Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5175-V, martes 11 de diciembre de 2018
Con punto de acuerdo, para reducir a 50 por ciento el peaje en la Autopista del Sol en la temporada navideña, a cargo del diputado Carlos Sánchez Barrios, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, Carlos Sánchez Barrios, diputado de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en la LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y en el artículo 79, numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes
Antecedentes
Primero. La existencia de una infraestructura carretera suficiente, eficiente, moderna y segura es factor necesario para el desarrollo de cualquier región.
El aprovechamiento de los recursos naturales y las materias primas, así como el desarrollo de zonas con potencial productivo, comercial y turístico, ha sido posible en gran medida gracias a la disponibilidad de infraestructura para el transporte. No hay actividad económica o social que no esté relacionada directa o indirectamente con las carreteras.
Si bien las grandes autopistas implican cuantiosos montos de inversión, otra más de las características básicas con que debe contar la infraestructura carretera es peajes accesibles a la población.
Segundo. El pasado jueves 6 de septiembre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó a la ciudadanía que el Banco Nacional de Obras (Banobras), fiduciario del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), giró instrucciones a Caminos y Puentes Federales (Capufe) para que actualizara las tarifas de peaje de la red carretera de dicho Fondo. El acumulado de los aumentos de enero y septiembre de este año, asciende hasta un 18 por ciento, respecto a las tarifas vigentes a finales de 2017.
Esa decisión provocó que esta soberanía hiciera un exhorto al anterior titular de la SCT a cancelar el aumento en los peajes por la gran presión que implicaría en la espiral inflacionaria, perjudicando a las familias y las empresas. Desde luego, ese llamado fue ignorado.
Tercero. Aun cuando la SCT informó, en esa ocasión, que el Fonadin decidió mantener sin cambio la tarifa del corredor Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco, las autoridades retiraron el “descuento” del 25 por ciento que, por decreto, se aplicaba como ayuda al estado de Guerrero tras el paso de los huracanes Manuel e Ingrid.1
Con ese descuento el costo del peaje desde Cuernavaca a Acapulco, en 2017, era de 398 pesos, pero con el aumento en las tarifas, verificado en enero de 2018, el costo ascendió a 432 pesos, lo que representó un incremento del 30 por ciento.
Un aumento similar registró la carretera México-Cuernavaca, que pasó de 74 a 98 pesos, es decir un 32 por ciento más del que los usuarios pagaban en 2017.
Es decir, que el peaje que paga un automóvil en la Autopista del Sol, como es conocida, asciende actualmente a 530 pesos, es decir, mil 60 pesos por viaje redondo. El peaje que paga un autobús en ese corredor es de 1 mil 770 pesos viaje redondo.
Cuarto. En el Operativo Invierno 2017, desarrollado del viernes 15 de diciembre de 2017 al domingo 7 de enero de 2018, la red de autopistas y puentes operados por Capufe registró, en el corredor Ciudad de México-Cuernavaca-Acapulco, un incremento en el aforo vehicular de 235 por ciento respecto al tránsito promedio diario anual. Es decir, que se trasladaron en ese corredor, alrededor de 525 mil 300 personas en esa temporada.2
Como es bien sabido, el sector turismo representa uno de los mayores polos de desarrollo del estado de Guerrero. De acuerdo con las autoridades locales del ramo, en la temporada navideña 2017, más de un millón 360 mil turistas visitaron Guerrero y dejaron una derrama económica de 4 mil 128 millones de pesos y una ocupación promedio estatal de 80.5 por ciento.
Por su parte, Acapulco recibió más de 573 mil turistas, una derrama económica de 2 mil 351 millones de pesos y una ocupación promedio de 81.4 por ciento, 4.2 por ciento mayor a la registrada en 2016, según cifras de la dependencia del estado.3
Con objeto de beneficiar a las familias que se trasladan a sus lugares de origen o a vacacionar, en temporada navideña, a esa región del sur de México y de incentivar y recuperar el turismo en la temporada invernal, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos para que aplique un descuento de cincuenta por ciento (50%) en la cuota de peaje de la Autopista del Sol durante la temporada navideña, que va del viernes 14 de diciembre de 2018 al domingo 6 de enero de 2019, para impulsar la actividad turística apoyando la economía de los vacacionistas.
Notas
1 Galarce, Karla, El Sur, “Quitan descuento a autopista del Sol”, septiembre de 2018.
2 Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Caminos y Puentes Federales, comunicado de prensa número 001-08/01/2018.
3 Labastida, Mariana, El Sur, “Se alcanzan cifras importantes en turismo”, enero de 2018.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2018.
Diputado Carlos Sánchez Barrios (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a establecer líneas de coordinación y acción con el gobierno poblano a fin de ayudar a los cafeticultores afectados por el frente frío número 10, suscrita por el diputado Miguel Acundo González, del Grupo Parlamentario del PES
Miguel Acundo González, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al Ejecutivo federal para establecer las líneas de coordinación y acción con el Ejecutivo del estado de Puebla, a fin de brindar la ayuda necesaria a los productores de café afectados por el frente frio número 10, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El frente frío número 10, ocurrido los días 14 y 15 de noviembre de 2018, provocó severas heladas en la sierra norte del estado de Puebla; como consecuencia de las afectaciones causadas, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, emitió, el pasado 16 de noviembre, declaratoria de emergencia para 17 municipios del estado de Puebla.
La declaratoria abarcó los municipios de Ahuacatlán, Amixtlán, Cañada Morelos, Coatepec, Chiconcuautla, Honey, Huauchinango, Hueytlalpan, Naupan, Nauzontla, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez y Zongozotla, del estado de Puebla; dichos municipios, además de sufrir graves afectaciones en la seguridad e integridad de sus pobladores, tuvieron considerables pérdidas económicas, debido a los daños ocasionados a los cafetales por las bajas temperaturas; según cálculos extraoficiales las heladas quemaron más de dos mil hectáreas de plantaciones de café, sólo en el estado de Puebla.
Los tres municipios con mayores afectaciones en sus cultivos, fueron Xicotepec, Tlacuilotepec y Huauchinango, donde se cuantificaron más de mil hectáreas afectadas por el frente frío número 10.
En los poblados más altos como, San Juan Tuihuacan, El Jericó, Zacatal, Palo Blanco y Cuahutepec, las perdidas por las heladas fueron superiores a las 800 hectáreas de cafetos quemados.
Con la declaratoria de emergencia emitida por Coordinación Nacional de Protección Civil, se activaron recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, con lo cual, las autoridades pudieron contar con recursos para atender las necesidades de alimentos, abrigo y salud de la población afectada.
Sin embargo, por su naturaleza, la declaratoria de emergencia no se ocupa de atender y aliviar las pérdidas económicas sufridas por los pobladores a causa del fenómeno meteorológico, las pérdidas de las hectáreas de cafetales rebasan la capacidad financiera y operativa de los pobladores, y de manera muy particular la de los productores de café de la región norte de Puebla.
Como consecuencia del fenómeno hidrometeorológico, decenas de cafeticultores perdieron sus cosechas, las afectaciones económicas fueron considerables, por lo que se requiere del apoyo urgente y necesario de los gobiernos federal y estatal para coordinar la entrega de apoyos de programas para eventos catastróficos.
Con la finalidad de auxiliar a las comunidades cafetaleras afectadas por el paso del frente frío número 10, es que el presente punto de acuerdo propone exhortar al Ejecutivo federal para que, en coordinación con el gobernador de Puebla, ofrezcan el apoyo necesario a los cafeticultores que sufrieron la perdida de sus cultivos como consecuencia de las heladas del pasado 14 y 15 de noviembre, en el estado de Puebla.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, con carácter de urgente y obvia resolución, la presente proposición con
Punto de Acuerdo
Al tenor del siguiente resolutivo:
Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo federal para establecer las líneas de coordinación y acción con el Ejecutivo del estado de Puebla, a fin de brindar la ayuda necesaria a los productores de café afectados por el frente frío número 10.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de diciembre de 2018.
Diputado Miguel Acundo González (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el cual se rechazan las manifestaciones de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación que sugieren una pretensión de vulnerar la autonomía del Poder Judicial por el Congreso de la Unión, suscrita por el diputado Benjamín Robles Montoya e integrantes del Grupo Parlamentario del PT
El que suscribe, diputado Benjamín Robles Montoya, en nombre propio y de las diputadas Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García y Claudia Domínguez Vázquez, integrantes del Grupo Parlamentario del PT a la LXIV Legislatura, de conformidad con lo establecido en los artículos 79, numeral 2, fracciones III y IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometn a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado 28 de noviembre, diversos medios de comunicación dieron cuenta que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC, elaboró una demanda de amparo modelo, a fin de que sus propios integrantes puedan promover amparos en contra de leyes, iniciativas y reformas que, en su particular opinión, vulnerarían la autonomía del Poder Judicial de la federación.
La asociación de juzgadores afirmó incluso que su objetivo es llevar a cabo una defensa integral frente a un conjunto de iniciativas que, dicen, representan una intromisión en el funcionamiento de un órgano independiente, en franca contravención al principio de división de poderes.
Tal y como se oye, los jueces y magistrados, que se supone son doctos en derecho, se atreven a afirmar que la sola presentación de una iniciativa por parte de una o un legislador ante su respectiva Cámara, violenta la autonomía del Poder Judicial. Es decir que, a su criterio, una simple iniciativa que no ha agotado su proceso legislativo, que no ha sido dictaminada, ni aprobada y mucho menos publicada, surte los mismos efectos que una ley vigente.
Se señaló también que una considerable cantidad de juzgadores han promovido amparos en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pero eso sí, para curarse en salud, se apresuraron a decir que su amparo modelo no está encaminado únicamente para impugnar esa ley.
La situación es muy clara, las y los jueces, las y los magistrados del Poder Judicial de la federación no se atrevieron a decir públicamente y sin tapujos, que no están dispuestos a reducir sus sueldos y ganar menos de lo que gana el presidente de la República.
Tampoco dicen que, con semejantes impugnaciones, el Poder Judicial será juez y parte en los amparos que promuevan sus propios integrantes, lo que constituye una franca violación al principio de igualdad procesal.
Tampoco señalaron el importante detalle de que, si dichos amparos son atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se configuraría un posible conflicto de interés, pues los promoventes forman parte del mismo órgano que resolverá el asunto y, además, los Ministros de la Suprema Corte también tienen un interés en el asunto, pues también serían objeto de una reducción salarial.
Es claro que las y los juzgadores tienen el deber de salvaguardar, en todo momento, la autonomía del Poder Judicial. También lo es que la Constitución establece que su remuneración no podrá ser disminuida durante su encargo, pero la propia Constitución establece que ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República, algo que, muchos de ellas y ellos han venido percibiendo en contravención a la Constitución.
Es comprensible que, en una lógica de interés personal, las y los juzgadores se decanten por el precepto constitucional que prohíbe la reducción de su remuneración. Lo que no es comprensible es su falta de sensibilidad social y su indiferencia ante las circunstancias de la nación.
El pueblo de México, que es la fuente de la soberanía nacional, exige poner fin al exceso de los servidores públicos, al dispendio y a la desigualdad. Pero eso, por lo visto, le tiene sin cuidado a las y los juzgadores.
Igualmente incomprensible es que, de manera por demás temeraria y esquizofrénica, se atrevan a afirmar o por lo menos a sugerir que, en su facultad soberana de legislar, el Poder Legislativo pretende vulnerar su autonomía.
Tenemos claro que la reforma de 1996 introdujo al texto constitucional la prohibición de disminuir sus remuneraciones como un mecanismo para garantizar su autonomía frente a los otros poderes. Sin embargo, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, no elimina dicha prohibición, sino que únicamente garantiza el cumplimiento de otro precepto constitucional y los vuelve compatibles.
A cada uno de las y los jueces y magistrados les preguntamos: ¿cómo es que percibir una remuneración menor a la del Presidente pone en riesgo su autonomía? ¿Percibir menos de 108 mil pesos mensuales, compromete en forma alguna la autonomía de un juzgador?
Si, según la Constitución, la remuneración de un servidor público debe ser proporcional a sus responsabilidades, ¿afirmarían entonces que su responsabilidad como juzgadores es mayor que la del presidente de la República?
Ante la actitud mostrada por jueces y magistrados del Poder Judicial de la federación, la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión debe manifestar su rechazo y exigir que entre los Poderes Legislativo y Judicial exista un pleno respeto a la división de poderes y a las atribuciones que la Constitución les otorga.
De igual forma, esta Cámara debe manifestar su rechazo a las expresiones de las y los juzgadores que sugieren una pretensión por parte del Congreso de la Unión, y de legisladoras y legisladores en particular, de vulnerar la autonomía del Poder Judicial.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un extrañamiento al Poder Judicial de la federación por las manifestaciones vertidas por juzgadores federales aglutinados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, AC, que sugieren una pretensión de vulnerar la autonomía del Poder Judicial por parte del Congreso de la Unión en el ejercicio de su facultad soberana de legislar, y por parte de legisladoras y legisladores en particular, en el ejercicio de su facultad de presentar iniciativas.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso llamado al Poder Judicial de la Federación, a fin de que la relación con el Poder Legislativo de la Unión se conduzca en un marco de mutuo respeto a la soberanía republicana y atribuciones de ambos Poderes, así como al principio de división de Poderes que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión manifiesta su preocupación ante la inminencia de que, en la sustanciación de los amparos promovidos por jueces y magistrados, el Poder Judicial de la Federación funja como juez y parte, por lo que hace un atento y respetuoso llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que garantice la debida imparcialidad y el respeto pleno a los principios procesales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 6 de diciembre de 2018.
Diputados: Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García y Claudia Domínguez Vázquez. (Rúbrica.)Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF y la SFP a informar a la opinión pública sobre las auditorías referentes al desvío de los recursos en materia educativa en Hidalgo de 2015 a la fecha, a cargo de la diputada Jannet Téllez Infante, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, Jannet Téllez Infante, diputada de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, fracción I, 79, fracción II y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, a informar a la opinión pública sobre las auditorías referentes al desvío de recursos en materia educativa en el estado de Hidalgo desde el año 2015 a la fecha, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El pasado primero de julio del año en curso, México celebró un proceso electoral histórico, en el que la ciudadanía eligió un cambio profundo y pacífico, donde los mexicanos votaron en contra de la corrupción e impunidad.
El estado de Hidalgo, ha sido parte de esta red de abuso e ilegalidad haciendo parecer que los recursos públicos llegaban a la población, pero en realidad esos miles de millones de pesos tenían como destino campañas federales, estatales y los bolsillos de funcionarios corruptos.
Un análisis a detalle fue presentado por el periódico Eje Central 1 , reportaje en el que se profundiza el manejo de recursos públicos que dio el ex gobernador del estado, Francisco Olvera Ruiz, al capital destinado para los rubros de educación y salud, aplicando un mecanismo corrupto heredado de administración en administración.
La Secretaría de Educación del estado, fue la una de las instituciones más laceradas por estos desvíos, llegando a tener un déficit de mil quinientos millones de pesos, montos que debían ser pagados a maestros.
No obstante lo anterior, en los últimos dos años del gobierno del licenciado José Francisco Olvera Ruiz, la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), recibió más de 170 millones de pesos por parte de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), dependencia que se encuentra bajo investigación debido a desvíos millonarios detectados por la Contraloría estatal.
Quadratín Hidalgo , detalla que se realizaron movimientos entre 2015 y 2016, bajo el concepto “Pliego Petitorio Histórico”, que suman más de 170 millones de pesos que la SEPH presuntamente depositó a la sección 15 del SNTE, a través de dos cuentas de una institución bancaria.
Durante el año 2016, los movimientos en las cuentas financieras continuaron con depósitos por 14 millones 460 mil 247 pesos y en agosto otros 14 millones de pesos.
El 18 de enero del 2017, José Antonio Turrubiarte Delgadillo, ex director general de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), fue detenido y recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, quien junto con el subsecretario de Finanzas y Administración, Pablo Pérez Martínez, (prófugo de la justicia) desviaron más de 68 millones de pesos.
La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo mantiene una investigación en curso, por anomalías y negociaciones indebidas cometidas durante la administración de Olvera Ruiz, ya que ascienden a casi mil 600 millones de pesos.
La Secretaría de la Función Pública (SFP), ha hecho referencia a las auditorías que en diversos rubros ha llevado a cabo a esta entidad federativa, destacando las correspondientes a los Fondos y Programas de Educación Media Superior (FPEMS), relacionados con:
1. Pagos improcedentes (“gastos de operación” en las partidas 2000 y 3000 no autorizadas en el anexo de ejecución).
2. Rendimientos financieros destinados a fines distintos a los previstos al programa.
3. Recursos no devengados y no reintegrados a la Tesorería de la Federación (por concepto de saldos disponibles en los bancos y rendimientos financieros generados).
4. Pagos improcedentes (pagos de conceptos no autorizados en el anexo de ejecución).
Haciendo alusión a la información más actualizada que emite la Secretaría de la Función Pública (SFP), establece que las auditorías se realizaron en el periodo comprendido de mayo a junio de 2018, determinándose 65 observaciones y su plazo de atención venció el 1 de octubre de este año.
Al cierre del mes de octubre de 2018, el gobierno estatal proporcionó información para la atención de las observaciones, con la cual se solventaron dos observaciones, y se encuentra en análisis la información y documentación entregada de las 63 observaciones restantes.
Sin duda, podemos identificar la gran opacidad e impunidad en el manejo de los recursos públicos en el estado de Hidalgo, ya que no se ha informado oportunamente sobre las sanciones que tienen lugar ante tales hechos delictivos, ni tampoco se ha contado con la información que permita transparentar ejercicio de dichos recursos.
Desde el año 2015, hasta los ejercicios de vigilancia y rendición de cuentas que se han llevado en el año en curso, se han puesto de manifiesto los actos corruptos e indebidos que efectúo el licenciado Olvera Ruiz, los cuales permitieron que la entidad fuera protagonista de uno de los más grandes fraudes, como la denominada “Estafa Maestra”.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, a informar a la opinión pública sobre las auditorías referentes al desvío de recursos en materia educativa en el estado de Hidalgo, desde el año 2015 a la fecha.
Nota
1 www.ejecentral.com.mx
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2018.
Diputada Jannet Téllez Infante (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal, por la Conagua, a verificar y reducir las tarifas de agua en Altamira, Tamaulipas, a cargo de la diputada Nohemí Alemán Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN
La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción I, del artículo 6, numerales 1, fracción II, y 2, del artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, conforme a las siguientes
Consideraciones
La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 25 al 28, 73, 115, 123 y 124, establece las bases jurídicas de las que se derivan las leyes generales y sectoriales relativas al ambiente. Dichos artículos se relacionan también en forma directa o indirecta con la protección jurídica del agua en México.
En México, de conformidad con el párrafo sexto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado en 2012 estable que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
De este modo, la Ley de Aguas en su párrafo segundo del artículo 9 establece respecto a la Comisión Nacional del Agua que: “La Comisión” tiene por objeto ejercer las atribuciones que le corresponden a la autoridad en materia hídrica y constituirse como el órgano superior con carácter técnico, normativo y consultivo de la federación, en materia de gestión integrada de los recursos hídricos, incluyendo la administración, regulación, control y protección del dominio público hídrico”.
Es importante recordar que en el caso de México, se trata de un estado federado y esta ley crea autoridades federales, pero también genera institucionalidad a nivel de los estados y de organismos de cuenca, para la administración integral del recurso además de “consolidar la Comisión Nacional del Agua (Conagua) como autoridad ejecutiva” nacional.1
De acuerdo con, lo anterior es que la Conagua, de manera preliminar, da a conocer los valores con los que cuenta al mes de septiembre de 2018, de las variables de las fórmulas para determinar la zona de disponibilidad de cada cuenca y acuífero del país .2
Asimismo, los artículos 192-E y 230-A de la Ley Federal de Derechos, establecen que la Conagua, en materia del derecho por el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales, cuenta con atribuciones en materia de administración, determinación, liquidación, cobro, recaudación y fiscalización de dicha contribución.
Es entonces, que en fecha 26 de febrero de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se dan a conocer los valores de cada una de las variables que integran las nuevas fórmulas para determinar durante el ejercicio fiscal 2014 las zonas de disponibilidad , a que se refieren las fracciones I y 11, del artículo 231 de la Ley Federal de Derechos, vigente a partir del 1 de enero de 2014”.3
No obstante, de acuerdo con datos de la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC), nos muestran cómo han aumentado las tarifas de agua en un alarmante porcentaje, un claro ejemplo es que en el año 2013 , antes de los cambios a la Ley Federal de Derechos, los industriales pagaban 1 peso con 61 centavos por metro cúbico de agua que utilizaban de la cuenca del Tamesí, después para el año 2014, tras las modificaciones en los criterios para el cálculo de las tarifas para el pago de derechos por consumo de agua , el sector industrial del sur de Tamaulipas tuvo que pagar 6.36 pesos por metro cúbico . En lo que va del presente año 2018 , esta tarifa asciende a 7 pesos con 46 centavos . Lo que representa, en promedio, el equivalente a 30 o 35 por ciento de su gasto en nómina.4
Esta es una tarifa que afecta severamente las finanzas de las empresas instaladas en la región y, por supuesto, pega de manera directa en la competitividad económica frente a otras regiones del país.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las empresas instaladas en el sur de Tamaulipas son, sin duda, uno de los motores de la economía en la región, ya que el sector de la petroquímica contribuye con 5.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) del estado.
Por lo que el sector petroquímico instalado en Altamira genera 22 mil empleos directos y 80 mil indirectos. Más de proveedores locales están insertados en su dinámica económica. Además, abastece con sus insumos a más de 3 mil pequeñas y medianas empresas en el país. De ese tamaño es la importancia de la industria petroquímica del sur de Tamaulipas.
Aunado a ello existe una diferencia desfavorable del costo tarifas de aguas nacionales para uso industrial entre las regiones en que se asienta Tamaulipas, por lo que es indudable que, por una simple razón de equidad y un pago justo se debe procurar un verdadero equilibrio en las tarifas actuales.
Esta circunstancia por ende nos motiva a formular algunas reflexiones, en torno a lo que la población de Tamaulipas espera del gobierno federal, como el tener un trato justo en los costos de sus tarifas, que sea más equitativo, y se traduzca en favor de la economía de las familias de nosotros los tamaulipecos con tarifas de agua para uso industrial más justas.
Por ello considero que es necesario que el gobierno federal, a través de la Conagua, y de los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de Economía (SE), asuman nuevos criterios de aplicación y solidarizarse con esta petición que el pueblo de Tamaulipas justamente les estamos demandando, el que se verifique y ajuste a la baja las tarifas de agua para uso industrial en el sur de Tamaulipas en el municipio de Altamira ya que es necesario que estas autoridades encargadas de la regulación de las tarifas realicen un estudio a fondo, a efecto de que en el cobro de éstas se tome en consideración diversos factores regionales que las diferencian, ya que de lograrse esta reducción va a impactar de manera directa y positiva en beneficio de la economía de muchas familias.
Es por ello que, en apoyo a la economía de las familias de estos municipios, la Comisión Nacional del Agua debe verificar y ajustar a la baja nuevamente las tarifas en los municipios, estamos pidiendo solamente que estas tarifas sean justas, no es justo que las familias tamaulipecas paguen tarifas más altas que otros municipios, que se debe hacer un nuevo estudio que corrija este dato.
Por lo que ante el aumento gradual de la tarifa y las consecuencias que pueden provocar debido a que las tarifas de agua industrial han aumentado en más de 300 por ciento, provoca que se detengan nuevas inversiones al Puerto industrial de Altamira, por lo que es necesario que la Conagua nos pueda revelar que la clasificación tarifaria para este municipio de Tamaulipas es incorrecta, y debe ser ajustada para que los habitantes de dicha zona paguen menos, lo que brindará ánimo para los futuro inversionistas.
De ahí la imperiosa necesidad que busca revertir las tarifas que han crecido en la zona económica que son de 6.70 pesos cuando la tarifa era de 1.60 registrando un incremento de 300 por ciento.5
Es de señalar que hemos visto que corresponde a nuestra región tener una tarifa de 2.20 pesos de acuerdo a lo que la ley marca.6
Este punto de acuerdo es una respuesta a los miles de demandas de los habitantes de estos municipios que se ven afectados, ya que han manifestado su profundo descontento por la forma en que la comisión determina las tarifas de algunas localidades, y al respecto, con el lógico perjuicio para sus habitantes ya que, con esas tarifas, afectando la economía ya que desalienta a inversionistas.
En este sentido, es importante también tener en cuenta y destacar que causa grave afectación a los industriales de Altamira, Tamaulipas, el procedimiento para determinar las zonas de disponibilidad relativa para fines de cobro, establecido en la Ley Federal de Derechos (artículo 231) desde 2014, derivado de que da a estas reservas tratamiento de “extracción”, más esa agua nunca podrá ser retirada de la cuenca, tal como se establece en la Ley de Aguas Nacionales, la cual establece que los volúmenes decretados como “reservas” no podrán ser extraídas en tanto no se levante la veda o reserva mediante decreto del Ejecutivo federal, por eso el presente exhorto tiene como una de sus finalidades el que se verifiquen y ajusten a la baja las tarifas de las localidades al sur del estado de Tamaulipas.
Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea para pedir la solidaridad de ustedes y lograr que exista una verificación y ajuste a la baja de las tarifas para los habitantes de los municipios de Tamaulipas, por lo que me permito proponer los siguientes
Puntos de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de la Comisión Nacional del Agua para que se verifique y ajuste a la baja las tarifas de las localidades del estado de Tamaulipas.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, a que realice una revisión de las variables que integran las fórmulas para calcular las zonas de disponibilidad de aguas subterráneas (acuíferos) y de aguas superficiales (cuencas) que inciden en las tarifas que se cobran a los usuarios de agua en los municipios del sur de Tamaulipas.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Comisión Nacional del Agua que informe periódicamente a la opinión pública el avance de los trabajos en torno a la verificación y ajuste del sistema de tarifas que esté llevando a cabo este organismo.
Notas
1. Ortiz, G. Conceptos originales relevantes de la Ley de Aguas Nacionales. Revista Mexicana de Tecnología del Agua . Enero/abril 1993. ISSN electrónico: 2007-2422. Recuperado de:
http://www.revistatyca.org.mxlojslindex.php/tyca/article lviewI705/604 (consultado el 12 de noviembre de 2018).
2 Valores preliminares de las fórmulas que establece el artículo 231 de la Ley Federal de Derechos con los que cuenta la Conagua a septiembre 2018, Comisión Nacional del Agua, Documentos, consultado por última vez el 12 de noviembre de 2018, en https://www.gob.mx/conagua/documentos/valores-preliminares-de-las-formu las-que-establece-el-art-231-de-1a-ley-federal-de-derechos-con-los-que- cuenta-la-conagua-a-septiembre-2018
3 Acuerdo por el que se dan a conocer las zonas de disponibilidad que corresponden a las cuencas y acuíferos del país para el ejercicio fiscal 2016, en términos del último párrafo del artículo 231 de la Ley Federal de Derechos vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en fecha 22103/2016.
4 Héctor Garcés, La petición de los industriales del sur , 16 de octubre, 2018, Grupo Editorial Expreso - La Razón , consultado en https://expreso.press/2018/10/16/la-peticion-de-los-industriales-del-su r/
5 Sandra Sosa, Milenio , Perdernos inversiones por altos costos en agua: AISTAC, Altamira, 6 de noviembre de 2018, http://www.milenio.com/negocios/perdemos-inversiones-altos-costos-agua- aistac
6 Sandra Sosa, Milenio , Perdernos inversiones por altos costos en agua: AISTAC, Altamira, 06 de noviembre de 2018,
http://www.milenio.com/negocios/perdemos-inversiones-alt os-costos-agua-aistac
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2018.
Diputada Nohemí Alemán Hernández (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a no desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México, dada su importancia como órgano estratégico para la promoción turística del país en el mundo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Quienes suscriben, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo federal para que no desaparezca el Consejo de Promoción Turística de México, considerando su importancia como un órgano estratégico para la promoción turística del país en el mundo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Durante los últimos años, el sector turístico en México ha registrado un crecimiento sin precedente que lo ha llevado a colocarse como uno de los principales motores de desarrollo y crecimiento económico, constituyéndose como la tercera fuente de ingresos, inclusive por arriba de los recursos derivados de la exportación de petróleo.
Gracias a ello, actualmente forma parte del selecto grupo de países que han encontrado en el turismo una fuente de generación de riqueza y promoción mundial. Para poner en su justa dimensión este tema, basta señalar que de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), en 2017 nuestro país alcanzó la sexta posición como destino turístico a nivel global.
Hoy, el turismo tiene una importante contribución en la economía, es generador de empleos y detonador del desarrollo regional. Aporta alrededor de 9 por ciento del producto interno bruto, genera millones de empleos directos e indirectos y ha alcanzado niveles históricos en arribo de turistas internacionales y derrama económica.
Estos logros son resultado del gran impulso que se dio al sector durante la anterior administración que, a través de la implementación de diversos programas y acciones, buscaron convertir al sector turístico en una palanca medular de la economía nacional.
En ello, la coordinación del gobierno federal con la red consular de México a nivel internacional y con las instancias encargadas de la promoción turística ha sido crucial. Destaca el trabajo llevado a cabo por el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que durante más de 18 años ha fungido como una herramienta estratégica para proyectar la imagen de nuestro país en el mundo como destino turístico.
El CPTM es un organismo encargado de coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional, así como promocionar los destinos y actividades que México ofrece, tanto naturales, culturales o de espectáculos.1
Busca aprovechar el potencial turístico del país para generar una mayor derrama económica en beneficio de todos los mexicanos.
Según el acuerdo por el que se da a conocer el Estatuto del Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, sus objetivos son los siguientes:
I. Coadyuvar en el diseño de los planes, programas, estrategias y prioridades en materia de promoción turística dentro del marco de la Ley de Planeación, del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas y/o políticas sectoriales que en materia turística emita el Ejecutivo federal;
II. Operar campañas de promoción turística a nivel nacional e internacional;
III. Realizar trabajos y estudios destinados al cumplimiento de sus objetivos;
IV. Proporcionar, por cualquier medio, información turística especializada a los turistas nacionales y extranjeros que pretendan visitar los destinos y atractivos del país;
V. Proporcionar bienes o servicios inherentes a su objeto;
VI. Obtener recursos complementarios, económicos, técnicos y materiales, en territorio nacional o en el exterior, para el desarrollo de su objeto;
VII. Suscribir convenios con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y del Distrito Federal, con organismos mixtos, estatales y municipales en el ámbito de sus respectivas competencias, para instrumentar campañas de promoción turística;
VIII. Suscribir convenios con los prestadores de servicios turísticos nacionales y extranjeros y con los particulares interesados en incrementar la afluencia turística a México, con el fin de instrumentar campañas de promoción turística;
IX. Fomentar, con la participación de los sectores público, social y privado, todo tipo de actividades que promuevan los atractivos y servicios turísticos del país;
X. Celebrar, con la participación que le corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y previo acuerdo de la Secretaría, convenios y acuerdos de cooperación turística con órganos gubernamentales de otros países y organizaciones internacionales, con el fin de promover los atractivos y los servicios turísticos que ofrece el país;
XI. Adquirir por cualquier título, los bienes muebles e inmuebles que requiera para desarrollar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto social;
XII. Participar con la Secretaría y con las demás dependencias del Gobierno Federal, así como con los sectores social y privado en la elaboración del Registro Nacional de Turismo y el Atlas Turístico de México;
XIII. Participar con la Secretaría para la realización de las acciones conducentes cuando la actividad turística de alguna región del país haya resultado considerablemente afectada, o esté en peligro de serlo, por fenómenos naturales, y
XIV. En general realizar todos los actos, contratos y operaciones que como sociedad mercantil requiera para llevar a cabo los fines sociales anteriores.2
El CPTM fue creado en 1999, durante el sexenio del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León; sin embargo, las administraciones siguientes siempre han reconocido su labor, logros y relevancia para la promoción de México en el exterior, razón por la cual han decidido mantenerlo.
El programa institucional del Consejo estuvo plenamente alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. Sus objetivos han orientado a generar una mayor derrama económica, a través de una promoción eficaz de México y sus destinos, que fortalezca su imagen como destino turístico, incremente la participación en nuestros mercados tradicionales, como el de Estados Unidos de América (EUA), e impulse la diversificación de mercados y el crecimiento del mercado nacional. El propósito de promover una mayor conectividad aérea está estrechamente vinculado a facilitar la llegada de turistas y generar mayor derrama económica, así como a promover la diversificación.
El Consejo de Promoción Turística es un organismo que, a pesar de contar con una plantilla laboral reducida, ha demostrado ser altamente eficiente y productivo, los logros obtenidos en estos seis años lo demuestran. Tiene una cobertura internacional con 21 oficinas y se basa en ejemplos exitosos de otros países.
Los resultados son evidentes. Durante el periodo 2012-2017 se avanzó en el cumplimiento de los objetivos mencionados:
• México pasó del lugar 15 del ranking de la Organización Mundial de Turismo en 2013 al lugar 6 en 2017.
• La derrama económica por visitantes internacionales al cierre de 2017 creció en 8.4 por ciento comparado con 2016, alcanzando 21 mil 300 millones de dólares, cifra 8 mil 560 millones mayor a los ingresos registrados en 2012 que representa un crecimiento de 67.2 por ciento en cinco años.
• Un total de 39 mil 297.72 miles de turistas ingresaron al país durante el año, representando un crecimiento de 12 por ciento.
• La participación de México en el mercado de turistas por vía aérea de EUA, registró un aumento de 15.2 a 18.5 por ciento, de 2012 a 2017.
• En 2017 se realizaron más de 185 mil vuelos internacionales hacia México lo cual comparado con 2012 representa un crecimiento de 35.4 por ciento y se transportaron 8.3 millones de pasajeros adicionales a los transportados en 2012.3
Es importante mencionar que en la primera mitad de 2018 se mantuvieron vigentes los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno de mediano plazo del CPTM, contenidos en el Programa Institucional 2014-2018, con resultados que los mexicanos no debemos soslayar. Basta señalar que al cierre de septiembre, la derrama económica turística ascendió a 16 mil 656 millones de dólares, una cifra 4.5 por ciento superior a la del mismo periodo del año pasado.4
Además, para fortalecer la promoción económica y turística, en un esfuerzo conjunto de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Economía y de Turismo, así como ProMéxico y el Consejo de Promoción Turística, se realizaron las siguientes actividades principales:
• Las embajadas y consulados llevaron a cabo más de 150 actividades de colaboración conjunta con las oficinas de ProMéxico en el exterior, 15.4 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior (130 actividades).
• El gobierno de la República apoyó la organización de seis visitas con componente empresarial a México provenientes de África: Ghana y Nigeria; Asia-Pacífico: Taiwán, y América del Norte: Michigan-Illinois-Nueva York, Florida y Utah.
• Se coordinó la participación de México en cuatro ferias y exposiciones en América Latina y el Caribe: Bolivia, Cuba, Panamá y Colombia.
• De septiembre 2017 a junio 2018 se proyectó la imagen de México en el exterior mediante el apoyo a mil 804 actividades culturales con la participación del sector privado nacional y extranjero y diversas instancias internacionales, mismas que contaron con 7, 191,292 asistentes.5
Debido a estos resultados alentadores, el anuncio de Miguel Torruco, nuevo titular de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, sobre la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, es una noticia desafortunada y lamentable.
Para un país que ha hecho del turismo uno de los principales motores de desarrollo de su economía, esta decisión es una más de las malas e irresponsables decisiones con las que ha comenzado el nuevo gobierno.
Las divisas generadas por el turismo se han convertido en una fuente primordial de desarrollo para miles de familias mexicanas que dependen de esta actividad.
Diversos especialistas ya han advertido que la desaparición del Consejo representaría un riesgo enorme para la actividad turística, la economía en su conjunto y para las miles de familias que dependen de la misma. “El tema merece una reflexión seria, pues pudiera tener efectos desastrosos para el desarrollo turístico de México, interrumpiendo o reinvirtiendo una alentadora tendencia de crecimiento en el turismo internacional a nuestro país. Pareciera un riesgo tan grande, como innecesario”, señala Óscar Espinosa Villarreal.6
En este contexto, ante la oportunidad que representa el sector turístico para nuestro país, resulta vital no sólo aumentar los recursos para la promoción turística, sino mantener y fortalecer el Consejo.
Este organismo constituye un importante activo para el próximo gobierno. Sabemos que pueden realizarse ciertas modificaciones para fortalecerlo y aumentar su presencia en el mundo, pero su eliminación representa una decisión irresponsable que impactaría negativamente en el desarrollo del sector turístico y la economía mexicana en su conjunto.
Todo gobierno debe tener la madurez y la voluntad política necesarias para reconocer los logros de las administraciones anteriores, sobre todo, cuando se han generado beneficios tangibles para la población. La eliminación de estructuras ya existentes a través de la sinrazón, sólo puede llevar a una catástrofe institucional, económica y social, en perjuicio de las familias mexicanas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo federal para que no desaparezca el Consejo de Promoción Turística de México, toda vez su importancia como un órgano estratégico para la promoción turística del país en el mundo.
Notas
1 Acerca de CPTM, disponible en: http://www.cptm.com.mx/acerca-cptm
2 Acuerdo por el que se da a conocer el Estatuto Orgánico del Concejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V., en:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5350552&fe cha=30/06/2014
3 Informe de rendición de cuentas de conclusión de la administración 2012-2018, Consejo de Promoción Turística de México, SA de CV, en: https://www.gob.mx/cptm/documentos/informe-de-rendicion-de-cuentas-de-c onclusion-de-la-administracion_2012-2018?idiom=es
4 En 2017 México captó 39.3 millones de turistas internacionales y una derrama de 21.3 mmdd, disponible en:
https://www.gob.mx/sectur/prensa/en-2017-mexico-capto-39 -3-millones-de-turistas-internacionales-y-una-derrama-de-21-3-mmdd
5 Sexto Informe de Gobierno, Presidencia de la República, en: http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_INFORME_COMPLET O.pdf
6 ¡Qué riesgo tan grande... y tan innecesario!, Crónica, en: http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1102279.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2018.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de BC a disponer recursos presupuestales suficientes relativos a las aportaciones para pagar salarios vencidos a todos los maestros, interinos, jubilados, pensionados y deudos afectados por tal incumplimiento, a cargo del diputado Héctor René Cruz Aparicio, del Grupo Parlamentario del PES
El que suscribe, diputado Héctor René Cruz Aparicio, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Baja California, para que de manera inmediata libere y disponga los recursos presupuestales necesarios y suficientes, correspondientes a las aportaciones para el pago de los salarios vencidos a todos los maestros, interinos, jubilados, pensionados y deudos afectados por el incumplimiento de pagos; así como a empleados del Poder Judicial del estado y otros organismos públicos descentralizados, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Los maestros son una parte esencial en el desarrollo de toda sociedad, no sólo en la transmisión de los conocimientos, sino también como un elemento transformador de la realidad en sus comunidades y que a pesar de las carencias se sobreponen para cumplir con la más alta responsabilidad de dar educación a las niñas y niños de México. Lamentablemente, en muchas ocasiones no se valora este sentido de cumplimiento del deber y los maestros son tratados de manera injusta por el sistema educativo al cual sostienen y del cual se deben.
Como ejemplo de ello es el sistemático incumplimiento en el pago de las quincenas para cientos de maestros interinos, jubilados, pensionados y deudos, el cual en algunos casos llega a poco más de un año y medio sin recibir su salario, Y si bien se cumplió con el pago del mes de octubre, aún falta el pago atrasado del mes de noviembre.
Situación que lamentablemente en Baja California se tiene registrado como una actitud constante por parte de la autoridad educativa, pues se tienen datos donde el incumplimiento se ha presentado por lo menos desde el año de 2008.
A pesar de que en el gobierno del estado de Baja California se han recibido los recursos presupuestarios para cubrir esta nómina, de acuerdo a las propias declaraciones del gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, la Secretaría de Planeación y Finanzas estatal, no ha dado fecha para cuándo serán liberados los recursos para hacer frente a esta lamentable situación que afecta la vida personal, familiar y profesional de los docentes interinos, pensionados, jubilados y deudos.
Y no sólo a los maestros se les ha dejado de pagar sus salarios, sino que recientemente también a personal del Tribunal de Justicia Alternativa , del Poder Judicial del Estado y de otros organismos públicos autónomos como el Instituto Estatal Electoral , el Instituto de Transparencia , la Comisión Estatal de los Derechos Humanos , y al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado . Situación que pone en riesgo la gobernabilidad del estado y el ejercicio de los derechos sociales de los trabajadores de estas dependencias. ¿En dónde está el pago de los empleados y servidores públicos de estos organismos públicos y centros educativos?
Esta actitud de la autoridad estatal viola no sólo las garantías constitucionales de todo trabajador el cual tiene el derecho a recibir un salario por el tiempo devengado, sino que también violenta el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes consagrado en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes , pues en esas condiciones laborales tan adversas, difícilmente las maestras y maestros pueden desempeñarse con tranquilidad.
Esta irresponsabilidad del gobierno estatal ha propiciado que miles de alumnos se queden sin clases por la suspensión derivado de las marchas y protestas que la organización sindical abandera, por la falta de cumplimiento en los salarios de los maestros en activo, interinos, jubilados, pensionados y deudos, dejando sin clases a quienes son el presente de México. Ejemplo de ello es la extensión del paro general iniciado desde el 6 de noviembre y que aún continúa en cientos de centros escolares de todo el estado, por este incumplimiento del gobierno estatal.
De ahí la importancia y el exhorto al gobierno del estado de Baja California para que de manera inmediata liberen los recursos necesarios en su presupuesto, para dar cumplimiento al pago de los meses atrasados para estos mentores y formadores de conciencias y a los empleados públicos afectados .
Por ello, no debemos permanecer insensibles ante esta crítica situación que vulnera la estabilidad laboral de los docentes y la integridad física y moral de la persona que se preparó muchos años para desempeñar con honor y lealtad esta noble labor que es la educación. Así como a los empleados del servicio público de las instancias afectadas.
Por lo que solicito a esta honorable Cámara de Diputados su apoyo para aprobar de urgente y obvia resolución el siguiente
Punto de Acuerdo
Artículo Primero . Se exhorta al gobierno del estado de Baja California para que de manera inmediata libere y disponga los recursos presupuestales necesarios y suficientes correspondientes a las aportaciones para el pago de los salarios vencidos a todos los maestros interinos, jubilados, pensionados y deudos, afectados por el incumplimiento de pagos; así como el pago al Poder Judicial del estado y a otros organismos públicos descentralizados.
Artículo Segundo. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación para revisar el destino de los recursos federales ya asignados al gobierno de Baja California para cumplir esta responsabilidad y en caso de encontrar un uso indebido de dichos recursos, se dé vista a la Procuraduría General de la República para que se inicien las carpetas de investigación correspondientes contra quien resulte responsable.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2018.
Diputado Héctor René Cruz Aparicio (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para sumar a los proyectos gubernamentales de los tres poderes, en los ámbitos federal y local, las principales demandas generadas en la Consulta Infantil y Juvenil de 2018, realizada por el INE, a cargo de la diputada Ana Laura Bernal Camarena, del Grupo Parlamentario del PT
La suscrita, Ana Laura Bernal Camarena, diputada federal del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que confieren los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados de la República Mexicana y del gobierno de la Ciudad de México; a los gobiernos municipales de la República Mexicana, las alcaldías de la ciudad de México, al gobierno federal; a los Congresos locales de la República Mexicana, a asumir dentro de sus proyectos y planes institucionales las principales demandas generadas en la Consulta Infantil y Juvenil 2018 realizada por el Instituto Nacional Electoral, a fin de incorporar la vivencia y la demanda infantil y juvenil dentro de las practicas institucionales y agotar eficientemente esta herramienta de consulta, al tenor de las siguientes
Consideraciones
1. En este periodo abierto a la transición el concepto de consulta se ha destacado tanto por la utilización de este instrumento como por la negativa cultural a adoptar sus cualidades. La participación ciudadana, tan mencionada en la retórica discursiva de gobiernos estatales y federales anteriores a 2018, ha sido prácticamente obstruida en los procesos de toma de decisión ejecutiva y legislativa. Ahora que se abre una gran posibilidad a la participación ciudadana es necesario potencializar sus impactos en las agendas legislativas de los estados, del gobierno federal, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México. Esta propuesta pretende que esa potencialización tiene que recaer, de principio, en los efectos de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, organizada por el Instituto Nacional Electoral y realizada del 17 al 25 de noviembre en todo el país.
Esta Consulta, a decir de la institución, se concibe como un espacio de construcción de ciudadanía al enfocarse a la promoción del ejercicio efectivo de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, pero también a la consolidación de modelos de participación universales e incluyentes que fortalezcan la convivencia democrática con perspectiva de género. Esta última premisa –la de buscar que el ejercicio contribuya a la igualdad de género en nuestro país– ha quedado así definida en el Acuerdo INE/CG408/2018 del pasado 25 de abril, por medio del cual el Consejo General ordenó la realización de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, razón por la cual se llevará a cabo con recursos etiquetados por la Cámara de Diputados como parte del Anexo 13 denominado: “Erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres”. Con el ejercicio de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, el INE refrenda su compromiso de abrir espacios para la participación de niñas, niños y adolescentes de todo el país, para aportar a su reconocimiento como sujetos de derechos, con capacidad de opinar sobre 6 situaciones que les atañen. Se busca que los resultados de este ejercicio sean insumos para detonar la acción colectiva de la sociedad civil organizada, el sector público y privado y la sociedad en su conjunto, que contribuya a definir acciones y/o políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de la infancia y la adolescencia en el país.
2. La Consulta Infantil y Juvenil es una actividad que el INE organiza para que como niña, niño o adolescente, se cuente con un espacio para expresarse libremente y poner en práctica el derecho a participar. Esta consulta, se sucribe, es para que compartir opiniones sobre situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana y que requieren de la participación de todos para mejorarla o cambiarla. Se asegura que lo expresado servirá para que las instituciones públicas, con el acompañamiento que se haga desde el INE, impulsen acciones o medidas que atiendan las opiniones.
La divulgación de resultados finales e impulso de una agenda pública en la materia se llevará a cabo lo siguiente:
1. En diciembre de 2018, las autoridades del Instituto convocarán a una rueda de prensa en la que se informará sobre los niveles de participación registrados en la consulta. Este acto se respaldará con mensajes en redes sociales del INE y de aliados externos que se hayan sumado a la implementación de este ejercicio.
2. La socialización de resultados se profundizará en marzo de 2019, una vez que se cuente con el análisis detallado de la opinión de niñas, niños y adolescentes.
3. El análisis mencionado será un insumo relevante en la decisión del INE de convocar a representantes de los tres poderes de la unión, de organizaciones civiles nacionales e internacionales, y público en general para que participen en espacios de diálogo y reflexión colectiva con el fin de articular una agenda de compromisos y acciones concretas para la atención de la expresión recuperada en la consulta.
4. El INE diseñará y llevará a cabo una estrategia de difusión y socialización a través de los medios de comunicación digitales e impresos, así como la realización de eventos con la finalidad de informar y sensibilizar a la sociedad en general (padres y madres de familia, docentes, directivos escolares, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, autoridades federales, estatales, académicos, organismos internacionales entre otros), para que desde el ámbito de su competencia se establezcan acuerdos y compromisos que permitan atender lo expresado en la Consulta. Esta estrategia de difusión se extenderá durante todo el año 2019. Los materiales impresos se distribuirán a través de la estructura desconcentrada, también presentará una propuesta al Comité Editorial del INE para la publicación de un libro sobre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018.
5. Siendo así los propósitos, es necesario materializar los objetivos y asegurar que los resultados tengan los impactos en la vida cotidiana de la infancia y adolescencia. Por tal motivo, en obediencia a la legitimidad que este periodo gubernamental asume, se requiere que esta Consulta adquiera una certeza y confianza que la mantenga como una herramienta de visibilización de las necesidades de este inmenso grupo social de infancia y adolescencia que es donde recae, en su mayoría, los impactos negativos de las políticas públicas y económicas que prevalecían hasta el mes de noviembre.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta a los gobiernos de los estados de la República Mexicana y del gobierno de la ciudad de México; a los gobiernos municipales de la República Mexicana, las alcaldías de la ciudad de México y al gobierno federal; a los Congresos locales de la República Mexicana a asumir dentro de sus proyectos y planes institucionales las principales demandas generadas en la Consulta Infantil y Juvenil 2018 realizada por el Instituto Nacional Electoral con el fin de incorporar la vivencia y la demanda infantil y juvenil dentro de las practicas institucionales y agotar eficientemente esta herramienta de consulta.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2018.
Diputada Ana Laura Bernal Camarena (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Senado a aprobar la minuta número CD-LXIII-III-2P-380, correspondiente al proyecto de decreto que expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guías o Animales de Servicio, a cargo de la diputada Julieta Macías Rábago, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
Quien suscribe, diputada Julieta Macías Rábago, en nombre propio y las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, fracción VII; y 45, numeral 6, incisos e), f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 80, numeral 1, fracción II, 157, numeral 1, fracción I, y 158, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo, atendiendo a la siguiente
Exposición de Motivos
I. La iniciativa de Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guía o Animales de Servicio, plantea disposiciones de orden público, de interés general y social en los Estados Unidos Mexicanos.
II. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con el expediente 8902 para su estudio y dictamen.
III. Con fecha 12 de abril del año en curso se aprobó en esta Cámara de Diputados con 299 votos a favor, el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de los Derechos de las personas usuarias de perros guía o animales de Servicio, mismo que se fue remitido a la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
IV. Con motivo de lo anterior y en defensa de los derechos de los ciudadanos usuarios de Perros Guía o Animales de Servicio, solicitamos de manera respetuosa que sea puesto a discusión por el pleno de la H. Cámara de Senadores, la Minuta con proyecto de decreto que expide la Ley de los Derechos de las personas Usuarias de Perros Guía o Animales de Servicio.
Finalmente, expresamos nuestro respaldo y hacemos un llamado a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, consagrados por el Artículo 1o Constitucional, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y demás normatividad aplicable.
Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Senado de la República para que, en ejercicio de sus facultades, apruebe la minuta CD-LXIII-III-2P-380 por la que se expide la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Perros Guía o Animales de Servicio.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 de diciembre de 2018.
Diputados: Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Julieta Macías Rábago (rúbrica), Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Jacobo David Cheja Alfaro, Higinio del Toro Pérez Lourdes Celenia Contreras González, Juan Martín Espinoza Cárdenas, Alan Jesús Falomir Saenz, Jorge Alcibiades García Lara, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, María Libier González Anaya Ana Priscila González García, Geraldina Isabel Herrera Vega, Kehila Abigail Ku Escalante, Adriana Gabriela Medina Ortiz, Pilar Lozano Mac Donald, Dulce María Méndez de la Luz Dauzon Carmen Julia Prudencio González, Juan Francisco Ramírez Salcido, Mario Alberto Ramos Tamez, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Ariel Rodríguez Vázquez, Eduardo Ron Ramos, Jorge Eugenio Russo Salido, Ruth Salinas Reyes, Martha Angélica Tagle Martínez, Juan Carlos Villareal Salazar, Martha Angélica Zamudio Macías.
Con punto de acuerdo, relativo al uso de dispositivos virtuales en las comunicaciones del pleno y eliminar el uso de papel durante las sesiones, a cargo del diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM
Quienes suscriben, diputado Carlos Alberto Puente Salas, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I; y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El papel se ha convertido en el medio esencial para registrar y transmitir conocimientos e ideas entre individuos, culturas y generaciones.
En teoría, el papel puede reunir todos los requisitos de un producto inocuo para el ambiente ya que es un producto natural, biodegradable, se fabrica a partir de fuentes renovables y puede ser reutilizado y reciclado. Sin embargo, la realidad es diferente, de acuerdo con datos de Greenpeace México, la industria papelera puede consumir hasta 4,000 millones de árboles al año, algunos de ellos procedentes de bosques primarios que no pueden sustituirse.
Asimismo, la tecnología utilizada para producir papel, genera uno de los efluentes más tóxicos que se conocen, consume mucha energía y grandes cantidades de agua. Las prácticas modernas de tala forestal y las plantaciones desmesuradas de monocultivos de crecimiento rápido, al servicio de la industria papelera tienen un impacto desastroso sobre el ambiente.1
Lo anterior, aunado a la poca cultura de reciclaje que aún existe en el país, nos obliga a tomar las medidas necesarias para crear conciencia y racionalizar su consumo, pues, en definitiva, el mejor residuo es aquel que no se genera.
Nada ha sustituido el papel y por lo menos nos sigue prometiendo una larga vida, sin embargo, la tecnología resulta una gran aliada en la tarea de disminuir su utilización.
Desde el año 2012 se ha adoptado como parte de la política pública de México, la implementación de campañas de tipo cultural para la reducción del consumo de papel en la administración pública.
Estas campañas ofrecen importantes oportunidades en la creación de buenos hábitos en el uso del papel en organizaciones privadas y públicas, lo cual promueve la eficiencia y productividad, reduciendo costos, tiempo y espacios de almacenamiento.
Las oficinas gubernamentales, por la misma naturaleza de los trámites y actividades que realizan, son grandes consumidoras de papel. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, no es la excepción a esta regla.
En el día a día del trabajo legislativo y administrativo dentro de la cámara de Diputados, se elaboran infinidad de documentos, tales como actas, resoluciones, órdenes administrativas, circulares, oficios, órdenes del día, iniciativas, posicionamientos y demás documentos de trabajo, sin olvidar que generalmente se exigen copias adicionales e innecesarias de los mismos para distribuirlas entre los interesados.
Cuando un documento se alista para su versión final, es frecuente que se impriman hasta dos y tres borradores para su revisión. En la mayoría de estos casos sólo se utiliza una cara de la hoja y no se aprovechan con eficacia las herramientas existentes tales como el correo electrónico, la red interna, los sitios web internos, repositorios de documentos entre otros, que constituyen alternativas a la utilización del papel.
Para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el cuidado del medio ambiente es un compromiso prioritario con los ciudadanos.
Creemos que el buen juez por su casa empieza por lo que es necesario que la Cámara de Diputados, en el ámbito de sus competencias, realice una serie de acciones concretas para sumarnos al movimiento de cero papel.
Pequeñas acciones traen grandes beneficios, y en el afán de buscar la protección el ambiente, es posible comenzar desde dos vertientes: la reducción del papel de formar racional y la sustitución del mismo, algunas medidas en estas áreas son los siguientes:
Para usar el papel de forma racional (reducir) es recomendable:
- Fotocopiar e imprimir a doble cara.
- Reducir el tamaño de los documentos al imprimir o fotocopiar.
- Elegir el tamaño y fuente pequeños para utilizar menos papel.
- Realizar la lectura y corrección en pantalla.
- Evitar copias e impresiones innecesarias.
- Conocer el uso correcto de impresoras y fotocopiadoras.
- Reutilizar el papel usado por una cara.
Para promover la implementación de tecnologías de la información (sustituir):
- Se debe privilegiar la comunicación electrónica y no imprimir correos a menos que sean estrictamente necesarios.
- Utilizar la red de comunicación interna.
De tal suerte que consideramos de vital importancia que esta legislatura realice los ajustes pertinentes para crear un programa de acción que atendiendo a las necesidades particulares de la cámara, el cual incluya la gestión electrónica de documentos, el fomento de buenas prácticas, la formulación de indicadores que faciliten tareas de diagnóstico y permitan controlar los avances e identificar áreas de oportunidad, la involucración de personas líderes en la implementación de las medidas de reducción y la difusión de esta iniciativa por múltiples canales.
Asimismo, que estas medidas sean trasladas al pleno durante el desarrollo de las sesiones, de tal suerte que toda la comunicación sea virtual a través de tabletas electrónicas, pantallas o cualquier otro dispositivo que permita que no se circule absolutamente nada de papel.
De esta manera los diputados de la LXIV Legislatura estaríamos por un lado contribuyendo a la protección del medio ambiente y por otro propiciando el ahorro de recursos públicos que anualmente se emplean para la compra de insumos derivados de la industria papelera, lo que es congruente con las políticas de austeridad que ha adoptado recientemente este órgano legislativo.
Por lo antes expuesto, se somete a consideración del pleno de esta honorable asamblea la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados instruye a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros de esta Cámara para que realice las acciones necesarias a fin de crear un programa de acción, el cual incluya la gestión electrónica de documentos, el fomento de buenas prácticas, la formulación de indicadores que faciliten tareas de diagnóstico y permitan controlar los avances e identificar áreas de oportunidad, la involucración de personas líderes en la implementación de las medidas de reducción y la difusión de la iniciativa por múltiples canales; con el objeto de reducir el uso de papel al máximo dentro del Palacio Legislativo.
Segundo. La Cámara de Diputados acuerda que todas las comunicaciones en Pleno serán a través de dispositivos virtuales con la intención de eliminar totalmente el uso del papel durante el desarrollo de las sesiones
Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de diciembre de 2018.
Diputados: Carlos Alberto Puente Salas (rúbrica), Arturo Escobar y Vega, Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcántar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Emilio González Martínez, Beatriz Manrique Guevara, Roberto Antonio Rubio Montejo, Jesús Carlos Vidal Peniche.
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a fiscalizar la construcción del proyecto carretero Jala-Compostela-Puerto Vallarta, a cargo de la diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, del Grupo Parlamentario de Morena
Quien suscribe, diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 1; 79, fracción II, III y numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El 7 de febrero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se ordena la creación del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura a efecto de coordinar la inversión en infraestructura de la administración pública federal y coadyuvar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018.
Para el 30 de septiembre de 2011, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de institución fiduciaria del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, celebraron el convenio de concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener la carretera Jala-Compostela-Las Varas de 96 kilómetros de longitud, en Nayarit.
La carretera Jala-Puerto Vallarta, consta de tres tramos, mismos que desde 2011 han iniciado el proceso de construcción. La realidad es que siete años después de la firma de la concesión, fue inaugurado solo el primer tramo carretero Jala-Compostela, con una inversión superior a los cinco mil millones de pesos y más de 67 kilómetros de extensión, conforme a lo declarado por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval y el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Pero, desde la apertura de esta carretera, ha tenido diversos contratiempos como deslaves y derrumbes provocando por varias semanas se mantenga cerrada a la circulación, las autoridades federales y estatales difícilmente señalan por cuánto tiempo se mantendrá fuera de servicio, en cada episodio que esto ha ocurrido, los habitantes de la región y los medios de comunicación son los que han dado seguimiento a estos hechos por la falta de noticias por parte de las autoridades competentes.
Genera suspicacia que constante mente ocurran episodios que provoquen el cierre de esta carretera, para la construcción de cualquier proyecto de esta naturaleza, son sometidos a diversos estudios de planeación tomando en cuenta diversos factores geográficos en la región que se trate.
En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del jueves 25 de octubre de 2018, en la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza señaló que;
...en el caso de la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta, que tiene tres tramos, uno ya está terminado totalmente en funcionamiento, otro que va a Las Varas, que tiene un avance del 93 por ciento y que es de los temas que lamentablemente tenemos que dejar sin concluir ya por falta de suficiencia presupuesta!, pero que en la próxima administración estará a un tres por ciento, cuatro por ciento, de concluirse a Las Varas.
En el caso de Las Varas a Puerto Vallarta, ya se inició la obra. Es la última, vamos a decir, adjudicación de autopistas que se hizo.
La tiene una empresa que tiene toda la capacidad económica para construirla. Ya inició la construcción. La idea es que se termine en un año tres meses más. Se logró conseguir toda la parte de manifestación de impacto ambiental, el derecho de vía que no fue sencillo, pero es una obra que se veía para concluirse posteriormente.
El compromiso de esta administración fue el que hubiera el recurso necesario para su construcción y poder llegar a Puerto Vallarta, que es un largo anhelo de los vecinos de aquél sitio y desde luego de Jalisco y del estado vecino, a donde llega también la propia autopista.
Con los anteriores elementos, no resulta clara la información entre lo que la autoridad federal firma, lo que declara la autoridad estatal en los medios de comunicación, lo que vienen a explicar en esta soberanía; con lo que pasa a diario en esta carretera. Resulta conveniente se auditen los tres tramos carreteros para contar con una mayor revisión de las cuentas públicas que competen a este proyecto.
Es una realidad que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la anterior administración, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, no cumplió con los compromisos pactados y lejos estuvo de ser transparente en sus actuaciones.
Coincidimos con que en un Estado democrático de derecho, es necesario establecer los controles adecuados mediante el principio de responsabilidad, a efecto de garantizar el adecuado ejercicio de sus atribuciones, la transparencia en el manejo de los recursos públicos, y la rendición de cuentas de cara al conjunto de poderes públicos, y los que es más importante de cara a la sociedad.1
En este sentido, y con la atribución que la Carta Magna le otorga a la Auditoría Superior de la Federación sobre la facultad de revisión durante el ejercicio fiscal, es decir, auditar en tiempo real los actos realizados por los servidores públicos que manejan recursos públicos como lo establece en su artículo:
Artículo 79.
I. ...
También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales. En el caso de los estados y los municipios cuyos empréstitos cuenten con la garantía de la federación, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
Es necesario que se hagan públicas las razones por las cuales no se ha concluido dicha autopista, porque, en diversos momentos han cerrado el primer tramo que en teoría ya está terminado, es por ello que se instruye a la Auditoría Superior de la Federación a revisar el manejo de los recursos que al término de la anterior administración federal quedaron inconclusos para que no quede espacio para especulaciones.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a consideración de está soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La honorable Cámara de Diputados, instruye a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de su competencia, realice la auditoría correspondiente a la construcción del proyecto carretero Jala-Compostela-Puerto Vallarta en la anterior administración federal a cargo del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
Notas
1 Cárdenas Gracia, Jaime, Una Constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo orden constitucional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000.
Fuentes de consulta
Sin Autor. (2018). Diseño, construcción, operación, mantenimiento, conservación y explotación del tramo carretero Jala-Compostela-Las Varas en los estados de Jalisco y Nayarit. 26/10/2018, de Proyectos México Sitio web:
https ://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto inversion/334-carretera-jala-compostela-las-varas/
Sin Autor. (2018). Diseño, construcción, operación, mantenimiento, conservación y explotación del tramo carretero Las Varas-Puerto Vallarta en los estados de Jalisco y Nayarit. 26/10/2018, de Proyectos México Sitio web: https:/
/www.proyectosmexico.gob.mxlproyectoinversion/
693-diseno-construccion-operacion-y-mantenimiento-del-tramo-carretero-Ias-varas-puerto-vallarta/
Rubén Zermeño. (2017). “Alarma deuda del Fonadin”, Reporte Índigo Sitio web: https://www.reporteindigo.com/reporte/alarma-deuda-del-fonad in/
Palacio Legislativo, a 11 de diciembre de 2018.
Diputada Mirtha Iliana Villalvazo Amaya (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a incorporar en la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 las capacidades y experiencias de los gobiernos de los estados y los municipios, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que incorpore en la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, las capacidades y experiencias de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, a fin de concretar una estrategia efectiva e integral para identificar, contener y prevenir la comisión de ilícitos en el territorio nacional y garantizar la tranquilidad de los mexicanos y el respeto de los derechos humanos, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la denominada Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 contempla entre otros aspectos, erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar el combate a las drogas y lograr la construcción de una cultura de paz de mano de instituciones y la población.1
Pese a las buenas intenciones de esta estrategia, presenta diversas irregularidades, entre las que es posible destacar las siguientes:
A pesar de que Andrés Manuel López Obrador, en diversos momentos durante la pasada administración, solicitó el regreso de las fuerzas armadas a los cuarteles, ahora la estrategia de su gestión las contempla en trabajos de seguridad pública en las comunidades y municipios del país.2
En su momento, sostenía: “No continuar con la policía coercitiva, pues no se resuelve nada con el uso del Ejército, Marina, policías, cárceles, amenazas de mano dura, con leyes más severas, dado que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia”.3
Además, señaló que “Felipe Calderón, tomó una decisión apresurada e irresponsable... al enfrentar el fuego con el fuego, en lugar de atender las causas del problema que aquejan a la sociedad”.
Durante una visita a Coahuila como candidato presidencial, sostuvo que su propuesta “era ya no continuar con la estrategia que se inició con Calderón, por razones humanitarias y porque no había resultados. Es decir, regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles y retirarlos de la calle.4
Regresar a las fuerzas armadas a sus cuarteles representa una iniciativa que también propuso en el 2012, en ese tiempo se comprometió a regresar a sus cuarteles al Ejército en un periodo de seis meses.
A través de un video público dijo: “No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo; regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva Policía Federal sea la que se haga cargo de garantizar la seguridad”.
Bajo estas consideraciones, la actual estrategia de seguridad no sólo representa una contradicción de lo que sostuvo en mítines, actos proselitistas y plazas públicas con lo que está implementando, sino que además está sustentada en un pleno desconocimiento de las implicaciones y alcances de la seguridad pública y seguridad nacional.
Es importante destacar que las fuerzas armadas no sólo cuentan con un adiestramiento distinto a los cuerpos policiacos, sino que además, sus protocolos de actuación y las capacidades son muy diferentes.
Aunado a lo anterior, el Plan Nacional de Paz y Seguridad contempla la negociación de amnistía a delincuentes, el cambio de adiestramiento y formación de los cuerpos que integran la denominada Guardia Nacional.
La postura del Grupo Parlamentario del PRI es muy clara, la aplicación de la Ley debe hacerse sin ningún tipo de consideración o distingo, es decir, las personas que trascendieron el marco jurídico e institucional deben ser sancionadas conforme a derecho.
No puede haber amnistía a quien le quitó la vida a un ser humano, a quien violó sexualmente a otra persona o vulneró el patrimonio de una familia mexicana. Quien realizó una falta debe ser sancionada conforme a nuestro entramado jurídico.
No obstante, una de las posturas más preocupantes es la que dio a conocer en su conferencia matutina el pasado 07 de diciembre, ya que aseguró que la seguridad del país se atenderá con un mando único, en específico dijo que “ahora es responsabilidad directa del Presidente”.
Esta postura deja fuera de las tareas de seguridad las capacidades, experiencias y recursos humanos y de infraestructura del gobierno de las entidades federativas, lo cual representa un riesgo inminente para uno de los principios elementales de nuestra República como es el federalismo.
Asimismo, es contrario a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21 que a la letra señala, que “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas”.5
En el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos que las entidades federativas cuentan con experiencias exitosas y capacidades efectivas para la contención, identificación y prevención de la comisión de ilícitos. Dejarlas fuera de la estrategia nacional de seguridad no sólo es inconstitucional, sino que va en detrimento de los compromisos de los gobiernos locales con las familias mexicanas.
No tomar en consideración a los gobiernos locales en las tareas de seguridad constituye un grave error que debe ser subsanado a la brevedad, ya que no involucrarlos en dicha tarea fundamental representaría uno de los primeros actos con tintes autoritarios y centralistas de la actual administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
Bajo estas consideraciones, es de vital importancia este instrumento legislativo que tiene como finalidad visibilizar la relevancia de incorporar a los gobiernos de las entidades federativas en las tareas de seguridad, con el objeto de concretar una estrategia efectiva e integral que garantice la integridad y tranquilidad de los mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que incorpore en la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, las capacidades y experiencias de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, a fin de concretar una estrategia efectiva e integral para identificar, contener y prevenir la comisión de ilícitos en el territorio nacional y garantizar la tranquilidad de los mexicanos y el respeto de los derechos humanos.
Notas
1 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. (2018). Estrategia Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. 10 de diciembre de 2018, de gobierno de la república Sitio web:
https://www.gob.mx/sspc/es/articulos/estrategia-nacional -de-paz-y-seguridad-2018-2024?idiom=es
2 Presidencia de la República. (2018). Conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, del viernes 7 de diciembre de 2018. 10 de diciembre de 2018. Sitio web:
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/conferencia-de-pre nsa-del-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-andres-manuel-lopez- obrador-del-viernes-7-de-diciembre-de-2018
3 Jorge Almazán. (2016). AMLO pide que Ejército regrese a los cuarteles. 10 de diciembre de 2018, de Milenio Sitio web: http://www.milenio.com/politica/amlo-pide-que-ejercito-regrese-a-los-cu artele
4 Unimexicali. (2017). Regresaré al Ejército a los cuarteles: AMLO. 10 de diciembre de 2018, de P Sitio web: http://www.unimexicali.com/noticias/mexico/472518/regresare-al-ejercito -a-los-cuarteles-amlo.html
5 Congreso de la Unión. (Última reforma DOF 27-08-2018). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 10 de diciembre de 2018, de Diario Oficial de la Federación Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 11 de diciembre de 2018.
Diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (rúbrica)
Con punto de acuerdo, relativo a presuntos desvíos de recursos cometidos por el alcalde de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, a cargo de la diputada Margarita García García, del Grupo Parlamentario del PT
La que suscribe, diputada Margarita García García, integrante del Grupo Parlamentario del PT a la LXIV Legislatura, de conformidad con lo establecido por los artículos 62, numeral 3, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:
Consideraciones
A unos cuantos días de que el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, concluya el periodo para el cual fue electo, se han hecho públicos diversos actos presuntamente constitutivos de delitos y que implicarían presuntos desvíos de recursos, configurándose los delitos de peculado y ejercicio abusivo de funciones.
Los actos consisten en la adjudicación directa de obras a una empresa fantasma. Se trata de Crusant Constructora SA de CV, constituida el 7 de febrero de 2017 por José Ángel Cruz Ramírez y José Cruz ante la fe del licenciado Rodolfo Morales Moreno, notario público número 19 para el estado de Oaxaca, México y del Patrimonio Inmueble federal. En dicha acta destaca dentro de su cláusula tercera que no se señala domicilio de la empresa, únicamente se indica que el domicilio social será en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, sin perjuicio de poder establecer agencias, sucursales, oficinas o representaciones en cualesquiera otros lugares de la República Mexicana o del extranjero o, a su vez, pactar domicilios convencionales. Se ha señalado como domicilio de Crusant Constructora el ubicado en calle Primero de Mayo, número 802, Barrio del Progreso, San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Sin embargo, como se ha dado a conocer, la empresa no se encuentra asentada en dicho domicilio y nadie sabe en dónde se ubica, lo que fortalece la sospecha de que se trata de una empresa fantasma.
La información hecha pública muestra que a Crusant Constructora le fueron asignadas en forma directa diversas obras con recursos provenientes de participaciones federales, con sobreprecios por un monto de 8 millones 585 mil 126 pesos. Entre dichas obras se encuentran:
-Construcción de interconexión de red de drenaje sanitario en Prolongación Francisco I. Madero con Luis Echeverría, colonia Guadalupe Victoria y fraccionamiento Sauces, Agencia Santa Rosa Panzacola; con número de contrato DGOPM/FIII090/2018, por un monto de $203,039.10
-Construcción de red de drenaje sanitario en Camino Crespo, colonia Laureles, Agencia Pueblo Nuevo; con número de contrato DGOPM/FIII061/2018, por un monto de $426,294.13
-Construcción de red de drenaje sanitario en calles Morelos, Prolongación de Hidalgo e Iturbide, colonia Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo; con número de contrato DGOPM/FIII015/2018, por un monto de $1,084,618.59
-Rehabilitación de red de agua potable en la calle Abelardo Rodríguez, segunda etapa, Agencia Pueblo Nuevo; con número de contrato DGOPM/FIII062/2018, por un monto de $249,846.65
-Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Azabache y sus privadas, colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo; con número de contrato DGOPM/FIII018/2018, por un monto de $340,155.51
-Ampliación de red de drenaje sanitario en Privada Guadalupe Victoria, colonia Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo; con número de contrato DGOPM/FIII016/2018, por un monto de $183,172.71
Otro de los señalamientos en contra del presidente municipal Hernández Fraguas es en relación con doble facturación por la prestación de diversos servicios.
En este punto se dieron a conocer dos facturas con números de folio 1439 y 1440 respectivamente, expedidas por la Agencia Publicitaria Bacchus S.A. de C.V.:
-La primera de ellas por el servicio de toldo, iluminación, audio y montaje, para la realización del congreso de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables en el segundo patio del palacio municipal el 24 de agosto de 2018, por un monto de $82,940.
-La segunda factura por el servicio de toldo, iluminación, audio y montaje, para la realización del congreso del manejo del dolor y cuidados paliativos, también en el segundo patio del palacio municipal en la misma fecha.
Ambas facturas fueron expedidas por una agencia de publicidad para la prestación de servicios totalmente distintos al de su giro, por los mismos montos y para eventos supuestamente celebrados en el mismo lugar y en la misma fecha.
Por otro lado, se exhibieron también distintas facturas expedidas por agencias publicitarias, pero no por conceptos relacionados con ese giro, sino por servicios de alimentos, tal es el caso de las siguientes:
-Una de la Agencia Publicitaria Bacchus SA de CV, por el servicio de coctel de bienvenida para 250 personas, por un monto de $114,840; coctel supuestamente ofrecido a los participantes del convite de ciudades hermanas de Oaxaca.
-Factura expedida por Publicidad Kamel del Sureste S de RL, por el concepto de “coctel de 260 personas”, por un monto de $113,100, para el mismo del congreso de la Asociación Mexicana de Directores Responsables de Obra y Corresponsables.
-Factura expedida por Publicidad Kamel del Sureste S de RL, por el concepto de “servicio de coctel de 200 personas”, por un monto de $92,800, para el homenaje de una familiar de una periodista.
-También de Publicidad Kamel del Sureste S de RL, otra factura por el concepto de “servicio de antojitos mexicanos”, por un monto de $95,120 para verbena popular con motivo de las festividades del 15 de septiembre.
Cabe señalar que no sólo se trata de servicios de alimentación prestados por empresas con un giro distinto, como lo es el de la publicidad, sino que cualquier investigación de campo con empresas verdaderamente dedicadas al ramo, arroja que los costos de dichas facturas son excesivos.
Por los hechos antes descritos, se han presentado ya ante la Procuraduría General de la República denuncias penales en contra del presidente municipal de Oaxaca, José Antonio Hernández Fraguas.
El servicio público debe sustentarse siempre en la premisa del beneficio de las y los ciudadanos, no en el beneficio personal del servidor público y sus familiares o amigos.
Todo presunto acto de corrupción, todo presunto delio cometido por un servidor público debe ser investigado y sancionado de manera ejemplar.
Es inaceptable que en el estado de Oaxaca existan servidores públicos que se aprovechen del cargo para obtener lucros y beneficios para sus cómplices, a costa de la pobreza y la marginación de miles de oaxaqueñas y oaxaqueños que continúan en situación de pobreza extrema y marginación. Tales actos no deben quedar en la impunidad.
Es menester que, desde la Cámara de Diputados, exijamos una investigación seria, profesional y profunda por parte de la Fiscalía del estado y que el todavía presidente municipal de Oaxaca, José Antonio Hernández Fraguas, rinda cuentas ante la justicia por los pagos indebidos realizados en su administración y por el probable desvío de recursos que se han dado a conocer.
Por lo antes expuesto, someto a la consideración de este pleno el presente punto de acuerdo en los siguientes términos:
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de la República a llevar a cabo una investigación seria, profunda y expedita, así como a desahogar todas las diligencias y recabar toda la información necesaria dentro de la carpeta de investigación en contra del presidente municipal de Oaxaca, José Antonio Hernández Fraguas.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación y a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar irregularidades y presuntos desvíos de recursos, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita, cometidos en la administración del presidente municipal de Oaxaca, José Antonio Hernández Fraguas, relacionados con las adjudicaciones y pagos indebidos descritos en las consideraciones de la presente proposición.
Dado en el Salón de Sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 11 de diciembre de 2018.
Diputada Margarita García García (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para detener el ataque de las policías estatales de Michoacán a la comunidad de Ichan y a todas las de la Cañada de los Once Pueblos, en Chilchota, y permitirles así elegir democráticamente a las autoridades, a cargo de la diputada María Chávez Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena
La que suscribe, diputada María Chávez Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El derecho a la libre determinación contenido en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 1 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 8 del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, y artículos 3, 4, 5, 20 y 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales tienen una estructura de gobierno distinta a la estipulada en el artículo 115 de la Constitución federal y 114 y demás relativos de la Constitución local, es decir, algunos de esos ayuntamientos no están conformado por presidente municipal, síndicos y regidores.
Ello en atención al principio de pluralismo en los mecanismos para la determinación de la representatividad política, derivado del propio artículo 2o. de la Constitución federal, que se traduce en el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir a sus propias autoridades y regirse por sus propias formas de gobierno, lo que trae consigo el reconocimiento de diversas formas de participación, consulta y representación directa en el sistema democrático mexicano.
La implicación directa de este principio, por un lado, es superar el monopolio en la postulación de cargos y en el acceso de los ciudadanos a la representación popular únicamente por conducto de los partidos políticos a nivel de las entidades federativas, y, en otro aspecto, la idea de que sólo los funcionarios públicos representan y pueden formar la voluntad popular.
Así, los pueblos indígenas son los encargados del control de sus instituciones políticas, culturales y sociales, así como de su desarrollo económico, con lo cual se supera el tratamiento tutelar de dichos pueblos, como objeto de políticas que dictan terceros.
El gobierno del estado de Michoacán y la presidencia municipal de Chilchota, Michoacán, han realizado sistemáticos ataques a las comunidades de la Cañada de los Once Pueblos; obstruyendo la realización de elecciones libres de jefes de tenencia sin respetar los usos y costumbres de los pobladores, mediante un comunicado suscrito por Jesús Miguel Jerónimo y Eloy Magaña Molina, quienes son reconocidos como jefes de tenencia propietario y suplente, el cabildo comunal y asamblea de comuneros de la comunidad purépecha de Ichán, han manifestado que la propuesta del ayuntamiento es sin respetar sus usos y costumbres como comunidades indígenas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente
Punto de Acuerdo
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Michoacán y a la presidencia municipal de Chilchota, Michoacán, a detener el ataque de las policías estatales a la comunidad de Ichán y a todas las comunidades de la Cañada de los Once Pueblos en el municipio de Chilchota, Michoacán, y permita que elijan democráticamente a sus autoridades.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2018.
Diputada María Chávez Pérez (rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conapred a instaurar campañas informativas para crear conciencia ciudadana sobre la promoción de los derechos humanos y el acceso a todos los servicios públicos a las personas con discapacidad en los destinos turísticos durante la temporada vacacional decembrina, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a la consideración de la honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación instrumente campañas informativas para concientizar a la población sobre la promoción de los derechos humanos y el acceso a todos los servicios públicos a las personas en situación de discapacidad en los destinos turísticos durante la temporada vacacional decembrina, al tenor de las siguientes
Consideraciones
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), señala que la actividad turística en México aporta casi el doble de lo que en promedio contribuye a las economías de dicha organización.
El reporte “OCDE Tendencias del turismo y políticas 2018” señala que en nuestro país, el turismo provee 2.3 millones de empleos de tiempo completo, equivalentes a 5.9 por ciento del empleo y 79.9 por ciento de las exportaciones de servicios, más que el 22 por ciento que en promedio representa para los países de la OCDE1 .
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, en el tercer trimestre de 2018, la población ocupada en el sector turismo fue de 4 millones 145 mil empleos directos, lo que significó un máximo histórico de la serie desde 2006 y representó 8.6 por ciento del empleo total2 .
En dicho trimestre, el empleo turístico aumentó 2.0 por ciento con respecto a igual periodo de 2017, cifra menor a lo alcanzado por el empleo nacional que fue de 2.4 por ciento. Este aumento, significó 81 mil 488 empleos directos.
En este mismo sentido, la Organización Mundial del Turismo (OMT), señala que en el continente Americano, México se posiciona como el segundo país que más visitantes ha tenido del exterior durante los dos últimos años3 .
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las actividades que más contribuyen al crecimiento del producto interno bruto turístico de México son: el transporte de pasajeros, bienes y artesanías, así como el servicio en restaurantes, bares y centros nocturnos.
Sin duda, es previsible que en las próximas vacaciones decembrinas se incremente el número de turistas, preferentemente en los principales destinos de playa del país, por lo que las personas más vulneradas son las personas con discapacidad, la cual representa una grave problemática para su movilidad y atención a sus necesidades básicas.
De acuerdo con el Inegi, 6.6 por ciento de la población mexicana (más de 7.7 millones de personas) tiene algún tipo de discapacidad, entendida como alguna dificultad para caminar o moverse, ver y escuchar, hablar o comunicarse, poner atención o aprender, atender el cuidado personal o tener alguna limitación mental4 .
La discriminación hacia este sector poblacional, suele notarse más en entornos físicos como calles, comercios, edificios y transporte público sin condiciones de accesibilidad universal. También, es visible en su desarrollo y calidad de vida: en todos los entornos y ámbitos sociales hay barreras (principalmente culturales) que les impiden participar de forma plena y efectiva en la sociedad.
Las condiciones son peores cuando, además de su discapacidad, estas personas muestran alguna otra condición de vulnerabilidad, por mencionar algunos ejemplos: por su origen étnico, diversidad sexual o edad que, en conjunto, exacerba su invisibilidad, falta de participación y la constante violación a sus derechos.
Las desigualdades han sido enormes y cada día se extienden en diferentes ámbitos, comenzando desde el lenguaje hasta los servicios básicos, esto último impide que la persona cuente con una mayor y mejor accesibilidad.
Dicha problemática, lejos de contribuir al establecimiento de las condiciones necesarias para su pleno desarrollo, deriva en escenarios de marginación, exclusión y rechazo por cuestiones relacionadas a la forma en que hablan o caminan, e incluso, por su forma de expresarse, lo que deja de manifiesto conductas de intolerancia e inobservancia de los derechos humanos.
Además de lo anterior, uno de los principales obstáculos de las personas en situación de discapacidad, está relacionado con los servicios básicos.
Por lo anterior, en el artículo primero de nuestra ley fundamental, establece que “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
La Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación en el artículo 4o. apunta que “Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades y que corresponde al Estado mexicano promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas”.
Por ello, resulta, indispensable que se implementen campañas informativas para concientizar a la población en general sobre el acceso a todos los servicios públicos a las personas en situación de discapacidad en los centros turísticos a nivel nacional.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita respetuosamente a la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación instrumente campañas informativas para concientizar a la población sobre la promoción de los derechos humanos y el acceso a todos los servicios públicos a las personas en situación de discapacidad en los destinos turísticos durante la temporada vacacional decembrina.
Notas
1 http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/
8518011e.pdf?expires=1520890981&id=id&accname=guest&checksum=EDFA5E1E9DCA0565D5EA0A7126F76E7F
2 https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosI TET.aspx
3 http://mkt.unwto.org/es/barometer
4 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=133&id_opcion=46&op=46
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 11 de diciembre de 2018.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a formular una política pública de prevención y atención de las víctimas de desplazamiento forzado interno, a cargo de la diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, del Grupo Parlamentario de Morena
La suscrita, María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se permite presentar a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes
Consideraciones
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los desplazados internos son “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.1
A diferencia de otros fenómenos de movilidad humana, los desplazamientos forzados internos residen en la necesidad de huir obligados por la violencia, u otros peligros, con el fin de encontrar seguridad y medios de subsistencia. Los desplazados forzados internos, a menudo experimentan un trauma, no tienen activos y se encuentran en situación de vulnerabilidad, arribando a destinos donde no hay oportunidades de trabajo.
En México, este fenómeno ha sido una constante, ya que se tienen antecedentes que forman parte de nuestra historia, pues durante la Conquista, algunos nativos huyeron hacia zonas apartadas y de difícil acceso para preservar sus costumbres y su forma de vida, conservando así parte de nuestra historia como nación.
No obstante, al paso de los años, la situación se ha diversificado, no así el fondo y sus consecuencias. Las principales causas del desplazamiento forzado interno que se pueden identificar en el país, coinciden con la apreciación que realiza la ONU sobre este fenómeno de movilidad humana.
En 1994, en Chiapas se vivió uno de los momentos de mayor tristeza de la historia reciente, pues cientos de indígenas Tzotziles se levantaban en armas ante su inconformidad con las estrategias económicas que se tomaban en ese año, originando así, miles de personas en situación de desplazamiento forzado ante el inminente riesgo de un enfrentamiento con las fuerzas armadas, y posteriormente, con grupos paramilitares.
De acuerdo con datos del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, para ese momento se contaba con aproximadamente 20 mil personas desplazadas, mientras que en 2010 aún había 6 mil familias en esa situación.2
No se pueden dejar de lado los proyectos que suponen un desarrollo para las comunidades, que también son causa de desplazamientos, hostigamientos e incluso asesinatos, siendo en mayor parte originados por proyectos mineros.
Un ejemplo de ello ocurrió en Zacatecas el 13 de enero de 2017, cuando personal armado de la empresa minera canadiense Panamerican Silver amenazó y desplazó a 47 familias La Colorada, Chalchihuites. A las víctimas se obligó a mudarse a casas de lámina, mientras que las suyas quedaron destruidas, con el argumento de la posesión de títulos de propiedad.3
A esto se suma la petición del pasado 5 de diciembre por indígenas tzotziles y tzetzales, de Chiapas, para que se les brinde apoyo, a fin de retornar a sus hogares, luego de ser víctimas de desplazamientos en sus comunidades de origen.
Datos del informe Desplazamiento interno masivo en México, de la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, publicado en mayo de 2018, señalan que de 2006 a 2017 se contaron con 329 mil 917 eventos de desplazamiento forzado,4 equiparando la situación de México al contexto de naciones con conflictos bélicos como Palestina, o de violencia generalizada como Guatemala u Honduras.
En 2016 se reportaron 29 eventos de desplazamiento interno forzado, mientras que en 2017 fueron 20. Si bien, el número de eventos disminuyó, el problema ha permanecido a lo largo de los últimos años.
En el marco internacional, un informe analítico publicado por el Secretario General de las Naciones Unidas en 1992 encontró que no existe una “clara declaración” de los derechos de los desplazados internos en el derecho internacional y destacó la necesidad de crear un marco normativo de referencia. De este modo se desarrollaron los principios rectores, es decir, un conjunto de 30 principios que se basan en el respeto irrestricto de los derechos humanos, los cuales están inspirados por analogía en las normas del derecho relativo a los refugiados.
En la Cumbre Humanitaria Mundial se ofreció una nueva oportunidad para que los gobiernos se comprometieran a prevenir el desplazamiento interno y elaborar soluciones duraderas para las víctimas de estos sucesos, incluso mediante la adopción de herramientas normativas. El informe del secretario general de la ONU presentado para la cumbre Una humanidad: responsabilidad compartida, tomó como punto de partida los fuertes mensajes que surgieron de las consultas regionales anteriores y reafirmó el principio de rendición de cuentas como íntimamente ligado al cumplimiento de los estándares normativos internacionales por parte de todos los involucrados en una respuesta humanitaria.
Asimismo, identificó dos áreas de compromiso normativo: “Desarrollar legislaciones, políticas y capacidades nacionales para la protección de las personas desplazadas”, así como “adoptar y aplicar marcos jurídicos y políticas regionales y nacionales sobre los desplazamientos internos”.5
En el caso nacional, el desplazamiento está considerado en los artículos 5, 7, 8, 28, 45, 47 y 79 de la Ley General de Victimas, al igual que en dos leyes estatales, siendo Chiapas y Guerrero las únicas entidades con un marco normativo en la materia.
Para consolidar una política integral de migración, es primordial atender a la población que vive esta lastimosa y denigrante situación, afectando mayormente a nuestras comunidades indígenas, dotándolas del apoyo por parte del Estado, en un accionar que no exime cuestiones especiales de fondo, sino ordinarias como el respeto a los derechos humanos, a una vida digna y la salvaguarda de sus costumbres y formas de vida.
Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación a formular en uso de sus facultades una política pública de prevención y atención a la población víctima de desplazamiento forzado interno.
Notas
1 Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (2018). Desplazamiento interno forzado en México. Consultado el 2 de noviembre de 2018 en http://cmdpdh.org/temas/desplazamiento-interno/
2 Expansión (2010). “Los indígenas desplazados en Chiapas son un ‘conflicto olvidado’”. Consultado el 4 de diciembre de 2017 en
https://expansion.mx/nacional/2010/08/09/los-indigenas-d esplazados-en-chiapas-son-un-conflicto-olvidado
3 Animal Político (2018). Grupos criminales, caciques y empresas desplazan a miles de personas en México; la mitad son indígenas. Consultado el 5 de noviembre de 2018 en https://www.animalpolitico.com/2018/05/grupos-criminales-caciques-y-emp resas-desplazan-a-miles-de-personas-en-todo-el-pais-la-mitad-de-los-afe ctados-son-indigenas/
4 Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (2018). Episodios de desplazamiento interno forzado masivo en México. Informe 2017, página 8. Consultado el 5 de diciembre de 2018 en http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-informe-de-desplazamient o-interno-masivo-en-mexico-2017.pdf
5 Observatorio de Desplazamiento Interno, IDMC, ACNUR, Marcos normativos sobre desplazamiento interno , páginas 8-11. Consultado el 5 de diciembre de 2018 en http://www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance /Internal%20Displacement/gpc_reg_framework_idp.es.pdf
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2018.
Diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos (rúbrica)
Con punto de acuerdo, para exhortar a la SHCP y la CNBV a establecer acciones que garanticen a la población el acceso y uso de servicios y productos financieros formales, sobre todo en municipios con cobertura limitada, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI
Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que establezcan acciones que permitan a la población garantizar el acceso y el uso de servicios y productos financieros formales, sobre todo, en aquellos municipios del país donde la cobertura es limitada, al tenor de las siguientes
Consideraciones
Las instituciones bancarias han contribuido a desarrollar condiciones que favorezcan al desarrollo de los países, mediante la oferta a la población de diversos financieros que ayuden a su economía personal, que puede ir desde abrir una cuenta de ahorro hasta adquirir un crédito.
De acuerdo con el Banco Mundial, la inclusión financiera significa que las personas físicas y empresas tengan acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades, ya sean transacciones, pagos, ahorros, créditos y seguros, que deben ser prestados de manera responsable y sostenible.1
El acceso a servicios financieros facilita la vida cotidiana y ayuda a las familias y las empresas a planificar para todo, desde los objetivos a largo plazo hasta las emergencias imprevistas.
Existe una gran probabilidad de que las personas titulares de cuentas usen otros servicios financieros, como créditos y seguros, para iniciar y ampliar negocios, invertir en educación o salud, gestionar riesgos y sortear crisis financieras, todo lo cual puede mejorar su calidad general de vida.
Según el Banco Mundial, desde el año 2010, más de 55 países se han comprometido a implementar la inclusión financiera, y más de 30 de ellos han puesto en marcha o están preparando una estrategia nacional al respecto.
La tecnología financiera digital, y en particular el aumento del uso de teléfonos móviles a nivel global, han facilitado la ampliación del acceso de las pequeñas empresas y poblaciones difíciles de alcanzar a servicios financieros a un costo más bajo y con menos riesgo.
Sólo por mencionar unos ejemplos de los usos tecnológicos financieros, se encuentran los documentos de identidad digitales que hacen más accesible que una persona pueda abrir una cuenta; la digitalización de los pagos en efectivo ha permitido que más personas empiecen a usar cuentas de transacciones; los servicios financieros por telefonía móvil permiten que haya un acceso conveniente aún en las zonas remotas.
El mismo organismo indica que mientras las instituciones financieras tengan una mayor disponibilidad de datos sobre los clientes, esto permitirá que los proveedores puedan diseñar productos financieros digitales que se adapten mejor a las necesidades de las personas que no se encuentran bancarizadas.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la población de 18 a 70 años, 68 por ciento (54 millones de personas) tienen al menos un producto financiero, lo que representa 2 millones más con respecto a la encuesta realizada en 2015. Mientras que la proporción de personas que tienen contratada al menos una cuenta en un banco o institución financiera aumentó de 44 a 47, es decir, 3.7 millones de personas.2
Se estima que en localidades de 15 mil y más habitantes la proporción de hombres con cuenta bancaria es del 55 por ciento, mientras que el de las mujeres de 48 por ciento. En localidades con menos de 15 mil habitantes ocurre todo lo contrario, las mujeres con cuenta alcanzan 42 por ciento y los hombres 36 por ciento.
Respecto a la cuenta de nómina o pensión, la encuesta indica que es la más numerosa ya que 6 de cada 10 personas (22.5 millones) que tienen algún tipo de cuenta la contrataron para recibir su nómina o pensión.
La tarjeta de crédito departamental o de tienda de autoservicio es el producto de crédito formal que más personas tienen contratado, pues se indica que alrededor de 15.1 millones de adultos tienen una (61 por ciento de quienes tienen contratado un crédito formal). Asimismo, una de cada cuatro personas tiene contratado al menos un seguro. Y 67 por ciento de los adultos de 18 a 70 años que tienen al menos un seguro, cuentan con seguro de vida.
La cuenta de ahorro para el retiro o Afore es el producto financiero que más diferencia presenta entre las regiones, ya que la brecha entre las regiones Noroeste y Sur es de 29 puntos porcentuales.
En el último año, 31.5 millones de personas utilizaron un corresponsal bancario o establecimiento comercial para retirar dinero, depositar efectivo, pagar un crédito o servicios, entre otros servicios financieros.
A pesar del uso de nuevos canales financieros, como es el caso de la banca electrónica, 43 por ciento de las personas de 18 a 70 años utilizaron una sucursal para realizar alguna operación financiera el último año. También, alrededor de 35.5 millones de personas ocuparon un cajero automático y 22 por ciento de las personas con cuenta en un banco o institución financiera tienen contratado el servicio de banca por celular.
El uso de la banca móvil, tiene el potencial de hacer aún más expedito el contacto con el sistema financiero. Se estima que las personas con servicio de banca móvil aumentaron en 7 millones respecto al inicio de la pasada administración.3
No obstante, los importantes avances en materia financiera aún mantienen a la baja, ya que el uso de efectivo es la principal forma de pago cuando se realizan compras y pagos de servicios, si bien hay regiones que han disminuido su uso. En la Ciudad de México, la proporción de población de 18 a 70 años que emplea efectivo para realizar compras de 501 pesos o más, es de 78 por ciento. En contraste, el 91 por ciento de la región Sur sigue utilizando el efectivo.
Se calcula que sólo 2.4 por ciento del total de 2,458 municipios del país tiene un muy alto nivel de inclusión financiera, siendo la Ciudad de México la que concentra la mayor proporción con nueve localidades.4
Quintana Roo, Nuevo León y Baja California Sur, también se ubican entre los estados que reportan mayor inclusión financiera, en tanto que el Estado de México, Hidalgo, Zacatecas, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, son los que cuentan con la más baja inclusión.
La Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en su artículo 2, establece que la Comisión tendrá por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano que esta Ley señala, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público.5
Contar con una amplia cobertura financiera en el territorio nacional contribuye a mejorar las aptitudes financieras de todos los sectores de la población, por lo que es necesario que se sigan fortaleciendo los servicios financieros, en beneficio de la población y la economía en su conjunto.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que establezcan acciones que permitan a la población garantizar el acceso y el uso de servicios y productos financieros formales, sobre todo en aquellos municipios del país donde la cobertura es limitada.
Notas
1 https://www.bancomundial.org/es/topic/financialinclusion/overview
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/OtrTemE con/ENIF2018.pdf
3 https://www.gob.mx/cnbv/prensa/comunicado-conjunto-encuesta-nacional-de -inclusion-financiera-2018
4 https://www.buzzfeed.com/alliehayes/historias-de-terror-con-ouijas
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/46_090318.pdf
Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 11 días del mes de diciembre de 2018.
(Rúbrica)
Con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo federal a otorgar por la Segob los elementos necesarios para responder de manera eficaz a las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados e implantar programas que permitan su integración en el país, a cargo del diputado Ulises García Soto, del Grupo Parlamentario de Morena
El que suscribe, diputado Ulises García Soto , integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional de la LXIV Legislatura con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, ambos del Reglamento del Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a otorgar los elementos necesarios para responder de manera eficaz a las solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado y a implementar programas que permitan la integración de personas refugiadas en nuestro país , conforme a la siguiente:
Exposición de Motivos
En el Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Honduras, El Salvador y Guatemala, se sufren altos niveles de violencia provenientes de grupos delictivos organizados que incluyen delitos como homicidios, violencia sexual, desapariciones, reclutamiento forzado, etcétera. Esos índices de violencia afectan a muchas personas y principalmente a los grupos más vulnerables como niñas, niños, adolescentes, mujeres, comunidad LGBTTI, obligando a un número creciente de personas a huir y buscar protección internacional en países vecinos como Belice, México y Estados Unidos así como Costa Rica y Panamá.
El pasado mes de octubre se dio a conocer el ingreso a territorio mexicano de un grupo de más de 3 mil personas, en su mayoría provenientes de Honduras, con el objetivo de avanzar hacia Estados Unidos. Dicho grupo de personas entró por la frontera Guatemala - México, a través del río Suchiate, en donde se encontraron con elementos de la Policía Federal, quienes intentaron frenar el paso de las y los migrantes. Posteriormente, se registró el ingreso de otro grupo de personas de aproximadamente 800 personas que provenían de El Salvador, igualmente rumbo a Estados Unidos.
El 25 de noviembre, una parte del éxodo llegó al cruce entre San Diego y Tijuana, lo que provocó el cierre temporal del paso en ambas direcciones en el puerto de entrada de San Ysidro. Aunado a ello, oficiales de Aduanas y de las Patrulla Fronteriza, de Estados Unidos, se congregaron del lado estadounidense en una demostración de fuerza.
Consecuentemente, el Instituto Nacional de Migración inició el proceso de deportación a su país de origen, de al menos 98 migrantes integrantes del éxodo centroamericano argumentando que participaron en hechos violentos al intentar cruzar hacia Estados Unidos.
De acuerdo con la antigua administración de la Secretaría de Gobernación, hasta el 25 de noviembre, el éxodo migrante estaba conformado por 8 mil 247 personas, a quienes, durante el recorrido de la ruta que trazaron para llegar a Estados Unidos, el gobierno federal, diversos gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil ofrecieron apoyo, sin embargo, este no ha sido suficiente.
En su recorrido por México, organizaciones de la sociedad civil denunciaron la violación de derechos humanos contra las y los integrantes de la llamada “caravana migrante”, que enfrentaron situaciones que han puesto en riesgo su integridad y su vida. Se han reportado casos de discriminación, desapariciones, secuestros por parte de grupos delictivos, asaltos e incluso violaciones a derechos humanos por parte de agentes de la Policía Federal y migratorios.
Aunado a ello, es importante visibilizar la presencia de niñas, niños y adolescentes que, de acuerdo con cifras de la organización Save The Children , el 25 por ciento de las personas que viajan en el éxodo centroamericano son menores de edad, algunos de los cuales viajan sin compañía. En ese contexto, debemos poner especial atención a este y otros grupos que per se son aún más vulnerables dentro de los flujos migratorios.
Resulta importante y necesario atender de manera oportuna las solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado a aquellas personas que huyen de su país de origen por temores fundados y que requieren protección internacional garantizando así su derecho a solicitar y recibir asilo.
Por lo anterior, es necesario que exista una estrecha coordinación de los tres órdenes de gobierno tanto federal como locales de aquellas entidades que presentan mayor incidencia de flujos migratorios, para garantizar la protección y respeto de los derechos humanos de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México es parte.
Considerandos
I. Que el artículo 6, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión establece que la presentación de proposiciones ante la Cámara es un derecho de las y los diputados.
II. Que conforme al artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, se otorga a las y los diputados la facultad para presentar proposiciones con punto de acuerdo que representan la posición de la Cámara, en relación con algún asunto específico de interés nacional o sus relaciones con los otros poderes de la Federación, organismos públicos, entidades federativas y municipios.
Por lo anteriormente expuesto, someto el presente instrumento parlamentario a consideración de esta soberanía, con el siguiente resolutivo:
Punto de Acuerdo
Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Gobernación, a que estudie la viabilidad de otorgar los elementos necesarios para responder de manera adecuada y eficaz a las solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado que se presenten en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; así como para implementar y fortalecer programas que permitan la integración y el pleno reconocimiento del Estado mexicano de las personas centroamericanas que decidan quedarse en nuestro país y de esta manera garantizar sus derechos humanos y laborales permitiendo el acceso a todos los servicios de bienestar social que otorga el Estado.
Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 11 días de diciembre del año dos mil dieciocho.
Diputado Ulises García Soto (rúbrica)
Con motivo del 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, a cargo de la diputada Beatriz Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena
“Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”: Montesquieu
El próximo domingo 9 de diciembre se conmemora, como cada año, el Día Internacional contra la Corrupción. Corrupción emana del vocablo corruptio, formado por los siguientes elementos: el prefijo con-, o “junto”; el verbo rumpere, que puede traducirse como “hacer pedazos”; y finalmente el sufijo -tio, equivalente a “acción y efecto”.1
La Real Academia Española define la corrupción como la acción y efecto de corromper o corromperse; alteración o vicio de un libro o escrito; vicio o abuso introducido en las cosas no materiales. En las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.2
La corrupción se define en materia jurídica como el “indebido intercambio de favores entre quien desempeña un cargo y quien gestiona algún negocio relacionado con las funciones de aquél.3
No se trata de un problema propio o exclusivo de las instituciones gubernamentales y, naturalmente de quienes las conforman, sino que también envuelve algunas relaciones entre particulares que de forma independiente o conjunta con aquellas, amplifican en todos los sectores los efectos del fenómeno.
La corrupción es por todo ello, un problema muy serio en esfera pública y en la privada. Las ventajas que se generan entre corruptor y corrupto, tanto como las consecuencias que la corrupción puede provocar en lo económico y en su caso, en lo político, debilitan la confianza social en las instituciones públicas y privadas.
Para la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países. Por ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los “gastos iniciales” requeridos por la corrupción.4
Para enfrentar este grave problema, así como las distintas contrariedades que genera en el orden internacional, el 31 de octubre de 2003, la ONU diseñó la Convención Interamericana contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Ambos instrumentos suscritos y ratificados por México.
Ese día, la Asamblea General designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción para despertar conciencia contra esa mala práctica, sus consecuencias y difundir el valioso papel de la convención para combatirla y prevenirla a través de mensajes, campañas y acciones.
En todo el mundo, gobiernos, sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos están uniendo fuerzas para combatir este grave delito.
En su último informe, Transparencia Internacional reveló que México está situado en el lugar 53 de 176 en la escala de corrupción. Para dimensionar su crecimiento, en 2008 México estaba en el lugar 81, es decir que nuestro país cayó 28 sitios en la clasificación mundial de corrupción.5
Otro dato que presentó Transparencia Internacional acerca de México es que está clasificado en el número 125 desviando recursos públicos, y en el 124 en el tráfico de influencias o, dicho de otra manera, en el pago de favores, dentro de la evaluación que hizo el Foro Económico Mundial a 138 países.
Asimismo, indicó que México es el primer lugar en población que pagó un soborno para hacer un trámite de algún servicio público, de entre las 20 naciones de la región de América Latina y el Caribe.6
Los esfuerzos para atender este fenómeno derivaron en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que busca articular el trabajo de diversas instituciones para prevenir, investigar y castigar eficazmente la corrupción.
Sin embargo, sus primeros años de implementación no han tenido los resultados esperados ya que han puesto en tensión las inercias propias de las instituciones con funciones anticorrupción (en particular la Procuraduría General de la República y la Auditoría Superior de la Federación), han enfrentado obstáculos administrativo-presupuestales y han evidenciado límites del nuevo diseño institucional.
Por ello, la administración federal entrante que ha propuesto tipificar la corrupción como delito grave, deberá fortalecer los pesos y contrapesos de los órganos anticorrupción, rediseñar a las instituciones que la conforman, blindar su presupuesto e independencia, además de impulsar una Política de Integridad Nacional, para acabar con la impunidad y consolidar un verdadero Estado de derecho a favor de los mexicanos más desprotegidos y necesitados de este país.
Notas
1 Ética, fundamentos teóricos,
http://morenoangelica5.blogspot.com/2016/05/la-corrupcio n-como-problema-etico.html
2 Diccionario de la Real Academia Española,
http://www.rae.es/
3 Diccionario jurídico colombiano, tomo I, página 763. Autores: Luis F. Bohórquez y Jorge I. Bohórquez.
4 ONU. Día Internacional contra la Corrupción,
http://www.un.org/es/events/anticorruptionday/background .shtml
5 Milenio.com, Firmas, “La percepción de la corrupción en México”, 21 de agosto de 2017,
http://www.milenio.com/firmas/hector_raul_solis_gadea/
mexico-corrupcion-economia-pib-banco_mundial-inegi_18_1015878459.html
6 Ibídem.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2018.
Diputada Beatriz Robles Gutiérrez (rúbrica)
Con motivo del 10 de diciembre, 70 aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI
Efeméride con motivo del 70 aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a cargo de la diputada María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con el permiso de la Mesa Directiva; con el permiso de las diputadas y los diputados:
El mundo entero, vio por primera vez establecidos en un documento el ideal que habría de ser común para todos los pueblos en cuanto a la protección de los derechos fundamentales del hombre. Dicho manifiesto fue proclamado el día 10 de diciembre del año 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en París.
La protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, debe estar manifiesta en un régimen de derecho que garantice su total acceso. Por ello, los estados miembros se comprometieron a asegurar el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades que en la declaración se contienen.
La libertad, la paz en el mundo, la justicia, la seguridad y la vida, son derechos por las que los estados nacionales deben trabajar todos los días. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, no es solo un documento de ideales plasmados; es el manifiesto compromiso de cada estado para trabajar en el advenimiento de un mundo mejor.
Por todo esto, cada día 10 de diciembre celebramos el Día de los Derechos Humanos, a razón de la proclamación del documento histórico que manifiesta ampliamente los derechos inalienables del ser humano.
Es cuánto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 11 de diciembre de 2018.
Diputada María Sara Rocha Medina (rúbrica)
Con motivo del Día Internacional contra la Corrupción, a cargo del diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero, del Grupo Parlamentario del PES
Quien suscribe, Jorge Arturo Argüelles Victorero, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción XI, 62, numeral 2, y 76, numeral 1, fracción VI, del Reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a consideración de esta soberanía la siguiente efeméride, al tenor de lo siguiente:
De acuerdo con Transparencia Internacional, en 2017 en el ranking de corrupción de un total de188 países ordenados de menos a más corruptos, Nueva Zelanda (89 puntos), Dinamarca (88 puntos) y Finlandia (85 puntos) ocupan la cima del ranking. En contra parte Somalia (9 puntos), Sudán del Sur (12 puntos) y Siria (14 puntos).
En el 2017, México ocupó el sitio 135 con 29 puntos; en 2016, estuvo en 30 puntos, 2015 subió a 31 puntos, en 2014 alcanzó los 35, en 2013 bajó a 34, y en 2012 obtuvo los mismos 34 puntos.
A nivel local, Sonora (61.7 por ciento), Durango (46.7 por ciento), Chihuahua (40.7 por ciento) y Sinaloa (40.7 por ciento) son las entidades con la tasa de víctimas de actos de corrupción más alta por cada 100 mil habitantes del país.
El trámite con mayor porcentaje de experiencias de corrupción durante 2017 fue el contacto con autoridades de seguridad pública con 59.5 por ciento, seguido de los trámites relacionados con la propiedad con 30.7 por ciento.
La tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó algún acto de corrupción fue de 14,635 por cada 100,000 habitantes a nivel nacional.
La revista Forbes señaló que las 5 causas que fueron identificadas por los académicos Fernando Nieto, del Colegio de México, y Jesús Cantú, investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, son:
1) Debilidad institucional. Las reglas del juego en la administración pública no se cumplen pues son fáciles de romper.
2) Normas sociales. Existe un ambiente de corrupción normalizada, pues se entiende que está bien hacer ciertas transacciones políticas o sociales por medio de la corrupción.
3) Falta de contrapesos políticos. No hay una oposición ni congresos activos que vigilen a los poderes ejecutivos; en las instancias locales tampoco existen los checks and balances , pesos y contrapesos.
4) Ausencia de un sistema de rendición de cuentas. No hay estructura integral que abarque desde la documentación de los procesos de toma de decisiones hasta la revisión del ejercicio del dinero público.
5) Impunidad. La falta de órganos autónomos sancionatorios deja sin castigo los actos de corrupción.
En materia económica, las principales afectaciones son que socava la confianza en las instituciones y nulifica el desarrollo económico y social.
Datos de la Auditoría Superior de la Federación demuestran que una insignificante parte de los delitos de corrupción es castigada, es decir, un penoso 2 por ciento. Mientras que, de 1992 al 2012, es decir, 20 años, sólo se logró detener a dos exgobernadores, ahora se han detenido siete.
De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la OEA y el CEESP, el costo de la corrupción fluctúa entre el nueve y el 10 por ciento del PIB. En 2015, la corrupción en México, se estima alcanzó los 906 mil millones de pesos, esto es, una media del 5 por ciento del PIB de ese año. Otro dato, es que la corrupción le cuesta a cada mexicano, en promedio, 2 mil 273 pesos, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Otra afección a la economía de la corrupción se refleja en los ingresos generados por una actividad como la piratería que alcanza los 75 mil millones de dólares.
Entre las principales naciones de América Latina, se estima que en México hay un 75 por ciento de probabilidades de fraudes, superando a Brasil que tiene un 68 por ciento.
De acuerdo con la segunda edición del estudio “México: Anatomía de la Corrupción” del IMCO, la corrupción es el segundo de los temas que más preocupa a los mexicanos al concentrar el 51 por ciento de las preocupaciones de las personas, únicamente superado por la inseguridad y la delincuencia.
El informe de Transparencia Internacional, Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe , concluye que el 51 por ciento de los mexicanos encuestados respondió haber pagado un soborno para acceder a servicios públicos básicos en los últimos 12 meses.
El 18 de julio de 2016 se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En esta ley se crea el Sistema Nacional Anticorrupción que tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, se manifiesta:
1. Porque el Estado mexicano y la sociedad civil prosigan construyendo el Sistema Nacional, y que a la brevedad presente ante las comisiones respectivas un avance de la ejecución del Sistema.
2. Porque la Junta de Coordinación Política acuerde una agenda mínima de temas legislativos anticorrupción con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que se atiendan en el segundo periodo ordinario de sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.
3. Por la presencia de la Secretaría de la Función Pública en las comisiones ordinaria competentes para conocer de sus planes y programas para detener, prevenir y eliminar la corrupción.
Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica)
Con motivo del 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, a cargo del diputado José Luis Montalvo Luna, del Grupo Parlamentario del PT
“La corrupción no es obligatoria”
Robinson Jaffers (1887-1962)
La corrupción es un fenómeno negativo que se arraiga en las prácticas sociales, políticas y económicas que afecta a todos los países del mundo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que el concepto de corrupción es amplio al comprender conductas como soborno, fraude, apropiación indebida, u otras formas de desviación de recursos por parte de funcionarios públicos, así como nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información y privilegios para fines personales,1 siendo las formas más comunes en diversas naciones.
Es preciso mencionar que la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo económico y social en todas las sociedades.2 Lo anterior, se torna preocupante si tenemos en cuenta que en las últimas décadas se ha propagado en todo el mundo, perjudicando a prácticamente todos los sectores sociales. No obstante, diversos autores refieren que lacera aún más a las personas de escasos recursos y pertenecientes a grupos vulnerables.
La ONU estima que cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción.3 Asimismo, calcula que la pérdida de dinero por la corrupción en países en desarrollo es diez veces mayor que la dedicada en asistencia para el desarrollo.
La instauración de la fecha que conmemoramos, se remonta al 31 de octubre de 2003, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, reforzando el compromiso de erradicar las prácticas de corruptela en el mundo. A partir de ello, se designó el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, cuyo objetivo es promover campañas y mensajes que generen conciencia sobre las causas y consecuencias de este fenómeno, así como consolidar instituciones más sólidas, eficaces y transparentes.
Año con año el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) suman esfuerzos en la campaña para erradicar la corrupción en todo el mundo. Lo anterior tiene como propósito devolver la confianza de las personas a las instituciones y figuras públicas, para que éstas respondan de manera eficaz a las demandas ciudadanas.
El reto es mayúsculo al observar que la corrupción está impregnada en la vida cotidiana de las personas. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), publicado por Transparencia Internacional, México pasó de una calificación de 30 puntos a 29, esto en una escala que va de cero -la mayor corrupción- a cien -la mayor honestidad-. De esta manera, ocupamos la posición número 135 de 180 países evaluados,4 posicionando a nuestro país como uno de los más corruptos en América Latina y en la peor posición del G20.
En este tenor, es urgente erradicar esta práctica, siendo la participación ciudadana pieza fundamental para derrumbar el sistema corrupto que generó el régimen saliente. Desde el poder Legislativo, debemos impulsar las acciones necesarias para consolidar el combate, la prevención y la erradicación de la corrupción.
En mi carácter de integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, hago una invitación a la sociedad en conjunto a no formar parte de las prácticas de corrupción y ocuparnos de las nuevas generaciones para fomentar la legalidad y el respeto a las instituciones, fomentando la cultura de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas para nuestra nación.
Notas
1 Unodoc y Corrupción, Consultado el 5 de diciembre de 2018, Disponible en: https://www.unodc.org/lpo-brazil/es/corrupcao/
2 “Unidos contra la corrupción para el desarrollo de la paz y la seguridad” Consultado el 5 de diciembre de 2018, Disponible en: http://www.un.org/es/events/anticorruptionday/
3 Ibidem
4 Índice de Percepción de la Corrupción 2017 vía Transparencia Internacional, Consultado el: 5 de diciembre de 2018, Disponible en: https://imco.org.mx/temas/indice-percepcion-la-corrupcion-2017-via-tran sparencia-internacional/
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
Diputado José Luis Montalvo Luna (rúbrica)
Con motivo del 28 aniversario del Partido del Trabajo, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT
No estás solo. ¡El PT está de tu lado!
El 8 de diciembre de 1990, en el auditorio del Plan Sexenal de la Ciudad de México, se fundó el Partido del Trabajo con el objetivo de ser un instrumento político a favor de los trabajadores del campo y de la ciudad, profesionistas, amas de casa, jóvenes, así como pequeños y medianos empresarios, teniendo como principio la línea de masas.
Fundadores del partido, como Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, María Guadalupe Rodríguez, Pedro Vázquez González y Ricardo Cantú Garza, forjaron la ideología que le da vida a la organización política, la cual se rige por la reivindicación de una sociedad sin clases, así como por la filosofía basada en la honradez, la verdad, la solidaridad, la justicia, la libertad y la democracia.1
Movimientos sociales como el Frente Popular Tierra y Liberta” (FPTyL) de Monterrey, los Comités de Defensa Popular de Chihuahua (CDPCH) y Durango (CDPD), el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), así como personas procedentes del movimiento magisterial independiente, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup), Uniones de Colonos e Inquilinos Solicitantes de Vivienda (UCSISV) de Veracruz y del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), se fusionaron con el objetivo de servirle al pueblo de México y no de servirse del pueblo mexicano, teniendo distintas finalidades, entre las que se encuentran las siguientes:
-Lograr una nación humanista que entre sus actividades busque permanentemente el bien común.
-Una nación trabajadora que supere la explotación del hombre por el hombre y que erradique la pobreza y la pereza.
-Una patria libre y liberadora que nos haga forjadores de nuestro propio cambio.
-Un país democrático, sin demagogia, que propicie la participación ciudadana en los asuntos públicos que definen el rumbo del país.2
Para lograr el registro, el instituto político realizó asambleas en más de la mitad de las entidades federativas, obteniendo el mismo definitivamente el 13 de enero de 1993, lo que permitió que el Partido del Trabajo participara en las elecciones presidenciales realizadas en agosto de 1994.
En 1994 el Partido del Trabajo dio un gran salto en la esfera política de México, al convertirse en la cuarta fuerza política a nivel nacional, después de haber logrado 970 mil 121 votos para la presidencia; 896 mil 426 votos en la elección de diputados federales; y 977 mil 723 votos para el Senado. Con estas cifras, obtuvo nueve curules en la Cámara de Diputados, un escaño en la Cámara de Senadores y espacios al interior de congresos locales de las entidades federativas.4
En el Décimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo, celebrado el 24 de junio de 2017, reafirmó su declaración de principios, donde enarbola la participación del pueblo mexicano en una democracia participativa directa dándole “Todo el poder al pueblo”5 -lema principal del congreso celebrado.
Es importante señalar que el Partido del Trabajo ha sido el único instituto político que ha manifestado su apoyo permanente por la lucha del poder político a Andrés Manuel López Obrador, muestra de ello es que en 2006 formamos parte de la coalición Por el bien de Todos que postuló a Obrador como candidato a la Presidencia de la República.
El Partido del Trabajo forma parte del proyecto de nación legítimo del pueblo mexicano que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien ha manifestado en múltiples ocasiones su convicción de que se debe empoderar al pueblo para erradicar de raíz los problemas que por más de 70 años han lacerado a la sociedad mexicana. En consecuencia, desde el Partido del Trabajo, ahora más que nunca estamos convencidos de la lucha que empezamos hace 28 años, debe cumplir las expectativas que existen a su alrededor.
El principio ético y político motor del Partido del Trabajo radica en la idea de que sin las masas no se puede dar un desarrollo gradual en la sociedad mexicana, por ello los obreros, campesinos, mujeres, jóvenes, profesionistas, intelectuales, empleados, jornaleros, pequeños comerciantes, empresarios medios y pequeños, indígenas, estudiantes y demás sectores populares6 son los engranes de nuestro partido.
En el marco del 28 aniversario de nuestro instituto político, los integrantes del Partido del Trabajo refrendamos nuestro compromiso con las causas sociales más justas, sentidas y legítimas del pueblo de México. Nuestra afinidad con el proyecto de nación del licenciado Andrés Manuel López Obrador no es coyuntural, por el contrario, está sustentada en una compatibilidad de ideologías auténtica que coloca al bien común y desarrollo social como principales ejes de nuestros esfuerzos.
Unidad nacional ¡Todo el poder al pueblo! En esta cuarta transformación, construyamos un mejor país, ¡Hagámoslo juntos!
Notas
1 La Conformacion del Partido del Trabajo (PT) en México, Consultado el 10 de diciembre de 2018, Disponible en:
http://www.fcoc.org.mx/Documentos/FlashPapers/Historiade lPT.pdf
2 Ibidem
3 Cuna Pérez Enrique y González Madrid Miguel “México entre siglos, Contexto, balance y agenda”, UAM, México, 2014, Consultado el 10 de diciembre de 2018
4 Historia del Partido del Trabajo, Consultado el 10 de diciembre de 2018, Disponible en: http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/historia/
5 Partido del Trabajo, Consultado el 10 de diciembre de 2018, disponible en:http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/wp-content/uploads/2018/09/decl ara_principios_pt.pdf
6 Ibidem
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.
Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)