Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones
Efemérides

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de la Ciudad de México a impartir justicia expedita para el puntual esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades en el operativo instaurado el domingo 11 de noviembre de 2018 en San Juan Ixhuatepec, a cargo de la diputada María Eugenia Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputada María Eugenia Hernández Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, pone a consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, bajo las siguientes

Consideraciones

El pasado domingo 11 de noviembre del año en curso, un contingente policíaco de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México llevó a cabo de forma violenta y arbitraria, un operativo en la comunidad de San Juan Ixhuatepec, conocida también como San Juanico, municipio de Tlalnepantla, para realizar la detención de una persona acusada del robo a una gasolinera situada en la alcaldía de Gustavo A. Madero, casi en los linderos con el municipio y el poblado citados.

En razón a que el presunto delincuente logró huir hacia el territorio mexiquense, la corporación policíaca organizó su persecutoria con alrededor de 150 granaderos, logrando cercarlo y efectuar la detención.

Sin embargo, en su cometido actuaron con brutalidad y saña hacia los pobladores que fueron encontrando sin que éstos hubieran tenido algo que ver con el supuesto hecho delictivo; asimismo, realizaron detenciones ilegales y arbitrarias y destrozos tanto a vehículos como a puestos de comercios ambulantes y las puertas de varios inmuebles, sin razón alguna más que la impunidad y la ira desmedida, de todo lo cual existen y circulan evidencias, tanto en diversos medios de información como en las redes sociales.

De acuerdo a la información proporcionada por un clérigo de la comunidad, se estima que por lo menos 40 personas fueron agredidas por la fuerza pública, tanto con toletes, tubos, puñetazos y patadas, hasta con el uso de varias armas de fuego de parte de algunos granaderos.

Tales acciones generaron el rechazo colectivo de los pobladores, lo que condujo a que éstos se movilizaran y los enfrentaran, provocando el bloqueo de algunas vialidades importantes como la autopista México-Pachuca y la presencia de encapuchados que empezaron a vandalizar y a cometer latrocinios, lo que fue impedido por los propios habitantes de San Juan Ixhuatepec.

Ante tal estado de cosas, los pobladores han manifestado sus exigencias a través de un pliego petitorio de 11 puntos, donde requieren entre algunos puntos fundamentales, tanto la destitución del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, como la identificación de los responsables del operativo y las causas que lo justificaron. Asimismo, demandan el puntual esclarecimiento de los hechos y el necesario deslinde de responsabilidades, tanto del operativo como de los actos vandálicos que se detonaron en consecuencia, así como la impartición de justicia pronta y expedita para determinar también la reparación urgente y perentoria de los daños materiales, físicos y psicológicos a los agraviados y a los detenidos de manera injusta e ilegal.

De igual forma, para imposibilitar el que haya represalias hacia los afectados, se está exigiendo que se garantice el respeto a los derechos humanos de los habitantes de San Juanico mediante la intervención de las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos.

Por lo expuesto, me permito poner a la consideración de esta asamblea, la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno de la Ciudad de México y a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, a expedir justicia pronta y expedita para el puntual esclarecimiento de los hechos y el deslinde de responsabilidades con relación al operativo instrumentado por tal dependencia en el poblado de San Juan Ixhuatepec, el pasado domingo 11 de noviembre del año en curso, así como a determinar la reparación urgente y perentoria de los daños materiales, físicos y psicológicos a las personas agraviadas.

Notas

1 https://www.eluniversal.com.mx/col umna/hector-de-mauleon/nacion/en-san-juan-ixhuatepec-hubo-mano-negra

2 https://aristeguinoticias.com/1411/mexico/un-policia-disparo-directamen te-a-mi-esposa-y-mi-sobrino-testimonio-de-san-juan-ixhuatepec/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputada María Eugenia Hernández Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a llevar a cabo una reingeniería integral de procesos y del tabulador de sueldos, según el perfil profesional de todos los trabajadores, para cumplir el artículo 127 de la CPEUM y en materia de remuneraciones de los servidores públicos, a cargo del diputado Emmanuel Reyes Carmona, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado Emmanuel Reyes Carmona, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6 y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con base en las siguientes

Consideraciones

El desarrollo integral de las personas tiene que ver con la existencia de condiciones adecuadas en su día a día, como su vivienda, trabajo, vida cultural y ambiental. La base esencial para que el ser humano pueda desarrollar sus capacidades, tiene que ser con la aplicación de las normas; pues son los derechos que posibilitan a las personas y sus familias a gozar de un nivel de vida adecuado.

Por ello, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) son necesarios en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, pero a su vez constituyen uno de los grandes desafíos para los derechos humanos. Durante los últimos años el interés ha sido promover, garantizar y proteger esta gama de derechos, implementando estrategias y políticas necesarias para asegurarlos.

De acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, amplió su razonamiento y precisó que la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “implica el deber de organizar adecuadamente todo el aparato gubernamental y, en general, de todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos”.

Los cambios sociales y del sistema político mexicano en los últimos años han seguido un camino de consolidación democrática para el país, lo cual se ha reflejado en nuestra normatividad.

Por ello, no podemos dejar de lado el grave problema por el que actualmente atraviesan los profesionales de la salud, pues existe una profunda discrepancia en el tabulador que actualmente se maneja dentro de las Secretarías de Salud estatal y federal; y la remuneración que obtiene por sus funciones y grados académicos. En el en muchas ocasiones les asignan un salario inferior del que les corresponde de acuerdo a ley.

Como claro ejemplo, tenemos, al Frente Nacional de Químicos Profesionales de la Salud, cuyo único objetivo es tener certidumbre laboral y respeto a su profesionalización. Pues, estos profesionales de salud, son perfiles calificados, que cuentan con títulos de licenciatura, y cédula, y en muchos casos con nivel de posgrado; pero incongruentemente les asignan áreas laborales inferiores como técnicos y muchas veces hasta los ubica como auxiliares de laboratorio, para asignar salarios realmente dolosos e indignantes a los profesionales de la química.

Debido a esto, es necesario llevar a cabo una reingeniería integral de procesos y tabulador de sueldos, de acuerdo al perfil profesional de todos los trabajadores, para dar cumplimiento al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su ley reglamentaria en materia de remuneraciones de los servidores públicos. Con el firme propósito de mejorar la forma de organización del trabajo para garantizar el pleno desarrollo profesional.

Como legisladores es nuestro deber promover y garantizar, el irrestricto respeto a nuestra ley; de tal modo que esto permita visibilizarse en mejorar la profesionalización y condiciones de los trabajadores al servicio del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al titular de la Secretaría de Salud para que, en acuerdo con las representaciones sindicales, se lleve a cabo una reingeniería integral de procesos y al tabulador de sueldos, de acuerdo al perfil profesional de todos los trabajadores, para dar cumplimiento al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su Ley Reglamentaria en materia de remuneraciones de los servidores públicos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputado Emmanuel Reyes Carmona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a promover acciones a fin de prevenir la generación de residuos y asegurar su gestión integral adecuada; y a las 32 entidades federativas, a garantizar el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, suscrita por el diputado Arturo Escobar y Vega e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I; 65, numeral 4, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Son muchos los avances alcanzados en materia de regulación de residuos sólidos urbanos; actualmente contamos con una Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos cuyo objeto es garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente sano, propiciando el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial; además de prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación.

En dicha legislación, atendiendo a su carácter de Ley General, se señalan las competencias de los diferentes órdenes de gobierno, en donde el objetivo común es reducir los impactos negativos contra el ambiente provocados por una deficiente gestión integral de los residuos, así como para incentivar la participación de las industrias y sociedad en general, para llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de hacernos responsables de los residuos que generamos.

A pesar de contar con una legislación especializada en la materia, el problema no disminuye; para darnos una idea de la dimensión de la problemática sirven de sustento los datos del informe del Banco Mundial: What a Waste: A Global Review of Solid Waste Management , el cual señala que la producción de residuos ha ido en aumento, desde los 3.5 millones de toneladas diarias en 2010 a cerca de 6 millones proyectados para 2025.

Resaltando que a las diferentes ciudades del mundo se les sumarán unos mil 400 millones de personas en 2025, mismos que producirán aproximadamente 1.42 kilogramos de basura urbana al día, más del doble de los 0.64 kilogramos promedio producidos actualmente, lo que significa que en los próximos 10 años pasarán de generarse 680 millones a 2,200 millones de toneladas de residuos en las ciudades al año.

Respecto al estado actual, los países que más residuos generan son los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aportando el 44 por ciento de la generación total de residuos a nivel mundial; contrastando, Medio Oriente, África Subsahariana y Asia sur son las regiones que menos aportan a la generación de nuevos residuos con menos del 18 por ciento entre las tres regiones.

Nuestro país no experimenta una situación diferente, datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en su Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2015, señalan que se generan poco más de 53 millones de toneladas de residuos sólidos al año, lo que equivale aproximadamente a 175 veces el volumen de la pirámide del Sol de Teotihuacán o 231 veces el estadio de futbol más grande del país;1 lo que significa que una persona produce 1.2 kilogramos de dichos residuos al día.

Ante esta situación, sigue predominando el manejo básico de los residuos sólidos urbanos el cual consiste en recolectar y disponer dichos residuos en rellenos sanitarios, desaprovechando aquellos que son susceptibles a reincorporarse al sistema productivo, lo que disminuiría la demanda y explotación de nuevos recursos, a diferencia de países como Suiza, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Suecia, Austria y Dinamarca; donde la disposición final de éstos en rellenos sanitarios es de menos del 5 por ciento.2

Sin duda, una inadecuada gestión de los residuos trae consigo problemas ambientales, sociales, políticos, financieros y de salud incosteables e irreversibles. Por lo que hace a las afectaciones ambientales, actualmente se están utilizando espacios limpios como tiraderos a cielo abierto para lo cual ha sido necesaria la inversión de más de 10 millones de pesos para sanear alrededor de 1,603 de estos tiraderos; asimismo, ha quedado evidenciada la disminución de la biodiversidad debido a la degradación ambiental, utilizado aproximadamente 61 mil 253 millones de pesos para su restauración.

No menos importantes son los impactos en la salud humana, datos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señalan que al año se destinan alrededor de 26 mil 427 millones de pesos para la atención de pacientes con algún tipo de cáncer relacionado a la contaminación por residuos. Sin dejar de mencionar las 150 mil defunciones prematuras a nivel global por contaminación de ozono; así como diversas enfermedades como paros cardiacos, derrames, enfermedades del corazón, insuficiencia cardiaca, bronquitis crónica, asma y enfisema.

Lo anterior en sí representa un panorama grave y urgente de atender, sin embargo, no se puede omitir señalar las afectaciones financieras derivadas del manejo integral de los residuos sólidos urbanos, en donde uno de los sectores más afectados es la producción agrícola, sin dejar de mencionar la nula recaudación fiscal debido a la existencia de mercados informales de compra y venta de materiales, en donde se han dejado de recaudar más de 5 mil millones de pesos al año.

De todo lo anterior es que resulta de gran importancia promover la prevención, aprovechamiento, tratamiento y el manejo adecuado de los residuos sólidos, a través de la participación de los diferentes sectores de la población; incorporación de nuevas tecnologías y adecuación de la legislación aplicable.

Hoy contamos con dicha legislación, pero no ha sido ejecutada de manera eficiente, existen entidades en las que persisten los problemas en la prestación del servicio de recolección, provocando en muchos casos el surgimiento de tiraderos clandestinos lo que resulta en un foco de infección y propagación de fauna nociva.

Al respecto, datos de la Semarnat refieren que, de las 32 entidades federativas, sólo en 13 se realizan actividades para la recolección selectiva de residuos sólidos urbanos, actividad asociada a la separación de origen que tiene como objetivo facilitar el proceso de valoración; las restantes, siguen empleando la recolección mixta o mezclada, es decir, el 89 por ciento de los residuos son recolectados sin que hayan sido separados.

Son pocos los estados y municipios en donde los esquemas de separación de residuos resultan exitosos, por lo que una gran cantidad de éstos son enviados a los sitios de disposición final, aumentando los impactos ambientales asociados a esta actividad.

En lo que se refiere a la valorización y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos, México presenta un rezago en el tema, al contar únicamente con 17 plantas de selección ubicadas en 14 entidades federativas, las cuales recuperan aproximadamente el 1.31 por ciento del total de residuos sólidos urbanos generados, sumándole el 4.24 por ciento de los residuos recibidos en los centros de acopio y el 4.07 por ciento de la actividad informal; por lo que únicamente se recupera el 9.63 por ciento del 40 por ciento de los residuos que son susceptibles a aprovechamiento a través de reciclaje, según el más reciente Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos (2012).

Para el caso específico de México, el 79 por ciento de la generación total de los residuos sólidos urbanos es enviada a disposición final, mientras que la tendencia mundial es reducirla considerablemente y aprovecharlos al máximo, lo que representa una importante área de oportunidad.

Sin duda, el tema de manejo integral de los residuos sólidos urbanos representa un reto para cualquier administración, no obstante, no se trata sólo de diseñar un marco jurídico que, si bien es indispensable, lo cierto es que su ejecución es lo más importante.

En este sentido, se considera impostergable hacer un llamado para que se diseñen e implementen los planes y acciones que consideren pertinentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones asignadas a las autoridades federales, locales o municipales, encargados del correcto manejo y destino final de los residuos sólidos, lo que sin duda contribuirá al mejor cumplimiento de las metas de saneamiento y protección al ambiente.

Derivado de lo aquí expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a efecto de que promueva acciones para prevenir la generación de residuos y su gestión integral adecuada; así como la educación y capacitación continuas de personas, grupos u organizaciones de todos los sectores de la sociedad, con el objeto de modificar los hábitos negativos en la producción y consumo de bienes que impactan negativamente en el medio ambiente.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de las 32 entidades federativas a efecto de que incentiven el desarrollo, adopción y despliegue de tecnología y materiales que favorezcan la reducción, el reúso, y reciclaje de residuos.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos municipales de las 32 entidades federativas a efecto de que garantice el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en materia de control de los residuos sólidos urbanos.

Notas

1 Residuos Sólidos Urbanos: la otra cara de la basura. Semarnat. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/39412/RESIDUOS_SOLIDOS_U RBANOS-_ENCARTE.pdf

2 Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Semarnat. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/residuos-solidos-urban os-rsu

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputados: Arturo Escobar y Vega (rúbrica), Jesús Sergio Alcántara Núñez, Óscar Bautista Villegas, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, Marco Antonio Gómez Alcantar, Leticia Mariana Gómez Ordaz, Jorge Emilio González Martínez, Beatriz Manrique Guevara (rúbrica), Carlos Alberto Puente Salas, Rogelio Rayo Martínez y Jesús Carlos Vidal Peniche.


Proposiciones

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Ssa y los órganos a su cargo a fortalecer las estrategias que aseguren la disponibilidad y el financiamiento de métodos anticonceptivos sumamente efectivos, a cargo de la diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, Carmina Yadira Regalado Mardueño, diputada de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. La disponibilidad de métodos anticonceptivos y su adopción después del primer embarazo ha sido uno de los principales aciertos para lograr avances en materia poblacional en nuestro país, lo que ha contribuido a reducir la fecundidad global, de 3.4 niños por mujer en 1990 a una tasa del 2.2 en 2015. Además, las implementaciones del Programa de Salud Reproductiva y la Ley General de Población en los últimos cuarenta años han contribuido al resultado. Sin embargo, disminuir la tasa de mujeres que experimentan la maternidad a una edad temprana y de forma no planeada se mantiene como uno de los principales retos.

Figura 1 Porcentaje de mujeres que tuvieron su primer hijo durante la adolescencia y por grupo de edad

Gráfica construida con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (2014).

2. Datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 indican que la edad mediana al primer hijo (a) es de 20 años. Mientras que 17 por ciento de los nacimientos en América Latina se dan en mujeres menores a 20 años, en México 43 de cada 100 mujeres que son madres lo fueron durante la adolescencia. Cada año sucederán aproximadamente 220 mil embarazos en mujeres entre 15 y 19 años, de los cuales casi la mitad serán no esperados o no planeados, con base en datos de la ENADID 2014 y considerando que en nuestro país hay aproximadamente 5.5 millones de mujeres adolescentes.

El embarazo en edades tempranas es un elemento del ciclo de exclusión social y es considerado un problema social en nuestro país, ya que contribuye al deterioro de las condiciones de vida en las mujeres jóvenes y sus hijos, mientras favorece a la transmisión generacional de la pobreza y acentúa los procesos de desigualdad, además de disminuir las oportunidades de progreso personal, social y profesional de las madres.

• La mitad de las mujeres que tengan su primer hijo antes de los 20 años tendrán cuatro hijos o más durante su vida, mientras que únicamente una de cada diez de aquellas que lo tienen después de la adolescencia lo harán.

• La edad promedio de la primera unión de las madres adolescentes es a los 17 años, en contraste con los 24 años de edad promedio a la primera unión para las mujeres que tienen su primer hijo después de los 20 años.

• Únicamente 22 por ciento de las mujeres que tienen un hijo en la adolescencia alcanza la educación media superior, mientras la probabilidad de hacerlo se incrementa a 50 por ciento cuando el primer hijo llega en un punto posterior a los 19 años.

• La tasa de reinserción al mercado laboral después de tener un hijo en la adolescencia es de 46 por cada 100 mujeres. Por otro lado, para las mujeres que tuvieron su primer hijo después de los 19 años la tasa de reinserción laboral alcanza 55 por cada 100.

3. El bajo uso de anticonceptivos es una de las razones que explica las altas tasas de embarazo a edades tempranas. Según datos de la ENADID 2014, prácticamente todas las mujeres conocen por lo menos un método anticonceptivo, sin importar el grupo de edad al que pertenezcan. Sin embargo, tres de cada diez mujeres sexualmente activas no utiliza ningún método anticonceptivo.

Figura 2 Conocimiento de métodos anticonceptivos en mujeres sexualmente activas por grupo de edad

Gráfica construida con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (2014).

Las mujeres sexualmente activas sin hijos, especialmente las adolescentes y adultas jóvenes, así como las poblaciones vulnerables, reportan el menor uso de métodos anticonceptivos a pesar de un alto conocimiento de las opciones disponibles, lo que refleja una necesidad insatisfecha.

4. Dentro de las mujeres que no desean embarazarse, resalta la diferencia en uso de métodos anticonceptivos entre mujeres que ya tienen un hijo y las que no. Las preferencias de las mujeres sin hijos siguen un patrón peculiar. Datos de la ENADID indican que algunos métodos anticonceptivos son posicionados como preferentes sobre otros más eficaces dado a características como la autoadministración, la baja frecuencia, ser discretos y poco invasivos.

Figura 3 Patrón de adopción de métodos anticonceptivos por atributos y por grupo de mujeres

Gráfica construida con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (2014).

5. Analizando los patrones de preferencias según los atributos de los métodos que pudieran detonar la adopción de la usuaria, de la gráfica anterior destaca que las mujeres jóvenes y adolescentes que no tienen un hijo prefieren un método que sea discreto para terceros, autoadministrable y que no represente un cuerpo extraño, aunque esto signifique sacrificar eficacia o una frecuencia de administración que facilite la adherencia al método. Lo anterior es un patrón único para este grupo de mujeres. Lo anterior puede significar que, a pesar de un alto conocimiento de métodos anticonceptivos entre las mujeres sexualmente activas sin hijos, las características de las opciones actualmente disponibles no satisfacen sus necesidades o preferencias individuales. Datos de la ENADID reportan que una de cada cinco mujeres adolescentes y adultos jóvenes tiene una necesidad insatisfecha por los métodos actualmente disponibles, el doble de las que presentan las mujeres sexualmente activas de todas las edades, lo que habla de un patrón diferenciado de preferencias.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta Cámara de Diputados los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a las dependencias a su cargo, al fortalecimiento de las estrategias que aseguren la disponibilidad y financiamiento de métodos anticonceptivos altamente efectivos, principalmente aquellos de mínima invasividad y fácil adherencia para la usuaria, con el objetivo de intensificar la prevención del primer embarazo en mujeres adultas jóvenes y adolescentes.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las treinta dos entidades federativas a distinguir las estrategias para la prevención del embarazo por segmento de edad, con especial enfoque en las mujeres adolescentes y adultas jóvenes. Lo anterior, considerando que la edad promedio del primer embarazo es de 20 años y que el embarazo en edades tempranas es un elemento del ciclo de exclusión social y favorece a la transmisión generacional de la pobreza.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputada Carmina Regalado Mardueño (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para realizar en el país un levantamiento técnico sobre las condiciones de agua potable, drenaje y baños suficientes en las escuelas de educación básica, a cargo de la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Annia Sarahí Gómez Cárdenas, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Consideraciones

Primera. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, alertó sobre la gravedad que representa que el 26 por ciento de la población carezca del acceso a servicios básicos de la vivienda, como lo es el acceso al servicio del drenaje, pero hizo especial énfasis en que un total de 42.7 por ciento de las escuelas del país, no cuenten con el servicio de drenaje. Lo que significa que 4 de cada 10 escuelas, no están garantizando servicio de calidad a sus alumnos, violando el principio del interés superior de la niñez.

Segunda. De acuerdo al Informe Desigualdades en México 2018, los estados con las carencias más graves en sus centros educativos son Oaxaca, Guerrero y San Luis Potosí, donde solo un tercio o menos de los inmuebles tienen drenaje y recalca que disponer de un cuarto sanitario o letrina no implica necesariamente tener acceso a drenaje en los planteles.

“El servicio de drenaje constituye un piso mínimo de bienestar, pues permite un control adecuado de desechos y reduce riesgos a la salud. Además, la disponibilidad de instalaciones sanitarias apropiadas se ha relacionado con que las niñas permanezcan y aprovechen la escuela”, señala el informe.

Oaxaca, junto a Chiapas, Guerrero, Veracruz y Michoacán, tienen el mayor porcentaje de escuelas en condiciones precarias, pues no cuentan con agua, drenaje ni energía eléctrica, alertó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Todavía hay 23 mil 283 escuelas sin baños o sanitarios y 20 mil 111 sin luz eléctrica, es decir, el 11.21 por ciento y 9.68 por ciento del total de planteles en el país, respectivamente, en tanto que las entidades federativas con el mayor número de escuelas en condiciones precarias son, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Michoacán” destaca la CNDH

Tercera. El sexto objetivo de la Agenda 2030, garantiza que para el año 2030, poner fin a la defecación al aire libre, haciendo especial énfasis en niñas, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad. De igual forma garantiza la plena disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

Cuarta. El acceso a servicios de drenaje y el retrete es un requisito básico para la salud, la dignidad y la educación, su carencia, trae consecuencias negativas graves en la dignidad de la persona. Millones de niños en México estudian en escuelas que carecen de servicio de drenaje y de acceso a retretes, que son elementos que muchos damos por hecho que deben de existir. La educación es un derecho humano que no sólo implica el acceso a ella, sino condiciones de calidad en la infraestructura educativa para que se ejerza de forma plena.

Quinta. Según datos de la UNICEF, el saneamiento inadecuado y las condiciones de higiene no sólo afectan la salud, la seguridad y la calidad de vida de los niños, sino que causan anualmente la muerte de 1.5 millones de niñas y niños menores de cinco años, debido a las enfermedades diarréicas.1

Sexta. Después de realizar un análisis sobre el saneamiento adecuado en las escuelas de nuestro país, nos quedó claro que la educación y la salud van de la mano. Deficiencias en nutrición, infecciones y diarrea están relacionadas a la falta de acceso de drenaje en las escuelas, fomentado el ausentismo escolar. En resumen, la falta de sanitarios en escuelas puede ser viste desde un ciclo de la siguiente forma: trae consigo enfermedades en niños y niñas, con esto, el ausentismo, con esto, el bajo desempeño de los niños y niñas en sus clases, con esto el bajo autoestima, con esto el ausentismo permanente, y al final, más pobreza.

Séptima. Desde perspectiva de género, por la falta de los retretes en baños escolares, las niñas son particularmente más vulnerables al ausentismo escolar, sobre todo al llegar a la pubertad. No existen estudios del caso en México, pero en Etiopia, que cuenta con un porcentaje similar de falta de acceso al drenaje en escuelas, reportó que cerca del 50 por ciento de las niñas faltan entre 1 y 4 días al mes, debido a la menstruación.

Octava. Enfocar los derechos humanos al agua y al saneamiento en los planes y políticas públicas para enfrentar retos futuros, debe ser prioridad para cualquier nación. Es obligación de las autoridades promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, conforme al Artículo 4 constitucional que garantiza el derecho, la disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico.

Novena. De igual forma es importante citar que el Artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña, establece que ellos deberán gozar de una educación de calidad, y obliga al Estado a adoptar las medidas necesarias para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. Esto convierte a los sanitarios de las escuelas en un elemento primordial para que los niños puedan recibir educación de calidad, de igual forma, para que su salud esté protegida en la escuela.

Décima. La Ley General de Infraestructura Física Educativa, establece en el artículo 7 que “La infraestructura física educativa del país, deberá cumplir requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, pertinencia y oferta suficiente de agua potable para consumo humano. Así mismo, el artículo 11 mandata: “en la planeación de los programas y proyectos para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, y habilitación de la INFE, deberán cumplirse las disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y las leyes en la materia de las entidades federativas. Así mismo, se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar...”

Si bien, en estas disposiciones no se establece explícitamente el drenaje y los baños, están contemplados en el artículo 4, cuando se refiere a lo que se considera infraestructura educativa: “Por infraestructura física educativa, se entiende los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en el marco del Sistema Educativo Nacional, en términos de la Ley General de Educación, así como a los servicios e instalaciones necesarios para su correcta operación”

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a consideración ante esta Honorable Asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a los Ejecutivos estatales, a través de las autoridades educativas, a que realicen en el país un levantamiento técnico sobre las condiciones de agua potable, drenaje y baños suficientes en las escuelas a fin de generar condiciones salubres para las niñas y niños en las escuelas de educación básica.

Nota

1 https://webcache.googleusercontent.com/
search?q=cache:z2SLQghLBDAJ:https://www.unicef.org/spanish/media/
media_53234.html%3Fp%3Dprintme+&cd=8&hl=es-419&ct=clnk&gl=mx

Palacio Legislativo de San Lázaro a 22 de noviembre de 2018

Diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los turistas nacionales y los extranjeros que se desplazan por el territorio nacional durante las fiestas de fin de año 2018, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que garantice la seguridad, integridad y patrimonio de los turistas nacionales y extranjeros que se desplazan por el territorio nacional durante las fiestas decembrinas y de fin de año 2018, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Durante los últimos años, México se ha posicionado como una potencia turística a nivel global, con una oferta diversificada de servicios y destinos competitivos. En 2017, alcanzó el sexto lugar en la clasificación de llegada de turistas internacionales al superar a Turquía, Reino Unido y Alemania en el indicador de la Organización Mundial de Turismo (OMT).1

Alrededor de 10 millones de personas, tienen empleo gracias al turismo de forma directa o indirecta; además, el crecimiento es superior al de la economía, tan sólo el año pasado el turismo creció 3.4 por ciento mientras que la economía lo hizo en 2.3 por ciento.

Durante los meses de noviembre y diciembre miles de turistas nacionales y extranjeros arriban a diversas entidades federativas con motivo de las vacaciones de fin de año.

Desafortunadamente, durante esta temporada también se incrementan la incidencia delictiva, los accidentes de tránsito y las riñas.

En la euforia de muchos mexicanos, el festejo va aparejado del consumo de altas cantidades de alcohol, lo que trae graves riesgos de accidentes, riñas y hasta intoxicaciones alcohólicas. El riesgo más latente de sufrir algún accidente se presenta manejar en estado de ebriedad, exponiendo no sólo la vida propia, sino la de las demás personas.

Según cifras del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra), se estima que en nuestro país ocurren 24 mil muertes al año con motivo de accidentes de tránsito. Cifra muy similar a la registrada por Cruz Roja Mexicana, que reporta 55 muertes diarias.

De acuerdo a la OMT, México alcanzó el octavo lugar en la clasificación de llegada de turistas internacionales con 35 millones de turistas, lo que significó avanzar cinco posiciones en el ranking mundial desde 2012, año en el que se encontraba en la posición 13.

El sexto Informe de Gobierno presidencial 2017-2018 señala que el arribo de turistas internacionales a nuestro país creció de forma significativa durante los cinco años de la anterior administración, al registrar más 35 millones de turistas internacionales en 2016, lo que representó un incremento de 49.9 por ciento comparado con 2012.2

De enero de 2013 a diciembre de 2016 se recibieron 30.5 millones de turistas más que en el mismo periodo de la administración inmediata anterior, lo que significó un crecimiento de 33.8 por ciento.

El número de viajeros internacionales que arribaron a México vía aérea, registró un incremento de 10.7 por ciento respecto a 2015 y de 48.6 por ciento comparado con 2012.

Según las últimas cifras disponibles del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, 7.9 millones de turistas de ese país visitaron México entre enero-noviembre de 2016, lo que representó un crecimiento de 53.5 por ciento respecto a igual periodo de 2012.

Los ingresos de divisas obtenidos por la actividad turística tan sólo en 2016, tuvieron un aumento de 10.8 por ciento respecto a 2015 y de 54.2 por ciento comparado con 2012, al alcanzar un nuevo máximo histórico de 19.6 mil millones de dólares, lo que posiciona a nuestro país como el segundo país del continente americano con mayores ingresos percibidos por turismo internacional.

La Secretaría de Turismo señala que el ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales durante enero 2018 fue de mil 941 millones de dólares, lo que representó un incremento de 0.7% con respecto al mismo periodo de 2017.3

En el año pasado, la captación por ingresos de visitantes internacionales a nuestro país sumó 19 mil 571 millones de dólares, un nivel histórico equivalente a un incremento del 10.4 por ciento respecto al 2015.

En el primer mes del 2018 la balanza por concepto de viajeros internacionales registró un superávit de 916 millones de dólares, monto menor en 10.6 por ciento al observado durante el mismo mes de 2017.

El artículo 21 de nuestra Constitución Política, señala que “la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley”.4

Salvaguardar la seguridad es la responsabilidad primaria y esencial del Estado mexicano, que contribuye a garantizar la integridad física y el patrimonio de la población, siendo las bases fundamentales para el desarrollo económico.

En este sentido, resulta indispensable que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fortalezca las acciones en materia de seguridad pública, con el objeto de salvaguardar la integridad y el patrimonio de los turistas nacionales y extranjeros que se desplazan por el territorio nacional durante las fiestas decembrinas y de fin de año.

En el Grupo Parlamentario del PRI, seguiremos trabajando para fortalecer la actividad turística, a fin de impulsar el desarrollo regional en nuestro país.

Por lo anteriormente fundado y motivado, sometemos a la consideración del pleno de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que garantice la seguridad, integridad y patrimonio de los turistas nacionales y extranjeros que se desplazan por el territorio nacional durante las fiestas decembrinas y de fin de año 2018.

Notas

1 http://www.sectur.gob.mx/wp-content/uploads/2018/09/SEXTOinformeSECTUR_ B.pdf

2 http://www.presidencia.gob.mx/sextoinforme/

3 https://www.datatur.sectur.gob.mx/RAT/RAT-2018-01(ES).pdf

4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 4 de diciembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la viabilidad económica y social de la zona económica especial de Puebla, a cargo del diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, diputado federal Fernando Luis Manzanilla Prieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social a la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados de honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3: 79, numerales 1, fracción II, y 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Uno de los ejes de la creación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales fue impulsar de manera decidida el desarrollo económico en las diez entidades federativas con mayores índices de pobreza a través de la creación de polos de desarrollo que favorezcan la inversión privada en actividades de transformación de alto valor agregado, la generación de empleos directos y la integración de las regiones a una nueva dinámica. De acuerdo con el Coneval (2016), Puebla es la séptima1 entidad con mayor pobreza en el país. Del total de población del estado (6,168.883),2 el 50.4 por ciento se encontraba en pobreza moderada y el 9 por ciento en pobreza extrema, lo que se traduce en altos niveles de desigualdad económica.

La economía poblana está inmersa en las tendencias que se presentan a nivel nacional con bajas tasas de crecimiento, una estructura productiva heterogénea, donde coexisten sectores económicos con alta productividad enfocadas a mercados internacionales, como el automotriz, y otros, como las actividades agropecuarias, que operan con un bajo nivel de desarrollo atendiendo principalmente mercado locales. El problema se acentúa al contrastar las regiones prósperas del estado que tienen inversiones de empresas con alta productividad contra aquellas regiones empobrecidas y con poco dinamismo.3

Destaca la región Angelópolis,4 una zona de intenso tránsito comercial que concentra el 55 por ciento de las Unidades Económicas y 82 por ciento del PIB estatal, razón por la cual se beneficia de su situación estrategia confiriéndole un potencial económico alto. Dicha concentración de las actividades económicas genera fuertes desequilibrios y diversos tipos de desigualdades, acentuada en la región nororiental y sureste del estado. De los 217 municipios del estado, 135 registran un grado de marginación5 “Muy alto” o “Alto”.

Los escenarios de pobreza que muestra el estado son signos preocupantes que deben ser parte de las estrategias fundamentales que deben revertirse con políticas económicas expansivas. Es necesaria consolidar una política industrial que haga énfasis en el contenido nacional como prioridad de la transformación nacional y la absorción de tecnología como el mecanismo que genere manufactura de alto valor agregado, y esto integrarlo en comunidades capaces de absorber estos empleos, esta industria y que al final se detone el desarrollo regional para revertir la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores explicada básicamente por la caída real de los salarios y la presencia de altos niveles de informalidad y desempleo.

La administración federal saliente promovió un nuevo marco legal, aún insuficiente, que puede apoyar el desarrollo de los estados con mayor rezago del país, con particular énfasis en los estados del sur—sureste por lo que en el ámbito de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (artículos 6 y 9 así como en los artículos 42 a 49 de su Reglamento), la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales (CIZEE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se presentaron a consideración de la CIZEE los siguientes dictámenes de las zonas económicas especiales.

Por su parte el estado de Puebla firmó a través del gobernador, doctor José Antonio Gali Fallad, la Carta de Intención que presentó a la AFDZEE el 25 de octubre de 2017. La LIX Legislatura del honorable Congreso del Estado aprobó el 15 de noviembre de 2017 la Ley de Coordinación para el establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales del Estado Libre y Soberano de Puebla.

De acuerdo con información pública,6 se señala que los estudios prefactibilidad y el dictamen de la ZEE de Puebla se encuentran listos con base en los elementos técnicos, económicos y financieros que determinan su viabilidad. Por lo anterior, en términos de la Ley es posible dictaminar favorablemente la ZEE de Puebla ya que cumple con los siguientes requisitos:

I. Ubicarse en las entidades federativas que se encuentren entre las diez entidades con mayor incidencia de pobreza extrema. De acuerdo con la información oficial del Coneval, Puebla ocupa el séptimo sitio con mayor incidencia de pobreza extrema y los municipios que comprenden su área de influencia7 registran los siguientes indicadores: Nopalucan con el 60.2 por ciento de su población en pobreza moderada y 11.6 por ciento en pobreza extrema; San José Chiapa con 62.6 por ciento en pobreza moderada y 11.4 por ciento en pobreza extrema y Rafael Lara Grajales con 57.8 por ciento en pobreza moderada y 4.9 por ciento en pobreza extrema.

II. Establecerse en áreas geográficas que representen una ubicación estratégica. La ZEE y su área de influencia, cuenta con acceso a infraestructura con 96.13 kilómetros de vías carreteras destacando la cercanía con la Carretera Federal Mex 129 y la Mex 140, la adyacencia a las vías del ferrocarril del sureste y su cercanía a la planta armadora Audi. El estado de Puebla cuenta con el Aeropuerto Internacional de Puebla a 90 km de la ZEE y el Aeropuerto Nacional de Tehuacán a 122 kilómetros de la ZEE. El polígono de la ZEE está libre de restricciones ambientales o legales, no se encuentran dentro de áreas naturales protegidas, regiones terrestres o marinas prioritarias o áreas de importancia para conservación de las aves. Asimismo, la actual infraestructura de formación y capacitación tiene la base necesaria para dar soporte a los requerimientos derivados de la ZEE, destaca en el Área de Influencia el Complejo Regional Centro Campus San José Chiapa de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el plantel de la Universidad Tecnológica Bilingüe, Internacional y Sustentable de Puebla y el Centro de Especialización de Alto Nivel en el Sector Industrial.

III. Prever la instalación de sectores productivos de acuerdo con las ventajas comparativas y vocación productiva presente o potencial de la zona. El énfasis de los estudios de prefactibilidad identificó usos industriales que tendrán la facultad de aplicar a los beneficios de la ZEE en la inserción de los sectores automotriz eléctrico/electrónica y metalmecánica;

IV. Establecerse en uno o más municipios cuya población conjunta sea entre 50 mil y 500 mil habitantes. La población de los tres municipios del área de influencia suma 53 mil 699 habitantes.8

En este sentido, a la Cámara de Diputados le compete ser informada del estado que guardan los trabajos para la Declaratoria de la Zona Económica Especial de Puebla, ya que los registros de la Legislatura LXIII revelan que se sostuvieron reuniones de trabajo ante la Comisión Especial de Zonas Económicas Especiales los días 4 de noviembre de 2016 y 27 de abril de 2017, así como el 31 de octubre de 2017 una reunión con las comisiones unidas en la Cámara de Diputados y el 28 de noviembre de 2017 en la Cámara de Senadores, en las cuales se omitió del avance de Puebla.

No obstante, al mes de octubre de 2017 se contaba con todos los elementos. Sin embargo, esta Soberanía desconoce los motivos por los cuales, contando con todos los requisitos, casi un año después no se ha dictaminado favorablemente la viabilidad en la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales ni se ha sometido al Ejecutivo federal el decreto de declaratoria.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Por el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales, así como a los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales a que, en el ámbito de sus competencias, valore la posibilidad de convocar y dictaminar en la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales, la viabilidad económica y social de la zona económica especial ubicada en el estado de Puebla.

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Autoridad Federal para el Desarrollo de Zonas Económicas Especiales, así como a los integrantes de la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales a que, en el ámbito de sus competencias, valoren la posibilidad de convocar y dictaminar en la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales, la viabilidad económica y social de la Zona Económica Especial ubicada en el estado de Puebla.

Notas

1 Medición de la Pobreza 2016. Coneval.

2 Con información de la Encuesta Intercensal 2015. Inegi.

3 El estado de Puebla se divide en siete regiones: Sierra norte, Sierra Nororiental, Serdán y Valles centrales, Angelópolis, Valle de Atlixco y Matamoros, Mixteca y Tehuacán y Sierra Negra, con base en la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del estado de Puebla.

4 Cabe señalar que la región Angelópolis se integra por 39 municipios, incluyendo la capital del estado, a su vez se encuentra inmersa en la Zona Metropolitana de Puebla Tlaxcala que comprende 59 municipios de ambos estados, no obstante, la concentración de las actividades económicas se registra en la capital del estado. Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México 2015. Conapo.

5 Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2015. Conapo.

6 Aguirre, A.14/05/2018. ¿La quinta ZEE? en El Economista, Recuperado el 8 de octubre de 2018 en

https://www.eleconomista.com.mx/opinion/La-quinta-ZEE-20 180514-0140.html

7 Medición de la pobreza municipal 2015. Coneval.

8 Encuesta Intercensal 2015. Inegi.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a intensificar las acciones de asistencia y protección consular para los mexicanos en EUA, a cargo de la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, Ana Karina Rojo Pimentel, diputada del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, integrante de la LXIV legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, ambos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía el presente punto de acuerdo en razón de las siguientes

Consideraciones

Circunstancias económicas y sociales y culturales son las principales razones que llevan a nuestros paisanos a emigrar hacia nuestro vecino del norte, aspirando encontrar mejores oportunidades laborales, educativas, salariales; oportunidades muy limitadas dentro de nuestro país.

La responsabilidad por parte del gobierno mexicano, en lo que se refiere a la procuración y defensa de los derechos de nuestros con nacionales en el vecino país del norte, es primordial para evitar graves violaciones a estos derechos.

Derivado de los principios consagrados en los instrumentos fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, así como también los principios y normas establecidos en la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

Que México como nación ha establecido cincuenta consulados en este país, el número más alto de oficinas de esta naturaleza, para apoyar a nuestros connacionales con la necesidad de estos servicios de protección consular o trámites consulares, siempre en estricto apego a la ley local.

Según análisis del Centro de Investigación y Docencia Económica, (CIDE) respecto a los connacionales en el vecino país del norte, el número de mexicanos que habitan en los Estados Unidos de América (EUA) asciende a 11.6 millones de personas, más 24 millones de descendientes de mexicanos de segunda y subsecuentes generaciones, todos ellos con estatus migratorio legal.

En contraste con lo anterior “Hay unos 12.1 millones de inmigrantes indocumentados viviendo en EUA, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional en 2014. La mayoría de ellos vienen de México (6.6 millones). Ingresar ilegalmente al país es una de las razones para ser deportado de EUA1 . El gobierno de EUA afirma, en su página oficial de internet, lo que significa la deportación: “el proceso de remoción (expulsión) de EUA de un extranjero por no cumplir las leyes.

En referencia a la población con doble nacionalidad, es importante mencionar que esto genera un conflicto para la atención a las familias mexicanas con este estatus, ya que en el mismo hogar puede haber personas con doble nacionalidad, residencia legal permanente, ciudadanía estadounidense, un estatus temporal, en proceso de naturalización y en situación irregular.

Se calcula que 3.1 millones de las personas nacidas en México se han nacionalizado como ciudadanos estadounidenses y que hasta 1.5 millones adicionales, podrían solicitar y obtener la ciudadanía estadounidense en el corto plazo. Además, existen 4.7 millones de hijos de nacionales mexicanos que han nacido en EUA, que por lo tanto tienen derecho a contar con doble nacionalidad.2 Este análisis señala el nivel de fragilidad para acceder a los servicios públicos básicos y de carácter social, así como a una posible deportación, lo cual afecta directamente al núcleo familiar vulnerable.

Cerca de 300 mil mexicanos migran cada año hacia EUA, siendo labor principal del Estado mexicano salvaguardar y vigilar el respeto a los derechos humanos, en específico a las condiciones de su arresto, detención y deportación; más si, como se mencionó con anterioridad, no cuentan con un estatus regular al ser personas indocumentadas.

Las políticas migratorias establecidas por nuestro vecino del norte se han intensificado y endurecido hacia mexicanos con lazos familiares en EUA, un claro ejemplo es “la política tolerancia cero” contra los migrantes. El gobierno del presidente Donald Trump separó a niños, incluidos bebés, de sus familias migrantes una vez que estos ingresaron a territorio estadounidense”3

Las detenciones al interior del país han aumentado en 42 por ciento, ocasionando que cualquier persona en situación migratoria irregular está sujeta a ser arrestada y deportada con altas posibilidades de atentar contra su integridad y derechos humanos; aunadas al creciente aumento de población en los centros de detención, teniendo como resultado faltas gravísimas, como el respeto a la salud, médica y psicológica, el resguardo a las pertenencias de las y los detenidos, los actos discriminatorios, así como a las prácticas de violencia en la integridad de las personas detenidas y sobre todo el atentado jurídico al debido proceso.

Las prácticas más comunes de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) se han visto reflejadas en el incremento de acciones contrarias a los derechos humanos como confiscar documentos de identidad, cancelar visas y permisos de trabajo, negar la entrada a EUA por razones arbitrarias. Este tipo de operaciones no se encuentran sujetas a revisión administrativa o judicial, lo cual deja a las personas agraviadas sin recursos legales para defenderse ante ellas violentando gravemente su derecho al debido proceso.

Se advierten interrogatorios por parte de agentes migratorios a mexicanos en los diferentes aeropuertos de vuelos locales hacia el interior de EUA que han logrado detener a aquellos que han rebasado su estancia legal autorizado en su visa, teniendo como finalidad que los nacionales explícitamente expresan tener miedo de regresar. “Los motivos más comunes por las que los residentes no permanentes (personas con visa) son deportados o expulsados de EUA son: si han entrado a EUA sin inspección o sin documentos de entrada válidos o si entraron legalmente con una visa, pero luego han sobrepasado el tiempo de estancia que tenían autorizado.4

El último informe del titular del Ejecutivo federal saliente menciona su compromiso con la atención efectiva y oportuna a nuestros connacionales en el extranjero, el cual pretende velar por los derechos de los mexicanos, así como la promoción de su mejor inserción en las comunidades en que residen.

Del 1 de septiembre de 2017 al 30 de abril de 2018, el Programa de Asistencia Jurídica a mexicanos a través de asesorías legales externas en EUA reportó la atención de 2 mil 699 casos, y a la vez, describe una cifra de diciembre de 2012 al 30 de abril de 2018 de 22 mil 887 casos atendidos.

La cancillería describe veintiséis arreglos locales de repatriación firmados con EUA, lo que permitiría mejorar las condiciones para una repatriación que brinde un trato más humano, seguro y ordenado, que incluya atención individual a personas vulnerables a través de 11 puntos fronterizos y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Por lo que someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que, derivado del ámbito de sus funciones y atribuciones, intensifique las acciones de asistencia y protección consular de los mexicanos en los Estados Unidos de América, así como de fomento al respeto y cumplimiento a los acuerdos y tratados internacionales.

Notas

1 https://cnnespanol.enn.com/2018/11/20/
deportacion-de-ee-uu-por-que-razones-pueden-expulsar-a-unextranjero-de-estados-unidos/

2 https://migdep.colmex.mx/publicaciones/DPM-02.pdf

3 https://www.telesurtv.net/news/-trump-separa-familias-inmigrantes-ninos -20180620-0023.html

4 https://www.inmigracionusa.com/deportacion.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SEP y la SRE a implantar acciones que faciliten la incorporación de hijos de mexicanos en retorno al sistema educativo nacional, y el otorgamiento de la doble nacionalidad, a cargo de la diputada María Libier González Anaya, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, diputada federal María Libier González Anaya, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

México ha dejado de ser un país expulsor de migrantes, cada vez es más evidente observar a poblaciones que están en tránsito o en retorno. Dentro de la información que genera el tema migrante, es poco conocido el caso de menores nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos que se encuentran en México a causa del retorno o deportación de sus padres, estimaciones del gobierno de Estados Unidos de América (EUA) indicaban que, en 2015, residían en México 600 mil menores de origen estadounidense. Sin embargo, carecemos de datos exactos en 2018, pues el gobierno mexicano a través de la Encuesta Intercensal realizada por el Instituto de Estadística y Geografía en 2015 indicó que había 497 mil 400 mil menores binacionales nacidos en Estados Unidos.1

De acuerdo con datos obtenidos a través de un requerimiento de acceso a la información interpuesto por el Instituto de la Mujer Migrante y citado por Jacobo-Suárez (2017)2 se sabe que en 2010 la cifra de la Secretaría de Educación Pública sobre alumnos nacidos en Estados Unidos inscritos en educación básica fue de 227 mil 328. Tres años después, en 2013, el número de estudiantes incremento a 307 mil 125 y para 2014 había 422 mil.

Los datos más recientes, según la Encuesta Intercensal de 2015, las y los alumnos nacidos en EUA inscritos en escuelas mexicanas fueron de 473 mil 5823 .

Este estudio señala que los menores estadounidenses que viven en México, y que tuvieron alguna experiencia escolar en el país del norte, enfrentan obstáculos administrativos y burocráticos en el proceso de incorporarse al sistema educativo nacional. Lo cual es derivado de contar con documentación de identidad estadounidense y certificados escolares en inglés. Además, la experiencia educativa en México les es nueva y comúnmente se asocia a retos lingüísticos y pedagógicos.

La tramitación de los documentos que los infantes retornados requieren para su inscripción en los diversos centros escolares, se torna complicada cuando la autoridad educativa requiere documentos más allá de los necesarios para su inscripción, lo que se convierte también en una dificultad para el acceso a la educación de los niños y jóvenes migrantes en retorno.

Al respecto, cabe señalar que las “Normas específicas de control escolar relativas a la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización, y certificación de educación básica”, establecen en su numeral 3.3 que las autoridades educativas en los planteles escolares inscribirán a los educandos aun cuando no cuenten con la documentación requerida.

Por último, podemos señalar asimismo que las madres y padres de familia, en su gran mayoría, desconocen los requisitos para que sus hijas e hijos obtengan la nacionalidad mexicana; por lo que es pertinente contar con el personal público debidamente capacitado que oportuna y amablemente otorgue la información que les es solicitada.

Por lo expuesto presento ante esta asamblea, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a fin de que se flexibilicen los requisitos para la inscripción de niños y jóvenes mexicanos en retorno al país. Así como llevar a cabo foros y talleres con el magisterio nacional a fin de sensibilizarles sobre la inclusión de estudiantes binacionales y biculturales al sistema educativo nacional.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para agilizar y hacer gratuitos los trámites de certificación de nacionalidad mexicana, para niños y jóvenes nacidos en Estados Unidos de padres mexicanos, que se encuentran de retorno en México, implementando adicionalmente capacitación y sensibilización del personal que está a cargo, para orientar y atender oportunamente a padres o tutores de los menores que se lo soliciten.

Notas

1 Conapo, 2015 https://www.gob.mx/conapo/articulos/
30-de-abril-dia-de-la-ninez-algunos-datos-de-las-ninas-y-ninos-migrantes-internacionales?idiom=es

2 De regreso a “casa” y sin apostilla: estudiantes mexicoamericanos en México. Jacobo-Suárez, Revista Sinéctica . Página 48, México. (2017). Consultado en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2017000100003.

3 Cifras de Meade sobre americanos estudiando en México son imprecisas, En

https://www.huffingtonpost.com.mx/2018/05/22/
cifras-de-meade-sobre-estadounidenses-estudiando-en-mexico-son-imprecisas_a_23440752/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputada federal María Libier González Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a proseguir por el Senasica, en coordinación con las asociaciones ganaderas locales y regionales, las acciones encaminadas a declarar zonas libres de enfermedades y plagas los estados no pertenecientes aún a esa categoría, a cargo del diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado José Ricardo Gallardo Cardona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1 y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Para abastecer al mercado nacional e internacional de cárnicos sanos e inocuos, es indispensable procurar la salud animal mediante la implementación de diversas estrategias que ayuden a prevenir, controlar y erradicar plagas y enfermedades que pudieran representar un riesgo zoosanitario.

El Senasica, con la ayuda de productores, industria y autoridades estatales, opera las campañas contra la tuberculosis bovina, rabia paralítica, influenza aviar notificable, garrapata boophilus spp, y brucelosis en los animales, así como la vigilancia epidemiológica de éstas y otras enfermedades que afectan la competitividad del sector pecuario.

Estas acciones han permitido consolidar el estatus sanitario de regiones y estados del territorio nacional, así como el reconocimiento internacional de zonas libres de enfermedades de las aves como Newcastle y salmonelosis aviar; Aujeszky y fiebre porcina clásica, mientras mantiene en control a la influenza aviar de alta patogenicidad AH7N3 y en un elevado nivel de vigilancia a las granjas porcícolas mexicanas para prevenir el posible ingreso de la peste porcina africana.

Los productores nacionales exportan cárnicos a más de 60 países del mundo y esto se debe a que México es uno de los cinco países reconocidos por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en francés), como libres de las seis enfermedades de los rumiantes más devastadoras.

En nuestro país, el porcentaje de pequeños productores ganaderos asciende a 88.5 por ciento, es decir unidades de producción que tienen de 1 a 35 animales, concentrados en estados como Oaxaca, Chiapas y Veracruz; contra un porcentaje del 21.5 por ciento de grandes productores donde un reducido número de empresas han logrado fortalecerse, estas empresas monopolísticas son Conglomerado Sukarne, controla un inventario anual de 952 mil cabezas de ganado, Consorcio Dipcen con 80 mil cabezas , Grupo VIBA con 50 mil, grupo agroindustrial Arias con 46 mil, grupo Carranza con 35 mil, grupo Jusi con 33 mil, Carnes la Laguna 18 mil, seguidas de los grupos Prokarne de Saltillo, Carnes Alba y Grupo Forrajes y Engordas, quienes tienen 10 mil cabeza aproximadamente cada uno.

Derivado de lo anterior se ha observado que el alto costo de producción de la carne y el monopolio de Sukarne provocan que a los pequeños productores se les pague un bajo costo por el ganado a pie o a canal, ya que estos monopolios fijan los precios a los que será comprado el ganado, y afectan directamente la rentabilidad de los pequeños productores, al no tener utilidades debido al alto costo del alimento para engorda.

Por otro lado la diferencia que existe entre el precio de compra a pie o a canal varía, sin embargo el precio final de la carne ya procesada no varía, lo que significa que la empresa que procesa y comercializa la carne se queda con la mayor parte de las ganancias, en perjuicio de los consumidores y productores.

Podemos observar que los grandes monopolios afectan directamente la economía de los pequeños productores y este problema también se presenta en el tema sanitario, debido a que actualmente se tienen consideradas como zonas sucias los estados con un número importante de pequeños productores y donde los grandes productores no tienen sus industrias, por lo que los afectados directamente siguen siendo las pequeñas unidades de producción.

Actualmente los 32 estados de la república tienen avances muy grandes en materia zoosanitaria teniendo un total control de enfermedades y plagas como varroasis, garrapata y rabia paralítica bovina; y en una etapa de erradicación y escasa prevalencia de la brucelosis, tuberculosis bovina e influenza aviar.

Las asociaciones ganaderas locales como regionales han expresado su satisfacción al emprender, después de más de 15 años, una campaña para erradicar la brucelosis, que es un padecimiento que se presenta por el consumo de leche o quesos no pasteurizados, causa la llamada fiebre malta o fiebre ondulante, pero también manifiestan su preocupación por la limitación de insumos con los que están llevando a cabo esta campaña, pues se corre el riesgo de no finalizar la misma.

En este sentido existe la necesidad de continuar con las acciones necesarias que nos permitan avanzar en materia de sanidad animal dirigidos a declarar zonas libres todos los estados del país, dotando de los insumos suficientes a las asociaciones ganaderas para llevar a buen término las campañas sanitarias.

Para efectos de mejor comprensión de la situación zoosanitaria del país, adjunto la información que la Sagarpa y el Senasica hicieron público en noviembre del presente año al respecto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para que, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, continúe con las acciones necesarias encaminadas a declarar zonas libres de enfermedades y plagas a los estados que aún no pertenezcan a esa categoría, dotando de los insumos necesarios a las asociaciones locales y regionales para llevar a buen término las campañas zoosanitarias en el país.

Dado en la Cámara de Diputados, a los cuatro días de diciembre de 2018.

Diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la Segob a crear un centro metropolitano de evaluación de riesgos geológicos para monitorear, ponderar y emitir estudios pertinentes en materias geológica, tectónica y ambiental, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, en mi calidad de diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

El Sistema Nacional de Protección Civil nace a raíz de los sismos de septiembre de 1985, por la magnitud de los siniestros ocasionados principalmente en la capital del país, lo que sirvió para diseñar un esquema institucional que evitara poner en riesgo y vulnerabilidad al conjunto de la sociedad. El Sistema Nacional de Protección Civil sentó las bases para la atención de desastres e institucionalizó la protección civil dentro de los esquemas de actuación de la administración pública; en él se observan tres modelos que transitan de la atención a la prevención y a la transferencia de riesgos al adoptar distintos instrumentos como el Fondo de Desastres Naturales, el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales y los bonos catastróficos, cuyo propósito es lograr una gestión administrativa del riesgo.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley General de Protección Civil, el Sistema Nacional de Protección Civil es “un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí.”1

En este sentido, el presidente encabeza el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) como al Consejo Nacional de Protección Civil, el cual está integrado por los titulares de las secretarías de Estado, los gobiernos de los estados, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y la mesa directiva de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Senadores y Diputados.

Por lo que respecta a la Secretaría de Gobernación, su titular es el secretario ejecutivo del Consejo Nacional, en caso de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), depende de esta secretaría y sobre ella recae la coordinación ejecutiva el Sinaproc.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) es el órgano técnico científico de la CNPC que se encarga de crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de desastres y reducción de riesgos, mediante la investigación, monitoreo, capacitación y difusión de información.

En los otros órdenes de gobierno, en teoría, se cuenta con un sistema estatal y municipal de protección civil, de la misma composición que el nacional. Las unidades internas de protección civil constituyen el órgano operativo responsable de desarrollar, dirigir acciones de protección civil a la ciudadanía, así como la elaboración, actualización, operación y supervisión de los programas internos de protección civil en los inmuebles de las instituciones públicas o sociales.

Hasta 2017, la Ciudad de México ha registrado 12 sitios con deformación crítica, ubicados en colonias de las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco, Tláhuac, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Xochimilco, con agrietamientos y hundimientos acelerados de hasta 40 centímetros por año.2 Consideramos que es importante que se refuerce el trabajo del Cenapred con la habilitación de un nuevo Centro de Evaluación de Riesgos Geológicos Metropolitano, que apoye la gestión del riesgo en aquellas zonas en donde se han presentado mayor cantidad de fenómenos naturales, inundaciones, grietas.

Actualmente, en la alcaldía de Iztapalapa se encuentra un Centro de Evaluación de Riesgos Geológicos, sin embargo, este no tiene las facultades ni el presupuesto necesario para atender la zona metropolitana, dejando toda esta área susceptible de información pronta y expedita para mitigar los riesgos que se presentan en la zona como hundimientos diferenciados, grietas, inundaciones, entre otros.

En octubre de 2007, la UNAM, por medio de la investigación científica y del Centro de Geociencias, emitió una declaración en la que daba cuenta de que apoyaría el análisis y solución a problemas de agrietamiento y hundimiento que afectaban a la entonces delegación Iztapalapa,3 la colaboración incluía actividades de carácter científico y tecnológico, análisis de los mecanismos de fracturamiento del subsuelo y la creación de una base de datos estructurales para la toma de decisiones.

En febrero de 2009, el entonces delegado de la demarcación y la doctora Dora Carreón, anunciaron la inauguración del Centro de Monitoreo de Fracturamiento del Subsuelo, el primero en su tipo en América Latina,i con el objetivo de atender el fracturamiento en la zona, el monitoreo y análisis de las condiciones de deformación en materia física y geológica.

Para junio de 2009, el Centro de Monitoreo de Fracturamiento de Subsuelo, ubicado en Iztapalapa, contaba con un laboratorio de caracterización de suelo y una sala interactiva, una unidad de control y antenas que transmitían la onda electromagnética con diferentes frecuencias hacia el subsuelo; se trabajaba con un equipo de medición de propagación de ondas mecánicas, además de dos unidades móviles que cuentan con aparatos para realizar estudios sistemáticos de campo,ii que permite conocer a detalle la superficie de la demarcación y cuanto se desplaza el subsuelo por hundimientos y fracturas.

Los indiscutibles avances que tiene la alcaldía de Iztapalapa pueden ayudar a la conformación del Centro Metropolitano de Evaluación de Riesgos Geológicos, que necesita la región centro del país y que se propone deberá construirse y sujetarse a la austeridad que se sigue en el gobierno federal, de tal modo que sea solo un centro metropolitano, debidamente equipado, que de servicio y atención a cada alcaldía o municipio cercano a la región, quien deberá contar con las herramientas necesarias para realizar sus estudios de campo y tener la atención oportuna de sus zonas.

El nuevo centro metropolitano deberá tener características muy importantes, necesarias para coordinar las acciones de desarrollo urbano del conjunto de las alcaldías, tales como: ser parte orgánica del gobierno de la Ciudad de México, tener un presupuesto asignado y estar coordinado con el Sistema Nacional de Protección Civil y los Centros de estudio en la materia. Todo ello con la finalidad de orientar a las alcaldías en la preparación de técnicos especializados para levantar datos, interpretar estudios y sobre todo informar sobre las medidas necesarias e indispensable que respalden las acciones cotidianas de gobierno.

La Ciudad de México y la zona metropolitana concentran un número importante de población, tienen actividades económicas relevantes, pero registran hundimientos y grietas que ponen a la población en riesgo constante.

Hoy en día, no hay centros de monitoreo y evaluación de riesgos en materia de protección civil, los cuales permitan atender la problemática de la región.

Por lo que el Centro de Evaluación de Riesgos en la Ciudad de México sería un proyecto piloto para tomar acciones integrales de prevención en materia de protección civil, que posteriormente se podría replicar en Oaxaca, Guerrero, Morelos, Veracruz, Chiapas, Puebla y Colima, en donde se han registrado desastres naturales importantes.

En la necesaria revisión del Sistema Nacional de Protección Civil es importante considerar la existencia de nodos de información en estas zonas en donde, por su ubicación, necesitan monitoreo y emitir la información pertinente que incluso puedan integrar a los atlas de riesgos municipales, estatales y federales.

El no cumplimiento de la actualización permanente de los Atlas de Riesgo a niveles municipal, estatal y federal como lo establece el artículo 19, fracción XXII, de la Ley General de Protección Civil, es parte de la carencia de un Centro de Evaluación de Riesgos Geológicos que apoyen la actividad de las alcaldías o municipios, los cuales no cuentan con la orientación inmediata respecto de qué deben adquirir para hacer los estudios pertinentes, no cuentan con personal profesional en el tema o al menos, el personal capacitado para la interpretación de datos, por lo tanto no están en condiciones de hacer una correcta gestión de riesgos.

El artículo 10 de la misma Ley General de Protección Civil dice textualmente que la gestión de riesgos es:

“Artículo 10. La Gestión Integral de Riesgos considera, entre otras, las siguientes fases anticipadas a la ocurrencia de un agente perturbador:

I. Conocimiento del origen y naturaleza de los riesgos, además de los procesos de construcción social de los mismos;

II. Identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos, así como sus escenarios;

III. Análisis y evaluación de los posibles efectos;

IV. Revisión de controles para la mitigación del impacto;

V. Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos;

VI. Desarrollo de una mayor comprensión y concientización de los riesgos, y

VII. Fortalecimiento de la resiliencia de la sociedad.”

En este tenor, las autoridades operativas en zonas consideradas de riesgo, o incluso aquellas que no se saben que están en riesgo y se enteran cuando el fenómeno perturbador se presenta, es la incapacidad de actuar correctamente en lo que menciona la fracción V del artículo: considerar las “Acciones y mecanismos para la prevención y mitigación de riesgos”.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo para quedar como sigue:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de Gobernación a la creación de un Centro Metropolitano de Evaluación de Riesgos Geológicos, con la finalidad de monitorear, evaluar y emitir estudios pertinentes en materia geológica, tectónica y medio ambiental, que permita mitigar los riesgos en la zona centro de México.

Notas

1 Ley General de Protección Civil (2018)
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_190118.pdf

2 Boletín Centro de Geo ciencias de la UNAM
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_698.html

3 Gaceta UNAM.
http://www.geociencias.unam.mx/geociencias/desarrollo/gaceta_041007.pdf

i Gaceta UNAM,
http://www.geociencias.unam.mx/geociencias/desarrollo/gaceta_iztapalapa09.pdf

ii Gaceta UNAM
http://www.geociencias.unam.mx/geociencias/desarrollo/gaceta_080609.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para realizar gestiones a fin de que se elabore o actualice y publique un programa de manejo del área natural protegida con carácter de parque nacional Cumbres de Monterrey, a cargo de la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal, del Grupo Parlamentario del PAN

Isabel Margarita Guerra Villarreal, en mi carácter de diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente al a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal (Semarnat), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, de la Dirección General de Conservación para el Desarrollo de la Semarnat y de la Dirección del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, a que desde el ámbito de las facultades y atribuciones conferidos a las instituciones a su cargo por las normas jurídicas aplicables, realicen las gestiones necesarias a fin de que se elabore o actualice y publique un programa de manejo del área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de Cumbres de Monterrey (Parque Nacional Cumbres de Monterrey) al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

1. El Parque Nacional Cumbres de Monterrey es el área natural protegida más importante de Nuevo León en cuanto a extensión, con más de 177 mil hectáreas, el cual brinda servicios ambientales como la mitigación de inundaciones y la captación del 60 por ciento del agua que se utiliza en la zona metropolitana de Monterrey, desde el 24 de noviembre de 1939 el Presiente Lázaro Cárdenas por medio del entonces Departamento Foresta y de Caza y Pesca se declaró la existencia del parque, atendiendo como primera función “[...] evitar la erosión de sus terrenos en declive y para mantener el equilibrio climático de las poblaciones que como la ciudad de Monterrey, cuenta con un clima riguroso, con variaciones frecuentes, que es necesario atenuar para asegurar la buena salud de sus habitantes”1 por lo que “[...] es necesario que las montañas culminantes que rodean dicha población sean protegidas de manera eficaz en sus bosques, pastos y yerbales[...]”.2

2. El parque es considerado como una región prioritaria de conservación según la Conabio (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) es una zona AICA (Área de Importancia para la Conservación de Aves) y cuenta con un reconocimiento de la UNESCO como reserva MAB (Man and Biosphera), consecuencia de la declaratoria, se buscó adicionalmente la ejecución de trabajos de corrección torrencial y regularización, como resultado de las fuertes corrientes que fluyen, desde ese entonces, en el río Santa Catarina.

3. En el Parque Nacional Cumbres de Monterrey se encuentran zonas áridas, matorrales, bosques de pinos y encinos y diversas composiciones de flora a lo largo de los ríos y cañadas; además del “bosque de coníferas y latifoliadas, los chaparrales, el matorral desértico rosetófilo, el matorral submontano y el bosque de galería, reportándose a la fecha 1368 especies de flora y fauna, de las cuales 73 son consideradas en peligro de extinción”.3 Al menos eso era en el año 2000, también es importante señalar que representa grandes beneficios para la captura de carbono, lo que es relevante en una ciudad que presenta contaminación en el aire.

4. Asimismo cuenta con una amplia fauna silvestre, entre la que se encuentra “el coyote, el puma, el tejón, el mapache, el venado cola blanca, el tlacuache, el armadillo, el jabalí, la zorra gris, la liebre, la ardilla gris y roja, la cotorra serrana oriental, el carpintero arlequín, el pato arcoíris, el cardenal, el halcón pálido, el halcón peregrino y el jilguero americano”,4

5. En la publicación del 8 de marzo del 2000 del Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo federal puso a disposición de todos los interesados y público en general los estudios técnicos para la redelimitación del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que concluyendo con el decreto del 17 de noviembre del 2000, que declara área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de Cumbres de Monterrey, ubicada en los municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, con una superficie total de 177,395-95-45.98 hectáreas.5

6. Pasado el año 2000, si bien el área metropolitana de Monterrey ha crecido vertiginosamente, la propia mancha urbana ha estado integrándose cada vez más a lo largo de los diversos municipios que de acuerdo al Conapo hoy la integra, exponiendo a mayores riesgos el propio parque nacional. Lo que resalta la necesidad de protegerlo, como se ha intentado desde 1939.

7. Hoy la ficha técnica actual que publica el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC) es clara en precisar que existe un programa de manejo,6 sin embargo, éste no se ha publicado,7 los programas de manejo representan documentos necesarios para dirigir, integrar y priorizar los proyectos y acciones de conservación, además de dar las especificaciones de las actividades humanas a fin de dirigirlas hacia modelos sustentables.

8. Para efectos del Conapo (Consejo Nacional de Población) la Zona Metropolitana de Monterrey cuenta con 17 municipios,8 integrados, conectados y relacionados con una codependencia significativa entre sí. Lo que se traduce en un nuevo contexto metropolitano al que el Plan de Manejo debe responder.

Considerandos

I. Como diputada federal y más aún como secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, es fundamental defender la integridad de nuestros espacios vitales en el país, que garantizan el funcionamiento de las áreas naturales y que aporten salud a la población.

II. El Parque Nacional Cumbres de Monterrey es una zona de interés vital para el área o zona metropolitana de Monterrey, y en virtud del interés estratégico que la ciudad representa para la nación; el propio parque nacional es esencial para el equilibrio y funcionamiento del país.

III. El SIMEC (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación) ya ha manifestado que existe un Plan de Manejo, sin embargo, este debe de responder a la realidad y prospectivas de crecimiento urbano en la zona metropolitana.

IV. El plan de manejo del Parque Nacional Cumbres de Monterrey es el pilar fundamental para la adecuada planeación urbana, y en tanto, su expedición resulta necesaria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Que exhorta a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal (Semarnat), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, de la Dirección General de Conservación para el Desarrollo de la Semarnat y de la Dirección del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, a que desde el ámbito de las facultades y atribuciones conferidos a las instituciones a su cargo por las normas jurídicas aplicables, realicen las gestiones necesarias a fin de que se elabore o actualice y publique un programa de manejo del área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de Cumbres de Monterrey (Parque Nacional Cumbres de Monterrey).

Único: La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento exhorto a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal (Semarnat), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Semarnat, de la Dirección General de Conservación para el Desarrollo de la Semarnat y de la Dirección del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, a que desde el ámbito de las facultades y atribuciones conferidos a las instituciones a su cargo por las normas jurídicas aplicables, realicen las gestiones necesarias a fin de que se elabore o actualice y publique un programa de manejo del área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de Cumbres de Monterrey (Parque Nacional Cumbres de Monterrey).

Notas

1 (Departamento Forestal y de Caza y Pesca, 1939).

2 Ídem.

3 (Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 2000)

4 Ídem

5 Ídem

6 (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación, 2018)

7 (Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación, 2018)

8 (Consejo Nacional de Población, 2018)

Referencias

Departamento forestal y de caza y pesca. (1939, noviembre 24). Decreto que declara parque nacional “Cumbres de Monterrey”, los terrenos que rodean dicha población. Obtenido de:

http://www.dof.gob.mx/nota_to_imagen_fs.php?codnota=4495 669&fecha=24/11/1939&cod_diario=191064

Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. (2000, noviembre 17). Decreto por el que se declara área natural protegida, con el carácter de parque nacional, la región conocida con el nombre de Cumbres de Monterrey, ubicada en los municipios de Allende, García, Montemorelos, Monterrey, Rayones, Santa Catarina, Santiago y San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León. Obtenido de: https://simec.conanp.gob.mx/pdf_decretos/153_decreto.pdf

Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación. (2018, enero 12). Programa de Manejo No Publicado Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Obtenido de: https://simec.conanp.gob.mx/pdf_pcym/153_DOF.pdf Vínculo obtenido en la ficha técnica /

https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=153&=11

Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación para la Conservación. (2018, enero 12). Ficha Técnica Parque Nacional Cumbres de Monterrey. Obtenido de:

https://simec.conanp.gob.mx/ficha.php?anp=153&%3Creg %3E=11

Los datos referentes a población se obtuvieron de las siguientes fuentes: -Población total estimada: Inegi. Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad (ITER), 2010.

Consejo Nacional de Población. (2018, enero 26). Delimitación de las zonas metropolitanas de México 2015. Obtenido de: https://www.gob.mx/conapo/documentos/delimitacion-de-las-zonas-metropol itanas-de-mexico-2015. Incluye Capítulo VI. Anexo estadístico y cartográfico: 16.03 ZM de Zamora a 32.01 ZM de Zacatecas-Guadalupe

Palacio Legislativo, a 4 de diciembre de 2018.

Diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a implantar en el sistema penitenciario acciones dirigidas a que los hijos de las reclusas puedan realizar actividades recreativas externas que contribuyan a su bienestar y pleno desarrollo, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, para que implemente acciones en el sistema penitenciario con el objetivo de que los hijos de las mujeres reclusas puedan realizar actividades recreativas externas que contribuyan a su bienestar y pleno desarrollo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que para el futuro de las sociedades humanas es fundamental que los niños puedan alcanzar un crecimiento físico y un desarrollo psicológico óptimo. La buena nutrición y salud, los constantes cuidados afectuosos y el estímulo para aprender en los primeros años de vida ayudan a los niños a obtener mejores resultados escolares, estar más sanos y participar en la sociedad.1

Para lograr un desarrollo sano en la primera infancia es preciso que se elaboren las condiciones adecuadas para que el niño, desde el periodo prenatal hasta los ocho años, se desarrolle por igual en los aspectos físicos, socioafectivos y lingüístico-cognitivos.2

La OMS establece que para garantizar un desarrollo sano en la primera infancia se requiere la acción conjunta no sólo de los organismos internacionales, nacionales y locales, sino también, de las familias a nivel mundial.

En este entendido, uno de los sectores que no disfrutan plenamente de su libertad y las condiciones adecuadas de desarrollo, son aquellos niños que habitan junto a sus madres en los centros penitenciarios, ya que no pueden salir libremente de las instalaciones hasta que cumplan cierta edad.

En México, según el Informe especial sobre el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de la República Mexicana, en el año 2013 la población penitenciaria ascendía a 249 mil 912 personas y únicamente 5.08 por ciento (12 mil 960) correspondía a mujeres, de las cuales 9 mil 529 era población penitenciaria del fuero común (5 mil 19 en proceso y 4 mil 510 sentenciadas) y 3 mil 161 del fuero federal (mil 866 en proceso y mil 295 sentenciadas).3

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015, en 2014 había 549 menores de 6 años viviendo con su madre en los centros penitenciarios en el país.

Se estima que alrededor de 247 niños tenían menos de un año, 126 un año, 94 niños tenían la edad de 2 años, 53 tenían 3 años, 16 cuatros años y 13 niños tenían cinco años.

Se puede destacar que el grupo de niños menores de un año representa 44.9 por ciento del total de los menores viviendo en centros penitenciarios con sus madres y el resto se reparte entre los grupos de edades más avanzadas, en gran medida, esta situación se encuentra ligada con la legislación aplicable ya que los menores pueden estar con su madre hasta los tres años.

Los estados con mayor cantidad de menores de 6 años viviendo con sus madres en prisión son: Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, estado de México y Chiapas.

De acuerdo con el Informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre mujeres internas de 2015, en diez centros de los estados de Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, no se permite la estancia de menores de edad con sus madres internas.

De igual manera, establece que en diez centros de los estados de Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas, no se permite la estancia de menores de edad con sus madres internas, lo que representa una violación al derecho de los menores de estar y convivir con sus madres, así como el interés superior de la infancia.

Según diferentes medios periodísticos, de los niños que nacieron en prisión y que ya tienen más de diez años, en su gran mayoría no conocen lo que es subirse a un auto, nunca han viajado en un camión, no conocen un árbol, las sensaciones del mar ni se la imaginan, jamás han ido a un cine, no conocen el concepto de un museo y jamás han puesto un pie fuera de los centros penitenciarios.4

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4 se establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. De igual manera, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.5

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes plantea en su artículo 2 que para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos en la ley, como el de garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos el diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno.

Asimismo, indica que el interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector.6

El libre esparcimiento de las niñas y niños es fundamental para el desarrollo de sus capacidades motrices, intelectuales y de sana diversión, por lo que resulta importante que se desarrollen acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los infantes que nacieron y viven en los diversos centros penitenciarios del país, con lo que se estaría salvaguardando el interés superior de la niñez.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, para que implemente acciones en el sistema penitenciario con el objetivo de que los hijos de las mujeres reclusas puedan realizar actividades recreativas externas que contribuyan a su bienestar y pleno desarrollo.

Notas

1 https://www.who.int/topics/child_development/es/

2 https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/development/ 10facts/es/

3 http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3665/
Cuaderno%20de%20investigaci%C3%B3n%2034.pdf?sequence=1&isAllowed=y

4 http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/eduardo-torreblanca-jacques/en-p rision-800-ninos-inocentes

5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_270818.pdf

6 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_200618.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, para coordinar y promover directrices regulatorias dirigidas a facilitar la movilidad universal de los mexicanos, a cargo de la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Adriana Paulina Teissier Zavala, diputada del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I; 62, numeral 3, y artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo; al tenor de las siguientes

Consideraciones

En un estado de derecho pleno, las formulaciones establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos serían suficientes para protegernos a todos. Sin embargo, esto dista de ser una realidad para ciertos grupos como las mujeres, los niños o los migrantes, por citar sólo algunos; ante lo cual, las convenciones internacionales se han instituido como los instrumentos mejor articulados para proteger y promover los derechos humanos de los grupos con mayor vulnerabilidad.

Entre éstos se encuentran las personas con discapacidad que constituyen poco más de 13 por ciento de la población mundial1 , mil millones de personas alrededor del mundo2 , que carecen de idénticas oportunidades que tiene la población en general, las cuales se enfrentan a un cúmulo de obstáculos físicos y sociales que les impiden ejercer sus derechos humanos como el de la educación; el trabajo; el acceso a la información; a la salud; o a la movilidad universal, considerando su libre circulación, desplazamiento y tránsito en sus comunidades ; en suma, impedimentos que les dificultan integrarse adecuadamente en la sociedad y ser aceptados por sus potencialidades, más que por sus limitantes.

Reconociendo esta realidad y la necesidad de su transformación, la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad3 (en lo sucesivo la Convención) y su Protocolo Facultativo, señala un cambio paradigmático de las actitudes y enfoques respecto de las personas con discapacidad, con una dimensión explícita de desarrollo social.

“En ella (la Convención) se adopta una amplia clasificación de las personas con discapacidad y se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Se aclara y precisa cómo se aplican a las personas con discapacidad todas las categorías de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus derechos y las esferas en las que se han vulnerado esos derechos y en las que debe reforzarse la protección de los derechos.”4

Al respecto, la concepción más progresiva de la discapacidad se encuentra en el documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), denominado International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)5 , en el cual se reconoce que todos los seres humanos podrían experimentar un deterioro en su salud y, por lo tanto, enfrentar alguna discapacidad , de tal manera que una discapacidad no es una situación que sólo le sucede a una minoría de la población mundial; al contrario, la OMS reconoce que la discapacidad es una experiencia humana universal . Esto crea una base y marco común que permite comparar todas las condiciones utilizando una métrica común: el impacto en el funcionamiento del individuo.

Además, el ICF va más allá de la idea de una conceptualización puramente médica o biológica de la disfunción, teniendo en cuenta los otros aspectos críticos de la discapacidad. Esto permite que el impacto del medio ambiente y otros factores contextuales en el funcionamiento de un individuo o una población sean considerados, analizados y registrados.6

Así, la identificación de una persona con discapacidad se centra en el reconocimiento de las limitaciones para llevar a cabo una o varias funciones corporales; por tanto, el enfoque para identificar las discapacidades se aleja de las causas de éstas y se centra en su impacto, de tal suerte que la definición de las discapacidades de una persona se basa en lo que puede o no puede hacer, cualquiera que sea la razón de ello.

Las dificultades que enfrenta una persona con discapacidad desaparecen cuando se eliminan las barreras que ella encuentra en el entorno social donde desarrolla su vida cotidiana , de tal manera que los lugares , los servicios , la infraestructura , los utensilios y la información sean accesibles para ella, de la misma manera que para el resto de la población.

No obstante, para llegar a ello, es necesario que las normas y regulaciones que protegen y promueven sus derechos humanos sean las pertinentes para que las políticas públicas, estrategias y acciones que de ahí se deriven sean tan propicias, como adecuadas para asegurar su plena inclusión y participación en la sociedad, ya que está ampliamente demostrado que, una vez eliminados los obstáculos para la integración de las personas con discapacidad, éstas pueden participar activa y productivamente a la vida social y económica de sus comunidades.

No olvidemos que la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales reconocidos por la Convención; además de que son las condiciones sin las cuales no pueden disfrutar de sus otros derechos .

La Convención pide que las personas con discapacidad puedan llevar una vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad; para lo cual, solicita a los estados parte como el nuestro, que tomen las medidas apropiadas para darles pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos a su integración , velando que “los servicios de comunicación e información, el transporte , los edificios y otras estructuras estén diseñados y construidos de forma que las personas con discapacidad puedan utilizarlos, acceder a ellos o alcanzarlos ”.7

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte; aunado a ello, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (LGIPCD), sienta las bases para impulsar su plena inclusión, en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Sin embargo, a pesar de que el país es estado parte de la Convención y que los derechos de las personas con discapacidad se encuentran establecidos y consagrados en nuestra norma suprema, la realidad a la que se enfrenta este importante núcleo poblacional dista mucho de ser la más óptima y adecuada para su inclusión plena en nuestra sociedad y no sólo ellos, pues como se definió líneas arriba, la discapacidad es una condición a la que todos podemos estar expuestos .

El Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México 8 , documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Social en mayo de 2016 y la fuente oficial más reciente sobre el universo, problemática y el estado actual de las políticas públicas generadas para este sector de la población, permite identificar a la población con discapacidad y las graves desventajas que padecen en varios ámbitos; no obstante, se centrará el análisis en diversos datos estadísticos enfocados a sensibilizar sobre la problemática que tienen en cuanto a la movilidad universal, un aspecto medular que no se ha abordado con la profundidad y resolución necesaria.

En tal informe, tomando como base datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estimó que, en el año 2014, 6.4 por ciento de la población del país, es decir, unos 7.65 millones de personas, reportaron tener al menos una discapacidad, las cuales se observaban en su mayoría, en personas adultas mayores que contaban con 60 años o más (52.1 por ciento del total de personas con discapacidad, porcentaje que representan a 3.98 millones de personas). De mantenerse la citada proporción, para 2019, en México 8.06 millones de personas 9 presentarán y padecerán alguna discapacidad , lo cual propicia que con urgencia se emprendan acciones enfocadas a favorecer y propiciar su inclusión plena.

Ahondando en el informe, se aprecia que la principal discapacidad reportada fue la motriz (37.32 por ciento o 2.6 millones de personas) y que en uno de cada cinco hogares del país (o en 6.14 millones de hogares) vivía al menos una persona con discapacidad.

Complementando esta información con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 201410+ , también del Inegi, se observa que aproximadamente 77 de cada 100 discapacitados residen en localidades urbanas y que de entre los principales tipos de limitación, sobresalen el caminar, subir o bajar usando sus piernas (64.1 por ciento); ver, aunque use lentes (58.4 por ciento) y escuchar, aunque use aparato auditivo (33.5 por ciento).

Debido a una infraestructura inadecuada, tanto pública como privada, las personas con discapacidad enfrentan barreras de accesibilidad universal, limitando de esta forma su integración social, situación que se observa principalmente en los centros urbanos, aun cuando no está exento de esta problemática el ámbito rural.

Aunque en las entidades federativas existen diversas normas locales que regulan la movilidad, principalmente enfocada al tránsito vehicular , en donde se contemplan algunas indicaciones para realizar mejoras en términos de los accesos para las personas con discapacidad, éstas no son obligatorias; además, usualmente están enfocadas a la discapacidad motriz, pese a que, por ejemplo, las personas con ceguera y sordera también enfrentan barreras que obstaculizan su accesibilidad universal.

La falta de normas y directrices oficiales y obligatorias que fomenten y propicien un entorno físico accesible crea desigualdad en el acceso a la infraestructura pública y privada, limitando la integración de las personas con discapacidad, vulnerando con ello el goce de sus derechos como el de la educación, la salud, el trabajo, el sano esparcimiento, etcétera, lo que deja fuera a este grupo de mexicanos de la participación igualitaria en la sociedad y a toda la población en general.

Por ejemplo, el salario al cual están dispuestas a tomar un empleo puede ser menos retributivo y con mayor afectación en su calidad de vida, debido a que tienen que enfrentar una serie de obstáculos como la carencia de infraestructura que garantice su accesibilidad en el sistema de transporte y en el lugar de trabajo; situación que también puede aplicarse en el ejercicio de otros derechos como el de educación o el acceso a la salud, entre otros.

No nos es ajeno que, entre los instrumentos que coadyuvan a una mejor participación de las personas con discapacidad se encuentran la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, Accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público- Especificaciones de seguridad , emitida por la Secretaría de Economía, por conducto de su Dirección General de Normas, misma que fue elaborada y aprobada por el Comité Técnico de Normalización Nacional de Accesibilidad, Productos y Servicios para Personas con Discapacidad; sin embargo, presenta diversas limitantes que es de urgencia atender, como se detallan a continuación:

• En sus definiciones y conceptualización no es conforme con lo que dispone la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad , como el término e implicaciones sobre “inclusión”, ausente en su totalidad dentro de dicha norma; “ajustes razonables”, “persona con discapacidad ”, este último enfocado hacia un modelo médico y no social como corresponde a las obligaciones de un Estado parte como el nuestro .

• No se incluyen directrices enfocadas a personas con talla baja; y en las indicaciones que corresponden al “Señalamiento”, así como en las diversas referencias espaciales y de “Dimensiones”, éstas no son conformes a directrices mundialmente aceptadas en la materia, por mencionar solo algunos cambios sustanciales que esta norma, a pesar de no ser obligatoria, debe atender.

• En correspondencia con lo anterior, la norma en comento, con declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de enero de 2007 , no se ha revisado o actualizado , contraviniendo lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 51-A de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que a la letra dice:

“Artículo 51-A. Las normas mexicanas son de aplicación voluntaria, salvo en los casos en que los particulares manifiesten que sus productos, procesos o servicios son conformes con las mismas y sin perjuicio de que las dependencias requieran en una norma oficial mexicana su observancia para fines determinados. Su campo de aplicación puede ser nacional, regional o local.

Para la elaboración de las normas mexicanas se estará a lo siguiente:

I. a III. ...

...

La revisión, actualización o cancelación de las normas mexicanas deberá cumplir con el mismo procedimiento que para su elaboración, pero en todo caso deberán ser revisadas o actualizadas dentro de los 5 años siguientes a la publicación de la declaratoria de vigencia , debiendo notificarse al secretariado técnico los resultados de la revisión o actualización. De no hacerse la notificación, el secretariado técnico de la Comisión Nacional de Normalización ordenará su cancelación.” (énfasis añadido)

Como se observa, a pesar de sus nobles propósitos y de que no sea de cumplimiento obligatorio, esta norma, en sus términos actuales, no contribuye plenamente a la inclusión de las personas con discapacidad y no beneficia a la población en general , por lo que el Estado mexicano, a pesar de contar con los instrumentos legales antes referidos, no puede asumir que cumple plenamente con lo dispuesto en la Convención, por lo que es parte de nuestra responsabilidad como legisladores hacer los llamados necesarios para que se atiendan las obligaciones adquiridas por el Estado, principalmente, porque resultan en beneficio de un sector altamente vulnerable y, como se ha señalado reiteradamente, a toda la población en algún momento.

No escapa de nuestra atención que, para una mejor atención del Estado a este núcleo poblacional, de más de 8 millones en 2019, convendría una amplia armonización en el marco legal, así como una transición de esta norma mexicana hacia una Norma Oficial Mexicana, pues éstas, amén de su obligatoriedad, tiene entre sus finalidades, dispuestas en el artículo 40 de la referida Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el contemplar las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando éstos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana o cuando se trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor (fracción III).

Asimismo, una norma obligatoria contempla las características y/o especificaciones relacionadas con los instrumentos para medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, calibración y trazabilidad (fracción IV); la nomenclatura , expresiones, abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos que deberán emplearse en el lenguaje técnico industrial, comercial, de servicios o de comunicación (fracción VIII); ello, sin dejar de mencionar las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y promover la salud de las personas (fracción XI) y la información de calidad, seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario (fracción XII).

Tampoco somos omisos al señalar que el tránsito hacia una norma oficial beneficiará a las personas con discapacidad ya que un instrumento regulador con estas características y de cumplimiento nacional permitirá establecer las especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad y particularmente cuando sean peligrosos (fracción XV); y, las características y/o especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y sistemas de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios conexos para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus usuarios (fracción XVI del citado artículo 40).

Es posible apreciar que el contar con una norma oficial mexicana que coadyuve a una mejor calidad de vida para todos, no sólo para las personas con discapacidad, particularmente en materia de accesibilidad universal, es una atribución que debe ser llevada a cabo por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), un organismo descentralizado, autónomo y sectorizado de la Secretaría de Desarrollo Social, que entre sus atribuciones precisamente cuenta, con base en lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 42 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el “promover la creación y aplicación de Normas Oficiales Mexicanas en materia de discapacidad”.

Para el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social es fundamental que el Estado mexicano, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, considerado como el 3 de diciembre de cada año desde su declaración en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo , así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural , reconozca y actúe de manera proactiva, ante la tendencia nacional al envejecimiento, sobre la importancia de establecer condiciones propicias para la movilidad universal de todos los mexicanos, dada la disminución o pérdida de la capacidad visual, auditiva, motriz, entre otras, por los efectos de la edad o factores externos; cuanto más, si los instrumentos reguladores no están actualizados y no son de cumplimiento obligatorio, características que, en definitiva, afectan la calidad de vida de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto respetuosamente a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Economía para que, de manera ampliamente participativa, coordine la actualización de la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006, accesibilidad de las personas con discapacidad a espacios construidos de servicio al público, especificaciones de seguridad, considerando como un insumo fundamental las directrices establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual México es estado parte.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad para que, de manera ampliamente participativa, coordine y promueva la creación y aplicación de una norma oficial mexicana en materia de accesibilidad universal.

Notas

1 Según datos del Banco Mundial, en el 2017 se llegó a 7.53 mil millones de personas. Véase https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL

2 Véase https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/

3 Documento promovido por México en el seno de las Naciones Unidas, que fue aprobado en diciembre de 2006 y ratificado por nuestro país en el 2007.

4 Disponible en
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497

5 Disponible en http://www.who.int/classifications/icf/en/ y en https://psychiatr.ru/download/1313?view=name=CF_18.pdf

6 Tomado de http://www.who.int/classifications/icf/icf_more/en/

7 Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf (énfasis añadido).

8 Disponible en https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/126572/
Diagn_stico_sobre_la_Situaci_n_de_las_Personas_Con_Discapacidad._Mayo_2016.pdf

9 El resultado de la proyección toma como datos los 125, 929,433 personas que se proyectan como población para el 2019, información que se puede apreciar en el sitio

http://sniiv.conavi.gob.mx/Reports/Conapo/Proy_Pob.aspx. Consulta realizada el 28 de noviembre de 2018, a las 11:32 horas.

10 Véase http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/
prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825090203.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se condenan los asesinatos de las menores Mariel y San Juana, en Zacatecas, y se exhorta a la PGR a atraer las investigaciones y esclarecer los hechos, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

El 25 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, así como a partir de esa fecha y hasta el 10 de diciembre se realizará la campaña 16 Días de activismo contra la violencia de género como parte de una campaña para impulsar acciones para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas en todo el mundo1 . Es en este proceso, cuando todas las voces coinciden en la necesidad de concentrar esfuerzos para cambiar la terrible realidad que enfrentamos todos los días las mujeres y las niñas en México, donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dado a conocer que en 2018, el promedio de mujeres asesinadas al día ha sido de 9.5. La propia CNDH indica que en nuestro país, de cada 10 mujeres: siete han vivido violencia sexual y cuatro violencia emocional; además 14 de cada 100 han padecido violencia física.2

Desafortunadamente, durante la parte final del presente mes tuvimos conocimiento de dos acontecimientos que dejaron de manifiesto los enormes desafíos que siguen subsistiendo en la materia, nos referimos a los asesinatos de dos niñas (una de 5 años y la otra de 9 años) en el estado de Zacatecas. Los terribles hechos han generado gran indignación entre la población por su crueldad, y por supuesto, entre las y los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, donde rechazamos y repudiamos cualquier tipo de conducta que represente menoscabo a la integridad y esfera jurídica de las mujeres y niñas de nuestro país.

El primer caso se dio a conocer el pasado 15 de noviembre, fecha en la que la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas informó que la niña Mariel, de escasos 5 años de edad, fue asesinada en Sombrerete. Se sabe que la menor había sido incorporada -tiempo atrás- a una casa de asistencia debido a que era maltratada por su madre y dada posteriormente en adopción. Pero no paró ahí la crueldad de su calvario, fue violada y lesionada en reiteradas ocasiones cuando se encontraba ya bajo la custodia de su tío y la pareja sentimental de éste, quienes ya se encuentran detenidos3 .

Además de la gravedad intrínseca de los hechos, cabe destacar que derivado de los resultados obtenidos en la necropsia, se encontraron huellas de asfixia (con los órganos se mostraron congestionados y la sangre presentaba cierta fluidez).

Por si esto no fuera suficiente, la niña tenía fracturas en dos costillas en ambos lados, ello a consecuencia de una comprensión en el tórax. Asimismo, se determinó que las lesiones producidas por las agresiones sexuales eran recientes y antiguas, es decir, que la menor de edad estuvo sometida a tratos crueles e inhumanos durante un tiempo prolongado.

Por lo que respecta al segundo caso, tenemos que el 26 de noviembre de 2018, diversos medios de comunicación de circulación nacional dieron a conocer que en las inmediaciones del panteón de Zacatecas, ubicado en el área metropolitana de la capital de la entidad, fue hallada sin vida y el rostro desfigurado la menor de edad San Juana, niña de 9 años que el viernes 23 del mismo mes y año había sido reportada como desaparecida4 .

En el mismo sentido, señalan que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas logró confirmar la identidad después de realizar pruebas de ADN y que a partir de los estudios forenses correspondientes, se determinó que sufrió abuso sexual. En atención a la naturaleza de los hechos, en ambos casos condenamos enérgicamente los brutales asesinatos y exigimos el pronto esclarecimiento de éstos.

A reserva de que las autoridades correspondientes determinen las consecuencias jurídicas de tan brutales asesinatos, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo estima que en los dos casos estamos ante la comisión de feminicidios, que en términos del artículo 325 del Código Penal Federal, es privar de la vida a una mujer por razones de género.5

Aunado a lo anterior, se trata de hechos de violencia de género, que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, consiste en “todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada”.

En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, reiteramos nuestro permanente compromiso con la defensa de las mujeres y las niñas de México y exigimos que las autoridades responsables de la administración y procuración de justicia no dejen espacio para la impunidad.

Bajo ninguna circunstancia podemos normalizar este tipo de conductas que no sólo laceran a las víctimas y sus familias, sino que repercuten negativamente en el desarrollo de nuestro país.

Además de acciones como la marcha (programada para el 28 de noviembre del año en curso) que se ha convocado en redes sociales para exigir justicia, es fundamental que el Congreso de la Unión sea empático con la familia de las víctimas y en general con las mujeres y niñas de nuestro país, quienes diariamente se enfrentan a peligros de diversa índole. Es en esta consideración que radica la pertinencia de la presente proposición con punto de acuerdo, cuya motivación emana de la indignación social que ha generado este crimen que conmocionó al país entero.

Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta.

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, condena enérgicamente los terribles asesinatos de las menores de edad Mariel y San Juana, quienes perdieron la vida en el estado de Zacatecas a causa de lesiones, torturas y abuso sexual; asimismo, se exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones legales y constitucionales, atraiga las investigaciones, a fin de que los hechos sean esclarecidos y se impongan las penas que conforme a derecho procedan en ambos casos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Poder Judicial del Estado de Zacatecas para que, en el ámbito de sus atribuciones legales y constitucionales, emita con celeridad la resolución correspondiente al asesinado de la menor de edad Mariel, niña de cinco años que perdió la vida a causa de violación y actos de tortura en diversas ocasiones presuntamente por parte sus tutores en el municipio de Sombrerete, Zacatecas.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Procuraduría General de la República para que, en el ámbito de sus atribuciones legales y constitucionales, atraiga las investigaciones concernientes al asesinato de la menor de edad San Juana, quien fue hallada sin vida en el área metropolitana de la capital del estado de Zacatecas el 26 de noviembre del año en curso, a fin de que los hechos sean esclarecidos y se impongan las penas que conforme a derecho procedan.

Cuarto. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a los gobiernos de las entidades federativas a establecer en coordinación con los ayuntamientos y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, protocolos para garantizar que niñas, niños y adolescentes en estado de abandono o pérdida de la custodia por parte de sus padres o tutores no queden al arbitrio de familiares o tutores que no cumplan con criterios que garanticen su desarrollo y vida digna, así como la implementación de un sistema de alertas que anticipe que sobre casos donde se pudiera atentar contra la integridad física, psicológica o actos que menoscaben el desarrollo integral de la niñez.

Notas

1 ONU Mujeres, en http://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/take -action/16-days-of-activism, consultado el 27 de noviembre de 2018

2 “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, http://appweb.cndh.org.mx/uig_proceso/Content/Files/sec04_B/sec04_B01/1 225_eliminacionViolenciaM.pdf

3 Mejía, Irma. (2018). “Zacatecas. Errores y omisiones causaron la muerte de Mariel”. El Universal , en: https://bit.ly/2FJGS7H; Zacatecasinline, Marcharán por feminicidio de la pequeña Mariel. Zacatecasonline, en: https://bit.ly/2AsmHFv; Zacatecasinline, “Tíos de Mariel fueron evaluados y nunca mostraron indicios de maltrato”, Zacatecasonline, en: https://bit.ly/2AqbtBd

4 Hernández, Omar. (2018). “Conmociona abuso sexual y asesinato de niña en Zacatecas”. Excélsior,

https://www.excelsior.com.mx/nacional/conmociona-abuso-s exual-y-asesinato-de-nina-en-zacatecas/1254297.

5 Artículo 325 del Código Penal Federal, consultado en línea (Texto Vigente)

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_051118.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conade a otorgar un reconocimiento a la selección nacional sub-17 de futbol por el subcampeonato alcanzado en el mundial femenil, suscrita por los diputados Verónica Beatriz Juárez Piña y José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, diputada Verónica Beatriz Juárez Piña y diputado José Ricardo Gallardo Cardona, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A diferencia de pasados torneos mundiales de futbol integrados por varones y en los cuales el común denominador es la aplicación de la frase “jugaron como nunca y perdieron como siempre”. Esta conocida historia tuvo un viraje con la participación de las integrantes de la Selección Mexicana Femenil Sub 17, pues en su primera participación en un mundial de este tipo, lograron llegar hasta la final del torneo.

A la conclusión del partido final del Mundial Femenil, la Selección Mexicana, después de dar un gran juego, cayó con la frente en alto ante el equipo de España, con una brillante actuación del equipo en su conjunto.

Pese a ello, el equipo de España se llevó su primer título de la categoría al vencer 2-1 a México. Con lo anterior, el tricolor consiguió algo nunca antes visto en la historia del balompié nacional: un subcampeonato del mundo en dicha categoría femenil, así también, las mexicanas se instalaron por primera vez en su historia en la fase de las cuatro mejores selecciones de futbol femenil.

Debe reconocerse que la liga femenil amateur desde 2015 impulsa la preparación organizada y formal de jóvenes, incorporándose 15 de ellas a este grupo de triunfadoras.

Por ello, es importante que como legisladoras y legisladores de esta Cámara de Diputados otorguemos un reconocimiento público para aquellas jovencitas que pusieron el alto el nombre de nuestro país en el Mundial Sub 17. Así también, es necesario felicitar a su cuerpo técnico.

Asimismo, no debemos omitir que estas mujeres han puesto en la participación de este Mundial Femenil toda la energía y entrega para demostrar lo que significa ser atletas de alto rendimiento que se encuentran listas para enfrentar sin temor alguno a cualquier deportista, aun cuando estos sean considerados los mejores del mundo.

Destacar que como mujeres han llegado al lugar más alto, reservado históricamente para los hombres, donde son ellos los que se llevan el reconocimiento social, los mejores patrocinios y la atención generalizada de los medios de comunicación.

Esperamos que este ejemplo por parte de estas valerosas mujeres sea replicado ampliamente no solo en el futbol, también dentro de todos los espacios deportivos públicos y privados para generar en todas y todos mayor confianza y compromiso para alcanzar las metas, anhelos, esperanzas y sueños a los que toda persona quiere hacer realidad.

Por eso, es necesario que fortalezcamos el marco jurídico en materia de cultura física y deporte, y que demos suficientes recursos para el desarrollo pleno de nuestras niñas, niños y adolescentes, para que de esta manera logremos construir generaciones nuevas, sensibles al cambio y a la construcción de una nueva cultura del deporte.

Enviemos a la sociedad mexicana el mensaje de que las diputadas y los diputados del honorable Congreso de la Unión reconocemos y exaltamos la labor de las mujeres futbolistas que contribuyeron a la grandeza de nuestra nación, al obtener el subcampeonato mundial femenil de futbol Sub 17.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la aprobación de los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional del Deporte (Conade) para que les sea otorgado un reconocimiento a las integrantes de la Selección Nacional Sub 17 de futbol, por el subcampeonato alcanzado en el Mundial femenil y a su equipo técnico.

Segundo. La Cámara de Diputados invite a cada una de las integrantes de la Selección Nacional Sub 17 de futbol y a su equipo técnico a acudir a esta Cámara de Diputados para hacerles un reconocimiento puesto que pusieron el alto el nombre de nuestro país al obtener el subcampeonato en el mundial Sub 17 de futbol.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputados: José Ricardo Gallardo Cardona y Verónica Beatriz Juárez Piña (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la Ssa a revisar y reforzar la dotación de medicamentos en hospitales, clínicas y centros de salud, a cargo de la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García, en mi calidad de diputada federal de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Morena; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes:

Consideraciones

En México, a partir del siglo XIX se registran los comienzos del Sistema Nacional de Salud contemporáneo; el párrafo cuarto del artículo 4o. constitucional garantiza para todas las personas el derecho a la protección de la salud.

“Artículo 4o.

(...)

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

Dicho párrafo desglosa un amplio abanico de derechos y supuestos con carácter obligatorio, por ejemplo, se interpreta que los particulares están obligados a proporcionar un servicio de urgencia a cualquier persona que lo necesitara, independientemente si puede o no pagarlo, del mismo modo se interpreta que el Estado debe proveer de los medicamentos para atender los padecimientos de salud de toda persona.

Sin embargo, el caso del desabasto de medicamentos es recurrente en las clínicas públicas. De acuerdo con El Sistema de Encuestas Nacionales de Salud, instrumento de rendición de cuentas y planeación en México,1 del grupo de usuarios de servicios de salud, 87.1 por ciento recibió una prescripción médica de medicamentos en la consulta más reciente a la que acudió, de los cuales 77.1 por ciento de ellos reportaron haber recibido la totalidad de los medicamentos, porcentaje superior al reportado en 2012, que fue de 65.2 por ciento. De esta población que recibió todos los medicamentos en el lugar de atención, al 34.9 por ciento se les proporcionaron en el IMSS, al 25 por ciento los Servicios Estatales de Salud (SESA), 21.6 por ciento para quienes acudieron a establecimientos privados y el resto se distribuye entre otras instituciones.2

Pese a estas cifras, son 22.9 por ciento los mexicanos que no cuentan con medicamentos, quienes revelan el desabasto de los mismos en varias entidades del país, lo que habla de un incumplimiento a los artículos 27, 29 y 30 de la Ley General de Salud, que dicen lo siguiente:

Artículo 27. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se considerarán servicios básicos de salud los referentes a:

(I a VII)

VIII. La disposición de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud.

Artículo 29. Del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, la Secretaría de Salud determinará la lista de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, y garantizará su existencia permanente y disponibilidad a la población que los requiera, en coordinación con las autoridades competentes.

Artículo 30. La Secretaría de Salud apoyará a las dependencias competentes en la vigilancia de los establecimientos de los sectores público, social y privado dedicados al expendio de medicamentos y a la provisión de insumos para su elaboración, a fin de que adecúen a lo establecido en el artículo anterior.3

La realidad en México es que hasta 2017, las principales causas de muerte fueron la diabetes mellitus (DM) (responsable de 9.2 por ciento de las muertes totales), las enfermedades isquémicas del corazón (responsables de 13 por ciento de las muertes totales) y las enfermedades cerebrovasculares (responsables de 6.4 por ciento de las muertes totales). En conjunto, las enfermedades no transmisibles (ENT) concentraron 77 por ciento de las muertes en el país.

De acuerdo con un estudio sobre el abasto de medicamentos en el sector salud,4 muestra que los medicamentos para el tratamiento de la hipertensión arterial (isosorbide, irbersartán, furosemide y propanolol) y la insulina glargina fueron los medicamentos con menor nivel de abastecimiento. Sin embargo, se encontraron cinco unidades (dos en Guanajuato, una en Nuevo León, Chihuahua y Puebla) con inventarios aceptables de isosorbide, irbersartán e insulina glargina (>100 unidades [cajas y frascos ámpula]). Los medicamentos con menor abasto, es decir, aquellos con existencia cero, fueron el telmisartán, la hidroclorotiazida y el losartán.

Sin duda, se debe hacer un estudio puntual y una estrategia que ayude a resolver el desabasto de medicamentos, atendiendo la insuficiencia presupuestal, la ineficiencia de los procesos de abasto y la falta de transparencia en los mismos.5

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno federal y a la Secretaría de Salud a revisar y reforzar la dotación de medicamentos en hospitales, clínicas y centros de salud.

Notas

1 https://www.insp.mx/avisos/4576-resultados-ensanut-mc-2016.html

2 http://transparencia.insp.mx/2017/auditorias-insp/12701_Resultados_Encu esta_ENSANUT_MC2016.pdf

3 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142_120718.pdf

4http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342013001000010

5 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/304666/Folleto_Abasto.pd f

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atender la problemática originada por el arribo descontrolado de migrantes centroamericanos a la frontera de BC con EUA, a cargo de la diputada Lizbeth Mata Lozano, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Lizbeth Mata Lozano, diputada de la LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 79, numeral 2, fracciones II y III, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo federal para que atienda la problemática originada por el arribo descontrolado de migrantes centroamericanos a la frontera del estado de Baja California con los Estados Unidos de América , con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

Desde el pasado mes de octubre, miles de migrantes hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos dejaron sus respectivos países e iniciaron una caravana masiva con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. De acuerdo con información de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), esta caravana inicialmente integrada por más de tres mil personas y que hoy en día está a punto de superar las diez mil, huye de la violencia, de la pobreza y de violaciones a derechos humanos en los países vecinos de Centroamérica.

Desafortunadamente, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, firmó una proclamación que en la práctica complicará a migrantes ilegales que crucen la frontera desde México a que califiquen para obtener asilo en su país. Las nuevas reglas migratorias limitan drásticamente las solicitudes de asilo y suspenden el ingreso de migrantes a través de la frontera sur de Estados Unidos.

Lo anterior implica que los migrantes que han atravesado la República Mexicana en busca de llegar a los Estados Unidos se quedarán varados en la frontera norte de México, siendo el caso de Baja California, uno de los estados fronterizos más concurridos en cuanto a la recepción de migrantes nacionales y extranjeros de diversas latitudes del mundo.

Por dichos propios de algunos migrantes, Baja California se constituye como el punto más atractivo para cruzar hacia los Estados Unidos, primero por ser frontera con el estado de California, considerado potencia económica internacional, y segundo por tratarse de un lugar seguro para el tránsito de migrantes.

Sin embargo, los migrantes centroamericanos recién llegados a las ciudades de Tijuana y de Mexicali y que ingresen solicitudes de asilo a los Estados Unidos, se sumarán a las más de 2 mil 800 personas que ya estaban en fila y que llevan meses de retraso, situación que pone a tope y eleva al máximo la capacidad institucional de los gobiernos municipales y del estado de Baja California.

Por ello, es indispensable que el gobierno federal intervenga con mayor liderazgo y participación, gestionando con el gobierno norteamericano para que se agilice el flujo de recepción y atención de migrantes, a fin de que se despresuricen los albergues locales, los cuales en estos momentos trabajan a su máxima capacidad y de esta manera se permita una atención más digna.

Los recursos del Fondo de Apoyo al Migrante (FAM) que se reciben en Baja California son insuficientes para atender todas las necesidades de esta situación atípica a la que hoy nos enfrentamos. Los alcaldes Juan Manuel Gastelum Buenrostro, de Tijuana, y Gustavo Sánchez Vázquez, de Mexicali, se han pronunciado enfáticamente en la necesidad de mayores recursos para fortalecer el equipamiento, la infraestructura y los servicios que se ofrecen en los albergues que atienden a migrantes en Baja California.

Existe la posibilidad real de la llegada de otras caravanas migrantes de centro y sudamericanos, lo cual supone una situación realmente complicada para que los órdenes de gobierno puedan hacer frente a estas contingencias de flujos migratorios.

Como instancias parte del Estado mexicano, no tenemos duda en que deben garantizarse los derechos humanos de todos los migrantes, tal cual se encuentra consagrado en nuestro marco constitucional y como lo indican los tratados internacionales de los que México es parte, pero también es cierto, que el gobierno federal debe asumir su papel como actor principal en materia migratoria en razón de su responsabilidad y competencia.

Desde la llegada de centroamericanos a Baja California, el gobierno de la República ha asumido una postura discreta y de bajo perfil, cuando las circunstancias actuales ameritan que asuma el liderazgo y tome decisiones de manera firme y contundente. Así lo han expresado los residentes de Tijuana y Mexicali, ciudades fronterizas que se han visto principalmente afectadas con el arribo de miles de migrantes de forma descontrolada, ocasionando enfrentamientos, incidentes y marchas y posturas encontradas entre la población, lo que deriva en riesgos de polarización.

Por lo anterior, resulta prioritario y urgente que se exhorte al gobierno federal para que refuerce las políticas públicas migratorias a fin de garantizar la seguridad e integridad tanto de los migrantes como de los residentes de nuestras ciudades de la frontera norte del país, de modo que intervenga para apoyar al gobierno del estado y a los gobiernos municipales de Tijuana y de Mexicali, localidades donde se ha intensificado el flujo migratorio descontrolado de centroamericanos.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un atento y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo federal y a los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público, de Economía y del Instituto Nacional de Migración para que brinden todo el apoyo necesario al gobierno de Baja California y a los gobiernos municipales de Tijuana y de Mexicali, a fin de atender la problemática originada por el arribo descontrolado de migrantes centroamericanos a la frontera de esa entidad federativa con los Estados Unidos de América.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputada Lizbeth Mata Lozano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al gobierno federal a instaurar un programa de inclusión y desarrollo que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y les permita ejercer sus derechos en iguales condiciones que el resto de los mexicanos, suscrita por integrantes del Grupo Parlamentario del PRI

Los que suscriben, diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de la honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal para que instrumente un programa de inclusión y desarrollo que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que todos los mexicanos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define a la discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que padecen alguna enfermedad y factores personales y ambientales.1

Se calcula que más de mil millones de personas (15 por ciento de la población mundial) padecen de alguna forma de discapacidad. Se estima que tienen dificultades importantes para desarrollar sus funciones diarias entre 110 millones (2.2 por ciento) y 190 millones (3.8 por ciento) personas mayores de 15 años, cifras que han ido en aumento debido al envejecimiento de la población y al aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas.2

Los países de ingresos bajos tienen una mayor prevalencia de discapacidades que los países de ingresos altos. Asimismo, se indica que la discapacidad es más común entre las mujeres, las personas mayores y los niños y adultos que son pobres.

Las personas con discapacidad tienen una mayor demanda de asistencia sanitaria que quienes no padecen discapacidad, y también con mayores necesidades insatisfechas en esta esfera.

En una encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de personas con trastornos mentales graves, se observó que entre un 35 por ciento y un 50 por ciento de estas personas en países desarrollados y de entre un 76 por ciento y un 85 por ciento en países en desarrollo, no recibieron tratamiento en el año anterior a la realización del estudio.

Es importante mencionar que no todas las personas discapacitadas nacieron con algún dificultad física o mental, ya que muchas personas desarrollan algún padecimiento durante el transcurso de su vida, por ejemplo, hay grupos de personas que desarrollan signos de envejecimiento prematuro cuando apenas tienen entre cuarenta y cincuenta años de edad.

Se estima que más de cien millones de discapacitados son niños y tienen cuatro veces más posibilidades de ser víctimas de algún tipo de violencia. El 80 por ciento de las personas con discapacidad vive en los países en desarrollo y el 50 por ciento de las personas con discapacidad no tiene acceso a la sanidad.3

Ante la trascendencia del tema, el 14 de octubre de 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 47/3 proclamó el día 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha que se conmemora anualmente a nivel mundial.4

Su objetivo es sensibilizar a la población sobre las cuestiones relacionadas con la discapacidad, impulsando la participación plena y en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad.

México no es ajeno a este grave problema, ya que de acuerdo el informe que entregó México ante el comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en febrero pasado, en el país habitaban 7.1 millones de personas con discapacidad, alrededor del seis por ciento de la población.5

Estima que en 2014 la mayoría de las discapacidades tuvieron su origen en alguna enfermedad, 41.3 por ciento; por edad avanzada, 33.1 por ciento; por nacimiento, 10.7 por ciento, y por accidente 8.8 por ciento. La discapacidad tiene mayor presencia femenina en localidades urbanas, 54.7 por ciento, y menor en zonas rurales, 49.6 por ciento.

Se estimó que 19.1 de cada cien hogares del país, que representan a 6.14 millones de hogares, vivía al menos una persona con discapacidad. Asimismo, había mayor presencia de hogares con personas con discapacidad en los que tuvieron deciles de ingreso más bajos.6

Se destaca que la población con discapacidad en situación de pobreza pasó de 54.1 por ciento en 2014 a 49.4 por ciento en 2016. En cuanto al rezago educativo era de 51.1 por ciento y 48.7 por ciento, respectivamente. Por otro lado, la carencia de acceso a servicios de salud para personas con discapacidad en 2012 era de 18.80 por ciento y en 2016 de 12 por ciento, situación que ha ido disminuyendo.

El pasado gobierno federal llevó a cabo importantes esfuerzos en la materia. Durante 2016 y 2017 se pudieron capacitar a alrededor de 6 mil 71 personas servidoras públicas de todas las dependencias sobre derechos humanos, dignidad, autonomía y necesidades.

Por su parte, en las instituciones educativas, de 2014 a 2017, se desarrollaron campañas de sensibilización e información de diferentes tipos de discapacidad, fomentando la convivencia y aceptación, “para eliminar barreras en el aprendizaje y participación”.

Asimismo, las 32 entidades federativas cuentan con una ley para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, de ellas 27 son acordes con el contenido de la Convención y el resto está en proceso de armonización.

Conforme al artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad gozarán de todos los derechos que establece el orden jurídico mexicano, sin distinción de origen étnico, nacional, género, edad, o un trastorno de talla, condición social, económica o de salud, religión, opiniones, estado civil, preferencias sexuales, embarazo, identidad política, lengua, situación migratoria o cualquier otro motivo u otra característica propia de la condición humana o que atente contra su dignidad.7

Por lo que es de suma importancia que las medidas contra la discriminación prohíban las conductas que tengan como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de una persona, crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u ofensivo, debido a la discapacidad que ésta posee.

En razón de lo expuesto, es que solicitamos al Gobierno Federal a que se sigan fortaleciendo las acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de este sector de la población, con la finalidad de eliminar los obstáculos que siguen deteriorando su condición de vida y el de sus familias, así como garantizar su plena incorporación a la vida nacional.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal, para que instrumente un programa de inclusión y desarrollo que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que todos los mexicanos.

Notas

1 http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-healt h

2 https://www.who.int/features/factfiles/disability/es/

3 http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/

4 https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-internacional-de-las-personas- con-discapacidad-85769?idiom=es

5 https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/03/15/el-6-de-la-poblacion-en-m exico-es-discapacitada-informe-1010.html

6 https://www.gob.mx/publicaciones/articulos/
diagnostico-sobre-la-situacion-de-las-personas-con-discapacidad-en-mexico?idiom=es

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD_120718.pdf

Dado en el salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de diciembre de 2018.

(Rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conapred a instaurar e impulsar en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad de 2018 acciones encaminadas a erradicar cualquier tipo de discriminación hacia usuarios de perros de asistencia, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

La que suscribe, diputada Dionicia Vázquez García, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La Organización de las Naciones Unidas estableció el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad el cual contempla para este 2018 la temática “Empoderar a las personas con discapacidad y garantizar su integración e igualdad”.1 Consideramos relevante hacer referencia a esta ceremonia mundial para sumar esfuerzos con el objeto de buscar mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación hacia las personas con discapacidad.

Para ponderar la magnitud del tema, basta señalar que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a nivel mundial 1 de cada 7 personas sufren algún tipo de discapacidad, lo que equivale a más de mil millones de personas.2

Para el caso de México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en 2014 más del 6 por ciento de la población reportaron tener al menos una discapacidad.3

Si consideramos que para 2050, de conformidad con datos del Consejo Nacional de Población,4 uno de cada cuatro habitantes del país será adulto mayor, no podemos dejar de pensar y planificar de manera prospectiva y anticipar que en el futuro las estadísticas de personas con discapacidad pueden incrementar sobremanera, donde la pirámide se invierte y con cada vez mayor población con riesgo de discapacidad como son los adultos mayores, las cuales requieren de mayores atenciones incluso de asistencia humana o animal.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York,5 aprobada en México por el Senado de la República en septiembre de 2007,6 establece en el artículo 13: “A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público...”.7

Aunado a ello, en materia de accesibilidad, en el inciso e) del artículo 9 del mismo instrumento jurídico se establece que los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para: “ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público”.8

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1o se establece: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.9

En concordancia con lo establecido en nuestra Carta Magna corresponde a las autoridades del sector público promover las condiciones para que la libertad e igualdad de las personas y sean reales y efectivas así como impedir cualquier tipo de discriminación.Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo consideramos como pilar del trabajo legislativo la apertura de puertas, propio de un Parlamento Abierto, por tal motivo en días recientes asistí por parte de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, al “Tercer Encuentro Nacional de Usuarios de Perros de Asistencia: Los Usuarios de Perros de Asistencia y sus Derechos Humanos. Juntos Abriendo Puertas”, realizado en las instalaciones de la Federación Canófila Mexicana, AC, los días 8 y 9 de noviembre del año en curso, en dicho evento se contó con la presencia de usuarios de perros de asistencia a nivel nacional.

Este encuentro tuvo entre sus principales objetivos el continuar trabajando en favor de los derechos de libre acceso y no discriminación de los usuarios de perros de asistencia de México, llevando a cabo talleres de sensibilización y exhibiciones con el objetivo de informar y difundir la extraordinaria labor que estos canes brindan a los usuarios que los necesitan: personas con discapacidad visual, auditiva, motora y a quienes padecen diabetes, epilepsia o autismo.

En el mismo sentido, en la conferencia organizada por las diputadas Kehila Abigail Kú y Geraldina Herrera Vega: “Barreras Físicas, Sociales y Políticas que viven las Personas Ciegas”, impartida por Laura Lucero Márquez Noguera, que se realizó el pasado 20 de noviembre, la especialista señaló que persisten diversas problemáticas en la materia. Lo anterior, va desde la insuficiencia de información sobre cómo debe se debe actuar cuando te encuentras con una persona con discapacidad usuaria de perro de asistencia así como la urgencia de eliminar las prácticas discriminatorias para alcanzar que las ciudades sean inclusivas, así como que en todo establecimiento proveedor de bienes, productos o servicios sean accesibles, sin discriminación hacia los usuarios de perros de asistencia.

Por su parte, en el artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se señala que: “El proveedor de bienes, productos o servicios no podrá negarlos o condicionarlos al consumidor por razones de género, nacionalidad, étnicas, preferencia sexual, religiosas o cualquiera otra particularidad”, asimismo, en el mismo precepto jurídico se establece que: “Los proveedores están obligados a dar las facilidades o contar con los dispositivos indispensables para que las personas con discapacidad puedan utilizar los bienes o servicios que ofrecen. Dichas facilidades y dispositivos no pueden ser inferiores a los que determinen las disposiciones legales o normas oficiales aplicables, ni tampoco podrá el proveedor establecer condiciones o limitaciones que reduzcan los derechos que legalmente correspondan al discapacitado como consumidor.”

No obstante lo anterior, sistemáticamente se siguen dando casos de discriminación a las personas con discapacidad usuarias de perros de asistencia. Sobre el particular, cabe mencionar que en marzo de 2018 circuló en Facebook un video donde Gerardo Bermúdez, usuario de perro de asistencia denunció que se le negó la entrada a un restaurante ubicado en paseo Acoxpa en la Ciudad de México.10

Asimismo, el pasado mes de septiembre, Miguel Ángel Millán señaló que en Acapulco ha experimentado prohibiciones para ingresar a tiendas, restaurantes o centros comerciales con su perro de asistencia.11

Posteriormente, el 24 del mismo mes de septiembre de 2018 Lucero Márquez en su cuenta de Facebook denunció que un conductor que ofrece el servicio de vehículo de transporte de una empresa conocida, se negó a brindarle el servicio por ir acompañada de un perro de asistencia.12

Al respecto, el presidente de la fundación de personas invidentes “Ver con el Corazón”, ha señalado que en el transporte público en general se sigue discriminando a personas con capacidades diferentes o discapacitadas, asimismo expresa la necesidad de promover la inclusión de las personas con discapacidad así como señalar que en México se carece de cultura cívica respecto a las personas con discapacidad visual.13

No se trata de ejemplos aislados, sino que estamos ante acciones sistemáticas de discriminación y lo que es más grave, las autoridades competentes no han logrado establecer los mecanismos que permitan dar a conocer las atenciones a los que tienen derecho los usuarios de perros de asistencia para que su tránsito por las calles así como el acceso a productos y servicios públicos tanto públicos como privados sean de la misma calidad y libertad como lo es de cualquier persona.

Con el presente punto de acuerdo, los legisladores del Partido del Trabajo reafirmamos nuestro compromiso para contribuir a la erradicación de cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad, así como fortalecer el respeto a sus derechos. Garantizar y fortalecer los derechos de las personas con discapacidad no sólo es una obligación legal, sino también un compromiso de los legisladores del Partido del Trabajo. Estamos convencidos que al mejorar las condiciones de las personas con discapacidad es la clave para alcanzar una sociedad con un desarrollo más inclusivo e igualitario.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación para que, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2018, instrumente e impulse acciones encaminadas a erradicar cualquier tipo de discriminación hacia personas que son usuarias de perros de asistencia, así como implementar campañas que difundan sus derechos.

Notas

1 Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre, en: http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/, consultado el 2 de diciembre de 2018

2 Ibídem.

3 Diagnóstico sobre la situación de las personas con discapacidad en México, en: https://www.gob.mx/publicaciones/articulos/diagnostico-sobre-la-situaci on-de-las-personas-con-discapacidad-en-mexico?idiom=es, consultado el 2 de diciembre de 2018

4 En 2050 la cuarta parte de los habitantes de México tendrá 60 años, en: https://sipse.com/mexico/mexico-poblacion-ancianos-tercera-edad-2050-26 1140.html

5 “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” ONU, en:

<http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?i d=497>, consultado el 2 de diciembre de 2018

6 Lara Espinosa, Diana, “La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29903.pdf, consultado el 2 de diciembre de 2018

7 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPer sonsWithDisabilities.aspx

8 Ibídem.

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Última Reforma DOF 27-08-2018

10 Restaurante discrimina a joven acompañado de perro guía, en:

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/restaurant e-discrimina-joven-acompanado-de-perro-guia, consultado el 2 de diciembre de 2018

11 Discriminan a joven invidente y su perro guía en Acapulco, en: https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/discriminacion-perros- guia-invidentes-acapulco-discapacidad-visual-1958818.html, Consultado el 2 de diciembre de 2018

12 Joven con ceguera acusa discriminación de conductor de Uber; la empresa da de baja al chofer, en:

https://www.animalpolitico.com/2018/09/uber-conductor-di scriminacion-ceguera/, consultado el 2 de diciembre de 2018

13 Transporte público discrimina a gente con discapacidad, en: https://www.elsoldelcentro.com.mx/local/transporte-publico-discrimina-a -gente-con-discapacidad-1982955.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a implantar acciones encaminadas a difundir entre los sectores de producción ganadera las ventajas de adoptar sistemas silvopastoriles, así como prestar asistencia técnica y financiera a los productores interesados en establecer prácticas de ganadería sostenible, a cargo del diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputado José Ricardo Gallardo Cardona, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1 y 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta asamblea la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Los sistemas ganaderos en México están clasificados en intensivos, extensivos y campesinos. Los sistemas intensivos basan su producción en insumos externos como alimentos balanceados, y productos químicos como antibióticos y promotores del crecimiento. Esto permite acelerar el ciclo de producción y aumentar la productividad por animal y por área, pero genera un alto impacto ambiental por el mal manejo de los residuos, las excesivas pérdidas de nutrientes y consiguientes emisiones de gases de efecto invernadero.i

Los sistemas campesinos generalmente son sistemas de pequeña escala, en los cuales la mano de obra es fundamentalmente familiar y la producción agropecuaria está destinada principalmente al autoconsumo y subsistencia. Solo cuando hay excedentes son vendidos a mercados locales.

El sistema de producción ganadera a base de pastoreo extensivo, promovido principalmente en la década de 1970, es el más utilizado en nuestro país, debido a que es la forma más económica de alimentación; sin embargo, la degradación de las pasturas es la principal amenaza para la sostenibilidad del sistema. Esto se debe principalmente a factores de manejo entre los que se mencionan: las quemas para estimular el crecimiento de los pastos, el uso de agroquímicos, el manejo inadecuado del pastoreo (intensidad e intervalo de pastoreo y capacidad de carga animal de los potreros), que en consecuencia, reducen la productividad y rentabilidad de estos sistemas, debido al incremento en la adquisición de insumos externos para la manutención de los animales. Lo anterior ocasiona la expansión de la frontera ganadera, que implica la desforestación de bosques y disminución de los servicios ambientales de estos ecosistemas que contribuyen al calentamiento global que actualmente padece el planeta.ii

En la actualidad, los sistemas ganaderos, especialmente en los países en desarrollo, están sujetos a fuertes presiones para incrementar su producción como consecuencia de la globalización del mercado y del aumento de la demanda nacional e internacional de los productos de origen animal. Pero a la vez se exige que sean ambientalmente más amigables y que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas que los manejan

Ante tal situación, los sistemas silvopastoriles (SSP) han surgido como modelos alternativos que permiten incrementar la producción total del sistema y mejorar sus condiciones ambientales. Se entienden estos sistemas como áreas de producción ganadera que integran el uso de especies leñosas silvestres. No obstante, estos sistemas han sido poco estudiados y utilizados en el país.

Los sistemas silvopastoriles generalmente se definen como una forma de producción de ganado en la que las especies leñosas perennes (árboles o arbustos) interactúan con los componentes tradicionales: pastos y ganado, bajo un esquema de manejo integral. Bajo tal definición se pueden incluir los sistemas agrosilvopastoriles, que son sistemas que combinan la producción agrícola y la ganadera, además de integrar a las especies perennes.

Los SSP pueden ser diferenciados en: tradicionales (SSPt) o mejorados (SSPm). El primer grupo (SSPt) incluye sistemas silvopastoriles desarrollados empíricamente por la población local, como una forma de producción de acuerdo a los recursos a los que tienen acceso, por ejemplo, el uso de árboles como cercas vivas. Estos generalmente están asociados a sistemas de producción campesina que utilizan especies leñosas de la región como una forma de reducir costos de producción. El segundo grupo (SSPm) incluye sistemas silvopastoriles desarrollados experimentalmente en centros de investigación que posteriormente son promovidos para su adopción por parte de la población local. Por ejemplo, el establecimiento de un “banco de proteínas”, que se refiere a la siembra de árboles forrajeros (generalmente con más del 15% de proteína cruda en su forraje) en bloques compactos y de alta densidad.

Entre los principales beneficios evaluados en los SSP destaca el incremento en la fertilidad del suelo, ya que las raíces de los árboles aprovechan los nutrientes de capas más profundas, y pueden asociarse con bacterias fijadoras de nitrógeno o con micorrizas solubilizadoras de fósforo. Se ha reportado también que la sombra que generan los árboles reduce el estrés calórico del ganado, incrementando su tiempo destinado al pastoreo, lo que mejora la cantidad y calidad de leche y carne producida. Además, se ha encontrado que algunas especies de leguminosas utilizadas como forraje presentan compuestos con actividad antihelmíntica por lo que el ganado presenta una menor incidencia de parásitos, mejorando la calidad de la carne producida. Las leñosas, además, generan productos importantes para la población local como madera, leña, forraje para el ganado y frutos comestibles, y subproductos como aceites y taninos, algunos de ellos con un alto valor económico

En Latinoamérica, los SSP se han trabajado desde hace más de dos décadas, con resultados positivos para el productor y el medio ambiente, como: el aumento en la producción de carne y leche, disminución de la ocupación de insumos externos, una carga animal por hectárea más alta, reforestación, mitigación de gases de efecto invernadero, disminución de la erosión en el suelo, conservación de fuentes de agua y la restauración de flora y fauna.

Entre los proyectos con mayor impacto y éxito para la establecimiento de los SSP, se encuentra el de Enfoques Silvopastoriles Integrados para el Manejo de Ecosistemas (2002-2007) realizado en Costa Rica, Colombia y Nicaragua y actualmente el Proyecto de Ganadería Colombiana Sostenible (2010-2017); estos proyectos se basan principalmente en ofrecer asistencia técnica y un incentivo de pago por servicios ambientales (PSA) que en colaboración con instituciones de investigación y gubernamentales han potencializado la adopción de los SSP.iii

En México, la mayoría de los sistemas silvopastoriles tradicionales (SSPt) estudiados están relacionados con la producción de ganado bovino, ya que se encuentra en todos los ecosistemas del país.

La principal diferencia en el manejo de los sistemas ganaderos bovinos la genera su finalidad productiva. Los sistemas dedicados a la crianza de becerros para la producción de carne son extensivos y de baja inversión, aunque para la etapa final de engorda del ganado se requieren sistemas intensivos que utilicen alimentos concentrados. La mayoría de los sistemas dedicados a la ordeña y producción de leche son intensivos y de alta inversión, ya que el manejo es más eficiente cuando el ganado se encuentra estabulado y la producción es mayor cuando la dieta se basa en alimentos concentrados y forraje de corte. Un sistema mixto es el de doble propósito, ampliamente extendido en los trópicos, en los que una pequeña parte de la leche es ordeñada para su venta y el resto utilizada para la alimentación de becerros que son vendidos al momento del destete.

En el caso de los sistemas extensivos, las condiciones climáticas determinan la cantidad de forraje disponible que tendrá el ganado para alimentarse. Esto implica que el ganado bovino recibe un manejo diferente de acuerdo a la región climática en que se desarrolla, como se muestra a continuación.

En la región árida y semiárida (ubicada en el norte de México) el clima es seco, la temperatura anual promedio de 15 a 25º C y la precipitación anual de 150 a 600 mm, y se concentra entre junio y octubre. La vegetación dominante son matorrales xerófilos y pastizales naturales. En términos productivos, hay una baja disponibilidad de forraje debido a la marcada estacionalidad y los sistemas extensivos requieren de 10 a 50 hectáreas para alimentar una unidad animal. Los pequeños ganaderos aprovechan los meses de lluvias para criar becerros que son vendidos al momento del destete a Estados Unidos o a corrales de engorda cercanos. Aquí dominan las razas europeas puras (Hereford, Angus y Charolais), aunque algunas comunidades indígenas aún mantienen razas criollas, derivadas de las introducidas por los españoles, que se han adaptado a las condiciones ambientales locales. Esta región produce el 34% de la carne nacional.

En el centro del país se encuentra la región templada, formada por las llanuras, valles y cañadas de la sierra Madre Oriental y Occidental. El clima es muy variado, con temperaturas promedio entre 12 y 22º C y una precipitación anual de 500 a 2500 mm. La vegetación dominante son los bosques de encino, pino y oyamel. En esta zona predominan los sistemas ganaderos intensivos de carne o leche, así como los sistemas campesinos de pequeña escala, que se dedican a la producción de cultivos básicos, leche y becerros. Los esquilmos agrícolas forman parte fundamental de la alimentación en la ganadería campesina. Esta región produce el 29% de la carne nacional y el 47% del total de leche producida en el país.

En la franja costera del Pacífico y parte del Golfo de México se ubica la región tropical seca, que se caracteriza por tener un clima cálido (entre 22 y 24º C de temperatura promedio) y fuertemente estacional. En promedio llueve de 600 a 1200 mm al año pero con 5 a 6 meses de sequía. La vegetación dominante es el bosque tropical seco. Al sur y sureste de México se ubica la región tropical húmeda. El clima también es cálido pero la precipitación promedio anual va de 1200 a 2500 mm, con solo 2 o 3 meses de baja precipitación. La vegetación dominante es la selva alta perennifolia o subperennifolia.

Si bien la ganadería es la forma más extensa de uso de suelo del país, la manera en que se manejan los sistemas pecuarios ha recibido poca atención. Se conoce bien el manejo dentro de los modelos dominantes de producción, como los sistemas extensivos en las regiones tropicales y los sistemas intensivos en la región templada, los cuales han sido principalmente promovidos a través de políticas gubernamentales. Sin embargo, aún hoy, ninguno de estos modelos reconoce de manera explícita la importancia que tiene la presencia de las especies leñosas para la producción ganadera, y se han creado diversos productos para combatir de manera más eficiente las “malezas”, es decir, todo aquello que no sean pastos y forrajes para el ganado. Bajo este esquema, los sistemas silvopastoriles más tradicionales se consideran estrategias de manejo marginales y por ello son poco valoradas, y han sido muy poco estudiadas en México.

La ganadería extensiva basada en el establecimiento de corrales de gran magnitud contribuye de manera rápida a la deforestación de las zonas selváticas y boscosas del país además presenta otras desventajas:

• Menor control del ambiente en que se desenvuelven los animales y dependencia de los ciclos climáticos.

• Menor productividad por unidad de superficie.

• No puede ajustarse fácilmente a la demanda de los consumidores.

• No puede proporcionar productos tan homogéneos como solicita la distribución y el mercado de las grandes superficies comerciales.

• Pérdida de hábitats naturales, fragmentación de ecosistemas y disminución en la productividad de los suelos se cuentan dentro de las consecuencias del modelo ganadero que actualmente prospera en el país.

La reconversión ambiental de la ganadería es posible a diferentes niveles de análisis y depende de los actores sociales involucrados en las actividades productivas, su capitalización, nivel empresarial, organización y cultura así como de las características biofísicas y el estado de los recursos naturales.

El silvopastoreo puede producir buenos resultados tanto en la calidad ambiental como en la productividad pecuaria. Algunos de los principales beneficios ambientales son:

• Fijación del carbono: los árboles y los arbustos funcionan como “sumideros de carbono” al absorber el bióxido de carbono presente en el aire, que eleva la temperatura del clima, y depositarlo como carbono sólido en el suelo y en los tejidos leñosos;

• Conservación de la biodiversidad: los sistemas de silvopastoreo crean un hábitat rico y variado que acoge a una gran variedad de aves silvestres, invertebrados y plantas forestales autóctonas;

• Filtración del agua y gestión de la cuenca hidrográfica: los pastizales boscosos retienen más agua al reducir el escurrimiento de agua lodosa y mejorar la calidad y la cantidad de agua de los manantiales, los pozos y los canales;

• Retención del suelo: en las zonas montañosas, la variedad de árboles y arbustos con raíces de longitud diversa fija el suelo y contribuye a reducir la erosión y a evitar los deslaves;

• Mayor productividad del suelo: los arbustos forrajeros y las leguminosas devuelven el nitrógeno de la atmósfera al suelo, y los sistemas de raíces de los árboles reciclan los nutrientes de lo profundo del suelo, adonde no llega el pasto.

En forma indirecta, el silvopastoreo también reduce las presiones por deforestar al frenar el ciclo de agotamiento del suelo y abandono que hace a los ganaderos buscar pastizales más verdes o nuevas tierras desmontadas.

Es posible realizar cambios importantes en los sistemas de manejo ganadero que implican entre otras cosas su intensificación, mayor productividad y generación de bienes sociales y servicios ambientales (regulación hídrica, captura de carbono, conservación de la biodiversidad) en forma simultánea al incremento de la cobertura vegetal, liberación de áreas críticas por su deterioro o estratégicas por su valor como fuente de servicios ambientales en especial todo lo relacionado con la regulación del ciclo hidrológico a escala de predios y de microcuencas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que implemente acciones encaminadas a difundir entre los sectores de producción ganadera las ventajas de la adopción de sistemas silvopastoriles, poniendo especial énfasis en las zonas rurales y a los pequeños productores.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a que brinde asistencia técnica y financiera a los productores que deseen implementar prácticas de ganadería sostenible.

Notas

i (PDF) Sistemas silvopastoriles tradicionales en México. Available from:

https://www.researchgate.net/publication/320280008_Siste mas_silvopastoriles_tradicionales_en_Mexico [accessed Nov 23 2018].

iihttp://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S2007-11242016000400471#B1

iiihttp://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttex t&pid=S2007-11242016000400471#B1

Dado en la Cámara de Diputados, a los 4 días del mes de diciembre de 2018.

Diputado José Ricardo Gallardo Cardona (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a someter a la aprobación del Senado el Convenio 151 de la OIT, sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, a cargo del diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete, del Grupo Parlamentario de Morena

Francisco Javier Ramírez Navarrete, integrante de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción 1, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes

Consideraciones

Con motivo de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 que prevé como derecho positivo y vigente todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por nuestro país, lo que lleva a tomar gran relevancia se cumpla la ratificación de dichos instrumentos para que todos esos derechos adquieran la jerarquía constitucional que mandata el artículo 1o. constitucional.

En la presente proposición nos referiremos particularmente al tema de la libertad sindical derecho fundamental de los trabajadores para organizarse y defender sus intereses, se trata de un derecho humano esencial, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes reglamentarias de los Apartados A y B del artículo 123 de la Carta Magna y desde luego en diversos instrumentos internacionales ratificados por México:

En la Constitución federal

Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto... No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad...

Artículo 123, Apartado A, fracción XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera.

Artículo 123, Apartado B, fracción X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes...

En la Ley Federal del Trabajo

Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.

Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa. Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la ley.

Artículo 358. A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicado o a no formar parte de él...

En la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional

Artículo 67. Los sindicatos son las asociaciones de trabajadores que laboran en una misma dependencia, constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes.

En cuanto a declaraciones y tratados internacionales ratificados por México

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)

Artículo 20.

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 22. 1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses...

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Artículo 8.

1. Los Estados parte en el presente pacto se comprometen a garantizar

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales, y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas;

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público o para la protección de los derechos y libertades ajenos;

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país.

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 16.

Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole...

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”

Artículo 8.

1. Los Estados parte garantizarán

a. el derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la protección y promoción de sus intereses. Como proyección de este derecho, los Estados parte permitirán a los sindicatos formar federaciones y confederaciones nacionales y asociarse a las ya existentes, así como formar organizaciones sindicales internacionales y asociarse a la de su elección. Los Estados parte también permitirán que los sindicatos, federaciones y confederaciones funcionen libremente...

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación número 87 de la OIT

Este importante instrumento que consta de un preámbulo y 21 artículos divididos en cuatro partes (Libertad sindical, Protección del derecho de sindicación, Disposiciones diversas y Disposiciones finales), fue adoptado en San Francisco, California, el 9 de julio de 1948, en el marco de la trigésima primera reunión del Consejo de Administración de la OIT, y ratificado por el país desde 1950.

Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo

Por medio de esta declaración adoptada en 1998, los Estados miembros de la OIT se comprometen (hayan o no ratificado los convenios pertinentes), a respetar y promover principios y derechos entre los que se encuentran la libertad de asociación, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.

Los anteriores cuerpos normativos en materia de libertad sindical se vieron fortalecidos con la ratificación de parte del Senado de la República del Convenio número 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, después de un pesado y complicado proceso en busca de su ratificación; fue aprobado en sesión del 20 de septiembre de 2018 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2018.

La ratificación del Convenio 98 de la OIT resulta importante, pues impone a los Estados parte la obligación de proteger a las organizaciones de trabajadores de actos de injerencia y control por parte del patrón, así como para fomentar y proteger la negociación colectiva, pero estos derechos se encuentran limitados para los trabajadores al servicio del estado o trabajadores de la administración pública, pues en su artículo 6 dicho ordenamiento señala expresamente que el mismo no trata de la situación de los funcionarios públicos en la Administración del Estado al señalar lo siguiente:

Artículo 6.

El presente convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la administración del Estado y no deberá? interpretarse, en modo alguno, en menoscabo de sus derechos o de su estatuto.

Por lo que los derechos que contempla el convenio 87 y 98 de la OIT a favor de los trabajadores, patrones y sus organizaciones se ven excluidos los trabajadores al servicio del Estado, y por ello es un asunto que por su trascendencia e importancia tendría que haber sido sometido por el Ejecutivo Federal al Senado de la República pues realmente ya no hay mucho que analizar, la aprobación del Convenio 151 de la OIT significa fortalecer el marco de los derechos humanos laborales, de los servidores públicos o trabajadores al servicio del Estado, pues mientras que dicho instrumento jurídico no sea ratificado por México, seguiremos teniendo en México trabajadores de primera y de segunda categoría y consecuentemente se siguen incumpliendo las obligaciones respecto a la protección, defensa y promoción de los derechos humanos.

Las instituciones debemos tomar en serio nuestra obligación prevista en el tercer párrafo del artículo 1o. de la Carta Magna: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Por tal motivo, la aprobación del Convenio 151 de la OIT pone piso parejo a los trabajadores para gozar plenamente del ejercicio de la libertad sindical. No podemos dejar de mencionar que Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Cuba, Colombia, Belice y hasta El Salvador han ratificado el Convenio 151 de la OIT y, sin embargo México no lo ha hecho, no obstante que, conforme a la clasificación hecha por el Consejo de Administración de la OIT, este convenio es considerado como uno de sus convenios fundamentales, pues contiene precisamente derechos humanos fundamentales. Reiteramos que es menester que el titular del Ejecutivo proceda a someter a la inmediata aprobación del Senado del convenio referido ampliamente en estas consideraciones.

Por lo expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Ejecutivo a someter al Senado de la República el Convenio 151 de la OIT, para que se proceda al consecuente dictamen y aprobación lo antes posible del instrumento internacional 151 Convenio sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública, 1978 (número 151) Convenio sobre la Protección del Derecho de Sindicación y los Procedimientos para Determinar las Condiciones de Empleo en la Administración Pública (entrada en vigor: 25 febrero 1981). Adopción: Ginebra, sexagésima cuarta reunión CIT (27 de junio de 1978). Estatus: Instrumento actualizado (convenios técnicos).

Ciudad de México, a 4 de diciembre de 2018.

Diputado Francisco Javier Ramírez Navarrete (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al motín que derivó en la muerte de 18 internos y lesiones a 93 en el centro de reinserción social de Cadereyta, NL, a cargo del diputado Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN

Raúl Gracia Guzmán, en mi carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79 numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Nuevo León para que, remita a la opinión pública, un informe donde explique cuáles son las acciones que ha realizado para dar cumplimiento a la recomendación: No. 20/2018. Referente al motín que derivó en la muerte de 18 personas internas y 93 lesionadas del Centro de Reinserción Social de Cadereyta, Nuevo León.

Exposición de Motivos

1. El 9 y 10 de octubre de 2017, en el Cereso de Cadereyta Nuevo León se originó un motín, el cual dejó como resultado 18 internos fallecidos, de ellos 11 por proyectil de arma de fuego uno por decapitación y 6 por golpes contusos además de 93 personas lesionados, 29 de ellos por proyectil de arma de fuego; 3 por disparo de goma; 6 con quemaduras y 55 lesionados por contusiones diversas.

2. Por los eventos antes citados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) examinó las evidencias del expediente de queja CNDH/3/ 2017/ 7612/Q, relacionados con el caso de internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cadereyta, Nuevo León. Para investigar las presuntas violaciones a derechos humanos, visitadores adjuntos de la Comisión Nacional se presentaron en Nuevo León e iniciaron las labores de investigación y de atención a las víctimas. A lo largo de la investigación se logró recabar diversa información, se realizaron diferentes actuaciones de campo para recopilar evidencias, testimonios, documentos, se emitieron medidas cautelares y se solicitó información a distintas autoridades.1 (CNDH, 2018)

3. Después de realizar la investigación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos entregó al gobierno de Nuevo León, la Recomendación Número 20/2018 con fecha del 9 de julio de 2018. La Recomendación, detalla con claridad las condiciones de internamiento en el Cereso de Cadereyta, los aspectos preliminares de la investigación, los hechos ocurridos, las evidencias, la situación jurídica, observaciones, responsabilidad, reparación del daño y las recomendaciones.

Dentro de las recomendaciones al Gobernador Constitucional de Nuevo León, se encuentran las siguientes que consideró son las más importantes en el entendido de la problemática que enfrenta el Cereso:

Primera. En términos de la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León se repare el daño ocasionado a los familiares de los internos fallecidos en el Cereso de Cadereyta, otorgándoles la atención psicológica que requieran, en virtud de las consideraciones planteadas en la presente Recomendación, enviando a esta Comisión Nacional las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

Segunda. En términos de la Ley de Víctimas del Estado de Nuevo León se repare el daño ocasionado a los internos lesionados, proporcionándoles la atención médica que requieran hasta su completo restablecimiento, asimismo, de requerir atención psicológica brindárselas de manera oportuna, en virtud de las consideraciones planteadas en la presente recomendación, enviando a esta Comisión Nacional las constancias con las que se acredite su cumplimiento.

Tercera. Se tomen las medidas conducentes a efecto de que en un plazo máximo de seis meses se diseñe e implemente un programa integral en materia penitenciaria, con estrategias y acciones que permitan, funcional, material y presupuestalmente consolidar en la entidad un sistema respetuoso de los derechos humanos, eliminando entre otros problemas la sobrepoblación, hacinamiento, clasificación inadecuada y autogobierno, que generan ambientes de violencia, remitiendo las constancias que acrediten su cumplimiento.

Quinta. Se asignen los recursos presupuestales y materiales para garantizar a los internos del Cereso de Cadereyta una estancia digna y segura, con la disponibilidad de espacios suficientes, en cumplimiento a las disposiciones establecidas en el artículo 18 de la Constitución federal, relativas a los 5 ejes previstos para lograr la reinserción social efectiva, y se remitan a este organismo nacional las constancias con las que se dé cumplimiento.

Octava. Se dote a la brevedad, al Cereso de Cadereyta, del equipo y tecnología que permita la detección de sustancias y objetos prohibidos y se envíen a este organismo nacional las constancias que prueben el cumplimiento al respecto.

Novena. Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se implemente un Protocolo de Manejo de Motines, en el que se privilegie el diálogo y el respeto de los derechos humanos de los internos, así como sus familiares y se instruya adecuadamente sobre la información oportuna y veraz que se debe dar a estos últimos, y remita a este Organismo Nacional las pruebas de cumplimiento respectivas. (CNDH, 2018)

La Recomendación de la CNDH, pretende que exista una reparación del daño y tiende a buscar un cambio total en el manejo del Cereso.

Considerandos

I. Como diputado federal, considero de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz de quien no la tiene para dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo.

II. La recomendación establece con claridad que, el Estado debe asumir en su posición de garante que las condiciones de internamiento sean compatibles con la dignidad del ser humano.

Un sistema penitenciario estable que se debe integrar la seguridad, el control y la justicia, como parte de la obligación de las autoridades penitenciarias para evitar que el orden se colapse, procurando un trato equitativo y respetuoso de los derechos humanos, tendente a lograr una reinserción social efectiva.

Es necesario conocer cuáles y cuántos son los avances en el cumplimiento de la Recomendación Número 20/2018 entregada por la CNDH al gobierno del estado, si bien es cierto, las recomendaciones de la comisión no son vinculantes, lo anterior no exime al gobierno estatal a cambiar las condiciones que prevalecen en el Cereso, ya que de seguir las mismas seguramente se presentará otro motín o evento trágico.

A pesar de que la Recomendación Número 20/2018 que fue entregada el 9 de julio de 2018 y que los hechos que dieron origen al motín se presentaron el año pasado, el gobierno de Nuevo León sigue enfrentando una crisis al interior del Cereso, una muestra de ello es lo ocurrido el 13 de noviembre del año en curso, donde se presentaron manifestaciones de inconformidad por el cambio de mandos en los centros penitenciarios:

La inconformidad por el cambio de mandos en los centros penitenciarios, que anunció el jueves el secretario de Seguridad Pública del estado, Aldo Fasci, prendió a los reos del Cereso de Cadereyta, quienes protestaron con mantas.

Aunque la manifestación no pasó a mayores, decenas de elementos de Fuerza Civil, equipados con equipo antimotines, se movilizaron al interior del penal, mientras que personal de la Policía Militar colocó filtros de vigilancia en los accesos.

Tras confirmar que la protesta fue generada por el cambio de mandos, Fasci aseguró que los reos se manifestaron de manera pacífica, descartando riñas y lesionados.2 (Castro, 2018).

En tan sólo tres años, en los Centros Penitenciarios de Nuevo León se han registrado más de 90 muertes, todas ellas relacionadas con motines, no se puede esconder la realidad. Estas cifras son la muestra clara de la ingobernabilidad al interior de los Centros Penitenciarios y sobre todo son el reflejo de la incapacidad del Gobierno estatal para dar respuesta a los enormes problemas que enfrentan estos Centros. Es urgente atender la Recomendación No. 20/2018, para buscar disminuir el riesgo y la probabilidad de que se presente otro motín.

Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con

Punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León para que, remita a la opinión pública, un informe donde explique cuáles son las acciones que ha realizado para atender la Recomendación Número 20/2018. Referente al motín que derivó en la muerte de 18 personas internas y 93 lesionadas del Centro de Reinserción Social de Cadereyta, Nuevo León

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nuevo León para que, remita a la opinión pública, un informe donde explique cuáles son las acciones que ha realizado para atender la recomendación: número 20/2018. Referente al motín que derivó en la muerte de 18 personas internas y 93 lesionadas del Centro de Reinserción Social de Cadereyta, Nuevo León.

Notas

1 Comisión Nacional de los Derechos Humanos Recomendación Número 20/2018. Recuperado de:

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/201 8/Rec_2018_020.pdf revisión hecha el 13 de noviembre de 2018

2 Castro Héctor y Aveldaño Emmanuel El Norte “Vuelve alerta a los penales” recuperado de: https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1538701&v=6 revisión hecha el 14 de noviembre de 2018.

Ciudad de México a 22 de noviembre de 2018.

Diputado Raúl Gracia Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para incrementar en los lineamientos de operación del Fondo de Apoyo a Migrantes el porcentaje relativo a puntos de repatriación a estados principalmente receptores y no expulsores, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe; diputado Samuel Herrera Chávez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

La situación excepcional que está desarrollándose en los estados y ciudades que se están convirtiendo en santuarios de migrantes debido a las caravanas de Centroamérica, que en los meses de octubre y noviembre de 2018 llegaron a las ciudades de Mexicali y Tijuana y han transitado por los demás estados de la República en su intento de cruzar la frontera; implica diversas acciones gubernamentales que cada entidad federativa está realizando para garantizar el trato humanitario y la solución a esta contingencia.

La incidencia de los factores nacionales e internacionales que han dado nueva dimensión a este tipo de movilizaciones humanas, y su impacto en la vida regional, plantean una necesidad y al mismo tiempo una propuesta de solución concreta que el Congreso de la Unión puede respaldar tratándose del gasto federalizado en el paquete económico de 2019, así como con los acuerdos internacionales que deberían suscribirse entre las naciones involucradas, es decir, en este caso específico los Estados Unidos de América, el Salvador, Guatemala y Honduras.

La situación y contexto demográfico de estados fronterizos son parte importante a tomar en cuenta en el presente exhorto, debido que la inercia del rápido crecimiento de la población que en números absolutos sigue en ascenso, y va asociado a las condiciones de desarrollo que tienen estas entidades, envuelve temas relacionados con el acceso de la población a mejores condiciones de vida y servicios de salud, educación, alimentación, entre otros, mismos que aun con esta contingencia, se deben seguir garantizando a la población.

En este orden de ideas, estados como Baja California han tenido la característica de integrar su volumen poblacional, además de su población nativa, a partir de dos tipos de corrientes migratorias; una de ellas proveniente de entidades con un desarrollo similar, como es el caso de Sinaloa y Sonora; la otra, de entidades distintas como Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, estado de México, Durango, Chihuahua, Guerrero, Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco.

Los migrantes llegan a las ciudades fronterizas con la intención de asentarse en forma temporal, por su expectativa de cruzar a Estados Unidos de América (EUA), al no lograrlo, la mayoría de ellos deciden quedarse a radicar en forma permanente, aquí es donde encontramos componentes atípicos de movilidad desde 2016.

El porcentaje estimado de la población migrante en el estado representa 43.6 por ciento del total poblacional, cuyo origen es, principalmente, Sinaloa, Jalisco, Sonora, Michoacán y el Distrito Federal.

Ahora bien, en este momento se vive en esta entidad federativa en particular, una circunstancia atípica por una nueva migración masiva de extranjeros que van en tránsito hacia EUA, pero que en las ciudades de Mexicali y Tijuana encontraron destino incierto, toda vez que el vecino país ha endurecido sus políticas y criterios para refugio y migración legal, por lo que de manera indefinida son ya un santuario migratorio.

La cronología de los eventos de octubre y noviembre de este año, y el éxodo de migrantes centroamericanos ha sido ampliamente documentada por todos los medios nacionales de información, y nos encontramos en la encrucijada especial de una transición de gobierno de la República, asimismo en un cierre de ejercicio presupuestal en lo local donde ya no existen posibilidades de modificaciones presupuestales extraordinarias, por tal motivo exhortamos al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, realice las valoraciones especiales para la discusión del Paquete Hacendario de 2019, sobre todo en el tema de la asignación de gasto federal para Baja California y los estados de la República en los que podrían existir santuarios indefinidos de migrantes que no logren su objetivo de establecerse en el país del norte.

Asimismo, en el ámbito internacional, requerimos de un pronunciamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores ante EUA y los países de Guatemala, Honduras, el Salvador, a fin de que tomen acciones y expresen qué apoyos proporcionarán a México, quien tiene como huéspedes a los migrantes que forman parte de esta problemática humanitaria.

La preocupación que tenemos es que queremos mantener un desarrollo tranquilo de nuestra vida fronteriza y de ayuda humanitaria en el país, queremos extender una mano solidaria a los vecinos centroamericanos, entendemos el factor complejo de la relación bilateral con EUA, y agradecemos su sensibilidad para que desde esta gran tribuna de la nación se haga llegar este mensaje.

Compaginar la dignidad de la persona humana migrante, con la vida regional fronteriza, requiere de atención prioritaria y urgente en la asignación presupuestal nacional e internacional de acuerdo a los convenios que se realicen al respecto, consolidando el Fondo de Apoyo a Migrantes en esta contingencia.

Fundamentalmente porque se requiere atender la expansión de necesidades de educación, salud, seguridad pública, que se han convertido en un reclamo recurrente de soporte a la federación, y sobre todo la exigencia de un trato justo a las entidades federativas con rezagos presupuestales, que deben atender estas necesidades.

Para las entidades federativas receptoras de migrantes, proponemos que se valoren los siguientes criterios:

1. Que en los lineamientos de operación del Fondo, se incremente el porcentaje que corresponde a puntos de repatriación (actualmente es de 20 por ciento), toda vez que el estado de Baja California se constituye como un estado principalmente receptor (no expulsor).

2. Que la federación constituya una reserva para hacer frente a posibles contingencias que se pudieran presentar, liberando los recursos de forma emergente.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como a la Cámara de Diputados, para que en los lineamientos de operación del Fondo de Apoyo a Migrantes se incremente el porcentaje que corresponde a puntos de repatriación a estados principalmente receptores y no expulsores, solicitando al mismo tiempo la colaboración de las naciones involucradas en la reciente migración masiva de ciudadanos centroamericanos, a fin de que tomen acciones y brinden apoyo económico a México, quien tiene como huéspedes a los migrantes que forman parte de esta problemática humanitaria, entre Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras y el Salvador.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para garantizar la protección y el bienestar de los más de 2 mil niños y adolescentes que ingresaron como migrantes por la frontera sur del 19 al 22 de octubre de 2018, a cargo de la diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, María Eugenia Leticia Espinosa Rivas, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presenta a consideración de esta asamblea, la proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional DIF, a que garantice la protección y bienestar de los más de dos mil niños, niñas y adolescentes que ingresaron en calidad de migrantes por la frontera sur los pasados días del 19 al 22 de octubre de 2018, al tenor de las siguientes consideraciones

1. Consideraciones

Como es del conocimiento público, durante octubre pasado, en los países vecinos de Centroamérica, principalmente en Honduras, se gestó un fenómeno de migración muy importante de por el cual miles de personas, aproximadamente seis mil, conformaron una enorme caravana que marchó hacia la frontera sur de nuestro país, con la intención de ingresar a nuestro territorio nacional como vía de paso hacia Estados Unidos de América.

Principalmente, entre los días 19 y 22 de octubre, la caravana llegó a la frontera sur de nuestro país y muchos de esos migrantes empezaron a entrar al territorio mexicano, a grado tal, que se calcula que alrededor de cinco mil personas ya han ingresado.

Más allá de la situación migratoria y de la legalidad de su ingreso, es de considerarse que la gran mayoría de estas personas están huyendo de la situación de violencia y de extrema pobreza que se vive en esos países hermanos.

La violencia que azota esos países de América Central, incluye la extorsión, el secuestro, la violencia de género y la violencia de bandas y pandillas, entre otras.

Si a lo anterior, agregamos el hecho de que la gran mayoría de las personas y familias que integran este evento migratorio viven en condiciones de pobreza extrema, que no les permite contar con los más elementales servicios sociales, de educación, de salud, o con un empleo digno, es de comprenderse la situación de desesperación por la que pasan y que los obliga a tomar la difícil decisión de dejar sus hogares, a sus seres queridos, a sus comunidades, para aventurarse hacia el norte en la búsqueda de una vida mejor para ellos y para sus hijos .

Información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, revela que en esta oleada migrante, más de dos mil personas’ son niñas, niños y adolescentes, y que requieren atención especial.

De entre todos estos migrantes, las niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables, y los que más riesgos corren en virtud de los peligros inherentes a las rutas migratorias irregulares, como lo puede ser, ya en nuestro país, el acecho de los grupos criminales que pudieran pretender, como ha ocurrido en otras ocasiones, reclutar de manera forzada a muchos de estos jóvenes para integrarlos a sus organizaciones delincuenciales, entre oteas muchos peligros.

Es de recordarse que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, obliga a las autoridades mexicanas a velar por estas personas en situación de vulnerabilidad como lo es el caso que nos ocupa.

El artículo 10 de esta ley, claramente señala que:

En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario de todos sus derechos.

Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

La propia ley, contiene además, todo un capítulo, el décimo noveno, que se refiere a los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, el cual exhortamos sea atendido a cabalidad velando siempre por el interés superior de la infancia y por la no separación de las familias.

Recordarnos también, que México es signatario de la -Convención de los Derechos del Niño, instrumento jurídico internacional de derechos humanos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, y qué nos compromete corno Estado parte a velar por el interés superior de la infancia, así como por el derecho de niñas, niños y adolescentes a la no discriminación.

En esta condición de urgencia especial, es menester proveer a estas niñas, niños y adolescentes migrantes de seguridad, protección en salud, higiene, alimentación, albergue, apoyo psicológico, entre otros servicios básicos.

III. Proposición

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, proposición con el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y el Sistema Nacional DIF, a que garantice la protección y bienestar de los más de dos mil niños, niñas y adolescentes que ingresaron en calidad de migrantes por la frontera sur los pasados días del 19 al 22 de octubre.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputada María Eugenia Leticia Espinosa Rivas (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sedesol a entregar el apoyo correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2018 del programa Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, a cargo de la diputada Lidia García Anaya, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Lidia García Anaya, diputada federal de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, fracción I, 79, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a entregar el apoyo correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018, a las Estancias Infantiles Responsables de la Operación del Programa Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Según datos del Inegi, en la actualidad el rol social de las mujeres como amas de casa y responsables del cuidado de sus hijas e hijos ha evolucionado, este cambio ha dado como resultado que un número cada vez mayor se incorpore al mercado laboral para contribuir al sustento de sus hogares. Prueba de ello es que durante el periodo 2005 a 2017 la población femenina económicamente activa mayor de 15 años creció 26.9 por ciento (de 16.3 millones en el tercer trimestre de 2005 a 20.7 millones en el tercer trimestre de 2017), en comparación con la población económicamente activa masculina mayor a 15 años, que creció 23.4 por ciento durante el mismo periodo de 27.3 a 33.7 millones.

El Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras es un Programa de la Secretaría de Desarrollo Social, diseñado para mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres que trabajan, buscan empleo, estudian, así como a los padres solos con hijas o hijos bajo su cuidado y atención

Asimismo, tiene como objetivo ofrecer una alternativa de acceso a los servicios de cuidado y atención infantil que permita a las madres trabajadoras y a los padres solos buscar un empleo, mantener su empleo o estudiar, mientras sus hijas e hijos reciben dichos servicios.

De la misma forma y de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa, se pretende contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral de las madres, padres solos y tutores que buscan empleo, trabajan o estudian y acceden a los servicios de cuidado y atención infantil.

El Programa tiene una cobertura a nivel nacional y su población objetivo se clasifica en dos grupos denominados: a) Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos y b) Impulso a los Servicios de Cuidado y Atención Infantil.

El gobierno federal, por conducto de la Sedesol cubre el costo de los servicios de cuidado y atención infantil de la siguiente forma:

-950 pesos mensuales por cada niña o niño de entre 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años, inscrita (o) con alguna estancia infantil afiliada al programa que cuente con autorización del modelo, y

-1,800 pesos mensuales por cada niña y niño de entre 1 y hasta un día antes de cumplir los 6 años, en los casos de niñas(os) con alguna discapacidad que cuente con un certificado médico vigente, inscrita (o) en alguna estancia infantil afiliada al programa que cuente con autorización del modelo.

Actualmente, según la información de la Secretaría de Desarrollo Social, se encuentran en el país 9 mil 315 estancias en operación; siendo 303 mil 956 niñas y niños atendidos y 289 mil 294 sus beneficiarios; sin embargo, la mayoría de las estancias infantiles afiliadas en el país aún no reciben el recurso correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año en curso.

De no recibir tales recursos, las estancias no podrán cumplir su funcionamiento, dejando de lado el buen cuidado de los menores y sin pago a miles de educadoras en el país.

Es por ello, que resulta de fundamental importancia que se liberen dichos recursos para dar atención a las necesidades prioritarias de este grupo de beneficiarios que requieren de manera urgente el servicio.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a entregar el apoyo correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2018, a las estancias infantiles responsables de la operación del Programa Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputada Lidia García Anaya (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se solicita a la SEP, la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios que hagan pública la información y las razones de que no se hayan asignado aún los cargos directivos para el ciclo escolar 2018-2019, suscrita por el diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6 numeral 1 fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, y demás disposiciones aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita de manera respetuosa y en el ámbito de sus atribuciones al titular de la Secretaría de Educación Pública, a la subsecretaria de Educación Media Superior, licenciada Sylvia Ortega Salazar y al jefe de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, doctor Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza; para que hagan pública la información y las razones por las cuales no se han asignado los cargos directivos a los docentes idóneos para el ciclo escolar 2018-2019 y cuál es el fundamento legal para la ampliación del cargo por un año, a los mandos directivos del nivel medio superior a nivel nacional, que terminaron sus funciones en agosto de 2018, al tenor de los siguientes los siguientes

Antecedentes

Primero. El 2 de marzo de 2018, la Secretaria de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de Servicios, publicó la convocatoria correspondiente al Concurso de Oposición para la Promoción a Funciones de Dirección de Educación Media Superior ciclo escolar 2018-2019 del Servicio Profesional Docente. En dicha convocatoria salen a concurso 97 direcciones en 25 estados, por lo que docentes de todo el país se inscriben en el tiempo y forma de acuerdo a las bases establecidas en el documento. Dentro de la convocatoria para presentar el examen, se presentan las consideraciones:

1. Quienes hayan sido promovidos a un cargo con funciones de subdirector, jefe de departamento o equivalentes, derivado de las convocatorias de este Concurso de Promoción y decidan renunciar antes de concluir el periodo del nombramiento, podrán hacerlo hasta la conclusión del ciclo escolar correspondiente, deberán regresar a desempeñar la función docente frente a grupo durante un ciclo escolar, y podrán participar en el siguiente concurso de oposición para este tipo de promoción.

2. Quienes ingresaron al servicio público educativo a través del Concurso de oposición para el ingreso a la Educación Media Superior, solo podrán participar en el Concurso de oposición para la promoción una vez que hayan sido sujetos de la Evaluación del Desempeño, prevista en el Artículo 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y obtenido un resultado al menos de suficiente en la misma.

3. El personal docente en servicio que participó en concursos de oposición para el ingreso a la educación media superior en ciclos anteriores y obtuvo un resultado no idóneo, sólo podrá participar en concursos de oposición para la promoción una vez que en su función actual haya sido sujeto de la Evaluación del Desempeño prevista en el artículo 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente y haya obtenido un resultado de al menos suficiente en la misma.

4. El personal docente en servicio que haya sido evaluado en su desempeño, en los términos del artículo 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, haya obtenido un resultado de insuficiente y se encuentre en periodo de regularización, solo podrá participar en concursos de oposición para la promoción una vez que en dicha Evaluación obtenga un resultado de al menos suficiente.

5. Quienes participen en un concurso adicional a este concurso de oposición para la promoción en educación media superior, ciclo escolar 2018-2019, ya sea de ingreso a la educación media superior o educación básica, o bien de promoción en educación básica, en caso de obtener resultado idóneo en ambos concursos, deberá elegir el beneficio en solo de uno de ellos.

Asimismo, dentro de las bases, se establecen los cargos a concurso, siendo los siguientes:

A la fecha de publicación de la presente Convocatoria se someten a concurso:

Número de cargos vacantes Funciones

97 Cargos con funciones de director o equivalentes.

115 Cargos con funciones de Subdirector o equivalentes, y

1598 Cargos con funciones de Jefe de Departamento o equivalentes

Segundo. El 8 de marzo del mismo año, sólo 6 días después de la publicación de la primera convocatoria, se publica un anexo en la página del Servicio Profesional Docente (SPD), dónde actualizan las plazas a concurso, publicando únicamente 13 direcciones de 10 estados, siendo que anteriormente se habrían presentado 97. Las autoridades Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS) no dieron a conocer ningún fundamento para la publicación y tampoco presentaron firmas en el anexo.

Número de cargos vacantes Funciones

13 Cargos con funciones de Director o equivalentes.

115 Cargos con funciones de Subdirector o equivalentes, y

1598 Cargos con funciones de Jefe de Departamento o equivalentes

Tercero. El 9 de marzo, docentes de todo el país presentaron el examen de oposición; los profesores en diversas entrevistas, aseguraban que, como condición para ingresar al examen, les solicitaron firmaran una carta en la cual el docente estaba consciente del anexo de la convocatoria y de la eliminación de los 84 planteles. Presumían que habían sido eliminadas estas instituciones, porque sus directores serían evaluados en tiempo y forma; sin embargo, nunca fueron evaluados en su periodo de cuatro años, como indica el artículo 52 de la Ley General de Servicio Profesional Docente.

Cuarto. El 22 de agosto, el doctor Ricardo Cantoral, jefe de la UEMSTIS, giró un oficio a los directores para informar que se les extenderá un nombramiento por un año más a los directores que terminarían funciones. En dicho oficio, el titular hace referencia a un acuerdo de la junta directiva de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, en dónde no se menciona en lo absoluto la extensión de nombramientos fuera de tiempo para justificar una evaluación. (Anexo 1)

Una vez constatado el acuerdo, en su numeral 6, se hace alusión a que la junta directiva de la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente: “aprueba la aplicación de la evaluación del desempeño personal que ostenta un cargo con funciones de Director de educación media superior que se encuentren en los siguientes supuestos:

A) Personal docente que fue promovido al cargo con funciones de director, a través de los concursos de oposición para la promoción a cargo de director en educación media superior en el ciclo escolar 2014-2015 y 2015-2016, cuyo nombramiento vence en 2018, y es de su interés renovar su nombramiento.

B) Personal que previo la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente cuenta con nombramiento para desempeñar funciones de director en Educación Media Superior y debe sujetarse a la Evaluación del Desempeño. Para este personal la evaluación es de carácter obligatoria.

Dicho lo anterior, en el acuerdo con número 08/ SPD/ SO-20/18 de la junta directiva de la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, únicamente se menciona la aprobación de la aplicación de la evaluación al personal que tenga cargo de Director, pero no menciona que, en función de este acuerdo, se les extenderá el cargo a los directores idóneos de los planteles a nivel medio superior de los ciclos escolares 2014-2015 y 2015-2016. (Anexo 2)

Quinto. El 24 de agosto, la subsecretaria de Educación Media Superior, Sylvia Ortega Salazar, expide nombramientos por un año más a los directores para su permanencia en el cargo directivo y así puedan recibir el privilegio de ser evaluados fuera de tiempo. Por lo que extenderles su nombramiento por un año más, trasgrede los derechos de los profesores con calificación idónea que concursaron en tiempo y forma y contraponiendo lo dispuesto por el mismo artículo 52 de la Ley General de Servicio Profesional Docente.

Sexto. El 24 de agosto, cinco docentes idóneos (ganadores del concurso 2018) de la Ciudad de México, signan un documento exigiendo se respeten los resultados de idoneidad y se proceda a la asignación de los planteles, conforme a la ley. El documento es ingresado a diferentes las instancias (Presidencia, Subsecretaría de Educación Media Superior, Secretaría de Educación Pública, al Órgano Interno de Control de la SEP, Derechos Humanos, etcétera). (Anexo 3)

Séptimo. El 27 de septiembre de 2018, diferentes docentes, que se acreditaron como directores idóneos 2018, enviaron un escrito petitorio, en el que demanda a diversas autoridades la asignación que les corresponde de acuerdo a los resultados del examen de oposición para la promoción a funciones de Dirección en Educación Media Superior Ciclo Escolar 2018-2019. (Anexo 4)

Octavo. El 7 de octubre de la misma anualidad, el periódico La Jornada, entrevista a dos profesores y da a conocer la irregularidad en este proceso, en dichas declaraciones, los docentes dan de forma concisa, en que recae las irregularidades en las que la UEMSTIS (antes DGETI). Por lo que el tema ya ha trascendido a la opinión pública.1 (Anexo 5)

Noveno. El 16 de octubre, un total de 30 docentes de todo el país publican un desplegado en el periódico La Prensa, solicitando la intervención de las autoridades para buscar una solución a este conflicto. Ninguna institución ha dado información certera a estas solicitudes y todo lo remiten a la UEMSTIS. (Anexo 6)

Décimo. Después de presentar diversos oficios al coordinador Sectorial de Normatividad, al director general de Lineamientos para las Evaluaciones, al área de quejas del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, se giraron diversas solicitudes para dar respuesta a las demandas por los docentes afectados, siendo la más importante, la del 12 de octubre por parte del coordinador sectorial de Normatividad, en el que solicita remita a la Subsecretaría de Educación Medio Superior, un informe pormenorizado sobre la atención otorgada al oficio de mérito presentado y firmado por el coordinador, maestro José Armando García Reyes, acompañado de evidencia documental correspondiente.

Obteniendo diferentes respuestas de las instancias, las cuales remiten en su mayoría todo a la UEMSTIS y su titular Ricardo Cantoral. (Anexo 7)

Undécimo. Dicho lo anterior, se tiene por entendido, que la UEMSTIS actuó arbitraria e ilegalmente para dar prórroga por un año más a los directivos que terminaban funciones, con el simple argumento que serían evaluados para que obtuvieran el privilegio de ser seleccionados nuevamente en el puesto; sin embargo, no cumplieron lo establecido en el artículo 52 de la Ley General de Servicio Profesional Docente, el cual establece la obligatoriedad de las evaluaciones por examen de oposición o siendo evaluados para cumplir con la calificación de idoneidad. Hasta el día de hoy, no tenemos una respuesta de los directivos, por lo que se solicita una respuesta de conformidad con los siguientes

Considerandos

Primero. La Unidad de Educación Media Superior Técnica Industrial y de Servicios (UEMSTIS, antes DGETI) es el único subsistema de la Secretaría de Educación Pública que presenta este problema en el país; el resto de subsistemas respetaron los resultados de los exámenes y asignaron planteles, conforme a la ley.

Segundo. Que, de conformidad con el artículo 28 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para la promoción a una plaza con funciones de dirección, se dará lugar aún nombramiento fijo de acuerdo a las disposiciones aplicables, siendo las autoridades Educativas y los Organismos descentralizados las que determinarán dicha duración. Asimismo, se hace referencia a las renovaciones de los cargos siempre y cuando cumplan con las evaluaciones de desempeño a las que se refiere el artículo 52 de la misma Ley.

Tercero. Que de conformidad con el artículo 31 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, la autoridad educativa y los organismos descentralizados, sólo podrán cubrir las plazas con funciones de dirección o supervisión, cuando por las necesidades del servicio, no deban permanecer vacantes; asimismo, dichos nombramientos deberán tener un tiempo fijo y solo podrán ser otorgados a docentes en servicio por el tiempo remanente hasta la conclusión del ciclo escolar correspondiente y dichas plazas deberán ser objeto del concurso inmediato posterior.

Cuarto. Que de conformidad con los artículos 42 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para la asignación de horas adicionales que no sean de Jornada, será una promoción en función de las necesidades del Servicio y para lograr dichas horas, se debe obtener un resultado igual o superior al nivel que la autoridad educativa o el organismo descentralizado proponga; es decir, que para la extensión de horas se deberá a una promoción de acuerdo a las necesidades del servicio, y no por prorroga de ninguna de ellas, salvo lo disponga la Ley. Para este supuesto el artículo 43 de la misma ley, establece que en las promociones solo podrán participar el personal en servicio y que previamente hayan realizado la evaluación del desempeño de conformidad con el artículo 52 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Quinto. Que de acuerdo a las diversas respuestas por parte de las diferentes instancias en las que los Docentes Idóneos del Ciclo Escolar 2018, solicitan se asignen de inmediato los planteles para los mismos, se demanda en reiteradas ocasiones a la Unidad de Educación Media Superior Tecnológico Industrial y de Servicios, se dé respuesta oportuna y concisa a los solicitantes para aclarar porque no se ha cumplido con lo dispuesto en la ley.

Sexto. Que de conformidad con los artículos 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se enumeran las faltas administrativas no graves de servidores públicos cuyos actos u omisiones incumplan o trasgredan lo contenido en sus obligaciones; mencionando en la fracción III que se deben atender las instrucciones de sus superiores, siempre y cuando estas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público.

Que, al día de hoy, de acuerdo al oficio de referencia: DG-OS-2018-001280-1, número 4096 del Órgano de Control Interno, por medio de la Coordinación Sectorial de Normatividad, se instó a la UMESTIS para dar pronta respuesta a las irregularidades en la ampliación de los cargos de los ex directivos, serán sujetos a las sanciones administrativas de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por lo expuesto, fundado y motivado someto a la consideración del pleno de ésta honorable Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura, la siguiente

Proposición con Punto de Acuerdo con carácter de urgente u obvia resolución

Único. Se solicita de manera respetuosa y en el ámbito de sus atribuciones al titular de la Secretaría de Educación Pública, a la subsecretaria de educación media superior, licenciada Sylvia Ortega Salazar y al jefe de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios, doctor Ricardo Arnoldo Cantoral Uriza; para que hagan pública la información y las razones por las cuales no se han asignado los cargos directivos a los docentes idóneos para el ciclo escolar 2018-2019 y cuál es el fundamento legal para la ampliación del cargo por un año, a los mandos directivos del nivel medio superior a nivel nacional, que terminaron sus funciones en agosto de 2018.

Nota

1 Periódico La Jornada 2018.

https://www.jornada.com.mx/2018/10/15/sociedad/036n1soc

Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, LXIV Legislatura a los 4 días del mes de diciembre de 2018.

Diputado Luis Alberto Mendoza Acevedo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para practicar una auditoría de gestión a la Universidad Tecnológica de Morelia, sobre su organización interna, estructura y funcionamiento, así como la administración de los recursos humanos, materiales y financieros en los años 2016 a 2018, y verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Sindicato Único de Trabajadores de dicha casa de estudios, suscrita por los diputados Ana Lilia Guillén Quiroz e Hirepan Maya Martínez, del Grupo Parlamentario de Morena

Ana Lilia Guillén Quiroz e Hirepan Maya Martínez, en nuestra calidad de diputados federales de la LXIV Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso y la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la educación es un derecho y su oportuna y eficiente prestación concurren los tres niveles de gobierno, por lo que a la letra señala:

“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

...

I... IV...

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos – incluyendo la educación inicial y a la educación superior – necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;

...”

En este sentido, el gran reto educativo del siglo XXI es el de responder a una sociedad inmersa en un proceso de globalización, empujada por un desarrollo vertiginoso de la tecnología, y donde el conocimiento y la información son la clave para diseñar y operar más eficientemente todos los procesos, llámense productivos, sociales, políticos, de gestión, etcétera.

Los propósitos de la educación se están diversificando; hay una urgente necesidad de vincular la escuela con el aparato productivo, con los problemas sociales, con el sector público y con sus programas. La escena tradicional de un profesor en un aula repleta de estudiantes que copian de lo que él escribe en un pizarrón está cuestionada desde muchas perspectivas; se exige que el programa de cualquier materia esté actualizado, que considere experiencias educativas basadas en una mayor participación del estudiante, en contacto con los problemas reales, relacionando los saberes con los aspectos del entorno, con una valoración de lo local sin dejar de reconocer lo global, lo internacional.

Adicionalmente a lo anterior, el mayor uno de los mayores retos de la educación superior es ampliar su cobertura; no es posible que sólo alrededor de dos de cada diez mexicanos en edad de estudiar en el sistema superior lo estén haciendo.

Segunda . A partir de 1989, la Secretaría de Educación Pública emprendió en 1989 un sistema de evaluación y modernización de la educación superior que propició la operación de un nuevo sistema educativo denominado Universidades Tecnológicas, cuya finalidad es proporcionare servicio a los sectores productivos y sociales, permitiendo, además, que los estudiantes eleven sus expectativas de formación académica, desempeño profesional y empleo debidamente remunerado.

Con fecha 14 de enero del año 2000, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, celebró con el Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Educación Pública, Convenio de Coordinación con el objeto de establecer la creación, operación y apoyo financiero a la Universidad Tecnológica de Morelia, como un organismo público descentralizado de carácter estatal, con el propósito de dar respuesta a los requerimientos de los distintos sectores en materia de educación, investigación científica y tecnológica en la formación de profesionales que se integren al proceso productivo en la Entidad.

Con fecha 10 de agosto del año 2000, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán, Decreto Administrativo mediante el cual se creó la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM),1 como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio la cual se integrará al Sistema Nacional de Universidades Tecnológicas adoptando su modelo educativo.

Dicho decreto refiere que:

“Que la Universidad Tecnológica de Morelia, tiene como objeto ofertar programas de educación superior, con las características de pertinencia, flexibilidad y calidad; así como también que los egresados como Técnicos Superiores Universitarios, y los egresados en ingeniería y licenciatura, sean aptos para la aplicación de conocimientos y soluciones de problemas con sentido de innovación en la incorporación de avances científicos y tecnológicos, desarrollando estudios o proyectos que contribuyan al desarrollo y beneficio de la comunidad; así como el desarrollo de funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, contribuyendo con ello al desarrollo tecnológico y social del Estado.”2

Tercera. Inicialmente la Universidad Tecnológica de Morelia inicio con 4 carreras: Tecnologías de la Información y Comunicación; Biotecnología; Mantenimiento Área Industrial; y Diseño y Moda Industrial Área de Producción. Y al paso del tiempo ha incrementado su campo de enseñanzas a Energías Renovables y Gastronomía, siendo en su momento las únicas en su tipo, impartidas por una institución de educación superior y gratuita en el Estado de Michoacán.

En 2014 la Universidad Tecnológica de Morelia tenía una matrícula estudiantil de 1,738 estudiantes al cuarto cuatrimestre de ese año y contaba con un presupuesto de $52,367,374.00 (Cincuenta y dos millones trescientos setenta y siete mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional).

Para este año de 2015, al segundo cuatrimestre del año, se ignora el tamaño real de la matricula estudiantil, pero considerando el número de egresados puede calcularse que el número de alumnos se redujo en 300 estudiantes, lo que representa una reducción del 17.26 por ciento en el número de educandos en la Universidad Tecnológica de Morelia. Y cuenta con un presupuesto de solo $50,229,620.00 (cincuenta millones doscientos veintinueve mil seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.) es decir una disminución de $2,137.754.00 (dos millones ciento treinta y siete mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) lo que representa una disminución de sus ingresos del orden de 4.08 por ciento con respecto del año anterior.

Es decir, se dio una disminución presupuestal para atender los fines y objetivos de la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM). Sobre el particular cabe hacer nota que la mitad del presupuesto lo aporta la Federación y la otra mitad el Gobierno del Estado de Michoacán.

Para agravar la situación de desatención presupuestaria a esta institución de Educación Superior, el 20 de febrero de 2015 se dio una suerte de golpe de estado técnico en la Universidad Tecnológica de Michoacán, por parte del ex gobernador interino Salvador Jara Guerrero, en mediante la destitución, sin motivo y sin explicación oficial, del rector Alfredo Rosales Rosales, quien debería de haber concluido su periodo hasta el mes de abril de 2016, quien fue cesado de sus funciones un año y dos meses antes de concluir su periodo.

En su lugar, fuera del procedimiento previsto en el Decreto de Creación de la UTM, sin consultar al Consejo Directivo y sin que este propusiera una terna al Gobernador para el nombramiento de nuevo de la Universidad Tecnológica de Morelia, fue designada como rectora la Ingeniera Teresa Bautista Hernández, por parte del Gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero.

El decreto de creación de la Universidad tecnológica de Morelia, menciona en su artículo 10,3 señala a la letra:

“Artículo 10. El rector de la universidad será nombrado por el gobernador del estado, quien durará en su cargo cuatro años y podrá, en su caso, ser designado para otro período.

Para efecto de lo dispuesto en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán, el cargo de Rector será equiparable al de Director General del Organismo.

Para el efecto del nombramiento a que se refiere este artículo, el Consejo podrá proponer al Gobernador del Estado una terna de candidatos”.

Por su parte el Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Morelia4 en su artículo 6º menciona:

“Capítulo III
Del Consejo

Artículo 6o . El Consejo estará integrado de conformidad a lo establecido en el artículo 7° del Decreto, quien además de las facultades que le otorga el artículo 9° del Decreto, así como el artículo 55 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán y demás normativa aplicable en la materia, tendrá las siguientes:

I. Proponer al Gobernador una terna de candidatos para ocupar el cargo de Rector ;

III. ...”

Y a su vez el artículo 7 del Decreto de creación indica que:

“Capítulo Tercero
Del Consejo Directivo

Artículo 7o. El Consejo Directivo será el órgano de gobierno de la Universidad y se integrará por:

I. Un representante del Gobernador del Estado, quien lo presidirá;

II. El Tesorero General del Estado;

III. El coordinador de Control y Desarrollo Administrativo;

IV. Tres representantes del gobierno federal designados por el Secretario de Educación Pública;

V. Un representante del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, designado por el Presidente Municipal;

VI. Dos representantes del sector social del Estado a invitación del Presidente del Consejo.

Cada uno de los miembros propietarios del Consejo Directivo, con excepción del Presidente, podrá nombrar su respectivo suplente.

Las reuniones serán convocadas y presididas por su Presidente. Se celebrarán sesiones ordinarias trimestrales y extraordinarias cada vez que el Presidente lo estime necesario o le sea solicitado por el Rector.

El quórum para sesionar será con la asistencia de más de la mitad de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate.

A las sesiones, asistirá un secretario quien tendrá voz, pero no voto, cuya función será apoyar en la realización de éstas y realizar las actas correspondientes. El secretario será designado por mayoría de votos del Consejo Directivo a propuesta de una terna que presentará el Presidente”.

Es decir, el nombramiento de la rectora Teresa Bautista Hernández, en febrero de 2015, fue realizado sin que se cumpliera el plazo de cuatro años del rector anterior y sin que Consejo Directivo, máximo órgano de gobierno de la Universidad Tecnológica de Morelia, propusiera una terna de aspirantes a la rectoría para que el Gobernador del Estado nombrara de entre sus integrantes al nuevo rector.

Esto fue a todas luces una violación a las normas que rigen el nombramiento de Rector en la Universidad Tecnológica de Morelia y un retroceso para el Estado de Derecho y el respeto a la legalidad con que debe de conducirse la actuación tanto del Gobernador en turno como de quien encabeza una casa de estudios de nivel superior.

Está violación a la legalidad tuvo como consecuencia, entre otras, un deterioro inmediato de la vida institucional y académica de esa casa de estudios como a continuación se expone:

1) La disminución de la matrícula estudiantil en un 17 por ciento;

2) Reducción de los recursos financieros con los que cuenta la UTM en casi 5 por ciento;

3) El aumento del 100 por ciento en las demandas internas.

4) Conflictos laborales con el personal docente le han costado a la universidad casi el 5 por ciento de sus recursos económicos y

5) Que casi el 20 por ciento del personal sustantivo de la institución, como lo son los profesores de asignatura hayan ido removidos, despedidos o se les han disminuido sus horas clase, puesto que no se premiaba lo académico y si en cambio se privilegió lo político, con la consecuente disminución de la calidad en la educación.

6) Entre febrero y mayo de 2015, 20 académicos que habían sido contratados mediante sendos concursos de oposición han sido despedidos sin causa justificada;

7) Tres docentes les fueron reducidas las cargas académicas;

8) Se interpusieron al menos 3 amparos contra estas medidas;

9) 25 demandas laborales fueron interpuestas; y,

10) Fue embargada una cuenta de la Universidad por $2,300,000.00 (dos millones trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional).

Es importante hacer notar que todos los afectados forman parte de los 65 afiliados al Sindicato de Empleados de la Universidad Tecnológica de Morelia (SEUTEM), sindicato de corte independiente.

Por otro lado, la rectora ex rectora Teresa Bautista Hernández, asigno, fuera del procedimiento que marca el reglamento interno de la Universidad Tecnológica de Morelia, cargas horarias a profesores favoreciendo al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia (Sututem) de tipo oficialista, que cuenta con 96 afiliados.

Este favoritismo de un gremio sobre otro por parte de la rectoría permitió que el líder sindical del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia (Sututem), Gerardo Bolaños Jiménez, mantenga dentro de la nómina de la UTM a su esposa Laura Viera Jaramillo, quien primero se desempeñó como maestra sin estar titulada, por lo que no cubría el perfil exigido en el Reglamento Interno de la UTM, y ahora es Directora de la Carrera de Diseño Textil y Moda; así mismo, su cuñada Erika Viera Jaramillo, y a su sobrino Adrián Bolaños López.

Cuarta. Sin embargo, el principal problema a partir del nombramiento irregular de la ex rectora, Teresa Bautista Hernández, fue haber heredado una costosa carga financiera a la Universidad Tecnológica de Morelia a manera de “apoyos al sindicato” a través del Contrato Colectivo de Trabajo de la Universidad Tecnológica de Morelia 2015-2018,5 firmado el 9 de septiembre de 2015, por la rectora, en ese momento, Ingeniera Teresa Bautista Hernández, y por el Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia (Sututem), Gerardo Bolaños Jiménez, por lo que sé le otorgan de manera directa al dicho gremio , sin justificación o rendición de cuentas alguna, la cantidad de $6,058,500.00 (seis millones cincuenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) al año . Las mencionadas Condiciones Generales de Trabajo señalan:

“Capítulo Décimo Tercero
De los Apoyos al Sindicato.

Cláusula 59. La Universidad otorgará los siguientes apoyos al sindicato:

I. Apoyo de fin de año. La Universidad entregara al sindicato la cantidad de $2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) anualmente para el apoyo de fin año por cada uno de sus trabajadores sindicalizados, el depósito se deberá realizar en la primera semana del mes de diciembre en la institución bancaría que se señale el sindicato;

II. La caja de préstamo. La Universidad le depositara al sindicato en la institución bancaria que le señale, la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), en la primera semana el mes de febrero de cada año, por cada uno de sus trabajadores sindicalizados, para la creación de caja de préstamo sindical;

III. Ayuda Sindical. La Universidad le depositará al sindicato la última semana de cada mes, en la institución bancaría que le señale, la cantidad de $2,600.00 (dos mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), por cada uno de sus trabajadores sindicalizados, por concepto de ayuda sindical;

IV. Apoyo al sindicato; La Universidad depositará mensualmente al sindicato la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) para gastos de representación, papelería y asesoría jurídica, en la institución bancaría que el sindicato le señala;

V. Renta de Oficinas. La Universidad , depositará al sindicato , en la institución bancaría que le señale, el último día hábil de cada mes, la cantidad de $5,250.00 (Cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional), para renta y servicios mensuales de oficinas sindicales;

VI. Promoción Cultural y Deportiva. La Universidad depositará al sindicato, en la institución bancaría que le señale, en la primera sema de junio de cada año, la cantidad de $800.00 (Ochocientos pesos 00/100 moneda nacional) por cada uno de sus agremiados para adquisición de uniformes deportivos y, depositará al sindicato, en la institución bancaría que le señale, en la primer semana de los meses de junio y septiembre 2 apoyos económicos para el fomento a la cultura y el deporte de sus agremiados, el primero por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta ml pesos 00/100 moneda nacional) y el segundo por la cantidad de $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional);

VII. Aniversario del Sindicato. La Universidad depositara al sindicato, en la institución bancaría que le señale en la primera semana de julio de cada año, la cantidad de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional) para sufragar los gastos del evento de aniversario del sindicato.

Cláusulas Transitorias

Primera. Todas las disposiciones contenidas en el presente contrato colectivo de trabajo y sus convenios tienen vigencia a partir dela firma del mismo, por la cual, no obstante lo previsto en la cláusula 37de este Contrato, la próxima revisión general será el 31 de enero del año 2018.

Segunda. La Universidad y el sindicato , se comprometen a realizar todas las acciones y las gestiones necesarias, para implementar un programa de Restructuración Administrativa que permita la Institución mejorar las condiciones laborales de los trabajadores administrativos sin que ello perjudique el presupuesto que actualmente tiene asignado.”

Para entender mejor lo anterior se muestra la siguiente tabla:

“Apoyos al Sindicato”

Quinta. Por otra parte, cabe señalar que desde el 27 de julio de 2017, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aprobó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Universidad Tecnológica de Morelia a remitir un informe respecto de los recursos públicos otorgados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia,6 el cual en sus resolutivos señala:

“Punto de Acuerdo7

Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Universidad Tecnológica de Morelia para que remita un informe respecto de los recursos públicos otorgados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia.

Segundo. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que, en ejercicio de sus atribuciones, verifique el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia.”

El mismo punto de acuerdo, dentro de sus consideraciones señala, entre otros puntos, que:

“... mediante una indagatoria realizada por el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia recibió 11 millones 812 mil 110 pesos para su administración,8 información que ésta Comisión dictaminadora no encuentra -de acuerdo a lo que contempla la Ley- en el portal de internet del Sindicato. Esto es, que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Tal disposición resulta relevante porque la información en posesión de los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, debe ser pública, con las excepciones que la propia Constitución, los tratados internacionales y las leyes de la materia señalen.

En sustento de lo anterior esta dictaminadora refiere lo que señala de manera textual la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su Artículo 70, Fracción XVI, que a su letra dice:

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados (los sindicatos entre otros) pongan a disposición del público y mantengan actualizada , en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

...

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos ;

...

Es por lo antes mencionado, que esta dictaminadora coincide con la preocupación del titular del punto de acuerdo respecto a la necesidad de contar con una información presupuestal que reciba el sindicato; ya que no hay ninguna rendición de cuentas al interior del Sututem ni dentro de la Universidad Tecnológica de Morelia .

Así, para cumplir con este precepto constitucional, es necesario que las leyes expedidas en torno al uso de recursos públicos recojan, desarrollen y permitan que estos principios y mandatos constitucionales puedan ser efectivamente realizados.

Esta Comisión destaca que se necesita una coordinación efectiva del control interno y la fiscalización para la supervisión y evaluación del manejo de los recursos públicos, con la intención de frenar cabalmente la opacidad, la discrecionalidad, los manejos corruptos y la impunidad .”

Sin embargo, a más de un año de haber sido realizado este requerimiento oficial por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hasta la fecha no existe ninguna respuesta formal por parte del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia y tampoco se encuentra publicado en el portal o página electrónica del Sututem, referencia alguna sobre el monto y destino final de los “apoyos sindicales” que la Universidad Tecnológica de Morelia le aporta al Sindicato.

Es decir, existe una omisión reiterada y sistemática para informar sobre el monto de los recursos asignados al Sindicato, así como el destino final de ellos.

En este orden de ideas, el objeto y los fines de la Universidad tecnológica de Morelia se ven amenazados por el nombramiento irregular de la ex rectora Teresa Martínez Hernández, en febrero de 2015, y la subsecuente firma de un contrato colectivo de trabajo con “cláusulas de apoyo al sindicato” que impone condiciones leoninas a favor del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia, y que significan una sangría financiera para UTM. Esto debe terminar.

De ahí la necesidad de investigar el monto exacto de los recursos públicos entregados y el destino final de los mismos.

Sexta. La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, señala las facultades de la Auditoria Superior de la Federación, y a la letra dice:

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de:

I. La Cuenta Pública;

II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en revisión;

III. La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales, y

IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación.

Para efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones.

Adicionalmente, la presente Ley establece la organización de la Auditoría Superior de la Federación, sus atribuciones, incluyendo aquéllas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de esta Ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como su evaluación, control y vigilancia por parte de la Cámara de Diputados.”

Debe tenerse en cuenta que el 4 de enero del año 2000, el Gobierno del Estado de Michoacán celebró el Convenio de Coordinación con el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Educación Pública,9 con el objeto de establecer la creación, operación y apoyo financiero a la Universidad Tecnológica de Morelia, como un organismo público descentralizado de carácter estatal. Así mismo es debe considerarse que la mitad del presupuesto de la Universidad Tecnológica de Michoacán lo aporta la Federación y la otra mitad el Gobierno del Estado de Michoacán.

Es decir, existe la obligación de rendir cuentas sobre los recursos públicos para evitar opacidad y corrupción. Así mismo, se cuenta con mecanismos institucionales que permiten realizar una adecuada fiscalización a las entidades para garantizar el correcto ejercicio de los recursos públicos.

Por las razones expuestas someto ante esta soberanía como de urgente y obvia resolución la siguiente propuesta de

Punto de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respetuosamente solicita a la Auditoria Superior de la Federación, para que en uso de sus atribuciones y facultades, incluya dentro de su calendario de labores una autonomía de gestión a la Universidad Tecnológica de Morelia sobre su organización interna, estructura y funcionamiento, así como la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros que ha utilizado para la ejecución de sus atribuciones, en los años 2016, 2017 y 2018, incluidos los 18’175,500.00 (dieciocho millones ciento setenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) entregados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia durante los años referidos en forma de “Apoyos al Sindicato”.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que, en ejercicio de sus atribuciones, verifique el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia.

Notas

1 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 10 agosto del año 2000.

http://leyes.michoacan.gob.mx/destino/O348po.pdf

2 Ídem.

3 Ibídem.

4 Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Morelia. Publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 22 de diciembre del 2011, tomo CLIII, núm. 28.

http://congresomich.gob.mx/file/
REGLAMENTO_INTERIOR_DE_LA_UNIVERSIDAD_TECNOL%C3%93GICA_DE_MORELIA.pdf

5 Contrato Colectivo de Trabajo de la Universidad Tecnológica de Morelia 2015-2018, 9 de septiembre 2015. http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=92759

6 http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/73786

7 Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; Puntos Constitucionales; y de Justicia, con punto de acuerdo que exhorta a la Universidad Tecnológica de Morelia para que remita un informe respecto de los recursos públicos otorgados al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Morelia. Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los veintiséis días del mes de julio de 2017. http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-07-26-1/assets/docum entos/Dict_1ra_Univ_Tec_Morelia.pdf

8 Cambio de Michoacán. Transparentan instancias aportaciones a sindicatos. 2 de marzo 2017, página 4. https://issuu.com/cambiodemichoacan/docs/pdfcompleto02032017

9 Poder Ejecutivo del estado, Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de Morelia.

Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el día 22 de diciembre del 2011, tomo CLIII, núm. 28. Página 1 párrafo segundo. http://congresomich.gob.mx/file/REGLAMENTO_INTERIOR_DE_LA_UNIVERSIDAD_T ECNOL%C3%93GICA_DE_MORELIA.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro a 4 de diciembre de 2018.

Diputados: Ana Lilia Guillén Quiroz, Hirepan Maya Martínez (rúbricas)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y la SCT a garantizar la seguridad y el respeto de los derechos de los connacionales en las carreteras del país; y a las aerolíneas, a ofrecer un trato digno y respetuoso, a cargo de la diputada Julieta Kristal Vences Valencia, del Grupo Parlamentario de Morena

La diputada Julieta Kristal Vences Valencia, integrante del Grupo Parlamentario de Morena la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión y, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Como es bien sabido que en esta época decembrina miles de connacionales viajan de diversas partes del mundo, pero principalmente de Estados Unidos, donde radican casi 12 millones de mexicanos, ahora bien, alrededor de 2.5 millones de inmigrantes mexicanos regresan este año a México para pasar las fiestas decembrinas con sus allegados.

El Instituto Nacional de Migración (INM), dio inicio al programa “Bienvenido a Casa Paisano”, así lo dio a conocer Araceli Vega Calva, coordinadora de la Unidad de Servicios Migratorios del INM, quien explicó que el operativo correspondiente a invierno inició el 1 de noviembre y culminará el 8 de enero de 2019.

El programa Paisano del gobierno federal tiene como objetivo orientar a los connacionales en otros países, para que su entrada, tránsito y salida de México se lleve a cabo sin contratiempos.

El Programa Paisano del INM es la unión del trabajo conjunto de más de 21 Dependencias Federales de los tres órdenes de gobierno, así como de la sociedad civil que te brindan a ti paisano que resides legalmente en Estados Unidos o Canadá, la entrada, tránsito y salida de tu país sin dificultades.

Durante todo el año el Programa Paisano desarrolla tres operativos en periodos vacacionales de alta demanda: Semana Santa, vacaciones de verano e invierno; temporadas en las que se refuerzan las acciones conjuntas de todas las instituciones que laboran para dar la bienvenida a las y los connacionales que visitan su país.

Aun cuando se cuentan con programas como estos, los connacionales sufren extorsiones de parte de los propios agentes aduanales o bien del crimen organizado, lo que nos lleva a reforzar las medidas de atención a los connacionales que nos visitan en esta temporada.

Es pertinente que agentes de la Policía Federal, y del Instituto Nacional de Migración, presten mayor atención y orientación a los paisanos en su cruce por las entidades, cuando estos pretendan hacerlo conduciendo sus vehículos a fin de evitar extorsiones o que tengan problemas para transitar con seguridad.

En los últimos tres años, Chihuahua ha sobresalido con el primer lugar en menor número de quejas por parte de los paisanos que ingresan a México por esta entidad, además de que por aquí se ha incrementado el flujo de connacionales, a la par que ha disminuido en otros estados.

Por otra parte, es de igual importancia exhortar a las diversas aerolíneas que prestan servicios en el país a conducirse con el mayor respeto y buena atención a nuestros connacionales, ya que existen denuncias de diversos casos de malos tratos dirigidos a ellos.

Todo esto con la finalidad de que ellos siempre se sientan bienvenidos a su país, que se sientan seguros de volver a casa.

Por lo expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los Gobiernos de los Estados, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que mediante sus facultades garanticen la seguridad y respeto a los derechos de los connacionales en las diversas carreteras del país, así mismo invite a las aerolíneas a ofrecerles un trato digno y respetuoso.

Dado en el Palacio Legislativo, el 4 de diciembre de 2018.

Diputada Julieta Kristal Vences Valencia (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para investigar y esclarecer el feminicidio de la menor Lisa María “N”, ocurrido en Sombrerete, Zacatecas, y tomar las medidas correspondientes, a cargo de la diputada María Elizabeth Díaz García, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada María Elizabeth Díaz García, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género e integrante del Grupo Parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Tomando en cuenta que el estado de Zacatecas es una de las 17 entidades federativas en Alerta de Género y que la estadística en los feminicidios en niñas menores de edad ha aumentado el 60 por ciento en los últimos tres años, es de suma relevancia volver hacer el urgente llamado a las autoridades de esta grave situación de emergencia.

De acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos años los feminicidios en México han aumentado 150 por ciento. No se puede seguir en la opacidad ante lamentables hechos como lo es el feminicidio de Lisa María, una niña de cinco años que murió porque sus derechos de niña no fueron tutelados por las autoridades responsables y se convirtió en una asesinada más de las nueve mujeres a las que la cultura del machismo y la violencia les arrancan la vida a diario.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio apunta que la mayoría de las mujeres asesinadas en México lo han sido de manera brutal, encontrando sus cuerpos en espacios públicos, evidenciando el nivel de inseguridad que vivimos las mujeres en todas las áreas, así como la falta de voluntad de las autoridades e instituciones facultadas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, promoviendo con ello la impunidad de los agresores y la revictimización de quienes deben de transitar por los opacos túneles del proceso judicial, fomentando la violencia institucional en contra de aquellos que sólo buscan justicia.

Asimismo, el secretariado de Seguridad Pública Nacional documentó que, de 2015 a 2017, fueron reportados 8 mil 190 casos de mujeres asesinadas en todo el país, de las cuales sólo mil 640 fueron investigados como feminicidios, es decir apenas el 20 por ciento fue atendido con los protocolos reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Organización de las Naciones Unidas y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, dejando ver la poca voluntad de las autoridades por darle una resolución adecuada a la situación de emergencia feminicida que estamos viviendo en México.

Ante la alarmante situación de violencia contra las mujeres en nuestro país, la Organización de las Naciones Unidas y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres han emitido en su más reciente reporte de julio de 2018, que México requiere adoptar medidas urgentes para prevenir, investigar y juzgar las muertes violentas y desapariciones de mujeres; asimismo, la CEDAW pide al gobierno de México convertir en una cuestión prioritaria que se investigue, enjuicie y sancione como corresponde a los responsables incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria.

Por otra parte, es menester mencionar que Zacatecas cuenta con un amplio historial de violencia y omisiones contra las mujeres; esto a pesar de contar con Alerta de Género en todos sus municipios, así como con un Centro de Justicia para las Mujeres. Sin embargo, dichos mecanismos e instituciones no se han dado abasto para erradicar la violencia feminicida, es por ello que se considera de manera urgente la evaluación y el seguimiento en materia de responsabilidades administrativas por omisiones con respecto al acceso a la justicia y el estado de derecho de las mujeres.

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos los siguientes resolutivos al pleno de esta honorable Cámara de Diputados.

Primero. Se exhorta al gobernador del estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, y al presidente municipal de Sombrerete, Manuel Alan Murillo Murillo, a que garanticen los derechos de las niñas y los niños de la entidad federativa y del municipio, así como el respeto y protección irrestricto del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tal como se enuncia en el artículo 2 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, asimismo se les solicita que ejerzan sus facultades como Poder Ejecutivo para tomar las medidas jurídicas y administrativas necesarias para garantizar la no repetición del hecho y el acceso a la justicia para evitar que este caso quede en la impunidad.

Segundo. Se exhorta a la titular del sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Sombrerete, Zacatecas, y a la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razones de Género del Estado de Zacatecas, a que sigan los criterios de investigación emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de feminicidios, para garantizar la correcta aplicación de la perspectiva de género, así como la ponderación del principio de interés superior del menor, a fin de garantizar la no repetición del hecho y el acceso a la justicia para evitar que este caso quede en la impunidad.

Tercero. Se exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que, en sus facultades de órgano observador de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y protector de los derechos humanos en México, tome las medidas necesarias para darle seguimiento y atención al caso que se expone en el apartado de consideraciones con respecto al derecho humano al debido proceso, así como los derechos de las niñas y los niños reconocidos por el Estado mexicano.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputada María Elizabeth Díaz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas autoridades a considerar vigentes las actas de nacimiento legibles y sin enmendaduras, tachaduras o alteraciones visibles en el contenido, a cargo del diputado Fortunato Rivera Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Fortunato Rivera Castillo, diputado del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV Legislatura, de la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, fracciones II, III, y numeral 2, y 113 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes:

Considerandos

Se entiende por identidad de una persona al derecho que esta tiene de contar con un nombre y apellido, así como de conocer su filiación y/u origen, de saber quiénes son sus padres, su país o ciudad de nacimiento, y sus relaciones familiares.

El registro de nacimiento es la herramienta básica para garantizar el derecho a la identidad, derecho humano reconocido en una serie de documentos internacionales ratificados por México, dentro de los que destacan: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

En México, a partir de junio de 2014, el derecho de todas las personas a la identidad quedó estipulado en el artículo 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra dice: “Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento”.

Cuando nace un niño o niña, el registro de su nacimiento se convierte en la constancia oficial de su existencia. Aún más, la inscripción del nacimiento en el Registro Civil reconoce a la persona ante la ley, le dota de una identidad y establece sus vínculos familiares, culturales y nacionales.1 Las actas emitidas por el Registro Civil son el documento legal que da identidad y acceso a derechos a las personas, al tiempo que constituyen una fuente estadística de gran significado por la información que proporcionan.2

La inscripción del nacimiento de las personas en el Registro Civil, al ser un elemento esencial e imprescindible del derecho a la identidad, ha generado que las instituciones públicas amplíen sus esfuerzos para mejorar la cobertura y calidad del registro de nacimiento. Por lo anterior, desde hace algunos años el Registro Nacional de Población y los registros civiles de los estados se han modernizado e incorporado nuevas tecnologías y sistemas de información que permitan garantizar este derecho.

Es así que en 2015 se puso en marcha la estrategia para digitalizar las actas de nacimiento que existen desde 1930 a la fecha. Por medio de esta herramienta se buscó garantizar el derecho a la identidad de todas aquellas personas que no cuentan con una copia certificada de su acta de nacimiento por diversas razones, además de ello se buscó que todas las personas que requirieran una copia certificada no tuvieran la necesidad de viajar a su entidad de origen a tramitarla, reduciendo así los costos de traslado.

A pesar de que con la estrategia anterior se buscó garantizar el derecho a la identidad de todos los mexicanos, la primera copia certificada es gratuita, sin embargo, cuando una persona necesita hacer un trámite, ya sea inscribirse a la escuela, acceder a un trabajo e incluso tramitar un pasaporte o la credencial para votar, esta acta de nacimiento pierde su vigencia pues en la mayoría de los tramites antes descritos uno de los requisitos que se establece es una copia certificada del acta de nacimiento, la cual debe ser reciente o con fecha de expedición no mayor a tres meses.

Un ejemplo claro de esta situación es la copia certificada que se solicita al querer inscribir o reinscribir a los menores de edad a la escuela. La queja de miles de padres de familia gira en torno a que cada ciclo escolar deben acudir al Registro Civil o a un café internet a sacar dicha copia, pues la que sacaron el ciclo anterior ya no es vigente por tener una fecha de expedición mayor a tres meses.

En la misma situación se encuentran todos aquellos campesinos que buscan acceder a un apoyo económico por medio de algún programa federal, algunos de ellos sin éxito, quienes cada convocatoria sacan una copia certificada de su acta para cumplir con el requisito que la dependencia les solicita.

Si bien, se entiende que este requisito pretende brindar cierta seguridad jurídica, también se debe resaltar que es difícil que una persona cambie de nombre, padres, nacionalidad e incluso no se puede cambiar de domicilio.

Aunado a lo anterior se debe resaltar que el gasto que ejercen tanto los padres de familia como cualquier persona que requiera una copia certificada ronda entre los 40 y 175 pesos de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación.

Por su parte, es importante considerar que las copias certificadas de las actas de nacimiento actualmente cuentan con un formato único, por lo tanto tienen las mismas medidas de seguridad ya sea que se haya adquirido en un registro civil o por internet.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, este formato cuenta con al menos siete medidas de seguridad: folio de impresión, identificador electrónico, código bidimensional QR que contiene información encriptada del acta, leyenda “Soy México” (esta leyenda se encuentra en marca agua), firma electrónica avanzada, Código QR y un código de verificación que permite comprobar la autenticidad de los datos.

Si bien el proceso de transición para que las personas cuenten con al menos un acta de nacimiento en el nuevo formato único llevara tiempo, es recomendable que las dependencias consideren las actas de nacimiento anteriores siempre y cuando se encuentren en buenas condiciones, sin enmendaduras, tachaduras, o con algún cambio visible.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición de urgente u obvia resolución con:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a las dependencias de gobierno, especialmente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que en los trámites y/o requisitos de convocatorias consideren como vigentes todas aquellas actas de nacimiento que sean legibles, no presenten enmendaduras, tachaduras o alteraciones visibles en su contenido.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a las legislaturas de los estados y de Ciudad de México a que hagan del conocimiento público el estado que guarda la exención del cobro del derecho por el registro de nacimiento y la expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de nacimiento en sus haciendas y códigos financieros.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta al Consejo Nacional de Funcionarios del Registro Civil a que, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, realice una campaña de actualización de las actas de nacimiento de todos los habitantes del país en el formato único presentado en mayo de 2016.

Fuentes de consulta

Acosta, J. (2017). Actas de nacimiento no tienen “fecha de caducidad”. 6/11/2018, de SIPSE Sitio web:

https://sipse.com/milenio/empresas-gobierno-eliminacion- actas-de-nacimiento-actualizadas-255696.html

Sin Autor. (2018). Copia certificada del acta de nacimiento en línea. 6/11/2018, de Gob.mx Sitio web: https://www.gob.mx/actas

Sin Autor. (2017). Son válidas las actas del registro civil impresas en papel convencional. 6/11/2018, de Zacatecas web news Sitio web: https://www.zacatecaswebnews.com.mx/son-validas-las-actas-del-registro- civil-impresas-en-papel-convencional/

Sin Autor. (2017). Anexo 1: Formato único dela acta de nacimiento. 6/11/2018, de Cámara de Diputados Sitio web: www.diputados.gob.mx/documentos/N_Acta_Nacimiento.pdf

Orozco, A. (2016). Anexo 1: Formato único dela acta de nacimiento. 6/11/2018, de NVINOTICIAS Sitio web: https://www.nvinoticias.com/nota/26123/las-actas-de-nacimiento-no-vence n

Sottoli, S. (S.F.). 1999 y 2009 Derecho a la identidad: La cobertura del registro de nacimiento en México en 1999 y 2009. 7/11/2018, de UNICEF Sitio web: https://www.unicef.org/mexico/spanish/Derecho_identidad_WEB_UNICEF_OK.p df

Sin Autor. (2018). Formato único de acta de nacimiento. 6/11/2018, de Gob.mx Sitio web:

https://www.gob.mx/segob%7Crenapo/es/videos/formato-unic o-de-acta-de-nacimiento

Sin Autor. (2017). Preguntas frecuentes. 7/11/2018, de Gob.mx Sitio web: https://www.gob.mx/actas/articulos/preguntas-frecuentes-119110

Notas

1 Sottoli, S. (S.F.). 1999 y 2009 Derecho a la identidad: La cobertura del registro de nacimiento en México en 1999 y 2009. 7/11/2018, de Unicef Sitio web:

https://www.unicef.org/mexico/spanish/Derecho_identidad_ WEB_UNICEF_OK.pdf

2 Ibídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputado Fortunato Rivera Castillo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al pago del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos en Mexicali, BC, a cargo de la diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, del Grupo Parlamentario de Morena

La proponente, diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda, diputada por el estado de Baja California en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, numeral 1, fracción I; artículo 79, numeral 2, fracciones II y III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

De nuevo, el gobierno de Baja California no auxilia a trabajadores del Estado, esta vez se trata del personal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) del estado de Baja California.

Esta quincena no pudieron cobrar, ya que se les dijo que no había recursos para su pago, debido a que no se recibió el subsidio federal para cumplir con la nómina de la catorcena número 24 que comprende del 10 al 23 de noviembre del 2018.

Dicho subsidio se realiza vía transferencia, respaldado por un convenio asignado entre el Colegio y la Secretaría de Educación Media Superior Federal a Través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El pago se tenía comprometido para envío desde el 5 de noviembre, del presente año, pero no llego. La Dirección General del Colegio Sigue con las gestiones correspondientes para el cumplimiento de las prestaciones y emolumentos para que a la brevedad se disponga del recurso.

Pero nosotros nos preguntamos ¿Ya el gobierno federal, en aras de que ya no serán gobierno, están incumpliendo los pagos?, donde está el dinero que siempre habían otorgado para este pago de nóminas y otros que no se han entregado, ¿Es que el Gobierno del Estado tampoco ha entregado como en el caso de los maestros?

No se puede jugar de esa manera con el pago de los trabajadores, que en su mayoría viven al día y que, sin sus percepciones, ya trabajadas, se verán en una situación de endeudamiento y precaria, por no tener con que cumplir sus compromisos monetarios y más grave aun no teniendo para comer siquiera.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno del estado de Baja California a realizar las gestiones con la federación para el pago de docentes del Cecyte Baja California.

Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda a que cumpla con el convenio para el pago asignado al Cecyte de Baja California para el pago de docentes a la brevedad posible.

Tercero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a que revise las cuentas del Cecyte Baja California.

Cuarto. Se exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California para que divulgue las cuentas públicas del Cecyte.

Dado en Palacio Legislativo, a 4 de diciembre del 2018.

Diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda (rúbrica)

Con punto de acuerdo, a fin de expedir la convocatoria nacional para acceder a los fondos no ejercidos del Fideicomiso del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Productividad, a cargo del diputado Samuel Herrera Chávez, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, diputado Samuel Herrera Chávez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución, por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la subsecretaría de Egresos de la SHCP, responsables de la administración y ejercicio de los recursos del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Productividad constituidos en el fideicomiso creado con dicho fondo, que se publique de manera urgente la convocatoria pública para acceder a los apoyos del Fideicomiso del Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, aprobados en los ejercicios presupuestales de 2014 y de 2015 con un monto $909,645,226.05 (novecientos nueve millones setecientos cuarenta y cinco mil doscientos veintiséis pesos) remanentes, que al 12 de noviembre no se han sido dispuestos para los municipios para el objetivo que dicho fideicomiso fue constituido conforme al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El fideicomiso del Fondo de Apoyo para la Infraestructura y Productividad que aprobó esta soberanía en el año 2013 para ser aplicado en el ejercicio presupuestal 2014, con un monto de 2 mil 535 millones de pesos, se crea a fin de apoyar a los municipios y abatir el mayor rezago, realizar acciones productivas y de alto impacto social. La SHCP, dispuso en enero de 2015, su primera convocatoria por 1,500 millones de pesos para los estados con mayores índices de marginalidad, dotando 500 millones para cada entidad federativa (Chiapas, Guerrero y Oaxaca), presentando un sub ejercicio del 70 por ciento de los recursos. Por cual, se debió repetir en agosto de 2015 la convocatoria.

El Presupuesto EF 2015 que la LXV legislatura aprobó un monto adicional de 2 mil 535 millones de pesos, recursos que se pusieron a concurso de los municipios en 2 convocatorias, febrero de 2015 y agosto del mismo año.

Para el año 2016, en junio publico una nueva convocatoria para atender a los estados de Campeche y Tabasco, con una bolsa por 200 millones, 100 millones para cada estado. Y desde entonces esta administración no ha vuelto a emitir convocatoria, afectando en gran medida la disposición de fuentes de financiamiento para la infraestructura local, particularmente, donde más se requiere, aunado a esta afectación generada por la inoperatividad de la SHCP, la misma dependencia para el paquete económico de este año eliminó el último de los fondos concursables disponibles para obras de infraestructura productiva que en 2017 contó con una bolsa de 10 mil millones.

Ante este último escenario, se hace urgente la atención inmediata a los municipios ya que desde 2016 no se ha vuelto a publicar convocatoria y el fideicomiso mantiene más de 900 millones de pesos disponibles para inversiones en infraestructura básica en los municipios, priorizando municipios con rezago social, zonas marginadas y proyectos de continuidad como lo ha instruido el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Por lo que respecta al tema de transparencia y eficiencia del gasto, este fondo ha gozado de plena rendición de cuentas y niveles de efectividad de un 90% en el ejercicio de los recursos como lo demuestran las cifras oficiales que se pueden consultar en la página de transparencia presupuestal (https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederat ivas#tabMunicipios) blindando dichos fondos de prácticas de moche, coyotaje o diezmos.

Es claro que la falta de recursos es un problema que debemos atacar, los gobiernos locales no pueden hacer frente a todas las necesidades de inversión que la ciudadanía les exige, por lo cual, este fideicomiso, debe liberar de manera inmediata los recursos para generar inversión y desarrollo en zonas más necesitadas.

Donde, con la siguiente propuesta de una sexta convocatoria se podrá dar cobertura de casi quinientos municipios con población vulnerable, monto superior a lo que se apoyó con los montos otorgados en las 5 convocatorias anteriores, con lo que lograría una meta de inversión con una cobertura nacional de casi 90 por ciento de los municipios con muy pocos recursos.

Puntos de Acuerdo

Primero. Que el pleno de esta soberanía, exhorte respetuosamente a la Secretaría de hacienda y crédito público y al presidente del comité técnico del fideicomiso del fondo de apoyo para la infraestructura y productividad, a fin de que se emita por urgente interés público la sexta convocatoria nacional para acceder a los recursos del Fondo de Infraestructura y Productividad para acciones para el desarrollo de infraestructura productiva en los municipios.

Segundo. Que la Comisión de Presupuesto de esta honorable asamblea, elabore a la SHCP una propuesta de convocatoria nacional para que la dependencia ponga a disposición de los gobiernos locales, la bolsa de recursos remanentes de dicho fondo.

Tercero. Que la Comisiones de Presupuesto y Cuenta pública y Hacienda y Crédito Público consideren como referente la siguiente propuesta de convocatoria para exhortar a la SHCP la elaboración de la sexta convocatoria nacional para acceder a los recursos del Fondo de Infraestructura y Productividad el 1 de noviembre de 2018.

Dado en el salón de sesiones, a 4 de diciembre de 2018.

Diputado Samuel Herrera Chávez (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de la diputada Dionicia Vázquez García, del Grupo Parlamentario del PT

Mi capacidad es mayor que mi discapacidad –Nikki Rowe–

En 1992, al culminar el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992), la Asamblea General decretó el 3 de diciembre como Día Internacional para las Personas con Discapacidad1 haciendo un llamado a los gobiernos a implementar acciones encaminadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad y generar bienestar en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo de la persona.

Este día tiene por objeto entender las cuestiones relacionadas con la discapacidad, promover y hacer inherente los derechos de las personas con impedimento, así mismo reconocer y poner en práctica los aspectos de las personas con discapacidad en la vida política, social, económica y cultural de sus comunidades.

Para este 2018 la temática de la Organización de las Naciones Unidas “Empoderar a las personas con discapacidad y garantizar su integración e igualdad” tiene como finalidad asegurar el empoderamiento de las personas con alguna discapacidad y asegurar el desarrollo sostenible, inclusivo e igualitario.2

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la Discapacidad “es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales”.2 en este sentido, la discapacidad es un concepto complejo en el entendido de que las funciones humanas interactúan en la praxis social, poniendo de manifiesto, la responsabilidad de la esfera social en el fenómeno.

Datos de la OMS señalan que “más de mil millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad; de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades en su funcionamiento”.3 dato alarmante ya que se estima que el número de personas con discapacidad está en aumento a nivel mundial ya que se suma el envejecimiento de la población y con ello la pérdida de la vista, del sentido auditivo o bien las dificultades para caminar o pérdida de memoria.

De acuerdo con los datos del estudio La discapacidad en México 2014, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país hay 7.1 millones de personas con discapacidad, es decir 6 por ciento de la población5 no puede o tiene mucha dificultad para hacer actividades como; caminar, subir o bajar usando sus piernas; ver (aunque use lentes); mover o usar sus brazos o manos; aprender, recordar o concentrarse; escuchar (aunque use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer; hablar o comunicarse; y problemas emocionales o mentales.6

Para visualizar la magnitud de problemáticas que enfrentan las personas con impedimento, cabe resaltar que el 61.4 por ciento de la población tiene problemas para caminar, subir, o bajar usando sus piernas, siendo la principal afectación, seguido de los problemas visuales con el 58.4 por ciento de las personas discapacitadas.

No requieren mayor explicación la situación que enfrentan las personas con alguna discapacidad, ya que son múltiples, discriminación, dificultad para gozar de educación, rechazo social y cultural, impedimento para acceder a edificios y espacios públicos por limitaciones físicas.

En el 2006 México promovió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificando su compromiso con este grupo poblacional en el 2007, reconociendo el cambio de paradigma que implica el concepto discapacidad a no solo centrarse en una condición de salud sino a un modelo de derechos humanos.

El artículo 4 de La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece que los Estados partes de la convención deben de examinar y revisar la legislación, promover bienes, servicios e instalaciones de diseño universal y elaborar políticas y programas para hacer efectiva la convención y consultar en este proceso a personas con discapacidad.7

En este tenor de ideas, en mayo de 2011 el Congreso de la Unión aprobó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, siendo uno de sus objetivos para garantizar los derechos de las personas con discapacidad la concientización de la sociedad mexicana y por ende la eliminación de la discriminación a este grupo poblacional.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad hay que entender y priorizar, que más que barreras físicas para garantizar la accesibilidad de las personas de este grupo poblacional, existen barreras de pensamiento, es decir la discriminación que limita la gran actuación de personas, mermando la inclusión a la sociedad, es preciso mencionar que hay que fijarse más en la funcionalidad de las personas que en su deficiencia.

En mi papel como legisladora de esta honorable asamblea y como Secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, extiendo mi más sincero reconocimiento a todas aquellas personas con alguna discapacidad y hago un llamado para difuminar mitos y prejuicios y erradicar la discriminación de las personas con capacidades diferentes.

Notas

1 Historia de la Discapacidad y las Naciones Unidas - Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos: 1983-1992, Consultado el 2 de diciembre de 2018, disponible en: http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=576

2 Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 3 de diciembre, Consultado el 2 de diciembre de 2018, disponible en: http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/

3 Discapacidades, Consultado el 2 de diciembre de 2018, disponible en: https://www.who.int/topics/disabilities/es/

4 Informe Mundial de Discapacidad, consultado el 2 de diciembre de 2018, disponible en: https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/

5 La Discapacidad en México, Consultado el 2 de diciembre de 2018, Disponible en: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/ contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825094409.pdf

6 Ibídem

7 Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, consultado el 2 de diciembre de 2018, en:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyToo l_sp.pdf,

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de diciembre de 2018.

Diputada Dionicia Vázquez García (rúbrica)