Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Conapred y el ayuntamiento de Torreón a evitar las detenciones arbitrarias de miembros de la comunidad LGBT, a cargo de la diputada Flor Estela Rentería Medina, del Grupo Parlamentario del PRI

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados; 22, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, la que suscribe, diputada Flor Estela Rentería Medina, integrante del Grupo Parlamentario del PRI de la LXIII Legislatura, somete a consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo con base en la siguiente:

Exposición de Motivos

En México, todas y todos somos iguales, independientemente de raza, sexo, religión, condición económica y preferencia sexual. Esta es una máxima comprendida en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo numeral que también indica que todas las autoridades deberán respetar, promover y proteger los derechos de las personas sin ninguna discriminación de este tipo.

Esta máxima desgraciadamente ha desaparecido en mi ciudad, Torreón, Coahuila, donde desde el inicio de la actual administración municipal, la persecución a personas de la comunidad LGBT se ha convertido en una política pública transversal, donde ya sea en eventos privados, en lugares públicos, de día, de noche y bajo cualquier pretensión absurda, se han detenido en dos meses a más de 10 personas de la comunidad LGBT sin razón aparente.

Además de esto, se han clausurado distintos centros nocturnos frecuentados por esta comunidad, y todas estas clausuras han sido del mismo modo, de forma autoritaria, intimidando a los dueños del lugar, así como a los asistentes, e inclusive obligándolos a prácticas vejatorias como revisiones corporales sin ningún tipo de motivación.

Cuando el actual alcalde Jorge Zermeño fue presidente municipal en 1997, instituyó como una de sus políticas públicas el formar una especie de apartheid para la comunidad LGBT, obligándolos a restringirse solo al uso de ciertas zonas de la ciudad, so pena de revisiones corporales, encarcelamientos bajo cualquier excusa y ataques de todos los tipos. Prácticas reprobables del milenio pasado, que le costaron a Zermeño y a su partido el perder el gobierno de la ciudad inmediatamente después de su administración.

Hoy, no solo está emulando estas despreciables prácticas, sino que lo hace en un México que en los últimos 20 años ha luchado por alcanzar la igualdad de todas y todos los mexicanos, independientemente de quien es, y que a nivel mundial se ha pugnado porque la discriminación en todos sus ámbitos desaparezca.

No existe justificación alguna para lo que hoy está haciendo la administración municipal en Torreón, y esto no se trata ni de colores de ni partidos, sino de mandar un mensaje claro de que éste ya no es el México del siglo pasado, y la discriminación no va a ser tolerada, venga de quien venga y ataque a quien ataque.

Mi total respaldo a la comunidad LGBT, sepan que los respaldamos, y que no están solos.

Es por todo esto, que presento la siguiente proposición con

Punto de acuerdo que presenta la diputada Flor Estela Rentería Medina, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, por el que se exhorta al republicano ayuntamiento de Torreón, Coahuila y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a que se detengan inmediatamente las represiones contra la comunidad LGBT en Torreón

Primero. Se exhorta a la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a, con base en la fracción XXIII del artículo 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, formular las observaciones, sugerencias o directrices que considere al ayuntamiento de Torreón, a fin de evitar que continúen las detenciones arbitrarias contra miembros de la comunidad LGBT en Torreón, Coahuila.

Segundo. Se exhorta al republicano ayuntamiento de Torreón a detener inmediatamente todo tipo de discriminación contra la comunidad LGBT en Torreón, Coahuila, así como a liberar a cualquier persona que haya detenido por el simple hecho de tener una preferencia sexual distinta a la heterosexual.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2018.

Diputada Flor Estela Rentería Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tlaxcala a publicar en el periódico oficial del estado la actualización del gasto federalizado para el ejercicio fiscal de 2018, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable soberanía la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Marco Jurídico

a) En ámbito federal

i) Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018

El pasado 29 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2018.

De manera particular al estado de Tlaxcala le fueron aprobados aproximadamente recursos por el orden de los 20 mil millones de pesos que se derivan de diversos proyectos carreteros, infraestructura, educación, cultura, etc.

ii) Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2018, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 –Participaciones a Entidades Federativas y Municipios– y 33 –Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios–

Que el pasado 20 de diciembre de 2017 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación, acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal de 2018, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 –Participaciones a Entidades Federativas y Municipios– y 33 –Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios– (en adelante, Acuerdo), que tiene por objeto dar a conocer el monto y la calendarización por entidad federativa, así como la ministración de los recursos de los ramos generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, conforme al monto total aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.

b) En el ámbito estatal

i) Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios

Que el artículo 82 del Código Financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios dispone que la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Tlaxcala (en adelante, Secretaría) y las tesorerías serán las encargadas de formular la estimación de sus ingresos, con base en las políticas y criterios generales atendiendo entre otros criterios, a los ingresos provenientes de la Coordinación Fiscal y hacendaria y las transferencias de la federación o del estado.

Asimismo, establece que las estimaciones de los ingresos deberán ser calendarizadas por mes.

II. Situación actual en estado de Tlaxcala

Que, a pesar de la publicación del acuerdo, la Secretaría no ha actualizado las estimaciones correspondientes a los ramos 28 y 33 para el ejercicio fiscal de 2018.

Hasta la fecha únicamente ha publicado el acuerdo por el que se da a conocer la fórmula y metodología, así como la distribución y calendarización respecto de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), a los municipios del estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de 2018, publicado en el Periódico Oficial el 29 de enero de 2018.

A la fecha la mayoría de los municipios en Tlaxcala enfrentan graves rezagos en materia de gasto pues no solo sus presupuestos son insuficientes para atender las demandas de la población sino también algunos de ellos pagaron las consecuencias del último ajuste presupuestal del 2017. Los ingresos provenientes de participaciones federales e incentivos económicos transferidos al estado de Tlaxcala representaron un decremento del -7.58 por ciento, por lo que es urgente que el gobierno del estado realice la actualización correspondiente al gasto federalizado y su publicación oficial.

Por lo expuesto, someto a la consideración esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Tlaxcala para que, en el ámbito de sus atribuciones actualice y publique en el Periódico Oficial del Estado las estimaciones para el estado de Tlaxcala correspondientes a los Ramos Generales 28 –Participaciones a Entidades Federativas y Municipios– y 33 –Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios–, para el ejercicio fiscal de 2018, de conformidad con las estimaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 20 de marzo de 2018.

Diputada Minerva Hernández Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa y la SE a solicitar en el marco de la actualización del TLC con la UE tasa arancelaria cero en la importación de miel mexicana, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, con base en los siguientes

Considerandos

Primero. El Acuerdo Global del año 2000 entre México y la Unión Europea no sólo ha sido un arreglo comercial y económico, sino que se ha basado también en el fortalecimiento del diálogo político y la mutua cooperación.

En el marco de la actualización del Tratado de Libre Comercio de nuestro país con la Comunidad Europea, apremiado tanto por la complicación de las negociaciones con Estados Unidos como con el envejecimiento del propio tratado, existen otros países, como Ecuador, Perú y Colombia, que en sus exportaciones agrícolas ya no tienen aranceles.

La Unión Europea es nuestro tercer socio comercial, después de Estados Unidos y China; casi el 8 por ciento del total del comercio es con ellos; sin embrago, existe una balanza comercial negativa, dado que México es el segundo destino más importante de las exportaciones europeas, siendo las exportaciones, desde México, por 19 mil 800 millones de euros, contra 33 mil 900 millones de euros de importaciones. En servicios, llegan a México 9 mil 400 millones de euros en servicios y nuestro país exporta en el sector terciario una cifra de 5 mil millones de euros; sin embargo, en el año 2000, ese mercado significó 20 mil 800 millones de dólares, y en el último año fiscal de 61 mil 700 millones de dólares, un aumento significativo de 11 por ciento anual.1

Segundo. La miel mexicana es uno de los productos mejor valorados por la Unión Europea, siendo Alemania y Reino Unido los países que más consumen miel procedente de nuestro país. La apicultura constituye una actividad proveedora de materia prima para la industria alimenticia, cosmética e industrial, nacional e internacional. México debe posicionar su sector primario en los tratados de comercio con sus socios comerciales, que vuelvan a la apicultura como un sector estratégico, y al interior debe impulsar una profesionalización y diversificación de los productos de la colmena con alto valor.

En 2016 Sagarpa reportó que México se posicionó como el 7o. lugar en producción, con un volumen de 57 mil toneladas al año de miel; y como el 3o. lugar en exportación, con 29.1 mil toneladas de este edulcorante natural, con un valor de 93.7 millones de dólares.2

Este dato en 2017 se registró a 98.83 millones de dólares, muy por debajo del hito histórico del 2015, en 155.98 millones de dólares; pero del 2017, tan sólo Alemania consumió un valor de 33.46 millones de dólares; en 2015 fueron 76.66 millones, es decir, casi la mitad. Por otro lado, en 2017 Reino Unido consumió 9.25 millones de dólares en miel, seguido por Suiza, con 5.11 millones de dólares; Bélgica, con 4.12 millones; España 1.8 millones e Italia con 1.03 millones de dólares; el resto de países como Noruega, Holanda, Polonia, República Checa, Francia, consumen por debajo del millón de dólares. Sin duda, toda un área de oportunidades para el exportador nacional.

Década tras década, hemos sido testigos de la caída de nuestro país en el ranking internacional. Statista, un portal de estadísticas a nivel mundial, muestra a México en el 2015 ya en el 8o. lugar, después de China con 446 mil toneladas de miel; Turquía, con 88 mil 188 toneladas; Argentina, con 75 mil 530 toneladas; Ucrania, con 70 mil 139 toneladas; Estados Unidos, con 66 mil 720 toneladas; Rusia, con 64 mil 898 toneladas; y, compitiendo cercanamente, y en esta estadística, superando a México, India, con 61 mil toneladas de este importante edulcorante.3

Es necesario trabajar en una estrategia nacional que nos catapulte a niveles posibles, dado que sí es probadamente posible aumentar la producción, debido a la biodiversidad de nuestro país, y de la creciente demanda de la miel y demás productos apícolas. La estadística de consumo nacional per cápita ronda por los 240 gramos por persona al año, muy por debajo del kilo que, por ejemplo, consume un alemán.

Tercero. Nuestros competidores internacionales ya están haciendo su labor para posicionarse estratégicamente, en el rubro de los productos derivados de la colmena, como la miel. Argentina, por ejemplo, planea arrebatarle a China un mercado de 2 mil 200 millones de dólares; conoce bien que China inunda los mercados, con miel adulterada, y Europa y Estados Unidos tienen sus precauciones para sellar sus fronteras ante miel china.4 Sin embargo, Argentina, ya inicia negociaciones para ampliar su penetración en el mercado europeo. Ucrania, por ejemplo, cuenta con una tasa arancelaria Cero, lo cual, además de ser un productor mejor posicionado, a los importadores les será más sencillo importar de un vecino más cercano, a tener que voltear a México como socio comercial.

Nuestra nación debe prepararse para hacer frente a los retos de una competencia más difícil. Argentina, por ejemplo, tiene 3.5 millones de colmenas atendidas por 23 mil apicultores; en cambio, con México las cifras rondan en 1.9 millones de colmenas, pero atendidas por 42 mil apicultores; sin duda eso debe preocuparnos, ya que un argentino atiende, en promedio, 152 colmenas, contra 48 de los mexicanos. Eso habla del grado de capacitación y profesionalización, y la urgencia porque, por parte del gobierno y del sector apicultor mexicano, mejorar las condiciones en tratados internacionales, para ser competitivos.

Cuarto. Tomando en cuenta estos datos, es necesario promover una mesa de trabajo entre las organizaciones apícolas nacionales y el sector exportador, para analizar los acuerdos y mejoras en el rubro de productos agropecuarios, en los que la miel debe estar posicionado como producto estratégico, dado que el volumen de miel, como producto principal de la apicultura, es un termómetro comercial que refleja, tanto mejoras en la biodiversidad de los ecosistemas, como una incrementada producción de alimentos.

La delegación de negociadores mexicanos, del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, debe impulsar una agenda que proteja los intereses nacionales en este aspecto tan importante, no permitiendo medidas proteccionistas de sus pares que pretendan cerrar o complicar las exportaciones de productos agropecuarios, en los que debemos reconocer a la miel como estratégica, dado que la polinización promueve 70 por ciento de los productos agrícolas y, además, genera un alto porcentaje de los alimentos para los ganados; por consiguiente, impulsa los productos agrícolas y pecuarios.

Por los elementos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Único . La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a que, de manera conjunta con la Secretaría de Economía, soliciten, dentro de la actualización del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, se considere una tasa arancelaria cero o disminución de la existente a la importación de miel mexicana en la Unión Europea.

Notas

1 El Universal. 2018. Arranca la 8o. ronda de negociación del tratado comercial entre México y la UE. Publicado el 8 de enero del 2018. Recuperado de: http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/arranca-octava-ronda-de- negociacion-del-tratado-comercial-entre-mexico-y-la-ue

2 Excélsior. 2017. México en top ten de producción de miel con 57,000 toneladas al año. México. Publicado el 7 de junio del 2017. Recuperado de:

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/06/07/1168288

3 Fuente: Portal de estadísticas STADISTA. Recuperado en abril del 2017 de: https://es.statista.com/estadisticas/612365/principales-paises-producto res-de-miel-a-nivel-mundial/

4 Iglesias, E. 2018. Como la miel argentina intentara ganarle a China un mercado de US$ 2,200 M. El Cronista. México. Publicado el 9 de enero del 2018. Recuperado de

https://www.cronista.com/contenidos/2018/01/09/noticia_0 063.html

Dado en el Palacio Legislativo, a 20 de marzo de 2018.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la probable ejecución de dos menores de edad en Río Blanco, Veracruz, a cargo del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del Grupo Parlamentario de Morena

El sábado 10 de marzo de 2018, 2 menores, de 14 y 16 años de edad, perdieron la vida en una serie de acontecimientos aún no aclarados en Río Blanco, Veracruz.

El caso, de suyo grave, cobra mayor relevancia porque la mayoría de los periódicos consignan fotografías de la niña Nefertiti, de 16 años, con vida, sentada cabizbaja en la calle, sin armas ante la vigilancia de un policía y minutos después tirada boca abajo, con un arma a un lado, en medio de un charco de sangre al pie de un agente policiaco.

Su hermana, Grecia, de 14 años, apareció también muerta boca abajo, con un arma de fuego en las manos.

Ante esta presunción de que dos niñas inermes fueron objeto de una ejecución por parte de autoridades de Veracruz, se esperaría de las autoridades una actitud de indignación, de consternación para con las familias y acciones inmediatas para investigar, resolver y castigar los hechos.

Pero es todo lo contrario, la actitud del gobernador panista Miguel Ángel Yunes ha sido totalmente distinta, lo cual pareciera un encubrimiento de tan lamentables actos, revictimizando a las menores al afirmar que pertenecían a células del crimen organizado.

Ésta no es la primera vez que ante la violación de las garantías y el atropello de los derechos humanos, lejos de reconocer los atroces errores de sus cuerpos de seguridad, este personaje ha optado por la salida fácil de condenar a las víctimas de la violencia policial al situarlos de inmediato en el rol de delincuentes sin que se hayan siquiera levantado los indicios de la escena, sin tener los elementos jurídicos ni la capacidad para determinar esto.

Hay una sospecha fundada de que para reforzar estos temerarios señalamientos, podría incluso haberse manipulado la escena sembrando armas a las menores.

El artículo 4o. de la Carta Magna consigna en el párrafo noveno la obligación del estado de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, en todas sus decisiones y actuaciones garantizando de manera plena sus derechos y que los artículos 14 y 16 del mismo ordenamiento dan marco al sistema penal acusatorio que parte de la presunción de inocencia.

Ante estos indignantes y repulsivos hechos con fundamento en lo que establecen los artículos 77 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, fracción I y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicito atentamente a esta soberanía asumir los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados lamenta profundamente el fallecimiento de Grecia y Nefertiti Camacho Martínez, acaecida el 10 de marzo de este año en Río Blanco, Veracruz

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobierno de Veracruz a respetar el principio constitucional de presunción de inocencia y mantener a salvo la fama pública y el honor de las menores fallecidas en acatamiento al principio internacional del interés superior del menor.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a atraer las investigaciones de este caso para garantizar el respeto a los principios enunciados y realizar una investigación imparcial en la que no haya conflicto de interés.

Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar una investigación imparcial de estos hechos y el acompañamiento del proceso a los deudos de las fallecidas.

Ciudad de México, a 20 de marzo de 2018.

Diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Veracruz a investigar y castigar el asesinato de Grecia y Nefertiti Camacho, a cargo de la diputada María Candelaria Ochoa Ávalos, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, María Candelaria Ochoa Ávalos, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El 10 de marzo de 2018, Nefertiti y Grecia Camacho, de 16 y 14 años de edad, fueron brutalmente asesinadas por la policía municipal en su camino al cine; en Río Blanco, Veracruz.

Aun cuando las autoridades han tratado de justificar el crimen alegando que las niñas estaban armadas y eran criminales que representaban una amenaza, hay evidencia fotográfica que comprueba lo contrario. La policía de Veracruz plantó armas a las niñas, no hay duda de ello.

Es completamente inaceptable que el clima de violencia en nuestro país produzca diariamente la muerte de civiles, víctimas del “fuego cruzado”, a quienes se suele construir como delincuentes para justificar los crímenes. Sin embargo la impunidad, la masacre, la corrupción y la injusticia han alcanzado niveles inimaginables con este caso.

Niñas. Dos niñas inocentes que ahora forman parte de cifras de causalidades de la guerra contra el narcotráfico. Dos niñas que se suman a las muertes diarias de mujeres en nuestro país. ¿Por qué? Peor: ¿por qué insisten en revictimizarlas a ellas y a su familia tratando de justificar su muerte retratándolas como criminales? El Estado no solo está matando a niñas y mujeres, sino que está criminalizando a la juventud; ser joven en México es un riesgo; la brutalidad policiaca es la principal amenaza.

Recordemos que hace 8 años, el 19 de marzo de 2010, el gobierno de Felipe Calderón asesinó a Javier Arredondo y a Jorge Mercado, estudiantes del Tec de Monterrey a quienes también sembraron armas para hacer pasar el crimen como un enfrentamiento. Después de 8 años no han dejado de suceder crímenes de Estado, desde Ayotzinapa hasta la masacre de Nochixtlán. Estos crímenes pasan todos los días pero nadie se encarga de defender a las víctimas.

No vamos a tolerar en este país que la corrupción de las instituciones cobre más vidas. No vamos a tolerar que en este país los policías maten a niñas menores de edad. No vamos a tolerar más crímenes de Estado. No vamos a tolerar más impunidad.

Por lo anterior propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta al gobierno de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, a investigar y castigar el asesinato de Grecia y Nefertiti Camacho.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2018.

Diputada María Candelaria Ochoa Ávalos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos federal y estatales a garantizar y acelerar la entrega de los apoyos con la debida transparencia para reparar y reconstruir las viviendas dañadas por lo ocurrido en 2017, suscrita por el diputado Gonzalo Guízar Valladares e integrantes del Grupo Parlamentario del PES

Quien suscribe, Gonzalo Guízar Valladares, en nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En la actualidad, los conflictos armados, la migración forzada, la violencia, así como múltiples desastres naturales son escenarios que enfrentan una gran cantidad de países, situaciones que alteran su desarrollo político y económico al cobrar un gran número de pérdidas humanas así como daños materiales que en muchas ocasiones exceden las capacidades de los gobiernos.

El 19 de septiembre del año pasado, México enfrentó uno de los peores desastres naturales de su historia, pues justo en la conmemoración de los 32 años del fuerte terremoto que sacudió a nuestro país, que dejó más de 4 mil muertos así como severos impactos en la vida cotidiana del entonces Distrito Federal.

La historia vuelve a repetirse, un temblor de magnitud de 7.1 grados sacudió nuevamente a México, registrando una mayor intensidad en los estados de Oaxaca, Chiapas, México, Morelos, Puebla Guerrero y la Ciudad de México dejando como resultado cientos de víctimas mortales y miles de damnificados.

A partir de lo ocurrido, miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus viviendas por presentar serios daños, afectando principalmente a sectores de escasos recursos en México.

Las afectaciones por este desastre natural son de tal magnitud que equivalen al 10 por ciento de la población del país es decir alrededor de 250 mil personas de 400 municipios, de acuerdo con las cifras del gobierno federal.

Sin duda, el terremoto mostró las dos caras de México, por un lado la solidaridad de la población mexicana principalmente de las y los jóvenes que apoyaron al instante en las labores de rescate y la otra cara que mostró fue la de la corrupción que dejo ver la construcción de inmuebles fuera de la norma por la falta de control de calidad tanto en los materiales como en el estudio del suelo donde se construyeron las obras que ocasionaron cientos de muertes.

Graves irregularidades en la duplicidad de las tarjetas entregadas por el gobierno federal para los damnificados de los sismos y hasta el lento apoyo por parte de las autoridades en la valoración de los inmuebles, aunado al burocratismo para acceder a los apoyos por parte del gobierno federal han sido la tendencia y el calvario para miles de mexicanos.

A cinco meses de la tragedia, existe una gran inconformidad por parte de los miles de damnificados de Oaxaca, Chiapas, México, Morelos Puebla Guerrero y la Ciudad del México, pues no han recibido el apoyo necesario por parte de los gobiernos tanto a nivel Federal como Estatal, al prevalecer un lento accionar por parte de las autoridades en la reconstrucción de los inmuebles dañados, ya que de acuerdo con las cifras presentadas por la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) se reportaron 170 mil viviendas dañadas, sin embargo se han reconstruido sólo 26 mil.

La titular de la Sedatu agregó que, de acuerdo con la valoración, 60 mil viviendas tuvieron daño total y de estas, hay un avance superior de 25 por ciento, lo que equivale a 17 mil 317 viviendas.

El trágico sismo dejó 369 víctimas en diferentes estados del país, de las cuales 228 perdieron la vida en la capital mexicana.

Se han registrado diversas de manifestaciones de inconformidad por parte de los afectados ante la situación de lentitud y olvido gubernamental.

A la fecha hay averiguaciones por el entramado de corrupción que ha empañado la entrega de los apoyos, tal es el caso de las tarjetas para los damnificados de los sismos, pues de acuerdo a la investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la cual tuvo acceso la organización de Mexicanos contra la Impunidad, se encontraron irregularidades como los nombres de once de los damnificados a quienes se les emitieron el mayor número de tarjetas, entre 34 y 10 para cada uno, todas con fondos. Además, señala que otras mil 484 personas están registradas con dos y hasta ocho tarjetas de débito cuando, de acuerdo con el programa de apoyo a los damnificados, solo les correspondería una, pues son las que se emiten para disponer de efectivo.

La falta de responsabilidad de las autoridades por no comprometerse con la población ha dejado ver que los afectados por los sismos del pasado 19 de septiembre no son una prioridad para los gobiernos en turno, situación que agudiza la problemática en el estancamiento de la economía, inseguridad, violencia y descontento social generalizado, ya que es mucha la gente que se encuentra condición vulnerabilidad.

El Partido Encuentro Social tiene un forme compromiso por las familias mexicanas y sus hogares al considerar que urge una agenda clara y ordenada de reconstrucción a corto y mediano plazo, así como un uso transparente de los recursos destinados a la reconstrucción de los inmuebles dañados, y sobre todo con las elecciones en puerta, consideramos que bebe evitarse que los recursos destinados a este fin sean utilizados con tintes electorales.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a los gobiernos federal y estatales a garantizar y acelerar la entrega de los apoyos y recursos con debida transparencia para la reparación y reconstrucción de las viviendas dañadas por los hechos ocurridos en 2017.

Referencias

http://www.huffingtonpost.com.mx/2018/01/15/
corrupcion-en-entrega-de-tarjetas-para-damnificados-del-sismo-bansefi-clono-beneficiarios_a_23333668/

https://aristeguinoticias.com/0901/mexico/
falta-un-75-en-reconstruccion-de-inmuebles-por-los-sismos-de-septiembre-reporta-sedatu/

https://megalopolismx.com/noticia/34829/lenta-reconstruc cion-tras—sismos-de-septiembre-2017

http://www.proceso.com.mx/518507/investigan-bansefi-por- fraude-millonario-en-tarjetas-para-damnificados-de-sismo

Palacio Legislativo de San Lázaro.- Ciudad de México, a 20 de marzo de 2018.

Diputado Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al análisis y la implantación de campañas informativas destinadas a prevenir accidentes automovilísticos y de motocicletas en Oaxaca, a cargo del diputado Óscar Valencia García, del Grupo Parlamentario del PRI

El que suscribe, diputado federal Óscar Valencia García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Vialidad y Transporte del estado de Oaxaca a que, en coordinación con la Dirección de Vialidad del ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, analice la implementación de campañas informativas destinadas a la prevención de accidentes automovilísticos y de motocicletas, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Viajar por las carreteras de México no es una cuestión de poca relevancia, implica que el conductor cumpla cabalmente con la revisión y mantenimiento de su vehículo y que atienda de manera puntual todas las indicaciones y señalizaciones viales; así como, que realice la actividad con debida prudencia y conciencia.

En octubre del año 2005, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) convocó a los países miembros para que designaran el tercer domingo de noviembre de cada año, como el Día Mundial en Conmemoración de las Víctimas de Tráfico.

Es importante resaltar que siempre existe el riesgo de verse involucrado en algún accidente vehicular, por no tomar medidas de precaución. Al respecto, es de advertirse que durante el año 2015 se registraron 378,232 accidentes de tránsito en las zonas urbanas del país.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) produce la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas, los cuales corresponden a los eventos viales en donde se registraron víctimas que son reportadas por las dependencias de seguridad pública y vialidad de los estados y/o municipios; así como, por las agencias del Ministerio Público o juzgados cívicos, en el caso de Ciudad de México.

De acuerdo con los datos obtenidos, durante 2015 se registraron un total de 378 mil 232 accidentes en zonas urbanas, de los cuales 73 mil 563 (19.4 por ciento) correspondieron a eventos viales en los que se identificaron víctimas heridas; 300 mil 679 (79.5 por ciento) sólo daños y los 3 mil 990 restantes (1.1 por ciento) fueron accidentes con al menos una persona muerta.

Ya en el ámbito local, advertí que mi estado de Oaxaca no ha quedado exento de accidentes vehiculares mortales; tal es el caso del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, donde, en un periodo muy corto de tiempo, la falta de conciencia ha coartado los sueños de tres jóvenes.

Así, el 16 de diciembre de 2017, un menor de 13 años de edad impactó su motocicleta contra un vehículo tipo Urban, en el paraje conocido como Los Ocotes; posteriormente, el 28 de febrero de 2018, un estudiante de 16 años chocó en una motocicleta contra un camión tipo plataforma, perdiendo la vida al caer su cabeza en contra del asfalto; finalmente, hace apenas unos días, se supo de un nuevo percance en donde un joven de apenas 24 años de vida tuvo un aparatoso accidente en la carretera federal 175 Ciudad Alemán-Puerto Ángel al impactar su auto contra un camión que transportaba madera.

Como puede verse, el tema de la seguridad vial es un tópico de gran relevancia para la seguridad de las personas y es toral que el Estado busque alternativas que permitan que la sociedad tome conciencia de los riesgos de no respetar reglas básicas para asegurar un tránsito sin accidentes.

De ahí que la presente propuesta se centra en que los órdenes de gobierno más cercanos a la gente busquen implementar campañas informativas de prevención vial.

En virtud de lo anteriormente fundado y motivado pongo a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Vialidad y Transporte del estado de Oaxaca a que, en coordinación con la Dirección de Vialidad del Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y de conformidad con su viabilidad financiera, analice la implementación de campañas informativas destinadas a la prevención de accidentes automovilísticos y de motocicletas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo de 2018.

Diputado Óscar Valencia García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Consejo de Salubridad General a ampliar de 10 a 18 años la edad de detección para dar cobertura a las enfermedades metabólicas previstas en el catálogo de intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, a cargo de la diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

La suscrita, diputada federal Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El derecho a la protección de la salud está reconocido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se expresa: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”, este mandato exige al sistema de salud mexicano buscar las mejores alternativas para garantizar la salud de los pacientes.

En México las enfermedades raras se definen en la Ley General de Salud, en el Artículo224 Bis, como enfermedades que tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10, 000 habitantes; se estima que existen en el país alrededor de 8 millones de personas que padecen de alguna enfermedad rara. Estos padecimientos guardan varias características en común:

• Presentan muchas dificultades para su diagnóstico y seguimiento.

• La información y el conocimiento científico respecto a ellas es limitado.

• Debido a que los medicamentos para tratarlas tienen poca demanda, son caros y difíciles de encontrar.

• Generan dificultades en su estudio e investigación debido a los pocos casos que se presentan.

• Los pacientes requieren atención especializada de manera prolongada o de por vida.

• Debido al tiempo, dinero y esfuerzo que deben dedicar al paciente, los familiares suelen experimentar impactos financieros y emocionales significativos.

Dentro de las Enfermedades Raras, se incluyen las enfermedades metabólicas congénitas (también conocidas como errores innatos del metabolismo o metabolopatías congénitas), que son un conjunto de enfermedades hereditarias que implican alteraciones del metabolismo. La mayoría son debidas a la alteración de un gen que codifica una enzima que cataliza una de las miles de reacciones químicas de la célula.

Las enfermedades Metabólicas se incluyen entre las enfermedades raras, dado que su incidencia oscila entre un afectado por cada diez mil o veinte mil para las más frecuentes, o bien uno entre 300 mil para las menos frecuentes.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018, dentro de su apartado de Política Social, se establece el compromiso de elevar el nivel de salud de los mexicanos, reducir las desigualdades, garantizar un trato adecuado a los usuarios, ofrecer protección financiera en salud y fortalecer el sistema de salud.

La Ley General de salud, en su artículo 77 bis 29, indica que los gastos catastróficos son los que se derivan de aquellos tratamientos y medicamentos asociados, que impliquen un alto costo en virtud de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren. En el mismo artículo prevé la creación, de un fondo de reserva, sin límites de anualidad presupuestal, para apoyar el financiamiento de los tratamientos y medicamentos asociados a las enfermedades de alto costo de las que provocan gastos catastróficos y que padezcan principalmente los beneficiarios del Seguro Popular. En cumplimiento a esto, con fecha 16 de noviembre de 2004, la Secretaría de Salud gestionó la constitución del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPCGC), mediante la celebración de un contrato de Fideicomiso Público denominado “Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud” (FSPSS), constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su carácter de fideicomitente único de la Administración Pública Federal.

De acuerdo a lo establecido en los artículos primero y cuarto del Reglamento Interior de la Comisión para definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de septiembre de 2005, dicha Comisión tiene por objeto apoyar al Consejo de Salubridad General en el estudio, análisis y definición de los tratamientos, medicamentos y otros insumos asociados a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos para su aprobación y priorización.

Para incorporar un padecimiento al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, se requiere primeramente que el Consejo de Salubridad General lo defina como una enfermedad que genera gastos catastróficos y que posteriormente la Comisión Nacional de Protección Social en Salud proponga su inclusión ante el Comité Técnico del Fideicomiso, de acuerdo a características como prevalencia, aceptabilidad social y viabilidad financiera, como una enfermedad susceptible de ser financiada con recursos del Fondo.

El Catálogo Universal de Servicios de Salud 2017 (CAUSES), incorpora varias enfermedades metabólicas dentro del listado que enuncia las intervenciones cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos; a mayor abundamiento, el Anexo I del año 2017 de este catálogo establece como condición que sean diagnosticadas dentro de los primeros 10 años de vida del paciente para que sean cubiertas.

Así pues, el Seguro Popular mediante el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos brinda la cobertura de las enfermedades metabólicas de Fabry, Gaucher, Hurler, Hunter, Pompe, mucopolisacaridosis tipo VI y hemofilia; mientras que a través del Programa Seguro Médico Siglo XXI cubre la Fibrosis Quística.

Las enfermedades metabólicas son padecimientos que se desprenden de enfermedades raras y son financiadas a través del Fondo, siempre y cuando el diagnóstico sea antes de los 10 años de edad y el tratamiento se otorga hasta que el paciente lo requiera. Tan solo en el 2016, se financiaron un poco más de 241 millones de pesos por esta vía para dichos padecimientos.

El gasto promedio de una familia con un paciente afectado por una enfermedad metabólica se ubica por encima de los quince mil pesos mensuales, cantidad impagable por la gran mayoría de la población y seguramente por la totalidad de los beneficiarios del Seguro Popular.

Es de reconocerse que en los últimos quince años se ha incrementado la sensibilización y se han generado avances significativos en torno a las enfermedades raras; el hecho de que pacientes que fueron diagnosticados antes de los diez años de edad estén contando con atención y medicamentos financiados por el Seguro Popular, representa un apoyo invaluable para ellos y sus familias. Sin embargo, aún queda tarea por hacer.

Precisamente por lo poco comunes que son estos padecimientos y el reducido número de especialistas disponibles en el país, su diagnóstico puede demorar varios años. De hecho, se estima que el tiempo promedio en que una persona afectada por una enfermedad rara tarda en obtener un diagnóstico es de cinco años, pero alrededor de un 20% de los pacientes tarda más de diez.

Es por ello que resulta fundamental ampliar la edad de detección de 10 a 18 años para dar cobertura a este tipo de enfermedades en el Seguro Popular. Debido al reducido número de casos que pueden presentarse en el país bajo este supuesto, el impacto presupuestal en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos es reducido, pero el impacto en la calidad de vida de los pacientes y sus familiares sería extraordinario.

Por lo expuesto y con el fundamento legal referido en el proemio del presente documento, presento ante esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único . La Honorable Cámara de Diputados exhorta al Consejo de Salubridad General para que, con el apoyo de la Comisión para Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a Enfermedades que Ocasionan Gastos Catastróficos, realice las gestiones pertinentes para ampliar de 10 a 18 años la edad de detección para dar cobertura a las Enfermedades Metabólicas contempladas en el Catálogo de Intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.

Dado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 20 de marzo de 2018.

Diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa a promover y llevar a cabo un proceso de profesionalización del padrón nacional real de apicultores y lograr eficiencia en los recursos destinados a su actividad, a cargo de la diputada María Luisa Beltrán Reyes, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe la presente, diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes

Considerandos

Primero. La apicultura está inscrita dentro de la actividad pecuaria de nuestro país, siendo clasificada como ganado menor. Aun así, están registrados más de 42,000 productores, oficialmente, que atienden alrededor de 1´ 900,000 colmenas en todo el territorio nacional, generando más de 100,000 empleos directos y 400,000 indirectos.

La apicultura es una actividad muy prometedora, que aporta materia prima tanto a la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética, a nivel nacional e internacional; pero, sobre todo, su producto principal: la miel, uno de los alimentos mejor clasificados por sus características nutricionales. Además, el servicio que las abejas generan en la agricultura y los ecosistemas es incalculable. Existen datos indirectos, proyectados según un porcentaje conservador de la producción, y datos directos sobre la facturación que estos servicios generan.

Segundo. La apicultura ha sido desaprovechada en su potencial. Año con año, su lugar en el concierto mundial de producción y exportación desciende, y otros países se posicionan de manera más estable, no aprovechándose las ventajas climáticas ni de biodiversidad que nuestro país goza. Esos países están apostando a una profesionalización del apicultor. En conclusión, no vale la pena tener apicultores que no ejercen el oficio de manera profesional, lo que se traduce en pérdidas económicas y proliferación de enfermedades en sus apiarios, un mal manejo apícola, provoca la africanización de las colmenas y, por consiguiente, el aumento potencial de accidentes en el campo, por picaduras de abejas.

En 2015 las estadísticas sobre este sector eran las siguientes:

Fuente: Portal de estadísticas Stadista. Recuperado en abril del 2017 de: https://es.statista.com/estadisticas/612365/principales-paises-producto res-de-miel-a-nivel-mundial/

China, con un territorio 4.5 veces más grande que México, produce 8 veces más miel, y ha inundado, además, el mercado mundial con mucha miel adulterada, así como subproductos apícolas, de tal manera que existe en el mercado mexicano fructuosa y cera provenientes de China.

Argentina, desde el gobierno de Carlos Saúl Menem, ha sostenido un crecimiento de este sector, de tal manera que, al día de hoy, tiene como objetivo competirle a China el gran mercado internacional que, día con día, incrementa la demanda de miel auténtica. Argentina es el segundo exportador mundial y tercer productor mundial, en un territorio de 2.78 millones de km2; tiene un inventario de 3.5 millones de colmenas y un padrón de 23,000 apicultores, lo que resulta un promedio por apicultor de 152 colmenas. En México, con el inventario actual, de 1.9 millones de colmenas, atendidas por 42,000 apicultores, según la Sagarpa, implica un manejo de 48 colmenas por cada apicultor.1

Esto confirma que falta una profesionalización de los apicultores en México, que toman el oficio como una actividad secundaria o complementaria. Un estudio de la Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 2013,2 concluye varios aspectos, que es importante citar:

• La edad promedio de los apicultores en México es de 47 años.

• 20 por ciento de los apicultores tiene más de 60 años de edad.

• Más del 75 por ciento de los apicultores son campesinos con menos de 100 colmenas, y su actividad apícola no es prioritaria.

• La participación de la mujer es del 9 por ciento.

• La mayoría de los apicultores usan esquemas tradicionales y semitecnificados.

• La experiencia promedio es de 16 años.

• 40 por ciento de los apicultores cuenta con estudios únicamente de primaria.

Otro estudio de la Revista Contaduría y Administración, en su modalidad impresa, presenta, en sus conclusiones, datos interesantes pero, a su vez, alarmantes, dadas las condiciones actuales, del gremio apícola. En su artículo Costos y Rentabilidad del Proceso de Producción Apícola en México, donde se aborda a varias entidades de la República productoras de mil en el país, concluye que el promedio de rentabilidad es de 38 por ciento de los activos, sólo en la producción de la miel. Esto arroja datos interesantes: una colmena se valúa en 1,800 pesos, por lo que tener 100 colmenas significa una inversión de 180,000 pesos, por lo que debería ser una rentabilidad mensual de 5,700 pesos al mes, situación que no es muy alentador, cuando un apicultor ingresa menos del monto precitado.

Otros datos interesantes consignan que los costos fijos de la apicultura son del 33 por ciento y los costos variables se van hasta el 67 por ciento, por lo que resulta una actividad muy sensible al aumento de combustibles y toda la cadena de distribución. En algunos estados la rentabilidad cae a un 15.8 por ciento, de modo que el apicultor, a veces, no se da cuenta cuando está perdiendo dinero.3

Un apicultor que no tenga criterios básicos de administración y un manejo profesional apícola y sanitario, sin darse cuenta comenzará a endeudarse, perder tiempo y oportunidades productivas, al esperar sólo apoyos gubernamentales, ya que los costos variables son muy altos. Aunado a ello, las variaciones en la floración y la agricultura intensiva a su alrededor pueden sacarlo de esta actividad económica. Es necesario tomar medidas para minimizar las pérdidas entre los productores y eficientar la utilización de los recursos públicos, para aprovechar las ventajas potenciales de nuestro país.

Tercero. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con el fin de apoyar esta actividad tan estratégica y necesaria para la polinización de más del 70 por ciento de los alimentos, año con año entrega apoyos económicos como el Progan Productivo, destinado al sector ganadero, donde la apicultura, al considerarse ganado menor, destina a cada colmena registrada y debidamente marcada un monto de 76 pesos, siempre y cuando el apicultor tenga de 10 a 175 colmenas, es decir, estrato A; y 60 pesos por colmena, de 176 a 1,500, bajo la denominación de estrato B. En cierto sentido, el apicultor ve castigada su profesionalización.4

Es preocupante que los datos expresados en la página oficial de Sagarpa no tengan actualización desde el año 2005,5 de ahí la relevancia de revisar muy bien, desde las cantidades de colmenas, en su ubicación, sanidad y certificación de los apicultores, para saber de manera más concreta la situación real de la apicultura en México, dado que se destinan recursos, año con año, pero la ubicación de nuestro país en el ámbito internacional continúa cayendo.

Los requisitos que pide el Progan para hacer efectivos los apoyos financieros, además de identificación SINIIGA, son: cambiar anualmente de reina, cambio de panales viejos, alimentación, prevención de enfermedades; el problema es que resulta difícil verificar el cumplimiento de estos requisitos, por parte del personal de Sagarpa, de ahí la necesidad de implementar una certificación a los apicultores que realmente se dediquen a la actividad; además, es necesario eliminar los máximos, para evitar que un apicultor inscriba a familiares o amigos como apicultores, con el objetivo de continuar recibiendo apoyos.

Existe la tecnología para la geolocalización de las colmenas, en tiempo real, su situación sanitaria, su ubicación geográfica y la densidad de apiarios para medir la saturación. El padrón de apicultores sólo debería considerar a los apicultores que, de manera activa, se ocupan de sus colmenas, ya que el abandono provoca su paulatina africanización, además de que un seguimiento exacto de sus operaciones y manejo dinamizará los recursos públicos destinados a la apicultura.

El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales cuenta con experiencia en el sector apícola, por lo que debe haber una coordinación entre instituciones, para la profesionalización de la apicultura en México.

El EC0341, fortalecimiento de las colonias de abejas, es un criterio de profesionalización registrado por el Conocer. Sin duda, es importante darle institucionalidad a la formación y el manejo apícola, al ser la tercera actividad que más divisas genera dentro del sector pecuario. Este estándar se compone de tres actividades:

E1145 Alimentar las colonias de abejas.

E1146 Desarrollar la colonia de abejas.

E 1147 Mantener sanas las colonias de abejas.

Cuarto. La honorable Cámara de Diputados debe promover las políticas públicas que impacten e incrementen la producción nacional. Y la profesionalización de los apicultores nacionales traerá como resultado estadísticas más confiables y un incremento de la producción, ya que el dinero invertido en este sector ganadero será cuidado por personas más capaces y serias. Los esquemas de certificación ya están caminando en México, por lo que se debe lograr una coordinación entre la Secretaría de Educación Pública –de la que depende el Conocer- y la Sagarpa.

Diversos factores amenazan la Apis Melífera, de acuerdo con lo expuesto por científicos: el calentamiento global y la modificación de la floración, la deforestación, la contaminación por plaguicidas y agroquímicos nocivos, la proliferación de múltiples enfermedades como la varroa, la nosema, acarosis, loque americana y europea, y la incidencia de virus.

El único factor que está a nuestro alcance, de manera inmediata, es que el apicultor mexicano tenga un mejor manejo de su actividad y vea que la apicultura es un oficio serio y bastante lucrativo. Mientras aplique técnicas apícolas correctas, implemente conocimientos básicos de administración y mercadotecnia, y tienda a la diversificación de sus productos, incursione en mieles orgánicas, mono florales y les dé un valor agregado a toda la gama de derivados, su actividad será la idónea.

Por los elementos anteriormente expuestos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta, respetuosamente, al Servicio de Información Alimentaria y Pesquera, a que haga público un informe sobre el padrón de apicultores vigentes registrados ante el Progan, así como información detallada sobre sus certificaciones y una verificación del número real de colmenas completas y en desarrollo.

Segundo . La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta, respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a que analice la eliminación de los máximos en el número de colmenas del estrato B por apicultor, como un incentivo para aumentar sus inventarios, y que analice proyectos productivos de aumento de inventarios en apicultores que cumplan con los estándares de certificación para rebasar el estrato A, y la posible unificación de estratos sin un límite.

Tercero . La honorable Cámara de Diputados, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y a la Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, a que emprendan una campaña conjunta de certificación y recertificación de los apicultores que cumplan los estándares de competencia.

Referencias

1. Iglesias, E. 2018. Como la miel argentina intentara ganarle a China un mercado de US$ 2,200 M. El Cronista. México. Publicado el 9 de enero del 2018. Recuperado de:

https://www.cronista.com/contenidos/2018/01/09/noticia_0 063.html

2. Contreras, F. Pérez, B. Echarreta, C. Cavazos, J. Macías, J. Tapia, J. 2013. Características y situación actual de la apicultura en las regiones Sur y Sureste de Jalisco, México. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias. Publicado en Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias vol.4 no.3 Mérida jul. /sep. 2013. Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-11 242013000300009

3. Magaña, M. Leyva, C. 2011. Costos y rentabilidad del proceso de producción apícola en México. Contaduría y Administración. Publicado en Contad. Adm no.235 México sep. /dic. 2011. Recuperado de:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-10422011000300006

4. SAGARPA. 2014. Programa de Fomento Ganadero PROGAN PRODCUTIVO. Coordinación general de ganadería. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Gobierno de la Republica. Disponible en:

http://www.sagarpa.gob.mx/asuntosinternacionales/coopera cioninternacional/Documents/Cambio%20Clim%C3%A1tico/Programa%20PROGAN%2 0Productivo%20(CGG).pdf

5 SAGARPA. 2018. Estadísticas. Gobierno de la Republica. Disponible en: http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Estadisticas/Paginas/default.aspx

Otras fuentes

Da Silva, Graciano. 2016. La abeja un indicador para comprobar la salud de los ecosistemas agrícolas. Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Recuperado 24 de abril del 2017 de:

http://www.fao.org/news/story/es/item/415604/icode/

Notiabeja. Coordinación General de Ganadería. SAGARPA. Recuperado de: http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Documents/2015/APICULTURA/Notiabj%2 02015-1.pdf

Torres Y. 2017. Exportación de Miel cae 40%. El Financiero. Economía. Recuperado de: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportacion-de-miel-cae-40-dura nte-2016.html

Agencia Reforma. 2016. Matan Producción de miel. El Vigía. Recuperado el 1 de marzo del 2016 de: http://www.elvigia.net/nacional/2016/3/1/matan-produccion-miel-mexicana -227862.html

Situación actual y perspectiva de la apicultura en México. Infoacerca. Recuperado de:

http://www.infoaserca.gob.mx/claridades/revistas/199/ca1 99-3.pdf

México: país exportador de miel Sagarpa. Recuperado de: http://www.gob.mx/siap/articulos/mexico-pais-exportador-de-miel

¿Qué es la apicultura? Sagarpa. Recuperado de
http://www.gob.mx/sagarpa/articulos/que-es-la-apicultura

Dado en el Palacio Legislativo, a 20 de marzo del 2018.

Diputada María Luisa Beltrán Reyes (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a suspender en el periodo electoral la entrega del programa Familias Fuertes Salario Rosa y reanalizar los requisitos para tener acceso a él, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscribe, Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputado integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El pasado 8 de febrero de 2018, el gobierno del estado de México arrancó el programa salario rosa, un apoyo económico para mujeres en situación de pobreza, que realizan labores del hogar y no reciben un ingreso. El gobernador Alfredo del Mazo realizó la entrega de las primeras 3.000 tarjetas. “El salario rosa no es un programa más”, afirmó durante su discurso en el municipio de Villa Victoria, en el que el 69% de su población vive en pobreza.

El Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Salario Rosa, es una de las grandes promesas del ahora gobernador del Estado de México Alfredo Del Mazo durante su campaña para la gubernatura, que consiste en apoyos de 2.400 pesos (129 dólares) cada dos meses, teniendo como propósito disminuir la condición de pobreza extrema o vulnerabilidad, de las mujeres de 18 a 59 años de edad; que se dediquen a las actividades del hogar, que no perciban pago alguno y que habiten en el Estado de México, a través de transferencias monetarias y capacitación para el autoempleo; así como acompañamiento jurídico y asesoría psicológica.

Requisitos y criterios de selección:

• Tener 18 a 59 años de edad;

• Encontrarse en condición de pobreza extrema o vulnerabilidad;

• Dedicarse a las labores del hogar;

• No percibir ingresos de manera formal;

• Habitar en el estado de México;

• Presentar copia de identificación oficial vigente con fotografía y domicilio en el estado de México y original para su cotejo.

• Para el caso de que la identificación oficial no cuente con el domicilio de la solicitante, deberá presentar comprobante domiciliario con vigencia no mayor a tres meses; y

• Los demás que determine la instancia normativa.

Esto de acuerdo a lo publicado en la página web del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, dicha convocatoria indica también que estos pagos se podrían realizar “de una hasta 12 ocasiones de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria”.

Hasta mediados de febrero, el Gobierno estatal solo había aprobado 38.695 solicitudes para recibir el apoyo. Esto no representa ni el 0.3% de la población en situación de pobreza extrema en el Estado, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. El gobierno del estado de México ha destinado 6,4 millones de pesos (324.000 dólares) para la entrega de las primeras tarjetas. La administración de Alfredo Del Mazo ha prometido que más solicitudes se aprobarán por etapas. La cifra total de solicitudes del Salario Rosa aún no está disponible en la oficina de prensa del Gobierno del Estado.

Cabe destacar que el arranque de este programa se realiza en pleno proceso electoral, ya que dicho proceso en el Estado de México comenzó en septiembre de 2017, rumbo a las elecciones del próximo 1 de julio del presente año, en las que se renovará el Congreso local y 125 alcaldías, además de la elección federal de diputados y senadores, así como la elección presidencial.

El gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo y Francisco Sevilla, secretario de Desarrollo Social entregaron 18 mil plásticos en cinco eventos masivos realizados entre el 15 y el 21 de febrero, de acuerdo con una queja presentada por Horacio Duarte, representante del partido de Morena.

Esta conducta, viola el artículo 134 constitucional que obliga a los servidores públicos a la imparcialidad en el uso de recursos públicos, es decir, a no desviarlos para influir con ellos en alguna contienda electoral.1

Si bien, no es obligatoria la suspensión de programas sociales durante procesos electorales tampoco es necesario entregar sus beneficios en eventos masivos, para no caer en proselitismo.

El Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Salario Rosa además ha sido fuertemente criticado ya “En vez de promover la participación de las mujeres en los espacios públicos, las restringen, pues las mantienen en un espacio privado”, comentó a periódico EL PAÍS Christian Mendoza, investigadora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, en junio pasado.

“Una retribución por realizar labores domésticas las mantiene dentro de su hogar. Tampoco permite que el trabajo se reparta entre las parejas o entre el resto de los miembros de la familia”. El Gobierno del estado de México ha prometido, como parte del programa, capacitar a las mujeres “para el autoempleo”.

Por otra parte El Programa de Desarrollo Social Familias Fuertes Salario Rosa se considera discriminatorio, ya que el actual gobernador del Estado de México basó su campaña en un decálogo de lo que serían los ejes principales de sus propuestas, en las que ofrecía convertir al estado de México en el más seguro del país y otorgar a las amas de casa un salario rosa, el cual se estableció en el apartado de equidad de género para proteger los derechos de las mujeres, una vida libre de violencia en casa, transporte y en la calle, de tal manera que en ningún momento se mencionó que este tendría restricciones, siendo esta una promesa general a todas las amas de casa.

En ese momento las mujeres mexiquenses que no contaban con un empleo tuvieron a bien creer que les seria otorgado dicho apoyo, lo cual posteriormente a las elecciones fue desmentido argumentando que el programa solo seria para otorgado a personas en situación de extrema pobreza.

Con lo cual el ahora gobernador no cumplió su promesa de campaña demostrado que solo fue un método más para ganar la simpatía del electorado.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al titular del gobierno del estado de México, Alfredo del Mazo, para que se suspenda durante el periodo electoral la entrega apoyos referentes al programa social “Familias Fuertes Salario Rosa”, ya que se presta a proselitismo.

Segundo. Se exhorta al Gobierno del Estado de México; que durante ese lapso de suspensión, se analicen nuevamente los requisitos de acceso al beneficio del programa social “Familias Fuertes Salario Rosa”, para que este pueda tener la cobertura que se prometió en la campaña electoral del ahora titular del gobierno del Estado de México.

Nota

1 https://heraldodemexico.com.mx/estados/230341/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 20 de marzo de 2018.

Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y el INM a reforzar la seguridad en las estaciones migratorias para evitar acoso sexual y abusos de autoridad, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada de esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía lo siguiente:

Consideraciones

El acoso sexual es la intimidación o coerción de naturaleza sexual, o promesas no deseadas o inapropiadas a cambio de favores sexuales. En la mayoría de contextos jurídicos modernos el acoso sexual es ilegal.

De conformidad, con la directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo, se define como acoso sexual:

“La situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar

contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”.1

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se tiene conocimiento de al menos 16 denuncias por acoso sexual, mismas que han sido presentadas en contra de encargados de las Estaciones Migratorias que se encuentran en Veracruz, la más reciente del Municipio de Acayucan, en dónde los testimonios, los ha documentado la Asociación Civil “Hermanos en el Camino”, del padre Alejandro Solalinde Guerra, así mismo el coordinador de la pastoral en Veracruz, José Luis Reyes Farías, quien ya ha solicitado al Delegado Federal del Instituto Nacional de Migración (INM), Tomás Carrillo Sánchez, que “Se les piden favores sexuales a hombres y mujeres a cambio de ofrecimientos de libertad o ayuda ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y si no, entonces sufren las consecuencias, como el permanecer más tiempo encerrados o encerradas, retrasar su extradición o el trámite de solicitud de refugio”,2 reiteró el representante del padre, el licenciado Solalinde Guerra, nominado al premio nobel de la paz.3

De igual forma, Reyes Farías, recordó que al interior de la Estación Migratoria de Acayucan (EMA), ya han ocurrido señalamientos, de denuncias iniciadas ante la PGR por casos como la trata de blancas, así como también, la venta de hombres y mujeres con fines de compra y venta de órganos, sin embargo, hasta el momento las cuatro investigaciones están detenidas.4

Asimismo, “el mismo migrante se entera que, a los agresores a los acusados, empleados federales del INM, les cuesta 150 mil pesos que pagan a la PGR, para que la investigación no proceda, el agresor paga es cantidad para que se quede sin efecto”,5 precisó en conferencia el coordinador de la pastoral.

Por otro lado, existen un sinnúmero de violaciones sexuales que se han denunciado ante el INM.

Sofía Aurora Vega Gutiérrez, Directora general de Comunicación Social del INM, quien fue consultada, en relación a las agresiones y violaciones sexuales registradas en las estaciones de retención a migrantes en este sexenio, negó en un primer momento la información; sin embargo, la servidora pública respondió con una tarjeta informativa lo siguiente:

“De acuerdo con los presuntos casos de abuso sexual que se han denunciado ante las autoridades competentes, por haberse perpetrado algún presunto ilícito de este tipo en contra de migrantes en el interior de alguna de las estaciones migratorias en territorio nacional”,6 me permito informarle lo siguiente:

1. “Chiapas : Son dos casos registrados en esta entidad que fueron atendidos por las autoridades competentes y donde, incluso, los responsables cuentan con sentencias condenatorias dictadas por un juez. El primer hecho denunciado fue cometido por un policía auxiliar en Palenque, en contra de un menor de edad de origen guatemalteco. En el segundo caso, se registró en Comitán al haberse señalado a dos extranjeros como los responsables de haber cometido abuso sexual en contra de un joven salvadoreño.

2. Coahuila : Se registró un caso en el año 2013, donde se dio aviso a las autoridades que una extranjera originaria de El Salvador acusaba a su pareja de haber abusado sexualmente de ella. En su momento, el Ministerio Público que tomó el caso determinó que el hecho denunciado obedecía a un acto planeado para que la pareja pudiera contar con una visa humanitaria que les permitiera llegar hasta Estados Unidos. El Ministerio Público decretó el no ejercicio de acción penal.

3. Quintana Roo : En las instalaciones de la estación migratoria de Chetumal en 2008, una extranjera de nacionalidad cubana denunció ante la autoridad migratoria abusos deshonestos cometidos por un agente federal de migración. El INM presentó la denuncia ante el Ministerio Público Federal para que llevara a cabo la investigación respectiva.

4. San Luis Potosí: En 2013, el INM interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes, así como en el Órgano Interno de Control, por el presunto abuso sexual cometido contra dos mujeres hondureñas por parte del delegado que se encontraba adscrito en ese momento a la Delegación Federal de San Luis Potosí, por presunto abuso cometido contra dos mujeres hondureñas, por lo que se procedió a su destitución para que fuera sujeto a las investigaciones judiciales correspondientes.

5. Veracruz : En 2013, el INM interpuso una denuncia de hechos por el supuesto abuso cometido entre dos jóvenes extranjeros; además, se dio conocimiento a su consulado para dar atención inmediata. Se le otorgó oficio de salida para su regularización migratoria. Cabe señalar que el INM dio conocimiento a las representantes consulares de cada uno de los hechos para que los extranjeros involucrados fueran atendidos y se diera seguimiento al proceso judicial en el que estaban señalados; por lo que se ha colaborado en todo momento con las autoridades correspondientes para que se cumplan con las disposiciones de las leyes mexicanas y se sancione a quien resulte responsable”.7

Por otro lado, de conformidad con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, El Instituto Nacional de Migración (INM) gastó el año pasado una cifra récord de 12 mil 700 millones. El Colectivo Migraciones Para las Américas (COMPA) exige que el INM informe en qué gastó ese dinero, ya que las estaciones migratorias “siguen sin garantizar los derechos humanos de las personas migrantes”, asimismo, la cifra más alta de la que se tiene registro en toda su historia. Es decir 111 por ciento más que en el año 2014.8

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Nacional de Migración, a efecto de reforzar la seguridad dentro de las Estaciones Migratorias del país, evitando así, el acoso sexual y abuso de autoridad dentro de las mismas, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Notas

1 Parlamento Europeo y Consejo (de 23 de septiembre de 2002). «Directiva 2002/73/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo». Consultado el 18 de diciembre de 2016. https://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_sexual#cite_note-:0-1

2 16 casos de acoso sexual de empleados del INM, contra migrantes: http://presencianoticias.com/2017/09/21/16-casos-de-acoso-sexual-de-emp leados-del-inm-contra-migrantes/

3 16 casos de acoso sexual de empleados del INM, contra migrantes: http://presencianoticias.com/2017/09/21/16-casos-de-acoso-sexual-de-emp leados-del-inm-contra-migrantes/

4 16 casos de acoso sexual de empleados del INM, contra migrantes: http://presencianoticias.com/2017/09/21/16-casos-de-acoso-sexual-de-emp leados-del-inm-contra-migrantes/

5 16 casos de acoso sexual de empleados del INM, contra migrantes: http://presencianoticias.com/2017/09/21/16-casos-de-acoso-sexual-de-emp leados-del-inm-contra-migrantes/

6 Violaciones sexuales y muerte en estaciones migratorias: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2016/10/11/violaciones-se xuales-y-muerte-en-estaciones-migratorias/

7 Violaciones sexuales y muerte en estaciones migratorias: http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2016/10/11/violaciones-se xuales-y-muerte-en-estaciones-migratorias/

8 Migración triplica su gasto, pero deja a migrantes detenidos en condiciones precarias

https://www.animalpolitico.com/2016/03/
migracion-triplica-su-gasto-pero-deja-a-migrantes-detenidos-en-condiciones-precarias/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo de 2017.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar a la SRE a investigar la muerte del ciudadano Rubén Gerardo Galindo Chávez, en Charlotte, Carolina del Norte, EUA, a cargo del diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar, del Grupo Parlamentario del PAN

Edmundo Javier Bolaños Aguilar, diputado federal, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo , con base en la siguiente:

Antecedentes

1. Con fecha 9 de septiembre del 2017, en el estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos de América, fue abatido a balazos nuestro compatriota Rubén Gerardo Galindo Chávez , a manos de los oficiales estatales, que, conforme a las certezas, filmadas por las propias autoridades, dispararon sin justificación alguna, causándole la muerte.

2. Como sabemos, se usó la fuerza irracional en contra de nuestro compatriota, dejando en la orfandad a dos menores de edad. Desde que ocurrieron los hechos, la familia del finado Rubén Galindo Chávez , la cual se encuentra asentada en una comunidad indígena en el municipio de Miacatlán, estado de Morelos, no ha recibido apoyo jurídico consular, ni certeza de cómo se encuentra el proceso judicial que se debió desarrollar desde el lamentable incidente.

3. La familia del finado migrante, al igual que en otros muchos más casos, sienten que sus derechos humanos fueron vulnerados, como son: el de información, un justo proceso judicial y, en su caso, una indemnización por la muerte injustificada , por lo que, me he visto en la necesidad de apoyarlos.

4. Como representante popular del estado de Morelos y a solicitud expresa de la familia Galindo Chávez y de la Confederación Internacional de Morelenses en el Extranjero, me permito presentar un punto de acuerdo , por la falta de apoyo judicial, así como apoyo de las autoridades consulares y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por ello, solicito atentamente a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión , turne al pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el exhorto al secretario de Relaciones Exteriores , en base en la siguiente proposición de:

Punto de Acuerdo

Primero. El Poder Legislativo del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Relaciones Exteriores a que, mediante el consulado general en Raleigh, Carolina del Norte , asuma su responsabilidad de proporcionar apoyo consular y jurídico del señor Rubén Gerardo Galindo Chávez y se nos informe sobre el procedimiento judicial.

Segundo. El Poder Legislativo del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Relaciones Exteriores y al cónsul general de México en Carolina del Norte a que asuman la responsabilidad de representar a los deudos del difunto Galindo Chávez.

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a los 20 días del mes de marzo del dos mil dieciocho.

Diputado Edmundo Javier Bolaños Aguilar (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a dar por cancelado en definitiva por la Semarnat el proyecto Punta Paraíso; y a la Profepa, a hacer un estudio sobre las especies de la zona, suscrita por los diputados Guadalupe Acosta Naranjo y Juan Fernando Rubio Quiroz, del Grupo Parlamentario del PRD

Quienes suscriben, diputados federales Guadalupe Acosta Naranjo y Juan Fernando Rubio Quiroz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, y de conformidad con lo establecido en el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

La Bahía de Banderas localizada en Nayarit, ha sufrido desde hace varias décadas, una constante privatización de sus playas para el uso turístico, aprovechamiento y explotación de particulares. Un nuevo caso como el de Punta Paraíso, en la Comunidad de San Pancho, padecen nuevamente de una seria afectación que con dolo, trastoca los derechos de esa comunidad a disfrutar de un medio ambiente sano.

El proyecto Punta Paraíso San Pancho, presentado por la empresa “Pacific Lifestyle”, ha ocasionado un severo malestar social debido a que afecta la economía local, invade el limite marino de la zona federal y atenta contra el medio ambiente de la región, principalmente porque la información presentada en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), del proyecto en cuestión, no coincide con una presentada anteriormente, la referida a la MIA del proyecto Modalidad Particular-Sector Hidráulico Bordo de Protección Arroyo “Los Izotes” en cuanto a las especies existentes en la región.

En este orden de ideas, de acuerdo con información de los pobladores, se tiene estimado una pérdida de al menos 1170 metros cuadrados de playa por la construcción del proyecto, esto se explica porque, la distancia mínima entre la playa y el mar, es decir, los 20 metros de ancho de tierra firme, transferible y contigua no está estimada de acuerdo a un parámetro real, ya que según la época del año la marea permite o no esos 20 metros, así por ejemplo en verano, cuando la marea es alta, la playa es sepultada básicamente por el lecho marino a razón de este crecimiento del mar.

Por otra parte, en cuanto a las especies de la región, existe una clara omisión por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en cuanto a los ejemplares posiblemente afectados en el área de influencia del proyecto, la propia MIA señala que, “no se detectaron de manera directa [fauna silvestre], no obstante por ser un sitio donde se han localizado avistamientos dadas las condiciones de refugio o descanso, se enlistaron las siguientes: iguana verde, sujeta a protección especial, no endémica; iguana negro o garrobo, amenazada, endémica, garza nocturna sabacú, como amenazada, colorín sietecolores, sujeta a protección especial; carpintero pico plata, sujeta a protección especial, no endémica; tortuga golfina y la tortuga negra, ambas sujetas a protección especial” (sic).

Resulta por tanto, un imperativo que la Semarnat niegue el permiso para efectuar el proyecto Punta Paraíso San Pancho presentado por la empresa “Pacific Lifestyle”, ya que no existe certeza científica sobre los impactos ambientales que podría generar a la fauna que la propia Semarnat afirma existen avistamientos de refugio y descanso, sobre todo, cuando entre las especies que enlista son amenazadas. Lo anterior contravine el artículo 5 de la ley General de la Vida Silvestre, la cual dice a la letra en su fracción II:

“[...] En ningún caso la falta de certeza científica se podrá argumentar como justificación para postergar la adopción de medidas eficaces para la conservación y manejo integral de la vida silvestre y su hábitat”.

En conclusión, la propia manifestación de impacto ambiental tiene una serie de contradicciones y omisiones que no pueden pasarse por alto, en consecuencia, la Semarnat está obligada a dar por cancelado de manera definitiva el proyecto en cuestión; las condiciones de la región son propicias para establecer programas de conservación y preservación del sitio, más no, de generar mayores impactos ambientales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo federal para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dé por cancelado de manera definitiva el proyecto Punta Paraíso San Pancho presentado por la empresa “Pacific Lifestyle”, ya que no existe certeza sobre el impacto que puede tener sobre el medio ambiente y pone en peligro a especies que requieren protección especial y se encuentran amenazadas, así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que haga un estudio sobre las especies de la zona a fin de contar con información que permita tomar decisiones sobre futuros proyectos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2018.

Diputados: Guadalupe Acosta Naranjo, Juan Fernando Rubio Quiroz (rúbricas).

Con punto de acuerdo, relativo a la creación de una política administrativa para el uso eficiente de los recursos humanos y materiales del plan de reconstrucción de la Ciudad de México y a difundir los datos respecto a la distribución realizada de los recursos asignados a ello, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario del partido de Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México dicte una política administrativa para el uso eficiente de los recursos humanos y materiales del plan de reconstrucción de la Ciudad de México con el objeto de que sea eficiente, transparente y de calidad, y vigile que la ejecución del presupuesto cumpla con su objetivo, asimismo se exhorta a la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México haga pública la distribución realizada de los recursos asignados para la reconstrucción de la Ciudad de México.

Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El movimiento telúrico de fecha 19 de septiembre de 2017 afectó a más de una franja ubicada en el centro de la Ciudad de México, el número de víctimas fue fatal, resaltando que no sólo fueron personas que perdieron la vida, sino también su patrimonio de años de esfuerzos laborales y sacrificios personales. Siendo los más afectados los habitantes de las demarcaciones Tláhuac, Benito Juárez, Tlalpan, entre otras.

Las personas afectadas por este sismo quedaron en un estado de vulnerabilidad e impotencia quedando al libre albedrío de las autoridades, a efecto de que las mismas estudiaran, pero sobre todo dieran una solución inmediata para garantizar su derecho humano a una vivienda digna.

Siendo el caso que derivado de la situación de necesidad de las personas damnificadas en el mes de octubre del año 2017 se formó la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México con el objetivo de atender las peticiones realizadas por los damnificados unidos de la Ciudad de México y dar una respuesta a mediano y largo plazo a cada uno de los afectados, gestionando de manera transparente cada donación o recurso asignado para los damnificados.

Además de contar con la disposición del gobierno capitalino para continuar con esquemas de acercamiento de información sobre las acciones, tanto como de prestación de servicios y reconstrucción de los inmuebles afectados.

El 1 de diciembre de 2017 se expidió la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, estableciendo en la misma las facultades del organismo a su cargo, entre las que se encuentran la de representar al gobierno de la Ciudad de México ante las instancias públicas o privadas, locales, nacionales e internacionales, respecto de los temas y acciones que conforman el Plan de Reconstrucción.

Misma disposición legal que fue aprobada por la Asamblea Legislativa con el objetivo de asegurar y garantizar que los trabajos de reconstrucción gozaran de certeza jurídica en beneficio de todas las personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre del año pasado.

Resaltando en este orden de ideas que dentro de la normatividad mencionada en su título IV relativo a la transparencia e información pública prevé lo siguiente:

Artículo 112 . El gobierno de la Ciudad de México, para una mayor transparencia y difusión, establecerá un único mecanismo electrónico para que todas las dependencias, órganos desconcentrados, demarcaciones territoriales y/o órganos político administrativos, así como entidades de la administración pública de la Ciudad de México, pongan a disposición del público y ciudadanía, documentos e información actualizada en tiempo real, en los que se explique, de manera sencilla y en formatos accesibles, los ingresos, asignaciones, transferencias, egresos y en general trabajos y acciones relacionados con el objeto de la presente ley, procurando un método proactivo y de gobierno abierto.

Desafortunadamente en la vida fáctica la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México no ha dado debido cumplimiento a dicho numeral, pues si bien es cierto creo una plataforma nacional de transparencia, también es cierto que de la misma se desprenden mínimos datos que a todas luces no garantizan el derecho oportuno a la información respecto a la aplicación de los recursos asignados para la reconstrucción de la ciudad de México y mucho menos se apegan al principio de certeza y eficacia en materia de trasparencia.

De conformidad con la investigadora Liliana Veloz investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE el hecho de que existan fondos públicos y privados y que operen de manera paralela genera una señal de alerta, originando opacidad en el ejercicio de los recursos ante una carencia de estrategia económica, así como poca efectividad y eficiencia en la resolución de los problemas ocasionados por el desastre natural.

Asimismo, de acuerdo con el estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE se revelo que de diez bancos que declararon destinar recursos, sólo cincos aclararon cuanto se destinó y que se gastaron las donaciones.

En este orden de ideas la investigadora Veloz detallo el SAT, ejemplificó la opacidad en el manejo de los dineros, mencionando que en un ejercicio de transparencia se encontró un desfase de más de 118 millones de pesos entre un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y una base de datos elaborado por investigadores respecto de los recursos de fondos privados en cada entidad afectada.

Resultando del primer informe de transparencia del Sistema de Administración Tributaria un monto total de 177 millones 767 mil 506 millones de pesos de recursos en efectivo y en especie de los fondos de los estados de Oaxaca, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Sin embargo, los académicos del CIDE sólo registraron 59 millones 363 mil 467 pesos, es decir un desfase de 1118 millones 434 mil 39 pesos. Sin saber de qué manera se distribuyeron, en que se aplicaron (http://www.proceso.com.mx).

En relación con lo anterior, cabe hacer mención que de conformidad con una nota de fecha 17 de febrero del presente año de animal político se hace pública la renuncia del ciudadano Ricardo Becerra Laguna, comisionado para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, así como del ciudadano Mauricio Merino Huerta en su calidad de integrantes de la Comisión, y de la reportera y activista Katia D’ Artigues también integrante de la multicitada Comisión debido a irregularidades en la aplicación de los recursos asignados.

El ciudadano Ricardo Becerra Laguna en su carácter de presidente de la Comisión para la Reconstrucción argumento que su renuncia derivaba a que determinados diputados integrantes de la comisión autorizaron el uso de casi ocho mil millones de pesos, destinados para las personas damnificadas, así como instruyeron a la Secretaría de Finanzas para que de manera inmediata aplicara los recursos sin justificar la orientación de los mismos.

Violentando de tal manera lo estipulado en la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México que a la letra dice:

Artículo 111. Las dependencias de la administración pública de la Ciudad de México, las demarcaciones territoriales, órganos desconcentrados y demás organismos públicos deberán observar las disposiciones establecidas en la normatividad en materia de transparencia y buena administración en el manejo de los recursos públicos.

De igual manera condichas conductas transgrede lo estipulado en los siguientes numerales de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que a la letra dicen:

Artículo 11. Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

Artículo 12. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley Federal y las correspondientes de las entidades federativas, así como demás normas aplicables.

Artículo 13. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. Los sujetos obligados buscarán, en todo momento, que la información generada tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible, su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas.

Artículo 81. Los organismos garantes, dentro de sus respectivas competencias, determinarán los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.

...

...

A la luz de lo anterior, la que suscribe considera de manera imperiosa que la Comisión para para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México haga pública la distribución de los recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México respetando los principios de certeza, eficacia y legalidad bajo los cuales en su carácter de sujetos obligados deben de operar.

Atendiendo a su carácter de servidor público y máxime integrantes de una Comisión creada especialmente para atender las necesidades de las personas damnificadas en necesario saber la distribución y aplicación de esos recursos asignados a efecto de saber si se adecuan a las necesidades demandadas por las personas damnificadas.

Recordando en todo momento que la creación de dicha comisión fue con el objeto de dar una solución a mediano y largo plazo a cada uno de los afectados, gestionando de manera transparente cada donación o recurso asignado para los damnificados.

Asimismo, considero que de conformidad con las facultades que le otorga la Ley de la Administración Pública de la Ciudad de México y su Reglamento a la Secretaría de Finanzas esta dependencia debe de dictar una política administrativa que establezca de manera precisa las directrices bajo las cuales debe de operar el Plan de Reconstrucción a efecto de que cumpla con su objetivo.

Y dados los hechos tristemente acecidos relativos a irregularidades por la falta de transparencia en la aplicación de los recursos asignados para la reconstrucción, considero necesario que esta dependencia vigile estrictamente que la Comisión para la reconstrucción distribuya y aplique los recursos asignados de forma idónea que garantice el derecho humano a una vivienda digna a la cual todas las personas tienen derecho.

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México a dictar una política administrativa para el uso eficiente de los recursos humanos y materiales del Plan de Reconstrucción de la Ciudad de México con objeto de que sea eficiente, transparente y de calidad, y vigile que la ejecución del presupuesto cumpla con su objetivo, asimismo se exhorta a la Comisión de Reconstrucción., Recuperación y Transformación de la Ciudad de México haga pública la distribución realizada de los recursos asignados para la reconstrucción de la Ciudad de México.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2018.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa a implantar y reforzar las medidas de seguridad sanitarias tendentes a evitar el brote de sarampión en el país, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada de esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía las siguientes

Consideraciones

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sarampión es una enfermedad considerada como muy contagiosa y grave, misma que es causada por un virus, que se propaga por la tos y los estornudos, el contacto personal íntimo o el contacto directo con secreciones nasales o faríngeas infectadas, el cual se encuentra presente en el aire o sobre superficies infectadas sigue siendo activo y contagioso durante periodos de hasta dos horas, y puede ser transmitido por un individuo infectado desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición del exantema.1

El virus del sarampión puede producir epidemias que causen la muerte de múltiples personas, especialmente entre los niños pequeños y que estén malnutridos. En países donde el sarampión ha sido prácticamente eliminado, los casos importados de otros países siguen siendo una importante fuente de infección.2

Antecedentes

• “Antes de que la vacuna se introdujera en 1963 y se generalizara su uso, cada 2 o 3 años se registraban importantes epidemias de sarampión que llegaban a causar cerca de 2.6 millones de muertes al año.

• A nivel mundial sigue siendo una de las principales causas de muerte en niños pequeños, a pesar de que existe una vacuna segura y eficaz. Se calcula que en 2016 murieron 89 mil 780 personas por esta causa, la mayoría de ellas menores de 5 años.

• El sarampión es causado por un virus de la familia de los paramixovirus y normalmente se suele transmitir a través del contacto directo y del aire. El virus infecta el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo. Se trata de una enfermedad humana que no afecta a los animales.

• La intensificación de las actividades de vacunación ha influido de forma decisiva en la reducción de las muertes por sarampión. Se estima que entre 2000 y 2016 la vacuna contra el sarampión evitó 20.4 millones de muertes. A nivel mundial, las defunciones por sarampión han descendido 84 por ciento, pasando de 550 mil 100 en 2000 a 89 mil 780 en 2016”.3

La Secretaría de Salud (Ssa) ha identificado tres casos de sarampión en la Ciudad de México y uno más en Baja California, de acuerdo con reportes del diario Reforma .4

• “El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) de la Ssa informó que uno de los casos es el de una mujer italiana de 39 años, quien reside en la Ciudad de México desde 2007.

• El segundo caso corresponde al hijo de la mujer italiana, un niño de un año que no estaba vacunado, debido a que la vacuna para esta enfermedad se aplica con posterioridad a la edad del menor.

• El tercer caso corresponde a una mujer de 48 años, quien trabaja cuidando del niño.

• El cuarto caso detectado en Baja California, señaló Reforma , corresponde a una persona que salió de viaje”.5

Motivo por el cual, fue colocado un cerco epidemiológico en las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan, sin que se hayan detectado otros contagios de la enfermedad, por lo que según las autoridades sanitarias queda descartado el inicio de una epidemia. Sin embargo, entre 1997 y 2017, se registraron un total de 176 casos de sarampión, todos clasificados como importados o asociados a importación.6

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), estas son las posibles manifestaciones clínicas:

• “El primer signo del sarampión suele ser la fiebre alta, que comienza unos 10 a 12 días después de la exposición al virus y dura entre 4 y 7 días.

• En la fase inicial, el paciente puede presentar rinorrea, tos, ojos llorosos y rojos, y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas.

• Al cabo de varios días aparece un exantema, generalmente en el rostro y la parte superior del cuello, que se extiende en unos 3 días, acabando por afectar a las manos y pies. El exantema dura 5 a 6 días, y luego se desvanece.

• El intervalo entre la exposición al virus y la aparición del exantema oscila entre 7 y 18 días (media de 14 días).

• La mayoría de las muertes se deben a complicaciones del sarampión, que son más frecuentes en menores de 5 años y adultos de más de 30 años.

• Las más graves son la ceguera, la encefalitis (infección acompañada de edema cerebral), la diarrea grave (que puede provocar deshidratación), las infecciones del oído y las infecciones respiratorias graves, como la neumonía.

• Los casos graves son especialmente frecuentes en niños pequeños malnutridos, y sobre todo en los que no reciben aportes suficientes de vitamina A o cuyo sistema inmunitario se encuentra debilitado por el VIH/Sida u otras enfermedades.

• En poblaciones con altos niveles de malnutrición, en particular aquellas con deficiencia de vitamina A y que no reciben una atención sanitaria adecuada, el sarampión puede llegar a matar de 3 a 6 por ciento de los casos.

• Entre las personas desplazadas, la cifra de muertes puede alcanzar 30 por ciento.

• La infección también puede provocar complicaciones graves en las mujeres embarazadas e incluso ser causa de aborto o parto prematuro.

• Quienes se recuperan del sarampión se vuelven inmunes de por vida.”7

La vacunación sistemática contra el sarampión, combinada con campañas de inmunización masiva en países con elevada incidencia y mortalidad son importantes estrategias de salud pública, fundamentales para reducir la mortalidad en niños. De acuerdo con la OMS, la vacuna contra el sarampión, ha sido utilizada desde hace más de 50 años, motivo por el cuál es segura, eficaz y barata.8

• “En 2016, aproximadamente 85 por ciento de la población infantil mundial recibió a través de los servicios de salud habituales una dosis de vacuna contra el sarampión antes de cumplir un año de vida. En 2000, ese porcentaje fue de 72 por ciento. Para garantizar la inmunidad y prevenir posibles brotes, se recomiendan dos dosis de la vacuna, puesto que aproximadamente 15 por ciento de los niños no adquieren inmunidad con la primera dosis”.9

Motivo por el cual considero de suma importancia se establezcan las medidas sanitarias pertinentes, tendientes a la observación del virus, asimismo, se refuercen las campañas de vacunación y se exhorte a la población a llevar a los bebés y niños y así evitar contagios y complicaciones a futuro.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a efecto de implementar y reforzar las medidas de seguridad sanitarias tendientes a evitar un posible brote de sarampión en el país.

Notas

1 OMS, Sarampión:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/es/

2 OMS, Sarampión:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/es/

3 OMS, Sarampión:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/es/

4 Detectan cuatro casos de sarampión en México, Secretaría de Salud, descarta epidemia.
https://www.animalpolitico.com/2018/03/detectan-sarampion-mexico-descartan-epidemia/

5 Detectan cuatro casos de sarampión en México, Secretaría de Salud, descarta epidemia.
https://www.animalpolitico.com/2018/03/detectan-sarampion-mexico-descartan-epidemia/

6 Detectan cuatro casos de sarampión en México, Secretaría de Salud, descarta epidemia.
https://www.animalpolitico.com/2018/03/detectan-sarampion-mexico-descartan-epidemia/

7 OMS, Sarampión:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/es/

8 OMS, Sarampión:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/es/

9 OMS, Sarampión:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/es/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2018.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, para exhortar al Ejecutivo federal a hacer de conocimiento público en el marco de la misión, la visión y los objetivos del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible las acciones y los avances en su ejecución y evaluación concretados a la fecha, a cargo del diputado Juan Carlos Ruiz García, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, diputado Juan Carlos Ruiz García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Cámara de Diputados en la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I; y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Agenda 2030 es el resultado del esfuerzo conjunto de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, en el que se plantearon 17 objetivos a alcanzar (ODS), con 169 metas y 230 indicadores, materializada a través del documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su sexagésimo noveno período de sesiones.

El 27 de septiembre de 2015 el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, comprometió a México en la puesta en marcha de los 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para lo cual llevó a cabo una primera etapa de planeación y ejecución de la agenda, liderada por la Oficina de la Presidencia de la República y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

De esta forma, la Agenda 2030 sin llegar a ser un tratado internacional, posee plena fuerza vinculante para el Estado mexicano, en atención a que su implementación y ejecución posee una innegable perspectiva de derechos humanos, esto es, que su contenido y su eficacia fáctica inciden directamente en el ejercicio efectivo de los derechos humanos consagrados en tratados internacionales en la materia y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así, los ODS prescritos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, supone su alineación con los derechos y obligaciones que mandata la Constitución Política, con el propósito de homologar y armonizar el andamiaje jurídico nacional con las mejores prácticas en la materia, de modo que se favorezca, en todo momento y ámbito de acción público y privado, el desarrollo sostenible del Estado mexicano.

De allí, que la Agenda 2030 sea vinculante para los tres órdenes de gobierno, en lo que cabe a la planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas a través de las cuales se van a concretar los ODS como, asimismo, para los tres poderes de Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, razón por la que, como miembro de esta Honorable Cámara de Diputados, he refrendado en forma persistente nuestro compromiso institucional con el avance de esta noble tarea, mediante la presentación de iniciativas de ley, puntos de acuerdos y posicionamientos.

El 26 de abril de 2017 la oficina de Presidencia de la República dio el vamos al “Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, con el fin de sentar las bases del compromiso asumido por México ante la comunidad internacional, estableciendo “un esquema de trabajo que trasciende periodos de Gobierno. Esto es posible gracias a la participación activa de los tres órdenes de Gobierno, de los Poderes Legislativo y Judicial, de la iniciativa privada, la academia y de agencias internacionales”1

En la instalación de este Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Presidente de la República dio a conocer los avances obtenidos por el país en la materia, destacando los siguientes:

1. “En julio de 2016, México fue uno de los primeros países del mundo en presentar a las Naciones Unidas su Revisión Nacional Voluntaria de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2. El Senado ya instaló el Grupo de Trabajo para el Seguimiento Legislativo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3. La Conferencia Nacional de Gobernadores creó la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030, y se ha avanzado en Comisiones Estatales ya en algunas entidades como Chiapas, Colima y Nuevo León.

4. Por ser un compromiso de Estado, desde la Presidencia operamos el Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el respaldo del Inegi y la Conapo”.2

A casi un año de la instauración de este Consejo, integrantes de la iniciativa privada, organizaciones civiles y académicos de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí y Coahuila se reunieron con el director general de la Agenda 2030 de la oficina de la Presidencia de la República, “en el marco del Cuarto Diálogo Regional con la Sociedad Civil sobre la Estrategia Nacional de la Agenda 2030 Región noreste”3 con el fin de discutir los avances de dichas entidades estatales en la materia.

Habrá de recordarse que, en el caso del Estado de Nuevo León, fue la primera entidad federativa en anunciar en marzo de 2017 la creación de una Comisión Estatal para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas misma que no consigna existencia ni resultados, consultada la página web de transparencia del gobierno del estado,4 lo cual es del todo relevante atender en virtud de la trascendencia económica que tiene el estado para nuestro país.

Así las cosas, y dada la importancia del actuar de las entidades federativas en la puesta en marcha de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y de la consecución misma de los 17 ODS, es del todo pertinente preguntarnos cuáles han sido los avances reales en la materia, tanto los obtenidos por el propio Ejecutivo Federal, por medio del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, por la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en el caso de la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030, así como de los consejos y/o comisiones estatales que han sido anunciados por los gobernadores de las respectivas entidades federativas, de los cuales no existe conocimiento cierto de su instalación, operación y mucho menos de sus resultados.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Dirección General de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Oficina de la Presidencia de la República, a que, dentro del marco de la misión, visión y objetivos del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, haga de conocimiento público las acciones y los avances en la ejecución y evaluación que hasta el momento se han concretado en la puesta en marcha de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a los gobernadores de las 32 entidades federativas para que, dentro de los compromisos por ellos anunciados respecto de la creación de comisiones y/o consejos estatales para dar seguimiento e implementar la Agenda 2030, hagan de conocimiento público, a más tardar antes de que concluya la presente LXIII Legislatura, los avances en torno a su creación, operatividad, funcionamiento y resultados en el corto plazo, con especial mención de la autoridad encargada de su dirección y/o coordinación.

Notas

1 https://www.gob.mx/presidencia/articulos/consejo-nacional-de-la-agenda- 2030-para-el-desarrollo-sostenible

2 Ídem.

3 Nota del portal web milenio.com, de fecha 14 de febrero de 2018, periodista Adín Castillo, disponible en
http://www.milenio.com/politica/objetivos_desarrollo_sustentable-iniciativa_privada-milenio-noticias-monterrey_0_1121888175.html

4 http://www.nl.gob.mx/busqueda?p=Comisi%C3%B3n%20Estatal%20para%20la%20
Puesta%20en%20Marcha%20de%20la%20Agenda%202030%20de%20las%20Naciones%20Unidas

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo de 2018.

Diputado Juan Carlos Ruiz García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno del estado de México a responder con la mayor brevedad las observaciones de la ASF sobre las Cuentas Públicas locales del periodo 2012-2016, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, diputado Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracción I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

Con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se ha demostrado que el gobierno del ex gobernador priista, Eruviel Ávila Villegas, no aclaró el manejo de más de 12 mil millones de pesos de recursos federales,1 dejando la responsabilidad al ahora gobernador y también priista Alfredo del Mazo Maza.

De acuerdo a la ASF a la entidad mexiquense, durante 2016, se le hicieron “observaciones por 3 mil 627 millones y 8 mil 607 millones más se encuentran pendientes de ser aclarados, pero corresponden al periodo 2012-2015”.2 Además es el cuarto estado con la mayor deuda o pendiente de solventar, ya que el organismo fiscalizador realizó denuncias por la no aclaración del uso de 665.7 millones de pesos, advirtiendo irregularidades en ocho fondos federales, en participaciones y otros conceptos.3

Resulta alarmante que entre los sectores más observados es el de salud, en donde la ASF advierte presuntos daños al erario por más de 2 mil millones de pesos por transferencias inadecuadas, la falta de demostración de la aplicación de recursos, pagos a personas no registradas en nómina, subejercicios y poca transparencia. Tan solo programas como Prospera, y recursos federales transferidos a través del Acuerdo de Coordinación entre la Secretaría de Salud y la entidad y en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), hay observaciones por más de dos mil millones.4

Relacionado con el sector educativo, se señalan afectaciones por más de 800 millones de pesos asociados al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y a becas en educación superior, entre otros rubros.

“Además de los posibles daños al erario, la entidad mexiquense debe aclarar y comprobar la aplicación de 2 mil 392 millones de pesos por recursos no ejercidos de los Fondos Metropolitanos, el de Fortalecimiento Financiero (Fortafin), y el de Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (Fortalece).”5

Entre desvíos de recursos, subejercicios, falta de transparencia, pagos indebidos y excesivos a empleados y transferencias inadecuadas, Eruviel Ávila entregó el gobierno del estado a Alfredo del Mazo, luego de un proceso electoral altamente inequitativo en el que se usaron ilícitamente cuantiosos recursos públicos estatales para sostener su campaña y asegurar el resultado que le favoreciera.

El gobierno del estado de México no puede continuar sumido en la opacidad, encubriendo los malos manejos del gasto público de la anterior administración, y por el contrario, necesita actuar con total transparencia, debe rendir cuentas ante las instancias correspondientes, y cumplir con los compromisos que hizo a los mexiquenses.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México para que responda a la brevedad las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a las Cuentas Públicas del estado, comprendidas en el periodo 2012-2016.

Notas

1 Plana Mayor. “Tiene Edomex pendientes por aclarar más de 12 mil mdp de recursos federales asignados durante sexenio de Eruviel: ASF”. Consultado en línea el 1 de marzo de 2018: http://planamayor.com.mx/tiene-edomex-pendientes-por-aclarar-mas-de-12- mil-mdp-de-recursos-federales-asignados-durante-sexenio-de-eruviel-asf/

2 Huerta, V. “Deja Eruviel Ávila pendientes por más de 12 mil mdp”. Consultado en línea el 2 de marzo de 2018 en: http://marcajelegislativo.com/fdebate.php?noticia=346

3 Ibídem.

4 Ibídem.

5 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2018.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob y el gobierno de Puebla a cesar el acoso institucional y proveer seguridad a los integrantes de la sociedad cooperativa Tosepan Titataniske, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, Diputada Federal, Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se conmina a la Secretaría de Gobernación federal y al gobierno del estado de Puebla, a cesar el acoso institucional y proveer seguridad a las personas integrantes de la sociedad cooperativa Tosepan Titataniske.

Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. El cooperativismo es un sistema económico que nace en Inglaterra en 1820 a partir de que los trabajadores buscan superar las condiciones sociales en las que se llevan a cabo sus actividades de producción, varios autores sitúan a la Cooperativa de Rochdale en 1844, formada por 28 obreros, como el primer ejercicio de cooperativismo en el mundo, posteriormente en 1895 se funda la Alianza Cooperativista Internacional (ACI), esta es la guardiana de los valores y principios cooperativos. Propugna el modelo económico empresarial de las cooperativas, basado en valores específicos, influyendo de esta forma en su desarrollo.

La ACI defiende los intereses y el éxito de las cooperativas, difunde las mejores prácticas y conocimiento, refuerza el desarrollo de las capacidades de las empresas cooperativas y vela por su rendimiento y progreso a lo largo del tiempo. Con estas actividades la ACI persigue los siguientes fines:

• Fomentar el movimiento cooperativo internacional, basado en la autoayuda y la democracia;

• Promover y proteger los valores y principios cooperativos;

• Facilitar el desarrollo de relaciones económicas y demás relaciones de beneficio mutuo entre sus organizaciones miembros;

• Fomentar el desarrollo sostenible de la persona y favorecer el progreso económico y social de los pueblos contribuyendo así a la paz y seguridad mundiales; y

• Promover la igualdad entre hombres y mujeres en todas las tomas de decisiones y actividades en el marco del movimiento cooperativo.

Esta cooperativa impulsó valores y principios universales que persisten hasta el día de hoy y configuran a las empresas cooperativas como empresas participativas.

Ayuda Mutua. Se da la ayuda mutua cuando dos o más personas se socorren y cooperan entre sí para lograr las metas individuales o colectivas propuestas.

Responsabilidad. La responsabilidad es la obligación de responder por los propios actos.

Participación activa. En el cooperativismo se logra una participación activa cuando las y los asociados mantienen el control de la cooperativa, socializando cada una de las decisiones en asambleas generales, en órganos sociales a través de sus representantes o en otros espacios de poder.

Igualdad. Consiste en ofrecer el mismo trato y condiciones de desarrollo a cada asociado o asociada sin discriminación de sexo, etnia, clase social, credo y capacidad intelectual o física.

Equidad. La equidad se refiere a la noción de justicia de dar a cada cual lo que se merece o ha ganado según sea su grado de participación o aporte y reconociendo sus condiciones y características especiales. Es decir, tomando en cuenta la diferencia.

Solidaridad. Es la adhesión libre y voluntaria a una causa o empresa, creando una relación humana de mutuo apoyo donde la felicidad particular depende de la felicidad colectiva. Es entonces la comunidad de intereses, sentimientos y propósitos.

Honestidad. Es la honradez, la dignidad y la decencia en la conducta de las y los asociados. La persona honesta es incapaz de robar, estafar o defraudar.

Transparencia. En una cooperativa hay “transparencia” cuando la información es administrada entre las y los asociados y dirigentes de manera clara, veraz y oportuna. En la base de la transparencia está la confianza, la comunicación y la franqueza. Se oponen a ella el encubrimiento y el engaño.

Responsabilidad Social. En el cooperativismo la “responsabilidad social” se vincula al compromiso con el desarrollo de la comunidad. Por ello las cooperativas son agentes activos en la generación de empleo y en la justa distribución de la riqueza.

Preocupación por los Demás. Hasta no lograr el bienestar material y espiritual de las personas que le rodean, el cooperativista auténtico estará en una condición de inquietud o desasosiego, buscando soluciones a los problemas sociales. Eso es preocupación por los demás.1

Segundo. En México sólo se tenían informes vagos e imprecisos del cooperativismo en Europa, esto sucedía en los años anteriores a 1870, no fue hasta el año de 1868 cuando se conoce el funcionamiento interno y los éxitos económicos del cooperativismo en Europa. Se comenzó a pensar entonces que podría ser fácil transformar las sociedades mutualistas en sociedades cooperativas.

Así en 1871 el término cooperativo era familiar en discursos y conferencias, así surgieron varios ensayos que no tenían un conocimiento concreto de lo que era el sistema cooperativo. En 1872 surge un ensayo llamado Sociedad Cooperativa “Unión y Progreso”, que pertenecía al ramo de rebocería.

El 20 de noviembre de 1872 se pide por primera vez en el discurso pronunciado por Don Juan Mata Rivera con motivo del aniversario de la sociedad mutualista del ramo de rebocería la transformación de las sociedades mutualistas a sociedades cooperativas.

Gracias a la gran propaganda en favor del cooperativismo surge el primer taller cooperativo, su inauguración fue el 16 de septiembre de 1873, este taller pertenecía al ramo de la sastrería; es importante conocer que el iniciador de este taller, localizado en la Ciudad de México y tuvo mucho éxito en sus primeros meses, después decayó por la división que se produjo entre sus dirigentes, lo que originó su cierre en 1876, fue el primer taller que utilizó el nombre de cooperativa por los lineamientos y alcances fijados por sus fundadores.

Tas la apertura del primer taller cooperativo tratándose de la Mutua Sociedad Progresista de Carpinteros que se transforma en sociedad cooperativa. Así el 3 de marzo de 1872 en la Ciudad de México se llevó a cabo la conversión recibiendo el nombre oficial de “Compañía Cooperativa de Obreros de México”, con fecha del 31 de marzo de 1872 se presentaron las bases constitutivas de la sociedad; a la que le sucedió lo mismo, las divisiones de sus dirigentes provocaron su cierre.

Fue así como se forman las primeras cooperativas en México, después fueron evolucionando pasando por etapas como El Porfirismo, etapa del Presidente Madero, del Presidente Obregón, etapa del Presidente Calles, etapa del Presidente Rodríguez, hasta llegar al Presidente Cárdenas donde se promulgó la Ley General de Sociedades Cooperativas.2

Tercero. Proveniente del Movimiento Cooperativo Indígena de la Sierra Nororiental de Puebla, se inició en 1977 y se formalizó en 1980 con la constitución de la cooperativa “Tosepan Titataniske” (Unidos Venceremos, en náhuatl). Los socios fundadores se propusieron encontrar solución al problema de la carestía de los productos básicos para la alimentación de las familias, ya que en aquellos tiempos era la demanda más sentida por toda la población.

Se puede decir que los fundadores tuvieron un “dulce comienzo”, pues la primera actividad que emprendieron fue la de adquirir el azúcar a un precio más bajo. En aquellos años el kilogramo fluctuaba entre los $10.00 y los $12.00 pesos en el comercio particular, mientras que el precio oficial era de $2.15. Con aportaciones de cincuenta y cien pesos, los socios de las primeras cinco comunidades lograron juntar un capital suficiente para comprar hasta 20 toneladas de azúcar cada mes y distribuírsela a $3.00 en sus propias comunidades.

Esta primera lucha no fue fácil, pero con los resultados obtenidos los socios “nos dimos cuenta que juntos podíamos hacer cosas y que si nos manteníamos unidos, seríamos fuertes” (palabras de don Luis Márquez Tirado, socio fundador). Desde entonces se ha considerado al movimiento cooperativo como el medio más adecuado para mejorar la calidad de vida de las familias y, en los últimos años, se ha reforzado la idea de que a través de él se puede alcanzar la vida buena.

Tiempo después, este movimiento se fortaleció al emprender una nueva actividad: conseguir los mejores precios para sus socios a través del acopio, procesamiento y comercialización de los productos que generan más ingresos en la zona como son el café, la pimienta y la miel virgen. Con la intención de revalorar el agro-ecosistema cafetalero que se ha mantenido a lo largo de los años y con el interés de generar las condiciones que permitan avanzar hacia una agricultura de calidad, amigable con la naturaleza, saludable para los consumidores, económicamente rentable y socialmente justa, la Cooperativa ha incursionado en los mercados Orgánico y de Comercio Justo. Hoy en día, la “Unión Tosepan” es reconocida en el mercado internacional como una cooperativa seria y responsable, ya que su café orgánico es conocido y apreciado en Japón, Alemania y Holanda. Los socios productores de café y pimienta se sienten felices de ver sus rostros en los empaques de café llenos de canyis (letras japonesas) y saberse que ellos son los que con sus manos y esfuerzos han logrado llegar a lugares lejanos para compartir una bebida revitalizante con aroma de sus Kuojtakiloyan (“jardines del café”).3

Cuarto. En los últimos años, la Cooperativa Tosepan Titataniske es una organización que ha conformado la Unión de Cooperativas Tosepan que incorpora a 8 cooperativas regionales y tres asociaciones civiles. Actualmente la organización agrupa a 34 mil familias, la gran mayoría de ellos pertenecientes a los grupos originarios nahuas y tutunakus.

La población de socios se conforma de 410 cooperativas locales pertenecientes 26 municipios de la sierra nororiental del estado de Puebla. Desde sus inicios, la filosofía con la que se ha conducido la organización es la de mejorar la calidad de vida de sus socios, manteniendo su identidad cultural y preservando sus recursos, para lo cual ha venido desarrollando distintos programas de trabajo en la zona, de acuerdo a las necesidades propias de las comunidades, en áreas relacionadas con la producción, alimentación, salud, vivienda, educación, comunicaciones y con el mejoramiento de servicios básicos como agua potable, luz y drenaje.

Por la importancia que el café juega en la región, es sin duda el principal elemento que define las acciones de la Tosepan Titataniske, desarrollando dentro del sector cafetalero actividades referentes a mejoramiento en la producción primaria, adopción y difusión de módulos de bajo impacto ambiental para la transformación del grano, diversificación productiva y actualmente está impulsando la producción de café orgánico y la venta del producto dentro del sistema de Comercio Justo.

La Tosepan Titataniske, a lo largo de su historia, ha obtenido varios logros en beneficio de la población más desfavorecida, entre los más sobresalientes se encuentra el establecimiento de una red de abasto comunitario a fines de los años 70, que fue pionera en los modelos de apoyo al consumo rural a nivel nacional. Este programa incluyó desde el diseño de la logística de funcionamiento y abasto, así como la construcción de bodegas y tiendas comunitarias en más de 60 comunidades.

Desarrollo de un programa de trabajo para el mantenimiento, rehabilitación y apertura de caminos, que desde 1984 hasta 1998 trabajó en el mantenimiento de 110 kilómetros de terracerías por año, y tuvo a su cargo la construcción de 40 kilómetros de carreteras pavimentadas. Coordinación de diferentes programas para el rescate de la cultura. Desarrollo de un programa de acopio y comercialización, que a la fecha tiene entre sus productos más importantes al café y a la pimienta, siendo uno de sus principales logros el ser una organización pionera en comercializar la pimienta de pequeños productores, que dio como resultado la creación de la Unión Nacional de Organizaciones Productoras de Pimienta.

Asimismo, entre sus actividades destaca la promoción, adopción y validación de nuevas técnicas de cultivo, para mejorar las cosechas. Con este objetivo se cuenta con un vivero cuya capacidad productiva es de 1 millón de plantas al año, produciéndose cafetos, frutales y forestales principalmente. Búsqueda de nuevas alternativas para diversificar la producción en las parcelas. Desarrollo de un sistema de procesamiento de mínimo impacto ambiental para el beneficiado húmedo del café.

En este rubro se han desarrollado varias innovaciones tecnológicas de gran relevancia, como la utilización de la pulpa para el cultivo de hongos comestibles y la elaboración de abono orgánico mediante el lombricompostaje, el aprovechamiento del mucílago para la extracción de alcoholes. Así mismo se han diseñado equipos para el secado de granos, cuyo funcionamiento se basa en energía solar y viento. Establecimiento de un programa de trabajo para la certificación orgánica de café y pimienta, siendo ésta una experiencia pionera en el desarrollo del concepto y mercado para la pimienta gorda orgánica.

Impulso a un programa de vivienda sustentable encaminado al aprovechamiento racional de los recursos naturales (suelo, agua, energía), a la producción de alimentos en el traspatio y a la transformación de desperdicios agrícolas en abonos orgánicos. Obtuvo el premio nacional forestal en 1985 y del premio nacional al mérito ecológico, sector social, en 2001.

A fin de lograr cumplir con su misión, la Unión de Cooperativas Tosepan ha desarrollado varios programas de trabajo, encaminadas a una “Vida Buena”. En los últimos años se han conformado otras figuras jurídicas especializadas en diferentes ramos, por lo que en la actualidad la Tosepan Titataniske funciona como Unión de Cooperativas, regido por una sola Asamblea General de Mesas Directivas, considerada como la máxima autoridad.

La máxima autoridad de la Organización es la Asamblea. Todas las comunidades están constituidas en cooperativas locales, las cuales sesionan sus asambleas una vez por mes en donde se discuten y analizan las problemáticas de los socios en las comunidades. Cada cooperativa local está representada por una mesa directiva (presidente, secretario y tesorero) que son quienes asisten a las asambleas regionales que se realizan el último domingo de cada mes. En estas asambleas regionales se toman acuerdos en función de las demandas y necesidades de los socios, y es así como se definen y estructuran cada uno de los programas de trabajo.

El órgano de representación de la Cooperativa es el Consejo de Administración, integrado por un secretario, un presidente y un vocal. Asimismo, se cuenta con un Consejo de Vigilancia encargado de revisar que los acuerdos tomados en las asambleas sean llevados a cabo. Los integrantes de ambos consejos son elegidos de manera democrática por la asamblea general de socios. Se ha dado a la tarea de formar un grupo de promotores responsables de la organización comunitaria y de brindar la asistencia técnica que los socios requieren en aspectos de producción orgánica, de desarrollo de la mujer, de microfinanciamiento y de educación.

Dichos promotores son cooperativistas, productores desde su infancia, que hablan la lengua maseual (nahuat) y/o tutunaku además del español y que gozan de la confianza de sus compañeros. Este equipo de promotores, junto con los directivos de la organización y los asesores, han constituido la Asociación Civil Yeknemilis, con la intención de revalorar el agro-ecosistema cafetalero que los socios han mantenido a lo largo de los años y con el interés de generar las condiciones que permitan avanzar hacia una agricultura de calidad, amigable con la naturaleza, saludable para los consumidores, económicamente rentable y socialmente justa.

La Unión de Cooperativas Tosepan prioriza la “Cafeticultura Sustentable”, la cual incluye el manejo orgánico de los cafetales, el manejo y mantenimiento de la biodiversidad dentro de estas parcelas y la búsqueda de condiciones de mercado justas. Gracias a este esfuerzo, actualmente la Unión Tosepan ha logrado certificar el café y la pimienta gorda como orgánicos. Asimismo, se ha venido trabajando con el rescate de la abeja melipona (Scaptotrigona mexicana), la cual es una especie nativa que produce una miel con características muy peculiares en su sabor, propiedades y calidad nutrimental, mismas que la distinguen como un producto gourmet.

Este programa contempla también la reproducción de plantas nativas proveedoras de alimentos y refugio para las aves y otro tipo de animales, de tal forma que en un futuro cercano se recupere en gran medida la biodiversidad propia de la zona, que se había estado perdiendo. Para avanzar en la diversificación de los cultivos y en la reforestación de la zona, la Tosepan ha establecido un vivero donde anualmente se producen alrededor de 800,000 plantas de nuez de macadamia, de pimienta, de zapote mamey, de cedro rojo, de caoba y de cedro rosado.

También se producen plantas de flemingia, que es utilizada como barrera viva y como generadora de abonos verdes en los cafetales. Con el fin de disminuir la contaminación del medio ambiente y de aprovechar al máximo el grano del café, la Cooperativa se ha apropiado de tecnologías generadas en otros lugares, adaptándolas a sus propias condiciones: tiene instalados módulos ecológicos que disminuyen el uso del agua en un 90 por ciento durante el proceso del beneficiado húmedo del café; aprovecha la pulpa o cáscara del grano, junto con la pajas de otros cultivos, para utilizarlos como sustrato en la producción de hongos comestibles; termina de descomponer esos subproductos, dándoselos como alimento a lombrices composteadoras para obtener abono orgánico; con la miel o mucílago del café extrae alcohol industrial.

Para desarrollar las cadenas agroindustriales y de comercialización de sus productos, los socios de la Tosepan Titataniske han creado la Cooperativa “Maseual Xicaualis” (fuerza indígena, en náhuatl), siendo sus principales actividades el acopio, beneficiado y comercialización de café y pimienta. Asimismo, se ha constituido la caja de ahorro y crédito “Tosepantomin” (El Dinero de Todos, en náhuatl), disminuyendo así su dependencia de recursos financieros externos. La “Tosepantomin” capta los ahorros de los socios y los aprovecha para financiar parte de los programas de la Tosepan o para otorgárselos a otros socios en calidad de préstamos.

Desde hace más de 15 años, la Tosepan ha venido desarrollando un programa de trabajo para el mejoramiento de la vivienda de sus socios. Es por esto que se ha creado la Sociedad Cooperativa “Tosepan Tichanchiuaj” (juntos construimos hogares en Náhuatl), figura jurídica encargada en adquirir y proveer materiales para construcción a bajos precios para que los socios estén en posibilidades de mejorar sus viviendas. Asimismo, a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Tosepantomin” se han otorgado créditos diseñados para el mejoramiento de la vivienda.

Preocupada además por generar las condiciones para una vivienda digna que se pueda integrar con su entorno natural, en los últimos años se ha desarrollado el programa de Vivienda Sustentable, el cual consiste en la integración tecnologías alternativas en la construcción de la vivienda, el aprovechamiento racional de los recursos, el uso adecuado de la energía y la producción de alimentos en los traspatios. El Centro de Formación “Kaltaixpetaniloyan” (lugar donde se abre el espíritu, en náhuatl), es concebido por la Unión, no sólo como la estrategia principal para avanzar en su consolidación, sino también como impulsor del Desarrollo Sustentable en la Sierra Nororiental de Puebla.4

Quinto. La región del Sierra Norte de Puebla, en donde se ubica la Cooperativa está primordialmente poblada por grupos originarios de alto grado de marginación, alrededor del 63 por ciento de la población total, obtiene ingresos menores a 1 salario mínimo, lo que los define dentro de los rangos de muy alta marginación. El resto de la población está en el nivel de muy alta marginación, de acuerdo con lo dispuesto por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Cerca del 95 por ciento de la población de la región se dedica a la agricultura y el aprovechamiento de los recursos naturales. Resalta la participación de toda la familia en las labores de parcela, traspatio y jornaleo, en la producción de autoconsumo generan los componentes de su dieta básica alimentaria, producción lo suficientemente sólido y como para garantizar su subsistencia; mientras que los ingresos monetarios se derivan del trabajo en las ciudades.

En cuanto a la Tosepan Titataniske, una alta proporción de sus socios están dedicados al cultivo del café y la pimienta. Para contrarrestar los abusos de los comerciantes locales que monopolizaban la distribución de bienes de consumo, comercializándolos a precios mucho más altos que los del mercado, fue creada, hace ya más de 33 años, la Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regional Tosepan Titataniske como una Cooperativa de consumo, con el propósito de distribuir bienes de consumo a precios bajos.

Según cifras del censo general de población 2010 del total de la población del municipio el 27 por ciento se considera población económicamente activa, el 73 por ciento se dedica al sector primario, 10 por ciento al sector industrial y el 17 por ciento restante se dedica al comercio y servicios. En el sector primario de la agricultura se cultiva granos como el maíz, café y frijol; en fruticultura, principalmente, el mamey, plátano y melón.

En cuanto a la Cooperativa actualmente ha logrado contar con la infraestructura y la organización necesarias para acopiar el café y la pimienta, beneficiar el primero y limpiar la segunda, comercializarlos ambos, logrando lo mejores precios para los productores. Esto tiene el efecto de regular precios en la región, beneficiando no solamente a los socios sino a todos los productores de la región.

La Tosepan Titataniske ha intensificado los esfuerzos en la generación de empleos, en la diversificación de cultivos y la puesta en marcha de otros programas de trabajo que vuelvan a la cooperativa menos dependiente (vulnerables) y contribuyan al avance en el Desarrollo Sustentable de la región. Por tal sostienen el eje rector de mejorar la calidad de vida de sus familias, a partir de acciones tendientes a alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria, de continuar un proceso de autogestión local y de democracia participativa, generar una mayor equidad y justicia social entre los socios y hacia las mujeres, diversificar ingresos y la conservación sostenida de los recursos.5

Sexto. No obstante el significativo apoyo que la sociedad brinda no sólo a la zona poblana, sino a todo el país, el último día de enero de este año, la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado de Puebla citó a comparecer ante ella a cuatro integrantes del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (Cotic), como indiciados por el delito de obstrucción de obra pública, debido a que entre el 19 de noviembre de 2016 y 2 de octubre de 2017 participaron junto con cerca de mil personas en un plantón de rechazo a las pretensiones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de instalar en ese municipio el Proyecto de Línea de Alta Tensión Entronque Teziutlán II-Tajín (LAT), porque consideran que contraviene el Programa de Ordenamiento Territorial Integral Municipal aprobado en una sesión cabildo abierto el 15 de octubre de 2010 y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 10 de diciembre del mismo año.

Los indiciados son personas de reconocida solvencia moral y prestigio social, por su trabajo en pro de los derechos de las comunidades de la región y la defensa del territorio. Además de ser miembros del Cotic, la señora Rufina Edith Villa Hernández, de origen nahua, es integrante de la organización Maseualsiuamej Mosenyolchicahuanij y secretaria del Cotic; el señor Nazario Diego Téllez, también nahua, es representante del Grupo Altepetajpianij, cooperativista de la Unión Tosepan Titataniske; el señor Álvaro Aguilar Ayón es asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, y Luis Enrique Fernández Lomelín, investigador universitario.

Ante lo anterior, cabe preguntar ¿si la CFE sabe que en los hechos de los cuales se les acusa participaron cerca de mil personas, ¿por qué incriminarlos sólo a ellos?, ¿por qué en este momento, si los hechos sucedieron hace un año?, ¿qué intereses puede haber detrás de esta acción político-policial?

En el Cotic están convencidos de que se trata de una medida para disuadirlos del defender su territorio y su forma de vida, pues eso afecta importantes intereses económicos. Para sustentar su afirmación, señalan que la subestación que la CFE pretende construir en su territorio pasaría cerca del sitio donde la empresa Controladora de Operaciones de Infraestructura, subsidiaria de Ingenieros Civiles Asociados (ICA), pretende construir cuatro nuevas hidroeléctricas interconectadas en el río Apulco, en los municipios de Tetela de Ocampo, Xochiapulco, Zacapoaxtla, Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Nauzontla; curiosamente cerca de la mina El Aretón, propiedad de minera Autlán y del Cerro Las Espejeras, en Tetela de Ocampo, donde el Grupo Frisco tiene concesionadas más de 10 mil hectáreas de terrenos, proyecto que se encuentra suspendido por la oposición de la gente y la carencia de permisos ambientales.

La mayoría de los socios de las cooperativas que se agrupan en torno a la Unión Tosepan Titataniske han mostrado sus simpatías con el partido Morena y la señora Rufina Edith Villa Hernández es su candidata a la presidenta municipal de Cuetzalan; siendo esta situación, la acción podría estar encaminada a minar el apoyo a los candidatos de ese partido en la contienda electoral en curso, para posicionar a los grupos caciquiles de la región y el estado. Por otro lado, el señor Nazario Diego Téllez es representante común de los macehual en los amparos que las comunidades han interpuesto contra las concesiones mineras que, de llevarse a cabo, afectarían el territorio de Cuetzalan, Tlatlauquitepec, Yoanahuac y Atexcaco. Si la acción de la CFE procediera y el Ministerio Público obsequiara las órdenes de aprehensión, quedarían automáticamente sin representante en los juicios.

En este contexto, con la criminalización de los miembros del Cotic más que perseguir el respeto y la aplicación de la ley, pareciera que se ha montado una provocación política con múltiples propósitos. Si se tratara de comunidades desorganizadas, la medida podría tener efectos pero en la Sierra Norte de Puebla tienen una experiencia de lucha probada en décadas de organización, que ahora podrían echar a andar para defender su proyecto de vida, frente a los proyectos de muerte, como ellos bautizaron a los megaproyectos que los han invadido en los últimos años. El caso no está cerrado y una cosa es clara: para detener al movimiento tendrían que encarcelar no a cuatro dirigentes, sino a miles de habitantes de las comunidades. Y para eso les van a hacer falta cárceles.6

Séptimo. La creciente desconfianza de los ciudadanos en los partidos políticos y la constante lucha de las comunidades y pueblos indígenas por la defensa de su autonomía y como consecuencia la construcción o el fortalecimiento de sus propios gobiernos, ha dado como resultado que por todo el territorio mexicano se estén impulsando candidaturas al margen de los partidos políticos. Para ello los pueblos y comunidades indígenas echan mano de los pequeños resquicios que la legislación les deja, la cual, contradiciendo disposiciones constitucionales y de tratados internacionales, restringen el derecho de elección por sus sistemas normativos sólo a las autoridades municipales, dejando fuera la elección de diputados, senadores y el mismo Presidente de la República. Las comunidades del municipio de Cuetzalan, en la sierra Norte de Puebla, han decidido caminar este camino como una forma de fortalecer su independencia política.

Desde el 27 de febrero del año pasado mediante la Unión de Cooperativas Tosepan Tititaniske y a petición de varios cooperativistas de las comunidades, se acordó lanzar una iniciativa ciudadana de participación en la lucha electoral municipal, consultando a las 168 comunidades de las ocho juntas auxiliares que integran el municipio sobre la posibilidad de proponer una candidatura independiente a la presidencia municipal. En las asambleas la idea prendió porque se trataba de recuperar la forma en que las comunidades eligen sus autoridades, escogiéndolos por su trabajo y desempeño en favor del pueblo, recuperando la riqueza de los saberes de estos en asuntos de gobierno. En el proceso también se acordó que iniciativa ciudadana cuetzalteca como se le había nombrado, se desligara de la cooperativa para que fuera una iniciativa verdaderamente independiente, prohibiendo inclusive que cooperativistas que tuvieran cargos en ella fueran propuestos para el gobierno municipal.

El proceso adquirió fuerza cuando las juntas auxiliares, lo mismo que varios habitantes del centro del municipio, decidieron participar, salvo algunas comunidades de ellas que decidieron marchar con el partido Morena. Para darle forma se integró un consejo con 90 representantes de las juntas auxiliares, de donde se nombraron 10 personas para integrar el cabildo y dentro de ellas la señora Silvia Guerrero Molina como presidenta municipal. Para el registro de su candidatura crearon la asociación civil Trabajando en Unión con la Sociedad, como signo representativo llevan una mazorca morada y el lema el pueblo gobernado por el pueblo. Su solicitud de registro fue acompañada de muchas más firmas de las requeridas legalmente para evitar que por esa vía quieran cerrar el paso a su propuesta. Ahora están en espera de la resolución de la autoridad electoral.

La lucha representa todo un reto en la concepción y práctica de la política. Para Clara Romero Vásquez, integrante del consejo, se trata de recuperar las costumbres de los pueblos originarios de elegir cómo se venían eligiendo a nuestros gobernantes, que mediante la ciudadanía eran buscados y propuestos los representantes por su trabajo y desempeño en su cargo. Lo mismo opina la candidata independiente a presidenta municipal, Silvia Guerrero Molina, para quien la candidatura representa la posibilidad de que las comunidades puedan organizarse retomando lo que antes en los pueblos y en las comunidades era cosa normal: el poder de elegir a sus propios representantes. Dicho de otra manera, la iniciativa de una candidatura independiente para ellas es la posibilidad de trascender a los partidos políticos y regresar a prácticas verdaderamente democráticas.

Ofelia Pastrano Moreno habla de los retos que se han propuesto. Uno de ellos, la elaboración de un diagnóstico participativo de donde saldrá el plan de gobierno. Es participativo porque queremos que toda la comunidad dé su palabra en esta etapa del proceso comunitario y lo que hemos propuesto es que sea mediante un árbol de sueños, nosotras no queremos hablar de problemas, porque problemas ya tenemos muchos, cuando hablamos de problemas se manifiesta un malestar en la persona, entonces decidimos hablar a la gente hablar de sueños, la misma gente va a responder cómo se pueden ejecutar esos sueños, cómo se pueden alcanzar, a quién le tocaría realizar alguna de las actividades que estamos proponiendo como sueño, si le toca a la cabecera municipal a la autoridad municipal si le toca a la comunidad o a alguna instancia del gobierno federal. Con esos sueños están elaborando su programa de trabajo y su presupuesto participativo. Quieren cambiar su situación y lo quieren hacer en serio. Sueñan, pero con los pies en la tierra.7

Octavo. Una emboscada contra los integrantes de la Unión de cooperativas Tosepan Titataniske en la Sierra Norte de Puebla; un desalojo y la apertura de una carpeta de investigación por supuestos delitos contra habitantes de Temacapulín, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco; un desalojo violento por la policía de los integrantes del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, que protestaban en el ejido La Aurora contra del Proyecto Chemours Laguna, que comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de cianuro de sodio, en Gómez Palacio, Durango. Son tan sólo tres ejemplos de que la criminalización de la protesta social por parte del gobierno sigue adelante contra todos aquellos que se opongan a sus políticas de despojo y depredación de los recursos naturales.

La agresión contra los miembros de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske sucedió la noche del domingo 4 de marzo, al filo de las 19 horas, en una zona conocida como La Cumbre, cercana a las inmediaciones del entronque de la carretera Interserrana, que conecta a Cuetzalan con Teziutlán. De acuerdo con la información difundida por los afectados, un grupo no identificado que se encontraba emboscado disparó al menos en seis ocasiones contra una camioneta que regularmente ocupan los directivos de la organización, lo que hace suponer que el atentado iba dirigido contra ellos. Sólo que en esta ocasión quienes iban en la camioneta eran un promotor de la cooperativa y el chofer de la camioneta, quien resultó herido en un brazo y aun así logró conducir el vehículo hasta un taller mecánico, alejándolos de sus agresores y salvándolos de consecuencias mayores.

En relación con la agresión contra los habitantes de Temacapulín, el 6 de marzo un grupo de ellos fue citado a comparecer ante el Ministerio Público de la Fiscalía Regional Altos-sur, con sede en Tepatitlán de Morelos, acusados del delito de obstrucción a las vías de comunicación. El abogado de los imputados descubrió que los hechos por los cuales se abrió la carpeta de investigación sucedieron el 28 de febrero, cuando los habitantes de Temacapulín cerraron el paso a los camiones con los que los trabajadores estaban sacando la arena del río, despojándolos de sus recursos naturales, sin dejarles a cambio ningún beneficio, pero la carpeta se había iniciado el 6 de febrero, 22 días antes de los hechos. Tras las denuncias públicas de esta arbitrariedad, el asesor jurídico fue amenazado, por alguien que desde el anonimato le reprochaba que estuviera calentando la plaza.

El 9 de marzo, en el contexto de una protesta convocada por el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio en contra del Proyecto Chemours Laguna, el cual comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año, en el municipio de Gómez Palacio, Durango, granaderos estatales y municipales reprimieron y detuvieron a varios de los protestantes. Los hechos sucedieron alrededor de las 10 de la mañana en el ejido La Aurora, cuando alrededor de medio millar de personas se manifestaban contra el proyecto y las autoridades que habían facilitado los permisos para el funcionamiento de la planta. Los inconformes argumentan que el cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo que genera daños irreversibles a la salud y al ambiente, y cuya producción en la Comarca Lagunera podría afectar a los ecosistemas circundantes y poner en riesgo a las poblaciones vecinas.

Lejanas geográficamente y protagonizadas por actores sociales diversos, la criminalización de la protesta social guarda muchos rasgos en común. En los tres casos se trata de organizaciones y movimientos sociales que resisten la instalación de megaproyectos en sus territorios y el despojo de sus recursos naturales; las dos primeras con décadas de resistencia. Esa podría ser una razón que explicara la agresión. Pero puede ser otra: enrarecer el panorama político, sembrando el miedo entre la sociedad para que aquellos que piensan se inmovilicen y no salgan a votar en las elecciones de julio próximo. No hay que olvidar que antes de ellos reprimieron a los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota, en el estado de Guerrero, al Comité de Defensa de los Derechos Indígenas de la Sierra Sur, en Oaxaca, y a otros que no se conocen. En todos los casos mencionados la táctica utilizada es la misma.8

Noveno. Dos integrantes de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske sufrieron un atentado en la región de Cuetzalan, cuando un comando disparó contra la camioneta en la que viajaban, disparando en al menos seis ocasiones, logrando herir a uno de ellos.

Se trató del tercer hecho de violencia de características similares en tres días, pues también el 4 de marzo, pero minutos antes, un trabajador del Instituto Nacional para la Educación de Adultos (INEA) padeció también una agresión a balazos en la misma zona y el viernes corrió la misma suerte un vendedor de pollos.

Las agresiones contra un promotor y un chofer de la Tosepan Titataniske, se inscriben en el ambiente de inseguridad y violencia que se ha cernido sobre Cuetzalan desde hace más de tres años y que se asocia a la incursión de bandas del crimen organizado en la región.

El atentado contra los cooperativistas ocurrió al filo de las 19 horas del 4 de marzo pasado, en una zona conocida como la Cumbre, cercana a las inmediaciones del entronque de la carretera Interserrana , que conecta a Cuetzalan con Teziutlán. Un grupo de hombres, cuyo número no ha podido ser determinado, disparó contra la camioneta roja que suele ser utilizada sólo por directivos y asesores de la Unión de Cooperativas, pero que en esta ocasión estaba tripulada por el promotor y el chofer debido a que el automotor que éstos utilizan se encontraba averiado.

El conductor resultó herido en un brazo y la camioneta recibió seis impactos de bala, al parecer calibre 45. Por la trayectoria de los proyectiles se presume que los atacantes tiraron a matar pues la mayoría de los impactos se localizaron en el parabrisas del lado del conductor y el cofre, aunque también fue alcanzada una llanta.

Los cooperativistas salvaron la vida debido a que el chofer no detuvo su marcha y logró refugiarse en un taller mecánico. En el hospital donde lo atendieron, sus compañeros de la Tosepan Titataniske,se enteraron de que 20 minutos antes en la misma zona un empleado del INEA que manejaba un vehículo oficial de la institución fue atacado de manera similar y también resultó lesionado de bala.

Luego se supo el ataque que sufrió en similares circunstancias un pollero que regresaba el viernes de hacia Cuetzalan procedente de Huehuetla, después de terminar su jornada laboral. El vendedor de pollos no resultó herido.9

Décimo. En el extremo de una frondosa cordillera de interminables montañas y altos helechos se encuentra el municipio de Cuetzalan (Puebla, México). Sus grutas, cascadas y pirámide (conservados de manera casi íntegra por la población originaria totonaca y macehual, conocido como nahua el todo el país) atraen a turistas y deportistas. Sin embargo, no es un lugar sin conflicto.

Desde hace dos décadas, algunos empresarios insisten en introducir grandes proyectos para el municipio: un comercio de la cadena Walmart, hoteles y, de manera velada, mineras canadienses a cielo abierto, hidroeléctricas, fracking y una subestación con tendido eléctrico a un costado de la cabecera del lugar. Sus habitantes rechazan todos estos proyectos, pero siguen latentes.

“El primer pueblo que venció a Walmart”: así fue conocido Cuetzalan entre 2010 y 2012, durante la efervescencia nacionalista fruto del bicentenario de la independencia de México. Mediante reuniones de cabildo, organizaciones lograron prohibir la instalación de una tienda departamental en la calle principal de su cabecera y sentaron un precedente importante en un país donde la empresa estadounidense está envuelta en casos de corrupción y ha empleado dinero para imponer sus tiendas.

La dirección de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske asegura que la transnacional ya tenía la mira sobre Cuetzalan desde 2009 y llegó a publicar su proyecto en el Diario Oficial de la Federación, el órgano oficial de noticias de México.

En 2008, gracias a esa práctica, Cuetzalan creó un acuerdo de protección de su territorio: el Comité de Ordenamiento Territorial (Cotic), un ejercicio de institucionalidad originaria destinado a la conservación del hábitat y la belleza del municipio, que sirvió para prevenir la posible instalación de un proyecto de desarrollo turístico promovido desde el Gobierno estatal.

Leonardo Durán, consejero de la Tosepan, relata que “los primeros que se organizaron fueron las empresas de turismo familiar”, pero “realmente la lucha no fue por precios, sino por preguntarse ¿cómo hacemos una actividad que respeta lo que tenemos: ir a la cascada sin que se privatice ni que la fiesta del pueblo sea la fiesta para el turista?”.

Curiosamente, el Cotic se estrenó contra Walmart y el municipio negó el permiso. Tras la derrota de esa multinacional, Cuetzalan vivió otro gran reto, que arreció en 2012. Entonces, sus habitantes conocieron que alrededor del 30 por ciento del territorio de la Sierra Norte de Puebla está concesionado a megaproyectos de extracción. Desde entonces, Cuetzalan tuvo que recurrir a todas las herramientas de defensa.10

Undécimo. Dados los antecedentes, es necesario repudiar el ataque que recibieron miembros de la Tosepan Titataniske por un comando armado el 4 de marzo en la zona de Cuetzalan, en el que hirieron a uno de ellos.

Asimismo, es indispensable exigir a las autoridades que cese el acoso judicial contra el Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan, al oponerse de manera legal y pacífica a obras que afectan a las comunidades y al medio ambiente del municipio y la región; en particular, el proyecto Línea de Alta Tensión Cuetzalan Entronque Teziutlán II – Papantla Potencia y Subestación Eléctrica Cuetzalan Banco 1 (Proyecto LAT).

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión conmina a la Secretaría de Gobernación federal y al gobierno del estado de Puebla, a cesar el acoso institucional y proveer seguridad a los defensores de la riqueza territorial, integrantes de la Sociedad Cooperativa Tosepan Titataniske y del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan.

Notas

1 https://tinyurl.com/ycj8q6b5

2 http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/4196/Capitulo1.pdf

3 http://www.tosepan.com/index.htm

4 http://www.tosepan.com/about.htm

5 http://osala-agroecologia.org/IMG/pdf/Ficha_Final_Gutierrez-Hermosillo_ Tosepan_Titatanise.pdf

6 Francisco López Bárcenas. La Jornada. 13 de febrero de 2018.

7 Francisco López Bárcenas. La Jornada. 1 de marzo de 2018.

8 Francisco López Bárcenas. La Jornada. 14 de marzo de 2018.

9 http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2018/03/06/comando-ataca-tosepan-h erido/

10 https://actualidad.rt.com/actualidad/231656-cuetzalan-municipio-mexican o-derroto-walmart

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2018.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SSP de la Ciudad de México a implantar mayor vigilancia en la infraestructura hídrica local y dar con los responsables del sabotaje y la manipulación del agua, a cargo de la diputada María Victoria Mercado Sánchez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La suscrita, María Victoria Mercado Sánchez, diputada de esta LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el siguiente:

Consideraciones

El sabotaje se define como aquel acto delictual y deliberado, en que se dañan o destruyen bienes públicos o privados, con el objeto de anular su funcionamiento, o derechamente ponerlos fuera de servicio.1

Dependiendo de la situación, y el lugar afectado, se puede tratar de:

* Sabotaje delictual, que ocurre cuando elementos delictuales, o terroristas, fuera de estos grupos, atacan instalaciones públicas y/o privadas, con objeto de infundir el miedo entre la población local.

* Sabotaje de resistencia, que ocurre generalmente en tiempos de guerra, cuando miembros de país ocupado, o bando, en caso de guerra civil, daña o destruye instalaciones civiles, o militares, públicas o privadas, con el objeto de privar a sus enemigos, de servicios e instalaciones, que pueden serles vitales, para mantener el control del país, o zona geográfica.

* Sabotaje terrorista, similar al sabotaje delictual, y que busca dañar o destruir, instalaciones públicas o privadas, con objeto de infundir el terror, entre habitantes de una zona geográfica mayor, o de un país, dado que afecta o perjudica servicios, y/o instalaciones, que son importantes o críticos, para el desarrollo de la misma, o del país.

* Sabotaje informático es el acto en que elementos delictuales o terroristas dañan o destruyen instalaciones o servicios (públicos o privados), afectando o perjudicando la parte informática de las mismas, y en las que éstas pueden perder parcial, o totalmente, los datos que poseían.

* Sabotaje sanitario es el acto de clase terrorista, donde se busca y pretende, dañar o destruir, instalaciones y/o servicios sanitarios, de origen público o privado, y donde éstos pueden verse anulados, superados, o destruidos, dependiendo del ataque (en particular)”.2

Este tipo de delito suele darse en temporada electoral, y uno de los ejemplos más claros lo ha dado el secretario de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva Gálvez. “Afirmó que se han detectado al menos nueve sitios más donde se ven manipuladas las válvulas de paso del agua potable, correspondientes a la delegación Magdalena Contreras, por lo que se incrementó a 59 puntos donde se cometió el sabotaje, por lo que los representantes de esa demarcación acudieron ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para interponer la denuncia respecto a esos hechos, con la que ahora suman tres indagatorias”.3

Por otro lado, la semana pasada, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, denunció que la falta de agua en distintas zonas de la capital, se debía al cierre intencional de las válvulas de suministro con fines políticos, enlistó como las principales afectadas, las delegaciones Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco y Venustiano Carranza y precisó lo siguiente.4

“Es más político, están cerrando válvulas, en el momento en que los podamos sorprender en flagrancia, porque no es un delito violento, los vamos a detener, y sobre el mismo tema mencionó: Nada más que sepan que quien les está pidiendo que lo hagan, los está llevando probablemente a cometer un delito como es el de sabotaje. No soy yo el que decide qué delito se comete, pero les puedo decir que la descripción del Código Penal más cercana a realizar una conducta así es la de sabotaje”. También reitero que se reforzará la vigilancia y medidas de seguridad en los 50 puntos donde se ubicaron estos cierres para evitar más afectaciones a la población”.5

En una ciudad como la nuestra, en donde miles de ciudadanos padecen por la falta del vital líquido, el tema del agua salta a la luz, y es que no puede ser posible que sea utilizado con fines de estrategia política-electoral, por lo que no es tolerable la manipulación de infraestructura hídrica para desestabilizar al gobierno de Ciudad de México, esto en virtud de la violación de uno de los derechos humanos más preciados, como lo es, el derecho el agua, por lo que el cerrar las válvulas de agua para generar preocupación social es ir en contra de instituciones y constituye un atentado a la dignidad humana de los ciudadanos mexicanos.6

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar ante esta honorable asamblea el siguiente:

Punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México, a efecto de implementar mayor vigilancia en la infraestructura hídrica de la ciudad, así como a dar con los responsables del sabotaje y manipulación del vital líquido.

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, a efecto de implementar mayor vigilancia en la infraestructura hídrica de la ciudad, así como dar con los responsables del sabotaje y manipulación del vital líquido.

Notas

1 Sabotaje, delito:
http://enciclopedia.us.es/index.php/Sabotaje_(delito)

2 Sabotaje, delito:
http://enciclopedia.us.es/index.php/Sabotaje_(delito)

3 “Se incrementa a 59 los puntos de sabotaje para provocar desabasto de agua: Amieva” http://www.mvsnoticias.com/#!/noticias/se-incrementa-a-59-los-puntos-de -sabotaje-para-provocar-desabasto-de-agua-amieva-463

4 El agua y la batalla electoral:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/el-agua-y-la-bata lla-electoral/

5 El agua y la batalla electoral:
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/el-agua-y-la-batalla-electoral/

6 “Se exige detener el terrorismo hídrico en la CDMX”
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/03/09/diputada-exige-detener-terrorismo-hidrico-cdmx.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo de 2017.

Diputada María Victoria Mercado Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a las secretarías de Estado federales a observar de modo pleno el artículo 2o. de la CPEUM en materia de política pública indígena, a cargo del diputado Luis de León Martínez Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN

El que suscribe, Luis de León Martínez Sánchez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, numeral I; 62 y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción II, y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que el pleno de la Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Estado de la Administración Pública Federal para que, en apego a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal den plena observancia a lo consignado en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de política pública indígena.

Consideraciones

México es un complejo mosaico cultural en el que coexisten diversos grupos, entre ellos, la población indígena. Sistemáticamente, esta población tiene una relación directa con la marginación y el rezago. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, estas comunidades son las que muestran los indicadores más agudos de pobreza, además de los índices más desfavorables de desarrollo humano. Según el Instituto de Geografía y Estadística, más del 90 por ciento se encuentran dentro de la categoría de extremadamente pobres. Es decir, son los más pobres entre los pobres.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: “La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”.1

Igualmente, el Estado Mexicano sustenta la política pública en materia indígena en el artículo antes referido, y en su apartado B, abunda: “La Federación, las entidades federativas y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos”.2

En ese sentido, el gobierno federal plantea en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), particularmente en su denominada Meta Nacional: “México Incluyente”, el “Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018”, mismo que establece en su objetivo 2.2 “Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente”, y en su Estrategia 2.2.3 “Fomentar el bienestar de los Pueblos y Comunidades Indígenas fortaleciendo su proceso de desarrollo social y económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de sus derechos”.3

Ahora bien, los artículos 26 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipulan que el Estado está a cargo de la rectoría del desarrollo nacional con el propósito de garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.4

Los artículos 16 y 22 de la Ley de Planeación estipulan que corresponde tanto a entidades como a dependencias de la Administración Pública Federal el diseño y la ejecución de los programas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Virtud de ello, la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas plantea el denominado: “Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018”.

Este Programa es el instrumento de política pública del Gobierno de la República que orienta las acciones del gobierno federal para la promoción del desarrollo de los Pueblos Indígenas, el cual establece los objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, en aras de integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades y hacer realidad un país donde se asegure el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todas y todos los mexicanos.5

Como se puede observar, no obstante que el Estado Mexicano promueve políticas públicas encauzadas a respetar los derechos y la identidad de los pueblos indígenas, lo cierto es que muchas de esas estrategias están mal orientadas y resultan en más de los casos no ser efectivas. Más aún, en nuestro país el reconocimiento en los instrumentos internacionales y nacionales de los derechos de los pueblos indígenas no ha garantizado su respeto y su práctica.

Incluso, el Estado Mexicano en los instrumentos internacionales -Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT)- reconoce el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas, pero en el ámbito nacional, resulta lamentable que prevalezca la ausencia de un ordenamiento metodológico-jurídico concreto que norme y garantice adecuadamente la instrumentación del proceso de consulta previo, libre e informado.

El país lleva décadas de políticas de apoyo al desarrollo de los Pueblos Indígenas con escasos resultados. Cada Secretaría de Estado de la Administración Pública Federal, e incluso, cada programa público orientado a la atención de la población indígena ha operado bajo sus propios criterios, lo que desarticula el aspecto público, reduce su eficacia y en más de las ocasiones no considera la participación de las comunidades indígenas.

Más aún, la Administración Pública Federal para el presente ejercicio fiscal recortó recursos destinados a la política transversal de atención a los pueblos y comunidades indígenas, ministrados en distintas dependencias gubernamentales plasmados en el Anexo 10 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2018.

Ello obliga a replantear el modelo institucional y el marco legislativo mexicano que si bien de suyo no niega la diversidad cultural, aún está pendiente la superación del reto de construir un Estado acorde a una nación pluricultural y multiétnica, lo cual llama a actuar coordinadamente mediante acciones concretas de política pública y presupuestos transversales específicos.

En este sentido, uno de los mayores desafíos no es la construcción de un nuevo orden jurídico y social que responda con acciones afirmativas a la cotidianidad de los pueblos indígenas, toda vez que eso ya está estipulado en el artículo 2o. de nuestra Carta Magna, sin embargo tal reconocimiento no tiene una traducción plena y socialmente efectiva.

Incluso, se puede afirmar que ya el Estado diseña y promueve la política pública para la atención de la población indígena y la vigencia de sus derechos, a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Asimismo, las Secretarías de Estado de la Administración Pública Federal consideran ya políticas públicas y presupuestos transversales considerados tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como en el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018.

Sin embargo, lo cierto es que la existencia tanto de la CDI, como la de los proyectos y programas transexenales propuestos en los Planes Nacionales de Desarrollo no ha resultado suficientes para que pueblos y comunidades indígenas hagan frente a sus desigualdades ancestrales y con ello, verdaderamente se transite a una sociedad equitativa e incluyente.

Virtud de ello, el presente recurso propone llamar la atención para que todas y cada una de las Secretarías de Estado de la Administración Pública Federal de conformidad a sus atribuciones plasmadas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, den plena observancia a lo consignado en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en lo relativo en materia de política pública indígena.

Dado los razonamientos antes expuestos, someto a la consideración de ésta H. Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. El Pleno de la Cámara de Diputados exhorta a las Secretarías de Estado de la Administración Pública Federal para que en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal den plena observancia a lo consignado en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de política pública indígena.

Referencias:

1, 2, 4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

3. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND)

5. Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018 http://www.cdi.gob.mx/programas/2014/programa-especial-de-los-pueblos-i ndigenas-2014-2018.pdf

6. Informe Sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 2006.- Programa de las Naciones Unidas-Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Dado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 20 de marzo de 2018.

Diputado Luis de León Martínez Sánchez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Secretaría de Movilidad del estado de México a revertir el incremento de las tarifas del transporte público y mejorar la calidad y seguridad de éste, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La inseguridad en el estado de México es uno de los principales problemas que tienen que soportar las personas. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, en el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de diciembre de 2017, entre 86.6 por ciento de las personas encuestadas en Ecatepec se siente insegura, seguido de Toluca, con 82.4, y Nezahualcóyotl, con 80.1.

La problemática de inseguridad en el transporte del estado de México se agudiza para la ciudadanía, al mismo tiempo que los incrementos del servicio no reflejan alguna mejora en calidad o eficiencia.

El ahora ex gobernador Eruviel Ávila fracasó rotundamente en atender esa situación. Con la Secretaría de Movilidad presentó un programa de 10 acciones para impulsar la mejora del transporte, pero no logró cumplir ni la mitad de los puntos, y la inseguridad aumentó.

Además, a unos días de dejar el mandato constitucional, el gobernador Eruviel Ávila formalizó el incremento de 2 pesos en las tarifas del transporte público (de 8 a 10 pesos) y de 1 en el Mexibús y el Mexicable; aseveró que el ajuste comprometería a “los transportistas a cumplir una serie de acciones en beneficio de los usuarios del transporte, por lo que también deberían destinar los recursos a la renovación del parque vehicular e instalar sistemas de geolocalización; es decir, con este aumento se pretendería renovar unidades, capacitar operadores e instalar medidas de seguridad, como botones de pánico”, compromisos que no se han cumplido.

Sin embargo, estas palabras son una expresión reciclada que ha servido a los gobiernos priistas desde hace décadas sin que haya existido un reordenamiento del transporte. De hecho, se calcula que al menos 50 mil unidades operan de forma irregular.

La autorización del incremento de tarifas es una medida que debe subsanarse, mejorando la calidad y, sobre todo, la seguridad en el servicio; de lo contrario, los acuerdos de mejora quedan como una promesa en el aire, como cínica mentira.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al gobierno del estado de México a dejar sin efectos la declaratoria del Instituto Estatal del Transporte realizada a finales de 2017, y revertir el incremento de las tarifas del servicio de transporte.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador y al secretario de Movilidad del estado de México a desarrollar políticas públicas para garantizar un transporte seguro, eficiente y óptimo para la ciudadanía, y a hacer públicos los avances de las acciones en beneficio de los usuarios del transporte público del estado de México derivados del incremento del servicio establecido en 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2018.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a celebrar con la ONU acuerdo respecto al establecimiento de una comisión internacional contra la impunidad en México, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

I. Marco jurídico

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Que el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al presidente a dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación del Senado.

De acuerdo con este precepto legal, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

b) Ley sobre la Celebración de Tratados

Que la Ley sobre la Celebración de Tratados establece que los tratados sólo podrán ser celebrados entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público.

Asimismo, define al Tratado como el convenio regido por el derecho internacional público, celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.

II. Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

a) Antecedentes

De acuerdo con información oficial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (en adelante, CICIG), el 12 de diciembre de 2006 las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de la CICIG (en adelante, Acuerdo).

La CICIG es un órgano independiente de carácter internacional apoyado por las Naciones Unidas, dotado de autonomía funcional y financiera cuya finalidad es apoyar al Ministerio Publico, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del gobierno de Guatemala en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos mediante el apoyo a la investigación y persecución penal de casos complejos, así como otras acciones dentro de su mandato, destinadas a fortalecer a las instituciones gubernamentales.

b) Funciones

De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo, la CICIG tiene como funciones:

* Investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales (incluyendo sus vínculos con funcionarios del Estado), actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación;

* Colaborar con el gobierno de Guatemala en la desarticulación de los aparatos clandestinos de seguridad y cuerpos ilegales de seguridad y promover la investigación, persecución penal y sanción de los delitos cometidos por sus integrantes;

* Realizar recomendaciones al gobierno de Guatemala para la adopción de políticas públicas destinadas a erradicar los aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad y prevenir su reaparición, incluyendo las reformas jurídicas e institucionales necesarias para este fin;

* Actuar como querellante adhesivo de conformidad con el Código Procesal Penal de Guatemala;

* Realizar las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la CICIG, pudiendo actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios, y

* Garantizar la confidencialidad a las personas que colaboren en las investigaciones que se desarrollen, ya sea en calidad de testigos, peritos o colaboradores, así como promover su protección ante las autoridades correspondientes, entre otras funciones.

c) Investigaciones realizadas

De acuerdo con datos del 10 Informe Anual de Labores de la CICIG, desde su creación ha defendido la independencia judicial como factor determinante. La planificación y la correcta asignación presupuestaria y de recursos a las entidades de justicia del país son herramientas vitales en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Asimismo, ha impulsado la agenda de reformas y recomendaciones en concordancia a su mandato en el marco de procesos ampliamente participativos, plurales y democráticos; espacios que dan lugar a la participación de diferentes sectores de la sociedad civil, apuntando al fortalecimiento de la justicia y buscando que el actuar de las instituciones encargadas de la misma sea pronto, probo e imparcial.

Uno de los asuntos priorizados fue la concreción de lo adelantado en el informe denominado Financiamiento de la política en Guatemala, publicado en 2015. De esta manera, en agosto de 2017, la CICIG y el Ministerio Público presentaron los resultados de una investigación sobre financiamiento ilícito de partidos políticos en Guatemala. Inicialmente, fue revelada una serie de anomalías para ocultar el origen de los fondos que utilizaron en sus campañas políticas de 2015 el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) el desaparecido Libertad Democrática Renovada (LÍDER) y el partido político Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

El citado informe resalta lo siguiente que “...En Guatemala, los gastos en las campañas electorales son excesivos y desproporcionados; la manera como los partidos y candidatos recaudan y gastan los recursos abre la puerta al financiamiento ilícito; y los controles, regulaciones y sanciones establecidos en la legislación son muy débiles y completamente insuficientes...”

Otro caso es la investigación conocida como Construcción y Corrupción, judicializada en mayo de 2017, a través de la cual se dio a conocer la estructura criminal dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), entre 2012 y 2015.

Esta red criminal interfirió las relaciones contractuales del gobierno de Guatemala en el sector de infraestructura, imponiendo una práctica sistemática de cobro de comisiones oscilantes entre 5 por ciento y 15 por ciento de los valores contractuales, a modo de ventanilla especial que activaba la maquinaria gubernamental en beneficio exclusivo de los contratistas que realizaban los pagos descritos.

Las comisiones ilícitas eran sufragadas por los contratistas del gobierno de Guatemala, a través del giro de dinero mediante el sistema bancario nacional, hacia un conglomerado empresarial integrado por empresas de cartón utilizadas en beneficio de la organización criminal, en especial del entonces ministro de esa entidad, por servicios que en realidad nunca fueron prestados, documentados con la única finalidad de darle a los pagos apariencia de legalidad.

Esas empresas de cartón blanqueaban capital, encargándose de destinar las ganancias ilícitas a la adquisición de bienes muebles e inmuebles de alto valor, a la constitución de empresas con actividades lucrativas lícitas, pero con origen en fuente económica ilícita o mediante la transferencia de parte del capital hacia otros países. Tales bienes, empresas y dinero en la actualidad se encuentran bajo medidas precautorias.

III. Casos emblemáticos en México en materia de corrupción e impunidad

De acuerdo con datos de diferentes medios de circulación nacional en la presente administración se han presentado diversos casos de corrupción cercanos al poder político entre los que se encuentran:

* Caso OHL

Se han documentado denuncias de presuntos actos de corrupción que involucra a la empresa española con funcionarios del Gobierno del Estado de México y el gobierno federal.

* La Casa Blanca

Una investigación periodística en relación con una casa con valor de aproximadamente 86 millones de pesos, propiedad de la empresa Grupo Higa, misma que ha sido beneficiada por contratos millonarios otorgados por el gobierno federal.

* El banco del licenciado César Duarte Jáquez (ex gobernador de Chihuahua 2011-2017)

Una investigación periodística en relación con el registro de un aviso comercial denominado “Que el cielo bendiga a Chihuahua” creado para la gestión de negocios, trabajos de publicidad, administración de comercios y demás trabajos de oficina cuya propiedad es del licenciado César Duarte Jáquez (ex gobernador de Chihuahua 2011-2017)

* Desvíos de recursos en las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, detectados por la Auditoría Superior de la Federación

Recientemente, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer el desvío de mil trescientos once millones de pesos, en las Secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante la gestión de la maestra Rosario Robles Berlanga. Asimismo, detectó la subcontratación de al menos trece empresas fantasma y recursos depositados en cuentas domiciliarias en países como China, Ecuador y Corea del Sur.

Hoy en día, el Estado mexicano atraviesa por una crisis profunda, nuestras instituciones han sido cooptadas por redes políticas económicas ilícitas con intenciones de enriquecimiento patrimonial, influencia y poder, y como consecuencia de ello tenemos altos índices de impunidad e incidencia delictiva, múltiples casos de impunidad etc., son elementos suficientes que nos llevan a la reflexión en la necesidad de crear una Comisión Internacional Contra la Impunidad que sea independiente, debemos dar pasos decisivos y contundentes si queremos combatir estos actos de corrupción e impunidad.

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal a que analice la posibilidad de celebrar un Acuerdo con las Naciones Unidas con la finalidad de crear una Comisión Internacional contra la Impunidad en México, a fin de fortalecer y apoyar a las instituciones del Estado de mexicano en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.

Diputada Minerva Hernández Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a difundir la información de las actividades realizadas sobre la denuncia formulada por el ciudadano mexicano Gustavo Castro ante la CIDH respecto a Honduras por las violaciones de sus derechos humanos, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El 2 de marzo de 2016, la defensora hondureña de los derechos humanos y el medio ambiente Berta Isabel Cáceres Flores, fue asesinada en el oeste de Tegucigalpa. A dos años de su asesinato, al menos nueve personas han sido detenidas por el crimen.

El pasado 16 de enero del año en curso, Guadalupe Campanur Tapia, líder purépecha fundadora del cuerpo de guardabosques de Cherán, fue encontrada sin vida sobre el kilómetro 15 de la carretera Carapan-Playa Azul, en el predio denominado Irapio, en el municipio de Chilchota.1 “Los peritos determinaron que fue violada y asesinada por al menos dos personas”.2

Al igual que Berta, Guadalupe dedicaba su vida a la defensa del territorio y el medio ambiente de su comunidad.

De acuerdo con un reporte de la organización Global Witness, las personas defensoras del medio ambiente corren serios riesgos por su labor. Tan sólo el “2016 fue el año en el que más personas fueron asesinadas por defender el medio ambiente: 201 activistas de 24 países, entre ellos México. El 60% de los casos documentados ocurrieron en Latinoamérica.”3 En México entre 2010 y 2015 se registraron 32 asesinatos de defensoras y mujeres periodistas, sin que hayan sido esclarecidos y los responsables detenidos.

Los gobiernos del mundo no pueden seguir ajenos a la violencia que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos, particularmente las defensoras del territorio. Su vida e integridad, deben ser garantizadas y su labor reconocida.

Aunado a esto, no podemos dejar de remarcar la situación de violencia extrema que enfrentan las mujeres en México, en donde siete de ellas son asesinadas bajo el cobijo de la impunidad cada día, sin que las autoridades hagan algo para revertir la situación.

Extractivismo y resistencia comunitaria

El extractivismo, como etapa del modelo de desarrollo basado en la explotación de territorios vivos y acumulación económica por parte de capitales nacionales y actores transnacionales, es un tema amplio y profundo.

La gran mayoría de las naciones de América Latina, y particularmente México y Honduras, presentan como una de sus principales estrategias de desarrollo la profundización del modelo extractivo, lo cual se manifiesta en el hecho de que su política pública priorice proyectos de explotación y acumulación de los bienes comunes de la naturaleza, que ocasionan la desaparición forzada de las estructuras organizativas y las diferentes manifestaciones de cultura y espiritualidad ancestral de los pueblos.

Ello se hace evidente en la existencia de un conjunto de proyectos que cuentan con todo el respaldo y compromiso del Estado para su implementación, operación y funcionamiento: minerías, hidroeléctricas, monocultivos y Zonas Económicas Especiales (ZEE), solo por mencionar algunas.

El modelo extractivista de desarrollo, que tiene lugar a nivel mundial, se caracteriza por la extracción de bienes naturales cuya propiedad es comunitaria, con el fin de generar acumulación económica en beneficio de terceros (generalmente inversionistas locales o extranjeros, empresas transnacionales, fondos de pensiones, etc.).

En la mayoría de los casos, los productos extraídos constituyen materias primas o fuentes de energía para satisfacer las necesidades de consumo de las élites y del Norte Global. Sin embargo, los costos operativos son cubiertos en gran medida por el Estado, y las personas y comunidades deben ceder el espacio tierra, agua, aire y vida para implementar estos proyectos, pues se consideran de “interés público”.

Así, el respeto y la garantía de los derechos de las comunidades a sus territorios a través del respeto del consentimiento libre, previo e informado, es desconocido bajo el argumento del interés público que se alcanzaría con los distintos proyectos extractivos. El resultado es, entonces, la generación e intensificación de conflictos socioambientales debido a la presión (económica, social y militar) que se ejerce sobre las comunidades que históricamente defienden su territorio.

Asimismo, es importante resaltar el rol de instituciones financieras internacionales en el fomento y reproducción de este modelo. Nuevamente, usando el argumento de la promoción del desarrollo nacional y local, instituciones internacionales de todo tipo financian proyectos extractivos que proveen materias primas y fuentes de energía al Norte Global, en muchos casos sin contar con el consentimiento de las comunidades locales, lo cual intensifica los conflictos socioambientales.

Así, se constituye una cadena de extracción cuyos eslabones en el nivel internacional (instituciones financieras internacionales y empresas importadoras de materias primas), nacional (gobierno, élites y empresas nacionales) y local (administraciones locales) coadyuvan en la generación de dichos conflictos, que al final perjudican directamente a las comunidades locales y a la naturaleza.

El caso de Honduras es un ejemplo palpable de cómo, mediante la imposición de los mecanismos de endeudamiento, control y de las estructuras militares en cada uno de los espacios de la gestión pública y privada, se amedrenta a los diversos y amplios sectores que emprenden una lucha por la defensa del territorio, de los bienes naturales y de los derechos ancestrales de las comunidades, en donde de forma siniestra se violentan los derechos humanos de su población y se imponen diversas manifestaciones de extractivismo.

Es importante recalcar que esta situación se agrava en el contexto del golpe militar orquestado en 2009 contra del gobierno de José Manuel Zelaya, que, ya transcurridos casi ocho años, ha venido desbordando la criminalización de los sectores populares que luchan por la defensa de la tierra, de sus bienes, de su cultura, del acceso a los servicios básicos y, en definitiva, que luchan por la vida, en un contexto donde las garantías mínimas de respeto por la vida humana son inexistentes.

Más recientemente, los resultados de las elecciones generales del pasado 26 de noviembre de 2017 en aquel país han dado paso a una crisis política que ha desembocado en una oleada de protestas por todo el país, lo que ha llamado la atención de la comunidad internacional.

Extractivismo y derechos humanos en Honduras

En 2014, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) presentó ante el Ministerio Público 50 acusaciones contra proyectos extractivistas que se ubicaban sobre territorios de poblaciones Lencas, de los cuales ocho son concesiones para parques eólicos y los restantes, 42, para proyectos hidroeléctricos.

En diciembre de 2015, se realizó la firma de un convenio entre Agua Zarca (DESA) y USAID para brindar apoyo financiero a los agricultores. El firmante por parte de DESA, Sergio Ramírez, fue denunciado en reiteradas ocasiones por Berta Cáceres como una de las personas que la amenazaba y hostigaba. Es una de las ocho personas que permanecen detenidas por su posible rol en la operación en la cual fue asesinada, lo que ocurrió dos meses y medio después de la firma de este convenio. Siguen las preguntas— todavía sin respuesta— sobre si se usaron financiamientos internacionales que recibió DESA para dar soporte económico a este asesinato.

La empresa Desarrollos Energéticos, SA de CV (DESA), es principalmente propiedad de la familia Atala, una de las 21 familias más poderosas de Honduras. Entre los integrantes de la familia vale mencionar a José Eduardo Atala, responsable de la empresa Inversiones Jacarandas, SA de CV, y a sus hermanos Jacobo y Pedro Atala Zablah, quienes también forman parte de la directiva de Jacarandas y son cofundadores de DESA, a partir de un aporte de 33 millones de lempiras al capital.

Cuando fue evidente la intención de DESA de construir un proyecto hidroeléctrico sin tomar en cuenta las opiniones de las comunidades afectadas, la comunidad incrementó su oposición y el COPINH comenzó a participar más activamente. Como consecuencia de la resistencia por parte de las comunidades organizadas, comenzaron a aparecer diferentes mecanismos de represión, tales como perfilamiento de personas, seguimiento, hostigamiento y amenazas, atentados, lesiones graves causadas a personas de la comunidad que se oponen al proyecto y, finalmente, asesinatos.

En el caso del asesinato de Berta Cáceres, han sido acusados, entre otros, como autores materiales: miembros retirados y activos de las fuerzas militares, así como funcionarios de la empresa DESA, incluyendo su presidente ejecutivo, quien fue arrestado el 2 de marzo de 2018.

El asesinato de Berta Cáceres

De acuerdo con las y los participantes en el Grupo de Trabajo provisional en Río Blanco, convocado en el marco de esta investigación, en enero de 2017, “a Berta la mataron por su lucha”. Ninguna persona cercana a Berta y en la lucha por la defensa de los territorios indígenas Lencas duda o vacila en apuntar que DESA y el entorno de apoyo a la imposición del proyecto Agua Zarca, incluyendo a sectores del Gobierno y la empresa, están involucrados en este asesinato. A pesar de las dificultades para investigar este caso, se ha denunciado que existía el vínculo con la empresa y con los organismos de seguridad del Estado, mencionado por las comunidades.

Berta fue víctima también de diversos atropellos. Aunque resulte paradójico, las autoridades del Estado que hoy se erigen como poder exclusivo para investigar su asesinato, negándose a compartir las responsabilidades con expertos objetivos y confiables, son las mismas que en el pasado se negaron a protegerla y brindarle garantías para su seguridad.

El COPINH sigue siendo objeto de una campaña de estigmatización en un marco de impunidad descarada para quienes realizan tales acciones, en tanto no existe Estado de derecho para sus denuncias. Diferentes miembros del COPINH, incluyendo la hija de Berta, Bertha Zúñiga Cáceres, han sufrido persecución por continuar defendiendo el territorio y demandando justicia.

Entre el 1 de abril de 2013 (inicio de las tomas de ejercicio de control territorial realizadas por COPINH y las comunidades Lencas de Río Blanco contra la instalación del proyecto) y enero de 2016 (dos meses antes del asesinato de Berta), hay 54 acciones registradas que implican lesiones graves a la integridad física y mental de las personas de la comunidad. En los dos meses previos al asesinato, el promedio sube a un total de tres agresiones por mes.

Más recientemente, el pasado 6 de marzo de 2017, la policía hondureña arrestó a un ejecutivo de alto rango de una compañía hidroeléctrica por su conexión con el asesinato de Cáceres, cometido hace dos años. David Castillo Mejía es un ex oficial de inteligencia militar y presidente de la compañía Desarrollos Energéticos SA (DESA), contra la cual Cáceres luchaba cuando fue asesinada.

Las autoridades de 24 países de Latinoamérica y el Caribe firmaron un pacto de derechos ambientales, destinado a proteger las vidas de los defensores de las tierras. El pacto fue firmado solo unos días después del segundo aniversario del asesinato de Berta Cáceres.

El hostigamiento contra el activista y ambientalista mexicano Gustavo Castro

Es por supuesto de vital importancia para México el hostigamiento y la persecución a la que ha sido sometido el ambientalista y activista social mexicano Gustavo Castro.

Castro fue testigo del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres, y en su momento presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por las violaciones cometidas por Honduras al retenerle ilegalmente en el país mediante decisiones “arbitrarias”. Presentó una denuncia penal contra la jueza Victorina Flores por el delito de “abuso de autoridad”.

Como recordamos, Castro es el único testigo del asesinato, ocurrido el 3 de marzo de 2016 cuando él se hospedaba en casa de Cáceres, ubicada en la ciudad hondureña de La Esperanza.

En los días posteriores al crimen, el activista participó en varias diligencias de prueba (recurso que se contempla cuando se prevé que el testigo va a abandonar el país), pero cuando ya tenía el permiso para salir hacia México fue interceptado por autoridades hondureñas en el aeropuerto de Tegucigalpa. Esta situación fue calificada por la defensa de Castro como un “secuestro de Estado”, ya que fue retenido de manera ilegal, sin presentar ningún documento oficial.

En la denuncia ante la CIDH se responsabiliza a Flores, a la fiscalía hondureña y a la Corte Suprema de Justicia de actuar de manera “inconstitucional” en el proceso.

La denuncia ante la CIDH se presenta “ante la falta de justicia, de eficacia de los recursos legales en Honduras”. En la medida en que Honduras no reconoció las violaciones de derechos humanos interpuestas en este país, Castro se vio obligado a acudir ante instancias internacionales.

Finalmente, pudo abandonar el país el 1 de abril, una vez que la juez decidió “dejar sin valor y efecto” la alerta migratoria que regía contra él.

Conclusiones

No basta con detener a los autores materiales, sino que también es importante llegar a saber quiénes están detrás de la ejecución de ese crimen pues es evidente que quienes entraron en casa de Cáceres para cometer el asesinato no actuaron solos.

Durante la investigación fue claro que no existió transparencia ni claridad en el proceder de la justicia. Otra de las quejas que surgió del proceso fue que los familiares de Cáceres no eran notificados cuando había algún avance en la investigación o cuando se producía la detención de algún presunto responsable.

Es impostergable una investigación de los asesinatos, las agresiones, persecuciones y toda forma de violación de derechos humanos (sus hechores materiales, intelectuales y de complicidad) para llegar a la verdadera justicia, la reparación y el nunca más.

Se debe condenar a los presuntos responsables que se encuentran presos, y capturar a los actores intelectuales de este cobarde asesinato. Se debe llegar hasta las últimas consecuencias.

Es esencial considerar los derechos de las víctimas que surgen de los hechos ocurridos, como parte de la imposición del modelo extractivo.

Finalmente, es preciso que la sociedad mexicana cuente con información suficiente y fidedigna sobre las fuentes de financiamiento, actores involucrados e impactos en la vida de las comunidades de México en materia de empresas extractivas con el fin de estar en condiciones de defender de mejor manera los bienes comunes de las poblaciones originarias.

Por todo lo anteriormente descrito, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión reconoce la labor del gobierno de la República de Honduras en el avance de las investigaciones por el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Isabel Cáceres Flores y hace votos por su pronto y total esclarecimiento.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, hacer pública la información sobre las distintas actividades que ha llevado a cabo el Estado mexicano en torno a la denuncia formulada por el ciudadano mexicano Gustavo Castro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la Republica de Honduras por las violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra por esta nación.

Notas

1 Animal Político. “Asesinan a Guadalupe Campanur, líder comunitaria en Cherán, Michoacán”. Consultado en línea el 2 de marzo de 2018 en: https://www.animalpolitico.com/2018/01/asesinan-guadalupe-campanur-cher an/

2 Guillén, A. “Guadalupe Campanur, defensora del bosque y una voz crítica en Cherán”. Consultado en línea el 3 de marzo de 2018 en: http://www.proceso.com.mx/519284/guadalupe-campanur-defensora-del-bosqu e-y-una-voz-critica-en-cheran

3 Animal Político. “Asesinan a Guadalupe Campanur, líder comunitaria en Cherán, Michoacán”. Consultado en línea el 2 de marzo de 2018 en: https://www.animalpolitico.com/2018/01/asesinan-guadalupe-campanur-cher an/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2018

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SRE a difundir los datos relativos a la postura y participación de México en las negociaciones del Tratado Internacional sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo, con base en las siguientes

Consideraciones

El modelo extractivista de desarrollo, que tiene lugar a nivel mundial, se caracteriza por la extracción de bienes naturales cuya propiedad es comunitaria, con el fin de generar acumulación económica en beneficio de terceros (generalmente inversionistas locales o extranjeros, empresas transnacionales, fondos de pensiones, etcétera).

En la mayoría de los casos, los productos extraídos constituyen materias primas o fuentes de energía para satisfacer las necesidades de consumo de las élites y del Norte Global. Sin embargo, los costos operativos son cubiertos en gran medida por el Estado, y las personas y comunidades deben ceder el espacio tierra, agua, aire y vida para implementar estos proyectos, pues se consideran de “interés público”.

Así, el respeto y la garantía de los derechos de las comunidades a sus territorios a través del respeto del consentimiento libre, previo e informado son desconocidos con el argumento del interés público que se alcanzaría con los distintos proyectos extractivos. El resultado es, entonces, la generación e intensificación de conflictos socioambientales debido a la presión (económica, social y militar) que se ejerce sobre las comunidades que históricamente defienden su territorio.

Desde 2014 se discute en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU) la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos.

Este proceso ha estado enmarcado por diversos intentos de bloqueo y sabotaje por parte de la delegación de la Unión Europea, junto a otras como México y Brasil, países alineados con los intereses de los parámetros neoliberales más ortodoxos.

A medida que avanza la negociación y se acerca el momento decisivo de negociar contenidos concretos, estas tendencias obstruccionistas aumentan en intensidad y agresividad. De ahí que las organizaciones sociales comprometidas con esta iniciativa estén dando la voz de alerta.

Recordemos que en la década de 1970 dieron inicio las discusiones sobre cómo controlar a las compañías multinacionales. En ese entonces la ONU fijó entre sus prioridades elaborar un código de conducta internacional de carácter obligatorio para las grandes corporaciones.

No obstante, la oposición frontal de las grandes potencias y los lobbies empresariales hicieron que esa normativa nunca entrara en vigor. En su lugar, los códigos voluntarios de conducta y la responsabilidad social corporativa fueron la expresión del “compromiso” empresarial con los derechos humanos.

Así, el discurso oficial de Naciones Unidas fue evolucionando desde la lógica de la obligatoriedad a la de la voluntariedad, cuya culminación fue el Global Compact y los principios rectores.

Pese a la hegemonía de la que gozaban las posiciones más benévolas con el poder corporativo, enmarcadas en el impulso de la responsabilidad social corporativa y otras expresiones de derecho blando, la existencia de un equilibrio de fuerzas favorable en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU permitió hace cuatro años que se aprobara la resolución 26/9.

En ella se establecía el mandato que daba inicio a los trabajos encaminados a la negociación y aprobación de un tratado internacional para el control de la actividad de las empresas transnacionales. Liderado por las delegaciones de Ecuador y Sudáfrica, el espíritu de este mandato estaba centrado en poner fin a las repetidas violaciones de derechos humanos cometidas por parte de las grandes corporaciones.

Desde que se creó este grupo de trabajo intergubernamental se han venido desarrollando un total de tres sesiones, marcadas por la ausencia de Estados Unidos y por la actitud hostil de la Unión Europea (UE). De hecho, la UE constituye el principal obstáculo en el desarrollo de esta iniciativa. Haciendo gala de una retórica que dice asumir los principios inspiradores y objetivos del grupo de trabajo, en la práctica ha abanderado toda una serie de maniobras obstruccionistas en el seno del grupo de trabajo.

En qué punto estamos

La tercera sesión, realizada del 23 al 27 de octubre del año pasado, es el antecedente inmediato del informe presentado durante marzo del presente año en Ginebra por la presidencia ecuatoriana. En aquella ocasión, el bloque de países contrario al Tratado puso sobre la mesa todo el arsenal descrito, con el fin de hacer descarrilar el proceso y desvirtuar su sentido al máximo posible. Así, países como México, Australia, Chile o Brasil adoptaron de manera prácticamente literal el argumentado de la UE en este sentido.

Además de las maniobras y actitudes ya señaladas, uno de los puntos fundamentales de la estrategia de la UE es imponer la necesidad de una nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos, con la que se establezca un renovado mandato de negociación. En la medida en que actualmente el equilibrio de posiciones en el seno de este organismo ha variado, incluyendo un mayor número de países hostiles al proceso, el objetivo es rebajar ese mandato, modificar sustancialmente su objeto o, incluso, dar por finalizado el proceso de elaboración del tratado. Todo esto sobrevoló la sesión del pasado mes de octubre, que finalmente no desembocó en el cierre del mandato de 2014 sino en la convocatoria de una cuarta sesión para octubre de 2018. Aun así, la posibilidad de que ese argumento vuelva a surgir en cualquiera de las reuniones de este año sigue vigente.

Por el momento, esta vía no ha sido implantada. La sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebrada esta semana se ha desarrollado en el marco de una relativa calma, sobre todo si tenemos en cuenta los antecedentes más cercanos. Esta reunión del Consejo tenía por objeto, junto a otra serie de cuestiones diversas, la presentación del informe elaborado por la presidencia ecuatoriana del grupo. Y este, recogiendo los elementos, aportes y debates emanados de la tercera sesión, ha establecido los elementos principales que deberán articular la negociación de los contenidos concretos del futuro tratado vinculante para el control de las grandes empresas. Todo ello tendrá su continuidad en el mes de junio, cuando la presidencia presentará un primer borrador del texto del tratado.

Puede decirse que el desarrollo de esta sesión ha sido más relajado en la superficie, aunque la tensión subyacente continúa plenamente operativa. El rechazo del tratado vinculante por parte de una serie de actores altamente sometidos a procesos de captura corporativa sigue vigente, y condicionará los siguientes pasos del proceso. Bien es verdad que esta realidad no se ha manifestado con demasiada crudeza en esta ocasión. Ahora la Unión Europea ha preferido mantener un perfil bajo, señalando que “toma nota” del informe presentado por la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa. La UE ha señalado que continuará participando en el proceso “de manera constructiva”, remitiéndose al proceso de consultas informales que se va a desarrollar en los próximos meses de cara a la elaboración del borrador por la presidencia. Visto de otro modo, la Unión considera que dispone de capacidad para condicionar el proceso en otros espacios no públicos de negociación diplomática.

Otros actores, como México y sobre todo Brasil, también marcaron claramente su postura en favor de rebajar sustancialmente el objeto del tratado, remarcando los principios rectores como eje vertebrador del trabajo de la ONU en este ámbito. Este mismo principio fue enunciado por el representante de Estado Unidos, que habló de “preocupación” por el antagonismo que esta iniciativa supone respecto a la línea de priorización de normas voluntarias para las empresas en materia de derechos humanos. EU, que hasta ahora se había autoexcluido del proceso al estar públicamente en contra de su propia existencia, no renuncia a tomar la palabra para tratar de desestabilizar más aún un proceso ya sometido a un importante grado de ataque corporativo. En el sentido contrario, otros países se manifestaron efusivamente en favor de la continuidad del proceso manteniendo sus objetivos y valores originales: Venezuela, Cuba, Togo (en nombre del African Group), Bolivia, Argelia o Azerbaiyán fueron muy gráficos en su apoyo al informe presentado por Ecuador.

Tal y como destacaron distintos miembros de la delegación ecuatoriana, este proceso no hubiera sido posible sin el empuje y soporte ofrecido por toda una red de organizaciones y movimientos de lucha global contra la impunidad de las multinacionales. Así, la campaña Desmantelemos el Poder Corporativo ha estado presente en Ginebra, combinando actividades de movilización con labores de incidencia política. Con el objetivo de que el documento sobre el que se fundamente el proceso de negociación del tratado a partir de la cuarta sesión –prevista ya oficialmente entre el 15 y el 19 de octubre de este año– parta de los estándares más elevados posibles frente a los intentos de descafeinar el proceso.

Al mismo tiempo, la estrategia de atacar la línea de flotación del tratado encabezada por la Unión pasa por defender una serie de elementos que desvirtúen al máximo el objetivo del mismo. Es decir, se trata de diluir y vaciar de contenido los ejes nucleares de la futura normativa internacional. Entre ellos destaca la ampliación de los agentes sujetos a regulación, con el fin de que no se aplique únicamente a las empresas transnacionales sino a “todo tipo de empresas”. Y también la defensa cerrada de un tratado que incluya el máximo posible de referencias a normas voluntarias, presentándolo como una iniciativa que no difiera sustancialmente de la línea de trabajo del Global Compact y los Principios Rectores. Para esta apuesta, la UE cuenta con algunas delegaciones aliadas en el consejo de Derechos Humanos de la ONU, como quedó de manifiesto en la última sesión.

Parece claro que esta reunión se ha celebrado en un contexto de tensa calma, bajo un prisma de falsa aceptación del proceso por parte de agentes hostiles al mismo. Así, en lugar de dar una batalla pública que no resulta precisamente popular ni fácil de justificar, todo apunta a que estos actores –principalmente la Unión Europea– se encaminan a profundizar en el trabajo diplomático “bajo cuerda”, tratando de incidir en el borrador de tratado que debe ser presentado en junio. Se trataría de acrecentar la guerra soterrada en negociaciones no públicas, y ahí hacer valer frente a Ecuador, Sudáfrica y sus aliados todo su poder de potencia central, tanto en términos económicos como políticos.

Asimismo, la posibilidad de que se intente poner fin al proceso de manera abrupta mediante la imposición de la necesidad de una nueva resolución con un nuevo mandato sigue estando ahí, y planea sobre el proceso de “consultas informales” que precederá a la presentación del borrador de tratado. A medida que se acerca el momento en que eventualmente haya que comenzar a negociar contenidos concretos se irán sumando al proceso nuevos actores –como Estados Unidos– que seguramente no perderán ocasión de atacar públicamente el proceso.

En este contexto, la defensa de los principios fundamentales que caracterizaron el mandato original de 2014 aparece como la clave para dotar de sentido a todo este proceso: primacía de las reglas vinculantes frente a la insuficiencia e inoperatividad de las normas voluntarias, y centralidad de las empresas transnacionales como principales agentes a controlar y fiscalizar en el marco de este tratado. Para ello, ya hay propuestas de las organizaciones sociales para concretar el contenido del tratado. Los próximos meses serán determinantes para decantar el proceso, en uno u otro sentido.

México debe jugar en este proceso un papel que defienda y garantice los derechos humanos de su ciudadanía rural e indígena, en lugar de anteponer los intereses económicos de grupos empresariales nacionales y extranjeros.

Por lo expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, a hacer pública la información relativa a la posición y participación de México en las negociaciones del Tratado Internacional sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2018.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la conferencia acerca del medio ambiente que se desarrolló en Río de Janeiro, Brasil, el año de 1992, propuso la creación de un día mundial dedicado al agua. La ONU, en su resolución A/RES/47/193 de diciembre de ese mismo año, instituyó el 22 de marzo como el Día Mundial del Agua.1

El agua es el recurso natural más importante que tiene la humanidad, ya que sin ella no se podrían cultivar los alimentos, no se podría regar los campos, el medio ambiente sería seco, no podríamos bañarnos, limpiar nuestros hogares, lavar nuestra ropa y un sinfín de actividades que necesitan del agua.

Sin este vital liquido apenas podríamos vivir tres días. El agua es un elemento muy importante para el desarrollo sustentable del planeta. Los recursos hídricos que nos proporciona el agua, junto con la gama de servicios de que emanan de ellos, tienen un papel protagónico de suma trascendencia. Tanto para reducir la pobreza, como, para el cuidado del medio ambiente aunado al crecimiento económico.

El agua es necesaria para la vida del hombre, los animales y las plantas. Casi tres cuartas partes de nuestro cuerpo está constituido por agua; encontramos agua en la sangre, en la saliva, en el interior de las células, entre cada uno de nuestros órganos, en nuestros tejidos e incluso, en los huesos. El agua está presente en todos los procesos del cuerpo humano. Si dejáramos de tomarla moriríamos en pocos días.

El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. Favorece el bienestar de la población y el crecimiento, de tal manera que impacta positivamente en la vida de millones de personas, al intervenir de modo directo en asuntos que refieren a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al ambiente.

En todas las actividades humanas, el agua está presente: se utiliza para la alimentación, la higiene, el riego de parques, bosques, jardines, para la producción de los diferentes tipos de alimentos, y para fines industriales.

El agua es vital para que nuestro planeta siga funcionando debido a que:

1) Regula el clima de la Tierra conservando temperaturas adecuadas.

2) Su gran fuerza genera energía.

3) El agua de lluvia limpia la atmósfera que está sucia por los contaminantes.

4) En los poblados y las ciudades el agua se lleva los desechos de las casas e industrias.

Todo esto hace que el agua sea un elemento insustituible y muy valioso que debemos cuidar.

Recordemos que nuestro planeta se conforma por el 70 por ciento de agua, la mayor parte es agua salada de océanos y mares, no es apropiada para el consumo de la población. Sólo el 3 por ciento es potable (dulce), sin embargo, de este porcentaje sólo el 1 por ciento está en estado líquido. Dicho de otra manera, el 1 por ciento del agua de todo el planeta, lo puede ocupar la población para sus necesidades, tales como, aseo personal preparación de alimentos y quehaceres del hogar. El otro 2 por ciento se encuentra convertido en hielo justo en las proximidades de los polos.

De tal manera que, de los porcentajes mencionados, la cantidad de agua apta para el consumo es muy poca para cubrir las necesidades básicas y las demandas de la población que aumenta en forma precipitada.

También es importante mencionar que, otro problema al que se enfrenta el abasto de agua es el que provoca el cambio climático (que se estima sea responsable de incrementar un 20 por ciento la escasez global del agua); los efectos del calentamiento global que han elevado la temperatura del agua, el descongelamiento de los polos y la contaminación provocada por múltiples factores. Y deberemos asumir que nos encontramos frente a un serio problema de escasez de este recurso natural. El agua dulce es un bien escaso, pero es, además, insustituible. De ahí que su protección y su conservación es esencial para todos los países del mundo y para mantener el equilibro de los ecosistemas.

En consecuencia, es preciso adoptar medidas que cambien esa realidad.2

En México, el desabasto de agua es un tema muy preocupante, sobre todo si comparamos el abasto del norte y el sur del país, donde la diferencia es importante, ya que, se pueden observar regiones al norte con donde el desabasto de agua es significativo incluso llegando a sequía, y del lado del sur vemos grandes aluviones a causa de fenómenos meteorológicos, que provocan costosas inundaciones y afectación de asentamientos humanos e infraestructura.

Por ejemplo, los estados del norte como: Zacatecas, Durango, Sonora, Chihuahua, entre otros, solo captan el 25 por ciento del agua de lluvia, que contrasta con el 49.6 por ciento que captan los estados del sureste como: Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Veracruz entre otros.

Sin embargo, en los estados sureños se les dificulta el abastecimiento del agua debido a que no cuentan con tubería dentro de su vivienda para acceder al suministro de este imprescindible líquido.

Los datos que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que alrededor de la mitad de los trabajadores en el mundo están relacionados con el agua.

Para 1990 el acceso al agua potable en el mundo era de 76 por ciento y en el 2015 tuvo un incremento del 15 por ciento llegando a 91 por ciento.

Las estadísticas para nuestro país refieren que son 122 mil 798 personas las que se dedican a la administración y distribución del agua.

Otro dato más es que el valor del agua que se consume a nivel nacional es de más de 35 mil millones de pesos.

Finalmente, dice el Inegi que en 2015 las viviendas habitadas que cuentan con servicio de agua entubada es de 94.6 por ciento, y que, de un total de 29 millones 48 mil 251 hogares que tienen abastecimiento de agua, a 21.2 millones se les suministra diariamente, a 4.4 cada tercer día, a1.6 dos veces por semana y a 1.8 solo una vez a la semana.3

Es por eso que debemos de tomar conciencia de que el agua para uso humano, día a día nos la vamos acabando por ello debemos fomentar programas educativos e informativos para su cuidado y uso racional, así como programas y políticas públicas para una mejor captación y distribución de este vital liquido, pues la viabilidad humana no puede darse el lujo de prescindir de tan importante recurso en la vida cotidiana de la humanidad como lo es el agua.

Notas

1. Naciones Unidas, Día Mundial del Agua, 22 de marzo.
http://www.un.org/es/events/waterday/background.shtml

2. Carmeloportal.com, “Este 22 de marzo la ONU celebra el Día Mundial del Agua”, 16 de marzo de 2016.
http://carmeloportal.com/18842-este-22-de-marzo-la-onu-celebra-el-dia-mundial-del-agua

3. Inegi, Estadísticas a propósito del Día Mundial del Agua (22de marzo), 18 de marzo de 2016.
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/agua2016_0.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2018.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con motivo del 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución A/RES/66/149 del día 19 de diciembre de 2011, instituyó el día 21 de marzo como el Día Mundial del Síndrome de Down, con la finalidad concientizar a la sociedad sobre el humanismo que se debe tener para con personas con discapacidad, el respeto y la igualdad, propósitos claros y que fueron la base fundamental con la que se buscó tanto llegar a este día. Claramente esto se deduce en informar y hacer partícipe a la sociedad sobre el síndrome de Down o también conocido como Trisomía 21, que es una alteración congénita ligada a la triplicación total o parcial del cromosoma 21.

El síndrome de Down es un desorden genético producido por la aparición de un cromosoma más en el par 21. Su nombre se debe al médico británico John Langdon Down, quien fue la primera persona en hacer un estudio pormenorizado de las características físicas de un grupo de personas con trisomía libre en un instituto inglés en 1866. Sin embargo, fue el genetista francés Jérôme Lejeune quien en 1959 junto con otros investigadores descubrió que las personas con síndrome de Down poseían un cromosoma más, en lugar de tener 46, tienen 47.1

Según datos aportados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta el año 2013 se estimaba que había seis millones de personas con este padecimiento a nivel mundial, ya que la incidencia estimada es uno de cada mil 100 nacimientos vivos; es decir que aproximadamente nacen cinco mil niños al año con ese trastorno genético en todo el mundo.

Las personas que padecen síndrome de Down suelen presentar problemas específicos de salud, tales como:

* Cardiopatía congénita (enfermedades del corazón que está presente en el nacimiento)

* Los problemas de audición

* Problemas intestinales, como el intestino delgado o el esófago bloqueado

* La enfermedad celíaca (una enfermedad digestiva que daña el intestino delgado)

* Los problemas oculares, como las cataratas (una nubosidad en el cristalino del ojo)

* Disfunciones tiroideas (problemas con la glándula que afecta el metabolismo)

* Problemas óseos

* Demencia similar a la enfermedad de Alzheimer.

Algunos de ellos padecen de obesidad, que a menudo se les detecta en la adolescencia y la edad adulta temprana.

A principios del siglo XX se esperaba que los afectados por este síndrome vivieran menos de diez años, en la actualidad, un 80 por ciento de los adultos que lo sufren superan los 50 años.

Por ello, la participación de la iniciativa pública y privada es fundamental, para dar atención y seguimiento a los cuidados especiales que son requeridos por las personas con esta discapacidad.2

Esta discapacidad que sufren muchas personas no tiene cura, puesto que no existe una manera previa de evitarlo pues realmente no se conocen con exactitud las causas que lo provocan, solo se tiene investigado por científicos que la probabilidad de que un bebe pueda obtener esta discapacidad es más mayor entre más edad tiene la mujer.

Diferentes investigaciones han dado origen a múltiples estudios, donde se ha comprobado que el cromosoma extra lo aporta en 88 por ciento la madre, el 8 por ciento el padre y el restante 2 por ciento es un error celular de fecundación en las gametas (célula reproductiva).

Por eso muchos investigadores han determinado que la probabilidad de que una gameta contenga un cromosoma 21 extra aumenta con la edad materna. Es por eso que, entre más grande sea la madre hay menos posibilidades de que quede embarazada y que ese embarazo se complete. Y si se cumple hay grandes posibilidades de concebir un embarazo con síndrome de Down.

Por eso los expertos recomiendan que si una mujer queda embarazada de los 38 años en adelante se haga una prueba prenatal.

Las estadísticas dicen que menos de 30 años son 1 en mil, las posibilidades de un embarazo Down.

> a los 35 años, 1 en 900,

> a los 36 años, 1 en 400,

> a los 37 años, 1 en 300,

> a los 38 años, 1 en 230,

> a los 39 años, 1 en 180,

> a los 40 años, 1 en 135,

> a los 42 años, 1 en 105,

> a los 44 años, 1 en 60,

> a los 46 años, 1 en 35,

> a los 48 años, 1 en 20

> a los 49 años, 1 en 12

y después de los 50 años las posibilidades de que salga el bebé con Down se acrecientan un 95 por ciento.3 A nivel mundial, esta discapacidad la sufren alrededor de seis millones de personas, no tiene cura, la prevalencia global de síndrome de Down es de 10 por cada 10 mil nacimientos vivos. Es una enfermedad a la cual no existe manera de prevenir, y es que realmente no se conocen exactamente las causas que la originan. A lo más que han llegado los científicos es a declarar que la probabilidad de que un bebe nazca con esta discapacidad es cuando la madre se embaraza después de los 30 años. Aunque algunos estudios revelan que el porcentaje de bebes con posibilidades de nacer con síndrome de Down es dependiendo del país, por ejemplo, en Irlanda y Emiratos Árabes Unidos, la taza de bebes con Down es de entre 17 y 31 por cada 10 mil debido a que en esas naciones está prohibido el aborto. En cambio, en Francia las tazas bajan considerablemente a 7,5 por ciento por cada 10 mil, esto se debe a que la tasa de abortos provocados de fetos con síndrome de Down alcanza el 77 por ciento.4

Un dato muy fuerte que se tiene sobre esta discapacidad es que se engloba en ser la más frecuente pues representa aproximadamente el 25 por ciento de todas las discapacidades cognitivas existentes. Pero no todo es malo, pues gracias a la ciencia existen tratamientos que mejoran la calidad de vida de estas personas, pues aumenta su esperanza de alcanzar más años de vida. Pero si bien es cierto, los únicos tratamientos que han demostrado una influencia realmente significativa son los programas de atención temprana que se deben realizar dentro de los primeros seis años.

En nuestro país, se estima que la población de personas con síndrome de Down ronda las 250 mil personas con este padecimiento, sin embargo, no existe todavía una cifra oficial.

Alrededor de las personas que padecen síndrome de Down está el mito de que todos o la gran mayoría de los niños y adultos desarrollan obesidad. Esto no es verdad, así lo manifestó Karla Adney Flores Arizmendi, especialista en la clínica de Atención Integral al Niño con Síndrome de Down, perteneciente al Instituto Nacional de Pediatría. Ella refiere que el síndrome de Down no es causa de obesidad, no obstante, si existe una predisposición de las personas que padecen esta enfermedad a subir de peso durante sus dos primeros años de vida. Y durante la pubertad el incremento de peso es mayor al del resto de la población.

Son diferentes factores como la desnutrición, o la malformación intestinal que provoca una malabsorción de los nutrientes, así como los malos hábitos alimenticios y la falta de actividad física entre otros factores.5

Es por ello que se pretende que esta fecha llegue a ser del conocimiento de toda la sociedad, y nuestra convocatoria a todos los mexicanos de que hoy es estar atentos y conscientes de la importancia que tienen estas personas para que se les dé la importancia debida y sobre todo el reconocimiento a cada una de las que sufren de esta discapacidad, haciéndonos conscientes de que no son diferentes a nosotros y que buscan las mismas oportunidades, el mismo respeto, que cualquiera, por el simple hecho de ser seres humanos, pues todos debemos estar informados sobre este tema, para poder así ayudar a nuestros semejantes a llevar una vida normal y también poderlo evitar, y de la misma forma unir fuerzas y poder así lograr la unión de todos sin diferencia.

Notas

1. Venezuela.travel Día Mundial del Síndrome de Down, 20 de marzo de 2017.
http://www.ivenezuela.travel/dia-mundial-del-sindrome-de-down-21-de-marzo/

2. SDPnoticias.com, “Atienden fundaciones a afectados por síndrome de Down”, 31 de agosto de 2016.
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/08/31/atienden-fundaciones-a-afectados-por-sindrome-de-down-en-mexico

3. Clarín, “Edad materna y riesgo de síndrome de Down, doctor Fernando Nuespiller”, 20 de marzo de 2014.

https://www.clarin.com/embarazo/
embarazada-sindrome_de_down-edad-mujer-anos-riesgo-detectar-saber-embarazo-reloj_biologico_0_ByI_CYDmg.html

4. Fundación Iberoamericana Down 21, “Epidemiología del síndrome de Down”.

http://www.down21.org/440-revista-virtual/
revista-virtual-2008/revista-virtual-marzo-2008/resumen-marzo-2008/1645-epidemiologia-del-sindrome-de-down.html

5. Conacyt, Mito: “Toda la población con síndrome de Down tiene sobrepeso u obesidad, Génesis Gatica Porcayo.
http://www.conacytprensa.mx/index.php/derribando-mitos/
14271-mito-toda-la-poblacion-con-sindrome-de-down-tiene-sobrepeso-u-obesidad

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2018.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)