Proposiciones
Efemérides

Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Semarnat y la Profepa a instaurar acciones de prevención y protección de la fauna endémica de la península yucateca en peligro debido a las consecuencias del cambio climático, a cargo de la diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, diputada Zacil Leonor Moguel Manzur, integrante de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el mundo se cuenta con una gran biodiversidad, la cual, en su sentido más amplio, se entiende como la variedad de organismos y ecosistemas que existen sobre la Tierra. Representa el capital natural de una región y es tan importante como los otros capitales que generalmente reconocemos: el económico y el humano.

Dependiendo del número de especies que habiten o se encuentren en cada país, estos son considerados como diversos o megadiversos, en el caso específico de México, es de señalar que, se encuentra entre los cinco primeros países en megadiversidad y ocupa el séptimo lugar por superficie, con un millón 972 mil 544 kilómetros cuadrados.

Se estima que de los 1.68 millones de especies descritas en el mundo, en nuestro país se encuentran, entre 10 por ciento y 12 por ciento del total de las especies de vertebrados terrestres y plantas vasculares; poco más de 25 mil corresponden a plantas vasculares, alrededor de 5 mil 500 a vertebrados (la mayoría peces y aves), 7 mil a hongos y cerca de 70 mil a invertebrados (la mayor parte insectos: 47 mil 853 especies).1

Como ejemplo de lo anterior, podemos mencionar a la península de Yucatán, que se integra por tres estados: Quintana Roo, Yucatán y Campeche, dicha península es el hogar de una gran diversidad de fauna, en esta zona habita el 50 por ciento de las aves conocidas en México, algunas de estas especies de aves se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.

Las grandes maravillas que ofrece la península de Yucatán en cuanto a biodiversidad, a pesar de las normas y leyes vigentes para su protección, diversas especies de aves que habitan en dicha región, se encuentran en peligro debido a factores ambientales a consecuencia del cambio climático.

Durante el mes de diciembre del año pasado y lo que va del 2018, aves como los trogones o coas cabeza negra, así como diversas especies de tucanes, han aparecido muertas, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua, se identificó una sequía extrema atípica en la península de Yucatán para el periodo 2016–2017, situación que limitó la producción de un alimento requerido para estas aves.

La falta de alimento ha orillado la migración de aves a zonas urbanas, en donde están destinadas a morir, ya que no cuentan con los medios naturales para su supervivencia y preservación.

Es claro que uno de los principales factores de amenaza para la biodiversidad son las actividades humanas, las cuales, han causado la pérdida de hábitats, la fragmentación de los ecosistemas, la contaminación del aire, la tierra, los ríos y mares, por mencionar sólo algunas, sin dejar de señalar que cada una de estas actividades son causas para la generación del desequilibrio climático.

De esta forma, los efectos del cambio climático ponen en riego no sólo a los trogones, coas cabeza negra y tucanes que habitan la península de Yucatán, si no, a todos los animales que habitan en la región.

Ante la muerte de diversas especies de aves en dicha zona, se deben de tomar cartas en el asunto, con la finalidad de garantizar su supervivencia y evitar la extinción de diversas especies endémicas de la región que ven amenazada su permanencia por la alteración de su hábitat natural.

Por la problemática descrita párrafos atrás, se propone exhortar a los titulares de las Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que con base en sus atribuciones, instrumenten acciones de prevención y protección de la fauna endémica de la península de Yucatán que se encuentra en peligro debido a las consecuencias del cambio climático, en coordinación con los gobiernos de los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, respectivamente.

La actual crisis de la diversidad biológica en la península de Yucatán, por la pérdida de fauna silvestre, representa una amenaza para la salud y para la prosperidad futura de la humanidad por lo que es necesario tomar medidas para preservar el hábitat natural de las especies en peligro.

Es necesario proteger la biodiversidad de la península de Yucatán para preservar las especies endémicas que ahí habitan, es un deber como legislador llevar a cabo las medidas necesarias para evitar su extinción y mantener el equilibrio ecológico en la zona.

Por lo aquí expuesto y fundado, someto a consideración de este pleno la presente proposición con

Punto de Acuerdo

Único: La LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente, a los titulares de las Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que con base en sus atribuciones, instrumenten acciones de prevención y protección de la fauna endémica de la península de Yucatán que se encuentra en peligro debido a las consecuencias del cambio climático, en coordinación con los gobiernos de los estados de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, respectivamente.

Nota

1 Semarnat, “Biodiversidad conocer para conservar”,
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/05_serie/biodiversidad/capitulo1.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2017

Diputada Zacil Leonor Moguel Manzur (Rubrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la PGR a difundir el estado de las investigaciones sobre las denuncias presentadas por la ASF respecto al presunto desvío de recursos públicos por la Sedesol, a cargo del diputado Omar Ortega Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El que suscribe, Omar Ortega Álvarez, diputado de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 79, numerales 1, fracción II, y 2, fracciones I y II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha realizado cuatro denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por posibles desvíos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a través de una estrategia que ha sido definida por medios de comunicación como la “Estafa Maestra”.

Esta operación de corrupción, que parece haber involucrado distintas instancias gubernamentales, era ejecutada desde el gobierno federal para triangular recursos por medio de varias universidades públicas, que a su vez contrataban a otras empresas. Las investigaciones periodísticas señalan que además se utilizaban prestanombres, quienes, en la mayoría de los casos, desconocían completamente formar parte de empresas que habían resultado ganadoras de concesiones millonarias.

Las tres primeras denuncias de la ASF ante PGR por posibles desvíos en Sedesol en 2015 con universidades fueron por un monto de aproximadamente 540 millones en conjunto, sin que hasta ahora haya avances en las indagatorias.

Estos recursos fueron entregados mediante convenios a tres universidades (Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica de Chiapas y la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl) en el año 2015, periodo en el que la Sedesol estuvo encabezada por Rosario Robles y el hoy candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia, José Antonio Meade.

En el mismo sentido, “la ASF detectó un desvío de recursos que asciende a mil 311 millones de pesos, a través de pagos realizados a empresas fantasmas por parte de la Sedesol y la Sedatu durante las gestiones de Rosario Robles”.1 Además, la Auditoría ha señalado que, presuntamente, la Sedesol “pagó más de 3 mil millones de pesos a miles de personas inscritas en el Programa para Adultos Mayores (PPAM), pero cuyo estatus era de fallecidas, no localizadas o cuyos nombres se encuentran duplicados en el padrón, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2016”2 que realizó.

Cabe destacar que hasta septiembre del 2016 la Sedesol fue dirigida por el actual candidato a la presidencia por el PRI, José Antonio Meade, quien fuera sustituido por Luis Enrique Miranda Nava, actual delegado del PRI para las elecciones a gobernador de Chiapas.

Estos señalamientos de la ASF resultan muy importantes, ya que, como indicó, “la falta de control y apego a las reglas de operación del PPAM puede causar un daño al erario anual estimado del orden de 3 mil 198 millones de pesos”.

Todo lo anteriormente señalado se vuelve peligroso para México en tanto un aspirante a la Presidencia es señalado por un organismo autónomo como la ASF de un gran desvío de recursos que estaban a su cargo. Si como titular de una secretaría se le escapan miles de millones de pesos, ¿qué puede esperar la ciudadanía?

Ante la actual coyuntura electoral de México, donde los niveles de impunidad posicionan al país en el segundo lugar de los países con mayor índice de impunidad, y el lastre de la corrupción permea a los más altos niveles de la administración pública federal, urgen cuentas claras y transparentes, y candidatos presidenciales a la altura de las circunstancias.

Es lamentable que las instituciones encargadas de vigilar y dar certeza a los procedimientos y aplicaciones de los recursos federales etiquetados predestinados a programas sociales en su mayoría, sean objeto de dudas y denuncias.

Frente a lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República a que haga pública la información sobre el estado que guardan las investigaciones de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación respecto al presunto desvío de recursos públicos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.

Notas

1. Animal Político. “Auditoría revela desvíos millonarios en Sedesol y Sedatu; Rosario Robles lo niega y pide presentar pruebas”. Consultado en línea el 20 de febrero de 2018: https://www.animalpolitico.com/2018/02/auditoria-sedesol-desvio-rosario -robles/

2 Sandoval, F. “Sedesol realizó pagos millonarios a adultos mayores fallecidos, no localizados o duplicados, revela ASF”. Consultado en línea el 21 de febrero de 2018: https://www.animalpolitico.com/2018/02/sedesol-pagos-adultos-mayores-au ditoria/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.

Diputado Omar Ortega Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al apoyo y fortalecimiento de la producción de piña en Oaxaca, a cargo de la diputada Natalia Karina Barón Ortiz, del Grupo Parlamentario de Morena

Natalia Karina Barón Ortiz , diputada a la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 62, numeral 3; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo relativo al apoyo y fortalecimiento de la producción de piña en el estado de Oaxaca, al tenor de las siguientes:

Consideraciones

La piña es un fruto originario de América, considerado como exótico. Adquiere relevancia por su dinámica económica como generador de empleos en la producción y comercialización y en el proceso de industrialización; sin embargo, los productores de piña enfrentan problemas que afectan la producción. La principal causa de la crisis son las graduales importaciones de piña industrializada subsidiada desplazando la producción nacional y local, particularmente de las zonas piñeras del estado de Oaxaca.

De acuerdo con el sistema de Planeación Agrícola Nacional 2017-2030 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación –Sagarpa-, México está en el sexto lugar entre los principales exportadores de piña. En los primeros cinco lugares se encuentran: Costa Rica, Filipinas, Países Bajos, Bélgica y Estados Unidos (2016).i El Atlas Agroalimentario 2017 indica que Costa Rica sostiene una producción de más de 2 millones 900 mil toneladas mientras que México es el noveno productor mundial con 817 mil 463 toneladas.

Los principales estados productores de piña en México son Veracruz, con el 64.9 por ciento de la producción nacional; le siguen: Oaxaca (12.8 por ciento); Tabasco (6.2 por ciento); Quintana Roo (4.6 por ciento); y Jalisco (2.8 por ciento). De acuerdo con la Sagarpa,

“Las cinco entidades antes referidas concentran el 92.3 por ciento del total de producción en el país, lo que equivale a 808 mil toneladas, aunque el cultivo de este producto se realiza en 12 estados, sobre una superficie estimada de 41 mil hectáreas.

La producción total de piña tiene un valor comercial de alrededor de dos mil 899 millones de pesos y un consumo anual per cápita en México 6.3 kilogramos.

Referentes a las exportaciones de este producto, de 2014 a 2016 (enero- noviembre), las ventas se duplicaron al pasar de 18.1 millones de dólares a 40.1 millones de dólares, rebasando incluso al total de lo comercializado durante todo 2015.

Los principales destinos de exportación para las piñas mexicanas son Estados Unidos, Corea del Sur y España, estas tres naciones concentran más del 95 por ciento de las ventas al extranjero realizadas en dicho periodo... Igualmente indica que... la producción de este cultivo presenta una tendencia hacia el alza desde 2010, con un mayor énfasis en los últimos cuatro años. Lo anterior al pasar de 702 mil toneladas en 2010 a más de 875 mil toneladas el año pasado, conforme a un reporte preliminar elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). En los últimos tres años, la producción de piña registró una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 2.4 por ciento, con un promedio en volumen de 843 mil toneladas”.ii

El Atlas Agroalimentario 2017 publicado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la SAGARPA, los municipios con la mayor producción del fruto son:

De acuerdo con la tabla anterior, Loma Bonita, Oaxaca, está entre los principales productores piñeros de la república. Este municipio por sí solo aporta más del 9 por ciento de la producción de piña a escala nacional; sin embargo, al inicio de la cosecha 2018 afronta diversos problemas que ponen en riesgo la producción y que ya se vienen advirtiendo desde años atrás por lo que no se ha atendido, de forma eficaz, las cadenas de producción en Oaxaca.

En 2012, el “Plan Rector. Sistema producto piña del Estado de Oaxaca” aprobado por la Sagarpaiii señaló que, a diferencia de lo que sucede con otros frutos tropicales, México no ha logrado una consolidación en el mercado extranjero:

“La falta de competitividad de los productores de piña no sólo afecta la comercialización de la piña en los mercados internacionales sino también en el mercado interno. Mientras que países como Costa Rica y Honduras, así como países asiáticos como Tailandia, Filipinas y Taiwán, han desarrollado en los últimos años nuevas tecnologías que les han permitido penetrar en el mercado estadounidense, que es el principal mercado de destino de las exportaciones mexicanas de piña, los productores mexicanos se han rezagado.

El cultivo de la piña se ha visto también afectado por los altos costos de producción y por los aumentos desproporcionados de la superficie de cultivo, que no corresponde al consumo doméstico, que se ha mantenido prácticamente sin cambios importantes, lo que dificulta colocar en el mercado los excedentes de producción que se vienen generando. Esta situación se agrava aún más con el ingreso de la piña procesada a territorio nacional a través de prácticas desleales de comercio o vía el contrabando.”

Para el caso de Oaxaca, el municipio de Loma Bonita ha sido desplazado no sólo por la expansión de la producción hacia otros municipios. Ante la falta de incentivos, los productores denunciaron las prácticas desleales y la introducción de piña tailandesa, que deja sin posibilidad de comercialización al producto nacional. En este año, el precio en el mercado alcanza los 150 pesos por tonelada poniendo en riesgo a los productores, que no recuperan costos de producción e insumos.

Anteriormente, en la comercialización existían firmas industriales en el municipio de Loma Bonita que permitían la realización de negocios con los productores piñeros; sin embargo, las marcas se han retirado del municipio cerrando la puerta al mercado nacional más allá del estado de Oaxaca. Además, los productores denuncian el ingreso de piña tailandesa barata que ha desplomado el precio de la oaxaqueña a 150 pesos por tonelada.

De igual forma, los productores enfrentan la escasez de recursos económicos además de la carencia de alternativas de comercialización, así como el acceso al créditos ágiles para elevar la rentabilidad del cultivo. Los sistemas de riego son prácticamente inexistentes en las plantaciones de piña oaxaqueños, por lo que los productores ven inaplazable la instalación de sistemas de riego. La ausencia de riego dificulta y eleva el costo por aplicación de fertilizantes, plaguicidas y de otros insumos en las plantaciones resultando esencial las mejoras y el fortalecimiento de la infraestructura para fortalecer el cultivo y cosecha.

En este sentido, es necesario un exhorto a fin de que el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que realice las acciones para garantizar la rentabilidad de la producción de piña en el municipio de Loma Bonita, Oaxaca. Asimismo, es necesario que la Sagarpa efectúe la distribución eficaz de insumos y recursos para ampliar los mercados nacionales en beneficio de los productores de piña oaxaqueños

También se considera el exhorto a la Secretaría de Economía, a fin de considerar la modificación de aranceles a las importaciones de piña y propiciar condiciones favorables para que el sector de la piña sea competitivo respecto a las originarias de países asiáticos manteniendo la protección al producto nacional y sean efectivos los apoyos otorgados al sector.

De igual forma, es necesario un exhorto al secretario de Hacienda y Crédito Público a que, en el ámbito de su competencia, realice la integración de un fondo de crédito que permita la adquisición de insumos e infraestructura que permitan la producción barata y eficaz de piña producida en el estado de Oaxaca.

Finalmente, se considera oportuno un exhorto al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera para que, en el ámbito de su competencia, coadyuve al desarrollo de información y campañas intensivas que permitan la apertura de los diversos mercados nacionales e internacionales para la piña del estado de Oaxaca.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a realizar acciones efectivas para garantizar la rentabilidad del cultivo y producción de piña y ampliar los mercados nacionales en beneficio de los productores del estado de Oaxaca.

Segundo. Se exhorta al secretario de Economía a que, en el ámbito de su competencia, considere la modificación y alza de aranceles a las importaciones de piña y propiciar condiciones favorables para que el sector piñero nacional sea competitivo, particularmente en el estado de Oaxaca.

Tercero. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público a que, en el ámbito de su competencia, realice la integración de un fondo de crédito para la adquisición de insumos e infraestructura que permitan la producción barata y eficaz de piña en el estado de Oaxaca.

Cuarto. Se exhorta a la directora en jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera a que, en el ámbito de su competencia, coadyuve en el desarrollo de información que fortalezca la comercialización en los diversos mercados nacionales e internacionales, de la piña producida en el stado de Oaxaca.

Notas

i En:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/257084/Potencial-Pi_a.pdf

ii http://www.sagarpa.gob.mx/Delegaciones/bajacaliforniasur/boletines/2017/enero/Documents/2017BS029.PDF

iii En: http://dev.pue.itesm.mx/sagarpa/estatales/EPT%20COMITE%20SISTEMA%20PRODUCTO%20PINA%20OAXACA/
PLAN%20RECTOR%20QUE%20CONTIENE%20PROGRAMA%20DE%20TRABAJO%202012/PR_PINA_OAXACA_2012.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.

Diputada Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a instruir a los agentes del MP a fin de atender a las víctimas independientemente del delito respectivo y no ejercer acciones para desistirse de la denuncia, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido diputado del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79 numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, someto a consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta a la Procuraduría General de la República y a las procuradurías generales de justicia o fiscalías generales de las entidades federativas, para que instruyan al personal de los ministerios públicos a que cumplan con su deber atendiendo a las víctimas independientemente del delito del que se trate y no ejerzan acciones tendentes a que desistan de realizar su denuncia , con base en lo siguiente:

Exposición de Motivos

En México, 93.7 por ciento de los delitos no se denuncian, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), la cual es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).1

Pese a que los delitos causan un daño económico, moral y en ocasiones incluso físico, ¿Por qué no se denuncian? algunos de los motivos son miedo al agresor, no contar con pruebas, pérdida de tiempo y desconfianza en la autoridad, siendo estas dos últimas causas atribuibles a las autoridades gracias a los trámites largos o difíciles, a la actitud hostil de la autoridad e incluso el miedo a ser extorsionado por parte de las mismas autoridades.2

Estos miedos de las víctimas contra las autoridades dentro de nuestro sistema de justicia desafortunadamente no son infundados, pues existen casos documentados de personal del Ministerio Público inmiscuido en delitos de extorsión contra víctimas de delito. En agosto de 2017, se dio a conocer un caso en el que una agente del Ministerio Público extorsiona a una víctima de robo en la Ciudad de México, la víctima se presentó en el Ministerio Público a denunciar un robo a mano armada en la colonia Condesa, los asaltantes viajaban en motocicleta, usaban casco con la careta levantada, 12 horas después lograron capturar a uno de ellos y la víctima lo reconoció, sin embargo, al mismo tiempo aceptó que no lo podía reconocer plenamente por el casco que llevaba. Ante esta situación se le acuso a la víctima de falsedad de declaración y se le pidieron 15 mil pesos para evitar que se le consignará. Tanto la secretaria del ministerio, como la Ministerio Público, presionaron a la víctima con el argumento de que el presunto responsable la estaba acusando de falsedad de declaraciones y tenían que consignarla, sin embargo, ellas podían ayudarla a cambio de esos 15 mil pesos para no cambiar su estatus de víctima a presunta responsable, siendo lo anterior comprobado gracias a la grabación de las llamadas entre las extorsionadoras y la víctima a su número celular.

La justicia en México cuenta con limitantes, ya sea por los protocolos, la interpretación de las leyes, o el personal que las ejerce; cuestiones que en ocasiones contribuyen a que los denunciantes desistan de levantar sus denuncias, sobre todo si a esto le sumamos que al denunciar también nos arriesgamos a caer en manos de servidores sin escrúpulos que pueden terminar extorsionándote. Afortunadamente en el caso anterior detuvieron a las responsables y no todo el personal de los ministerios públicos trabaja de esta manera, sin embargo, es preocupante la facilidad con la que demeritan las denuncias de las víctimas, ya sea por ser de monto bajo, por no querer hacer papeleo o por no querer brindar orientación adecuada a las víctimas, ocasionando que muchísimos delitos queden en la impunidad y muchos delincuentes más no sean perseguidos, pues al no existir denuncias en su contra, no hay delito que perseguir.3

La sociedad no se siente segura con sus autoridades, y es que en 2015 el Centro de Investigación y Docencia Económica emitió un informe destacando temas de corrupción, resaltando que 78 por ciento de los encuestados creen que ganar un juicio se puede con dinero y con relaciones, así como 45 por ciento dijo haber sido víctima de corrupción; pero el que más resalta es el nivel de confianza que tiene la sociedad en las autoridades el cual se encuentra en 44 por ciento un nivel muy por debajo del promedio que es de 52 por ciento.4

Desafortunadamente la sociedad y las víctimas son las que tienen que enfrentarse con la incapacidad de las autoridades, la corrupción, que se ha vuelto algo normal y de trámite cuando se busca que algún asunto prospere, y la impunidad por la falta de actuar de la autoridad que ya es una constante. Si bien nuestras autoridades tienen exceso de trabajo, sueldos bajos y falta de personal, ante un delito, re victimizar a la víctima no debe ser una opción.

Lo que nos lleva a preguntarnos entonces, si no confiamos en las autoridades, entonces ¿qué debemos hacer? Es un deber consagrado en la Constitución Política y es una obligación establecida en el artículo 21, en la que se describe que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías,5 es por ello que además de capacitar a las autoridades, se debería de exigir mayor eficacia y atención en temas de índole cotidiano, no que atiendan de acuerdo a la cuantía o gravedad, un delito es un delito y si ya son pocos los que acuden a denunciar, se debe hacer algo para evitar que estas situaciones se repitan.

La investigadora del Instituto Nacional de Ciencia Penales (Inacipe), Laura Londoño, ha planteado una mayor capacitación para un mayor seguimiento al proceso de implementación y problemas procesales que se van presentando, así como la contratación del personal adecuado,6 medidas necesarias para una mejor implementación en el sistema de justicia penal acusatorio.

Medidas que de igual forma coindicen con la publicación realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, subrayando que, para alcanzar el objetivo en una mejor práctica del sistema penal Acusatorio, es necesario la capacitación, ilustración y entrenamiento de la misma, cambiando el paradigma de justicia desde su vida, haciendo que todo lo que aprenda sea una experiencia personal 7 . La capacitación con lo anterior se plantea que sea más directa y más humana, que se pueda sentir y escuchar el auxilio ciudadano y sobre todo tener más cercanía con los problemas sociales y cotidianos.

Ya que las consecuencias son muchas y los malestares crecen cada día más, es por ello que exhorto a las procuradurías a afianzar la capacitación al personal que labora en los ministerios públicos, ya que es necesario para un mejor resultado y sobre todo la confianza en la gente que a diario vive y sufre el temor de algún delito y que este quede en la impunidad.

Considerandos

Durante el Congreso Internacional Cambio de Cultura en el nuevo modelo de justicia penal, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Acusatorio de la Procuraduría General de la República, Rommel Moreno, resaltó el temor que se tiene por parte de los Ministerios Públicos, Policías y Jueces, así como también de los defensores públicos y privados, derivado de la falta de capacitación.8

Además de que para la directora del área de justicia del CIDAC, María Novoa, la policía y el Ministerio Público, deberán de ser un binomio con el que el ciudadano cuenta, ya que son con los que se entra en contacto en primera instancia por algún delito, estos deben eliminar los problemas que mantienen de coordinación y de desconfianza; esto podemos presumirlo ya que el 50 % de los Ministerio Público considera que hay deficiencias generalizadas en coordinación con la policía.9

La capacitación de Ministerios Públicos y Policías, así como del resto del personal que labora en las agencias del Ministerio Público es necesaria para una mayor eficacia y rendimiento en su labor con la sociedad, desde una percepción más humana.

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica y a las procuradurías generales de justicia o fiscalías generales de las entidades federativas, para que capacite al personal que labora en los Ministerios Públicos y a los policías, para que puedan ofrecer una atención más humana a las víctimas que acuden a ellos para realizar la denuncia de algún hecho delictivo y a la ciudadanía en general.

Segundo. Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica a las procuradurías generales de justicia o fiscalías generales de las entidades federativas, para que instruya al personal de los Ministerios Públicos para que cumplan con su deber atendiendo a las víctimas independientemente del delito del que se trate y no ejerzan acciones tendientes a que desistan de realizar su denuncia.

Tercero. Se exhorta a la Procuraduría General de la Republica, a las procuradurías generales de justicia o fiscalías generales de las entidades federativas y a la Visitaduría General, para que supervisen y se aseguren de que existan teléfonos con línea directa a la fiscalía de delitos de servidores públicos, para denunciar a servidores públicos, instalados en cada agencia del Ministerio Público; que estos estén visibles, funcionen y cuenten con servicio las 24 horas del día los 365 días del año.

Notas

1 Inegi. Nota técnica Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017. http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/envipe/envipe2017_0 9.pdf

2 Ídem.

3 “Reporte sobre delitos de alto impacto, marzo 2017”. Observatorio Nacional Ciudadano . http://onc.org.mx/tag/estadisticas/

4 “Corrupción y Desconfianza en el Sistema Judicial”. Milenio. Jesús Rangel. 28 de abril de 2015.
http://www.milenio.com/firmas/j-_jesus_rangel_m/Corrupcion-desconfianza-sistema-judicial_18_508329189.html

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

6 “Sistema penal: un año de ir a contracorriente”. El Economista . 15 de junio de 2017.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Sistema-penal-un-ano-de-ir-a-contracorriente-20170616-0054.html

7 “El sistema penal acusatorio”. Inacipe. Arely Gómez Gonzales. Noviembre 2016.
http://www.inacipe.gob.mx/stories/publicaciones/novedades/ReformaPenal2008-2016.pdf

8 “Temen aplicar justicia por falta de capacitación”. El Siglo de Durango . 8 de noviembre de 2017.
http://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/918213.temen-aplicar-justicia-por-falta-de-capacitacion.html

9 “No hay coordinación entre policías y MP”. El Economista . Héctor Molina. 15 de marzo de 2017.
https://www.eleconomista.com.mx/politica/No-hay-coordina cion-entre-policias-y-MP-20170316-0068.html

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de Sonora y la Sedatu a conocer y conducirse conforme al debido proceso respecto al tema de la etnia tohono o’odham, a cargo de la diputada María Elida Castelán Mondragón, del Grupo Parlamentario del PRD

Quien suscribe, María Elida Castelán Mondragón, diputada federal de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numerales 1, fracción II, y 2, del Reglamento de esta Cámara de Diputados, pongo a la consideración de este pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo con el tenor de las siguientes:

Consideraciones

En el 2006, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas declaró que nuestra etnia tohono o´odham se encontraba en “estatus de gravemente amenazada”, identificó, como factor de la desaparición, el despojo territorial.

Por eso hoy, la etnia, con el objetivo de sobrevivir, amparada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2o. apartado A, fracción V, que a la letra dice:

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución.1

No siendo suficiente la etnia tohono o´odham, una comunidad que habita en la frontera de México con Estados Unidos, entre Sonora y Arizona, con un área de 2,538-99-75 hectáreas de El Bajío, en el estado de Sonora, acudió al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para la realización de un peritaje antropológico donde se da cuenta y fe de la posesión del territorio por parte de la etnia, le pedimos a la esta soberanía haga lo necesario para regresarnos las tierras que el gobierno nos quitó en 1948.

En el 2016 presentamos nuestro caso ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que en su octava sesión extraordinaria del 2016 aprobó el asunto para ser atendido por el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural. Sin embargo, hoy en día no se ha llegado a una solución mientras que nuestra etnia sigue viviendo esta terrible problemática.

Amparados en el artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,2 tratado internacional ratificado por el Estado mexicano desde el 5 septiembre 1990, con un estatus de pleno vigor. El cual, por la trascendencia, se trascribe íntegramente:

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

De lo escrito se concluye que la entidad federativa de Sonora, la dependencia de Sedatu y el mismo gobierno federal están conculcando las disposiciones constitucionales expresas en materia de la composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y al mismo tiempo la inobservancia de un instrumento internacional, por lo cual el grupo parlamentario del PRD se pronuncia a favor de que la etnia tohono o´odham recupere su territorio que perdió desde 1948, a lo cual se solicita se conduzcan conforme al debido proceso y cumplan a la brevedad posible con los ordenamientos nacionales e internacionales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a su consideración de esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente:

Punto de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta atentamente a los miembros del Comité del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a que den prioridad y solucionen en favor de la etnia tohono o´odham el Conflicto Social Agrario por las 2,538-99-75 hectáreas de El Bajío, en el estado de Sonora.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta atentamente a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano a cumplir con el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, prestando particular atención a la situación de los pueblos nómadas y los agricultores itinerantes o semi nómadas.

Notas

1. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

2. http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_IN STRUMENT_ID:312314

Dado en el palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.

Diputada María Elida Castelán Mondragón (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a diversas instituciones a realizar acciones conjuntas tendentes a preservar y garantizar el derecho al agua de los habitantes de la Ciudad de México, a cargo de la diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Blanca Margarita Cuata Domínguez , integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo al tenor de los siguientes:

Antecedentes y consideraciones

Que el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su parte conducente establece que: “...Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”...

Que con fecha 4 de marzo de 2018 se dio a conocer en un diario de circulación de la Ciudad de México, una declaración del director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México donde señala lo siguiente:

...“Tenemos detectadas 60 mil tomas clandestinas en la capital del país, que equivale al 3 por ciento de los dos millones de usuarios registrados. Es difícil detectar este tipo de tomas debido a que nos damos cuenta una vez que recibimos las quejas”, externó Aguirre en entrevista con Publimetro .”...1

Por otro lado, José Ramón Amieva, titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que varias tomas de agua de esta ciudad capital del país fueron tomadas por diversos grupos que las manipulan para generar una “preocupación social”.2

En ese sentido, resultan preocupantes las declaraciones de los funcionarios de Ciudad de México, ya que esta serie de tomas clandestinas atentan directamente contra la vida y la salud de los habitantes de ésta capital.

“...Dijo que en los últimos días se han registrado problemas en pozos, válvulas y el vandalismo, como el robo de cables, provocaron fallas en colonias que con anterioridad no presentaban problemas de desabasto, como la colonia Narvarte o la Portales.”...3

No olvidemos que, de acuerdo con los datos del programa de Manejo, Uso y Reúso del Agua de la UNAM (Pumagua), manifestaron que Ciudad de México podría quedarse sin agua en el 2048.4

No obstante, lo anterior, y para mitigar el temor de la población respecto de las declaraciones del director general del Sistema de Aguas de Ciudad de México, el mismo señaló al día siguiente, que:

“...En entrevista por Triple W , el director del Sistema de Aguas capitalina, Ramón Aguirre, desmintió que se estén robando el agua ni que se avecine la peor crisis del líquido en la Ciudad de México, como lo reportaron varios medios en los que alertaban a la población de la manipulación de miles de válvulas en varias delegaciones

No se trata de grupo (sic) organizados ni un tema mayor, es algo que hemos vivido durante muchos años en la ciudad y que se confundió este asunto de las válvulas con 60 mil tomas”.

Aguirre dijo que el desabasto de agua se debe a las constantes interrupciones de energía eléctrica que afectan a la red de pozos que surten varias delegaciones en la capital, pues explicó que si estas válvulas dejan de bombear por horas, el agua comienza a escasear y deben de mandar brigadas para reactivar los equipos.”...5

Sin embargo, más allá de desmentidos que parecen más la respuesta a un regaño del jefe de Gobierno de Ciudad de México, por decir la verdad, lo cierto es que el desabasto de agua en varias delegaciones de la ciudad continúa, y debemos tomar medidas en consecuencia.

No podemos pasar por desapercibido, que este cinco de marzo acudieron mujeres de la delegación Iztapalapa, con sus cubetas vacías a las oficinas de SACMEX, exigiendo al director de Aguas de Ciudad de México, Ramón Aguirre, que instrumente ya un plan hídrico para mitigar la sed que padece la delegación Iztapalapa desde hace muchos años.6

De igual manera, no podemos soslayar sus palabras y sus quejas por no contar con el vital líquido para cubrir las necesidades básicas de sus familiares.

Por lo tanto, es necesario generar políticas públicas y proteger los derechos de los habitantes, sin distinción de generó, en materia de agua.

En consecuencia, se debe exhortar de manera respetuosa al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al procurador federal de Protección al Ambiente; al jefe de Gobierno de Ciudad de México; al titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales -en suplencia del procurador general de la República-; al director general de la Comisión Nacional del Agua; al director general del Sistema de Aguas de Ciudad de México, a que de manera conjunta realicen acciones tendientes a preservar y garantizar el derecho al agua de los ciudadanos de Ciudad de México, así como a mejorar el servicio a la población, lo anterior, por tratarse de una cuestión de orden público e interés social.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; al procurador federal de Protección al Ambiente; al jefe de Gobierno de Ciudad de México; al titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales -en suplencia del procurador general de la República-; al director general de la Comisión Nacional del Agua; al director general del Sistema de Aguas de Ciudad de México, a que, de manera conjunta, realicen acciones tendientes a preservar y garantizar el derecho al agua de los habitantes de la Ciudad de México.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al jefe de Gobierno de Ciudad de México; al director general de la Comisión Nacional del Agua y al director general del Sistema de Aguas de Ciudad de México, a que, de manera conjunta, realicen acciones tendientes a mejorar el servicio de suministro de agua a los habitantes de Ciudad de México.

Notas

1 https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2018/03/04/
se-avecina-la-peor-crisis-agua-cdmx-secuestran-60-mil-tomas.html

2 Ídem 2

3 http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/03/02/1223813

4 https://regeneracion.mx/la-ciudad-de-mexico-podria-llegar-a-escasez-ext rema-de-agua-en-2048-expertos-unam/

5 http://wradio.com.mx/programa/2018/03/06/triple_w/15202 96103_646622.html

6 http://www.vertigopolitico.com/articulo/52040/Con-cubetas-exigen-agua-a -Sacmex

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.

Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, sobre las observaciones de la revisión 1062, tipo financiero con enfoque de desempeño, clave 16-A-14000-14-1062, Cuenta Pública de 2016, del gobierno de Jalisco, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Rosa Alba Ramírez Nachis, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone) se creó el 9 de diciembre de 2013, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación el “decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.1

Este fondo sustituyó el de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

El Fone2 es un apoyo económico que llega a los estados con objeto de cumplir lo expresado en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica.

El fondo tiene como prioridad apoyar a la educación a fin que el estado garantice atender el derecho humano de los niños, niñas y jóvenes a la educación.

Según el Marco de Referencia del Fone,3 que emitió la Auditoría Superior de la Federación, se conoció que durante 2016, 8 estados de la república, incluido Jalisco, concentraron 47.6 por ciento de los recursos del fondo.3

Por ello, y atendiendo quejas ciudadanas sobre la insuficiente calidad de la educación en el estado de Jalisco, revisamos con detenimiento los informes de auditoría que reporta la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016.4

En su análisis se identificó la auditoría financiera con enfoque de desempeño con clave de identificación 16-A-15000-14-1062,5 denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo del Gobierno de Jalisco.

El objetivo de dicha revisión consistió en verificar el uso de los recursos del Fone aportados por la federación durante 2016 al gobierno de Jalisco por 17 748 948.5 miles de pesos.

En la lectura de los resultados se identificaron las siguientes observaciones y de su análisis surgieron inquietudes que se describen a continuación:

Resultado 4.

Al gobierno de Jalisco fueron entregados 258 802.1 miles de pesos por concepto de otros de gasto corriente, y durante su administración se generaron intereses por 4 425.9 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal de 2016 fue de 263 228.0 miles de pesos.

De esos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 se pagaron 198 175.7 miles de pesos, que representaron 75.3 por ciento del disponible, incluidas las transferencias a otras cuentas, en tanto que al 31 de octubre de 2017 se pagaron 221 mil 199.1 miles de pesos, que representaron 84.0 por ciento del disponible incluidas las transferencias a otras cuentas y se determinó un subejercicio que equivale a 42 029.0 miles de pesos.

Asimismo, le fueron entregados 613 019.8 miles de pesos por concepto de gastos de operación y durante su administración se generaron intereses por 17 985.8 miles de pesos.

Además, se realizaron reintegros a la cuenta del fondo por 40 134.7 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal de 2016 fue de 671 140.3 miles de pesos.

De esos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 2016 se pagaron 369 mil 774.1 miles de pesos, que representaron 55.1 por ciento del disponible, incluidas las transferencias a otras cuentas, en tanto que al 31 de octubre de 2017 se pagaron 489 418.0 miles de pesos, que representaron 72.9 por ciento del disponible incluidas las transferencias a otras cuentas y se determinó un subejercicio que equivale a 181 722.3 miles de pesos, por lo que el subejercicio total es de 223 751.4 miles de pesos.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

No obstante, se identifica discrecionalidad en la determinación de este resultado, donde se da por bueno el ejercicio de 142 667.30 miles de pesos de enero a octubre de 2017 si bien, como expresé en el párrafo anterior, éstos corresponden a recursos de 2016.

Asimismo, 40 134.7 miles de pesos se señalan en el informe de auditoría se obtuvieron como reintegros a la cuenta del fondo sin que se conozcan los motivos reales que los originaron. En otras palabras, nadie regala recursos públicos de la nada.

Este hecho requiere mayor precisión por la Auditoría Superior de la Federación y, con dicha información, permita a la Cámara de Diputados determinar si dichos recursos se requieren o no anualmente.

Resultado 5.

La SEPAF realizó pagos de la cuenta bancaria de gastos de operación en conceptos de los capítulos 4000, “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”; y 5000, “Bienes muebles, inmuebles e intangibles”, por 36 822.6 miles de pesos, de los cuales se reintegraron 36 820.6 miles de pesos a la cuenta del fondo, existiendo una diferencia por 2.0 miles de pesos; tampoco se depositaron los intereses correspondientes.

La ASF omitió incluir la fecha en que estas recursos se mal utilizaron y por igual, en qué mes y año se devolvieron y cuál fue la fuente de los recursos con los que hacen el reintegro.

De igual manera, la ASF asume que el lector debe entender que estos recursos forman parte de los reintegros a los que se refiere el resultado no. 4. Solo debemos recordarles que no todos son fiscalizadores y cuesta mucho trabajo el rastreo de las cifras.

Resultado 6.

La SEPAF no registró contablemente los pagos por 66 332.6 miles de pesos correspondientes a gastos de operación, ni de un pago por 3 042.7 miles de pesos de otros de gasto corriente, y no dispone de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto correspondiente.

De igual manera, la ASF no indica en que mes y año de la presunción de la utilización de los recursos ni del instrumento como puede ser un estado de cuenta bancario que se utilizó para su identificación.

Sin pretender que estos informes de auditoría sean técnicos, se omite información relevante para todo ciudadano y, a su vez, se limita el derecho a saber.

Resultado 10.

La SEPAF, por cuenta y orden de la SEJ, realizó pagos de nómina estatal subsidiada con recursos del Fone de 2016, posteriores a la fecha de clausura de cuatro centros de trabajo a seis trabajadores, por un total de 637.3 miles de pesos.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 11.

La SEPAF realizó pagos por 10 063.8 miles de pesos, por cuenta y orden de la SEJ, a 51 personas que tuvieron las categorías de “director de secundaria de 1 turno”, “tecnólogo”, “subdirector de sección general 2 turnos”, “inspector de secundaria DT”, “coordinador académico”, “plaza complementaria inspector de secundaria DT”, “ayudante de laboratorio” y “director de secundaria de 2 turnos”, las cuales no se corresponden con el catálogo autorizado.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 13.

La SEPAF realizó pagos por 571.5 miles de pesos, por cuenta y orden de SEJ, a 5 trabajadores comisionados a cargos de elección popular que son “regidor” y “presidente municipal”, cuando este tipo de comisiones deben ser sin goce de sueldo.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 18.

Se determinó que a Jalisco se realizaron 2 mil 423 pagos a 70 trabajadores que contaron con 102 plazas por un importe bruto anual de 13 088.9 miles de pesos adscritos en 10 centros de trabajo no financiable con el Fone; pagos autorizados por la SEP por cuenta y orden de la SEJ entre los que destacan los denominados “Dirección de Programas Compensatorios y de Apoyo, Dirección de Relaciones Internacionales, Dirección de Educación a Distancia, Dirección de la Unidad Médica Odontológica”.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 19.

Al gobierno de Jalisco se realizaron 27 pagos a 7 trabajadores que contaron con 7 plazas, adscritos a 2 centros de trabajo AGS, personal comisionado al SNTE, por un importe bruto anual de 112.8 miles de pesos cuando este tipo de comisiones deben ser sin goce de sueldo; pagos autorizados por la SEP por cuenta y orden de la SEJ.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 20.

La SEP realizó mil 270 pagos indebidos, por cuenta y orden de la SEJ, por 7 952.7 miles de pesos a 70 trabajadores que contaron con licencia sin goce de sueldo, quienes tuvieron 199 plazas adscritos en 77 centros de trabajo.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 21.

Al gobierno de Jalisco realizaron mil 953 pagos, autorizados por la SEP por cuenta y orden de la SEJ, a 37 trabajadores los cuales contaron con 114 plazas por 12,475.7 miles de pesos quienes tuvieron un cargo de elección popular durante 2016, cuando estas comisiones deben otorgarse sin goce de sueldo.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 23.

La SEP realizó 91 pagos, por cuenta y orden de la SEJ, por 594.2 miles de pesos a 2 trabajadores quienes contaron con el mismo número de plazas los cuales se encontraban adscritos en 2 centros de trabajo en Jalisco, también en el estado de México y Sinaloa, los cuales no son compatibles geográficamente.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Resultado 27.

Con la verificación física de 278 centros de trabajo, no fueron localizados 269 trabajadores que recibieron recursos del Fone de 2016 y que estuvieron adscritos durante el ejercicio fiscal de 2016, a los cuales se le realizaron pagos por 6 710.5 miles de pesos.

Se emitió un pliego de observaciones del cual estamos de acuerdo, a fin que se determine una explicación del uso y destino de estos recursos.

Las observaciones de fiscalización y las inquietudes que observamos de su labor se resumen de la siguiente manera:

Se emite un pliego por el subejercicio determinado.

De manera discrecional se dio visto bueno al ejercicio de 142 667.30 miles de pesos en 2017 pese a son recursos de 2016. 5 36 822.6 miles de pesos ASF: No hace mención de que estos recursos forman parte de los reportados por 40 134.7 miles de pesos, reportados en el resultado número 4.

No aclara la forma en que se integran los restantes 3 3312.10 miles de pesos que permiten llegar a la observación de 40 134.7 miles de pesos.

En ningún momento señala la fecha en que se devolvieron ni la fuente de recursos que se utilizaron para dicho reintegro. 6 66 332.6 miles de pesos correspondientes a gastos de operación, ni de un pago por 3 042.7 miles de pesos de otros de gasto corriente ASF: No hace mención de la fecha en que estos recursos se erogaron ni la forma en que se identificaron sus salidas de las cuentas bancarias. 10, 11, 13, 18, 19, 20,21,23 y 27 52 207.4 miles de pesos Estamos de acuerdo con emitir pliegos de observaciones Este ejercicio no busca refiscalizar la labor que ha realizado la ASF, pero sí pretende dejar en claro que hay situaciones no sancionadas: en el resultado 4 un ejercicio de 142 667.30 miles de pesos en 2017 siendo recursos de 2016; en el resultado 5 no se aclara la forma en que se integran 3 3312.10 miles de pesos cifra integrante de los 40 134.7 miles de pesos determinados como reintegros; y en el resultado 6 si bien se indica que no se registraron contablemente y se presume la mala utilización de 66 332.6 miles de pesos correspondientes a gastos de operación, y 3 042.7 miles de pesos de otros de gasto corriente, nunca se precisa en qué mes y año se identifican las salidas de efectivo de las cuentas bancarias.

Por lo anterior, consideramos que ese órgano de fiscalización superior deberá considerar emitir las precisiones correspondientes a la opinión pública y considero oportuno emitir un exhorto al gobierno de Jalisco para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público los avances de seguimiento y en su caso las aclaraciones a las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión 1062, de tipo financiero con enfoque de desempeño con la clave 16-A-14000-14-1062, Cuenta Pública de 2016, con el título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, garantizando así el derecho a la información que demandan los jaliscienses; asimismo, considere la pertinencia de dar una justificación a la opinión pública sobre el hecho de no ejercer recursos del Fone por 223 751.4 miles de pesos durante el ejercicio de 2016.

Y finalmente, exhortar a la Auditoría Superior de la Federación para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público las aclaraciones que sean necesarias sobre la discrecionalidad en la determinación de los resultados números 4, 5 y 6 incluidos en la revisión 1062, de tipo financiero con enfoque de desempeño con la clave 16-A-14000-14-1062, Cuenta Pública de 2016, con el título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en los cuales da por bueno el ejercicio de recursos por 142 667.30 miles de pesos en el ejercicio fiscal de 2017 siendo que la revisión se centró en el ejercicio de 2016, situación que no se sustenta normativamente, por los 69 375.3 miles de pesos que fueron ejercidos pero por los cuales no se indica el mes y año en que fueron erogados por el ente fiscalizado y por los 3 312.10 miles de pesos que recibe como reintegros pero sin especificar su origen o motivo.

Este ejercicio de revisar a detalle los resultados de los informes de fiscalización superior, es una actividad que estamos emprendiendo compañeros de la bancada de los diputados ciudadanos con la finalidad de demostrar que la ASF ha avanzado en el diseño de esquemas de auditoría vanguardistas que no sólo se centren en una revisión normativa.

Los resultados obtenidos demuestran que existe en su trabajo áreas de oportunidad que son claramente identificadas en sus informes y como lo han compartido mis compañeros de bancada: no buscan castigar a quien lo merece y fomentan la discrecionalidad que solo beneficia a aquellos que no hacen lo correcto.

Su servidora reitera su postura en el combate de la corrupción, y espero que en la Cámara de Diputados se sumen cada vez más legisladores para exigiré que no se acumulen irregularidades y más casos de corrupción.

En virtud de lo aquí expuesto someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente al gobierno de Jalisco para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público los avances de seguimiento y, en su caso, las aclaraciones a las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación en su revisión 1062, de tipo financiero con enfoque de desempeño con la clave 16-A-14000-14-1062, Cuenta Pública de 2016, con el título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, garantizando así el derecho a la información que demandan los jaliscienses.

Segundo. Se exhorta respetuosamente al gobierno de Jalisco para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público las justificaciones que impidieron el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo por 223 751.4 miles de pesos durante el ejercicio de 2016, según revisión de auditoría número 1062 de la Auditoría Superior de la Federación.

Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Auditoría Superior de la Federación para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público las aclaraciones que sean necesarias sobre la discrecionalidad en la determinación de los resultados números 4, 5 y 6 incluidos en su revisión 1062, de tipo financiero con enfoque de desempeño con la clave 16-A-14000-14-1062, Cuenta Pública de 2016, con el título Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en los cuales se da por bueno el ejercicio de recursos 2016 por 142 667.30 miles de pesos en 2017, ejercicio ajeno al sujeto a revisión, situación que no sustento normativamente en su informe de revisión, por los 69 375.3 miles de pesos que fueron ejercidos ajenos al objeto y fin del fondo pero por los cuales no se indicó el mes y año en se erogaron por el ente fiscalizado, y por los 3 312.10 miles de pesos que se recibieron como reintegros pero no se especificó su origen o motivo.

Notas

1 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Diario Oficial de la Federación, 9 de diciembre de 2013, disponible en

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5324940&fecha=09/12/2013 Consultado el 6 de marzo de 2018.

2 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, disponible en

http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2014/noviembre /notacefp0672014.pdf Consultado el 6 de marzo de 2018.

3 Marco de Referencia Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, ASF, disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias /2016_MR-FONE_a.pdf Consultado el 6 de marzo de 2018.

4 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2016, ASF (tercera etapa), disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/index.html#0 Consultado el 6 de marzo de 2018.

5 Auditoría financiera con enfoque de desempeño con clave de identificación 16-A-14000-14-1062, denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo al Estado de Jalisco, disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias /2016_1062_a.pdf Consultada el 6 de marzo de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la posible inobservancia de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972, firmada por el Estado mexicano, a cargo de la diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández , integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de los siguientes:

Antecedentes

1. La Universidad Nacional Autónoma de México, construida de 1949 a 1952, cuenta con edificios, instalaciones deportivas y espacios abiertos diseñados y realizados por más de 60 arquitectos, ingenieros y artistas.1 El Campus Central alberga en las fachadas de sus edificios principales obras murales de Juan O’Gorman, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Chávez Morado , por mencionar sólo algunos, los cuales poseen un valor histórico y cultural incalculable y constituyen una parte importante de la memoria colectiva de los universitarios y del pueblo mexicano.

2. El Campus Central de Ciudad Universitaria es más que sólo un recinto educativo y de investigación; es el lugar donde hombres y mujeres han contribuido al engrandecimiento de este país desde múltiples disciplinas, realizando importantes aportes a la cultura, las artes, el conocimiento y el desarrollo nacional y de la humanidad.

3. La Administración Pública del Distrito Federal reconoció la importancia de Ciudad Universitaria como área de conservación patrimonial en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 1997, 2 al especificar que “reúne distintas clases de valores que le confieren una indiscutible relevancia en la historia y el desarrollo del urbanismo y la arquitectura en México”, además de considerarla “una zona de reserva territorial y ecológica, que puede estar sujeta a un régimen que contemple la necesidad de no alterar las vialidades existentes y los deseables equilibrios entre áreas construidas y superficies abiertas”. Este carácter fue ratificado como zona patrimonial, en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Coyoacán 3 publicado el 10 de agosto de 2010 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

4. El gobierno otorgó mediante decreto presidencial , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 2005, el carácter de Monumento Artístico al conjunto arquitectónico de Ciudad Universitaria.

5. El 29 de junio de 2007, después de cinco años de gestiones, el Campus Central de Ciudad Universitaria fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, distinción otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), por ser un “conjunto monumental ejemplar del modernismo del siglo XX que integra el urbanismo, la arquitectura, la ingeniería, el paisajismo y las bellas artes, asociando todos estos elementos con referencias a las tradiciones locales, y en particular al pasado prehispánico de México”.4

Considerando

1. El artículo 4o. constitucional5 establece que el Estado deberá ser el principal promovente de los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, con la finalidad de garantizar a todas las personas el derecho de “acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios culturales”.

2. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos especifica que: “Los propietarios de bienes inmuebles colindantes a un monumento, que pretendan realizar obras de excavación, cimentación, demolición o construcción, que puedan afectar las características de los monumentos históricos o artísticos, deberán obtener el permiso del instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos los requisitos que se expedirá una vez que se exijan en el Reglamento”.6

3. La Ley General de Cultura y Derechos Culturales establece la responsabilidad del Estado, a través de la Secretaría de Cultura, para con los bienes y derechos culturales y en particular para “usar y mantener infraestructura física [...] para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales”.7

4. Lo establecido en la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México: artículos 12, 22, 23, fracciones I y III; 24, 25, fracción I; 41, fracción III, y 42, fracciones II y III; la Ley de Desarrollo Urbano: artículos 2, fracción III, 65, 66 y 67; el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal: artículos 3, 28, 39, fracción III, inciso C; 42, fracción III, inciso E, 58, fracción I, inciso G y fracción II, inciso H; la Ley para la Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal: artículos 2, fracción IV; 3, fracciones I, II, III y VII; 22, 23, 24 y 26, así como las distintas disposiciones legales que las leyes locales vigentes de la Ciudad de México contemplan en materia de protección de los bienes públicos, los monumentos artísticos y las zonas de conservación cultural y patrimonial y demás normatividad relativa y aplicable.

5. México es firmante8 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972 . Misma que en su artículo 5, inciso b, establece que los Estados Parte deberán procurar “adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar este patrimonio”.

6. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma [...] serán la Ley Suprema de toda la Unión”.9

Por lo anteriormente fundado y motivado, pongo a consideración de esta Soberanía el siguiente punto de:

Acuerdo

Primero. La honorable Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a las autoridades responsables a que hagan público si existe solicitud de licencia de construcción para el desarrollo inmobiliario ubicado en avenida Copilco número 75/Be Grand , y en caso afirmativo, que hagan público el estado que guarda, por el riesgo que éste representa para la declaratoria de Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco ).

Segundo. Se solicita a las autoridades correspondientes promover mesas interinstitucionales de diálogo abierto con la participación de todos los actores involucrados para hacer público y, en caso necesario, ofrecer soluciones a este conflicto.

Tercero. De igual manera, se exhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Cultura federal , del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Instituto Nacional de Antropología e Historia , a que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan una opinión técnica respecto a las consecuencias que tendría dicha construcción en términos de afectación al espacio visual de Ciudad Universitaria.

Cuarto. Se insta a la Secretaría de Gobernación a que emita una postura con respecto al riesgo de pérdida de la declaratoria de Ciudad Universitaria como Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco ).

Notas

1 ¿Por qué CU es Patrimonio Cultural de la Humanidad?, Fundación UNAM. Texto disponible en

http://www.fundacionunam.org.mx/de_la_unam/por-que-cu-es -patrimonio-cultural-de-la-humanidad/

2 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán (1997), disponible en http://www.sideso.cdmx.gob.mx/documentos/progdelegacionales/coyoacan[1] .pdf

3 Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán (2010), disponible en http://www.data.seduvi.cdmx.gob.mx/portal/docs/programas/PDDU_Gacetas/2 015/PDDU_COYOAC%C3%81N.pdf

4 Unesco. World Heritage List. Central University City Campus of the Universidad Nacional Autónoma de México, información disponible en http://whc.unesco.org/en/list/1250

5 Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Texto disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

6 Artículo 6, párrafo 2, de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Disponible en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131_160218.p df

7 Artículos 4, 5 y 6 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCDC_190617.pdf

8 México firma dicha convención el 23 de febrero de 1984. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Disponible en:

http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13055&language=S&order=alpha

9 Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Op. Cit.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.

Diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y el Imjuve a implantar políticas públicas y de acción efectivas para reducir el índice de embarazos entre niñas, jóvenes y adolescentes, a cargo del diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

El que suscriben, Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputado integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Según estudios de la Organización Interamericana de la Juventud (CEPAL/OIJ, 2004, 2007, 2008) la juventud fue identificada inicialmente como una fase de transición entre dos etapas: la niñez y la adultez.

Desde la mirada del desarrollo bio-psico-social, el inicio de la juventud se asocia a la pubertad y la adolescencia, con todos los cambios psicológicos, sociales y hormonales que dicho proceso conlleva, como la identificación sexual y el desarrollo de las características sexuales primarias y secundarias, la búsqueda de la autonomía e independencia personal, el cambio de la importancia en los grupos de referencia (pasando de una primacía de la familia a la del grupo de pares), el diseño de proyectos personales de vida, entre otros rasgos definitorios (CEPAL /OIJ, 2004 y 2007).

Los elementos a considerar en la definición de la juventud, hacen difícil y complicado el establecimiento de límites analíticos claros y permanentes. Como se señala en la OIJ (2004, 2007) no se puede hablar de una juventud homogénea, “sino de una etapa en que sus integrantes viven procesos de cambio, en cuyo desarrollo se suceden etapas diferenciales en cuanto a las principales actividades que realizan” (CEPAL/OIJ, 2007:16-17). Bajo esta consideración, en términos del criterio estrictamente etario, las Naciones Unidas (UNFPA, 2003) establece:

• Adolescentes: 10 a 19 años de edad (primera adolescencia, 10 a 14 años; segunda adolescencia, 15 a 19);

• Jóvenes: 15 a 24 años de edad;

• Personas jóvenes: 10 a 24 años de edad.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la adolescencia como el “período de la vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socio económica” (OMS, 2010); a su vez, también fija sus límites etarios entre los 10 y 20 años.

El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, señala que la adolescencia, es un periodo del desarrollo humano ubicado entre el final de la infancia y el inicio de la edad adulta y se constituye en un momento coyuntural de crecimiento y desarrollo del ser humano; muchos de los patrones conductuales, hábitos, conocimientos y actitudes de la vida o hacia la vida, se establecen o fortalecen en este lapso, conformándose como la guía para la edad adulta (SS –CNEGSR- 2008:11).1

Ahora bien la OMS considera que el embarazo en la adolescencia es aquel “que ocurre dentro de los dos años de edad ginecológica, entendiéndose por tal, al tiempo transcurrido desde la menarquia, y/o cuando la adolescente es aún dependiente de su núcleo familiar de origen” (OMS, 2010).

Bajo este contexto el embarazo entre la población adolescente en México es un tema que ha cobrado importancia en las décadas recientes; fundamentalmente, desde el ámbito de la salud y población.

La OMS establece que el embarazo adolescente es por definición un tipo de gestación prematura, y por ende de riesgo, no solo por las posibles dificultades durante la gestación y el parto de esta población que interrumpe su proceso de maduración biológica, sino porque los embarazos ocurren mayoritariamente en comunidades de franca vulnerabilidad donde es latente la falta de cuidados o de acceso a los mismos o su elevado costo o su escasa calidad, lo cual resulta determinante ante el peligro de sufrir lesiones, hemorragias, infecciones, abortos peligrosos, eclampsia (hipertensión grave con convulsiones), o complicaciones derivadas de enfermedades preexistentes que durante el embarazo se agravan y pueden desencadenar la mortalidad materna e infantil (OMS, 2015).

La maternidad adolescente es considerada un problema público en México, principalmente desde dos posturas analíticas; primero como un problema de salud pública, pues se ha documentado que la maternidad a edades tempranas representa un mayor riesgo para la madre y su producto, tanto durante el embarazo como en el parto. Esto debido a que a nivel mundial, las dificultades durante el embarazo y parto son la segunda causa de muerte entre las mujeres adolescentes de 15 a 19 años, en tanto que los bebés de madres menores de 20 años enfrentan 50 por ciento más de probabilidades de mortalidad prenatal o de morir en las primeras semanas de vida que los bebés de mujeres de 20 a 29 años.

Asimismo, los bebés recién nacidos de madres adolescentes tienen mayor probabilidad de registrar bajo peso La anticoncepción: implicaciones en el embarazo adolescente, fecundidad y salud reproductiva en México. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Enadid. Versión actualizada. 2017 11 al nacer, aunado al riesgo subsecuente de tener complicaciones de larga duración. En este sentido, entre más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé (OMS, 2014).

Entre otros riesgos de salud de las madres adolescentes se identifica: aumento de peso, hipertensión, preeclampsia, anemia, infecciones de transmisión sexual, y desproporciones cefalopélvicas causantes tanto de la muerte de la madre como del hijo(a), provocando que las complicaciones en la etapa de gravidez sean mayores a las que tienen las mujeres de más de 20 años (Reyes, 2014).2

México ocupa el primer lugar de embarazo adolescente, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil jóvenes de 15 a 19 años de edad según la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OCDE).3

La segunda línea de análisis que se desprende del embarazo adolescente es de orden social, en particular respecto al impacto en el deterioro de las condiciones de vida en las mujeres adolescentes y su descendencia, en la reproducción de desventajas sociales que favorecen la transmisión intergeneracional de la pobreza y acentúan los procesos de desigualdad y exclusión social (Villagómez, 2008).

La OMS también afirma que el embarazo adolescente es uno de los principales factores que contribuye al círculo de enfermedad y pobreza, las implicaciones socioeconómicas que comúnmente lo contextualizan, disminuyen las oportunidades de progreso personal, social y profesional de las madres, ya que a muy temprana edad merman el proyecto de vida de los jóvenes limitando el desarrollo de sus competencias y habilidades (Consejo Nacional de Población [CONAPO], 2016); esto impacta en un importante costo económico para cualquier país, dado que se pierde la oportunidad de que las madres adolescentes generen los mismos ingresos anuales que otras mujeres, en el transcurso de su vida.

Por otra parte la fecundidad adolescente es un tema emergente de la agenda pública de muchos países, ya que sus efectos resultan negativos para el desarrollo individual y social. Así lo establece Tobar, asesor del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), quien comenta que en América Latina y el Caribe: “las consecuencias del embarazo adolescente y su impacto sobre la reproducción intergeneracional de la pobreza hacen que el mismo fenómeno genere (o sustente) inequidades dentro de la población [...] por ello, el embarazo adolescente contribuye a sedimentar las grandes inequidades sociales, sanitarias y económicas que caracterizan a la región” (Tovar, s.f.).

Aproximadamente 31.2 por ciento de los adolescentes mexicanos en edades de 15 a 19 años han dado un paso importante al comenzar su vida sexual, mas no responsable, puesto que 56 por ciento termina en embarazo.4

Las relaciones coitales en la población adolescente es una verdad que no puede ser negada. La edad mediana a la primera relación sexual de las mujeres en edad fértil para 2014 fue de 17.6 años. Del grupo de 15 a 19 años, 29.2 por ciento declararon ya haber tenido relaciones sexuales, y 16.4 por ciento ser sexualmente activas.5

Si la salud reproductiva busca asegurar la libertad de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos(as), se entiende que se debe garantizar la información y los métodos para lograrlo. La anticoncepción, definida como el comportamiento o práctica destinada a reducir la probabilidad de concebir un hijo(a) permite comprender y contextualizar el nivel de fecundidad, y su uso ha contribuido a que las parejas puedan decidir con libertad el tener hijos o no, el número de estos y su espaciamiento.

Por ello existe la necesidad de que los adolescentes adquieran la información y medios debidos que les lleve a procurar el auto cuidado, para así garantizar la responsabilidad en su comportamiento sexual. Dicha atención tiene que estar dirigida a toda la población adolescente

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente a la Secretaria de Salud y al Instituto Mexicano de la Juventud, para que mediante sus facultades implementen políticas públicas y de acción efectivas, con la finalidad de reducir el índice de embarazo en niñas, jóvenes y adolescentes, ya que las políticas públicas implementadas con anterioridad no han dado resultado del todo efectivo en el combate de esta problemática.

Notas

1 El embarazo en edades tempranas en México. Políticas públicas para su atención.

2 La anticoncepción: implicaciones en el embarazo adolescente, fecundidad y salud reproductiva en México.

3 http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/11/21/1202660.

4 http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/ocde-mexico-primer-lugar- de-embarazo-en-adolescentes.

5 La anticoncepción: implicaciones en el embarazo adolescente, fecundidad y salud reproductiva en México. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Enadid. Versión actualizada. 2017.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.

Diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al supuesto desvío de 73 millones 658 mil 680 pesos no entregados en tiempo y forma a los trabajadores del ISSSTE en el suministro de vales de despensa que el gobierno federal otorga en fin de año a todos los servidores públicos de base y de confianza, a cargo de la diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz, integrante de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición, de urgente u obvia resolución, al tenor de los siguientes

Antecedentes

El 20 de diciembre de 2017, a través de una nota informativa publicada en el diario de circulación nacional, La Jornada, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) anunció que destinaría mil 100 millones de pesos en la prestación de vales de despensa con motivo del fin de año a trabajadores de base y de confianza.

En la nota periodística se dio a conocer que cada trabajador recibiría 11 mil 700 pesos por esa prestación a través de la entrega de una tarjeta personalizada de acuerdo con información del Instituto.

Aún no terminaba el año fiscal 2017 y las quejas de los trabajadores se exteriorizaron; el problema inicial se generó con la nula activación de la tarjeta a través de mensajes MSM y o de un call center y o de su página de Facebook y/o de una aplicación para celular, de acuerdo a las instrucciones de la empresa Hypervale para activar el monedero electrónico.

Posteriormente las tiendas afiliadas a la empresa Operadora y Administradora de Vales, Despensas y Servicios, SAPI de CV, ganadora de la licitación a invitación a por lo menos tres... condicionaron los montos de consumo; otro caso fue consumir el total de los 11 mil 700 en una sola emisión o una sola compra al día por determinada cantidad.

En los primeros días de 2018, al menos hubo un registro de tres mil trabajadores del ISSSTE sin poder usar adecuadamente su monedero electrónico por diversas razones; la fundamental, el bloqueo del monedero.

La empresa de call center, contratada por Hypervale, empresa contratada a su vez por Operadora y Administradora de Vales, Despensas y Servicios, SAPI de CV, aseguraba vía telefónica y chat de Facebook que era necesario enviar los 16 dígitos de la tarjeta electrónica Hypervale y copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral a una dirección de correo electrónico y que en menos de 24 horas sería activada la tarjeta de débito.

El primero de febrero pasado, la suma de trabajadores engañados creció a más de nueve mil en todo el país por lo que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), a través de un comunica electrónico emitido en esa fecha, en hoja con membretes y timbrada, reconoció el incumplimiento en la entrega en tiempo y forma y los problemas que se generaron para hacer uso de ella.

De manera informal, a través de la misiva electrónica, la representación sindical nacional reconoció “la legítima molestia de los compañeros” y aclaró que “aunque es un trabajo que no nos corresponde y del que no somos responsables, desde un principio hemos estado atentos y propositivos para superar los reportes que nos llegan”.

Enfatizó que “nuestra organización continúa trabajando permanentemente para atender los intereses de nuestros representados por lo que ahora solicitamos a los 48 Secretarios Generales Seccionales, enviar los datos de los trabajadores en el formato Excel que se anexa (nombre, teléfono, sección sindical, número de tarjeta y problema que presenta).”

En su comunicado, la representación sindical destacó que “una vez recibido el formato, la empresa se compromete a resolverlo en un lapso de 24 horas”.

La dirigencia nacional sugiere a sus representados “hagan uso de su saldo para evitar problemas futuros”.

El 13 de febrero, la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE de nueva cuenta emite un segundo comunicado a sus trabajadores, donde reconoce que desde el 20 de diciembre ha dado seguimiento a la situación que se generó por incumplimiento en la entrega.

Reitera que aunque la representación sindical no es responsable de los fallos de la empresa ganadora de la licitación, con el apoyo de los 48 comités seccionales coadyuvaron con la administración del ISSSTE y la empresa proveedora para resolver el caso de tarjetas declinadas; bloqueadas; rechazadas en establecimientos autorizados; estados de cuenta erróneos, entre otros.

Reconoce el sindicato del ISSSTE que la empresa no respondió a ninguna solicitud de los trabajadores para activar sus plásticos a través del Call Center, aplicación de celular y Facebook del proveedor.

Destaca en su comunicado que para atender las demandas de nueve mil 217 trabajadores reportados, hasta el corte del 13 de febrero de este año, se realizaron varias reuniones de trabajo con las partes involucradas y se resolvió auditar el sistema para conocer el monto de los saldos personales de los trabajadores.

En ese sentido, destaca el comunicado, como solución “integral” se bloquearon “todos los monederos electrónicos” para conocer el saldo real y que “entre el 22 y 26 de febrero del año en curso, se entregará el saldo neto con vales de despensa de papel en los 31 Estados y las cuatro Delegaciones en la Ciudad de México cuya aceptación será absoluta en comercios afiliados para canasta básica”.

El miércoles 21 de febrero, el subdirector de personal del ISSSTE, Fernando Vázquez Muñoz, emitió un oficio circular No. SP/014/2018 dirigido a todos los responsables administrativos del instituto donde “hace de su conocimiento la logística para la recepción la recepción, entrega y sustitución de monederos electrónicos por vales de despensa de papel... por conducto de una empresa transportadora de valores”.

En espera de que Operadora y Administradora de Vales, Despensas y Servicios, SAPI de CV, haya cumplido con el Contrato adquirido con el ISSSTE, y este a su vez garantice la entrega de vales de papel efectivos y de libre cambio a los trabajadores.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta asamblea, con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de la Función Pública y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, hagan público de manera pormenorizada y cronológica el desvío de 73 millones 658 mil 680 pesos que no fueron entregados en tiempo y forma a los trabajadores del ISSSTE derivado del suministro de vales de despensa con motivo de fiestas decembrinas que el gobierno federal otorga cada año a todos los servidores públicos del país, de base y de confianza.

Segundo. Se exhorta al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dé a conocer de manera íntegra la respectiva licitación donde la empresa ganadora para el otorgamiento de vales, Operadora y Administradora de Vales, Despensas y Servicios, SAPI de CV, fue la responsable de repartir entre más de 70 mil trabajadores de base y de confianza la cantidad de mil 80 millones 663 mil 453 pesos a partir del anuncio de entrega, el 20 de diciembre de 2017.

Tercero. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, realice una investigación exhaustiva a la empresa Operadora y Administradora de Vales, Despensas y Servicios, SAPI de CV, para que, derivado del incumplimiento de los compromisos adquiridos con el ISSSTE, posterior a ganar la licitación y firma del contrato respectivo, Lineamientos específicos para el otorgamiento de la medida de fin de año del Ejercicio Fiscal 2017, se investiguen a los responsables de los delitos que se configuren y se emprendan las acciones legales a que haya lugar.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.

Diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la UNAM a convocar a expertos y académicos universitarios para diseñar e implantar estrategias destinadas a enfrentar la violencia en la máxima casa de estudios, a cargo del diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado federal Virgilio Dante Caballero Pedraza, de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, presento a esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es emblema de ciencia y progreso, es la institución que más ha contribuido a la construcción de nuestro país, en sus aulas ha formado a generaciones de profesionistas y en sus institutos se han consolidado equipos de investigadores que han sido determinantes en el avance científico de nuestro país.

Sin embargo, la UNAM como todas las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas son un espacio social donde se reproducen las relaciones humanas. Razón por la cual no están exentas del contexto de violencia que aqueja a nuestro país.

Debemos subrayar que en nuestra sociedad los espacios educativos son identificados como una de las instituciones con mayor capacidad para contener la conflictividad, es a su vez, una de las pocas vías para el cambio y la movilidad social disponible para la población.

Razón por la cual, genera mayor asombro que en los espacios menos dispuestos para la reproducción de la violencia se registren robos, extorsiones, homicidios, abusos y violaciones sexuales, amenazas y secuestros como ha sucedido en los últimos años en las universidades públicas y privadas de todo el país.

Los últimos casos de violencia registrados en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, así como en diferentes universidades públicas y privadas del país, en los últimos años, nos obliga a plantear la necesidad de contar con diagnósticos precisos sobre la creciente complejidad de la violencia en las IES y Universidades.

Casos que se cuentan por decenas en todo el país, entre los que se encuentran el de los estudiantes del Tec de Monterrey, Jorge Mercado y Javier Arredondo, asesinados por elementos del Ejército en febrero de 2010;1 el del estudiante de sociología, Bernardo Romero, baleado por otro joven dentro del salón de clases en la Universidad Autónoma de Sinaloa en 2011; el atentado de bomba en el Tec de Monterrey, en agosto de 2011 del que resultaron heridos los profesores Alejandro Aceves y Armando Herrera,2 el caso sin aclarar de Liliana Carolina Ricalde quien murió al caer de un tercer piso de la UVM-Tlalpan donde estudiaba.

Así como los casos de Lesvy Osorio hallada muerta el 3 de mayo de 2017 en Ciudad Universitaria; el de la profesora del área de Economía en la FES-Acatlán baleada el 22 de febrero pasado, y la riña protagonizada por dos hombres ajenos a la UNAM en la que ambos resultaron muertos el 23 de febrero, dan muestra de una problemática que ha alarmado a la ciudadanía y, sobre todo, a la comunidad universitaria.

Consideraciones

El incremento de la violencia no suele tener una única causa, más bien es el resultado de la concurrencia de múltiples factores. En el caso particular del aumento de la violencia en las universidades existe literatura académica que ha explorado este fenómeno en distintos escenarios a nivel internacional. Estos estudios han permitido avanzar en el conocimiento de las diferentes modalidades de la violencia, algunas de sus causas y en posibles estrategias para enfrentar este problema.

Así, desde la academia, se ha puesto énfasis en los factores psicológicos vinculados a la reproducción de la violencia entre miembros de la comunidad universitaria (Amórtegui-Osorio, 2005); en los efectos de las desigualdades sociales en el crecimiento de la violencia escolar (Abramovay, 2006); en el papel de la Universidad en la reproducción de la violencia de género (Castro y García:: 2008); en los mecanismos de prevención de las distintas formas de violencia en el interior de la Universidad (Valls, 2009), etcétera.

Asimismo, en México se han dado a conocer algunos protocolos de manejo de conflictos como el Manual de seguridad para instituciones de educación superior. Estrategias para la prevención y atención editado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, e incluso el Instituto Politécnico Nacional puso en marcha el Observatorio Zona Libre de Violencia.

Pese a la preocupación institucional, a la fecha existe poca literatura que analice integralmente el fenómeno de la violencia en el interior de las universidades mexicanas, en contraste con el amplio trabajo existente sobre la violencia en la educación básica, principalmente enfocada al análisis del bullying. Tal como indican Rafael Montesinos, profesor en la UAM-Iztapalapa, y Rosalía Carrillo, investigadora del Conacyt,3 entre las investigaciones de “corte cuantitativo sobre la violencia”, podemos encontrar la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares y la Encuesta Nacional sobre la Violencia en el Noviazgo “pero no están enfocadas específicamente hacia las prácticas de la violencia dentro de las IES”.

Ante todo, debemos desmitificar la figura de la educación superior, IES y Universidades públicas o privadas, como espacios libres de violencia, así como debemos subrayar que la respuesta para atender, prevenir y combatir la violencia en la UNAM se encuentra en la misma Universidad, en su basto reservorio de conocimiento científico, en su amplia planta docente y de expertos que convive con los estudiantes universitarios y que labora en sus institutos de investigación.

De igual forma, debemos considerar la literatura académica, la cual ha mostrado con claridad que las estrategias punitivas para combatir la violencia no suelen resolver este problema y, en ocasiones, terminan generando efectos contrarios a los previstos. Esto es así porque, como hemos dicho, la violencia es un problema multifactorial que requiere de un diagnóstico interdisciplinario y de estrategias que atiendan las causas y no sólo los efectos.

El propio rector de la Máxima Casa de Estudios del país, Enrique Graue, ha señalado que la “vigilancia armada no es ni será una opción en la UNAM”.4 En efecto, si las medidas de carácter punitivo no son la vía adecuada para enfrentar este problema, es preciso diseñar una estrategia que parta de un diagnóstico fundado en los avances del conocimiento en la materia.

Es la propia Universidad, como espacio que alberga los avances en el conocimiento de nuestra sociedad, la que debe ofrecer las herramientas necesarias para enfrentar la violencia que ahora emerge en su seno, una violencia que no puede entenderse sino como parte de un fenómeno más amplio que permea a nuestro país.

Son las y los académicos, las y los expertos, y la comunidad universitaria en su conjunto quienes deben diseñar las estrategias para combatir la violencia, en pleno respeto de la autonomía universitaria, con arreglo a las evidencias científicas pertinentes y en ausencia de cualquier motivación que no sea la de mejorar la vida universitaria.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, a convocar a expertas, académicos y a la comunidad universitaria en general a diseñar e implementar conjuntamente estrategias destinadas a enfrentar la violencia y la inseguridad en el interior de la máxima casa de estudios, en pleno respeto de su autonomía, con arreglo a las evidencias científicas y sin otra motivación que la de mejorar la vida universitaria.

Notas

1 Atacan a balazos a alumno dentro de salón en la UAS, Noroeste, 12 de febrero de 2011. http://www.noroeste.com.mx/pub/319143

2 Atentado en el Tec de Monterrey; dos profesores, heridos, Excélsior, 9 de agosto de 2011
http://www.excelsior.com.mx/2011/08/09/comunidad/759481

3 Carrillo y Montesinos (2011) “El crisol de la violencia en las universidades públicas”, en:
http://www.elcotidianoenlinea.com.mx/pdf/17006.pdf

4 “Convoca el rector a la unidad de los universitarios contra la violencia”, Boletín UNAM-DGCS-119, 24 de febrero,
http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_119.html

Referencias bibliográficas

Abramovay, Miriam (2006). Cotidiano das escolas: entre violências, UNESCO/Observatorio de violências nas Escolas/Ministerio da Educação/Governo Federal do Brasil, Brasil.

Abramovay, Miriam (2004). Violências nas escolas, UNESCO, Brasil. Amórtegui-Osorio .

Castro y García (2008). La Universidad como espacio de reproducción de la violencia de género, El Colegio de México.

Valls, Rosa (2009). Violencia de género en las universidades españolas, UAB-Ministerio de Igualdad, Barcelona.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días de marzo de 2018.

Diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a las peticiones de los profesores de las escuelas Álvaro Obregón Salido, Venustiano Carranza y 3 de mayo de 1535, de La Paz, BCS, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario del partido Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal y del estado de Baja California Sur, a atender las peticiones de los profesores de las escuelas Álvaro Obregón Salido, Venustiano Carranza y 3 de Mayo de 1535, situadas en la Ciudad de la Paz.

Lo anterior, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

Primero. Como lo menciona la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),1 la Educación es un derecho humano fundamental que ocupa el centro mismo de la misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y está indisolublemente ligado a la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y a muchos otros instrumentos internacionales en derechos humanos.

El derecho a la educación es uno de los principios rectores que respalda la Agenda Mundial Educación 2030, así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 4), adoptado por la comunidad internacional. El ODS 4 está basado en los derechos humanos y tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para lograr un desarrollo sostenible.

Por su carácter de derecho habilitante la educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad.

Para ello, deben existir la igualdad de oportunidades y el acceso universal. Los instrumentos normativos de la ONU y la UNESCO estipulan obligaciones jurídicas internacionales que promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad. A este marco legal los Estados Miembros y la comunidad internacional le asignan una gran importancia con miras a hacer realidad el derecho a la educación.

La UNESCO asiste a los Estados para que puedan elaborar marcos jurídicos e institucionales nacionales sólidos con miras a fomentar las bases y las condiciones para alcanzar una educación de calidad sostenible. A su vez, corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole política como jurídica relativas al suministro de una educación de calidad para todos, así como a la aplicación y seguimiento más eficaces de las políticas y estrategias en los sistemas educativos.

Derivado de lo anterior, en 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es en esta Declaración, en concreto en su artículo 26, donde se define y reconoce por primera vez en un texto oficial de vocación mundial la educación como derecho humano.

“1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Este artículo otorga a cada persona el derecho a recibir una educación que cumpla los siguientes requisitos:

a) Disponibilidad: La educación fundamental debe ser gratuita y obligatoria para todas las personas. Por lo tanto, se deben eliminar las cargas y costes, y dotar de ayudas a la infancia que atraviesa mayores dificultades, como las niñas, los huérfanos del SIDA o aquellos más pobres. El Estado tiene la obligación de financiarla adecuadamente destinando un porcentaje de su PIB a la educación básica.

b) Accesibilidad: Se debe eliminar toda forma de discriminación en el acceso a la educación, bien sea por cuestión de raza, etnia, sexo o por cualquier otra causa: “(...) debe reconocerse a los miembros de las minorías nacionales el derecho a ejercer actividades docentes que les sean propias, entre ellas la de establecer y mantener escuelas y, según la política de cada Estado en materia de educación, emplear y enseñar su propio idioma.

c) Aceptabilidad: La educación ha de ser de calidad a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.

d) Adaptabilidad: La educación debe adaptarse a cada alumno/a.

La educación es el medio principal para que toda persona, niño/a y adulto/a pueda desarrollar sus capacidades, habilidades y participar activamente en la sociedad.

De ahí la relación que existe entre el derecho a la educación y la lucha contra la pobreza. La educación permite conocer y de esta manera poder defender todos los derechos que corresponden a cada persona.

Por ejemplo, “la realización del derecho a la educación permitiría el disfrute de, entre otros, el derecho a la libertad de opinión y expresión y el derecho a la participación”, derechos básicos para el ejercicio de la ciudadanía y la consolidación de la democracia.

La promoción y defensa del derecho a la educación abre las puertas a otros derechos, mientras que negarlo lleva a su vez a negar otros Derechos Humanos y, con ello, a perpetuar la pobreza. Por este motivo decimos que los Derechos Humanos son indivisibles y están interrelacionados.

La Campaña de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas es un ejemplo de la estrecha relación entre el derecho a la educación y la lucha contra la pobreza. Con esta campaña se propone alcanzar para el 2015 un conjunto de ocho objetivos, entre los cuales se encuentra el derecho a la educación, que ayudarían a erradicar la pobreza en el mundo y garantizar la existencia de un mundo desarrollado, justo y equilibrado.2

Segundo. De igual manera, The People’s Movement for Human Rights Learning,3 menciona que cada mujer, hombre, joven y niño o niña tienen el derecho a la educación, capacitación e información; así como a otros derechos humanos fundamentales para la realización plena de su derecho a la educación.

El derecho de todas las personas a la educación se encuentra establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pactos Internacionales, la Convención de los Derechos del Niño y otros tratados y declaraciones internacionales; todas éstas forman parte de herramientas poderosas que deben ser puestas en marcha para el goce del derecho a la educación para todos.

Así, se habla de los siguientes derechos humanos cuando se habla de educación:

1. El derecho humano a la educación confiere a cada mujer, hombre, joven o niño el derecho a una educación básica libre y obligatoria así como todas las formas disponibles de educación secundaria y superior.

2. El derecho de protección para la no discriminación de todas las áreas y niveles de educación como a un acceso igual de educación continua y capacitación vocacional.

3. El derecho a la información sobre salud, nutrición, reproducción y planificación familiar.

4. El derecho a la educación está ligado a otros derechos humanos fundamentales, derechos que son universales, indivisibles, interconectados, e interdependientes, entre los que se incluyen:

a) El derecho a la igualdad entre hombre y mujer y a la participación igualitaria en la familia y sociedad.

b) El derecho a trabajar y recibir salarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado.

c) El derecho a libertad de pensamiento, conciencia y religión.

d) El derecho a un estándar de vida adecuado.

e) El derecho a participar en la toma de decisiones y políticas que afectan a cada una de sus comunidades a un nivel local, nacional e internacional.

Tercero. Dada su importancia, el derecho humano a la educación ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales,4 entre los que destacan:

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26): “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

2. Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (artículo 13): “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. ...la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. ...la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente. La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita. Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

3. Convención para la Eliminación de toda Formas de Discriminación contra la Mujer (artículos 10 y 14): “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación. Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas. Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente del mismo nivel profesional y a locales. La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza. Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios. Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los programas de alfabetización funcional y de adultos. La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente”.

4. Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5): “En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico. El derecho a la educación y la formación profesional”.

5. Convención por los Derechos del Niño (artículos 28 y 29): “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades. Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos. Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad. Hacer la enseñanza superior accesible a todos. Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales. Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país”.

6. Convención contra la Discriminación en Educación (artículos 3, 5 y 4): “ Los Estados Partes se comprometen a derogar todas las disposiciones legislativas y administrativas y abandonar todas las prácticas administrativas que entrañen discriminaciones en la esfera de la enseñanza. Adoptar las medidas necesarias, inclusive disposiciones legislativas, para que no se haga discriminación alguna en la admisión de los alumnos en los establecimientos de enseñanza. Formular, desarrollar y aplicar una política nacional encaminada a promover, por métodos adecuados a las circunstancias y las prácticas nacionales, la igualdad de posibilidades y de trato en la esfera de la enseñanza. Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible la enseñanza secundaria. Lograr que la educación promueva el pleno desenvolvimiento de la personalidad humana y a reforzar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, que fomente comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones”.

Cuarto. En atención a lo anterior, los gobiernos han adquirido compromisos para respetar e implementar los instrumentos citados, entre tales compromisos se destacan:

1. Agenda 21 (capítulo 36 párrafo 3; Capítulo 3, párrafo 2 y capítulo 24, párrafo 3): “La Educación deberá ser reconocida como un proceso por medio del cual los seres humanos y las sociedades pueden alcanzar su entero potencial. La educación promueve el derecho sustentable y mejora la capacidad de las personas para manejar temas como medio ambiente y desarrollo. Los gobiernos deberían tomar pasos activos para eliminar el analfabetismo y expandir la participación de la mujer en todos los ámbitos, tanto en instituciones educacionales, como para promover la meta universal del acceso a una educación primaria y secundaria”.

2. Declaración de Copenhague (Compromiso 6): “Nos comprometemos a promover y a lograr los objetivos del acceso universal y equitativo a una educación de calidad. Formularemos y fortaleceremos estrategias nacionales con plazos precisos para erradicar el analfabetismo y universalizar la educación básica, que comprende la educación en la primera infancia, la educación primaria y la educación para analfabetos en todas las comunidades, en especial y si ello es posible mediante la introducción de idiomas nacionales en el sistema docente, y mediante el apoyo de los diversos medios de educación no oficial, procurando alcanzar el más alto nivel posible de educación. Garantizaremos el pleno e igual acceso a la educación. Fortaleceremos los vínculos entre el mercado laboral y las políticas educacionales. Fortaleceremos las organizaciones intergubernamentales que utilizan diversas formas de educación para promover la cultura; difundiremos información a través de la educación y los medios de comunicación; ayudaremos a difundir la utilización de tecnologías; y promoveremos la formación técnica y profesional y la investigación científica. Intensificaremos y coordinaremos el apoyo internacional a los programas de educación y salud basados en el respeto de la dignidad humana y centrados en la protección de todas las mujeres y niños”.

3. Plataforma de Acción de Beijing (párrafo 69, 80, 81, y 82): “La educación es un derecho humano y constituye un instrumento indispensable para lograr los objetivos de la igualdad, el desarrollo y la paz. La educación no discriminatoria beneficia tanto a las niñas como a los niños. Se promoverá el objetivo de la igualdad de acceso a la educación tomando medidas para eliminar la discriminación en la educación en todos los niveles por motivos de género, raza, idioma, religión, origen nacional, edad o discapacidad, o cualquier otra forma de discriminación. Se asegurará el acceso universal a la enseñanza básica. Se reducirá la tasa de analfabetismo femenino por lo menos a la mitad de la tasa de 1990. Se proporcionará acceso universal a la enseñanza primaria a las niñas, y procurar lograr la igualdad de género en la tasa de finalización de dicha enseñanza. Se elaborarán y aplicarán políticas de enseñanza, capacitación y readiestramiento para las mujeres, en particular las jóvenes y las que retornen al mercado de trabajo”.

4. Agenda de Hábitat (Párrafo 2.36 y 3.43): “Nosotros nos comprometemos a promover y a cumplir las metas planteadas para lograr un acceso igualitario universal y de la calidad en la educación, haciendo esfuerzos particulares para ratificar desigualdades relacionadas a las condiciones sociales y económicas sin distinción de ningún tipo por motivos de raza, origen, genero, edad, discapacidad, respetando y promoviendo nuestras propias culturas. La educación de calidad para todos es fundamental para el aseguramiento de las personas de todas las edades sean capaces de demostrar sus habilidades. Nos comprometemos a promover las facilidades apropiadas para combatir la segregación, discriminación y otras políticas, respetando los derechos de todos, especialmente el de las mujeres, niños, personas con discapacidad, personas que viven en pobreza y aquellos pertenecientes a grupos vulnerables y en desventaja”.

5. Declaración Mundial de Educación para todos (Preámbulo y artículo 1): “La educación es un derecho fundamental para todas las personas, mujeres, hombres, de todas las edades y en todo el mundo. Cada persona, niño, niña, joven y adulto debe beneficiarse de las oportunidades educacionales diseñadas para satisfacer sus necesidades básicas para desarrollar sus plenas capacidades, vivir y trabajar en dignidad, así como mejorar la calidad de sus vidas y la toma de mejores decisiones”.

6. Afirmación de Amman 1996: “La educación da poder, es la clave para el establecer y fortalecer la democracia y el desarrollo la cual es tanto sustentable como humana y basada en la paz hacia un respeto mutuo y justicia social. Además, en un mundo en donde la creatividad y el conocimiento juegan un rol importante, el derecho a la educación no es nada menos que el derecho a participar en el mundo moderno”.

Quinto: En aras de acatar lo anterior, el Estado mexicano implementó las denominadas Escuelas de Tiempo Completo, que como parte fundamental está destinado a lograr que los alumnos y alumnas de las escuelas públicas de educación básica cuenten con ambientes que les permitan el logro de mejores aprendizajes y de un desarrollo integral mediante la ampliación y uso eficaz de la jornada escolar y de mecanismos de mejora en el aprendizaje que hagan un alto a la deserción educativa y que favorezcan la retención escolar.

En este servicio, el aprendizaje es el centro de acción del colectivo docente y se garantiza que el tiempo de la jornada escolar sea invertido de manera efectiva en la formación de los alumnos. Por ello, el programa ofrece materiales educativos adicionales pertinentes, que impulsan la renovación de los espacios físicos y el equipamiento de los planteles.

El propósito principal de Escuelas de Tiempo Completo es construir de manera gradual, un nuevo modelo educativo de escuela pública mexicana, y ser un factor de innovación educativa que contribuya al aprovechamiento y uso efectivo de los materiales educativos y de la infraestructura de los planteles escolares.5

Asimismo, la Secretaría de Educación Pública menciona que en México operan 24 mil 250 escuelas bajo esta modalidad. Para el Ciclo Escolar 2015-2016, el Programa cuenta con un presupuesto de 6 mil 819 millones de pesos, lo que representa un incremento de mil 68 respecto al ciclo anterior, en beneficio de 3.6 millones de alumnos.

Las escuelas de tiempo completo optimizan el uso efectivo del tiempo escolar con el objetivo de reforzar las competencias: Lectura y escritura, Matemáticas, Arte y Cultura, Recreación y Desarrollo Físico, así como los Procesos de la Inclusión y Convivencia Escolar. También, extienden la jornada escolar para ampliar las oportunidades de aprendizajes de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de mejorar los resultados educativos, fortalecer el desarrollo del currículo, propiciar el logro de aprendizajes mediante una estrategia pedagógica para mejorar la calidad de la educación. Estas escuelas brindan un servicio educativo en los mismos 200 días lectivos que los demás planteles, durante una jornada extendida de entre 6 y 8 horas.

En aquellas escuelas ubicadas en los 405 municipios del país en donde opera la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención del Delito, a las niñas y niños se les proporciona alimentos nutritivos. Cada plantel que brinda alimentación, cuenta con un comité integrado por las familias de los alumnos que, de manera voluntaria, apoyan diariamente a este servicio, contribuyendo al desarrollo de las actividades de la escuela, bajo la supervisión del coordinador del servicio de alimentación en cada escuela.6

Sexto: Sin embargo, las Escuelas de Tiempo Completo no están exentas de queja; por ejemplo, directores y profesores de educación básica afirmaron que el programa de escuelas de tiempo completo enfrenta un “severo déficit” de financiamiento, pues son los padres de familia y docentes “quienes ponemos los recursos para que se cumpla con un eje central, que es la distribución de comida caliente para los alumnos”.

En entrevista señalaron que en algunas entidades, como el Distrito Federal, el menú diario para alumnos de primaria tiene un costo de 17 a 27 pesos, cuota que deben cubrir los padres de familia. Agregaron que el gobierno federal entregó un “apoyo” de mil 275 pesos por estudiante para el pago de comidas, es decir, “le tocan a cada estudiante seis pesos al día, pero ¿qué calidad se le puede dar con ese costo?”

En algunos casos, dijeron, hay padres que deben aportar hasta 400 pesos semanales para pagar la comida de tres o cuatro hijos que cursan su primaria, lo que es un gasto “demasiado oneroso para muchas familias”.

Luego de que el titular de la Secretaría de Educación Pública reconoció que de las 29 mil escuelas de tiempo completo que hay en el país, sólo 41.3 por ciento (12 mil) cuentan con comedor, por lo que existe un rezago en la atención de los alumnos en este rubro, por lo que queda claro que el gobierno federal “prácticamente dejó a los padres de familia la responsabilidad de costear el alimento de sus hijos en la escuela”, a pesar de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley General de Educación.7

Artículo 6o. La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo. Las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias.

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.

En ningún caso se podrá condicionar la inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.

Séptimo: Asimismo, existen quejas de profesores a quienes se les cobra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y, además, se les descuenta el de la compensación que reciben por trabajar una jornada más amplia, en lugar de haber creado plazas de tiempo completo.

Por tanto, en 2017, alrededor de 150 maestros de las secciones 5 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, interpusieron un amparo contra el descuento del ISR que se hace, a partir de este ciclo escolar, en la compensación que reciben mensualmente por trabajar una jornada más amplia.

De acuerdo con información de la Secretaría de Educación, hasta ayer, de 460 escuelas que estaban en el programa, 28 se dieron de baja por su inconformidad en el descuento de dicho impuesto.8

Octavo: De forma similar ocurre en las escuelas Álvaro Obregón Salido, Venustiano Carranza y 5 de Mayo de 1535, ubicadas en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, donde los profesores externan su inconformidad debido al retraso en el pago de sus salarios que redunda en una falta de respeto a su labor y dignidad profesional, sin que alguna autoridad les haya informado el motivo por el cual se han retrasado los pagos, cuándo se llevarán a cabo y si esto continuará sucediendo, por lo que han comenzado a trabajar bajo protesta o, en algunos casos, a ausentarse de su centro de trabajo, con la intención de resolver el problema.

Cabe destacar que la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación,9 donde se asignaron $131,226,431,877 a la Secretaría de Educación Pública en el rubro de “Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes”, entre lo que se incluyen $11,243,182,262 a las Escuelas de Tiempo Completo operadas por la Secretaría, por lo que no es posible legitimar un retardo en los pagos de los profesores.

Al respecto, según el coordinador estatal de escuelas de tiempo completo “la Federación tiene 3 meses que no cumple” que los pagos que se han realizado a los maestros has sido “Gracias a la buena relación entre el secretario de educación estatal y el Gobernador, quien le presta al magisterio de lo que le sobra del pago de nómina de sus trabajadores por lo que el pago ha sido irregular porque en ocasiones no le sobra”, que el programa inició depositando a los estados el total del año en una sola exhibición pero que actualmente lo realiza en 3 parcialidades debido a que antes se sacaba de un recurso de Pemex y ahora sale de hacienda. Que es un problema generalizado en las 32 entidades federativas y no exclusivo de BCS.

Los cuestionamientos de los maestros sobre el programa de tiempo completo son 1. Que se les paga en dos cuentas la nómina, la normal y la de tiempo completo 2. Cuando no trabajo no me pagan, aun cuando sea por enfermedad o falta justificada, jornada de tiempo completo no trabajada no es pagada. 3. Cuando trabajo y no se me paga en tiempo y forma, la SEP no tiene ninguna consecuencia, es decir, al maestro si se le descuenta pero la SEP no da compensación por pago tardío 4. Que desde el inicio los problemas de pago son recurrentes, pero si advierten que el programa en lugar de iniciar de menos a más inicio de más a menos cuando se supone que en el final del sexenio debieron cerrar consolidando el programa.

Se realizaron dos publicaciones sobre el tema de las Escuelas de Tiempo Completo. La primera un boletín de prensa enviado por la SEP estatal dando cuenta de un presupuesto de 116 millones de pesos que será aplicado este año en 282 primarias. La segunda un recuadro donde se cita que las escuelas Venustiano Carranza y 3 de Mayo de La Paz, no están laborando con ese programa debido a pagos atrasados a los maestros.

Las reacciones para ambas fueron de molestia por parte del personal docente. Más cuando otra publicación ya difundida por el semanario Zeta señala un desvío de recursos por 215 millones, 349 mil 784 pesos en áreas como Cobach, SEP e Instituto Tecnológico Superior de Los Cabos.

Es entonces cuando los profesores se preguntan qué pasó con sus sueldos si el año pasado al igual que éste ya se tenía un presupuesto etiquetado. La misma publicación indica que en algunos casos no se pagó nómina y es allí donde la Auditoría Superior de la Federación pide cuentas claras.

El profesor Martín González Fiol responsable del programa no ha dado explicación alguna y menos el Secretario de Educación Héctor Jiménez Márquez. Al respecto el Director de la Primaria Venustiano Carranza, profesor Lorenzo Verdugo informó que su escuela tiene suspendido el programa y que os padres de familia los están apoyando. Valga apuntar que el multicitado programa contempla beneficiar a 13 mil 600 escolares, 282 primarias y 15 comedores en el estado.

El boletín publicado señala muy claramente que se invertirán 6 millones 924 mil pesos mensualmente “en capacitación, equipamiento y pago a personal”, es por eso que los maestros afectados piden una explicación al respecto.

Lo anterior deviene en el incremento del trabajo docente y en la precarización de su trabajo, como se mencionó en el VII Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo, al mencionar que la precarización del trabajo se inserta en la dinámica de la reciente reestructuración capitalista del mundo contemporáneo.

Este fenómeno es resultado del avance del modelo de acumulación de capital que se ha traducido en una permanente lucha por la competitividad y la eficiencia entre las economías más desarrolladas del mundo. Castel considera que la instalación de la precariedad en el trabajo ha provocado la desestabilización de los puestos de trabajo estables. Por otro lado, la precarización del trabajo se puede identificar a través de tres indicadores fundamentales: el primero, es el aumento e intensificaciones de las jornadas de trabajo de los asalariados; segundo, la reducción de los costos de la fuerza de trabajo traducida en bajos salarios; y tercero, la progresiva pérdida de los derechos de los trabajadores conquistados a través de sus sindicatos.

Este fenómeno se ha traducido en la flexibilidad laboral; la cual por su parte, se refleja en las nuevas formas de contratación de la fuerza laboral con menores prestaciones para los trabajadores, la pérdida de derechos en las legislaciones laborales de los países latinoamericanos, la imposición de políticas de competitividad y eficiencia para mantener salarios deprimidos, la caída sistemática de las tasas de sindicalización de los trabajadores y la desaparición de muchos sindicatos, entre otros.

En el caso de los maestros de educación básica, éstos han sido los mediadores entre las políticas educativas puestas en marcha por el Estado y su ejecución en las aulas. Por ello, su papel ha sido central en las transformaciones educativas. En este sentido, el Estado hasta la restructuración capitalista de los ochenta, estaba comprometido con el sostenimiento de niveles mínimos de vida para garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo, que explica el interés para la provisión de servicios públicos universales, entre los cuales estaba el impulso a la educación pública gratuita en la que se insertan los maestros.

A partir de la crisis y particularmente en los noventa, las propuestas neoliberales sobre la educación pública se traducen en un conjunto de iniciativas que buscan desmantelar a la educación pública. Una de las cuales es establecer la flexibilidad a la docencia. Ésta, en México se está imponiendo lentamente, por ejemplo, el estatus laboral de los profesores está cambiando. Hoy existen profesores incorporados a programas de competitividad con alto salario, profesores de base fuera de estos programas con menores percepciones que los primeros y profesores por contrato sin prestaciones como los anteriores y con salario precarios.

Uno de los principales efectos de la flexibilidad impuesta por los procesos de reforma educativa es, precisamente, la precarización del trabajo. En este sentido, los cambios establecidos en las relaciones de trabajo han sido caracterizadas por la amenaza creciente de la precarización de las relaciones de trabajo.

A este respecto Castel, al discutir las transformaciones de la cuestión social muestra que el sistema de protecciones y garantías sociales vinculadas al trabajo está siendo rápidamente desmontada para llegar a lo que se ha denominado precarización. Para Pochmann, lo que está siendo considerado como proceso de precarización del trabajo en el contexto latinoamericano es resultado del modelo de crecimiento económico adoptado que no considera la ampliación del número de empleos lo cual ha contribuido al aumento de la desigualdad y la exclusión en las últimas décadas. Pero, además, hay que agregar que los mercados de trabajo latinoamericano viven hoy una situación caracterizada por un desempleo creciente combinado con la presencia de largas e intensivas jornadas de trabajo a que se someten las familias para tratar de mantener sus niveles de vida.

Este fenómeno ha provocado una mayor segmentación del mercado laboral con profundas repercusiones negativas para los trabajadores de la región. Esta realidad también se ha incrustado en el trabajo docente. En otras palabras, el trabajo de los maestros se ha precarizado traduciéndose en el aumento de los contratos temporales para los nuevos docentes; la disminución paulatina de sus derechos laborales; la intensificación del trabajo, la implantación de políticas de competitividad para mejorar sus percepciones salariales; y la entrega de los fondos de pensión de los docentes a las aseguradoras privadas entre las más importantes.

Es muy claro que durante las dos últimas décadas el mundo del trabajo ha cambiado profundamente como resultado de una compleja reestructuración económica derivada del cambio del modelo de acumulación de capital que repercute en la vida económica, política, social y cultural de los trabajadores. En este sentido, la profesión docente también está cambiando. Estas transformaciones provienen de un conjunto de exigencias que emanan del exterior. Las propuestas curriculares, por ejemplo, están en constante cambio, se multiplican las innovaciones, se privilegian las metodologías didácticas y cambian de lógica las estrategias de evaluación; pero fundamentalmente estas transformaciones aumentan las presiones para los profesores; una de las cuales es la intensificación del trabajo.

El concepto de intensificación del trabajo docente ha sido utilizado por Apple y Hargreaves, quienes lo definen como un proceso de racionalización y control del proceso de trabajo en la enseñanza cuya referencia central es la organización del trabajo y su administración científica en la sociedad capitalista.

Apple agrega que la intensificación del trabajo docente representa una de las formas más tangibles mediante la cual los educadores son degradados en su condición profesional y social. Este proceso se caracteriza por la creciente demanda de nuevas tareas que exigen más tiempo para las actividades profesionales. Este fenómeno se traduce en el aumento de la carga de trabajo impuesta a los educadores para cumplir con las actividades básicas de la vida humana y, además, por el cansancio crónico de los trabajadores intelectuales como resultado del exceso de trabajo en el marco de reformas que buscan la racionalización del trabajo docente.

Hargreaves, acuñó el concepto de colonización para representar el proceso por medio del cual los administradores de la educación se apropian (colonizan) del tiempo y los espacios de los docentes para precarizar su trabajo y disminuir sus costos ocupando objetivamente el tiempo de los maestros con tareas exigidas por las instancias administrativas vinculadas con la enseñanza en términos de productividad y control burocrático de los profesores cuyo fin es garantizar la efectiva utilización productiva del trabajo docente. Por otro lado, Apple, relaciona la noción de colonización administrativa y burocrática del tiempo de trabajo con la sobrecarga de tareas y registros de rendimiento.

Este fenómeno como señala Flinders, constituye una estrategia para adaptar a los docentes a estos requerimientos y satisfacer las demandas de la nueva política educativa. Pero, además, en los países latinoamericanos la escuela es un espacio público en el cual se ejecutan programas y actividades sociales emergentes que aumentan el trabajo a los docentes. Es decir, además del trabajo pedagógico el maestro realiza labor social sin que esta repercuta en sus percepciones salariales.

La lógica de la profesionalización docente, desde el discurso dominante, que proviene de las políticas internacionales apuntan a la lógica del control técnico de la práctica docente. Este permite encubrir los niveles de control ideológico que justifican, en términos de modernización, la eficacia y la eficiencia. Esta última determinada por evaluaciones de corte cuantitativo que ocultan las diversas modalidades de la exclusión. La racionalización de las nuevas políticas educativas, traducidas en las reformas neoliberales de los noventa, apuntan hacia el control de las subjetividades humanas orientadas por la administración del tiempo para hacer más eficientes la gestión de la educación.

Uno de los efectos de las actuales reformas a los sistemas educativos latinoamericanos ha sido la prolongación y la intensificación del trabajo docente que ya está siendo documentada por la investigación. Este fenómeno se ha traducido; por un lado, en el aumento del número de días de la jornada laboral. Y por otro, a través del incremento de las horas de trabajo durante el ciclo escolar.

Por ejemplo, en Brasil pasó de 180 a 200 días lectivos; y en México, el número de días laborales ha alcanzado las 200 jornadas durante el ciclo escolar. La intensificación de la jornada laboral se ha reflejado también en la necesidad de que los docentes se desempeñen en dos o más empleos, lo cual obliga a los maestros a trabajar más de ocho horas al día con el consecuente desgaste físico y mental así como la inversión de tiempo en el transporte para cumplir con sus actividades docentes en sus escuelas.

Esta situación que enfrentan los docentes se objetiva en dos fenómenos: en primer lugar, los maestros no llegan a conocer realmente a sus alumnos con serias repercusiones en su desempeño y sus resultados y, en segundo lugar, no les alcanza el tiempo para preparar sus clases, estudiar y actualizarse. Esta intensificación del trabajo es más notoria entre los directivos. Estos trabajan en diversas actividades administrativas que rebasan las ocho horas diarias.

Otra forma de intensificación del trabajo docente se desarrolla dentro de la jornada laboral. Los docentes se ven obligados a responder a las exigencias de las reformas curriculares dentro de las cuales se les demanda nuevas estrategias didácticas y nuevos contenidos educativos y la aplicación de evaluaciones estandarizadas que obligan a los maestros a trabajar en función de estas nuevas exigencias.

Este factor intensifica más el trabajo docente porque la aplicación de evaluaciones nacionales estandarizadas son utilizadas para incentivar los salarios a los docentes y también sirven para mantener deprimidas las percepciones económicas debido a que los resultados determinan los salarios de los profesores como en el caso de México.10

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación Pública federal y del estado de Baja California Sur, a restituir el salario de los profesores de las escuelas Álvaro Obregón Salido, Venustiano Carranza y 3 de Mayo de 1535; a realizar reuniones con los citados profesores, a efecto de aclarar dudas con respecto de la operación del programa Escuelas de Tiempo Completo; y a crear plazas de jornada completa.

Notas

1 https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion

2 http://www.unescoetxea.org/dokumentuak/Educacion_Derecho_Humano.pdf

3 https://www.pdhre.org/rights/education-sp.html

4 http://www.sep.gob.mx/es/sep1/XIII_Tratados_y_Convenios_Internacionales?page=1

5 http://basica.sep.gob.mx/site/proetc

6 https://www.gob.mx/sep/articulos/conoce-mas-sobre-las-escuelas-de-tiemp o-completo

7 http://www.jornada.unam.mx/2015/03/11/sociedad/038n1soc

8 https://www.vanguardia.com.mx/articulo/estamos-pagando-el-doble-de-isr- maestros-de-tiempo-completo

9 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2018_29 1117.pdf

10 http://www.izt.uam.mx/sotraem/Documentos/AMET2011/REC/ TEXTO/06/06_02.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno de BCS a transparentar el ejercicio de los recursos federales asignados a la entidad en el PEF de 2016, a cargo de la diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada Norma Xóchitl Hernández Colín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena a la XLIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, numeral 1, fracción I, y el artículo 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por medio del presente, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno de Baja California Sur a transparentar el ejercicio de los recursos federales asignados a la entidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ejercicio Fiscal de 2016.

Lo anterior, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Primero. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. El resultado final de la labor de la ASF son los Informes Individuales de Auditoría y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

La misión de la ASF es fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías que se efectúan a los tres Poderes de la Unión, a los órganos constitucionalmente autónomos, a las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares. Conforme a su mandato legal, el propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas, y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público.

Al llevar a cabo su misión, la ASF busca posicionarse como una institución objetiva e imparcial, técnicamente sólida y sujeta a un proceso de mejora continua, cuyos productos puedan constituirse en un elemento central para el Poder Legislativo en la definición de las asignaciones presupuestarias de los programas, proyectos y políticas públicas. De esta manera, contribuirá a generar confianza en la ciudadanía respecto al manejo de los recursos y a fortalecer una cultura gubernamental de transparencia y rendición de cuentas.

Los principales ordenamientos jurídicos que dan origen y norman la actuación de la ASF son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. En los últimos años, estos ordenamientos se han modificado para crear un órgano de fiscalización eficiente y moderno.

En el ámbito técnico, la ASF ha emitido diversas normas y procedimientos de auditoría para llevar a cabo sus funciones y los cuales recogen los avances en la materia. Por su calidad, las normas técnicas institucionales son similares a las utilizadas por países de mayor grado de desarrollo, y se actualizan constantemente para garantizar su mejora.

En materia de ética y conducta, la ASF cuenta con una Política Institucional de Integridad que está compuesta por el Código de Ética, el Código de Conducta y las Directrices para Prevenir el Conflicto de Intereses. La finalidad de estos instrumentos es que el personal de la ASF se conduzca bajo estrictos principios y lineamientos de independencia, imparcialidad y rigor técnico. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Conforme a las mejores prácticas internacionales y al marco normativo de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés) la ASF utiliza como referencia los tres tipos de auditorías: de cumplimiento, financiera y de desempeño. En particular sus revisiones se llevan a cabo con base en diversos enfoques: cumplimiento financiero, inversiones físicas, forenses, desempeño, gasto federalizado y tecnologías de la información.

1. Auditoría de Cumplimiento Financiero: Revisa que la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos aprobados por el Congreso se lleven a cabo de acuerdo a la normativa correspondiente y que su manejo y registro financiero haya sido correcto.

1.1. Auditoría de Inversiones Físicas: Su materia de análisis son los procesos de adquisición y desarrollo de obras públicas; se evalúa si se justifica su inversión, si cumplen los estándares de calidad previstos, la razonabilidad de los montos invertidos, si fueron entregadas en tiempo y forma, y si observaron la normativa vigente.

1.2. Auditoría Forense: Consiste en la revisión rigurosa, pormenorizada, objetiva y crítica de los procesos, hechos y evidencias derivados de la fiscalización, para la investigación y documentación de un presunto ilícito.

2. Auditoría de Desempeño: Se orienta a evaluar el grado de cumplimiento de metas y objetivos de los programas gubernamentales; si estos fueron realizados con eficacia, eficiencia y economía, así como su impacto (social y económico) y beneficios para la ciudadanía.

3. Auditorías al Gasto Federalizado: Consiste en fiscalizar el uso de los recursos y el cumplimiento de metas y objetivos de los fondos y programas financiados con recursos federales transferidos a estados y municipios, para renglones como educación, salud, creación de infraestructura básica, abatimiento de la pobreza y seguridad pública.

4. Auditoría a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Control: Se revisan las adquisiciones, administración y aprovechamiento de sistemas e infraestructuras, calidad de los datos y seguridad de la información de las entidades, así como la evaluación de programas de tecnologías. También se revisa el marco institucional, los resultados globales y agregados de las finanzas públicas, además se realizan evaluaciones a los sistemas de control interno.

Adicionalmente, la ASF lleva a cabo otras actividades complementarias vinculadas a la fiscalización de la Cuenta Pública que resultan pertinentes y que proporcionan elementos para tener una mayor comprensión de temas de impacto en materia de la gestión pública.

Asimismo, la ASF lleva a cabo evaluaciones de políticas públicas que constituyen una valoración objetiva (con base en criterios válidos y confiables) sobre la pertinencia de la acción gubernamental para abordar un problema de interés nacional, y su efectividad para alcanzar los objetivos propuestos, a fin de emitir un posicionamiento integral sobre la solidez, consistencia, eficiencia y eficacia de las políticas públicas, así como una visión prospectiva, realista y que sea útil para los tomadores de decisiones.

Una vez concluidas las auditorías que fueron programadas, la ASF integra Informes Individuales, los cuales, se entregan a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. Asimismo, en esta última fecha, se entrega el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.1

Segundo. Con base en las atribuciones de fiscalización, como lo reporta sinembargo.mx la ASF detectó recursos mal ejercidos por mil 227 millones 27 mil 600 pesos durante la revisión de la Cuenta Pública de 2016 del Gobierno de Baja California Sur, encabezado por Carlos Mendoza Davis.

El impacto de estas irregularidades para los sudcalifornianos se traduce en daños en materias tan sensibles como seguridad pública, educación, obra pública y asistencia social.

Dos de los rubros donde mayor cantidad de dinero no comprobado se encontró fueron el de recursos federales, que ascendió a 585 millones 522 mil 700 pesos , y el de pago a profesores de distintos niveles educativos, con montos de 215 millones de pesos .

En los dictámenes de la ASF, el Gobierno de Baja California Sur contó con múltiples oportunidades para solventar las observaciones realizadas. En algunos casos, según consta en las conclusiones, la administración estatal intentó subsanar las fallas aquí expuestas, sin éxito y en otros fondos, ni siquiera aportó la documentación solicitada.

En la revisión de diez fondos federales que recibió el gobierno de Baja California Sur en 2016, la ASF detectó recursos por mil 227 millones 27 mil 600 pesos mal ejercidos.

De estos, mil 165 millones 195 mil 100 pesos son catalogados como “recuperaciones probables” o desvíos, dinero que no fue usado para lo que fue presupuestado ni se localizó en las cuentas bancarias del gobierno estatal.

Los 61 millones 832 mil 500 pesos restantes conforman los subejercicios, aquellos fondos que no fueron utilizados a pesar de haber sido transferidos a la administración estatal y que fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación.

El rubro que presenta el mayor quebranto al erario público es el fondo denominado “Gasto federalizado a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios”, por el que el Gobierno de Baja California Sur recibió 2 mil 743 millones 517 mil 400 pesos .

De acuerdo con información de la ASF, la cual publicó estas auditorías como parte de su tercera entrega de la revisión a las cuentas públicas de 2016, Baja California Sur destinó estos recursos a 29 programas.

La totalidad del monto fue revisado por la ASF, la cual concluyó “a la fecha del corte de la Auditoría, es decir, al 30 de junio de 2017, el gobierno de Baja California Sur no acreditó el entero a los ejecutores el 21.3 por ciento de los recursos federales transferidos”. Esto significa un daño a la Hacienda Pública por 585 millones 522 mil 700 pesos . Lo anterior, “por falta de documentación soporte de la recepción de los recursos y envío a las instancias ejecutoras”.

Estos más de 585 millones de pesos debieron haberse invertido en programas de apoyo a cultura, deporte, perspectiva de género, tratamiento de aguas residuales, desarrollo turístico, pueblos mágicos y atención médica. No obstante, la administración de Mendoza Davis no pudo comprobar, aún seis meses después de cerrar el ejercicio presupuestal 2016, que el dinero haya sido transferido a los distintos programas.

A manera de conclusión, la ASF determina “el gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del gasto federalizado”.

El segundo fondo federal de donde más recursos desviados fueron detectados por la ASF, estaba destinado a “Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación”, por el cual recibió 500 millones de pesos .

Sin embargo, la aplicación de más de la mitad de estos recursos, 226 millones 113 mil 700 pesos , no pudo ser comprobada por la administración estatal, por lo que la ASF determinó esta cantidad como “recuperaciones probables”. Nuevamente, la administración no mostró documentación justificativa y comprobatoria acerca del uso adecuado de estos recursos.

Entre las principales anomalías con el uso de estos recursos, la ASF detectó 215 millones 349 mil 784 pesos que fueron devengados de las cuentas bancarias del gobierno estatal por concepto de pago de nómina al Colegio de Bachilleres del Estado, a la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur y al Instituto Tecnológico Superior de Los Cabos, pero cuyos pagos no pudieron ser comprobados ni justificados a través de la documentación correspondiente.

De manera adicional, la ASF observó que “seis empleados no cumplieron con el perfil requerido para las categorías de enfermera y jefe de oficina del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte)”. No obstante, entre los seis servidores públicos cobraron un millón 343 mil pesos .

También dentro de Cecyte, los auditores federales constataron el pago de 7 millones 769 mil 800 pesos para salarios de 48 plazas no autorizadas.

No solo eso, también se registraron pagos en exceso para cuatro trabajadores por un monto global de un millón 651 mil 100 pesos .

En cuanto a participaciones federales, Baja California Sur recibió 4 mil 440 millones 530 mil 100 pesos en 2016, de los cuales fueron auditados mil 620 millones 866 mil 900 pesos y se determinaron recuperaciones probables por 224 millones 837 mil 200 pesos , los cuales corresponden principalmente a pagos de plazas no autorizadas.

De esta cantidad se desprende, un desvío de 6 millones 100 mil pesos detectado por la ASF al revisar las cuentas bancarias en las que el gobierno sudcaliforniano depositó los recursos federales.

Por otro lado, de 124 millones de pesos supuestamente destinados a partidas como energía eléctrica, arrendamiento de edificios, asesorías, servicios de consultoría y gastos de difusión, el gobierno no pudo comprobar el gasto de 62 millones 330 mil 409 pesos , incluido el Impuesto Sobre la Renta por el pago de estos servicios.

Mientras que el daño más severo en el fondo de participaciones federales se encuentra en un monto de 146 millones 84 mil 390 pesos que fueron utilizados para pagos en nómina a 519 plazas que no fueron autorizadas y 530 plazas que excedieron las autorizadas.

De igual forma, la ASF descubrió otro desvío de 10 millones 117 mil 783 pesos en dinero que debió utilizarse para las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en retenciones en nóminas. Por concepto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, Baja California Sur recibió 163 millones 102 mil 900 pesos , de los cuales la ASF revisó una muestra del 91.2 por ciento.

En este caso, el órgano fiscalizador detectó recuperaciones probables por 68 millones 155 mil 100 pesos y un subejercicio por 38 millones 527 mil 800 pesos . Nuevamente, la administración municipal no pudo aportar documentación comprobatoria sobre la ejecución de esos más de 68 millones de pesos .

De entrada, una de las principales observaciones sobre anomalías en la ejecución de los recursos es por un monto de 22 millones 962 mil 100 pesos , destinados a obra pública y servicios básicos que no cumplen con los fines del fondo ni contaron con autorización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como en retiros sin presentar la documentación comprobatoria.

En materia de equipamiento, al realizar una inspección física a las oficinas de la Subsecretaría de Seguridad Pública (SSP), personal de la ASF constató que una terminal de radio digital se encontraba extraviada con un reporte de robo levantado y una más presentaba sobrecalentamiento, daños que se contabilizan en 53 mil 662 pesos .

En otra de estas inspecciones físicas, la ASF localizó 327 piezas de uniforme para elementos de la SSP como botas, chamarras y camisas, dentro de un almacén en La Paz que no habían sido distribuidos a los elementos de seguridad. Mientras que en una bodega de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) fueron localizadas otras 18 piezas de uniformes.

Además, la ASF detectó un daño presupuestario por 5 millones 146 mil 210 pesos que el gobierno dijo destinar a la adquisición de vestuario y uniformes para personal de seguridad, pero que no pudo comprobar su aplicación.

Lo mismo ocurrió con otros 14 millones 516 mil 100 pesos para la compra de vehículos y equipo terrestre. Además, el parque vehicular de la SSP que fue adquirido con los recursos de este fondo en 2016, “no cuenta con placas de circulación y no se han elaborado los contratos de comodato con los municipios”, explica el dictamen.

Otros gastos que no pudieron ser comprobados son 5 millones 650 mil pesos en muebles de oficina y estantería; 3 millones 3 mil 249 pesos en equipo técnico y tecnologías de la información; un millón 646 mil pesos en la adquisición de dos vehículos, así como 1 millón y medio de pesos en la construcción de la sala de juicios orales.

En materia penitenciaria, pese a haber pagado 6 millones 350 mil pesos para el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de video vigilancia integral, a la fecha de la auditoría, realizada el 23 de junio de 2017, este sistema no se había puesto en marcha.

Las irregularidades en seguridad pública siguen. La SSP no pudo comprobar gastos por 2 millones 346 mil 200 pesos en uniformes para los custodios, mientras que otros 2 millones 754 mil 143 pesos supuestamente invertidos en productos químicos, equipo médico y de laboratorio para ciencias forenses, no pudieron ser comprobados. Tampoco se pudo comprobar la aplicación de un millón 816 mil 732 pesos destinados a pólizas de mantenimiento de servicios de radiocomunicación.

A la par de estos desvíos, Baja California registró alzas en índices delictivos: 53.3 por ciento en robo de vehículos, 140 por ciento en extorsión y 23 por ciento en lesiones.

En el programa de Escuelas de Tiempo Completo, cuyos fondos federales sumaron 108 millones 516 mil 100 pesos en 2016 para Baja California Sur, la ASF determinó recuperaciones probables por 66 millones 726 mil pesos .

El principal daño en este rubro es por un monto de 63 millones 677 mil 900 pesos supuestamente destinados al pago de personal directivo y docente de preescolar y primaria. Al revisar las transferencias, la ASF detectó “inconsistencias en los registros, ya que no contenía los campos de plazas y centros de trabajo correspondientes”.

Algunas otras anomalías detectadas en este fondo son la falta de comprobación de viáticos por 158 mil pesos , de diplomados en matemáticas por un millón 563 mil 100 pesos de un mural por 790 mil pesos .

Por el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, Baja California Sur recibió 4 mil 483 millones 446 mil 300 pesos en 2016. De éstos, la ASF detectó 10 millones 639 mil 200 pesos que no fueron utilizados y otros 38 millones 931 mil 500 pesos en desvíos.

De este monto de más de 38 millones de pesos , se desprenden los siguientes malos manejos. Se utilizaron 18 millones 257 mil 373 pesos en las partidas subsidios y otras ayudas, así como en sentencias y resoluciones (laudos), “los cuales no cumplen con los fines y objetivos del fondo”, detalla la ASF.

Además, “se realizaron pagos de varias partidas, los cuales carecen de documentación justificativa y comprobatoria”, mientras que otros 14 millones 649 mil 166 pesos se destinaron a “pagos a 122 trabajadores que no fueron localizados ni identificados por el responsable del centro de trabajo durante las visitas físicas a los planteles del estado”.

Por otra parte, se destinaron 4 millones 818 mil 673 pesos en 485 pagos a 14 trabajadores que trabajaban en centros de trabajo no financiables con recursos de este fondo. De igual forma, se hicieron 137 pagos por un total de 752 mil 205 pesos a 6 trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que contaban con 11 plazas. Esto a pesar de que el destino de este fondo no debe aplicarse en ello.

En 2016, Baja California Sur recibió 62 millones 480 mil 800 pesos por medio del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que a su vez alimenta el presupuesto del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep). En este fondo, la ASF determinó recuperaciones probables por 8 millones 258 mil 100 pesos y observó un subejercicio por 8 mil 200 pesos .

Dentro de los más de 8 millones de pesos en desvíos, documentación de la ASF ubica un millón 22 mil 403 pesos supuestamente destinados a prestadores de servicios profesionales, de quienes el gobierno no pudo acreditar el resultado de las actividades realizadas.

También en servicios personales, el ente fiscalizador determinó que 2 millones 646 mil 288 pesos en retenciones por concepto del Fondo para la Vivienda (Fovissste) no pudieron ser acreditados. Lo mismo con 4 millones 562 mil 611 pesos en retenciones del Impuesto sobre la Renta del personal.

Para realizar 10 proyectos de obra pública, tales como la rehabilitación de palacio del gobierno del estado, pavimentaciones, la remodelación de una cancha de frontón en La Paz y saneamiento de agua potable y drenaje, Baja California recibió 103 millones 109 mil 800 pesos en 2016; de este monto, se detectaron desfalcos por 6 millones 953 mil 100 pesos y un subejercicio por 12 millones 420 mil 100 pesos .

Parte de las irregularidades en la aplicación de este fondo, explica la ASF en su dictamen respecto al fondo de “Proyectos de Desarrollo Regional”, está la retención por 300 mil 171 pesos que hizo la administración local, monto que corresponde “al cinco al millar del importe de cada una de las estimaciones de trabajo pagadas de las obras por contrato”.

De igual forma, auditores detectaron que tres de los diez contratos se adjudicaron de manera directa y no por licitación público como debió realizarse. De igual forma, al realizar visitas a las obras públicas en proceso, la ASF detectó tres proyectos en que hacían falta trabajos por 997 mil pesos que ya habían sido presupuestados y pagados.

En otra obra, con inversión de 54 mil 900 pesos , la ASF determinó que los trabajos “no cumplen con las normas y especificaciones de construcción requeridas”.

A través del Fondo de Infraestructura Social, Baja California Sur recibió 15 millones 276 mil 700 pesos en 2016. De estos recursos, la ASF determinó 4 millones 689 mil 700 pesos en recursos mal ejercidos y 198 mil 800 pesos en recursos no utilizados.

Acerca del monto de desvíos, la Auditoría explica que “representa el 30.7 por ciento de la muestra auditada que corresponden principalmente a obra pública no autorizada o que haya beneficiado a la población objetivo”.

Estos recursos tenían como objetivo programas de electrificación rural y de colonias pobres y mejoramiento de vivienda, pero en el caso de los 4 millones 689 mil 700 pesos , el órgano fiscalizador detectó que se destinaron a la construcción de 76 viviendas “que no beneficiaron a la población de las Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) que deben ser localidades con los 2 grados de rezago social más altos o población en pobreza extrema”.

Precisamente al revisar los montos que el gobierno de Baja California Sur invirtió en las ZAP, la ASF detecto que sólo fueron 7 millones 180 mil 900 pesos , lo cual representa el 47 por ciento del Fondo de Infraestructura Social y no el 70 por ciento como está estipulado en la normativa.

Del Fondo de Aportaciones Múltiples se financian principalmente el Instituto Sudcaliforniano de Infraestructura Física Educativa (ISIFE) y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF).

En 2016, Baja California Sur recibió 209 millones 443 mil 800 pesos por este concepto, de los cuales un millón 734 mil pesos no se ejercieron de manera educada y otros 38 mil 300 pesos simplemente no fueron utilizados.

El daño por un millón 734 mil pesos responde a conceptos de retenciones por derechos de inspección, vigilancia y control de los trabajos. Estas retenciones se destinan al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y para obras de carácter social del mismo Instituto; sin embargo, el gobierno de Baja California Sur “no acreditó su entero a la instancia correspondiente”.2

Tercero. Al respecto, el secretario de Finanzas y Administración del gobierno de Baja California, Isidro Jordán Moyrón, informó que a la fecha 95 por ciento de los recursos observados fueron atendidos administrativamente por la autoridad estatal. Refirió que en términos de recursos, se han atendido administrativamente mil 169 millones de pesos, de los mil 227 millones de pesos que fueron observados al gobierno del estado.

Mencionó que lamenta las expresiones políticas que han pretendido tergiversar un proceso administrativo que todos los gobiernos seguimos ante la ASF, no hay desvíos, no hay delitos patrimoniales como se ha informado dolosamente, el propio informe de la Auditoría lo señala así, lo que hay es un proceso administrativamente que estamos siguiendo y que casi llega a su término.

Explicó que por normativa federal la ASF audita los recursos federales que los gobiernos de los estados, municipios, organismos autónomos y las propias dependencias del gobierno de la República ejercen.

Adicionó que cuando se efectuó la auditoría, buena parte de los recursos observados no habían sido ejercidos, en otros casos, por los propios tiempos que maneja la ASF no se alcanzó a entregar la documentación, sin embargo, ahora que tenemos formalmente las observaciones, hemos entregado la mayor parte de esta documentación, para concluir, dijo que con total responsabilidad el gobierno del estado atiende estas observaciones de carácter administrativas. La información se encuentra en proceso de revisión e integración por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos la certeza de que todo quedará solventado, pues no se advierten desvíos, ni conductas irregulares de servidores públicos.2

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta al gobierno del estado de Baja California Sur, a transparentar el ejercicio de los recursos federales asignados a la entidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con relación al informe de la Cuenta Pública publicado por la Auditoría Superior de la Federación.

Notas

1 http://www.asf.gob.mx/Section/45_Acerca_de_la_ASF

2 http://www.sinembargo.mx/04-03-2018/3392669

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.

Diputada Norma Xóchitl Hernández Colín (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Conagua a difundir el avance de la obra del Túnel Emisor Oriente, de conclusión prevista para 2018, con un costo de 20 mil 167 millones de pesos, a cargo del diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 39, numeral 3, 79, numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las presentes proposiciones con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que haga público el avance de la obra del túnel Emisor Oriente, la cual tenía prevista su conclusión desde el pasado 2012, y ahora está comprometida su conclusión en 2018 con un costo total de 20 mil 167 millones de pesos, al tenor de las siguientes

Consideraciones

1. En 1975 el sistema de drenaje del Valle de México (Emisor Central, Emisor Poniente y Gran Canal) tenía una capacidad de desalojo de aguas negras y pluviales de 280 metros cúbicos por segundo, con una población de 10 millones de habitantes, suficiente para ese momento.

2. Para 2007, la capacidad se redujo a 195 metros cúbicos por segundo, teniendo como consecuencia un déficit de 120 metros cúbicos por segundo, toda vez que la demanda de desalojo se había incrementado a 315 metros cúbicos por segundo, por el crecimiento de la población, que para entonces registraba 19 millones de habitantes y por mayores escurrimientos provocados por la construcción en suelo de infiltración.

3. Para 2007 habían transcurrido 14 años sin mantenimiento al Sistema de Drenaje Profundo, por la necesidad de utilizar permanentemente el sistema, por la pérdida de capacidad de las otras dos salidas, por lo que se advertía el riesgo de un posible colapso del túnel Emisor Central y una inundación de proporciones catastróficas.

4. Para disminuir los riesgos, en el segundo semestre de 2007 se inició la construcción de cuatro plantas de rebombeo que permitieron incrementar la capacidad de desalojo del Gran Canal e iniciar los trabajos de mantenimiento del túnel Emisor Central en la temporada de estiaje.

5. Esas obras de emergencia resolverían parcial y temporalmente, porque se sabía que continuarían los hundimientos y pérdida de capacidad de desalojo de aguas combinadas (pluviales y negras), por lo que se propuso la construcción de un nuevo túnel denominado Emisor Oriente (TEO), que tendría una capacidad de 150 metros cúbicos por segundo, con lo que se cubriría el déficit identificado para ese momento.

6. En marzo de 2008 el gobierno federal anunció la construcción del TEO con una inversión de 9 mil 595 millones de pesos, para 62 kilómetros de túnel, de 7 metros de diámetro, 24 lumbreras y una profundidad variable que va de 28 a 155 metros, debería estar concluida en diciembre de 2012.

7. Antes de concluir el Gobierno Federal anterior, en voz del ingeniero José Luis Luege Tamargo, entonces Director General de la Comisión Nacional del Agua, informo que el túnel Emisor Oriente se concluiría en el año 2019 a un costo de 19 mil 500 millones de pesos.

8. En la actual administración, el 13 de junio de 2013 se entregó la primera etapa del TEO que consta de 10 kilómetros. En esa fecha, el titular de Conagua afirmó que las obras se entregarían en 2016 y no en 2019, aunque el costo estimado ahora sería de 20 mil 167 millones de pesos, es decir dos veces más de lo proyectado inicialmente.

9. El 24 de junio de 2017 se firmó un convenio, entre los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México y Federal, para la creación de la Comisión para la Operación de la Infraestructura Metropolitana de Drenaje, órgano colegiado de carácter permanente que deberá observar y asegurar el cumplimiento del Protocolo de Operación Conjunta para la Atención de Fenómenos Hidrometeorológicos en la zona metropolitana y fungirá como la máxima autoridad en materia de operación y control de inundaciones.

10. La Zona metropolitana del Valle de México está situada hidrológicamente en una cuenca endorreica, es decir, en una cuenca cerrada, con salidas artificiales de aguas combinadas, lo cual representa un riesgo intrínseco para la capital del país.

11. El hundimiento diferencial, por la sobreexplotación de los acuíferos, que afecta la zona norte de la cuenca, ha provocado que el drenaje metropolitano, disminuya su eficiencia, el túnel Emisor Central, el Emisor del Poniente y el Gran Canal –con sus dos portales de salida- son insuficientes para desalojar los flujos de aguas combinadas (residuales y pluviales), especialmente cuando se presentan lluvias atípicas.

12. Desde el año 2008 opera en la Ciudad de México, una Unidad de Atención a lluvias, conocida como Unidad Tormenta, que coordina esfuerzos interinstitucionales del Sacmex, delegaciones, Heroico Cuerpo de Bombero y SSP, que cuenta con un sistema de información en tiempo real que le permite movilizar personal y equipo a los sitios en donde se registra la mayor intensidad de lluvia (a través de 72 estaciones pluviométricas) y los reportes de inundación, con afectación en inmuebles y vialidades.

Por lo expuesto y fundado, solicito de esta soberanía, la aprobación del presente punto de acuerdo como de urgente y obvia resolución para ser discutidos y en su caso aprobados en esta misma sesión, el cual resuelve

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional del Agua para que haga público el avance de la obra del túnel Emisor Oriente, la cual tenía prevista su conclusión desde el pasado 2012, y ahora está comprometida su conclusión en 2018 con un costo total de 20 mil 167 millones de pesos

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de dos mil dieciocho

Diputado Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la realización de un diagnóstico sobre el origen, los montos, las causas y los efectos de los flujos de capitales que salen del país, los que permanecen depositados o invertidos en el exterior, y las medidas adoptadas para investigarlos y, en su caso, sancionar las operaciones de lavado de dinero, a cargo del diputado Juan Romero Tenorio, del Grupo Parlamentario de Morena

Juan Romero Tenorio en mi calidad de diputado federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracciones I, III, IV, V y VI, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

A principios de enero de 2018, se dio a conocer el Informe de evaluación mutua de las medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo en México, por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Éste es un organismo intergubernamental que promueve normas y la aplicación efectiva de las leyes y reglamentos para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. El GAFI fue creado en 1989 por el Grupo de los Siete G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido), y en abril de 1990 dio a conocer Cuarenta Recomendaciones contra el lavado de dinero. Desde entonces ha perfeccionado el esquema hasta completar en 2012 cuarenta recomendaciones, incluyendo nueve Recomendaciones Especiales que constituyen los estándares internacionales utilizados por más de 180 países para combatir estos delitos.1

No está de más señalar que si bien los funcionarios mexicanos no relacionan el lavado de dinero con la corrupción, es innegable que los movimientos de capital resultantes de los desvíos de recursos y la riqueza inexplicable de algunos cuantos funcionarios, exfuncionarios y empresarios, deberían estar en el centro de esas investigaciones.

Haciendo a un lado las formas políticamente correctas utilizadas en el lenguaje de los organismos multinacionales, se puede concluir que el resultado de la evaluación que hizo el GAFI acerca de las medidas que aplica el gobierno de México contra el lavado de dinero no fue positiva. La lectura del informe muestra que el gobierno de México ha demostrado poco interés y falta de compromiso para atacar el problema de lavado de dinero que, desde nuestro punto de vista, no sólo se vincula al narcotráfico y terrorismo, sino también, y en gran medida, a la evasión de impuestos o fraudes con recursos públicos. Considerando los múltiples canales de comunicación entre las instituciones financieras y las autoridades reguladoras y de vigilancia, se podría decir que, por ejemplo, las diversas acusaciones por peculado, desvío de recursos o incluso el uso de recursos de procedencia ilícita, de los que se acusa a los ex gobernadores Javier Duarte de Ochoa, César Duarte, Roberto Borge, Eugenio Hernández, Guillermo Padrés, Jesús Reyna y otros más, que han provocado graves afectaciones contra las finanzas públicas del país y de sus estados, contribuyendo a la inseguridad e impidiendo el desarrollo de sus sociedades, habrían sido identificadas oportunamente y en buena medida impedido, e incluso se habrían sancionado, si la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera hubieran cumplido con la responsabilidad para la que supuestamente están “preparados”, como lo anuncian sus funcionarios, y si realmente hubieran tenido interés en terminar con la corrupción y no utilizarla para promover a sus candidatos, justificando su imposición, como ocurrió en el Estado de México.

Desafortunadamente, para amplios sectores de la sociedad es un hecho que ese tipo de abusos, así como los observados en muchas más entidades y en el mismo gobierno federal, sí fueron conocidos y deliberadamente se mantuvieron impunes, como una forma de conservar el pacto que permitió el paso de las “reformas estructurales” en 2013.

No está de más señalar que en un país democrático, en el que la corrupción no disfrutara de la impunidad, las decisiones legislativas que propician un cambio en los acuerdos básicos entre los sectores que integran a su sociedad, habrían sido sometidos a una amplia consulta, condición básica para fortalecer el Estado de Derecho. Sin embargo, en México se atropelló impunemente el derecho de la sociedad a decidir y se ha llegado al extremo de pretender entregar, sin pedir la opinión de la población, los activos públicos estratégicos, para ponerlos en manos de unos cuantos representantes de los intereses privados. Eso sólo fue posible en un régimen que se cohesiona por la corrupción y la impunidad, lo que se refleja en una terrible ineficiencia e ineficacia para actuar contra el lavado de dinero.

Como resultado de esa falta de atención, de omisión o complicidad por parte de los funcionarios del Ejecutivo Federal y en particular de la Secretaría de Hacienda, se encuentran las observaciones que presentó el GAFI. Entre los principales hallazgos de la Evaluación, destacan:

1. Si bien México tiene un marco legal e institucional bien desarrollado de antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, no tiene capacidad de atacar las actividades asociadas con la delincuencia organizada, tales como tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal.

2. El informe de GAFI señala que las autoridades han adoptado acciones contra el lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, las cuales dieron lugar a algunos resultados, pero no fueron acciones integrales ni prioritarias y no produjeron una adecuada asignación de recursos en los ámbitos federal y estatal.

3. El sector financiero conoce las amenazas de lavado de activos generadas por la delincuencia organizada y actividades delictivas asociadas, así como delitos fiscales, pero su reconocimiento de la corrupción como amenaza principal es desigual. Además, es limitada su comprensión de las técnicas de lavado de activos más complejas, así como el uso indebido de las personas jurídicas.

4. La Unidad de Inteligencia Financiera proporciona información relevante y las autoridades competentes acceden a ella en forma habitual, sin embargo, el volumen de inteligencia financiera comunicada a la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR) es limitado en cantidad, lo que da lugar a un bajo número de investigaciones financieras.

5. La PGR no investiga ni persigue penalmente, de manera proactiva y sistemática el lavado de dinero, sólo actúa de manera reactiva, caso por caso -como ya se ha comprobado en múltiples ocasiones-. Consecuentemente, la cantidad de acciones penales y condenas por casos de lavado de dinero es muy baja, además de que se detectaron deficiencias significativas en el modo en que se investiga, porque muy raramente se realizan investigaciones financieras paralelas y el lavado de activos rara vez es perseguido penalmente como un delito autónomo. El nivel de corrupción que afecta a las autoridades de orden público, en particular en el ámbito de los estados –a lo que se debe agregar, la discrecionalidad política con la que Hacienda administra su relación con las autoridades estatales- socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves.

6. Tampoco se persigue el decomiso del producto y de los instrumentos del delito en forma sistemática como un objetivo de las políticas y no es proporcional con los riesgos de lavado de dinero. Las autoridades no están utilizando las medidas cautelares a su disposición en forma apropiada y oportuna, excepto por el uso de la lista de personas bloqueadas de la UIF. Lo más grave es que no se decomisa en forma adecuada el efectivo sospechoso y falsamente declarado. Ese es un faltante que no se puede ignorar por el legislativo.

7. México podría hacer más para garantizar que los responsables de combatir el lavado de dinero estén mejor equipados con las herramientas correctas en cuanto a capacitación, experiencia y establecimiento de prioridades, a fin de que sean capaces de detectar y desbaratar esas operaciones en forma efectiva.

8. Una preocupación grave en todos los sectores es que se identifica al beneficiario final solamente en forma limitada, lo que reduce la efectividad de las entidades en relación con la evaluación y la gestión de los riesgos de lavado de activos. En gran medida, debido a las debilidades en el marco jurídico, se dificulta identificar a los beneficiarios finales. Ya se promulgaron modificaciones a la normativa que, según afirman, abordan esta deficiencia, pero falta conocer sus efectos. En la identificación de los sujetos de riesgo, las autoridades depositan una confianza indebida en la auto declaración de los clientes para identificar a los beneficiarios finales. Para la mayoría de las personas jurídicas que no están categorizadas como de alto riesgo, las instituciones solamente tienen información sobre la propiedad legal superficial de los clientes corporativos sin alcanzar a las personas físicas que, en última instancia, poseen o controlan la entidad. Además, las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) generalmente creen que no es su función identificar a los beneficiarios finales.

9. Los supervisores del sector financiero comprenden los riesgos dentro de los sectores por los cuales son responsables y han implementado enfoques basados en el riesgo, razonables para la supervisión. No obstante, la fiscalización de las APNFD se encuentra menos desarrollada y cuenta significativamente con menos recursos. En general, a la fecha, no se aplicaron sanciones de manera efectiva, disuasiva y proporcionada.

10. México tiene un marco legal e institucional vigente sólido para solicitar y otorgar asistencia legal mutua y extradición. Las autoridades también utilizan frecuentemente otras formas de cooperación internacional para intercambiar información con otros países. En la práctica, México decidió como una cuestión de política, fortalecer y favorecer otras formas de cooperación y solo utilizar la asistencia legal mutua cuando sea estrictamente necesario. Se comprobó que el uso de otras formas de cooperación es efectiva, fluida y que produjo resultados tangibles con Estados Unidos. Sin embargo, la provisión de asistencia legal mutua por parte de México está en cierta forma limitada por la ausencia de una base legal para ciertas técnicas de investigación. De hecho, las autoridades no la solicitan en forma proactiva ni parecen darle prioridad cuando existe un elemento trasnacional, y cuando las evidencias o los activos están ubicados en el exterior, generando un impacto negativo en la efectividad de las investigaciones y procedimientos penales.2

A partir de esas conclusiones, nadie se puede considerar satisfecho de las medidas adoptadas por las autoridades mexicanas contra el lavado de dinero. Las políticas aplicadas, ni siquiera han tenido interés en establecer criterios efectivos para perseguir los recursos financieros de actividades como el narcotráfico, que puede mover sus recursos impunemente, con lo que tienen garantizada una fuente de recursos que le permiten tener una gran fortaleza y es causa de una grave violencia que daña a la sociedad y a las instituciones, incluyendo al Ejército y a la Marina.

Las autoridades de Hacienda y la UIF no se han preocupado por establecer una vigilancia eficaz que permita perseguir los recursos generados por la brutal corrupción del actual sistema político. ¿Cuánto se podría ahorrar México si las instancias responsables de normar y vigilar al sector financiero, como son la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, se coordinarán eficazmente con las responsables de investigar el lavado de dinero? El problema está en que, como lo percibe la población, estas omisiones las llevan a cabo los funcionarios como parte del sistema que así alimenta sus necesidades de recursos para corromper y comprar votos, aparentando que esas operaciones cuentan con la anuencia de la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público y de su Unidad de Inteligencia Financiera.

De hecho, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tampoco han sido eficaces para evitar o para perseguir las operaciones que realizan las empresas con el propósito de evadir o eludir impuestos. Es de suponer que eso se puede complicar con la reforma fiscal aprobada en Estados Unidos. Ahora ni siquiera los avances que se habían logrado para evitar la erosión de la base tributaria (BEPS) en el marco del G 20 y de la OCDE se podrán consolidar. Cabe recordar que, según la OCDE, cada año las multinacionales eluden 240 mil millones de pesos por sus operaciones internacionales; es decir, ese es un cálculo conservador de lo que las economías nacionales dejan de recaudar cada año por la elusión o evasión que realizan las multinacionales, en contra de los países de origen o de los receptores.

Es en ese contexto y más específicamente, que en 2012 Global Financial Integrity, con apoyo de The Ford Foundation, publicó el trabajo: México: Flujos Financieros Ilícitos, Desequilibrios Macroeconómicos y la Economía Sumergida, de Dev Kar1, quien se basó en modelos macroeconómicos y concluyó que “durante los años noventa y dos mil, la facturación fraudulenta representó el 80% de los fondos ilícitos que salieron del país, cifra que aumentó con rapidez tras la firma del TLCAN” Asimismo, señala que el flujo saliente de capital ilícito se ha elevado de forma significativa, pasando de alrededor de 1,000 millones de dólares estadounidenses en 1970, a 68,500 millones en 2010, alcanzando su máximo en 2007 con 91,000 millones de dólares anuales.3

Además, señala el autor, el promedio anual de salida de capital ilícito se incrementó a lo largo de las cuatro décadas. Durante los años setenta, la cifra fue de 3,000 millones de dólares; esa salida de recursos llegó a 10,400 millones de dólares en los ochenta; alcanzó los 17,400 millones de dólares en los noventa y creció hasta 49,600 millones de dólares en la última década.

El autor apunta que, en parte, esos flujos de capitales son posibles porque ninguno de los países firmantes del TLCAN acompañó el acuerdo de libre comercio de mecanismos para evaluar y controlar los precios de transferencia abusivos de las empresas multinacionales o la facturación fraudulenta entre socios comerciales no relacionados que colaboran entre sí. Además, aclara que su análisis es conservador, puesto que no incluye los flujos relacionados con el tráfico de drogas, la trata de seres humanos ni algunas formas de facturación fraudulenta, información no disponible en las estadísticas analizadas. Por eso señala que, de existir estimaciones razonables sobre el capital ilícito procedente de estas actividades que pudieran incluirse en el análisis, las cifras serían sustancialmente más elevadas.

Por su parte, en la revista Internacional de Estadística y Geografía del INEGI, de abril de 2013, se publicó la investigación “Lavado de dinero en México. Estimación de su magnitud y análisis de su combate a través de la inteligencia financiera”, de Ernesto C. Leyva Pedrosa. En dicho artículo se concluye que el lavado de dinero en México entre 1993 y 2008, fue de 1.68%, que en 2008 fue el equivalente a alrededor de 145 mil millones de pesos.4

Este trabajo compara el monto estimado de fondos provenientes de actividades ilegales con el del total de las operaciones reportadas como presuntamente vinculadas con el delito de lavado de dinero por las instituciones del sistema financiero a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como se puede observar, la diferencia en las estimaciones de los montos que representa el lavado dinero son enormes, de alrededor de tres veces en el primero, con respecto al segundo, dependiendo del tipo de cambio utilizado.

Esa es otra deficiencia del trabajo de los reguladores y de la inteligencia financiera. El problema es que, para un país como México, con tantas carencias y rezagos, con tanta urgencia de conocer el origen y destino de los flujos financieros que se mueven en el país, las autoridades de Hacienda, de la UIF y del Banco de México son o muy permisivas o muy incompetentes.

En ese sentido no podemos dejar de mencionar el comportamiento de algunas de las cifras de la Balanza de Pagos, que proporcionan información acerca de los flujos de fondos que entran y salen del país con diferentes propósitos. Cierto, se debe aclarar que, parte de esos recursos no son producto de operaciones ilícitas o de recursos que buscan ser lavados. La mayoría justifica su salida bajo el argumento de que buscan seguridad frente a los malos resultados por el agotamiento del actual modelo económico, y van en busca de mayores rendimientos y de mercados. No obstante, son recursos que deberían estar en la mira del Banco de México, la UIF y el SAT, porque finalmente tienen una responsabilidad y representan una salida de recursos necesarios para la inversión en el país.

De acuerdo con la balanza de pagos, sin tomar en cuenta el saldo del pago de intereses y el saldo de la remisión de utilidades de las empresas, en el sexenio de Vicente Fox se enviaron 23 mil 200 millones de dólares a inversiones en el exterior; en el gobierno de Felipe Calderón salieron del país 70 mil 547 millones de dólares, cerca de 10 mil millones cada año con el mismo propósito y en el de Peña, hasta 2017, van 37 mil 487 millones de dólares.

La misma fuente señala que para inversiones de cartera, en el sexenio de Fox salieron del país 18 mil 664 millones de dólares, en el de Calderón 60 mil 51 millones de dólares y en el de Peña suman 17 mil 727 millones de dólares.

Si bien se registró una reducción en los recursos que salen del país destinados a inversión de cartera en el último sexenio con respecto al de Calderón, no sucede lo mismo con los capitales destinados “otras inversiones en el exterior”, que pasaron de un “extravío” de 7 mil millones de dólares en el sexenio de Fox, a un egreso de 31 mil 373 millones de dólares con Calderón y a 90 mil millones de dólares en el de Peña.

Sumando los tres registros de flujos de capitales que salen del país para diferentes operaciones en el exterior, tenemos que sumaron 48 mil millones de dólares en el sexenio de Fox, 161 mil millones en el de Calderón y 144 mil 894 en el de Peña.

A esas cifras hay que añadir 7 mil millones de dólares que se acumularon en el registro de errores y omisiones en el sexenio de Fox; 49 mil millones de dólares en el de Calderón y 62 mil 141 millones de dólares en el de Peña. Es importante señalar que estas cifras corresponden, de acuerdo con el registro de la Balanza de Pagos, a capitales que ingresaron formalmente al país y no se sabe qué se hicieron. Sobra decir que no es una cifra que se pueda ignorar. La suma sólo de los errores y omisiones de los sexenios de Calderón y de Peña representan casi 60% de la reserva internacional de divisas del Banco de México.

Por la importancia de esos flujos, por el costo que representa para México financiarlos mediante la contratación de deuda y la venta de activos, sería de esperar que la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Banco de México llevaran a cabo una investigación que permita conocer el origen y destino de esos recursos.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este pleno, con el carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la Unidad de Inteligencia Financiera de esa Secretaría y a la Procuraduría General de la República y a su Unidad Especializada en Análisis Financiero, a que presenten, cada una en el ámbito de sus responsabilidades, un diagnóstico acerca del origen, los montos, las causas y los efectos de los flujos de capitales que salen del país, así como las medidas adoptadas para evitar que formen parte de operaciones de lavado de dinero.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la Unidad de Inteligencia Financiera de esa Secretaría y a la Procuraduría General de la República y a su Unidad Especializada en Análisis Financiero, haga públicos los recursos mencionados en el resolutivo anterior, que permanecen depositados o invertidos en el exterior, los que se dirigieron a paraísos fiscales y qué medidas han adoptado para investigarlos y, en su caso, sancionar las operaciones que no sean legales o no cumplan con las disposiciones fiscales.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un respetuoso exhorto a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la Unidad de Inteligencia Financiera de esa Secretaría y a la Procuraduría General de la República y a su Unidad Especializada en Análisis Financiero a que expliquen su respuesta a las observaciones del Grupo de Acción Financiera y por qué ha tenido efectos tan limitados la estrategia contra la corrupción gubernamental, la impunidad y el lavado de dinero por parte del gobierno mexicano.

Notas

1 http://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/Documents/VSPP_GAFI%2 0%20%20130701.pdf

2 http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer4/IEM-Mexico-2 018-Spanish.pdf

3 http://www.gfintegrity.org/storage/gfip/documents/reports/mexico/gfi_me xico_report_espanol_web.pdf

4 Lavado de dinero en México. Estimación de su magnitud y análisis de su combate a través de la inteligencia financiera, Ernesto C. Leyva Pedrosa. Realidad, Datos y Espacio, Revista Internacional De Estadística y Geografía, INEGI. Vol. 4 Núm. 2 mayo-agosto 2013

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.

Diputado Juan Romero Tenorio (rúbrica)


Efemérides

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada María Soledad Sandoval Martínez, del Grupo Parlamentario del PRI

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es el mejor momento para dar apertura a una reflexión sobre la situación actual de nosotras, tener en cuenta todos los avances logrados, exigir más cambios y celebrar la valentía y determinación de las mujeres que hicieron de la lucha por los derechos humanos de la mujer una forma de vida, dando pie a la historia y característica de sus países, comunidades y el mundo entero.

Bajo el lema “Ahora es el momento: las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres”, la celebración de 2018 se sumará a un movimiento mundial sin precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres. El acoso sexual, la violencia y la discriminación contra las mujeres han acaparado los titulares y el discurso público, con una creciente determinación a favor del cambio.1

Podemos echar un vistazo a los avances jurídicos que hemos tenido en la reivindicación de nuestros derechos humanos, y claro que el avance ha sido grande, pero aún nos hace falta avanzar más.

En México la inclusión de nuestros derechos ha sido una lucha que se inició en 1923 en Yucatán, esta fue una de las acciones tomadas como el inicio de un gran camino que nos tocaría recorrer. Dos de nuestros grandes bastiones para esta lucha han sido la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará). México parte a raíz de la obligación de garantizar los derechos de la mujer, se comienza la armonización legislativa en este rubro, hasta la fecha tenemos la Ley General de una Vida Libre de Violencia contra la Mujer y la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, siendo un claro ejemplo del gobierno mexicano la mejora de la situación de las mujeres.

Sin embargo, una de las obligaciones más importantes de los tratados es mejorar la situación de las mujeres de facto, adoptando políticas y programas concretos y eficaces.

El comité de la CEDAW fue creado para examinar los progresos alcanzados por los estados parte en la aplicación de la Convención, México ha presentado seis informes periódicos desde que se ratificó en 1981. Desde ese momento hasta la fecha el comité ha emitido 33 recomendaciones generales, de las cuales 25 forma parte:

• Recomendaciones 1, 2 y 3 sobre los informes de los estados parte.

• Recomendación 4. Revisión de reservas a la convención.

• Recomendación 5. Medidas especiales temporales.

• Recomendación 6. Establecer mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer.

• Recomendación 7. Recursos financieros para el funcionamiento del Comité.

• Recomendación 8. Igualdad de oportunidades en la representación internacional.

• Recomendación 9. Contar con estadísticas sobre la condición de las mujeres.

• Recomendación 10. Promover la CEDAW en su décimo aniversario.

• Recomendación 11. Asesoramiento técnico para informes nacionales.

• Recomendación 12. Legislación para proteger la violencia contra las mujeres.

• Recomendación 13. Igual pago por trabajo igual.

• Recomendación 14. Contra la circuncisión femenina.

• Recomendación 15. Evitar la discriminación en la lucha contra el Sida.

• Recomendación 16. Pago al trabajo femenino en empresas rurales.

• Recomendación 17. Trabajo doméstico cuantificación y reconocimiento en cuentas nacionales.

• Recomendación 18. Mujeres con discapacidad.

• Recomendación 19. Violencia contra las mujeres.

• Recomendación 20. Reservas a la Convención.

• Recomendación 21. Igualdad en el matrimonio.

• Recomendación 22. Temporalidad de reuniones del comité de expertas.

• Recomendación 23. Vida política y pública.

• Recomendación 24. Mujeres y derecho a la salud.

• Recomendación 25. Medidas especiales de carácter temporal.

• Recomendación 26. Trabajadoras migratorias.

• Recomendación 27. Sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos humanos.

• Recomendación 28. Relativa a las obligaciones básicas de los estados parte de conformidad con el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

• Recomendación 29. Relativa al artículo 16 de la CEDAW (Consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su disolución).

• Recomendación 30. Sobre las mujeres en la prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y posteriores a conflictos.

• Recomendación 31. Sobre las prácticas nocivas.

• Recomendación 32. Sobre las dimensiones de género del estatuto de refugiada, el asilo, la nacionalidad y la apatridad de las mujeres.

• Recomendación 33. Sobre el acceso de justicia a la mujer.

De las 33 recomendaciones del Comité de la CEDAW el más importante hasta la fecha ha sido el 33, sobre el acceso de las mujeres a la justicia.

Somos conscientes de que el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de facto y de jure que mantienen la impunidad, otorgar las garantías de seguridad suficientes a las mujeres víctimas, a los testigos, autoridades judiciales, fiscales, otros operadores de justicia y a los familiares de las víctimas, así como utilizar todos los medios a su alcance para diligenciar el proceso.2

El lazo entre lo escrito y lo realizado es muy corto y delgado, para poder tener un resultado adecuado y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de la mujer, debemos procurar la elaboración y aplicación de las políticas públicas adecuadas así como los programas complementarios y eficaces para el cumplimiento de los mismos derechos. Debemos hacer frente a la persistencia de estereotipos basados en el género que afectan a la mujer no solo a través de actos individuales sino también porque se reflejan en las leyes y las estructuras e instituciones jurídicas y sociales.

Tenemos claro que el camino no ha sido fácil, que hemos avanzado pero sin duda alguna nos falta mucho por recorrer.

Notas

1 www.onu.com/womenday

2 Convención sobre la eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (la CEDAW-ONU) 1979.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.

Diputada María Soledad Sandoval Martínez (rúbrica)

Con motivo del 101 aniversario de la expedición, el 8 de marzo de 1917, del decreto del coronel Esteban Cantú Jiménez que ordenó la creación del municipio de Tijuana, Baja California, a cargo del diputado José Máximo García López, del Grupo Parlamentario del PAN

El 8 de marzo es el día designado para rendir honor a la memoria de la expedición del decreto que ordenó fundar una de las regiones más importantes del país que, con su gente y riquezas, dotado de un gran ejemplo de valentía, expansión y determinación han dignificado la creación de Tijuana, Baja california.

En 1849 el territorio del estado de Baja California dividido por dos partidos –del norte y el sur–, registró a Real del Castillo como su capital, para enero de 1888 se convirtió a Distrito Norte, cambiándose la cabecera a Ensenada de Todos los Santos.

La reconfiguración tenía de encargado al general Lis E. Torres quién ejerció el control y vigilancia de las actividades de las compañías concesionarias de terrenos, con las poblaciones más importantes Real del Castillo y Tecate considerados como colonias agrícolas y no como municipio.

En ese mismo año se levanta el primer plano de la colonia agrícola de Tecate y el primer censo del Partido Norte, el cual incluyó el conteo de los habitantes de la sección de Tecate. Con lo anterior, se dio cuenta de la tenencia de la tierra y de la cantidad de población que habitaba en el mismo.

Para el 20 de noviembre de 1915 ya había sido publicado en el Periódico Oficial la creación de la municipalidad de Mexicali por parte de Baltazar Avilés, primer jefe político del Distrito Norte, las demás secciones seguían dependiendo de Ensenada.

Pero no fue hasta el gobierno del coronel Esteban Cantú que se mostró interés en agregar las regiones de Tijuana y de Tecate como municipios.

El 1 de marzo de 1917, se reunieron en Tecate algunos vecinos para justificar la creación del municipio de Tijuana y solicitar la emisión del decreto, se sostuvo en una misiva que la falta de la institución de un ente de autogobierno por ayuntamiento les impedía tomar sus propias decisiones y por ende, progresar, toda vez que Ensenada de quién dependían no tenía conocimiento de los problemas propios ante el fenómeno del paso fronterizo con los Estados Unidos de América, por lo que sus necesidades e intereses no son los de permanecer colonias exhortando a las regiones vecinas a sumarse con el apoyo del Tecate quién contaba con el paso del ferrocarril, a fin de ubicar a Tijuana como zona territorial que por su posición contara con la estrategia indispensable para el progreso.

El coronel Cantú quien además de fungir como responsable de la línea ferroviaria, minería y harinera, como roles económicos principales de las regiones en esta actividad, concentró la justificación de su capacidad de sostenimiento para el desarrollo del Distrito Norte de Baja California, propuso el perímetro del nuevo municipio con sus ranchos con cuatrocientos vecinos, requisito que se establecía para cumplir el requisito de alcanzar la separación de Ensenada y fundar el municipio de Tijuana.

Para el 8 de marzo de 1917, el coronel Cantú al contar con la anuencia del Constituyente Permanente expidió el decreto que agrega a Tijuana a las municipalidades del Distrito Norte, y el 13 de abril de ese año, cambió a Mexicali la cabecera del Distrito por el gobernador.

Para principios del siglo XX, había cientos de estadunidenses que vivían en la Tijuana a lo largo de la costa del Pacífico, indios cucapás, guaicuras y yumas que habitaban las regiones montañosas, estos factores hicieron patente, la necesidad de inculcar la unidad nacional, al mismo tiempo en que se desarrollaba entre ellos un fuerte sentido de xenofobia y a principios de 1919, la International Water Commission, dependencia del Departamento del Estado, en colaboración con el senador Henry F. Ashurst, recomendaron al Congreso estadunidense referentes a la compra de la península, lo cual el gobierno mexicano rechazó tajantemente.

Sin embargo, siempre quedará latente la función del coronel Esteban Cantú Jiménez y los gobiernos posrevolucionarios de la década de 1920, en que se crearon las bases para fomento al desarrollo general, para la recuperación de tierras de la región en manos de los terratenientes extranjeros y de su colonización paulatina con mexicanos.

Como resultado de esta política, la población de Tijuana se incrementó y permitió emprender obras públicas, como el inicio del camino nacional que se convirtió en una red que ligaba las poblaciones más importantes del distrito hasta consolidar su desarrollo como fuerte base económica de cooperación comercial con la fábrica de aeroplanos establecida en noviembre de 1927, lo cual en suma revolucionó el efecto hasta el 30 de diciembre de 1930, cuando se decretó la creación del territorio norte de la Baja California, del territorio sur de la Baja California y del territorio de Quintana Roo, quedando las entidades divididas en tres delegaciones: Mexicali, Tijuana y Ensenada, con sus cabeceras en sus regiones.

Como podemos ver el 8 de marzo es una gran fecha en la vida y la memoria de los tijuanenses ya que orgullosos de sus raíces muy hondas en el pasado; la cultura de la frontera norte siempre había sido considerada por muchas personas han sabido su pueblo hacer una importante conversión de su territorio con arduo trabajo en ejemplo de superación de dificultades sociales y económicas, como afrontar una geografía humana cosmopolita que se integra con gente de todas las naciones, lo cual le ha obligado a someterse a una política constante de tales como reajustes políticos para estimular el crecimiento social del papela que de suma trascendencia juega día con día Tijuana para el país entero, no solo como territorio fronterizo sino como muestra de fuerza, trabajo, valentía y amor a México en el proceso de evolución orgullosa de sus raíces y los acontecimientos del siglo pasado que asume los retos del futuro con la voluntad de un pueblo incansable por ser mejor a su nación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.

Diputado José Máximo García López (rúbrica)

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

Este 8 de marzo es una jornada mundial de lucha y reivindicaciones.

Hoy exigimos la igualdad de las mujeres en el mundo, y gritamos: que somos personas, ciudadanas de plenos derechos, autónomas, libres, combativas y rebeldes. Queremos una plena participación en condiciones de igualdad, en la vida política, civil, económica, social y cultural.

Dos fechas son las que más han marcado el Día Internacional de la Mujer:

El 25 de marzo de 1911, cuando 146 trabajadoras murieron en el incendio de una fábrica de camisas de Nueva York (Estados Unidos de América), lo que centró el debate en las precarias condiciones laborales de las mujeres trabajadoras.

La segunda fue una huelga, el 8 de marzo de 1917, en donde millones de mujeres rusas se declararon en huelga bajo el lema “Paz y Pan”, obligando y presionando al zar para su futura abdicación y final de la Primera Guerra Mundial.

Desde aquellos años las mujeres salieron a las calles a exigir derechos como el sufragio femenino universal, el acceso a cargos públicos, derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.

Estas demandas siguen estando vigentes. Al día de hoy, siguen existiendo graves diferencias de trato y condición entre hombres y mujeres.

Hoy exigimos “la igualdad de género en el mercado de trabajo y la eliminación de la desigualdad laboral y salarial de las mujeres”, queremos tener las mismas oportunidades de trabajo, ocupar puestos directivos y de toma de decisiones, terminar con el hostigamiento y acoso laboral, y con la discriminación por embarazo y maternidad.

Reclamamos acciones afirmativas para enfrentar los obstáculos que nos impiden participar plenamente en el mercado laboral, entre ellos, la carga del trabajo no remunerado (las mexicanas dedican cuatro horas diarias más al trabajo no remunerado que los hombres); los tradicionales roles de género; y la carencia de políticas de conciliación entre trabajo y vida familiar, especialmente la insuficiente oferta de servicios de cuidado infantil y de prácticas laborales flexibles.

Es en el ámbito de la educación, en donde hay mayores avances sobre todo en la educación media y superior. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el ciclo escolar 2015-2016, 49.9 por ciento de los inscritos en el nivel de enseñanza básico en el Sistema Educativo Nacional es una mujer; en el nivel medio existe una mayor proporción de mujeres inscritas (50.2 por ciento) que hombres (49.8 por ciento), en tanto que en el nivel superior 49.3 por ciento de las personas que cursan estudios profesionales son mujeres.

Demandamos una educación incluyente, que desde los primeros años de escuela se cuente con una educación no sexista, que suprima los estereotipos que ubican a la mujer en la esfera privada del trabajo. Una educación que promueva los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Otra exigencia que hacemos en el ámbito de la salud es el acceso a información sobre anticoncepción y métodos anticonceptivos, así como la relativa a cuidados durante el embarazo y el parto. Necesitamos frenar el creciente porcentaje de embarazos entre adolescentes.

La expresión más condenable de la desigualdad de género es la violencia contra las mujeres. Demandamos terminar con la violencia sexual, económica, social, laboral, escolar, especialmente con los feminicidios. El gobierno federal, gobiernos estatales, partidos políticos y las y los legisladores, tienen la responsabilidad de prevenir, atender, erradicar y sancionar toda clase de violencia contra las mujeres. Exigimos un mecanismo integral que garantice a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos.

Las reformas electorales de los últimos años, como las cuotas y la paridad de género, han dado como resultado el avance más importante en la historia de las mujeres. Por primera vez el número de candidatas a puestos de elección popular en algunos estados superaron a los candidatos.

También es en la actual legislatura que se rompió el récord de representación femenina: en la Cámara de Senadores es de 33.6 por ciento y en la de Diputados aumentó en estas últimas elecciones a 42.5 por ciento; estos son los porcentajes más altos en la historia.

Esta mayor participación de mujeres en el ámbito político dio como resultado el incremento en los casos de violencia política de género contra candidatas1 y legisladoras que fuero destituidas ilegalmente, golpeadas y amenazadas de muerte, en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla e Hidalgo y tenemos también las agresiones físicas que han sufrido nuestras candidatas de Morena en sus actos de precampaña en la Ciudad de México.

Hoy las mujeres exigimos a las autoridades encargadas de prevenir, investigar y sancionar estos actos, a garantizar la participación de las mujeres en la contienda política sin limitaciones y sin poner en riesgo su integridad.

En Morena nos unimos a los millones de mujeres en todo el mundo que hoy hacen un paro de actividades para reivindicar el valor del trabajo que realizan y que marchan para reivindicar sus derechos.

Nota

1 Adriana M. Favela Herrera, consejera del INE, maestra en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte y Especialista en Derecho Constitucional por la UNAM.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.

Diputada Concepción Villa González (rúbrica)

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Rosa Alba Ramírez Nachis, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instituyó desde 1975 el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, porque fue en Nueva York, un 8 de marzo, pero de 1857, donde se suscita la primera tragedia, después de que cientos de mujeres de la industria textil salen a marchar pidiendo igualdad en el salario, ya que su sueldo era de menos de la mitad que el de los hombres. Ese día la jornada concluyo con la fatídica cifra de 120 mujeres muertas, por la brutalidad con que la policía disolvió la marcha.1

Un dato importante de resaltar, es que, dos años después las trabajadoras textileras formaron el primer sindicato femenino.

El 8 de marzo de 1908, un incendio en la fábrica Cotton de la ciudad de Nueva York, mato aproximadamente a 130 trabajadoras, que estaban en huelga dentro de la fábrica, exigiendo rebaja en la jornada laboral, con el argumento de que tenían las mismas actividades laborales, pero en pésimas condiciones el lugar de trabajo. De igual manera demandaban los mismos derechos y pago que el hombre.

En respuesta el dueño de la fábrica ordeno provocar un incendio dentro de la fábrica y el cierre de todos los accesos para que las mujeres las cuales la mayoría eran inmigrantes, en su mayoría italianas, judías, que se habían aglutinado, renunciaran de su idea, sin embargo, las cosas no salieron como el dueño pensó y ocasionó la muerte de las obreras que seguían en el interior de la fábrica.2

Este acontecimiento fue de suma transcendencia a nivel internacional que, marco un parteaguas en la historia y el trabajo de la lucha sindical, tanto en los Estados Unidos, como en el resto del mundo.

Tan significativo fue lo acontecido en la fábrica Cotton que, el 3 de mayo de ese mismo año en Chicago hubo un evento por el día de la mujer, donde participaron 2 grandes socialistas de la época, hablamos de Corinne Brown y Gertrude Breslau Hunt. Este suceso fue la antesala para que el 28 de febrero del siguiente año (1909), 15,000 mujeres marcharan por las calles de Nueva York celebrando por primera vez el Día Nacional de la Mujer.

Clara Zetkin, líder del “levantamiento de las 20,000”, propuso que el 8 de marzo se proclamara como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, esto en el marco de la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que tuvo lugar en Copenhague, en 1910.3

Tres años más tarde el 25 de marzo de 1911 también en la ciudad de Nueva York, se suscitó una tragedia donde murieron alrededor de 140 mujeres la mayoría inmigrantes italianas y judías, por falta de seguridad laboral en la fábrica textil Triangle Shirtwaist.4

El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Cuando las mujeres de todos los continentes, a menudo separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de más de cien años de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades.

Esta fecha tiene como objetivo recordar los logros alcanzados y los retos pendientes en la conquista de derechos de la mujer: desde conseguir la igualdad salarial hasta la erradicación de la violencia contra ellas.

Hombres, sus derechos y nada más, Mujeres, sus derechos y nada menos...

Susan B. Anthony: Luchadora social estadounidense

Muchas felicidades a todas esas hadas que convierten las lágrimas en sonrisas, las tristezas en alegrías y los sueños en realidad. Feliz Día de la Mujer para todas ellas.

Anónimo.

Notas

1 Tele 13 Radio, El trágico origen del 8 de marzo, como el Día Internacional de la Mujer, Francisca Casanova, 8 de marzo de 2017.
http://www.t13.cl/noticia/mundo/por-se-conmemora-8-marzo-dia-internacional-mujer

2 El Heraldo, ¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer? 8 de marzo de 2016
https://www.elheraldo.co/tendencias/por-que-se-celebra-el-dia-internacional-de-la-mujer-247525

3 Pontificia Universidad Javeriana Cali, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Apvillalba, 8 de marzo de 2017.

https://www.javerianacali.edu.co/noticias/el-8-de-marzo- se-conmemora-el-dia-internacional-de-la-mujer-trabajadora

4 El Clarín, ¿Por qué celebramos el Día Internacional de la Mujer?, 8 de marzo de 2015.
https://www.clarin.com/entremujeres/genero/hoy-dia-mujer-dia-8_de_marzo-aniversario_0_S1IpFcFwQe.html

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.

Diputada Rosa Alba Ramírez Nachis (rúbrica)

Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a cargo de la diputada Mirza Flores Gómez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El 8 de marzo de cada año muchos países en el mundo celebran el día internacional de las mujer; las redes sociales se inundan de imágenes con mensajes que resaltan las virtudes de la mujer; las oficinas públicas y privadas se llenan de flores y chocolates, en las escuelas se preparan festivales para conmemorar este importante acontecimiento, este día se ha vuelto una fecha de júbilo y recreación, sin embargo pocos saben o recuerdan el sangriento origen que tiene la fecha.

Este día no conmemora la diplomacia de mujeres acaudaladas, amables, de buena familia, que con su pasión lograron cambios en la sociedad que les permitieran más derechos.

Este día conmemora a las revolucionarias pioneras, las indignadas, las migrantes y las que pedían mayor equidad en la vida conyugal y en laboral.

Este día conmemora a las mujeres obreras, a las mujeres trabajadoras, a las mujeres invisibles, a las mujeres que con el sudor de su frente llevaban el pan de cada día sus familias.

La historia da testimonio de aquella tragedia ocurrida el 25 de marzo de 1911, en la fábrica de camisas “Triangle Shirtwaist” en Nueva York, tragedia que causó la muerte de aproximadamente 146 mujeres trabajadoras, la mayoría inmigrantes italianas y judías de entre 14 y 23 años; a quiénes se les privó de la vida por levantar la voz, por protestar, por exigir mejores condiciones laborales.

Ante esta revuelta, los dueños de la fábrica cerraron los accesos para evitar robos y desórdenes; algo pasó y la situación se les escapó de las manos, de un momento a otro las llamas comenzaron a consumir las instalaciones. Muchas de aquellas mujeres, al no tener otra vía de escape, saltaron desde pisos superiores hacia el pavimento, en un intento desesperado de escapar de las llamas que consumían a sus compañeras.

A raíz de este dramático hecho se introdujeron importantes cambios en materia legislativa en las normas de seguridad y salud laborales e industriales y fue el detonante de la creación del importante Sindicato internacional de mujeres trabajadoras textiles (International Ladies’ Garment Workers’ Union) que lucha por mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras textiles.

Este no fue el único suceso que ha marcado un hito para lograr la igualdad entre hombres y mujeres; recordemos que en la antigua Grecia, Lisístrata empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin a la guerra; en la Revolución Francesa, las parisienses que pedían «libertad, igualdad y fraternidad» marcharon hacia Versalles para exigir el sufragio femenino.

Otro acontecimiento importante, encabezado por y para las mujeres tuvo lugar en agosto de 1910, en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, donde se reiteró la demanda de sufragio universal para todas las mujeres y, a propuesta de la socialista alemana Luise Zietz, se aprobó la resolución propuesta por Clara Zetkin proclamando el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La propuesta de Zetkin fue respaldada unánimemente por la conferencia a la que asistían más de 100 mujeres procedentes de 17 países, entre ellas las tres primeras mujeres elegidas para el parlamento finés (Finlandia). El objetivo era promover la igualdad de derechos, incluyendo el sufragio para las mujeres.

Aunque el “Día de la Mujer” o “de la Mujer Trabajadora” comenzaron a celebrarse a partir de 1911, no fue hasta 1917 cuando se fijó para su celebración de forma oficial en el calendario internacional el 8 de marzo.

El año 1975 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas “Año internacional de la Mujer” y su sede estuvo ubicada en México, donde tuvo lugar una conferencia mundial con el objetivo de fijar las medidas que debían adoptar los diferentes gobiernos, las organizaciones y la comunidad internacional para lograr la plena igualdad y participación de la mujer en la vida social, política, económica y cultural.

Las investigaciones recientes sobre la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo ofrecen una serie de datos estadísticos que muestran, de manera cruda, la situación claramente desventajosa de las mujeres trabajadoras en el México actual. El Inegi por ejemplo, refiere que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados de las mujeres equivalen al 15.5% del PIB nacional.

En el ámbito de la ciencia en los últimos 20 años, las cantidad de mujeres en nuestro país que ha decidido estudiar carreras científicas se ha multiplicado casi 11 veces; sin embargo, su participación en apoyos para becas de postgrado, plazas de trabajo o membresías del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) no ha rebasado el 30 por ciento.

En este día me gustaría resaltar la labor de aquellas que han puesto el nombre de México muy alto, como lo son las siguientes:

• Silvia Torres-Peimbert. Astrónoma egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctorada por la Universidad de California, Berkley en Estados Unidos, quien ha sido reconocida por sus trabajos en el área de astronomía.

• Helia Bravo Hollis. Estudió biología y se especializó en botánica, quién por más de medio siglo se dedicó al estudio de la taxonomía y la diversidad florística de las cactáceas mexicanas.

• Luz María del Castillo Fregoso. Química Bióloga fue la primera mujer del país en recibir el premio de Ciencias otorgado por la Academia de la Investigación Científica, y condecorada con la presea Lázaro Cárdenas, distinción al mérito académico que otorga el IPN.

• Mayra de la Torre. Doctora en ciencias biológicas, con especialidad en ingeniería de bio-procesos y las fermentaciones en su relación con los alimentos y los bio-insecticidas.

Perdón si omito muchas otras mujeres que han entregado su vida a la investigación científica en diferentes áreas del conocimiento, también a muchas otras mujeres que dia a dia realizan una doble labor tanto en sus empleos y como dueñas de casa cuando llegan a nuestros hogares. Es por ello que las mujeres no queremos empleos de medio tiempo para que nos paguen medio salario, lo que exigimos son as condiciones o elementos necesarios para poder desempeñar en igualdad de circunstancias cualquier empleo para el que se nos contrate.

El Día Internacional de la Mujer es una fecha no para celebrar, sino parar recordar esta lucha incansable del sexo femenino por y para el reconocimiento de sus de sus derechos; no importa en qué continente vivamos, no importa si estamos separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, este es un día para unir fuerzas y continuar con una lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2018.

Diputada Mirza Flores Gómez (rúbrica)