sección 232 de Estados Unidos y a través de la exitosa negociación del AMEC se fortalecieron las reglas y procedimientos que ahora nos permiten encarar esta problemática con un enfoque regional.

Contrario a la situación en China y otros países, México no cuenta con exceso de capacidad en materia siderúrgica, de hecho, las importaciones de acero representan aproximadamente el 40 por ciento del consumo nacional aparente.

A diferencia de lo que sucede con muchos otros países de la región de Norteamérica, en materia siderúrgica Estados Unidos es superavitario en su balanza comercial con respecto a México (aproximadamente 1 millón de toneladas en promedio 2016-2017, equivalentes a un valor aproximado de 2 mil millones de dólares estadounidenses). Por lo tanto, no debería existir arancel alguno mientras el superávit de Estados Unidos en productos del acero con México persista. La eliminación del superávit debe obedecer a un incremento significativo en las exportaciones de productos siderúrgicos de México hacia Estados Unidos, y no a una disminución de las exportaciones de los estadounidenses hacia México.

México ha constituido un frente común con su contraparte de Estados Unidos en foros internacionales, como la OCDE, G-20, entre otros.

El sector siderúrgico mexicano es uno de los principales usuarios de procedimientos de remedios comerciales (antidumping, anti-subvención, anti-elusión o incrementos arancelarios NMF, etcétera).

Desde octubre de 2015, México adoptó medidas arancelarias del 15 por ciento contra importaciones de 97 productos siderúrgicos procedentes de países que no son socios comerciales. El 5 de junio de 2018, la cobertura de esta medida se amplió hasta 186 productos siderúrgicos.

Bajo estos argumentos, no se justifican las medidas tomadas por el gobierno de los Estados Unidos, sin embargo, nuestro país, a través de la Secretaria de Economía, sigue buscando los mecanismos que permitan que antes de la firma del Tratado, se exente a nuestro país de la sección 232 y así liberar de cualquier arancel al acero y aluminio nacional, ninguna otra negociación será aceptable ya que dañaría a nuestra industria.

Sin embargo y ante una posible negativa del gobierno de Estados Unidos, solicitaríamos al gobierno mexicano aplicar bajo el principio de reciprocidad, una medida espejo, es decir, mismo arancel, mismos productos.

Asimismo, y para terminar de compensar la pérdida, consideramos incluir otras 90 fracciones con un valor total de 2 mil millones de dólares estadounidenses, adicionales a las 50 fracciones ya incluidas en la medida de retaliación de México en reemplazo a los productos que no son acero.

Sabemos que dichas medidas debilitarían a la región vis-à-vis contra otras regiones competidoras, sin embargo, no podemos ni debemos que dichos aranceles sigan lastimando a nuestra economía.

Por lo anteriormente expuesto es que sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

De urgente resolución

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a agotar todas las instancias necesarias, con el fin de excluir a México de la medida 232 que impone aranceles la exportación de acero y al aluminio, y de cualquier otra medida que dañe la industria nacional.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a tomar medidas espejo a efecto de contrarrestar los efectos negativos que genera la medida 232 en perjuicio de la industria acerera mexicana.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2018.

Diputado Fernando Donato de las Fuentes Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a esta soberanía a erradicar en ella la desigualdad de género y combatir la violencia política contra las mujeres, a cargo de la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Mary Carmen Bernal Martínez, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La violencia política contra las mujeres es un mecanismo discriminatorio que ejercen los hombres en el poder hacia las mujeres que desempeñan (o que quieren ejercer) un cargo en la esfera pública. Su objetivo es disuadirlas de participar activamente en la política, en la toma de decisiones y de ejercer sus derechos civiles. Comprende no sólo los mecanismos que se usan cuando las mujeres están en un cargo público, sino los usados desde (en el caso de los cargos por elección popular) las campañas electorales o procesos partidistas previos a las elecciones.

La violencia es un mecanismo de la desigualdad y perpetua las estructuras de poder patriarcales que benefician desde el origen a los hombres. Se puede manifestar de diferentes formas, como la intimidación, la violencia física, económica, patrimonial, sexual, el acoso hacia ellas o hacia sus familiares; e incluso llegar al feminicidio.

Las mujeres no tienen una representación igual en altos mandos a pesar de tener la misma preparación académica y laboral que sus pares hombres, pues vivimos en una cultura que considera que las mujeres no están preparadas o capacitadas para ejercer cargos con poder, lo que resulta en estructuras que discriminan a las mujeres aun cuando se hable de gabinetes (o legislaturas) paritarias . Es decir, aunque haya casi el mismo número de mujeres que de hombres, éstas no logran acceder a los puestos más altos, y su desempeño es constantemente cuestionado o desvalorizado.

La legitimación de la paridad como objetivo en los altos mandos del Estado mexicano tiene el potencial de ocasionar que el objetivo de igualdad sustantiva quede cada vez más lejano. Debemos tener presente que la igualdad de jure , dista la de facto . No debemos permitir que la ilusión de igualdad sea la realidad a la que aspiramos. La cultura patriarcal pone trabas para que las mujeres no tengan los mismos derechos ni oportunidades, producto del miedo a la pérdida de los privilegios en favor de los hombres, no importando si las mujeres son capaces de ejercer puestos estratégicos.

El camino por recorrer es largo, pero en la medida que vayamos cerrando las brechas normativas, podremos incidir en la cultura institucional que actualmente desfavorece a las mujeres. Ello implica creer en la igualdad como un eje rector de la vida institucional y no sólo usarlo como retórica o demagogia.

La discriminación contra las mujeres en el ámbito laboral es una “consecuencia de presiones organizacionales más que de prejuicios individuales” (Heller. 1996, p.2); es una acción que acompaña a todas las demás en su ejecución, donde se presupone que vejar, someter, violentar, está justificado. Encierra varios valores tan arraigados que ocultan a la parte abusadora, y vuelve este comportamiento como “natural”, cuando de hecho, es un intento por rehusarse a aceptar nuevos paradigmas sociales/económicos/domésticos en la cotidianidad de la sociedad.

Como parte inherente de la discriminación se encuentran los estereotipos de género, arraigados en las prácticas sociales/económicas, que representan un bagaje en las reflexiones acerca del contenido cultural de los obstáculos para la consecución de la igualdad de género. Influyen en las culturas organizacionales, donde la cultura es entendida como un sistema de valores compartidos y la dominante es la patriarcal, por lo que se arraigan ideas sexistas/machistas que definen las culturas de los mercados laborales. En las estadísticas de brechas salariales de género resulta evidente que hay una tendencia de relación positiva entre los años estudiados y la discriminación remunerativa para las mujeres, por lo tanto, no se cubre la expectativa tradicional que, a mayores estudios, mayor es el nivel de vida.

Para explicar los fenómenos de discriminación y violencia de género que sufren las mujeres en el ámbito laboral, son de particular uso los conceptos de techos de cristal y de mobbing .

Los techos de cristal son los “obstáculos artificiales e invisibles que impiden el acceso a las mujeres a puestos ejecutivos de alto nivel [...], se trata de microdesigualdades condicionantes, muchas veces imperceptibles que afectan significativamente el desarrollo de una carrera”. También se habla de paredes de cemento, donde definitivamente no hay desarrollo profesional; y de pisos pegajosos, cuando no hay un desprendimiento de los roles tradicionalmente reproductivos y se vale de un sentimiento de culpa en las mujeres por dejar a su familia. Los techos de cristal denuncian que, aunque las mujeres pueden, normativamente, acceder a cualquier puesto en la administración pública, en la práctica los puestos de poder están acaparados por los hombres. Romper estos techos de cristal implica reconocer la violencia sistemática e institucional que se ejerce contra las mujeres, que la ilusión de igualdad debe convertirse en un hecho, que fallas en el sistema deben ser evidenciadas y corregidas.

El acoso moral (mobbing ) se refiere al maltrato psicológico, además de una complicidad de los participantes en la organización. Se caracteriza de manera individual ya que se vierte también en otras formas –como rumores- con la finalidad específica de “destruir la estabilidad psicológica de un ser humano”, a través de la des-dignificación de su persona (Heller, 1996, p.111).

Aun cuando llevan un largo camino recorrido, las mujeres que integran la LXIV Legislatura no han podido romper los techos de cristal que hay en la política mexicana, o en la Cámara de Diputados; ni han logrado tener influencia en la toma de decisiones en temas relevantes o de alto nivel, específicamente en organismos como la Junta de Coordinación Política.

Las legisladoras se enfrentan a techos de cristal y a pisos pegajosos , legitimados por los compañeros legisladores, que representan la otra mitad de la Cámara de Diputados, valiéndose de mobbing hacia las compañeras legisladoras.

La igualdad en la Cámara de Diputados solo existe en términos de paridad, pero los puestos estratégicos están predominantemente ocupados por hombres. Acorde a Evangelina García-Prince, “el principio de igualdad se complementa con el principio de no discriminación”, se sustenta en la necesidad que las mujeres y hombres tengan igual número de representatividad en puestos estratégicos, como parte del principio de no discriminación. La LXIV Legislatura es la primera en México con cumplir con el principio de paridad, es decir, existe la misma proporción de mujeres y hombres en los curules; pero le hace falta recorrer un amplio camino en términos culturales y de ejercicio de poder.

Para las mujeres parlamentarias, lidiar con el acoso político y laboral es parte del trabajo legislativo, se manifiesta como todo acto, conducta u omisión por motivos de género, en forma individual y colectiva, que tenga por objeto menoscabar, anular, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, violar los derechos de las mujeres a participar en la toma de decisiones, así como en la vida política y pública del país.

En aras de diseñar e implementar mecanismos para erradicar estas prácticas nocivas, es necesario prestar atención a una de las recomendaciones del Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias sobre la violencia contra la mujer en la política , emitidas el 8 de agosto del presente año, que señala que los Estado se deben comprometer a:

“Fortalecer la capacidad de todas las instituciones del Estado, incluidos los parlamentos y los órganos electorales, para garantizar que las mujeres puedan trabajar en condiciones de seguridad, libres de violencia por motivos de género, incluido el acoso sexual, y entablar debates transparentes sobre la prevención de la violencia contra la mujer, incluso mediante la realización de encuestas sobre la prevalencia y la creación de mecanismos para procedimientos eficaces de denuncia.”

La Cámara de Diputados tiene que dar un paso adelante hacia la prevención, atención y sanción en contra de la violencia hacia las mujeres. Legislar es un paso, el siguiente es cambiar la cultura organizacional para que las opiniones y aportaciones que las mujeres hagan en la arena y quehaceres legislativos aporten de manera sustantiva en favor de la igualdad entre las mujeres y los hombres. Es necesario que las mujeres no sean ignoradas ni menoscabadas en las tomas de decisiones.

Una barrera más por romper es la reformulación de nuevos liderazgos: no es posible un avance significativo ni sustentable si no existen mujeres con conciencia de género dentro de los puestos de poder y decisión. Si las mujeres que han superado las barreras antes mencionadas, lo han hecho a través de mimetizarse con los comportamientos clásicamente masculinos, no habrá un empoderamiento verdadero ni un uso correcto del liderazgo; no habrá un acompañamiento de la perspectiva de género en las altas esferas políticas ni empresariales. Por lo tanto, es necesario fomentar un cambio cultural en mujeres y hombres en la manera de concebir estos nuevos tipos de liderazgos y de lideresas.

Por lo anterior, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Cámara de Diputados a emprender las medidas necesarias para fomentar la igualdad de género en todos los espacios y ejercicios del ejercicio legislativo, para combatir la violencia política en contra de las mujeres y para aportar al desarrollo de una cultura de igualdad en la representación del pueblo mexicano.

Referencias

1. Calás, Martha y Linda Smircich (1996), “From the woman’s point of view: Feminist approaches to organization studies” en Clegg y Hardy (Eds.), Handbook of organization studies, London, Sage Publications.

2. Heller, Lidia (2008) “Desde lo organizacional”, en Voces de mujeres. Actividad laboral y vida cotidiana, Ed. Sirpus, Colección Techo de Cristal, Barcelona. (pp. 99-139)

3. ONU (2018) Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias sobre la violencia contra la mujer en la política. Septuagésimo tercer período de sesiones. Tema 29 del programa provisional. Nueva York.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2018.

Diputada Mary Carmen Bernal Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a fortalecer el programa Apoyo a Infraestructura Hidroagrícola, en beneficio de los distritos y las unidades de riego del país, a cargo del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, diputado Mario Alberto Ramos Tamez, integrante de la LXIV Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fortalecer el programa Apoyo a Infraestructura Hidroagrícola, en beneficio de los distritos y unidades de riego del país , con base en las siguientes:

Consideraciones

Desde 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y saneamiento, mediante la Resolución 64/292, reafirmando que el acceso a agua potable limpia es esencial para la realización de los todos los derechos humanos; además, en dicha determinación también hace un exhorto a “los Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.”1

En el mismo sentido en nuestro país, a partir del 2012, se reforma el artículo cuarto constitucional para reconocer del derecho de toda persona “al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”.2

La actual administración elaboró en 2013, el Programa Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018, el cual contiene las estrategias y líneas de acción para las políticas públicas en materia de agua.

En dicho documento se planteaba que para el año 2018: “En el sector agua mexicano se habrá avanzado con vigor y con resultados concretos en las vertientes clásicas del desarrollo hídrico en materia de servicios de agua para los asentamientos humanos y en el campo, y se habrá avanzado de manera determinante en el encuentro de la seguridad hídrica en beneficio de los habitantes y de las zonas productivas”.3

Específicamente, en el ámbito de la agricultura, se tenía planeado “intensificar la tecnificación del riego en parcela, en los distritos de riego y unidades de riego, modernizar las redes de conducción y distribución de agua en los distritos y unidades de riego, tecnificar el riego por gravedad en los distritos y unidades de riego”.

Sin embargo, la realidad es distinta, pocas metas establecidas y delineadas en el documento antes mencionado se han cumplido y que decir del presupuesto en materia de agua el cual se ha visto mermado, ejercicio fiscal tras ejercicio fiscal.

Ejemplo de ello es el programa Apoyo a Infraestructura Hidroagrícola, el cual nutre de recursos a las unidades y distritos de riego y que surge en 2016 de la fusión de los programas de infraestructura hidroagrícola a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y que desde su creación se ha visto reducido en un 28.49 por ciento.4

Este programa es de suma importancia para el sector agropecuario del país, ya que su finalidad es proporcionar recursos para la rehabilitación, modernización, equipamiento y tecnificación de los distritos de riego, unidades de riego y distritos de temporal tecnificado, además de contar con un componente para la devolución de pagos por suministro de agua en bloque para aplicarlos en conceptos de conservación y mantenimiento en canales y drenes.

Recordemos que en México hay 6.5 millones de hectáreas con infraestructura de riego, de las cuales 3.3 millones corresponden a Distritos de Riego (86 DR) y 3.0 a Unidades de Riego (40 mil UR), así como 2.9 que se destinan a distritos de temporal tecnificado (23 DRT). De los cuales el 99 por ciento de los distritos de riego han sido transferidos a usuarios y las unidades de riego se encuentran siendo operadas por pequeños propietarios.5

En este sentido y en mi calidad de diputado federal, vengo a solicitar a esta soberanía se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se contemplen recursos suficientes para el programa Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, ya que es indispensable apoyar a las unidades y distritos de riego, para poder operar con mayor eficiencia, aumentar la productividad y puedan inclusive incorporar nuevos cultivos cuando esto sea factible, los cuales representen mayor rentabilidad, y así incorporarse a un mercado globalizado, sumamente competitivo que exige la mayor eficiencia y calidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, propongo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fortalecer el programa Apoyo a Infraestructura Hidroagrícola, en beneficio de los distritos y unidades de riego del país.

Notas

1 Resolución A/RES/64/292. Asamblea General de las Naciones Unidas. Julio de 2010. Ver en : http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc= y&docid=4cc9270b2

2 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, ver en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

3 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/PROGRAMA_Nacio nal_Hidrico_2014_2018_espa%C3%B1ol.pdf

4 https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp? id=16S217

5 https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/infraestructura-hidroag ricola

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2018.

Diputado Mario Alberto Ramos Tamez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a establecer instrumentos que permitan la homologación del lenguaje para personas con discapacidad auditiva, a cargo de la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 2, 65, numeral 1, 76, 79 numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, y 100, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Educación Pública, de Salud y de Desarrollo Social a establecer mecanismos que permitan la homologación del lenguaje para personas con discapacidad auditiva.

Exposición de Motivos

De acuerdo a datos aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS),1 la pérdida de audición tiene efectos importantes en la vida cotidiana de los individuos, ya que los problemas de comunicación pueden generar sensación de soledad, aislamiento y frustración, sobre todo en las personas mayores que padecen la pérdida de ésta. Señala que una persona con sodera congénita podría sentirse más excluida de la vida social que el resto de la población.

Según estudios de éste organismo, en el mundo hay 360 millones de personas con pérdida de audición discapacitante, es decir, el equivale aproximado al 5 por ciento de la población mundial. De los afectados, 32 millones son niños.

Refiere el citado estudio que las infecciones crónicas del oído son la causa principal de pérdida auditiva seguidas del ruido y los medicamentos ototóxicos con independencia de que, una de cada tres personas mayores de 65 años padecen pérdida de la audición.

Establece la OMS que cerca del 20 por ciento de las personas que padecen pérdida de audición pueden mejorarla con dispositivos tales como los audífonos y los implantes, calculando que, hasta 56 millones de personas podrían mejorar su audición gracias a estos dispositivos. Sin embargo, la producción actual de audífonos, por ejemplo, satisface menos del 10 por ciento de las necesidades mundiales y del 3 por ciento en los países en desarrollo.

Por otra parte, el 50 por ciento de las pérdidas de audición es prevenible con medidas de salud pública como: inmunización, inculcar hábitos saludables para cuidar el oído y la audición; y tratamiento eficaz de los trastornos agudos y crónicos del oído.

De acuerdo con el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) denominado La discapacidad en México, datos al 2014 2 México se considera una población de alrededor de 120 millones de personas de las cuales, 61.5 millones son mujeres y 58.5 millones son hombres, de la población total, se estima que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen mucha dificultad para hacer alguna de las ocho actividades que determinan incapacidad: caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales.

El número de mujeres con discapacidad supera al de su contraparte masculina (3.8 millones frente a 3.3 millones de los varones); de igual forma, la discapacidad al interior de cada sexo tiene mayor presencia entre la población femenina: 6.2 por ciento de las mujeres del país viven con esta condición y en el caso de los hombres, representan 5.7 por ciento.

De ese total de personas con discapacidad, un 33.5 por ciento tiene dificultades para escuchar, aun usando aparato auditivo (discapacidad auditiva), esto es 2 millones 378 mil 500 personas en México, tienen discapacidad auditiva.

Como referencia, la cantidad de personas con discapacidad auditiva en el país, es caso equivalente al total de población del estado mexicano de Tabasco (2 millones 400 mil 967 habitantes).3

Estos mexicanos pertenecen a un grupo vulnerable que ha sido poco atendido, basta señalar que, según el referido estudio del Inegi,4 el porcentaje de población con discapacidad auditiva con rango de edad entre 3 a 29 años, que asiste a la escuela, es tan sólo de 15.6 por ciento de hombres y 12.0 mujeres; de igual manera, la tasa de participación económica de las personas con esta discapacidad es de sólo 35 por ciento.

La falta de colegios con profesores conocedores del lenguaje de señas, así como la baja presencia de intérpretes bien capacitados así como la inexistencia de un lenguaje en común, son uno de los principales problemas que padece este sector.

Actualmente, existen en todo el país, 40 intérpretes certificados por Comité Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer); a pesar de que existen institutos y asociaciones que cuentan con intérpretes, carecen de reconocimiento legal, pues la certificación única en el país que es otorgada por la Universidad de Tecnológica de Santa Catarina en el estado de Nuevo León, es costosa, lo cual agudiza aún más el problema.

En este mismo sentido, no se puede perder de vista que, México es nación pluriétnica y pluricultural, existen 68 lenguas indígenas,5 esto complica la situación de quienes padecen de discapacidad auditiva, pues cada lengua genera sus propias señas para comunicarse, orientado a regionalismos; esto no solo afecta a los propios mexicanos que son sordos, también a la gente que los rodea.

Como ente biopsicosocial, el ser humano depende de la creación de relaciones sociales para conformar sociedades, es una actividad derivada de su propia condición natural; algunas de estas se vuelven más que necesarias cuando se trata de relaciones cercanas, como es el caso de padre-hijo- o madre-hijo (el núcleo familiar).

Las relaciones humanas en términos generales, se caracterizan por la existencia de un vínculo de comunicación, elemento necesario para el propio desarrollo del ser humano en sociedad y término definido por el psicólogo Miller en 1968 como “proceso dinámico que fundamenta la existencia, progreso, cambios y comportamiento de todos los sistemas vivientes, individuos u organizaciones. Entendiéndose como la función indispensable de las personas y de las organizaciones la cual la organización u organismo se relaciona consigo mismo y su ambiente, relacionando sus partes y sus procesos internos unos con otros.”6

La interacción entre quien comunica, quien recibe lo datos e interpreta, es parte fundamental de la evolución humana y esa relación social, genera seres humanos con mayor conocimiento en pro de su desarrollo, además de conocer todo lo que nos rodea, permite organizar nuestras ideas, expresar lo que sentimos y pensamos, y comprender a los que nos rodean.

No podemos dejar de lado que el lenguaje constituye un factor necesario para la comunicación, de hecho, es una de las herramientas que poseen los seres humanos y que lo distingue de la mayoría de los animales.

Existen diversas formas de comunicación:

• Oral: Refiere a una herramienta que el hablante interpreta en algún tono y vocabulario preciso, de acuerdo con su cultura, lengua y lenguaje,7 donde se ven representadas una lluvia de ideas.

• Escrita: Emplea gramática8 y signos, se pueden combinar para transmitir un mensaje, se requiere que el receptor sepa leer para poder entender el mensaje.

• No verbal: Se conoce como kinésica o kinética al estudio de los significados de los movimientos corporales. De hecho, el vocablo, en castellano se estila como cinética (que según la Real Academia Española se ocupa de los “perteneciente o relativo al movimiento”).9

La forma de comunicación que más se emplea es la oral o verbal, ambos sujetos pueden intercambiar información mediante el habla y recibiendo información a través de los sonidos y su sistema auditivo.

La comunicación no verbal es la que emplean las personas que padecen alguna discapacidad, ya sea auditiva o de habla, por lo tanto requieren de otro método para comunicarse y ser escuchados; en este sentido el lenguaje a través de señas recobra suma importancia.

Puesto que las personas que padecen discapacidad auditiva enfrentan problemas secundarios, sobre todo si se trata de un país en desarrollo como México, donde no existen mecanismos suficientes que faciliten el aprendizaje educativo, el desarrollo profesional y sobre todo humano.

La OMS proporciona algunos datos sobre la sordera, entre ellos explica que “las personas sordas y sordo-ciegas suelen utilizar lenguajes de signos. Estos lenguajes difieren de una cultura a otra, pero son verdaderos idiomas con gramáticas y vocabularios propios. Se debería alentar a los familiares, médicos, docentes y empleadores a aprender el lenguaje de señas/signos, a fin de facilitar la comunicación con las personas sordas.”10

Los signos y señas “poseen una gramática visual rica y propia, son lenguas de cultura y dependen en su evolución y desarrollo de la comunidad de personas que la usan, las personas sordas, sordo-ciegas y sus familias.”11

Podemos dar cuenta que, el lenguaje que utilizan los sordos es tan importante como cualquier idioma, es una lengua ampliamente reconocida. En México, la Lengua de Señas Mexicana (LSM)12 cuenta con validez oficial y forma parte del patrimonio lingüístico mexicano.

Dentro del lenguaje de señas, “existen algunas variaciones en la LSM de acuerdo con las regiones geográficas del país, además es muy diferente al castellano por ejemplo, en el orden de las palabras y en el uso de los verbos.”13

Lo anterior, complica al sistema de comunicación entre las personas sordas, pues dentro de nuestro país, no existe una homologación del lenguaje que permita un método de transmisión de ideas uniforme.

En México, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las personas con discapacidad Conadis, trabaja para que se incluya a las personas que padecen de discapacidad auditiva, así mismo el Consejo Nacional Para la Prevención de la Discriminación (Conapred), ha sumado esfuerzos creando un diccionario de lengua de señas mexicanas sin embargo los esfuerzos no han sido suficientes, dado que, como se mencionaba, los regionalismos complican la universalidad de la señas, pues cada población desarrolla su forma de comunicarse de acuerdo a sus rasgos culturales.

Es preciso no perder de vista la situación que también padecen los intérpretes de lenguaje de señas, quienes han sido poco considerados para la solución del problema.

Actualmente la presencia de organizaciones de la sociedad civil se ha vuelto clave, puesto que se han encargado de capacitar a personas para ser parte de la red de traductores con diferentes regionalismos a lo largo del país. Sin embargo, no cuentan con el reconocimiento oficial y pese a que, el Comité Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales ha trabajado para certificar a los intérpretes, se ha quedado poco a poco en el olvido, pues no existen candidatos que deseen aplicar, puesto que además de ser un trámite burocrático se requiere de mucho presupuesto por parte del interprete para acreditar la certificación.

Considerandos

Primero. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4o. establece el derecho a la protección de la salud, del cual debe gozar toda persona dentro del territorio nacional sin excepción alguna; texto constitucional que en su parte conducente es del tenor siguiente:

“Artículo 4o.

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XI del artículo 73 de ésta Constitución.”

Segundo . Que es facultad de las y los diputados de ésta soberanía presentar proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, 62 numeral 2, 65 numeral 1, 76, 79 numeral 1 fracción II y numeral 2 fracción I y, 100 numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

Tercero. De acuerdo con las cifras presentadas en el apartado anterior, existe un total de 2,378,500 millones de mexicanos que padecen de discapacidad auditiva; el problema de comunicación se agudiza si consideramos que solo existen 40 intérpretes certificados; que no existe homologación de criterios en el lenguaje de sordos y que incluso, de manera regional se modifican las señas utilizadas para objetos o acciones iguales; por tanto, es indispensable establecer criterios homogéneos que, entre otros beneficios, permitirán la inclusión de quienes padecen discapacidad auditiva y quienes les rodean.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de ésta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las Secretarías de Educación Pública, de Salud, y de Desarrollo Social, a establecer mecanismos que permitan la homologación del lenguaje para personas con discapacidad auditiva.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud, Datos y Cifras, Datos sobre la sordera, disponible en http://www.who.int/features/factfiles/deafness/facts/es/index7.html [consultado el 4 de noviembre de 2018]

2 “La discapacidad en México, datos al 2014. Inegi. México. 2016. Páginas 21 ss. PP 358 [consultado el 5 de noviembre de 2018]

3 México en cifras. Inegi. Verificable en la página de internet http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=27 [consultado el 5 de noviembre de 2018]

4 Obra citada, páginas 60 a 65.

5 El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas en su sitio web http://www.inali.gob.mx/clin-inali/ publica el catalogo actual de las Lenguas Indígenas en México. [Consultado: 5 de noviembre de 2018]

6 Miller, George, 1968

7 Santos, Dionne. “Comunicación oral y escrita” Red Tercer Milenio, México, 2012. Página 10. Versión en línea, disponible en http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Comunicacion_o ral_y_escrita.pdf [Consultado 5 de noviembre de 2018]

8 Conjunto de normas que rigen el idioma. Incluye ortografía, fonética, sintaxis y semántica. Fonética.- Llamada también prosodia u ortología, estudia y reglamenta la pronunciación de las palabras.Ortografía.- Es la parte más conocida, que da norma para la correcta escritura de las palabras. Semántica.-Estudia el significado de las palabras. Hay semántica de la palabra, de la frase y de la oración Fernando de Ávila (2002)

9 Santos, Dionne. “Comunicación Oral y escrita” Red Tercer Milenio, México, 2012 Pág. 177. Versión en línea, disponible en:http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/Axiologicas/Comunicacio n_oral_y_escrita.pdf [Consultado: 5 de noviembre de 2018]

10 Obra citada.

11 Confederación Estatal de Personas Sordas, gobierno de España, disponible en: http://www.cnse.es/lengua.php [Consultado 5 de noviembre de 2018]

12 Según el glosario de la Ley General de Discapacidad, explica que, consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral.

13 Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, publicado: 9 de junio 2017, disponible en

https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-nacional-de-la- lengua-de-senas-mexicana-lsm?idiom=es [Consultado: 5 de noviembre de 2018]

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2018.

Diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SE a difundir públicamente un informe sobre el desempeño histórico del organismo sectorizado ProMéxico, a cargo de la diputada María Alemán Muñoz Castillo, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada María Alemán Muñoz Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

En recientes fechas, el Presidente electo se ha pronunciado recurrentemente por la desaparición de ProMéxico, sin ofrecer elementos técnicos que sustenten esa inminente decisión y limitándose a realizar señalamientos subjetivos, como el que expresa acerca de que estas representaciones son ocupadas por “recomendados”.

El fideicomiso ProMéxico es un organismo del gobierno federal (sectorizado a la Secretaría de Economía) encargado de coordinar las estrategias dirigidas al fortalecimiento de la participación de México en la economía internacional, apoyando el proceso exportador, la internacionalización de empresas establecidas en nuestro país y coordinando acciones encaminadas a la atracción de inversión extranjera directa (IED).

Se trata entonces de una estrategia para promover a México, a través de nuestras ventajas competitivas y comparativas, como la ubicación geográfica estratégica del país, sus excelentes cadenas de suministro, estímulos fiscales vigentes y su fuerza de trabajo joven, talentosa y accesible.

Respetamos por supuesto la postura del próximo titular del Poder Ejecutivo Federal por cuanto a desplegar sus facultades para mantener o desaparecer el organismo, pero no vemos suficiencia en la argumentación para realizarlo.

Veamos, ProMéxico no se trata de una política de coyuntura ni sus funciones deberían ser tratadas con la simpleza de un carpetazo.

Se trata de un organismo público promotor de las inversiones y del comercio exterior en beneficio de nuestro país, que cuenta con 46 oficinas de representación en las principales ciudades del mundo, de las cuales, casi el 80% de ellas se ubican en países desarrollados, que concentran por cierto, también alrededor del 80% de la riqueza mundial.

Lo anterior tiene lógica, dado que las representaciones del organismo se ubican principalmente en naciones emisoras de flujos de capital, mientras México, es eminentemente receptor.

Se trata también de mercados de consumo global, con suficiencia para absorber las exportaciones nacionales y con ello, fortalecer y orientar hacia la competitividad internacional a las empresas de cualquier tamaño radicadas en México, generadoras de empleo y crecimiento y de otros aspectos beneficios que retomaremos más adelante.

El fideicomiso ProMéxico es en sí, un ente especializado que por su naturaleza se constituyó en el año 2007 como una estructura independiente y de tiempo completo (entidad paraestatal), partiendo de un modelo teórico de un sector público limitado presupuestalmente.

Donde el esfuerzo por la manutención de estas representaciones, tienda a la marginalidad si se compara con el desempeño por cuanto a la atracción de inversiones y el fomento a las exportaciones; lo que se traduce en beneficios que el Estado no puede ofertar, por las razones que sean.

Por ello es qué desde su inicio, se definió que el organismo era totalmente ajeno al esquema tradicional, funcional y administrativo, inherente al servicio exterior mexicano; que por cierto posee una presencia global de más de 150 representaciones diplomáticas, entre embajadas, consulados, misiones permanentes ante organismos internacionales y oficinas de enlace, donde por cierto, hoy por hoy jamás se cuestionaría su desempeño con simples criterios cuantitativos más que cualitativos y mucho menos subjetivos.

Regresando al punto, el próximo Presidente y su futuro canciller han señalado que las funciones del organismo ProMéxico, una vez cancelado, serían asumidas por el Servicio Exterior Mexicano, lo que se trata de un desacierto en el mejor de los casos.

Veamos, un embajador ordinariamente posee diferentes áreas de acción, como la de enlace político-institucional; vinculación con sus pares de otras naciones; promoción cultural; atención a la comunidad de mexicanos radicados en el exterior; coordinación administrativa de la misión diplomática y de enlace económico.

Esta última, que podría tener características inherentes con la atracción de inversión y el fomento de las exportaciones mexicanas, pertenece entonces a un diverso grupo donde la representación mexicana divide su atención, pero sin lograr profundizar.

Es decir, si desde hace varios lustros gran parte del crecimiento y de los nuevos empleos que se generan en el país son motivo de inversiones mayoritariamente privadas de diversos orígenes (internacionales o nacionales, nuevas o relacionadas con el crecimiento empresarial e industrial), era necesario distinguir y crear entonces por cuanto a la IED un mecanismo especial de atención in situ ; mientras que en lo que toca a inversiones nacionales, estas podrían continuar fomentándose a través de las respectivas áreas en las dependencias relacionadas.

En este punto es donde encontramos una gran contradicción en las posturas del Gobierno que entraría en funciones dentro de unas semanas, que solo continúan profundizando la sistemática confusión de sus procedimientos (no olvidemos que la futura Secretaria de Economía ha señalado la conveniencia de mantener ProMéxico) y siguen sembrando incertidumbre en todos los mercados dado que, por un lado señalan recurrentemente lo oneroso de ciertas inversiones como la del nuevo aeropuerto tan presente en la actual discusión nacional, refiriendo que ésta obra se cancelaría, y de otras obras de importancia señalando que bien podrían y/o deberían ser realizadas con capital privado; mientras que por otro lado, proponen desaparecer a ProMéxico que son quienes procuran traer del exterior capitales frescos para la inversión. Ya no entendimos.

En México requerimos la permanencia de un mecanismo como el que ha desarrollado transexenalmente ProMéxico que “... pudiera dedicar toda su atención durante los meses intensos que requiere una inversión alemana o japonesa, por ejemplo, para ver en qué estado de la República debe establecerse, y coordinar presidentes municipales, subsecretarías, al SAT y el aterrizaje de esas inversiones en México, no es algo que se solucione con un agregado comercial.

El agregado suele concentrar su atención en los ministerios de economía del país al que está asignado y en crear vínculos con empresarios con poco grado de profundidad”.1

Además de las facultades genéricas de ProMéxico para la atracción de inversión, también ha desarrollado labores específicas en los últimos años, como la coordinación de programas como Contacto Exporta; Chatbot ProMéxico; Hecho en México B2B; así como la presencia de nuestro país en foros y ferias como Davos, por ejemplo.

Finalmente, ProMéxico posee una agenda muy amplia de servicios, de apoyos y plataformas desarrolladas que difícilmente podrían ser absorbidas por el Servicio Exterior, sin implicar mayores partidas presupuestales, con la subsecuente curva de aprendizaje que poco a poco hace marca y mella en el Gobierno por iniciar. No tiene sentido ni viabilidad la futura decisión y menos aún querer aplicarla con efectos inmediatos en el próximo ejercicio fiscal de 2019, aprovechando la próxima discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Presidente electo también ha declarado en otro juicio sin fundamento, durante su gira por Nuevo León, y como respuesta a los cuestionamientos sobre la cancelación de ProMéxico, que él no veía oficinas ProAlemania, ProInglaterra o ProFrancia en ese industrioso estado del país; sin embargo, lo anterior es poco preciso, pues los despachos no existen, al menos no con esos nombres, pero si funcionalmente en los departamentos de comercio internacional de los gobiernos de los países citados. De hecho, todos los países de la OCDE tienen oficinas que hacen lo que ProMéxico, como agencias de promoción a la inversión extranjera, aunque ellos, como se explicó al principio se enfocan primordialmente en encontrar naciones para sus flujos excedentes y en promover sus economías a una escala inclusive micro regional.

Otro argumento insuficiente que se ha venido realizado y qué pretende alinearse con la comunicación política sobre austeridad del futuro nuevo gobierno, es el gasto que implican las representaciones del organismo, limitándose a señalar sesgadamente un monto de gastos que representan ciertos funcionarios del organismo; lo cierto es que al momento los responsables de las áreas respectivas del futuro gobierno se encuentran apenas evaluando los números alrededor de ProMéxico, dicho por ellos mismos. Entonces ¿Por qué insistir en la cancelación de del fideicomiso, adoleciendo de fundamento alguno?

Si comparamos que, para el primer semestre del presente año, ProMéxico ha logrado atraer inversiones de 97 proyectos confirmados por un monto total multianual de 9,385.16 millones de dólares, (tendencia que superaría la meta del organismo de 15 mil millones para finales del año); registrando un acumulado durante todo el sexenio de 81.8 mil millones de dólares, que representa el 42.4 por ciento del total de IED de enero de 2013 a junio de 2018, que fue de 192.8 mil millones de dólares, de acuerdo con su reporte más reciente, seguimos sin entender entonces las razones técnicas reales para su eliminación. Es un sinsentido.

Inversiones en sectores tan importantes como el aeroespacial, automotriz y autopartes, alimentos procesados, químico-cosmético, metal-mecánico, telecomunicaciones, eléctrico electrónico, energía, minero, incluso componentes de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología, son los que ha ayudado a concretar ordinariamente ProMéxico, ya sea por intervención directa, siendo una especie de ventanilla 24/7 orientadora de la inversión, o por la forma que sea.

Debemos entender que la atracción de IED es realmente benéfica no solo por ciertas razones expuestas con anterioridad, además de que no debemos confundirnos pensando que fortalece solo ciertos oligopolios, sino que complementa notablemente áreas de oportunidad a la vista de todos como en la creación de empleo, el incremento en la oferta de bienes y servicios, la incursión de empresas nacionales en nuevas actividades productivas, la adopción de métodos y tecnologías nuevas en el país, e inclusive en mejoras de las condiciones de competencia de productos y servicios nacionales en diversos mercados.

Es más, la importancia de la IED es tal, que el propio Presidente de los Estados Unidos baso exitosamente como parte de su campaña electoral en inhibir que estos capitales originarios en su país, salieran del mismo, entendámoslo de una vez.

Asimismo, ProMéxico reporto haber apoyado proyectos de exportación con resultados por más de 16 mil millones de dólares en el sexenio.

Tenemos en ProMéxico una herramienta de la que no podemos prescindir sin saber qué haremos con total certeza y sin costosas curvas de aprendizaje para mantener la dinámica del programa que ha beneficiado a empresas de todos los niveles en el país, reconocido así por los propios sectores productivos de presencia nacional o local que han tenido contacto con él.

Por demás esta señalar que los recursos directos que tiene ProMéxico se han invertido a razón de un 90 por ciento en las micro y pequeñas empresas de México, integrándolas directamente en las cadenas productivas y convirtiéndolas en verdaderas aliadas de grandes empresas en el país.

Con todo respeto, señor presidente electo, urge sensatez en las decisiones, ya no se deben seguir realizando promesas inviables con el único propósito de obtener rentabilidad política, ahora la población desea que sean unos eficientes administradores.

Si ustedes han detectado problemas como los funcionarios llamados “recomendados” y lo oneroso de los mismos, pues prescindan de ellos conforme a derecho, si es que no han realizado un buen trabajo, pero no comiencen a desmantelar arbitrariamente instituciones funcionales, que como cualquier otra seguramente requieren ajustes para potenciar su desempeño, pero no pretendamos su extinción, menos si no se tiene claro aún como habrán de ser suplidas sus cualidades ni mucho menos sino entendemos su real capacidad, que sin duda podrán apreciar una vez que tomen las riendas del gobierno a partir del primero de diciembre del corriente.

Por tal, no vemos utilidad en despedir irreflexivamente y sin reparo, en aras de la austeridad, a todo al capital humano técnico y especializado que hemos formado con los impuestos de todos los mexicanos, no solo en el organismo citado sino en todo el aparato gubernamental como entendemos es la intención, y que permiten la operación del andamiaje mínimo de nuestras instituciones.

Les pedimos y hasta les concedemos la creatividad que pudieran tener para “achicar” el gasto en el gobierno, pero sin arriesgar la viabilidad administrativa del sector público, demos tiempo a que ustedes realmente conozcan lo que es gobernar, y que con ello los alumbre la sensatez, como parece les ha pasado en el tema de las gasolinas y en muchos otros por venir.

Con prudencia, sin juicios de valor, argumentos subjetivos, o caducos cálculos políticos, seguramente encontraran mejores apoyos entre todos los actores y poderes del Estado Mexicano para sus propuestas, como bien lo han reconocido en la reciente reforma presentada por ustedes en esta Cámara de Diputados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde establecen por ejemplo un período para la eliminación de las delegaciones federales, previa evaluación; lo mismo hagan con ProMéxico, eso sería sensato.

Finalmente, y después de todos los argumentos planteados, aún queda uno que nos motiva nuevamente a presentar otro punto de acuerdo sobre el tema ProMéxico, pues más que la desaparición o no del programa en cuestión, este se ha vuelto un símbolo que pudiera ser marca riesgosa del gobierno por venir, permítanme explicarlo:

Nos encontramos preocupados por su insistencia en enviar ciertos mensajes al exterior, que poco a poco nos comienzan a aislar como país, del concierto internacional. Entre la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco y la cancelación de ProMéxico, o su agresiva retórica alrededor de fortalecer el mercado interno, como sí el sector público fuera omnipotente y tuviera recursos ilimitados y como si México fuera una isla sin interacción con ningún otro país.

El desdén que ahora le realizamos a los flujos de capitales con la desaparición de ProMéxico, simboliza cierta arrogancia que nos puede costar muy cara; nosotros que hemos sido gobierno sabemos de las limitaciones del Estado mexicano, y que por muchos ahorros que pretendamos por la vía que sea, debemos entender primero que no somos un país desarrollado, que queremos serlo y por ello emprendimos reformas estructurales responsables que en su momento habrán de generar mejores condiciones para nuestro camino al desarrollo; pero que mientras ello se daba, decidimos responsablemente que no podíamos jugar a la magia que solucionaba los problemas de los mexicanos por decreto, mucho menos en el corto plazo, concentrándonos en la medida de nuestras limitaciones y errores, en construir estructuralmente un mejor país. Asumiendo por supuesto esta condición junto con sus costos políticos inherentes.

Siendo entonces, con fundamento en lo expuesto anteriormente, que presentamos la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Economía y al director del organismo ProMéxico, difundan públicamente un informe que detalle los resultados obtenidos del fideicomiso citado desde su creación, presentados de manera anual y acumulada y desglosado por cada representación de que dispone; y un reporte de gastos presentados de manera anual y acumulada y desglosado por cada representación de que dispone, incluyendo además el perfil de su personal adscrito, antigüedad y sus percepciones; asimismo, insistimos en realizar un llamado al ciudadano presidente electo, para que reconsidere la desaparición del fideicomiso en cuestión ante la necesidad de una objetiva evaluación de por medio, solicitándole entonces que la decisión sobre su permanencia se aplace para el ejercicio fiscal de 2020.

Nota

1 Mota, Carlos. “La desaparición de ProMéxico”. Un montón de plata. El Heraldo de México. Sep. 25, 2018.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a 8 de noviembre de 2018.

Diputada María Alemán Muñoz Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en los centros penitenciarios de México, a cargo de la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena

Laura Martínez González, en su calidad de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En nuestro país existe un gran problema de opresión e invisibilidad a la que se enfrentan las mujeres que se encuentran internas en los centros de reclusión del sistema penitenciario mexicano, quienes una vez colocadas en el sistema como internas, no reciben de él los elementos básicos necesarios para poder retornar a la vida en libertad con posibilidades reales de reinserción exitosa.

En los centros de reclusión femenil se han detectado irregularidades diversas como deficientes condiciones materiales; insuficiencia en los servicios; desigualdad en las áreas varonil y femenil; alimentación deficiente; maltrato; sobrepoblación y hacinamiento; autogobierno, cobros y privilegios; inadecuada separación y clasificación, y aplicación discrecional de sanciones disciplinarias.

Según el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Mujeres privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana existen distintas irregularidades que contravienen normas nacionales e internacionales que violan los derechos humanos relacionados con el trato digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud, la integridad personal y la reinserción social de las internas pues se observó que el sistema penitenciario de nuestro país no atiende en la gran mayoría de los casos, de manera adecuada, a los requerimientos específicos por razón de género señalados en la norma vigente, incumpliendo así la obligación de adoptar medidas para asegurar que las mujeres bajo su custodia gocen de todos los derechos que les corresponden en su calidad de internas.1

Según cifras del informe cuando se visitó 77 de los 102 establecimientos penitenciarios que albergan mujeres, donde en esos momentos, había 11 mil 107 internas.

El total de irregularidades detectadas en 77 visitados fue de mil 85, en promedio 14 por centro. En Guerrero se identificó el índice más alto, en los Centros Regionales de Reinserción Social de Chilpancingo (21) y Acapulco (20).

De acuerdo a lo anterior es necesario aplicar medidas específicas en cumplimiento al artículo 18 constitucional, particularmente a la separación de la población de mujeres de la población varonil; protección de la salud, medidas para prevenir y evitar la violencia de género y las que tienen que ver con la atención especial a los hijos que permanezcan con ellas en los centros penitenciarios.

Marco constitucional

El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en su segundo párrafo prevé: “el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para el prevé la ley.2

Por su parte el artículo 1 de nuestro máximo ordenamiento legal establece que:

...En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución establece.

Si bien es cierto que las personas privadas de libertad, tienen restricciones a algunos derechos como el libre tránsito, y a votar y ser votado en elecciones populares; pero los demás derechos como el de salud, educación, deporte o trabajo quedan a salvo. Por lo que la población penitenciaria femenina debe gozar de todos los derechos humanos consagrados tanto en las normas nacionales como en las internacionales en donde México forme parte.

Asimismo, nuestra ley fundamental dispone en el mismo precepto en su tercer párrafo que:

...queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

De acuerdo a lo anterior, el goce de los derechos entre hombres y mujeres debe ser el mismo, pero la igualdad aún está lejos de ser una realidad.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Instrumentos internacionales

En cuanto a la regulación de los tratados internacionales existen: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 3o.; la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5o.; por otro lado, tenemos la regulación denominada Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Adoptado por la ONU en 1988. Y los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos del 14 de diciembre de 1990.

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente celebrado en Ginebra en 1955 y que fueron posteriormente revisadas y actualizadas ahora con el nombre de “Reglas de Nelson Mandela” establece en la regla número 4, numeral 2, que:

...para lograr este propósito, las administraciones penitenciarias y otras autoridades competentes deberán ofrecer educación, formación profesional y trabajo, así como otras formas de asistencia, apropiadas y disponibles, incluidas las de carácter recuperativo, moral, espiritual y social y las basadas en la salud y el deporte...3

Asimismo, la regla 11, inciso A señala que:

...los hombres serán recluidos, en la medida de lo posible, en establecimientos distintos a los de las mujeres y, en los establecimientos mixtos, el pabellón destinado a las mujeres estará completamente separado del de los hombres.

Por su parte la regla 28 dispone que:

...en los establecimientos penitenciarios para mujeres habrá instalaciones especiales para el cuidado y tratamiento de las reclusas durante su embarazo, así como durante el parto e inmediatamente después. En la medida de lo posible, se procurará que el parto tenga lugar en un hospital civil. Si el niño nace en prisión, no se hará constar ese hecho en su partida de nacimiento.

La regla 58 en su numeral 2 establece que:

...en caso de que se permitan las visitas conyugales, este derecho se aplicara sin discriminación y las reclusas podrán ejercerlo en igualdad de condiciones que los reclusos.

Asimismo, la regla 81 en su numeral 1 dispone que:

...en los establecimientos penitenciarios mixtos, el pabellón de mujeres estará bajo la dirección de una funcionaria encargada, que guardará todas las llaves de dicho pabellón”. Por otro lado, en su numeral 2 establece que: “ningún funcionario del sexo masculino podrá entrar en el pabellón de mujeres si no va acompañado de una funcionaria” y finalmente, el numeral 3 dispone que: “la vigilancia de las reclusas será ejercida exclusivamente por funcionarias. Sin embargo, esto no excluirá que funcionarios del sexo masculino, en particular médicos y personal docente desempeñen sus funciones profesionales en establecimientos o pabellones de establecimientos reservados para mujeres.

La regla 106 establece que:

...se velará particularmente por el mantenimiento y mejoramiento de las relaciones entre el recluso y su familia que redunden en beneficio de ambas partes.

Las mujeres privadas de su libertad constituyen un grupo particularmente vulnerable al aislamiento y a la desintegración familiar; en comparación con los hombres que cumplen una pena privativa ya que estos tienen visitas más frecuentes que las mujeres lo que lleva a perder paulatinamente el contacto con sus hijos y con el resto de sus familiares con las consecuencias sociales que esto representa.4

La correcta reinserción social de la mujer privada de su libertad debe pasar necesariamente por la reconstrucción de sus lazos familiares, con un eje de desarrollo del núcleo familiar a través del trabajo y la educación reconocidos en el artículo 5.6 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, como en el 18 de nuestro máximo ordenamiento legal sin que esté a discusión el derecho a la reinserción social pero si la forma en que este derecho puede ser ejercido y el modo en que las autoridades penitenciarias están obligadas a garantizarlo.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belén do Pará” suscrita por México en 1995 y ratificada en 1998, hace alusión especifica de las relaciones familiares como sujeto de protección, al establecer en su artículo 4o. que:

toda mujer tiene derecho a reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.” Estos derechos comprenden la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 1981.5

Por lo que en el derecho internacional de los derechos humanos quedan establecidas las obligaciones que tienen los estados de tomar las medidas que resulten necesarias para respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas de lo contrario se cae en una situación discriminatoria para las personas internas, al no garantizarles condiciones de igualdad en el ejercicio de sus derechos.

El derecho a que se respete la dignidad a su persona y que se proteja a su familia.

Es por ello que se hace evidente la necesidad de políticas públicas que tengan mejores posibilidades de educación y de capacitación laboral de las mujeres privadas de su libertad, que restituyan su autoestima y la hagan consciente de su propia dignidad y poder romper el ciclo negativo que comienza con la desintegración familiar y que deriva en mayores índices delictivos provocando mayor separación de familias.

Asimismo, es necesaria una estrategia educativa que ayude a abatir el analfabetismo otorgando oportunidades para completar la educación básica y media.

Siendo necesaria también la capacitación laboral dentro de los centros penitenciarios a efecto de que quienes han compurgado una pena privativa de libertad, estén en condiciones de generar ingresos propios que les permitan dar salida a situaciones de violencia familiar y de género.

Deben generarse programas y apoyos del sector público como privado que ofrezca alternativas de vida que reinserte a las mujeres reclusas en la comunidad y las dote de mayor respeto y dignidad como personas.

Poner a la mujer en el centro de las políticas públicas de reinserción social será sin duda un gran paso para conseguir un Estado garantista de los derechos humanos y constructor de la paz social a través de la educación, el trabajo y protección de familias, ya que la evidencia indica que la proximidad de la familia y de la comunidad son factores que estimulan el proceso de reinserción.

Por lo expuesto someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta al secretario de Gobernación para que en el ámbito de su competencia tome medidas que garantice el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en los distintos centros penitenciarios del país para lograr una reinserción social eficaz y prevenir la desintegración familiar.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta a las entidades federativas para que en el ámbito de su competencia tome medidas que garantice el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad en los distintos centros penitenciarios del país para lograr una reinserción social eficaz y prevenir la desintegración familiar.

Notas

1 Derechos Humanos; Informe anual de actividades 2017; “Mujeres Internas; Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República Mexicana”.

http://informe.cndh.org.mx/uploads/menu/109/
Anexo%202%204%20A.1%20Informe%20Especial%20-%20Mujeres%20en%20Reclusi%C3%B3n.pdf

2 Cámara de Diputados, 2018; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 Ruth Villanueva, compiladora, CNDH México; agosto de 2017; “Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, Reglas Mandela, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”.

4 Comisión Estatal de Derechos Humanos, Nuevo León; “Estudio sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad en Nuevo León”.

5 Asamblea General, 9 de junio 1994, “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención Belemn Do Pará”.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de noviembre de 2018.

Diputada Laura Martínez González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la trata de personas en la modalidad de explotación sexual, a cargo de la diputada Laura Martínez González, del Grupo Parlamentario de Morena

Laura Martínez González, en su calidad de integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, incorporó, entre otras modificaciones en el artículo 1o. constitucional la garantía de derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de que México es parte, así como la obligación de todos los órganos del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

En la actualidad, uno de los fenómenos delictivos que causan mayor agravio, no solo a las víctimas en lo individual, sino a la sociedad en general, es la trata de personas. Este delito vulnera de manera directa la dignidad de la persona y un sinnúmero de derechos humanos de quienes lo padecen, como la libertad, la integridad y seguridad personales, la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad entre otros.1

En México, niñas, niños, adolescentes, mujeres indígenas y migrantes son proclives y más vulnerables a ser convertidos en mercancías que la mayoría de las veces son trasladadas para ser explotadas en diversas formas.

La trata de personas se considera el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo, superado sólo por el tráfico de armas y drogas. En 2014 se consideraba que generaba ganancias que van de 32 mil millones a 36 mil millones de dólares aproximadamente. En 2012, según informes de la OIT, 4.5 millones de personas eran víctimas de explotación sexual.

El mayor número de víctimas corresponde a personas del sexo femenino, entre 70 y 80 por ciento; en dicho informe, los niños, niñas y adolescentes representan 21 por ciento de las víctimas de explotación sexual.

Anualmente, miles de víctimas de trata son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas a condiciones semejantes a la esclavitud bajo distintas formas y en diversos sectores: construcción, maquila, agricultura, servicio doméstico, prostitución, pornografía, turismo sexual, matrimonios serviles, niños soldados, tráfico de órganos y venta de niños, entre otros.

México es país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas; ocupa el quinto lugar en América Latina.

No obstante, la explotación sexual es la principal modalidad del delito de trata en México y la mayor situación de vulnerabilidad corresponde a las mujeres, particularmente a las niñas, adolescentes y jóvenes.

En México, estimaciones conservadoras sitúan en cerca de 20 mil niños y niñas anualmente víctimas de explotación sexual por redes de trata de personas; aproximadamente 45 por ciento son niñas indígenas; alrededor de 16 mil niñas, niños y adolescentes son explotados sexualmente; 108 mil mujeres son forzadas a ejercer el trabajo sexual (Inegi, Unicef, DIF).2

Cifras de la Procuraduría General de la República reportan que 89 por ciento de los casos corresponde a trata con fines de explotación sexual.

Sin duda, la modalidad de explotación sexual es la más visible de las formas de trata, como prostitución forzada, ya sea en la calle, burdeles, casas de masajes, a domicilio, servicios de acompañamiento (scorts), table dance, pornografía adulta e infantil (incluido el abuso sexual de niños), turismo sexual y lenocinio.

Otros estudios calculan que la cifra de niñas y niños sujetos a explotación sexual en México asciende a 70 mil.3

Marco normativo

El Protocolo de Palermo es el principal instrumento de carácter internacional contra la trata de personas. Fue ratificado por México en 2003.

Desde la vigencia de este instrumento el Estado mexicano se comprometió ante la comunidad internacional a combatir la trata en forma íntegra, a investigar y castigar el ilícito, brindar protección, atención y asistencia a sus víctimas, e implementar medidas de prevención. Todo esto mediante la cooperación internacional e interinstitucional y la participación social.

A efecto de armonizar la legislación nacional con los tratados internacionales, particularmente con el Protocolo de Palermo, en 2007, México expidió la Ley para prevenir y sancionar la Trata de Personas; la mayoría de entidades federativas tipificó el delito de trata de personas y muchas de ellas (25 entidades), hasta el 31 de julio de 2013, habían promulgado leyes especiales.

El 14 de junio de 2012 se publicó la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos.

Derechos humanos vulnerados

Derivado de investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se han advertido violaciones de la legalidad, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, el debido proceso, la procuración de justicia, el honor, el derecho del menor a que se proteja su integridad, el trato digno, la libertad personal, la seguridad personal, así como la debida atención y protección de las victimas a fin de evitar la doble victimización.

Ante esta creciente problemática urge que tanto las autoridades federales, estatales y municipales generen mecanismos que se apeguen al protocolo de Palermo a efecto de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; en su modalidad de explotación sexual.

Asimismo, es necesario que los tres órdenes de gobierno organicen foros de sensibilización dirigidos a los diversos actores políticos y sociales, y específicamente a los servidores públicos, especialmente impartidores de justicia, agentes policiales y autoridades migratorias a efecto de capacitarlos en la debida persecución del delito de trata y el cumplimiento del marco normativo, de respeto de los derechos humanos de las víctimas.

El objetivo prioritario de tal capacitación es contribuir a la reducción de vulnerabilidades de mujeres, niñas, niños y adolescentes ya que este sector representa el grupo más susceptible de victimas de trata en su modalidad de explotación sexual.

De igual modo, es necesario que las autoridades señaladas se coordinen con los distintos sectores, como las organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos de derechos humanos, pueblos y comunidades indígenas, instituciones académicas y religiosas, para integrar comités regionales en todos los estados, y en especial en los estados con mayores índices de incidencia de este delito, como Tlaxcala, Ciudad de México, Puebla, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, Chiapas, Colima, México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos y Oaxaca.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno, federal, local y municipal, a implantar campañas permanentes y foros de sensibilización de capacitación en materia de trata de personas, en la modalidad de explotación sexual, en el marco de derechos humanos, dirigidos a servidores públicos, especialmente procuradurías de justicia, y agentes policiales y migratorios.

Fuentes

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, diciembre de 2013, México, Diagnostico sobre la situación de la trata de personas en México.

2 Inegi, DIF, Unicef y CIESAS, México, 2000, Infancia robada; niños y niñas victimas de explotación sexual en México.

3 Fondation Scelles, Rapport mondial..., página 101.

Obtenido de Dirección General de Análisis Legislativo Instituto Belisario Domínguez (octubre de 2014). “La trata de personas en México” [archivo PDF], en Mirada Legislativa número 63.

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/1 23456789/2005/ML63.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2018.

Diputada Laura Martínez González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al incumplimiento en materia de transparencia por la Cofepris, a cargo de la diputada Socorro Irma Andazola Gómez, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Socorro Irma Andazola Gómez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79 numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, relativo al incumplimiento en materia de transparencia por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), al tenor de las siguientes:

Consideraciones

En México, la administración pública representa una de las tareas más importantes para atender desde el gobierno, entre otras cosas, las legítimas demandas de la ciudadanía y dotar de soluciones eficaces y eficientes a las problemáticas que se presentan en el quehacer del Estado, ejerciendo recursos públicos, debiéndose aplicar para todo ello, los correspondientes mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que mandatan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia, para asegurar y dar certeza al estado de derecho de la población en general.

Es de gran importancia el cumplimiento de las obligaciones implícitas a los cargos administrativos de los servidores públicos de las diferentes dependencias de gobierno, por el simple hecho de tener a su custodia, recursos públicos como lo son entre otras cosas, los datos e información que se generan en las propias estructuras de gobierno para la operación correcta de dichas dependencias y sus actos de gobierno en favor de sus gobernados.

En la actualidad nos sorprenderíamos, si tuviéramos el compendio de las solicitudes no atendidas y/o exhortos realizados por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hacia las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo federal, así como a otras instancias.

Lo anterior es resultado de una especie de impunidad administrativa, misma que hace mucho daño a los principios de transparencia y rendición de cuentas y que al final impacta de forma negativa en la sociedad en general.

De ahí, que en el argot legislativo se diga en un lenguaje coloquial, que los puntos de acuerdo o exhortos son “llamados a misa”, a los que si quiere se asiste o se atiende y si no, simplemente no se asiste o no se atiende.

Así pasa en la administración pública con mucha frecuencia, sin que existan consecuencias por lo menos administrativas en contra de aquellos funcionarios o servidores públicos que simplemente deciden no atender de manera correcta, oportuna, imparcial, clara y con probidad a sus obligaciones, lo que viola los “Principios y directrices que rigen la actuación de los Servidores Públicos” previstos en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como una falta grave como un posible desacato previsto en el artículo 63 de la misma Ley y cualquier otra aplicable al caso, originada por no cumplir la solicitud de hacer pública información o datos necesarios para la toma de decisiones, que por medio de algún exhorto se les solicite de manera formal, situación que se torna grave desde el punto de vista del equilibrio de poderes y de la falta de atención al cumplimiento del derecho que asiste nuestra Carta Magna en el artículo 8o. de la misma, entre otras faltas incluyendo las administrativas.

Es así que sin menospreciar las honrosas excepciones en las que sí se ha cumplido con lo solicitado por medio de exhortos del Congreso de la Unión a dependencias de gobierno, lo más que se puede lograr en muchos casos son respuestas no claras ni precisas o cumplimiento parcial de lo solicitado y en algunos otros casos, simplemente se han obtenido respuestas esquivas, omisas y completamente irresponsables.

Tal es el caso de la respuesta que se obtuvo por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a un punto de acuerdo en el que se exhortó al Departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud y al comisionado federal de Cofepris, para que dieran a conocer a la opinión pública y a la cadena productiva de plantas para tés, infusiones, aceites vegetales comestibles y suplementos alimenticios las bases científicas, documentos de toxicología y estadísticas de los efectos nocivos de las plantas de las que impiden su comercialización a través de los operativos de fármaco-vigilancia y hasta en tanto, se abstengan de realizar dichos operativos en perjuicio del sector.

A lo que la propia Cofepris respondió por medio del oficio número CGJC/3/OR/576/2017, mismo del que se dio cuenta en la Cámara de Diputados el 6 de abril de 2017, prácticamente un año después, lo siguiente:

“Con fecha 15 de diciembre de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el ‘Acuerdo por el que se determinan las plantas prohibidas o permitidas para tés, infusiones y aceites vegetales comestibles (en adelante, el Acuerdo)’. En atención al punto de acuerdo de mérito, esta Comisión Federal manifiesta que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en la totalidad de los archivos físicos y electrónicos de esta Cofepris, no se cuenta con la documentación solicitada referente a los estudios farmacológicos y toxicológicos de las plantas listadas en el Acuerdo,...”

Y después de esa respuesta, por cierto por demás insuficiente, se le dedicó gran parte del mismo oficio CGJC/3/OR/576/2017, a relatar un orden cronológico del proceso de creación y adscripción de la Cofepris hasta nuestros días y por diversos dichos, que también se contienen en el documento referido, se argumentaron razones de archivo, clasificación archivística, el tiempo transcurrido desde la fecha de emisión del documento y la vigencia documental, en resumen, concluyendo en varias partes del oficio que: “En consecuencia esta Cofepris, si bien tiene competencia sobre el tema que nos ocupa, lo cierto es que los informes que contengan las bases científicas, documentos de toxicología y estadísticas de los efectos nocivos de las plantas establecidas en el Acuerdo, no obran en el archivo de esta Comisión Federal... ”

Lo que se ratificó en el penúltimo párrafo del multicitado oficio, donde se puede leer: “En virtud de lo anterior, no es posible proporcionar la documentación solicitada, en atención a que los mismos fueron dados de baja de los archivos debido a la vigencia documental establecida, por lo que esta Cofepris se encuentra imposibilitada a entregar los informes que contengan las bases científicas, documentos de toxicología y estadísticas de los efectos nocivos de las plantas establecidas en el Acuerdo”.

Por lo anterior, entonces surge la siguiente pregunta y razonamientos obligados:

¿Por qué si la Cofepris no cuenta con el soporte científico correspondiente, ha llevado a cabo históricamente operativos de fármaco-vigilancia en perjuicio del sector de la herbolaria y la medicina tradicional mexicana? Al no existir dicha información, los operativos mencionados se encuentran indebidamente fundados y motivados siendo contrarios a derecho.

Los operativos de fármaco-vigilancia ejecutados por la Cofepris mencionados en párrafos anteriores son parte de acciones que en los últimos años se han promovido para desdibujar el vasto conocimiento de estas entidades bioculturales y biológicas y desalentar el uso masivo, a través de una forma de hacer política autoritaria mediante decretos y acuerdos realizados por un pequeño grupo de funcionarios públicos, sin la posibilidad de la inclusión de los actores que dinamicen el sector de las plantas medicinales en México.

Por lo anterior, se considera que con los operativos y otras acciones de esta índole, sin exhibir los documentos científicos que los soporten, deja a los gobernados en estado de indefensión, por lo que se podría confirmar la violación, entre otros, a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin dejar de mencionar que en dichos operativos entre otras cosas, se inmovilizan mercancías e imponen multas muy altas, en algunos casos por montos impagables por parte de los afectados.

Cabe hacer mención que el punto de acuerdo de referencia, al que simplemente la Cofepris decidió darle la vuelta y no cumplir con el exhorto, fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y posteriormente por unanimidad del pleno de la misma, el 29 de abril de 2016, el cual fue publicado en la gaceta parlamentaria en la misma fecha.1

Entre otras cosas, en el punto de acuerdo en mención, se destacó la importancia de la práctica de la medicina tradicional y la herbolaria en nuestro país, mismas que cuentan con el reconocimiento de su implementación a nivel internacional en diversos tratados, por lo que en este contexto, los recursos naturales empleados en la medicina tradicional y el conocimiento generado en torno a ella son un bien público, motivo por el cual los gobiernos tienen la obligación de intervenir para incentivar el aprovechamiento, el desarrollo y subsistencia de este bien público para beneficio de la generación actual y futura. Situación que al parecer a la Cofepris no le ha interesado en lo absoluto.

Por otro lado, pero no de menor importancia, como se mencionó al principio del presente punto de acuerdo, la actuación de forma parcial de los sujetos obligados, constituye una violación a lo previsto entre otros, en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, por lo tanto, también es motivo de sanción de acuerdo a la misma Ley y otros ordenamientos aplicables.

Tal es el caso de los convenios y/o acuerdos que últimamente ha llevado a cabo la misma Cofepris con la asociación denominada “Federación Nacional de la Industria Herbolaria, Medicina Alternativa, Tradicional y Naturista, AC, (Fnihmatn)”, quienes han actuado a nombre de la totalidad del sector económico en mención (herbolaria y la medicina tradicional), mostrando por parte de Cofepris una actitud parcial en su actuación como representante del gobierno en el ramo, asumiendo una postura definitiva pero excluyente e incluso discriminatoria, lo que ha provocado que muchas organizaciones de la sociedad civil no reconozcan los contenidos de dichos convenios y/o acuerdos por el simple hecho de no conocer los contenidos de los mismos y no sentirse representados por esos liderazgos parciales que inclusive han perjudicado los intereses legítimos de todo el sector de la herbolaria y la medicina tradicional con acuerdos que van en contra de las prácticas bioculturales ancestrales que podrían inducir al exterminio del sector, ya que dichos acuerdos en el fondo van en favor de los intereses particulares de unos cuantos.

Como ejemplo de lo anterior, se menciona que el 5 de junio del presente año el titular de Cofepris participó en un foro denominado “Primer Foro Nacional de Regulación Sanitaria de la Cadena Productiva de la Medicina Tradicional y Herbolaria”, el cual se llevó a cabo en el Gran Hotel de la Ciudad de México, donde suscribió un convenio con la Fnihmatn para la “regulación sanitaria del sector”, convenio que nunca fue presentado , analizado y discutido por los integrantes del gremio y del cual a la fecha se desconoce su contenido, por lo que el 20 de junio de 2018, la asociación Fomento de la Cultura Herbolaria Mexicana, AC, solicitó el acuerdo en mención mediante la Plataforma Nacional de Transparencia del gobierno federal del INAI con el folio 1215100520418. De dicha solicitud, la asociación Fomento de la Cultura Herbolaria Mexicana, AC, solo recibió el pasado 1 de agosto del presente una, notificación de prórroga para extender el tiempo de respuesta hasta el pasado 15 de agosto de 2018, con la siguiente descripción de respuesta: ”En virtud de que las diversas unidades administrativas de esta Comisión Federal requieren realizar un análisis de la información en los expedientes correspondientes, se solicita ampliar el término de respuesta, a la misma a 10 días hábiles adicionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135, segundo párrafo de la Ley de la materia”; sin que a la fecha se haya recibido una respuesta definitiva y favorable. Por lo que se asume una actitud deliberada de incumplimiento y dilación por parte de Cofepris una vez más.

Cabe mencionar que, de todo lo aquí descrito, se tienen las documentales consistentes en acuses de recibo de oficios de solicitud, de extrañamiento, así como los datos, pantallas de captura y de prórroga del portal de transparencia y comunicados hacia el titular de Cofepris.

Del mismo modo, el pasado 17 de octubre de 2018 fue difundido en un medio impreso y electrónico de circulación nacional, específicamente en el periódico La Jornada ,2 un artículo en el que se consigna que: “En un hecho inédito, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el uso de 18 plantas medicinales de tipo herbolario que van a poder ser utilizadas en tés, infusiones o suplementos alimenticios”.

De lo anterior, se puede notar en dicho artículo, por palabras del titular de la Cofepris, Julio Sánchez y Tepoz, que la lista de 18 plantas medicinales es resultado de un trabajo que han venido haciendo con la asociación “Federación Nacional de la Industria Herbolaria, Medicina Alternativa, Tradicional y Naturista, AC (Fnihmatn)”, misma, que “entregó a Cofepris un listado de 32 plantas para su uso legal, las más generales y pedidas por la población, de las cuales 18 ya no tiene problemas; el resto se están analizando, “con el propósito de lograr también que éstas puedan ser incorporadas en diversos productos de tipo herbolario que puedan ayudar sin duda a la población a poder tener opciones de suplementos alimenticios, incluso de alimentos, remedios herbolarios, infusiones”. Asegurando el titular de la dependencia que los múltiples productos que contendrán estas plantas “van a tener calidad, seguridad y eficacia”.

Sin embargo, al hacer una revisión de los documentos que se conocen como oficiales en las pudieran estar prohibidas las plantas referidas, no hay uno que se tome como base o disposición oficial en la que estén prohibidas o reclasificadas y en su mayoría son plantas extranjeras de las cuales algunas están incluidas en la farmacopea mexicana, por lo que se ha demostrado o comprobado su acción farmacológica, lo que impide que se puedan utilizar en suplementos bajo la dosis que sea.

Por lo antes descrito, una vez más, al desconocer y no hacer pública la metodología que llevó a la determinación de autorizar el uso de 18 plantas medicinales de tipo herbolario que van a poder ser utilizadas en tés, infusiones o suplementos alimenticios, así como los estudios farmacológicos, las bases científicas, documentos de toxicología y estadísticas que permitan saber las dosis correctas, los miembros del sector afectado quedan sin los datos e información correspondientes para el usufructo de dicha disposición.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente, con fundamento en el artículo 8o. constitucional, fracciones I y VIII del artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con el objeto de que a la brevedad, cumpla cabalmente con la solicitud aprobada por esta Cámara de Diputados, relativa a difundir las bases científicas, documentos de toxicología y estadísticas de los efectos nocivos de las plantas de las que impiden su comercialización y hasta en tanto no sea así, se abstenga de llevar a cabo operativos de fármaco-vigilancia sin el fundamento científico que los soporte.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Cofepris, con el objeto de que se abstenga de llevar a cabo convenios o acuerdos de forma parcial con algunos integrantes del sector de la herbolaria y medicina tradicional, que pudieran constituirse en actos de conflicto de interés.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al titular de la Cofepris a abstenerse de llevar a cabo actos de dilación en el cumplimiento del presente exhorto y sus resolutivos con el objeto de evitar la violación de lo previsto en los artículos 7 y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y cualquiera otra aplicable al caso.

Notas

1 http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2016/abr/20160429-VII-8.pdf

2 http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/10/17/autoriza-cofepris-uso-de-1 8-hierbas-medicinales-1700.html

Recinto Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2018.

Diputada Socorro Irma Andazola Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre la consulta por llevar a cabo en noviembre y diciembre de 2018 en Oxchuc, Chiapas, a cargo del diputado Hirepan Maya Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, diputado Hirepan Maya Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, 79, numeral 1, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. El municipio indígena de Oxchuc, Chiapas, mantiene al menos desde 2015 una lucha contra la imposición de alcaldes municipales que han violentado los derechos políticos de la comunidad. En febrero del presente año, el Congreso de Chiapas quitó el fuero y destituyó a la entonces alcaldesa del municipio de Oxchuc, después de hechos violentos contra los pobladores de este municipio que dejaron varios heridos y tres personas fallecidas, ocurridos el miércoles 24 de enero de 2018.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atrajo en enero del año en curso el caso de este ataque a habitantes de Oxchuc y solicitó al gobierno del estado de Chiapas que implementara medidas precautorias para salvaguardar la integridad y la vida de los habitantes de este municipio.

Segundo. Integrantes del Concejo Municipal de Oxchuc, Chiapas, creado por la misma comunidad y que expresa las demandas de este municipio en contra de la imposición de alcaldes mediante fraudes y violencia, se ha sumado a la exigencia de otros municipios indígenas, como el de Cherán, Michoacán, y el de Ayutla de los Libres, Guerrero, de una reforma al artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para que armonice el artículo 2 constitucional y se reconozca la autonomía del municipio indígena en términos administrativos y de seguridad.

Esta propuesta de reforma al artículo 115 de nuestra Carta Magna ha sido entregada a varios diputados federales y senadores de la República, y expresa la urgente necesidad de que a los municipios indígenas le sea reconocido su ejercicio de la autonomía en lo que se refiere a sus derechos en el ámbito municipal, lo que armonizaría nuestra Carta Magna, ya que la autonomía de las comunidades indígenas está plenamente establecida y reconocida desde 2001 en el artículo 2 constitucional.

Es en este contexto que la comunidad de Oxchuc se suma al reclamo autonómico de los pueblos indígenas de México, que se inicia desde el 1 de enero de 1994, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y que tiene a la comunidad de Cherán, Michoacán, como el municipio que ha logrado por la vía del derecho ejercer lo que mandata el artículo 2 constitucional, lo que también expresa que existen las condiciones para que se avance en la aprobación de la reforma al 115, la cual estaría enmarcada en el profundo cambio democrático que vive México y que exige que se empiecen a cumplir los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por el EZLN y el gobierno federal desde 1996, una deuda pendiente con las comunidades indígenas de México y con la misma sociedad mexicana.

Tercero. El Concejo municipal de Oxchuc ha exigido a diferentes autoridades estatales y federales que frenen la violencia en su contra y en contra de la población de este municipio, que viene al menos desde 2015 y que en este contexto de camino a la autonomía se ha recrudecido; por lo que el Congreso de la Unión debe comprometerse a buscar los mecanismos para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio y del concejo.

Cuarto. Mediante la sentencia de TECHH/JDC/019/2017 y acumulados de junio de 2017, emitida por Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, se ordenó y mandató la realización de un dictamen antropológico en el cual se definiría si era vigente el uso de sistemas normativos en el municipio indígena de Oxchuc, Chiapas, esto como un procedimiento para determinar si era conforme a derecho realizar una consulta por la cual se establecería el Sistema de Elección de sus Autoridades Municipales; así, previo reconocimiento por las autoridades electorales estatales de que es vigente el uso de sistemas normativos, los habitantes del municipio de Oxchuc elegirán autoridades municipales ya sea por el sistema de partidos políticos o por sistemas normativos internos.

Lo anterior se encuentra estipulado en los Lineamientos para la Organización y Desarrollo de la Consulta por la que la Ciudadanía de Oxchuc determinará el Sistema de Elección de sus Autoridades Municipales, aprobados por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) del estado de Chiapas;

“...en el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de manera previa a la toma de medidas administrativas o legislativas en cualquier ámbito que afecte su forma de vida; ya sea de manera directa o indirecta, previsto en convenios internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos: Declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, por lo que el proceso de consulta deberá realizarse de manera previa, libre e informada”.

La aprobación de esta consulta es consecuencia de la solicitud presentada por la Comisión por la Paz y Justicia de Oxchuc. En este ejercicio de participación ciudadana también se determinaron los siguientes requisitos y condiciones: presentar credencial de elector vigente de acuerdo a la clave de localidad que aparece en este documento; 130 localidades del municipio de Oxchuc participarán en el proceso de consulta; la conformación de seis rutas que estarán a cargo de un funcionario del IEPC y que realizará las funciones de coordinador de zona. También se establecieron cinco etapas durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 para llegar al resultado de la consulta: asambleas informativas en sede, asambleas comunitarias informativas, entrega de nombramientos a representantes, asambleas comunitarias de consulta y asamblea plenaria de resultados. El mismo IEPC ha expresado que el resultado de dicha consulta corresponde únicamente a los pobladores del municipio de Oxchuc y que se construyó una metodología que respeta la visión y la perspectiva intercultural del municipio indígena de Oxchuc.

Este punto de acuerdo se presenta con la finalidad de colaborar en la creación de mecanismos que garanticen la realización de la consulta en la que los pobladores del municipio indígena de Oxchuc, Chiapas, elegirán a sus autoridades municipales, de acuerdo al principio normativo y constitucional que reconoce el derecho de los municipios indígenas a elecciones mediante el sistema normativo de usos y costumbres.

Por lo anterior, se propones los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita de manera respetuosa a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Nacionales Unidas (ACNUD-ONU) en México para que dé seguimiento a dicha consulta.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación del gobierno federal y a la Secretaría General de Gobierno de Chiapas para que permanezcan atentos y colaboren en el proceso de garantizar que se lleva cabo democrática y pacíficamente la consulta que se realizará en el municipio indígena de Oxchuc, Chiapas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2018.

Diputado Hirepan Maya Martínez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la CNS a aumentar la vigilancia en las carreteras federales de Puebla, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguiente

Consideraciones

De acuerdo con datos de diversas empresas del estado de Puebla y del Centro de Integración Ciudadana (CIC), los robos a trasporte de carga terrestre en las carreteras del estado han aumentado.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Puebla señaló que el aumento de la incidencia delictiva en las carreteras aumento de 30 a 50 por ciento.

La Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar), han acusado el incremento de robo que transportistas han sufrido en las carreteras poblanas.

“Los trasportistas de carga son interceptados por los delincuentes principalmente cuando están en circulación, con 50 por ciento de los casos, y 30 por ciento cuando se encuentran detenidos para reparar alguna falla mecánica, en las estaciones de servicio, restaurantes o zonas de descanso de los choferes” (Excélsior ).1

Otros modus operandi más utilizados por los delincuentes es atacar las unidades en retenes falsos; o les cierran el camino enseñando armas de fuego hasta que el chofer se detiene, en más de cincuenta por ciento de los casos se secuestra al tripulante, para robar las mercancías del camión.

Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional, solo por atrás del estado de México, con más de 200 carpetas de investigación, tan sólo en el primer semestre del año, según datos de CIC.

El aumento de los robos en las carreteras poblanas representa un problema tanto económico como social en la entidad, poniendo en riesgo la estabilidad de las empresas y con ello miles de empleos.

Por lo anterior expuesto y fundado someto a consideración de esta soberanía los siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Comisión Nacional de Seguridad a fin de que refuerce la vigilancia en todas las carreteras del estado de Puebla, con el objetivo de que las carreteras y caminos no sean una zona vulnerable para las organizaciones criminales.

Segundo. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla para que, en el ámbito de su competencia, refuerce los operativos de prevención, auxilio, seguridad, inspección y vigilancia en caminos y carreteras de la entidad.

Nota

1 https://www.excelsior.com.mx/nacional/crece-en-mexico-300-el-robo-a-tra nsporte-de-carga/1260937

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2018.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a convocar por la Segob y la SRE a la representación de ACNUR en el país, y a la diplomacia de los gobiernos de EUA, Guatemala, El Salvador y Honduras a garantizar de forma conjunta y corresponsable la atención de los derechos fundamentales de la caravana migrante que transita por México, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada María Eugenia Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En los últimos dos días han llegado a las instalaciones que el gobierno de la Ciudad de México ha preparado ex profeso alrededor de 4 mil migrantes que provienen de las repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, después de un largo y extenuante recorrido iniciado en la frontera sur de nuestro país.

El nombre con el que se ha bautizado esta creciente y masiva movilización que toma perfiles de un verdadero éxodo, la Caravana Migrante, rompe con los paradigmas de la inmigración centroamericana que desde hace décadas se efectúa por el territorio nacional hacia el vecino país del norte, la cual se ha caracterizado básicamente por llevarse a cabo de forma individual o en pequeños grupos, para ser lo menos visibles ante los graves y atemorizantes riesgos que existen ahora a lo largo de las rutas usuales de tránsito, tales como el coyotaje, el narco y el crimen organizado.

Poseyendo igualmente nuestro país una larga y profunda tradición migratoria hacia Estados Unidos, no nos es ajeno que una de las causas fundamentales de la misma es la condición de pobreza y de desigualdad de miles de comunidades rurales y urbanas, la cual resulta ser también el detonante de esta enorme movilización, acentuada ahora por la violencia y la represión políticas que asola a las sociedades de donde proviene, así como por crisis productivas y alimentarias provocadas por fenómenos meteorológicos.

Ante tal tesitura, los integrantes del Poder Legislativo, como representantes de una sociedad que se ha caracterizado a lo largo de su historia contemporánea por ser solidaria, hospitalaria y fraternal, no podemos permitir actitudes de inmovilidad y pasividad ante la problemática y las necesidades de los integrantes de la caravana en su paso por nuestro país, sobre todo de los más vulnerables entre los vulnerables, tales como las niñas, los niños y los adolescentes, ante quienes consideramos que se requieren medidas que garanticen en todo momento el interés superior de la niñez, así como asegurar que bajo ninguna circunstancia, las niñas, niños y adolescentes serán separados de sus familias.

Dadas las complejidades que presenta esta inédita movilización, consideramos que se requiere de conjuntar esfuerzos de parte del Poder Ejecutivo federal, a través de sus Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, con las representaciones diplomáticas de los gobiernos de los países de donde provienen los migrantes, así como la del vecino país del norte, para garantizar de forma conjunta y corresponsable las necesidades que en materia de sus derechos fundamentales presenten, durante su trayecto por el territorio nacional y a su llegada a la frontera norte de nuestro país.

Para facilitar esta interacción, se sugiere convocar a la coordinación de este esfuerzo a la representación de Acnur, así como a la Comisión de Atención a Refugiados de la Secretaría de Gobernación (Comar) abriendo también un espacio para la inclusión del Instituto Nacional de Migración.

Por lo anteriormente expuesto, me permito poner a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a que, a través de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, convoque a la representación de Acnur en nuestro país, así como a las representaciones diplomáticas de los gobiernos de Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras a que, de inmediato y de forma conjunta y corresponsable, garanticen la atención de los derechos fundamentales de la Caravana Migrante que transita por el territorio nacional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el jueves 8 de noviembre de 2018.

Diputada María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 10 de noviembre, natalicio de Camilo Arriaga, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

El 10 de noviembre del año 1862, en el seno de una familia con extenso patrimonio, nació en la ciudad de San Luis Potosí el precursor de la Revolución Mexicana, Camilo Arriaga.

En diferentes biografías dedicadas a su persona, se narra que fue un niño especialmente inteligente, habiendo aprendido a leer cuando tenía 3 años. En 1875, a los 13 años de edad, ingreso a la Escuela Nacional Preparatoria con sede en la Ciudad de México, cuyo director escolar fue el doctor Gabino Barreda, quien a su vez fue alumno de Augusto Comte y cuya orientación ideológica positivista, sirvió de inspiración para que Arriaga buscará otros caminos, comenzando en esa misma escuela a adentrarse en las ideas vertidas en los textos de Proudhon, Marx, Engels, Bakunin y otros socialistas y anarquistas europeos.

En 1880, cuando tenía 18 años de edad, inicia sus estudios superiores en la Escuela Nacional de Ingenieros, de donde se gradúa como ingeniero de minas.

Para 1888, es nombrado diputado local en el Congreso del estado donde naciera; para 1890 y hasta 1898 fue diputado del Congreso Nacional, cuando encabezo una protesta anticlerical y fue removido por este hecho por el entonces presidente Porfirio Díaz.

No obstante, al siguiente año, nuevamente en la ciudad de San Luís Potosí y, habiéndose propuesto iniciar un movimiento contra Porfirio Díaz, fundó junto con otros jóvenes de su época, como Juan Sarabia, Antonio Díaz Soto y Gama y Rosalío Bustamante, el Club Liberal “Ponciano Arriaga”. En este club se leían y discutían los textos de su famosa biblioteca radical de corte socialista y anarquista. Fue un movimiento importante, reconocido por varios autores como el movimiento intelectual precursor de la Revolución Mexicana, esto por su trascendencia social y política a nivel nacional en la caída del régimen porfirista. Clubes como este se extendieron rápidamente por todo el país.

En 1901 se lleva a cabo el Primer Congreso Liberal, en el Teatro de la Paz, del estado de San Luis Potosí. Camilo Arriaga fue tomado preso durante las preparaciones del Segundo Congreso Liberal que debió organizar en la clandestinidad de su propia casa. En 1902 una vez que recuperó la libertad, se autoexilió del país, desde dónde escribía a diferentes periódicos como Regeneración, El Hijo del Ahuizote y El Diario del Hogar. Al volver a México en 1908, es nuevamente aprendido.

Durante el resto de su vida debió ir y volver del extranjero, dedicándose al periodismo crítico, hasta el año 1920 en el que regresa definitivamente a nuestro país. Muere en la ciudad de México el 26 de junio de 1945.

Con esta efeméride recordamos con respeto al ilustre potosino, ingeniero Camilo Arriaga, iniciador del movimiento intelectual, precursor de la Revolución Mexicana, en el día de su natalicio.

Es cuánto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2018.

Atentamente

Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)