Proposiciones de urgente u obvia resolución
Proposiciones

Proposiciones de urgente u obvia resolución

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la CNBV a seguir instaurando con la Condusef acciones y medidas para promover que las instituciones financieras cuenten con instrumentos eficaces destinados a prevenir la aplicación de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, o “domiciliaciones”, a cargo de la diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta, del Grupo Parlamentario del PRI

La suscrita, Rosa Guadalupe Chávez Acosta, diputada federal por el estado de Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I; 79, numeral 1, fracción II y numeral 2, fracción I, III, IV y VI del Reglamento de la Cámara de Diputados, y demás relativos, someto a consideración de esta honorable Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo con carácter de Urgente u Obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

En términos generales, podemos definir a las domiciliaciones bancarias, como un servicio bancario que consiste en un método de pago automático realizado de manera periódica por una cantidad determinada a un tercero (proveedor) respecto a un bien o servicio contratado y autorizado por el usuario (titular) de una institución bancaria, el cual, puede hacerse efectivo, a través del cargo de cuentas de nómina, cheques, débito o crédito, etcétera.

En una primera aproximación, es de señalar que, dicho método proporciona al cliente diversos beneficios, entre los que destacan: ahorro de tiempo al no tener que ir hasta las sucursales o a las oficinas prestadoras del bien o servicio contratado; mayor seguridad para el usuario, ya que no tiene que trasladarse con dinero en efectivo; ejecución del pago de manera puntual, evitando el corte del servicio o cobros adicionales por intereses moratorios, etcétera.

Además, en la mayoría de las instituciones bancarias o crediticias, dicho servicio no genera comisión y no es gravable de impuestos. Incluso, en ocasiones ofrecen a sus usuarios beneficios como premios, puntos, recompensas, bonificaciones, etc., por utilizar los servicios de domiciliación.

A pesar de las ventajas antes señaladas, las domiciliaciones bancarias, se ha convertido en un problema para los usuarios de la banca, toda vez que se han alejado de su objeto central, al ser utilizada como herramientas de abuso, al realizar cobros indebidos y no autorizados por los usuarios.

En los últimos años se han incrementado las quejas de los usuarios ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), por cobros domiciliados de servicios que no fueron contratados, así como por seguros de diversas empresas o de las propias instituciones bancarias, los cuales, sin previa consulta ni autorización del titular de la cuenta, mes con mes les son cobradas las supuestas deudas adquiridas con un tercero.

Una vez que los usuarios se percatan de los cobros, es casi imposible realizar la cancelación del servicio y obtener el reembolso de los cobros realizados. Generalmente, las instituciones bancarias se niegan a asumir la responsabilidad, remitiendo al usuario con la compañía con la que supuestamente contrataron el servicio, la cual, en la mayoría de las ocasiones, tiene sus instalaciones en lugares lejanos o sólo brinda atención telefónica.

En suma, el usuario puede tardar horas, días, semanas e incluso meses antes de poder cancelar el servicio o lograr el reembolso, teniendo que acudir generalmente a otras instancias legales. Dicha tramitología, obliga al usuario a invertir tiempo y dinero, muchas veces en vano. Además, de que puede quedar boletinado negativamente en el buró de crédito con las consabidas consecuencias.

De acuerdo a las estadísticas publicadas por Condusef en 2016, la primera causa de reclamación de los usuarios fue por movimientos u operaciones de la banca, precisamente, respecto al pago automático mal aplicado (domiciliaciones), con un total de 265,494 quejas.1

Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, el 28 de agosto de 2017, señaló que tan solo en el primer trimestre de 2017, se reportaron 554 mil 855 inconformidades por movimientos operativos automatizados por los bancos, (100 mil o 22 por ciento más que las recibidas en el primer trimestre de 2016), de las cuales, 166 mil 508 fueron reclamaciones por domiciliaciones mal aplicadas, siendo ésta la principal inconformidad, por encima de las 133 mil 605 quejas por cobros no reconocidos de comisiones y las 109 mil 665 por la entrega incorrecta de la cantidad solicitada a cajeros automáticos.2

El presidente de la Condusef, en conferencia de prensa, precisó que, de las 554,855 reclamaciones recibidas del primer trimestre de 2017 por movimientos operativos automatizados de los bancos, sólo 382,989 fueron resueltas en favor del usuario; con una cantidad promedio de lo recuperado de 2 mil 94, pesos, no obstante, 139 mil 132 quejas fueron desfavorables al usuario, con un monto promedio reclamado por asunto de 7 mil 76 pesos y 32 mil 734 reclamaciones estaban aún en trámite.3

A mayor abundamiento, es de señalar que de acuerdo a la Condusef los bancos que presentaron el mayor índice de inconformidades por movimientos operativos fueron: en primer lugar, BBVA Bancomer con 218 mil 466 correspondiente al 39 por ciento del total previamente señalado, le sigue Citibanamex con 137,835 (25 por ciento), Santander con 56 mil 187 (10 por ciento), Banorte 34 mil 326; HSBC 28 mil 664; Scotiabank 22 mil 446; Inbursa 22 mil 149; Banco Azteca 9 mil 27; Invex 6 mil 994; Afirme 5 mil 78 y BanCoppel con 3 mil 189.4

En razón a lo anterior, es urgente atender dicha problemática que aqueja a miles de ciudadanos año con año, y la cual va en detrimento de su economía y de sus derechos.

Desafortunadamente, las y los ciudadanos usuarios de la banca, a pesar de la normatividad y de los esfuerzos realizados por la Condusef, se encuentran en estado de indefensión, ya que no existen medidas preventivas que los protejan de posibles abusos.

Las cifras, dan cuenta de que estos abusos no son casos aislados sino una constante que va en aumento, de ahí que, es menester que, desde esta Cámara de Diputados, exijamos servicios bancarios de calidad, donde la responsabilidad social de las instituciones esté manifiesta, así como la solidaridad y compromiso con sus usuarios.

En tal virtud, es necesario exigir a las instituciones bancarias la instrumentación de mecanismos que garanticen que cada cobro domiciliado al titular de una cuenta, tarjeta de crédito, débito o cualquier otro instrumento bancario, tenga el consentimiento expreso de éste, lo cual quede debidamente acreditado por medio de un documento.

La magnitud de la problemática, exige medidas concretas, específicas y eficaces, toda vez que, como ya se señaló anteriormente no son casos aislados, sino una práctica deleznable, fraudulenta y engañosa que debe ser erradicada.

Por lo antes expuesto, pongo a consideración de esta honorable asamblea, con carácter de urgente u obvia resolución, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que, de conformidad con sus atribuciones y en coordinación con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, continúe instrumentando las acciones y medidas necesarias para promover que las instituciones financieras cuenten con mecanismos eficaces que permitan prevenir la realización de cobros indebidos derivados de movimientos operativos automatizados, conocidos como domiciliaciones bancarias.

Notas

1 http://www.elfinanciero.com.mx/mis-finanzas/cuidate-de-los-errores-de-l os-bancos.html

2 https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/
Crecen-22-quejas-contra-bancos-la-mayoria-por-cobros-no-reconocidos-20170828-0126.html

3 Ídem

4 Ídem

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2018.

Diputada Rosa Guadalupe Chávez Acosta (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a iniciar los procedimientos administrativos y penales contra los funcionarios responsables de determinar la fórmula y los volúmenes de venta de etano al “grupo de inversionistas” formado por Braskem, filial de Odebrecht, e Idesa, por el quebranto generando al erario con el proyecto Etileno XXI, a cargo de la diputada Norma Rocío Nahle García, del Grupo Parlamentario de Morena

Quien suscribe, Norma Rocío Nahle García, diputada a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Primera . Por segundo año consecutivo, México cayó seis lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 publicado por Transparencia Internacional, al pasar del lugar 129 al 135 entre 180 países y obtuvo una calificación de 29 en una escala del cero a 100, donde cero es el país peor evaluado en materia de corrupción.

El año pasado, en el informe anual 2016, México había descendido 28 posiciones con respecto al informe del 2015, que ubicó a nuestro país en la posición número 95 de los evaluados en materia de corrupción.

La calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción empeoró; los niveles percibidos por los ciudadanos son iguales a países como República Dominicana, Honduras, Kazajistán, Laos, Nueva Guinea, Paraguay y Rusia.

A nivel regional, México se encuentra entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, por debajo de Brasil, lugar 96, con una calificación de 37 puntos.

México es además el país peor evaluado tanto del G20, grupo de las economías más ricas y emergentes del mundo, así como de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana estos índices se explican por las “resistencias” para instalar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en todo el país, y la ausencia en una Fiscalía Anticorrupción independiente que conduzca las investigaciones1 .

Esta falla del SNA impide una adecuada fiscalización de los entes públicos, particularmente de las empresas productivas del estado como Petróleos Mexicanos (Pemex) que se ha visto envuelta en escándalos de corrupción, cuyo caso emblemático lo ha protagonizado la empresa brasileña Odebrecht, con múltiples contratos en México.

Segunda. Como lo hemos hecho del conocimiento público, el Grupo Parlamentario de Morena ha promovido diversas acciones para que las autoridades de este país investiguen y, en su caso, castiguen a los servidores públicos y las empresas vinculadas a los escándalos de corrupción en los que se ha visto implicada la empresa brasileña Odebrecht sus filiales y/o subsidiarias en México y el mundo.

Una de las acciones que no ha cesado por parte de Morena es la presentación de proposiciones con punto de acuerdo ante esta Cámara, con la finalidad de denunciar la impunidad con la que sigue operando esta empresa en nuestro país y la falta de aplicación de la ley para los servidores públicos que participaron en los ya declarados actos de corrupción para otorgarle millonarios contratos a la empresa Odebrecht.

Vale la pena traer a cuenta que, a partir de una proposición presentada por el Grupo Parlamentario de Morena, esta Cámara de Diputados aprobó el 5 de abril de 2017, punto de acuerdo con los siguientes resolutivos:

“Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades federales, a Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias y filiales, a los gobiernos y congresos de las entidades federativas y a los gobiernos municipales a que, en el ámbito de sus atribuciones determinen la procedencia de la nulidad, rescisión o revocación de todas las concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público privadas otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, SA, sus filiales o subsidiarias y, en su caso, rescindan y se abstengan de promover, realizar o suscribir cualquiera de los actos jurídicos antes mencionados con dicha empresa, en virtud de las diversas denuncias de actos de corrupción presentadas en su contra ante autoridades internacionales y nacionales y en las que se ha hecho pública la probable participación de servidores públicos mexicanos.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Procuraduría General de la República (PGR) a que, en el ámbito de sus atribuciones, informe a esta soberanía los avances de las investigaciones sobre el caso Odebrecht , así como la lista de todos los contratos que fueron suscritos entre Odebrecht, SA, sus filiales o subsidiarias y la administración pública federal.

Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a Petróleos Mexicanos a informar a esta soberanía el estado que guarda el contrato de gas etano denominado “Etileno XXI” , así como la situación que guardan las relaciones contractuales con Odebrecht, SA.

Cuarto. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar, dentro del ámbito de sus atribuciones, las investigaciones que resulten procedentes para revisar la legalidad de los contratos, concesiones, proyectos de prestación de servicios y/o asociaciones público privadas en la que haya participado o esté participando la empresa Odebrecht, sus filiales o subsidiarias .”

Vale la pena señalar que, de lo aprobado por esta Cámara de Diputados, donde se exhortaba a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que, en el ámbito de sus atribuciones determinarán la procedencia de la nulidad, rescisión o revocación de los contratos otorgados a la empresa brasileña Odebrecht, hasta la presentación de la presente proposición, ninguno ha sido cancelado.

Solo diversos medios de comunicación dieron a conocer que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por dos años a la empresa Constructora Norberto Odebrecht, SA, por el cobro indebido de 2.5 millones de pesos por duplicidad de servicios, en uno de los contratos celebrados para la realización de diversas obras en la refinería de Tula en “Miguel Hidalgo”2 .

De la empresa productiva del estado, Petróleos Mexicanos, no se ha recibido ninguna información; se sigue sin conocer siquiera el número total de contratos otorgados en México a la empresa Odebrecht, sus filiales y/o subsidiarias y el estado que guardan estos.

Tampoco se conoce el alcance de las medidas que ha tomado la PGR, a raíz de que su extitular, Raúl Cervantes Andrade, al presentar su renuncia en noviembre del año pasado, y despedirse de la dependencia, afirmara haber concluido la investigación de uno de los “mayores esquemas de corrupción internacional” en México y América Latina, en referencia al extendido pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht en todo el continente. Para Morena, la PGR ha sido cómplice y omisa ante las evidencias presentadas por autoridades extranjeras y por distintos sectores de la sociedad.

A casi diez meses de la aprobación del referido punto de acuerdo, hoy conocimos parte de los resultados de las investigaciones que han realizado diversas dependencias a Odebrecht, sus filiales y/o subsidiarias, entre ellas las realizadas en el ámbito de sus competencias por la Auditoría Superior de la Federación.

Tercera . Con fecha del 20 de febrero del presente año, el encargado del despacho de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Javier Pérez Saavedra, entregó a la Cámara de Diputados el informe general ejecutivo sobre la fiscalización de la Cuenta Pública de 2016.

Como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública de 2016, la ASF emitió 10 mil 346 observaciones, de los cuales dos mil 557 corresponde a pliegos de observaciones sobre presuntos daños a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos.

Comentó que el informe general incluye un apartado con 74 propuestas de reformas legislativas que buscan ser de utilidad para la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y para el ajuste en el contenido de los marcos jurídicos, a fin de reducir riesgos y opacidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Dichas propuestas se agrupan en los siguientes rubros: 1) banca de desarrollo e instituciones de crédito, 2) gasto federalizado, 3) política energética, 4) transparencia presupuestal e inteligencia fiscal y financiera, 5) gestión y protección de recursos naturales y 6) seguridad en el espacio aéreo mexicano, migración y profesionalización del sector salud.

El contador también externó que hay temas que presentan factores que propician recurrencia de observaciones de auditoría y que tienen efectos económicos y sociales significativos, entre los cuales están los siguientes:

1) Las contrataciones que se realizan al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 2) la obra pública; 3) las operaciones de las empresas productivas del estado (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad) ; 4) el gasto federalizado, y 5) los padrones de los programas gubernamentales.3

Cuarta . De la auditoría financiera y de cumplimiento: 16-6-90T9M-02-1800 , realizada a Pemex Transformación Industrial, denominada: Contratación y Suministro de Etano al Complejo Petroquímico Etileno XXI, 1800-DE. Se enuncian algunos temas por considerarlos vinculantes a los presuntos actos de corrupción en los que se involucra directamente a la empresa Odebrecht sus empresas filiales y diversos servidores públicos entre los que se pueden destacar los siguientes:

1. Asignación del proyecto

En 2008, de conformidad con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo (abrogada en agosto de 2014) y la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, correspondía en exclusiva a la nación, y específicamente a Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante sus organismos subsidiarios, entre otras actividades, la elaboración y venta de primera mano de productos derivados del petróleo y del gas, que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que se consideran petroquímicos básicos, entre los que se encuentra el etano.

Al respecto, mediante su organismo subsidiario, Pemex-Gas y Petroquímica Básica (PGPB), Pemex busco? promover el interés del sector privado en el desarrollo de un complejo de producción de etileno y sus derivados, con una capacidad de aproximadamente 1.0 millones de toneladas (MMT) de etileno por año en Coatzacoalcos, Veracruz, denominado Proyecto Etileno XXI, complejo con el que asumiría el compromiso de suministrar etano, mediante los centros procesadores de gas de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, Cactus y del Complejo Petroquímica Cangrejera.

Al respecto, el 19 de febrero de 2010, mediante un “proceso de subasta”, PGPB adjudico? un “Contrato de Suministro de Etano”, por un periodo de 20 años, con un volumen mínimo de 66.0 miles de barriles diarios (Mbd) (2,682,198.0 m3 fase gas de etano por día), a un grupo de inversionistas.

Para estar en condiciones de suministrar el etano al Proyecto Etileno XXI, PGPB formalizo?, el 13 de diciembre de 2012, un “Contrato de Servicios de Transporte de Etano” por ducto, el cual considero? la construcción de un etanoducto de 226.0 kilómetros (km), para la conexión entre los Centros Procesadores de Gas de Ciudad Pemex, Nuevo Pemex, Cactus y el “Complejo Etileno XXI”, así como del Complejo Petroquímico Cangrejera al “Complejo Etileno XXI”.

Con el análisis de la ASF, a las actas del Consejo de Administración de PGPB de las sesiones 118 Ordinaria, 121 Ordinaria, 127 Extraordinaria y 129 ordinaria, del 20 de febrero y 13 de agosto de 2008, 24 de septiembre y 4 de diciembre de 2009, respectivamente, se constató que el director general de PGPB informo? al citado Consejo que respecto de la intención del gobierno mexicano de promover que inversionistas privados construyeran una unidad petroquímica (cracker de etano) para producir etileno, sus derivados y aromáticos, se tenían definidos los criterios siguientes:

• El cracker de etano se ubicaría en el área de Coatzacoalcos, Veracruz, y se denominaría “Proyecto Etileno XXI”,

• Se formó? un “grupo interinstitucional” con funcionarios de la Oficina de la Presidencia de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de Energía (Sener), Secretaría de la Función Pública (SFP), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Pemex, a fin de “analizar la iniciativa y de diseñar con detalle el proyecto”,

• El compromiso de PGPB fue abastecer 33.0 Mbd de etano y 66.0 Mbd de gasolinas naturales por un periodo de 15 años, así como la construcción del ducto Cactus- Coatzacoalcos por el inversionista ganador del proyecto, situación que se modificó? en la sesión 121 ordinaria del 13 de agosto de 2008, para que la construcción del ducto fuera por cuenta de PGPB,

• PGPB, como abastecedor del insumo primario, mediante una “subasta” seleccionaría al inversionista que ofreciera “el menor factor de descuento “Y” basado en la fórmula contenida en el modelo del contrato por celebrar con los inversionistas. Dicho factor de descuento “Y” deberá ser menor o igual que el descuento que PGPB está dispuesto a aceptar (Precio de Reserva)”, con quien celebraría un contrato de suministro de etano.

El 6 de noviembre de 2009, se emitió? el fallo de la “subasta”, con el que se declaró ganador al “grupo de inversionistas” –Braskem (filial de Odebrecht) e IDESA (empresa mexicana)–, al cumplir con las condiciones del precio de reserva.

El 19 de febrero de 2010, PGPB formalizo? con el “grupo de inversionistas”, un “Contrato de Suministro de Etano”, el cual considera un volumen mínimo de 66.0 miles de barriles diarios por suministrar por 20 años; el inicio de operación a más tardar al 30 de junio de 2015, así como un año de pruebas previo a su operación (30 de junio de 2014).

2. Fórmula para el precio de venta del etano del proyecto “Etileno XXI”.

En cuanto a la determinación de la fórmula para el precio de venta, incluida en el “Contrato de Suministro de Etano”, con el análisis de la información proporcionada por la Subdirección de Comercialización de Productos y Combustibles Industriales de PRTI, se identificó? que con el oficio número OAG/JGPB/644/2009, del 27 de abril de 2009, el Gerente Jurídico de PGPB informo? a la CRE que “la fórmula de precio para el Proyecto Etileno XXI, fue desarrollada por un grupo de trabajo al interior de Petróleos Mexicanos, con la participación de autoridades de la Secretaría de Energía, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Presidencia de la República” y el asesor financiero del proyecto; asimismo, le solicito? la aprobación de la fórmula de precio de venta de primera mano para el etano del “Proyecto Etileno XXI”.

Al respecto, se constató? que la CRE autorizo? con su resolución RES/036/2010, del 11 de febrero de 2010, la fórmula que se aplicaría en las ventas de primera mano de etano, la cual establece aplicar a las ventas de etano el precio máximo que resulte entre los precios de referencia internacionales de etano (Mont Belvieu Purity Ethane) o el precio de referencia del gas natural (Henry Hub Natural Gas), ambos con un factor de ajuste. Dicha resolución fue ratificada por personal de la ASF durante la visita domiciliaria, realizada a la CRE en agosto de 2017.

Es importante señalar que, a partir del 1 de septiembre de 2013, la SHCP, de conformidad con la facultad de establecer y revisar precios y tarifas conferida en la normativa aplicable, autorizo? a PGPB, ahora PTRI, que el precio de venta del etano a PMV y PPQ se homologara con el precio de venta del etano, autorizado por la CRE para el “Proyecto Etileno XXI”.

Por lo anterior, se concluye que la fórmula a aplicar en la venta de etano al “Proyecto Etileno XXI”, se autorizó? por la CRE en febrero de 2010, como instancia facultada para aprobar y expedir los términos y condiciones a que debían sujetarse las ventas de primera mano del etano, y la metodología para la determinación de los precios.

3. Contrato.

Respecto del contrato formalizado el 19 de febrero de 2010, se constató que PGPB (el “Vendedor”), mediante las entonces subdirecciones de Planeación; Producción; Gas Licuado y Petroquímicos Básicos; y de Ductos, y el grupo de inversionistas ganador (“el comprador”), celebraron un “Contrato de Suministro de Etano”, con vigencia de 20 años, contados a partir de la fecha de inicio de operación comercial de la planta (30 de junio de 2015), así como un año de pruebas previo a su operación (30 de junio de 2014); asimismo, el 3 de diciembre de 2012, celebraron un convenio modificatorio. En el análisis de los términos y condiciones pactados en el contrato y su convenio modificatorio, se identificaron, entre otras cláusulas, las siguientes:

• “Volumen contractual significa dos millones novecientos ochenta mil doscientos veinte (2,980,220) metros cúbicos (m3) fase gas de etano por día” (66.0 Mbd).

• “Consecuencias del Vencimiento o Terminación” numeral 10.3.2 “Si el comprador terminara este contrato en virtud... de un incumplimiento del vendedor, ...o como resultado de un cambio de Ley Discriminatorio o cambio de Ley en el Sector, el vendedor o la persona que éste designe deberá, a elección del comprador, comprar las instalaciones del proyecto...”

4. Verificación de los integrantes del “Grupo Interinstitucional”.

En el análisis de las actas números 118 ordinaria del 20 de febrero de 2008, 121 ordinaria del 13 de agosto de 2008, 123 ordinaria del 25 de noviembre de 2008, 124 ordinaria del 23 de marzo de 2009, 126 ordinaria del 19 de junio de 2009 y la 127 extraordinaria del 24 de septiembre de 2009 del Consejo de Administración de PGPB, se identificó? la integración de un “grupo interinstitucional”, conformado, además de PGPB, por la Sener, la SHCP, Pemex, la Oficina de la Presidencia de la República y la SFP, para “analizar la iniciativa del gobierno mexicano de promover que inversionistas privados construyan una unidad petroquímica (cracker de etano) para producir etileno, sus derivados y aromáticos y de diseñar con detalle el “Proyecto Etileno XXI”.

A efecto de constatar la participación del “grupo interinstitucional” en el “proceso de subasta”, y que éste se realizó en los términos previamente establecidos, el personal de la ASF, en septiembre y octubre de 2017, realizo? visitas domiciliarias a las oficinas de los integrantes del “grupo interinstitucional”, con las cuales se ratificó su participación conforme a lo señalado en las actas del Consejo de PGPB, y se obtuvo la información siguiente:

5. Pérdida por la venta de etano

El costo estimado de producción de las ventas de etano realizadas al grupo de inversionistas del “Proyecto Etileno XXI” (el “comprador”), en 2016, fue de 1,736,261.8 miles de pesos, que sumados a los 1,387,208.4 miles de pesos, del servicio de transportación de etano a las instalaciones de dicho proyecto, resultan en un costo de ventas de 3,123,470.2 miles de pesos, que comparado con las ventas de etano realizadas al “comprador”, por 1,188,382.1 miles de pesos, muestran una pérdida de 1,935,088.1 miles de pesos, sin considerar los gastos de administración ni otros.

Contractualmente, PTRI debe suministrar 66.0 Mbd de etano al “comprador” durante 20 años, por lo que si prevalecen las condiciones que se presentaron en 2016, en cuanto a costos, principalmente los relacionados con la materia prima adquirida a PEP y con el servicio de transporte de etano contratado, así como el precio de venta pactado en el “Contrato de Suministro de Etano”, la operación de la venta de etano al “Complejo Etileno XXI” continuara? siendo deficitaria para PTRI, por lo que resta de la vigencia del contrato.

La operación derivada del “Contrato de Suministro de Etano” al “Complejo Etileno XXI”, no genero? valor económico ni rentabilidad para PTRI en 2016, en incumplimiento de lo establecido en la Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 4, y el Estatuto Orgánico de PTRI, artículo 2.

6. Capacidad de producción de etano

En lo que se refiere a la producción conforme a lo estipulado en el contrato, a partir del 1 de julio de 2015, PTRI debía suministrar 66.0 Mbd al “comprador”, y 66.9 Mbd a Pemex Etileno, lo que hace un total de 132.9 Mbd; cabe aclarar que para 2016, la producción promedio de etano fue de 106.4 Mbd, por lo que tuvo un déficit de 26.5 Mbd.

Por lo anterior, la ASF concluyó que PGPB no contaba con elementos que le permitieran asegurar la producción de etano requerida y genero? compromisos basados en proyecciones inciertas. Asimismo, debido a que el contrato es por 20 años, y que durante 2016 el comprador no requirió los 66.0 Mbd (el volumen suministrado al “comprador” en 2016 fue de 43.8 Mbd), en el momento en que el comprador requiera los 66.0 Mbd, PTRI deberá? reducir el suministro a Pemex Etileno o, en su caso, incumplir con el contrato de suministro de etano, so pena de recibir penalizaciones por parte del “Comprador”.

En este sentido la ASF, emitió la siguiente recomendación:

Para que Pemex Transformación Industrial, dada la pérdida que le esta? generando, entre otros, el precio pactado y al costo de transportación del etano con base a lo establecido en el “Contrato de Suministro de Etano”, celebrado con el grupo de inversionistas del “Proyecto Etileno XXI”, analice las perspectivas financieras relacionadas con esta operación, para tomar en su caso las decisiones que se estimen pertinentes, a fin de evitar que la venta de etano continúe siendo deficitaria para PTRI, por lo que resta de la vigencia del contrato. “Razón por la cual la se requiere actualizar la fórmula para que refleje las condiciones reales del mercado ”.

7. Proyección del “Balance del etano de PTRI 2019-2032”

En el análisis de la información proporcionada por PTRI, a la ASF se observó que las iniciativas para incrementar la oferta de etano están en proceso de elaboración para su aprobación, por lo que no se tiene la certeza de que sean puestas en marcha en 2018. Respecto de la estrategia de importación de etano de Pemex Etileno, no se precisó en donde se va a adquirir y si las condiciones de adquisición serán equiparables a las que le ofrece PTRI; asimismo, con el decremento en la producción del etano proyectada a 2035, según el “Balance de Etano”, se confirma que PGPB no cuenta con elementos que le permitan asegurar la producción de etano requerida por la vigencia del contrato (20 años), que genero? compromisos basados en proyecciones inciertas, lo que implica el riesgo de incumplir el contrato, so pena de recibir penalizaciones por parte del “Comprador”.

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoria se emitió? el oficio número DGAFF”C”/”C1”/072/2018, del 17 de enero de 2018, emitido por la Dirección General de Auditoria Financiera Federal “C”, para promover la intervención de la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos, debido a que aun cuando no se contaba con elementos para asegurar la producción de etano requerida para el “Proyecto Etileno XXI”, se informó al Consejo de Administración de Pemex Gas y Petroquímica Básica que se estaría en condiciones de suministrar los volúmenes de etano requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones de suministro con sus clientes.

La Cámara de Diputados tiene en sus manos este importante reporte de fiscalización derivado de las atribuciones constitucionales que ejerce la ASF, pero sus conclusiones deben propiciar acciones más enérgicas para evitar mayores daños al erario público que propician impunidad y un gran malestar social. El servicio público obliga a todos los funcionarios a conducirse con responsabilidad y a asumir las consecuencias de sus actos, sobre todo si con ellos se lesiona el patrimonio que es de todos los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a la Auditoría Superior de la Federación a iniciar, en el ámbito de sus atribuciones, los procedimientos administrativos y de carácter penal en contra de los funcionarios de Pemex Gas y Petroquímica Básica; de las Secretarías de Energía, de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública; de Petróleos Mexicanos, así como de la Oficina de la Presidencia, quienes integraron el “Grupo Interinstitucional”, responsable de determinar la fórmula para la venta de etano al “Grupo de Inversionistas”, conformado por la empresa Braskem filial de Odebrecht e Idesa, dado el quebranto generando al erario público con el “Proyecto Etileno XXI”.

Segundo . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Reguladora de Energía para que, en el ámbito de sus atribuciones, actualicen la fórmula para determinar el precio del etano que se le vende a la empresa Braskem filial de la empresa Odebrecht, con la finalidad de evitar más quebrantos al erario público.

Tercero . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a Petróleos Mexicanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, analice las perspectivas financieras relacionadas con los precios establecidos en el “Contrato de Servicio de Transporte de Etano” dada la pérdida que le está generando el “Contrato de Suministro de Etano”, celebrado con el Grupo de Inversionistas del “Proyecto Etileno XXI”.

Cuarto . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a Petróleos Mexicanos para que, en el ámbito de sus atribuciones, haga públicos los procedimientos que ha iniciado en contra de los funcionarios, quienes aun cuando no contaban con los elementos para asegurar la producción de etano requerida para el “Proyecto Etileno XXI”, determinaron los volúmenes de suministro establecidos en el contrato, así como condiciones desventajosas para su transportación.

Quinto . La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a Pemex Transformación Industrial para que atienda de inmediato las recomendaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación, en la auditoría financiera y de cumplimiento: 16-6-90T9M-02-1800, realizada a Pemex Transformación Industrial, denominada: Contratación y Suministro de Etano al Complejo Petroquímico Etileno XXI, 1800-DE.

Notas

1 Morales A., “Empeora calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción”, El Universal , Nación, Ciudad de México, 21 de febrero de 2018.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/empeora-ca lificacion-de-mexico-en-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion

2 Redacción. “Inhabilitan por 2 años a filial de Odebrecht por cobro indebido”, La Jornada , Política, Ciudad de México, 07 de febrero de 2018.

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2018/02/07/
inhabilitan-por-2-anos-a-filial-de-odebrecht-por-cobro-indebido-8909.html

3 Comunicación Social, “Entrega encargado de la Auditoría Superior de la Federación a legisladores informes de la Cuenta Pública 2016”, Boletín Nº 4963, Ciudad de México, 20 de febrero de 2018.

http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/ Boletines/2018/Febrero/20/4963-Continuar-consolidacion-del-Sistema-Naci onal-Anticorrupcion-diputado-Romo-Garcia

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2018.

Diputada Norma Rocío Nahle García (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta a la STPS, en coordinación con la SEP, a analizar y proponer medios de flexibilización laboral que permitan a trabajadores asistir sin afectación salarial a las actividades convocadas por las autoridades escolares de los hijos, suscrita por el diputado Jesús Sesma Suárez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado Jesús Sesma Suárez y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, numeral 1, fracción I, y en las fracciones IV y V del numeral 2, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución , al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

El Partido Verde Ecologista de México ha sido insistente y enfático en que la educación es una de las principales herramientas para lograr empoderar a las y los mexicanos en el mundo globalizado en el que hoy nos desarrollamos.

Es por ello que, desde que tuvo origen la reforma educativa, venimos impulsando diversas propuestas para armonizar nuestro marco legal tanto con los planteamientos del nuevo modelo educativo como con las exigencias actuales de nuestro país.

Coincidimos en que cada uno de los ejes que componen dicha reforma estructural es indispensable para salir del histórico rezago en el rubro educativo que imperaba en México; hoy, en la recta final de la actual administración, nos podemos sentir orgullosos de los logros alcanzados, podemos estar seguros de que a diferencia de sexenios pasados el número de niños y jóvenes que acceden a una educación de calidad va en evidente ascenso.

No obstante lo anterior, los retos son todavía muchos y es importante seguir realizando esfuerzos que se conviertan en acciones afirmativas en favor de la calidad educativa. Lograr una educación con calidad, garantizar infraestructura digna y contenidos vanguardistas, son algunos de los elementos indispensables para el ejercicio pleno del derecho a la enseñanza de todos los mexicanos.

El “Modelo Educativo para la educación obligatoria, Educar para la Libertad y la Creatividad” es conformado por cinco grandes ejes articuladores del sistema para obtener el máximo logro de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes: 1) El planteamiento curricular; 2) La escuela al centro del sistema educativo; 3) Formación y desarrollo profesional docente; 4) Inclusión y equidad; y 5) La gobernanza del sistema educativo.

Actualmente se han definido los mecanismos institucionales para una gobernanza efectiva basada en la participación de distintos actores y sectores de la sociedad en el proceso educativo y la coordinación, entre ellos: el gobierno federal, autoridades educativas locales, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el sindicato magisterial, las escuelas, los docentes, los padres de familia, la sociedad civil y el Poder Legislativo.

Consideramos indispensable centrar nuestra atención en la participación de los padres de familia. Para el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) la participación dinámica, colaborativa e incluyente de la familia en la educación es uno de los principales factores para el éxito académico de los alumnos y una variable fundamental para el desarrollo social de las comunidades.

Y no sólo se trata del éxito académico, sino de uno de los principales mecanismos para lograr armonía social, pues la participación de la familia en la educación de los niños y adolescentes aporta grandes beneficios tanto en lo individual como en lo colectivo.

La participación de los padres en la educación de los hijos resulta por demás necesaria, se trata de concientizar a la sociedad de la importancia de estrechar la relación entre familias, profesores y alumnos.

Los expertos en educación insisten en que padres y docentes deben ir de la mano para que los hijos no se sientan desorientados y no perciban que en casa se hacen las cosas de una manera y en la escuela de otra. Los padres son los primeros educadores de sus hijos y se pretende que hagan suya esta responsabilidad, teniendo claro que la escuela es complementaria en esta labor.

Un estudio publicado en 2009 en la Revista Electrónica de Investigación Educativa,1 realizado por investigadores mexicanos expertos en el tema de educación, refiere los siguientes hallazgos respecto a la importancia de la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos:

• En Estados Unidos, Balli, Wedman y Demo reportaron que la supervisión de los padres de las tareas escolares y el nivel de realización de las mismas era un factor importante en el desempeño escolar.2

• En México, González, Corral, Frías y Miranda asociaron factores como el afecto de los padres, el tiempo de dedicación a sus hijos y el interés por conocer a sus maestros, con la alta autoestima del hijo, la cual, a su vez, estimula el esfuerzo escolar.3

• La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aboga por la articulación familiar y fundamenta esta necesidad en tres razones: el reconocimiento de que los padres son los primeros educadores de sus hijos e hijas; el impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y aprendizaje de los niños; y la familia como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la educación de la primera infancia.4

• El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sostiene que para la mejora de la calidad de la educación es indispensable lograr una interacción efectiva entre los padres de familia y los docentes y en general, entre todos los sectores de la sociedad. Este organismo incluye al índice de participación de los padres y porcentaje de padres que participan en reuniones de padres de familia en la escuela entre sus indicadores presentes y próximos para evaluar la calidad del sistema educativo.5

• Miranda comenta que la participación de los padres se puede evaluar a través de dos aspectos: uno relativo a la información de los mismos acerca de la escuela y el otro referido a su intervención en las actividades de la misma, y sostiene que la información de los padres sobre lo que acontece en la escuela les facilita una mayor participación en las actividades escolares de los hijos.6

A pesar del interés que pudieran tener los padres de familia en involucrarse más en la educación de sus hijos, no todos ellos, generalmente por cuestión de tiempo, pueden asistir a las reuniones o actividades escolares. Una de las principales causas de un bajo índice de participación de los padres en la educación es la ausencia de facilidades en sus centros de trabajo para poder ausentarse y acompañar a sus hijos en el proceso formativo.

Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México hace un respetuoso llamado a la autoridad laboral de nuestro país para que, en el marco de sus atribuciones, ejecute acciones que faciliten la participación de los padres de familia en la educación de sus hijos, diseñando mecanismos que permitan ajustar tanto sus actividades laborales como personales en beneficio de los menores.

Lo anterior, coincidiendo con lo manifestado por el ex secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, que en relación con el ausentismo escolar refirió: “Es importante que entendamos que la tarea educativa en un esfuerzo de todos, es un esfuerzo del gobierno, de las autoridades educativas, de los maestros, pero también de los padres de familia”.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, para que analice y proponga mecanismos de flexibilización laboral que permitan a las madres y padres trabajadores asistir a las actividades escolares convocadas por las autoridades de las escuelas de sus hijos, sin que su salario se vea afectado.

Notas

1 Véase, Valdés Cuervo, Ángel, Martín Pavón, Mario José y Sánchez Escobedo, Pedro Antonio, “Participación de los padres de alumnos de educación primaria en las actividades académicas de sus hijos”, Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 11, Núm. 1, 2009.

2 Balli, S., Wedman, J. y Demo, D. (1997). Family involvement with middle-grade homework: effects of differential prompting. Journal of Experimental Education.

3 González, D., Corral, V., Frías, M. y Miranda, J. (1998). Relaciones entre variables de apoyo familiar, esfuerzo académico y rendimiento escolar en estudiantes de secundaria: un modelo estructural. Enseñanza e Investigación en Psicología.

4 UNESCO. (2004). Participación Familiar en la educación infantil latinoamericana. Santiago de Chile: Oficina Regional para la Educación de América Latina y el Caribe-UNESCO.

5 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2003). La calidad de la Educación Básica en México. Primer informe anual. México

6 Miranda, R. (1995). Expectativas sobre la escuela: la percepción de la familia del escolar. Perfiles Educativos.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2018.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Edna González Evia, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, López Roblero Uberly, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Francisco Alberto Torres Rivas, Georgina Paola Villalpando Barrios, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.


Proposiciones

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Ssa y el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y Sida a emprender acciones de prevención, detección y atención en los sectores poblacionales con mayor riesgo de infección, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El presente, diputado Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH-sida) es una de las peores e incurables enfermedades que día tras días afecta a más personas. Desde su descubrimiento en los ochentas, esta enfermedad se ha extendido a todo el mundo, convirtiéndolo en una epidemia global y una emergencia para todo el mundo.

Si bien son muchos los factores que se pueden relacionar con el incremento del VIH-sida, hay uno que predomina y está ligado a la desigualdad social, incluyendo la falta de eficientes sistemas de salud.

El predominio de este síndrome se presenta con un desarrollo acelerado en las zonas más pobres del planeta y en el caso de México no es la excepción.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el sida, las estadísticas regionales de Onusida refieren que México se ubica entre los primeros 5 países de América Latina con mayor incidencia y que en 2016, en la zona, 1.8 millones de personas vivían con el virus.1

Desde 1983 que se reportó el primer caso de sida en México y hasta el 30 de junio de 2017, existe un registro acumulado de 260 mil 815 personas que se han infectado por el VIH o desarrollado el sida. Sin embargo, sólo 144 mil 223 personas se encontraban vivas, 100 mil 694 ya fallecieron y 15 mil 898 se desconoce su status actual.2

A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno, México se ha estancado en la prevención de VIH-sida, representando un problema de salud pública. Como podemos observar en la siguiente gráfica, de acuerdo con las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas para el sida (Onusida), en los últimos 25 años se han cuadriplicado los casos, pasando de los 48 mil casos registrados en el año 1990 a 200 mil casos en el 2015.3

Elaboración propia con datos de la ONUSIDA

Asimismo, de acuerdo con reportes del Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH y el sida (Censida), por año se registran más de 10 mil nuevas infecciones por sida y VIH, lo cual quiere decir que cada día, aproximadamente 33 personas adquieren el VIH.4

Elaboración propia con datos Censida

Según datos del mismo Censida, en el 2015 se reportaron 4,756 muertes provocadas por VIH-SIDA en México, registrando ese año una tasa de mortalidad de 3.93 casos por cada 100 mil habitantes en México.

Tema preocupante ya que como indica la siguiente tabla, el número de defunciones por este síndrome, se mantiene constante cada año.5

Elaboración propia con datos de Censida

Aunado a esto, estimaciones médicas aseguran que gran porcentaje de personas portadoras del VIH-sida en México desconocen que viven con este padecimiento. Más de la mitad de la gente que se diagnostica lo hace tardíamente, cuando su sistema inmunológico está muy deteriorado lo cual conlleva a que se presenten complicaciones por la infección. Esto provoca que en muchas ocasiones los tratamientos no tengan buenos resultados.

Desde 1983 hasta el segundo semestre de 2017 se acumularon 260 mil 815 casos, de los cuales 116 mil 592 ya fallecieron, básicamente porque más del 40 por ciento de los afectados desconocía que era portador.6

Otros dato alarmante es que la población joven y productiva en México -de 15 a 34 años- forma parte de los sectores más afectados por esa enfermedad ya que tan solo en el primer semestre de 2017 se registraron mil 247 casos notificados por contagio sexual en ese rango de edad, lo que representa 55 por ciento en esa categoría.

Hoy en día estamos ante un reto grande, donde es necesario formar una verdadera cultura de la prevención, a fin de detectar y diagnosticar el VIH-sida de manera temprana, ya que con esto de podrán evitar daños a la salud, así como nuevas infecciones.

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta comisión permanente el presente

Puntos de Acuerdo

Primero: La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Secretaría de Salud (SSA) y al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y sida (Censida) para que en el ámbito de su competencia, refuercen las acciones de prevención, detección y atención, en aquellos sectores de la población que presentan mayor riesgo de infección por VIH-sida y que se garantice que el tratamiento médico no sea interrumpido.

Segundo: La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa Secretaria de Salud federal (SSA) y a las Secretarías de Salud de las entidades federativas para que en el ámbito de su competencia celebren acuerdos de colaboración para que se implementen a nivel nacional campañas de detección y prevención de VIH-sida, y en su caso, se analice la viabilidad de generar un banco de datos de las personas portadoras, prevaleciendo por sobre todo el respeto de mantener la información de condición de portador bajo reserva y sea solo de utilidad estadística para la implementación de programas de atención y prevención.

Notas

1 http://www.unaids.org/es

2 https://www.gob.mx/censida

3 http://www.unaids.org/es

4 https://www.gob.mx/censida

5 ibídem

6 Ibídem

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 1 de marzo de 2018.

Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la ASF a difundir la documentación justificativa y comprobatoria del estado de las observaciones con impacto económico formuladas al gobierno del estado de México en los ejercicios fiscales de 2011 a 2016, a cargo de la diputada Karen Hurtado Arana, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Karen Hurtado Arana, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII Legislatura, con fundamento en los artículos 6, numeral 1, fracción I; artículo 62 numeral 2; y 79, numeral 1, fracción II, numeral 2, fracciones I, y III del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicita a la Auditoría Superior de la Federación haga del conocimiento público la documentación justificativa y comprobatoria el estado que guarden las observaciones con impacto económico al gobierno del estado de México en el periodo de los ejercicios fiscales 2011 a 2016, al tenor de los siguientes

Consideraciones

La Auditoría Superior de la Federación es un órgano especializado de la Cámara de diputados que cuenta con autonomía técnica para decidir sobre su organización funcionamiento, resoluciones y manejo de los recursos presupuestales que le son asignados. En el artículo 38 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas se establece que la Auditoría Superior debe informar a la Cámara de Diputados sobre el estado que guarda la fiscalización de las Cuentas Públicas:

“Artículo 38. La Auditoría Superior de la Federación informará a la Cámara, por conducto de la Comisión, del estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas, respecto a cada uno de los Informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización.

Para tal efecto, el reporte a que se refiere este artículo será semestral y deberá ser presentado a más tardar los días primero de los meses de mayo y noviembre de cada año, con los datos disponibles al cierre del primer y tercer trimestres del año, respectivamente.

El informe semestral se elaborará con base en los formatos que al efecto establezca la Comisión e incluirá invariablemente los montos efectivamente resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública y en un apartado especial, la atención a las recomendaciones, así como el estado que guarden las denuncias penales presentadas y los procedimientos de responsabilidad administrativa promovidos en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y esta ley. Asimismo deberá publicarse en la página de internet de la Auditoría Superior de la Federación en la misma fecha en que sea presentado en formato de datos abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se mantendrá de manera permanente en la página en internet.

En dicho informe, la Auditoría Superior de la Federación dará a conocer el seguimiento específico de las promociones de los informes de presunta responsabilidad administrativa, a fin de identificar a la fecha del informe las estadísticas sobre dichas promociones identificando también las sanciones que al efecto hayan procedido.

Respecto de los pliegos de observaciones, en dicho informe se dará a conocer el número de pliegos emitidos, su estatus procesal y las causas que los motivaron.

En cuanto a las denuncias penales formuladas ante la Fiscalía Especializada o las autoridades competentes, en dicho informe la Auditoría Superior de la Federación dará a conocer la información actualizada sobre la situación que guardan las denuncias penales, el número de denuncias presentadas, las causas que las motivaron, las razones sobre su procedencia o improcedencia así como, en su caso, la pena impuesta.”

En días recientes se hizo público un daño grave al erario de la federación por parte del gobierno del estado de México en el ejercicio fiscal de 2016, cuando Eruviel Ávila gobernaba esa entidad.

Así lo indican los informes realizados por la Auditoría Superior de la Federación en donde se señala que existe un monto sin solventar por 3 mil 627.4 millones de pesos, como producto de incumplimiento normativo en el manejo de recursos públicos federales destinado al desarrollo regional, educación, salud, infraestructura social y seguridad pública.

En el informe a la Cuenta Pública 2015, la Auditoría Superior señaló que el gobierno del estado de México, aún no solventaba observaciones con impacto económico por 20 mil 190.6 millones de pesos en el periodo comprendido durante los ejercicios fiscales de 2011 a 2015. Que adicionando las irregularidades del ejercicio 2016 por 3 mil 627.4 millones de pesos, el monto total asciende a 23 mil 818 millones de pesos. De esta manera, el gobierno del estado de México es la tercera entidad del país que tiene observaciones pendientes de solventar y aclarar, solo la superan Michoacán y Veracruz.

Con los datos anteriores, se detecta que las irregularidades sobre el uso y abuso de los recursos públicos federales es una constante en el gobierno del estado de México y revela la poca eficacia en el ejercicio del gasto público federal que ejerce el gobierno del estado, y su inclinación permanente a incumplir las disposiciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.

El Estado de México en los últimos años, ha ocupado los primeros lugares nacionales en marginación, pobreza, violencia e inseguridad, violencia de género y feminicidios; derivado de las malas prácticas de gobierno y la nula aplicación de políticas públicas en materia de desarrollo regional, infraestructura social, seguridad pública, entre otras; que sus gobierno Estatal y Municipales no han sido capaces de implementar.

Cabe señalar que no es la primera vez que Eruviel Ávila como gobernador del Estado ha sido señalado por no salir bien librado de la revisión de la Cuenta Pública. Prácticamente todo el sexenio se señalaron observaciones que suman 23 mil 818 millones de pesos. Compañeras y compañeros legisladores, no queremos otro Javier Duarte, no queremos otro César Duarte, no otro Guillermo Padrés; es urgente que Eruviel Ávila explique el destino de ese dinero.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

De urgente u obvia resolución

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación haga del conocimiento público la documentación justificativa y comprobatoria del estado que guarden las observaciones con impacto económico al gobierno del estado de México en el periodo de los ejercicios fiscales 2011 a 2016, que equivalen a un monto por 23 mil 818 millones de pesos.

Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta a la Auditoría Superior de la Federación en acatamiento a la Ley de Fiscalización y Cuenta Pública y como parte fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción, inicie los procedimientos administrativos y penales que correspondan, en uso de sus atribuciones legales, en los casos en que no se subsanen las observaciones con impacto económico realizadas por la Auditoría Superior en los informes a las Cuentas Públicas de los ejercicios fiscales 2011 a 2016 correspondientes al gobierno de Eruviel Ávila Villegas.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2018.

Diputada Karen Hurtado Arana (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob a implantar por la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil y las dependencias homólogas de las 32 entidades federativas un sistema de señalización sobre protección civil en inmuebles, establecimientos y espacios públicos, sociales y privados, con objeto preventivo ante una catástrofe, suscrita por el diputado José Refugio Sandoval Rodríguez e integrantes del Grupo Parlamentario del PVEM

Quienes suscriben, diputado José Refugio Sandoval Rodríguez y diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguiente

Exposición de Motivos

Desde septiembre del año 2017 a la fecha, el Servicio Sismológico Nacional ha reportado diversos temblores con epicentros dentro de territorio mexicano, cuyas magnitudes van desde 2.2 hasta 7.2.

Los más destacados datan del día 19 de septiembre de 2017 con una magnitud 7.1, localizado en el límite estatal entre los estados de Puebla y Morelos, a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120 km de la Ciudad de México; y el de fecha 16 de febrero de 2018, con una magnitud de 7.2, localizado a 11 km al sur de Pinotepa Nacional, en Oaxaca.

Es de hacer notar que no obstante que existe una Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 2011 que establece las “señales y avisos para protección civil, colores, formas y símbolos a utilizar” en muchos espacios de los sectores tanto público, social y privado no hay señales ni avisos visibles sobre protección civil que permitan a la población identificar y advertir áreas o condiciones que representen un riesgo para su salud e integridad física; ni mensajes de información sobre zonas de seguridad en caso de temblores, precaución, prohibición y obligación; así mismo, es necesario ubicar equipos para la respuesta a emergencias, e instalaciones o servicios de atención a la población en caso de desastre.

La norma descrita, además tuvo una modificación en el párrafo quinto del Prefacio, el numeral 4.2 de Autoridad y el Capítulo 9 de Vigilancia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2015.

El objetivo de la Norma Mexicana NOM-003-SEGOB-2011 es “Especificar y homologar las señales y avisos que en materia de protección civil, permitan a la población identificar y comprender los mensajes de información, precaución, prohibición y obligación”, su campo de aplicación es “en todo el territorio nacional y aplica en todos los inmuebles, establecimientos y espacios de los sectores público, social y privado, en los que, conforme a leyes, reglamentos y normatividad aplicables en materia de prevención de riesgos, deba implementarse un sistema de señalización sobre protección civil”.

De la misma norma se desprende que dichas señales se deben colocar de acuerdo a un análisis de las condiciones y características del sitio o instalación a señalizar, considerando lo siguiente: Las señales informativas se deben colocar en el lugar donde se necesiten, permitiendo que el observador tenga tiempo suficiente para captar y comprender el mensaje. Las señales de precaución se deben colocar donde exista un riesgo, para advertir de su presencia al observador y le permita con tiempo suficiente captar y comprender el mensaje sin exponer su salud e integridad física. Las señales prohibitivas o restrictivas se deben colocar en el punto donde exista la limitante, con el propósito de evitar la ejecución de un acto inseguro. Las señales de obligación se deben colocar en el lugar donde sea exigible realizar la acción que la misma señal indica.

Por su parte el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, define en la meta nacional México en Paz, el objetivo de “Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante desastres de origen natural o humano”, del cual se desprende la estrategia “Política estratégica para la prevención de desastres”, que señala entre sus líneas de acción “Fomentar, desarrollar y promover Normas Oficiales Mexicanas para la consolidación del Sistema Nacional de Protección de Civil”, por lo cual es de suma importancia implementar los instrumentos jurídicos establecidos, en aras del mejor cuidado de la ciudadanía.

El objetivo de esta proposición con Punto de Acuerdo es proteger a la ciudadanía ante la eventualidad de una emergencia o un desastre provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad. Para ello es necesario implementar señales y avisos sobre protección civil, que permitan a la población identificar áreas o condiciones que representen riesgo para su salud e integridad física, así como ubicar equipos para la respuesta a emergencias, e instalaciones o servicios de atención a la población en caso de desastre.

Por lo anterior, y debido a los últimos sismos es que se presenta este Punto de Acuerdo a efecto de que se dé cumplimiento a la NOM-003-SEGOB-2011 y las señales y avisos para protección civil, sean colocados en todos los inmuebles, establecimientos y espacios de los sectores público, social y privado, en los que, conforme a leyes, reglamentos y normatividad aplicables en materia de prevención de riesgos, deba implementarse un sistema de señalización sobre protección civil.

En virtud de los motivos aquí expuestos, pongo a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación para que por conducto de su Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil y las dependencias homólogas de las 32 entidades federativas, dentro de sus posibilidades presupuestales, implemente la NOM-003-SEGOB-2011, a efecto de que sean colocados señales y avisos en todos los inmuebles, establecimientos y espacios de los sectores público, social y privado, con el propósito de que las personas conozcan las zonas de seguridad que pueden brindar protección ante un desastre de origen natural o humano, de modo tal que se identifiquen con claridad áreas o condiciones que representen un riesgo para su integridad física.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el primer día del mes de marzo de 2018.

Diputados: Jesús Sesma Suárez (rúbrica), José Refugio Sandoval Rodríguez, Arturo Álvarez Angli, Jorge Álvarez López, Rosa Alicia Álvarez Piñones, José Antonio Arévalo González, Alma Lucía Arzaluz Alonso, María Ávila Serna, Omar Noé Bernardino Vargas, Paloma Canales Suárez, Jesús Ricardo Canavati Tafich, Juan Manuel Celis Aguirre, Lorena Corona Valdés, José Alberto Couttolenc Buentello, Sharon María Teresa Cuenca Ayala, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Evelyng Soraya Flores Carranza, José de Jesús Galindo Rosas, Daniela García Treviño, Sofía González Torres, Yaret Adriana Guevara Jiménez, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, Javier Octavio Herrera Borunda, Lía Limón García, Uberly López Roblero, Mario Machuca Sánchez, Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, Virgilio Mendoza Amezcua, Cándido Ochoa Rojas, Samuel Rodríguez Torres, Emilio Enrique Salazar Farías, Adriana Sarur Torre, Miguel Ángel Sedas Castro, Francisco Alberto Torres Rivas, Georgina Paola Villalpando Barrios, Claudia Villanueva Huerta, Enrique Zamora Morlet.

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la SHCP a transparentar el avance de los proyectos propuestos para aprobación por los Consejos para el Desarrollo Metropolitano o los órganos equivalentes de carácter estatal, así como los aprobados al bimestre en el Fondo Metropolitano, y el estatus de las revisiones de proyectos de las instancias federales en éste, a cargo del diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

El suscrito, Germán Ernesto Ralis Cumplido, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo señalado en los artículos 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como presidente del comité técnico del fideicomiso para la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano, para que transparente en su portal, la primera semana de marzo, el avance del total de proyectos propuestos para aprobación por los Consejos para el Desarrollo Metropolitano o los órganos equivalentes de carácter estatal, para la posible implantación de acciones preventivas en el marco de la veda electoral para el correcto ejercicio en tiempo y forma de estos recursos públicos, además que transparente el total de proyectos aprobados al bimestre en el Fondo Metropolitano y el estatus de las revisiones de proyectos de las instancias federales en este fondo, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

El Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 considera en el ramo 23 un monto equivalente de 3 mil 268.69 millones de pesos para su ejercicio en el Fondo Metropolitano del ramo general 23, que significa una reducción en términos reales del 2 por ciento con respecto al ejercicio presupuestario de 2017.

La importancia de este fondo es que destina los recursos a programas y proyectos de infraestructura que demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano, transporte público, movilidad no motorizada y ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas.

Destaca además que coadyuva a la viabilidad de las zonas metropolitanas y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y económico de su espacio territorial.

La vigilancia de estos recursos públicos resalta porque en la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 no se especificó la pre-asignación presupuestal, por cada una de las cuarenta y siete zonas metropolitanas.

El país vive el proceso electoral más amplio en toda su historia, en este año 2018. Resulta esencial asegurar que los recursos públicos de este Fondo Metropolitano se ejerzan de manera correcta en tiempo y forma para evitar toda duda que el ejercicio presupuestario se realiza al margen de este proceso electoral tan importante.

Este punto de acuerdo pretende prevenir dos prácticas muy polémicas en el ejercicio presupuestal cuando se realizan elecciones:

Primero, se pretende prevenir “malentendidos” sobre la rapidez burocrática en la aprobación de proyectos metropolitanos que pudiera realizarse en lugares estratégicos de votación. Lamentablemente, añejas prácticas de oficinas federales en diversos programas públicos manejan las aprobaciones de proyectos ágilmente para los aliados políticos y todo el rigor de la regla de operación para los adversarios electorales.

Segundo, se pretende prevenir la polémica sobre la reorientación del gasto público de los programas federales hacia esos lugares donde se realizan elecciones, especialmente muy competidas. Penosamente aún existe simulación en esa atribución legal de la autoridad hacendaria, que ha hecho de una buena medida preventiva, un abuso práctico que distorsiona el manejo de los recursos con el eslogan de “finanzas públicas sanas”.

Este punto de acuerdo pretende poner en práctica un blindaje electoral al ejercicio de los recursos públicos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 para el Fondo Metropolitano, del ramo general 23.

Al mismo tiempo, pretende que los recursos de este fondo sean aprobados y ejercidos totalmente por los ejecutores de las 47 zonas metropolitanas, sin excusas o cualquier tipo de justificación burocrática de modificaciones presupuestarias, especialmente, porque se carece de una pre-asignación federal.

Con motivo de las próximas elecciones federales, la Comisión de Desarrollo Metropolitano ha hecho el compromiso, como parte de su programa de trabajo, de estar pendiente del desarrollo de las obras con cargo al Fondo Metropolitano, a través de la revisión minuciosa de los informes trimestrales que las zonas metropolitanas envíen a la comisión.

No obstante, como parte de las medidas que se tomen para la veda electoral que procure el buen ejercicio de los recursos públicos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018, resulta esencial la vigilancia en el proceso de aprobación de los proyectos propuestos por los consejos y el ritmo de aprobación en este Fondo Metropolitano para evitar los subejercicios polémicos de esos proyectos.

Para esa vigilancia electoral resulta importante revisar el número y naturaleza de los proyectos presentados por los Consejos para el Desarrollo Metropolitano o los órganos equivalentes de carácter estatal, así como los proyectos aprobados y el estatus de la revisión de proyectos que realizan oficinas federales, para prevenir un posible recorte o reorientación de estos recursos públicos.

Considerandos

Que el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2018 determina que los recursos federales que se asignan para el Fondo Metropolitano se aplicarán a través del instrumento jurídico y mecanismo presupuestario que determine la Secretaría de Hacienda.

Que en el mismo artículo determina que los Consejos para el Desarrollo Metropolitano o los órganos equivalentes de carácter estatal propondrán la aprobación de los programas o proyectos de infraestructura a un comité presidido por la Secretaría de Hacienda, que contará con la participación de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Asimismo, que la Secretaría de Hacienda emitirá las disposiciones específicas que establecerán los criterios, requisitos y procedimientos para el otorgamiento de los recursos del fondo.

Que igualmente determina que los recursos del fondo se destinarán a las zonas metropolitanas definidas por el grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional de Población, de conformidad con los programas y proyectos de infraestructura que apruebe el comité referido.

Que en el mismo artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación se indica que las entidades federativas deberán reportar trimestralmente el informe del destino y aplicación de los recursos, del avance físico y financiero y de la evaluación de los resultados alcanzados, a la Secretaría de Hacienda y a la Cámara de Diputados, en los términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las demás disposiciones legales aplicables al Fondo Metropolitano.

Que el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria determina que las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán

I. Modificaciones de las estructuras administrativa; funcional y programática; económica; y geográfica;

II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto; y

III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo correspondientes.

Que de conformidad con los numerales 3 a 5 de los Lineamientos de Operación del Fondo Metropolitano, publicados el 31 de enero del presente año, en los cuales se establece la creación del fideicomiso que administrara los recursos, así como el comité técnico que emitirá las disposiciones específicas para su operación; los criterios presupuestarios para el ejercicio de los recursos; el procedimiento y requisitos para que las entidades federativas puedan tener acceso a los recursos del Fondo Metropolitano, así como lo relativo a la aplicación, control, seguimiento, transparencia y rendición de cuentas de los recursos otorgados.

Por lo expuesto se somete a consideración del pleno de esta soberanía, el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como presidente del comité técnico del fideicomiso para la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano, para que transparente en su portal, la primera semana de marzo, el avance del total de proyectos propuestos para aprobación por parte de los Consejos para el Desarrollo Metropolitano o los órganos equivalentes de carácter estatal, esto para la posible implementación de acciones preventivas en el marco de la veda electoral para el correcto ejercicio en tiempo y forma de estos recursos públicos, además que transparente el total de proyectos aprobados al bimestre en el Fondo Metropolitano y el estatus de las revisiones a proyectos de las instancias federales en el mismo fondo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2018.

Diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a distintas dependencias federales a atender probables violaciones de los derechos humanos en los “crímenes de odio” contra la comunidad LGBTTTI, a cargo del diputado Felipe Reyes Álvarez, del Grupo Parlamentario del PRD

El suscrito, Felipe Reyes Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta asamblea proposición con puntos de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Que los crímenes de odio son los motivados por el odio que el perpetrador siente hacia una o más características de una víctima, que la identifican como perteneciente a un grupo social específico.1

Que este tipo de transgresiones es impulsado por los movimientos políticos y sociales de colectivos minoritarios o subordinados que buscan defender y promover sus derechos y relaciones nuevas con las instituciones, especialmente el Estado.

En el caso de México, la visibilización de este tipo de violencia ha sido una tarea de los movimientos y organizaciones sociales LGBT, en el marco de una política que tiene como eje conceptual y ético la igualdad y como campo de lucha los derechos y la ciudadanía.2

Que el país, en atención de lo anterior, ha suscrito una gran cantidad de tratados internacionales sobre derechos humanos y ha apoyado resoluciones y principios que deben ser considerados para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas a favor de la población lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI).

Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha manifestado ser respetuosa y reconoce la situación de desigualdad y la lucha que han afrontado las personas homosexuales en razón de su orientación.

Que en México, esa lucha ha logrado que se reconozcan ampliamente y en términos legislativos los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTI; sin embargo, la aceptación de los ciudadanos hacia esta población es baja.

Lo anterior se comprueba con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, llevada a cabo por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la cual señala que sólo 41.8 por ciento de los encuestados aceptarían a una lesbiana viviendo en su casa, mientras que 42.5 a un homosexual. De esa forma, la comunidad gay se sitúa en el último lugar de aceptación.

La misma encuesta señala que

• 1 de cada 3 homosexuales denuncia sufrir discriminación en el trabajo;

• 35 por ciento de las personas homosexuales ha sido hostigado por serlo y 42 por ciento no cree que pueda expresarlo sin miedo a represalias;

• 6 de cada 10 personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales han sido excluidos en diferentes ámbitos; y

• 7 de cada 10 personas homosexuales consideran que en este país no se respetan los derechos de las personas de diversidad sexual.3

Que los datos anteriores derivan en sucesos más preocupantes como el que México ocupa el segundo lugar mundial, sólo por debajo de Brasil, en cuanto al mayor número de homicidios por prejuicio respecto de la identidad o expresión de género de las personas.4

Que en los últimos 19 años se han registrado mil 218 homicidios por homofobia en el país, aunque se estima que por cada caso reportado hay tres o cuatro más que no se denuncian, de acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia.5

Indica el mismo estudio que la Ciudad de México ocupa el primer lugar en la lista de los lugares donde se presentaron estos homicidios, con 190 casos. Le siguen el Estado de México con 119, Nuevo León 78, Veracruz 72, Chihuahua 69, Jalisco 66, Michoacán 65 y Yucatán con 60.6

La organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos documentó que en los años 2015 al 2017, 202 personas fueron asesinadas en México por su orientación sexual o identidad de género. Nuestro país ocupa el segundo lugar mundial, sólo por debajo de Brasil, en homicidios contra miembros de la comunidad trans.7

Que todos los datos anteriores están contra lo establecido en el Artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, de esta forma se hace énfasis en el absoluto derecho que tiene cada ser humano a no ser discriminado por razón su orientación sexual o su identidad de género”.8

Que ante situaciones como las anteriores, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y los jefes de varias agencias de la ONU se han manifestado al respecto, haciendo un llamado a la comunidad internacional para la despenalización mundial de la homosexualidad y para la creación, implementación y fortalecimiento de medidas adicionales que permitan proteger a las personas LGBT.

Con base en lo anterior, el suscrito pone a consideración de esta asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Procuraduría General de la Republica a hacer de conocimiento público la estadística de homicidios motivados por razones de discriminación hacia la orientación sexual de la víctima, así como las medidas preventivas para evitar el crecimiento de este delito.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a reforzar en el ámbito de su competencia sus tareas de investigación sobre violaciones de los derechos humanos, en los denominados crímenes de odio, de la población lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual, a fin de garantizar el derecho humano a la verdad de las víctimas, familiares y de la sociedad en general.

Notas

1 http://www.clam.org.br/

2 Ibídem.

3 Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia.

4 http://www.sinembargo.mx/

5 http://www.proceso.com.mx/

6 Ibídem.

7 http://www.sinembargo.mx/

8 http://www.hhri.org/

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 1 de marzo de 2018.

Diputado Felipe Reyes Álvarez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes a difundir las acciones en curso para solucionar la problemática desprendida de los feminicidios infantiles en el país, a cargo de la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana, del Grupo Parlamentario de Morena

La suscrita, diputada federal Patricia Elena Aceves Pastrana, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6, numeral 1, 79, numerales 1 fracción II y 2 fracción I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración de esta honorable Cámara, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La población infantil y adolescente en nuestro país, es calculada según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2014, por un número de 40.2 millones de personas de 0 a 17 años, siendo 19.7 millones de niñas y 20.5 millones de niños.1

De ellos, alrededor de 60 por ciento de esta cifra, han sido víctimas de algún tipo de violencia, lo anterior de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia México (UNICEF, por sus siglas en inglés).

En nuestro país, es cada vez más alarmante la constante violencia que se vive en todos los espacios, donde nadie resulta ajeno. Sin embargo, resulta particularmente impresionante la que va dirigida hacia las niñas, niños y adolescentes.

Este tema merece nuestra más amplia atención por la gravedad que representa para el desarrollo de las y los menores de edad, pues es evidente que ha crecido el número de niñas y niños que en la mayoría de los casos provienen de grupos familiares desintegrados y de comunidades en pobreza que no logran proporcionarles los satisfactores básicos necesarios para su desarrollo emocional, psicológico y físico, enfrentándolos entonces con la violencia u orillándoles a buscar en las calles los satisfactores de los cuales carecen en su medio.

Es importante señalar que, la violencia contra las niñas, niños y adolescentes no conoce fronteras, ni distingue raza, origen social, religión ni cultura. Muchos de ellos y ellas temen y sufren la violencia en su hogar, centros educativos, de asistencia social, deportivos, albergues, hospitales, orfanatos, lugares de culto religioso, centros de tratamientos contra adicciones, entre otros espacios donde interactúan y donde supuestamente deberían encontrar protección y seguridad en su persona.

Lastimosamente, México se enfrenta a un repunte de la violencia que sitúa 2017 como uno de los años más sangrientos en la historia reciente del país –hasta el 31 de octubre, se registraron 23 mil 968 asesinatos. Además, los mexicanos conviven con una epidemia de feminicidios que ha conmocionado al país, donde se incluyen un gran número de ellos que corresponden a niñas.2

De acuerdo con Frida Guerrera, activista y defensora de los derechos humanos, quien ha manifestado que: “El infanticidio o feminicidio infantil en México es terrible, impune e invisible”. Documenta casos de mujeres asesinadas y desde hace un año de menores de edad en México.3 Considera que la muerte de las mujeres menores de edad están totalmente impunes e invisibles para el Estado mexicano. El año pasado realizó un registro de 262 niñas asesinadas, 47 de ellas tenía entre 0 a 10 años de edad y 115 entre 11 y 17 años y para este 2017 suma 59 casos de niñas asesinadas violentamente.

Indica que de los 262 casos documentados se encuentran sin justicia e impunes, “de verdad que muchas veces me he preguntado qué pasa con la cabeza de sus agresores, que en la mayoría son sus padrastros, padres o incluso familiares cercanos.”4

Pese a que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), ratifica el compromiso de que tanto la población infantil como la adolescente tienen el derecho a ser protegidos en su derecho a la vida y de protección ante toda forma de violencia, tal como lo establece el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño y la obligación puntual de derecho a la vida (Art. 6), de los padres y tutores (Artículo 18) y del Estado (artículo 3), por velar el cumplimiento de sus derechos, y aun cuando se trata del derecho fundamental –a la vida–, la realidad muestra que las menores de edad, experimentan o presencian la ausencia total de toda seguridad o resguardo, y como contraparte la violencia en sus hogares, en la escuela y en su comunidad, siendo que en estos espacios debería existir protección, afecto y estímulo para su desarrollo integral.

Lamentablemente estos actos no son nuevos, muestra de ello es la siguiente información; respecto al maltrato infantil en el seno de la familia, datos de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (incorporada al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia) señala que durante 2010, en 26 de los 32 sistemas estatales para el desarrollo integral de la familia, se atendieron 32 mil 68 reportes por maltrato infantil y en 17 mil 800 de ellos se comprobó el maltrato; en este mismo año se atendieron 36 mil 252 menores de edad maltratados, de los cuales 50.2 por ciento eran niñas.

Especialistas en la materia comentan que la violencia sobre los hijos es más frecuente en los casos en los que la mujer sufre violencia por parte de su pareja. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, de las niñas y niños menores de 15 años, 32.5 por ciento formaban parte de un hogar en el que al menos una mujer de 15 y más años casada o en unión libre había sido víctima de algún tipo de violencia por parte de su pareja, en los 12 meses previos al levantamiento de la encuesta.5

Cabe señalar que en 1990 se llevó a cabo la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, en la cual diversos países- incluido el nuestro-, se comprometieron a instrumentar acciones encaminadas a la protección y cuidado de la niñez. Se estableció que la población infantil es dependiente y asume múltiples peligros que ponen en riesgo su crecimiento y desarrollo: la discriminación, el maltrato y la explotación son solo algunos ejemplos en los que sus derechos son transgredidos y los pone en una situación de vulnerabilidad.

México ha fortalecido sus instrumentos jurídicos y los mecanismos de política pública que tienen como propósito generar un contexto de equidad e igualdad para que las niñas, niños y adolescentes tengan las mismas oportunidades para desarrollar sus potencialidades. Aunque la mayoría de la población reconoce que las y los niños son sujetos de derechos, aún prevalece una proporción de personas que consideran que la edad es condicionante para el ejercicio pleno de los derechos de ellas y ellos.

Es así que el 4 de diciembre de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en cuyo cuerpo se observa la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, como la instancia encargada de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Entre sus atribuciones establecidas en el artículo 125 de dicha ley general, indica lo siguiente;

IX. Asegurar la colaboración y coordinación entre la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para la formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en materia de protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes con la participación de los sectores público, social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes;

X. Hacer efectiva la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas y acciones de los gobiernos federal, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con los objetivos, estrategias y prioridades de la política pública nacional de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

XI. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos humanos, tomando en consideración las medidas especiales que se requieran;

Sin embargo, a la fecha no se tiene conocimiento del impulso de acciones concretas y eficaces por parte del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para prevenir, castigar o erradicar el feminicidio infantil. Se sabe de la Ley General para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, y de algunas acciones que se centran principalmente en la problemática de las mujeres adultas, pero la violencia que se ejerce en contra de niñas y adolescentes es enorme y se encuentra prácticamente oculta, ya que son principalmente los familiares quienes la ejercen.

Declaraciones de la titular del Instituto de las Mujeres (Inmujeres), capitalino indican que; “no hay muchos datos sobre la violencia contra niñas y adolescentes, pero los que hay son fuertes, como una encuesta en la que 13 por ciento de las usuarias de los servicios de salud pública federal, señalaron que fueron agredidas sexualmente por familiares antes de cumplir 15 años.

Otras estadísticas que tenemos hablan también del feminicidio infantil: mientras a escala nacional es de 7 por ciento, en la ciudad es de alrededor de 4 por ciento, señaló.”6

Como se sabe, la violencia es sistémica, se produce y reproduce en relaciones diferenciadas de poder entre mujeres y hombres y entre adultos y menores de edad. No obstante, es generalmente el hombre quien la ejerce mayoritariamente con consecuencias fatales.

Cuando hablamos de las niñas debemos señalar con puntualidad que la violencia sexual contra ellas no acaba, sino que sigue dolorosamente presente e incrementándose cotidianamente. Además de enfrentarse a una barrera que evita el acceso a las oportunidades a las que tendría paso de manera directa por ser un derecho consagrado, como es la educación, la salud, la seguridad y que, al no tenerlo, se le hace vulnerable aumentando el riesgo de que padezca violencia y abuso desde temprana edad.

En esta ausencia de garantías, mucho tiene que ver el hecho de que a los gobiernos estatales y el federal no les ha parecido importante hacer su tarea para protegerlas; poco caso se hace a las recomendaciones y los llamados que organismos internacionales o regionales hagan sobre el tema y la necesidad de que actúen con premura. Entonces, hay que seguir recordándoles que no han hecho su trabajo y que, por esta causa han muerto cientos de niñas y que miles más se encuentran en gravísimo riesgo.

No es ocioso mencionar que la violencia y el terror que se vive en México ofende, lastima y duele; así, las muertes, desapariciones, secuestros, fosas clandestinas, cuerpos desmembrados, decapitados, y los feminicidios que también se han elevado y se encuentran ayunos de justicia.

Por ello es importante señalar que, si los feminicidios están siendo ignorados por los responsables de la impartición de justicia, cuál es la ruta que debemos esperar en relación con los feminicidios infantiles nuestras niñas están siendo asesinadas con la misma saña que las mujeres adultas mayores o adolescentes, asesinadas por quien ejercer el poder sobre ellas y quienes en deberían brindar la mayor protección, cuidados y amor. Así también como las instituciones y los organismos creados para este fin.

Por lo anterior, debemos buscar la eliminación de los principales riesgos a los que se enfrentan las niñas; el abuso sexual, la trata, la prostitución infantil y la utilización de ellas en la pornografía, el trabajo doméstico, el incremento del embarazo adolescente que a su vez les limita las oportunidades de desarrollo integral, por lo que a temprana edad se convierten en amas de casa y por tanto, mujeres con enormes responsabilidades, lo que constituye una de las manifestaciones más claras de discriminación de nuestras niñas.

Por lo tanto, debemos abocarnos a eliminar este destino manifiesto tan desigual y violento, anular la discriminación de la que son objeto por su sexo, edad y condición de pobreza, abandonadas, desvalorizadas y obligadas no sólo a abandonar la escuela, también sus sueños y en algunos casos su propia vida. Cuando logremos que las niñas sean reconocidas con seguridad, amor, así como derechos plenos y garantizados, tendrán asegurado su futuro como mujeres.

Por lo expuesto someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para que haga públicas las acciones que está realizando para solucionar la problemática que se desprende de los feminicidios infantiles.

Segundo. La Cámara de Diputados, exhorta respetuosamente al titular de la Procuraduría General de República para que haga público el estado que guardan las investigaciones referentes a los feminicidios infantiles.

Notas

1 Inegi, “Estadísticas a propósito del Día del Niño (30 de abril)” Datos nacionales, Aguascalientes, Aguascalientes, 28 de abril, 2015.

2 En https://elpais.com/internacional/2016/11/01/mexico/1478023188_800758.ht ml, Un hombre viola a tres niñas y mata a una de ellas en Ciudad Juárez, México, noviembre 27 de 2017.

3 En Istmopress, Entre la impunidad y lo invisible el feminicidio infantil en México, Oaxaca, México agosto 25, 2017.

4 Ibídem.

5 El Inegi emite un estudio en conmemoración del Día Internacional de la Niña, publicado: 8 de octubre de 2013.

6 Cruz Flores, Alejandro, Feminicidios infantiles superan a los de mayores, La Jornada, México, jueves 9 de febrero de 2017, página 35.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 1 de marzo de 2018.

Diputada Patricia Elena Aceves Pastrana (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Segob sobre las observaciones de la ASF en la revisión 19, 16-5-04D00-02-0019, Cuenta Pública de 2016, Prevención y Readaptación Social-Auditoría de TIC, a cargo de la diputada Angie Dennisse Hauffen Torres, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Angie Dennisse Hauffen Torres, diputada federal de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, numeral 1, fracción XX, 6, numeral 1, fracción I, y 79, numeral 2, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta asamblea, el siguiente punto de acuerdo, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

Hoy en día se considera al siglo XXI como el de las tecnologías de información y comunicación (TIC). México no se excluye de las tendencias de disponibilidad de Internet, el uso de aplicación informáticas y hasta de la interacción con la ciudadanía vía dispositivos móviles e inteligentes, hechos que sin duda, han ampliado y aumentado la comunicación, difusión de información y generado beneficios para la vida misma de todos sus pobladores.

Las instituciones gubernamentales de seguridad pública, como las demás dependencias de los tres órdenes de gobierno, no quedan fuera de las tendencias de uso de las tecnologías de información y comunicación.

De hecho, los cambios y hábitos en la población mexicana alrededor de las tecnologías de información y comunicación abren más campos de actuación y, en consecuencia, plantean más retos que se agregan a las problemáticas que están enfrentando en ese momento.

Donde podemos apreciar con mayor facilidad las diversas acciones que se han tomado en este tema son aquellas que se centran en aumentar la capacidad de respuesta institucional.

Entre otras, se destacan en el área de seguridad pública la modernización de la infraestructura y herramientas de las tecnologías de información y comunicación que se pusieron en marcha para mejorar la reacción y la prevención de delitos y situaciones de emergencia.

Para dar seguimiento sobre el uso de la TIC y la seguridad pública, nos dimos a la tarea de buscar respuestas en la fiscalización superior, por lo que revisamos el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 20161 , e identificamos la revisión número 19, denominada Prevención y Readaptación Social-Auditoría de TIC, de tipo financiera y de cumplimiento bajo el número de identificación 16-5-04D00-02-0019.

Según el alcance de dicha revisión se menciona que:

“El universo seleccionado por un millón 177 mil 782.5 miles de pesos corresponde al importe de los contratos de red, de voz, datos y video, y de seguridad electrónica, informática y telecomunicaciones, vigentes en el ejercicio fiscal de 2016; la muestra auditada por 487 mil 786.3 miles de pesos se integra por el presupuesto ejercido de dichos contratos, que representa 41.4 por ciento del universo seleccionado.

Adicionalmente la auditoría comprendió la revisión de las acciones realizadas en las TIC por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en 2016, relacionadas con Centro de Datos, Gobierno, Seguridad y Continuidad”2 .

De la revisión de su resultado número 2 se identificó que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social celebró el contrato plurianual número OADPRS/DGA/S/014/2012 con la compañía Ingenieros Civiles Asociados, SA de CV, mediante un procedimiento de adjudicación directa, por un monto de 2 millones 340 mil 229.0 miles de pesos, con vigencia del 31 de enero de 2012 al 15 de marzo de 2017, con el objeto de prestar los servicios integrales de seguridad electrónica, informática y telecomunicaciones para el Centro Federal de Readaptación Social número 4, de los cuales se realizaron pagos durante 2016, por un monto de 280 mil 610.9 miles de pesos.

Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluye entre otros relevantes, que durante una visita realizada del 22 al 23 de noviembre de 2017, se identificaron equipos de los módulos 15, 16 y 17; aduana de vehículos, aduana de personas, servicios generales y necesidades especiales, que se encuentran instalados y funcionando, sin embargo, no se han aprovechado los servicios ya que desde diciembre del 2015 no se tiene población en esas áreas.

Por ese hecho, esa entidad de fiscalización superior estimó pagos en exceso por 122 mil 551.3 miles de pesos lo que motivó emitir un pliego de observaciones.

Asimismo, la ASF identificó que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social no aseguró el adecuado cumplimiento de los procesos definidos en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI)3 , relacionados con el gobierno, seguridad y continuidad de la operación debido a la falta de políticas de clasificación de la información, procedimientos de restauración de respaldos, así como las deficiencias detectadas en la visita al Centro de Datos, como son: presencia de material ajeno y flamable, puerta y racks abiertos, falta de un diagrama de distribución de equipos y puntos ciegos en el Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

Por lo descrito se pudo conocer que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social carece de políticas y procedimientos que permitan planear y gestionar la asignación y aprovisionamiento de los recursos de TIC, de manera que se cubran las necesidades de la entidad.

En otras palabras, los gastos realizados en TIC se realizan en base a instrucciones del comisionado y no con base en las necesidades reales de dicho órgano y es preocupante que no cuente un análisis de impacto al negocio que les permita definir e implementar un Plan de Continuidad del Negocio (BCP) y un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP), además de realizar pruebas periódicas a los mismos, con la finalidad de garantizar la continuidad de operaciones en caso de alguna contingencia.

Los diputados ciudadanos siempre estaremos a favor de asegurar los recursos públicos necesarios para la seguridad pública, sin embargo, esta revisión nos demuestra que se realizan gastos sin ninguna planeación y sin estudio de costo-beneficio.

Por lo anterior, compañeras diputadas y diputados considero necesario exhortar a la Secretaría de Gobernación, para que de acuerdo con sus atribuciones, estime pertinente justificar, a la opinión pública, el hecho de mantener áreas equipadas sin población en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 ante la problemática de sobre población en 28.6 por ciento de las cárceles en México según cifras del Inegi4 ; y asimismo, fomente al interior del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social la importancia de dar cumplimiento al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI) y maximice el uso de los recursos tecnológicos instalados en favor de la capacidad de reacción ante posibles situaciones de emergencia.

En virtud de lo aquí expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea la proposición siguiente con:

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de hacer del conocimiento público los avances de seguimiento y en su caso las aclaraciones a las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación en su revisión 19, de tipo financiera y de cumplimiento con la clave 16-5-04D00-02-0019, Cuenta Pública 2016, bajo el título Prevención y Readaptación Social-Auditoría de TIC, garantizando así el derecho a la información que demandan los mexicanos.

Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación, para que de conformidad con sus atribuciones, considere la pertinencia de dar una justificación a la opinión pública sobre el hecho de mantener áreas equipadas sin población en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 ante la problemática de sobrepoblación en 28.6 por ciento de las cárceles en México según cifras del Inegi; y asimismo, fomente al interior del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social la importancia de dar cumplimiento al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información y de maximizar el uso de los recursos tecnológicos instalados en favor de la capacidad de reacción ante posibles situaciones de emergencia.

Notas

1 Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016, disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/index.html#0, consultado el 27 de febrero de 2018.

2 Revisión número 19, denominada Prevención y Readaptación Social-Auditoría de TIC, de tipo financiera y de cumplimiento bajo el número de identificación 16-5-04D00-02-0019, disponible en

http://informe.asf.gob.mx/Entrega3/Documentos/Auditorias /2016_0019_a.pdf, consultada el 27 de febrero de 2018.

3 Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTIC-SI), disponible en

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79205/MANUAL_ADMINISTRATIVO
_DE_APLICACION_GENERAL_EN_MATERIA_DE_TECNOLOGIAS_DE_LA_INFORMACION_Y_COMUNICACIONES.pdf, consultado el 27 de febrero de2018.

4 Rebasada capacidad de cárceles en México: INEGI – El Universal, 13 de diciembre 2016, disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/12/13/penal es-con-286-de-sobrepoblacion-dice-censo-de-inegi, consultado el 27 de febrero de 2018.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2018.

Diputada Angie Dennisse Hauffen Torres (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Coordinación Nacional del Programa de Inclusión Social y la delegación estatal de éste en San Luis Potosí a fortalecer las acciones tendentes a garantizar la neutralidad e imparcialidad de dicho plan en los comicios, a cargo de la diputada Érika Irazema Briones Pérez, del Grupo Parlamentario del PRD

La suscrita, Érika Irazema Briones Pérez integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluciónn Democrática en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes

Consideraciones

Nos encontramos durante el desarrollo de un proceso electoral en las 32 entidades nuestro país, donde se elegirá a un presidente, 8 gobernadores, 1 jefe de gobierno, 500 diputados federales, 128 senadores, 1596 alcaldes, entre otros cargos de elección popular directa e indirecta. El próximo 1 de julio del presente año la voluntad de los mexicanos y mexicanas se expresará en las urnas, mediante el sufragio.

El marco jurídico electoral e incluso las acciones internas de las dependencias de la administraciónn pública, establecen protocolos y comportamientos de servidores públicos durante este proceso, mismo que debe ser imparcial y que debe cumplir con los principios de transparencia y rendición de cuentas. De esta manera se garantiza el ejercicio de nuestra democracia en igualdad de condiciones, con una postura neutral y respetuosa de la voluntad popular.

Por ejemplo, el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece lo siguiente:

1. Constituyen infracciones a la presente ley de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales; órganos de gobierno del Distrito Federal; órganos autónomos, y cualquier otro ente público:

...

e) La utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato; y

...

El artículo 11 de la Ley General en materia de Delitos Electorales menciona que se impondrán de doscientos a cuatrocientos días multa y prisión de dos a nueve años al servidor público que

II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio en favor de un precandidato, candidato, partido político o coalición; a la abstención del ejercicio del derecho de voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición.

Si el condicionamiento del programa gubernamental, se realiza utilizando programas de naturaleza social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista en este artículo;

...

Resulta evidente que quien condiciona, coacciona o tiene la finalidad de inducir el voto a favor o en contra de cualquier candidato de programas ejecutados con recursos públicos está cometiendo una falta, o en su defecto un delito. Entendemos además, que la situación es de mayor gravedad, cuando se trata de un programa de naturaleza social, tal como lo es el Programa de Inclusión Social mejor conocido como Prospera.

Este programa tiene como objetivo el fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones del bienestar.

En San Luis Potosí, este programa atiende aproximadamente a 723 mil 673 (http://pub.sedesol.gob.mx/spp/resumenes/padronunico.jsp), esto por alguna carencia que limite el pleno acceso a sus derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Es preocupante el comportamiento del personal operativo del programa en el proceso electoral, pues pareciera que las disposiciones legales, anteriormente citadas, son insuficientes para que no busquen influir durante los comicios de julio e incluso han logrado influir en los procesos internos de los partidos políticos desarrollados en febrero último.

Son constantes las expresiones de las beneficiarias y beneficiarios de este programa, donde aseguran que personal de la dependencia, así como los y las integrantes de los comités de participación comunitaria (vocales) incitan a votar a favor de ciertos candidatos, aún más lamentable que amenazan con retirar los apoyos derivados de este programa e incluso eliminar del padrón de beneficiarios si simpatizan con otro proyecto político.

Pese a los esfuerzos de la Secretaría de Desarrollo Social por implantar una política pública como el blindaje electoral, donde se establecen las finalidades respectivas como

1. Prevenir que los recursos públicos se utilicen para fines distintos de los establecidos en los programas;

2. Suspender la propaganda gubernamental; y

3. Inhibir que se incurra en violaciones a las normas penales, administrativas y electorales.

Resulta entonces inconcebible que exista personal operativo de los programas sociales, particularmente del Programa de Inclusión Social que se dedique a operar de manera “electorera” los beneficios que además son un derecho constitucional y definido también por la Ley General de Desarrollo Social, lucrando así con la pobreza, las carencias y la necesidad de las familias a la que se ha excluido por falta de oportunidades y de una calidad de vida digna.

Atendiendo a los principios fundamentales de la representación y lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considero pertinente hacer llegar a esta soberanía las expresiones de beneficiarios y beneficiarias que han manifestado su descontento e incluso su miedo de perder un apoyo gubernamental a favor de un partido político, es el mismo miedo y la desconfianza en las instituciones la que los limita a iniciar el proceso legal correspondiente.

En términos de lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional del Programa de Inclusión Social a fortalecer las acciones tendentes a garantizar la neutralidad e imparcialidad del programa Prospera en los comicios.

Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la delegación estatal del Programa de Inclusión Social en San Luis Potosí a respetar las acciones de blindaje electoral de la Secretaría de Desarrollo Social y fortalecer las acciones tendentes a garantizar la neutralidad e imparcialidad del programa Prospera y sus funcionarios en los comicios.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2018.

Diputada Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al gobierno y la Fiscalía General de Guerrero a tomar medidas contundentes para detener los feminicidios, a cargo de la diputada Concepción Villa González, del Grupo Parlamentario de Morena

La que suscribe, diputada federal Concepción Villa González, integrante del Grupo Parlamentario de Morena de esta LXIII Legislatura, con fundamento en el artículo 79 apartado 1, fracción II, apartado 2, fracciones I y II del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita al gobierno de Guerrero, así como a la Fiscalía General del estado de Guerrero, a tomar medidas más contundentes para detener los feminicidios que se han registrado en el presente año 2018.

Exposición de motivos

A pesar de contar con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de protocolos de investigación y de que el feminicidio ha sido tipificado en todo el país, la violencia feminicida se ha incrementado considerablemente. En el estado de Guerrero, tan solo en el primer mes de este año 2018, los registros hemerográficos documentan 25 feminicidios, sin embargo el 26 de Febrero el registro aumento considerablemente; ya son 49 mujeres asesinadas durante los dos primeros meses de este año,1 ocho meses después de que la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) decretara la Alerta de Violencia de Genero (AVG) para ocho municipios en la entidad.

De acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en relación a los feminicidios en México, difundidos en la información delictiva y de emergencias con perspectiva de género, Acapulco se ubica en el número 9 de los 100 municipios con mayor incidencia de presuntos feminicidios, tan solo por debajo de los estados de Sinaloa, Sonora y Veracruz.2

La negligencia, omisión y falta de voluntad política ante los feminicidios en Guerrero forma parte de la ruta de la impunidad y se ve reflejada en la postura publica emitida por Javier Ignacio Olea Peláez, Titular de la Fiscalía General del Estado, en la que asegura que los feminicidios en la entidad, muchas veces ocurren porque lamentablemente las mujeres, de alguna u otra manera, son partícipes dentro del crimen organizado. Dicha aseveración preocupa sobremanera a organizaciones como el Centro de Derechos Humanos, de la Montaña Tlachinollan y al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), pues además de ser una postura misógina, evidencia la falta de perspectiva de género y de Derechos Humanos en las investigaciones, y lejos de actuar de manera diligente, fomenta la falta de acceso a la justicia.3

Un protocolo deficiente y mala clasificación de los asesinatos dolosos de mujeres derivan en la falta de cifras confiables, que realmente den cuenta de la dimensión de la violencia feminicida en el Estado.

Organizaciones civiles que dan seguimiento y acompañamiento a los casos de feminicidios señalan que el año pasado se cometieron 217, la Fiscalía General del Estado solamente reconoció 13. La dependencia no informa cuantos homicidios son investigados siguiendo el protocolo de feminicidio, tampoco si se da seguimiento a los mismos.

Una situación alarmante es que en los casos de muertes violentas, cuando victimas indirectas que presenciaron los hechos han denunciado al o los posibles perpetradores, las autoridades ministeriales inician las carpetas de investigación como homicidios y no como feminicidios, y mucho menos aplican los protocolos de investigación sobre feminicidio. Es necesario destacar que en casos de feminicidio que se encuentran en proceso judicial actualmente, muchas de las victimas denunciaron previamente violencia doméstica, y las instituciones encargadas, no garantizaron la seguridad de las mujeres, dejándolas en total indefensión que derivó en daños irreparables.

Los grupos de trabajo como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y José María Morelos y Pavón han señalado en reiteradas ocasiones que las mujeres no tienen acceso a la justicia, aun cuando en el estado existen 18 unidades municipales de Atención y Prevención de Violencia de Género.

Un dato adicional, apenas el pasado 30 de enero de este año, se informó que la Alerta de Violencia de Género se extendió también al municipio de Chilapa de Álvarez, esto debido al repunte de violencia en Guerrero, especialmente contra mujeres en esta entidad. Esto lo dio a conocer a través de un comunicado el representante de la Secretaría General de gobierno del estado de Guerrero, Florencio Salazar Adame.4

La integrante del Observatorio de Violencia hacia las Mujeres, Viridiana Gutiérrez Sotelo, denunció que el programa de trabajo de la alerta de violencia de género que el secretario general de gobierno del estado de Guerrero está promoviendo no es viable, ni claro y advirtió que de continuar esta lógica, Guerrero seguirá aportando un amplio porcentaje de mujeres asesinadas de las que se registran en el país. Señaló que si el promedio mensual de feminicidios el año pasado fue de siete, según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Publica, solamente Guerrero en lo que va de 2018, ya representa el 30 por ciento anual, con 24 muertes de mujeres con violencia.5

En menos de una semana en Chilapa se han cometido dos asesinatos, de dos aspirantes a la diputación de esa entidad. El primero fue hace unos días, el 20 de febrero en Chilapa de Álvarez, el asesinato de la precandidata a diputada local Antonia Jaimes Moctezuma por el Partido de la Revolución Democrática, donde sujetos armados ingresaron al restaurante donde se encontraba y la asesinaron a tiros.6 Y el segundo caso el 25 de febrero la excandidata del Partido Revolucionario Institucional de nombre Dulce Rebaja Pedro, de 28 años de edad fue encontrada muerta en un camino que conduce a la comunidad de Atzacualoya.7

Es alarmante que después de ocho meses de la declaratoria, el estado no tenga preparado un programa, mientras que la violencia contra las mujeres aumenta en esta entidad.

El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia es un derecho humano establecido en el artículo primero constitucional y en los tratados internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia. Todas estas leyes, y tratados internacionales, son vinculantes para el Estado mexicano y constituyen estándares internacionales en materia de protección de derecho humanos, con los cuales las autoridades deben implementar acciones, mecanismos en coordinación con los tres niveles de gobierno, para garantizar la vida de las mujeres a una vida libre de violencia y evitar que se siga incrementando los feminicidios en el estado de Guerrero.

Por lo anterior se somete a consideración de esta honorable asamblea los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de Guerrero, así como a la Fiscalía General del estado, a tomar medidas más contundentes para detener los feminicidios que se han generado en esta entidad al comienzo de este año 2018.

Segundo. Se exhorta al gobierno de Guerrero para que en coordinación con la Fiscalía General del estado, brinde los recursos necesarios a la Unidad Especializada en Feminicidios y a la Agencia Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, para dar seguimiento a las carpetas de investigación por feminicidio y violencia familiar.

Notas

1 Ver http://apiguerrero.com/2018/02/25/insuficiente-alerta-de-genero-van-49- mujeres-asesinadas-en-guerrero-durante-el-2018/

2 Disponible en https://regeneracion.mx/guerrero-enero-letal-para-mujeres-25-feminicidi os/

3 Disponible en; http://www.proceso.com.mx/520236/mujeres-se-involucran-con-el-crimen-ju stifica-fiscal-de-guerrero-ante-24-feminicidios-en-el-ano

4 Comunicado de prensa disponible en

https://www.sdpnoticias.com/local/guerrero/2018/01/30/in cluyen-a-chilapa-en-declaratoria-de-alerta-de-genero

5 Periódico el sur (https://suracapulco.mx/impreso/1/no-es-clara-para-los-municipios-la-al erta-por violencia-de-genero-advierte-feminista/)

6 Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/estados/asesinan-precandidata-del-prd-en- guerrero

7 Noticias universal; Disponible en

http://www.eluniversal.com.mx/asesinan-precandidata-del- pri-en-chilapa-guerrero

Palacio Legislativo, Ciudad de México, a 1 de marzo de 2018.

Diputada Concepción Villa González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los 32 gobiernos estatales a realizar campañas permanentes de toma de conciencia sobre el maltrato de animales domésticos y en situación de calle, a cargo de la diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La que suscribe, Dalia María Rocha Ladrón de Guevara, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, fracción I, y 79, párrafos primero, fracción II, y segundo, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al gobierno de la Ciudad de México a realizar las acciones tendentes a encontrar y castigar a quien resulte responsable de los actos de crueldad y maltrato animal contra un canino el pasado 1 de febrero en Iztacalco; asimismo, se solicita a los gobiernos de las 32 entidades federativas que realicen campañas permanentes de concienciación sobre el maltrato animal doméstico y en situación de calle, con base en las siguientes

Consideraciones

En 1824, en Inglaterra surgió la primera asociación protectora de animales, la Real Sociedad para la Prevención del Crueldad de los Animales, que tuvo como objetivos principales rescatar animales en situación de calle e investigar quejas sobre crueldad y maltrato animal.

En septiembre de 1977 se emitió la Declaración de los Derechos de los Animales, que fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del Animal y las Ligas Nacionales afiliadas en la Tercera reunión sobre los Derechos del Animal celebrada en Londres en 1977, aprobada por la UNESCO y finalmente por la ONU, la cual se inclina por una concepción proteccionista sobre el otorgamiento de derechos a los animales.

Sin embargo, y pese a la voluntad de muchas personas que han realizado esfuerzos a través de los años respecto a la defensa de los animales, vemos con tristeza que los actos de maltrato y crueldad hacia ellos no disminuyen.

El maltrato animal se considera el que “comprende comportamientos que causan dolor innecesario o estrés al animal. Los mismos van desde la negligencia en los cuidados básicos, hasta el asesinato malicioso”.1 Asimismo, muchos especialistas, principalmente en criminología, aseguran que existe una correlación entre el maltrato sustancial de animales en la infancia y un comportamiento violento hacia las personas en la época adulta, por lo que puede convertirse en un problema social de gran dimensión.

Teorías como las de DeGue y DiLillo2 han afirmado la existencia de vínculos entre la crueldad animal, conductas antisociales y violencia interpersonal. Además se ha expuesto que existen una serie de rasgos comunes entre los niños o jóvenes que emprenden actos de crueldad animal tales como sentimiento de inferioridad, rechazo, aislamiento, comportamientos agresivos, así como pérdida de la empatía.

El maltrato animal constituye un aviso sobre la posible existencia de otras formas de violencia. Por ello considero necesario que las autoridades emprendan campañas permanentes de concientización sobre el maltrato animal con el objetivo no sólo de prevenir actos de crueldad y abuso en contra de los animales, sino también como medida de prevención de conductas antisociales o violentas.

Dichas campañas deben centrarse principalmente en los niños con el objetivo de poder sembrar en ellos un sentimiento de empatía, respeto, tolerancia, responsabilidad y amor hacia los animales y a sus semejantes.

Es indispensable generar acciones de educación y divulgación contra el maltrato hacia los animales domésticos o de la calle, con el objetivo de sentar las bases de una formación en el cuidado de los animales y en el respeto de la vida.

Por todo lo anterior propongo el siguiente

Punto de Acuerdo

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas a realizar y, en su caso, fortalecer las campañas dirigidas a promover y fortalecer la cultura de respeto, cuidado, protección y concientización del maltrato animal.

Notas

1 Henry, B. (2004). “The relationship between animal cruelty, delinquency, and attitudes toward the treatment of animals”, en Society & Animals, 12(3), 185-207.

2 DeGue, S.; y DiLillo, D. (2009). “Is animal cruelty a ‘red flag’ for familiy violence? Investigating coocurring violence toward children, partners, and pets”, en Journal of Interpersonal Violence, 24(6), 1036-1056.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2018.

Diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo federal y la Ssa a garantizar el oportuno abasto de medicamentos, y material de curación y quirúrgico en las instituciones de salud pública, en especial las de segundo nivel de atención de Guerrero, a cargo del diputado Roberto Guzmán Jacobo, del Grupo Parlamentario de Morena

El suscrito, diputado Roberto Guzmán Jacobo, integrante de la LXIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del artículo 6 y el artículo 79, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución a efecto de que se garantice el abasto suficiente de medicamentos, material de curación y quirúrgico en las instituciones de salud pública, en especial las de segundo nivel de atención del estado de Guerrero.

Exposición de Motivos

En el párrafo cuarto del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a la letra que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general”.

De igual forma, el artículo 2 de la Ley General de Salud señala que “el derecho a la protección de salud tiene las siguientes finalidades: La prolongación y el mejoramiento de la calidad de vida humana, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población , entre otras”.

Tomando como referente los artículos precedentes tenemos que las políticas públicas deben tener como misión cubrir de manera eficaz y oportuna el abasto de medicamentos, material de curación y quirúrgico para garantizar la obligación que tiene el estado respecto al derecho de salud de los mexicanos.

Guerrero ocupa el lugar 12 a nivel nacional por su número de habitantes con una población de 3 millones 533 mil 251; 1 millón 834 mil 192 mujeres y 1 millón 699 mil 59 hombres según datos del Inegi al 2015, teniendo distribuidos 58 por ciento de la población en zona urbana y el 42 por ciento en zona rural, lo anterior es para darnos cuenta del grado de abasto que se debe garantizar a las instituciones de primer y segundo nivel de atención, teniendo aproximadamente 15 hospitales públicos de segundo nivel en el estado de Guerrero.

En numerosas ocasiones, desde el año 2016 hasta la fecha, se han vislumbrado en diferentes hospitales públicos de segundo nivel, lonas o anuncios en los que se les solicita a los pacientes y familiares que deben acudir con sus medicamentos y material de curación, por no contar la institución con los mismos; o bien, a los pacientes asegurados (Seguro Popular), los hacen dar varias vueltas para surtirles el medicamento indicado por sus especialistas, teniendo en la mayoría de los casos que comprarlos, a pesar de ser personas de escasos recursos económicos por la premura de iniciar su tratamiento médico; numerosos medios de difusión han realizado reportajes sobre estos hechos manifestados por los habitantes del estado de Guerrero. La postura de la Secretaría de Salud del estado es que se tiene el abasto suficiente de medicamentos y material de curación, ya que hubo un incremento del 129.3 por ciento destinado a este rubro y que en el 2016 la Secretaría de Salud federal destinó 4 millones 500 mil pesos y la misma cantidad en el 2017. Siendo esto cierto ¿por qué la población se queja constantemente del desabasto? ¿Entonces qué pasa con ese recurso? ¿Por qué no está fluyendo de manera adecuada y deja en desprotección a la población contrario a lo consagrado en nuestra Carta Magna?

Hay un fuerte reclamo de la sociedad del estado de Guerrero para que se solucione este problema, por ello desde este tribuna hago un llamado al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud, a fin de vigilar de forma exhaustiva que el presupuesto sea gastado en los rubros correspondientes, con el fin de garantizar el derecho de servicio integral en materia de salud a los habitantes del estado de Guerrero.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable soberanía el siguiente:

Punto de acuerdo

Único. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Salud, a fin de que realicen las acciones necesarias a efecto de que se garantice el abasto suficiente de medicamentos, material de curación y quirúrgico en las instituciones de salud pública de segundo nivel de atención médica del estado de Guerrero.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2018.

Diputado Roberto Guzmán Jacobo (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo a la problemática sobre el saldo de las tarjetas de vales de despensa que el ISSSTE entregó a sus empleados en diciembre de 2017, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, diputada de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En diciembre de 2017, la entrega de vales de despensa a personas trabajadoras del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se hizo ya no mediante papel, sino con una tarjeta de la empresa Hyper Vale.

Al activar el plástico, varios beneficiarios de esta prestación verificaron que no podía usarse en todos los establecimientos que la compañía aseguraba en su sitio web. Una trabajadora del Hospital Regional 1 de octubre de la Ciudad de México aseguró al medio Huffington Post que a mediados de enero de este año su tarjeta estaba activa con 7 mil 800 pesos; sin embargo, contactó a Hyper Vale mediante redes sociales dado que no podía utilizarla. Como respuesta, le pidieron enviar un correo electrónico con una copia de su tarjeta y su credencial para votar porque su plástico tenía un bloqueo “por su seguridad”.1 La mujer se negó a enviar la identificación y la empresa dejó de responder. Al paso de los días, el saldo de su tarjeta aparecía como “nulo”. Este caso se suma a al menos otros 9 mil que han manifestado el problema al Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE).

El medio que publicó esta situación buscó la postura de las autoridades del instituto, pero por respuesta sólo se dijo que “ese asunto ya quedó arreglado” y que se entregarán otros vales a las personas que todavía no han podido cobrar, “que son muy pocos”.

En redes sociales circula el “oficio circular número SP/014/2018”, firmado el 21 de febrero de este año por Fernando Vázquez Muñoz, subdirector de personal de la Dirección de Administración del ISSSTE. En este documento se indica que debido a las “incidencias reportadas”, se realizará “el cambio de saldos existentes de conformidad con el monto que refleja el listado de saldos, para evitar con ello, la problemática que éstos presentan” [sic]. Hasta este momento, cientos de personas siguen denunciando en redes sociales no haber podido cobrar su prestación, puesto que a quienes tenían saldos mayores a 3 mil pesos no se les hizo el cambio correspondiente.2

Ante esto, es necesario que el ISSSTE garantice una solución efectiva para sus miles de trabajadoras y trabajadores. Es injustificable que uno de los institutos encargados de la seguridad social en este país deje en indefensión a sus empleados. Por lo anterior, someto a consideración del pleno el siguiente

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados solicita al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado garantizar una solución efectiva a todas las empleadas y empleados del instituto respecto a la problemática con las tarjetas de vales de despensa de diciembre de 2017.

Segundo. La Cámara de Diputados solicita a la Auditoría Superior de la Federación investigar la problemática respecto al saldo de las tarjetas de vales de despensa que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado entregó a sus empleadas y empleados en diciembre de 2017, con el fin de garantizar que los recursos públicos destinados a esta prestación lleguen a sus destinatarios.

Notas

1 http://www.huffingtonpost.com.mx/2018/02/21/
de-un-dia-a-otro-desaparece-el-dinero-de-trabajadores-del-issste_a_23365893/

2 https://www.facebook.com/groups/1606951086056459/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2018.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a la CNDH a emitir recomendaciones por violaciones graves con base en las investigaciones y diligencias de su Oficina Especial para el Caso Iguala; y a la Jucopo de esta soberanía, a hacer el cambio correspondiente en la presidencia de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, a cargo de la diputada Araceli Damián González, del Grupo Parlamentario de Morena

Araceli Damián González, diputada federal de la LXIII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y numeral 1, fracción II, del artículo 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

Consideraciones

En su informe de actividades 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que las víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, “aún no encuentran las respuestas que buscan” en términos de verdad, justicia y reparación. Por ello, durante 2017, la oficina especial para el caso continuó la revisión, evaluación e investigación de las acciones u omisiones cometidas por autoridades de los tres ámbitos de gobierno antes, durante y después de los hechos.

La CNDH apunta que “para preservar y garantizar los derechos humanos de las víctimas que pudieran ser vulnerados de manera irreparable, durante 2015 y 2016, la CNDH emitió tres reportes sobre sus investigaciones, los cuales contienen un total de 57 observaciones y propuestas dirigidas a diversas autoridades”: 47 a la Procuraduría General de la República (PGR); 6 a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; 3 a la Fiscalía General del Estado de Guerrero; y 1 al Municipio de Iguala. Al cierre del año pasado, sólo nueve observaciones y propuestas habían sido totalmente atendidas por las autoridades, 36 seguían “en vías de atención” y 12 no habían sido atendidas.

Entre las observaciones aún no atendidas por la PGR se encuentran algunas de las recomendaciones que también hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes antes de terminar sus labores en el país por la presión del gobierno. Destaca la necesidad de identificar plenamente a las personas conocidas como “El Patrón” y “El Caminante”. En este sentido, la PGR emitió un comunicado oficial con motivo del tercer aniversario de los ataques de Iguala en el que aseguró haber concluido ese aspecto de la investigación; “planteamiento que, en definitiva, no es compartido por la CNDH”, según se constata en su propio informe.

Además, el informe de la comisión indica que ya se realiza la última etapa de análisis de 69 casos de presuntos hechos violatorios a derechos humanos relativos a detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos y tortura, cometidos en agravio de algunos inculpados en el caso. Finalmente, se asegura que la CNDH está “por concluir la integración de su expediente de investigación por lo que, en su momento, emitirá el pronunciamiento final correspondiente”.

Es insuficiente que la comisión emita un “pronunciamiento” final sobre sus investigaciones, ya que su deber es emitir recomendaciones por violaciones graves a diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno. La desaparición forzada cometida contra los normalistas de Ayotzinapa, así como los ataques y asesinatos que ocurrieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, recibieron ya tal clasificación de violación grave en el expediente CNDH/1/2014/6432/Q/VG.

En lo que concierne a la Cámara de Diputados, los partidos mayoritarios han optado por el olvido a las víctimas. Desde que el diputado Cándido Ochoa Rojas (PVEM) tomó posesión como presidente de la comisión especial para este caso, no ha habido un solo avance en las actividades que la Comisión de Ayotzinapa debe realizar. La mayor evidencia de ello es que el diputado Ochoa sólo convocó a reunión el 25 de octubre de 2016, 7 de febrero de 2017, 22 de marzo y 3 de mayo cuando su obligación era convocar mensualmente. Su última convocatoria fue el 25 de agosto, cuando pretendía votar un informe semestral cuyo contenido no se hizo de conocimiento para la comisión, pero careció de quorum para su aprobación.

Con esto, además de incumplir abiertamente las disposiciones del Reglamento de la Cámara de Diputados, el presidente de la comisión especial se opuso, sin justificación, a todas las gestiones y reuniones que fueron solicitadas por los integrantes de Morena. Es importante también mencionar que el diputado Ochoa convocó a una reunión extraordinaria el martes 21 de febrero (día de sesión del pleno), de la cual avisó con sólo unas horas de anticipación y cuya duración fue de apenas unos minutos. En esta improvisada reunión se avisó que al día siguiente se tendría una reunión en la Procuraduría General de la República, misma a la que el diputado presidente no asistió ni tampoco informó de ello a algún miembro presente en dicha reunión ni a la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, quien nos recibió en esa ocasión.

A esto debe sumarse que, durante el primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de esta Legislatura, se incumplió con el punto quinto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la creación de la Comisión Especial del caso Ayotzinapa, mismo que establece que su presidencia será rotatoria por cada año legislativo.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir recomendaciones por violaciones graves con base en las investigaciones y diligencias de su Oficina Especial para el Caso Iguala, para contribuir a la verdad, justicia y reparación del daño de todas las víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014.

Segundo. Se solicita con carácter de urgente a la Junta de Coordinación Política hacer el cambio correspondiente a la presidencia de la comisión especial para continuar las investigaciones y dar seguimiento a los resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Lo anterior, en consideración de que el acuerdo para la creación de la comisión indica que la presidencia será rotatoria por cada año legislativo, por lo que el plazo del actual presidente concluyó en agosto de 2017.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2018.

Diputada Araceli Damián González (rúbrica)

Con punto de acuerdo, relativo al aumento de peaje en las autopistas mexiquenses, principalmente la Peñón-Texcoco, suscrita por los diputados Delfina Gómez Álvarez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Morena

Los que suscriben, Delfina Gómez Álvarez y Mario Ariel Juárez Rodríguez, diputados integrantes de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 79, numeral 2, fracción III, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración del pleno, la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor de las siguientes

Consideraciones

La autopista Peñón-Texcoco está ubicada al nororiente de la Zona Metropolitana del Valle de México, esta autopista permite conectar el Periférico Oriente, en la zona adyacente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la región de Texcoco, en la que en promedio al 2017 circulan diariamente 36 mil 14 automovilistas de acuerdo al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares de Estado de México.

A partir del 19 de febrero de 2018 la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México confirmó los incrementos al peaje en 10 autopistas estatales, las cuales están concesionadas a particulares.

El costo de peaje de la autopista Peñón-Texcoco por automóvil es de 47.00 pesos en un tramo carretero de 16.5 kilómetros (km). Lo que la convierte en una de las autopistas más caras de México, con un costo de 2.48 pesos por kilómetro recorrido, apenas por debajo de la autopista más cara del país La Marquesa-Ciudad de México.

El salario diario en México es de 88.36 pesos y el costo de ida y vuelta de la autopista Peñón-Texcoco es de 94.00 pesos, por lo que una persona que gana un salario mínimo no la puede pagar.

A través de una misiva los ciudadanos de Texcoco solicitaron la intervención de gobierno del estado de México, a favor de todos los ciudadanos de Texcoco que diariamente utilizan la autopista Peñón-Texcoco, la cual está concesionada a la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura, SAB de CV (Pinfra) y/o Concesionaria PAC, SA de CV. Ya que de manera arbitraria incrementa constantemente el costo de peaje, afectando la economía de cientos de personas que la utilizan de manera diaria, como anteriormente se mencionó.

Resaltan que existen otros elementos importantes que hay que considerar en la autopista los cuales son:

1. Los accidentes que constantemente se presentan por el excesivo tráfico de carga de Góndolas por las obras del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (volcaduras, colisiones, parabrisas rotos, etcétera.) y la poca vigilancia, supervisión y control de los transportistas por parte de la Policía Federal.

2. Es una carretera que no cuenta con bahías de auxilio o salidas de emergencia.

3. Es una de las vías donde se ha incrementado considerablemente el robo al transporte de pasajeros de las líneas de autobuses Tepetitlan y ADO Texcoco.

4. Con este incremento el precio del pasaje del transporte de pasajeros, se aumenta afectando a estudiantes y personas que laboran o se tienen que trasladar a la Ciudad de México y viceversa, así como el costo del traslado de mercancías o insumos, cuando el país lo que necesita es fortalecer la economía.

5. Es una autopista con deformidades o columpios por las condiciones del suelo, no se cumple con las normas oficiales.

6. En la zona de Cuchilla del Tesoro y de Periférico Norte se presentan inundaciones en temporada de lluvias y en horas pico existe una carga excesiva de vehículos, es necesario la construcción de un puente vehicular.

7. No existe una vigilancia permanente por parte de la Policía Federal los operativos de transporte de pasajeros, no son permanentes (sólo por horas) y no se vigila el cumplimiento de normas de seguridad del transporte de carga como el uso de lonas en las cajas, lo que provoca el exceso de velocidad y desprendimiento de materiales sobre la capa asfáltica, además de que incumplen los pesos y medidas.

8. La empresa concesionaria no tiene unidades de apoyo vial como lo exige la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y las cuales deben estar realizando recorridos permanentes en ambos sentidos.

9. La empresa debe estar obligada a colocar botones de auxilio y cámaras de CCTV en algunos puntos aleatorios de la autopista.

10. Existen puntos durante la noche donde la luz de los vehículos lastima a los conductores en ambos sentidos ya que no hay una barrera (malla) que lo impida, en el tramo de los ejidos de San Felipe y Boyeros (barreras con malla), sólo divide un pequeño canal (zona de rastro municipal), etcétera.

11. La autopista no cumple con los 16.5 km señalados ya que vecinos de Texcoco nos dimos a la tarea de medir el recorrido y es de 15.5 km. Por lo que solicitamos su revisión y reducción del costo.

12. La autopista en sus costados se encuentra llena de basura y llantas abandonadas por los transportistas que transitan al nuevo aeropuerto.

13. Es una autopista con muy poco mantenimiento por el alto costo que cobran, cuentan con un servicio de baños insalubres.

14. Existe material pétreo depositado a los costados sin que se retire.

15. A lo largo de la autopista existen paraderos de transportistas donde permanecen todo el día, no existe una zona confinada para tal efecto lo que provoca que invadan el carril de baja.

16. No existe un programa ecológico y de reforestación.1

Cabe mencionar que este es el séptimo año consecutivo que la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura, SAB de CV (Pinfra) y/o Concesionaria PAC, SA de CV aumenta la cuota de peaje en la autopista antes citada.

Asimismo son de mencionarse los múltiples accidentes viales que han ocurrido en dicha autopista a causa del mal estado en que se encuentra la misma. Por lo que se considera como un tema de relevancia que debe ser analizado y atendido a la brevedad posible.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía, los siguientes

Puntos de Acuerdo

Primero. Se exhorta al gobierno del estado de México, a la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, para que mediante sus facultades eviten el aumento de peaje en las autopistas mexiquenses, principalmente en la autopista Peñón-Texcoco.

Segundo. Se exhorta al gobierno del estado de México, a la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, para que mediante sus facultades exija a la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura, SAB de CV (Pinfra) y/o Concesionaria PAC, SA de CV a mejorar la infraestructura y condiciones de la autopista Peñón-Texcoco, para que de esta manera los usuarios puedan transitar de una manera más segura.

Nota

1“Ciudadanos Conscientes de Texcoco”

PepeWoodstock/José Manuel Rodríguez.

https://reporterosenmovimiento.wordpress.com/2018/02/21/
texcocanos-le-envian-escrito-a-alfredo-del-mazo-sobre-el-abuso-en-la-penon-texcoco/

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2018.

Diputados: Delfina Gómez Álvarez, Mario Ariel Juárez Rodríguez (rúbricas)