Proposiciones

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y la SEP a unir esfuerzos para brindar apoyo psicosocial a alumnos de primaria, secundaria y nivel medio superior, en instituciones públicas y en particulares, para detectar y atender oportunamente la depresión y otros trastornos mentales relacionados con el estado de ánimo de niños y de adolescentes, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

Que suscribe, Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea legislativa de lo federal, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

a) Generalidades

Primera. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la depresión como: “un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración.”1

La incidencia de la depresión desde el año 2005 al 2015 se ha incrementado en más de 18 por ciento. Se calcula que aproximadamente 400 millones de personas sufren depresión en todo el mundo. De igual manera, se deja en claro que este trastorno es la principal causa mundial de discapacidad y contribuye en demasía a la carga de morbilidad que sufren los países.

Segunda. Dependiendo de la intensidad de los síntomas y episodios de la depresión, que van desde casos leves, moderados o graves, se puede entender la complejidad y naturaleza de los mismos, puesto que específica y clínicamente existen dos tipos de depresión:

• Trastorno depresivo recurrente: se caracteriza por repetidos episodios de depresión, es decir, aproximadamente durante un tiempo de dos semanas como mínimo, hay estado de ánimo bajo, existe perdida de interés, se reduce la energía, pérdida del apetito, insomnio, ansiedad, fallas en la concentración entre otros síntomas.

• Trastorno afectivo bipolar: en esta clase de depresión la característica que la hace peculiar radica en que los episodios maníacos o depresivos están separados por intervalos con un estado de ánimo normal. Dichos episodios maníacos son peculiares porque existe irritabilidad, hiperactividad, logorrea y disminución de la necesidad de dormir.

Tercera. Como se mencionó en la consideración anterior, en los dos tipos de depresión existentes, se puede ir desde lo leve, lo moderado y la grave en cuanto a sus síntomas, generando así que dentro del último supuesto se materialice un problema de salud serio, que llegue a afectar la vida laboral, social, escolar, familiar y en el peor de los casos puede llevar al suicidio.2

Es imprescindible señalar las dimensiones y la seriedad con la que se debe tomar al tema de la depresión ya que ésta puede terminar en un resultado letal como lo es el arrebatarse la vida propia.

Se calcula que cada año en el mundo se suicidan cerca de 800 mil personas, siendo así que el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años de edad.

Cuarta. Los factores que contribuyen a la depresión son diversos, ya que este trastorno es resultado de interacciones complejas que van desde lo social, lo psicológico, lo biológico y lo genético.

b) Situación en México

Quinta. Resultados de la Encuesta Nacional de Epidemiologia Psiquiátrica (ENEP) señalan que, 9.2 por ciento de los mexicanos en 2010 sufrieron un trastorno afectivo en algún momento de su vida.

La depresión ocurre con mayor frecuencia entre las mujeres (10.4 por ciento) que entre los hombres (5.4 por ciento), superando con creces las prevalencias observadas en los Estados Unidos de América, Brasil y España.3

En nuestro país actualmente la depresión produce mayor discapacidad que otras condiciones crónicas como son la diabetes, los trastornos respiratorios, las enfermedades cardiacas o la artritis.

Sexta. Generalmente la edad de inicio de la mayoría de los trastornos psiquiátricos se ubica en las dos primeras décadas de vida de un humano, y la depresión no es la excepción, puesto que 50 por ciento de los adultos mexicanos han sufrido un trastorno mental antes de los 21 años.4

Séptima. La Encuesta Nacional de Hogares 2015 señala que las personas que padecen depresión en México no acceden a diagnósticos ni tratamientos apropiados. Lo anterior queda sustentado con el siguiente gráfico:

c) Depresión en adolescentes mexicanos

Octava. La situación que se trata de atender en la presente proposición está enfocada para nuestros niños y adolescentes, que a consideración de la OMS el trastorno de la depresión es uno de los principales problemas de salud en este grupo personas que van desde los 10 a los 19 años.

Novena. La adolescencia y los primeros años de la adultez son etapas que implican grandes cambios físicos y emocionales. En algunos casos, los jóvenes pueden llegar sentir malestar emocional ante las diversas situaciones y factores estresantes que se les presentan, ejemplo de ello son los conflictos escolares, los procesos de maduración, la influencia hormonal y los conflictos familiares.

En el año 2015 ocurrieron 2 mil 599 fallecimientos por lesiones autoinflingidas de jóvenes de 15 a 29 años, lo que representa una tasa de 8.2 suicidios por cada 100 mil jóvenes de este grupo de edad a nivel nacional. Es pertinente señalar que la mayoría de los adolescentes que se han suicidado padecían depresiones graves.

Décima. La mejor manera de resolver el problema de la depresión es la prevención a través de programas comunitarios, ejemplo de ello es lo realizado en países europeos, donde se crean estrategias escolares basadas en los modelos atención psicosocial de la OMS, que generan un pensamiento positivo, apoyo y atención conjuntiva desde el núcleo familiar, además de la atención principal para jóvenes que padecen depresión para su futura reinserción en la vida social común.

Estas cuestiones suenan sencillas de realizar, sin embargo, en México desde el punto empírico no existen esquemas de atención de la depresión en las escuelas públicas y particulares del país, por lo que es imprescindible que el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación creen un modelo de prevención y atención de la depresión y los trastornos mentales a nivel primaria, secundaria y nivel medio-superior, con el objetivo medular de contribuir al mejoramiento de la salud mental de nuestro jóvenes.

Por los argumentos esgrimidos con anterioridad, someto a consideración de las y los legisladores del pleno de la Cámara de Diputados, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación Pública para que en el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuven esfuerzos para brindar apoyo psicosocial a alumnos de primaria, secundaria y nivel medio-superior, tanto en instituciones públicas como particulares, con el fin de detectar y atender oportunamente la depresión, violencia escolar y otros trastornos mentales relacionados con el estado de ánimo en niñas, niños y adolescentes.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. (2017). Depresión. Enero 29, 2018, de Temas de Salud Sitio web: http://www.who.int/topics/depression/es/

2 Organización Mundial de la Salud. (2018). Suicidio. Enero 29, 2018, de Temas de Salud Sitio web: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs398/es/

3 Berenzon S., Lara A., & otros. (2010). Depresión: estado del conocimiento y la necesidad de políticas públicas y planes de acción en México. Enero 29, 2018, de Salud Pública Mex Sitio web: http://saludpublica.mx/index.php/spm/article/viewFile/7190/9348

4 Ibídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2018.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias federales y de la Ciudad de México a minimizar el efecto negativo en los productores de piña de Oaxaca, suscrita por los diputados Felipe Reyes Álvarez y Francisco Martínez Neri, del Grupo Parlamentario del PRD

Los suscritos, Felipe Reyes Álvarez y Francisco Martínez Neri, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción, numeral 1, fracción ll, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La piña es un fruto originario de América con una larga tradición en nuestro país, en los últimos años esta fruta ha adquirido, particularmente en la región del Bajo Papaloapan, una relevancia significativa por ser una fuente importante de empleo, en sus cadenas de valor de producción y comercialización de la fruta fresca, así como en el proceso de industrialización.

En el país, las regiones más importantes en la producción de piña están conformadas por los estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco, con 96 por ciento de la producción nacional, de acuerdo con información del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera.1

Que la piña producida en el país tiene tres usos como destino final:

1. El mercado en fresco es el principal destino y absorbe casi 70 por ciento de la producción nacional.

2. La industria que tiene como objetivo principal la elaboración de almíbares y jugo, consume entre 23 y 25 por ciento de la producción;

3. Entre 5 y 7 por ciento del volumen producido se destina al mercado de exportación de piña en fresco.

Que los principales canales de comercialización de la piña en fresco son

1. Central de abasto del Distrito Federal: en esta central se adquiere entre 30 y 35 por ciento del volumen de la producción nacional que se canaliza al mercado de la piña en fresco.

2. Central de abasto de Monterrey: es la segunda en importancia y en donde se adquiere aproximadamente 20 por ciento del volumen producido, a través de esta central se abastece al mercado del norte del país.

3. Central de abasto de Guadalajara: esta central adquiere 10 por ciento en promedio de la producción nacional.

4. Plazas menores y cadenas de autoservicio consumen el restante 30-35 por ciento.2

Los productores de piña en México enfrentan serios problemas, dos de los principales son, a) su producción de carácter estacionario y, b) su comercialización, que se caracteriza por la gran cantidad de agentes que intervienen en ella, ante esta situación se estima que los productores no reciben más de una cuarta parte del precio final.

En el caso particular de Loma Bonita, Oaxaca, se define como una de las poblaciones cuya vocación es predominantemente agrícola y se encuentra ubicada dentro de la región del Bajo Papaloapan, de acuerdo con estadísticas presentadas por la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (Sagarpa), esta región aporta entre 80 y 90 por ciento de la producción nacional de la piña.3

Como se aprecia en la tabla anterior, Loma Bonita es el productor número 1 de piña de Oaxaca.

No obstante este escenario, hoy Loma Bonita se encuentra en una gran problemática en la producción de su piña, por motivo de que la venta se encuentra en menos de 10 pesos por pieza, precio establecido por Procuraduría Federal del Consumidor, lo que significa están teniendo una pérdida de más de 50 por ciento de costos en comparación de otras temporadas, el precio de la fruta ha bajado tanto, que existen productores que prefieren darla como alimento a los animales.

Que el 25 de mayo de 2016, el suscrito presentó un exhorto para que la Sagarpa implantara un programa urgente de reactivación de la producción de piña y que la Secretaría de Economía (SE), efectuara un esquema de producción, inversión, innovación y desarrollo tecnológico, para generar cadenas de valor de la piña en Loma Bonita, con el fin de reactivar el desarrollo de esa actividad, previniendo la problemática que enfrenta el sector piñero hoy.

Alrededor de mil 500 agricultores subsisten de la actividad piñera que produce el campo oaxaqueño.

Pese a que según lo informa la Sagarpa, de que México se afianza dentro de los 10 principales productores de piña en el mundo, con una producción promedio de la última década de 741 mil toneladas, los productores de Loma Bonita, Oaxaca, hay una crisis de producción y comercialización del producto.

Los productores ante la baja en el precio de la piña están dedicando su consumo para alimentar a los animales, esto a pesar de que la producción total de piña tiene un valor comercial de alrededor de 2 mil 899 millones de pesos y un consumo anual per cápita en México 6.3 kilogramos.4

Con base en lo expuesto, el suscrito pone a consideración de la Cámara de Diputados los presentes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía para que, en el ámbito de su competencia, establezcan acciones urgentes para disponer canales de comercialización en los principales centros de abasto y mercados, a nivel nacional, instalando puntos de venta para distribuir la piña de manera directa entre productor y consumidor final con la finalidad de atenuar la emergencia actual en el sector piñero de la cuenca del Papaloapan.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación para que, en la esfera de sus atribuciones, impulse una estrategia integral para eficientar y fortalecer los canales de comercialización de la piña producida en la cuenca del Papaloapan y evitar urgencias futuras.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Alimentación de Oaxaca y a la Secretaria de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación a implantar una estrategia urgente para aprovechar el stock y ciclo expansivo de producción de la piña existente en Loma Bonita, para favorecer la venta directa de productores al consumidor final.

Notas

1 http://www.ecorfan.org

2 http://www.cefp.gob.mx

3 www.SAGARPA.mx

4 http://www.sagarpa.gob.mx/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, a 13 de marzo de 2018.

Diputados: Felipe Reyes Álvarez, Francisco Martínez Neri (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a iniciar las revisiones del programa Veracruz Comienza Contigo, puesto en marcha por el actual gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, como estrategia electoral de coacción y compra del voto, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera . Uno de los principales instrumentos utilizados por los gobiernos de Veracruz para ganar elecciones burlando la ley, son los programas sociales. Sin importar el signo partidario, antes el PRI con Javier Duarte de Ochoa, ahora con la coalición PAN-PRD con Miguel Ángel Yunes Linares, se utiliza la estructura institucional para la coacción y compra del voto en la entidad. En distintos momentos la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha observado este uso ilegal de recursos, que continúa a pesar de la alternancia y de las promesas del actual gobierno de respetar la ley. La situación es mayormente grave frente a las elecciones federales concurrentes con las locales en las que se renovarán la gubernatura y el Congreso. El Grupo Parlamentario de Morena ha denunciado y combatido en la presente legislatura el desvío de recursos públicos en favor de algún candidato o partido político durante los procesos electorales, y lo hace ahora con el programa “Veracruz comienza contigo”, que puede ser una operación de gran escala, ideada por el gobierno estatal en turno, para comprar y coaccionar el voto frente a las elecciones del próximo primero de julio.

Segunda. El 2 de febrero de 2017, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares presentó el programa de atención social “Veracruz Comienza Contigo”, el cual, dijo tiene como prioridad mejorar la calidad de vida de las familias veracruzanas. Así mismo, en su discurso el mandatario estatal señaló que con este programa se pretende abatir la pobreza en las zonas más vulnerables de Veracruz.

“Mi gobierno está decidido a hacer lo que se tenga que hacer para resolver este problema por ello iniciamos este programa Veracruz Comienza Contigo y hemos dado los primeros pasos. Identificamos a los veracruzanos en el más alto nivel de rezago de carencias sociales, luego coordinamos a todas las dependencias e integramos un padrón único de beneficiarios y vamos a trabajar para combatir los indicadores de carencias”.1

Para el 6 de febrero, el gobernador dio inició al programa de atención social citado, el cual busca mejorar la calidad de vida de un millón de familias en materia de alimentación, salud, vivienda, educación y bienestar.

Combatir la pobreza y el rezago que tanto lastima a los veracruzanos es el objetivo prioritario del programa señaló el mandatario estatal, por ello a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesol), coordinará acciones con otras Secretarías, la Federación y Municipios para atender de manera integral, las necesidades de las familias en los siguientes rubros:

Alimentación. Se implementarán acciones de Apoyo Alimentario periódico a 450 mil familias y se reactivarán los desayunos escolares a 400 mil niños de preescolar y primaria en todo el Estado.

Educación. La SEV y el IVEA implementarán el Sistema Estatal de Becas; en alfabetización la meta es que 10 mil adultos aprendan a leer y escribir en este año.

– Becas Compensatorias apoyando a 40 mil estudiantes de escasos recursos económicos para que continúen sus estudios de nivel básico.

– Construcción y Rehabilitación de Planteles Escolares de Educación Básica con una meta inicial de 633 planteles que mejorarán la calidad de los servicios educativos de más de 110 mil niños.

Salud.

– Por primera vez, Veracruz tendrá cobertura universal en materia de salud.

– Se afiliará y reafiliará al Seguro Popular con una meta de casi 3 millones de personas.

– Se garantizará el abasto de medicamentos en clínicas y hospitales y la atención del personal en las unidades de salud.

– Reconstrucción, ampliación, mejoramiento y equipamiento de hospitales y clínicas.

– Apoyo del DIF con la entrega de miles de implementos médicos a personas vulnerables que tengan alguna discapacidad.

Vivienda y Servicios Básicos. Se pondrá en marcha el programa de mejoramiento de vivienda con Pisos de Concreto para 30 mil viviendas, y para combatir el hacinamiento en los hogares se invertirán 200 millones de pesos en la construcción de cuartos, además se fortalecerán con techo los hogares de miles de familias.

– Mejoramiento del acceso a servicios básicos en vivienda, fundamentalmente en electrificación, agua potable y red de drenaje, beneficiando a 342 mil personas este año.

Bienestar. Estimulación de la generación de empleos brindando las condiciones adecuadas de seguridad jurídica y social para los inversionistas.

– La Secretaría del Trabajo y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER), otorgará cursos de autoempleo en diversos oficios que permitirán a las familias tener una nueva fuente empleo.

– A través de proyectos productivos específicos para cada región la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, darán la oportunidad de mejorar e ingreso familiar a miles de veracruzanos.2

Tercera. De acuerdo con las Reglas de Operación publicadas en la Gaceta Oficial de la entidad, a través de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el día 8 de febrero de 2017,3 se destacan las siguientes consideraciones:

“...

Tercero. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Contraloría General, la vigilancia del cumplimiento de lo establecido por las presentes Reglas de Operación y Participación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en el Programa Veracruz Comienza Contigo. La Secretaría de Desarrollo Social queda facultada para emitir disposiciones complementarias a las presentes Reglas y para determinar esquemas de solución a casos específicos.

Cuarto . Los ejes rectores del Programa Veracruz Comienza Contigo son los siguientes:

I. Aplicación Integral de los Programas de índole social.

II. Coordinación Interinstitucional.

III. Operatividad en Gabinete y Campo.

IV. Fomento de la Identidad entre Sociedad y Gobierno.

V. Impulso a la Participación Ciudadana.

VI. Conformación del Padrón Único de Beneficiarios.

VII. Evaluación y seguimiento del Programa.

Quinto. De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de los programas que integren el Catálogo de Programas del Programa Veracruz Comienza Contigo, las dependencias y entidades de la administración pública del estado, darán prioridad a las 10 acciones para rescatar a Veracruz de la Emergencia en pobreza, marginación y desarrollo humano plasmadas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, así? como a las obras, programas y acciones siguientes:

I. En las localidades marginadas, se promoverá la incorporación al Seguro Popular de las familias y personas que no son derechohabientes de los Servicios de Salud.

II. Se fortalecerán los aspectos de infraestructura y calidad en el servicio educativo y se impulsarán campañas de alfabetización.

III. Se desarrollarán proyectos de factibilidad para la dotación y suministro de agua potable en las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas.

IV. Se proyectarán y en su caso se realizarán obras de drenaje y alcantarillado en las zonas con mayor rezago sanitario.

V. Se gestionara? la construcción de obras de electrificación, promoviendo en su caso, alternativas energéticas sustentables.

VI. Se dotara? de Piso Firme a viviendas con piso de tierra.

VII. Se impulsarán obras de beneficio comunitario, aportando materiales de construcción a grupos de la sociedad civil organizada mediante los Comités de Participación Ciudadana del Programa Veracruz Comienza Contigo, a quienes se podrá apoyar con esquemas de empleo temporal concertados con la Federación.

VIII. Se promoverá la generación de ingresos a través del autoempleo, desarrollo de proyectos productivos y la creación de empresas sociales en las zonas de mayor marginación y rezago social, brindando asesoría y apoyo con esquemas de transversalidad, sustentabilidad y enfoque de género para los grupos más vulnerables.

IX. Se dará certidumbre jurídica a los beneficiarios respecto a la posesión legal que detenten, a través de la expedición de constancias de posesión procedentes.

X. Se procurara? apoyo legal a las personas que requieran realizar acciones ante el Registro Civil.

Los apoyos económicos o en especie, subsidios, exenciones, condonaciones o cualquier otra acción que desarrolle la Administración Pública Estatal, se otorgara? siempre y cuando, se reúnan los requisitos establecidos en las presentes Reglas y en las respectivas Reglas de Operación que, en su caso, emitan los entes públicos ejecutores de los programas.

Sexto. Se integrara? el Catálogo de Programas del Programa Veracruz Comienza Contigo, con los programas presupuestarios e institucionales de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, que otorguen programas, servicios o acciones tendientes a reducir la pobreza, carencias, rezago social, la vulnerabilidad y/o marginación de la población veracruzana. En cualquier momento podrán incorporarse al Catálogo nuevos programas ya sea de manera temporal o permanente.

...

Vigésimo Primero. Cada una de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, participantes en el Programa Veracruz Comienza Contigo, deberá designar a un Enlace Institucional del Programa que tenga facultades de representación y de toma de decisiones, el cual, se coordinara? de manera activa y participativa con la Secretaría de Desarrollo Social a efecto de programar actividades, acciones, obras, eventos y jornadas de trabajo del Programa Veracruz Comienza Contigo.

Vigésimo Segundo. Para coordinar y evaluar las obras y acciones de las entidades y dependencias en este programa transversal se constituye el Comité Estatal de Planeación y Seguimiento del Programa Veracruz Comienza Contigo, presidido por el Gobernador y cuya Secretaría Ejecutiva recaerá en la figura de la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Estado.

...

Trigésimo Segundo. La Operación y ejecución de los recursos estatales en este Programa deberá apegarse a lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y los acuerdos que emita la autoridad electoral, para impedir que el Programa sea utilizado con fines Político electorales.

Trigésimo Tercero. Toda publicidad e información relativa al Programa Veracruz Comienza Contigo, deberá incluir la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”.

...”.

Cuarta. Desde su presentación, la publicación de las Reglas de Operación y su puesta en marcha, el Programa Veracruz Comienza Contigo, ha sido cuestionado por diversos medios de comunicación, investigadores, ciudadanos y partidos políticos por una serie de inconsistencias, objeciones que no han sido atendidas por el gobernador. Sobre todo, porque se ha señalado que más cumplir con el objetivo para el que fue creado, este programa es considerado como una posible estrategia electoral del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, para la coacción y compra del voto, a través de la Sedesol Veracruz.

El párrafo anterior encuentra fundamento en los siguientes antecedentes y observaciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación:

El desvío de recursos públicos con fines electorales es una práctica que hoy se ha generalizado, y pareciera que es una situación común. Constantemente ocurren señalamientos en el sentido de que un gobierno, local o federal, utiliza programas para apoyar una campaña política.

“El uso político abierto e indiscriminado de los programas sociales del gobierno federal se inició en el año 2006, cuando Josefina Vázquez Mota, secretaria de Desarrollo Social, usó el padrón del programa Oportunidades y el Censo de Población 2000 y Conteo de Población 2005 en forma ilegal, para integrar el padrón de afiliados del Partido Acción Nacional y el uso de esos datos para la promoción electoral”.4

La utilización de programas sociales con fines electorales no sólo es una práctica del PRI. Fue en el año 2013, cuando por primera vez se mostró evidencia por el investigador y catedrático de la UNAM, Emilio Vizarretea Rosales, y su trabajo de investigación denominado “Partidos políticos, programas sociales y elecciones locales”, en el que se demostró que el Partido Acción Nacional (PAN) coaccionó el voto en Veracruz y otros estados del país, condicionando el apoyo de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) e incluso incorporó a sus militantes para inflar al padrón de beneficiarios.

“Estas acciones ilícitas se prueban también en el Informe de la Cuenta Pública 20065 y en documentos internos del PAN de esa época, pues Josefina Vázquez Mota no integró deliberadamente los padrones, como era su responsabilidad, y usó la información de la dependencia para proporcionarla a su partido, con ello Felipe Calderón ganó la Presidencia de la República”, señaló Vizarretea Rosales.

Asimismo, expresó que, en ese mismo año, la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones, recomendaciones y fincó responsabilidades a diversos funcionarios de la Sedesol por no integrar formalmente el padrón único de beneficiarios de los programas sociales y dejar sin ejercer millones de pesos.

Además, el investigador documentó que al hacer la comparación entre los beneficiarios del programa Oportunidades para el Desarrollo Humano y el registro nacional de militantes, se encontró que los panistas aparecían también entre los beneficiarios, sobre todo de municipios con influencia de Acción Nacional, como Boca del Río, donde el ex coordinador de Oportunidades buscaba ser alcalde.

De hecho, el uso inadecuado que los panistas hicieron de este programa en Veracruz también quedó acreditado en el estudio, pues un diputado del blanquiazul, Guilebaldo García Zenil, apareció como uno de los beneficiarios del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias.

Ante esta situación, el grupo de investigación comparó a nivel municipal, la lista de varios miembros afiliados al PAN y al padrón de Oportunidades, y descubrió que existía una vinculación de hasta un 20 por ciento. En la entidad se tenía un registro de 17 mil 193 afiliados, de los cuales 3 mil 348 están inscritos en este programa.

También señaló Vizarreta Rosales, que de acuerdo con los resultados, encontró que al PAN le faltan 300 militantes activos, incurriendo de esta manera en una ilegalidad al no contar con el mínimo que exigía el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para que un partido político nacional pudiera estar registrado.6

Desde hace varios años, la ASF ha señalado a la gestión del Gasto Federalizado como un ámbito que enfrenta un entorno con riesgos de distinta índole. De manera recurrente, se han identificado condiciones que propician el desvío de recursos y la inobservancia de los objetivos de los fondos y programas, a cargo de los gobiernos estatales y municipales.

La ASF ha determinado que las condiciones de la hacienda pública local repercuten, de manera estructural, en la recurrencia de observaciones determinadas con motivo de la fiscalización superior.

Del Informe individual del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, a través de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-30000-02-1662, realizada al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, al programa (Prospera) Programa de Inclusión Social: Componente de Salud7 (antes Oportunidades). Damos cuenta cómo después de doce años, en donde la ASF, emitió observaciones e inició procedimientos para fincar responsabilidades a servidores públicos por las omisiones para integrar el padrón de beneficiarios de los programas operados por la Sedesol y desconocer el destino final de los recursos públicos; hasta la fecha, no se han implementado mecanismos para vigilar, controlar, evaluar y dar seguimiento a los recursos federales destinados a programas sociales creados para combatir los niveles de rezago social y zonas de atención prioritaria.

Quinta . Con la finalidad de conocer el impacto de la implementación del Programa “Veracruz Comienza Contigo”, el Grupo Parlamentario de Morena se dio a la tarea de revisar los documentos que se han hecho públicos y los padrones de beneficiarios respecto del año 2017, que se encuentran publicados en el sitio oficial de dicho programa. De nuestras indagatorias podemos enunciar diversos hallazgos, entre los que se destacar los siguientes:

Del catálogo de Programas del “Programa Veracruz Comienza Contigo”, en el que se enlistan 15 programas sociales y la intervención de 10 dependencias a nivel local, después de un año de la puesta en marcha de éste, los apoyos que se le han otorgado a la ciudadanía sólo se han concentrado en tres programas, básicamente a través de diversas acciones de la Sedesol, el DIF y la Secretaría de Educación (todas del estado de Veracruz), como se muestra en los siguientes cuadros:

Fuente: Elaboración propia con base en los padrones de familias beneficiarias del programa al 31 de diciembre de 2017, disponible en el portal oficial del programa. http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/veracruz-comienza-contigo/

Número real de beneficiarios: 591 mil 682.

El número es menor que el del total del padrón porque hubo beneficiarios que recibieron la canasta alimentaria y algún otro tipo de apoyo.

De la política social aplicada por el gobernador Yunes Linares, se detectó una primera etapa que consistió básicamente en la entrega de apoyos económicos (becas) y despensas (canastas alimentarias), como podemos observar en los cuadros anteriores. El 97 por ciento de los más de 600 mil beneficiarios que enuncia se han beneficiado del programa, sólo han recibido una despensa.

Sin embargo, el programa está diseñado para alcanzar los 15 programas sociales y para incrementar exponencialmente el número de beneficiarios o aumentarlos discrecionalmente, sin que se determine la cuantía de recursos federales, estatales o municipales invertidos. De ahí la importancia de detener su aplicación, dado el enorme riesgo de que sea utilizado electoramente por el gobernador en beneficio de su coalición política.

De nuestras investigaciones, detectamos que se ha puesto en marcha lo que nosotros llamamos “segunda etapa”. Esta tiene la intención de “mejorar las condiciones de vivienda” de los veracruzanos y se basa en promocionar la firma de convenios entre los municipios del estado, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Social para que, en el ámbito de sus atribuciones, estos puedan hacer entrega de los fondos federales (Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social).

Estas acciones también fueron analizadas con el objetivo principal de conocer cómo se llevó a cabo la dispersión de los apoyos sociales entre la población y como se mencionó en la tercera consideración, cómo se utiliza información relativa a los datos de Coneval, Inegi y los padrones de Programas Sociales con fines meramente políticos.

En este sentido, cabe mencionar que desde el mes de abril del año 2017, comenzaron a llegar solicitudes de diferentes municipios al Congreso Estatal del Estado de Veracruz, para la autorización de la firma de convenios específicos de coordinación institucional para la ejecución del Programa “Veracruz Comienza Contigo” en los que se destaca la propuesta de proyectos de infraestructura para la construcción de cuartos para dormitorios, piso firme y techo firme para familias en situación de pobreza extrema.

En un principio, la mayoría de estas solicitudes fueron dictaminadas positivamente por las Comisiones Permanentes Unidas de Desarrollo Social Humano y Regional y, de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Congreso estatal, pero poco a poco las solicitudes fueron asignadas a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para que estas fueran turnadas solo a la Comisión Permanente de Desarrollo Social.

El 25 de enero del año en curso con 21 votos a favor y 17 en contra se aprobó la primera firma de los convenios para los municipios de la Antigua, Citlaltépetl, Landero y Coss, y Tlapacoyán, Veracruz de Ignacio de la Llave, con la finalidad de fortalecer la operación del programa Veracruz Comienza Contigo.

Sexta. Ante las diversas acciones realizadas por el gobernador Yunes Linares, Morena ha emprendido una serie de acciones concretas para esclarecer que, la aplicación del Programa “Veracruz Comienza Contigo” no tiene fines electorales, o está siendo presuntamente utilizado para la coacción y compra del voto.

Entre estas acciones se destaca la presentación de proposiciones con punto de acuerdo de los Grupos Parlamentarios del PRI y Morena respectivamente, ante la Asamblea del Congreso Local del estado de Veracruz.

El Grupo Parlamentario del PRI, solicitó la comparecencia de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del Estado, Indira Rosales San Román, para que explique el funcionamiento del programa “Veracruz Comienza Contigo”, sus procedimientos, los mecanismos para la entrega, los criterios para la selección de los beneficiarios, así como los métodos empleados para evitar que se utilicen a favor de partidos políticos o candidatos.

Por su parte el Grupo Parlamentario de Morena exhortó al titular del Poder Ejecutivo de la entidad que ordene a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Veracruz, la suspensión del programa social “Veracruz Comienza Contigo” en virtud de que no existen reglas de operación claras. Asimismo, solicitó al Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz tome las medidas necesarias a fin de evitar actos que sigan violentando los principios constitucionales de equidad, imparcialidad durante el proceso electoral local 2016-2017 y que estas medidas sean informadas a esa soberanía. Ambas proposiciones siguen congeladas en la Junta de Coordinación Política del Congreso Local.

Séptima. Como ya se señaló arriba, con fecha 6 de febrero del año 2017, dio inicio el programa social denominado “Veracruz comienza Contigo” del que nunca se conocieron los criterios para integrar a los beneficiarios, ni las políticas de entrega y distribución; es decir esto último quedaría a ponderación del Titular del Ejecutivo del Estado. Cabe señalar que, en el año 2017, se llevarán a cabo elecciones para la renovación de los ayuntamientos en los 212 municipios del estado. En este orden de ideas y con fecha 5 de febrero del 2017 fue registrada ante el Consejo General del OPLEV la coalición integrada por el PAN/PRD denominada “Contigo el Cambio Sigue”. Esto provocó que Morena impugnará el registro de la coalición. Esta acción concluyó con la sentencia de la Sala Regional Xalapa del TEPJF. El Pleno de la Sala Xalapa ordenó la modificación del nombre de la coalición “Contigo, el Cambio Sigue” porque se vincula con el programa social implementado por el Gobierno del Estado denominado “Veracruz Comienza Contigo”. La razón fundamental es que contiene una palabra común, la cual se enlaza y genera una idea de inicio y continuidad que pudiera leerse: “Veracruz Comienza Contigo; Contigo, el cambio Sigue”. Lo anterior deviene de la sentencia recaída en el expediente SX-JRC/25/2018.

Derivado del inicio del Proceso Electoral en el estado de Veracruz, 2017/2018 con la finalidad de la renovación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como del inicio del proceso extraordinario en el municipio de Emiliano Zapata Veracruz, el Gobierno del estado ha iniciado una cascada de entregas en todo el estado de Veracruz, además que no solo son despensas y apoyos de láminas, sino también los denominados “Cuartos Dormitorios” estos últimos en la Congregación de Rinconada , Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz.

Acción antijurídica, que fue puesta del conocimiento del OPLEV, mediante queja presentada el día 28 de febrero de los corrientes, donde el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Veracruz, solicitó la aplicación de las medidas cautelares consistentes en la suspensión del programa en el citado municipio y sus congregaciones, ya que es notorio y evidente la tendencia en favorecer al candidato de la Coalición.

Toda vez que la opacidad por parte del Organismo Público Electoral de Veracruz, es evidente ya que dicha autoridad administrativa al momento de la presentación de la queja anteriormente expuesta no se ha pronunciado en ningún sentido. Se presentó ante la Comisión de Quejas y Denuncias medio de Impugnación por la omisión de dicha autoridad el día 5 de marzo del año 2018, con la finalidad de dictar o no la medida cautelar a que haya lugar.

Octava. Diversos medios de comunicación han hecho del conocimiento público que los principales operadores del Programa “Veracruz Comienza Contigo”, son personas afiliadas al Partido de Acción Nacional.

“El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, contrató a decenas de panistas para supervisar su principal programa social de ayuda a los pobres. Desde el 1 de diciembre de 2016, cuando Yunes tomó protesta como gobernador, hasta octubre pasado, fueron contratados como supervisores (delegados) del programa social destacados militantes del Partido Acción Nacional.

Una investigación del Universal y la asociación civil ONEA-México detectó la contratación de ex dirigentes municipales, ex candidatos, familiares de connotados militantes, amigos y ex colaboradores de la familia Yunes, e incluso hasta el primo del dirigente estatal panista, José de Jesús Marcha Alarcón.

De acuerdo con un documento oficial de la Sedesol estatal, obtenido vía trasparencia, el gobierno yunista ha contratado 2 mil 419 trabajadores para dicho programa social, de los cuales por lo menos 26 son panistas con el cargo de “supervisión”

...”.8

Por su parte, Morena realizó un análisis de documentos oficiales de los servidores públicos que trabajan en el dicho programa e hizo un cruce con las listas nacionales registradas ante el INE de sus militares y encontró lo siguiente:

• Fueron ubicados por nombre, apellido y municipio de origen, hasta ahora, a 996 funcionarios de Sedesol-Veracruz como afiliados en los padrones oficiales de los partidos políticos con registro nacional.

• Los funcionarios de Sedesol-Veracruz, identificados como militantes de los partidos de la coalición electoral federal PAN-PRD-MC, alcanzan el 68 por ciento de las nuevas contrataciones de la dependencia realizadas a partir de enero de 2017 y contarán con recursos de libre disposición incrementados de 181 a 565 millones de pesos para 2018 (además de los recursos federales etiquetados).

• Más de 68 millones de pesos del Presupuesto ejercido por Sedesol-Veracruz de diciembre 2016 a septiembre de 2017, fueron para el pago de los sueldos y salarios de funcionarios militantes de PAN-PRD-MC, además de la renta de vehículos para ellos y el pago de sus viáticos.

• De la población beneficiada por el programa “Veracruz Comienza Contigo”, se denota que la distribución de asistencia social se dio mayoritariamente entre pobladores que pertenecían a municipios en condiciones de un rezago social bajo, seguidos por los de condiciones en rezago social medio, alto, muy bajo y muy alto. Lo cual evidencia que la distribución de los apoyos sociales no favoreció precisamente a las personas de extrema pobreza o aquellas que se encuentran en las Zonas de Atención Prioritaria.

• La utilización de dicho programa evidencia la falta de imparcialidad y legalidad por parte del Ejecutivo del Estado y por los partidos políticos coaligados aun cuando, sabedores de que es una prohibición expresa la utilización de programas sociales con fines electorales, lo siguen realizando.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Auditoria Superior de la Federación a iniciar, en el ámbito de sus atribuciones, las auditorias necesarias con la finalidad de verificar que los recursos federales etiquetados para los programas sociales no sean utilizados como estrategia electoral de coacción y compra del voto, a través del programa “Veracruz Comienza Contigo”, acción impulsada por el actual gobernador de la entidad Migue Ángel Yunes Linares.

Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la FEPADE para que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie las investigaciones correspondientes e imponga las medidas cautelares que correspondan por el probable uso electoral de los recursos públicos del programa “Veracruz Comienza Contigo”, puesto en marcha por el gobierno de esta entidad.

Tercero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al Congreso del estado de Veracruz, con pleno respeto a su soberanía, a detener la aprobación de convenios con los municipios para la implementación del programa “Veracruz Comienza Contigo”, y a dejar sin efecto aquellos ya autorizados, en tanto la Secretaría de Desarrollo Social federal, no aclare los mecanismos de selección de beneficiarios, así como las políticas de entrega y distribución de apoyos, lo que puede conducir a un uso electoral de dicho programa para la compra y coacción del voto.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz para que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie las investigaciones correspondientes a fin de impedir que los servidores públicos del programa “Veracruz Comienza Contigo” sean operadores de los partidos políticos, como se ha denunciado públicamente.

Notas

1 Salomón Andrés, “Gobernador pone en marcha “Veracruz Comienza Contigo” para rezago a la pobreza” Portal de noticias; Noreste.net, 2 de febrero de 2017. http://www.noreste.net/noticia/gobernador-pone-en-marcha-veracruz-comie nza-contigo-para-rezago-a-la-pobreza/

2 Comunicado, “Yunes Linarespone en marcha el programa “Veracruz Comienza Contigo”, Portal de noticias; Noreste.net, 6 de febrero de 2017. http://www.noreste.net/noticia/yunes-linares-pone-en-marcha-el-programa -veracruz-comienza-contigo/

3 Gaceta Oficial, “Reglas de Operación y Participación
de las dependencias y entidades de la administraciónpública estatal en
el Programa Veracruz Comienza Contigo”, Secretaríade Desarrollo Social,
miércoles 8 de febrero de 2017, Número extraordinario, Tomo IV. Xalapa-Enríquez, Veracruz.

http://www.veracruz.gob.mx/desarrollosocial/wp-content/uploads/sites/
12/2018/02/RO_Veracruz-Comienza-Contigo_gaceta.pdf

4 Redacción, “Inició PAN uso político, “abierto e indiscriminado”, de programas sociales: estudio UNAM”, Aristegui Noticias, 13 de junio de 2013. https://m.aristeguinoticias.com/1306/mexico/inicio-pan-uso-politico-abi erto-e-indiscriminado-de-programas-sociales-estudio-unam/

5 ASF, “Evaluación del desempeño de la Sedesol en la integración en el padrón de beneficiarios de los programas de Desarrollo Social”, Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016, Auditoria de desempeño, Número: 06-0-20100-07-189

6 Redacción, “El PAN ganó en 2006 porque coaccionó el voto con la Sedesol, dice investigador”, Crónica, Nacional, 14 de junio de 2013. http://www.cronica.com.mx/notas/2013/761035.html

7 ASF, “Prospera, Programa de Inclusión Social: Componente de Salud”, Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-30000-02-1662. http://www.asf.gob.mx:8081/Informe.aspx

8 Ávila P. “Yunes. Entrega al PAN Programa Social”, El Universal, Xalapa, Veracruz, 21 de noviembre de 2017.

http://www.eluniversal.com.mx/estados/yunes-entrega-al-p an-programa-social

Salón de sesiones del Congreso de la Unión, a 13 de marzo de 2018.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a autoridades de Zapopan, Jalisco, a incorporar los Consejos Ciudadano y Académico en el Comité Técnico del Área Municipal de Protección Hidrológica Bosque El Nixticuil-San Esteban, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Mirza Flores Gómez, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XIX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea el punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. En el marco de la COP 13, el gobierno federal anunció la creación de 65 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas (ANP) que, sumadas a las ya existentes, permiten que México cuente con 91 millones de hectáreas de su territorio bajo un esquema de conservación.

Los beneficios de contar con áreas naturales protegidas es de importancia para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio ecológico, cumplen un papel fundamental en la captación y filtración del agua, en la limpieza del aire y producción de oxígeno, evitan la erosión del suelo y forman parte del paisaje de la comunidad.

También son susceptibles de ser explotadas y obtener beneficios de sus productos, como las maderas o de sus atractivos (turismo sostenible) con pleno respeto a los derechos de los pueblos originarios, construyendo modelos de sostenibles con la intervención de los sectores públicos, privados y civiles.

Segundo. En la actualidad, el modelo de gobernanza tradicional de las ANP en donde el gobierno establece de forma unilateral los programas de manejo ha sido sustituido por formas de gestión más incluyentes con la participación de los actores involucrados e interesados en la gestión de las ANP, como un mecanismo para conocer e integrar la diversidad de opiniones, intereses y acciones. La colaboración de los actores interesados en el manejo de las ANP puede tener beneficios como la disminución de la resistencia de la población al establecimiento de las ANP, la clarificación del papel de los diferentes actores, el manejo de los conflictos y la búsqueda de un mayor respeto a las labores de la población local, legitimando de tal manera, el objetivo de las ANP: la conservación de la biodiversidad.

Tercero. En este contexto, hago referencia al Área Natural Protegida bajo la categoría “Área de Protección Hidrológica Municipal” de acuerdo con el decreto de fecha 6 de marzo de 2008, denominada bosque El Nixticuil-San Esteban-el Diente, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco, conocida comúnmente como bosque El Nixticuil.

En el bosque habitan mamíferos como el coyote, el zorro, el zorrillo, el conejo, la zarigüeya, varias especies de roedores, así como aves, reptiles, anfibios y artrópodos.

Se han hecho diversos recuentos de especies de aves, pero según la Universidad de Guadalajara, se encuentran 107 distintas (dos raras, siete amenazadas y una bajo protección especial).

En cuanto a la flora, además de los robles, encinos y pinos tiene también gran biodiversidad de hierbas y arbustos como el varaduz, el copal, el malvaste, el estafiate, la cola de zorra, el nardo silvestre o la Styrax jaliscana (exclusiva de la zona) y otros árboles como el sauce, el amate, el tepame y el huizache.

Cuarto. El modelo de gobernanza del ANP Bosque el Nixticuil-San Estebán-el Diente, actualmente no contempla de forma proactiva la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones para el desarrollo sostenible del área.

El actual “Reglamento del Comité? Técnico del Área de Protección Hidrológica del Municipio de Zapopan, Jalisco, bosque El Nixticuil–San Esteban- El Diente (Bensedi), en su artículo sexto prevé la integración de un órgano consultivo para fines de participación ciudadana y asesoría técnica.

Dicho órgano se conforma por un Consejo Ciudadano integrado por cinco representantes de asociaciones civiles o propuesta del presidente municipal y un consejo académico: integrado por cinco representantes de instituciones académicas, con reconocida experiencia en la conservación de ecosistemas, biodiversidad y áreas naturales protegidas, a propuesta del Presidente Municipal.

Si bien en el artículo 6 del citado reglamento se señala la participación de estos entes sociales, ellos en este artículo dan seguimiento al plan de manejo y operativizar los planes y programas sin embargo no tienen voz y voto en la aprobación de las políticas públicas y financiamiento que se deberá conseguir a favor de ANP vigilarían su cabal aplicación de los mismos.

Cabe recordar que el área natural protegida ha sido promovida por organismos ambientalistas de vecinos que viven en fraccionamientos aledaños al área protegida y que su interés este más allá de ser un observatorio ciudadano son quienes. Otro factor por el que se solicita se incorpore en el comité a grupos ambientalistas es que no a todos los presidentes de las asociaciones vecinales les apasiona el tema del medio ambiente por lo que su representatividad es muy subjetiva a diferencia de las de ONG ambientalistas que son especialistas en el tema ya que este es específicamente su objetivo.

Con el fin de legitimar la gobernanza del área natural protegida materia del presente punto de acuerdo, resulta conveniente incorporar dentro del Comité? Técnico del Área Municipal de Protección Hidrológica del municipio de Zapopan bosque El Nixticuil – San Esteban- El Diente (Bensedi), que funge como el máximo órgano consultivo de la administración pública municipal, transparente, adaptativo y participativo, con carácter permanente, cuyo objetivo es orientar las políticas y acciones que deban realizarse para preservar los recursos naturales y el aprovechamiento racional y sostenido del Área, de manera coordinada con el sector público, privado y social, al consejo ciudadano y al consejo académico, con fin de dotarlos de voz y voto en la toma de decisiones.

Por lo anterior, someto a consideración del pleno, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al presidente municipal, licenciado Jesús Pablo Lemus Navarro, y al honorable Cabildo del ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, para que modifique el reglamento del Comité Técnico del Área Municipal de Protección Hidrológica del municipio de Zapopan bosque El Nixticuil – San Esteban, para incorporar, a dicho comité, al Consejo Ciudadano y al Consejo Académico.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2018.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat a atender de inmediato la acumulación de sargazo en las playas de Quintana Roo, a cargo del diputado José Luis Toledo Medina

José Luis Toledo Mediana , diputado federal de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, así como demás disposiciones aplicables, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a atender de forma inmediata la acumulación de sargazo en las playas del estado de Quintana Roo.

Exposición de Motivos

Durante los últimos días, la acumulación de sargazo en Quintana Roo ha generado la necesidad de reforzar la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno. Esta problemática no sólo tiene implicaciones turísticas y económicas, sino que también genera las siguientes externalidades:

* De acuerdo con el académico Brian Lapointe, el crecimiento de esta alga se desbordó por los nutrientes contaminantes generados por la actividad humana. También hace mención que las algas en cantidades normales no tienen impactos negativos en la conservación del ambiente; sin embargo, las proporciones actuales de sargazo generan un manto grueso sobre la playa que se descompone, genera malos olores y libera ácido sulfhídrico que lo vuelve tóxico (ya que eliminan el oxígeno).1

* Lo anterior está directamente relacionado con riesgos para la salud de quienes visitan las playas en las que existe acumulación de sargazo;2

* De acuerdo con Martha García, investigadora del laboratorio de botánica marina de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Nacional Autónoma de México, unidad con sede en el municipio de Puerto Morelos, la llegada de sargazo a la costa del Caribe es menor a la del año 2015; sin embargo, aseguró que estudios recientes demuestran que en los próximos días su biomasa puede duplicarse.3

* En el municipio de Solidaridad se encontró un ejemplar muerto de tortuga marina, por el excesivo recale de sargazo. De acuerdo con la Dirección Municipal de la Zona Federal Marítimo Terrestre, en los últimos 15 días, funcionarios municipales han recogido un promedio de 150 toneladas de sargazo diarias. La concentración de esta alga tiene implicaciones directas en la vida de especies marinas.4

Durante 2015, el gobierno federal emitió lineamientos para la remoción, el bloque y el retiro de sargazo, conforme a lo siguiente:

“Para llevar a cabo el manejo, retiro o disposición del sargazo en Quintana Roo se trabaja en apego a los “Lineamientos Generales para la Remoción del Sargazo, de las Playas del Caribe Mexicano” (del 10 de julio del 2015), así como a los “Lineamientos Técnicos para el Bloqueo y Retiro del Sargazo en la Zona Marina”, que el17 de agosto de 2015 presentó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”5

Sin embargo, se ha generado una controversia respecto a los esquemas de cooperación y legalidad para la participación de funcionarios y ciudadanía en la remoción del sargazo. En específico, el funcionario Amed Gómez Blancas, director de Zofemat en el municipio de Tulum, urgió al gobierno federal a valorar la emisión de una declaratoria de emergencia en la zona y a reforzar su colaboración con el orden local para la remoción de sargazo.6 De igual forma, la legislatura local ha solicitado al gobierno federal su inmediata participación en la solución de la presente problemática, dadas las externalidades negativas generadas.7

Adicionalmente a los temas de salud anteriormente expuestos, la falta de atención sobre esta problemática podría resultar en daños económicos y turísticos. El turismo es uno de los pilares económicos del estado de Quintana Roo, mismo que alberga el Aeropuerto Internacional de Cancún, que actualmente ocupa el primer lugar nacional en llegadas internacionales y el segundo lugar en vuelos nacionales; Quintana Roo recibe la misma cantidad de turistas internacionales que Brasil y Argentina juntos.8

El sargazo afecta a Quintana Roo desde la Costa Maya, como es el caso de Mahahual, hasta a Cancún y la Riviera Maya, que son los dos principales destinos de sol y playa en México.9 Esto resulta alarmante debido a que frena la derrama económica del turismo tanto local como nacional, ya que el sargazo causa irritaciones en la piel, así como despide un olor fétido en su periodo de putrefacción, lo cual reduce la estadía en las playas, lo que afecta a restaurantes, hoteles, y servicios turísticos en general.

En la actualidad, existen ordenamientos que permiten la coordinación entre los tres niveles de gobiernos en materia de medio ambiente y equilibrio ecológico, por lo que se considera la viabilidad de formular el siguiente exhorto:

Punto de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en el ámbito de sus competencias, emprenda acciones inmediatas para la remoción, bloqueo y retiro de sargazo en las playas del estado de Quintana Roo, en coordinación con las instancias locales competentes.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que, en el ámbito de sus competencias, valore la expedición de las declaratorias correspondientes para la debida atención de la acumulación de sargazo en las playas del estado de Quintana Roo, conforme a la normatividad aplicable.

Notas

1 BBC Mundo. “¿De donde vienen las algas que están invadiendo el Caribe?”, disponible en: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/08/150812_sargazo_caribe_invasio n_algas_lp (Fecha de consulta: 7 de marzo de 2018).

2 idem

3 La Verdad. “Biólogos analizan el arribo de sargazo a Quintana Roo”, disponible en:

https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/
Biologos-analizan-el-arribo-de-sargazo-a-Quintana-Roo-20180306-0003.html (Fecha de consulta: 07 de marzo de 2018).

4 Novedades de Quintana Roo. “Sargazo cobra sus primeras víctimas marinas”, disponible en: https://sipse.com/novedades/problema-sargazo-muerte-tortugas-autoridade s-medio-ambiente-novedades-qroo-287422.html (Fecha de consulta: 06 de marzo de 2018).

5 Procuraduría Federal de Proteccion al Ambiente. “Profepa no ha iniciado procedimiento ni multado a particulares o autoridades por manejo, retiro o disposición de sargazo, en Quintana Roo”, disponible en: https://www.gob.mx/profepa/prensa/profepa-no-ha-iniciado-procedimiento- ni-multado-a-particulares-o-autoridades-por-manejo-retiro-o-disposicion -de-sargazo-en-quintana-roo (Fecha de consulta: 7 de marzo de 2018).

6 Sara Cauich, Declaratoria de emergencia ayudará a combatir el sargazo: Zofemat, disponible en: https://sipse.com/novedades/sargazo-declaratoria-emergencia-semarnat-ay uda-zofemat-recursos-tulum-alga-toneladas-limpieza-287408.html (Fecha de consulta: 6 de marzo de 2018).

7 Noticaribe. “¡Ahora Profepa multará a brigadas de retiro de sargazo!; Congreso de QR pide ayuda urgente al gobierno federal”, dispinonible en: http://noticaribe.com.mx/2018/03/05/ahora-profepa-multara-a-brigadas-de -retiro-de-sargazo-congreso-de-qr-pide-ayuda-urgente-al-gobierno-federa l/ (Fecha de consulta: 6 de marzo de 2018).

8 Forbes. “Quintana Roo atrae al mismo número de turistas que Brasil y Argentina juntos, disponible en:

https://www.forbes.com.mx/quintana-roo-atrae-al-mismo-nu mero-de-turistas-que-brasil-y-argentina-juntos/ (Fecha de consulta: 6 de marzo de 2018).

9 Novedades Quintana Roo. “Cancún mantiene liderazgo, a pesar de la competencia”, disponible en:
https://sipse.com/novedades/este-destino-turistico-es-reconocido-a-nivel-internacional
-y-se-coloca-en-una-posicion-de-privilegio-213336.html (Fecha de consulta: 7 de marzo de 2018).

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2018.

Diputado José Luis Toledo Medina (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa de Jalisco a estimular campañas públicas de prevención y atención prioritaria de la diabetes mellitus para disminuir la mortalidad general existente en la entidad, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado federal por la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea legislativa de lo federal, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

a) Generalidades

Primera. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la diabetes como aquella enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.

Existen tres tipos de diabetes debidamente reconocidas a consideración de este organismo internacional, estas son:1

* Diabetes tipo 1: Anteriormente denominaba “diabetes juvenil” o “insulinodependiente”, ésta se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina.

* Diabetes tipo 2: Anteriormente denominada “diabetes de adulto” o “no insulinodependiente”, misma que se caracteriza por la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o ausencia de actividad física.

* Diabetes gestacional: Este tipo de diabetes surge a causa del embarazo y puede desarrollarse durante o después del mismo, generando así una hiperglucemia en el organismo de la mujer.

Segunda. Desde el año 1980 hasta hoy en día, el número de personas que padecen diabetes se ha cuadriplicado, siendo los países más afectados aquellos de medios y bajos ingresos. En el año 2017 se registraron 422 millones de casos de diabetes en el mundo.

Cabe señalar que en el año 2012 la diabetes ocupo el primer lugar a nivel mundial por causas directas, generando la defunción de un aproximado de 1.6 millones de personas.

La mayoría de los casos de diabetes y las complicaciones que este mal trae aparejado son prevenibles, teniendo en cuenta factores simples como el llevar una dieta saludable, realizar actividad física semanal y regular la ingesta de alcohol y tabaco.2

Tercera. El informe mundial de diabetes realizado por la OMS en abril de 2016 sostiene que la lucha de la diabetes ya existe desde hace casi una década, pero ninguna de las recomendaciones hechas por dicho organismo internacional parece repercutir en los sistemas de salud de los países que sufren este complejo, ello debido a falta de disposición de los Estados miembros para afrontarlo, ya que dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ONU ha solicitado a los países que para el año 2020 deban de realizar un plan de acción eficiente que afronte las “Enfermedades No Transmisibles”.3

b) Situación en México

Cuarta. La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes nos ofrece los siguientes datos sobre el tema de diabetes en México.

* La OCDE sostiene que nuestro país es el principal foco rojo en materia y prevalencia de diabetes mellitus, toda vez que nos ubicamos en el primer lugar de esta situación en población de 20 a 79 años de edad, lo anterior quedando sustentado en el siguiente gráfico:

* Con base en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012, la diabetes mellitus afecta actualmente al 9.2 por ciento de la población del país, presentando un incremento de 2.2 puntos porcentuales respecto de la registrada en el año 2006.

c) Problemática en Jalisco

Quinta. La Secretaría de Salud del estado de Jalisco, en el año de 2013, dio a conocer las enfermedades que causan mortalidad general en la población de la entidad, donde se dilucido que la diabetes ocupa el primer lugar generando así un total de 5 mil 490 muertes.4

Sexta. Como se vislumbró en la consideración anterior, este régimen estadístico realizado por la Secretaría de Salud jalisciense fue del año 2013, sin embargo, la problemática radica que, en años recientes, la prevalencia de casos de diabetes no ha disminuido y por ende la mortalidad sigue en telón de los problemas de salud pública que enfrenta Jalisco.

d) Marco jurídico aplicable a esta proposición

Séptima. En su artículo 4o. correspondiente al Derecho a la Salud, en los párrafos tercero y sexto, se sintetiza el espíritu que guía y anima no sólo este documento sino la labor entera de la Secretaría de Salud: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

Octava. La Ley General de Salud señala las facultades y responsabilidades que a la Secretaría de Salud corresponden y en este sentido permite comprender los alcances de la Estrategia Nacional. En su artículo 3o. señala que es materia de salubridad general: “XII. La prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y aquellas atribuibles al tabaquismo”.

Por otro lado, en el artículo 115 se lee que la Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de la nutrición;

II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente en los grupos sociales más vulnerables.

III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas de salud;

IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población;

VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo;

VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.

VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.

Novena. La Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes plantea acciones intersectoriales, donde el sector educativo es pieza clave, por ello, la Ley General de Educación es parte indispensable en el marco jurídico. En ella se lee: Capítulo I, artículo 7, fracción X. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la preservación de la salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conocimiento de sus causas, riesgos y consecuencias; Fracción reformada DOF 15-07-2008, 28-01-2011.

Décima. La Norma Oficial Mexicana, NOM-015-SSA2-2010. Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, tiene como uno de sus objetivos el de la prevención de la diabetes mellitus, generando por ende obligaciones y recomendaciones para el personal de salud, de educación, las instituciones salubres y por ende a la misma población en general.

Por los argumentos esgrimidos con anterioridad, someto a consideración de las y los legisladores de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud de Jalisco a que en el ámbito de sus respectivas competencias incentive campañas públicas de prevención y atención prioritaria de la diabetes mellitus, con el fin de disminuir la mortalidad general que existe en dicha entidad por esta enfermedad.

Notas

1. Organización Mundial de la Salud. (2016). “Diabetes”. Enero 23, 2018, de Temas de Salud Sitio web: http://www.who.int/topics/diabetes_mellitus/es/

2. Organización Mundial de la Salud. (2016). “10 datos sobre la diabetes”. Enero 23, 2018, de Temas de Salud Sitio web: http://www.who.int/features/factfiles/diabetes/es/

3. Ibídem.

4. Secretaría de Salud de Jalisco. (2014). “Causas de mortalidad en Jalisco”. Enero 23, 2018, de Estadísticas-SSJ Sitio web: https://ssj.jalisco.gob.mx/sites/ssj.jalisco.gob.mx/files/principales_c ausas_de_mortalidad.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2018.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a dar pronta solución a los habitantes de Coyotepec, México, respecto al acuífero Cuautitlán-Pachuca, suscrita por la diputada Delfina Gómez Álvarez e integrantes del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Delfina Gómez Álvarez, las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión integrantes del Grupo Parlamentario de Mo Regeneración Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan a esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

A mediados del siglo pasado, en varios municipios del estado de México los pueblos originarios se organizaron para el suministro del agua potable, por medio del trabajo comunitario y aportaciones monetarias lograron crear la infraestructura necesaria para llevar el vital líquido a sus comunidades, siendo el servicio administrado de forma ciudadana por medio de usos y costumbres, como ejemplo de lo anterior se pueden mencionar Coyotepec, Tecámac y Chalco, donde los mismos usuarios constituyen el ente administrador del servicio.

Estos casos, en que los propios habitantes se organizan en torno a la gestión local del agua son frecuentes en el México rural, a decir de Ángela Ixkic Bastian Duarte y Sergio Vargas Velázquez: “Existe una larga tradición en las comunidades campesinas e indígenas de gestión y manejo del agua potable y para riego. La incapacidad de los gobiernos para satisfacer la totalidad de la demanda del líquido ha llevado a que las comunidades se responsabilicen de su propio abastecimiento, muchas veces, recurriendo a sus formas de organización comunitaria tradicional, que rigen también el trabajo y la distribución de derechos y obligaciones.

Estas formas de organización comunitarias para el abasto y suministro del agua están reconocidas en algunas leyes estatales, como es el caso de la Ley del Agua para el Estado de México y Municipios, que reconoce la administración comunitaria del servicio de agua bajo la figura de grupos organizados de usuarios, los cuales se definen en la fracción XLI del artículo 6 de esta ley como: Conjunto de ciudadanos, constituidos o no bajo una figura jurídica determinada, diferentes de los prestadores de los servicios, que prestan el servicio de agua potable”.1

En el caso particular de Coyotepec, en cuanto a recursos hídricos, este es uno de los más importantes en la zona norte del Estado de México, en él existen manantiales de uso común, ubicados en los ejidos Cerril, La Noria, de la Hacienda Nueva y en la barranca de El Zopilote.

En cuanto al agua potable, la mayor parte proviene del acuífero Cuautitlán-Pachuca y se obtiene de tres pozos artesianos de tipo profundo, pero, pese a la riqueza en recursos hídricos de la zona el agua no sobra y el mencionado acuífero se encuentra sobreexplotado, como consta en el “acuerdo por el que se da a conocer el resultado de los estudios técnicos de las aguas nacionales subterráneas del acuífero Cuautitlán-Pachuca, clave 1508, en el Estado de México, Región Hidrológico-Administrativa Aguas del Valle de México.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2016.

En dicho acuerdo queda expuesto de forma clara que el acuífero está sobreexplotado y que no se debe de extraer mayores volúmenes de agua del mismo con respecto a los que ya se extraen actualmente, de hecho, lo conducente sería que se sustrajeran volúmenes menores, en dicho acuerdo se lee:

En el acuífero Cuautitlán-Pachuca, clave 1508, la extracción de agua subterránea es de 751.3 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la recarga que recibe el acuífero está cuantificada en 356.7 millones de metros cúbicos anuales. El acuífero se encuentra en condición de sobreexplotación desde hace varias décadas, al ser el volumen de extracción superior al valor de la recarga, situación que compromete el desarrollo sostenible de los sectores productivos... el acuífero Cuautitlán-Pachuca, clave 1508, se observa abatimiento del nivel estático, por lo que persiste el riesgo de que el incremento de la demanda de agua, agrave los efectos perjudiciales causados por la explotación intensiva, tales como el abatimiento del nivel del agua subterránea, con la consecuente inutilización de pozos, el incremento de los costos de bombeo, la disminución e incluso desaparición de los manantiales, los hundimientos diferenciales del terreno con el consecuente daño a la infraestructura urbana, así como el deterioro de la calidad del agua subterránea.

En municipios del estado de México como Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza, se tiene un número importante de industrias instaladas o por instalarse, que son muy demandantes del vital líquido agua. Aunado a esto, los desarrollos inmobiliarios y proyectos como el de Ciudad Bicentenario crearán más presión sobre los recursos hídricos.

La escasez de agua en la región, provocada por la industria y las inmobiliarias, ha hecho que los recursos hídricos de Coyotepec sean codiciados. Desde hace décadas las diferentes administraciones municipales de Coyotepec han tratado de hacerse del control del suministro del agua y en últimos años estos intentos se han dado con el apoyo del gobierno estatal, con miras a poder llevar el agua a otros municipios.

De hecho, en Coyotepec el servicio se suministraba hasta mediados de 2013 sin que se dieran incidentes de importancia, hasta el 9 de junio de 2013, día en que la administración municipal de ese momento pretendió hacerse de forma autoritaria del control del sistema de agua potable, ocasionándose enfrentamientos contra los vecinos, con el funesto saldo de un muerto y decenas de lesionados, por lo que el gobierno municipal por el momento desistió. A raíz de este suceso se crea el Frente Popular 9 de Junio en Defensa de los Recursos Naturales Coyotepec, Estado de México, AC, y paralelamente a este la Asociación de Ciudadanos Usuarios del Sistema de Agua Potable de Coyotepec, AC (ACUSAPC).

Posteriormente se han dado distintos acontecimientos para presionar a los habitantes de Coyotepec y en especial a los integrantes del ACUSAPC, por ejemplo, el 1 de julio de 2013, muere asesinado Alfredo Cruz Luna, el 5 de septiembre del mismo año se atenta contra la vida de Vicente Moreno Domínguez, en diciembre también del 2013 es el Sr. José Isabel, conocido por sus vecinos como el Chapito pierde la vida en las oficinas de la Administración del Agua. En fechas más recientes, el 26 de mayo de 2016, policías federales, estatales y municipales sitian el pueblo de Coyotepec como medida de presión contra el ACUSAPC, sin que hasta la fecha se hayan aclarecido estos crímenes, mucho menos llevado ante la justicia a los implicados.

La situación reinante en Coyotepec derivada de la necedad de la autoridad por apoderarse del agua ya ha trascendido a nivel mundial, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura y de la Federación Internacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto.

A decir de esta prestigiada organización, el observatorio ha recibido información de fuentes fidedignas sobre ataques físicos y amenazas en contra del señor Juan Refugio Contreras Alcibar y el señor Agustín Rodríguez García, dos miembros de la Administración Autónoma de Agua Potable del pueblo indígena de Coyotepec, en el Estado de México, en represalia a su trabajo en defensa del derecho al agua... El observatorio expresa su grave preocupación frente al aumento de agresiones en contra de miembros de la Aapcoy y personas defensoras, en represalia a su trabajo de defensa del agua, así como al preocupante deterioro del clima en el que las personas defensoras de los recursos naturales y de los derechos de los pueblos indígenas trabajan en México.2 De hecho, actualmente integrantes del Acusapc están considerados en el Mecanismo de Defensa para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Además, es de resaltar que como medida de presión, el municipio dejó de efectuar los pagos correspondientes por el alumbrado público, electricidad empleada en los edificios del gobierno municipal e instalaciones para el bobeo del agua, a la extinta Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Por lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad requiere el pago de alrededor de 60 millones de pesos.

Al presente, el suministro de agua está a cargo de la Asociación de Ciudadanos Usuarios del Sistema de Agua Potable de Coyotepec, AC, pero, los propios habitantes del municipio cuestionan su representatividad actual, ya que surgió de una comisión para restablecer la administración del agua, pero, en vez de cumplir el mandato de restablecer el servicio y convocar a una reunión para que la asamblea del pueblo, según usos y costumbres designara a los funcionarios que continuaran con la administración del agua, los actuales funcionarios se posesionaron, por lo que el pueblo los considera usurpadores.

Es de tenerse en cuenta la presencia de comunidades indígenas en el municipio de Coyotepec, por ejemplo, el barrio Chautonco es habitado por una comunidad de origen náhuatl, de hecho, en el catálogo de localidades indígenas, que elabora la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se encuentran cuatro comunidades de Coyotepec, y para éstas se deben respetar los preceptos contenidos en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre estos, los establecidos en las fracciones II y VI del Apartado A, de dicho artículo, que a la letra señalan:

Artículo 2o. La nación mexicana es única e indivisible.

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para

II. Aplicar sus sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos , sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.

A la vez, en todos los casos en que se vayan a llevar acabo medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a las comunidades indígenas, como es el caso de la administración del agua en Coyotepec, se debe de establecer previamente una consulta a estas comunidades, como lo estipula el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la OIT), publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de enero de 1991.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado al respecto que para que sea válida dicha consulta, ésta debe de ser previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, ya que es un derecho humano colectivo de los indígenas que previene el que se vulneren otros derechos. A la par, la consulta se sustenta en principios internacionales como la libre determinación, la igualdad, la identidad cultural, el pluralismo, el respeto de la tierra, territorio, recursos naturales.3

Entonces, a raíz de lo expuesto no queda más que instar a las autoridades competentes para que en el ámbito de sus atribuciones, con la participación de los habitantes de Coyotepec, respetando los derechos humanos de las comunidades indígenas y de la población en general, se aboquen a la solución de la problemática de la administración del agua potable en dicho municipio.

Con base en lo expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, me permito proponer los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que restablezca el diálogo con el consejo municipal del pueblo de Coyotepec y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, coadyuven con los habitantes del municipio, para que se realice una reunión y según usos y costumbres se designe a los funcionarios del grupo organizado de usuarios que lleven a cabo la administración del agua para dicho municipio.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta al gobierno del estado de México, al presidente municipal de Coyotepec, a que de inmediato establezcan una mesa de diálogo en coordinación con las diferentes autoridades y los integrantes del consejo municipal del pueblo de Coyotepec para establecer un acuerdo sobre la problemática que se tiene sobre el agua en el municipio.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua a que en el ámbito de sus atribuciones evite el otorgar nuevas concesiones o asignaciones para el aprovechamiento de aguas del acuífero Cuautitlán-Pachuca, clave 1508, que se encuentra sobreexplotado.

Notas

1 Bastian Duarte, Ángela Ixkic; Vargas Velázquez, Sergio. “Entre la ley y la costumbre. Sistemas normativos y gestión comunitaria del agua en Tetela del Volcán, Morelos”, en Entre Diversidades. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, número 5, 2015, páginas 45-73, Universidad Autónoma de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, México.

2 https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/mexico-ata ques-y-amenazas-en-contra-de-dos-miembros-de-la

3 Robleda Sánchez Gavito, Isabel. La consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada: pueblos indígenas, derechos humanos y el papel de las empresas, CNDH, primera edición, noviembre de 2016.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2018.

Diputados: Delfina Gómez Álvarez (rúbrica), Mario Ariel Juárez Rodríguez, Concepción Villa González, Jesús Serrano Lora, Karen Hurtado Arana.

Con punto de acuerdo, relativo a la auditoría financiera con enfoque de desempeño clave 16-A-18000-14-1187, revisión 1187, Cuenta Pública de 2016, del gobierno de Nayarit, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Rosa Alba Ramírez Nachis, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX; 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) se creó el 9 de diciembre de 2013 al publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.1

Este fondo sustituyó al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Es importante destacar que el FONE2 es un apoyo económico que llega a los estados con objeto de cumplir lo expresado en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

Este fondo tiene como prioridad apoyar a la educación a fin que el estado garantice atender el derecho humano de los niños, niñas y jóvenes a la educación.

Según el Marco de Referencia del FONE3 que emitió la Auditoría Superior de la Federación, se conoció que durante el 2016, ocho estados de la república concentraron el 47.6 por ciento de los recursos totales del fondo.

Por ello, y atendiendo la urgente necesidad de eficientar los recursos federales para la educación en un estado como el de Nayarit, revisamos con detenimiento los informes de auditoría que reporta la Auditoría Superior de la Federación en su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016.4

De su análisis, se identificó la Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño con clave de identificación 16-A-18000-14-1187,5 denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del Gobierno de Nayarit.

El objetivo de dicha revisión consistió en verificar el uso de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) aportados por la Federación durante 2016 al Gobierno del Estado de Nayarit por 4,891,134.4 miles de pesos.

De la lectura de los resultados, se identificaron las siguientes observaciones y de su análisis, surgieron inquietudes que se describen a continuación:

Resultado 7

Con la revisión de las nóminas subsidiadas estatales proporcionadas por la SE y los reportes de dispersión proporcionados por la SAF, se constató que de la quincena 1 a la 22 se pagaron con recursos de FONE 2016; no obstante, la quincena 24 se pagó con un recurso distinto. Asimismo, en las nóminas se relacionó a personal no localizado en las dispersiones; en los reportes de dispersión se observaron pagos superiores a los sueldos registrados en la nómina por 1,430.7 miles de pesos, y pagos no relacionados en la nómina por 137,549.8 miles de pesos de los cuales, la SE no mostró la documentación comprobatoria.

Se emitieron dos Pliegos de Observaciones de los cuales estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

No obstante, en dichos Pliegos de Observaciones, la ASF solicita al gobierno del estado de Nayarit que podrá acreditarse ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente, situación con la que no estamos de acuerdo, ya que la autoridad da lugar a que se compruebe dichos importes en un ejercicio que ya concluyó como lo el 2016 y consideramos que lo único que debe proceder es el reintegro de los recursos malversados.

Asimismo, la ASF omite dar a conocer información que permita a la ciudadanía conocer la magnitud de lo observado, o la documentación de los meses que amparan el gasto observado.

Este hecho requiere de mayor precisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación y, que dichas aclaraciones faciliten a esta honorable Cámara de Diputados determinar si es que esos recursos se requieren o no anualmente.

Resultado 12

La SHCP realizó 29 pagos autorizados por la SEP por cuenta y orden de los SEPEN, a un trabajador que contó con un mismo número de plaza y se encontraba adscrito al centro de trabajo “Sala Popular de Lectura número 28”, el cual no es financiable con los recursos del FONE 2016 por un importe bruto anual de 131.8 miles de pesos.

La ASF en la elaboración de la acción denominada Pliego de Observaciones, como se encuentra redactada, impide a la entidad fiscalizada acreditar ante ese órgano de fiscalización con la evidencia documental el destino y aplicación a los objetivos del fondo de acuerdo con lo establecido en la normativa correspondiente, situación que es ajena a los demás pliegos de las observaciones que la entidad fiscalizada emitió en dicho informe de auditoría.

Resultado 14

Los SEPEN ordenaron el pago indebido a 74 trabajadores comisionados al SNTE, los cuales contaron con 287 plazas, adscritos en 92 centros de trabajo por un monto de 5,181.8 miles de pesos.

Tal como se observó en el resultado 12, el Pliego de Observaciones como se encuentra redactado, impide a la entidad fiscalizada su acreditación.

Resultado 16

La SAF administró recursos por 219,515.7 miles de pesos del FONE 2016, que generaron rendimientos financieros por 18.4 miles de pesos; asimismo, recibió otros depósitos por 48,250.0 miles de pesos, por lo que el total disponible en el ejercicio fiscal 2016 fue de 267,784.1 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2016, se determinaron recursos no ejercidos ni pagados por 18,075.0 miles de pesos para los fines del fondo. Los SEPEN administraron recursos por 124,766.8 miles de pesos del FONE 2016, que generaron rendimientos financieros por 552.1 miles de pesos, por lo que el total disponible en el ejercicio fiscal 2016 fue de 125,318.9 miles de pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016, se determinaron recursos no ejercidos ni pagados por 14,712.3 miles de pesos para los fines del fondo. Los SEPEN, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la aplicación de recursos por un monto de 9,233.6 miles de pesos, quedando pendiente de ejercer y pagar un monto de 5,478.7 miles de pesos en los objetivos del fondo.

Inicialmente, se observa que la ASF omite la aclaración del origen de los por 48,250.0 miles de pesos, mismos que se señala fueron recibidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado de Nayarit.

A diferencia de las revisiones que realizó la ASF a los recursos del FONE en otros estados de la república, en esta revisión no se indica el avance presupuestario en el 2017, identificándose de esta manera, que los criterios de revisión de ese órgano de fiscalización superior son no uniformes y tienen a ser discrecionales, lo cual es una debilidad técnica importante.

Se hace mención de que con motivo de la intervención de la ASF, el ente fiscalizado proporcionó la documentación que acredita la aplicación de recursos por un monto de 9,233.6 miles de pesos sin embargo, se desconoce si esto fue a través de la justificación de documentación histórica del ejercicio 2016 o a través del ejercicio de recursos del 2017 y si el importe en comento incluye los respectivos intereses que suele exigir ese órgano de fiscalización superior.

Consideramos necesario que la ASF atienda y clarifique las inquietudes antes citadas.

Resultado 17

Los SEPEN transfirieron indebidamente recursos del FONE 2016 para el pago de pasivos de años anteriores, a efecto de cubrir créditos bancarios de empleados de SEPEN, descontados vía nómina en las quincenas del 18 al 24 del año 2014 y no fueron enterrados a la institución bancaria por 1,582.7 miles de pesos.

Se emitió un Pliego de Observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 18

Los SEPEN destinaron indebidamente recursos del FONE 2016 para el pago de gasto corriente con cargo al capítulo 4000 por un total de 4,961.7 miles de pesos, consistente en premios, recompensas y estímulos, apoyos a voluntarios de diversos programas, ayudas especiales a personas y hogares en incumplimiento de la normativa establecida.

Se emitió un Pliego de Observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 19

Los SEPEN transfirieron recursos del FONE 2016 a otras cuentas bancarias por 19,461.5 miles de pesos, sin que se reintegraran a la cuenta bancaria del FONE 2016, ni se acreditara con la evidencia documental su destino y aplicación conforme a los objetivos del fondo.

Se emitió un Pliego de Observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 20

La ASF no presentó evidencia de los pagos correspondientes al ISSSSTE, SAR-FOSVISSSTE e ISR de la nómina subsidiada estatal, de las quincenas 1 a la 22 pagada con recursos del FONE 2016.

La ASF, en este resultado, omitió cuantificar los recursos no enterados a terceros (ISSSSTE, SAR-FOSVISSSTE e ISR e indicar si los mismos habían sido retenidos conforme a la normatividad vigente. Asimismo, se identifica la omisión en la emisión del Pliego de Observaciones correspondiente.

Resultado 21

En la visita a 392 centros de trabajo financiados con el FONE 2016, no fueron localizados 2,474 empleados en el centro de trabajo al que estuvieron adscritos durante el ejercicio fiscal 2016 y a quienes se realizaron pagos por 23,363.8 miles de pesos.

Se emitió un Pliego de Observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

En resumen, las observaciones de fiscalización y las inquietudes que observamos de su labor se resumen de la siguiente manera:

Este ejercicio, como lo he venido expresando, no busca re-fiscalizar la labor que ha realizado la ASF, pero sí pretende dejar en claro que existen situaciones no sancionadas: en el Resultado 7 no se indican los meses de la documentación comprobatoria que soportarían el ejercicio de recursos por 137,549.8 miles de pesos; en los Resultados 12 y 14 se determina sancionar con Pliegos de Observaciones omisiones diversas por 5,313.6 miles de pesos, pero la redacción de estas acciones sancionadoras difieren de las demás determinadas en dicho informe y limitan la acreditación de justificaciones; en el resultado 16 se omite justificar el origen de 48,250.0 miles de pesos desconociéndose si estos recursos corresponden al fondo sujeto a revisión, y en el mismo resultado se determina un subejercicio por 23,553.8 miles de pesos mismo que se señala al 31 de diciembre, criterio dispar al utilizado en los informes de FONE estado de México y Jalisco; y en el resultado 20, la ASF omitió cuantificar los recursos no enterados a terceros con respectiva actualización y recargos (ISSSSTE, SAR-FOSVISSSTE e ISR) ni indico si los mismos habían sido retenidos conforme a la normatividad vigente, considerando que esta es una acción discrecional de la autoridad fiscalizadora; .

Por lo anterior, es oportuno emitir un exhorto al gobierno del estado de Nayarit, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público los avances de seguimiento y en su caso las aclaraciones a las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación en su revisión 1187, de tipo Financiera con Enfoque de Desempeño con la clave 16-A-18000-14-1187, Cuenta Pública 2016, bajo el título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, garantizando así el derecho a la información que demandan los nayaritas; asimismo, considere la pertinencia de dar una justificación a la opinión pública sobre el hecho de no ejercer recursos del FONE por 23,553.8 miles de pesos durante el ejercicio 2016.

Y, finalmente, exhortar a la Auditoría Superior de la Federación, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público las aclaraciones que sean necesarias sobre la discrecionalidad en la determinación de los Resultados 7, 12, 14, 16 y 20 incluidos en su revisión 1187, de tipo Financiera con Enfoque de Desempeño con la clave 16-A-18000-14-1187, Cuenta Pública 2016, bajo el título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, donde principalmente omitió cuantificar y solicitar la recuperación de los recursos no enterados a terceros con respectiva actualización y recargos (ISSSSTE, SAR-FOSVISSSTE e ISR e indicar si los mismos habían sido retenidos conforme a la normatividad vigente, y utilizó criterios diferentes para sancionar situaciones similares que se observaron en las revisiones del FONE estado de México y Jalisco.

Lo digo claro y fuerte, este ejercicio de revisar a detalle los resultados de los informes de fiscalización superior, es una actividad propuesta y sugerida por compañeros de la bancada de los diputados ciudadanos con la finalidad de demostrar que la ASF no ha avanzado en el diseño de esquemas de auditoría vanguardistas que sólo se centren en una revisión normativa.

Los resultados obtenidos demuestran que existe en el trabajo de la ASF áreas de oportunidad que son claramente identificadas en sus informes y como lo han compartido mis compañeros de bancada: no buscan castigar a quien lo merece y fomentan la discrecionalidad que solo beneficia a aquellos que no hacen lo correcto.

Su servidora, reitera su postura en el combate a la corrupción, y espero que en esta honorable Cámara de Diputados se sumen cada vez más legisladores para exigiré que no se acumulen irregularidades y más casos de corrupción.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la proposición siguiente con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nayarit a que, de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público los avances de seguimiento y en su caso las aclaraciones a las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación en su revisión 1187, de tipo Financiera con Enfoque de Desempeño con la clave 16-A-18000-14-1187, Cuenta Pública 2016, bajo el título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, garantizando así el derecho a la información que demandan los nayaritas.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Nayarit a que, de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público las justificaciones que impidieron el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) por 23,553.8 miles de pesos durante el ejercicio 2016, según revisión de auditoría número 1187 de la Auditoría Superior de la Federación.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación a que, de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público las aclaraciones que sean necesarias sobre la discrecionalidad en la determinación de los Resultados números 7, 12, 14, 16 y 20 incluidos en su revisión 1187, de tipo Financiera con Enfoque de Desempeño con la clave 16-A-18000-14-1187, Cuenta Pública 2016, bajo el título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en donde principalmente omitió cuantificar y solicitar la recuperación de los recursos no enterados a terceros con respectiva actualización y recargos (ISSSSTE, SAR-FOSVISSSTE e ISR) e indicar si los mismos habían sido retenidos conforme a la normatividad vigente, y utilizó criterios diferentes en la determinación de observaciones y acciones para situaciones similares que fueron incluidas en las revisiones del FONE estado de México y Jalisco de la Cuenta Pública 2016.

Notas

1 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental – DOF 9 de diciembre de 2013, disponible en

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324940&fecha=09/12/2013 Consultado el 6 de marzo de 2018.

2 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) – Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, disponible en http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2014/noviembre/notacefp067201 4.pdf Consultado el 6 de marzo de 2018.

3 Marco de Referencia Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) – ASF, disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias /2016_MR-FONE_a.pdf Consultado el 6 de marzo de 2018.

4 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 – ASF (tercera etapa), disponible en http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/index.html#0 Consultado el 6 de marzo de 2018.

5 Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño con clave de identificación 16-A-18000-14-1187, denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo al Estado de Nayarit, disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias /2016_1187_a.pdf Consultada el 6 de marzo de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2018.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa de Jalisco a diseñar programas de prevención de las enfermedades cardiovasculares e isquémicas del corazón para disminuir su prevalencia en la entidad, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

Quien suscribe, Elías Octavio Iñiguez Mejía, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento del Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea legislativa de lo federal la siguiente “proposición con punto de acuerdo”, al tenor de las siguientes

Consideraciones

a) Generalidades

Primera. La Organización Mundial de la Salud indica que las complicaciones isquémicas del corazón, las miocardiopatías y las enfermedades coronarias son padecimientos del grupo de las enfermedades cardiovasculares, siendo así, que estas se caracterizan por complicaciones del propio corazón y de las venas sanguíneas.

Datos y cifras del organismo internacional anteriormente aludido señalan que, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo, ya que cada año mueres más personas por alguna de estas enfermedades que por cualquier otra complicación.1

Se calcula que hace seis años (específicamente en el año 2012), murieron 17.5 millones de personas por complicaciones isquémicas y cardiovasculares, lo que representa el 30% de las muertes registradas en el mundo.

Para el año 2030, casi 23,6 millones de personas morirán por alguna enfermedad cardiovascular, principalmente por cardiopatías. Así mismo, se prevé que estas enfermedades sigan siendo la principal causa de muerte en un futuro.

segunda. La Organización Panamericana de la Salud (OPS), como autoridad directiva y coordinadora de la salud internacional en la Región de las Américas, toma la iniciativa de la respuesta del sector salud a las enfermedades cardiovasculares en el sistema interamericano. El “Programa contra las enfermedades cardiovasculares” presta apoyo técnico basado en datos fidedignos a los países de las Américas con el fin de ayudarles en la prevención, el tratamiento y la vigilancia destinados a aportar una respuesta integral y sostenible a las enfermedades cardiovasculares.2

Tercera. Las complicaciones isquémicas del corazón y las enfermedades cardiovasculares son sumamente prevenibles y controlables, lo anterior si tomas en cuenta las siguientes recomendaciones médicas:

• Controlar la presión arterial

• Mantener los niveles de colesterol y triglicéridos en control

• Mantener un peso saludable

• Alimentarse nutritivamente

• Realizar actividad física o deporte cotidianamente

• Limitar el consumo de alcohol y nicotina

b) Situación en México

Cuarta. El Informe de Salud de los mexicanos, realizado por el titular del poder ejecutivo en conjunto la Secretaria de Salud en el año 2013 y publicado 2015, dispone que las diez principales causas de muertes según el sexo son las siguientes:

Tal y como pudimos dilucidar en la tabla anterior la principal causa de muerte en hombres es la cardiopatía isquémica, donde se registraron un numero de 42,070 fallecimientos masculinos debido a este mal; por otro lado, en cuanto a las mujeres las cardiopatías isquémicas ocuparon el segundo lugar en dicho género, atribuyéndose un total 33, 045 defunciones.3

Cabe señalar que el grupo etario de 65 años de edad en adelante en cuanto al sexo masculino, fue el que más defunciones registro con un total de 29, 241 de las 42, 070 generales.

Por las mujeres del grupo etario de 65 años de edad en adelante, fueron registrados registradas 27, 875 defunciones debido a cardiopatía isquémicas.

Quinta. La mortalidad en adultos mayores se ha mantenido estable en los últimos 13 años en mujeres, con una cifra de alrededor de 4,000 defunciones anuales por cien mil personas de este sexo y grupo etario. Esto significa que cada año mueren cuatro de cada 100 mujeres que han vivido 65 años o más. Es importante hacer notar que, a pesar de la poca variación observada en este periodo, el análisis de tendencia muestra una elevación puntual de mortalidad en mujeres de este grupo en 2010.

En hombres de 65 años o más, la mortalidad es más alta que en las mujeres y su evolución muestra un patrón ligeramente ascendente, con un crecimiento de 7% entre 2000 y 2013, con un pico en 2010. En este grupo de edad las principales causas de muerte son las cardiopatías isquémicas, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades obstructivas crónicas.

c) Mortalidad por complicaciones cardiovasculares e isquémicas del corazón en Jalisco

Sexta. Datos y cifras de la Secretaria de Salud del estado de Jalisco en el año de 2013, disponen que la principal causa de muerte general fue la diabetes mellitus, seguida de las enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades cardiovasculares, contando esta última con un aproximado de 5,245 defunciones teniendo una prevalencia de 71 casos por cada 100 mil habitantes.

Séptima. Cifras más recientes (específicamente en 2015 y 2016) disponen que las enfermedades isquémicas del corazón se posicionaron como la primer causas de mortalidad general, dejando abajo a la diabetes mellitus.

Las enfermedades del corazón registraron 8,088 fallecimientos por dichas causas, cifras que, si las comparamos con las recabadas en 2013, podemos dilucidar que se acrecentaron 2843 muertes.

Octava. Como se pudo vislumbrar según los datos oficiales expuestos por la administración pública federal y las dependencias del estado de Jalisco, las enfermedades del corazón y las complicaciones isquémicas del mismo, se han convertido en un grave problema de salud pública, ello debido a que su prevalencia afecta a un gran número de jaliscienses, que incluso han superado los números de fallecidos que se tenían cuando la diabetes mellitus era la principal causa de mortalidad en la entidad.

Por los argumentos esgrimidos en las consideraciones anteriores, someto a consideración de las y los legisladores del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco para que en el ámbito de sus facultades y competencias diseñe programas de prevención de las enfermedades cardiovasculares e isquémicas del corazón, con el fin de disminuir la prevalencia de esta situación en la entidad.

Notas

1 Organización Mundial de la Salud. (2014). ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares? Enero 25, 2018, de Programas y proyectos Sitio web:

http://www.who.int/cardiovascular_diseases/about_cvd/es/

2 Organización Panamericana de la Salud. (2017). Programa de enfermedades cardiovasculares. Enero 25, 2018, de Enfermedades no transmisibles Sitio web: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=1939&Itemid=1819&lang=es

3 Secretaría de Salud. (2015). Informe de Salud de los mexicanos. Enero 25, 2018, de D.R.© Secretaría de Salud Sitio web: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64176/INFORME_LA_SALUD_D E_LOS_MEXICANOS_2015_S.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2018

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob, la SRE y el INM a aplicar en México la lista del programa de exención de visado de EUA a los extranjeros provenientes de los países que la integran, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito ciudadano diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Morena en la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente proposición con punto de acuerdo:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Migración, para aplicar en México la lista del programa de exención de visado de los Estados Unidos de América (ESTA), a los extranjeros provenientes de los países que la integran, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

1. La actual situación económica por la que atraviesa el tipo de cambio del peso frente al dólar, se propone la búsqueda de opciones para mejorar la economía con divisas provenientes de otros países y así ampliar operaciones para el ingreso de divisas.

Por ejemplo, Taiwán alcanza un comercio bilateral de 6 mil 900 millones de dólares al año en México; en tanto que en nuestro país se encuentran radicadas casi 300 empresas taiwanesas y las cuales son inversiones que generan empleos.

2. El programa de exención de visado permite a los ciudadanos de 37 países viajar a Estados Unidos por turismo o negocios para estancias de hasta 90 días o menos sin obtener un visado.

En 2015, con el requisito de visa tuvimos la visita de 6 mil turistas taiwaneses, de tal manera que eliminar el requisito de visa para los ciudadanos provenientes de Taiwán que visiten, México, sin duda potenciaría la relación bilateral comercial en un 50 por ciento y de acuerdo con estimaciones de las autoridades de Taiwán, el flujo de turistas se triplicaría generando así, el incremento de divisas para nuestro país.

3. En 1986 con el objeto de promover mejores relaciones con sus aliados, Estados Unidos implementó ésta medida eliminando barreras innecesarias a los viajes, estimulando relaciones turísticas, económicas, académicas y culturales

4. Implementar el Programa de Exención de Visado es una opción viable en materia económica para México, ya que las condiciones para un desarrollo en los diversos rubros son altamente potenciales y seguros para nuestro país.

5. El gobierno de Taiwán anualmente ofrece diversos programas en beneficio de los nacionales mexicanos, como lo son: beca de Taiwán, beca para estudiar chino mandarín, beca de estudios profesionales del ICDF y cursos para los estudiantes mexicanos destacados.

La Universidad Nacional de Taiwán, la Universidad Nacional Chengchi, la Universidad Tamkang y la Universidad Católica Fu Jen y un total de siete universidades, han firmado acuerdos con la Universidad Autónoma de México, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Iberoamericana y diversas instituciones, para que cada año se realicen intercambios de alumnos entre las diversas escuelas, para incentivar el estudio en el extranjero.

Además, se han intensificado los intercambios culturales entre México y Taiwán, como lo es en el Festival Internacional Cervantino y el Festival Internacional de Arte Folclórico de Zacatecas, donde Taiwán ha sido invitado a participar.

6. En el Programa de Exención de Visado hay requisitos de pasaporte y elegibilidad, ambos obligatorios, los viajeros elegibles podrán aun así solicitar visa de otro tipo dentro de territorio nacional, no siendo éstas necesarios en estancias de hasta 90 días, consideramos viable flexibilizar los requisitos para que los extranjeros provenientes de los países que integran la lista del Programa de Exención de Visado de los Estados Unidos puedan ingresar al país y así incrementar el intercambio cultural, económico y turístico impulsando el desarrollo mutuo, asimismo, y para que mediante las acciones y los mecanismos diplomáticos y legales conducentes, promuevan la supresión de visas a los mexicanos en cada una de aquellas naciones.

No podemos seguir dependiendo de las variables generadas por Estados Unidos ante los escenarios por venir de nuestro principal socio comercial, debemos asumir una postura de apertura en la que prevalezca una reciprocidad real con otras naciones.

7. Exentar del requisito de visa a los extranjeros provenientes de los 37 países que integran la lista del Programa de Exención de Visado de los Estados Unidos, el (ESTA) por sus siglas en inglés, es una opción posible, que lejos de afectar, fomentará y fortalecerá, altas inversiones extranjeras, generará la creación de cantidades importantes de fuentes de empleo, ya que siempre se ha distinguido México, por su política de diplomacia internacional y mejorar las relaciones de los pueblos.

8. El presente punto de acuerdo tiene como objetivo facilitar el fortalecimiento de las relaciones económicas, académicas y culturales entre México y los países que integran la lista del Programa de Exención de Visado, con la aplicación de este mecanismo el objetivo es eliminar cualquier barrera que impida el pleno crecimiento económico, cultural, educativo y tecnológico entre los países integrantes, ya que no solo detonaría la entrada de turistas, sino también a inversionistas, generando bienestar para los mexicanos.

Por lo expuesto y fundado, solicito de esta soberanía, la aprobación del siguiente

Punto de Acuerdo

Para ser discutido y en su caso aprobado en esta misma sesión, el cual resuelve:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional de Migración, para aplicar en México la lista del programa de exención de visado de Estados Unidos de América (ESTA), a los extranjeros provenientes de los países que la integran.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.

Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la revisión número 273, articulación de políticas públicas integrales de juventud, auditoría financiera y de cumplimiento, practicada al Imjuve por la ASF en la Cuenta Pública de 2016, a cargo del diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El que suscribe, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, diputado federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),1 en México la edad media de la población en el país es de 22 a 27 años, sin embargo, si profundizamos en los datos duros de la juventud en México estos no son halagadores.

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015,2 las cifras estadísticas en tema de juventud son reveladoras, como se muestra a continuación:

• En México, la población juvenil representa una cuarta parte de la población, es decir, en el país hay 30.6 millones de personas de entre 15 y 29 años de edad.

• De ellos, el 35.1 por ciento tiene entre 15 y 19 años de edad, 34.8 por ciento tiene de entre 20 a 24 años y 30.1 por ciento tiene de 25 a 29 años.

• 32.9 por ciento de la población joven cuenta con educación escolar.

• 10.1 millones de jóvenes asisten a la escuela actualmente.

• 16 millones de jóvenes de 15 a 29 años de edad son económicamente activos, pero 19.8 por ciento de jóvenes de 15 a 29 años no laboran por falta de experiencia.

• 63.5 por ciento de los jóvenes de 15 a 29 años son solteros, 15 por ciento están casados, 18.1 por ciento viven en unión libre y 3.4 por ciento están separados, divorciados o viudos.

• La proporción de nacimientos en madres adolescentes de 15 a 19 años aumentó de 18 por ciento a 19.2 por ciento de 2009 a 2014.

• 2.2 por ciento de los jóvenes de 15 a 29 años presentan alguna discapacidad.

Las anteriores cifras revelan que las áreas de atención que el gobierno actual había identificado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018,3 a esta fecha no han sido atendidas ni sus políticas públicas mejorado la calidad de vida de este grupo de la población, existiendo pendientes en educación, opciones laborales y participación social.

De esta manera, “La situación que enfrentan los jóvenes que no estudian, ni trabajan, y los que tienen instrucción baja se traduce en un mal aprovechamiento del ‘bono demográfico’ con el que cuenta México y, a su vez, se refleja en un capital humano con bajos niveles de productividad; menor crecimiento potencial de la economía; rezagos sociales; un ambiente con alta inseguridad, y altos índices de pobreza”,3 hechos que se identificaron en dicho PND 2013-2018, siguen sin ser atendidos.

Es importante destacar que el programa E016: “Generación y Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”,4 actualmente denominado “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”,5 se creó pensado en contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria donde existiera acceso irrestricto al bienestar social, mediante el fortalecimiento del acceso de las personas jóvenes a la educación, la participación social, el trabajo y la salud; sin embargo, no ha dado frutos, en otras palabras no ha sido efectivo.

Para profundizar en el tema, se consultó la revisión de auditoría número 273, de tipo de desempeño, denominada Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud,6 realizada al Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) por la Auditoría Superior de la Federación, misma que es parte integrante del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior Cuenta Pública 2016.

En dicha revisión se concluye que

• El programa presupuestario E016 “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud” se corresponde con la modalidad E “Prestación de Servicios”, mediante el cual el gobierno federal ofrece servicios en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general; no obstante, en 2016 el Imjuve, en lugar de brindar servicios directos a su población objetivo, otorgó subsidios, mediante las modalidades de concursos, becas y apoyo a proyectos para jóvenes, actividades que se corresponden con programas de clasificación S “Sujetos a Reglas de Operación” u “Otros Subsidios”. Al respecto, la ASF considera que la modalidad del programa debería ser P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”, en consistencia con el mandato del instituto establecido en el PEF y en la Ley del Imjuve.

• Asimismo, en las políticas de operación del programa no se establecieron objetivos, metas, estrategias, ni prioridades que permitieran identificar cómo se articularían las políticas públicas con las entidades de la administración pública federal, los estados o los municipios, y la forma en que se incidiría en el cumplimiento del fin último del programa, relacionado con el mejoramiento de la calidad de vida de las y los jóvenes, y su participación en el desarrollo nacional.

• Con la revisión de las políticas de operación del programa E016 Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud, de 2016, se observó que presentan deficiencias en su diseño, que no permiten orientar los resultados del programa al cumplimiento de sus objetivos

En consecuencia, la ASF observó diferencias entre el número de beneficiarios registrados en sus padrones de 2016 (858 jóvenes beneficiarios y 12 actores sociales) y el número de los que recibieron los apoyos en ese año (543 jóvenes beneficiarios y 136 actores sociales), lo que resta confiabilidad a la información de los jóvenes atendidos por el programa.

Cifras las anteriores poco significativas respecto de los 37 millones 504 mil 392 jóvenes de 12 a 29 años registrados en la Encuesta Intercensal 2015 emitida por el Inegi.

Asimismo, este máximo órgano fiscalizador determinó que el Imjuve al no realizar la supervisión y seguimiento físico de los apoyos otorgados por el programa en 2016, los cuales totalizaron a 247,942.7 miles de pesos, no acreditó que los subsidios del programa se otorgaran con criterios de transparencia, ni cumplió con la obligación de incorporar mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación, a fin de ajustar las modalidades de su operación o decidir sobre su cancelación, y procurar que fuera el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas programadas.

En resumen, la ASF nos da muestra que el Imjuve al administrar el programa presupuestario E016 “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”, no contribuyó a la construcción de una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas mediante acciones para fortalecer el acceso de las personas jóvenes a la educación, participación social, trabajo y salud ni facilitó su incorporación equitativa en los procesos de desarrollo.

Por lo expuesto, compañeros diputadas y diputados considero necesario exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social, para que de acuerdo con sus atribuciones, estime pertinente justificar, a la opinión pública, el hecho que el Instituto Mexicano de la Juventud operó en el 2016 el programa presupuestario E016 “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”, por 247,942.7 miles de pesos, otorgando subsidios, mediante las modalidades de concursos, becas y apoyo a proyectos para jóvenes, actividades que se corresponden con programas de clasificación S, “Sujetos a Reglas de Operación” u “Otros Subsidios”, y se alejó del objetivo de una modalidad E, “Prestación de Servicios”, en el cual se comprometería a ofrecer servicios en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la juventud, ni lo operó en una modalidad P “Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas” para este grupo de la sociedad mexicana, en consistencia con el mandato del instituto establecido en el PEF y en la Ley del Imjuve.

En virtud de lo aquí expuesto, pongo a consideración de ésta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público los avances de seguimiento y en su caso las aclaraciones a las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación en su revisión no. 273, de tipo de desempeño, denominada Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud, realizada al Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) por la Auditoría Superior de la Federación, misma que es parte integrante del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior Cuenta Pública 2016, garantizando así el derecho a la información que demandan los mexicanos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Social, para que de conformidad con sus atribuciones, estime pertinente justificar, a la opinión pública, la ejecución del programa presupuestario E016 “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud”, por 247,942.7 miles de pesos en el 2016, otorgando subsidios, vía las modalidades de concursos, becas y apoyo a proyectos para jóvenes, y no a través de servicios en forma directa, regular y continua, para satisfacer las demandas de la juventud, ni de acciones ligadas a la planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas en favor de este grupo de la población, en consistencia con el mandato del instituto establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para ese año y en la Ley del Imjuve.

Notas

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), disponible en http://www.inegi.org.mx/, consultado el 27 de febrero de 2018

2 Encuesta Intercensal 2015 – Inegi, disponible

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especi ales/intercensal/, consultada el 27 de febrero de 2018.

3 Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, disponible en http://pnd.gob.mx/, consultado el 27 de febrero de 2018.

4 E016: Generación y Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud, disponible en

http://www.imjuventud.gob.mx./imgs/uploads/Politicas_de_ Operacion_E016_Imjuve.pdf, consultado el 27 de febrero de 2018.

5 E016 Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud, disponible en

http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/POE0162017_VF6 .pdf, consultado el 27 de febrero de 2018.

6 Auditoría no. 273, de tipo de desempeño, denominada Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud, realizada al Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) por la Auditoría Superior de la Federación – CP 2016, disponible en h

ttp://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias/ 2016_0273_a.pdf, consultada el 27 de febrero de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2018.

Diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal a realizar diversas acciones respecto al tumor del estroma gastrointestinal, a cargo del diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito, Elías Octavio Íñiguez Mejía, diputado a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión por el estado de Jalisco e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, numeral I, fracción I; y 79, numeral I, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Las enfermedades raras, son aquellas que tienen muy baja incidencia en una población determinada. Dependiendo de la región del mundo se han adoptado distintos umbrales. Por ejemplo, en la Declaración Yukiwariso, producto de la Conferencia Internacional sobre Enfermedades Raras y Drogas Huérfanas, se afirma que para Europa el umbral es una incidencia de un caso por 2 mil habitantes, o que afecte a menos de 200 mil personas en los Estados Unidos de América. En el mismo documento se habla de que se han identificado bajo esos parámetros, entre 6 mil y 8 mil enfermedades.

El hecho de que estos padecimientos afecten a una proporción pequeña de la población no significa que no puedan tener efectos devastadores en la salud de las personas. Los avances científicos y tecnológicos han permitido identificar con más precisión un conjunto de enfermedades que pueden definirse cada una como una entidad nosológica particular. El estar en condición de identificarlas y clasificarlas permite en un segundo momento estudiar sus causas, y en algunos casos, establecer los tratamientos necesarios para la atención de los pacientes.

Una consecuencia de que sean enfermedades con una incidencia reducida en la población, es que las economías de escala que se requieren para la elaboración de medicamentos no aplica en esos casos, y entonces cuando existen productos para su atención tienden a ser muy onerosos. Ello limita las oportunidades de ser adquiridos por los sistemas públicos de salud y también por las personas en lo individual.

Es entendible que las decisiones que implican distribuir recursos siempre escasos entre una gran cantidad de necesidades están sujetas a muchos criterios. Uno de ellos es tratar de beneficiar al mayor número de personas, al atender aquellas enfermedades que son más comunes en la población. Sin embargo, es un imperativo ético desde la perspectiva del derecho a la salud, el proveer lo necesario para una adecuada atención de cualquier padecimiento que, de no enfrentarse, impide el desarrollo pleno de las personas e incluso pueda provocar su muerte.

En nuestro país, la fragmentación de los sistemas públicos de salud (Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Seguro Popular, Petróleos Mexicanos, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas) también impide identificar y tratar los padecimientos raros o huérfanos, y es un factor adicional que limita la generación de ahorros en la atención de los pacientes que sufren alguna de estas enfermedades.

Otra consecuencia de las enfermedades raras es la dificultad para los pacientes de obtener diagnósticos precisos de forma ágil, principalmente porque los profesionales de la salud no conocen los signos y síntomas asociados a estas dolencias y además el proceso para alcanzar un diagnóstico requiere enfocarse primero en las enfermedades más comunes. La dilación en el proceso de diagnóstico y en la aplicación de un tratamiento adecuado puede llevar al paciente a condiciones más graves en un corto periodo de tiempo.

La investigación médica que permita el desarrollo de pruebas de diagnóstico, control de síntomas y en su caso curación de estas enfermedades también se dificulta, al no existir incentivos para las áreas de investigación que permitan dirigir recursos materiales, humanos y financieros al estudio de estas enfermedades.

El cáncer si bien por sus características se puede clasificar como una enfermedad, también pueden ser considerados sus diversos tipos como padecimientos distintos. Depende el tipo de célula que lo desarrolla, el tipo de tumor que genera, si se expande o no, etcétera. Uno de los tipos de cáncer que en nuestro país y a nivel internacional se considera raro es el denominado tumor del estroma gastrointestinal, conocido como GIST por sus siglas en inglés (gastrointestinal stromal tumor ).

De acuerdo a información de la Sociedad Americana del Cáncer, este tumor se forma en las células de la pared del tracto digestivo que es el encargado de transformar los alimentos en energía y desechar los sólidos del organismo. Los tumores empiezan a formarse en las células intersticiales de Cajal que forman parte del sistema nervioso autónomo, y cuya función es marcar el ritmo a los músculos del tracto digestivo para contraerse y mover el alimento y los líquidos. De acuerdo a la misma fuente, la mitad de los tumores inician en el estómago y la mayor parte del resto en el intestino delgado, aunque puede iniciar en cualquier parte del tracto digestivo. Si bien la causa de todos los casos no se puede determinar con precisión, se ha identificado que cambios en dos genes durante el transcurso de la vida son causantes de la mayor parte de los tumores. Al ser mutaciones en el ácido desoxirribonucleico (ADN) no hereditarias se les conoce como “adquiridas” o “esporádicas”.

La mayoría de los pacientes con GIST presentan una mutación en el gen KIT (proto-oncogen receptor de la tirosina quinasa) localizado en el brazo largo del cromosoma 4, cuya función es codificar una proteína para el crecimiento y división celular. Este gen se encuentra inactivo en las células intersticiales de Cajal, pero cuando la mutación lo activa permanentemente provoca el crecimiento de éstas. Un segundo gen es conocido como PDGFRA (receptor alfa de factor de crecimiento derivado de plaquetas) que codifica una proteína con el mismo nombre, la cual tiene la misma función que la proteína que codifica KIT y se encuentra también en el brazo largo del cromosoma 4.

De acuerdo a información que ofrece la Fundación GIST de nuestro país, este padecimiento tiene una incidencia de entre 10 a 20 personas por cada millón de habitantes al año, por lo que hay al menos 2 mil nuevos pacientes anualmente. Este tumor puede aparecer a cualquier edad, sin importar región geográfica, nivel de ingreso o estilo de vida, y en caso de no ser correctamente diagnosticado y tratado en etapas tempranas es mortal.

Por lo general no provoca síntomas cuando es pequeño, aunque al crecer, el paciente puede mostrar dolor abdominal, hemorragia gastrointestinal, anemia, anorexia, pérdida de peso, fatiga y en ocasiones sangrado intraperitoneal. La información disponible apunta a que el primer tratamiento para pacientes con este tumor localizado es la cirugía, así como el tratamiento con imatinib que es un medicamento de terapia molecular blanco que tiene efectos colaterales reducidos y permite elevar la calidad de vida de los pacientes.

No obstante, el tratamiento sólo está disponible para las personas derechohabientes de algún tipo de seguridad social, dejando de lado a población abierta y a los inscritos en el Seguro Popular, que en términos generales representan la mitad de la población. Actualmente, hay medicamentos genéricos que permiten tratar esta enfermedad lo que reduce el costo financiero de su atención, por lo que su incorporación en las intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos no representa una carga presupuestal excesiva.

En nuestro país, la Fundación GIST ha llevado a cabo acciones para combatir esta enfermedad. Algunas de ellas son: ofrecer orientación y acompañar a pacientes y familiares; la capacitación a personal médico para mejorar la identificación y diagnóstico de estos casos; enviaron ya una solicitud al Consejo de Salubridad General para incluir el padecimiento en las intervenciones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. En este sentido debemos reconocer a esta organización y también a todas aquellas cuya misión es el cuidado de la salud de las personas que se encuentra comprometida por cualquier otro padecimiento.

México enfrentará diversos retos en materia de salud en los próximos lustros: el cambio en la pirámide poblacional, el aumento en la esperanza de vida, el surgimiento de enfermedades nuevas, el resurgimiento de aquellas que de forma prematura consideramos controladas, son en sí mismos desafíos enormes para la sociedad y el gobierno. Pero no por ello debemos dejar de lado la atención de enfermedades raras, recordemos que la investigación médica no siempre arroja resultados positivos en el corto plazo, pero que un solo éxito puede permitirnos mejorar las condiciones y la esperanza de vida de generaciones.

Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta al Consejo de Salubridad General y a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, para que en el ámbito de sus competencias actualicen los protocolos técnicos con la finalidad de incluir la intervención para el tratamiento del tumor del estroma gastrointestinal en el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud.

Segundo . La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Protección Social en Salud a destinar recursos presupuestales a la intervención para el tratamiento del tumor del estroma gastrointestinal del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Sistema de Protección Social en Salud.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2018.

Diputado Elías Octavio Íñiguez Mejía (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a cumplir los acuerdos de 2016 para dotar de granos básicos, maíz, frijol, arroz y sal, a las familias damnificadas de La Montaña, Guerrero, por la tormenta Manuel y el huracán Íngrid en septiembre de 2013, suscrita por los diputados Araceli Damián González, Ernestina Godoy Ramos y Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena

Los suscritos, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera . Que el 22 de septiembre de 2013 se fundó en la comunidad de La Ciénega, municipio de Malinaltepec, el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (CCDM) de Guerrero con la finalidad de buscar apoyo gubernamental ante la devastación provocada por la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, ocurridos ese mismo mes de septiembre. La devastación provocada por los fenómenos naturales destruyó cultivos de maíz, frijol, calabaza, café, plátano, provocó la muerte de animales, además de que familias quedaron sin viviendas y hubo afectaciones graves a caminos, puentes, centros de salud, escuelas, etcétera.

Segunda. Que, en atención a esa circunstancia, el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), representada en ese entonces por la licenciada Rosario Robles Berlanga, asumió el compromiso de subsidiar la dotación de granos básicos (maíz, frijol, arroz y sal) para 16 mil familias indígenas damnificadas de 13 municipios de la región más pobre del país: la Montaña Alta de Guerrero.

Tercera. Que el compromiso contraído por el gobierno federal fue dotar de granos básicos por un año a las 16 mil familias damnificadas, lo cual quedó plasmado por escrito. Sin embargo, sólo se hicieron seis entregas, correspondientes a los meses de febrero a julio de 2014. Las entregas fueron realizadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el gobierno del estado de Guerrero, por la intervención de la licenciada Rosario Robles, titular de Sedesol federal, quedando pendiente las otras seis.

Cuarta. Que el 7 de junio de 2016 se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob), el licenciado Luis Enrique Miranda Nava, subsecretario de Gobierno, así como representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la CDI, contando con la presencia del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, AC e integrantes de 45 comunidades indígenas de 13 municipios de la región de la Montaña que conforman el CCDM, con la finalidad de darle continuidad a los compromisos verbales contraídos con anterioridad.

Quinta . Al final de la reunión, el subsecretario de Gobierno de la Segob se comprometió a conseguir 122 millones de pesos para subsidiar la entrega de granos básicos por los seis meses faltantes y propuso que para el mes de noviembre de 2016 se reunirían nuevamente para analizar los avances del Programa Emergente1 en la segunda etapa de implementación.

Sexta. Que aún falta dar cabal cumplimiento del compromiso contraído por Segob, Sedesol, CDI y Diconsa, así como con Casa Guerrero sobre el suministro de granos básicos que se pactaron de origen2 , que representan 300 kilos de maíz, 60 kilos de frijol, 60 kilos de arroz, así como los tres kilos de sal para cada una de las 16 mil familias indígenas damnificadas de la montaña.

Séptima. Que, ante la falta de cumplimiento de los acuerdos, la CCDM ha recurrido a organizaciones de la sociedad civil para la donación de granos básicos (como lo hiciera la actriz Ofelia Medina al entregar 11 toneladas de maíz a decenas de mujeres y hombres tu un savi (mixtecos) del poblado de Valle Hermoso, el pasado mes de febrero), además de bloquear la carretera federal de Tlapa a Chilpancingo y a Puebla, para exigir la entrega de maíz, frijol, arroz, viviendas y la destitución del delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Lenin Carbajal Cabrera.

A la fecha, las diferentes instancias federales no han dado respuesta para la entrega de los granos básicos y dar el cumplimiento a lo pactado.

Octava. La CCDM requiere, además de que se lleve a cabo la entrega de granos correspondiente a la segunda etapa del acuerdo, se instalen mesas de trabajo con Secretaría de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial (Sedatu), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Sedesol federal, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para revisar los temas de viviendas, escuelas, puentes, caminos, centros de salud, cultivos, etcétera.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Exhortar a los titulares de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; de la Secretaría de Desarrollo Social, Eviel Pérez Magaña; de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Roberto Serrano Altamirano y de Diconsa, SA de CV, Héctor Velasco Monroy, para que den cabal cumplimiento a los acuerdos contraídos en 2016 para la dotación de granos básicos (maíz, frijol, arroz y sal) a las familias damnificadas de la montaña de Guerrero por la tormenta Manuel y el huracán Ingrid en septiembre de 2013.

Segundo. Exhortar a las instituciones involucradas a que lleven a cabo la segunda etapa pendiente, esto es, la entrega de estos insumos por los seis meses subsecuentes (correspondiente al año 2016), así como a la instalación de mesas de trabajo con Sedatu, SCT, Sedesol federal, Sagarpa para revisar los temas de vivienda, escuelas, puentes, caminos, centros de salud, cultivos, etcétera.

Notas

1 CCDM, Ficha Técnica para la Secretaria de Desarrollo Social. Crónica del desarrollo de las mesas de trabajo entre Segob, CDI, gobernador de, CNDH, Serapaz, Tlachinollan y el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña de Guerrero (CCDM)

2 Ibíd. pág. 3.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2018.

Diputados: Araceli Damián González (rúbrica), Ernestina Godoy Ramos, Roberto Guzmán Jacobo.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Sagarpa, la Semar y la Conapesca a fortalecer las acciones para combatir la pesca ilegal en todo el territorio nacional, a cargo de la diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, integrante de la LXIII Legislatura en la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y párrafo segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los Titulares de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaria de Marina (Semar) Y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), a fortalecer las acciones para combatir la pesca ilegal en todo el territorio nacional, con base en las siguientes:

Consideraciones

Nuestro país cuenta con uno de los litorales más grandes del mundo, ya que tiene más de 11 mil kilómetros de costas, lo cual, lo vuelve uno de las principales potencias en materia pesquera.

Sin embargo, según datos del “Reporte de la Producción Global de Captura 2015” elaborado por la Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), México se ubica lugar número 17 a nivel internacional respecto a capturas de especies marinas.1

FAO Global Capture Production database updated to 2015

De la tabla anterior, se observa que a comparación de México, Perú tiene una producción pesquera mayor, a pesar de que nuestro país lo supera cuatro veces en cuanto a territorio de litorales.

En el mismo sentido, nuestro país agrega muy poco valor al sector pesquero, ya que mientras que en el mundo se agregan 3 dólares por cada dólar que se extrae del mar, en México solo se agregan 60 centavos.2

Aunado a lo anterior, un estudio de organizaciones de la sociedad entre las que destaca IMCO, reportan que en los últimos diez años la actividad pesquera ha ido perdiendo competitividad, ya que a pesar de que se logró agregar nuevas especies con potencial de desarrollo a la Carta Nacional Pesquera y existen más pesquerías a su máxima capacidad e incluso sobreexplotadas, no se ha producido un crecimiento del sector, ni se ha aumentado el valor del mismo, lo cual es preocupante, ya que según el boletín del 29 de noviembre de 2017 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), se estima que de esta actividad dependen “más de 300 mil hombres y mujeres”.3

Además, de los datos reportados en el “Anuario Estadístico de Pesca 2014”, elaborado por la Sagarpa, se puede observar que la mayoría de los productos del mar, difieren del lugar en el que se encuentran posicionados según su volumen de producción al lugar se ubican por su valor,4 lo cual es un referente del estancamiento mencionado.

Como ejemplo me permito acompañar la siguiente tabla:

Sumado a todo lo anterior, existe otra amenaza que aqueja al sector pesquero y es la denominada pesca ilegal o irregular, que se define como las actividades pesqueras realizan en contravención de las disposiciones legales y administrativas aplicables.

Entre los principales impactos que ocasiona esta actividad ilegal se encuentran: el incremento de la tasa de mortalidad de algunas especies marinas por la sobrepesca, impactos ecológicos por pesca en zonas restringidas y con artes de pesca prohibidas, captura de especies prohibidas o en etapas de vida vulnerables, conflictos entre pescadores regulares e irregulares, así como impacto en los precios, debido a que el ingreso al mercado de los productos ilegales, reduce el precio del producto legal.

Aunado lo anterior, a la par de la pesca ilegal se desarrollan otras actividades como el tráfico de drogas, armas y personas, por lo que la comunidad internacional ha puesto la mira en este tipo de acciones irregulares.

Es por ello, que como resultado de los esfuerzos por combatir esta situación más de 170 países Miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) aprobaron el Código de Conducta para la Pesca Responsable en 1995 y en el año de 2001, después de más de dos años de grandes esfuerzos se logró la expedición de un Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (PAI-INDNR) con el fin de afrontar este problema.

En México, no existen datos confiables acerca de lo los costos que esta práctica ilegal representa, una consulta a expertos realizada por la IMCO sugiere que la pesca irregular se encuentra entre el 30% y 60% de la pesca total, dependiendo de la especie marina.

Como consecuencia de todo lo anterior, solicito a esta soberanía exhortar a las autoridades competentes a fortalecer las acciones tendientes a disminuir y erradicar la pesca ilegal, ya que no solo daña la economía de miles de familias que dependen de la actividad pesquera, pone en peligro a especies como la vaquita marina y la totoaba, y contribuye al desarrollo de otros delitos como el tráfico de armas, personas y drogas.

Por todo lo anterior, propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a los Titulares de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Secretaria de Marina (Semar) y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), a fortalecer las acciones para combatir la pesca ilegal en todo el territorio nacional,

Notas

1 FAO Global Capture Production database updated to 2015. Summary information. Fisheries and Aquaculture Department

http://www.fao.org/3/a-br186e.pdf

2 Dyck, A. J., & Sumaila, U. R. (2010). Economic impact of ocean fish populations in the global fishery. Journal of Bioeconomic.

3 http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/sonora/boletines/Paginas/2017B00 0113.aspx

4http://www.conapesca.gob.mx/work/sites/cona/dgppe/2014/ ANUARIO_ESTADISTICO_DE_ACUACULTURA_Y_PESCA_2014.pdf

Dado en el Palacio de San Lázaro, a 13 de marzo de 2018.

Diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al suministro de agua potable en la Ciudad de México y el ilegal cierre de válvulas en las delegaciones, suscrita por los diputados Héctor Barrera Marmolejo y Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del PAN

Los suscritos, diputados federales Héctor Barrera Marmolejo y Santiago Taboada Cortina, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 3, fracción XX; 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, todos ellos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares de la Comisión Nacional del Agua, maestro Roberto Ramírez de la Parra, y del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, ingeniero Ramón Aguirre Díaz, para que tomen todas las medidas necesarias a fin de evitar el corte al suministro de agua potable a la red de distribución de la Ciudad de México y la restauración inmediata e ininterrumpida del servicio. Así como al titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, licenciado Edmundo Porfirio Garrido Osorio para que se realicen las indagatorias penales en contra de quien resulte responsable, por el ilegal cierre de las válvulas de suministro de agua potable en las delegaciones de la capital del país y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, licenciado Hiram Almeida Estrada para que destine elementos suficientes, para el resguardo de las instalaciones del Sacmex en las dieciséis demarcaciones territoriales, al tenor de los siguientes

Antecedentes

1. El pasado martes 6 de marzo del año 2018, diversos medios informativos1 señalaron en sus portales electrónicos2 que se detectaron interrupciones en el suministro de agua potable en diversas delegaciones de la Ciudad de México, entre ellas la delegación Coyoacán, Benito Juárez, Iztacalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa,3 siendo esta una de las más afectadas.4

2. Con fecha 6 de marzo, en mi calidad de Legislador y representante del distrito 24 federal enclavado en la Delegación Coyoacán, recibí en mis oficinas a un grupo de vecinos quienes me hicieron patente que se han visto seriamente afectados por el reiterado corte al suministro de agua potable en sus hogares.

3. Con fecha 7 de marzo, el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), el Ingeniero Ramón Aguirre Díaz, informó que se detectaron 50 puntos donde se detectaron cierres irregulares de válvulas y exclusas de los ductos de agua potable, afectaciones que se percibe a todas luces, se realizaron de manera intencional, con la finalidad de causar un daño a la población y que afectan el suministro del líquido en al menos seis delegaciones.5

4. Con esta misma fecha, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Doctor Miguel Ángel Mancera ofreció una rueda de prensa señalando que las diversas afectaciones a la red de agua potable de la capital, son acciones concretas, con fines desestabilizadores, y notoriamente encaminados a generar una errada percepción de la ciudadanía, para generar daños políticos6 en el contexto del proceso electoral de los próximos meses.

Consideraciones

El artículo 4to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su párrafo sexto que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”7

El acceso y disposición de agua para consumo es una garantía constitucional en favor del gobernado, la cual debe ser velada y observada por las autoridades competentes, con las máximas diligencias para su cabal cumplimiento.

De ser demostrado el dicho de las autoridades capitalinas, que existen personas movidas por intereses político-electorales, que violentan e impiden con sus actos el normal acceso al suministro constante de agua potable a los habitantes de la Ciudad de México, en lo particular a los habitantes de las delegaciones de Coyoacán, Benito Juárez, Iztacalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa, nos encontramos ante una situación que no solo raya en la infracción administrativa o acciones susceptibles de ser sancionadas penalmente, sino en actos violatorios de garantías constitucionales, los cuales deben ser acotados y sancionados con todo el peso de la ley y en el marco de las atribuciones legales de las instancias exhortadas.

Para el caso es necesario señalar que el agua es un bien de dominio público federal, tal y como se estatuye en artículo 14 Bis, fracción I, de la Ley de Aguas Nacionales que a la letra reza: “El agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional;”8

Esto es así, toda vez que el acceso al agua es un derecho humano inherente a la satisfacción de las necesidades básicas de subsistencia, y al bienestar de la población, reconocido en sendos tratados internacionales y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.9

La problemática que se observa no es menor y como legisladores del Grupo Parlamentario del PAN, estamos plenamente convencidos, que las instituciones del Estado deberán ejercer todas las medidas necesarias, tendientes a lograr el suministro ininterrumpido del agua a los más de 8.9 millones10 de habitantes de esta megalópolis.

Como legislador, y derivado de las múltiples denuncias ciudadanas, es preocupante saber que las afectaciones e interrupciones en el sistema de suministro de agua potable de La Ciudad de México, se deba a actos intencionados, por personas que tienen el interés de dañar a la población, por razones “al parecer” de índole político, en el marco del próximo proceso electoral; interrupciones al servicio de distribución de agua potable, que constantemente se observan en diversas delegaciones, siendo la delegación Iztapalapa una de las más afectadas,.

Las especulaciones no faltan, del porque y para que de este ataque reiterado y sistemático al servicio de distribución de agua potable, es aquí donde las autoridades penales deben tener participación, siendo por ello que solicitamos la intervención de la PGJCDMX y hacemos un atento llamado a su titular, para que en cumplimiento a las facultades que le establece el artículo tercero del Código de Procedimientos Penales, fracción primera, la cual señala que le corresponde al Ministerio Publico: “Dirigir a la Policía Judicial en la investigación que ésta haga para comprobar el cuerpo del delito ordenándole la práctica de las diligencias que, a su juicio, estime necesarias para cumplir debidamente con su cometido, o practicando el mismo aquellas diligencias;”11 por la probable comisión de los delitos de Negación del servicio público, “Artículo 270. Se impondrá prisión de dos a ocho años, al servidor público que: I. Indebidamente niegue, retarde u obstaculice el auxilio o la protección o el servicio que tenga obligación de otorgar”.12

O por el delito de sabotaje reconocido en el Capítulo III del Título Vigésimo Séptimo Delitos Contra la Seguridad de las Instituciones del Distrito Federal que señala: “ARTÍCULO 363. Se impondrán de cinco a quince años de prisión , y suspensión de derechos políticos de uno a siete años, al que con el fin de trastornar la vida económica, política, social o cultural del Distrito Federal o para alterar la capacidad del Gobierno para asegurar el orden público:” fracción tercera: “Entorpezca ilícitamente servicios públicos ;”13

Desde esta soberanía hacemos un respetuoso, pero enérgico llamado a las autoridades exhortadas, para que se salvaguarde la garantía constitucional del acceso y disposición del agua a los habitantes de la Ciudad de México, hombres, mujeres, niños y niñas que aquí habitamos, garantía constitucional reconocida en el artículo 4to de nuestra Carta Magna.

Ante la problemática expuesta y señalando que se deben realizar los actos para garantizar el servicio ininterrumpido del suministro de agua potable en las dieciséis demarcaciones de la Ciudad de México, solicito lo siguiente:

Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a los titulares de la Conagua y al Sacmex, para que en el marco de sus atribuciones realicen todas las medidas necesarias y tendientes a fin de evitar cortes ilegales al suministro de agua potable en la red de distribución de la Ciudad de México y la restauración inmediata e ininterrumpida del servicio.

Segundo. Al titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, para que se inicien las indagatorias penales en contra de quien resulte responsable, por los delitos que correspondan, relacionados con el ilegal cierre de las válvulas de suministro de agua potable en las delegaciones de la capital del país y

Tercero. Al titular de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para que destine elementos suficientes, para el correcto resguardo de las instalaciones del Sacmex en las dieciséis demarcaciones territoriales y evitar con ello, la interrupción del servicio.

Cuarto. Al titular de la Secretaría de Gobernación Federal, a efecto de que se analice jurídicamente, si nos encontramos ante situaciones y acciones que puedan ser encuadrados, como actos en contra de la Seguridad Nacional como lo establece el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional “Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución, los tratados internacionales y los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes.”14 y en su caso derivado de sus atribuciones de coordinación, establecidas en los artículos 5 y 6 de la misma norma, destine fuerzas federales para garantizar la continuidad de la prestación del servicio de distribución de agua potable en beneficio de la población de la Ciudad de México, territorio integrante de la Federación y sede de los poderes federales.

Notas

1 https://www.xataka.com.mx/otros-1/ya-detectaron-el-origen-de-la-falta-d e-agua-en-ciudad-de-mexico-alguien-esta-cerrando-las-valvulas-sin-avisa r?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=botoneramo bile

2 http://www.elgrafico.mx/al-dia/07-03-2018/falta-de-agua-en-la-ciudad-de -mexico-por-cierre-de-valvulas

3 http://www.elgrafico.mx/al-dia/07-03-2018/falta-de-agua-en-la-ciudad-de -mexico-por-cierre-de-valvulas

4 Según el titular de Sacmex afirmó que este problema se ha presentado con mayor frecuencia en las delegaciones Iztacalco, Venustiano Carranza, Coyoacán, Azcapotzalco, Iztapalapa y Benito Juárez.

5 https://www.reporteindigo.com/reporte/sacmex-ubica-cierre-intencional-5 0-valvulas-agua-morena-se-cura-en-salud/

6 http://wradio.com.mx/radio/2018/03/07/nacional/1520446269_265627.html

7 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

8 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/16_240316.pdf

9 http://appweb.cndh.org.mx/DerechoAgua/

10 http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/

11 http://www.aldf.gob.mx/archivo-72f5a70c1aea7d6491dca24e12fd1fa8.pdf

12 http://www.aldf.gob.mx/archivo-21599f6673552b084ee03e147d9ab3ab.pdf

13 Ídem.

14 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSegNac.pdf

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 13 días del mes de marzo del año 2018.

Diputados: Santiago Taboada Cortina, Héctor Barrera Marmolejo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de las irregularidades relacionadas con la construcción de tres hospitales públicos en Guanajuato, Sonora y Querétaro, así como a las supuestas omisiones cometidas en el IMSS durante la gestión del maestro Mikel Arriola Peñalosa en el modelo de edificación de nosocomios de la institución, suscrita por los diputados Araceli Damián González y Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González y Vidal Llerenas Morales, en nuestra calidad de diputados federales de la LXIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79, del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

Primera. El pasado 20 de febrero del 2018, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior de la Federación entregó formalmente a la Cámara de Diputados, para su revisión, los resultados del Informe de la Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente el año 2016. Se trata de un material fundamental para la función legislativa de control gubernamental, al identificar, con carácter anual, las irregularidades cometidas en el ejercicio del gasto por el conjunto de dependencias de la administración federal. A los legisladores esto nos permite fortalecer y encauzar la rendición de cuentas, así como promover los cambios y modificaciones legislativas que se consideren pertinentes como resultado de las observaciones de la fiscalización.

Segunda. El artículo 4 de la Constitución Política reconoce el derecho de todos los mexicanos y mexicanas a la salud. Ello se traduce, de forma clara, en un mandato al estado para garantizar y fortalecer la infraestructura hospitalaria existente en toda la geografía nacional. En ese aspecto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que reporta tener más de 60 millones de derechohabientes, se erige como una institución cardinal. Los servicios de sanitarios que presta el IMSS constituyen la vertiente más determinante y con mayor impacto en concreción del derecho a la salud en México. En el citado último informe de fiscalización, la ASF identifica graves irregularidades en la construcción de tres hospitales públicos del IMSS, lo cual afecta de forma directa a la satisfacción del derecho humano a la salud de miles de ciudadanos. Los centros en cuyas construcciones se han detectado diversas inconsistencias o desvíos son el Hospital General de Zona de 144 camas en Nogales, Sonora; el Hospital Regional de 250 camas en León, Estado de Guanajuato; y el Hospital Regional de 260 camas del Municipio del Marqués, en el Estado de Querétaro. En los tres casos, con alcances y señalamientos diferenciados, la ASF ha señalado irregularidades que se encuentran pendientes de solventación.

Tercera. En el proceso de fiscalización del hospital general regional de 260 camas en el municipio de El Marqués, en el estado de Querétaro , la ASF identificó irregularidades en el desarrollo de los trabajos, ya que “se observaron fisuras y presencia de humedad en las losas de concreto, deficiencias en los acabados del colado de muros de concreto aparente, y en las columnas de concreto”.1 Por ello, la ASF solicita el resarcimiento de los importes erogados por trabajos que se identificaron de mala calidad. En el mismo proyecto, el IMSS autorizó un pago por obra no ejecutada de 1.2 millones de pesos con documentación comprobatoria inexistente o defectuosa. En la misma línea, el IMSS autorizó un pago anticipado por más de 2.3 millones de pesos para la ejecución de la obra “Plazas y Patio de Maniobras” del hospital, sin que exista acreditación documental de la realización de dichos trabajos. Otras irregularidades se refieren a pagos por más de 6 millones de pesos en obras “ejecutadas con un proceso de construcción que difiere al recomendado por el fabricante, en el contrato de obra pública”.2

En el mismo proyecto de construcción hospitalaria se contrataron los servicios de un “Especialista en Seguridad e Higiene”, mientras que la ASF acreditó que no se cumplió con la actividad que tenía encomendada, “ya que el personal que labora por parte de la contratista no cuenta con el equipo de protección necesario para la realización de los trabajos”. Empero, una de las irregularidades más graves y con potenciales impactos sociales más preocupantes es, precisamente, que

“El Instituto Mexicano del Seguro Social , por conducto de su residencia de obra, no vigiló ni controló el desarrollo de los trabajos, lo que trajo como consecuencia que se autorizaran pagos a las contratistas sin contar con el soporte documental de la ejecución de la obra, trabajos deficientes o de mala calidad y atrasos en las actividades programadas con las actividades ejecutadas”.3

Por último, se señala que en el proyecto se pagaron 10.2 millones de pesos sin verificar la existencia de diferencias entre lo pagado y lo realmente ejecutado por la contratista.

Cuarta. La construcción del hospital general de zona de 144 camas en Nogales, Sonora , tenía el propósito de brindar servicios médicos a derechohabientes de zonas colindantes durante su primer año de operación en 2017. Señala la ASF que el plazo inicialmente pactado para la entrega de los trabajos de construcción se reprogramó para el 28 de noviembre del 2016. Sin embargo, inclusive “al 3 de marzo de 2017, fecha de la visita efectuada a la obra, los trabajos objeto del contrato se encontraban en proceso de ejecución”4 Por tanto, nos encontramos ante un grave incumplimiento contractual que ha generado un significativo atraso en la apertura de un nuevo hospital, imprescindible para garantizar el derecho a la salud de miles de ciudadanos.

La ASF señala que ni previamente a la licitación, ni durante la fase de ejecución de la obra se contó con un proyecto, lo cual es perceptivo para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos y que éstos se ajusten a las metas y plazos establecidos, evitando interrupciones o desvíos. Por otro lado, aunque el IMSS señaló que el proyecto no contaba con impacto ambiental,

“El director general de Gestión Forestal y de Suelos , dependiente de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, determinó que el terreno (en el que se estaba construyendo el hospital) estaba considerado como reserva forestal , lo que motivó la necesidad de elaborar la Manifestación de Impacto Ambiental afectando las obras de construcción al tener la necesidad de suspender temporal y parcialmente los trabajos ”5

Con base en lo anterior, la Semarnat suspendió temporalmente la ejecución de un amplio porcentaje de las obras de construcción del hospital. Lo anterior, producto de la deficiente e irresponsable planeación del IMSS, genera un grave daño a los derechohabientes que no podrán disfrutar a tiempo de las instalaciones del hospital en mención. La fecha inicialmente pactada para la conclusión de los trabajos fue el 26 de marzo del 2016. Como resultado de las suspensiones impuestas y de otras prorrogas acordadas por el IMSS, se propuso una nueva fecha de terminación de la obra; el 28 de noviembre del 2016. Tampoco se cumplió con la fecha de terminación de esta segunda fecha varias veces pospuesta; en mayo del 2017, los trabajos continuaban en ejecución. Por lo anterior, según la ASF, el proyecto incumplió de forma clara sus metas relacionadas con los siguientes aspectos:

“Mejoras en la calidad de vida de la población en la zona urbana y rural del municipio; mayor cobertura de nivel de atención de derechohabientes; aumento de la capacidad de los servicios de salud en la zona de influencia; incremento de la calidad, equidad y accesibilidad de los servicios de atención a la salud; atención médica integral, identificando oportunamente los factores de riesgo para la salud mediante acciones preventivas a cada individuo; restructuración de los servicios de atención a la salud para que respondan a las necesidades y expectativas de la población protegida; y disponibilidad de instalaciones adecuadas para proporcionar atención médica y mejorar la imagen institucional”.6

Otra de las irregularidades identificadas en el proyecto hospitalario en mención fue el pago de más de 950 mil pesos por la contratación e instalación de 80 colectores solares, de los cuales sólo se emplazaron 42 de ellos. En el mismo sentido, se pagaron más de 3 millones de pesos por la impermeabilización del edificio, mientras que la ASF acreditó que “el área donde se localiza el puente de instalaciones, no está impermeabilizada; adicionalmente, se observaron desprendimientos de la capa impermeabilizante en varias zonas de la azotea del área de Seguridad en el Trabajo, Departamento de Apoyo Administrativo con Servicios Generales y Comedor de Personal”.7 Otras graves inconsistencias en los procesos de construcción o en la adquisición de equipos médicos o de telefonía han sido acreditadas por el mismo informe de fiscalización.

Por otro lado, la entidad fiscalizada, el IMSS, no ha acreditado la aplicación de las penas correspondientes por los significativos atrasos en la entrega de las obras. Esto último, articulado mediante la aprobación por parte del IMSS de la extensión de los plazos acordados, contraviene las normas legales y contractuales vigentes durante la ejecución del proyecto, generando un relevante perjuicio a los ciudadanos que no pueden disfrutar del hospital en el momento inicialmente programado. En síntesis, la ASF es contundente con este proyecto plagado de irregularidades:

“Se observó que no se contó con el proyecto de la obra previamente a la licitación, ni durante la ejecución; no se tramitó el cambio de uso de suelo ni la Manifestación de Impacto Ambiental con antelación al inicio de los trabajos; se ejecutaron trabajos dentro del periodo de una suspensión parcial; no se ha cumplido con las metas y objetivos planteados; se celebró un convenio sin que éste sea procedente por el tipo de contrato; se ha prorrogado la terminación de los trabajos en 410 días, sin que esto sea procedente para este tipo de contrato; se realizaron pagos improcedentes, debido a actividades de obra no realizadas; se pagaron trabajos de mala calidad, y se suministró equipo de una marca diferente a la especificada”.8

Quinta. Irregularidades igualmente graves han sido detectadas en la fiscalización del proyecto de construcción del hospital general regional de 250 camas en León, en el estado de Guanajuato . El contrato de obra pública, adjudicado mediante licitación, involucraría 779 millones de pesos, debiendo terminar de construirse en diciembre de 2015. Una vez vencido ese plazo, se registró, según la ASF, un avance de 65 por ciento en relación con lo programado; es decir, se acreditó un atraso del 35 por ciento en la entrega de las obras por causas imputables a la contratista. Como consecuencia de ello, se aplicaron las penas convencionales estipuladas en el contrato y se acordó una extensión del plazo. Al 31 de diciembre del 2016, se habían erogado 560 millones de pesos, pero en marzo del 2017 se comprobó que la obra aún se encontraba detenida debido al nuevo incumplimiento de la contratista de la fecha pactada, restando aún un 27 por ciento para su terminación.

Otra de las irregularidades documentadas en el citado esquema de construcción hospitalaria se refiere a las discrepancias, por valor de 19 millones de pesos, entre lo erogado por el IMSS y lo efectivamente comprobado. Por tanto, no se reportó correctamente el avance financiero real y se desconoce el destino de los recursos mencionados. En el mismo sentido, la ASF identificó trabajos ejecutados con malas calidades que incumplieron lo establecido en el contrato por más de 24 millones de pesos.

En marzo del 2017 la ASF comprobó que el contrato se encontraba en vías de rescisión, debido a que la contratista no había concluido los trabajos y la obra se encontraba sin actividad. A pesar de lo anterior, la entidad fiscalizada, el IMSS, omitió aplicar sanciones convencionales derivadas de tales incumplimientos por valor de 18 millones de pesos. La ASF concluye señalando que

“Derivado de la suspensión los trabajos y a la rescisión del contrato de obra pública núm. 1081101MA-4-43456 para la Construcción del Hospital General Regional de 250 Camas en León, en el Estado de Guanajuato, el Instituto Mexicano del Seguro Social incumplió con el objetivo del proyecto que consistía en ampliar la infraestructura hospitalaria del segundo nivel de atención y con ella la capacidad de atención de los derechohabientes en la Delegación del IMSS en el estado de Guanajuato, en las diferentes localidades con mayor déficit nacional de consultorios y camas por 1000 derechohabientes, así como incrementar la calidad de los servicios de salud acorde a las necesidades de los derechohabientes ”.

Sexta. Los resultados de las tres auditorías son elocuentes y muestran patrones comunes en la comisión de graves irregularidades en la construcción de hospitales públicos durante la gestión de Mikel Arriola. En varios o en todos los casos señalados:

– Existen atrasos en la entrega de las obras y, por tanto, en la inauguración de nuevos hospitales de acuerdo al plazo previamente pactado. Ello acarrea el subsecuente perjuicio para miles de derechohabientes, cronificando la persistente saturación hospitalaria de la institución y deteriorando la satisfacción del derecho a la salud.

– Resulta particularmente grave que haya señalamientos comunes sobre la mala calidad de las obras realizadas, las cuales no cumplen con los criterios mínimos y elementales establecidos por vía contractual. El potencial impacto que esta negligencia puede tener en el bienestar de los futuros usuarios resulta alarmante.

– Otro de los elementos que se replican en los tres casos auditados es la evidencia de un manejo financiero opaco e irresponsable, en el que se omite comprobar de manera fehaciente el destino de los recursos públicos etiquetados para la construcción de hospitales del IMSS. Se han relatado irregularidades financieras por más de 70 millones de pesos, en recursos aplicados de manera incongruente, desviados o injustificados.

Lo anterior resulta más preocupante si se considera que estamos ante los únicos tres proyectos de construcción hospitalaria del IMSS auditados en la Cuenta Pública del 2016. Es decir, de los tres proyectos auditados por la ASF, todos se encuentran repletos de irregularidades, desvíos, negligencias y omisiones con un elevado grado de similitud entre los casos detectados. Cabe formular la hipótesis de que si en lugar de sólo tres construcciones hospitalarias la ASF hubiese auditado diez, en todos hubiéramos descubierto problemas análogos. Es decir, no se trata de casos aislados; antes al contrario: existen indicios de que ha existido un modelo ineficiente, errático y opaco de gestión de la construcción de hospitales públicos en el IMSS, sobre lo cual tiene la obligación cívica de ofrecer explicaciones el máximo dirigente de la institución en aquel momento, Mikel Arriola Peñalosa.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Órgano de Control Interno del IMSS a investigar y, en su caso, a sancionar a los responsables de las irregularidades relacionadas con la construcción de tres hospitales públicos en Guanajuato, Sonora y Querétaro.

Segundo. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al maestro Mikel Arriola Peñalosa, ex director general del IMSS, a comunicar a la opinión pública las causas de las irregularidades y omisiones cometidas durante su gestión en el modelo de construcción de hospitales de la institución.

Tercero. La honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, maestro Tuffic Miguel Ortega, a garantizar la correcta construcción, apertura y operación de los hospitales señalados bajo criterios de calidad y transparencia.

Notas

1 ASF (2018) Auditoría 242 DS, Construcción de un Nuevo Hospital General Regional de 260 Camas en el Municipio de El Marqués, en el Estado de Querétaro, Informe de fiscalización de CP 2016

2 Ídem.

3 ASF (2018) Auditoría 242 DS, Construcción de un Nuevo Hospital General Regional de 260 Camas en el Municipio de El Marqués, en el Estado de Querétaro, Informe de fiscalización de CP 2016.

4 ASF (2018) Auditoría 243 DS, Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas en Nogales, en el Estado de Sonora, Informe de fiscalización de CP 2016.

5 ASF (2018) Auditoría 243 DS, Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas en Nogales, en el Estado de Sonora, Informe de fiscalización de CP 2016.

6 Ídem

7 ASF (2018) Auditoría 243 DS, Construcción del Hospital General de Zona de 144 Camas en Nogales, en el Estado de Sonora, Informe de fiscalización de CP 2016.

8 Ídem.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2018.

Diputados: Araceli Damián González (rúbrica), Vidal Llerenas Morales.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al SAT y la Prodecon a expedir lineamientos y acciones de protección del contribuyente, ante la entrada en vigor del nuevo formato de la factura, versión 3.3, y la factura de recepción de pagos, durante el periodo de migración al nuevo sistema, a cargo del diputado José Hernán Cortés Berumen, del Grupo Parlamentario del PAN

El suscrito diputado José Hernán Cortés Berumen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 62, 76, fracción IV, y 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

“Los comprobantes fiscales deben emitirse por los actos o actividades que se realicen, por los ingresos que perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen los contribuyentes ya sean personas físicas o morales.

El artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) establece los requisitos que deben de contener los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), en relación con lo establecido en el artículo 29, fracción VI del citado Código, dichos comprobantes deben de cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante reglas de carácter general.

Expedir CFDI, es una obligación de los contribuyentes personas físicas o morales de conformidad con el artículo 29, párrafos primero y segundo, fracción IV y penúltimo párrafo del CFF y 39 del Reglamento del CFF, en relación con la regla 2.7.5.4., y el Capítulo 2.7 De los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet o Factura Electrónica de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.”1

Cuando se emita un CFDI, se debe realizar con las especificaciones señaladas, entre otras el formato de la factura actualizado.

A partir del 1 de julio del 2017 entraría en vigor el nuevo formato de la factura (versión 3.3) y la factura de recepción de pagos. Las facturas emitidas a partir del 1 de enero del 2018, sólo serán válidas en la versión 3.3. De forma efectiva, desde el 1 de diciembre pasado, las empresas deben utilizar el sistema actualizado de facturación electrónica en su versión 3.3. Para ello, deberán realizar algunos ajustes y organizar sus inventarios ya que de otra forma sus facturas no podrán ser emitidas. El objetivo de la actualización es incrementar la calidad de la información en la emisión de la factura, eliminar o prevenir prácticas indebidas y transformar la interacción del contribuyente con la autoridad tributaria.2

Del 1 de julio del 2017 hasta el 31 de marzo del 2018 será opcional la emisión de la factura de recepción de pagos. A partir del 1 de abril del 2018, será obligatoria. El proceso de aceptación de cancelación de facturas entra en vigor el 1 de julio del 2018.3

Según el SAT, con la nueva factura, los contribuyentes obtienen los siguientes beneficios:

• Certeza al tener información estandarizada y confiable de sus transacciones comerciales en línea y de que reportan información completa y correcta al SAT. Con esto se disminuye la posibilidad de ser sancionados.

• Simplificación de su proceso de facturación y conciliación de pagos.

• No presentar la Declaración Informativa Múltiple de Sueldos y Salarios, y en un futuro tampoco la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.

• Certeza de que cuando ya pagaron por los productos o servicios que reciben, las facturas que amparan ese gasto no van a ser canceladas.

• Se evitará la duplicidad de ingresos cuando facturen en parcialidades.

• Podrán automatizar más fácilmente sus procesos.4

Sin embargo, se has generado algunos problemas en la migración de formato. Algunos de los problemas que algunos blogs han señalado en la materia, son:

“1. Desconocimiento para realizar timbres de una nota de crédito

Uno de los problemas principales será el no saber ni cómo ni cuándo deberás timbrar una nota de crédito. Pero no todo está perdido, el SAT ha publicado unos videos en su canal de Youtube que te permitirán aclarar todas estas dudas, además de explicarte paso a paso cómo realizar los timbres de una nota de crédito.

2. No saber la importancia del código postal

Anteriormente, en la versión 3.2, todo lo que necesitabas para realizar una factura era el nombre y el domicilio de los contribuyentes, pero para la actualización a la versión 3.3 del CFDI se utiliza el código postal pues el campo del domicilio ya no se coloca ni para el emisor ni el receptor.

3. Sellos CSD

Si tienes la versión SHA-1, que sirve para facturar en la 3.2, no podrás utilizarla en el CFDI 3.3 porque ya está obsoleta. Por eso, debes usar el CSD SHA 256 para poder realizar tu actualización sin inconvenientes. Entonces, teniendo esto en cuenta, procura tener todos los CSD’s necesarios para que no experimentes el error.

4. Complemento de pagos

Este es un complemento que se utiliza en las operaciones que son pagadas en parcialidades, al momento de recibir el pago de la contraposición en una sola exhibición. Siempre que esta no sea cubierta al momento de expedir la factura.”5

Cabe resaltar y recordar que el proceso de facturación se acotó y ahora sólo se puede facturar durante el mes correspondiente al gasto o unos pocos días posteriores al término de mes. Existen lineamientos en diversas empresas y organismos que bajo el esquema de “Gastos a comprobar” requieren las facturas para la comprobación o inclusive para el pago de dichos gastos. Ante el retraso de las empresas en este inicio de año para adaptar sus sistemas de facturación a la nueva versión, los contribuyentes se han visto afectados para el legítimo reclamo de sus facturas y así la comprobación en sus diversos rubros, obteniendo de distintas empresas únicamente la disculpa por adaptación al nuevo sistema.

Por lo expuesto, consideramos relevante que el SAT, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal, establezca criterios o lineamientos que subsanen los problemas para quienes requieren facturas, y que se han omitido, durante el periodo de transición referido.

También se exhorta a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, como el organismo público descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica funcional y de gestión, especializado en materia tributaria, que proporciona la defensa, investigación, recepción y trámite de quejas y reclamaciones contra actos u omisiones de las autoridades fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes, a que revise las afectaciones a los contribuyentes, que ante la migración del formato de facturación se están generando.

Por lo anteriormente expuesto esta H. Cámara de Diputados extiende el siguiente

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, ante la entrada en vigor del nuevo formato de la factura (versión 3.3) y la factura de recepción de pagos, exhorta respetuosamente a Servicio de Administración Tributaria (SAT) a emitir lineamientos que den solución inmediata a la omisión en la expedición de facturas, por parte de las empresas que se encuentran en la migración al nuevo sistema de facturación, en perjuicio de los contribuyentes que requieren en tiempo y forma dichos documentos, para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, ante la entrada en vigor del nuevo formato de la factura (versión 3.3) y la factura de recepción de pagos, exhorta respetuosamente a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), a proporcionar de forma ágil, asesoría, consulta, representación legal y defensa, ante posibles actos u omisiones que vulneren los derechos de los contribuyentes, durante el periodo de migración al nuevo sistema.

Notas

1 Servicio de Administración Tributaria (SAT). Anexo 20 Guía de llenado de los comprobantes fiscales digitales por Internet. 2017.

2 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/que-debes-saber-de-la-factura-e lectronica-a-15-dias-del-plazo.html Consultado el 12 de febrero de 2018.

3 http://www.sat.gob.mx/factura/paginas/default.htm Consultado el 12 de febrero de 2018.

4 IDEM. 2018.

5 http://www.megafactura.com.mx/blog-facturacion-electronica-cfdi-sat-mexico/
principales-problemas-al-migrar-a-la-versión-3.3-del-cfdi Consultado el 17 de febrero de 2018.

Palacio de San Lázaro, en la Ciudad de México, a 13 de marzo 2018.

Diputado José Hernán Cortés Berumen (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Sonora a detener los asesinatos de “macheteros”, mediante la cancelación de la orden de disparar a matar contra quien porte arma blanca, respetando su derecho de presunción de inocencia y debido proceso, suscrita por los diputados Sergio René Cancino Barffuson, Concepción Villa González y Guadalupe Hernández Correa Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena

Sergio René Cancino Barffuson, Concepción Villa González y Guadalupe Hernández Correa, diputado y diputadas del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción primera, y 79, numerales 1 y 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea el presente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Desde principios del año 2017, el Estado de Sonora se ha visto acosado por un grupo delictivo de hombres armados con un machete, mismo que atacan a personas inocentes usándolo como amenaza para quitarles pertenencias.

Mejor conocidos como “macheteros” andan en todos lados: calles, transporte público, cruceros viales y comercios, visten con pantalones cortos y camisas holgadas. No respetan sexo ni edades.

Los macheteros asaltan tanto en colonias de las periferias como en el centro de Hermosillo, la capital del Estado, en donde iniciaron, ahora ya se extendieron a varios municipios del Estado de Sonora.

Uno de los casos que desbordó el hartazgo social fue el ataque a un enfermero que trabajaba en un hospital en la capital. Martín, así se llamaba, fue herido con un machete el 3 de mayo por seis adolescentes que le pidieron dinero al salir de una tienda de autoservicio. El hombre dijo a medios locales que había presentado una denuncia. Estaba indignado y temeroso por lo sucedido. “Que las autoridades hagan algo porque los policías ni siquiera los buscaron”, pidió en una entrevista de radio. Once días después, Martín fue nuevamente atacado y asesinado. Los vecinos encontraron su cuerpo cerca de su casa con una herida en la yugular.

En Sonora, los delitos de alto impacto se incrementaron durante el 2017. El último reporte del Observatorio Sonora por la Seguridad, una organización ciudadana que mide la incidencia delictiva, expone que el Estado se encuentra por encima de la tasa nacional en homicidio doloso, robo con violencia y robo de autos.

La siguiente gráfica elaborada por el Observatorio nos muestra el incremento de los homicidios dolosos en el estado de Sonora entre 2016 y 2017.

La respuesta del gobierno estatal a este grave problema, no se dejó esperar, especialmente en el caso de los “macheteros”. Se les ordenó a los policías de “disparar contra presuntos delincuentes armados con esta arma blanca”, el 29 de mayo de 2017.

Esta medida fue tomada por el fiscal del Estado, Rodolfo Montes de Oca, ante el incremento de la inseguridad, en el último año.

Sobre los delincuentes, el fiscal dijo: “deben de saber que están portando armas prohibidas, que estén circulando por las vías públicas y que si son inspeccionados por nuestros elementos, al más mínimo amago o [cuando] desenfunden esas armas nuestros elementos van a reaccionar con sus armas de cargo en legítima defensa, y lo más probable que va a suceder es que van a ser abatidos”, dijo en una entrevista.

El fiscal reconoció que “no hay un protocolo para regular esta actuación”. Lo que existe es una disposición en el código penal que establece los parámetros para la defensa propia. Según la norma: “cuando se repele una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de su defensor” se considera legítima defensa.

Esta disposición ambigua utilizada por el funcionario público ha dado luz verde a los agentes para que ataquen. La gobernadora de la entidad, Claudia Pavlovich, admitió que “sí peligra la vida de nuestros policías. Obviamente tienen que responder... Lamentablemente ha habido muertes, pero estamos haciendo lo que nos corresponde”.

Para especialistas en temas de seguridad y derechos humanos la medida adoptada por el estado de Sonora puede dar pie a un “ uso abusivo de la fuerza policial” .

“La orden sería viable solo si el arma blanca está por lesionar a alguien y pone en peligro la vida del policía o un ciudadano, pero si el agente dispara a distancia es completamente ilegal, abusivo y vejatorio para los derechos humanos”, explica Miguel Garza, experto en temas policiales. “La afirmación del fiscal está fuera de todo sentido, lo preocupante de esta instrucción dada a la policía es que ellos se pueden exceder porque van a cumplir la orden así nada más”, menciona el investigador del Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde).

Sobre el asunto, Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio Sonora por la Seguridad dijo: “Es una medida para calmar ánimos que creo que no es la vía. Se tienen que utilizar los recursos del Estado y apostarle a la capacitación. La policía no tiene que estar matando a personas de ningún tipo” agrega. “Las autoridades deberían apostarle a otros protocolos antes de disparar. En algunas colonias hemos visto que los vecinos han logrado detener a las personas que portan machetes, entonces la pregunta es: ¿por qué los ciudadanos sí logran someter a los macheteros y por qué la autoridad tiene que matarlos?”, cuestiona Hoyos.

En menos de quince días, cuatro hombres que portaban machetes fueron asesinados. En los comunicados de la Fiscalía se explica que en todos los casos se les intentó detener, pero opusieron resistencia, por lo que los policías recurrieron a dispararles. En uno de los casos las autoridades estatales informaron sobre el “abatimiento” de un hombre al que calificaron como líder de una banda de macheteros. “Se abalanzó contra los agentes portando un machete con la que trató de agredirlos, los oficiales utilizaron comandos verbales para neutralizarlo, pero hizo caso omiso y los atacó, en defensa se usó la fuerza letal”, se lee en un comunicado enviado por el Gobierno.

Sólo en el mes de mayo de 2017, seis de los “macheteros” fueron abatidos por la Policía Estatal al agredir a las autoridades con machetes o cuchillos de gran tamaño, al tratar de ser arrestados.

Los primeros casos se presentaron en Hermosillo, donde se detectó a los hombres armados en cruceros, comercios y hasta en el transporte público.

En estos dos primeros meses de 2018, los asesinatos continuaron.

El primer caso sucedió el 9 de enero de 2018, en el campo agrícola La Florida, donde agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) dispararon contra un presunto vendedor de drogas que los amagó con un machete.

El 18 de enero se reportó el fallecimiento de otra persona por disparos de arma de fuego. Relatan que alrededor de las 13:20 horas en la colonia San Juan, personal de la AMIC mató a Jesús Antonio Romero Bujanda, alias “El Toñito” de 27 años. La versión oficial fue que el hombre intentó herir con arma blanca a los oficiales que pretendían ejecutarle una orden de aprehensión por el delito de robo.

El 23 de enero un hombre se convirtió en la tercera persona ultimada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). La víctima fue declarada por las autoridades como un “machetero” que intentó lesionar con arma blanca a los oficiales y estos se defendieron, cuando trataron de detenerlo. El documento resalta que el sujeto se negó a tirar el arma al suelo y que se abalanzó en su contra con intención de lesionarlos, por lo que al verse en riesgo, uno de los agentes accionó su arma de cargo en contra de la persona, la cual quedó sin vida en el sitio. En el lugar se localizó a una niña de alrededor de siete años, que dijo ser hija del abatido.

Lo cierto es que no hay justificación alguna, para estos asesinatos. Lo real es que los cuerpos policiacos están ejecutando a presuntos delincuentes.

Si la delincuencia ha superado a la policía, que la policía se capacite, que mejore en su trabajo, que aprenda técnicas de sometimiento o utilicen en sus detenciones armas no letales.

La gobernadora y el fiscal se han aprovechado del hartazgo social para permitir una escalada de reconocimiento de la violencia y muerte como solución a la inseguridad.

Perla J. Noriega, periodista sonorense escribió: “Vivimos en un país donde la policía ha perdido nuestra confianza, nuestro sistema de justicia penal en ocasiones es una burla descarada, los tiempos de respuesta son irrisorios, las acciones preventivas de nuestra policía en muchas veces se reducen a esperar a –ebrios y sobrios- salir de bares y tratar de sobornarlos”. “Hemos aceptado mucho en nombre de la seguridad: los puntos de revisión carreteros, los retenes en las calles, que nos manoseen antes de entrar a un concierto, que se gasten nuestro dinero, que nos estén videovigilando en toda la ciudad, ¿ahora también aceptaremos que nos maten?

Sin lugar a dudas formamos parte de un sistema que de una u otra manera no permite lograr la eficiencia en materia de impartición de justicia. Ejemplo de esto, es lo que ocurre hoy en Sonora en donde la justicia está en manos de la policía estatal para “legalmente” asesinar a los delincuentes. Por ello es que la presunción de inocencia y la garantía de defensa es algo verdaderamente necesario en las leyes nacionales e internacionales.

Existen distintos ordenamientos jurídicos que consagran el derecho de presunción de inocencia, derecho a ser escuchado y a asegurarle las garantías necesarias para su defensa. Nuestra Constitución lo regula expresamente en su artículo 20 en concordancia con las normas contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales.

Adicionalmente debe señalarse que durante el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990 fueron adoptados los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley1 entre los que se establece, entre otros puntos, que:

“1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley . Al establecer esas normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego.

2. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de fuego . Entre estas armas deberían figurar armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, también debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo.

3...

4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:

a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;

b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;

c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas;

d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas. ”

Asimismo señala que:

18. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban capacitación profesional continua y completa. Tales aptitudes para el ejercicio de esas funciones serán objeto de examen periódico.

19. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley procurarán que todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciban capacitación en el empleo de la fuerza y sean examinados de conformidad con normas de evaluación adecuadas. Los funcionarios que deban portar armas de fuego deben estar autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación especializada en su empleo.

20. En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los gobiernos y los organismos correspondientes prestarán especial atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos, especialmente en el proceso de indagación, a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, por ejemplo, la solución pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, negociación y mediación, así como a los medios técnicos, con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben examinar sus programas de capacitación y procedimientos operativos a la luz de casos concretos.

21. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley proporcionarán orientación a los funcionarios que intervengan en situaciones en las que se empleen la fuerza o armas de fuego para sobrellevar las tensiones propias de esas situaciones.

Por otra parte el Estado Mexicano cuenta con un “Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza”,2 que ente otros puntos permite “diferenciar y definir el uso de las técnicas, tácticas, armas, equipo y niveles de fuerza, atendiendo a las circunstancias que se presenten, ya sea para aumentar o para disminuir el grado de aplicación de éstas”, y señala:

“III. Control de contacto: Es el nivel de Uso de la Fuerza que puede utilizar la o el Integrante ante una resistencia pasiva. Se debe tomar en consideración cuando menos lo siguiente:

a. Emitir órdenes directas y claras, por ejemplo: “No pase”; “deténgase”; “tire el arma”; “salga de ahí”; “identifíquese”; “alto”, entre otras expresiones;

b. Advertir la inobservancia a la orden;

c. Enfatizar que su nivel de resistencia podría complicar su situación;

d. Implementar acciones de prevención para evitar una resistencia activa, y

e. Entablar un diálogo que permita concientizar el cumplimiento de la ley.

IV. Control físico: Es el empleo adecuado de medios, métodos, técnicas, tácticas, armas menos letales y equipo que permitan controlar, inmovilizar y conducir a una persona o grupo de personas causando el menor daño posible, con el fin de inhibir la resistencia activa. Se pueden emplear técnicas, tales como:

a. Sujeción de antebrazos o brazos;

b. Presión en nervios sensoriales;

c. Formaciones para el control de multitudes;

d. Llaves de sujeción, y

e. Aquellas en las que sean capacitados.

V. Técnicas defensivas menos letales : Es el empleo de técnicas y tácticas que permitan a la o el Integrante defenderse, controlar y/o inmovilizar en proporción a la agresión no letal, mismas que pueden ser:

a. Defensa policial;

b. Formaciones para el control de multitudes, y

c. Aquellas en las que se encuentren capacitados.”

Es decir, existen parámetros, internacionales y nacionales, sobre el usos de la fuerza no letal que implica la contención de actos delictivos en proceso, sobre los que la autoridad está completamente facultada y legitimada para su uso.

Por su parte La Declaración Universal de Derechos Humanos expresa, junto al derecho a la presunción de inocencia, el derecho de toda persona acusada de delito a un juicio público en el que le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. En el Convenio de Roma se establece mediante un texto más concreto el derecho a defenderse así mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para remunerar a un defensor, podrá ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio. Cuando los intereses de la justicia así lo exijan.

En términos semejantes se reitera este derecho en el Pacto de Nueva York y en el Pacto de San José de Costa Rica, resaltándose la comunicación libre y privada con el defensor y la irrenunciabilidad del derecho a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado.

La base esencial del derecho a defenderse reposa en la posibilidad de expresarse libremente sobre cada uno de los extremos de la imputación, agregando incluso todas las circunstancias de interés para evitar o aminorar la consecuencia jurídica posible, o inhibir la persecución penal.

Es pues derecho de toda persona ejercer su defensa y ser oída, con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable, por la autoridad competente previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones. El debido proceso debe contemplar las formalidades que garantizan una defensa adecuada. Sin embargo, todos estos derechos les han sido negados a estas personas.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este pleno, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano para que ordene de inmediato a las fuerzas policiales del estado de Sonora que se abstengan de utilizar la fuerza letal, contra individuos armados con armas blancas.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la gobernadora del estado de Sonora para que elabore y publique un protocolo sobre el uso de la fuerza que sea de observancia general y obligatorio para las y los integrantes de la Policía Estatal y tenga por objeto establecer los parámetros y condiciones mínimas, que permitan diferenciar y definir el uso de las técnicas, tácticas, armas, equipo y niveles de fuerza, atendiendo a las circunstancias que se presenten, ya sea para aumentar o para disminuir el grado de aplicación de éstas, apegado a los estándares internacionales y a los instrumentos con los que cuenta, en la materia, el Estado Mexicano.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente al Congreso del estado de Sonora, para que en uso de sus atribuciones y facultades, elabore y publique una Ley sobre el uso de la Fuerza de las Fuerzas Policiales en el Estado de Sonora, apegada a los estándares internacionales y a los instrumentos que con los que cuenta, en la materia, el Estado Mexicano.

Notas

1 Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearm s.aspx

2 Protocolo de actuación de la Policía Federal sobre el uso de la fuerza. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5501657&fecha=18/10/2 017

Dado en el Palacio Legislativo, el 13 de marzo de 2018.

Diputados: Sergio René Cancino Barffuson (rúbrica), Concepción Villa González, Guadalupe Hernández Correa

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a hacer del conocimiento público un informe sobre la situación económica actual y las perspectivas de las finanzas públicas al cierre del sexenio, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Criterios Generales de Política Económica 2018

De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el Ejecutivo Federal al enviar el paquete económico al Congreso de la Unión tiene acompañarse de los Criterios Generales de Política Económica (en adelante, CGPE) que establecen los escenarios macroeconómicos sobre la situación actual y las perspectivas de las finanzas públicas para los próximos años.

Para el presente ejercicio fiscal los CGPE estimaron lo siguiente:

• Fortalecimiento de la demanda interna;

• Creación de empleos formales;

• Expansión del crédito;

Aumento de los salarios;

• Convergencia de la inflación al objetivo del Banco de México de 3.0 por ciento con un rango de un punto porcentual;

• Mejoría paulatina de la confianza de los consumidores y las empresas, y

• Mayor crecimiento de los sectores de la construcción y los servicios menos vinculados con el sector externo.

II. Perspectivas Económicas 2018 (Secretaría de Hacienda y Crédito Público)

De acuerdo con datos del documento Perspectivas Económicas 2018 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante, Secretaría) para este ejercicio fiscal los riesgos para la economía mexicana son los siguientes:

• Proceso Electoral 2018;

• Renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Incertidumbre sobre la relación bilateral en su conjunto; y

• Reforma Fiscal de EEUU. La reducción de impuestos en EEUU está siendo financiada con un aumento en el déficit por 1,450 mmd dólares durante los próximos 10 años. Dado que EEUU parece encontrarse en niveles cercanos al pleno empleo, un estímulo fiscal tendrá un impacto limitado sobre su actividad económica. Se estima que el 1 por ciento de los contribuyentes de mayores ingresos recibe más del 40 por ciento de la disminución de impuestos.

Los efectos que tendrá para nuestra economía son los siguientes:

• México seguirá siendo competitivo gracias a su estabilidad macroeconómica, la presencia de múltiples tratados comerciales y de las reformas estructurales.

• Nuestro Tratado para evitar la doble tributación implica que la inversión financiera extranjera en México no se vea afectada por la reforma de EEUU.

• Considerando los impuestos locales, las tasas promedio en los EEUU se mantienen en niveles similares o superiores a las de México:

– La tasa corporativa promedio considerando los impuestos locales es de 27 por ciento en EEUU vs . 30 por ciento en México.

– La tasa marginal máxima promedio para personas físicas considerando los impuestos locales es de 45 por ciento para EEUU vs 35 por ciento para México.

Por lo que la Secretaría hace las siguientes recomendaciones:

• Mantener la estabilidad económica;

• Continuar la implementación de las reformas estructurales que impulsen la inversión y el empleo;

• Transparencia presupuestaria; y

• Continuar con la reconstrucción.

III. Retos para la Política Monetaria en México (Banco de México)

De acuerdo con datos del documento Retos para la Política Monetaria en México del Banco de México (en adelante, Banxico) la economía mexicana ha enfrentado desde 2014 diversos choques:

• Reducción en los precios del petróleo y en la producción de crudo;

• Aumento en las tasas de interés externas;

• Incertidumbre en torno a la relación bilateral México-EUA; y

• Aumentos en los precios de algunos energéticos (gasolinas, gas LP y natural) y algunas frutas y verduras.

Dadas las acciones de política monetaria implementadas, se prevé que la inflación alcance niveles cercanos al objetivo a finales del 2018, si bien se anticipa que la convergencia de esta al objetivo de 3.0 por ciento sea más lenta que la que se anticipaba. Asimismo, se espera que fluctúe alrededor de dicho nivel en 2019.

De acuerdo con Banxico estas previsiones son condicionales a:

• Un comportamiento ordenado del tipo de cambio;

• Una reducción importante de la inflación no subyacente a partir de enero de 2018, en la medida que no se repitan los choques que la han afectado en 2017; y

• La ausencia de presiones provenientes del mercado laboral.

Dados los choques que la han afectado de manera reciente, se considera que el balance de riesgos para la inflación se ha deteriorado y es al alza.

De los datos dados a conocer por ambas instituciones aunque hay una similitud en sus posturas hay diferencias importantes que consideramos deben ser precisadas.

Ante el proceso electoral que estamos viviendo cada vez es más frecuente ver la incertidumbre de la ciudadanía ante que va suceder después de la celebración de las elecciones.

En el primer minuto de 2018 nos enfrentamos a incrementos en los precios de los alimentos, medicinas, gas, electricidad, etcétera, es necesario que la Secretaría informe la situación actual de nuestra economía pues el escenario en las que se elaboró y aprobó el paquete económico son diferentes a lo que hoy nos estamos enfrentando.

Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que haga del conocimiento público un informe en el que se exponga el estado que guarda la situación económica actual y las perspectivas de las finanzas públicas al cierre del sexenio.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 13 de marzo de 2018.

Diputada Minerva Hernández Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la aplicación de los recursos correspondientes al Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios en beneficio de los campesinos y productores agrícolas de Tlaxcala, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

Los que suscriben, Minerva Hernández Ramos y Exaltación González Ceceña, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Mecanismos de financiamiento para el sector agropecuario

A lo largo de seis décadas de historia, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (en adelante, FIRA) se han consolidado como una referencia indispensable para los proyectos de desarrollo en el campo mexicano, manteniendo los tres grandes objetivos que inspiraron a Rodrigo Gómez Gómez –quien fuera director general del Banco de México desde 1952 y hasta 1970– a la creación e impulso de servicios de banca de segundo piso, a saber:

• Mejorar el nivel de vida de los productores agropecuario a través de proyectos productivos y rentables;

• Aumentar la formación de capital del sector agrícola, destacándose la formación de capital humano mediante la asesoría técnica.

• Generar una mayor participación de la banca privada en el financiamiento agropecuario del país.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los FIRA tienen por objeto promover el financiamiento integral a los productores del sector agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y del medio rural, por medio de productos financieros especializados con acompañamiento técnico y mitigación de riesgos, con el fin de elevar su productividad y su nivel de vida, desde una perspectiva de desarrollo regional, sustentabilidad ambiental y de equidad de género.

Los FIRA se conforman a partir de los siguientes cuatro fideicomisos públicos de fomento:

• Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (Fondo);

• Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA);

• Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (Fega); y,

• Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (Fopesca)

Estos fideicomisos tienen el carácter de entidades de la administración pública federal, en los que funge como fideicomitente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como fiduciario el Banco de México.

En su Programa Institucional 2013-2018, FIRA estableció que se comprometería a:

• La atención de los pequeños y medianos productores y empresas del medio rural;

• El financiamiento para el incremento de la productividad;

• El desarrollo regional equilibrado;

• El desarrollo sostenible, medidas para mitigar el cambio climático y programas para aliviar los efectos de desastres naturales;

• La estabilidad de precios de los productos agropecuarios, y

• La innovación y las mejores prácticas, entre otros.

Cabe mencionar que para 2018, la Cámara de Diputados le aprobó un presupuesto por el orden de los 300 millones de pesos.

Por lo que respecta al Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (Fega) es preciso señalar que contribuye al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la meta nacional IV. México Próspero, en particular en los objetivos identificados como 4.2 Democratizar el acceso al financiamiento de los proyectos con potencial de crecimiento y 4.10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país.

Atendiendo a la información disponible del Presupuesto de Egresos de la Federación 20181 , Fega tiene implementados los programas presupuestarios F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural y F034 Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero, en cantidad de 300 millones de pesos y de más de 680 millones de pesos, respectivamente; de esta manera, tratándose del financiamiento y fomento al sector rural, para el ejercicio fiscal de 2018 Fega tiene presupuestado un total de 980 millones 489 mil 501 pesos.

II. Problemática de cartera vencida en el sector agropecuario

1. En 2011 se presentaron una serie de heladas negras atípicas en diversas entidades federativas como Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, México, Guerrero entre otras, lo que ocasionó la pérdida de 90 por ciento de los cultivos de los pequeños y medianos productores.

2. Durante el periodo 2012-2013 nuevamente se presentaron siniestros en una gran parte de los municipios de estado Tlaxcala, aunado a las sequías que redujeron de manera considerable la producción y calidad de los granos, ocasionando así el crecimiento de la deuda de los productores al no tener la capacidad de pago para reestructurar sus créditos de 2011, 2012 y 2013.

3. En 2014 las pérdidas descapitalizaron a los productores debido a que perdieron sus créditos, se redujo el financiamiento otorgado, así como pérdidas en la parte que ellos aportaron en los costos de la siembra y renta de terrenos. Se estima que esta pérdida ascendió a mil millones de pesos.

4. En 2015, al no obtener financiamientos, los productores redujeron hasta en 70 por ciento la capacidad de siembra y la producción pecuaria, lo que agravó aún más el panorama para hacerle frente a los pagos de los créditos reestructurados, lo que generó una cartera vencida por casi 480 millones de pesos, por lo que se iniciaron diversos procesos judiciales a más de 11 mil productores directos.

Estos fenómenos ocasionaron que los productores fueran calificados como malos sujetos de crédito lo que provocó que ninguna institución financiera pueda otorgarles crédito, de manera particular el panorama en el estado de Tlaxcala es desolador, debido a que la mayoría de estos pequeños productores han tenido pérdidas que van desde su hogar hasta bienes de los que han sido despojados mediante procesos judiciales.

Ante los siniestros presentados de 2011 a 2015, y con la finalidad de sanear la cartera vencida que se ha venido presentando en Tlaxcala y también en diversas entidades federativas, es necesario e imperativo que –a la brevedad– el gobierno federal aplique en favor de los agricultores, campesinos y productores agropecuarios, los recursos relativos al Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios (Fega) de forma que éstos no se vean más afectados con la pérdida de sus bienes y patrimonio en procesos judiciales.

En este sentido, y atendiendo a las manifestaciones anteriormente establecidas, tenemos a bien someter a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al titular de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura para que, en el ámbito de sus atribuciones, aplique en beneficio de los productores agropecuarios, campesinos y agricultores de Tlaxcala cuyos créditos se encuentren actualmente en cartera vencida, los recursos relativos al Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios a fin de apoyarlos para que no se vean más afectados con la pérdida de sus bienes y patrimonio en los procesos judiciales de cobro.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno del estado de Tlaxcala para que, en el ámbito de sus atribuciones, implemente a la brevedad los programas y apoyos necesarios contemplados en los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, consistentes en el otorgamiento de apoyos a los productores del sector rural para la transformación y comercialización de su producción y la reactivación económica de este sector.

Nota

1www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2018/docs/06/r06 _has_afpefe.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2018.

Diputados: Minerva Hernández Ramos, Exaltacion González Ceceña (rúbricas).

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Tlaxcala a implantar acciones de prevención, detección oportuna y control de la diabetes mellitus y sus complicaciones, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, 62, numeral 3, 79, numerales 1, fracción II, y 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

I. Marco jurídico

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Que el artículo 4o. de la Constitución Política Mexicana establece el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona.

2. Ley General de Salud

Que la Ley General de Salud establece que el derecho a la protección de la salud consiste en

• El bienestar físico y mental de la persona para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

• La prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana; y

• El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población, entre otros aspectos.

II. Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del gobierno del estado de Tlaxcala

De acuerdo con datos del Plan Estatal de Desarrollo 2018-2021 de Tlaxcala, la principal causa de muerte en la entidad es la diabetes mellitus.

En 2015, las tres principales causas de muerte en la población general –que forman 45 por ciento de las defunciones en la entidad– fueron éstas:

• Diabetes mellitus (18.3 por ciento);

• Padecimientos cardiacos (15.9), incluida enfermedad isquémica (8.7); y

• Tumores malignos (11.0).

En términos generales, el estatus de la salud pública en el estado Tlaxcala es el siguiente:

• El número de médicos especialistas es menor que el promedio del país. Hay un rezago respecto al resto del país en la disponibilidad de médicos especialistas y enfermeras. Mientras que en el país existen 0.88 médicos especialistas por cada mil habitantes, en Tlaxcala esta cifra es de 0.76 médicos especialistas.

• Hay desventaja en cuanto al número de camas censables, quirófanos y tomógrafos. El número de camas censables por cada mil habitantes en el estado es de sólo 0.54, mientras que es de 0.72 para el país. Asimismo, el número de quirófanos en Tlaxcala es de 2.82 por cada 100 mil habitantes, cifra inferior a los 3.5 quirófanos del promedio nacional. Este rezago es indicativo de una limitada capacidad instalada para enfrentar la demanda de la población por servicios hospitalarios.

• La calidad de los servicios de salud es menor que en el promedio nacional.

• El surtimiento completo de recetas en el primer nivel de atención, sólo 75 por ciento de los pacientes ve su receta surtida de manera completa, mientras que en el ámbito nacional dicho indicador alcanza 83 por ciento.

• Los tiempos de espera que los pacientes enfrentan para recibir una consulta externa o una consulta de urgencias son superiores al promedio nacional, reflejando una saturación en los servicios.

Como observamos, el diagnóstico en el ámbito de salud en Tlaxcala es delicado, no se cuenta con los insumos necesarios para atender a la población, toda vez que a un año del ejercicio de la presente administración no se han implantado las acciones necesarias para la prevención, detección oportuna y control de la diabetes mellitus y sus complicaciones a pesar que es la principal causa de muerte en el estado.

No obstante, el gobierno estatal ha realizado algunas acciones para combatir este padecimiento, como la revisión y el monitoreo de la calidad del agua potable; este caso presenta una situación favorable y cumple la norma oficial mexicana en materia de cloro residual. Sin embargo, estas acciones aún resultan insuficientes.

III. Catálogo Universal de Servicios de Salud

Que de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, el Seguro Popular actualmente cubre 287 intervenciones de salud a la población sin seguridad social.

El Catálogo Universal de Servicios de Salud incluye intervenciones en salud pública, urgencias, medicina general y de especialidad, cirugía y hospitalización, entre otras.

Intervenciones de atención de medicina general, familiar y especialidad Intervenciones en urgencias Intervenciones en hospitalización Intervenciones de cirugía general - Diagnóstico y tratamiento de diabetes mellitus tipo 1.

- Diagnóstico y tratamiento de prediabetes y diabetes mellitus tipo 2.

- Diagnóstico y tratamiento médico del sobrepeso y obesidad exógena. - Diagnóstico y tratamiento de la cetoacidosis diabética.

- Diagnóstico y tratamiento de diabetes gestacional. - Tratamiento hospitalario de úlcera y del pie diabético infectados. - Amputación de miembro inferior secundaria a pie diabético. Fuente: Elaboración propia con datos de Catálogo Universal de Servicios de Salud de 2017.

Adicionalmente, para atender padecimientos de baja incidencia y costos altos que ponen en riesgo la vida y el patrimonio familiar, existe el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC), el cual cubre 61 enfermedades, entre las que destacan los cánceres infantiles, los cuidados intensivos neonatales y algunos cánceres de adultos, como de mama y de próstata.

A junio de 2017, la atención de los beneficiaros del FPGC la proporcionan 392 prestadores de servicios, los cuales están acreditados para dar servicio de una o varias de las 61 intervenciones consideradas en el FPGC; 42.35 por ciento de los prestadores se concentra en Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, México y Tamaulipas.

IV. Impacto económico de la diabetes en México

En el documento Carga económica de la diabetes mellitus en México, 2013, publicado en 2015 por la Fundación Mexicana para la Salud, AC, se señala que los costos de la atención médica de los pacientes con diabetes mellitus tipo II (DM II) pueden ser directos o indirectos, y analizarse desde tres perspectivas: hogar, seguridad social y empleador.

Los costos directos comprenden la atención ambulatoria incluyendo el gasto en medicamentos y la atención por complicaciones.

Los indirectos incluyen muerte prematura, ausentismo laboral, incapacidad laboral, invalidez y presentismo laboral.

Así, para 2013, la carga económica de la diabetes se estimó en 362.8 miles de millones de pesos; es decir, 2.25 por ciento del PIB de ese año. Este monto es mayor que el crecimiento real anual de la economía mexicana registrado por el Inegi al cierre de 2014 (2.1), y no es una cifra menor si se le compara con el costo de otros problemas que también constituyen barreras al desarrollo económico como es la corrupción, cuyo costo se estima en 2-10 por ciento del PIB.

El costo de atender las complicaciones de la DM II y la pérdida de ingresos por muerte prematura representan 80 por ciento de la carga total. De mantenerse las condiciones actuales de prevalencia y evolución de complicaciones, estos costos podrán alcanzar hasta 2.62 por ciento del PIB en 2018.

Desde la perspectiva del sector público, alrededor de 40 por ciento de la carga económica total recae sobre el sistema de salud; es decir, en los costos del tratamiento de la DM II y sus complicaciones, y sobre las instituciones de seguridad social en lo referente al pago de prestaciones económicas.

Este papel dual del sector público, como protector de la salud y del ingreso, requiere que el problema de la diabetes se aborde en conjunto y que en el sector público se fortalezca el trabajo coordinado para apoyar a los hogares desde una perspectiva dual que involucre el derecho a la salud y a la seguridad social en su vertiente de protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

El “costo para el sector público sería mayor en caso de considerarse el pago de prestaciones económicas para la población ocupada que no cotiza a la seguridad social”.

Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a realizar un diagnóstico y valorar la posibilidad de ampliar los servicios que cubre el Catálogo Universal de Servicios de Salud para atender a la población que padece diabetes mellitus en las intervenciones de salud pública, urgencias, medicina general, especialidad, cirugía y de hospitalización.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Tlaxcala a implantar con la mayor brevedad acciones de prevención, detección oportuna y control de la diabetes mellitus y sus complicaciones, así como la ampliación de estos servicios para la atención de la población de las zonas rurales contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 13 de marzo de 2018.

Diputada Minerva Hernández Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta soberanía a dictaminar la iniciativa con proyecto de decreto que expide una nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numerales 1, fracción II, y 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

Primera. Que en mi carácter de diputada federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXIII Legislatura, presenté con diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios la iniciativa con proyecto de decreto que expide una nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (en adelante, iniciativa).

La iniciativa tiene por objeto establecer nuevas reglas presupuestarias en los siguientes temas:

a) Fideicomisos. Propone que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalle en los informes trimestrales el ejercicio del gasto de los fideicomisos públicos a formato de datos abiertos;

b) Recursos provenientes de las sanciones económicas impuestas por el Instituto Nacional Electoral. Propone que los recursos derivados por la aplicación de estas sanciones que imponga el Instituto Nacional Electoral sean destinados a los proyectos considerados en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el fin de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación del país. Estos recursos no podrán ejercerse en servicios personales y deberán reportarse en los informes trimestrales;

c) Establecimiento de plazo en la solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante, Secretaría) en materia presupuestaria. Propone el plazo de 45 días hábiles para que la Secretaría resuelva las solicitudes sobre autorizaciones en materia presupuestaria que presenten las dependencias y entidades;

d) En materia de equilibrio presupuestario. Propone que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaboren bajo los siguientes criterios:

El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría, y el Congreso de la Unión, en el ámbito de su competencia, propondrán y aprobarán, respectivamente, la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y el techo de endeudamiento neto interno y externo del sector público federal, en base en los principios de responsabilidad hacendaria y disciplina presupuestaria con el objetivo de asegurar y mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazos;

e) Nuevas atribuciones y obligaciones para el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas: Análisis e informe técnico de los Criterios Generales de Política Económica;

f) En materia de excedentes presupuestales. Propone dotar de nuevas facultades a la Cámara de Diputados: autorización para la disposición de las erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a los excedentes;

g) En materia de Fondos de presupuestales. Propone que la Secretaría reporte en los informes trimestrales y en la Cuenta Pública cada uno de los fondos (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios) en formato de datos abiertos, cuyo contenido serán las fuentes de ingresos, los montos ingresados, el saldo inicial y final del ejercicio, así como las erogaciones adicionales aprobadas;

h) Subejercicios presupuestales. Propone que los subejercicios que no sean subsanados sean reasignados a programas de desarrollo agropecuario que la Cámara de Diputados haya previsto en el Presupuesto de Egresos. (La Ley contempla la reasignación a los programas sociales y de inversión en infraestructura);

i) Transparencia en los proyectos de inversión y servicios personales. Propone que el proyecto de Presupuesto de Egresos contenga los archivos electrónicos con los analíticos de claves y de plazas, con la información total de los ramos autónomos, administrativos, generales, así como de las dependencias y entidades del sector público a nivel de partida, en serie de cinco años;

j) Mecanismos de aprobación del presupuesto de egresos. Propone la regulación del lobbying legislativo en materia presupuestal;

k) Adecuaciones presupuestarias . Propone que las adecuaciones al presupuesto se justificarán en cuanto a su motivación y se informarán por clave presupuestaria, concepto de gasto y resultados alcanzados medidos por las metas de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios que corresponda, y

l) Medidas de racionalidad presupuestaria. Propone establecer nuevas reglas de austeridad y disciplina presupuestaria: optimizar los recursos erogados para viajes, vehículos, bienes y servicios, y servicios personales con la finalidad de hacer un uso más eficiente del gasto público como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo, entre otros temas.

Segunda. Que en la sesión ordinaria del 20 de octubre de 2016, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (en adelante, Comisión) para su análisis y dictamen correspondiente.

Tercera. Que el 14 de diciembre de 2016, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 185 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados amplió el plazo a 100 días a la Comisión para el análisis y dictaminación de la iniciativa.

No obstante, hasta la fecha la comisión no ha emitido el dictamen correspondiente.

Por las razones expresadas y con fundamento en las disposiciones invocadas, se propone el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a dictaminar a la brevedad, la iniciativa con proyecto de decreto que expide una nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria presentada en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados el 20 de octubre de 2016.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados a los trece días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.

Diputada Minerva Hernández Ramos (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la metodología de cálculo y ajuste de las tarifas y las quejas interpuestas por cobros excesivos de energía eléctrica, a cargo de la diputada Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del PAN

La que suscribe, Minerva Hernández Ramos, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con puntos de acuerdo al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. Marco jurídico

Ley de la Industria Eléctrica

La Ley de la Industria Eléctrica dispone que el suministro eléctrico es un servicio de interés público. Así, la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia.

La Comisión Reguladora de Energía (en adelante, CRE) se encuentra facultada para

• Determinar las metodologías de cálculo, criterios y bases para determinar y actualizar las contraprestaciones aplicables a los Generadores Exentos y Usuarios de Suministro Básico con Demanda Controlable cuando vendan su producción o reducción de demanda a un Suministrador de Servicios Básicos;

• Expedir y aplicar la regulación tarifaria a que se sujetarán la transmisión, la distribución, la operación de los Suministradores de Servicios Básicos, la operación del Centro Nacional de Control de Energía y los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico Mayorista, así como las tarifas finales del Suministro Básico, y

• Expedir y aplicar las metodologías para determinar y ajustar las tarifas máximas de los Suministradores de Último Recurso y los precios máximos del Suministro de Último Recurso, y determinar las demás condiciones para dicho Suministro entre otras facultades.

2. Comisión Reguladora de Energía

El 23 de noviembre de 2017 el Órgano de Gobierno de la CRE aprobó la metodología de cálculo y ajuste de las Tarifas Finales del Suministro Básico que utilizará a partir de diciembre de 2017 y hasta finales de 2018 para determinar el valor de las tarifas finales que aplicarán a todas las personas físicas o morales que no sean Usuarios Calificados.

La nueva metodología de cálculo y ajuste de las Tarifas Finales del Suministro Básico se basa en dos principios generales:

• La recuperación de todos los costos eficientes de Comisión Federal de Electricidad (en adelante, CFE), y

• El reflejo de las variaciones temporales del costo del servicio eléctrico dependiendo del momento del año, con el fin de obtener un mercado y consumo eficientes.

Asimismo, el 11 de diciembre de 2017 la CRE determinó y notificó a la CFE las Tarifas Finales del Suministro Básico correspondientes al mes de diciembre de 2017.

3. Cobros excesivos en el suministro de Luz

Que a partir de este 2018 el sector empresarial manifestó su preocupación por el incremento en las tarifas de la energía eléctrica de 100 por ciento hasta un 400 por ciento en comercios e industrias.

De acuerdo con datos de la Procuraduría Federal del Consumidor durante el 2017 recibió 14 mil 527 quejas interpuestas por los usuarios derivado de cobros excesivos o cuotas extraordinarias.

Sin embargo, la CRE manifestó la inexistencia del alza generalizada en las tarifas eléctricas. Informó que esta metodología no impacta a los sectores doméstico y agrícola que representan el 90 por ciento de los consumidores. El 10 por ciento restante al cual aplica la nueva metodología, conformado por industria, servicios y comercio, no ha habido alza generalizada en las tarifas e incluso se observan reducciones en la facturación de algunos de ellos.

Si bien la aplicación de la metodología no ha tenido impacto generalizado en los sectores industrial, de servicios y comercial, se han identificado casos atípicos en facturación en la Península de Baja California, mismos que de acuerdo con la CRE han sido atendidos en coordinación con la CFE.

4. Datos Secretaría de Energía

De acuerdo con datos del quinto Informe de Labores 2016-2017 de la Secretaría de Energía (en adelante, Secretaría) se actualizaron los ponderadores que modifican los precios de los combustibles en las fórmulas de ajuste de las tarifas para los sectores comercial e industrial.

A julio de 2017 las tarifas para el suministro eléctrico se ajustaron de la siguiente manera:

• En el sector industrial se incrementaron en julio de 2017 en comparación con julio del 2016, entre 32 por ciento y 40 por ciento.

• En el sector comercial el incremento es entre 20 por ciento y 29 por ciento.

• La de uso doméstico de alto consumo (en adelante, tarifa DAC) registró un incremento en julio del 2017 de 20.4 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

Estas tarifas se modificaron con la fórmula de ajuste por la evolución de los precios de los combustibles y la inflación nacional.

• En el sector doméstico de bajo consumo cuya tarifa subía 4 por ciento cada año desde 2006 y hasta 2014, en 2017 no se incrementó. A partir del 1 de enero de 2015 presentó una disminución de 2 por ciento con respecto a diciembre de 2014. Adicionalmente, a partir del 1 de enero de 2016 bajó 2 por ciento respecto a diciembre de 2015.

La Secretaría justificó que el ajuste de las tarifas para el sector industrial, comercial y DAC en el mes de julio está relacionado con las variaciones de los precios de los combustibles para generar energía eléctrica.

En mayo de 2017, todos los combustibles registraron precios considerablemente más altos en comparación con los de mayo de 2016, destacando en particular el crecimiento de 52 por ciento del gas natural, el cual tiene gran impacto en la canasta de generación. El combustóleo y el carbón importado, observaron incrementos de 109 por ciento y 120 por ciento respectivamente durante el periodo

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía, a las Secretarías de Energía y de Hacienda y Crédito Público, y a la Comisión Federal de Electricidad para que revisen la metodología para determinar el cálculo y el ajuste de las tarifas de energía reguladas y evitar cobros que resulten arbitrarios para los usuarios.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Reguladora de Energía para que publique en su página oficial el impacto económico y las acciones implementadas por sector, derivado de la aplicación de la metodología de cálculo y ajuste de las Tarifas Finales del Suministro Básico que implementó a partir de diciembre de 2017 y hasta finales de 2018, así como la modificación de los criterios establecidos en el Acuerdo A/058/2016 dados a conocer el 06 de febrero de 2018.

Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal de Consumidor para que publique en su página oficial las quejas interpuestas por los consumidores por sector y entidad federativa derivado del incremento y los cobros excesivos en las tarifas de energía eléctrica durante los tres últimos años a la fecha, así como los casos resueltos a favor de los consumidores.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 13 de marzo de 2018.

Diputada Minerva Hernández Ramos (rúbrica)